Bandera Roja febrero 2014

Periódico del Movimiento Socialista de TrabajadoresSan Juan, Puerto Rico Año 33 · Núm.2 · febrero 2014 www.bandera.orgtwitter.com/MST_PR

SE ENCIENDE LA LUCHA DE CLASESPágina - 2: Magisterio vs.Ley #160

Página - 4: Independencia y socialismo

Página - 7: UTIER - contra la privatización

CGT - gana elecciones en IKEA

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Mucho se ha comentado sobre el impacto económico que ten-drá la ley 160 en miles de familias puertorriqueñas. Se han ofrecido explicaciones en torno a la elimina-ción de beneficios adquiridos como lo son el plan médico, la aporta-ción patronal y la disminución sus-tancial de la pensión. Sin embargo, hay un efecto más profundo que traerá una cadena de cambios so-ciales que irán en detrimento de las dinámicas de la comunidad es-

colar en general. La sociedad ca-pitalista conforma los servicios so-ciales y las necesidades básicas a través de la capacidad económica de las personas. A menor adquisi-ción económica y pobre seguridad laboral, mayor será la probabilidad de que se sufran trastornos de sa-lud física y emocional. Si llevamos esa lógica al escenario que enfren-ta el magisterio, vemos el espec-tro de efectos sociales que deben ser analizados y denunciados por quienes entendemos necesaria la lucha por el socialismo.

La primera consecuencia que observaremos en nuestras escue-

las como efecto de la ley 160 es el éxodo masivo de miles de maes-tras y maestros que se ven en la obligación de retirarse para salva-guardar lo mejor posible una vejez digna. Esas miles de plazas que estarán vacantes no serán llena-das en su totalidad, lo que provo-cará que cientos de miles de niños y niñas se queden sin recibir al-gún servicio educativo o que cada vez sea más común el que existan grupos por encima de los 30 estu-diantes por salón. Por un lado, esto generará ansiedad, frustración y cansancio excesivo en el personal escolar. La calidad del aprendiza-je del estudiantado se verá afec-tada, ya que muchas maestras se enfrentarán a la realidad de tener que escoger entre cuidar su salud o asistir diariamente a la escuela. Por otro lado, la falta de maestras y el sobrecupo en los salones di-ficultará que se les pueda proveer ayuda individualizada a aquellos estudiantes que lo necesiten. Tam-bién será difícil identificar a los y las estudiantes que tienen nece-sidades sociales o familiares para las cuales se requiera algún tipo de intervención o servicio, recono-ciendo que la mayoría de las veces es en la escuela donde se obser-van por primera vez estas dinámi-cas. En general, tendremos una comunidad escolar socialmente

empobrecida.La ley 160 crea un efecto do-

minó que afecta de manera nega-tiva a todos los componentes del escenario escolar. Es una política nefasta para todo el país, toman-do en consideración que las escue-las son el eslabón más importante para la construcción de socieda-des saludables y educadas. Ante esto, sólo nos queda la lucha orga-nizada para la derogación de esa ley y en defensa de la educación pública de calidad.

Se fortalece la lucha del magisterio Después del masivo y contun-

dente Paro Magisterial de inicio de clases, la lucha en defensa del Re-tiro de Maestros ha pasado a una etapa de preparación y acumula-ción de fuerzas. Amplios sectores del magisterio saben que sólo un proceso de lucha combativo y pro-longado que someta al estado a una posición de ingobernabilidad tendrá posibilidades de derogar la Ley 160. La Federación de Maes-tros de Puerto Rico nuevamente ha trazado el camino a seguir con el objetivo de propiciar las condi-ciones mínimas necesarias para que el magisterio pueda atacar con firmeza al Gobierno.

Las últimas semanas se han ca-racterizado principalmente por dos procesos paralelos encaminados a la acumulación de fuerzas del ma-gisterio. En primer lugar, la Fede-ración decidió sumarse al Comité de Diálogo junto a los demás sec-tores magisteriales. Aunque impro-ductivo desde el punto de vista de

una posible negociación, la parti-cipación en el Comité de Diálogo cumple un objetivo simple pero im-portante: al magisterio no le puede quedar la más mínima duda de que su liderato hizo todos los esfuerzos posibles para buscar una solución mediante el diálogo.

En estas reuniones el Gobierno sólo ha demostrado intransigen-cia y oportunismo. A pesar de ha-ber sido invitados, los presidentes de la Cámara y el Senado no han osado participar del proceso. Las fuentes de recaudo presentadas por el magisterio para salvar su retiro podrían ser utilizadas para otras cosas con la excusa de que el gobierno está quebrado y el cré-dito del país ha descendido a cate-goría chatarra. El magisterio tiene que convencerse de que no queda otra alternativa que no sea la lucha militante y combativa.

