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DOCUMENTO AVANCES DEL ECUADOR SOBRE DECLARACION Y PLAN DE ACCION DE DURBAN

CONFERENCIA DE REVISION

GINEBRA, ABRIL 2009 INTRODUCCION.-

El Estado ecuatoriano es parte de la gran mayoría de instrumentos internacionales de lucha contra el racismo que ha firmado y ratificado, en este contexto, ha desarrollado una serie de políticas,

programas, proyectos y acciones que le permiten dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en esta materia. En este documento se detallan los avances, las dificul tades, los retos y las propuestas del Ecuador en torno a la lucha contra el racismo, la discriminación, la

xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en el país, con especial enfoque en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en la Declaración y Plan de Acción de Durban.

A partir de la Declaración y Plan de Acción de Durban, de septiembre de 2001, el Estado

ecuatoriano ha llevado a cabo una serie de acciones que abarcan compromisos institucionales, legales, sociales y económicos a favor de la promoción y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, en particular del pueblo afroecuatoriano e indígena.

El cumplimiento de esta Declaración y su Plan de Acción ha demandado esfuerzos tanto del Estado ecuatoriano como de la sociedad civil. Si bien las acciones del Estado que se detallan en este

informe son numerosas y muy positivas, aún quedan varias acciones importantes que cumplir y que se mantienen como retos y desafíos para el país.

2.- NORMATIVIDAD INTERNACIONAL.

A fin de garantizar y proteger los derechos de todos los habitantes, el Estado ecuatoriano es Parte de todos los instrumentos internacionales que condenan la discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia, en particular, desde el 22 de septiembre de 1966 es Parte de la Convención

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. En mayo de 1988 el Ecuador ratificó el “Convenio de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-

Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, este instrumento internacional le permite promover los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de manera integral.

Dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas ONU, el Ecuador co -patrocinó dentro del Consejo de Derechos Humanos la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los

Pueblos Indígenas., que fuera adoptada en 2006. El texto de la Declaración contiene principios que establecen los derechos de los pueblos indígenas en los sectores: civ il, político, socioeconómico, cultural y social, al tiempo de reconocer a los pueblos indígenas como importantes sujetos de

derechos y actores en el ámbito del desarrollo.

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Como una parte importante en esta trayectoria del país en cuanto al fortalecimiento y la protección de los derechos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, en septiembre de 2001, el Ecuador, consecuente con sus principios de derecho interno y como Estado Parte de los

instrumentos internacionales de lucha contra el racismo, suscribió la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados el 8 de septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia, celebrada

en Durban (Sudáfrica).

El Estado ecuatoriano firme en su propósito de erradicar la discriminación racial en el país, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Declaración y Programa de acción de Durban, ha establecido mecanismos que permitan avanzar en sus políticas en contra de esta condenable conducta. Reconoce que la Declaración y el Programa de Acción de Durban constituyen un

compromiso firme para luchar contra las manifestaciones contemporáneas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia que constituyen una negación total de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración

Universal de Derechos Humanos.

A nivel de la Región Andina, el Ecuador promovió la elaboración y adopció n de una Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, adoptada en Guayaquil, el 26 de julio de

2002, documento que contiene todo un capítulo contra la discriminación y la intolerancia y la salvaguarda de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, colectivos y de grupos en situación de vulnerabilidad o sujetos a discriminación. Esta iniciativa es

también un importante avance que han realizado los países andinos en la implementación del Plan de Acción de Durban.

2.- NORMATIVIDAD NACIONAL. 2.1.- Constitución vigente 2008.- Avances en el reconocimiento de derechos

2.2.- Normativa secundaria a nivel nacional: 2.2.1 Código Penal. Reforma: “delitos de odio” febrero 2008 2.2.2.- Ley de Derechos colectivos Pueblo Afroecuatoriano. Mayo de 2006

2.2.3.- Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas que se Autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales -IX-07-. 2.3.- Normativa secundaria a nivel local:

2.3.1- Ordenanza Metropolitana para la Inclusión Social con enfoque étnico cultural del Pueblo Afroecuatoriano del Distrito Metropolitano de Quito N° 0216- 2007)

2.3.2.- Reglamento para la Ordenanza Metropolitana (11-XII-2008) 2.1 Constitución vigente (2008)

La Constitución del Ecuador aprobada en septiembre de 2008, declara al país como un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera

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descentralizada” (Art. N°1). Esto marca el inicio de una nueva era en el reconocimiento de nuevos derechos y la ampliación y el fortalecimiento de los ya existentes. La actual Constitución contiene un marco de acción favorable para que el Estado lleve a cabo sus programas y proyectos basados

en un enfoque social, intercultural, equitativo e inclusivo, con la perspectiva de los derechos humanos.

Se ratifica el carácter multicultural del Ecuador, afianzando la plurinacionalidad como principio rector de reconocimiento y protección de la diversidad de Pueblos. Establece la interculturalidad como mecanismo necesario para la convivencia y entendimiento entre las diversas culturas de la Nación.

Como deber del Estado se establece la garantía sin discriminación alguna del efectivo goce de los derechos establecidos, determina que los Pueblos, Nacionalidades y Colectivos son titulares de

derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Cons agra los principios por los cuales se regirá el ejercicio de estos derechos y destaca que el “más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”.

En el capítulo referente a los derechos colectivos (Arts. 56-60) detalla con mayor amplitud estos

derechos, especialmente en el Art. 57 numerales 2 y 3, que dice: “No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural ” y “El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y

otras formas conexas de intolerancia y discriminación”, además prohíbe el racismo y la discriminación racial en los medios de comunicación.

También se reconocen los derechos de la naturaleza o Pachamama y se establecen los derechos y el Régimen del Buen Vivir “Sumag Kausai”, entre otros, educación, salud, vivienda y seguridad social.

Avances en el reconocimiento de derechos.- EL NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL 2008:

Merece la pena destacar el nuevo marco Constitucional, aprobado en septiembre de 2008, con el respaldo de la mayoría del pueblo ecuatoriano. La nueva Constitución incluye y amplía varios conceptos adicionales a los establecidos en la Constitución del 98, uno de los principales es la noción de plurinacionalidad , término ampliamente discutido y que se inserta como un concepto

contrario a lo que significa la división del Estado, y más bien se lo incluye en el sentido de que las nacionalidades, pueblos y comunidades tienen derechos colectivos que reconocen sus propias

formas de gobierno asociadas a la idea de un territorio en el que se han mantenido por generaciones. Ente los avances de carácter intercultural y plurinacional que marca esta nueva Constitución, en el

art. 2 está el reconocimiento del quichua y el shuar como idiomas oficiales de relación intercultural en el Ecuador. En el art. 3 numeral 1 garantiza, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos

humanos contenidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de los cuales es parte el Ecuador, con especificación de algunos de estos derechos: educación, salud, alimentación,

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seguridad social y agua para sus habitantes. Es más avanzada que la anterior Constitución de 1998.

Art. 6. “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. “

Art. 10. “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Cons titución.”

En el artículo 11 del Capítulo Primero, numeral 2: “Todas las personas son iguales y gozarán

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones e etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar NIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otro distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmat iva que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”

En el Capítulo Segundo, Título II, de los DERECHOS, la Constitución vigente consagran los “Derechos del buen Vivir” (art. 12 al 34) en el que se incluyen varios derechos tales como: el derecho al agua y a la alimentación, derecho a un ambiente sano que garantice la sostenibilidad y el

buen vivir , lo que en la tradición indígena se llama el “sumag kausay” (naturaleza y las relaciones del ser humano con su entorno) que es parte de la cosmovisión indígena . El derecho a la comunicación e información, cultura y ciencia, Educación, habitat y vivienda y trabajo y seguridad

social.

En el Capítulo Tercero, relativo a los Derechos de las pe rsonas y grupos de atención prioritaria, se presta puntual atención y se busca la inclusión activa en el desarrollo de la nación de: Las personas adultas mayores (arts. 36 – 38); los y las jóvenes (art. 39); las personas en movilidad reconociendo

el derecho a migrar, y afirmando que no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria (art. 40); los asilados y refugiados que gozarán de protección especial para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos (art. 41); las personas desplazadas que

tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente, dejándose sentada la

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prohibición de todo desplazamiento arbitrario (art. 42); las mujeres embarazadas (art. 43); los niños, niñas y adolescentes cuyo desarrollo se promoverá de forma integral (arts. 44- 46); las personas discapacitadas (arts. 47-49); las personas con enfermedades catastróficas (art. 50); las personas

privadas de libertad (art. 51); las personas usuarias y consumidoras (art. 52 - 55). Este reconocimiento de derechos en función de las características particulares de cada grupo hace evidente las necesidades específicas a cubrir a fin de alcanzar una igualdad real.

La inclusión de los afroecuatorianos dentro del Capitulo Cuarto de los Derechos Colectivos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades (art. 56 al 60) los hace virtualmente sujetos activos de los

mismos derechos (art. 59) pensados para los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas.

En los artículos 56,57 y 58, reconoce a las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas, a quienes, garantiza los derechos colectivos. Entre estos derechos encuentran: No ser objeto de racismo y de ninguna forma de

discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural; el derecho al reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación; y, a la aplicación de éstos derechos colectivos sin

discriminación, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Los derechos de los afroecuatorianos se exponen con mayor exactitud en la nueva Constitución del

Ecuador. El artículo 58 reconoce expresamente los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, su inclusión en el tema de comunidades ancestrales del Ecuador en un nivel diferente al que tenían en la Constitución del 98.

En el art. 60 reconoce que los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones para la preservación de su cultura.

Art. 65.El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los

partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación alternada y secuencial.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores

discriminados.

Derecho a la libertad

Art. 66. Numerales 4,6,28 y 29: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente

registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la

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procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.

29. Los derechos de libertad también incluyen: a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de o tras formas de

violación de la libertad.

Art. 67. “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución

de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.”

En el Capítulo Séptimo art. 71 y 72, se reconocen los derechos de la naturaleza que en la

cosmovisión indígena se conoce como la “Pacha Mama”, que básicamente son dos: derecho a la restauración integral y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales.

Art. 83 Numerales 10 y 14:

10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales.

14. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual.

Los Art. 156, 157 y la Transitoria Sexta, ya enunciados que corresponden al Cap. III. Función Ejecutiva: Sección Segunda que instituye los Consejos Nacionales de la Igualdad, que son órganos

responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y el los instrumentos internacionales de derechos humanos. Están integrados de

manera paritaria por representantes de la sociedad civil y del Estado y presididos por quien represente a la Función Ejecutiva.

Art. 242. El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico- culturales o de población podrán constituirse

regímenes especiales.

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales.

Art. 257. En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad,

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plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos.

Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán adoptar este régimen de administración especial, luego de una consulta aprobada por al menos las dos terceras partes de

los votos válidos. Dos o más circunscripciones administradas por gobiernos territoriales indígenas o pluriculturales podrán integrarse y conformar una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de conformación, funcionamiento y competencias de estas circunscripciones.

Título VII, desarrollan los derechos de la naturaleza, en el Régimen del Buen Vivir (art. 340 al 415) como un sistema nacional de equidad e inclusión social que contienes: instituciones, pol íticas,

programas, normas y servicios. Principales derechos del Régimen del Buen Vivir: la inclusión y equidad, educación, salud, seguridad

social, cultura física y tiempo libre, habitat y vivienda, cultura, comunicación social, ciencia, tecnología y saberes ancestrales, gestión de riesgos (protección en desastres de origen natural),

soberanía alimentaria y biodiversidad y recursos naturales.

Art. 377. Garantiza los derechos culturales: “El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;

incentivar la libre creación artís tica y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.”

2.2.- Normativa secundaria a nivel nacional:

En el Ecuador existen leyes secundarias a nivel nacional y a nivel local que fortalecen el combate a la discriminación racial.

2.2.1 Código Penal. Reforma: “delitos de odio” febrero 2008

El Código Penal vigente contempla un capítulo de los “crímenes raciales”, sin embargo, el 11 de

febrero de 2009 la Comisión Legislativa aprobó las reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, las mismas que están vigentes en el país a partir del 24 de marzo de 2009. Uno de los cambios realizados ha sido la creación del tipo penal de “crimen de odio” y su respectiva

sanción, que está incluido en un nuevo Capítulo que contiene cuatro nuevos artículos, denominado “De los delitos de Odio”.

