San Juan, Puerto Rico. Año 25· Núm. 8· noviembre/2006

3, 4, y 5ver páginas

Lucha por el Teatro UPR3No a la pena

de muerte2Anibal y Silva Puras

www.bandera.org

Periódico del Movimiento Socialista de Trabajadores

Bandera Roja

El gobierno de Anibal7

Marcha por la dignidad magisterial

LIBERTAD PARA NUESTROSPRISIONEROS POLÍTICOS

Entregan el país a laEmpresa Privada

Bandera rojanoviembre 20062 www.bandera.org

Alarmante el costo de la pena de muerte en los EEUU

La pena de muerte le cuesta a Cali-fornia $114 millones por año más que el costo ordinario de detener a los conde-nados en la cárcel por vida. Los contri-buyentes en ese estado han pagado más de $250 milliones de impuestos por las ejecuciones en el estado (L.A. Times, 6 de marzo, 2005).

En Indiana, el total de los costos de un juicio de pena de muerte sobrepasa los costos completos de sentencias de ca-dena perpetua sin libertad condicional por 38%. Esto tomando en cuenta que el 20% de las sentencias de muerte son revocadas y reducidas a cadena perpe-tua (Comisión de los Estudios de la Ley Criminal de Indiana, 10 de Enero, 2002).

La pena de muerte le cuesta al estado de Carolina del Norte $2.16 millones por ejecución por encima del costo de un caso de asesinato sin la pena de muerte con una sentencia de cadena perpetua (Duke University, mayo 1993). A nivel de Estados Unidos, estas cifras se traducen en un costo de más de mil millones gas-tados desde 1976 en los process de pena de muerte.

Al estado de Florida los procesos de pena de muerte le cuestan $51 millones por año por encima de lo que le costa-ría castigar todos los asesinos de primer grado con cadena perpetua sin libertad

condicional. Las 44 ejecuciones que Flo-rida ha llevado a cabo desde 1976, les ha costado a los contribuyentes $24 millo-nes. (Palm Beach Post, 4 de junio, 2000). En Florida, cada ejecución le cuesta al estado $3,2 millones, comparado con el costo de $600,000.00 de la cadena per-petua.

En Texas, un caso de la pena de muer-te cuesta un promedio de $2.3 millones, casi tres veces el costo de encarcelar a alguien en una celda sencilla de máxima seguridad por 40 años (Dallas Morning News, 8 de marzo, 1992).

Un estudio realizado en 2003 en Kan-sas descubrió que los casos en que se procuraba obtener y se obtenía la pena de muerte costaban 70% más que los ca-sos en los que no se procuraba obtener la pena de muerte. El costo promedio estimado de un caso en el que se impo-ne la pena de muerte se determinó en $ 1.2 millones, en comparación con los mismos costos estimados para un caso en el que no se busca la pena de muer-te, determinados en aproximadamente $740,000. (Encuesta de diciembre de 2003 de la Auditoría Legislativa de Kan-sas) .

El costo total de la pena de muer-te es un 38% más que el costo total de una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. (Indiana Criminal Law Study Commission, 10 de enero del 2002)

Se han gasta-do $100 millo-nes desde que se reinstauró la pena de muerte en Nueva York en 1995. El pe-riódico The New York Daily News calcula que se gastarán $238 millones antes que ocurra la pri-mera ejecución.

Además de los fondos necesa-rios para juzgar casos de pena capital, el Depar-tamento de Ser-vicios Penales de Nueva York se gastó $1.3 m i l l o -nes para construir el corredor de la muerte de Nueva York para 12 presos. Anual-mente, cuesta casi $300,000 mantener su seguridad. (New York Law Journal, 30 de abril 2002) NYADP ( New Yorkers Against the Death Penalty o Neoyorquinos en Con-

tra de la Pena de Muerte) opina que el dinero que se gasta en la pena de muerte se debería gastar en programas para pre-venir el crimen y ayudar a las víctimas, los cuales carecen de apoyo económico.

No a la pena de muerte

Luego de un intenso proceso ju-dicial, un jurado puertorriqueño se ha negado nuevamente a reinstalar la pena de muerte en Puerto Rico. La pena de muerte fue abolida mediante legislación en Puerto Rico en el 1929 y su prohibición es parte de la Carta de Derechos de la Constitución. La legis-lación federal sobre pena de muerte in-vita a un jurado a jugar a ser Dios y no considera ni valora los derechos funda-mentales de la Constitución vigente en la Isla, la que fue aprobada por el Con-greso federal y por el pueblo de Puerto Rico.

Al dolor sufrido por la familia del policía federal muerto, José Oscar Ro-

dríguez Reyes, se le suma el de la fami-lia de Carlos Ayala López. Así opera la pena de muerte. La angustia de la fa-milia del convicto no aliviara la pena de los seres queridos de la víctima. El ojo por ojo nos dejará ciegos a todos. Expresamos nuestra solidaridad y dis-posición de ayuda a ambas familias.

El jurado no sucumbió a la propues-ta de la fiscalía federal y preservó el valor del respeto a la vida. Los miem-bros del jurado tuvieron la valentía de defender nuestra historia y nuestros valores como Pueblo y la firmeza para expresar nuestro compromiso con el futuro y nuestro compromiso con la vida.

