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Aida Miguel Sanz
Sergio Pérez González
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Máster universitario en Aceeso a la Abogacía
2014-2015
Título
Director/es
Facultad
Titulación
Departamento
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
Curso Académico
Relevancia penal del fraude deportivo: motivo, aplicabilidad y función del art. 286bis.4
Autor/es
© El autor© Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2015
publicaciones.unirioja.esE-mail: [email protected]
Relevancia penal del fraude deportivo: motivo, aplicabilidad y función del art.286bis.4, trabajo fin de estudios
de Aida Miguel Sanz, dirigido por Sergio Pérez González (publicado por la Universidad de La Rioja), se difunde bajo una Licencia
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los
titulares del copyright.
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
RELEVANCIA PENAL DEL FRAUDE DEPORTIVO:
MOTIVO, APLICABILIDAD Y FUNCIÓN DEL
ART. 286BIS. 4.
AIDA MIGUEL SANZ
TUTOR
SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ
FIRMADO
MÁSTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
AÑO ACADEMICO 2014-2015
1
RESUMEN.
La reforma penal introdujo el art. 286bis. CP sobre corrupción entre particulares. Este
texto se va a centrar en el estudio del apartado cuarto de dicho artículo sobre corrupción
en el deporte, nos ocuparemos sobre la determinación de su bien jurídico protegido, su
articulación, aplicación y función. Para ello analizaremos la relación entre el dopaje y
las apuestas deportivas online con la corrupción deportiva. Y por último, recogeremos
en los anexos dos casos recientes a los que puede aplicarse el artículo 286bis.4 del
Código Penal.
Palabras clave: Derecho penal, deporte, corrupción, competición, apuestas, dopaje.
ABSTRACT.
The Penal Reform introduced the art. 286bis. CP about corruption among individuals.
This text will focus on the study of fourth section of that article on corruption in the
sport, we will deal on the determination of their legally protected, articulation,
implementation and function. We will analyze the relationship between doping and
sports betting online with sports corruption. And finally, collect in annexes two recent
cases that article 286bis.4 the Criminal Code may apply.
Key Words: Criminal Law sport, corruption, competition, betting, doping.
2
ÍNDICE.
INTRODUCCIÓN............................................................................................................3
1. El motivo del art.286bis.4 CP: la relevancia socioeconómica del deporte. Las
competiciones deportivas profesionales............................................................................5
2. La legitimidad del bien jurídico protegido..................................................................9
3. La aplicabilidad del art.286bis.4 CP: La articulación del desvalor en el tipo de
injusto..............................................................................................................................12
3.1. Sujetos: La dificultad de precisar autoría.....................................................12
3.1.1. Sujetos genéricos...........................................................................13
3.1.2. Sujetos específicos........................................................................14
3.1.3. Terceros.........................................................................................16
3.2. Acciones: los contexto de riesgo (doping y apuestas).................................18
3.3. Elementos subjetivos: la finalidad de predeterminar de manera deliberada y
fraudulenta el resultado......................................................................................29
4. La función del art. 286bis.4 CP: ¿Prevención simbólica o eficacia material?...........32
CONCLUSIONES........................................................................................................38
ANEXO I. CASO LEVANTE-REAL ZARAGOZA...................................................40
ANEXO II. CASO ESPANYOL-OSASUNA..............................................................45
BIBLIOGRAFÍA..........................................................................................................48
3
INTRODUCCIÓN.
El 2010 fue para España su año dorado, el año de los campeones en cuanto a éxitos
deportivos se refiere (González, 2010, 3-10), teniendo como referencia la Copa del
Mundo que trajo de Sudáfrica la selección Española de Fútbol, los ocho títulos de diez
conseguidos por el Barça de Pep Guardiola, la Euroliga de Basquet por el Regal
Barcelona, el segundo anillo consecutivo de la NBA con los Lakers de Pau Gasol, la
Medalla de Bronce en el Mundial por la selección Española de Baloncesto Femenina,
los tres títulos consecutivos del Grand Slam de Rafa Nadal, el tercer Tour de Francia en
ciclismo por Alberto Contador, el título de subcampeón del mundo en el Mundial de
Fórmula 1 por Fernando Alonso y el triplete en motociclismo de Jorge Lorenzo, Toni
Elías y Marc Márquez, el primer país en conseguir los tres cetros en el mismo año.
Tras estos éxitos han ido sucediendo otros tantos hasta ahora, en diferentes modalidades
deportivas, pero muchos de estos éxitos han sido empañados por prácticas oscuras
debido a la relevancia socioeconómica que ha ido alcanzando el deporte en nuestra
sociedad. A rebufo de esa importancia socioeconómica y con el fin de evitar conductas
fraudulentas en el deporte el legislador introduce el controvertido delito de corrupción
entre particulares en el ámbito del deporte recogido en el art. 286bis.4 del Código Penal
(en adelante art. 286bis.4 CP).
En este texto estudiaremos las diversas cuestiones que surgen entorno al art. 286bis.4
CP. Comenzando por descubrir cuál es la verdadera necesidad de incluir este tipo
específico en el Código Penal, ya que no queda claro el porqué de su introducción. En
este sentido veremos cómo el legislador no justifica la entrada del delito de fraude
deportivo, a diferencia de la corrupción entre particulares general, que es introducida
por la transposición de la Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de julio, relativa a la
lucha contra el sector privado, pero que no impone una tipificación de conductas de
corrupción en el ámbito deportivo. El art.286bis.4 CP no obedece a la transposición de
la normativa europea y el legislador no explica la necesidad de su entrada.
Nos ocuparemos también de determinar el bien jurídico que se pretende proteger con el
delito de corrupción deportiva, ya que no está claramente especificado. Estudiaremos
las dos vertientes mayoritarias y nos decantaremos por una de ellas.
4
Reflexionaremos sobre los numerosos problemas de interpretación que tienen muchos
de los sujetos capaces de realizar las conductas típicas del delito. No solo aquellos
sujetos reflejados en el art.286bis CP sino también aquellos que no lo están y cuyas
actuaciones afectan al ámbito protegido del artículo, y suelen realizar las prácticas más
peligrosas.
Además estudiaremos las acciones de riesgo que afectan al ámbito deportivo: el doping,
las apuestas deportivas, amaños y sobornos. Veremos qué prácticas quedan al margen
del delito o por el contrario están subsumidas en el mismo. Por último reflexionaremos
sobre la función del art. 286bis.4 CP, sobre si realmente tiene eficacia material o
simplemente tiene una función simbólica. Esta cuestión se plantea debido a la falta de
aplicación hasta el momento y por la existencia de vías extrapenales que ya sancionaban
las conductas recogidas en el art. 286bis.4 CP.
5
1. EL MOTIVO DEL ART. 286BIS.4 CP: LA RELEVANCIA SOCIO-
ECONÓMICA DEL DEPORTE. LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS
PROFESIONALES.
La Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre del Código Penal es reformada por la
Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio (en adelante Reforma de 2010), que se encuentra
en vigor desde el 23 de Diciembre de 2010 y que introduce el delito de corrupción entre
particulares, hasta entonces inexistente en la legislación penal española (Abraham
Castro Moreno, 2010).
Los Anteproyectos de Ley Orgánica de 21 de Noviembre de 2006 y 14 de Noviembre
de 2008 por los que se modifica el Código Penal, tenían una redacción del contenido del
art. 286bis. CP diferente al Anteproyecto de Ley Orgánica de 11 de Julio de 2009.
Aparece por primera vez este tipo de delito en el art. 286bis.4 CP introduciendo ex
novo la corrupción de los particulares en el ámbito deportivo. Fue una entrada algo
repentina.
La Reforma del 2010 acota el ámbito de las pruebas deportivas, siendo aplicable el art.
286bis.4 CP únicamente en aquellos eventos deportivos considerados profesionales.
La redacción del art. 286bis. CP que se encuentra en la Sección 4ª, del Capitulo XI, del
Título XIII, del Libro II, con título De la corrupción entre particulares, dice así:
1. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a
directivos, administradores, empleados, o colaboradores de una empresa mercantil o
de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de
cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a
otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercaderías o en la
contratación de servicios profesionales, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio
por tiempo de una a seis años y multa del tanto el triplo del valor del beneficio o
ventaja.
2. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o
colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u
organización que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un
beneficio a terceros a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja,
6
incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la
contratación de servicios profesionales.
3. Los jueces y Tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la
ventaja, y la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena
inferior en grado y reducir la de multa a su prudente arbitrio.
4. Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los
directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva,
cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o
jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o
alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o
competición deportiva profesionales.
Buscando una explicación de por qué se introduce este tipo especial en el Código Penal,
vemos que el Preámbulo de la LO 5/2010 traslada las necesidades detectadas por la
Decisión Marco 2003/568/JAI, de 22 de Julio de 2003 (en adelante la Decisión Marco)
relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado1, pero nada dice sobre la
modalidad especial en el deporte, simplemente que así se ha considerado conveniente
tipificar penalmente las conductas más graves de corrupción del deporte. En este
sentido se castigan todos aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y
colaboradores de entidades deportivas como por los deportistas, árbitros o jueces,
encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el
resultado de una prueba encuentro, o competición deportiva profesional.
El legislador no nos hace participes de sus intenciones o de las verdaderas causas de la
introducción de esta modalidad. No da ninguna justificación social, ni explica por qué
es conveniente o necesario introducir este nuevo delito de corrupción deportiva en
nuestro Código Penal (Martínez Buján 2013, 389). Tampoco hace referencia a
legislaciones de otros países que hayan tipificado la corrupción deportiva como Francia
o Italia. 1 El Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010 dice: Otro de los aspectos importantes de la reforma ha sido la transposición de la Decisión Marco 203/568/JAI de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. La idea fuerza en este ámbito es de que la garantía de una competencia justa y honesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho. Porque con estos comportamientos, que exceden de la esfera de lo privado, se rompen las reglas del buen funcionamiento el mercado. La importancia del problema es grande, si se repara en la repercusión que pueden tener las decisiones empresariales, no solo para sus protagonistas, sino para otras muchas personas.
7
Por tanto la corrupción en el deporte recogido en el art. 286bis.4 CP no es mencionada
en la Decisión Marco, pero se aprovecha su transposición para que junto a la corrupción
entre particulares se introduzca la corrupción en el ámbito deportivo.
Se considera que el verdadero motivo de la aparición del art. 286bis.4 CP es la
relevancia socioeconómica del deporte ya que éste traspasa el ámbito privado de los
participantes y adquiere una dimensión pública de tal magnitud que alcanza un estatus
especial en la sociedades modernas (Valls Prieto 2009, 14). Hemos podido comprobar
que en las últimas décadas hemos pasado de tener unos deportistas que eran meros
aficionados a tener grandes deportistas profesionales. El deporte se ha convertido en un
gran espectáculo que reúne a millones de aficionados, que pagan importantes sumas de
dinero para poder ver a sus deportistas o equipos favoritos2.
El deporte genera grandes beneficios económicos tanto en el terreno de juego, como en
la venta de productos deportivos, marcas de ropa, bebidas isotónicas, refrescos,
helados... todo lo inimaginable3. Los deportistas se han convertido en un anuncio de
publicidad andante, gracias a sus sustanciosos contratos de derecho de imagen y
publicidad. Como bien sabemos todo lo que aparezca con la cara, por ejemplo, de Messi
o Cristiano Ronaldo4 al lado se vende; muchos son los que copian su pelo, sus
zapatillas...
2 En el mundial del Futbol de Brasil 2014, la FIFA La Federación Internacional de Futbol Asociada (FIFA), por su parte, ya ha obtenido 1,380 millones de dólares de beneficios gracias a la venta de entradas, derechos de transmisión televisivos y merchandising, de acuerdo con la ONG Inspiración (Publicado el 30/05/2014. Revisado en enero 2015. Disponible en http://www.sopitas.com/site/331024-brasil-2014-el-mundial-mas-caro-de-la-historia/ ) Para el Mundial de Brasil 2014 se acordó de antemano que "cada jugador español percibirá 720.000 euros por conseguir la segunda estrella, un 20% más de lo que se embolsaron en Sudáfrica. Pasar de octavos supondría 72.000; llegar a las semifinales, 108.000 euros; y a la final, 144.000. Lo entendemos como una inversión. Nos repartimos con los jugadores lo que a nosotros nos paga la FIFA, resumen en la Federación. Mucho más generosa que otras federaciones. La brasileña abonaría 330.000 a cada futbolista y alemana, 300.000". (Publicado el 4/06/2014. Revisado en enero de 2015). Disponible en http://deportes.elpais.com/deportes/2014/06/04/mundial_futbol/1401901338_076720.html) 3 Los socios FIFA (Coca-Cola, Adidas, Sony, Visa, Hyundai y Emirates) desembolsan entre 100 y 200 millones de euros hasta 2014, como mínimo. Este acuerdo les garantiza el máximo nivel de asociación y derechos universales en varias competiciones ligadas con la federación. Así, por ejemplo, el acuerdo de Coca-Cola, firmado hasta 2022, rondaría los 97 millones por periodos de cuatro años, mientras que el de Sony (hasta 2014) se estima en 118 millones. (Publicado el 21/04/2010. Revisado en enero 2015. Disponible en https://mediosfera.wordpress.com/2010/04/21/el-negocio-del-futbol-y-los-medios-de-comunicacion-masiva/ ) 4Messi y Cristiano son los deportistas mejores pagados del 2014. (Publicado 23/01/2015. Revisado en enero 2015. Disponible en http://www.finanzzas.com/los-deportistas-mejor-pagados)
8
El deporte está en todas partes y afecta a numerosos ámbitos de nuestra vida, y así lo
recoge el Preámbulo de la Ley 10/1990 de 15 de Octubre, del Deporte (en adelante Ley
del Deporte):
El deporte, en sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se ha convertido en
nuestro tiempo en una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de
movilización y convocatoria.
El deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su
práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor
corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre
los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su
práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto conforma el deporte como
elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativa del
tiempo de ocio en la sociedad contemporánea.
La importancia del deporte fue recogida en el conjunto de principios rectores de la
política social y económica que recoge el capítulo tercero del título I de la
Constitución, que en su artículo 43.3 señala: «Los poderes públicos fomentarán la
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada
utilización del ocio».
Además de la relevante función social y educativa del deporte, tenemos el continuo
mensaje de "fair play" o "juego limpio", el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo,
el esfuerzo y la superación personal. Las pruebas de alta competición, como los Juegos
Olímpicos o la Copa del Mundo de Futbol, tienen el "fair play y la no violencia"5 como
su principal mensaje, el cual debe ser respetado por todos, tanto por el entrenador, como
el deportista, o cualquier otro involucrado en el deporte6.
El ámbito socioeconómico del mundo deportivo ha llegado a un momento en el que es
difícil de controlar porque entre los éxitos deportivos encontramos las prácticas oscuras
5 Carta Olímpica, dentro del primer capítulo, segundo epígrafe "Misión y función del COI" "así como dedicar sus esfuerzo y velar para que se imponga el "fair play" y se excluya la violencia en el deporte" 6 Carta Olímpica en 4º apartado de su Preámbulo introduce el "fair play": " La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona de tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y fair play..." (Revisión en enero de 2015). Disponible en https://www.um.es/documents/933331/0/CartaOlimpica.pdf/8c3b36b2-11a2-4a77-876a-41ae33c4a02b)
9
que ensombrecen las competiciones y los eventos deportivos, debido a los intereses
económicos7 y comerciales que han rebajado los principios más significativos del
deporte como la integración social, promoción educativa, beneficios para la salud, el
respeto mutuo, la tolerancia y la deportividad. Ej. Prácticas oscuras como el dopaje y en
el ámbito de las apuestas8, el amaño de partidos9.
2. LA LEGITIMIDAD DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.
Para saber en qué casos se aplica el art. 286bis.4 CP, debemos en primer lugar saber qué
bien jurídico es el que protege este tipo específico. Hay falta de claridad en cuanto a su
determinación ya que existe un pluralidad de bienes que pueden ser protegidos, entre
ellos, el espíritu deportivo, el "fair play", la limpieza del deporte "o quién sabe qué"
(Castro Moreno, 2010, 9). La ausencia de explicación sobre la criminalización de las
conductas de corrupción deportiva no ayudan a determinar el bien jurídico protegido por
este el art. 286bis.4 CP. No queda claro si lo que se quiere proteger es el espíritu
deportivo, la limpieza del deporte o los intereses económicos que rodean al ámbito del
deporte profesional (Martínez-Buján 2013, 389). Se ha llegado a decir incluso que no
existe protección específica como un bien jurídico autónomo, por lo que se debe
perseguir a través de otros bienes jurídicos que sí están protegidos en el Código Penal.
Se distinguen dos grupos de bienes jurídicos posibles de proteger según las conductas
desarrolladas en este ámbito: (Vicente Martínez 2010, 359-398)
7 La Liga Española mueve en España más de 10 millones de euros anuales, lo que supone un 1,7% del PIB. El futbol además genera85.000 puestos de trabajos entre directos e indirectos. Datos de Conferencia del Club Siglo XXI dada por Presidente de la Liga de Futbol Profesional. (Publicado 24/02/2010. Revisado enero 2015. Disponible en http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol-futuro-incierto-lfp-20100224.html). 8 Los juegos de azar on-line se han consolidado en España en los últimos años demostrando una gran importancia en términos socioeconómicos. Las apuestas on-line alcanzaron unos ingresos netos (excluidos premios) del sector alcanzaron los 229 millones de euros en 2013 (último ejercicio cerrado). A finales de septiembre de 2014, se encontraban en activo (como usuarios no ocasionales) 360.307 jugadores, con un volumen de depósitos de 462 millones de euros. Tan importante es la cantidad de dinero que se mueve online que no debemos de olvidar de vigilar sus movimientos. (Dirección General de Ordenación del Juego. Nota de Prensa. Enero 2015). 9 Como fue el caso de Alberto Contador que en Septiembre del 2010, se hizo pública la presencia de clembuterol en sus muestras de orina durante la segunda jornada del Tour de Francia de 2010, del que fue ganador. Investigando sus triunfos se llegó a averiguar que se obtuvo resultado positivo de dopaje hasta en otras tres ocasiones. O el caso del Hércules Club de Futbol que consiguió ser un equipo de primera división por amañar al menos cinco partidos de la liga de la temporada. Enrique Ortiz y José Joaquín Ripoll negociaron con el Córdoba, Recreativo de Huelva, Girona, Real Unión de Irún y Salamanca para que perdieran sus partidos con el Hércules a cambio de dinero, dos de esos equipos aceptaron la oferta, logrando su objetivo en el último encuentro tras vencer a domicilio por 0-2 al Real Unión de Irún.
10
1) Las conductas relacionadas con el deporte sancionadas a través de tipos
penales de nuevo cuño como la violencia en espectáculos deportivos, dopaje o fraude
deportivo.
2) Las conductas relacionadas con el deporte a través de tipos penales clásicos
como la lesiones y otras conductas incluidas en los tipos penales que conforman el
núcleo duro del Derecho penal, como las amenazas, coacciones, delitos contra la
integridad física o la vida.
La opinión más extendida es que la lealtad deportiva carece de entidad suficiente para
ser considerada un bien jurídico idóneo para ser recogido en el Código Penal (Caruso
Fontán, 2009). Pero a su vez existe la opinión de que "la sociedad pierde al considerar
que el esfuerzo no es suficiente para ser protegido", consiguiendo que se crea que "todo
vale" para obtener resultado (Romas Valdés 2006, 17-56). Piensan que el bien jurídico
que debe ser protegido no es la leal competencia deportiva10, sino más bien la
relevancia económica que conllevan los resultados de las competiciones de los grandes
eventos deportivos, sobre todo en torno a las famosas apuestas deportivas que más
adelante abordaremos (Martínez-Buján 2013, 390).
Por tanto nos encontramos con dos vertientes diferenciadas, la vertiente moral y la
vertiente económica.
La vertiente moral implica los aspectos ligados al deporte, en cuanto al correcto
funcionamiento de las competiciones deportivas profesionales, su integridad, pureza o
limpieza, o la de sus resultados. Además, tienden a su proyección externa del deporte, es
decir, a su repercusión social o su credibilidad (García Caba 2009, 331).
Podemos resumir todos los valores sociales inherentes al deporte llamados a ser
protegidos como bienes jurídicos, en un sólo término, "integridad deportiva", la cual
inspiraría a otras infracciones penales que incidan sobre el ámbito deportivo.
Un segundo grupo entiende que "el bien que se debe proteger debe tener en cuenta los
intereses económicos por la enorme relevancia económica de los resultados de las
competiciones deportivas, el patrimonio de los apostantes, o la limpieza del sistema de
apuestas que se ven afectadas por los resultados fraudulentos de la competición"
10 López, M.J. "Primas a terceros por ganar el bien jurídico protegido" Iusport. (Revisado en enero de 2015. Disponible en http://iusport.com/not/2119/primas-a-terceros-por-ganar-el-bien-juridico-protegido/)
11
(Anarte Borrallo y Romero Sánchez 2012). Debemos tener en cuenta la interpretación
lógico-sistemática del Código Penal, es decir, buscar el sentido de los términos legales a
partir de su ubicación dentro de la ley y su relación con otros preceptos, desde la
perspectiva de la necesaria coherencia del ordenamiento jurídico (Muñoz Conde 2010,
125). El art. 286bis.4 CP está dentro Título XIII del Código Penalque recoge los delitos
contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, en concreto los delitos de
corrupción entre los particulares, y por tanto por su localización en el Código, nos hace
entender que el bien jurídico que se quiere proteger es el ámbito socioeconómico que
rodea al deporte y a todos los sujetos que se ven afectados por el mismo, y no la
moralidad del deporte, que no pongo en duda que sea importante y un bien a proteger,
pero no es el bien jurídico que el al parecer el legislador tiene en mente con el art. 286
bis.4 CP al ponerlo entre los delitos del Título XIII.
Como vemos, no faltan planteamientos que se entrecruzan entre estas dos vertientes de
intereses, el buen funcionamiento de la competición y los intereses económicos en
juego. Pero además podemos reconocer otros planteamientos sobre el bien jurídico.
Un primer planteamiento descarta la actividad deportiva en sí como bien jurídico
protegido por el Código Penal, ya que se encuentran otras vías jurídicas capaces por sí
solas tutelarla, como de la Ley del Deporte en la vía administrativa. El Derecho Penal
debería encargarse únicamente cuando se lesione un bien jurídico externo y así cumplir
con el principio de última ratio que debe prevalecer antes de aplicar el Código Penal en
asuntos como el que estamos estudiando en este texto. Este principio de última ratio o
de intervención mínima que nos recuerda que el Código Penal debe ser utilizado como
un recurso extraordinario sólo cuando no sea posible lograr la efectividad requerida por
otros medios menos lesivos (Muñoz Conde 2010, 70). Por lo que se nos plantea la duda
de si es necesaria la introducción de la corrupción deportiva en el art. 286bis.4 CP, ya
que siguiendo este principio no debería haberse incluido, porque ya existen otras vías
diferentes capaces de tutelarla.
Un segundo planteamiento es que estas determinaciones no quedan reflejadas en el
injusto. El bien jurídico protegido en el delito de la corrupción deportiva no es la
función estatal de ordenación del deporte, porque las conductas típicas no interfieren en
dicha función, ni tampoco en la libre competencia. Además debemos tener en cuenta
que las normas fuera del Código Penal, relacionadas con este art. 286bis.4 CP no hacen
12
mención a la libre competencia o a la competencia desleal en el ámbito deportivo, sino a
la reglamentación deportiva. Todo ello, según los autores Anarte y Romero (2012, 12),
deslegitima cualquier forma de intervención penal en este ámbito
Por tanto la determinación del bien jurídico queda un poco dudosa y en el aire, ya que
dependerá de la interpretación que la jurisprudencia vaya a darle al artículo, a medida
que vayan resolviéndose casos que encajen en este ámbito. Pero a mi parecer, por ser el
planteamiento más lógico es el ámbito socioeconómico el bien protegido por el art.
286bis.4 CP siguiendo la interpretación lógico-sistemática. En todo caso el Proyecto de
Reforma de modificación de la LO 5/1995 (en curso) establece un nuevo contexto para
la comisión de este delito, que ya no será el de las competiciones deportivas, sino el de
las competiciones deportivas de especial relevancia económica o deportiva. Esto sin
duda parece apuntar al ámbito económico como bien jurídico.
3. LA APLICABILIDAD DEL ART. 286bis.4 CP: LA ARTICULACIÓN DEL
DESVALOR EN EL TIPO DE INJUSTO:
El art. 286bis.4 CP recoge el tipo especial de la corrupción privada, aplicado al ámbito
deportivo y comparte algunos elementos del tipo general que se recogen en el resto de
apartados del art. 286bis. CP Estos elementos que tienen en común son algunas
definiciones de los sujetos activos, las acciones típicas y las penas, las cuales son
exactamente las mismas tanto para el tipo especial como para el general. Pero con la
diferencia de que estos elementos y acciones comunes deben realizarse por entidades y
sujetos pertenecientes al ámbito deportivo y que su finalidad es castigar aquellos
sobornos encaminados a "predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el
resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva" (art. 286bis.4 CP).