Con esta reforma, el concepto que existía en la Ley Penal del Ecuador, fue ampliado con los “delitos de odio”, que incluye como delitos la incitación al odio, al desprecio o cualqu ier forma de violencia

moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual o edad estado civil o discapacidad,

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condicionantes que aumentarán la gravedad de un delito de cualquier naturaleza, aunque también se contemplan sanciones a quienes a través de medios de difusión pública inciten al odio en contra de quienes consideran “diferentes”.

Esta tipificación ya existente, se refuerza con esta reforma, porque la sanción ya no será solo por el tema racial. Ahora existe todo un capítulo dedicado a los delitos de odio, con cuatro artículos, que no

solamente castigan las agresiones verbales, físicas y asesinatos inspirados en la intolerancia sino que además se sanciona a quien, motivado por prejuicios, prive a los ciudadanos de servicios y derechos.

El nuevo delito se produce cuando una persona agrede a otra inspirada en el prejuicio por su género, edad, condición social, etnia, nacionalidad, orientació n sexual o cualquier otra

característica. La inclusión de los “delitos de odio” es el reconocimiento del Estado ecuatoriano que la

discriminación constituye la vulneración de un derecho, lo que implica que el “odio contra el diferente” es una causa que origina o coadyuva a un delito.

2.2.2.- Ley de Derechos colectivos Pueblo Afroecuatoriano. Mayo de 2006

El 30 de marzo del 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Derechos Colectivos del Pueblo Negro o Afroecuatoriano. La Ley 46, fue publicada en el R.O. N° 275 del 22 de mayo de 2006. Este texto legal se fundamenta en el reconocimiento de los derechos de los afroecuatorianos

establecidos en la Constitución vigente art. 58 y en base a que todos los ciudadanos son considerados iguales y gozan de los mismos derechos, art. 11 de la Constitución.

Esta ley recoge aspiraciones de las comunidades de asentamiento ancestral y de comunidades afroecuatorianas asentadas en las zonas urbanas y rurales, es una recopilación de un trabajo de más de una década a través de foros, mesas de trabajo, talleres que han sido escenarios de

discusión y debate. Como un instrumento legal que promociona y protege los derechos de los afroecuatorianos, está destinada a fomentar políticas de desarrollo para este sector de la población, incorporándolos en el contexto de desarrollo económico, social, cultural y político, con

reconocimiento pleno para lograr la igualdad de oportunidades. Según este cuerpo legal, es obligación del Estado reconocer los derechos económicos, soc iales,

culturales y políticos de las comunidades afroecuatorianas urbanas, así como elaborar y desarrollar programas destinados a este sector, para la dotación de un sistema de salud, educación, vivienda,

electricidad, agua potable, medidas de control del medio ambiente, promoviendo la igualdad de oportunidades en el empleo.

Esta Ley establece normas para el manejo de la biodiversidad y el derecho a ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de los recursos naturales no renovables que se hallen en su territorio, cuando pudieren ser afectados ambiental o culturalmente

en su ejecución. De ser posible participarán en los beneficios que estos proyectos reporten.

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Las instituciones del Estado que trabajan en la defensa de los dere chos del pueblo afroecuatoriano, entre ellas, la CODAE, trabajan en la elaboración del Reglamento a esta Ley a fin de permitir su aplicación en beneficio de los ciudadanos afroecuatorianos.

2.2.3.- La Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas que se Autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales.

Este conjunto de normas jurídicas abarca a tres instituciones públicas indígenas (CODENPE, SALUD INTERCULTURAL, FODEPI) que anteriormente fueron creadas y funcionaban con Dec retos Ejecutivos. Sin embargo, las nacionalidades y pueblos indígenas del país, prepararon y presentaron

un proyecto de Ley Orgánica, el que fue aprobado en el Congreso Nacional en septiembre del año 2007 y publicada en el Registro Oficial 175 de 21 de septiembre de 2007.

De acuerdo a esta Ley Orgánica, las tres instituciones públicas de los pueblos indígenas son entidades de derecho público, con personería jurídica propia y autonomía técnica, administrativa y

financiera. Además son organismos especializados en el desarrollo integral, sustentable y respetuoso de la cosmovisión de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador.

2.3.- Normativa secundaria a nivel local: A nivel de Municipios

2.3.1. Ordenanza Metropolitana para la Inclusión Social con enfoque étnico cultural del Pueblo Afroecuatoriano del Distrito Metropolitano de Quito

N° 0216- 2007)

Otro de los instrumentos a nivel nacional que tiene como objetivo la promoción de los derechos de los afroecuatorianos que merece la pena destacarse es la Ordenanza Metropolitana # 0216

sancionada por el Alcalde de Quito el 10 de julio de 2007 y publicada en el R.O. Nº 159 de 30 de agosto de 2007. Esta Ordenanza crea el Consejo Social Metropolitano para la Eliminación de la

Discriminación Racial, lo que se ha convertido en un espacio de defensa para los ciudadanos víctimas de racismo en la ciudad de Quito.

El Consejo Social se integra por un Concejal, que lo preside, un delegado del pueblo afroecuatoriano, un delegado del pueblo indígena, un delegado de las organizaciones de derechos humanos en representación de otras etnias y un delegado de la Secretaría de Desarrollo Social,

quien cumple las funciones de relatoría del Consejo. Entre las funciones de este Consejo está: Velar por el cumplimiento de los derechos humanos estipulados en la Convección Internacional

sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. Cumplimiento del Programa de Acción de Durban y el Plan de Acción de 10 puntos de la Coalición

Latinoamericana y Caribeña de Ciudades Contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la cual el Municipio de Quito es la Secretaría Ejecutiva.

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2.3.2.- Reglamento para la Ordenanza Metropolitana (11-XII-2008) El Reglamento de la Ordenanza Metropolitana para la Inclusión Social con Enfoque Étnico Cultural

del Pueblo Afroecuatoriano en el Distrito Metropolitana de Quito, fue aprobado el 11 de diciembre del 2008. Para efectos de la aplicación de este Reglamento a la Ordenanza Metropolitana Nº 216, el Municipio

de Quito incorporará, equitativamente como beneficiario, a la población afroecuatoriana, garantizando su acceso a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de este sector humano en todo el territorio de su competencia.

Estos derechos para los afroecuatorianos del Distrito Metropolitano de Quito, cubren las siguientes áreas: equidad entre hombres y mujeres, accesibilidad a mejores ingresos económicos y mejores condiciones de empleo, seguridad social, protección especial a los niños/as y adolescentes, disfrute

de la cultura, alimentación, vivienda, educación, salud física y mental y el medio ambiente sano, así como todas aquellas que garantiza el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales asumidos por el Estado Ecuatoriano el 06 de marzo de 1969.

Este reglamento cuenta con XI Capítulos; 61 Artículos; 1 Disposición General y 3 Transitorias

3.- INSTITUCIONES NACIONALES VINCULADAS A LOS COMPROMISOS DE LA

DECLARACION Y PLAN DE ACCION DE DURBAN 3.1.- Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

3.2.- Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano –CODAE-. 3.3.- Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador – CODENPE-.

3.4.- Secretaría Nacional de Salud Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. 3.5.- Fondo Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador

FODEPI.- 3.6.- Defensoría del Pueblo.- a) Comisión Nacional de Defensa de los derechos humanos los Indígenas (sede en Quito), y b) Subcomisión de defensa de los derechos humanos

de los Afroecuatorianos (sede en Guayaquil) *Nueva estructura de la Defensoría del Pueblo. 3.7.- Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe –DINEIB del Ministerio de Educación.

3.8.- Secretaría Nacional del Migrante –SENAMI-.

3.1.- Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Con el propósito de apoyar los derechos de los ciudadanos y en particular la participación ciudadana

en la gestión del Estado, el actual gobierno creó la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, con rango de Ministerio, mediante Decreto Ejecutivo Nº 133 de 26 de febrero de 2007, publicado en el Registro Oficial Nº 35 de 7 de marzo del 2007. Esta Secretaría de

Estado, es el organismo rector de las políticas públicas que norman y garantizan el derecho a la

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participación ciudadana, mediante el diseño y desarrollo de medidas y acciones destinadas a

estimular, procesar y consolidar la participación de los pueblos, movimientos sociales y ciudadanía, en las decisiones claves que a ellos les afecta, así como fortalecer a las entidades que integran la Secretaría, coordinando y articulando sus planes, programas y proyectos, con el objeto de mejorar

los niveles de impacto, eficiencia y optimización de recursos destinados a esta gestión.

Adicionalmente, el Estado ecuatoriano, desde hace una década, en respuesta a los cambios constitucionales de 1998 que establecen la obligación del Estado de permitir la participación de los pueblos y nacionalidades en los niveles de planificación, prioridad de acciones y toma de decisiones

dentro del Estado, adoptó medidas especiales a través de la creación y fortalecimiento de entidades públicas y mixtas que cuentan con la participación del Estado y de la Sociedad Civil, entre las principales se citan: el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador

(CODENPE); la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE y la Defensoría del Pueblo.

3.2.- Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano –CODAE-.

La Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE) fue creada mediante Decreto Ejecutivo 1747 el 10 de agosto de 1998. Actualmente la CODAE y los demás Consejos Nacionales, se encuentran en un proceso de transición jurídica hacia los Consejos Nacionales para la Igualdad

conforme a lo que disponen los artículos 156, 157 y Transitoria Sexta,

Art. 156. Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación,

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coo rdinarán con las entidades

rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.

Art. 157. Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por representantes

de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo.

Transitoria Sexta. Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, se constituirán en consejos nacionales para la igualdad, para lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución.

3.3.- Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador –CODENPE-.

El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador -CODENPE.- creado mediante Decreto Ejecutivo No. 386 el 11 de diciembre de 1998, tiene como misión impulsar y

facilitar el desarrollo integral, sustentable y con identidad de las nacionalidades y pueblos del

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Ecuador, mediante la formulación de políticas, la co -gestión, la participación, la coordinación, la

equidad y la consecución de recursos, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida, a través de un nuevo modelo de desarrollo y de leyes y políticas de Estado. Posteriormente, el Congreso Nacional creó mediante Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas que se

Autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales, como organismo de derecho público con personería jurídica propia y autonomía técnica, administrativa y financiera, cuya misión fundamental es la definición de políticas públicas para el desarrollo integral sustentable respetuoso de la identidad

de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. 3.4.- Secretaría Nacional de Salud Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos

Indígenas del Ecuador. Con el fin de ampliar y asegurar los servicios de salud para los pueblos indígenas, se creó en el interior del Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Salud Intercultural, el 10 de septiembre de

1999. Posteriormente mediante la Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de Pueblos Indígenas del Ecuador que se autodefinen como Nacionalidades de Raíces Ancestrales, expedida por el Congreso Nacional del Ecuador el 11 de septiembre de 2007, se crea la Secretaría Nacional de

Salud Intercultural de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, como una entidad técnica especializada en la práctica de la medicina y conocimientos tradicionales que funciona bajo los

lineamientos del CODENPE. Esta entidad funciona como un organismo de derecho público, con autonomía técnica, administrativa y financiera.

Su misión es la definición de políticas públicas para proteger, desarrollar y asegurar el derecho de acceso a servicios de salud intercultural adecuados a su realidad socio -cultural y tradiciones propias.

Este servicio de salud está destinado a los pueblos indígenas a nivel nacional, que según el Censo de 2001, son 1’ 500.000 habitantes distribuidos en las 24 provincias del país. Es importante destacar que en el Ecuador conviven indígenas de 14 nacionalidades y 21 pueblos, que, según el Ministerio

de Coordinación de Desarrollo Social, de algún modo, han sufrido un proceso de exclusión y de discriminación, entre otros servicios, también en el de atención sanitaria. El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) establece que el 69,8% de la población indígena, tanto de

la sierra como de la amazonía, viven en situación de pobreza, y dentro de este grupo étnico los más vulnerables son niños, niñas y adolescentes.

Este sistema de atención en salud para los pueblos indígenas está apoyado por el nuevo sistema de salud nacional actualmente vigente, puesto que incorpora a la medicina tradicional indígena en este modelo que incluye un componente ancestral que promueve la salud como la completa armonía

del ser humano con la naturaleza y la coexistencia de fuerzas más allá de las físicas: emocionales y espirituales, que son las que determinan y/o explican las limitaciones de la medicina científica

experimental. En este enfoque también se inscriben las medicinas alternativas, tales como la homeopatía, la acupuntura y la medicina natural que enfatizan en el equilibrio de fuerzas macro y microcósmicas así como la regulación energética para restaurar la salud de los enfermos.

