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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN: 1092/2006 QUEJOSAS: ********** Y OTROS. PONENTE: MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN. S Í N T E S I S Autoridad responsable: La Sala Colegiada Civil y Familiar y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila. Actos reclamados: La resolución de segunda instancia, dictada en el toca civil **********, y su inminente ejecución. Garantías violadas: Las consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Sentencia del Tribunal Colegiado:

1092-2006 ADR PS VP

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Jurisprudencia agravios inoperantes

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AMPARO DIRECTO EN REVISIN 1348/2004

AMPARO DIRECTO EN REVISIN 1348/2004

AMPARO DIRECTO EN REVISIN 1092/2006

AMPARO DIRECTO EN REVISIN: 1092/2006

QUEJOSAS: ********** Y OTROS.

PONENTE: MINISTRa olga snchez cordero de garca villegas.

SECRETARIa: constanza tort san romn.

S N T E S I S

Autoridad responsable:

La Sala Colegiada Civil y Familiar y Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.

Actos reclamados:La resolucin de segunda instancia, dictada en el toca civil **********, y su inminente ejecucin.

Garantas violadas:Las consagradas en los artculos 14 y 16 de la Constitucin Federal.

Sentencia del Tribunal Colegiado:

Declar inoperante el supuesto planteamiento de constitucionalidad bajo la consideracin esencial de que lo que los quejosos en realidad combaten es la aplicacin indebida del artculo 411 del Cdigo Procesal del Estado de Coahuila, y no su contradiccin con el Ordenamiento Mximo, lo que hace imposible abordar su anlisis a la luz del artculo 14, que es el que supuestamente se hubiera vulnerado de haberse aplicado correctamente.

Consideraciones del proyecto:En las consideraciones:

Se propone declarar infundados los agravios esgrimidos por la parte recurrente y confirmar la sentencia en razn de que en la demanda de amparo los quejosos no expresaron un verdadero concepto de violacin en el que hubiera realizado un razonamiento que cumpliera con los requisitos mnimos que debe tener un planteamiento de constitucionalidad para que pueda analizarse al resolver un amparo directo.

Adems, se destaca que lo que efectivamente se combate en el amparo -entre muchas otras cuestiones de legalidad- es el acuerdo en el que el juez de primera instancia tuvo a los quejosos por demandados en un juicio civil, yendo ms all de lo solicitado por los actores y de lo establecido en el artculo 411 del Cdigo Procesal del Estado de Coahuila, y slo para fortalecer sus argumentos transcribe un texto que contiene algunas manifestaciones de inconstitucionalidad respecto de tal precepto, que se hicieron ante el juzgador local, donde se adujo que la actuacin procesal que se combate resulta ilegal al derivarse de una incorrecta interpretacin del citado numeral, diciendo expresamente que tal norma no es aplicable en el caso concreto por no haberse actualizado la hiptesis que prev.

En los puntos resolutivos:

PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.SEGUNDO. La Justicia de la Unin ampara y protege a **********(1), **********(2), **********(3), **********(4) y **********(5), stos ltimos de apellidos **********, en contra de las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, exclusivamente para los efectos precisados en la sentencia recurrida.AMPARO DIRECTO EN REVISIN 1092/2006QUEJOSAS: ********** Y OTROS.PONENTE: MINISTRa olga snchez cordero de garca villegas.

SECRETARIa: constanza tort san romn.

Mxico, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, correspondiente al da treinta de agosto de dos mil seis.V I S T O S; y,

R E S U L T A N D O:PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil cuatro, en la Oficiala Comn de Partes de la Sala Civil y Familiar del Distrito Judicial de Saltillo con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila, **********(1), **********(2), **********(3), **********(4) y **********(5), estos ltimos de apellidos **********, solicitaron el amparo y proteccin de la Justicia Federal, sealando como autoridades responsables a la referida Sala y al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, y como actos reclamados a la resolucin de segunda instancia, dictada en el toca civil **********, as como su inminente ejecucin.Los quejosos narraron los antecedentes del caso; sealaron como terceros perjudicados a **********, **********, **********(6), **********, **********, **********(7); a la empresa denominada **********, Sociedad Annima de Capital Variable, a la Sucesin Testamentaria a bienes de **********, y al Director del Registro Pblico de la Propiedad de Torren, Coahuila, y como garantas violadas en su perjuicio a las consagradas en los artculos 14 y 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Mediante acuerdo del veintisiete de octubre de dos mil cuatro, el Magistrado Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al que correspondi conocer del asunto, admiti la demanda de garantas y la registr con el nmero A.D. **********; y, seguidos los trmites correspondientes, en sesin celebrada el veinticinco de mayo de dos mil seis, dict sentencia en la que determin conceder el amparo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar pronunciara otra en la que reiterara todas y cada una de las consideraciones de la anterior, con la inclusin de la condena en costas en ambas instancias, salvo en lo relacionado con los actores **********(6) y **********(7), dado que respecto del primero deba analizar con plenitud de jurisdiccin el agravio relacionado con la procedencia de la usucapin hecha valer por dicha persona, en tanto que respecto del actor mencionado en segundo trmino deba ordenar al juez de primera instancia reponer el procedimiento a partir del auto pronunciado el veintisiete de noviembre de dos mil tres, y en su lugar declarar procedente y fundado el recurso de reconsideracin interpuesto por los quejosos con base en los lineamientos precisados en la misma ejecutoria; hecho lo cual y previos los trmites legales, resolviera lo que en derecho procediera.TERCERO. Inconformes con la resolucin, mediante escrito presentado el diecinueve de junio del ao en curso, en la Oficiala de Partes del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, los peticionarios de amparo interpusieron recurso de revisin, mismo que fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin mediante oficio 3943, de esa misma fecha, habiendo sido recibidos los autos en la Oficina de Certificacin Judicial y Correspondencia del Alto Tribunal, el da veintids siguiente.