La fiscalía federal promueve un retroceso a la barbarie, a los lincha-mientos, a la hoguera, a los días de la guillotina, a la época del Circo romano, y a la tortura. Se ha demostrado que la legislación federal se encuentra en una vergonzosa retaguardia en la preserva-ción de los Derechos Humanos.

La titularidad que se ha abrogado el estado norteamericano sobre la vida de sus ciudadanos y su determinación sobre el momento de la muerte como remedio criminal es totalmente irrazo-nable e insostenible. Cuando el Esta-do mata, se convierte en asesino y nos convierte a nosotros en cómplices del delito. La pena de muerte ofrece la trá-

gica ilusión de que podemos defender la vida quitándosela a otros. La Coali-ción Puertorriqueña contra la Pena de Muerte rechaza tal ilusión.

Reiteramos que la imposición de la pena de muerte no es una solución para detener el espiral de violencia. No podemos convertirnos en parte del ci-clo de la muerte, inyectándole legitimi-dad al acto macabro de quitarle la vida a un ser humano.

Sabemos que hay otros casos de pena de muerte pendientes ante el Foro federal. Nuestro compromiso con-tinuará hasta que la pena de muerte no se le aplique a nadie, ni en nuestro te-rritorio ni en el ajeno.

Jurado se niega a imponer pena de muerteCoalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte

Comunicado de Prensa

Caso de Carlos Ayala López

Bandera Roja

Por Luis Guzmán Dupont

PENA $$$$$DE M

UERTE

Ilustración Bandera Roja

Bandera rojanoviembre 2006 �www.bandera.org

Luego de culminada la primera etapa contra la intentona de privatización del Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), está más que claro, que las accio-nes de militancia y resistencia obligaron a la administración a ceder a uno de nuestros reclamos. Las tan cacareadas vistas públicas, que surgen a raíz de la presión efectiva realizada por los estu-diantes en lucha, que no se amilanaron a toda la campaña asquerosa de la pren-sa burguesa, evidenciaron el clima de sordidez, arrogancia y prepotencia que existe en una institución que cada vez más renuncia a su deber ministerial con la educación pública.

La administración le entrega al mer-cado o a su pana preferido, el deber de administrar los servicios que mal se ofrecen en el presente. De esta manera justifican la necesidad imperiosa de que estos vampiros de la economía se entro-metan y vengan a salvarnos con su “vi-sión empresarial” que tanta eficiencia trae, claro, según ellos.

Desde un principio, la Unión de Ju-ventudes Socialistas (UJS-MST) planteó la necesidad de comenzar el proceso de manejo del Teatro desde cero. Se exi-gieron unas vistas públicas que tuviesen como objetivo la participación y la pre-sentación de propuestas para fomentar el debate genuino entre los sectores de la comunidad universitaria. Los recla-

mos eran claros: derogación de la Junta de Teatro, cero empresarios en la Junta de Gobierno, cero privatizaciones de los servicios y todas las ganancias para la Universidad. En fin la consigna esta más que clara, DESDE CERO. El diálogo se-rio está sujeto a reconocer el fiasco y el oportunismo económico que hay detrás de la cédula del Teatro y de cómo se crea, de manera antidemocrática, a cuarto ce-rrado y espalda de los estudiantes y tra-bajadores.

Cualquier intento de supuesto diálo-go sin tomar en cuenta esto es pecar de ingenuo, es gastar saliva en un proceso estéril y sin poder deliberativo, y eso es hacerle el juego sucio a la administra-ción.

Las vistas públicas no solamente es-taban condicionadas por los puntos que los estudiantes expresaron en la última asamblea, sino que, todo proceso de dis-cusión y consenso de los sectores en la universidad (trabajadores, profesores y estudiantes) para ser verdaderamente democrático, no pueden estar subordi-nado al veto o el criterio de la Junta de Síndicos. Este órgano, compuesto por 10 magnates empresariales, nombrados por el Gobernador de turno, y totalmen-te ajenos a la comunidad universitaria, son los que mantienen secuestrada la vida académica del país y que pretenden espetarnos su visión de mercado a la trá-gala. Como si fuera un mandato divino, éstos cada cierto tiempo bajan con un decreto o certificación, dictando la pau-ta de lo que se hace en la Universidad.

A esta gente no se le puede permitir decidir sobre un asunto que es de la co-munidad universitaria. Comunidad a la que no pertenecen, y la visión de una educación pública y accesible choca abiertamente con sus intereses de clase. Es por esto que a raíz de lo acontecido en las vistas publicas y al hecho de que ninguno de los puntos centrales de los estudiantes fue acogido, todo el proceso de debate en el Senado Académico, es de por si nulo, estéril y no tiene mayor trascendencia. Finalmente serán los sín-dicos quienes decidirán a favor de sus intereses. Intereses que no representan en nada a los de la mayoría del país.