3.1. Sujetos: La dificultad de precisar la autoría.
Nos encontramos con diferentes tipos de sujetos activos en la corrupción deportiva, los
cuales son muy dispares entre ellos y con capacidad de realización de la conducta típica,
la manipulación del resultado, de forma totalmente distinta. Para poder comprobar estas
diferencias solo hay que comparar el estatuto de un árbitro con el de un entrenador, o el
del practicante de un deporte de equipo con el del de un deporte individual, todos ellos
por muy diferentes que sean son posibles sujetos del delito por el hecho de que sus
13
conductas tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y
fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competiciones deportivas
profesionales (Anarte Borallo y Cándido Romero 2012, 1-21). Podemos hacer
distinción entre dos tipos de sujetos:
Por un lado tenemos a los sujetos genéricos de la corrupción activa entre particulares
pero aplicados al ámbito deportivo, que son directivos, administradores, empleados o
colaboradores de una entidad deportiva que son aquellos que sobornan (o sea, os que
prometen, ofrecen o conceden el beneficio o la ventaja no justificados). Por otro lado
nos encontramos con los sujetos activos de la corrupción pasiva entre particulares, que
son deportistas, árbitros o jueces que son los llamados sujetos específicos del tipo de
fraude deportivo, que son éstos los sobornados (o sea os que recibe, solicitan o aceptan
el beneficio o la ventaja no justificados y los que están en condiciones fácticas de alterar
fraudulentamente el resultado de una competición) (Martínez-Buján 2013, 391-392). Y
por último podemos mencionar un tercer grupo, que son los terceros que no son
propios del articulo pero merecen que los mencionemos ya que alguna de sus conductas
pueden incidir en el ámbito que intenta proteger el art. 286bis.4 CP.
3.1.1. Sujetos genéricos: Directivos, administradores, empleados o colaboradores.
"Los directivos son los integrantes de la cúpula deportiva, determinados conforme a las
reglas generales de distribución de competencias que rigen una entidad o particulares
que ésta haya establecido"(Anarte Borrallo y Romero Sánchez 2012,17).
La figura del administrador fue introducida, a iniciativa del Consejo General del Poder
Judicial11, ya que consideró que la persona del administrador no es ni directivo ni
empleado, ni colaborador y por ello necesitaba una mención expresa en el art. 286bis.4
CP. Sólo había sido mencionado por el último de los textos gubernamentales que
precedieron a la Reforma del 2010 (la Decisión Marco no los mencionaba). Esta
reforma no concuerda con la contemplada en otros preceptos penales anteriores, los
11 El Consejo General del Poder Judicial critica el anteproyecto de 14 de Noviembre 2008 que modifica la Ley Orgánica 9/1995 del 23 de Noviembre del Código Penal: "En nuestro sistema jurídico mercantil y laboral, sin embargo, el concepto de directivo no incluye a los administradores, por lo que la transposición de la directiva requiere la del propio concepto de directivo, o bien, la inclusión expresa en el tipo de los administrativos, de hecho o de derecho, ya que éstos no son directivos, ni empleados, ni colaboradores en nuestro derecho".
14
cuales aluden junto a los administradores de derecho también a los administradores de
hecho. "En consecuencia, estos últimos, los administradores de hecho, quedarían fuera
del tipo, por más que tal exclusión pueda resultar indeseable desde el punto de vista
político-criminal"(Anarte Borrallo y Romero Sánchez 2012,17).
Por lo demás, la mención de los administradores suele realizarse junto a los directivos,
debido a que aparecen así en la regulación deportiva (art. 74.2 b y d, y 76.3 de la Ley
del Deporte y los art. 6.2.b, d del Real Decreto 159171992, de 23 de diciembre sobre de
Disciplina Deportiva (en adelante Reglamento de Disciplina Deportiva).
En cuanto a los empleados, "se incluyen en esta clase quienes no pertenecen a las
categorías restantes. Son aquellos que trabajan por cuenta ajena en la entidad deportiva.
Por ejemplo los integrantes del cuerpo técnico, encabezados por el entrenador, y los
miembros de los servicios médicos y terapéuticos"(Anarte Borrallo y Romero Sánchez
2012,17).
La figura más compleja es la de los colaboradores. Esto ocurre debido a que no
podemos ayudarnos de la legislación deportiva extra-penal, ya que es un término inédito
tanto en la Ley del Deporte como en la normativa deportiva. Parece que el legislador
creó esta figura para reunir al resto de personas sobre las que no concurren las
características de los sujetos de otras categorías. Estos sujetos se dedican más o menos
a las prestaciones de servicios con la entidad deportiva, como por ejemplo los
responsables de las clínicas frecuentadas por los deportistas.
Las figuras de administrador, directivo, empleados y colaboradores tienen la
característica específica de ser miembros de una entidad deportiva, y no de cualquier
empresa mercantil, sociedad, asociación, fundación u organización, diferenciándose de
este manera del resto de casos del art. 286bis.4.CP. La expresión entidad deportiva es
sinónima a la de asociación deportiva, que es la empleada por el art. 12 de la Ley del
Deporte para referirse a las siguientes instituciones: clubs, agrupaciones deportivas,
entes de promoción deportiva de ámbito estatal, ligas profesiones y federaciones
deportivas españolas; sus delimitaciones se establecen en los restantes preceptos del
Título III de esta ley (Gili Pascual 2012, 61).
En cuanto a las fundaciones deportivas, deben considerarse dentro de las entidades
deportivas, tanto si tienen fines lucrativos, como si no, de ahí que se introduzca en el
15
artículo cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, evitando que las fundaciones
queden fuera de las posibles realizadoras de estas conductas fraudulentas.
3.1.2. Sujetos específicos.
Los deportistas, árbitros o jueces son los sujetos específicos de la corrupción deportiva,
que hacen que se diferencien del fraude entre particulares básico.
En primer lugar tenemos a los deportistas, cuyo concepto debe limitarse. El concepto de
deportista es bastante amplio, cuyos límites no están claramente determinados, llegando
a confundirse con cualquier persona que practique deporte.
Se incluyen en el concepto de deportista en primer lugar a las personas que han hecho
del deporte su medio de vida profesional, se encuentran federados y se dedican a
competir, es decir, los deportistas de alta competición o alto rendimiento. Y en segundo
lugar aquellas personas que practican deporte porque han optado por una vida sana y
piensan que realizando ejercicio pueden tener una calidad de vida mejor y que, sin estar
federados, practiquen deporte recreacional.
En cuanto a los entrenadores y técnicos del equipo también tienen cabida en la
definición de deportista, además de por la vía de empleado. A mi parecer creo que falta
una mención expresa a los entrenadores y técnicos en este artículo ya que estos suelen
tener una gran influencia sobre su deportista, en cuanto forma de comportarse, jugar,
estrategias, etc. Además, en la legislación deportiva administrativa, aparecen como
sujetos bien diferenciados y expresados de forma individual deportistas, técnicos y
directivos el art. 74.2.c de la Ley Deporte (Castro Moreno 2010, 333).
En segundo lugar nos encontramos con los árbitros y jueces, sujetos que van siempre
de la mano tanto en la Ley del Deporte, como en el Reglamento de Disciplina
Deportiva. Aunque se refieran a una misma figura con distinto nombre, lo que les
determina es su función, la cual consiste en velar por un correcto cumplimiento de las
reglas de la competición o de juego, ejerciendo su potestad sobre los deportistas en el
desarrollo de los encuentros y pruebas, con sujeción a las reglas establecidas en las
disciplinas deportivas de cada modalidad deportiva (Castro Moreno 2010, 334). Así lo
estipula el art. 47.2 de la Ley del Deporte. Técnicamente el art. 286bis.4 CP no es una
16
ley penal en blanco, pero estos sujetos activos (elementos normativos del tipo) no
pueden comprenderse sin estas leyes extrapenales. A efectos prácticos nos encontramos
con una ley penal en blanco (Corcoy Bidasolo y Mir Puig 2011, 61). La ley penal en
blanco es aquella cuyo supuesto de hecho se configura por remisión a una norma de
carácter no penal. "Es una técnica de descripción del supuesto de hecho de la norma
penal cuando la conducta del sujeto activo, como en este caso, constituye el supuesto de
hecho de la norma penal en blanco está estrechamente relacionada con otras ramas del
ordenamiento jurídico de finalidades y alcances diferentes da los de la norma penal"
(Muñoz Conde 2010, 38). En este caso la Ley del Deporte y el Reglamento de
Disciplina Deportiva que acabamos de mencionar son esas leyes extrapenales que dan
contenido al art. 286bis4 CP.
3.1.3. Terceros.
Dentro de los sujetos responsables, no podemos dejar de hablar de las terceras personas
que no están expresadas como sujetos pero que podrían realizar alguna de las conductas
típicas del art. 286bis.4 CP. Podríamos pensar que el legislador introdujo a los
colaboradores (de un club deportivo) pensando en ampliar el número de sujetos
responsables, evitando así una laguna legal. Pero el término de colaborador queda
limitado únicamente a aquellas personas que no siendo empleados del ente deportivo,
guardan una relación de prestación de servicios que no necesariamente debe ser habitual
(Castro Moreno 2013, 777).
Por tanto ¿es impune la posición de aquellos sujetos que no guardan ninguna relación
con el ámbito deportivo, pero que pueden por algún medio influenciar o alterar un
resultado de un partido o una competición, objeto que se pretende proteger con este art.
286bis.4 CP? Podríamos estar ante un caso de laguna penal. Por ejemplo en el caso de
un tercero que es forofo de un equipo realiza un soborno a un jugador, nos encontramos
ante un sujeto que no está recogido en el precepto. Bien es cierto que realiza una acción
que está recogida en el art. 286bis.4 CP pero no está relacionado con el equipo, ni con
ninguno otro, es ajeno al ámbito deportivo. Por lo que esta persona quedaría fuera como
sujeto responsable del delito de fraude deportivo del art. 286bis.4 CP.
Lo mismo sucede si el soborno lo realiza un socio; en esta ocasión, éste quedaría
igualmente fuera del delito por ser un tercero ajeno al ámbito por no ser mencionado
expresamente en el artículo, pero sería castigado por el propio club, al tener potestad
17
sancionadora sobre sus socios y demás sujetos que se recogen en el art. 6.2.b.del
Reglamento de Disciplina Deportiva, sobre sus socios o asociados, deportistas o
técnicos y directivos o administradores. Pero ya estaríamos utilizando una vía diferente
a la vía penal.
Las acciones realizadas por terceros con el fin de alterar los resultados de las pruebas
deportivas, no es tan peligroso que si se realiza esa alteración desde dentro de la
organización o del ámbito deportivo. Estos terceros no están infringiendo el deber de
lealtad competitiva, que sí que tienen los sujetos del art. 286bis.4 CP, porque no
pertenecen a este ámbito al carecer de vinculación con el deporte, no es su deber
proteger la lealtad competitiva. Así que podemos vincular estas acciones con el delito
común de corrupción de particulares art. 286bis.1 CP con el fin de que no queden
impunes estas conductas, Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o
conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa
mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o
ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero
frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o
en la contratación de servicios profesionales, será castigado con la pena de prisión de
seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o
comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del
beneficio o ventaja.
Castro Moreno (2013, 777-778) hace distinción entre las acciones realizadas por los
llamados "extranei" que serían estas terceras personas cuyas actuaciones quedarían
impunes y por otro lado los llamados "intranei" que son terceros ajenos a la relación de
sujetos recogidos por el precepto pero que pueden ser partícipes en el delito, en virtud
del principio de accesoriedad de la participación. Por ejemplo, cuando un directivo del
club se sirva de estos terceros "intranei" para intermediar con las personas a las que se
va a sobornar, o cuando un deportista es sobornado por su representante. Estamos ante
casos en que el tercero es intermediario, salvo supuesto de error que excluya de toda
responsabilidad penal (art.14.1 CP), responderá del delito de fraude o corrupción
deportiva en calidad de cooperador necesario, con la posible atenuación punitiva en un
grado que contempla el art. 65.3 CP para los partícipes "extranei".
18
Por otra parte, debemos hacer un inciso sobre la persona del representante o agente de
deportistas, quien está estrechamente relacionada con los sujetos del art. 286bis.4 CP
pero que no deja de ser un tercero "extranei", y aunque sepamos que es un profesional
que actúa activamente en el ámbito deportivo prestando sus servicios, su conducta
queda fuera del ámbito del delito Por ejemplo, el representante que soborna a un árbitro
para que favorezca al deportista al que representa, para que se revalorice en el mercado
deportivo, o pueda ficharle otro equipo más importante. En este caso en primer lugar el
deportista queda impune por el posible desconocimiento que éste puede tener de las
actuaciones realizadas entre su representante y el árbitro, y en segundo lugar el
representante queda impune como partícipe por no ser el beneficiario de la acción, ya
que sería el deportista.
