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$2.000 EDICIÓN 2820 SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2016 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO www.semanariovoz.com LA VERDAD DEL PUEBLO El Gobierno nacional entrega un activo de los colombianos a una transnacional investigada por corrupción en otro país. Página/ 3 La respuesta: paro nacional Bajos salarios, privatizaciones y reforma tributaria 2016: Año de la paz La arremetida neoliberal traducida en la venta del patrimonio de los colombianos, el miserable aumento al salario mínimo y el anunciado incremento al IVA, golpean con más fuerza a los sectores menos favorecidos. Las centrales obreras y diferentes organizaciones sociales preparan un paro nacional. Páginas/ 5, 6, 7 y 16 Venta de Isagén Santos regala lo que no es suyo Conversatorio económico realizado en la Casa de Nariño. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Foto presidencia. Centrales obreras preparan movilizaciones. Foto archivo.

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Semanario Voz la verdad del pueblo, edición 2820 semana del 20 al 26 de enero de 2016

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$2.000Edición 2820 SEmana dEl 20 al 26 dE EnEro dE 2016 - circula loS miércolES - licEncia nº 002367 dEl miniStErio dE GobiErno

www.semanariovoz.com

LA VERDAD DEL PUEBLO

El Gobierno nacional entrega un activo de los colombianos a una transnacional investigada por corrupción en otro país.

Página/ 3

La respuesta: paro nacional

Bajos salarios, privatizaciones y reforma tributaria

2016: Año de la paz

La arremetida neoliberal traducida en la venta del patrimonio de los colombianos, el miserable aumento al salario mínimo y el anunciado incremento al IVA, golpean con más fuerza a los sectores menos favorecidos. Las centrales obreras y diferentes organizaciones sociales preparan un paro nacional.

Páginas/ 5, 6, 7 y 16

Venta de Isagén

Santos regala lo que no es suyo

Conversatorio económico realizado en la Casa de Nariño. El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Foto presidencia.

Centrales obreras preparan movilizaciones. Foto archivo.

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Enero 20 de 2016/2

H Ricardo Arenales

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernando López - Nelson Lom-bana Silva - Luz Mireya Gallo - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Ivanovich Jiménez - Renata Cabrales - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OfICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. E-Mail: [email protected] Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVIII. Distribución vía Avianca.

VISIÓNCa

rtas

L

Acciones violentasCon su doble moral el régimen colom-biano, que convirtió en forma mediá-tica a uno de sus miembros en una supuesta “oposición”, el denominado popularmente “Centro paraco-crático”, continúa sus acciones de guerra con-tra la población. Mientras utiliza su aparato de violencia mental, los llama-dos “medios de comunicación”, sigue hablando de paz con sus opositores políticos y de clase, las FARC-EP en La Habana, Cuba. No se trata solamente de los intentos de imponer mayores tributos al pueblo, sino de su tenden-cia a dar continuidad a las acciones antisociales del Estado en favor de las transnacionales extranjeras, particular-mente norteamericanas, de destrucción del medio ambiente, del despilfarro de agua mientras a los colombianos se les exige ahorro, de consolidar el modelo económico, político y social de carácter típicamente terrorista, modelo cono-cido como ‘neoliberal’, y lo más grave su pretensión de mantener la doctrina criminal de “seguridad nacional” im-puesta a sangre y fuego por el régimen de los Estados Unidos contra nuestros

países y pueblos. Claudio Rico (vía Internet).

Regalos navideñosEl regalo de navidad y año 2016 del go-bierno nacional y empresarios a la clase obrera, campesina y popular: Aumento salarial que no pasa de $ 1.000 pesos, día, aumentando el hambre, el desem-pleo y la miseria y como siempre los ricos, más ricos y los pobres más pobres y eso hablando de paz, pura retórica, se aprovechan de la plusvalía ante la demanda de mano de obra barata y sin garantías laborales. Reforma tributaria, impuestos, servicios públicos, luz, agua, gas, peajes. Alza en el IVA del 16% al 19% y hacen la alharaca de congelar los precios de la canasta o de artículos de primera necesidad, por un deter-minado tiempo para que el pueblo no proteste y las centrales obreras pasen de agache, ese pírrico aumento salarial. Lástima el aporte que hizo el sector cla-sista a la constitución de la CUT, que la gran mayoría de los dirigentes guarden silencio ante el atropello de gobierno y empresarios atropellen como se les dé la gana, a todos los trabajadores, con la

complacencia de esos dirigentes sin-dicales acomodados, o si se cansaron. Bonifacio Medina (vía Internet).

Personajes del añoEl primero, de manera indiscutible, fue-ron los diálogos de La Habana. Este es-labón de la cadena va acompañado de otro protagonista: La corrupción. Siem-pre la ha habido, pero nunca se había manifestado de manera tan ostensible y cínica. Sería interminable la numera-ción de los casos donde los politiqueros de turno aprovecharon las palancas del Estado para el enriquecimiento perso-nal. Las denuncias contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel; contra el Ddal Palomino; el robo de 1.4 billones de pesos en Saludcoop y su correspondiente liquidación en compa-ñía de Caprecom, que constituyen el más grande negociado de la salud en Colombia. Y el tercer personaje, podría decirse que el Bufón de la Corte, es el salario mínimo por decreto. Por todo lo anterior, al pueblo no le queda sino una perspectiva en el 2016: lucha de masas organizada, unitaria y combativa. Tibe-rio Gutiérrez (vía Internet). H

a vida de Edith Piaf fue tan intensa como accidentada. Muchas de sus canciones adquirieron tanta no-toriedad, que más tarde fueron inter-pretadas por gigantes de la canción co-mo Louis Armstrong, Areta Franklin, Ella Fitzgerald y Luciano Pavarotti, entre otros.

Si alguna persona en la vida ha pa-sado por diversos sufrimientos, por los rigores de la pobreza y la humillación, antes de quejarse, debería conocer pri-mero la vida de Edith Piaf, y después opinar sobre la suya propia.

Registrada con el nombre de Edith Giovanna Gassion, nació el 19 de di-ciembre de 1915, en Belleville, uno de los distritos más deprimidos de Paris, literalmente en la calle. Hija de padres alcohólicos, cuando su madre, apura-da por los dolores del parto, pretendía llegar hasta un hospital de maternidad, vio precipitar el nacimiento, que se lle-vó a cabo, en las escaleras de una casa, en una esquina de barrio, asistida por dos agentes de policía.

Su madre, separada del marido, en condiciones de extrema pobreza, y entregada a la bebida, renunció a la crianza de su hija. Decidió entregarla a la abuela de la niña, que para enton-ces administraba un prostíbulo de ma-la muerte.

Muy joven se convirtió en una estrella

De hecho, la pequeña Edith fue cria-da por prostitutas. A los cuatro años

padeció meningitis, que le provocó una ceguera temporal. Por esa época, el pa-dre de la niña regresó, para ‘rescatarla’, y con ella se fue a trabajar en un cir-co, donde la niña cantaba. Más tarde, ambos cantaron en las calles, procurán-dose algunas monedas para sobrevivir.

A los 16 años quedó embaraza-da de su novio, pero su hija Castelle, murió de meningitis a los 24 meses de nacida. Volvió a las calles a su oficio, donde la conoció el empresario Louis Leplée, quien quedó fascinado con su voz y la contrató para trabajar en un bar. Fue él quien la bautizó como la

Piaf, utilizando una palabra del idio-ma francés que significa ‘pequeño go-rrión’, haciendo alusión no solo a su portentosa voz, sino a su baja estatura.

Leplée la convirtió en una estrella. A su cabaret llegaba gente famosa; pe-ro al poco tiempo el empresario apare-ció asesinado en su despacho. Piaf no solo había perdido a un amigo, sino que para la policía aparecía como sos-pechosa del crimen.

No fue cualquier mujer

A partir de ese momento comenzó

a beber, a drogarse de manera desafo-rada, la palabra exceso no hacía par-te de su vocabulario. Se acostaba con cualquiera, disfrutaba de cada uno de sus amantes. A finales de los años 30 conoció al arreglista Raymond Asso, quien la sacó del pantano.

Volvió a cosechar grandes éxitos, que le proporcionaron enormes su-mas de dinero, que derrochaba con sus amantes o ayudando a gente pobre, a quien le solicitara ayuda. Jamás olvi-dó su origen humilde.

Tras la invasión a Francia por par-te de las tropas fascistas alemanas du-rante la segunda guerra mundial, Edith Piaf siguió cantando y asumió una po-sición antifascista. Prueba de ello es que protegió a artistas judíos persegui-dos por las tropas alemanas. Asistía a conciertos en plena guerra y ayudaba a escapar a prisioneros de los campos de concentración.

Para esa época cantó ‘La Vie en Rose’, que se convirtió en un himno del pueblo francés. La actriz y cantan-te Annie Murath, quien confesó ha-ber tenido desde niña una conexión con ‘El Pequeño gorrión de Paris’, di-jo que “Edith Piaf no es un personaje fácil, es tremendamente intensa, vive la vida como si se fuera a morir a cada instante. No es cualquier cantante ni cualquier mujer. Ella le cantó al amor en los momentos más difíciles del si-glo XX”. Víctima de un cáncer hepá-tico, Piaf falleció el 11 de octubre de 1963, a la edad de 47 años. H

Edith Piaf

El ‘Pequeño gorrión de Paris’Considerada una leyenda de la música popular francesa, Piaf dio un enorme salto, de mujer autodidacta a figura de la canción, que todavía hoy, cien años después de su nacimiento, recuerdan muchos de sus fans en el mundo entero

Edith Piaf.

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Enero 20 de 2016/3tema de la SemaNa

H Iván Posada P.

Visite la página web del PCC www.pacocol.org

A pesar de los argumentos

económicos, técnicos y jurídicos sus-tentados por los sindicatos, las centra-les obreras, las organizaciones sociales y los partidos políticos, se llevó a cabo la enajenación de Isagén, emblemática empresa del sector eléctrico y patrimo-nio económico, social y ambiental de los colombianos.

Fue constituida en 1970 para reali-zar la interconexión eléctrica del país bajo el nombre de ISA. Por sucesivas reformas se subdividió en dos empre-sas: ISA para trasmisión e Isagén pa-ra generación y comercialización de energía, gas, carbón y otros energéti-cos de uso industrial y para proyectos de generación a nivel nacional. Es una empresa de economía mixta por accio-nes, dentro de la cual el Estado posee el 57,6 % de estas, las Empresas Públicas de Medellín, EPM el 13,1%; los fon-dos de pensiones el 12,5; un grupo de accionistas minoritarios nacionales el 9,0%; otro grupo de accionistas extran-jeros el 7,6% y la Empresa de Energía de Bogotá, el 2,5%.

El sistema está conformado por siete centrales ubicadas en los de-partamentos de Antioquia, Tolima, Santander y Caldas. La capacidad ins-talada es de 3.032 megavatios (MW) entre energía hidráulica y térmica; es la segunda generadora más grande de Colombia y aporta el 16% del total de demanda nacional, lo cual la con-solida como agente fundamental en

el desarrollo de la industria de ener-gía del país.

La principal fuente de generación de Isagén es la hidroelectricidad y pa-ra ello cuenta con dos tipos de cen-trales: con embalse o agua almacena-da, y a filo de agua aprovechando los caudales de los ríos. Pero también es un patrimonio ambiental. La zona de influencia de las hidroeléctricas a car-go de Isagén comprende 23.000 hec-táreas de bosques y espejos de agua; 5.200 millones de metros cúbicos de agua; 1.070 especies animales, 400 es-pecies de aves; 390 de anfibios. Cerca de 32 especies de flora y fauna queda-rán bajo amenaza de extinción porque el nuevo operador no va asumir el cui-dado de esta biodiversidad.

El aspecto económico

La utilidad neta - después de im-puestos - para los años 2013 y 2014 fue de 433.966 y 436.583 millones de pesos respectivamente. En toda su his-toria le ha trasferido al Estado cerca de 900.000 millones de pesos, patrimonio social que no se toma en cuenta al mo-mento de hacer la valoración de la em-presa. Los balances financieros per-miten concluir que Isagén durante la última década creció a una tasa anual del 9% y además realizó importantes inversiones que le permitirían mante-ner esa tendencia.

La subasta

Desde la nefasta administración de Uribe Vélez se intentó vender este

estratégico patrimonio y el argumen-to del actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, era transferir es-te recurso de 6,5 billones de pesos para invertirlo en la construcción de la red vial de cuarta generación 4G. Pero lo más seguro es que estos recursos ter-minen cubriendo parcialmente el défi-cit fiscal del gobierno central que as-ciende a 32 billones de pesos.

Esta subasta estuvo plagada de to-do tipo de maniobras económicas ad-ministrativas y legales: 1. La empre-sa se subvaloró 27% por debajo de su precio real por cuanto no se incluye-ron importantes activos y oportunida-des para la empresa y la Nación; fue-ron muchas las pruebas de peso que se presentaron en contra de desviar los re-cursos de Isagén hacía la infraestruc-tura vial. El sector privado no invierte en este renglón porque son evidentes los riesgos a futuro. En efecto, la in-versión en vías tiene altísimos costos fijos y los ingresos están condiciona-dos al volumen de tráfico, subsidios, créditos, etc. La lógica empresarial es precisamente maximizar ganancias y minimizar riesgos.

2. Días previos a la fecha de la su-basta se subió artificialmente el precio de la acción y acto seguido se retiró el segundo oferente, el consorcio chileno Colbún, ambientando el espacio para que quedara un único oferente, la mul-tinacional canadiense Brookfield Asset Management, BAM, que se presentó al formalismo de la subasta con precio de venta conocido de antemano, hechos que desvirtúan la figura misma de la su-basta. Existe una legislación específica cuando se trata de la venta de un bien público, no se estaba ante la subasta de una obra de arte o de antigüedades. El ministro Cárdenas ignoró olímpica-mente los sólidos argumentos técnicos y legales que presentaron los partidos políticos, los sindicatos del sector y las organizaciones sociales en contra de esta transacción. Como quien dice, se vende o se vende. Una subasta a la medida del único proponente.

