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MOCANU Y OTROS CONTRA RUMANIA

(Demandas nms. 10865/2009. 32431/2008 y 45886/2007)

GRAN SALA1

SENTENCIA DE 18 SEPTIEMBRE 2014

1 Sentencia dictada por la Gran Sala tras la remisin del asunto en aplicacin del artculo 43 del Convenio

SENTENCIA MOCANU Y OTROS CONTRA RUMANA

RESUMEN2

Ausencia de investigacin efectiva tras el fallecimiento de un hombre durante las

manifestaciones de junio de 1990 contra el rgimen rumano

No cabe imputar extemporaneidad en base al artculo 35.1 del Convenio por haber

presentado el recurrente su demanda ante el Tribunal ms de siete aos despus de

haber presentado una denuncia ante las autoridades pblicas, sabiendo que el Tribunal

estima que el demandante no incumpli su deber de diligencia teniendo en cuenta su

vulnerabilidad y su sentimiento de impotencia que comparta con las otras vctimas de

las manifestaciones de junio de 1990 contra el rgimen rumano y que la efectividad de

la investigacin concerniente al asunto no se vio comprometida teniendo en cuenta el

contexto absolutamente excepcional en el que se inscriba. Por otro lado, hubo un

contacto cierto entre el recurrente y las autoridades respecto a la denuncia de ste, cuya

investigacin progresaba. El demandante poda legtimamente creer en la efectividad de

la investigacin y poda razonablemente esperar un buen resultado (ver aps. 270 a 282

de la Sentencia).

Artculo 2

Investigacin efectiva Ausencia de investigacin efectiva tras el fallecimiento de un hombre durante las manifestaciones de junio de 1990 contra el rgimen rumano.

Artculo 3

Investigacin efectiva Ausencia de investigacin efectiva tras el fallecimiento de un hombre durante las manifestaciones de junio de 1990 contra el rgimen rumano.

Artculo 35.1

Plazo de seis meses Pasividad de un demandante durante once aos con anterioridad a presentar su denuncia ante las autoridades nacionales competentes. Deber de

diligencia respetado Efectividad de la investigacin no comprometida Esperanza legtima No extemporaneidad.

Artculo 35.3 a)

Ratione temporis Transcurrieron cuatro aos entre el hecho generador y la entrada en vigor del Convenio respecto a Rumana Lapso de tiempo relativamente breve, inferior a diez aos y menor al que est en causa en otros asuntos parecidos

2 Este resumen redactado por el Secretario, no es vinculante al Tribunal.

SENTENCIA MOCANU Y OTROS CONTRA RUMANA

examinados por el Tribunal- La mayor parte del proceso y de las medidas

procesalesms importantes son posteriores a la fecha crtica.

*

**

Hechos

En junio de 1990, el Gobierno rumano trat de poner fin a la ocupacin de varias

semanas de la Plaza de la Universidad por manifestantes en protesta del rgimen. El 13

de junio de 1990, las fuerzas del orden intervinieron y procedieron al arresto de varios

manifestantes, por lo que se multiplicaron las manifestaciones. Cuando el Ejrcito fue

enviado a zonas sensibles, se produjeron disparos desde el Ministerio del Interior,

entonces rodeado de manifestantes, que dieron en la cabeza del seor Mocanu, el esposo

de la primera demandante, causando su fallecimiento. Por la noche, el seor Stoica

(segundo demandante) y otras personas fueron arrestadas y torturadas por policas con

uniforme y hombres de civil en la sede de la televisin pblica. La investigacin penal

relativa a esta represin comenz en 1990 en el marco de un gran nmero de sumarios

individuales, que posteriormente fueron acumulados, y posteriormente remitidos a la

Fiscala militar en 1997.

El 18 de junio de 2001, es decir, ms de once aos despus de que se produjeran los

hechos denunciados, el segundo demandante present una denuncia ante el Fiscal de la

Seccin militar de la Fiscala del Tribunal Superior de Justicia. La investigacin abierta

sobre los malos tratos infligidos al segundo demandante el 13 de junio de 1990 fue

archivada por un Auto de sobreseimiento el 17 de junio de 2009 confirmado por una

Sentencia del Alto Tribunal de Casacin y de Justicia dictada el 9 de marzo de 2011.