Más claro esto no puede estar, ante el hecho de que la Junta de Sín-dicos reciente-mente enmen-dó la cédula del Teatro sin tomar en cuenta los planteamientos provenientes del comité creado para discutir las propuestas so-bre el manejo del mismo. Y la con-cesión hecha por éstos al Consejo

de Estudiantes de poder elegir la única posición estudiantil en la Junta de Tea-tro, cuando más es un intento descarado de reducir nuestros reclamos a una mera posición que no tiene peso ni autoridad. El Consejo de Estudiantes no se debe prestar para este juego, aceptar las mi-gajas que tiran esta caterva de buscones es legitimar el proceso de privatización, pasar por alto el mandato de la asamblea del 5 de Septiembre y reconocer la capa-cidad de éstos de imponernos su agenda neoliberal.

La UJS-MST reconoció las limitacio-nes del proceso de vistas públicas desde el inicio, y el espacio que se utilizó en las mismas se hizo en aras de denunciar el circo mediático que representaba. Adi-cional a esto, se utilizó como medio para

cuestionar la legitimidad de una estruc-tura antidemocrática, que no nos repre-senta, que es la carta que tiene la admi-nistración para propiciar el desgaste de las fuerzas estudiantiles, afianzar la au-

tonomía para sus sueldos y posiciones, repartirse en pedazos la universidad y lavarse la cara ante el pueblo con el favor de la oligarquía mediática. La co-munidad universitaria pide autogestión,

la administración impone la privatiza-ción. Exigimos que el espacio del Teatro sea el salón de clase de los estudiantes de drama, ellos nos espetan su visión mercantilista. Solicitamos diálogo serio, ellos suprimen el diálogo con cortinas de humo.

Ante este clima de sordidez y terque-dad de parte de la presidencia y la jun-ta de magnates, no nos queda otra cosa que emplear la herramienta de la pro-testa, como arma para hacer valer nues-tro derecho a que sean los trabajadores y estudiantes los que administremos nuestros propios recursos. Y cabe men-cionar que mientras la Junta de Teatro siga constituida como está seguiremos en la calle hasta que se atiendan nues-tros reclamos. No habrá Teatro para los riquitos y sus amigotes. “O bailamos to-dos o rompemos la radiola”.

Universidad

Junta de Síndicos no respeta democracia en UPRUnión de Juventudes Socialistas de Río Piedras

Por Edwin Morales

Prosigue la lucha contra la privatización del Teatro

Acaba de darse a la luz pública otro “fenomenal” plan del gobierno para poner la casa en orden. Se trata de un proyecto para el desarrollo económico y la transformación del gobierno co-lonial, con las mismas ideas del P.N.P. Dios los cria y ellos se juntan.

El proyecto pretende remozar y mo-dernizar a un sistema capitalista inefi-ciente y a una estructura de gobierno decadente y en crisis presupuestaria permanente. El gobierno apuesta al desarrollo de un vigoroso sistema de mercado, un capitalismo fuerte y pro-ductivo en el que alegamente “todo puertorriqueño que se lo proponga pueda superarse y lograr un trabajo digno, honrado y gratificante.” Entre las premisas de la propuesta se señala que el gobierno se ha convertido en “obstá-culo y carga para la economía, y tiene que transformarse para convertirse en un facilitador.” A ello se le añade que el “sector privado debe asumir un rol más protagónico en el desarrollo económi-co y debe ser el principal generador de actividad económica.”

El proyecto aspira a un sistema sin contradicciones de clase, en el que el sector privado asuma el rol protagó-nico, ideas asociadas a las propuestas neoliberales promovidas por el mundo empresarial, sus asesores a sueldo y la-cayos. Al parecer la propuesta cuenta con el respaldo de algunos líderes sin-dicales, quienes según se informa en el texto de la misma, participaron de no

menos de 5 reuniones en la Fortaleza. Los dirigentes de los sindicatos amari-llos o burocratizados como Servidores Públicos Unidos, la AFL-CIO y la CUTE han apoyado medidas contrarias a los intereses de la clase trabajadora ante-riormente.

El gobierno “consultó” a los líderes obreros que han sido complices de sus políticas en contra del pueblo y le han servido de guardaespaldas frente a los trabajadores. Mientras, dejaron fue-ra al liderato de las uniones combati-vas como la UTIER y la Federación de Maestros, a los líderes comunitarios, ambientales y estundiantiles que han defendido con verticalidad los inte-reses del pueblo. Esto a pesar de que buena parte de las propuestas tienen que ver con el sistema educativo, ener-gético y el desarrollo de las empresas locales y de la infraestructura. La con-sulta fue cargada hacia los intereses de los productores, distribuidores y deta-llistas del sector privado.

Una cosa debe quedar clara. Este plan de privatización de servicios, re-ducción de la fuerza laboral y destruc-ción de las fuerzas combativas no es responsabilidad de Silva Puras. Como dijo el propio AAV, Silva Puras habla por él. Aquí el antiobrero es Anibal Acevedo Vila y su gobierno.

A los aumentos del agua, electrici-dad, productos sujetos al “sales tax”, se le sumará el resultado de las medidas dirigidas a favorecer al capital privado.

¡ No lo permitamos!

Bandera Roja

Redacción

El plan de Anibal y Silva PurasPuerto Rico Inc.

La comunidad universitaria pide autogestión,

la administración impone la privatización.

Bandera rojanoviembre 2006� www.bandera.org Obreras

¿Qué es Bandera Roja?