Por tanto podemos imaginar una serie de casos bastante peligrosos para el bien jurídico
protegido y que pueden estar fuera del ámbito penal, quedando los sujetos que realizan
la acción delictiva sin respuesta penal.
3.2. Acciones: los contextos de riesgo (doping y apuestas)
La conducta típica del delito de corrupción deportiva que se trata de evitar, abarca
aquellos comportamientos que pretenden "predeterminar o alterar de manera deliberada
y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva
profesional" (art. 286bis.4 CP) por medio de "recibir", "solicite" o "acepte" (art.
286bis.1 CP corrupción activa) o "prometa", "ofrezca" o "conceda" (art. 286bis.2 CP
corrupción pasiva) beneficios o ventajas de cualquier naturaleza no justificados,
incumpliendo sus obligaciones.
Para que la adulteración deliberada y fraudulenta de un encuentro, prueba o competición
deportiva pueda ser relevante penalmente, es necesario que la prueba, competición o
encuentro sean profesionales. Deben ser profesionales porque lo que se intenta proteger
tipificando la corrupción entre particulares es el tráfico económico de mercado, aunque
en el ámbito deportivo hay valores propios de la práctica deportiva, que dan contenido
al deporte como la lealtad deportiva la cual puede verse lesionada tanto en
competiciones profesionales, como no profesionales, e incluso pueden provocar más
19
daños o de mayor importancia a los clubes inferiores, que a los de divisiones superiores,
y no solo perjuicios económicos (Martínez-Buján 2013,394).
La lealtad deportiva, se verá igualmente afectada tanto en el deporte profesional como
en el no profesional, aunque es razonable que solo se intervenga en el ámbito
profesional, por no ir en contra del principio de lesividad, de última ratio o intervención
mínima del Código Penal. Pero al restringir el ámbito profesional deportivo, quedan
fuera competiciones con trascendencia deportiva, social y económica que no son
profesionales como por ejemplo las categorías inferiores de fútbol. Por lo que supondría
que todas las adulteraciones o manipulaciones que puedan producirse durante su
celebración, quedarían fuera del delito de corrupción deportiva. Por esta misma razón el
Proyecto de Reforma de modificación de la LO 5/1995 (en curso) ha eliminado la
palabra "profesionales", introduciendo que la característica que debe darse para que se
aplique el art. 286bis.4 CP sean aquellas pruebas encuentros o competiciones deportivas
de especial relevancia económica o deportiva y así evitar que aquellas pruebas o
competiciones no profesionales queden fuera del ámbito del artículo. Se considerará
competición deportiva de especial relevancia económica, aquella en la que la mayor
parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución,
compensación ingreso económico por su participación en la actividad; y competición
de relevancia especial deportiva, la que sea calificada en el calendario deportivo anual
aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la
máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate (art.
286bis.4 CP del Proyecto de Reforma de la LO 5/1995).
Al intentar interpretar este artículo podemos ver que es posible plantearse dos tipos de
interpretaciones. La interpretación de la no dualidad o unilateralidad y la interpretación
de la dualidad (Castro Moreno 2010, 335).
La interpretación de la dualidad consiste en que para que la conducta sea punible, debe
darse una dualidad personal, en tanto que una parte ofrece o entrega una dádiva y otra
solicita, acepta o recibe, aunque la otra contraparte no acepte. Debe existir siempre esa
contraparte a la que proponer o de la que aceptar (Martínez-Buján 2013, 393).
La interpretación unilateral del precepto contendría los casos al parecer más peligrosos
en los que un sujeto realiza por sí mismo el fraude deportivo sin buscar a otro sujeto
para que sea beneficiado, o reciba la dadiva, o el que la ofrece. Pero tal y como está
20
redactado parece ser necesaria la dualidad de sujetos, el precepto no contempla aquellos
casos en que los deportistas, árbitros ni quienes participan en el desarrollo del juego,
hagan apuestas sobre el partido en el que intervienen y que pueden llegar a alterar
realmente el resultado. El sujeto realiza el fraude consigo mismo sin implicar, ni
intentarlo, a otros sujetos mencionados en el artículo (Castro Moreno, 2010).
Debemos tener en cuenta también que las mismas acciones serán diferentes en gravedad
o peligrosidad según el sujeto que las realice. El árbitro tiene en su mano el resultado
del partido, puede anular goles a su antojo, considerar que la acción de un jugador es
motivo de expulsión… a diferencia de las acciones que puede realizar un directivo, este
podrá dar dádivas a jugadores clave, pero son los jugadores quien tienen en realidad el
poder de cambiar el resultado, jugando mejor o peor.
Tengamos en cuenta entonces que los deportistas y árbitros, para que sus acciones sean
delito según este art. 286bis.4 CP, deben ser sujetos de esa dualidad de la que veníamos
hablando y además han de tener la finalidad de predeterminar o alterar de manera
deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva
profesionales.
El deporte profesional se ve salpicado por varias prácticas oscuras como el amaño de
partidos, apuestas deportivas, dopaje. Existen en la actualidad redes de delincuencia
organizada cuyo último fin es el de blanquear dinero y el de obtener jugosas ganancias.
Probablemente este tipo de actividades esté más extendido de lo que se cree. Sobre todo
se han visto incrementadas con la aparición de las apuestas deportivas en la red.
En los casos de los amaños de partidos, todos los protagonistas, jugadores, árbitros,
funcionarios, clubes, asociaciones etc., están en el punto de mira de quienes desean
decidir resultados que les favorezcan en las apuestas, como son las bandas organizadas.
Todos y cada uno de ellos pueden ser agentes intervinientes a la hora de alterar un
resultado con fines delictivos, pudiendo colaborar bien de manera activa o pasiva en la
comisión de actos que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada
y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva
profesionales.
21
La primera práctica son los amaños y sobornos, compra-venta de partidos o compra de
jugadores cuyo fin es la derrota en determinados partidos claves para conseguir los
objetivos del que paga12. Queda claro que estaríamos dentro del hecho delictivo
tipificado por el art. 286bis.4 CP, competir para perder carece per se dé sentido, y
cuando la derrota viene provocada por un beneficio económico nos encontramos ante un
delito.
¿Pero qué ocurre cuando la finalidad del pago es conseguir ganar ese partido? Estamos
ante otra forma de alterar el resultado que son las famosas "Primas a Terceros". Pero,
¿por qué ha existido y existe total tolerancia con las prácticas de estímulo para ganar
partidos?13.
Existen varios argumentos pero en realidad hasta la fecha ni siquiera la disciplina
deportiva ha sancionado estas conductas de incentivo económico en pro de la victoria.
En cualquier caso, difícilmente podrá considerarse delito el ofrecimiento de primas por
ganar partidos, ya que lo que ocurre en estos casos puede interpretarse como un
reforzamiento a la actitud natural de los deportistas de querer ganar y de poner todo de
su parte por conseguirlo, pudiendo estar considerado que dichos valores deportivos se
encuentran doblemente protegidos.
La realidad frente a la que nos encontramos es que, en teoría, y con el Código Penal en
la mano, esas conductas pueden ser sancionadas; tanto los amaños de partidos, como las
primas por ganar o por dejarse ganar y también otras conductas análogas que pueden
suponer una alteración fraudulenta de la competición y que en el fútbol, por ejemplo,
suelen registrarse al final de cada temporada. Pero en la práctica la realidad es que no
todas estas conductas son perseguidas con igual contundencia.
Pero si el fin de la prima es que ganen ese partido como puede relacionarse con el art.
286bis.4 CP ¿cómo podemos castigar el premiar por ganar un partido? ¿No es lo que
12 Ejemplo en la Liga Italiana donde están implicados hasta 22 clubes y cerca de 52 futbolistas, dedicada a la compra venta de partidos con la consiguiente manipulación de las apuestas, sobre todo las apuestas on-line y sus correspondientes beneficios económicos.
13 Laura Barrena Crespo 24 de Diciembre de 2013 "El delito de corrupción deportiva. el Art 286.bis CP" (Disponible en http://sportseguridad.es/es/blog/el-delito-de-corrupci%C3%B3n-deportiva-art-286-bis-cp Revisado en enero 2015)
22
tienen que hacer los deportistas? ¿Ganar? Es su "deber". Una sentencia del Tribunal de
Arbitraje Deportivo (TAS) que da la razón a la UEFA tras el recurso del club turco
Eskişehirspor, al que expulsó de la Liga Europa por un caso de amaños en su liga, sirve
para confirmar que las primas a terceros por ganar tampoco se permiten en Europa14. La
sentencia recoge que las primar a terceros por ganar atenta contra la integridad y la
limpieza de la competición. Entre otras razones, además de las éticas, porque los clubes
que más dinero manejan, más posibilidades tienen de incentivar a los rivales. En España
hay una gran controversia con este asunto, ya que tanto el art. 286bis.CP como el art. 82
del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol parece que tal y
como están redactados, consideran ilegales las primas a terceros por ganar. Aunque en
la práctica no se castiga y por ello hay quien considera que esta práctica no es ilegal. A
mi parecer sí que se encuentran subsumidas por el tipo penal especial y me apoyo en
los argumentos dados por Javier Rodríguez Ten 15:
En primer lugar, cuando se incentiva a un tercer equipo que no se juega nada relevante
para obtener la victoria frente a otro, se coloca en una posición de desventaja a otros
equipos a quienes el resultado les afecta porque obviamente, no habrían tenido la
ocasión de hacer lo propio, incentivar a los equipos cuyo resultado favorable les
beneficiaría.
En segundo lugar, se indica que el rendimiento de los jugadores que disputan un partido
en el que no se juegan nada relevante debería ser exclusivamente el resultado de su
estado de forma y motivación autónoma.
En tercer lugar, porque si se toleraran las primas por ganar se generaría una práctica de
incentivación que afectaría negativamente el espíritu deportivo.
Y en cuarto lugar, la tolerancia provocaría casi con seguridad que los equipos que no
recibieran primas se sintieran menospreciados y realizarían actuaciones desidiosas e
14 "Una sentencia del TAS aclara que las primas a terceros por ganar también son ilegales" (Publicado el 11/10/2014. Revisado en enero 2015. Disponible en http://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2014-10-11/una-sentencia-del-tas-aclara-que-las-primas-a-terceros-por-ganar-tambien-son-ilegales_233504/) 15 Javier Rodríguez Ten escribe en: http://www.iusport.es/php2/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Itemid=33 (Revisado en febrero 2015).
23
indolentes en sus partidos, con el objetivo de fomentar la incentivación económica en
jornadas o temporadas sucesivas.
Pero si relacionamos las apuestas deportivas con las primas a terceros, podemos ver que
estas pueden ser un punto importante a tener en cuenta porque quien realiza la prima es
el único junto con el que la recibe que sabe que ese partido van a ir a ganar aunque todo
pronóstico es que lo pierdan o vayan a un ritmo moderado porque no se juegan nada,
como puede ser el último partido de liga en el que un equipo ya es campeón, y el equipo
contrario depende del resultado de ese partido para el descenso. En este caso los
apostantes creen que el equipo ya campeón dejará ganar o que bajará su ritmo de juego,
poniéndoselo más "fácil" pero si se le está incentivando con una sustanciosa prima para
que gane, los apostantes, "juegan" con desventaja, desconocen este dato, no están todos
los apostantes al mismo nivel de conocimiento de juego, se les esconde información:
Habría una alteración deliberada del resultado porque habría una alteración de las
condiciones esperadas por cualquier espectador.
En los casos de las apuestas deportivas debemos tener en mente la interpretación de la
dualidad. Nos podemos encontrar con el caso en el que es el mismo deportista o arbitro
que apuesta a un resultado determinado de un partido en el que el mismo participará, y
en el que no estaremos dentro del delito de fraude ya que falta la dualidad de
intervinientes exigida por el art. 286bis.4 CP.