El enfoque intercultural en la atención sanitaria garantiza la vigencia y práctica de los conocimientos provenientes de un rico patrimonio cultural, incorporando modelos que expresan

complementariedad, reciprocidad y diversidad, en el contexto del nuevo paradigma de la cultura, la

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salud y el desarrollo. Así, el enfoque intercultural promueve el respeto a la cultura de los usuarios (sus hábitos y costumbres respecto al proceso de salud y enfermedad) y promueve la articulación de las distintas medicinas (“occidental”, tradicionales, ancestrales, alternativas) permitiendo una

deseable complementariedad de las acciones y la elección del sistema médico donde los usuarios prefieran ser atendidos.

El objetivo de este sistema sanitario que ha puesto en ejecución el actual gobierno es garantizar a toda la población del territorio nacional el acceso a la salud, mediante una programación territorial, con criterios epidemiológicos, socioculturales, de género, de interculturalidad y promoción de la

salud.

Adicionalmente, es preciso destacar que las actividades cumplidas por el Ministerio de Salud Pública en el ámbito de la Subregión Andina, durante el ejercicio de la Presidencia de la Reunión de

Ministras y Ministros de Salud del Área Andina Año 2008, el Ecuador ha preparado importantes Planes de Acción de Nivel Nacional y Andino en diferentes áreas de trabajo, entre las que se destacan: Salud Intercultural, Prevención del embarazo en adolescentes, Control del Tabaco,

Acceso a Medicamentos Antiretrovirales-VIH/Sida, Salud y Economía, Recursos Humanos-Capacitación-Migración, Vigilancia Epidemiológica, Control de la Malaria en Zonas de Frontera, Salud en las Fronteras, Desastres y Cambio Climático.

3.5.- Fondo Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador FODEPI.-

Este Fondo fue creado mediante Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas, como una entidad técnico – financiera, de derecho público con finalidad social, con

autonomía administrativa, financiera y operativa, integrada por el Estado y los representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas. Tiene como principal objetivo “Promover el desarrollo de los sistemas financieros, capacidad técnica y empresarial de las nacionalidades y pueblos indígenas.

3.6.- Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo.- Creada en septiembre de 1998, es la Institución que se encarga de la

defensa de los derechos fundamentales y es considerada como el primer escudo de las libertades y garantías constitucionales. La función primordial de la Defensoría del Pueblo es la defensa y protección de los derechos humanos. Cuenta con dos Direcciones de carácter Nacional que velan

por la defensa y cumplimiento de los derechos tanto de los Pueblos Indígenas como de los Afroecuatorianos.

Dentro de la Defensoría del Pueblo se han creado y actualmente funcionan, la Comisión Nacional de Defensa de los derechos humanos de los Indígenas con sede en Quito, y la Subcomisión de defensa de los derechos humanos de los Afroecuatorianos, con sede en la ciudad de Guayaquil. Son dos

oficinas encargadas de la promoción y protección de los derechos de los indígenas y afroecuatorianos.

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A fin de equiparar los derechos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, desde finales del año 2008, dentro de los retos y objetivos que plantea e l nuevo marco Constitucional ecuatoriano, en la Defensoría del Pueblo, se ha presentado la propuesta de creación de la Unidad de Asuntos Étnicos

y Colectivos, como un instrumento que coadyuve a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los sectores de la población, promoviendo medidas de equiparación, como esta que pretende dar igual categorización dentro a todos los actores y sujetos de los derechos étnicos y

colectivos. En este sentido, en materia de derechos humanos, la propuesta de trabajar por el régimen del “buen

vivir” responde a la visión de integralidad e interrelación de esos derechos sumado al reconocimiento de nuevos sujetos de derechos (personas, colectivos y naturaleza).

En materia de derechos colectivos y étnicos, la reestructura plantea una importante equiparación en el tratamiento de los temas relacionados a los derechos del pueblo afroecuatorianos con relación a

los temas relativos a los pueblo indígenas. Se plantea el establecimiento de la Unidad de Asuntos Étnicos y Colectivos, una sola oficina que se encargará de los asuntos étnicos de forma global, pero

a la vez especializada, dando igual importancia a estos dos sectores que tradicionalmente tenían una desigual atención que se puede atribuir a la mayor o menor influencia social o política que cada uno de ellos ha sido capaz de ejercer en la sociedad ecuatoriana.

Esta propuesta tiene sustento en el reconocimiento de los "pueblos" como sujetos de derechos, dinámica en la cual, cada uno de ellos con sus especificidades étnicas, culturales, antropológicas e

históricas, merece igual reconocimiento de Estado y la sociedad. 3.7.- Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe –DINEIB

La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe – DINEIB, fue creada mediante Decreto Ejecutivo Nº 203 del 09 de noviembre de 1988. Sin embargo, se institucionaliza esta Dirección en 1992, mediante Ley 150 del 15 de abril de 1992, publicado en el Registro Oficial Nº 918 del mismo

mes y año. La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe especializada en lenguas y culturas

aborígenes, funciona como una instancia técnica, administrativa y financiera descentralizada y es la encargada del desarrollo de las lenguas y culturas indígenas del país. Es la institución encargada del proceso educativo en lenguas indígenas y castellano como segunda lengua, lo que se refuerza

con personal intercultural bilingüe, contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de los diferentes pueblos del Ecuador y promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y los procesos

organizativos de los pueblos y nacionalidades, a fin de construir una sociedad pluricultural y multilingüe.

Paralelamente a la DINEIB, se crean las Direcciones Provinciales de Educación Intercultural Bilingües DIPEIBs y las Direcciones de Educación Intercultural Bilingüe de las Nacionalidades DEIBNAs, su misión es ofertar un servicio educativo a los pueblos y nacionalidades de la Costa:

Awá, Chachi, Tsa’chila y Eperas, Sierra: Kichwas Amazonía: A’i (Cofán) Siona, Secoya, Sápara,

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Waorani, Kichwas, Shuar, Achuar, Shiwiar y Andoas. Cada una de las nacionalidades mantiene una lengua y una cultura propia y constituyen una de las riquezas culturales de la nación ecuatoriana.

En resumen tenemos que dentro de este sistema de los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües –CECIBs- existen 130.348 estudiantes, 2.883 establecimientos educativos; y 8.355 educadores, distribuidos en los diferentes niveles de educación a nivel nacional.

3.8.- SECRETARÍA NACIONAL DEL MIGRANTE –SENAMI-. De conformidad con los compromisos de Durban, el Ecuador es consciente de que las personas en

situación de movilidad: personas migrantes, refugiadas y desplazadas internas; constituyen, también, uno de los grupos humanos afectados por la discriminación e intolerancia, y que por tanto, entran dentro del marco de acción de la Declaración y Programa de Acción de Durban suscrito en el

2001. El Ecuador es uno de los países que ha realizado mayores esfuerzos por proteger y garantizar los

derechos de las personas migrantes, en su condición de Estado emisor, receptor y de tránsito, bajo un enfoque de derechos humanos. Con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las personas

migrantes y fortalecer la atención a sus necesidades, en marzo de 2007, se crea la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), institución con rango de Ministerio de Estado, adscrita a la Presidencia de la República, cuya misión es la definición, gestión y ejecución de las políticas

migratorias, dentro y fuera del territorio ecuatoriano, inclusive el establecimiento de centros de atención integral a migrantes.

La Constitución de 2008, en el artículo 11, señala como principio del ejercicio de los derechos, la igualdad de todas las personas sin discriminación por su condición migratoria; este principio engrana con las acciones definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-

2010 elaborado por la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI). El Ecuador no acepta la existencia de seres humanos ilegales y reivindica e l derecho a migrar,

consagrado en el artículo 40 de la Constitución. La libre movilidad humana, la participación e interculturalidad, así como también el derecho a quedarse y a volver, para lo cual el Estado ecuatoriano, destinará todos los esfuerzos para impulsar una política migratoria basada en el respeto

y ejercicio de los derechos humanos, consolidar vínculos entre las personas migrantes y sus familiares al igual que impulsar procesos de desarrollo humano a favor de ellos, promover procesos de interculturalidad y de construcción de una ciudadanía universal e incluye también el capacitar a

los funcionarios encargados de cumplir la Ley en materia migratoria, así como de sensibilización social sobre la problemática que viven las personas migrantes en Ecuador y los ecuatorianos

migrantes en otros países. El Ecuador, a través de la SENAMI, lleva a cabo la campaña “Todos Somos Migrantes” contra la

discriminación y la xenofobia, buscando la incorporación de actores estratégicos para trabajar conjuntamente en la protección de las personas migrantes y luchar contra el crecimiento de situaciones xenófobas, brindando en el exterior servicio legal a los ecuatorianos en los casos de

violencia motivada por xenofobia y racismo, especialmente en Estados Unidos y España;

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estableciendo alianzas con varias instituciones para impulsar este servicio y campañas de educación e información preventiva, especialmente motivando a los gobiernos de los países receptores a involucrarse.

De igual manera, frente al crecimiento de situaciones xenófobas, las cuales se han visto agravadas por la crisis económica y la falta de empleo, el gobierno ecuatoriano, a través de la Secretaría

Nacional del Migrante y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha manifestado su preocupación sobre los últimos hechos de violencia motivados por la discriminación y la xenofobia ante los gobiernos de los principales países de destino de los ecuatorianos migrantes, logrando generar

acuerdos de cooperación, alianzas estratégicas y espacios de diálogo en los que se enfatizaron la necesidad de tomar medidas que limiten el crecimiento de situaciones xenófobas y se impulsen campañas de educación e información preventiva, en esos países.

Ecuador ha impulsado diálogos regionales a nivel andino: I Foro Andino de Migraciones, a nivel sudamericano, y a nivel mundial, el II Foro Mundial en Manila; en los cuales, se ha reiterado la

preocupación por el incremento de la xenofobia, la discriminación y los abusos de autoridad.

4.- POLÍTICAS PÚBLICAS.

4.1. Plan de Acción 2007-2010 y Políticas de desarrollo social del Gobierno Nacional 4.2. Normas sobre derechos pueblos indígena y afroecuatoriano.

4.3. Plan Operativo Derechos Humanos del Pueblo Afroecuatoriano.

4.4. Plan Nacional de Desarrollo Humano de Migraciones 2007 -2010 4.5. Política Social.- Goce de los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos vulnerables

4.5.1. El derecho a una vivienda adecuada 4.5.2. Bono de Desarrollo Humano.

4.5.3. Política de Salud. Inversión. Construcción y equipamiento

hospitalario y centros de salud. Contratación de personal. 4.5.4. Política de Educación.- Inversión. Reconstrucción de centros escolares. Contratación de maestros, textos escolares gratuitos,

uniformes escolares gratuitos. Nuevos logros en la educación inclusiva e intercultural. 4.5.5. Alimentación. Plan Aliméntate Ecuador.

4.6. Perspectiva de Género. El Estado ecuatoriano y el Programa de Acción de Durban a

través de la aplicación del Plan de Igualdad de Oportunidades PIO 2005-2009. 4.7.- Protección de los derechos de los afroecuatorianos y pueblos indígenas de la

frontera norte. 4.8. Visita del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. 4.9.- Programa Nacional de Participación Ciudadana.

4.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010

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El Estado ecuatoriano para garantizar la protección y goce de los derechos económicos, sociales y culturales con un amplio enfoque de derechos, ha definido “El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 el mismo que fue puesto en marcha por el Gobierno Nacional en junio del año 2007 y se

constituye en el instrumento de planificación más importante con el que cuenta el país. En este documento se señala la visión de país que se persigue así como los objetivos y metas globales de resultados que se buscan hasta el año 2010. El Plan tiene objetivos que están basados en un enfoque de derechos, no sectorial y donde el ser

humano es el inicio y fin de la política púb lica. Entre los principales objetivos de este Plan están la igual y la cohesión social, mejorar la calidad de vida de la población, desarrollo sustentable, afirmar

la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la interculturalidad.

Este Plan se constituye en el instrumento de planificación más importante sobre objetivos y metas del país en el plano del desarrollo social hasta el año 2010.

El Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, con apoyo de UNICEF y del Grupo FARO, al analizar las transferencias del presupuesto del Gobierno Central realizadas durante el 2007 en los sectores sociales, al señalar los logros más relevantes apuntan que:

En el año 2007, se evidenció un aumento y una mejor gestión de la transferencia de recursos fiscales. El Gobierno Central entregó 4.218 millones de dólares, y logró que la relación entre lo

transferido y lo presupuestado se incremente de 88% en el 2006 a 98% en el 2007. Esto supone que las unidades ejecutoras del Estado dispusieron de más recursos, de manera más oportuna para desarrollar sus respectivas actividades.