El procedimiento penal sobre el homicidio del marido de la primera demandante

continuaba todava pendiente en la fecha de la Sentencia de la Gran Sala.

Fundamentos de derecho

Artculo 35.3: Ante la Gran Sala, el Gobierno demandado no denunci la incompetencia

ratione temporis del Tribunal. Sin embargo, avanz que el Tribunal no poda conocer

las denuncias presentadas ante l salvo que concernieran al perodo posterior al 20 de

junio de 1994, fecha de la entrada en vigor del Convenio respecto a Rumana.

En opinin de la Gran Sala, las quejas planteadas de la parte procesal de los artculos 2

y 3 del Convenio conciernen a la investigacin relativa a la represin armada llevada a

cabo los das 13 y 14 de junio de 1990 contra las manifestaciones antigubernamentales,

represin que cost la vida al esposo de la primera demandante y atent contra la

integridad fsica del segundo demandante. Esta investigacin comenz en 1990, poco

despus de los acontecimientos, dando lugar entre otras a medidas de instruccin que

pretendan, en primer lugar, identificar a las vctimas fallecidas, entre cuyos nombres

figuraba el del esposo de la primera demandante.

SENTENCIA MOCANU Y OTROS CONTRA RUMANA

Transcurrieron cuatro aos entre el hecho generador y la entrada en vigor del Convenio

respecto a Rumana, el 20 de junio de 1994. Este lapso de tiempo es relativamente

breve. Es inferior a diez aos y menor al que est en causa en otros asuntos parecidos

examinados por el Tribunal, tales como andru y otros contra Rumana. La mayor parte del proceso y de las medidas procesales ms importantes son posteriores a la fecha

crtica.

En consecuencia, el Tribunal el Tribunal concluy que era competente ratione temporis

para conocer las quejas planteadas por los demandantes en base a la parte procesal de

los artculos 2 y 3 del Convenio, puesto que estas quejas hacan referencia a la

investigacin penal llevada a cabo con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio

respecto a Rumana el 20 de junio de 1994.

Artculo 35.1: 230. En este caso, el Tribunal constata que la seora Anca Mocanu y el

seor Marin Stoica alegan que el Estado no cumpli la obligacin procesal que le

imponen los artculos 2 y 3 del Convenio de llevar a cabo una investigacin efectiva

susceptible de conducir a identificar y sancionar a los responsables de la represin

armada de las manifestaciones de los das 13 y 14 de junio de 1990, durante la que el

seor Velicu-Valentin Mocanu, el esposo de la primera demandante, falleci como

consecuencia de un disparo y el segundo demandante fue sometido a malos tratos.

231. Al respecto, seala que la investigacin concerniente a la primera demandante

contina pendiente ante las instancias nacionales desde hace ms de veinte aos,

mientras que la parte de la investigacin concerniente a la segunda demandante

concluy con una sentencia dictada el 9 de marzo de 2011.

232. Ahora bien, el Gobierno no precis de qu manera una demanda de

responsabilidad civil contra el Estado debido a la ausencia de investigacin efectiva

sobre los acontecimientos habra podido remediar las denuncias de los demandantes

confiriendo a esta investigacin un carcter efectivo, subsanando las lagunas alegadas,

o, al menos, acelerandolas.

233. El Tribunal seala que la nica decisin judicial presentada por el Gobierno se

limita a conceder daos y perjuicios a una parte perjudicada interesada por la

investigacin llevada a cabo sobre los acontecimientos de diciembre de 1989 que no

haba concluido en la poca en la que dicha decisin fue dictada (Asociacin y otros, previamente citada, aps. 119 y 136).