Bandera Roja es un periódico que se ha publicado en forma impresa por más de 25 años y en forma en-línea (Bandera Roja En Línea) por 10 años. Circula gratuitamente entre miles de tra-bajadores, estudiantes y gente pobre gracias al esfuerzo volun-tario de nuestros militantes, cola-boradores y amigos. Es produci-do por el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST).

¿Qué es el MST?

El Movimiento Socialista de Trabajadores es una organiza-ción independentista y socia-lista que defiende los intereses del pueblo pobre y trabajador. El MST aboga por la transfor-mación de la sociedad en una de justicia y bienestar para las grandes mayorías de trabajado-res. Trabajamos por el socialis-mo, donde los obreros sean a la vez los dueños y quienes contro-len los medios de producción. El MST lucha por el pleno disfrute de los derechos democráticos en una democracia socialista, don-de los derechos de cada cual no están determinados por la rique-za. La juventud del MST está re-unida en la Unión de Juventudes Socialistas (UJS-MST).

Comité Editorial de Bandera Roja

Carlos Fortuño CandelasEditor GeneralCarmen MéndezCorrector GeneralCamilo GonzálezEdiciónEdgardo Román EspadaEdición Hugo Delgado MartíDiseñador GeneralLuis Guzmán DupontIlustraciónPablo Soto CarriatDirector Distinguido

MST

Suscripciones:10 números por

$10.00www.bandera.orginfo@bandera.org

Apartado 22699Estación UPR

San Juan, Puerto Rico00931-22699

El gobierno de Aní-bal Acevedo Vilá y la ge-rencia de la Autoridad de Energía Eléctrica pre-tende llevar a la UTIER a una encerrona laboral. La intransigencia admi-nistrativa ha postergado la negociación colectiva por meses sin mostrar un verdadero interés en dialogar sobre los puntos controversia-les. Ahora prentenden dejar sin efecto el con-venio colectivo vigente que contiene una claú-sula de extensión au-tomática hasta tanto se negocie la nueva carta contractual. La AEE ha lanzado una campaña demagógica en contra de la unión que busca minar el apoyo del pue-blo colocando a Ricardo Santos y la UTIER como los intransigentes.

La negociación co-

lectiva entre la AEE y la UTIER comenzó en mayo de 2005. Un pri-mer comité negociador patronal no acordó ab-solutamente nada con la UTIER pues carecía de autorización. Luego de 3 meses la AEE cam-bió totalmente su comi-té negociador. El nue-vo comité negociador tardó varias semanas en comenzar la nego-ciación con el pretexto que necesitaban tiempo para familiarizarse con el proceso. La UTIER notificó recientemen-te que el comité nego-ciador ha solicitado al momento 92 recesos que han dilatado la ne-gociación. Algunos de estos recesos durante varios días y mantienen al comité negociador de la UTIER esperando sin respuesta. Por su parte la UTIER ha solicitado solamente 13 recesos en lo que va de negocia-

ción.Mientras todo esto

ocurre la AEE prosigue gastando recursos eco-nómicos en contratar abogados patronales para postergar la ne-gociación, contratando agencias de publicidad y pagando auncios a página completa en los periódicos comerciales y la radio para difamar a la UTIER y a su lidera-to. El objetivo es claro, minar cualquier apoyo que pueda gestionar la UTIER en caso que ten-ga que lanzarse en un proceso huelgario para presionar a la adminis-tración. Ricardo Santos declaró que su unión está capacitada para comenzar una huelga pero ésta se dará cuan-do la unión lo entienda, no cuando lo desee el patrono.

La situación actual del movimiento obrero es difícil. La ofensiva

del gobierno de los ri-cos ha demostrado que la burguesía no tiene re-paros en confrontar a la clase obrera. Los traba-jadores se encuentran ante un enfrentamiento donde está en juego las reivindicaciones histó-

ricas de la clase obrera. La solidaridad de todos los trabajadores es in-dispensable para que tanto los trabajadores de energía eléctrica como de las demás cor-poraciones y agencias resulten victoriosos.

Gobierno amenaza convenio UTIER

Bandera Roja

Por Hugo J. Delgado

Univisión de Puerto Rico, subsi-diaria de la cadena norteamericana del mismo nombre, se niega a ne-gociar un Convenio Colectivo con la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA) y mantiene una política de persecución contra los periodistas y empleados uniona-dos del canal.

Entre los reporteros que han de-nunciado la persecución se encuen-

tran Roberto Arias, que es delegado general de la Unión, y la reportera, Yolanda Vélez Arcelay. A esta han lle-gado a impedirle la entrada al canal cuando se encuentra en uso de licen-cia sindical, en una clara violación a la ley.

Univisión, al igual que Telemun-do, ha eliminado programación local para imponer producciones extran-jeras de entretenimiento y poca ca-lidad. Los cambios de programación persiguen asimilar culturalmente a los puertorriqueños.

Bandera Roja

Por Carlos Fortuño Candelas

Univisión persigue trabajadores

AAV ataca a los trabajadores

Foto: UTIER

La UTIER realizó un exitoso paro el 29 de agosto que culminó con una marcha desde las oficinas centrales de la AEE hasta Fortaleza.