Y por otro lado tendríamos los casos en el que el deportista o el árbitro sean sobornados
por un tercero apostador16 que es quien apuesta y obtendrá el beneficio, que además
16 Ejemplo de actualidad de sanción por amaño de partido lo encontramos en el caso de Guillermo Olaso, tenista profesional sancionado por la Unidad Integral del Tenis, organismo encargado de velar por la limpieza en el tenis, que le acusa de arreglar el resultado del partido de primera ronda del Challenger de Astana de 2010, en Kazajistán, contra Daniel Braun. Perdió 6-3 y 6-3 frente al jugador local, adversario sin ranking, en el primer encuentro del curso. La sanción impuesta es de 25.000 dólares y cinco temporadas fuera de las pistas. Guillermo lo niega, pero reconoce haber sido contactado por una organización rusa dedicada a cometer fraude en las apuestas deportivas, negando sin embargo haber aceptado el ofrecimiento. Los Challenger, que son los torneos de escalón más bajo del circuito profesional, en los que los tenistas ganan unos pocos cientos de euros a la semana, les convierte en objetivos de los muñidores de resultados. De hecho, actualmente Federbet, la asociación de operadores de apuestas contra el fraude en el deporte, investiga tres partidos Challengers de noviembre con un flujo anormal de dinero. El problema está en todos aquellos casos en los que quedan fuera de la regulación penal del artículo. Además, como bien dijo Wainwright, "la compraventa de partidos es un problema de gran envergadura y muy extendido. La sociedad, desde las casas de apuestas a los clubes, deben afrontarlo, porque no se arregla solo con las fuerzas policiales" (citado en http://deportes.elpais.com/deportes/2013/02/04/actualidad/1359974331_951597.html. Revisado en enero 2015).
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suele tratarse de grupos de mafias organizados para las apuestas de internet. En este
caso sí que existe dicha dualidad que se requiere para poder aplicar el delito. Sucede
que, como ya habíamos hablado antes, nos encontramos con el tercero corruptor quien
no es ni administrador, ni directivo, ni deportista de una entidad deportiva ni árbitro o
juez deportivo, por lo que no puede ser considerado como autor del delito de corrupción
deportiva activa, sino como participe por inducción del art. 28.a) CP del delito de
corrupción deportiva pasiva, del que sería autor el deportista o árbitro sobornado. El
árbitro o el deportista reciben la dádiva de una cuarta persona que es el apostante ajeno
al deporte, que sólo indirectamente es el sujeto favorecido.
Los amaños en las apuestas deportivas en los que intervienen las mafias17 o grupos
organizados son casos de corrupción privada debido a la potencial criminalidad que
17 Las mafias de apuestas deportivas intervienen en este ámbito ya que es muy lucrativo y supone poco riesgo con penas mínimas. El 85% de las quince mil casas de apuestas son ilegales, y por tanto podemos afirmar que el deporte está en peligro, amenazados por igual todos los deportes, pero sobretodo el fútbol; el 50% de las apuestas mundiales son apuestas de fútbol. Las apuestas en un principio se crearon como un medio para financiar a los clubes, federaciones y las competiciones, pero ha acabado siendo una bomba de relojería a punto de explotar, ya que han pasado a desarrollarse bajo una carencia absoluta de regulación, cuyo volumen económico es cada vez mayor y que son organizadas y explotadas por organizaciones ilegales sin licencia de otros países y de difícil localización. Además de la inexistencia de protección de los usuarios, no garantizando los pagos, ni protección jurídica de los menores y jóvenes, no se garantiza la protección de datos, no existe tributación de las operaciones económicas realizadas... se está utilizando y apropiando para fines privados estos fenómenos deportivos, de ahí la frase de "el deporte ha acabado siendo la victima de su propio éxito"
Todo el sistema de apuestas es muy complicado. Las apuestas pueden realizarse desde cualquier parte del mundo en cualquier momento, y se apuesta sobre cualquier ámbito o situación que pueda darse durante la prueba, partido o competición, no sólo sobre el resultado final, sino por ejemplo, la expulsión de un jugador, el número de goles, tiros desde córner, e incluso sobre el número de tarjetas rojas que se van a sacar sobre un jugador (apostar sobre las tarjetas rojas, está prohibido únicamente en Bélgica y Holanda)
Las apuestas on-line supone la puesta en marcha de los flujos financieros en miles de sitios web solo en los 90 minutos que dura un partido de fútbol o las 3 horas de un partido de tenis. Esto hace que sea muy difícil captar y controlar todos estos movimientos de dinero. Para ello se creó en el 2009 la empresa Sport Radar que se dedica a controlar los partidos de la UEFA, en la que formar parte los mejores hackers y detectives especializados en este ámbito. Las empresas de apuestas de las mafias ilegales han captado a informáticos a sus filas, capaces de crear un sistema muy complejo con algoritmos y fórmulas matemáticas difíciles de desmantelar.
Documental muy interesante sobre el resultado de una investigación internacional sobre. la corrupción y las apuestas deportivas on-line, en las que están involucradas las mafias criminales de todo el mundo, que pone en peligro las reglas y el espíritu del deporte "Apuestas deportivas mafias y corrupción" 2012. (Revisado en Febrero 2015. Disponible en http://miradocumentales.com/5757/apuestas-deportivas-mafia-y-corrupcion)
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supone la pluralidad de implicados en el fraude y por el carácter de organizado,
llamadas también "mafias de apuestas"18.
Además, en la actualidad aparecen con frecuencia noticias sobre el dopaje19. Deportistas
a los que se les está investigando o han sido investigados porque ha habido sospechas de
que han ingerido sustancias prohibidas o usado métodos para facilitar y potenciar su
capacidad física, durante una competición, para así conseguir alzarse con la victoria y el
correspondiente premio económico.
"¿Cómo es posible que se sigan dando casos en España si es uno de los tres países con
dos laboratorios especializados en control de doping?". Esta pregunta lanzaba Albert
Soler, Director General del Consejo Superior de Deportes, en el año 2010, pregunta que
se debería seguir haciendo, porque aun habiendo mejorado el control en los últimos
años y reformado el Código Penal en 2010, se han seguido dando casos de dopaje20.
18 La policía europea, la Europol, se ha visto obligada a involucrarse en este asunto para destapar una red corrupta de apuestas futbolísticas que estaba coordinada desde Singapur. Investigación que fue llevada a cabo por 13 países sobre 380 partidos disputados entre el 2009 y 2011 de los cuales al menos 150 partidos fueron amañados en 15 países entre ellos, Austria, Eslovenia, Hungría, Croacia, Holanda, Gran Bretaña, Turquía y Alemania (Partidos de la Copa de Mundo, de la Liga de Campeones y de varias Ligas nacionales) Se realizaron sobornos hasta 425 personas a 100.000 euros cada soborno.
En España se contabilizaron 250 millones de euros en el 2012, según los informes de la Universidad Complutense de Madrid. Javier Tebas, actualmente Presidente de la Liga de Futbol Profesional, denunció que en España se amañaban resultados18 "hay una verdad real y una verdad jurídica. La verdad real: uno es consciente de que se compran partidos. La verdad jurídica es que hay que demostrarlo para poder sancionar". Estamos hablando de cantidades astronómicas de dinero, en el que están relacionadas numerosas personas, es muy difícil conseguir pruebas de que se están practicando este tipo acciones con el fin de conseguir beneficios y que además nos encontremos en esos casos en los que el art. 286bis.4 CP es capaz de imponer una pena aquellos que lo hagan."El futbol amañado en todo el mundo" Periódico on-line. El País deportes. (Disponible en http://deportes.elpais.com/deportes/2013/02/04/actualidad/1359974331_951597.html Publicado el 4 de Febrero de 2013. Revisado enero 2015) 19 En España se han dado numerosos casos, como el Caso Contador, o el Caso Puerto en el 2006 en el que estuvieron involucrados muchos ciclistas españoles o la famosa Operación Galgo en la que estuvo involucrada la atleta Marta Domínguez. En marzo 2014 se llevó a cabo la Operación Jimbo, en la que se encontraron a varios atletas con bolsas de sangre, jeringuillas con hormonas de crecimiento, EPO y otras sustancias. 20 Albert Soler Director General de CSD "España es uno de los tres países con dos laboratorios especializados, junto con Alemania y EEUU. Los controles positivos fueron el 1.2% solo sensiblemente superiores a la media que registra la Agencia Mundial Antidopaje 1.1%"
26
El concepto de dopaje recogido en el art.1 del Código Mundial Antidopaje lo define
como "una o varias infracciones de las normas antidopaje, según lo dispuesto desde el
art. 2.1 al art. 2.8 del Código Antidopaje" 21. Conductas prohibidas que consisten en:
-Presencia de sustancias prohibidas o sus metabólicos o marcadores en el cuerpo del
atleta.
-Uso o tentativa de uso de una sustancia o métodos prohibidos.
- Rehusar o faltar sin justificación suficiente a la toma aleatoria de muestras tras la
pertinente notificación o eludir la tomad e muestras aleatorias de cualquier modo.
-Vulneración de los requerimientos aplicables relativos a la disponibilidad del atleta
para pruebas fuera de competición.
-Hacer trampas o intentarlo en cualquier parte del control antidopaje.
-Posesión de sustancias y métodos prohibidos.
-Tráfico de cualquier sustancia o métodos prohibidos.
-Administración o intento de administración de una sustancia o método prohibidos a
cualquier atleta.
(Sánchez Bernal 2012 121-156).
¿Hay margen interpretativo para subsumir el dopaje en el art. 286bis.4 CP? Por una
parte entiendo que el deportista que opta por la vía del doping, está eligiendo alterar el
resultado de una prueba o competición con el fin de superar su marca, alcanzar un mejor
rendimiento que sin la ayuda de sustancias no alcanzaría. Y el art. 286bis.4 CP protege
el bien jurídico socio económico, intentando evitar que se produzca estas alteraciones
fraudulentas. Por lo tanto interpretándolo de ésta manera, sí que estaría subsumido el
dopaje dentro del art 286bis.4 CP.
Por otro lado se ha pretendido unir el art. 361bis CP que protege la salud pública del
deportista con el art. 286bis.4 CP. Ya que la Ley Orgánica 3/2013 de 20 de Junio de
protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva
21 Código Mundial Antidopaje 2015, versión en castellano. (Revisión enero 2015. Disponible en https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/2015-cmad-final-esp.pdf )
27
(en adelante Ley Antidopaje) quiere proteger el bien jurídico de la salud pública del art.
361bis. CP22 y el resultado de la prueba del art. 286bis.4 CP.
La incorporación al Código Penal de estas conductas se hace con el fin de proteger unos
bienes jurídicos que son difíciles de determinar. El art. 361bis. CP pretende por una
parte proteger la salud del deportista, que puede ponerse en peligro por hacer uso
abusivo y sin controles de sustancias anabolizantes y hormonales con el fin de aumentar
sus capacidades físicas y modificar los resultados de las competiciones. Y el art.
286bis.4 CP pretende proteger el correcto desarrollo de las competiciones deportivas,
partidos, pruebas, que al ingerir estas sustancias los deportistas, consiguen mejorar su
rendimiento físico, aumentando las posibilidades de ganar frente a otros deportistas
participantes, que no las han ingerido. Al relacionarse ambos artículos el art. 361bis CP
y el art. 286bis.4 CP se estaría protegiendo dos bienes jurídicos distintos, y por tanto
podríamos apreciar un concurso ideal de delitos. El concurso ideal regulado en el art. 77
CP se da cuando en una sola acción comete varios tipos de delitos, en este caso la
acción de doparse infringe el art. 361bis CP y el art. 286bis.4 CP, aunque considero que
el art. 286bis.4 CP se da únicamente en este ámbito si el deportista hace uso de esas
sustancias prohibidas, es decir, un concurso ideal impropio o medial, que significa que
es necesario que se dé una de las infracciones para que se cometa la otra. El deportista
ingiere estas sustancias prohibidas con el fin de modificar un resultado, y el fin de
modificar el resultado de la prueba es la conducta castigada por el art. 286bis.4 CP
(Muñoz Conde 2010, 462).
22 El art. 361bis.CP dice"1. Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años.
2. Se impondrán las penas previstas en el apartado anterior en su mitad superior cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
• 1.ª Que la víctima sea menor de edad. • 2.ª Que se haya empleado engaño o intimidación.
3.ª Que el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad laboral o profesional"
28
El Consejo General de Deportes confeccionó una lista con las sustancias prohibidas que
fue publicada en el BOE mediante resolución de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes y es revisada anualmente23. Pero el problema de esta lista está en aquellas
sustancias que están prohibidas, pero que no son realmente nocivas o peligrosas para la
salud, al menos que se abuse de su ingesta. La ilicitud y su peligrosidad no van unidas,
la ilegitimidad va asociada con el fraude que se puede cometer con su ingesta, pues su
finalidad como ya hemos dicho es conseguir un mayor rendimiento y condicionamiento
físico en las competiciones, favoreciendo en su resultado contra otros participantes.