234. La obligacin que los artculos 2 y 3 del Convenio hacen recaer sobre los Estados

partes de realizar una investigacin susceptible de conducir a identificar y sancionar a

los responsables en caso de agresin podra considerarse ilusoria si, en lo que concierne

a las denuncias presentadas de acuerdo con estos artculos, un demandante debe haber

presentado una demanda que solo pueda desembocar en la concesin de una

indemnizacin (Issaeva y otros contra Rusia, nms. 57947/2000, 57948/2000 y

5794/2000, ap. 149, 24 febrero 2005).

SENTENCIA MOCANU Y OTROS CONTRA RUMANA

Considera que la excepcin preliminar carece de fundamento y, por tanto, no debera ser

admitida.

Artculo 35.1: La Gran Sala estima que la cuestin de la diligencia referente al segundo

demandante est estrechamente vinculada con la de la eventual extemporaneidad de una

denuncia penal en el orden jurdico interno. Relacionados, estos argumentos parecen

una excepcin planteada del incumplimiento del plazo de seis meses previsto por el

artculo 35.1 del Convenio.

La vulnerabilidad del segundo demandante y su sentimiento de impotencia, que

comparta con otras muchas vctimas que esperaron igualmente mucho tiempo antes de

denunciar, representan una explicacin plausible y aceptable de su inactividad de 1990 a

2001. Por tanto, el demandante no incumpli su deber de diligencia al respecto.

Adems, algunos elementos indican que las autoridades conocan o podan haber

conocido sin gran dificultad, al menos alguno de los nombres de las vctimas de las

torturas llevadas a cabo el 13 de junio de 1990 y de los que fueron cometidss durante la

noche siguiente. En estas condiciones, no se podra concluir que el retraso del segundo

demandante en presentar su denuncia fuera susceptible de comprometer la efectividad

de la investigacin. En cualquier caso, la demanda del recurrente se adjunt al sumario

de la investigacin que concerna a un gran nmero de vctimas de los acontecimientos

de los das 13 y 15 de junio de 1990. Y la decisin de 29 abril 2008 de la Seccin

militar de la Fiscala contena los nombres de ms de un millar de vctimas. Se trata, por

tanto, de una investigacin que se inscriba en un contexto totalmente excepcional.

Por otro lado, a partir de 2001, hubo un contacto cierto entre el recurrente y las

autoridades respecto a la denuncia de ste y a sus solicitudes de informacin, que

present todos los aos personalmente ante la Fiscala para informarse del progreso de

la investigacin. As mismo, los elementos tangibles demostraban que la investigacin

progresaba.

Teniendo en cuenta la evolucin de la investigacin despus de 2001, su alcance y su

complejidad, tras haber presentado su denuncia ante las autoridades nacionales, el

demandante poda legtimamente creer en la efectividad de la investigacin y poda

razonablemente esperar el resultado mientras hubiera una posibilidad real de que la

investigacin progresara.

El segundo demandante present su demanda ante el Tribunal el 25 de junio de 2008,

ms de siete aos despus de haber presentado una denuncia penal ante las autoridades

pblicas. En aquella poca, la investigacin continuaba pendiente y se haban tomado

algunas medidas. Por los motivos previamente indicados, que fueron vlidos por lo

menos hasta la presentacin por el recurrente de su demanda ante el Tribunal, al

interesado no se le puede reprochar retraso alguno. Por otro lado, la resolucin interna

definitiva en el asunto concerniente al demandante es la Sentencia de 9 marzo 2011. Por

tanto, la demanda no es extempornea.

Conclusin: excepcin preliminar rechazada (catorce votos contra tres)

SENTENCIA MOCANU Y OTROS CONTRA RUMANA

Artculo 2 y 3 (parte procesal): Se inici una investigacin penal de oficio poco

despus de los acontecimientos de junio de 1990. Esta investigacin que de origense

refera a los homicidios por bala del esposo de la primera demandante y de otras

personas, contina pendiente en lo que concierne a sta ltima. La parte de la

investigacin concerniente al segundo demandante y que encausaba a 37 altos

responsables civiles y militares concluy con la Sentencia dictada el 9 de marzo de 2011

por el Alto Tribunal de Casacin y de Justicia.