Simultáneamente la FMPR está propiciando la organización de Co-mités de Lucha en las escuelas del país. “Si algo aprendimos de la Huelga del 2008 es que hay unas cosas que se tienen que hacer

para enfrentar un proceso de lucha como el presente. Una de ellas es la creación de comités por escue-la.” María Lara Fontánez, presiden-ta de la Federación de Maestros, plantea que los Comités de Lu-cha son la estructura más básica e importante. Es la estructura que se encargará de discutir las estra-tegias de lucha y ejecutarlas en la escuela.

Para impulsar la creación de los comités la Federación estará sos-teniendo reuniones con maestras y maestros de todas las áreas y dis-tritos, coordinando actividades de protesta contra la Ley 160 y solidifi-cando los grupos de trabajo. Coin-cidimos con que el magisterio po-drá atestar golpes contundentes al Gobierno, sólo si se organiza efi-cientemente en las escuelas.

Bandera Roja

Mario Amílcar Torres Lara

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Mas allá del bolsillo

Bandera RojaLydimar Garriga Vidal

Impacto social de la Ley 160

Foto: facebook.com/-fm

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El pasado martes, 4 de febrero, la casa acre-ditadora Standard & Poor’s degradó los bo-nos del Estado Libre Asociado a calificación de “chatarra”. “Chatarra” (“junk”) es nombre que se le da a la calificación más baja que otorgan a los bonos las casas acreditadoras internacionales. Tales calificaciones reflejan la probabilidad de que un bonista recupere su dinero.

Políticos de ambos partidos coloniales han usado la degradación como amenaza desde hace ocho años para justificar medidas neoli-berales y privatizadoras, desde el I.V.U., pasan-do por la Ley 7, hasta el desmantelamiento de los sistemas de retiro. A pesar de la aprobación de todas estas medidas, la amenaza se hizo realidad.

No obstante, los propios bonistas no parecen muy impresionados por la degradación boricua, según reportó el New York Times (Michael Cor-kery, 2/5/2014). La mayoría se expresaron con-fiados de que Puerto Rico no dejaría de pagar su deuda pública de más de $70,000 millones.

La colonia capitalista así lo garantiza: la Constitución del E.L.A., en su Art. VI, Sección 8 dispone que “Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se

procederá en primer término, al pago de intere-ses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.”

Hace escasas semanas, un comentarista de la revista Forbes informaba de cómo cier-tos bancos de Wall Street (que el propio autor llama “buitres”) se estaban aprovechando de la situación para prestarle aún más dinero al E.L.A., con intereses altísimos (Jake Zamans-ky, 1/27/2014). Entretanto, la reacción del go-bernador de turno, Alejandro García Padilla, ha sido exigir silencio a las críticas y “unidad na-cional”, mientras los llamados expertos recetan aún más medidas neoliberales.

Se puede argumentar que la deuda pública de Puerto Rico es ilegítima, por haber sido acu-mulada bajo un régimen colonial, alimentada por la corrupción y el despilfarro electoralista. Ciertamente, su pago anual obligatorio desvía recursos necesarios para reconstruir la base productiva del país y romper el círculo vicioso del crédito.

Concretamente, no pagar representaría un ahorro de $70,000 millones, más una cantidad desconocida de endeudamiento futuro. Se ha planteado que ello conllevaría arruinar el crédi-to del país, pero ese escenario ya es realidad. Por supuesto, ello requeriría entre otras cosas acabar con la colonia.

Bandera RojaJosean Laguarta Ramírez

La deuda colonial y otras degradaciones

Mientras las trabajadoras y los trabajadores vemos afectada nues-tra calidad de vida debido a la crisis actual, Richard Carrión, presidente del Banco Popular de Puerto Rico, anda celebrando.Carrión ha elo-giado públicamente las acciones del gobierno en contra de la cla-se trabajadora. Lo que para noso-tras es crisis, para él es ganancia. Carrión indica: “Nos encontramos más confiados en el estatus fiscal de la isla de lo que estuvimos hace 6 meses, debido a las acciones to-madas por el gobierno”.

Las acciones más recientes a las que hace referencia Carrión son nada más y nada menos que la imposición de 1,380 millones de dólares en nuevas contribuciones dirigidas a la clase trabajadora, y la nefasta ley 160, que en la prácti-ca es un robo que somete al ma-gisterio a la miseria. Definitivamen-te la crisis no es para Carrión, ni

para los capitalistas que, como él, se ven beneficiados de ella. Y es que en la práctica, crisis como és-tas se convierten en espacios ido-neos para los capitalistas, que por medio del estado apuntan a des-mantelar los derechos adquiridos de la clase trabajadora. Así, mien-tras nos responsabilizan a noso-tros por la crisis, Carrión anuncia que Popular Inc. obtuvo un ingreso neto de 599.3 millones de dólares en el 2013, lo que significa un au-mento de 146% en sus ingresos en comparación al 2012.