En auto de veintitrs de junio de dos mil seis, el Presidente de este Alto Tribunal admiti el recurso de revisin y orden dar vista con el asunto al Procurador General de la Repblica, para que de estimarlo conveniente formulara el pedimento legal que correspondiera, lo que a la postre no hizo, segn se desprende de la razn secretarial de fecha doce de julio de dos mil seis, que obra a foja 73 del toca donde se acta.

De igual forma, en tal actuacin orden que una vez fenecido el trmino legal concedido a la representacin social, se turnaran los autos a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en virtud de que la materia del asunto corresponde a su especialidad.Hecho lo anterior, mediante provedo de su Presidente de catorce de julio de dos mil seis, esta Primera Sala se avoc al conocimiento del asunto y orden la remisin de los autos a la Ministra Olga Snchez Cordero de Garca Villegas, para la elaboracin del proyecto de resolucin respectivo.C O N S I D E R A N D OPRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisin, de conformidad con los artculos 107, fraccin IX de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fraccin V y 84, fraccin II de la Ley de Amparo; y 21, fraccin XI de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; todos en relacin con el Punto Primero, fraccin I, incisos a) y b), y Primero Transitorio del Acuerdo Plenario 5/1999, as como el Punto Cuarto del diverso Acuerdo Plenario 5/2001, publicados en el Diario Oficial de la Federacin, respectivamente, el veintids de junio de mil novecientos noventa y nueve, y el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que resulta innecesaria la intervencin del Tribunal Pleno, en razn del sentido que regir la resolucin.SEGUNDO. El recurso de revisin es oportuno de conformidad con lo dispuesto por el artculo 86 de la Ley de Amparo, pues segn la constancia actuarial que obra a foja 422 del cuaderno de amparo, la sentencia recurrida fue notificada a los quejosos, por lista, el viernes dos de junio de dos mil seis, habiendo surtido sus efectos dicha notificacin el lunes cinco siguiente; de forma que el trmino para la interposicin del recurso corri del martes seis de junio al lunes diecinueve siguiente, debiendo descontarse los das tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho, todos del mes y ao referidos, por ser inhbiles para efectos de la tramitacin del juicio de amparo de conformidad con lo previsto por los artculos 23, primer prrafo de la ley de la materia, y 163 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin.

En tal tenor, dado que el recurso de revisin fue presentado el diecinueve de junio del ao que corre, debe concluirse que fue interpuesto en tiempo.

TERCERO. En su recurso de revisin los quejosos alegaron que el Tribunal Federal indebidamente omiti decidir sobre la inconstitucionalidad del artculo 410 del Cdigo Procesal Civil del Estado de Coahuila, al considerar inoperante el concepto de violacin respectivo, alegando lo siguiente:

1. Contrario a lo que sostiene el Tribunal Federal, el numeral combatido s se aplic en su perjuicio en todas las actuaciones judiciales dictadas y practicadas en la primera instancia y en la apelacin del procedimiento ordinario mercantil de donde derivan los actos reclamados, refirindose expresamente a las siguientes:

-Acuerdo de quince de agosto de dos mil tres, mediante el cual el Juez natural le atribuy a los demandados tal carcter, que no les es imputado por la parte actora.

-Escrito de veintiocho de agosto de dos mil tres, en el que los hoy quejosos solicitaron que se corrigiera la irregularidad referida en el inciso que antecede, y el auto de dos de septiembre siguiente donde el juez natural dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera al respecto.

-Escrito de ocho de septiembre del dos mil tres, a travs del cual la quejosa desahog la vista, y el provedo del da siguiente, en el que el juez acord tal promocin, orden agregarla al expediente y tuvo por ampliada la demanda dando vista a los demandados.

