responsabilidad contratistas

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La responsabilidad extracontractual de la Administracin Local, derivada de los contratos administrativos, en la jurisprudenciaPor Jos PREZ AMORS Licenciado en Derecho. Tcnico de Administracin General del Ayuntamiento de Villena (Alicante)El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados n 8, Quincena 30 Abr. 14 May. 2007, ref. 1343/2007, p. 1343, Tomo 1La Jurisprudencia de los Tribunales en el tema de la responsabilidad extracontractual de la Administracin, derivada de los contratos administrativos, se ha movido entre dos lneas, una lnea con una gran vocacin garantista, que considera que la Administracin que ostenta la titularidad del servicio ha de responder, de modo objetivo y directo, de los daos que ste produzca a terceros en el marco de su funcionamiento normal o anormal, sin perjuicio de que sta pueda despus ejercer su derecho de repeticin contra el contratista-prestatario del servicio.Y otra lnea, que parece la ms correcta, que interpreta la norma de forma literal, es decir, como una accin dirigida a obtener un pronunciamiento sobre la responsabilidad en atencin al reparto de la carga indemnizatoria, es decir que la Administracin declarar que la responsabilidad es del contratista, salvo que exista una orden de aquella que haya provocado el dao o salvo que el mismo se refiera a vicios del proyecto. En todo caso, existir siempre la obligacin de la Administracin de resarcir los perjuicios ocasionados al tercero, cuando aqulla incumpla el trmite procedimental exigido para declarar la responsabilidad del contratista, dejando siempre a salvo el derecho de repeticin contra el mismo.

El legislador a la hora de regular la responsabilidad patrimonial de la Administracin Pblica, ha optado por un sistema nico para todas las Administraciones. Desapareci as la dualidad de la normativa aplicable a la esfera estatal y a la esfera local . Una misma legislacin sobre responsabilidad patrimonial de la Administracin estatal rige en ambas esferas, partiendo del principio general consagrado en el artculo 106.2 de la Constitucin. As, el artculo 9.3 de la Constitucin Espaola de 1978 garantiza la responsabilidad e interdiccin de la arbitrariedad de los poderes pblicos. Y el artculo 106.2 de la Norma Fundamental establece que los particulares, en los trminos establecidos por la Ley, tendrn derecho a ser indemnizados por toda lesin que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento de los servicios pblicos.(1) MALLOL GARCA, Aspectos de la responsabilidad en la esfera de la Administracin Local, Valencia, 1952.

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Igualmente, el artculo 121.1 de la Ley de Expropiacin Forzosa, Ley de 16 de diciembre de 1954, declara que dar tambin lugar a indemnizacin toda lesin que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aqulla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios pblicos, o la adopcin de medidas de carcter discrecional no fiscalizables en va contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administracin pueda exigir a sus funcionarios con tal motivo. Por su parte, el artculo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Rgimen Local (LRBRL), establece que las Entidades Locales respondern directamente de los daos y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios pblicos o de la actuacin de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los trminos establecidos en la legislacin general sobre responsabilidad administrativa (igual artculo 70 del Anteproyecto de Ley Bsica del Gobierno y Administracin Local). De conformidad, con el artculo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (LRJPAC), los particulares tendrn derecho a ser indemnizados por las Administraciones Pblicas correspondientes, de toda lesin que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios pblicos. De este modo, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de abril de 1990 declara que: ... la posibilidad de reclamar dicha indemnizacin deriva del artculo 54 de la vigente LRBRL, en armona con lo establecido en el artculo 120 y siguientes de la LEF y artculo 40 de la Ley de Rgimen Jurdico de la Administracin del Estado (LRJ), reparacin a que viene obligada la Administracin cuando el funcionamiento de los servicios pblicos origine dao a los particulares efectivo, evaluable econmicamente e individualizado con relacin a una persona o grupo de personas, requisitos ellos que, obviamente, se cumplen en el caso enjuiciado, y cuya indemnizacin alcanza rango constitucional en el artculo 106.2 de nuestra Ley Fundamental. Y la sentencia de 3 de mayo de 1995, reiterando la doctrina de las sentencias de 17 de diciembre de 1987 y 5 de julio de 1994, dice que la responsabilidad patrimonial del Estado, al igual que ocurre con la de los entes locales, por mor de lo establecido en el artculo 54 de la LRBRL, puede derivar de cualquier hecho o acto enmarcado dentro de la gestin pblica. La responsabilidad de las Administraciones Pblicas se concreta, por tanto, en la obligacin de resarcir los daos evaluables econmicamente ocasionados por accin u omisin a ellas imputables. Hoy, ms que nunca, resulta evidente la