El gobierno actual y los que le antecedieron nos han llevado al punto en que nos encontramos, pero a la hora de “hacerle frente a la crisis” pretenden pasar la culpa y la responsabilidad del desastre que han creado a la clase trabajadora. Ejemplo de esto es el desmantela-miento del retiro de las maestras. Debido a sus malos manejos, el re-

tiro se encuentra en la situación en la que está. Pero antes de asumir responsabilidad, prefieren pasar-le factura al magisterio. Ante esto, debemos decir que la crisis la pa-guen los ricos, porque son ellos los responsables de la misma y son ellos los que quedan impunes ante el saqueo al que someten a la cla-se trabajadora.

Bandera RojaCoraly León Morales

Ricos gozan con la crisis del país“Ellos son los responsables de la misma y son ellos los que quedan

impunes ante el saqueo...”

Mientras la clase trabajadora se ahogaFoto: planetakike.com

Foto: Tomada de internet/CM

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¿Qué es Bandera Roja?

Bandera Roja es un periódico que se ha publicado en forma impresa desde 1973, como periódico del MSP y desde el 1982 del MST y en forma en-línea desde 1996. Circula gratui-tamente entre miles de trabajadores, estudiantes y gente pobre gracias al esfuerzo voluntario de nuestros mi-litantes, colaboradores y amigos. Es producido por el Movimiento Socia-lista de Trabajadores (MST).

¿Qué es el MST?

El Movimiento Socialista de Traba-jadores es una organización indepen-dentista y socialista que defiende los intereses del pueblo pobre y trabaja-dor. El MST aboga por la transforma-ción de la sociedad en una de justicia y bienestar para las grandes mayo-rías de trabajadores. Trabajamos por el socialismo, donde los obreros sean a la vez los dueños y quienes contro-len los medios de producción. El MST lucha por el pleno disfrute de los de-rechos democráticos en una demo-cracia socialista, donde los derechos de cada cual no están determinados por la riqueza. La juventud del MST está reunida en la Unión de Juventu-des Socialistas (UJS-MST).

Comité Editorial de Bandera Roja

Ibrahim García -Coordinador Raúl Báez Sánchez, Josean Laguarta Ramírez, Agustín Muñoz Ríos, Nelson Pagán Butler Edición y Corrección

Miguel Rolón, Emilia Quiñones, Hugo DelgadoDiseñadores

Pablo Soto CarriatDirector Distinguido

Apartado 22699Estación UPR

San Juan, Puerto Rico00931-22699

Suscripciones:10 números por $10.00

www.bandera.orgescríbanos a [email protected]

En la Lucha HUGO J. DELGADO - MARTÍ

COLUMNA DEL COMITÉ CENTRAL - MOVIMIENTO SOCIALISTA DE TRABAJADORES

bandera.org

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En la internet

A luchar por la independencia y el socialismoLa degradación del crédito del

gobierno de Puerto Rico y algu-nas corporaciones públicas po-dría ser la coyuntura perfecta para la implantación de las medidas antiobreras que por años hemos resistido.

Varios portavoces y voceros de la burguesía están promoviendo el despido de empleados públicos, la reducción de salarios y beneficios, y el desmantelamiento total del es-tado benefactor, entre otras medi-das de corte neoliberal.

La propuesta socialista contra la crisis colonial tiene que ir más allá de la mera propuesta de mejoras inmediatas al quebrado modelo co-lonial. La coyuntura actual se pres-ta para desenmascarar el carác-ter colonial-capitalista de la crisis, y para promover el socialismo y la independencia como alternativas reales y concretas.

El déficit fiscal en el gobierno, o la reducción de los recaudos, no son más que un reflejo del resque-brajamiento del modelo de exen-ciones contributivas a las corpora-ciones multinacionales que operan en el país. Desde el 2006 al 2012 estas corporaciones generaron so-bre $270,000 millones en ganan-

cias, mientras que en salarios ape-nas pagaron $31,500 millones y en contribuciones directas al gobierno $3,500 millones.

En general, las corporaciones y sociedades aportaron apenas $12,000 millones en contribucio-nes. La clase trabajadora en Puer-to Rico no es más que una máqui-na generadora de ganancias para la burguesía norteamericana; du-rante esos mismos 6 años Puer-to Rico compró al exterior casi $100,000 millones más de lo que vendió.