La trasnacional favorecida

Brookfield Asset Management, BAM, “ganadora” en la amañada su-basta, es una inversionista de fondos de capital privado con sede en Canadá

especializada en negocios de energía eléctrica, infraestructura y bienes raí-ces. En 2011 adquirió la Empresa de Energía de Boyacá, EBSA, y en Brasil, donde maneja cerca de 40 hidroeléctri-cas, está bajo investigación por sobor-nar a funcionarios públicos para obte-ner contratos. El portal Probes Reporter señala que, en su opinión, “las compa-ñías como Brookfield pueden verse co-mo “cajas negras” con una contabili-dad hecha de “polvo de hadas”. La es-tructura de su capital es increíblemente compleja y cambia constantemente”. Entre tanto, el presidente Santos salió en defensa de la trasnacional a la que calificó como “seria y con buenas prác-ticas”. Cabe interrogar al minhacienda Cárdenas y al mandatario colombiano sobre la transparencia y antecedentes de esta empresa a la que le adjudica-ron tan fácilmente la administración y manejo de los recursos energéticos co-lombianos.

Secuelas

La principal es la vulneración y pér-dida de la seguridad energética, hídrica y ambiental, lo cual es un hecho contra-rio a la paz; se incrementarían las tari-fas de energía ya que Isagén es el prin-cipal regulador de precios en el mer-cado colombiano de energía eléctrica; serían inminentes los racionamientos de energía, se perderían los ingresos que por utilidades transfiere Isagén a la Nación; las zonas donde operan los embalses y centrales dejarán de perci-bir los recursos que para inversión so-cial y ambiental le transfería Isagén; el patrimonio nacional queda a la de-riva pues no va a ser prioritario ni mu-cho menos para el nuevo operador; la expansión del sistema eléctrico nacio-nal en el largo plazo queda seriamen-te comprometida; los accionistas mi-noritarios del sector estatal como las Empresas Públicas de Medellín, EPM y la Empresa de Energía de Bogotá, EEB, se verán forzadas a vender sus acciones al nuevo socio mayoritario.

Esta venta deja en poder del sector privado extranjero el sistema eléctrico nacional, y gran parte de los recursos hídricos y energéticos del país, sector estratégico de la economía colombiana y deja en inminente riesgo la soberanía nacional en este aspecto. H

Sector eléctrico, en poder privado extranjero

Seguridad energética y ambiental

Protesta por venta de Isagén en Bogotá. Protesta por venta de Isagén en Medellín .

Indignación ante la venta de activos nacionales.

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Enero 20 de 2016/4campo

El Magdalena es el río

más caudaloso del país. En sus partes altas tiene un caudal de entre 300 y 500 metros cúbicos por segundo, donde la hidroeléctrica El Quimbo se encuentra en funcionamiento. La construcción de esta hizo que el río se convirtiera en un embalse y que su ecosistema se trans-formase. Hoy es un lago sin vida no un ecosistema sustentable.

Esta transformación y encierro de las aguas del río más importante del país se le deben agradecer al gobier-no de Juan Manuel Santos, la corpo-ración transnacional ENEL Endesa y a los accionistas privados (en ningún caso a los bogotanos) que en nombre de la Empresa de Energía de Bogotá adquirieron el 14,07% de las acciones de El Quimbo.

La resistencia de la comunidad en contra del desvío del río para la cons-trucción de la hidroeléctrica no se hi-zo esperar y se manifestaron legal y cí-vicamente, recibiendo como respuesta del gobierno una represión sin prece-dentes y por parte de los medios de co-municación masiva el silencio y la es-tigmatización.

El desvío del río y la construcción de la hidroeléctrica provocaron la ex-tinción de varias especies, de igual ma-nera cambios en el clima del surocci-dente del Huila que afectaron la vida de las comunidades que vivían cerca. En 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos defendió su construcción y Emgesa se encargó de hacer ver a los colombianos el encierro del río para la construcción de la hidroeléctrica como un hecho poco devastador.

Las autoridades se han quedado re-zagadas en el seguimiento y control a las acciones emprendidas por la cor-poración extranjera. Si bien en 2012 la Contraloría General de la Nación orde-nó ‘la apertura de un proceso por res-ponsabilidad fiscal ante un presunto da-ño patrimonial, estimado en poco más de 350.644 millones de pesos, com-prometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por supuestas irregularidades en el trámi-te de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económi-co que surgió durante la expedición de la misma’, no se ha encontrado avance sobre la orden de la contralora Sandra Morelli.

A mediados del año pasado y sin previo aviso a las autoridades locales, la corporación extranjera comenzó el llenado de la represa, con autorización de la ANLA, aun cuando no cumplía con los requisitos expuestos en la li-cencia. Para llenar el embalse, Emgesa debía retirar del mismo toda la bioma-sa (material vivo o vegetación) que se

encontrara allí para evitar daños al me-dio ambiente y a las comunidades. La corporación transnacional no lo hizo y comenzó el llenado.

Por ese hecho fue apagada la hi-droeléctrica el 18 de diciembre de 2015 gracias a las medidas cautelares interpuestas por el magistrado Ramiro Aponte Pino, y a la que el Tribunal Administrativo del Huila interpuso contra la multinacional, en la que ad-vierte que la represa no puede generar energía hasta que no se haya retirado la totalidad de desechos forestales y la biomasa que dejó la tala en más de mil hectáreas inundadas.

No pasó ni siquiera un mes para que el gobierno de Juan Manuel Santos hi-ciera su reaparición en defensa de los grandes intereses transnacionales y en detrimento de lo público.

El presidente alegó su preocupación e interés en “evitar los daños ambienta-les, sociales y económicos que se oca-sionan si no se permite la generación de la hidroeléctrica de El Quimbo”, in-terponiendo una tutela ante un juez de Neiva para el reinicio de operaciones, olvidando que cuando la Contraloría en 2012 alegaba los daños ambientales, sociales y económicos, el presidente se dedicó a guardar silencio y no hizo na-da por defender lo que ahora sí sale a capa y espada a resguardar por intere-ses foráneos. Así, la hidroeléctrica co-menzó su operación nuevamente, de manera irresponsable.

¿Cuáles son las afectaciones?

Tras consecuencias como las que sufre el municipio de Hobo en el Huila,

El Quimbo

Del imponente río Magdalena a un lago sin vida

Las sentencias alrededor de El Quimbo han sido tomadas en escritorios, tribunales y juzgados que no necesariamente son fuente de legitimidad y razón para la toma de buenas decisiones. Los daños ambientales, sociales y económicos son evidentes. Gobierno ha defendido el interés del capital privado

H Xiomara Taborda

que se quedó sin pesca artesanal y con órdenes de desalojo para la comunidad, hoy las aguas del río Magdalena son de muy mala calidad.

La cuenca alta del río Magdalena depende del funcionamiento de los em-balses Betania y El Quimbo, que fueron construidos para la generación eléctri-ca. En el caso de Betania, años después fue considerado multipropósito con el fin de desarrollar la piscicultura.

Según el investigador Santiago Duque: “Es un hecho que las aguas que el día de hoy está liberando por descar-ga de fondo es agua de mala calidad. Eso implica que aguas abajo se está ge-nerando una problemática social y am-biental muy fuerte sobre pobladores y pescadores que viven en ese tramo de 14 kilómetros. También es cierto que los volúmenes de agua y las concen-traciones de oxígeno que deberían es-tar llegando al embalse de Betania es-tán disminuidas, pero también hicimos un estudio en Betania antes del cierre de compuertas y llenado del embal-se de El Quimbo, y ya el embalse de Betania mostraba condiciones signifi-cativamente con mal manejo, es decir, deterioro significativo de las aguas”.

Lo anterior es el preámbulo de un panorama nada favorable aguas abajo, en especial para los siete municipios que colindan con el embalse, puesto que no se sabe a ciencia cierta cómo se encuentran sus plantas de tratamiento para el agua potable, que no debe ser muy buena y degeneraría en una crisis humanitaria aun más fuerte que termi-naría sumándose a otra crisis ambien-tal, reforzada por los gases de efecto in-vernadero que generan tanto la represa de Betania como la de El Quimbo, en especial la segunda.

Las sentencias alrededor de El Quimbo han sido tomadas en escrito-rios, tribunales y juzgados que no ne-cesariamente son fuente de legitimi-dad y razón para la toma de buenas decisiones.

Así lo deja entrever Angélica Gutiérrez-Magness, hidróloga de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y miembro del Grupo de Observaciones de la Tierra: “En la apertura no se tu-vieron en cuenta las recomendaciones técnicas que se hicieron en su momen-to. Y en el cierre, el Tribunal ordenó una suspensión provisional sin tener el conocimiento para decidir de forma acertada y con fundamento técnico. El Ideam ni siquiera fue consultado”.

En Colombia están dañando nues-tros ecosistemas, se está mal adminis-trando el recurso natural y al final los que terminan pagando las consecuen-cias son las comunidades. H

Panorámica de la represa de El Quimbo.

Obras para la desviación del río Magdalena.

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Enero 20 de 2016/5edItorIal

H Luis Alberto Vanegas Z.

La tumba de Antígona

Frente a la crisis: unidad y

movilización

Columna libre

H Rodrigo López Oviedo

Un acto “inmoral” H Renata Cabrales

La única alternativa

Refi riéndose a uno de los ele-mentos a que deben acudir los

pueblos para transformar la sociedad, el gran líder búlgaro Jorge Dimitrov decía que “la unidad es la táctica y la estrategia de la victoria”.

Da tristeza ver que un lema tan cargado de profundidad y sabiduría no haga carne en el proceder de casi ninguna de las tendencias de izquier-da, a diferencia del gran circo de la derecha, en donde se lo ha asimilado y se lo practica, especialmente cuando están en peligro sus intereses.

En las pasadas elecciones, la iz-quierda del Tolima obtuvo 58 mil vo-tos, con los que mereció un puesto en la Asamblea del Departamento. Fue una izquierda que se presentó disper-sa, sin candidatos comunes, carente de todo carisma que como frente la hiciera atrayente a los ojos del elec-torado.

¿Qué habría pasado si, rompien-do egos y resquemores ancestrales, la consigna de Dimitrov hubiera calado en los corazones de los líderes de esas diversas toldas (Verdes, Mais, Polo, Asi y Unión Patriótica) logrando que presentaran una sola lista a la mencio-nada corporación? Pues que con los mismos votos, ahora en bolsa común, habrían conseguido, no una, sino dos curules (lo cual habría abierto posi-bilidades para un mejor desempeño de la izquierda en la Corporación), y hasta tres, pues esta unidad se habría

convertido en un estímulo importan-te para muchos abstencionistas de iz-quierda que se han retirado de las ur-nas, no tanto por tener diferencias con los propósitos políticos que esta encar-na, como sí por la desazón causada por tanta división.

Para nadie es un secreto que la iz-quierda está del lado de los más po-bres y de la búsqueda de solución a sus acuciantes problemas. Dentro de ese propósito, algunos integrantes están más a la izquierda, otros más al cen-tro, pero todos deseosos de que pre-valezca el interés por lo humano, an-tes que por el capital. Hasta dónde el énfasis de cada partido esté más cer-ca de una prevalencia que de otra es uno de los motivos de la diferencia-ción; pero diferenciación superable, y más superable aún mientras más cer-ca esté una posición de la otra y más proclives sus protagonistas a dar pa-sos de unidad.

Esa es la unidad que necesitamos para resolver el problema de los hospi-tales, que están al borde de la quiebra; de la educación, ampliada en cobertu-ra y superfi cie para atender mejor las necesidades del gran capital en mano de obra; del ambiente, cuya “protec-ción” se le está endosando, poco a po-co, a sus propios depredadores. Es la unidad que necesitamos con urgencia para romper las cadenas que nos atan al pasado y nos impiden saltar al so-cialismo. H

Por estos días se advierte que el pleno de la Cámara de

Diputados en México aprobó una re-forma que prohíbe a las madres ama-mantar a sus bebés en la vía pública. El colmo de la represión hacia las mujeres y de paso, hacia los y las niñas, que de manera hipócrita son denominados el futuro del mundo. La lactancia mater-na es gratis, por tanto, no es rentable para el sistema capitalista que explota el cuerpo de las mujeres, creando ne-cesidades fantasmas en el mercado de consumo, y proporcionando placebos como cura.

La leche materna tiene todas las propiedades para alimentar a un neo-nato como para quebrar la industria lechera. Es por eso que el mercado de consumo, por medio de la publicidad, ha hecho todo porque las mujeres no amamanten a sus bebés, y hasta se han creado mitos alrededor de esta activi-dad, desde la sentencia de que los senos se vuelven fl ácidos y pierden su forma hasta la idea ridícula de que es inmoral sacarlos en la calle para amamantar.

La alimentación del bebé leche materna es importante en la relación afectiva, madre - bebé, y en el forta-lecimiento inmunitario. También las ventajas son para la madre, pues pre-viene el cáncer de mama, de ovario y útero; asimismo se relaciona la leche materna con una sustancia denomina-da Hamlet (alfa lactaoalbúmina huma-na letal contra tumores) para la pre-vención de 40 diferentes tipos de célu-las cancerosas. Favorece, además, una

excelente relación emocional entre madre e hijo(a).

No obstante, hay una competencia entre fórmulas artifi ciales, secundada por el mercado de consumo, hacien-do creer que estas contienen nutrien-tes que favorecen al bebé. Es todo lo contrario, pues varios estudios mues-tran que a pesar de los esfuerzos por hacer productos parecidos a la leche materna, las fórmulas artifi ciales es-tán muy lejos de ella, y la idea es que se mejore la calidad de estas, pues po-seen algunas sustancias que pueden perjudicar la salud del bebé.

Entonces, las y los niños que na-cen de la obligación impuesta de re-producirse de las mujeres para poder mantener el sistema esclavizante y excluyente, son el “futuro del mun-do”, pero lo son en tanto enriquez-can la industria láctea, que ha visto en la lactancia una dura competencia para su inacabable negocio. Lo peor de todo es que hombres y hasta mu-jeres de doble moral, que a diario son bombardeados por publicidad sexis-ta y misógina, que también perpetúa estereotipos de violencia al utilizar el cuerpo de las mujeres, no se escanda-lizan, pues esta violencia simbólica se normativiza a favor del gran capital. Pero al ver a una mujer alimentando a su bebé de forma natural, entonces, se alborotan, porque es “inmoral” sacar las tetas en la calle para dar de comer a un vástago; las mismas que difunde a diario la publicidad, para complacer al capital y la mirada del macho. H

Recibimos 2016 en medio de la pro-fundización de la crisis expresada en la desaceleración económica, pe-

tróleo por debajo de U$30 barril, caída en las bolsas, aumento de guerras, mayor desigual-dad como consecuencia del fracasado mode-lo neoconservador. Nos debatimos en medio de crecientes contradicciones en todos los órdenes a pesar que decían tener blindada la economía. En estas condiciones el hecho po-lítico más trascendental es el proceso de paz con las FARC y la apertura de diálogos con el ELN en la búsqueda de resolver el históri-co confl icto social y armado.