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progresiva expansin de la actividad pblica en los diversos sectores de nuestra sociedad. Tal es as que el poder pblico, en el desarrollo y gestin de los servicios pblicos cuya titularidad asume, puede producir daos o lesiones a los particulares en sus bienes y derechos cuya responsabilidad y cobertura debe asumir(2)

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Por la relevancia en orden al rgimen jurdico de la responsabilidad de la Administracin Pblica, se impone la distincin entre responsabilidad contractual y extracontractual. La responsabilidad patrimonial extracontractual de las Administraciones pblicas es objetiva. Desde la Ley de Expropiacin Forzosa (LEF) de 1954, siguiendo por la Ley de Rgimen Jurdico de la Administracin del Estado (LRJ) de 1957, las Administraciones Pblicas, hasta la normativa actualmente vigente, nace al margen de toda idea de culpa o ilegalidad. La amplia frmula de la LEF (art. 121) y de la LRJ (art. 40), que constitucionaliz la Constitucin de 1978 (art. 106), comprende los distintos supuestos de responsabilidad en razn a que deriven de actos lcitos o ilcitos. Al no limitar el derecho a indemnizacin a los supuestos de daos causados por el funcionamiento anormal de los servicios pblicos y extenderlo tambin a los ocasionados por su funcionamiento normal, somete a la Administracin de nuestro pas a un rgimen de responsabilidad extracontractual de tipo objetivo, responsabilidad objetiva de rgimen global que alcanza a todas las Administraciones Pblicas espaolas, con independencia de su mbito material o territorial de actividad, lo que significa que no se requiere la existencia de culpa en el actuar administrativo . Aqu, cabe recordar la enseanza de un excelso administrativo francs: que la Administracin acte, pero si causa un dao que lo pague. La jurisprudencia viene afirmando este principio de forma reiterada e ininterrumpidamente , por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de junio de 1994 establece que: Configurada legal y jurisprudencialmente la responsabilidad patrimonial del Estado de forma objetiva, cualquier consecuencia daosa(2) Joaqun MESEGUER YEBRA, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas: el nexo causal. (3) Por ejemplo, de AHUMADA RAMOS, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas, Pamplona, 2000. O. MIR PUIGPELAT, La Responsabilidad patrimonial de la Administracin, hacia un nuevo sistema. (4) Sentencia de 4 de mayo de 1995, al manifestar que como hemos expresado, entre otras, en nuestras sentencias de 5 de febrero y 20 de abril de 1991, 10 de mayo, 18 de octubre, 27 de noviembre y 4 de diciembre de 1993, 14 de mayo, 4 de junio, 2 de julio y 27 de septiembre de 1994, 11 de febrero (recurso de casacin n. 1619/1992) y 1 de abril de 1995 (recurso de casacin n. 337/1992) se configura de forma objetiva o por el resultado la responsabilidad de la Administracin, siendo indiferente que la actuacin administrativa sea normal o anormal pues es suficiente para admitirla que, como consecuencia de aqulla, se haya producido un dao efectivo, evaluable econmicamente e individualizado, sin que concurra fuerza mayor.

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derivada del funcionamiento de un servicio pblico debe, en principio, ser indemnizada. Otra sentencia de igual fecha, dice que: Como tiene declarado este Tribunal en sentencia de 19 de mayo de 1987, la naturaleza netamente objetiva de la responsabilidad patrimonial de la Administracin que acta en la esfera de sus atribuciones para satisfacer un servicio pblico no desplaza la misma al contratista, mero ejecutor material, sin perjuicio de la repeticin de aqulla contra ste. Esta importante caracterstica impone que no slo no es menester demostrar para exigir responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que han generado un da