-Escrito de veintisis de septiembre de dos mil tres, en el que los quejosos en desahogo a la vista dada, por acuerdo de nueve del mismo mes y ao, solicitaron la correccin o aclaracin del auto admisorio de la demanda.

2. El Tribunal Colegiado perdi de vista que la norma impugnada de inconstitucional no se atac en amparo indirecto sino en la va directa, y de ah que no sea necesario sealar como autoridad responsable al Congreso de la Unin, siendo suficiente que se expresen los conceptos de violacin que debern estudiarse a la luz de todo lo actuado en el procedimiento del que deriven los actos reclamados.

3. El referido artculo 410, fue aplicado en el auto de nueve de septiembre de dos mil tres, en el que el juez natural tuvo por ampliada la demanda, con lo que se acredit el inters jurdico para impugnarlo en amparo directo que se promoviera contra la sentencia definitiva que recayera al procedimiento, de forma que la resolucin es incongruente al haber dejado de analizar el planteamiento de constitucionalidad referente a que la norma violenta la garanta de igualdad constitucional en tanto que consigna mayores oportunidades procesales para los actores que para los demandados, pues les permite ampliar su demanda despus de haberse integrado la relacin jurdico procesal, tratando en forma desigual a los iguales, con lo que se violentan los artculos 1, 5, 13, 14 y 16 de la Constitucin Federal.

Agregan las recurrentes que en los conceptos de violacin se expresaron razonamientos suficientes para demostrar la inconstitucionalidad de la norma, siendo incorrecto lo sostenido por el Tribunal Federal en el sentido de declararlos inoperantes por no haberse confrontado razonada y jurdicamente con las disposiciones constitucionales que se estiman vulneradas, lo que se traduce en errores y omisiones que deben subsanarse.

3. La sentencia recurrida es incongruente al haber eludido el estudio de la inconstitucionalidad del artculo 410 del Cdigo Procesal Civil del Estado de Coahuila, pues con ello dej de resolver todos los puntos expuestos en los conceptos de violacin; de ah que no se hayan fijado correctamente los actos reclamados ni apreciado las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados, lo que se traduce en la falta de acatamiento de los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a las sentencias de amparo.

4. En lo referente al artculo 387, prrafo segundo, del Cdigo Procesal Civil del Estado de Coahuila, alegan las reclamantes que tal numeral se invoc para evidenciar la inconstitucionalidad de la norma combatida y del procedimiento en el que se aplic, ya que aqul prev categricamente que la litis no se puede variar una vez que con los emplazamientos a los demandados se ha integrado la relacin jurdica procesal, siendo que el 410 autoriza la ampliacin de la demanda a travs de un escrito complementario presentado por el actor an despus de haberse integrado la relacin jurdica procesal.

Lo anterior debido a la necesidad de que el demandado obtenga conocimiento del contenido total de la demanda y de ese modo est en aptitud de preparar su contestacin y de hacer valer todo cuanto convenga a sus intereses en oposicin a la pretensin del actor; de rendir las pruebas que estime pertinentes y hacer las observaciones al extracto de la litis de alegar a favor de su derecho, pues tales derechos procesales ataen directamente a las garantas de audiencia y de defensa tuteladas por los artculos 14 y 16 constitucionales.

CUARTO. Como cuestin previa es necesario determinar si en el caso se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisin, de conformidad con lo previsto en los artculos 107, fraccin IX, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; Cuarto Transitorio del Decreto de reformas a sta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del da doce siguiente; 83, fraccin V y 93 de la Ley de Amparo; 10, fraccin III y 21 fracciones III, incisos a) y b), y XI de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin, y en trminos de lo previsto en el Acuerdo General 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en especial en el Punto Primero, fracciones I y II.

El artculo 107, fraccin IX de la Constitucin General de la Repblica, establece lo siguiente:Artculo 107. Todas las controversias de que habla el artculo 103 se sujetarn a los procedimientos y formas del orden jurdico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ().

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretacin directa de un precepto de la Constitucin cuya resolucin, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrae la fijacin de un criterio de importancia y trascendencia. Slo en esta hiptesis proceder la revisin ante la Suprema Corte de Justicia, limitndose la materia del recurso exclusivamente a la decisin de las cuestiones propiamente constitucionales; ...

La exposicin de motivos de la reforma constitucional a la disposicin transcrita, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, seala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras respecto del recurso de revisin interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que el Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual la reforma pretende fortalecer el carcter de mximo rgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en congruencia del carcter uni-instancial del amparo directo, a fin de que por excepcin se abra y resuelva la segunda instancia slo en aquellos casos que resulte imprescindible la intervencin del Alto Tribunal.