En otras palabras, mientras el pueblo trabajador puertorriqueño vio un empeoramiento en su cali-

dad de vida y el gobierno colonial ha recurrido a préstamos para cua-drar la caja, la burguesía nortea-mericana continuó extrayendo ju-gosas ganancias, aún en tiempos de crisis.

Hay que reconocer que las pro-puestas inmediatas de aumentar las contribuciones a las corpora-ciones, a la banca y a las multina-cionales o no pagar la deuda gu-bernamental son insuficientes. Si no transformamos radicalmente al país y la sociedad, por medio de la independencia y el socialismo, simplemente estaremos cambian-do la forma en que se da la explo-tación de la clase trabajadora.

Más alla de la degradación

34 años del asesinato de Adolfina Villanueva

El 6 de febrero de 1980 fue asesinada por la Policía de Puerto Rico Adolfina Villanue-va Osorio, en Mediana Alta en Piñones. Era una mujer po-bre, negra y trabajadora y mu-rió defendiendo su hogar.

Vivía con su esposo y sus seis hijos y trabajaba sem-brando y pescando. Sus an-cestros vivieron en ese lugar por casi un siglo. Adolfina y su esposo se enfrentaron a los propósitos de Vermundo Qui-ñonez, alegado dueño de es-tos terrenos, de sacarlos del lugar.

El 6 de febrero de 1980, cinco alguaciles y la fuerza de choque de la Policía se presentaron a des-ahuciar a Adolfina y la familia de su vivienda. Adolfina se resistió a salir de su hogar y la Policía la asesinó e hirió su esposo Agustín Carrasquillo.

El sargento Estrella y el resto de los policías que participaron en el asesinato fueron absueltos del cri-men por el juez Charles Figueroa.Finalmente la familia ganó una de-manda y el gobierno tuvo que pa-gar una compensación.

Ahora se cumplen 34 años del asesinato de Adolfina Villanue-va Osorio, una verdadera heroína de las mujeres y la gente pobre y trabajadora.

Frecuencia SocialistaCarlos Foruño Candelas

Foto: Tomada de internet/CMP

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Hipocresía y alza de matrícula en la UPRTESIS RADICAL columna de la UJS-MST

Río Piedras- La Unión de Juven-tudes Socialistas (UJS) denunció como hipócrita e inútil la reducción de 3% del salario a empleados de confianza, anunciado reciente-mente por el presidente Urayoán Walker.

“Es un insulto para Puerto Rico que a sólo unas semanas de au-mentos exorbitantes a empleados de confianza que rondaron alre-dedor de los $200,000 se anuncie una reducción de 3% en el salario de los mismos para supuestamen-te afrontar la crisis fiscal”, declaró Daniel Quiñones, portavoz de la UJS.

“No sólo es una medida hipócri-ta, sino que tampoco representa un ahorro significativo. En otras palabras, se trata de relaciones pú-blicas, de dar la impresión de que

se está haciendo algo con la grasa administrativa para, en efecto, no hacer nada”, añadió el portavoz.

“Si realmente se quieren reducir los gastos a nivel administrativo, tanto la otorgación como el salario de estos llamados puestos de con-fianza deben estar abiertos para la evaluación y fiscalización de toda la comunidad universitaria. Hemos visto cómo administración tras ad-ministración estos puestos fluctúan arbitrariamente según los vaivenes politiqueros. Eso tenemos que pa-rarlo”, dijo Quiñones.

Además, el colectivo socialista hizo un llamado a la comunidad universitaria a estar alertas ante la aproximación de un alza en los costos de matrícula para el mes de marzo.

“Que sepa el presidente y el PPD que los estudiantes no nos dejaremos engañar con medidas politiqueras. Aquí lo que se está es

preparando el terreno para implan-tar un alza en marzo, queriendo dar la impresión de que todos estamos aportando. La comunidad univer-sitaria lleva ya décadas aportando

mientras colapsan nuestra univer-sidad. El estudiantado no está dis-puesto a permitir que se nos cierre aún más el acceso a la UPR”, con-cluyó Quiñones.

“Para lograr la plena equidad las feministas exigimos abortos libres y gratuitos; educación sexual en las escuelas y centros de trabajo...”

Hace alrededor de dos meses los periódicos del país publicaron una noticia sobre el arresto de una joven mujer. El delito: intentar rea-lizarse un aborto en su hogar. La policía recibió una llamada anóni-ma que les informó sobre las sos-pecha de lo que ocurría.

Una vez las autoridades llegaron a su hogar, en vez de llevar a la jo-ven a un hospital la policía la lle-vó a un cuartel a radicarle cargos. Esto provocó la indignación e in-mediata acción de diversos grupos feministas y de apoyo a la mujer. Obviamente no se le radicaron car-

gos a la joven ya que desde 1973 en Puerto Rico el aborto es legal.