Partimos de resaltar que el pueblo colom-biano nunca descansa de protestar por las más diversas motivaciones. 2015 no fue la excep-ción. Vivimos el paro nacional de los educa-dores, las luchas campesinas e indígenas, del sector salud, la pequeña minería, la movili-zación estudiantil, la movilización por la paz con justicia social, entre otras, que por falta de articulación no lograron convertir la incon-formidad en una verdadera oposición políti-ca que derrote las imposiciones del régimen

y por esta vía defi enda los intereses de la cla-se trabajadora.

Aprovechando las vacaciones, el gobier-no de Santos continuó ejecutando medidas económicas y políticas del Plan Nacional de Desarrollo contra los trabajadores, adelantó la farsa de la concertación tripartita sobre el salario mínimo, imponiendo por decreto una actualización que golpea el poder adquisiti-vo de los salarios en medio del aumento del costo de la canasta familiar; aumentó el cos-to de la energía y de los impuestos de auto-motores; anunció el incremento del IVA al 19%; y, pretende mantener la política de pre-cios altos en los combustibles, bajo las direc-trices de la OCDE, el BM y el FMI; presen-tará al Congreso nuevas reformas: tributaria, pensional y laboral.

Transcurridos 25 años de la ofensiva pri-vatizadora, el movimiento social y político ha resistido sin conseguir derrotar las impo-siciones del régimen político tradicional, vi-viendo etapas de fl ujo y refl ujo como resulta-do de la dispersión tanto programática como organizativa, sin confi gurar un bloque popu-lar que realice cambios para la construcción del nuevo país.

Se han acumulado éxitos y derrotas que ameritan el análisis para encontrar las razo-nes de la dispersión en las luchas, que ha per-mitido a la clase gobernante refi nar sus mé-todos de dominación y la gradual implemen-tación de las diferentes etapas del modelo de explotación.

La venta de Isagén en una supuesta su-basta y el pírrico incremento del mínimo, aprovechando la inexistente convocatoria a la movilización, demuestran que adelantar la oposición por redes virtuales, comunica-dos y declaraciones en los medios informati-vos, son expresiones que no reemplazan a la

movilización de masas ni a la protesta social en las calles. Estos nuevos golpes indican que las organizaciones llamadas a derrotar las pre-tensiones del régimen se encuentran en medio de una crisis política e ideológica que les im-pide tener capacidad de convocatoria para de-sarrollar acciones contundentes de resistencia. Simultáneamente se evidencia cómo algunos sectores pretenden suplantar el protagonismo del pueblo arrogandose campañas que privile-gian el marketing electoral a caudillos en be-nefi cio de intereses electoreros.

Es urgente retomar mecanismos de coordi-nación amplia y unitaria con presencia de to-dos los afectados por el modelo y el régimen, para enfrentar la pretensión de cooptación po-lítica e ideológica de quienes pretenden apare-cer como opositores al gobierno, cuando han sido los primeros privatizadores y promotores de la violencia política.

Recordemos que el proceso electoral de oc-tubre de 2015, más allá de su antidemocracia dejó profundas lecciones a la izquierda porque como resultado de la división se fortalecieron las posiciones ofi cialistas. Esto debe llevar a una profunda rectifi cación en el accionar políti-co y social de todas las expresiones que actúan en el campo democrático y revolucionario. Un aspecto a resolver es la defi nición de escena-rios de articulación de las luchas sociales y de oposición a las políticas y medidas guberna-mentales, para lo cual se precisa de una plata-forma de lucha o pliego nacional y dar pasos organizativos conformando las coordinaciones sociales y políticas en el ámbito local, regio-nal y nacional en la vía de elaborar planes de acción acordados colectivamente que den un sentido de proceso. Para ello proponemos un encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas que permitan fortalecer la capacidad de convocatoria y movilización. H

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Enero 20 de 2016/6

DH Juan Carlos Hurtado Fonseca

laboral

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esde el pasado mar-tes 12 de enero, cuando los emplea-dos de la rama judicial regresaron de vacaciones, realizan una escalona-da protesta de jueces y empleados en Bogotá. Las manifestaciones se dieron porque el 16 de diciembre de 2015 el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, expidió el Acuerdo 10445 para definir la estructura de los Centros de Servicios Judiciales de los Juzgados Civiles y de Familia. Según el Acuerdo: “Estos Centros tienen co-mo fin brindar apoyo administrativo, operativo y técnico a los despachos judiciales del sistema oral, y su activi-dad estará orientada a lograr una ges-tión judicial ágil y eficaz”.

Pero según el presidente de Asonal Judicial Sindicato de Industria, Luis Fernando Otálvaro, aunque fueron creados para hacer las notificaciones, realizar traslados de autos y llevar los archivos, suprimirán algunos cargos de los despachos judiciales: “A un secre-tario se le cambia su función judicial por una administrativa lo que conlle-va que le cambien de cargo; ya no se-rá él quien estudie los casos de tutela y quien prepare y proyecte al juez las providencias, sino que su trabajo será esencialmente administrativo, por eso su remuneración también será diferen-te. Se desnaturaliza el juzgado y a los jueces se le quitan empleados cuando actualmente lo que se necesita es que se les apoye con mayor personal para cumplir la labor que le ha encomenda-do el Código General del Proceso, que es un código nuevo con el que se pre-tende que los procesos sean orales. Si a los jueces no se les dan las herramien-tas en el futuro todo puede ser peor”.

Cambio de modelo

Para la juez 34 civil del circuito en Bogotá, María del Pilar Arango, quien también es dirigente de Asonal Judicial Sindicato de Industria, ya es costumbre

que se emitan acuerdos cuando los tra-bajadores están en vacaciones. Para ella el Acuerdo cambia el modelo de gestión de los juzgados para trasla-dar cuatro cargos a unos Centros de Servicios que manejarán una exorbi-tante cantidad de procesos: “Cada juez tiene un promedio de mil procesos, en-tonces en estos Centros y en una so-la secretaría serán 30 juzgados, serán 30 mil procesos. Se complica la situa-ción porque la atención al usuario se deteriora por completo. Ya hay varios Centros operando y la experiencia ha sido nefasta; sólo hay que escuchar a los litigantes y a los usuarios sobre la mala atención: la demora para encon-trar los procesos, la demora en los trá-mites. Los jueces perderemos el con-trol directo de los procesos porque la mayor parte del tiempo estarán en es-tas secretearías y los empleados dejan de ser calificados y nominados por el juez y pasan a ser nombrados por un director ejecutivo, que es un emplea-do administrativo quien no es aboga-do sino administrador de empresas y el jefe del Centro o jefe de personal va a ser un ingeniero industrial. Imagine el caos que generará un administrador y un ingeniero manejando una oficina de orden judicial”.

Actualmente un juez desempeña sus funciones apoyado por dos sus-tanciadores quienes le proyectan las decisiones y pueden catalogarse como su mano derecha. Una secretaría com-puesta por el secretario quien hace el trámite de los procesos con la ayuda de dos escribientes y un notificador. Con el Acuerdo en cuestión se dejará en los juzgados a los dos sustanciado-res y sacarán a todo el personal de se-cretaría. “La secretaría es la que cum-ple con todas las órdenes que el juez emite, entonces si se emite una deci-sión el secretario debe hacer los ofi-cios, los telegramas, las notificacio-nes, las comunicaciones; eso pasaría a esa secretaría. No entendemos ¿cuál es el sentido de pasar 30 juzgados a una sola secretaría con 30 escribien-tes, 30 notificadores, 30 secretarios? Esto terminará en una reducción de

personal y en una rebaja del salario de nuestros compañeros como ya ha su-cedido, hay varios empleados de los Centros de Servicio que en noviem-bre pasado empezaron a devengar en-tre 300 a 600 mil pesos menos, con el pretexto de que ahora son del área ad-ministrativa –cosa que no es cierta- les cambiaron la denominación del cargo y el salario, lo cual es ilegal e incons-titucional”.

Los Centros se abrirán en el 70% de las poblaciones del país y según Otálvaro lo que se busca es la reduc-ción del aparato judicial y especiali-zar funciones judiciales y dejarlas co-mo administrativas, lo que en el futuro llevará a la privatización de la justicia: “Estos centros lo que buscan es que sea la empresa privada la que genere estos servicios y no la rama judicial”.

Paro nacional

Para María del Pilar Arango el modelo ha fracasado como lo mues-tra el Centro de Servicios que hay en Paloquemao en Bogotá, el cual es un caos, así como otros de otras ciudades. “Son modelos privatistas, empresaria-les que quieren aplicarlos a la función pública de administrar de justicia. Ellos quieren que esos Centros se conviertan en economías de escala para la reduc-ción de costos; nos crean unos cargos pero por otro lado suprimirán otros: trasladan a la gente y la cambian de categoría”.

Ante las manifestaciones de recha-zo al Acuerdo realizadas en la capital del país, se realizó una reunión el pa-sado viernes 15, en la que participaron representantes de los principales sindi-catos de la rama judicial, jueces civi-les, jueces laborales, jueces adminis-trativos, algunos abogados litigantes, empleados y usuarios; con el presidente de la Sala Administrativa, José Agustín Suárez, quien sólo se comprometió a dar capacitaciones y que los trabaja-dores se comprometieran a restablecer el servicio. “Se le propuso que citara a la Sala de manera extraordinaria y se negó”, comenta la dirigente sindical.

Ante la negativa para derogar o mo-dificar la decisión del Consejo Superior la posición de los judiciales se radicali-zó y los sindicatos convocaron a cerrar el resto despachos funcionarios del país, aunque insisten en una negociación an-tes de tomar esa medida que afectará la prestación del servicio de justicia. H

Paro en la rama judicial

“Buscan privatizar la justicia”: AsonalJudiciales exigen al Consejo Superior de la Judicatura echar atrás una medida que desmejora la justicia en el país y la situación de sus trabajadores

Movilización de trabajadores de la rama judicial en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto Confidencial Colombia.

Luis Fernando Otálvaro. María del Pilar Arango.

“Imagine el caos que generará un administrador y un ingeniero

manejando una oficina de orden

judicial”

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Enero 20 de 2016/7laboral

LH Juan Carlos Hurtado Fonseca

os colombianos no tu-vieron que esperar el cambio de año para encontrarse una escalada en los precios de los productos de la canasta familiar. Desde diciembre pasado veían cómo su dinero cada vez alcanzaba para me-nos, mientras Gobierno y empresarios negaban un reajuste al salario mínimo legal vigente acorde con el costo de vi-da, y anunciaban una reforma tributaria.

La arremetida del Gobierno y los empresarios con su modelo económi-co se hizo más evidente en las primeras semanas del mes de enero del presente año con la venta de Isagén, la negativa a revisar el incremento salarial decreta-do, las intenciones de vender acciones de Ecopetrol, el continuo aumento de precios en los artículos de primera ne-cesidad, los costos en matrículas y úti-les escolares, y el anuncio de la posible venta del patrimonio de los bogotanos con la privatización de más acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB.

Para muchos la respuesta del mo-vimiento social ante esta arremetida del modelo ha sido poca, casi nula. Algunos explican que en época de fes-tividades es muy difícil convocar mo-vilizaciones. Pero la situación de mi-llones de hogares colombianos es tan dramática que ya desde las centrales obreras y otras organizaciones socia-les del ámbito nacional, hay reunio-nes con miras a la organización de un paro y jornadas nacionales de protesta.

VOZ habló con los tres presidentes de las centrales obreras para preguntar-les sobre la respuesta que preparan las organizaciones que presiden, y el ba-lance que hacen sobre el accionar del Gobierno en el país con respecto a lo que negocia en La Habana con la in-surgencia de las FARC-EP.

–1. ¿Qué hará la central sindi-cal que usted preside en respuesta a la arremetida del Gobierno Nacional contra los trabajadores y los sectores menos favorecidos?

–2. ¿Qué piensa de las medi-das económicas del Gobierno en

Colombia mientras negocia en La Habana con las FARC-EP?

“Tomadera de pelo”

Luis Alejandro Pedraza, pre-sidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. 1. Desde el con-greso extraordinario que hicimos el año pasado, en su declaración política y su plan de acción se incluyó la organiza-ción de una gran movilización nacional, llámese paro nacional o paro cívico na-cional, porque hay un total escepticis-mo de que este Gobierno cambie el mo-delo económico o lo modifique; prueba de ello es lo que ocurrió con el salario mínimo, que es aberrante y vergonzoso. Lo que pasó con Isagén es peor.

Tenemos una reunión pendiente con varias organizaciones sociales para de-finir una propuesta de trabajo hacia las demás organizaciones sociales, sindi-cales, campesinas, indígenas. Primero invitaremos a los líderes de estas or-ganizaciones que han estado en per-manente movilización exigiéndole al Gobierno cumplimiento en acuerdos anteriores. Todo esto en la perspectiva de la organización de un paro nacional. Aunque el ambiente es positivo nece-sitamos organizar todo.

2. Hay una incoherencia política porque todos, excepto los que se opo-nen al proceso, queremos que esos diá-logos concluyan con éxito. Así lo defi-nió la central, pero el Gobierno no pue-de comprometerse allá con una serie de cambios como reforma agraria, cambios en el Estado y por la vía parlamentaria, metiéndonos todo lo que concierne a un paquete de compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que hace es una tomadera de pelo al país. No entendemos cómo es que va a responder con semejantes compromisos que hace en La Habana si en la práctica lo que muestra es que el modelo sigue como está. Claro que ellos dijeron que el modelo no lo cambiarían; eso lo cam-biamos si nos movilizamos y forzamos una decisión sobre el asunto. Ellos es-tán haciendo cambios precipitadamen-te porque seguro creen que firman pe-ro ya han hecho lo que le corresponde a este Gobierno. En el debate sobre sa-lario mínimo les planteamos eso, que era una vergüenza lo que hacían, que

mientras en La Habana se comprome-tían a reformas para buscar equidad, re-formas de las políticas económicas para buscar inclusión social; aquí hacen to-do lo contrario.