Un total de 68 reporteros, fotoperiodistas y téc-nicos de Telemundo fueron despedidos por esa tele-visora que es propiedad de la cadena norteamerica-na NBC. La programación de noticias será desman-telada y el canal sustituirá la programación hecha aquí con programas chabacanos enlatados.

Se anunció que Telemundo eliminará las edicio-nes matutinas, de fin de semana y del medio día. Los espacios serán sustituidos con programas ex-tranjeros de entretenimiento liviano. NBC, la cade-na dueña de Telemundo, es propiedad de General Electric.

Con esta determinación de sustituir la progra-mación de noticias con producciones extranjeras se pretende limitar el acceso del pueblo a la informa-ción de lo que ocurre en el país. Además, se busca moldear culturalmente al país y difundir una ideo-logía asimiladora. Se indica que la NBC enviará a ejecutivos norteamericanos a dirigir los espacios noticiosos restantes.

La decisión de Telemundo representará también una “cogida” a los anunciantes ya que la audiencia bajará pero ellos seguirán cobrándoles lo mismo a sus clientes.

Los trabajadores de Telemundo están afiliados a la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA).

Despiden 68 en TelemundoBandera Roja

Por Carlos Fortuño Candelas

Bandera rojanoviembre 2006 �www.bandera.org

La educación pública de Puerto Rico está bajo un nuevo ataque por parte del gobierno de Anibal Acevedo Vilá, repre-sentantes de los ricos y privatizadores. La apertura de escuelas “charter” y la municipalización del sistema público están contenidos en el plan de reforma fiscal de Silva Puras. Ambas propuestas no son más que eufemismos. El verda-dero plan de los capitalistas es la priva-tización de la educación pública.

Las escuelas “charter” son escuelas privadas financiadas por el gobierno federal y operan bajo un contrato con agencias educativas estatales o munici-pales. Forman parte del plan del gobier-no federal para desmantelar el sistema de educación pública por medio del financiamiento de escuelas privadas. Para garantizar la matrícula de las es-cuelas “charter”, las escuelas públicas que no cumplan con los estándares fe-derales de aprovechamiento están sien-do cerradas y sus alumnos y facultad son trasladados a otras facilidades educati-vas. El efecto de estos cierres y consoli-daciones de matrículas es nefasto pues aumenta el hacinamiento y disminuye la cantidad de recursos educativos por alumno lo cual a su vez agrava los pro-blemas de violencia, aprovechamiento académico y deserción escolar.

Por otro lado las escuelas “charter” a su vez han sido un fracaso en todos los estados norteamericanos donde han sido implantados. Los estu-diantes de las escuelas “char-ter” tienden a salir peor en las mismas pruebas estandariza-das que se utilizan para me-dir el aprovechamiento en las escuelas públicas. Condados en Florida, Ohio, California y Arizona han declarado el pro-grama de las escuelas “charter” como un fracaso. A nivel de los Estados Unidos han sido obje-to del escrutinio público por su ineficacia en resolver los pro-blemas que las fundaron.

Aparte de los problemas pedagógicos y administrativos que ha representado esta mo-dalidad de privatización, las escuelas “charter” representan una amenaza para los derechos adquiridos por los trabajadores del sistema público de educa-ción. En Puerto Rico la empre-sa privada se caracteriza por el maltrato hacia los trabajadores, en especial por el rechazo de las organizaciones laborales y

la persecusión, hostiga-miento y el despido in-discriminado de los lí-deres sindicales de base. El establecimiento de estas escuelas represen-tarían la fragmentación del magisterio, lo cual dificultaría el poder de negociación colectiva.

En conclusión, el ma-gisterio puertorriqueño debe estar alerta ante el asalto de Silva Puras y Anibal Acevedo Vilá. Ambos no son otra cosa que marionetas con-troladas desde Nueva York por grandes inver-sionistas, empresarios capitalistas y círculos de poder que quieren guisar y lucrarse de los fondos destinados a la educación pública. No cabe duda que el De-partamento de Educa-ción hay que mejorarlo, pero la solución no pue-de ser prescindir de los derechos de los trabaja-dores de la educación ni de la calidad y alcance de nuestro sistema pú-blico.

Educación

Escuelas “charter” o privatización de las escuelas públicasBandera Roja

Por Hugo J. Delgado-MartíFotos: Hugo J. Delgado-Martí

La FMPR celebró una exitosa marcha por la dignidad magisterial el pasado 12 de octubre donde 3,000 maestros exigieron respeto por parte del Departamento de Educación

Bandera rojanoviembre 20066 www.bandera.org

El Foro Social de Puerto Rico será un espacio democrático de reflexión y profundización de ideas, intercambio de expe-riencias, articulación de mo-vimientos sociales en redes y la formulacion de propuestas. Proveerá igualmente para la formación de alianzas entre organizaciones no-guberna-mentales y otros grupos e indi-viduos de la sociedad en busca de alternativas ante el actual proceso de globalización neoli-beral y sus consecuencias . Será configurado como un proceso permanente ligado al Foro So-cial Mundial y a otros eventos relacionados del Caribe y Amé-rica Latina.

¿Por que nacesitamos un Foro?