Como feministas preguntamos: ¿que tenía en la cabeza la persona que llamó a la policía? Y aún más grave: ¿qué estaban pensando los agentes que la arrestaron? ¿Acaso desconocen el derecho en Puerto Rico? ¿Acaso sus prejuicios mora-

les los impulsan a actuar de mane-ra tan negligente con la vida y sa-lud de una persona a quienes con-sideran una criminal?

Ante esta abominable situación nos vemos en la obligación de re-petir lo que, aparentemente para muchos es un tabú: en Puerto Rico el aborto es legal. A pesar de que

el Artículo 98 del Código Penal pro-híbe y penaliza está acción, dicho estatuto (y cualquier estatuto simi-lar) fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo en el caso Roe vs Wade (1973). No obstante, esta decisión, aunque es un triun-fo para la lucha por los derechos reproductivos, se queda corta. El aborto sigue estando restringido para muchas mujeres trabajado-ras. Sus costos son exorbitantes y la información para lograrlo inacce-sible. Aún más, reclamamos que el derecho a decidir va más allá del derecho al aborto.

Para lograr la plena equidad las feministas exigimos abortos libres y gratuitos, educación sexual en las escuelas y centros de trabajo, acceso a anticonceptivos, acceso a un tratamiento de calidad durante el embarazo, derecho al parto hu-manizado, fin de la experimenta-ción con nuestros cuerpos; en fin, total derecho a decidir y vivir en sa-lud y bienestar.

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Unión de Juventudes Socialistas

Comunicado de Prensa

Caucus de la Mujer - M.S.T.

Anna M. Huertas

Por el derecho a un aborto seguro

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La defensa de los derechos adquiridos se fundamenta en el acceso a servicios que son necesarios para el desarrollo de la persona y a su trato digno como ser humano en un colectivo.Es así como a través de la historia se va logran-do a manera de conquistas, el reconocimiento por parte del estado, de ciertas prerrogativas a sus individuos. Tal es el caso de los derechos a la salud, a la educación, al pago por jubilación y muchos otros.

No siempre los derechos son los mismos ni son necesariamente reconocidos por igual en cualquier lugar. Esto ha dependido siempre de cuán dispuestas estén determinadas personas que se asocian entre sí para lograr el fin que de-sean. Esta disposición a conseguir uno o varios derechos por quienes no los poseen, presupone que existe un impedimento que arbitraria y ge-neralmente impone el estado o gobierno. Esta relación opresora provoca una reacción que al-tera el estado de relaciones sociales, que hasta

el momento eran consideradas “normales” para el funcionamiento de la entidad.

En el caso de Puerto Rico, el sistema colo-nial-capitalista se origina en la toma del poder político que mediante la fuerza, Estados Unidos le arrebató a España en la Guerra Hispanoa-mericana. Unas nuevas relaciones de forcejeo se manifiestan entre el invasor y la población boricua. Trabajadores de la caña de azúcar se organizaron en la Federación Libre de Trabaja-dores a principios del siglo 20 para tener más derechos laborales mediante huelgas muchas violentas. Esto no bastó para darse cuenta de que alcanzar el poder político era necesario para la garantía de los mismos y alcanzar otros mayores.

Así que decidieron crear el Partido Socialis-ta. Organizados políticamente pudieron lograrlo parcialmente pues las posteriores alianzas de la dirección con el patronal Partido Republicano acabaron con la confianza de los trabajadores. Los patronos nunca se dan por vencidos cuan-do se trata de revertir derechos adquiridos que le erosionan su bolsillo.

No obstante, la fuerza colectiva obrera pudo impulsar la defensa de varios logros alcanza-dos cuando el Partido Popular Democrático entró en escena y comenzó su hegemonía en el gobierno. De ahí hasta nuestros días, las ac-ciones concertadas del pueblo trabajador, par-ticularmente de parte de los sindicatos, contra los partidos-gobiernos patronales PPD y/o PNP, han sido necesarias para defender derechos y alcanzar otros.

Luchas como la de la huelga de La Telefónica en 1998, para sacar a la Marina de Vieques a principios del 2000 y la huelga de la Federación de Maestros en el 2008, han sido necesarias para defender servicios públicos, el derecho a vivir en paz sin contaminación y a un mejor con-venio colectivo, respectivamente.

Hoy nos enfrentamos a una dura lucha para evitar pagar por la crisis económica que los par-tidos políticos patronales han creado. La organi-zación política socialista se hace necesaria para que la clase trabajadora enfrente con posibili-dades de éxito esta ofensiva. El MST tiene esa meta.