Con base en lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin emiti el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federacin, el veintids de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisin, en amparo directo, se requiere que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretacin directa de un precepto constitucional, o que habindose planteado alguna de esas cuestiones en la sentencia de amparo se haya omitido su estudio, y que el problema de constitucionalidad pudiera entraar la fijacin de un criterio jurdico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.

En relacin con el segundo requisito el propio punto primero del mismo acuerdo seala que por regla general se entender que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantas, y cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, cuando stos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o en casos anlogos.En el orden expuesto debe examinarse si el presente recurso de revisin rene los requisitos de procedibilidad antes especificados, debiendo hacer notar que los recurrentes alegan que en la demanda de amparo directo se cuestion al artculo 410 del Cdigo Procesal Civil del Estado de Coahuila -respecto del que no existe pronunciamiento de este Alto Tribunal respecto de su constitucionalidad- y que en la sentencia recurrida no existe decisin sobre esa cuestin, siendo sa precisamente la materia de la revisin.

En tal virtud debe concluirse que el recurso de revisin es procedente y que su materia consistir en determinar si en sus conceptos de violacin el quejoso realiz un planteamiento de inconstitucionalidad para, en su caso, hacer el anlisis respectivo.QUINTO. Los agravios esgrimidos por el quejoso ahora recurrente, son infundados y la determinacin del Tribunal Colegiado que conoci el asunto en la primera instancia, en el sentido de que no existe un verdadero planteamiento de constitucionalidad que deba ser abordado por un Tribunal Federal debe confirmarse, conclusin a la que se arriba en atencin a las consideraciones que a continuacin se expondrn.De la lectura ntegra de la demanda de amparo se desprende que los impetrantes de garantas argumentaron exclusivamente cuestiones de legalidad relativas a distintas supuestas violaciones procesales narradas en forma reiterada en quince conceptos de violacin que se expusieron con argumentos amplsimos que se hicieron a lo largo de ciento ochenta pginas, sin que hubieran realizado un solo razonamiento que contuviera propiamente un planteamiento de inconstitucionalidad que deba analizarse en la va constitucional directa, pues para ello forzosamente deben satisfacerse ciertas reglas esenciales y mnimas que no se cumplieron en el presente caso.

En efecto, para que un Tribunal Colegiado de Circuito pueda analizar la constitucionalidad de una disposicin legal al resolver un amparo directo, es necesario que la norma sea impugnada en confrontacin expresa con una disposicin especfica de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, mediante conceptos de violacin suficientes en los que se observen ciertos elementos imprescindibles, como los son el sealamiento de la norma de la Carta Magna que se estima vulnerada, la invocacin de la disposicin secundaria que se designe como reclamada y la exposicin de argumentos mediante los que se trate de demostrar jurdicamente que el numeral impugnado es contrario a la hiptesis normativa de la norma constitucional en cuanto a su contenido y alcance; esto siempre y cuando se haya precisado tambin el acto concreto de aplicacin.

As, slo cuando se haya dado cumplimiento a los anteriores requisitos esenciales se actualizar un problema de constitucionalidad que amerite el anlisis y la declaracin respectiva por parte de un Tribunal Federal.

Lo anterior encuentra apoyo en la Tesis 1a./J. 58/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo X, noviembre de 1999, pgina 150, cuyo rubro y texto son los siguientes:

CONCEPTOS DE VIOLACIN EN DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA IMPUGNACIN DE CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES LEGALES PRECISA DE REQUISITOS MNIMOS A SATISFACER. La impugnacin suficiente de una norma jurdica, en funcin del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mnimas a satisfacer en la demanda de amparo directo. Esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 166, fracciones IV y VII de la Ley de Amparo, se advierte la necesidad de que la norma jurdica sealada como reclamada, deba ser impugnada en confrontacin expresa con una disposicin especfica de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, mediante concepto de violacin suficiente. La causa requerida en tal situacin se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) sealamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocacin de la disposicin secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violacin en los que se trate de demostrar, jurdicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hiptesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisin de esos requisitos esenciales, surgir la actualizacin del problema constitucional, as como la procedencia de la declaracin respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el sealamiento de la ley reclamada y el concepto de violacin que no indique el marco y la interpretacin de una disposicin constitucional que pueda transgredir aqulla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualizacin de un verdadero problema de constitucionalidad de ley. En este orden, a la parte quejosa, dentro de la distribucin procesal de la carga probatoria, incumbe la de demostrar la inconstitucionalidad de la ley o de un acto de autoridad, excepcin hecha de los casos en que se trate de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales en las que exista jurisprudencia obligatoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, o cuando se est en presencia de actos que sean inconstitucionales por s mismos. As la situacin, deber considerarse carente de la conformacin de un verdadero concepto de violacin, la simple enunciacin como disposiciones constitucionales dejadas de aplicar, pues de ello no puede derivarse la eficiente impugnacin de la constitucionalidad de leyes secundarias, en tanto que no existe la confrontacin entre stas y un especfico derecho tutelado por la norma constitucional en su texto y alcance correspondientes.