El Sector Social compuesto por los Ministerios de: Educación, Salud, Inclusión Económica y Social, Trabajo y Desarrollo Urbano y Vivienda, recibieron en el 2007, un total de 2.313 millones de dólares

de las fuentes fiscales, es decir 45% más que lo destinado al mismo sector en el 2006, lo que representó un 55% de los recursos sectoriales transferidos hasta diciembre del 2007, siendo el

mayor destinatario en relación a otros sectores como sector Defensa, sector Productivo, sector Administrativo, entre otros. Este orden de prioridad en el destino de los recursos revela la importancia dada al desarrollo humano y al combate a la pobreza en la actual política fiscal.

Los logros alcanzados, mejor gestión fiscal y mayor atención al sector social, evidencian un esfuerzo progresivo y de cambio en la gestión presupuestaria. En la perspectiva futura, tanto en instancias del

gobierno, como de la sociedad, hay interés en avanzar en próximos ejercicios fiscales en: impulsar la corresponsabilidad del gasto fiscal con poblaciones más vulnerables, mejorar progresivamente los mecanismos hacia la equidad y que posibiliten la evaluación de calidad e impacto del gasto público

evidenciada en resultados; así como en profundizar los mecanismos de rendimiento de cuentas y transparencia de las finanzas públicas y en la gestión presupuestaria de la inversión social”.

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4.2. Plan Nacional de Derechos Humanos.- El Plan Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, por ser considerado como una política de Estado permanente en materia de derechos humanos, trasciende a los gobiernos y a las personas.

También, constituye para nuestros mandatarios un reto y una obligación lograr el fortalecimiento del Plan Nacional, toda vez que en su normativa se contempla como objetivos:

En materia de pueblo afroecuatoriano, el plan busca mejorar la calidad de vida del pueblo afroecuatoriano; fortalecer y consolidar el movimiento afroecuatoriano; y, lograr el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos individuales y colectivos del pueblo afroecuatoriano.

Para el cumplimiento de los objetivos generales, las instituciones involucradas en el Plan de Derechos Humanos se comprometen a generar políticas sociales, económicas y culturales que

promuevan el desarrollo del pueblo afroecuatoriano y que contribuyan a la preservación y promoción del mismo; determinar acciones concretas para la protección del pueblo afroecuatoriano; velar por la participación de los afroecuatorianos en cargos de decisión en el sector público y privado, en la

adecuada proporción al número de sus habitantes del Ecuador; establecer programas de educación especiales en comunidades donde la mayoría de la población sea afroecuato riana; particularmente

el establecimiento de centros e instituciones de formación y de alto rendimiento en deportes; promover el respeto a las formas propias de organización afroecuatoriana, tales como los palenques y las comarcas; y, propender al reconocimiento del derecho de propiedad de los pueblos

afroecuatorianos sobre sus tierras ancestralmente ocupadas. En materia de personas migrantes, el Plan prevé estrategias para la definición de una política

migratoria integral cuyo propósito central es el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes, mediante el desarrollo y aplicación del derecho internacional en la protección de los derechos humanos de los migrantes, sin discriminación alguna; el impulso al desarrollo de

instituciones internacionales encargadas de atender en forma prioritaria la situación de los trabajadores migrantes y sus familias, en función de su situación de especial vulnerabilidad, incluyendo los tribunales internacionales y los acuerdos con países receptores; el mejoramiento de

las condiciones de vida de quienes han migrado. 4.3. Plan Operativo de los Derechos Humanos del Pueblo Afroecuatoriano.-

Los Planes Operativos de Derechos Humanos, basados en los principios constitucionales, declaraciones y convenciones internacionales que interesan a cada sector social, propone la

ejecución de políticas públicas que protegen a los sectores vulnerables del país, tal es caso del Pueblo Afroecuatoriano.

En el Plan Operativo sobre los Derechos Humanos del Pueblo Afroecuatoriano se contemplan objetivos tendientes a garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos del Pueblo Afroecuatoriano y generar una cultura de respeto de estos derechos. También se busca consolidar y

potenciar las instancias de organizaciones al interior y exte rior de la población afroecuatoriana, para

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generar y canalizar las políticas y acciones necesarias hacia la protección y desarrollo de este sector. Además, se pretende garantizar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud, educación, vivienda y trabajo, mediante la implementación de programas de desarrollo que

favorezcan a la población afroecuatoriana. Con los objetivos planteados en el Plan Operativo del Pueblo Afroecuatoriano se tiende, en un futuro

cercano, a crear condiciones favorables y mecanismos necesarios que permitan la efectiva aplicación y respeto de los Derechos del Pueblo Afroecuatoriano en el país, así como lograr una consolidación de las organizaciones afroecuatorianas con una mayor autonomía política-

administrativa, tendientes a mejorar la calidad de vida del pueblo afroecuatoriano. Ante la importancia de dichas temáticas, la Comisión Permanente de Seguimiento al Plan Nacional

de Derechos Humanos, mediante resolución de mayo de 2008, decidió impulsar un ciclo de capacitación en varias provincias del país, en el segundo semestre del presente año, en aras de combatir la discriminación racial, promocionar y difundir los derechos humanos del pueblo

afroecuatoriano consagrados en los principales instrumentos internacionales; promover el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de la CERD, y evaluar el cumplimiento del

Programa de Acción de Durban. Se pretende que al final de estos talleres se entregue pedidos concretos al Estado, a través de las instituciones gubernamentales que conforman la Comisión: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Corte

Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y SENPLADES. 4.4. Plan Nacional de Desarrollo Humano de Migraciones 2007 -2010

Impulsado por la Secretaría Nacional del Migrante, la principal política pública que se ejecuta es el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010, basado en el convencimiento de que el Ecuador no acepta la existencia de seres humanos ilegales y reivindica el derecho a

migrar, a la libre movilidad humana, a la participación e interculturalidad, así como también el derecho a quedarse y a volver, para lo cual destinará todos los esfuerzos para impulsar una política migratoria basada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos, consolidar vínculos entre los y

las migrantes y sus familiares al igual que impulsar procesos de desarrollo humano a favor de ellos, promover procesos de interculturalidad y de construcción de una ciudadanía universal e incluye también el capacitar a los funcionarios encargados de cumplir la Ley en materia migratoria, así como

de sensibilización social sobre la problemática que viven los y las inmigrantes extranjeros/as en Ecuador y los y las emigrantes nacionales en otros países.

4.5. Política Social.- Goce de los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos vulnerables

4.5.1. El derecho a una vivienda adecuada.-

La actual política social del Gobierno ecuatoriano está empeñad a en superar la falta de vivienda en

los sectores más vulnerables de la población, por esto ha puesto en ejecución programas para solucionar gran parte de los problemas que actualmente afrontan varios sectores de la población por

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falta de una vivienda adecuada, sobre todo los ciudadanos de los pueblos indígenas y

afroecuatorianos quienes en su gran mayoría tienen menores posibilidades de acceder a una vivienda propia que cuente con servicios básicos. A fin de superar esta realidad, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, está previsto un presupuesto para que el Ministerio de Vivienda –

MIDUVI-, a través del Bono de la Vivienda, proporcione a 69.000 familias ecuatorianas de escasos recursos la posibilidad de que cuenten con una vivienda digna. No se cuenta con datos desagregados por raza.

El Bono de la Vivienda, es parte de las políticas de desarrollo social que aplica el Gobierno ecuatoriano a fin de incentivar la adquisición o mejoramiento de la vivienda urbana, rural y urbano marginal del país, cuyos beneficiarios son los ciudadanos de menores ingresos en el Ecuador. Esta

política responde a la realidad socio-económica de los habitantes. Los montos destinados para este Bono han sido reformados mediante Decreto Ejecutivo 1175, de

26 de junio de 2008, con un incremento de un 10% para la construcción de vivienda nueva rural y urbano marginal los montos van de 2.400 a 3.500 US dólares más el 10%. El Bono para mejoramiento de vivienda es de 1.500 US dólares.

Durante el 2007, el MIDUVI fortaleció una importante red de constructores y empresarios que de

diversas maneras contribuyeron a construir, mejorar y financiar la vivienda de las familias ecuatorianas, reactivando la actividad de la construcción y brindando oportunidades de trabajo a miles de ecuatorianos. Esta red permitirá que durante el año 2008 se pueda cumplir con metas más

altas como la ya mencionada. Este programa alienta a los constructores de todo el país a fin de que trabajen en armonía con las

comunidades de todos los rincones del país, llevando la vivienda a lugares nunca antes atendidos. El Ministerio de Vivienda también ha retomado su rectoría en el área de Agua Potable y

Saneamiento, generando políticas y controlando que la infraestructura sanitaria de todo el país sea eficiente y brinde servicios de calidad a los ecuatorianos. Asimismo, se ejecutarán nuevos proyectos como “Ciudad desde la comunidad”, bajo una óptica de desarrollo comunitario integral; e

incrementará la cobertura de programas en marcha como el de titulación de tierras para vivienda.

4.5.2. El Bono de Desarrollo Humano.-

El Programa de Protección Social –PPS- fue creado en el año 2000 y actualmente está adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) acompaña y asiste a todos los grupos humanos del Ecuador que están en situación de vulnerabilidad, mediante una transferencia mensual de

dinero. Dentro de este programa se encuentran varios subprogramas, uno de los principales, el Bono de Desarrollo Humano –BDH- que consiste en un beneficio monetario mensual que está condicionado

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al cumplimiento de requisitos establecidos por el Programa de Protección Social, en el caso de las madres, y sin ningún tipo de condición para adultos mayores y personas con discapacidad, ubicadas

en el primero y segundo quintil más pobre, según el índice de bienestar SELBEN” (Sistema de Selección de Beneficiarios de los programas sociales).

En la actualidad el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC) realiza las correspondientes encuestas a los hogares en las áreas y zonas definidas para depurar la base de

datos del SELBEN y construir el Sistema Único de Beneficiarios. El objetivo fundamental del BDH es ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega de compensaciones monetarias directas a los hogares en situación de pobreza

e indigencia, incorporando corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en educación y salud. A través del cobro en ventanillas de bancos y cooperativas de ahorro y crédito de l país y del uso de

tarjetas magnéticas, el MIES – PPS, hasta el mes de mayo de 2008, atendió con el Bono de Desarrollo Humano (BDH) a 1’009154 madres jefas de familia, a 258.250 adultos mayores y a 21.754 personas con discapacidades (capacidades diferentes); es decir, a 1’289.158 ciudadanas/os.

De otra parte, a fin de fortalecer la producción en las familias de menores recursos, el Estado ecuatoriano a través del MIES y el Programa de Protección Social – PPS- a más del Bono de

Desarrollo Humano, han entregado créditos especiales. Durante el 2007 se entregó 5.328 Créditos Productivos Solidarios –CPS- por un monto de USD 2.112.626 y, hasta el mes de mayo de 2008, 31.498 Créditos de Desarrollo Humano –CDH- por un monto de USD 10’702.667,12. Los

beneficiarios de estos créditos, son familias y personas habilitadas para cobrar el BDH. Sin embargo, tanto para el cobro del BDH como para el acceso a los CPS y CDH, por no considerar la variable étnica y cultural de la población beneficiaria, no es posible ind icar cifras concretas

referidas al sexo y etnia de la población sujeta de estos derechos que el Estado protege y promueve.

La base legal del Bono de Desarrollo Humano –BDH-, se sustenta en varios Decretos Ejecutivos desde el 2003, 2006, que han regulado los requisitos, los beneficios y los beneficiarios de este Bono.

Actualmente, los beneficiarios del BDH, realizan sus cobros a través de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, mediante ventanillas o tarjetas magnéticas (Tarjeta Bono Rápido),

para lo que se cuenta con una red de cajeros automáticos.

4.5.3. Política de Salud. Inversión. Construcción y equipamiento hospitalario y centros de salud. Contratación de personal.

Pese a los esfuerzos por mejorar y extender los servicios de salud a toda la población ecuatoriana, en el país aún se presenta el problema de falta de atención sanitaria a varios sectores de población

vulnerable en el país, especialmente a los pueblos indígenas y afroecuatorianos que presentan porcentajes menores de atención sanitaria. Frente a esta realidad social, el Gobierno ecuatoriano en este sector se ha iniciado una transformación desde una perspectiva de derechos sociales

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incluyentes. Se va hacia una salud universal de calidad con financiamie nto público y sin costo para el usuario. Las líneas de acción también se orientan a promover y fortalecer la construcción de ciudadanía y cultura en salud, ligadas al control y veeduría social del Sistema Nacional de Salud.