Principio socialista: Defender de los derechos adquiridosBandera Roja

Angel G. Quiles Vega

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El pasado 20 de diciembre de 2013, el Consejo de Ministros español aprobó una ley que revierte las cientos de victorias que han adelantado los derechos reproductivos en el país desde el comienzo del llamado “periodo de democracia”, establecido oficialmente en 1978. Entre esas victorias de las mujeres españolas, se encuentran el derecho a las adolescentes desde los 16 años a abortar sin el consentimiento de

los padres y el derecho absoluto a la embarazada a interrumpir su estado sin tener que dar explicaciones, ambas aprobadas en 2010.

La ley no podrá entrar en vigor hasta dentro de un año porque debe ser sometida a diversos informes y al debate parlamentario. Si dicho proyecto entra en vigor, las mujeres españolas tendrán que demostrar daños a la salud, psicológica o física, o que el embarazo fue el efecto de una violación sexual. Esto cambia

radicalmente el panorama en un país donde se podía abortar sin explicación alguna, en cualquier clínica, privada o pública, y sin costo.

La aprobación de esta ley es un solo ejemplo de los cientos de proyectos que han intentado atacar los derechos reproductivos de las mujeres en los pasados años. En 2011, el gobierno estatal de Mississippi realizó plebiscito sobre una enmienda a la Constitución estatal que declararía al óvulo fecundado como persona. Esto no sólo prohibiría el aborto llevándolo a la clasificación de asesinato, sino que hubiese eliminado la posibilidad para muchas mujeres de otros métodos anticonceptivos como la pastilla del día después y el Dispositivo Intrauterino. El cambio en la Constitución no fue aprobado, pues las mujeres y grupos solidarios le dijeron que no con su voto.

Otras leyes en Estados Unidos y otras partes del mundo mantienen la legalidad del aborto pero han puesto barreras a las clínicas (algo que también hace la nueva ley española), como la prohibición

de la publicidad. De esa forma, las mujeres que deseen ejercer su derecho a terminar con el embarazo no conocen los centros que ofrecen el servicio. Por su parte, los países de América Latina, como Puerto Rico, tienen sus vaivenes en materia legislativa. Si bien territorios como Cuba o la Ciudad de México no restringen el derecho a decidir hasta la duodécima semana de embarazo, en otros países como El Salvador, la República Dominicana y Chile el aborto está completamente prohibido incluso en casos de violación, o riesgos de salud para la mujer que lleva el feto.

En Puerto Rico también se han sufrido reveses en las leyes que protegen estos derechos desde el 2012. El Código Penal aprobado en 2011 prohíbe el aborto salvo en algunos casos. Aun cuando sea una ley que podría llamarse letra muerta, pues la Constitución estadounidense mantiene el derecho a decidir, el nuevo Código Penal ha convertido en más difícil la tarea por el cierre de clínicas y la falta de orientación a las embarazadas.

“Revés” mundial en los derechos reproductivosBandera RojaEmilia Quiñones Otal


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La UTIER denunció que la ver-dadera intención del Proyecto 1260 de la Cámara y el Proyecto de Ley 839 de Alivio Energético, radicado por el Presidente del Se-nado Eduardo Bhatia (PPD), es la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Es un proyecto de ley que sólo busca crear en la AEE una crisis para justificar ante el pueblo la pri-vatización. Esto es un fraude que se intenta cometer contra el pue-blo de Puerto Rico”, expresó Angel Rafael Figueroa Jaramillo, Presi-dente de la UTIER.

El Presidente de la UTIER acu-só a Bhatia de impulsar la privati-zación de la generación de elec-tricidad en el país y declaró como falsa la premisa de que la apertu-ra a la competencia del mercado energético bajaría el precio de la electricidad.

“Quieren imponer la idea de que la privatización de la generación de

electricidad es de beneficio para el pueblo, pero destruyen la Autori-dad para luego justificar la priva-tización. Están usando la misma lógica que han usado antes. Pri-mero, dejan decaer la instalación y afectan los servicios que se pres-tan y luego le dicen al pueblo que con la empresa privada podemos volver a tener servicios de calidad, lógica que ha demostrado ser falsa desde la Telefónica hasta el aero-puerto”, añadió el lider sindical.

El presidente de la UTIER estu-vo presente en la Cámara de Re-presentantes así como en el Sena-do para deponer sobre el PC 1260. La ponencia de la UTIER estuvo dirigida a defender la AEE como una corporación pública, recono-ciendo que necesita una transfor-mación. “Nuestras propuestas le garantizan un modelo público de mejores precios al pueblo, y a los trabajadores y trabajadoras de la UTIER, nuestro convenio y nuestro Sistema de Retiro.”