En ocasiones no se puede constatar el peligro de estas sustancias como las transfusiones
de sangre, las cuales mejoran el rendimiento físico por el incremento de hematíes, que
aumentan el rendimiento físico de un sujeto, sin causar perjuicio a su salud salvo que
esa sangre estuviese infectada con enfermedades como sida, hepatitis. Entonces son en
estos casos en los que se nos plantea una duda en la doctrina. ¿Estaríamos ante un delito
de corrupción deportiva en aquellos supuestos de dopaje que alteran un resultado
deportivo, pero su consumo no constituye delito contra la salud pública? Dependiendo
de la interpretación que se quiera dar, sí que estaríamos ante un delito de fraude
deportivo del art. 286bis.4 CP por alterar el resultado aunque no afecte la ingesta o
transfusión de sustancias a la salud del deportista, ya que se estaría alterando una
condición esencial de la competición.
Pero debemos traer aquí lo que hemos hablado antes sobre la interpretación de dualidad
en la que se exige que haya dos sujetos involucrados para que se dé el tipo especial de
este art. 286bis.4 CP Es necesario que haya una persona que ofrece una recompensa y 23 La aprobación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, cuyo título VIII regula el Control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte y seguridad de la práctica deportiva, supone un punto de referencia inexcusable en esta materia, como sucede con muchas otras de nuestro actual sistema de deportes. De hecho, dio un impulso y una nueva orientación mucho más resuelta a la lucha contra el dopaje en el deporte, que empezó a disponer, progresivamente, de medios materiales y humanos, recursos presupuestarios, infraestructuras, procedimientos y normas de las que hasta entonces había carecido.
La aplicación de la nueva ley supuso también la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional Antidopaje, que ha desempeñado desde entonces un papel central en el desarrollo de iniciativas contra el dopaje y en velar por la correcta aplicación de la normativa vigente. A lo largo de la década pasada, sucesivas normas, con rango de orden ministerial o de reales decretos, fueron regulando aspectos tan delicados y complejos como la realización de controles con garantías, las condiciones generales para la homologación y funcionamiento de laboratorios públicos y privados, el régimen de infracciones y sanciones, junto con la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y de métodos no reglamentarios de dopaje en el deporte, que es actualizada anualmente mediante una resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) y publicada anualmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). (Revisado en Febrero de 2015. Disponible en http://www.csd.gob.es/csd/salud/lucha-contra-el-dopaje/control-de-dopaje/2Dopaje/05PlanAntidop)
29
otra que la acepte a cambio de alterar el resultado de una prueba deportiva, pero en los
casos de dopaje es el propio deportista quien por sí mismo toma la decisión de ingerir
estas sustancias prohibidas con el fin de conseguir mejorar un resultado. Por lo que
estaríamos en un caso como el de las apuestas on line en los que no existe esa dualidad
y se encuentra fuera de los supuestos del art. 286bis.4 CP por no cumplir este requisito,
por lo que desmontaría por completo la justificación sobre la alteración del resultado
por la ingesta de sustancia, tanto si las consideramos peligrosas o no para la salud.
3.3. Elementos subjetivos: la finalidad de predeterminar de manera deliberada y
fraudulenta el resultado.
El art. 286bis.4 CP remite a las conductas recogidas en el resto de sus apartados,
acumulando los requisitos de los mismo; es decir, los sujetos del art. 286bis.4 CP como
son los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad
deportiva, si realizan algunas de las conductas de los apartados anteriores serán
recogidos en este apartado; Como aquellas conductas que "tengan por finalidad
predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una
competición deportiva" pero siempre y cuando "prometa, ofrezca o conceda para que le
favorezca a él o a un tercero frente a otros" (art. 286bis.1 CP, también conocida como
conducta de corrupción deportiva activa) y cuando "reciba, solicite o acepte" con el fin
de "favorecer a terceros a quien le otorga o del que espera el beneficio o ventaja" (art.
286bis.2.CP conocido como conducta de corrupción pasiva)
Por tanto, el art. 286bis.4 CP es el punto de unión entre el tipo general de la corrupción
privada y el tipo especial que se aplica en el ámbito deportivo.
La aplicación de las referencias subjetivas de los apartados 1 y 2 del art. 286bis CP en
el art. 286bis.4 CP, pueden dar casos en los que es posible "la imposibilidad de
incriminar como autor del delito al árbitro o al deportista que solicita una ventaja
patrimonial con el fin de favorecer a un tercero ajeno al destinatario de la solicitud,
alterando de manera deliberada el resultado de la competición" (Abraham Castro
2010,786-794). Por ejemplo un árbitro que solicita a un tercer equipo ajeno al partido,
que le pague una cantidad de dinero para amañar el resultado de la final de un partido.
En este ejemplo, no concurren los requisitos recogidos en el art. 286bis.2 CP, ya que
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solicitar una dádiva debería a su vez conllevar un beneficio de quien la otorga, y no
concurre porque el equipo que paga es ajeno al partido, el resultado tanto si pierde como
si gana le es indiferente. Y tampoco concurren los requisitos del art. 286bis.1 CP ya que
el que realmente va estar beneficiado es uno de los equipos que jueguen el partido, el
cual desconoce los movimientos de fraude realizados por el tercer equipo y el árbitro.
Por ello se cuestiona si las referencias subjetivas de los apartados 1 y 2 del art. 286bis
CP son también aplicables al apartado 4 en el ámbito del fraude deportivo. En caso de
que la respuesta fuese negativa, el árbitro del ejemplo podría quedar impune, pero como
bien explica Castro Moreno (2010, 786-789) la impunidad realmente no se produciría
ya que se puede optar por otras vías legales.
Otro problema que nos plantea la dudosa interpretación del artículo es determinar qué
entendemos como efectos típicos de la finalidad de "predeterminar o alterar el resultado
de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales".
La predeterminación es la fijación del resultado con anterioridad a la celebración del
encuentro deportivo, y la alteración supone la modificación del resultado durante y
posteriormente a la competición. Tanto la predeterminación como la alteración son
puramente subjetivas, no supone que el sujeto llegue a tener incidencia en el resultado,
es decir, el delito existe tanto si el árbitro al que se le ha ofrecido una dádiva, llegue a
modificar el resultado, como si no, basta con que la conducta vaya dirigida a la
alteración del resultado (Martínez-Buján 2013, 394)
Esta característica es la que permite delimitar el delito de corrupción deportiva del
delito de estafa en el juego, ya que el art. 286bis.4 CP es un delito de mera actividad, es
anterior a la tentativa de engaño, es un acto preparatorio de la estafa. Manipular el
resultado de una competición siempre se ha considerado una forma de estafa del art. 767
del Código Penal de 8 de Julio de 1822 decía: El jugador que usando de trampas en el
juego, hubiere ganado malamente alguna cantidad sufrirá un arresto de quince días a
cuatro meses y pagará una multa de tres tanto de dicha cantidad, sin perjuicio de las
demás penas en que incurra si jugare juego o cantidad prohibida (Martínez-Buján
2013, 395).
Cabe entonces preguntarnos si el delito de fraude deportivo del art. 286bis.4 CP estaba
ya contemplado como un tipo de delito de estafa. La respuesta como dice Castro
31
Moreno (2013, 787-788) puede ser afirmativa cuando exista perjuicio patrimonial o
económico y no sólo deportivo para terceros a consecuencia de la alteración del
resultado de la competición o prueba deportiva. Ejemplo del árbitro que es sobornado
para que manipule el resultado otorgando la victoria a uno de los participantes para que
reciba el premio, nos encontramos ante un engaño para conseguir el beneficio del
premio perjudicando al contrario.
Y de la misma manera en el ámbito de las apuestas deportivas también hay engaño a la
organización de las mismas que deben abonar el premio en perjuicio de los terceros
apostantes. Hay que tener en cuenta la mera proposición para cometer estafa recogida en
el art. 269 CP en cuyo círculo entrarían muchos de los supuestos que tipifica el art.
286bis.4 CP como suyos. Estamos ante un concurso de normas ya que ambos artículos
protegen el mismo bien jurídico (Muñoz Conde 2010, 466-467). Este concurso de
normas, realmente es un problema de interpretación de la ley penal aplicable, más que
de una concurrencia de varias leyes que sean aparentemente aplicables. Se soluciona
esta concurrencia a través de los criterios interpretativos del art.8 CP, ya elaborados por
la doctrina y la jurisprudencia, quedando desplazadas las demás normas. Por tanto para
resolver el concurso de normas hay que tener en cuenta la especialidad del art. 286bis.4
CP, y que el delito de estafa está penalizado con penas más graves que las recogidas en
el delito de corrupción deportiva, por lo que resolveríamos con el art. 8 CP24. Por tanto
aplicaríamos, por su especificidad, el art. 286bis.4 CP en estos supuestos en que ambos
artículos podrían aplicarse.
24 Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas:
• 1. ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general. • 2. ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente
dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible. • 3. ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones
consumidas en aquél. • 4. ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que
castiguen el hecho con pena menor.
32
4. LA FUNCIÓN DEL ART. 286BIS.4 CP: ¿PREVENCIÓN SIMBÓLICA O
EFICACIA MATERIAL?
El art. 286bis.4 CP surge para evitar a través de la vía penal aquellas conductas que
tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el
resultado de una prueba encuentro o competición deportiva profesionales. Los amaños
de partidos son considerados una práctica indecente e inmoral, pero como tal hay
quienes piensan y comparto que no son todavía merecedoras de solucionar estas
conductas a través de la vía pena.
Una de las causas que lleva a esta dualidad de la doctrina es el problema de su
legitimidad por el cumplimiento de los principios limitadores del Código Penal, que
son: el principio proporcionalidad, última ratio, intervención mínima y fragmentariedad
que describimos a continuación (Muñoz Conde 2010, 67-113).
El principio de proporcionalidad quiere decir que las penas deben de ser proporcionales
a la entidad del delito cometido, o que estos no pueden ser reprimidos con penas más
graves que el daño causado por el delito. Sin embargo la idea de proporcionalidad no
solo es necesaria para limitar las medidas, sino también para graduar las penas. Así, se
establecen dos criterios en el principio de proporcionalidad de las penas. El primer
criterio que ha de usarse para determinar la gravedad de la pena, según la importancia
del bien jurídico afectado. En segundo lugar, la gravedad de la pena depende también de
la forma de ataque al bien jurídico.
El principio de última ratio supone que si la protección del conjunto de la sociedad
puede producirse con medios menos lesivos que los del Derecho Penal, habrá que
prescindir de la tutela penal y utilizar el medio que con igual efectividad, sea menos
grave y contundente. De esta manera, el Derecho penal es utilizado como último
recurso, exclusivamente para cuando se trate de bienes jurídicos que no puedan ser
protegidos mediante el Derecho civil, el Derecho administrativo-sancionatorio.
El principio de intervención mínima quiere decir que el Derecho Penal solo debe
intervenir en los ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes Al Derecho
penal, le corresponde la protección de los bienes jurídicos, pero no será necesaria su
intervención en la sociedad cuando dicha protección se pueda conseguir por otros
medios menos lesivos para los derechos individuales. Como dice Álvarez Vizcaya
(2013, 216-225) "Sabemos que la vida del deportista es muy corta, y se les exige un
33
nivel de exigencia en el ámbito deportivo que va más allá de lo humano, ambos
factores, crean un coctel explosivo, que lleva a realizar conductas fraudulentas. El
legislador parece que ha encontrado la pócima mágica con la reforma del 2010 del
Código Penal, introduciendo al art. 286bis CP su apartado cuarto. Retirando el muro
que separaba el Código Penal del mundo del deporte, olvidándose del tan importante
principio rector de la última ratio".
Así mismo, el principio de fragmentariedad por definición impide que el derecho penal
pueda llegar a brindar protección a la totalidad de bienes jurídicos o a protegerlos de
todo tipo de agresión lesiva.
Siguiendo estos principios en la aplicación del art. 286bis.4 CP comprobamos que en
primer lugar teniendo en cuenta tanto el principio de última ratio como el principio de
intervención mínima, no debemos buscar la aplicación del Código Penal en todos los
ámbitos, ya que en este caso considero que hay alternativas a la intervención penal. Para
la defensa de los resultados de las competiciones debería ser suficiente la disciplina
administrativa y no ir por la vía penal, que debería ser la última vía posible. Vías como
las sanciones administrativas, la Ley del Deporte o Reglamento Disciplinario
Deportivo. La integridad del deporte debería protegerse por medio de un control
realizado por las autoridades administrativas e instituciones deportivas, como las
propias federaciones, clubes, es decir desde dentro del organismo que entrama todos los
deportes.