A trabajar en unidad

Luis Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. 1. Ya tuvimos una reunión con las centrales y tendremos otras para ver los caminos a seguir por-que la situación es muy complicada. Le haremos frente a todas estas medi-das porque no es solo el asunto del pa-trimonio público con lo de Isagén, sino las reformas que vienen en materia de impuestos y pensiones. Pero no es so-lo un paro y ya, sino una serie de accio-nes y eventos para enfrentarnos a esto. Seguramente primero será un paro pero luego habrá que hacer acciones de resis-tencia permanente; hay que ver… Debe ser un paro más allá de lo laboral, que nos involucre a todos. Es hora de tra-bajar en conjunto como tiene que ser.

2. Es totalmente contradictorio, uno no entiende qué es lo que está ocurrien-do. Se está trabajando la paz pero a qué precio, qué clase de paz se quiere, o a qué clase de paz se quiere llegar. Es un interrogante grande que tenemos por las actitudes del Gobierno.

Doble discurso

Julio Roberto Gómez, presiden-te de la Confederación General del Trabajo, CGT. 1. Todos los anuncios que ha hecho este Gobierno son lesi-vos a los intereses del pueblo colom-biano: el incremento salarial por de-bajo de la ley para quienes devengan el mínimo legal, la venta de Isagén, la reforma tributaria. Por todo eso hemos hecho la propuesta a las otras centra-les obreras de organizar un paro na-cional en el que participen los camio-neros, el sector agropecuario, a las or-ganizaciones cívicas y populares, que puedan responder a toda esta arreme-tida. Primero nos reuniremos con las centrales obreras pero al final de ene-ro estaremos realizando una reunión del Comando Unitario acompañado de otros sectores para ver cómo orga-nizamos esa movilización nacional, ese

paro nacional. Y aunque aún no lo ca-racterizo debe ser nacional, luego ve-remos si es cívico. Hay quienes plan-tean que sea una jornada nacional de protesta con movilizaciones en todo el país, por lo menos ya estamos de acuer-do en realizar una acción en contra de todas estas medidas. Analizaremos si la movilización estará precedida de un pliego de peticiones o qué haremos; es obvio que para movilizar a los trabaja-dores debe haber una sustentación para que sepan en función de qué lo hacen, hay que buscar respuestas a problemas como empleo, protección de la produc-ción nacional, reforma agraria y otros.

2. El doble discurso es sumamente peligroso, uno no puede ser luz afuera y sombra adentro. Si se está en la línea de unas conversaciones con un grupo alza-do en armas, con un grupo insurgente, lo lógico es que se estarían generando las condiciones en el país para que aquí las cosas cambien, pero desafortunada-mente eso no es así y eso deja muchas dudas en la población colombiana. H

Más allá de las centrales obreras

Se gesta paro nacionalEn los últimos días se han realizado reuniones de dirigentes sindicales, sociales, campesinos y cívicos, para organizar una manifestación de protesta en todo el país. Argumentan que se oponen a las medidas económicas del actual Gobierno

Movilización de trabajadores en Bogotá. Foto archivo.

Luis Alejandro Pedraza.

Luis Miguel Morantes.

Julio Roberto Gómez.

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Enero 20 de 2016/8

EH Alberto J. Mercado*

INforme eSpecIal

n estos días de finales y comienzos de año viajé a Sincelejo, ca-pital del departamento de Sucre. A pe-sar de que llevo ya varios años vivien-do en Bogotá, visito frecuentemente a Sincelejo, lo que me permite estar en contacto con la región. Durante los pri-meros días de mi estadía en Sincelejo lo primero que hice fue recorrerla, ha-blar con la gente, con los ciudadanos del común, pues quería conocer qué es lo que pasa, por qué la gente sigue eli-giendo como a sus gobernantes a los mismos que hoy tienen en la miseria y pobreza a esta región, saber qué tan-to han “cambiado” la ciudad y el de-partamento.

Un lugar que suele congregar a los sincelejanos es el conocido Parque Santander, epicentro de los juegos de ajedrez (saludos a mi amigo poeta y escritor Ricardo Vergara, asiduo ju-gador), la venta ambulante de tinto, llamadas a celular, venta de abalorios, emboladores, vendedores de almuerzo, panaderos, y hasta ofrecimiento sexual, etc. En la fuente de agua que existe en este parque me llamó la atención una frase en la que se puede leer “Aquí fluye el desarrollo porque el agua es de todos”. Resulta que ni lo uno ni lo otro. El agua nunca fluyó en la fuen-te y tampoco fluía permanentemente el precioso líquido en casa de mis pa-dres, en los más de veinte días en que estuve de visita. En Sincelejo y Sucre existe desde años este problema del agua, sin que haya sido resuelto por la clase política que hoy controla la ad-ministración pública.

Ciudad de contrastes

Sincelejo, en los últimos años, ha tenido un crecimiento urbanístico, sobretodo en construcciones inmo-biliarias. Se han construido centros

comerciales, clínicas privadas, varios proyectos de vivienda. En la ciudad se puede ver esa línea divisoria en la que se suelen segregar muchas urbes. Existe una expansión inmobiliaria de la ciudad hacia el oriente, en barrios como Boston, Venecia, que favorece a sectores de clase media y alta, sin embargo, el contraste se observa en otras partes de la ciudad, hacia el sur, en donde el crecimiento subnormal es enorme, acá tenemos barrios como El Edén, El Bololó, entre otros. Aquí se concentra una gran población tanto de la ciudad y de desplazados que llegan de otras poblaciones. La carencia de adecuados servicios públicos y la falta de vías de comunicación en buen esta-do es la constante, la drogadicción en-tre los jóvenes es alarmante.

Los desaciertos de la administra-ción saliente son más que los acier-tos. Respecto al transporte público y la movilidad, debemos decir que es un caos total. La enorme circulación de motos es impresionante. La semafori-zación en muchos puntos es urgente, por ejemplo en el cruce de la intersec-ción entre la Avenida Sincelejo (anti-gua Ocala) y la antigua variante, cerca de los actuales terminales de transpor-te interdepartamental. Todos sabemos que un número significativo de ciu-dades y poblaciones de la costa norte padece el fenómeno del mototaxismo, que tiene varias causas como el desem-pleo. Es necesario que este servicio se regule porque las consecuencias para la movilidad van a ser enormes.

En cuanto al Sistema Integrado de Transporte que prometió la adminis-tración saliente, hay que decirlo, que aún no funciona. En horas nocturnas es imposible conseguir buses. Debido a la inseguridad que existe en la ciudad, los taxistas temen ingresar a ciertos ba-rrios en horas nocturnas. Aún siguen las motos sustituyendo este servicio. Por su parte y según informaciones de varios medios nacionales, en cuanto a la construcción del edificio de gobierno

de la alcaldía de Sincelejo, este fue edi-ficado sobre un humedal.

Inseguridad

La seguridad en Sincelejo ha cam-biado mucho, al punto que existen ba-rrios en los que desde muy temprano la gente tiene que encerrarse en sus ho-gares. En muchos de ellos aún sigue el microtráfico; son las famosas “ollas” que el presidente de Colombia prome-tió acabar, pero que no fue tan cierto. Me temo que existe un control terri-torial de las denominadas Bacrim. El raponeo, el asalto a mano armada, el asesinato por hurto, las riñas, etc., son el pan de cada día en la ciudad. Da te-mor salir a las calles. La delincuencia se tomó a Sincelejo y las autoridades no hacen nada al respecto. En muchos sectores no existe un adecuado alum-brado público. Es lamentable que esto esté pasando en la “Perla” de la sabana.

El abandono a la cultura y el depor-te es visible. Para sólo colocar un ejem-plo, estuve en la famosa cancha Las Tamboras, escenario de softbol, es la-mentable su estado. Hablé con Manuel Martínez, presidente del Club deporti-vo Versalle, quien nos comentó la si-tuación con el deporte: “Tenemos 15 años de estar haciendo estos campeo-natos deportivos, pero desafortunada-mente el de ahora es el de las mentiras de los políticos. Tenemos tres perio-dos de los señores alcaldes, que vie-nen a prometernos que nos van a hacer el estadio, que nos van a componer la cancha, y a última hora nada de nada, puras mentiritas, se van y no vuelven más. Este año nosotros mismos le co-locamos a la cancha 20 volquetas de balastro para poder jugar.

No existe una dinámica e integra-ción de la cultura, el arte y el deporte que permita a los ciudadanos y visitan-tes conectarse con las tradiciones pro-pias de la cultura local, nacional y uni-versal. Existen muy pocos escenarios culturales en donde se pueda disfrutar

de una programación o agenda cultu-ral de la ciudad. La cultura es un cam-po importante que no debe tratarse con desdén, pues ella permite también es-tablecer una cohesión social. El úni-co evento al que pude asistir fue a un encuentro de corales, en la tradicional plaza de Majagual, organizado por el Banco de la República.

Herederos del desastre

Estos son algunos de los muchos problemas que hoy tiene Sincelejo. En las elecciones de octubre de 2015 su población eligió como alcalde a Jacobo Quessep Espinosa (Liberal), familiar del alcalde saliente Jairo Fernández Quessep. En esto se ha convertido la política en Sincelejo y Sucre, en donde son familias y verdaderas elites electo-rales las que controlan la administra-ción pública, sin que existan solucio-nes a los problemas de la ciudadanía. El tal “desarrollo” no llegará si la ciudad continúa en manos de estas familias.

El panorama departamental sino similar me atrevo a decir que peor. Empezando porque para viajar a Sincelejo vía área tuve que llegar pri-mero a Barranquilla, pues a pesar que existe un aeropuerto en la ciudad de Corozal, a este sólo llega una aerolínea con tiquetes bastante costosos y esca-sos itinerarios. No existe un adecuado aeropuerto que posibilite la llegada de turistas, gente oriunda de allá que vi-ve por fuera.

La ineptitud de los gobernantes es visible y como en el problema del agua, ningún parlamentario ha asumi-do con seriedad este asunto, sólo paños de agua tibia.

Tuve la oportunidad de viajar al municipio de El Roble. Salí muy tem-prano desde Sincelejo junto con un amigo oriundo de este municipio. Llegamos a Corozal y desde aquí co-gimos la vía que nos lleva por San Juan de Betulia y Albania (y no es la antigua república socialista con capital Tirana). Hasta esta última población llega la vía asfaltada y pavimentada. Desde aquí una nube de polvo y un sol intenso nos acompañó hasta la entrada de El Roble en el destartalado carro en el que viajá-bamos. Este paisaje me hizo recordar el título de aquella hermosa novela del escritor sucreño Héctor Rojas Herazo, “Respirando el verano”.

Hermosos paisajes nos encontra-mos, pero también con otros que no se diferenciaban de los tristes y paupérri-mos paisajes de la población San Pedro de los Saguaros, de la película la Ley de Herodes. El abandono, la miseria y la pobreza es visible. En los rostros de los pobladores se ve esa desesperanza y la negación de un futuro mejor.

Como en Sincelejo, en el depar-tamento gobiernan las mismas elites electorales. Vuelve a la gobernación Edgar Martínez Romero de Cambio Radical. Su candidatura surgió como una supuesta alternativa a la candida-ta y esposa del cuestionado excongre-sita Yahir Acuña. Se le olvida a esta clase política que Acuña surgió de sus entrañas políticas. Me temo que el “de-sarrollo” no llegue a Sincelejo y Sucre, si las administraciones públicas siguen en manos de los de siempre. Ante este panorama no veo una izquierda orga-nizada, pensando y proponiendo solu-ciones a los problemas locales y de la región. Es necesaria la construcción de un movimiento ciudadano consciente y propositivo, que haga veeduría a la ges-tión y la inversión de los presupuestos municipales y departamentales.

* Docente universitario. H

Sincelejo y Sucre

Entre la miseria y la negligencia

Cancha Las Tamboras en Sincelejo. Foto Alberto Mercado.

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Enero 20 de 2016/9

E

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La verdad del pueblo

l 24 de abril de 1915 se inició la peor matanza de armenios, perpetrada por las autoridades otoma-nas de entonces. El genocidio fue un plan sistemático, organizado desde el poder y perfectamente detallado, para eliminar del territorio ocupado por el imperio otomano a toda la población armenia. Las primeras matanzas co-menzaron a finales del siglo XIX y el ciclo del terror concluyó en 1923, una vez que ya se había constituido la nue-va República de Turquía, que fundara Mustafá Kemal Ataturk. Ambos pode-res, el otomano y el turco, son respon-sables de estos luctuosos hechos.Según las fuentes históricas, absolutamen-te rotundas y contundentes al efecto, murieron entre 1,5 y 2 millones de ar-menios. Muchos fueron asesinados vil-mente; otros, salvajemente torturados, incluso quemados vivos, y una buena parte de esas víctimas anónimas tam-bién las ocasionaron las caravanas de la muerte en las que eran expulsados los armenios que vivían en territorio sirio. Aparte del maltrato dado por las auto-ridades y fuerzas de seguridad turcas, muchos armenios murieron a causa del hambre, las enfermedades, la sed, las epidemias y la extenuación después de andar centenares de kilómetros en con-diciones extremas.

Al día de hoy, pese a que todas las evidencias y crónicas históricas co-rroboran este horror del que fue –se-guramente– el primer genocidio de la historia, el Ejecutivo de Ankara sigue negando estos hechos, y Turquía, ofi-cialmente, tampoco reconoce el geno-cidio. Pretende presentar a estas vícti-mas como fruto de los conflictos que

vivió el país durante y después de la Primera Guerra Mundial.