Con el nuevo marco Constitucional el país cuenta con mayores garantías para la protección de la salud de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, el Ministerio de Salud en coordinación con Salud

intercultural de esa Cartera de Estado tienen a su cargo la aplicación del concepto Salud Intercultural, todas los avances en el campo de la salud pública tienen como referente tres puntos: 1) Los aspectos fundamentales de la Nueva Constitución 2008 sobre la Salud, 2) los ejes de la

propuesta de transformación sectorial de salud y, 3) el registro de los logros de salud en el Ecuador durante el año 2008.

Entre estos logros se cuentan la extensión de la Protección social en salud y acceso universal y gratuito, red pública de salud, mejor calidad de servicios sanitarios; de igual manera, se ha llev ado a

cabo el Desarrollo de un modelo de atención integral integrado con enfoque comunitario, familiar, intercultural y de género, basado en la estrategia de Atención Primaria de Salud.

Entre los principios y líneas de acción de la transformación del sector de la salud, se cuenta la extensión de la protección social en salud con equidad, a través de la implementación del modelo de atención integral, familiar comunitario e intercultural, fortaleciendo la promoción de la salud y una

cultura por la salud y la vida, con la formación de 460 Equipos Básicos de Salud (EBAS) distribuidos en todo el país, para diciembre 2008 se espera contar con 1.632 EBAS.

Merece destacarse que el Ecuador ha incrementado la Inversión total en salud que en el presente Gobierno asciende a 859´984.361 (Millones de dólares).

Estos esfuerzos del país se reflejan en hitos y logros, entre los que se destacan que durante el año 2008 en el país no se reportó un solo caso de muerte por: fiebre amarilla, rabia humana y rabia

canina, dengue hemorrágico y malaria, de igual manera se han reducido y controlado los casos de malaria en el Ecuador.

De igual manera el país realiza campañas de vacunación a toda la población, en especial a los sectores más vulnerables del país, entre otras contra la meningitis, la malaria, el rotavirus, sarampión y viruela. Existe un Programa nacional de prevención y control del VIH-Sida en el que se

atiende al 100% de personas programadas por el MSP con VIH-Sida. El Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, en especial destinado a niños menores

de 5 años; el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición que a través del Complemento Alimentario “Mi Papilla” han recibido, consejería nutricional, monitoreo y vigilancia nutricional.

La Protección Social en Salud ha eliminado progresivamente todo tipo de exclusión en salud; actualmente en el país se asume la salud como un derecho y como un bien público, esto implica,

mejor calidad de equipos sanitarios, brigadas de atención médica, mayor inversión e n salud pública, medicamentos y contratación de profesionales de la salud.

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El nuevo Modelo de Atención Integral en Salud permite actualmente atender, gratuitamente, a 1´500.000 ciudadanos /as de las zonas más apartadas del país quienes antes habían sido excluidos de los servicios de salud pública.

Las Inversiones Infraestructura y equipamiento 2008, han logrado entre otros avances de este gobierno, el funcionamiento 4 Hospitales Nuevos y 45 que han sido reconstruidos, se ha iniciado

construcción de nuevos hospitales en varias ciudades del país, entre otras en Milagro, Guayaquil, Durán, Tulcán, Pedernales, Jama, Huaquillas, Santa Rosa, Galápagos, Latacunga, Loja, Pichincha y Manabí. Remodelación de 103 Centros y Sub-centros de Salud, y 52 nuevas ambulancias han sido

entregadas a los Hospitales y Centros de Salud del país. En definitiva se puede afirmar que durante el 2008 el Ecuador ha mejorado sus servicios de salud pública con proyección de avanzar aún más en estos servicios y extenderlos a toda la población bajo un enfoque intercultural y de derechos de todos/as los/as ciudadanos/as, en particular en beneficio de los sectores menos favorecidos, que anteriormente no tenían posibilidad de acceder a la atención pública de salud adecuada.

4.5.4. Política de Educación. Inversión. Reconstrucción de centros escolares. Contratación de maestros, textos escolares gratuitos, uniformes escolares gratuitos. Nuevos logros en la educación inclusiva e intercultural.

A fin de mejorar la calidad de la educación en todo el país así como asegurar el acceso y

permanencia a la educación en el Ecuador, el actual Gobierno ha puesto en marcha un programa con un enfoque social e inclusivo que abarca a todos los sectores de la población ecuatoriana, en especial a los ciudadanos de menores ingresos económicos, que en su mayoría son los pueblos

indígenas y afroecuatorianos, quienes aún presentan significativos porcentajes de escolaridad. Con este propósito, el Ecuador ha realizado varias acciones desde el Ministerio de Ed ucación,

acciones que han estado encaminadas a disminuir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, el analfabetismo y la trata de personas.

Una de las principales acciones es la elaboración del Plan Decenal de Educación 2006-2015, con un enfoque intercultural, inclusivo, diverso, que incorpora políticas para los niveles inicial, básico, bachillerato, tanto en cobertura como en calidad. Estas políticas se están aplicando a nivel nacional

en la jurisdicción hispana e intercultural bilingüe, bajo un enfoque integral. Entre las principales políticas en el campo de la educación se cuentan, la universalización de la

Educación Inicial de cero a cinco años; la universalización de la Educación General Básica de primero a décimo año; incremento de la matrícula en el Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75 por ciento de la población en edad correspondiente; erradicación del analfabetismo y fortalecimiento

de la educación continua para adultos; mejoramiento de infraestructura física y equipamiento de las instituciones educativas; y, el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas.

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Dentro de estas políticas generales se cuenta la capacitación y evaluación a 1.154 docentes, concursos para llenar 11.380 nuevas partidas de maestros y 3.292 cargos en planteles, desarrollo de la educación intercultural. Entrega de uniformes, textos y alimentación escolar gratuitos, y

eliminación de la “contribución voluntaria” de 30 dólares y el acceso a la educación para hijos de personas migrantes (emigrantes, inmigrantes y refugiados).

Durante el año 2009, está previsto un programa masivo de capacitación y formación docente de un año de duración, orientado a fortalecer sus conocimientos en las materias que dictan, a mejorar sus capacidades didácticas y a comprender las bases de la reforma curricular para que sean ellos

quienes se conviertan en el puntal de cambio del sistema educativo. Se capacitarán alrededor de 40.000 docentes en un año y en especial los docentes de las zonas rurales.

Los programas de eliminación de barreras de ingreso al sistema educativo seguirán perfeccionándose y ampliándose: ya se ha ampliado el programa de eliminación del aporte voluntario hacia los Colegios, con un monto de 30 dólares por estudiante, con esta medida se busca

facilitar el acceso a los centros educativos de los sectores de población infantil de menores recursos económicos, muchos de los cuales son indígenas y afroecuatorianos. Durante el año escolar 2008-

2009, se ha puesto en marcha un nuevo proceso de selección de textos escolares para los estudiantes de 1ro, 2do y 3ero de bachillerato.; y un programa piloto mediante el cual se entregan 4 cuadernos escolares gratuitos a todos los estudiantes de educación básica de la Amazonía.

También se distribuyen de manera gratuita textos en idioma kichwa, cada año se realiza la impresión de cerca de 500.000 textos de la serie denominada Kukayu Pedagógico, que son distribuidas en nueve provincias de la sierra, una de la costa y otra de la amazonía.

La ampliación de oferta educativa pertinente, con calidad y calidez, se verá reflejada en: el programa para completar escuelas rurales hasta el 10mo año de Educación General Básica; la creación de

nuevas Unidades Educativas del Milenio, que contemplan la base del nuevo modelo educativo, desde educación inicial hasta bachillerato, con servicios hacia la comunidad , con miras a promover modelos de desarrollo territorial; y la revisión y adecuación de la educación técnica hacia las

necesidades reales del país. Una de estas escuelas se construye en San Lorenzo, donde existe un gran número de ciudadanos afroecuatorianos, la capacidad será de más de 600 estudiantes.

También está en marcha la entrega gratuita de uniformes escolares y el programa de alimentación escolar para todos los centros educativos.

La acción afirmativa en materia de educación se enmarca en la política social del Gobierno que ha destinado recursos financieros y humanos sin precedentes en la historia del país. Solamente en

educación en el año 2007 se incrementó el presupuesto en un 20% adicional en relación al 2006, se aumentó sustancialmente las remuneraciones del personal docente y se han creado 12.000 nuevas partidas de maestros. Toda esta política redunda en un importante aumento de la cobertura y

calidad de la educación a favor de los grupos sociales vulnerables. Durante el presente año se ha mejorado la infraestructura física y el equipamiento de las

instituciones educativas, se han reconstruido, ampliado y equipado 2.102 establecimientos, con una

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inversión de 170’317.588 dólares. Se ha realizado mejora física de 16 colegios emblemáticos. Se han inaugurado dos unidades educativas del milenio; otras 13 están en construcción.

Adicionalmente, a fin de erradicar el analfabetismo en el Ecuador, se mantienen el Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, el cual está conformado por los proyectos Manuela Sáenz (idioma español); Dolores Cacuango (lenguas nativas); Cordón Fronterizo

(Colombia, Ecuador y Perú); Proyecto Voluntad (población privada de la libertad); y Proyecto para la Población con Discapacidades Diversas.

Este Programa y sus cinco Proyectos son ejecutados por la Dirección Nacional de Educación Popular Permanente del Ministerio de Educación, con el apoyo de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB.

Es preciso destacar las acciones específicas que el país lleva a cabo en el Sistema Intercultural Bilingüe (SEIB). En este sentido, el SEIB., trabaja activamente para la implementación de sus

políticas que promocionan los derechos para los pueblos y nacionalidades indígenas, derechos que se contemplan en la nueva Constitución Art. 57 (numeral 14) y Art. 347 (numeral 9)

En esta materia, en el Marco Internacional, el país cumple con sus compromisos adquiridos. Sobre el art. 27 numeral 3 del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU. Art. 14, el sistema de

educación intercultural bilingüe a través de la Dirección Nacional , genera el proceso educativo dirigido a las nacionalidades y pueblos indígenas, por lo tanto, este sistema es protagonista de reivindicaciones sociales, puesto que toma en cuenta a la persona como eje y es principal

protagonista para recuperar la condición formativa dinamizando procesos de reflexión y toma de decisiones con respecto a los problemas derivados de la situación socio cultural y económica, a través de varios mecanismos, entre los principales, la revalorización, valoración y autoestima

personal y el fortalecimiento de la identidad cultural personal. A través de este sistema, el estudiante es parte desde la vivencia y convivencia familiar y

comunitaria, de los saberes cosmogónicos, formas de comportamiento social y personal, expresadas en códigos de comportamientos lingüísticos; y, se valoran y promueve las formas de expresión y comunicación: material, simbólico y espiritual.

Es importante destacar que en agosto de 2009, el Ecuador será declarado territorio libre de analfabetismo, con este propósito, el país ha emprendido una campaña de alfabetización que se

difunde a través de radio y televisión; y, el Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, mediante el cual se aspira a que los adultos inscritos terminen la Educación Básica. Este

programa cuenta con la participación de 60. 0000 estudiantes de los segundos años de bachillerato quienes alfabetizan a los jóvenes y adultos de los sectores urbano marginales, elaboran material didáctico para reforzar el proceso y cumplen acciones de desarrollo social.

En la actualidad, el país cuenta con 27.000 educadores comunitarios contratados que alfabetizan prioritariamente en el sector rural. Se han elaborado módulos de alfabetización y post-

alfabetización, además cartillas con lecturas complementarias, kits escolares, fichas de diagnóstico

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para ubicación de los educandos y fichas de evaluación para la promoción y acreditación de los estudios. Realización de talleres, adquisición de 43 vehículos y 43 computadoras entregados a las jurisdicciones hispana e intercultural bilingüe para las actividades de seguimiento y evaluación y la

realización del proceso de seguimiento y evaluación en las 24 provincias y 19 nacionalidades indígenas.

En el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas, el Ecuador ha avanzado durante los últimos meses, entre los principales avances es digno de mencionar el Acuerdo Ministerial No. 337 del 26

de septiembre del 2008 que se refiere al acceso y permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos /as y extranjeros/as que requieren atención prioritaria por su condición migratoria. El Acuerdo Ministerial Nº 482 del 10 de diciembre del 2008 que garantiza el

derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres víctimas de la trata de personas, su acceso, permanencia y promoción en los diferentes niveles y modalidades de la educación, como una población educativa de atención prioritaria.