En segundo lugar el art. 286bis.1 CP recoge una serie de penas que son "(...) con la
pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de
industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor
del beneficio o ventaja" Estas mismas penas son las previstas para el art. 286bis.4 CP
¿cómo puede ser, que se trate de igual manera a los sujetos recogido en los apartados
anteriores que en los del art. 286bis.4 que es el tipo especial. Son penas totalmente a mi
parecer desorbitadas ¿cómo vamos a imponerle a un deportista que es sobornado y
cambia el resultado de un partido a su antojo, una pena de prisión por ejemplo de cuatro
años? Es exagerado. Se debe cumplir el principio de proporcionalidad en este caso. A
veces es más efectiva alguna de las sanciones administrativas o las recogidas en la Ley
del Deporte y Reglamentos, en los que se deja sin licencia a los deportistas, sin poder en
su vida volver a dedicarse al deporte profesional, a la larga les hace más "daño" que una
34
multa económica, o en algunos casos la pena de prisión. Pero también deberá tenerse en
cuenta en qué situación se encuentra cada uno, no va a suponer lo mismo, la perdida de
licencia federativa, para un deportista joven que uno que se encuentra al final de su
carrera deportiva profesional.
Por tanto la reforma del Código Penal que introdujo este artículo como el actual
proyecto de reforma en curso, continúan sin dar fundamentado suficiente a la posible
utilización de medidas más leves de prevención de la corrupción deportiva, no han
cumplido adecuadamente el deber de justificación para la aplicación del Derecho penal
como último medio de control social (Vicente Martínez 2010). Se quiere y se quiso
justificar, como ocurrió en su día con la anterior reforma, el uso del derecho penal
alegando la insuficiencia de la disciplina deportiva o del derecho administrativo para
acabar con el fraude deportivo; especialmente se debe a lo difícil que es conseguir
probar que se han realizado estas conductas fraudulentas. Se opina que el derecho penal
no está legitimado para tipificar y en consecuencia para castigar penalmente cuestiones
de corrupción en el ámbito deportivo, aun cuando la disciplina deportiva sea
insuficiente para castigar estas acciones, ya que podrían plantearse problemas de
delimitación con el ámbito administrativo.
Las primas a terceros, compraventa de partidos, sobornos para la alteración de los
resultados, son casos de fraude deportivo, pero no de fraude delictivo; estas situaciones
caben perfectamente en el derecho administrativo sancionador y disciplinario, sin
necesidad de acudir a la vía del derecho penal. Deberían aplicarse de forma severa y
eficaz los reglamentos deportivos, evitando así la criminalización de estas conducta que
no contienen una gran peligrosidad para el bien que se quiere proteger.
Hay una tendencia a pensar que el Derecho penal es la mejor solución, severa y eficaz
para acabar con los actos ilícitos, pero debemos tener en cuenta de que el Derecho
administrativo sancionador puede ser más ventajoso que la vía penal. La solución no
debe ser la reclusión de los actores de este tipo en la prisión, como se prevé en el
artículo sino que se debería encontrar la sanción más adecuada a este tipo de fraude con
el fin de prever y reprimir el fraude deportivo. A mi parecer la mejor de las sanciones es
la inhabilitación o la privación de a licencia federativa con carácter temporal o
definitivo para desempeñar la actividad deportiva, a parte de una multa correspondiente.
Opino esto porque para un deportista o cualquier miembro de la entidad deportiva, le ha
35
costado mucho esfuerzo y sacrificio llegar hasta el punto donde se encuentre en su
carrera deportiva profesional, y con la amenaza de no poder realizarlo nunca creo que
sería una de las sanciones más efectivas y más intimidantes que la pena privativa de
libertad.
Se proponen soluciones pre-penales para prohibir las apuestas deportivas a los
deportistas y técnicos que participan en la competición sobre la que recaen las apuestas,
y en caso de incumplirse, sancionar dicha conducta con la privación temporal de la
licencia que será definitiva en caso de reincidencia. La creación de un tipo penal para
estas actuaciones sería únicamente simbólica. Podemos afirmar sin ningún tipo de duda
que este artículo después de pasados unos años, no se ha podido aplicar a ninguno de los
casos, únicamente el reciente caso sobre el partido amañado del Real Zaragoza y el
Levante, que trataré más adelante detenidamente, es la primera vez que sería posible la
aplicación de este artículo, aunque como vengo diciendo, siempre será mejor una
aplicación ajena al derecho penal.
El Comité de Control y Disciplina valoró todo el asunto sobre la corrupción, y el
Presidente de la UEFA Michel Platini resumió en tres frases la solución propuesta sin
hacer uso del derecho penal: 1.- Cualquier jugador que sea sorprendido nunca jugará al
futbol de nuevo.2.-Aquellos que corrompan el deporte al nivel del arbitraje no volverán
a arbitrar un partido. 3.- Todo el que corrompa desde su cargo de presidente, entrenador
nunca volverá a administrar o entrenar nuevamente. Así pasó con el árbitro ucraniano
Oleh Orekhov en el 2004 que fue suspendido de por vida a actuar en cualquier actividad
relacionada con el futbol por incumplir los principios de lealtad e integridad en virtud
del art 5 del Reglamento de Disciplina de la UEFA.
Además del problema de la legitimidad tenemos el problema de la aplicación del delito,
junto a la confusa y deficiente redacción del precepto, que origina algunos problemas de
interpretación. En concreto, el reenvío a los números anteriores del mismo artículo,
dificulta la determinación de la naturaleza de la conducta punible y autoría del delito.
La doctrina dominante ha calificado como un delito de mera actividad y de
consumación anticipada que deriva conceptualmente de un delito de peligro
abstracto, cuya consumación formalmente queda realizada con la conducta que viene
descrita en los apartados primero o segundo del precepto, es decir, que alcanza su grado
de consumación por el simple ofrecimiento, promesa o concesión” o por la mera
36
solicitud o aceptación” del beneficio o ventaja no justificados, sin necesidad de que la
dádiva se llegue a recibir de manera efectiva (Castro Moreno 2013, 335).
A parte tenemos el también el problema de aplicación, la cuestión relativa a los autores
de los hechos, la interpretación que debe darse al término "incumplimiento de
obligaciones" y los posibles ámbitos que quedan impunes de los que hemos ido
hablando durante los puntos anteriores como era los casos de los sobornos llevados a
cabo por terceros ajenos al ámbito deportivo, apuestas on line, incluidas aquellas
apuestas que pueden realizar un deportista o un árbitro que saben que van hacer perder
un partido, ganando seguro la apuesta realizada, es decir, estamos ante actos
unilaterales, que son acciones excluidas del tipo penal, por no haber ningún
ofrecimiento o promesa, quedando la acción a extramuros del Código Penal y que
debíamos buscarnos otro tipo de vías jurídicas u otros artículos del Código Penal pará
imponer una pena o sanción.
El art. 286bis.4 CP podemos decir tiene efecto simbólico de la pena contraponiéndose a
los efectos instrumentales. La función simbólica está conectada a la finalidad legítima
de protección de bienes jurídicos (función instrumental), pero tiene como principal, y a
veces único efecto el de transmitir a la sociedad ciertos mensajes o contenidos
valorativos, dirigidos en última instancia a sugerir una eficacia en la resolución de los
conflictos que no es tal en la realidad. Dicha función está orientada a las consecuencias
del Derecho Penal, busca una dirección que se trata de una oposición entre realidad y
apariencia; y se trata siempre de los efectos reales de las leyes penales. Simbólico, por
tanto, podríamos decir que se asocia con engaño. El aprecio que se tiene por los efectos
simbólicos es muy limitado, debido a que no se atiende primariamente a la protección
de los bienes jurídicos, no producen modificaciones de los comportamientos de la
sociedad en la realidad. Solo es admitido por unos pocos dependiendo de la importancia
atribuida a los fines o funciones preventivas de la pena, las cuales se logran a través de
los efectos simbólicos. Es efecto penal que no es susceptible de legitimación por más
que alguno sea inevitable (Arroyo Zapatero 2003,150).
En el ámbito del art. 286bis.4 CP pensamos que se cumple esta función simbólica, ya
que al parecer se introdujo este precepto con el fin de parar el aumento de los fraudes
deportivos, sobre todo en materia de las apuestas. Imponiendo penas equiparadas a las
penas del delito común de fraude entre particulares tipo. Como dijo Pérez Pinzón (2005,
37
312) "El derecho penal simbólico es el que se confecciona para hacer creer a la gente
que criminalizando y amenazando con penas severas los comportamientos desviados,
obtiene seguridad y sosiego".
Pero en realidad a pesar de haber penalizado los supuestos de fraude deportivo no han
cesado. Además de como hemos visto estamos ante un articulo con varias dificultades a
la hora de su interpretación, aplicación, y que quedan "hilos sueltos" que hacen que
algunos supuestos importantes en la corrupción deportiva, queden sin sanción penal,
que al parecer son más peligrosos y afectan más que el tipo realizado por los sujetos
recogidos en su apartado cuarto, como son las realizadas por terceros ajenos.
38
CONCLUSIONES
Tras el estudio de la corrupción entre particulares en el ámbito deportivo del art.
286bis.4 CP he llegado a las siguientes conclusiones:
En primer lugar, he podido comprobar que el bien jurídico protegido por el art. 286bis 4
CP no es la lealtad deportiva o el denominado "fair play", como podía suponerse por
su redacción, sino que es el ámbito socioeconómico. Es éste el bien jurídico protegido
ya que el mundo del deporte genera grandes beneficios económicos por la gran
importancia y trascendencia socioeconómica que tienen los eventos deportivos.
Además, por seguir otro tipo de razonamiento, si seguimos la interpretación sistemática
del artículo comprobamos que el art. 286bis.4 CP protege el ámbito socioeconómico ya
que se encuentra recogido en el mismo Título XIII en el que se recogen los delitos
contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Corroboramos esta hipótesis al
comprobar que el Proyecto de Reforma de la LO 5/2010 del Código Penal (BOE 2 de
febrero de 2015) modifica la redacción del art. 286bis.4 CP añadiendo que para la
comisión de este delito deberán darse las conductas típicas en las competiciones
deportivas de especial relevancia económica o deportiva.
La segunda conclusión a la que llegamos responde a la cuestión de si es necesario que
se recoja el delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo en el Código
Penal, y la respuesta es no. En primer lugar porque debemos respetar los principios de
intervención mínima o ultima ratio, ya que como hemos dicho el Código Penal debe ser
utilizado como último recurso siempre y cuando existan otros medios menos lesivos,
como es el caso en el que existen leyes administrativas y deportivas que dan solución y
sancionan estas mismas conductas.
Tampoco se ha respetado el principio de proporcionalidad a la hora de establecer las
penas, ya que el art. 286bis.4 CP remite al apartado 1 del mismo precepto para
establecerlas. ¿Cómo puede ser que se trate de igual manera a los sujetos recogidos en
los apartados 1 y 2 que en el art. 286bis.4 CP? Son penas, a mi parecer, totalmente
desorbitadas. ¿Cómo vamos a imponerle a un deportista que es sobornado e intenta
alterar el resultado de un partido una pena de prisión, por ejemplo, de cuatro años? Es
exagerado. A veces es más efectiva una sanción administrativa o las recogidas en la Ley
del Deporte y Reglamentos, como dejar sin licencia a los deportistas sin poder dedicarse
39
al deporte profesional, que a la larga les hace más "daño", que una multa económica o
en algunos casos la pena de prisión.
En tercer lugar, comprobamos que el delito de corrupción deportiva no sólo puede ser
solucionado por las vías extra-penales, sino que también en el mismo código penal nos
encontramos con el delito de estafa recogido en el art. 269 CP, el cual castiga el engaño,
subsumiendo la corrupción entre particulares en el ámbito deportivo. Únicamente se
aplica el art. 286bis.4 CP antes que el art. 269 CP por el hecho de ser menos lesivo
siguiendo el art.8 CP (existe un concurso de normas entre ambos preceptos). Por tanto
otra razón más para considerar innecesario el art. 286bis.4 CP: ¿Para qué se redacta un
artículo nuevo, cuando ya existe el delito de estafa que lo puede subsumir?
Y por último, el artículo requiere una urgente reforma para acabar con la impunidad de
aquellos terceros ajenos al deporte, pero cuyas acciones afectan directamente al mismo,
que es claramente una laguna jurídica y es uno de los problemas más importantes y que
más se dan este ámbito; se trata del tema de las apuestas deportivas on-line, las cuales
recaen en esta laguna del art. 286bis.4 CP.
Concluyo, con todas estas razones, que el art. 286bis.4 no es necesario y resulta ineficaz
pero aún así habrá que esperar a que los jueces y tribunales creen doctrina a medida de
que vayan surgiendo casos en los que se pueda aplicar el art. 286bis.4 CP para
comprobar qué modificaciones necesita el artículo y si son efectivas o no sus penas, o si
por el contrario, y por lo que me inclino, es conveniente aplicar las vías extrapenales.
40
ANEXO I.
CASO LEVANTE-ZARAGOZA.
El caso del Levante-Zaragoza es un supuesto que se está produciendo a la vez que se
está elaborando este trabajo, por tanto está aún en proceso y sus bases jurídicas no han
sido asentadas por el órgano jurisdiccional competente.