Es necesario buscar solu-ciones para los principales problemas sociales del país: la desigualdad, la violencia , la ex-plotación laboral, la economía nacional, la infraestructura, la contaminación ambiental y la falta de oportunidades para nuestra juventud. Es evidente que la sociedad puertorrique-ña se siente frustrada ante la incopetencia gubernamental y la corrupcionde los partidos que representan los intereses de los ricos. Los movimientos y proyectos iniciados desde la sociedad, genuinamente ne-cesitan construir alternativas

distintas a la realidad cotidia-na a que el estado capitalista y colonial nos convoca. Los que

queremos contruir un pais dis-tito necesitamos de espacio de discucion, en ese sentido el

Foro social costituye una alter-nativa de diálogo entre las fuer-zas progresistas que cren en

una sociedad fundamentada en la justicia social.

Sociales

La violencia por género se desarro-lla entre otras cosas por la situación de subordinación de la mujer en la socie-dad y comprende maltrato físico, psico-lógico y económico. Incluye el abuso sexual a mujeres de todas las edades y en muchas de las ocasiones el agresor es un familiar, amigo o conocido. La vio-lencia por género tiene efectos devasta-dores en la salud sexual, reproductiva y psicológica de la mujer. Puede causar trastornos psicológicos como baja au-toestima, depresión y ansiedad, además de problemas de salud física como en-fermedades de transmisión sexual, sín-dromes de dolor crónico y embarazos no deseados. En Puerto Rico los casos de violencia contra la mujer van desde violencia doméstica, violación, abuso

psicológico y emocional, feminicidio hasta hostigamiento sexual o laboral.

En los últimos meses hemos estado escuchando constantemente sobre los casos de niñas menores de edad que quedan embarazadas después de lar-gos episodios de agresión sexual en sus hogares. Aunque el embarazo en ado-lescentes es alarmante en Puerto Rico, lo que más llama la atención de estos casos son las edades (10-12 años) de las niñas, las circunstancias y la relación con los agresores. Según el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, en 1996 el 83% de los casos de violación atendi-dos por el centro eran mujeres o niñas y de estas 60% eran menores de 20 años. Entre los años 2003 y 2004 el 74% de las víctimas atendidas por el centro eran menores de 14 años y en la inmensa mayoría de estos casos las víctimas eran niñas. El 19.2% de las sobrevivientes de

agresión sexual atendidas por el centro reportaron algún tipo de consecuencia física como resultado de la agresión de acuerdo al Perfil Estadístico del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación 2003-2004. En los años 1999 a 2003 el Depar-tamento de la Familia atendió un pro-medio de 2214 casos activos de maltra-to por abuso sexual . Conociendo estos números y con el incremento de estos casos a un 16.4% en los años 2003-2004, nos preguntamos que está haciendo el gobierno de Puerto Rico, el Departa-mento de la Familia y la sociedad.

La violencia en nuestra sociedad es una consecuencia de la vida violenta reproducida por el modelo capitalista. Viendo los casos de niñas embarazadas por sus padres, debemos cuestionarnos que sucede en la sociedad. La violencia, el consumo desmedido, la individuali-zación y la enajenación promueven el

maltrato por género y por edad. Como socialistas luchamos contra todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer, las niñas y las ancia-nas y perseguimos una sociedad justa y segura para todas y todos. Ante la si-tuación actual en Puerto Rico y siendo este el mes de No Más Violencia Con-tra la Mujer no tenemos otra alternati-va que seguir denunciando, alzando la voz y la lucha. Refirmarnos, educarnos y organizarnos para romper con el ciclo de violencia a todos los niveles (fami-liares, estatales y sociales). Romper el silencio que rodea a la violencia contra la mujer es una tarea de todas y todos que requiere un enorme compromiso y concientización. ¡No más violencia con-tra la mujer trabajadora! ¡Ni una muerte más!

¡Por nuestras niñas y niños otra so-ciedad es posible!

Caucus de la Mujer MST

Por Gisela Báez Sanchez

A detener la violencia contra la mujer

Foto: tomada del internet

Foro social de Puerto RicoEditado por Bandera Roja

Marcha del Foro Social Mundial realizada en Caracas Venezuela durante su más reciente reunión.

Bandera rojanoviembre 2006 �www.bandera.orgLa colonia

Hace ya casi dos años, en una apretada votación, fue electo Aníbal Acevedo Vilá. A pesar de que el PNP ganó la mayoría de las alcaldías, el comisionado re-sidente, el Senado y la Cámara de Representantes, Pedro Ros-selló fue derrotado en un recha-zo más que evidente a su pasa-do corrupto y antiobrero.

Muchos esperaban un go-bierno distinto, que restituyera la confianza en la administra-ción pública. En el movimien-to obrero algunos confiaron en que se sepultaría la política de privatización de los servicios públicos y se devolvería a los trabajadores la seguridad de empleo.

Incluso algunos indepen-dentistas se hicieron respon-sables de la elección de AAV, le hicieron campaña y le sirvieron de cobertura ideológica. Res-paldaron al PPD a pesar de ser una alternativa colonial y patro-nal.

Pero conforme ha venido avanzando el cuatrienio, la administración de AAV ha ido mostrando con toda claridad su naturaleza antiobrera y, para sorpresa de los Rosselló-fóbi-cos, la corrupción descarnada del propio gobernador.