De igual manera, merece la pena destacar que el Ministerio de Educación participa activamente

dentro del Grupo de Ministerios encargados de ejecutar el Plan Nacional contra la Trata de Personas, y actualmente preside la Subcomisión de Prevención y tiene como principal gestión la coordinación de acciones con organismos nacionales y el desarrollo de procesos que aseguren la

transformación de patrones socioculturales en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y a través de ellos en la comunidad ecuatoriana.

Merece la pena destacar las acciones que lleva a cabo el Ecuador a través del Ministerio de Educación en las provincias del Cordón Fronterizo orientadas a la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante la inserción de éstos en el Sistema Educativo

Nacional. Dentro de los incentivos para los docentes, se han realizado varias acciones destinadas a mejorar la

formación inicial, la capacitación permanente, y las condiciones de trabajo y calidad de vida. Entre otros, aumentos en los salarios, bonos especiales para los maestros de la frontera, procesos de evaluación voluntaria y el Programa de Formación continua de docentes.

El Ecuador ha incrementado el 0,5 por ciento anual en participación del sector educativ o en el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el seis por ciento para inversión en el sector.

En general el Ecuador aplica políticas de eliminación de barreras de acceso al sistema educativo,

con enfoque inclusivo.

4.5.5. Alimentación. Plan Aliméntate Ecuador.

El nuevo enfoque se dirige hacia un plan de soberanía y seguridad alimentaría para el país. La reformulación consiste en que todos los ciudadanos sin distinción de ética, cultura o regional,

puedan acceder a comprar la canasta básica de alimentos.

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Dentro de esta nueva política alimentaria, el Gobierno del Ecuador, por intermedio del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES- y su Programa adscrito “Aliméntate Ecuador” (AE), con un enfoque basado en la seguridad alimentaria y nutricional como un derecho. Este programa adelanta

acciones para la protección alimentaria e inclusión económica, la educación y formación en alimentación saludable, y un programa de nutrición y comunicación; mediante la entrega anual de tres raciones alimenticias a 305.070 sujetos de derechos (madres, adultos mayores y niños menores

de 5 años) de 795 parroquias rurales y sectores urbanos marginales (fueron incluidos 40.000 personas de este sector). A la par, se promueve la cohesión social de la población a través de la construcción de redes de seguridad alimentaria parroquiales, RED SAN.

En ese marco, hasta mayo de 2008 se han realizado varias acciones en esta materia, entre otras, la entrega de 866.344 raciones alimenticias diversificadas (según región y edades) 311.557

raciones para atender a 1’557.785 personas damnificadas por emergencias naturales en varias provincias del Ecuador. De igual manera se han realizad talleres y encuentros sobre alimentación, entre los principales, 5402 encuentros comunitarios de de salud y nutrición en el que participaron

aproximadamente 270.000 familias; 1.800 talleres de educación nutricional, con la participación de instituciones y alrededor de 30.000 familias; estructura de 150 redes RED-SAN en todo el país.

Dentro de este programa se ha incentivado la producción local y soberana, con incentivos para pequeños productores locales, lo que ha promovido el desarrollo productivo local y ha mejorado sus

estándares de producción; además, es importante señalar que con este sistema se ha promovido la recuperación de prácticas y conocimientos ancestrales de la alimentación de los pueblos indígenas y afroecuatorianos que está contenido en el “Atlas Alimentario del Ecuador”.

4.6. Perspectiva de Género. El Estado ecuatoriano y el Programa de Acción de Durban a través de la aplicación del Plan de Igualdad de Oportunidades PIO 2005-2009.

EL GOBIERNO ECUATORIANO Y EL PROGRAMA DE ACCION DE DURBAN.- El Gobierno del Ecuador, por intermedio del Consejo Nacional de la Mujer CONAMU, en el

cumplimiento de su mandato ha contribuido al cumplimiento del Plan de Acción de Durban mediante la creación de políticas públicas en favor de las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes. Conforme lo establece el Programa de Acción de Durban en el Capítulo II ti tulado; Víctimas de

racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, el accionar del CONAMU se enmarca en el mandato contenido en los párrafos 9, 18, 24, 26,27, 59. Esto es formulación de políticas y difusión de derechos, como se lo describe en el presente informe.

PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - PIO

El CONAMU, en calidad de rector de políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres, formuló el Plan de Igualdad de Oportunidades PIO 2005-2009, declarado como Política de Estado de cumplimiento obligatorio para el sector público mediante el Registro Oficial 234 del 22 de marzo de

2006. En su cumplimiento ha trabajado el eje de interculturalidad orientando su accionar en favor de los derechos humanos de las mujeres indígenas y afrodescendientes. En el 2008, su labor fue extendida a las mujeres migrantes. Se trata de un proceso amplio y con diferentes organizaciones

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de mujeres a nivel nacional.

Se compone de 4 ejes de acción:

1- Promoción y protección de la participación social y política, el ejercicio de la ciudadanía de

las mujeres y la gobernabilidad democrática; 2- Promoción y protección de los derechos a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud,

a los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la justicia; 3- Promoción y protección de los derechos culturales, interculturales, a la educación, calidad

de vida y autonomía; y, 4- Promoción y protección de los derechos económicos, ambientales, trabajo y ac ceso a

recursos financieros y no financieros. Los requerimientos de las mujeres diversas fueron plasmadas en el PIO dentro del tercer Eje

(“Promoción y protección de los derechos culturales, interculturales, a la educación, calidad de vida y autonomía”). En su cumplimiento se incorporó el enfoque de derechos colectivos como elemento

básico para promover y lograr la igualdad en la diversidad de las mujeres. Con la finalidad de poder implementar dicho enfoque se inició un proceso de sensibilización sobre

derechos colectivos, lo que permitió desarrollar una propuesta de interculturalidad que atraviesa los cuatro ejes del PIO e inserta la perspectiva étnica – diversa de las mujeres, lo que incide directamente en el accionar de la institución.

Con esta perspectiva, el Ecuador participó en la Octava Ronda de Negociación del Fondo Global. En esta Ronda se realizaron gestiones para incorporar el Eje de género y derechos de las mujeres

con una mirada intercultural en dicho Fondo, el cual destinará sus aportes para la prevención de VIH/SIDA. Así también, con la finalidad de “promover y consolidar la incorporación de los enfoques de interculturalidad, género y de los derechos individuales y colectivos en el debate, diseño,

formulación e implementación de las políticas públicas, estrategias y programas” se firmó un Convenio de cooperación entre el CONAMU y el Consejo para el Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.

En este marco, en noviembre de 2008, con la finalidad de recuperar saberes ancestrales y promocionar los derechos humanos de las mujeres se llevó a cabo un taller nacional de parteras

indígenas, lo que permitió difundir la Ley de Maternidad Gratuita y los derechos colectivos de las mujeres.

De igual manera, el Estado ecuatoriano, dentro del nuevo marco Constitucional, desarrolla un trabajo interinstitucional para fortalecer el enfoque de género en temáticas de interculturalidad,

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plurinacionalidad, justicia indígena, promoción del buen vivir, género e identidad, participación política, presupuesto sensibles al género, política pública mujer y familia, pobreza, desarrollo y género, en cumplimiento de sus compromisos internacionales (Convenio OIT No. 169: “Sobre

Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes” y la Convención sob re la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, CEDAW).

En materia de mujeres diversas rurales, el Ecuador a través del tercer eje del PIO, ha llevado a cabo varias acciones para la promoción y protección de los derechos de las mujeres diversas, que se encuentran en la zona rural, dirigido especialmente para mujeres indígenas, afroecuatorianas y

montubias, mediante la aplicación de los programas PADEMUR y PRAD que han influido en la construcción del Tercer Eje del PIO ( promoción y protección de los derechos culturales e interculturales de las mujeres).

Estos programas están orientados a la capacitación de este grupo de mujeres rurales ecuatorianas en el ejercicio de sus derechos y a la regularización de la tenencia de la tierras en favor de las

mujeres. El Ecuador ha incorporado el enfoque de género en estos procesos, por lo que se ha incluido un programa de formación en derechos de las mujeres en el que se ha involucrado a los

diversos actores nacionales, entre ellos, a todos funcionarios públicos. Las beneficiarias fueron mujeres rurales, entre las cuales se encuentras afroecuatorianas, indígenas y montubias. Al momento, el país realiza una evaluación de este proceso.

Debido al grado de vulnerabilidad y diversidad de las mujeres indígenas, afrodescendientes, montubias y campesinas, para el Estado ecuatoriano estas constituyen una política nacional

prioritaria. En esta línea de acción se enmarca el Proyecto TCP/ECU/3202 denominado “Construcción de una Política Nacional Prioritaria de Mujeres Rurales”, el mismo que fue aprobado en octubre del 2008 por la FAO, cuyo objetivo central es precisamente formular participativamente la

política con las mujeres rurales de diversa pertenencia étnica y cultural del Ecuador, con enfoque de género, ambiente, interculturalidad y derechos humanos individuales y colectivos.

Es importante destacar que este proceso tendrá el carácter participativo lo que constituye un gran desafío, considerando la gran diversidad étnica, cultural y social de las mujeres, las formas de vida rural y los actores del Estado quienes deberán implementar esta política.

Para el Ecuador, las personas migrantes constituyen también un grupo de población vulnerable y dentro de ellos, las mujeres migrantes. Es por esta razón que el Estado ecuatoriano concede gran

importancia y trascendencia a los procesos migratorios a los que mira desde un enfoque integral e inclusivo, analizando no sólo las causas estructurales que motivan los flujos migratorios, sino que se

pueda abrir la mirada a las causas y problemáticas de género, que motivan la movilidad humana de las mujeres a nivel nacional e internacional, esta mirada sobre la realidad migratoria es básica y fundamental a la hora de elaborar las políticas públicas, pues está claro que al tratar sobre la

situación de movilidad aparecen realidades y situaciones diferentes. El país desarrolla políticas especiales en favor de este grupo humano a través del Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU, principal institución nacional generadora de las políticas publicas de género.

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El tema de las mujeres migrantes es tratado también dentro de la Mesa de Movilidad Humana, en particular, se cuentan acciones dentro del Distrito Metropolitano de Quito, instancia en la cual se ha elaborado y esta en vigencia la Ordenanza de Movilidad Humana del Distrito Metropolitano de

Quito, que incorpora enfoque de género, garantiza el derecho a la participación de las personas inmigrantes, integración social, acceso a la administración de justicia, capacitación a funcionarios municipales y público en general, atención preferencial para los migrantes que se encuentran en la

cuidad. Dentro del Plan Ecuador, el país, a través de la entidad nacional de género, lleva a cabo varias

acciones en favor de la población que habita en la frontera norte del país, una de las principales es la ejecución de un Plan de desarrollo integral en la Frontera Norte, cuyo objetivo es transversal izar el enfoque de género en las acciones que se estén diseñando y ejecutando desde la Secretaria

Técnica del Plan Ecuador, para promover procesos por la equidad de género, y para impulsar la transversalidad de género en las políticas públicas nacionales y locales relacionadas con el ámbito de acción de Plan Ecuador. Dentro de las acciones de este Plan, merece la pena destacar un

proceso de formación sobre “Derechos humanos de las mujeres en la nueva Constitución” llevado a cabo a finales del 2008, dirigido a las organizaciones de mujeres, organizaciones de mujeres

migrantes y/o desplazadas y al personal de servicios públicos y organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres en la zona, particularmente en Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas.

En materia de genero, es importante dar a conocer que el país cuenta con información estadística actualizada, desagregada por sexo, lo que permite disponer de dato s estadísticos claves para visibilizar la situación y condición de las mujeres ecuatorianas, esta información ha permitido

generar otros valiosos insumos como el que se titula "Mujeres y hombres del Ecuador en Cifras", documento que muestran las desigualdades de género y etnia: y, la nueva versión del Sistema de Indicadores –SIMUJERES 2008-, documento que muestra la situación de las mujeres y las

desigualdades de género, los indicadores ahí calculados tienen una desagregación a nivel de área, edad y etnia.

A finales del 2007 se realizó la primera Encuesta Nacional del Uso del Tiempo cuyo indicador de “Carga Global del Trabajo” determinó que en la población indíge na, las mujeres trabajan en promedio 23 horas más con respecto a los hombres. En la población afrodescendiente las

diferencias son similares, no así entre la población mestiza cuya diferencia en horas de trabajo semanal es de 15. Toda esta información nos ha permitido tener una mayor incidencia respecto a planes, programas y proyectos de Género.