Colombia ajena a este genocidio

Sin embargo, decenas de países del mundo, entre los que destacan Argentina, Bélgica, Francia, Rusia, Holanda, Uruguay, Venezuela, Chipre y muchos más en una lista intermina-ble, han reconocido el genocidio ar-menio y tienen previsto estar presen-tes en las ceremonias organizadas por Armenia para rendir homenaje a las víctimas de esta gran matanza, que ya no se puede ocultar. No olvidemos que la nueva República de Turquía que fundara Atatürk se asentaba en un pro-yecto de turquización de las poblacio-nes no turcas que vivían en el país y que contemplaba, sin ningún rubor, la limpieza étnica de aquellos territorios, poblados por armenios, griegos y cris-tianos. Colombia, por cierto, no ha ad-herido a estas celebraciones y ninguna institución aprobó alguna declaración en este sentido.

Este centenario del genocidio arme-nio hubiera sido un buen momento para que Armenia y Turquía se hubieran re-conciliado, aceptado la realidad históri-ca y puesto fin a una controversia que no beneficia, en nada, a los turcos. Si Turquía hubiera reconocido el genoci-dio, algo que parece un asunto tabú en la política exterior e interior turca, las cosas hubieran sido más sencillas pa-ra propiciar ese necesario acercamien-to entre ambos pueblos y haber puesto las bases para propiciar la seguridad y estabilidad en el Cáucaso, una región en la que todavía quedan muchos con-flictos por resolver.

Pero, en lugar de haber hecho un mínimo ejercicio de autocrítica y

reconocimiento de unos episodios te-rribles que ocurrieron hace décadas, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llegó a afirmar durante una campaña electoral reciente: “No se imaginan las cosas que han dicho so-bre mí. Dijeron que soy georgiano... y hasta me dijeron cosas peores: me di-jeron armenio. Pero yo soy turco”. ¿Se puede caer más bajo?

Clara responsabilidad turca

Anécdotas al margen, la responsa-bilidad de las autoridades otomanas, y después turcas, en estos hechos no ad-mite discusión. Las primeras persecu-ciones y ejecuciones masivas de arme-nios comenzaron en 1890 y tuvieron como máximo responsable al sultán Abdul Hamid II, presentado en la pren-sa europea de entonces como el “car-nicero de los armenios”, y terminaron aproximadamente en 1923. Se crearon campos de concentración, se asesinó a mujeres, ancianos y niños desarmados e indefensos; se arrasaron los pueblos y se arrancaron hasta las cruces de los cementerios. Se trataba de borrar una cultura que había vivido en esas tierras durante centurias, y se pretendía que no

quedaran los restos, las pruebas irrefu-tables de la presencia armenia, porque aquello de lo que no queda ni siquie-ra un fósil realmente podría no haber existido. Vivían en Turquía unos tres millones de armenios, y dos terceras partes murieron en el genocidio; el res-to, aproximadamente un millón de ar-menios, salieron del país para siempre y conformaron la gran diáspora arme-nia que conocemos hasta el día de hoy.

Hay armenios en casi todas partes del mundo, pero las grandes comuni-dades, que mantienen con gran vigor la cultura, la lengua y la religión de este pueblo milenario, se encuentran ubica-das en Australia, Argentina, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Canadá, Irán, Jordania, Líbano, Polonia, Siria, Brasil, Bulgaria, Grecia y Chipre, principal-mente. La diáspora, a falta de unos datos oficiales que cuantifiquen a es-tas poblaciones, está compuesta, co-mo mínimo, por seis millones de ar-menios, y podría llegar, según otras fuentes, a los diez millones. Si conta-mos con que Armenia tiene apenas tres millones de habitantes, e incluso mues-tra tendencia a la recesión demográfica debido a la crisis económica, la mayor parte de los armenios viven en el ex-terior. En Turquía, aunque es muy di-fícil saber la cifra real porque muchos se islamizaron y adoptaron nombres turcos, se cree que podrían vivir entre 40 mil y 60 mil armenios, aunque las fuentes no son fiables y algunos hasta elevan esa cifra.

Para concluir, hay que destacar que en estos días el papa Francisco, en una audiencia pública, reconoció el genocidio armenio y el dolor cau-sado por las autoridades turcas de en-tonces a dos millones de víctimas. La declaración, como era de esperar, pro-vocó el enojo de Turquía, la retirada del embajador turco de la Santa Sede y las amenazas de Erdogan, quien le ha dicho al Papa que, como vuelva a cometer ese “error”, se va a enterar. Pero el Papa fue bien claro: “La hu-manidad ha vivido en el siglo pasado tragedias inauditas”, ha dicho. La pri-mera, la que es generalmente conside-rada el primer genocidio del siglo XX, fue la del pueblo armenio. La otra fue el Holocausto del pueblo judío a ma-nos de la Alemania nazi.

La historia no se puede cambiar ni alterar en beneficio propio, tal como pretende Turquía. Hoy, como hace cien años, las espadas siguen en alto y al-gunos siguen mostrando la misma falta de piedad de entonces. Qué tristeza. H

Cien años después

Recordando el genocidio armenio

H Ricardo [email protected]

Desgarradora fotografia del genocidio.

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Enero 20 de 2016/10polítIca

LH Redacción política

os pasados 15 y 16 de enero se reunió en Bogotá la Junta Patriótica Nacional del movimiento político y social Marcha Patriótica. Le dieron la bienvenida al año 2016 con una doble jornada de trabajo en don-de se abordaron temas de la actuali-dad política y organizativa de Marcha Patriótica. Los miembros de la Junta Nacional le dio una calurosa bienveni-da a Carlos Lozano, director de VOZ, quien se integró a las discusiones.

La Junta fue acompañada por la dramaturga Patricia Ariza, quien hi-zo un análisis de los acontecimientos con los que se cerró el pasado año y los temas que asoman con rapidez pa-ra el 2016. La movilización social pro-ducto del inconformismo por las alzas en el costo de vida de los colombia-nos, la privatización de la generadora de energía Isagén que ha despertado conciencia en contra de las políticas neoliberales y las exigencias de los trabajadores por un mejor salario mí-nimo son algunos de los temas trata-dos por la Junta.

Por supuesto el tema de la paz re-sulta medular para las iniciativas de Marcha Patriótica. El director de VOZ Carlos Lozano indicó que los avan-ces en la mesa de conversaciones en La Habana entre el gobierno nacio-nal y la insurgencia de las FARC-EP son esperanzadores pero el ejecutivo se empeña en una doble agenda pues en Colombia pretende ahondar la cri-sis social con medidas antipopula-res como el pírrico salario mínimo, la reforma tributaria que se avecina y las medidas legislativas que aspira a

Junta Patriótica Nacional

Marcha Patriótica en la paz y la movilización social

Un llamado al paro nacional y a la movilización por la paz son las iniciativas de trabajo del movimiento político y social Marcha Patriótica para 2016

impulsar en contravía de los acuerdos de La Habana.

Lozano se refirió a las iniciati-vas legislativas que avanzan en el Congreso como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, cuya finalidad es la creación de un instrumento jurídico que permita la apropiación de tierras baldías, des-tinadas a campesinos, a multinaciona-les de la agro producción. Por eso se-ñaló Lozano, “una cosa es respaldar el proceso de paz pero hay que recono-cer también que estamos en una lucha de clases contra el neoliberalismo que es bandera de la clase dirigente nacio-nal. El mejor ejemplo de eso es la pelea contra la privatización del patrimonio público y las condiciones necesarias para llegar a una paz estable y durade-ra. El gobierno sigue teniendo un do-ble discurso”.

La Junta recibió un mensaje de Húber Ballesteros, víctima de un fal-so positivo judicial: “La cercanía en el tiempo de la firma de un acuerdo final, nos pone ante la necesidad urgente de adoptar una estrategia que nos permi-ta difundir de forma masiva, adecuada y acertada los contenidos de los acuer-dos a los que se ha llegado sobre los puntos de la agenda y de las salveda-des que están en el denominado con-gelador”, expresó.

Ballesteros insistió que Marcha Patriótica debe generar, en lo que resta

de las negociaciones de La Habana, una correlación de fuerzas necesaria pa-ra impulsar un mecanismo de refren-dación que garantice el cumplimiento de lo acordado debido al temor que un gobierno futuro del país, proclive a la guerra, eche todos los acuerdos al piso. Por ello dijo que la Asamblea Nacional Constituyente cobra vigencia para ga-rantizar los acuerdos de paz.

Otro de los temas abordados por la Junta fue el de acompañar las distin-tas iniciativas de movilización que se avecinan en el país. Marcha Patriótica hizo un llamado a las centrales obre-ras del país para acompañar las mo-vilizaciones y los reclamos que el pueblo colombiano viene realizando. La rama judicial está ad portas de un paro judicial por el empeoramiento de las condiciones laborales para los jueces de familia en el país, la indig-nación generada por la venta del pa-trimonio colombiano como Isagén y el interés de vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Para la Junta Nacional de Marcha las condiciones objetivas para un paro na-cional se están agitando.

Las dos jornadas de trabajo deja-ron como compromisos la prepara-ción de un nuevo Comité Patriótico Nacional, Copan, y del Segundo Consejo Patriótico Nacional, máximas instancias democráticas y decisorias de Marcha Patriótica. H

Durante la semana comprendi-da entre el 4 y el 10 de enero del presente, unidades orgá-

nicas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional, han emprendido una arremetida contra la población civil en la región de La Macarena, Meta. En las ve-redas Tunia, el Triunfo y Yaguara 2, uni-dades del Ejército Nacional han estable-cido retenes ilegales, restringiendo la mo-vilidad, empadronando y agrediendo a la población con maltratos y provocaciones.

La situación se ha agravado a partir del pasado 7 de enero, cuando se pre-sentaron combates entre las fuerzas mi-litares y la guerrilla de las FARC-EP, en inmediaciones de la vereda El Triunfo a partir de las 9:30 de la mañana y pos-teriormente a las 10:00 am del mismo día. Como retaliación contra los pobla-dores, el Ejército ha establecido retenes y se ha asentado en veredas cercanas, violando el derecho internacional hu-manitario. El 9 de enero en la vereda El

Triunfo, miembros de las fuerzas milita-res, quemaron en un retén una moto, dos guadañas y mataron las gallinas de un campesino indígena que se movilizaba por la zona, a lo cual se suman todo tipo de vejaciones contra la población civil.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos le exigen al gobier-no nacional el respeto a la población civil, establecido en el derecho inter-nacional humanitario, la suspensión de operativos militares que comprometen

la vida de los pobladores de la región de La Macarena y se establezcan in-vestigaciones y sanciones a los abu-sos y arbitrariedades de la fuerza pú-blica en estas zonas. Los denunciantes, pobladores de la región, le solicitaron al Frente Amplio por la Paz y las or-ganizaciones de derechos humanos el acompañamiento y atención a la cri-sis humanitaria que se está generando a raíz de las agresiones de los operati-vos militares contra la población. H

Fuerzas militares agreden población en La Macarena

Aspecto de la primera Junta Nacional de Marcha Patriótica en el año 2016.

Movilizacion de Marcha Patriótica en Bogotá.

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Enero 20 de 2016/11polítIca

E n la reciente entrevista en exclusiva para el Semanario VOZ el jefe de la insurgencia de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, señalaba lo poco probable de la firma del acuer-do final para el 23 de marzo próximo mientras no se den las condiciones ob-jetivas para ello. Entre esas condicio-nes que reclama el jefe fariano está la voluntad real del equipo negociador del gobierno nacional para abordar con serenidad, seriedad y prontitud los temas restantes en la agenda pa-ra la terminación del conflicto inclui-dos los asuntos que se encuentran en el congelador. A eso se le suma que la reapertura de los debates fruto de la creación de la Jurisdicción Especial para la paz hizo que el ritmo de las dis-cusiones se afectaran.

Asuntos que tienen que ver con el fondo y el espíritu del acuerdo aún están en discusión. La implementa-ción, verificación y refrendación del Acuerdo Final junto al desmonte del paramilitarismo en todas sus formas, como primera garantía de un acuerdo de paz estable y duradera, se encuen-tran pendientes y sin acuerdos redacta-dos. Solamente cinco de los siete sub-temas del punto tres de la Agenda es-tán discutidos y acordados pero aún no han sido redactados los mismos.

En lo que se refiere a la implemen-tación de los acuerdos persiste una preocupación frente a lo examinado en el punto agrario cuyos mecanismos de implementación no quedaron explí-citos en el texto. De acuerdo a exper-tos como Felipe Tascón, el punto de-nominado Desarrollo Agrario Integral, no tiene reglamentación para su imple-mentación a diferencia del acuerdo po-lítico. Reglamentación que deberá ser sometida a discusión por las delega-ciones de paz antes de la firma del do-cumento final.

Unilateralidad

A esto se suma la inconformidad de la insurgencia por las decisiones uni-lateral que ha tomado el gobierno na-cional respecto a temas de la Agenda para la terminación del conflicto. Tales como el llamado que el mandatario de los colombianos hiciera al Congreso de la República para sesiones extras ordinarias con el objeto de modificar la ley de orden público y facilitar la concentración de los guerrilleros de las FARC-EP, explicó el presidente del Senado Luis Fernando Velasco. Así el

gobierno nacional se adelanta a temas que no han sido acordados.

No es la primera vez que el ejecu-tivo toma decisiones unilaterales que alteran la tranquilidad de la mesa y abre debates que a la postre resultan innecesarios para el proceso de paz. El Marco Jurídico para la Paz fue uno de los primeros instrumentos que el gobierno nacional impulsó y presentó a los colombianos como mecanismo para agrupar los acuerdos surgidos de La Habana sin que éste fuere discutido por las partes. Otro, más reciente, es el llamado a un plebiscito por la paz co-mo mecanismo de refrendación de los acuerdos bajo el mismo aire de unilate-ralidad que no le hace bien al proceso. Mientras la insurgencia se reserva las discusiones internas de la mesa y ven-tilan de tiempo atrás una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente co-mo mecanismo de refrendación, el go-bierno nacional impone decisiones en el parlamento.

Al respecto Pastor Alape, miembro de la delegación de Paz de las FARC señaló: “Anuncios no consensuados como la iniciativa del plebiscito, la convocatoria al Congreso a regla-mentar unas supuestas zonas de con-centración, o la conformación de una Comisión Legislativa Especial, hacen parte de una actitud que hace invisi-ble al interlocutor en la Mesa y ade-lanta resultados pendientes aún de tra-tarse. Nuestra concepción nos indica, que temas de tanta trascendencia, de-ben ser manejados en forma más res-ponsable”.