En sólo dos años Aníbal Ace-vedo Vilá ha logrado colocarse a la altura de Pedro Rosselló en el área de la corrupción. Con los federales pisándole los talones por recibir donativos ilegales a cambio de contratos guberna-

mentales, ya se le escucha re-clamando “persecución”.

Su gobierno se ha caracteri-zado por depositar sobre la es-palda de los trabajadores todo el peso de la crisis económica y presupuestaria que vivimos. Impusieron aumentos en ser-vicios básicos como el agua y los peajes. En este mes entrará en vigor un nuevo impuesto a la venta de un 7% que terminará por estrangular al pueblo.

Ahora, para completar, el go-bierno anunció que en 100 días desatará una ofensiva privatiza-dora para poner en manos pri-vadas áreas importantes de la gestión gubernamental. Están hablando de privatizar las es-cuelas, el mantenimiento a los edificios públicos y partes de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Esto conllevará el despido o re-tiro forzoso de miles de emplea-dos públicos.

Para lograr sus propósitos se han propuesto destruir a la UTIER y la Federación de Maes-tros que han demostrado que no se venden a los planes del gobierno de quitarle derechos a los trabajadores. En el caso de Educación se han negado a ne-gociar un nuevo Convenio Co-lectivo y en la AEE amenazaron con eliminar el Convenio si la Unión no se les somete. El go-bierno de AAV está provocando una confrontación de grandes proporciones con los trabaja-dores para imponer sus planes privatizadores.

Ciertamente, el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá ha mos-trado su verdadera cara. Es una

administración colonial que no ha enfrentado

con energía los desmanes del gobierno federal contra el inde-pendentismo. Representa a los grandes intereses y es enemigo de los trabajadores puertorri-queños. Y, como si eso no fuera suficiente, están sumidos en la más cruda corrupción.

No hay razón alguna para que el pueblo siga confiando en el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá. La clase obrera y el pueblo necesita que todos formemos un bloque sólido para hacerle frente a esta ofensiva patronal. La ofensiva que planifica el go-bierno del PPD contra los tra-bajadores será devastadora si no nos unimos y la enfrentamos militantemente.

La administración de AAV y el PPD le han declarado la gue-rra al pueblo trabajador. Ya no hay espacio para colaboracio-nes y alianzas con este maldito gobierno.

Un maldito gobierno corrupto y antiobreroEl gobierno de Aníbal Acevedo Vilá y el PPD

Bandera Roja

Por Carlos Fortuño Candelas

La intransigencia patronal ha sido la característica fundamental del gobierno de los ricos dirigido por Anibal Acevedo Vilá. Sin em-bargo, no faltan las acusasiones de intransigencia contra sectores del movimiento obrero y estudiantil. Veamos quién es el intransigente:

La UIA finalizó la negociación de su convenio colectivo en diciembre de 2004 sin embargo al día de hoy la Autoridad de Acueductos y Alcan-tarillados se niega a implantarlo.

Sobre 40 convenios colectivos están en proceso de negociación desde el 2005, al día de hoy ningún convenio colectivo ha sido firmado.

El pueblo se opuso a la apro-bación del impuesto del 7% a las ventas pero Anibal lo impuso sin importarle el golpe al bolsillo del trabajador.

La administración universitaria negoció unos acuerdos con los es-tudiantes luego de la huelga contra el alza en la matrícula. La mayoría de los acuerdos no se cumplieron.

Anibal cerró el gobierno duran-te dos semanas dejando sin trabajo

a 90 mil empleados públicos para abrir el gobierno dos semanas más tarde.

La realidad es que las acusasio-nes de intransigencia contra los sectores en lucha son pura dema-gogia. En todos los casos los secto-res representativos del movimiento obrero y estudiantil han estado dis-puestos a negociar. Los represen-tantes del gobierno son los que se niegan a negociar, cuando negocian no lo hacen de buena fe, y si firman una negociación, no la cumplen. ¿Se puede confiar en el gobierno de Anibal?

Anibal Acevedo Vilá el intransigenteBandera Roja

Por Hugo J. Delgado-Martí

La política de Anibal Acevedo Vilá ha traido enfrentamientos directos con la clase obrera. Se ha caracterizado por ser un representante de los ricos en el país y ha implantado políticas neoliberales a costa de los derechos adquiridos del pueblo trabajador

Foto: Hugo J. Delgado-MartíEl Movimiento Socialista de Trabajadores ha estado presente en las manifestaciones contra el gobierno de los ricos

Bandera rojanoviembre 2006� www.bandera.org Internacional

En tiempos donde se rompen los muros, se firman tratados de libres comercios y la globalización nos hace ciudadanos del mundo, el presidente de EEUU, George W. Bush, firmó la llamada “Ley del Muro”. Esta ordena la construcción de una doble muralla de alambre de 1,125 kilómetros a lo largo del tramo más “caliente” de la frontera con México y la instalación de radares infra-rrojos, sensores de movimientos y cámaras de seguri-dad para intentar frenar la avalancha de inmigrantes a Estados Unidos. Nada más y nada menos, la ley otorga 35 mil millones de dólares al presupuesto 2007 del De-partamento de Seguridad Interior, de los cuales 1,200 millones irán para “fortalecer” la seguridad fronteriza. Aunque, el muro tiene un costo que oscila entre 2 mil millones y 9 mil millones de dólares esta ley no autori-za fondos para la construcción.