Ahora bien, en su tercer concepto de violacin los quejosos adujeron que la sentencia que combaten viola en su perjuicio lo dispuesto en los artculos 519, 520, 521, 522, en relacin con los artculos 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 126, 242, 243, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 383, 384, y dems relativos del Cdigo Procesal Civil del Estado de Coahuila, pues indebidamente -alegan-, en el auto de nueve de septiembre de dos mil tres, que el juez natural los tuvo como demandados no obstante que los actores en el juicio natural nicamente pidieron que se les denunciara el pleito y que fueran llamados a juicio pero como parte interviniente; es decir como terceros, de forma que con tal provedo se vulneraron en su perjuicio el artculo 102, en relacin con los numerales 115 y 116, del mismo ordenamiento, lo que se traduce en transgresin de los artculos 14 y 16 constitucionales pues el juzgador fue ms all de lo solicitado por los demandantes, y eso da lugar a que respecto de ellos (los ahora quejosos), la accin intentada en el juicio natural sea improcedente.

Destacan de igual forma en ese concepto de violacin, que el artculo 390, ltimo prrafo, del Cdigo Procesal Civil de la referida entidad federativa, prev la posibilidad de que la irregularidad o error en que incurra un juez se corrija de oficio, o bien a peticin de parte, y que dicha correccin puede hacerse inclusive en la sentencia definitiva pues no hay norma expresa que lo prohba, afirmando que eso es lo que debi hacerse en el caso -respecto del auto referido en el prrafo que antecede-, y al no haberlo hecho as el juzgador de primera instancia, en tanto que dej a los quejosos con a calidad de demandados, incumpli con el deber que el legislador le impone tambin en el artculo 172 del mismo ordenamiento, que establece que en depuracin del procedimiento los jueces podrn ordenar que se subsane toda omisin formal que notaren en la sustanciacin, para el slo efecto de su regularizacin.

Ahora bien, para fortalecer el anterior argumento los ahora quejosos sealaron, a mayor abundamiento, que el juzgador de primera instancia omiti analizar de oficio lo que esgrimieron en su escrito de veintisis de septiembre de dos mil tres, en el que le manifestaron lo siguiente:

En la Legislacin de Coahuila, conforme al artculo 409, del Cdigo procesal Civil, los nicos escritos que fijan el debate son la demanda y la contestacin, as como, en su caso, aquellos en que se haga valer la reconvencin o la compensacin y en los que se d contestacin a estas, y en caso de rebelda, el debate se entender fijado, por el auto en que se haga la declaracin correspondiente. --- No pasamos por alto el hecho de que en nuestra ley adjetiva el artculo 410, acorde con la excepcin prevista en la ltima parte del artculo 387, del mismo ordenamiento, seala: --- Escritos complementarios de las partes.--- Dentro de los primeros cinco das del trmino sealado para la audiencia previa y de conciliacin y sin suspensin de ste; el actor podr, si lo estima conveniente y sin que le pare perjuicio la omisin de este escrito, presentar un ocurso adicional refirindose a los hechos aducidos por la contraria en su contestacin, aceptando los que estime convenientes o refutando o impugnando aquellos con los que no est conforme. En este mismo escrito podr modificar o adicionar los hechos que haya consignado en la demanda con tal de que a ello d mrito un hecho o dicho de la respuesta del colitigante, y no se cambie el objeto principal del juicio. Tambin podr el actor, si as lo desea, expresar en forma clara y precisa su conformidad con la contestacin a la demanda. --- En estricto derecho, el artculo 410, del Cdigo Procesal del Estado, es inconstitucional, porque viola la garanta de igualdad procesal en perjuicio de los que en un juicio intervienen como parte demandada o contraria a los intereses del actor, pues da a ste una mayor oportunidad de defensa que a su contraparte, ya que lo faculta para que dentro de los primeros cinco das del trmino sealado para la audiencia previa y de conciliacin, si lo estima conveniente, presente un ocurso adicional refirindose a los hechos aducidos por la contraria en su contestacin, aceptando los que estime conveniente o refutando o impugnando aquellos con los que no est conforme, pudiendo en dicho escrito modificar o adicionar los hechos que haya consignado en su demanda, con tal de que a ello d mrito un hecho o dicho de la respuesta del colitigante. --- Dicha norma viola la garanta de equidad consagrada en los artculos 5, 13, 14 y 16 Constitucionales, porque trata de manera distinta a los que se encuentran en situaciones iguales, es decir al actor y al demandado, ya que al primero le brinda la oportunidad de defenderse a travs de su demanda y de un escrito adicional donde pueda refutar o aceptar los hechos aducidos en la contestacin del demandado y donde puede modificar o adicionar los hechos consignados en su demanda. --- Lo anterior, porque dicha norma da un trato desigual a gobernados que se encuentran en anloga o semejante situacin jurdica, ya que establece mayores ventajas de defensa para el actor que para el demandado, pues aquel adems de su demanda tiene derecho si as le conviene a presentar un escrito adicional o complementario, en tanto que ste solo tiene la facultad de presentar su contestacin de demanda. --- La desigualdad con la que dicha norma trata al demandado respecto del actor es notoria, pues respecto de los escritos que fijan la litis y por ende, en relacin con las oportunidades de defensa, a ste se le brindan mayores ventajas procesales que a aqul, por consiguiente se da un trato desigual a los que se encuentran en una situacin anloga o semejante, lo que provoca que se conculquen garantas individuales. --- Luego, con el precepto sealado, se produce una notoria desigualdad, toda vez que se distingue entre situaciones jurdicas que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificacin objetiva y razonable, de ah que no se cumpla con el valor superior que persigue el principio de equidad, consistente en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho o de igualdad jurdica, produzcan como efecto de su aplicacin la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio entre situaciones anlogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurdica. --- Independientemente de que su Seora no debe aplicar el artculo 410, citado, por inconstitucional, de todas formas debemos mencionar que esta norma permite que el actor presente un ocurso adicional a su demanda, pero dentro de los primeros cinco das del trmino sealado para la audiencia previa y de conciliacin, aunque privativamente para referirse a los hechos aducidos por la contraria en su contestacin, pudiendo modificar o adicionar los hechos que haya consignado en su demanda, con tal de que a ello d mrito un hecho o dicho de la respuesta del colitigante. --- Como vemos, por ministerio de ley en el escrito adicional a que se refiere el artculo 410, comentado, que puede presentar la parte actora, solo se faculta a ste para que se refiera a los hechos aducidos por la contraria en su contestacin, aceptando los que estime conveniente o refutando o impugnando aquellos con los que no est conforme, y para modificar o adicionar los hechos que haya consignado en su demanda con tal de que a ello d mrito un hecho o dicho de la respuesta del colitigante; amn de que dicho precepto imperativamente tambin seala que esa facultad para presentar dicho escrito adicional o complementario, solo se puede ejercer dentro de los primeros cinco das del trmino sealado para la audiencia previa y de conciliacin. --- En el caso concreto, no se actualiza la hiptesis contenida en el artculo 410 de nuestra Ley Adjetiva, en primer lugar, porque aun no hemos llegado al estadio procesal a que se refiere dicha norma, pues aun nos encontramos dentro de los primeros cinco das sealados para la audiencia previa y de conciliacin; y en segundo lugar, porque en el escrito adicional solo se faculta al actor a referirse a los hechos aducidos por la contraria en su contestacin, y a modificar o adicionar los hechos de su demanda; pero no para imputar el carcter de demandados a personas distintas a aquellas a las que en la demanda se les atribuy dicho carcter. --- En conclusin, el artculo 410, no faculta al actor para que en el escrito adicional a que dicha norma se refiere, seale como demandados a personas distintas de aquellas a las que en su demanda les atribuy tal carcter; amn de que dicha facultad privativamente ha de ejercerla en el estadio procesal antes mencionado y no en otro. --- De este antecedente, resulta que en la especie no estamos en presencia de alguna ampliacin de demanda, porque eso NO es lo que piden los actores y adems porque tampoco se actualiza la hiptesis normativa contenida en el artculo 410 del Cdigo Procesal del Estado, pues esta norma no faculta al actor a sealar como demandados a personas distintas a aquellas a las que en su demanda les atribuy tal carcter. --- A mayor abundamiento, suponiendo sin conceder que los actores ampliaran su demanda, lo que no es as segn se desprende del ocurso de fecha 8 de septiembre de 2003, y suponiendo sin conceder que procediese dicha ampliacin para sealar nuevos demandados, esto que tampoco es permisible en nuestro derecho, entonces de todas formas, el auto de 9 de septiembre de 2003, tendra que aclararse o corregirse porque si bien en el mismo se nos dio un trmino de nueve das para que confirmemos, modifiquemos o contestemos la demanda instaurada, tambin es cierto, que no se nos mand emplazar y por ende, no se nos emplaz con las formalidades que exigen tanto nuestra Ley Adjetiva como los artculos 14 y 16 Constitucionales. --- Al omitirse el anlisis oficioso, como se le solicit, de las consideraciones antes trascritas, la juzgadora nos deja en estado de indefensin, nos priva de las oportunidades procesales que nos otorga el Cdigo Procesal Civil y por ende viola en nuestro perjuicio todas las normas sealadas al inicio... -

Cabe sealar que posteriormente a la insercin de la anterior transcripcin en la demanda de garantas, las quejosas reiteraron que de tal antecedente se desprende que el juez de primera instancia dej de llevar a cabo el estudio oficioso que se le pidi para regularizar el procedimiento, dejando sin efectos el referido acuerdo de nueve de septiembre de dos mil tres, lo que pudo haber hecho hasta antes del dictado de la sentencia, solicitando ahora que lo haga el Tribunal Federal.