Planes de posconflicto

Por su parte, el recién nombra-do Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, expuso algunas deci-siones tomadas por el ejecutivo en la reciente reunión entre el gabinete presidencial y la delegación de paz del gobierno en Cartagena días an-tes de reanudar el ciclo 46 de conver-saciones. Pardo expresó que ya tiene un plan de ejecución para lo que lla-mó: “Estrategia de Respuesta Rápida

para el Posconflicto” que contiene 18 proyectos cuyo costo bordearía el bi-llón de pesos, para ser ejecutados en-tre el año 2016 y el primer semestre de 2017.

Entre los proyectos se cuenta un plan de desminado de 20 municipios del país y un plan de señalización y prevención de minas para 179 muni-cipios, un plan denominado “manos para la paz” destinados a estudiantes de último semestre para que trabajen en zonas de conflicto con el apoyo de las Naciones Unidas, reducción de im-puestos para las empresas que gene-ren empleo a desmovilizados y vícti-mas del conflicto. Toda una estrategia de implementación de acuerdos que aún no ha sido discutida en La Habana.

Pendientes del gobierno

Otro de los asuntos que deberá ser abordado y que parece no tener acuer-do a corto plazo es la situación del pa-ramilitarismo. Las FARC-EP, han ad-vertido que a la paz estable y duradera no se llegará en la medida que perma-nezca las estructuras paramilitares ac-tivas en el país. Aunque el gobierno in-siste que ese fenómeno es del pasado los acontecimientos regionales de vio-lencia contradicen esa versión.

Para Pablo Catatumbo, delegado de paz de la guerrilla, es difícil firmar un acuerdo ientras la amenaza para-militar no se encuentre desmontada de raíz: “La Paz de Colombia requie-re del esclarecimiento pleno de todas las aristas de la realidad paramilitar y su entroncamiento con todo el entra-mado y el poder real que gobierna en las regiones. Requiere también de su desmonte efectivo y garantías de no repetición. Sin eso no habrá paz en Colombia, toda vez que el paramili-tarismo continúa siendo una realidad patente en todas las regiones del país.

Desescalamiento en duda

Y el último asunto que inquieta a las FARC-EP son los compromisos del gobierno nacional frente a temas

de desescalamiento del conflicto. El pasado 22 de noviembre el gobier-no nacional anunció el indulto de 30 guerrilleros de las FARC por ra-zones humanitarias. Dicha decisión fue bien recibida por la insurgencia quien aprovechó para denunciar la crisis humanitaria por la que atravie-sa el sistema penitencia colombiano y abogó por la salida de los guerrille-ros, líderes sociales y ciudadanos so-bre los que pesan acusaciones falsas de rebelión, los denominados falsos positivos judiciales.

Pero el anuncio gubernamental no se ha cumplido después dos meses. Incluso trascendió que algunos gue-rrilleros de la lista de los treinta se en-cuentran con pena cumplida y aun así no han podido gozar de la libertad por los trámites burocráticos de los esta-blecimientos carcelarios. “Guerrillero incluido en la lista de los candidatos al indulto presidencial salió ayer por pena cumplida!”, indicó Timoleón Jiménez, en su cuenta de twitter.

Pero además la guerrilla alertó en la voz del miembro de la sub comi-sión para la terminación del conflic-to Sergio Marín, del peligro por el que atraviesan los guerrilleros de las FARC en las cárceles colombianas: “En prisiones como ERON Picota y El Buen Pastor, el comportamiento y la actitud no solo de los guardias del INPEC sino de las propias directivas carcelarias, más propio de una dicta-dura criminal que de un Estado de de-recho, pisoteando las más elementales normas humanitarias, pretende doble-gar a los integrantes de las FARC-EP y demás prisioneros de guerra y po-líticos”.

Las FARC han anunciado que es-tán dispuestas a llevar el acelerador a fondo, igual lo ha hecho el gobierno. Sin embargo, la fecha del 23 de mar-zo como día para la firma del acuerdo se diluye, mientras el gobierno nacio-nal incumpla los compromisos adqui-ridos en la mesa de conversaciones, dilate los temas álgidos por discutir y quiera acelerar y dejar los acuerdos a medias. H

Unilateralidades e incumplimientos retrasan firma de acuerdo de paz

Fecha incierta para la firmaPor las decisiones unilaterales del gobierno nacional, los temas pendientes de la Agenda y los asuntos en el congelador aún sin resolver hacen prever que para el mes de marzo no será la firma del Acuerdo

H Hernán Camacho

Jefes de las delegaciones de paz, Iván Márquez y Humberto de la Calle.

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Enero 20 de 2016/12mujereS

Víctima de violencia sexual.

n la Invest igación “Embarazo por violación en un grupo de mujeres víctimas de Cali” realiza-da por la fundación “Sí Mujer”, con el apoyo de Colciencias-BID, se encuen-tra que el embarazo por violación es la más específica de las violencias de género y, a pesar de su incidencia y de que la violencia contra las mujeres es una constante en nuestra civilización, sus consecuencias están poco docu-mentadas. Advierten los(as) investiga-dores (as) que su escaso reconocimien-to se debe, en cierta forma, a que “ha pasado mimetizada bajo expresiones de la cultura y del sistema patriarcal”.

En caso de sobrevivir a una viola-ción, el embarazo es uno de los más graves impactos a consecuencia de esta, además de las “múltiples crisis que genera, ya que, en momentos de gran fragilidad emocional, le exige a la víctima tomar decisiones difíciles que repercuten en toda su vida y en la de su hijo/a. La maternidad obligada y la crianza, entregar para adopción el hijo/a o interrumpir el embarazo, están llenas de conflictos, de transgresiones, y tocan con valores, prejuicios, estig-mas sociales y hasta sanciones legales para la mujer”, según resultados de la investigación.

Los estudios comprueban

Asimismo, comprueba el estudio que de las 121 mujeres que constitu-yen la población, la mayoría son jóve-nes, pobres y un 43.8% había cursado estudios primarios. El 58.7% con me-nos de 20 años, entre ellas 5 niñas de 11 y 12 años. El 34.7% nunca había te-nido relaciones sexuales ni coitales y 81.8% solteras. Interrumpieron el em-barazo el 63%; conservaron el hija/o el 18% y, el 7% la/o entregaron para

Las EPS y las víctimas de violencia sexualDiferentes organizaciones a favor de los derechos de las mujeres han denunciado ante la justicia que si una persona es víctima de violencia sexual en Colombia y queda embarazada y desea abortar, todas las EPS tienen la obligación de atenderla

H Renata Cabrales

H Quimbaya Inti

E

Escuchando con sorna una en-trevista por parte de futuros periodistas a un grupo de

“víctimas” sorprende una vez más la realidad social y estatal en la que es-tamos; los chicos querían centrar sus preguntas de manera fría en la ley de Víctimas y la Restitución de Tierras; entre los ahí reunidos una mujer habló y les contestó que ella nunca había po-seído la tierra, que a ella en cambio, le habían desaparecido a su compañero (el amor de su vida, dijo realmente), encarcelado a su hermano, asesinado a su amigo; que además su historia fami-liar daba cuenta de que en la época de la violencia habían asesinado a su bis-abuela por ser liberal y que su abuelo y los hermanos de este, habían tomado

adopción. El 12% usó anticoncepción de emergencia tras la violación. Se afir-ma además que “los resultados, aunque no permiten hablar de incidencia o re-presentatividad, ilustran la dimensión humana del fenómeno así como los mí-nimos recursos estatales (policiales, ju-diciales, de salud), sociales y familia-res, para prevenir y tratar el embarazo por violación. A su vez, constituyen un referente inicial para el estudio del te-ma que no ha sido estudiado de mane-ra específica en la región”.

Es de notar entonces que la vio-lación afecta de manera integral a la mujer en su vida personal, social, se-xual y existencial; trastornando así, sus proyectos de vida, y cuando esta se en-cuentra en una etapa crítica después de la violación, el hecho de confirmar un embarazo causa un conflicto emocio-nal grave. Entonces, el embarazo por violación viene a ser una agresión a la condición misma del ser mujer, cons-tituye una gran herida en su existencia muy difícil de sanar.

El fallo de la Corte

Debido a lo anterior y ya que no so-lo estos hechos de barbarie contra las mujeres se llevan a cabo en Cali, sino en todo el país, diferentes organizacio-nes a favor de los derechos de las mu-jeres como De Justicia, Women’s Link World wide y la Casa de la Mujer, han denunciado ante el alto tribunal y han exigido que si una persona es víctima de violencia sexual en Colombia, que-da embarazada y desea abortar, todas las EPS tienen la obligación de aten-derla.

No importa si no está afiliada; los médicos tendrán la obligación de con-cederle una ayuda integral y de mane-ra gratuita. Así lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-754 de 2015, expedida a finales de diciem-bre pasado y hasta ahora pasó des-apercibida.

A pesar de la existencia de la Ley 1719 de 2014, la cual crea un modelo de atención para víctimas de violencia sexual, la obligación de las EPS no era lo suficientemente clara. El artículo 23 de la ley acuerda que las EPS están en facultad de prestar el servicio, no en la obligación de hacerlo.

La vocera de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, otra de las organizaciones demandantes, Liliana Oliveros, afirmó para los medios que “Logramos que el protocolo de aten-ción a las víctimas de violencia sexual fuera obligatorio. Esto garantiza que la víctima pueda exigir ante las EPS una atención médica integral que debe ser otorgada con urgencia, sin importar cuándo sucedió el abuso. También de-be ser confidencial y la EPS debe en-tregar todos los insumos que sean ne-cesarios”.

Además, en caso de no ser atendi-da, la víctima puede comunicarse a la línea 01 8000 51370, de la Supersalud.

Las estadísticas

Vale la pena recordar que la atención a víctimas de violencia sexual no ha si-do la suficiente. Y que según estadísticas recientes, entre 2012 y 2014 el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 48 mil mujeres como posibles víctimas de violencia sexual. Sin embargo, cerca del 40 por ciento de ellas no fueron atendi-das por el sistema de salud.

Las estadísticas de Medicina Legal, muestran también que en 2014 se pre-sentaron 3.659 casos de violencia se-xual en Bogotá, 944 en Medellín y 843 en Cali. Y arroja otro dato preocupan-te: niñas entre los 10 y los 14 años de edad han sido las más afectadas. Entre los años 2012 y 2014, un promedio anual de 6.813 niñas fueron víctimas de violencia sexual.

Por su parte Jaime Arias, presidente Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia EPS del régimen contributi-vo, explica “Las EPS están preparadas para cumplirlas, siempre y cuando los servicios que prestan sean pagados. Las EPS no pueden pagar esas atenciones con sus propios recursos. La Corte ha señalado que es el Estado colombia-no el que debe pagar estos servicios mediante el Fosyga. Hoy la deuda del Fosyga con las EPS está alrededor de los 2 billones de pesos”.

Cómo seguir el protocolo

1. Desde la primera cita se planea-rán los seguimientos ambulatorios y las sesiones para la salud mental.

2. Debe haber suministro de medi-camentos y procedimientos para evi-tar infecciones de transmisión sexual.

3. Si la víctima desea la interrup-ción del embarazo, la EPS debe ga-rantizar todos los procedimientos para realizarlo. H

De las víctimas, el desconocimiento social y otras paradojas

venganza y tuvieron que huir de su re-gión. Después de esto añadió que sabía poco de esa ley, que seguro no serviría en su caso para nada; otra de las muje-res añadió con sapiencia que era me-jor que hubiera ley a que esta no exista, que esperaba poder sumarle verdad a la ley, a lo que un abogado que se encon-traba entre los presentes agregó que los hechos preceden la ley y está la 1448 de 2011, que reconoce el conflicto ar-mado que fue invisibilizado por otros gobiernos; alguien más añade que en últimas eso era cierto, pero que un día nacional de víctimas, para que se hagan conciertos y que la gente use camise-tas blancas a él no le devolverá nada, que debería incluírsele leyes y accio-nes que garanticen transformaciones

sociales, que fue por lo que asesina-ron a los suyos.

Los chicos atónitos, solo atinaban a mirarse entre sí, mientras una de las pre-sentes les cuenta acerca de cómo asesi-naron hace varias décadas atrás, a su pa-dre un líder sindical y les pregunta qué saben ellos de cómo se dio el extermi-nio de este movimiento en el país; les preguntó si en el colegio o en la univer-sidad les habían hablado de esto, la res-puesta fue no; les pregunta entonces si con el tema de la paz ellos estarían dis-puestos a por ejemplo, gestionar espa-cios y convocar a otros estudiantes para que escuchen la verdad de personas co-mo ellos; que eso sería una forma de re-paración y de prevención social, que le parece insólito y revictimizante que las

nuevas generaciones se formen de es-paldas a esta realidad. Mientras los chi-cos tienen el rostro transfigurado por la verdad frente a sus ojos, surge otra pro-puesta: “que aquello de pedirles perdón vaya acompañado de leyes por el dere-cho a la salud y a la educación”, dicen que no quieren que después de 30 años como en lo del Palacio de Justicia les pi-dan un perdón que no sabe a nada, que no va acompañado de nada, de ningu-na obra de restitución social; al finali-zar nuevamente habla la mujer a la que le asesinaron su padre y dice “si en ver-dad quieren valorar nuestro sufrimiento y nuestros muertos, que las verdades por las que ellos murieron sean resarcidas. Las mujeres hemos llevado a cuestas la cruz de esta guerra”. H

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Enero 20 de 2016/13regIoNal

La repentina aparición de una enorme nata de peces muer-tos y podridos, en la Ciénaga

del Hobo, Bolívar, creó en las últimas horas un estado de alarma y preocupa-ción, entre la población de Hatoviejo, que deriva gran parte de su sustento diario de la pesca artesanal.

La Ciénaga del Hobo baña al corre-gimiento de Hatoviejo, municipio de Calamar, antiguo y próspero puerto bo-livarense a orillas del Río Magdalena, donde se vivieron épocas de esplen-dor y prosperidad económica por la co-nexión del tren con el puerto marítimo de Cartagena, hasta 1952.