Este muro simboliza el fracaso de una “reforma inte-gral de inmigración” por la que se presionó todo el año al Congreso y que, además de reforzar los controles, debía incluir un programa de trabajadores temporeros y alguna solución para los 12 millones de indocumen-tados que viven en Estados Unidos. La administración se abrazó a los sectores más conservadores que recla-maban un blindaje en la frontera y una contundente “mano dura” contra los ilegales.

Sin embargo, el aumento de 7 mil agentes fronteri-zos y la construcción de vallas incrementará los abusos de quienes se nutren de la emigración como lo son los “coyotes” y otros sectores económicos en los EEUU.Aumenta la probabilidad de gestiones más peligrosas para cruzar la frontera. La necesidad económica no la para un muro y se olvidan que son miles los que pier-den la vida cada año por mudarse al llamado país de las oportunidades.

Asimismo, mientras se crean medidas retrogradas como la construcción de un muro en el siglo XXI, el gobierno de EEUU no cuenta que los latinos son la mi-noría más grande en los Estados Unidos. De acuerdo a los cálculos del Censo, los latinos conforman un 15% de la población estadounidense, más que cualquier otro grupo minoritario y sigue aumentando. Por lo que si el imperio sigue empeñado en esclavizar a nuestros gobiernos latinoamericanos serán más los que verán como alternativa apoderarse de su casa.

19 millas

93.2 millas

214.3 millas

93.2 millas310.7 millas

Extensión de lafrontera:

Longitud del muro:

Costo del proyecto:

1,988 millas

703 millas

$ 8,000 millones

México

California

Arizona Nuevo México

Texas

El muro del racismo norteamericanoEl proyecto busca evitar la inmigración ilegal de centroamericanos por la frontera entre México y Estados Unidos

El muro más largo del mundoSuministrado

Por Félix Alvarado

El gobierno de Venezuela no es el presidente Hugo Chávez. El fenómeno “chavista” es realmente un movimien-to amplio y popular que tiene el apoyo de millones de venezolanos y varias organizaciones de izquierda reunidos en el Movimiento V República (MVR). Aunque Hugo Chávez es el represen-tante de esta revolución, detrás de él hay todo un pueblo que exige cambios y los está obteniendo. El imperialismo se ha dedicado a difundir mentiras que chocan con la realidad que están viviendo millones de venezolanos que apoyan al MVR en la urnas contínua-mente.

Los estudios que permanente-mente realiza el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE) mues-

tran cómo en ese país ha disminuido progresivamente la pobreza. Cuando el presidente Chávez asumió la admi-nistración del país en el segundo se-mestre de 1999, la pobreza se ubicaba en 43.9 por ciento. En el año 2001 dis-minuyó el número de hogares pobres a 39 por ciento. Pero entre el 2002 y el 2003 el país sufrió un Golpe de Estado y un paro petrolero que fueron deter-minantes para disparar nuevamente la pobreza a 55.1 por ciento. Entonces el desempleo llegó al 20 por ciento y el ingreso del Producto Interno Bru-to (PIB) cayó 8 puntos. Luego de ese intento de desestabilización y echar hacia atrás los logros alcanzados, los cambios sociales retomaron su rumbo a favor de las masas.

El último informe del Programa de Desarrollo Humano de Naciones Uni-das (PNUD) indicó que en 2005 Vene-zuela había descendido seis escalafo-

nes en el índice de pobreza que calcula el organismo. El índice de pobreza en Venezuela cayó en 2005 hasta llegar a 37% de la población nacional, de 26.5 millones de habitantes, mientras que la miseria afecta a 13% de los venezo-lanos para el mismo período.

Entre 2003 y 2006 se han alfabetiza-do 1,482,543 personas. Venezuela fue declarada “Territorio Libre de Anal-fabetismo” por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el convenio educativo Andrés Bello, de los países andinos. Siendo este el se-gundo país latinoamericano que goza de este privilegio después de Cuba.

Con el programa de alimentos Mer-cal se ha brindado alimentación en dos turnos diarios a más de 1,270,000 ciudadanos de escasos recursos en más de 6,000 Casas de Alimentación en toda la nación. De igual modo a

500,000 habitantes se les está vendien-do con descuento de 50% del precio de los alimentos y bebidas subsidiados y regulados en los más de 14,000 expen-dios de la red Mercal.

Otras acciones en el ámbito social llevándose a cabo en Venezuela son el incremento del salario mínimo na-cional, que ascendió en 2005 a 405,000 bolívares mensuales (188 dólares), y que se ha incrementado sostenida-mente.

La estatal energética Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), la tercera ma-yor empresa del sector a nivel mun-dial, invirtió en 2005 4,800 millones de dólares para las misiones sanitarias y educativas del gobierno.

Los cambios sociales, económicos y políticos en Venezuela son una visión a un futuro mejor para todos los vene-zolanos y los pueblos latinoamerica-nos en general.

Algunos logros de la República Bolivariana de VenezuelaBandera Roja

Por Luis Guzmán Dupont

Ilustración Bandera Roja