Finalmente merece la pena destacar que el Ecuador a través del CONAMU lleva a cabo una serie de

acciones destinadas a fortalecer y promover los derechos de las mujeres y sus procesos organizacionales. Merece la pena destacar la realización de procesos de capacitación continua para liderezas en las diferentes comunidades y o rganizaciones de mujeres del país: y, el apoyo

técnico proporcionado durante el 2008 al Consejo Nacional de Mujeres Negras, CONAMUNE y la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales, AMJUPRE, para la construcción de propuestas desde las organizaciones de mujeres para la Agenda Política del país.

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4.7.- Protección de los derechos de los afroecuatorianos y pueblos indígenas de la frontera norte.

Según los informes de las liderezas de la Provincia de Esmeraldas, situada al nor-occidente del país, las poblaciones pertenecientes a los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Río Verde de la zona norte de esa provincia están afectadas por problemas ambientales, principalmente relacionados con el

desarrollo de industrias extractivas dentro del territorio, sobre todo se han visto afectadas por la explotación del bosque primario y nativo para proveer a la industria de la madera, la explotación de minería. Algunas industrias se han instalado en territorio de herencia ancestral de l pueblo

afroecuatoriano y de los pueblos indígenas del Norte de Esmeraldas, lo que ha afectado a la calidad del agua y de los recursos naturales. A más de estos perjuicios, esta pérdida de espacios de territorio ancestral, que ha afectado la conservación de sus valores culturales y de organización

comunitaria. Este desplazamiento forzoso de las poblaciones del sur de Colombia, hacia el norte del Ecuador

también ha afectado a las mujeres afroecuatorianas e indígenas que habitan en la frontera norte y que constituyen un grupo de población vulnerable. Entre los problemas que han tenido que

enfrentar están los de carácter medioambiental y de territorios, que obligan al desplazamiento de familias y comunidades afroecuatorianas, indígenas y campesinas de la zona, hacia los sectores urbano- marginales de las ciudades, donde viven en malas condiciones.

El Estado ecuatoriano es conciente de que estas situaciones deben ser superadas y hace grandes esfuerzos por cambiar las condiciones estructurales y económicas a fin de fortalecer a las entidades

creadas para la promoción y defensa de los ciudadanos a través del goce de los derechos humanos y desarrollo de los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana. Es importante el flujo de recursos económicos permanentes que permitan la aplicación de proyectos en beneficio de las

instituciones del Estado y de la sociedad civil que luchan por el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de discriminación racial.

4.8.- Visita del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes.

A partir del año 2002, el Ecuador realizó una invitación abierta para que todos los mecanismos de derechos humanos visiten el Ecuador y constaten el trabajo y los avances del país en la aplicación de estos derechos.

En cumplimiento de este compromiso, en diciembre de 2008, el Ecuador, a través de la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, invitó al Grupo de trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, para que visite el país durante la semana del 22 al 26 de junio de 2009.

Esta visita servirá para que el Grupo de Trabajo mantenga una serie de reuniones con las comunidades de personas afrodescendientes e instituciones nacionales relevantes que se

relacionan con el combate a la discriminación en el país.

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4.9.- Programa Nacional de Participación Ciudadana.

En el año 2007 se aprueba la implementación del Programa Sistema Nacional de Participación Ciudadana –SINACE-, cuyo objetivo general es Viabilizar la agenda política entre el Estado y

la sociedad, tejiendo redes que articulen las políticas públicas hacia las organizaciones, pueblos y ciudadanía, mediante la aplicación de instrumentos normativos y de gestión, dirigidos a profundizar la democracia, incorporar a sectores excluidos y a la ciudadanía en la

toma de decisiones, rescatar la identidad nacional, consolidar las libertades y derechos políticos de las y los ciudadanos, desarrollando y fortaleciendo la representación en los diferentes niveles del Estado.

En cuanto a los objetivos específicos, se busca que la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC), responsable de la Participación Ciudadana, ejerza

sus competencias otorgadas por Ley, articule y oriente las distintas intervenciones, articulado dos grandes Proyectos establecidos como Líneas Estratégicas del Programa:

Proyecto 1: Sistema Nacional de Enlace Ciudadano, que tiene como propósito fortalecer

el tejido social diverso, consolidando sus formas organizativas y participativas, con un enfoque político, social y económico.

Proyecto 2: Sistema Nacional de Acción Ciudadana, cuyo propósito es desarrollar procesos de acción ciudadana que toman en cuenta la realidad social y territorial de las

comunidades para fortalecer la identidad y la participación en el control de lo público, en la toma de decisiones y en el fortalecimiento de capacidades e iniciativas para el desarrollo sostenible local.

Actualmente el Programa Nacional está iniciando su primera fase de implementación.

5. - PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIVERSIDAD CULTURAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, INCLUIDO EL DIÁLOGO INTERCULTURAL.

Existen acciones concretas del Estado ecuatoriano que vienen siendo ejecutadas para la eliminación del racismo y la exclusión social por razones étnico culturales.

A través del Programa de Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la Pobreza y la Inclusión Social, se promueve la inclusión, el diálogo intercultural, el acortar las brechas de

discriminación y exclusión en el ejercicio de los derechos que afe ctan a la población por razones étnicas y culturales. Este será implementado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural en articulación al Sistema de Naciones Unidas, para lo cual cuenta con recursos

provenientes del Fondo para el logro de los Objetivos del Milenio establecido por el Gobierno Español.

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El Programa de Desarrollo y Diversidad Cultural contribuirá, a través de la generación de políticas interculturales, a la consecución de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Ecuatoriano. Especialmente en su objetivo ocho, que busca “afirmar la identidad nacional y fortalecer

las identidades diversas y la interculturalidad”. Complementariamente con la ejecución de este programa se apoyará la aplicación de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades garantizados en la actual Constitución Política del Ecuador, aprobada en el 2008, en el Título

Segundo, artículos 10, 11, 12, 13, donde se reconoce los derechos de las personas y los derechos colectivos, así como también en su artículos 56-57, donde habla de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades y se reconocen y garantizan sus derechos.

En el marco de este Programa se ha elaborado el Plan Nacional para Eliminar el Racismo y la Exclusión Social, que tendrá incidencia a nivel nacional, con intervención en distintos ámbitos en los

que se presentan formas de inequidad que socavan la autoestima, limitan el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, las oportunidades de acceso al desarrollo y a servicios básicos de los ciudadanos y ciudadanas afroecuatorianos, indígenas y mestizos.

El Plan cuenta con los siguientes elementos:

a ) Indicadores de discriminación racial y exclusión étnico -cultural. b) Compilación valorativa de iniciativas dirigidas a la eliminación de la discriminación ejecutadas desde la cooperación internacional, ONGs y el Estado.

c) Levantamiento situacional de Declaraciones Internacionales y un análisis de aplicabilidad en el país. d) Identificación de regiones y de ámbitos de intervención prioritaria.

e) Propuestas de política pública intercultural para eliminar el racismo y la exclusión. e) Programas de intervención para eliminar el racismo y la exclusión social.

El Plan para Eliminar el Racismo y la Discriminación Racial se encuentra elaborado y las acciones propuestas están siendo consensuadas con las organizaciones de la sociedad

6. CONSULTA CON EL PUEBLO AFROECUATORIANO SOBRE EVALUACION EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCION DE DURBAN. 6.1. Organizaciones participantes.-

6.2. Metodología.- A fin de contar con el punto de vista de los representantes del pueblo afroecuatoriano, el Estado

ecuatoriano con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas en el Quito, llevó a cabo un Taller sobre la aplicación de la Declaración de Durban en el Ecuador, de este Taller, se obtuvo valiosos aportes,

los mismos que se recogen en este documento: 6.1. Organizaciones participantes:

Organizaciones de la sociedad civil (OSC): Manos Unidas, FOGNEP, CANE, CEDESTU, FOGNEP, FORMACTAE, Movimiento Mujeres Pichincha, CONAMUNE, CNA, Fundación Azúcar,

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FODES, ORAPER y Afro América XXI.

Estado: Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Pueblos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y CODAE

Organización de Naciones Unidas –ONU-: UNFPA, PNUD y OACDH. 6.2. Metodología: Se realizó una reunión plenaria a través de la cual los representantes del

Estado expusieron sobre el estado de avance de la Conferencia de Revisión de Durban, se explicó el estado en que se encuentra el proyecto de declaración y los aportes realizados por el Gobierno ecuatoriano, así como se informó sobre la participación en la reunión preparatoria regional de

Brasilia. Posteriormente los asistentes fueron organizados en tres mesas de trabajo para discutir y aportar

sobre las siguientes interrogantes:

Pregunta 1: Como evaluaría la eficacia de las políticas y acciones del Estado Ecuatoriano para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban? Pregunta 2: ¿Qué recomendaciones concretas hace la sociedad civil afro ecuatoriana al Estado, a

las Naciones Unidas y a la cooperación internacional para a) implementar políticas públicas que permitan cumplir con la agenda de Durban en el país y b) establecer mecanismos de seguimiento y evaluación eficientes?

Pregunta 3: ¿Cuales considera que son las aéreas de prioritaria atención por parte del Estado en los siguientes años para avanzar en el cumplimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban en su país?

Los aportes sustantivos de los grupos de trabajo presentados en una plenaria son los siguientes :

Conocimiento de la Declaración de Durban:

La Declaración de Durban es conocida por un porcentaje minoritario de la población, principalmente por activistas de derechos humanos y por miembros del movimiento afro ecuatoriano. Es necesaria una mayor difusión por parte del Estado. Se conoce la Declaración en las ciudades pero no en la

misma medida en las comunidades, en los barrios y en las organizaciones de base. Falta un mayor conocimiento por parte de las instancias del Estado sobre el contenido y alcance de la Declaración de Durban. Es necesario un plan integral para la aplicación del Programa de Acción de Durban, el

mismo que debe comprender los esfuerzos tanto del estado como de la sociedad civil. Racismo, discriminación y protección:

Se menciona que aún son perceptibles prácticas de racismo por parte de la sociedad. Se requiere medir el impacto de las acciones de discriminación contra las mujeres, para lo cual sugieren realizar

estudios. Continúan en vigencia estereotipos con contenido racista y de discriminación, por lo que

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instan a continuar un proceso que lleve a legislar contra el racismo y la discriminación y al fortalecimiento institucional de organismos llamados a prevenir y erradicar estas conductas.

Se menciona la necesidad de capacitación de funcionarios públicos en el ámbito de los derechos de interculturalidad. Se recomienda la conveniencia de implementar un observatorio sobre casos de discriminación y medidas para erradicar prácticas discriminatorias.

Se recomienda hacer una distinción entre los delitos de odio y los de discriminación y ampliar la

protección manteniendo los delitos de discriminación e incrementar la legislación con los delitos de odio.

Necesidad de un plan integral para la implementación de la Declaración y programa de Acción de Durban - articulación de los esfuerzos Gobierno - sociedad civil:

Las OSC reconocen que el Gobierno Ecuatoriano ha avanzado desde el año 2001 en cuanto a legislación y políticas. La nueva Constitución prevé un importante marco de garantías y derechos

para los afroecuatorianos. De igual forma, el Plan de Desarrollo prevé metas y objetivos específicos para esta población. Sin embargo, aún hacen falta leyes secundarias y sobretodo recursos para que estos marcos normativos y de políticas se traduzcan a la práctica.

Después del evento nacional preparatorio de Durban del año 2006 se definieron acuerdos sobre medidas que falta ponerlas en práctica. Las organizaciones afro ecuatorianas fronterizas no han sido suficientemente visibilizadas en las políticas del Gobierno.

Por ser Durban una propuesta muy amplia es necesario definir estrategias comunes entre la sociedad civil y el Gobierno que articulen el plan de desarrollo y las inquietudes del pueblo

afroecuatoriano en una agenda común de aquí al 2015 (se señala el 2015 porque es la fecha de logro de los ODM). El plan integral debe trabajar desde las particularidades del colectivo afroecuatoriano pero sin perder

de vista las particularidades como “seres humanos”, como individuos. La mayoría de las intervenciones del Estado son de impacto limitado. Aunque exista un marco jurídico con la nueva Constitución, aún es necesario la expedición de leyes y reglamentos que

permitan ponerla en práctica. Se requiere de un plan sistemático y sostenible que supere estos problemas. El Estado tiene la obligación de brindar las facilidades a la sociedad civil para la implementación de

la agenda de Durban. Es indispensable clarificar que instancias van a liderar la implementación de esta agenda.