La competencia ratione temporis del Tribunal solo le permiti tomar en consideracin

el perodo de la investigacin posterior al 20 de junio de 1994, fecha de la entrada en

vigor del Convenio respecto a Rumana.

En lo que concierne a la independencia de la investigacin, sta fue confiada a

procuradores militares que eran, como los imputados, oficiales sometidos al principio de

la subordinacin jerrquica, constatacin que condujo al Tribunal a concluir con la

violacin de la parte procesal de los artculos 2 y 3 del Convenio en los asuntos

anteriores dirigidos contra Rumana.

En lo que concierne a la celeridad y adecuacin de la investigacin, sta ltima que

interesaba a la primera demandante contina pendiente desde hace ms de veintitrs

aos, diecinueve de ellos tras la ratificacin del Convenio por Rumana. Respecto al

segundo demandante, la investigacin concluy con la Sentencia de 9 marzo 2011,

veintin aos despus del inicio de las investigaciones y diez aos despus de la

presentacin oficial de la denuncia del segundo demandante y la acumulacin de sta al

sumario de la investigacin. Reconociendo que el asunto presenta una complejidad

indudable, la incidencia poltica y social invocada por el Gobierno no podra justificar

un plazo tan largo. Al contrario, la importancia de lo que est en juego para la sociedad

rumana debera haber incitado a las autoridades internas a tratar el sumario con

celeridad con el fin de prevenir cualquier apariencia de tolerancia de los actos ilegales o

de colusin en su perpetracin.

Ahora bien, la investigacin llevada a cabo en el asunto relativo a la primera

demandante estuvo marcada por importantes perodos de inactividad. Las propias

autoridades nacionales constataron varias lagunas en la investigacin.

Por otro lado, la investigacin relativa a los malos tratos infligidos al segundo

demandante concluy con el sobreseimiento dictado el 17 de junio de 2009 y

confirmado por la Sentencia de 9 marzo 2011, es decir, diez aos despus de que el

demandante presenta la denuncia. Por tanto, a pesar de la larga duracin y de la

investigacin realizada a favor del demandante, ninguna de las decisiones consigui

establecer las circunstancias de las torturas que el interesado y otras personas alegaban

haber sufrido en los locales de la televisin pblica. Esta parte del asunto fue archivada

principalmente debido a la prescripcin de la responsabilidad penal. Ahora bien, las

obligaciones procesales que se desprenden de los artculos 2 y 3 del Convenio pueden

ser difcilmente consideradas como respetadas cuando concluye una investigacin,

como en este caso, por el efecto de la prescripcin de la responsabilidad penal debida a

la inactividad de las autoridades.

SENTENCIA MOCANU Y OTROS CONTRA RUMANA

Parece que las autoridades responsables de la investigacin no adoptaron todas las

medidas que razonablemente habran permitido identificar y sancionar a los

responsables.

Respecto a la obligacin de asociar a los parientes de las vctimas al proceso, la primera

demandante no fue informada del progreso de la investigacin con anterioridad a la

decisin de 18 mayo 2000 que enviaba a juicio a las personas acusadas de haber

asesinado a su esposo. As mismo, la demandante fue interrogada por primera vez por el

Fiscal el 14 de febrero de 2007, cerca de diecisiete aos despus de los acontecimientos

y tras la Sentencia dictada por el Alto Tribunal de Casacin y de Justicia de 17

diciembre 2007, ya no fue informada de la evolucin de la investigacin. Por tanto, el

Tribunal considera que el inters de la primera demandante por participar en la

investigacin no ha estado suficientemente protegido.

En vista de lo que antecede, la primera demandante no se benefici de una investigacin

efectiva de acuerdo con el artculo 2 del Convenio, y el segundo demandante fue

igualmente privado de una investigacin efectiva de acuerdo con el artculo 3.

Conclusin: violacin del artculo 2 (parte procesal) (diecisis votos contra uno).

Conclusin: violacin del artculo 3 (parte procesal) (catorce votos contra tres).

Artculo 41: el Tribunal concede la cuanta de 30.000 EUR a la primera demandante y

15.000 EUR al segundo demandante en concepto de dao moral.

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