Por otro lado, la UTIER también estuvo presente en las vistas del

Senado presentando ponencias sobre los proyectos 841,842 y 843 que son parte de las propuestas de Eduardo Bhatia.

“En nuestra ponencia apoyamos como principio la obligación de ser más eficientes en el consumo ener-gético de las corporaciones públi-cas, agencias de gobierno y los municipios. Además, presentamos preocupación debido la falta de in-gresos por la reducción de ventas, por lo cual presentamos como va-

rias alternativas para diversificar la cartelera de negocios de la AEE”, concluyó Figueroa Jaramillo.

La UTIER ha dejado claro que la intención de privatizar la Autoridad no es el camino correcto y que tie-ne propuestas de beneficio para el pueblo y los trabajadores y traba-jadoras de la AEE. Es hora de que se escuchen las propuestas de la unión y se desista de cualquier agenda privatizadora de la energía eléctrica del pueblo.

Bandera RojaIbrahim García González

¿Alivio energético ó privatización?tom

ada de internet/CMP

Avanza la CGT - organizando en la empresa privada

Las recientes victorias que dieron los traba-jadores de almacenes de la mueblería multina-cional Ikea a la Central General de Trabajado-res colocan a este sindicato de lucha en una excelente posición dentro del sector privado. Los trabajadores a tiempo completo, en el mes de enero, y los trabajadores a tiempo parcial, a principios de febrero, obtuvieron una victoria contundente al votar por la CGT.

En Puerto Rico, el número de trabajadores y trabajadoras sindicados en el séctor privado se encuentra en un nivel muy bajo. Éstos casi no alcanzan el 2,0 por ciento. Además de la crisis, la desorganización obrera en el sector privado se debe a que el patrono de este sector a me-nudo contrata asesores antisindicales cuando los trabajadores de su taller intentan unionar-se. No podemos dejar de mencionar en lo que se ha convertido el sindicalismo tradicional en Puerto Rico que ha sido uno de entrega al pa-trono. Mientras por un lado articulan un discur-so de lucha y en defensa de los trabajadores, por el otro reproducen las mismas prácticas de los sindicatos corporativos de los Estados Uni-dos en donde impera la corrupción, la falta de

democracia interna y participación, y la falta de transparencia, por mencionar algunas.

Precisamente contra esta tradición de entre-ga es que se desarrolla en la Isla un sindica-to de lucha como se plantea la CGT. Con el objetivo de organizar trabajadores en el sector privado a nivel sindical, la CGT busca mejorar las condiciones de trabajo y vida económica de los trabajadores. Busca desarrollar la concien-cia de clase de los mismos. Que los trabaja-dores que se organizan con la CGT entiendan la diferencia entre las aspiraciones del patrono y la de ellos mismos como trabajadores. Que los trabajadores adquieran mayor poder en sus centros de trabajo y de igual manera tengan las herramientas para vincular su lucha a la de los trabajadores en general hasta el nivel de po-der influir en la participación comunitaria de los mismos.

Actualmente, la CGT, proyecto desarrollado por los propios trabajadores de la Indulac y la Suiza, cuenta con la representación de ambos talleres. También organiza a los trabajadores de Allied Waste en la industria del recogido de desperdicios sólidos. Y ahora, con la entrada de los trabajadores de los almacenes de Ikea, crece y se fortalece este instrumento de lucha combativo, militante y democrático.

Bandera Roja

Nelson Pagán Butler

tomada de internet/CM

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Hace meses las calles de Ucrania son escenario de protestas contra el gobierno del presidente Viktor Yanukovych, que se han convertido en tomas de plazas y ba-rricadas en las calles. La masividad de las protestas, los enfrentamientos violentos y la organización de grupos de choque para enfrentar a la policía, le ha ganado el re-conocimiento de “revolución ucraniana”. Unos se aferran a teorías conspirativas y denuncian al imperialismo de EE. UU. y la Unión Europea (U.E.) en contra de Rusia, olvidando que ésta última es el principal po-der imperialista en la región.

El elemento conspirativo juega un papel en la lucha entre los poderes imperialistas por imponer sus intereses; pero éste se en-marca en la lucha de clases a nivel local e internacional.

Incuestionablemente, las protestas en Ucrania son una manifestación de la lucha de clases; pero no toda lucha de clases es revolucionaria. En el mundo capitalista no siempre se enfrentan los opresores con los oprimidos. Muchas veces se enfrentan diferentes facciones o grupos de las bur-guesías nacionales, ya sea por intereses económicos encontrados o por el control del Estado. Es éste el caso de Ucrania. Por un lado está el grupo económicamente más poderoso, representado por el partido del presidente Yanukovych, con estrechas re-laciones con el imperialismo ruso. Del otro, un sector que busca un distanciamiento de Rusia y un acercamiento a EE. UU. y la U.E.