Unos 200 pescadores de Hatoviejo informaron a Cartagena sobre la apa-rición de barbules, arenques, bagres y mojarras muertos y descompuestos, especies que en condiciones norma-les son apetecidas en una vasta región Caribe y aportan a la mesa popular un considerable volumen de calorías, al lado de la yuca, el plátano y el ñame.

No hay hasta el momento, una ex-plicación de la causa de la mortan-dad de peces en la Ciénaga del Hobo,

La impunidad reina tras cumplirse un año del asesi-nato del líder social Carlos

Pedraza, ocurrido el 19 de enero en cercanías de Bogotá. Las fuerzas po-líticas y sociales del país reclaman a las autoridades el esclarecimiento de este y de miles de crímenes ocurri-dos en Colombia contra líderes po-pulares y de la izquierda.

El Congreso de los Pueblos, pro-ceso de carácter social y popular, al cual estaba afiliado Carlos Pedraza, hace un reconocimiento al líder po-pular por apoyar procesos de traba-jo barrial en el sur de Bogotá. Hoy, cuando el Gobierno afirma estar cerca del fin del conflicto, el ca-so continúa en la impunidad. Esta fuerza de la izquierda colombiana convoca a jornadas conmemorati-vas en honor a la vida que incluye acciones y eventos en su memoria. La primera de ellas en su barrio, Molinos 2, localidad Rafael Uribe Uribe, allí con los familiares, ami-gos y compañeros se adelantó una agenda cultural por la memoria y contra el olvido.

El martes 19 de enero se rea-lizó un plantón, convocado por el Congreso de los Pueblos frente la Fiscalía General de la Nación con el intento de generar un impulso político para que haya avances en el caso.

Carlos Alberto Pedraza Salcedo fue desaparecido de Bogotá. El 21 de enero de 2015 su cuerpo apareció

Alonso Corrales Hernández era un destacado joven comunis-ta en Cartagena (Bolívar), di-

rigente estudiantil en la Universidad de Cartagena, fundador de la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios (ANEU). Corrales fue desaparecido el 21 de enero de 1996 y su cuerpo fue ha-llado y mutilado, con evidentes seña-les de tortura, en aguas del mar Caribe. Durante nueve días no se supo nada de él hasta que su cuerpo fue encontrado en las condiciones ya descritas.

Con ocasión del veinte aniversa-rio del asesinato de Alonso Corrales, el Partido Comunista y la JUCO de Cartagena, rindieron homenaje al “mi-litante desaparecido, torturado y poste-riormente asesinado, así como asumi-mos como propio el dolor por cuanto a tus veinte años de este vil asesinato, hallamos en ti Alonso la representación

El Comité Zonal de Quindío del PCC informó que el 15 de di-

ciembre falleció en Bello, Antioquia, Pedro Nel Amado García, destacado mi-litante comunista durante muchos años. Amado tenía 91 años y fue un constante luchador por la paz, la democracia y el

Calamar, Bolívar

Desastre ecológico por muerte de pecesH Libardo Muñoz

Asesinato de Carlos Pedraza

Un año en la impunidad

H Hernán Durango

en Gachancipá, municipio ubica-do a 60 km al norte de Bogotá. El Instituto Colombiano de Medicina Legal estableció que su muerte fue producida por un “proyectil de ar-ma de fuego [causando] una lesión que se ubicó a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia ade-lante (…) y realizada con un arma de baja velocidad”. Este hecho, fue el inicio de un año donde se regis-traron 399 casos de vulneración de los derechos humanos de líderes y lideresas del movimiento social, además de motivar el rechazo na-cional e internacional. H

Carlos Alberto Pedraza Salcedo.

pero una de ellas puede ser la excesi-va e irresponsable cantidad de aguas usadas que se lanza sin control desde Arroyo Hondo.

Otro motivo de este nuevo desastre ecológico en Bolívar puede ser el bajo nivel de las aguas de la Ciénaga, afec-tada por la angustiosa sequía derivada del fenómeno de “El Niño”.

Los pescadores de la Ciénaga del Hobo claman por una ayuda urgente contra el hambre que se les vino enci-ma, sobre todo para niños y personas de edad muy avanzada que no pueden trabajar.

La Ciénaga del Hobo es parte de la subregión hidrográfica del Canal Del Dique, Calamar limita al norte con el departamento del Atlántico, un poten-cial hidrológico de 18.000 hs de espe-jo de agua.

La Ciénaga del Hobo tiene ella sola 2.000 hs de espejo de agua, pero a su alrededor es fácil notar la ausencia de un Estado responsable con la correcta preservación y uso de semejante don de la naturaleza en la defensa de la so-beranía alimentaria. H

Alonso Corrales

Veinte años desaparecidode nuestras víctimas que ha cobrado la violencia. “La Juventud Comunista Colombiana, Local Alonso Corrales, el Partido Comunista Colombiano, Zonal Bolívar y la Unión Patriótica Bolívar, rinden con estas sencillas pe-ro emotivas palabras, el más fraterno y revolucionario homenaje, conscien-tes que eres semilla que has germina-do en nosotros y muchos más, en los y las que estarás en nuestra memoria para siempre”.

El asesinato de Alonso Corrales continúa en la impunidad, después de veinte años en que ninguna investiga-ción se adelantó. Para la época opera-ban en Cartagena y Bolívar, no solo grupos paramilitares, sino que existían planes de exterminio de la inteligen-cia de la Armada, como fue denun-ciado en su oportunidad por el Partido Comunista. H

Falleció Pedro Nel Amado

Evagelina Dimate, fa-lleció el pasado vier-

nes 15 de enero. Durante to-da su vida encarnó los prin-cipios del Partido Comunista Colombiano y su trabajo po-lítico lo realizó en la región del Sumapaz donde ayudó a fundar El Comité Federal de Mujeres, Comité Femenino por la Paz y recientemente Asodemuc en el Sumapaz, protagonista de las luchas campesinas en la región. H

socialismo. Era un asiduo lector y difu-sor del semanario VOZ.

Los comunistas del Quindío expre-saron la solidaridad con su familia y pusieron como ejemplo de buen revo-lucionario la vida productiva de Pedro Nel Amado. H

Evagelina Dimate

Aspecto de la mortandad de peces en la Ciénaga del Hobo.

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Enero 20 de 2016/14

H Hernán Durango

bogotá

La administración de

Enrique Peñalosa no ha arrancado en firme y ya encuentra la resistencia y anuncios de movilizaciones ciudada-nas y de los trabajadores para con-frontar cualquier intento de despojo de avances y logros sociales obteni-dos en la ciudad. Existe gran preocupa-ción por anuncios que hacen parte del plan de gobierno del nuevo mandatario que priorizará las obras civiles hacien-do previsible algunas privatizaciones y despidos de trabajadores, sumándole que los habitantes soportarán una ciu-dad más costosa por el incremento en la canasta alimenticia, tarifas de servi-cios domiciliarios, educación, las tari-fas del SIPT y Transmilenio y los pro-yectados peajes urbanos.

En dependencias de la alcaldía e instituciones y empresas como el Acueducto, ETB, red pública de hos-pitales, existe entre los funciona-rios el temor a la pérdida del empleo por los recortes de personal para sa-tisfacer intereses clientelistas y poli-tiqueros. VOZ contactó al presiden-te del Sindicato de trabajadores de la Empresa de Acueducto de Bogotá –Sintraemsdes-, Martín Quijano Arias y a William Agudelo Sedano, presidente de la Asociación Distrital de Educadores ADE para conocer sus opiniones:

Martín Quijano Arias: “Es muy grave que la administración que se jac-ta de ser “gerencial” en nuestra empre-sa aún no haya nombrado los encarga-dos de áreas claves en el acueducto, en-torpeciendo las acciones y la atención a las necesidades de los funcionarios a las comunidades”. Señala Quijano que los trabajadores han firmado por más

La ciudadanía defenderá sus derechos

Sindicatos en oposición a Peñalosade 80 años la convención colectiva la-boral convirtiéndose en una carta de navegación para la ciudad en manejo de cuencas, cerros, ambiente, humeda-les, Río Bogotá elevando a un primer puesto a la capital en este tema que-dando demostrado el éxito en los mo-mentos actuales tan difíciles que vive el país por el fenómeno de El Niño. “Estamos en capacidad de seguir su-ministrando nuestros servicios ópti-mos a la ciudad capital y municipios vecinos que son más de trece millones de habitantes, pese a las adversidades del cambio climático, gracias a la ex-periencia y calidad de nuestros funcio-narios. Invitamos al señor alcalde y su equipo de colaboradores para que nos sentemos y analicemos bien lo relacio-nado con nuestra empresa para proyec-tarla con su rentabilidad”.

En torno al tema del aseo de la ciu-dad, Martín Quijano ratifica que su or-ganización fue crítica desde un principio del proceso de la retoma del servicio de aseo, por las improvisaciones y porque descargaría en hombros del acueducto la nueva responsabilidad de una filial que no es totalmente pública por la forma tercerizada como ejecuta sus actividades en la ciudad. Sintraemsdes argumentó que para hacer la retoma del servicio de aseo debía hacerse con un carácter total-mente público. Sólo se retomó el 30 por ciento por Aguas de Bogotá y el restan-te 70 por ciento quedó en manos de las compañías privadas Ciudad Limpia y Aseo Capital. “Los trabajadores invita-mos al alcalde a jugársela por una em-presa de agua, alcantarillado y aseo con carácter público”, señala.

William Agudelo Sedano, presi-dente de la ADE: “Invitamos a los

profesores, estudiantes y comunida-des de las 20 localidades a participar en las distintas actividades que convo-quemos para defender la educación pú-blica e impedir que la administración Peñalosa entregue en concesión a los privados los colegios de la ciudad”. Y agrega que a los habitantes de la ciudad nos esperan grandes luchas por la im-posición de salarios miserables desde la Casa de Nariño, la venta de Isagén, aumento del IVA y otros impuestos. El magisterio bogotano está con las alar-mas encendidas por el gobierno neoli-beral de Peñalosa, cuyo mandato será al servicio de empresarios y grandes contratistas de la ciudad capital.

Por otro lado, las centrales obreras CUT, CTC, CGT; las federaciones de trabajadores del sector público y fede-ración de pensionados, sus dirigentes han declarado el estado de alerta por lo que ven venir al escuchar los discursos del alcalde y al conocerse su programa de gobierno. Mediante comunicado re-ciente estas organizaciones advierten que los cuatro años con Peñalosa en el Palacio de Liévano “serán cuatro años donde primará lo privado sobre lo pú-blico y la ganancia sobre las obliga-ciones sociales. Esto obliga al movi-miento sindical y social de Bogotá, a continuar trabajando en unidad de ac-ción en defensa de lo público y de las obligaciones sociales del Distrito y el trabajo decente”. Por lo anterior las organizaciones de trabajadores y pen-sionados reiteran el llamamiento a una reunión de juntas directivas de los sin-dicatos del Distrito Capital para la rea-lización de un encuentro el día jueves 28 de enero, a partir de las 8:00 a.m., calle 63 No. 47-00, salón presidente. H

La localidad 19 de Bogotá, Ciudad Bolívar, considera-da una de las más neurálgi-

cas de la ciudad por sus altos índices de violencia y delincuencia tiene otra cara: la del trabajo arduo, de grupos de jóvenes que luchan contra estos flage-los y que muestran el lado positivo de sus pobladores que han sido llevados por los gobernantes, locales, distrita-les y nacionales a un marginamiento indiscriminado.

VOZ habló con Jeimy Lorena López, del Colectivo N.N. que tie-nen su lugar de trabajo en el sector del Barrio El Tesoro y quienes en los últi-mos días desarrollaron jornadas refe-rentes a los derechos humanos y el de-recho a la cultura.

El propósito del Colectivo N.N.es “darle la posibilidad a los jóvenes que vean algo alternativo, diferente de la vi-da, a través del arte, que luchen por sus sueños, que no se queden hay, que salgan adelante”, señaló Jeimy Lorena López.

A la pregunta: ¿Cuánto tiempo lle-van trabajando con N.N? señala que aproximadamente cinco años desde sus inicios. El colectivo se compone de “Somos nueve jóvenes que trabaja-mos como base en el grupo, pero hay otros que se vinculan indirectamente a nuestro trabajo”.

La presencia de las mujeres es sig-nificativa, se involucran más en el tra-bajo cultural, asegura Jeimy. La mujer ha venido adquiriendo mayor compro-miso, y desarrollando más el trabajo cultural en la localidad, pero por aho-ra en el trabajo de base del grupo, so-lamente me encuentro yo, el resto son hombres, hay otras jóvenes que cola-boran, que llegan, sí es notoria la pre-sencia de las mujeres.

Ustedes estuvieron trabajando el te-ma de derechos humanos, esto se en-camina dentro de los diálogos de paz de La Habana, como involucra N.N. el trabajo cultural en este proceso de paz.

“La paz no se genera con un papel

que se firma en La Habana, la paz se genera desde los territorios desde las mismas comunidades, con los jóvenes, la firma es complemento de todo un tra-bajo. La cultura efectivamente juega un gran papel en la construcción de la paz, a través de crear conciencia en la gente de las problemáticas de la loca-lidad porque son víctimas de muchas desigualdades. En la localidad hay mu-cha gente desplazada, están los hijos de los desplazados, a ellos hay que mos-trarles una mejor localidad, una mejor ciudad, que sea diferente a la violencia en la que siempre han vivido”, explica Jeimy Lorena López.

El Colectivo N.N. se consolida en honor a las personas, a las víctimas no reconocidas del conflicto armado, aquellas que han terminado en una

fosa común, donde sus familiares lle-van años buscándolos, es en honor a todas esas víctimas que han muerto en la lucha, que no han sido reconocidas. “Por eso trabajamos en el colectiva pa-ra darles un reconocimiento y generar una cultura de paz con justicia social para el pueblo colombiano, para la lo-calidad de Ciudad Bolívar, por eso es-tamos en contra del servicio militar obligatorio y en torno a eso estamos trabajando para crear una red artística cultural, con los raperos, teatreros, es decir con todas las expresiones cultu-rales de los jóvenes de Ciudad Bolívar, que se quieran vincular. La paz la cons-truimos todos y los jóvenes jugamos un papel fundamental pero se construye como ya lo mencioné con justicia so-cial”, concluyó. H

Los NN de Ciudad BolívarH Harold Hernández

Sindicatos preparan protestas contra gobierno distrital.