En primer lugar haré una breve exposición de los acontecimientos más relevantes al
caso que haya actualmente (sin perjuicio de que posteriormente es posible que cambie el
número de imputados, o haya nuevas pruebas), remitiendo a diarios deportivos, y de
información general en España. Posteriormente intentaré buscar solución al caso,
conforme a la legalidad vigente, intentando aplicar el art. 286bis.4 CP.
Los hechos fueron los siguientes;
El 21 de mayo de 2011 se celebró el partido Levante-Real Zaragoza en la ciudad de
Valencia. Acabó con un resultado de 1-2 en el que venció el equipo aragonés. Era la
última jornada de la Liga, logrando su salvación, impidiendo que bajase el equipo a
segunda, gracias a los tres puntos que necesitaba. Suponiendo este resultado que el
Deportivo de la Coruña descendiera de categoría ese año, en su lugar.
El Levante en este partido no se jugaba su permanencia en primera división al contrario
que le ocurría al Real Zaragoza, por lo que el resultado que podría darse tanto si
ganaban como si no, no le perjudicaba ni le beneficiaba en absoluto.
2526Se sospecha que el Real Zaragoza había comprado la victoria por un millón de
euros. Diez de los jugadores más destacados del Real Zaragoza habían recibido en sus
cuentas entre 100.000 y 120.000 euros en concepto de prima por parte del club, por
permanecer en Primera.
25 Información dada por la Cadena de Radio Onda Cero el 24 de Septiembre de 2014 en "Al Primer Toque" Revisado en enero 2015. Disponible en http://www.ondacero.es/audios/al-primer-toque_20140925.html 26 Periódico el Confidencial. (Publicado el 26/09/2014. Revisado en enero de 2015. Disponible en www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2014-09-26/la-fiscalia-cita-a-33-investigados-para-limpiar-un-futbol-que-sigue-bajo-sospecha_215877/
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Posteriormente esa cantidades fueron retiradas en metálico de las cuentas de estos diez
jugadores pocos días después de la celebración del partido, con el fin de que se hiciese
llegar a los futbolista del club valenciano, que la repartieron entre todos los que
formaban la plantilla, es decir, les correspondería unos 35.000 euros por cabeza a
cambio de dejarse ganar.
Los jugadores del Levante no hicieron movimientos extraños en sus cuentas bancarias,
no sacaron ni un euro de sus cuentas corrientes, pero se ha averiguado que estos
hicieron compras extravagantes, como coches de lujo, y otras compras difíciles de
explicar, que nos podría sacar de dudas de que pasó con el dinero correspondiente a las
primas que sacaron los jugadores del Zaragoza. Parece evidente que realizaron esas
compras en metálico con el dinero que supuestamente les dieron los jugadores del
Zaragoza por dejarse ganar en dicho partido.
Competencia objetiva y territorial
La competencia objetiva no ha sido un asunto pacifico, en primer lugar se interpuso en
nombre de la S.D Huesca una querella ante la Audiencia Nacional y sus Juzgados
centrales de instrucción27 en virtud del art. 65.1c. LOPJ Defraudaciones y
maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir
grave repercusión en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad
de personas en el territorio de más de una Audiencia, pero posteriormente el fiscal
Luzón ha interpuesto en juzgados de instrucción ordinarios de Valencia28, lugar donde
se celebró el partido en cuestión. Finalmente se va a celebrar en el Juzgado de
Instrucción nº8 de Valencia.
27 Periódico El País en su edición de 18 de Octubre de 2014 informaba sobre la querella interpuesta por el Fiscal Carlos Castresana ante la Audiencia Nacional. (Revisado en enero 2015. Disponible en http://deportes.elpais.com/deportes/2014/10/17/actualidad/1413568308_067916.html) 28 Todos los medios de comunicación el 15 de Diciembre de 2014 se hacían eco de que el fiscal Luzón había interpuesto en los Juzgados de Valencia el mismo delito. (Revisado en enero de 2015.Disponible en http://dignidadconcursal.com/2014/09/26/responsabilidad-penal-de-las-empresas/ http://deportes.elpais.com/deportes/2015/01/14/actualidad/1421234903_174983.html)
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Sujetos activos
Finalmente tras declarar ante el Fiscal las diferentes personas que participaron en dicho
partido, han sido llamados como imputados 42 personas, incluyendo el Real Zaragoza
como persona jurídica. Entre ellos se encuentran: El Real Zaragoza SAD (persona
jurídica), Agapito Iglesias (presidente Consejo Administración del club), Javier
Porquera (consejero), Paco Checa (consejero), Antonio Prieto (director deportivo),
Javier Aguirre (entrenador) y los jugadores Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo Da
Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio Noriega, Leo Ponzio, Gabriel
Fernández Gabi, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Ikechuku Uche, Adam Pinter, Javier
Paredes, Leo Franco, Jiri Jarosik, Nico Bertolo, Said Boutahar y Ángel Lafita. (17)
Por el Levante, los jugadores Miguel Pallardó, Gustavo Munúa, Héctor Rodas, Rafa
Jordá, Rubén Suárez, Xavi Torres, Cristian Stuani, Welligton Da Silva, Jefferson
Montero, Miguel Robusté, Javi Venta, Manuel Reina, Felipe Caicedo, Vicente Iborra,
Francisco Javier Muñoz Xisco, Sergio Ballesteros, Juanfran García y David
Cerrajería Cerra. (18)
Es un hecho histórico para el fútbol estatal y para el art. 286bis.4 CP, ya que es la
primera vez que se va a poder dar aplicación a este precepto, y en el que van a estar
implicados directivos, entrenadores, jugadores y el club como persona jurídica. Así lo
estipula el artículo que será aplicable en este caso a los directivos ( los miembros del
Consejo de Administración del Club Real Zaragoza), de una entidad deportiva,
cualquiera que sea la forma jurídica de ésta (entiendo que se está incluido el club Real
Zaragoza) así como a los deportistas (tanto el entrenador y jugadores del Real Zaragoza
como los jugadores del Levante). Podemos comprobar que aún siendo reformado en
enero de 2015 el artículo, sigue sin introducirse una mención nominal de los
entrenadores, siendo estos incluidos en la categoría de deportistas.
Conducta
Se denuncia que fue presuntamente comprado el resultado del partido, incurriendo en la
acción sancionada por el art. 286bis.4 CP "Aquellas conductas que tengan por finalidad
predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba,
43
encuentro o competición deportiva profesional". Esto encaja perfectamente con el
asunto Levante-Zaragoza.
Pruebas
Las Pruebas sobre las que se va a basar el juzgado para la resolución del asunto de
momento son, la prueba documental del Informe elaborado por la Unidad de Apoyo a la
Agencia Tributara sobre las cuentas bancarias de los jugadores de ambos equipos. La
declaración ante la fiscalía de las 33 personas que estuvieron relacionadas en el partido
Levante-Real Zaragoza, tanto aquellos llamados en calidad de imputados como los
simplemente se les requirió su declaración. E Interrogatorio de parte a los que
consideren necesarios sus respectivos abogados para su defensa, en este caso la clave
estará en el antiguo presidente Agapito, el entrenador Aguirre, y alguno de los
jugadores.
Penas
Las penas a las que se pueden enfrentar son las recogidas en el art. 286bis.1 CP será
castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para
el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al
triplo del valor del beneficio o ventaja. Entiendo y ya veremos cuando salga a la luz la
resolución del caso, que la inhabilitación en estos casos del tipo especial, será la
inhabilitación de la licencia federativa y por tanto no podrán jugar en ningún partido o
competición en caso de los jugadores, y el entrenador durante el periodo de uno a seis
años, lo que supondría el final de sus carreras deportivas.
Hay una diferencia clara entre varios de los jugadores. Aunque la mayoría de los que
jugaron ese partido son jugadores que están al final de su carrera por lo que la
inhabilitación les afectaría de menor manera que aquellos más jóvenes que con 21-25
años terminarían su carrera antes de empezar o como Gabi el actual capitán del Atlético
de Madrid y por aquel entonces capitán del Real Zaragoza que está en el auge de su
carrera como campeón de Liga, de la Copa y la Super Copa que una inhabilitación de 6
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años a sus 31 años supondría el punto y final de su carrera cuando está en su mejor
momento. Por lo que dependiendo de su edad les afectará en mayor o menor medida.
La inhabilitación también afectaría a los directivos quienes dejarían de ejercer sus
funciones de dirección.
En cuanto a las penas de prisión están ahí previstas pero en este caso en concreto al
parecer según lo publicado en la prensa no se han planteado para ninguno. Parece que
la pena más eficiente será la pena de inhabilitación, y a mi parecer es la más correcta en
este caso, a parte de la correspondiente pena de multa.
45
ANEXO II.
CASO ESPANYOL-OSASUNA.
En el mes de febrero de 2015 han aparecido noticias sobre un supuesto caso de amaño
de partidos al que le puede ser aplicado el art. 286bis.4 CP. El partido entre el Espanyol
y el Osasuna de la temporada 2013-2014.
Los hechos fueron los siguientes:
La Fiscalía Anticorrupción investiga a Miguel Archanco ex-presidente del Osasuna, por
un supuesto intento de compra de algunos partidos al final de la temporada pasada. El
ex-gerente del club Ángel Vizcaya en la Liga de Futbol Profesional reconoce en el
programa El Larguero de Cadena SER que el Osasuna destinó unos 2,7 millones de
euros para amañar partidos en la pasada temporada. Confesó en la entrevista haberse
reunido en mayo de 2014 con dos jugadores entonces del Betis, a quienes prometió una
prima de 250.000 euros por ganarle al Valladolid y otra prima por dejarse ganar en un
encuentro posterior frente al Osasuna. Y así sucedió el 11 de mayo, el Betis gana al
Valladolid 4-3. El Osasuna luchaba por salvar su categoría en primera precisamente con
el Betis y el Valladolid, aunque los tres acabaron descendiendo. Y a su vez, ese mismo
día se disputó otro partido el Osasuna-Espanyol, que acabó con un empate que
aseguraba la salvación al Espanyol y permitía respirar al Osasuna. Sin embargo el
empate ha desatado la posibilidad de fraude en las apuestas deportivas, Anticorrupción
investiga si hubo un aumento anómalo de las apuestas, relacionada con el seguro
resultado de un empate a uno.
Competencia
El lugar de celebración del partido central fue en Cornellá así que los juzgados que se
han de hacer cargo, parece ser que serán los Juzgados de Barcelona.
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Sujetos activos
El Club Deportivo Osasuna como persona jurídica, Miguel Achanco ex-presidente del
Osasuna (directivo), Ángel Vizcaya ex-gerente del Osasuna (directivo), los jugadores
del Betis que estuviesen relacionados con la entrega de las primas, los jugadores del
Espanyol.... entre otros que con los datos que tenemos no estamos aún seguros de
quienes son los definitivos.
Conducta
Las conductas que presuntamente se pueden encontrar en este asunto, son el amaño y
compraventa de varios partidos, mediante sobornos y primas a terceros tanto por ganar
como por perder algunos jugadores de otros equipos, y las apuestas deportivas, todas
estas conductas están recogidas en el art. 286bis.4 CP que sanciona aquellas conductas
que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el
resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva.
Pruebas
Las Pruebas sobre las que se va a basar el juzgado para la resolución del asunto que
todavía no han salido a la luz y en las que yo intentaría basarme sería la confesión del
ex-gerente Ángel Vizcaya en el programa de radio El Larguero. La declaración que
tome la fiscalía de las personas que estuvieron relacionadas en los partidos
supuestamente amañados, y del Osasuna- Espanyol. La documentación obtenida por la
investigación realizada sobre las apuestas del día del partido. Las cuentas bancarias de
los jugadores relacionados, y del club Osasuna, o informes de Hacienda para ver como
justifican el pago de tal cantidad de dinero. E Interrogatorio de parte de aquellos
consideren necesarios los abogados de la defensa.
Penas
Son aquellas recogidas en el art. 286bis.1 CP que dice que será castigado con la pena
de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de
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industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor
del beneficio o ventaja.
Hasta ahora no hay mucha información y no tengo muy claro qué tipo de penas serían
las adecuadas en este caso, aunque para los jugadores me reafirmo en lo dicho en el
caso Zaragoza -Levante, que serán más eficaces para los jugadores una inhabilitación
federativa, evitando que puedan jugar durante un tiempo, que para muchos sería perder
su carrera deportiva.
Al parecer el Osasuna-Espanyol es un caso de corrupción deportiva más claro que el
caso Levante-Zaragoza. Por tanto el art. 286bis.4 CP encontraría un segundo caso en el
que aplicarse.
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