Mecanismos de seguimiento y evaluación eficientes:

Se recomienda establecer calendarios de seguimiento periódicos de las agendas nacionales e internacionales en todos los ámbitos que se refieren a los pueblos afro ecuatorianos. Procurar que las evaluaciones respondan a las realidades de los y las afro ecuatorianos/as y que las

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recomendaciones de la sociedad civil sean tomadas en cuenta y aplicadas. Exigibilidad y aplicabilidad: Es necesario encontrar mecanismos de exigibilidad y aplicabilidad. Seguimos en un sistema en el cual esperamos todo del Estado, sistema paternalista y

asistencialista. Participación del pueblo afroecuatoriano:

Los movimientos afroecuatorianos consideran que antes del año 2001 estaban completamente excluidos y no participaban en ningún espacio. Ahora reconocen mayor apertura del Gobierno en

cuanto a ser escuchados y a la posibilidad de presentar sus proyectos. Se nota una mayor atención al tema de la participación de las mujeres. Se recomienda al Estado tomar medidas que permitan que los pueblos afroecuatorianos hagan

efectivo su derecho a la participación. Solicitan una mayor representación de afroecuatorianos en los organismos internacionales y en las instituciones del Estado, especialmente en espacios de decisión y de planificación.

Es importante que el Estado y los organismos internacionales cambien su enfoque hacia el pueblo afro y lo miren como socios estratégicos (aliados) de su propio desarrollo que participan en la

elaboración, toma de decisiones, ejecución, evaluación de los programas y proyectos. Se recomienda que tanto el Gobierno como las organizaciones internacionales no impongan sus agendas de desarrollo desde afuera y sin consulta y participación activa de los pueblos afro

ecuatorianos. La agenda común de la cual se habla, debe reflejar las necesidades y demandas del pueblo afro ecuatoriano para lo cual se requiere su participación.

El proceso de participación es nuevo para los pueblos afro ecuatorianos y hace falta auto identificación como actores políticos y empoderamiento de procesos organizativos. Es importante mejorar las capacidades políticas de los líderes y pueblos afroecuatorianos para que puedan

involucrarse efectivamente.

Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil afro ecuatoriana:

La sociedad civil manifiesta que le ha hecho falta estrategias para presionar al Estado de manera que le permita interactuar co él de manera constructiva.

La sociedad civil reconoce parte de responsabilidad en la falta de presión y reivindicación al Gobierno para que éste actué. Se recomienda al Estado y a la cooperación internacional trabajar en el refuerzo de capacidades y apoyo en los procesos organizativos internos de los pueblos

afroecuatorianos. Se recomienda también fortalecer y/o apoyar la creación de alianzas entre las organizaciones de la

sociedad civil y apoyar la movilización nacional para causar incidencia y exigir que se incorpore a los pueblos afroecuatorianos en los procesos de consultas, construcción, elaboración, ejecución de programas de acción afirmativa y proyectos de desarrollo.

Información estadística:

Las instituciones públicas incluyen muy poco en sus informes datos estadísticos desagregados por

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etnia. Se recomienda tomar medidas al respecto. En el 2010 habrá un nuevo censo y la sociedad civil se está involucrando para que se identifiquen más campos y especificidades relacionadas a las comunidades afro ecuatorianas. Se recomienda

que el pueblo afro ecuatoriano participe en el proceso de elaboración de las preguntas que irán al censo y que sean quienes las apliquen en las comunidades.

Enfoque de género: El Plan de Acción de Durban incluye un enfoque de género. Se recomienda tomar en cuenta dentro

del informe que está preparando el Estado los indicadores de pobreza de las mujeres y temas como violencia sexual, derechos reproductivos, participación política de las mujeres afros ecuatorianas. El Gobierno manifiesta que la CONAMUNE participará en la redacción del informe (recopilación de

informaciones interinstitucional). Especificidad de Frontera Norte:

En la zona fronteriza, las OSC recomiendan tomar en cuenta las especificidades y realidades vividas

por los pueblos afro ecuatorianos. Se solicita que el informe que prepare el Estado Ecuatoriano recoja las especificidades de esta zona y se señalen las garantías que ofrece el Estado para que se haga respetar los derechos de la población viviendo en la frontera norte. Las OSC señalan que Plan

Ecuador es presentado como una solución, sin embargo, el Plan no ha tenido aún impacto significativa en la población de la Provincia de Esmeraldas limítrofe con Colombia.

Motivo de enorme preocupación es la incidencia del narcotráfico y el sicariato en la frontera norte de Esmeraldas. . El Estado manifiesta que se dará importancia en el informe a las condiciones de vida, retos y desafíos de las poblaciones afro ecuatorianas de la zona.

Se recomienda que se establezcan políticas de seguridad en las agendas internacionales y del Gobierno para luchar contra la persecución de los y las lideres/as afro ecuatorianos/as. Se recomienda que los acuerdos internacionales promuevan garantías de seguridad a los habitantes

de la zona de frontera y atiendan la problemática de los desplazados fronterizos. Es importante también que junto con políticas de asistencia humanitaria para los refugiados, se implementen políticas para el desarrollo de los habitantes de frontera norte.

A decir de OSC, refugiados y personas migrantes “causan” un desplazamiento interno de la población que vive en estos territorios fronterizos (caso de las poblaciones afro ecuatorianas en San Lorenzo). Los ejes fundamentales que deben trabajarse en esta zona son pobreza y seguridad.

El fenómeno de desplazamiento interno de sus propias tierras genera gran preocupación a los pueblos afroecuatorianos. Exigen garantías del Estado para la propiedad y el manejo de sus

territorios.

Educación:

Se recomienda insertar la historia de la población afro ecuatoriana en el currículo académico a nivel nacional a través de una propuesta concreta y clara (etno -educación). Es necesario levantar un

diagnostico recopilando información desde las comunidades afro ecuatorianas con el fin de realizar

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una propuesta concreta a la comisión pedagógica prevista en la Ley de Derechos Colectivos, propuesta que debe ser articulada a las políticas educativas nacionales. Se exige una mejora en la calidad de educación a la que acceden los pueblos afroecuatorianos.

Todavía hay escuelas uni-docentes. Se recomienda incrementar las becas en todos los niveles (el limite actualmente es de 35 años) y no

solo para la población joven. Se recomienda que la población afroecuatoriana tenga mayor acceso a carreras técnicas de acuerdo a sus necesidades.

Salud:

Se recomienda implementar planes integrales de salud reproductiva y un programa de seguridad social específicamente para las mujeres afro ecuatorianas jefas de hogar. Se recomienda tomar en cuenta las enfermedades específicas a los pueblos afro - ecuatorianos y

promover la medicina alternativa, tradicional y ancestral a través de un sistema de salud integral reconocido.

Se recomienda tomar medidas frentes a las problemáticas especificas vividas por los jóvenes afro ecuatorianos que son el VIH-SIDA y las adicciones (relacionados al abandono afectivo, falta de presencia y dedicación de los padres a sus hijos). Realización de campañas.

Los sectores donde habita la población afroecuatoriana no cuenta con buenos sistemas de saneamiento de agua. Las OSC llaman la atención del gobierno para que se preste mayor atención a la seguridad

alimentaria de este pueblo y a una mejora en la calidad de nutrición. Vivienda:

Se recomienda implementar un programa de vivienda de acuerdo con las especificidades de los pueblos afroecuatorianos (por ejemplo, familias ampliadas, mono parentales). Se recomienda

analizar el tema de la accesibilidad a estos programas. Se recomienda realizar un mapeo de los terrenos libres para construir viviendas y realizar un proceso de evaluación de calidad.

Empleo:

Se recomienda implementar fuentes de empleo para los pueblos afroecuatorianos. Impulsar la contratación de personal local en grandes empresas que operan en sus territorios.

Se recomienda la creación de mecanismos que aseguren e l desarrollo económico (ej. Micro créditos) y políticas de inserción laboral para el pueblo afroecuatoriano.

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7.- DESAFIOS DEL PAÍS PARA LA EFECTIVA VIGENCIA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LOS GRUPOS VULNERABLES AMPARADOS EN EL PROGRAMA DE ACCION DE DURBAN

A pesar de los logros conseguidos por el Ecuador en materia de promoción de los derechos de los grupos vulnerables acogidos por el Programa de Acción de Durban, aún falta fortalecer la conciencia

nacional sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. De igual manera es preciso las debidas reformas legales, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y la elaboración de políticas nacionales para asegurar el respeto efectivo de los derechos de todos los sec tores de la

población. Estas políticas deben estar reforzadas con campañas de amplia difusión nacional que lleguen a todos los estratos sociales del país sobre el contenido de estos derechos.

Se citan a continuación algunos desafíos pendientes que el Ecuador está empeñado en superarlos y que constan como prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 que ejecuta el actual Gobierno:

1.- Vivienda, altos porcentajes de población afroecuatoriana e indígena (38% y 25%

respectivamente), carecen de vivienda bien sea propia o de alquiler. Es preciso señalar que este problema se presenta más difícil para las mujeres afroecuatorianas o indígenas que son jefes de hogar, únicamente el 15.3% de las mujeres afroecuatorianas y el 10% de las mujeres indígenas

posee una vivienda. 2.- Salud, falta de servicios sanitarios, en particular para los afroecuatorianos e indígenas, lo

que se refleja en cifras de mayor índice de mortalidad infantil que aún es más preocupante en las zonas rurales, (de 39,4 a 41,2% por cada 1000 niños menores de 1 año nacido vivos) en relación con el resto del país. La población afroecuatoriana presenta mayores índices de mortalidad infantil.

3.- Educación, altos índices de ausentismo escolar, sobre todo de niños afroecuatorianos. La tasa neta de matrícula básica en los niños y niñas afroecuatorianos que viven en las zonas rurales, está por debajo del promedio nacional (un 80% frente a un 87% de las zonas urbanas). A medida

que avanza el nivel educativo, se disminuyen los porcentajes de estudiantes, la educación media presenta apenas el 50% en los ciudadanos afroecuatorianos y la superior apenas un 8,15% en relación al 20% de la población mestiza.

4.- Empleo, y Salarios el desempleo que es más alto en los afroecuatorianos y el promedio salarial menor al del promedio nacional. En los afroecuatorianos con el 14%, muy superior a la tasa

nacional urbana de 11%. La encuesta nacional sobre racismo, afirma que en el Ecuador los blancos poseen un nivel de aceptación y de mejores oportunidades en un 80%, en cambio los que menor

aceptación reciben son los indígenas y los afroecuatorianos con el 1%. En el Ecuador el ingreso mensual promedio del hogar afro es el más bajo con $ 378.8 dólares, mientras el promedio nacional es de $ 500.82 dólares.

5.- Recursos presupuestarios suficientes., limitaciones presupuestarias, afecta definitivamente a la ejecución de los planes y proyectos de las instituciones de protección y

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promoción de los derechos de indígenas y afroecuatorianos. 6.- Limitaciones de tipo estructural, hace falta fortalecer las entidades creadas para receptar

quejas y denuncias por discriminación racial. 7.- Datos estadísticos, entidades públicas no cuentan con datos estadísticos que permitan

hacer un seguimiento de la efectividad o no en el combate a la discriminación racial. Falta promover un sistema de información sobre acceso a derechos económicos, sociales y culturales desagregado por sexo, edad, nivel de instrucción y demás, en los sectores poblacionales de los pueblos indígenas

y afroecuatoriano. 8.- Concientización para evitar la discriminación, mayor conocimiento a nivel nacional sobre

el tema de discriminación y racismo, para superar la desigualdad y exclusión cultural, política y socioeconómica que profundiza la pobreza en los sectores más vulnerables de la población.

9.- Medidas de acción afirmativa- Falta de aplicación de una Política Pública Integral y el diseño de un Plan Nacional para combatir y eliminar todas las manifestaciones de racismo,

discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Mayor designación en cargos públicos en instituciones gubernamentales y en las funciones del Estado para afroecuatorianos e indígenas. Art. 65 de la Constitución.

10.- Capacitación e información para funcionarios públicos, capacitación para funcionarios públicos, abogados y jueces, a fin de combatir la discriminación en el ejercicio de sus funciones,

aplicación de la ley y desempeño de actividades profesionales. 11.- Eliminación de prácticas de discriminación y racismo.- racismo y la discriminación en

el Ecuador, aún constituyen parte de la estructura misma de la sociedad, por tanto, persisten prácticas de carácter general de difícil eliminación.

Quito, 16 de abril de 2009