Lo anterior evidencia que en la demanda de amparo los quejosos no expresaron un concepto de violacin en el que hubieran realizado un razonamiento que cumpliera con los requisitos mnimos que debe tener un planteamiento de constitucionalidad, precisando en concreto el acto de aplicacin y los perjuicios que le cause y que acrediten su inters jurdico, lo que impidi que el Tribunal Federal hiciera un anlisis en ese sentido. Lo anterior pues de la simple lectura de la trascripcin aludida se desprende que lo que en realidad combaten los impetrantes de garantas es el acuerdo en el que el juez de primera instancia los tuvo por demandados en el juicio civil, y slo para fortalecer sus argumentos transcriben las manifestaciones que hicieron valer en un escrito que se present ante el juez natural; es decir, en un momento procesal distinto a la instancia constitucional, donde adujeron que la actuacin procesal que combaten se estima ilegal al derivarse de una incorrecta interpretacin del citado numeral 411, destacando ellos mismos que tal precepto no es aplicable en el caso concreto por no haberse actualizado la hiptesis que prev.

Incluso, despus de hacer la transcripcin en su demanda, precisan las quejosas que de ella se deriva que el juez no realiz el estudio oficioso que se le solicit, a efectos de determinar si el auto admisorio de la demanda y del provedo del nueve de septiembre de dos mil tres, adolecan de irregularidades y errores, y para analizar, tambin de oficio, si proceda llevar a cabo la correccin y aclaracin de dichos autos; es decir, si proceda regularizar el procedimiento, manifestando incluso en letras remarcadas lo siguiente mismas que suplicamos al rgano revisor que las estudie, por lo que para tal fin pedimos que en esta parte nos tenga por reproduciendo ntegramente todo lo que exponemos en los apartados PRIMERO y SEGUNDO de dicho ocurso, como si a la letra las insertsemos. Con sus omisiones, el juez deja en estado de indefensin a los comparecientes, de ah que en su oportunidad deba declararse fundado este recurso a fin de que el juzgador cumpla con el deber, o bien ejerza la facultad, que le impone y otorga respectivamente nuestro legislador y de oficio, y ya no a peticin de parte, estudie y resuelva respecto de nuestros escritos de fecha 28 de agosto de 2003 y 26 de septiembre del 2003, a fin de determinar si el auto admisorio de la demanda y el provedo de fecha 9 de septiembre del ao en curso adolecen de irregularidades y errores; y tambin de oficio, estudie si proceda llevar a cabo, o no, la correccin y aclaracin de dichos autos, es decir, si proceda regularizar, o no, el presente procedimiento., debiendo destacar que el susodicho ocurso, es el que qued transcrito.Lo anterior corrobora lo antes dicho en el sentido de que en la demanda no se hace un planteamiento de constitucionalidad, pues aunque en la misma transcripcin que contiene se dice que el numeral 411, del Cdigo Procesal del Estado de Coahuila, en s mismo es inconstitucional, ello se hace nicamente como marco de la verdadera argumentacin de los quejosos, la que se encamina a demostrar que el numeral se les aplic incorrectamente, lo que devino en una violacin procesal, que es de la que realmente se duelen, en tanto que el juez los tuvo por demandados en el juicio natural, cosa que no permite la norma en cuestin y que tampoco solicitaron los actores.

Incluso, es de resaltar la manifestacin que consta en la misma transcripcin, en la que expresamente dicen los ahora recurrentes que su caso no encuadra en el supuesto previsto en el referido numeral, pues en la fecha en que se present el escrito en el que se hacen esas manifestaciones, ante el juez natural, no se haba llegado al estado procesal a que se refiere el precepto, destacando tambin expresamente, que el numeral slo faculta al actor a referirse a los hechos aducidos por la contraria en su contestacin y a modificar o adicionar los hechos de su demanda; pero no para imputar el carcter de demandados a personas distintas a aquellas a las que los actores naturales les atribuyeron dicho carcter, que es lo que en verdad se combate en el juicio de garantas.