Esta fracción moviliza entre sus fuerzas

a los principales partidos y organizaciones paramilitares neofascistas, que cuentan con fragmentos de la juventud y sectores medios. Hay que tener en cuenta que la burguesía ucraniana está dividida en cla-nes oligárquicos, y que 50 de éstos do-minan ¾ partes de la riqueza del país. El gobierno de Yanukovych está vinculado al más poderoso, el clan Donetsk.

El pueblo ucraniano ha sido sometido a una “terapia de shock” capitalista, redu-ciendo considerablemente sus derechos y agravando su condición de vida. Las ci-fras oficiales reportan 8% de desempleo; una parte considerable de la población vive bajo el nivel de pobreza, que según el Gobierno es 25% (otras fuentes lo ubi-can en 80%). Además, la extrema pobreza y la subalimentación se estiman en 3% y 16% respectivamente. El acercamiento a la U.E., y el plan de ayuda preparado por ésta y los EE.UU., implicaría la adopción de medidas neoliberales aún más intensas, con consecuencias nefastas para la clase trabajadora.

La llamada “revolución ucraniana” ha sido presentada como un conflicto nacio-nal, pero no es más que una lucha entre burgueses por el poder, con fuerte presen-cia de elementos neofascistas. En esta lu-cha la gran ausente es la clase trabajadora, que no se ve beneficiada por las demandas de ninguno de los dos bandos. Para los tra-bajadores, cualquiera que se imponga en la lucha representará un duro golpe a sus derechos y condiciones de vida, por lo que la única salida posible es su organización independiente para enfrentar la profundiza-ción de la ofensiva capitalista.

Se avecina conmoción social, aprueban nueva ley anti-terrorista

BrasilUcrania: ¿revuelta popular o lucha de élites por administrar el capitalismo?

Bandera RojaRaúl M. Báez Sánchez

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Se desata la guerra de clases

Bosnia y Herzegovina

Autodefensas son contradictorio ejemplo de auto-organización popular contra el narco-capitalismo.

Michoacán

A pesar de las protestas del 2013, el gobierno de Brasil ha continuado sus políticas neoliberales. No ha atendido los problemas de educación, salud y transporte que dieron lugar a las mismas. La corrupción en torno al Mundial de la FIFA continúa rampante y el descontento no se ha hecho esperar. por lo se acaba de aprobar una Ley Anti-terrorista que criminaliza cualquier protesta confrontativa, sin derecho a fianza, con penas que van de 15 a 30 años en prisión, ó 24 a 30 años en el caso de producirse muertes. También se creó un batallón de 10,000 efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad. Salió a la luz un documento de las fuerzas militares que considera a los movimientos sociales como “fuerzas oponentes” y “amenazas”, e iguala a las organizaciones populares con gangas criminales.

Protestas masivas contra la privatización de fábricas estatales en la ciudad de Tuzla, Bosnia, se convirtieron el pasado 7 de febrero en insurrección generalizada. Manifestantes exigiendo revertir las privatizaciones y el fin de la corrupción, tomaron las calles en sobre 20 ciudades, quemando edificios de gobierno, logrando la renuncia de al menos dos gobiernos locales. La insurrección arropa las tres regiones del país, administradas cada una por un grupo étnico separado como “solución” impuesta por las tropas invasoras de la OTAN a la guerra civil de la década del 90. Mientras aquella fue un enfrentamiento entre élites que usaban el nacionalismo para competir por su control sobre el Estado, el levantamiento actual se caracteriza por la solidaridad obrera multi-étnica en contra de toda la clase dominante.

Durante el fin de semana del 8 y 9 de febrero, grupos de civiles armados conocidos como “autodefensas” (AD) tomaron el municipio de Apatzigán, Michoacán, en coordinación con fuerzas del gobierno federal mexicano. Es la primera cooperación de las AD con el gobierno desde que comenzaron a combatir al cartel conocido como los Caballeros Templarios en la región sur del país a finales del 2012. Las AD surgieron como una respuesta popular a la abierta complicidad del corrupto y neoliberal gobierno mexicano con las empresas narco-capitalistas que controlan gran parte del país. La actual cooperación surge de una tregua en la cual el gobierno accedió a dejar de reprimir a las AD. Hay que resaltar la participación en las AD de las mujeres, quienes han sido blanco de especial brutalidad por parte de los carteles.

Foto:Tomada de internet/CMP

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Bandera Roja febrero 2014