En efecto, en la misma transcripcin los quejosos destacan expresamente que en el caso no se est en presencia de alguna ampliacin de demanda porque eso no es lo que pidieron los actores, y recalcan reiteradamente que no se actualiza la hiptesis normativa que prev el referido numeral 411, pues ste no faculta al actor a sealar como demandados a personas distintas a aquellas a las que en su demanda les atribuy tal carcter, como ocurri en su caso.En tal virtud, si la misma quejosa admite no encontrarse dentro del supuesto de la norma que ahora pretende combatir al no existir el acto de su aplicacin, ya que en todo caso el perjuicio que se le causa deriva de su incorrecta interpretacin, es claro que esas manifestaciones vertidas ante un juez comn, que tienden a fortalecer un argumento de legalidad, no pueden en forma alguna considerarse como verdaderos conceptos de violacin que deban ser analizados por un Tribunal Federal.Es aplicable a lo anterior la Tesis P. XCVII/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Tomo II, noviembre de 1995, pgina 92 que es del siguiente tenor:

LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIN, EL ACTO DE APLICACIN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERS JURDICO. El anlisis gramatical y sistemtico de los artculos 73, fraccin VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicacin de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantas, sino que es una exigencia ineludible que la accin constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicacin que afecte al gobernado, en su inters jurdico, pues de lo contrario se vulnerara el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fraccin I del artculo 107 de la Constitucin Federal, al entrar al anlisis de una ley que no ha podido causar ningn perjuicio al promovente.

Se debe citar tambin la Tesis 3a./J. 45/90, publicaba en el Semanario Judicial de la Federacin, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, pgina: 199, cuyo rubro y texto son los que a continuacin se trascriben.

INTERS JURDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA Y DE RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA. Los artculos 107, fracciones I y II de la Constitucin Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohben hacer una declaracin general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantas que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaracin de restitucin para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su inters jurdico, para el efecto de que si as lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantas, est en posibilidad de conceder la proteccin de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su inters, y a la vez conceda la proteccin en el efecto procedente, lo cual no se podra satisfacer si el inters de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existira la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningn perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo seran en contra de lo establecido por los preceptos citados.

As las cosas, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito atinadamente resolvi que el planteamiento de la supuesta inconstitucionalidad result inoperante, bajo la consideracin esencial de que lo que los quejosos hacen valer en realidad es la aplicacin indebida de la norma en cuestin, lo que hace imposible abordar su anlisis a la luz del artculo 14 constitucional, que es el que supuestamente se hubiera vulnerado de haberse aplicado correctamente la norma en cuestin.Sentado lo anterior tambin debe mencionarse que no pasa inadvertido que en los agravios que ahora hacen valer los recurrentes expresan cuestiones novedosas que no fueron expuestas en su libelo de garantas, revelando la intencin de hacer, ahora s, verdaderos planteamientos de inconstitucionalidad que no se esgrimieron ante el Tribunal Federal, y que por ello no pueden ser analizados en esta instancia an aplicando la causa de pedir, pues ello no puede llegar al extremo de analizar cuestiones que no se hicieron valer en el momento procesal oportuno ni al de hacer procedente un recurso que no lo es.

Aplica a lo anterior la Tesis de la Sexta poca, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federacin, Tomo XII, Tercera Parte, pgina 12, del siguiente tenor literal:

AGRAVIOS EN LA REVISIN. Si puede apreciarse de los conceptos de violacin aducidos por el quejoso en su demanda de amparo, que en ninguna parte de ellos se invoc la argumentacin que despus esgrime en la revisin resulta que la cuestin planteada en el agravio que se expresa es novedosa y, por lo mismo, ajena a la litis planteada ante el A quo. En consecuencia, la Suprema Corte se encuentra impedida para abordar y decidir respecto de dicha cuestin, que por no haber sido materia de la litis el citado Juez recurrido no analiz, pues debe tomarse en cuenta que la litis en la revisin de una sentencia de amparo est constituida por los agravios que se hagan valer en contra de las argumentaciones en que se apoya aquella sentencia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.SEGUNDO. La Justicia de la Unin ampara y protege a **********(1), **********(2), **********(3), **********(4) y **********(5), stos ltimos de apellidos **********, en contra de las autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, exclusivamente para los efectos precisados en la sentencia recurrida.Notifquese y cmplase; con testimonio de la propia resolucin, vuelvan los autos a su lugar de origen, y en su oportunidad archvese el presente toca como asunto concluido.

As lo resolvi la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, por unanimidad de cinco votos de los seores Ministros: Jos de Jess Gudio Pelayo, Sergio A. Valls Hernndez, Juan N. Silva Meza, Olga Snchez Cordero de Garca Villegas (Ponente) y Presidente Jos Ramn Cosso Daz.

Firman el Ministro Presidente de la Sala y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JOS RAMN COSSO DAZ

PONENTE

MINISTRA OLGA SNCHEZ CORDERO DE GARCA VILLEGAS

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA

LIC. MANUEL DE JESS SANTIZO RINCN

En trminos de lo previsto en los artculos 3, fraccin II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental, en esta versin pblica se suprime la informacin considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.830