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Enero 20 de 2016/15derechoS humaNoS

Gracias a las denuncias

de la comunidad y posterior inves-tigación de los hechos en los que el campesino Faiber Antonio Erazo Cuellar, fue asesinado el 18 de ene-ro de 2015 en el municipio de Argelia en el Cauca, se precisó una orden de captura y posterior imposición de medida de aseguramiento, por par-te de un juez de control de garantías, contra el cabo Aristides Arboleda Palomino y los soldados profesiona-les Gilberto Alonso Duque, Edilberto Manuel Alemán y Noé Alejandro Díaz, implicados en los hechos y quienes para la época se encontraban

adscritos al Batallón de Infantería #56 “Cr. Francisco Javier González” perteneciente a la III División del Ejército Nacional. Así lo anunció la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.

Hechos como estos siguen cobran-do importancia en la búsqueda de la verdad y la justicia en el país, pues según organizaciones de DDHH son muy pocos los casos en los que las de-nuncias frente a situaciones similares a las del campesino Faiber, cobran im-portancia en los organismos de investi-gación del Estado. Igualmente apelan al informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quien ha pedido a los estados de la región dejar de utilizar la juris-dicción penal militar en casos de vio-laciones a los derechos humanos pues atentan contra el derecho de las vícti-mas a que se haga justicia y se conoz-ca la verdad.

Las cifras de militares implicadas aumentan cada año

En septiembre del año pasado la Fiscalía ordenó la captura de 22 miembros del Ejército Nacional por

Más militares en el ojo de la justiciaInicia el año con nuevos casos en los que militares se ven involucrados en violaciones a DD.HH. y al DIH

H Redacción DD.HH.

encontrar indicios de su participación en los mal llamados “Falsos Positivos”, o crímenes de Estado. En este caso a 16 militares en servicio, seis retirados y dos civiles se les ordenó la captura por la muerte de 18 campesinos, quie-nes fueron presentados como guerrille-ros dados de baja en combate en los de-partamentos de Cesar y Antioquia; este departamento por su parte sigue pren-diendo las alarmas en las organizacio-nes defensoras de DD.HH., pues es allí en donde más se han venido presentan-do casos de violación a los derechos a manos de militares y la fuerza pública.

Igualmente, en un dossier presen-tado por la Fscalía al congreso en so-licitud del representante a la Cámara Alirio Uribe, se conoció de miles de casos en los que, tanto militares co-mo policías están siendo investigados por la fiscalía. Las cifras alcanzan los 5.749 miembros de estas instituciones en las que se les investiga por presuntas violaciones a los derechos humanos y por vínculos con las también mal lla-madas “bandas criminales” o parami-litares como ha mencionado el mismo congresista, a la vez que se ha referido en diversas ocasiones al rearme de es-tos mismos grupos en todo el territorio nacional, provocando nuevos episodios

de violaciones a los DD.HH. entre la población civil.

Los casos en los que se ven invo-lucrados estos personajes, pasan por concierto para delinquir, presunta co-misión de homicidio, homicidio en persona protegida, homicidio agra-vado, desaparición forzada, violen-cia sexual, infracciones al Derecho Internacional Humanitario e intercep-taciones ilegales.

Desde el 2002 hasta 2014, la justi-cia ordinaria promulgó sentencias con-denatorias contra 817 uniformados, de los cuales 749 son contra militares: tres coroneles, dos tenientes coronel, nueve con el grado de mayor, 19 capitanes, 40 tenientes, 63 cabos, 544 soldados, y ocho policías.

También se evidenció en este infor-me, la participación de algunos milita-res en crímenes de lesa humanidad co-mo lo es la masacre de Trujillo, la ma-sacre de Segovia, la masacre de Pueblo Bello entre otras.

Hasta mediados del año pasado ha-bían sido condenados 923 uniforma-dos, de los cuales 862 pertenecen al Ejército, entre los que se encuentran: Cuatro coroneles, tres tenientes coro-neles, 10 mayores, 22 capitanes, 68 tenientes, 48 sargentos, 67 cabos, dos dragoneantes, 562 soldados y tres uni-formados más, de quienes aún no se ha establecido el rango.

El 2016 inició con más casos

Un último caso conocido esta se-mana en la que se ven involucrados hombre del Ejército Nacional, es el relacionado con la muerte de una me-nor de 14 años, Melisa Espitia Mazo y de José Antonio Fabra, mueren como consecuencia de un operativo del Gaula en Piamonte, Cáceres, Antioquia, en la madrugada del domingo 17 de enero. Los hechos se llevaron a cabo en una discoteca donde se desarrollaba una fiesta familiar en celebración de un cumpleaños.

La comunidad y organismos de DD.HH. exigen una pronta investiga-ción en contra del Ejército Nacional, y exigen parar las acciones violentas y armadas que pongan en riesgo la in-tegridad física y psicológica de la po-blación civil. H

Tropas del Ejército Nacional.

La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, co-mo organización campesina

que propende por defender la tierra, el territorio y los derechos humanos

rechaza rotundamente el asesinato de la dirigente social y compañera Nelly Amaya Pérez, quien fue asesinada con múltiples impactos de arma de fuego el día de 16 de enero de 2016 a las 7:00 pm cuando se encontraba atendiendo el establecimiento de comercio de su propiedad.

Nelly Amaya era la presidente de la Junta de Acción Comunal del ba-rrio Guamalito, en el municipio de San Calixto, activista política sobre-viviente de la UP, madre de tres hijos, comerciante, mujer ejemplar y lucha-dora social.

Ascamcat ve con preocupación este hecho de violencia en la región, máxime en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y las in-surgencias armadas. “Creemos firme-mente que todos estos esfuerzos por alcanzar la paz deben conducir y ma-terializarse desde ya en respetar y ga-rantizar la vida de todos sus conciuda-danos, dar las garantías a los dirigen-tes sociales y defensores de derechos

San Calixto, Norte de Santander

Asesinan a Nelly Amaya

H Ascamcat

humanos en su trabajo por la paz con justicia social, exigencia por la digni-dad y defensa del territorio. La paz no se consolida con la sola firma de un acuerdo, sino con la garantía y respeto pleno de derechos de todas las perso-nas, iniciando por el más importante, la vida”, señalan voceros de la orga-nización campesina.

Los asociados en Ascamcat envían

un abrazo de solidaridad a la familia, en estos momentos de dolor y conster-nación por la partida de su ser querido. De igual manera hacen un llamado a to-das las instituciones del Estado encar-gadas de investigar, juzgar y reparar, iniciar de inmediato su deber constitu-cional para esclarecer y condenar los hechos ocurridos para que no queden en la impunidad. H

Nelly Amaya.

Asamblea de Ascamcat.

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Enero 20 de 2016/16

hechoScomeNtarIoS&

N

ecoNomía

H Nelson Fajardo

o nos asombremos por la venta, a precio de huevo, de Isagén, por el gobierno de Juan Manuel Santos; pues ésta venta hace parte de la tenden-cia, ya histórica, que acompaña una de las estrategias del modelo de acumu-lación neoliberal, transnacional y su-praestatal. Lo novedoso de dicha estra-tegia consiste en que el Gobierno in-tenta reunir los recursos que requiere para echar adelante, dos aspectos fun-damentales de su Plan de Desarrollo, la política de la construcción, que de-be asegurar la presidencia 2018 a 2022 a Germán Vargas Lleras, y, parte de los recursos que va requerir impul-sar y colocar en marcha el Proceso de Paz, al concluir la Asamblea Nacional Constituyente.

Sus mandatos, programas y proyec-tos, deben colocar a tono el país con un país democrático, civilizado y armóni-co con las exigencias de sacarnos de la barbarie estimulada por los grandes dueños del poder político y económico del país. A ello se une el llamado dé-ficit fiscal, que será reducido, según la ortodoxia neoliberal, a través de más endeudamiento público.

Ahora bien, el aumento del sa-lario mínimo legal (S.M.L.V.) en el 7 por ciento, es una burla recurrente al pueblo trabajador, que no tiene na-da de aumento, por cuanto no pasa de un mero ajuste, que nivela temporal-mente los precios de la canasta fami-liar con el ajuste por inflación, éste úl-timo que se viene saliendo de los cál-culos hechos por los gurús del Estado en economía.

Pero como el pueblo colombiano es víctima de una profunda amnesia his-tórica, es bueno recordarle que durante el Gobierno de Uribe Vélez, ocho años, vendió por 13 billones de pesos varias

empresas públicas y el expresidente le apostó a la privatización de varias em-presas públicas al igual que el gobier-no Santos hizo con Isagén.

Igualmente, Bancafé, Telecom, Ecogás, Granahorrar, Centrales Eléctricas de Norte de Santander y las electrificadoras de Cundinamarca y Santander fueron empresas del Estado vendidas por el gobierno de Uribe. La privatización de estas empresas, le dejó a las arcas del Estado y a los corruptos cerca de 13 billones de pesos. De nue-vo, por Bancafé, en el 2006, recibió 2.2 billones de pesos por el 99.9% de sus acciones. Compradas por Davivienda, Bancafé era el antiguo banco de los ca-feteros y era el último banco estatal que tenía que privatizarse.

En el caso de Telecom, el 51% de sus acciones fueron vendidas en 875 mil millones de pesos en el 2006. En el mismo año recibió 3.25 billones por Ecogás, vendida a la Empresa de Energía de Bogotá. Por Granahorrar re-cibió 970 mil millones de pesos de par-te del BBVA, el 98,7% de las acciones, y, por 764 mil millones vendieron en 2009, las electrificadoras de Santander, Norte de Santander y Cundinamarca.

Otros 5.7 billones de pesos se re-cibieron al vender el 10% de las ac-ciones de Ecopetrol. A estas ventas se suman los cierres de varios hospi-tales y las empresas estatales Rafael Uribe Uribe, Policarpa Salavarrieta, Luis Carlos Galán Sarmiento, José Prudencio Padilla y la Caja Nacional de Previsión. Además se liquidaron las electrificadoras de Córdoba, Guajira, Sucre, Atlántico, César, Magdalena y Chocó.

A todas estas ventas se suman la modificación del personal en 93 orga-nismos y entidades del Estado, entre las que se cuentan, Findeter, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. En total, entre restructuración, venta, liquida-ción y reforma, fueron cerca de 500

empresas estatales.Y este proceso de privatización, que

lleva veintiséis años continuos, no ha encontrado contradictores sólidos en el movimiento social popular, ni mu-cho menos en el movimiento sindical. A lo sumo, hemos contado con un mo-vimiento campesino, indígena y afro-descendiente, que en 2013 se levantó contra el neoliberalismo y por la paz con justicia social, democracia y so-beranía nacional.

Al aumento desaforado de los pre-cios de la canasta familiar y su absor-ción del ajuste salarial de siete por cien-to; se unen la reducción del crecimien-to económico de 2015 al 3,5 por ciento, una nueva cascada de impuestos, entre ellos, el paso del IVA del 16 al 19 por ciento y su ampliación a nuevos pro-ductos. Igualmente, los bajos precios del petróleo, obligan a mayores volú-menes de venta, por los mismos dó-lares. La situación descrita obliga al Estado, a incrementar la represión, pa-ra proteger la buena gestión a favor de las tasas netas de ganancia del capital.

Invitamos al pueblo trabajador y al pueblo colombiano en general a orga-nizarse, para defender la capacidad ad-quisitiva real de los salarios; pero ade-más a prepararse para desatar un verda-dero movilización nacional y popular, por paz con justicia social y contra el sistema capitalista neoliberal. Esa es una salida real a los veinticinco años de un modelo de acumulación que se levanta sobre un pasado reciente pla-gado de violencia, excluyente con seis millones de colombianos expulsados del circuito económico, elitista y con-centrador de la riqueza, con cerca del 1 X ciento de la población que se apro-pia el 85 por ciento del valor agrega-do generado por 22 millones 500 mil colombianos que hacen la Población Económicamente Activa y dieciocho millones setecientos cincuenta mil em-pleados reales. H

HECHO: Apareció al públi-co “La configuración de las lu-chas sociales en Colombia”, tex-to escrito por Carlos Fernando Díaz Pinto.

COMENTARIO: Es un libro que “hace un recorrido histórico de las luchas sociales en nuestro país. Se realiza desde un punto de vista crítico, para ello desta-ca las principales expresiones de lucha y los hitos del movimiento social en Colombia. Este barrido histórico muestra el devenir de la lucha de clases en toda su com-plejidad. Entendida esta como el enfrentamiento entre las diferen-tes clases sociales, cada una con sus intereses e ideologías. Cabe advertir que es ante todo un re-cuento social y político con po-cas alusiones a los aspectos eco-nómicos de la sociedad colom-biana”. (Contraportada).

Son 142 páginas, muy bien escritas y se lo recomendamos.

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HECHO: “2016: ¡Qué año tan duro! La economía comen-zó con pie izquierdo, tanto en Colombia como en el exterior. Este será el año más difícil del gobierno de Juan Manuel Santos. Portada Nación de la revista Semana, Edición 1757-1758 del 10 al 17 de enero de 2016, pági-nas 16 a 19.

COMENTARIO: “…El am-biente está bastante enrarecido y un aire generalizada de pesimis-mo se ha apoderado de buena parte del país. Varias razones ex-plican las caras de preocupación que se ven por estos días.

Para empezar, la inflación del 6,77 por ciento, con que cerró el año pasado, les bajó el ánimo por parejo a ricos y a pobres. Porque saben que detrás viene la espiral de aumento de los precios mucho más fuerte que la de los años an-teriores…

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HECHO:

Nombre del Indicador 2015 2016

Crecimiento Económico Mundial

3,80 4,00

CEPAL; Informe Económico 2016.COMENTARIO: El creci-

miento económico mundial, el año que termina y el que em-pieza, es la expresión del es-tancamiento o estado recesivo. ¿Cuáles son las causas de ese es-tado? Son muchas y muy varia-das, sin embargo podemos ubi-car las siguientes, como las más trascendentales:- La precaria y lenta realización

de lo producido, generando una sobre oferta.

- El paro forzado por la sobre-producción, con miles y mi-llones de seres humanos sin trabajo.

- La especulación con las tasas de interés y el capital dinero, por parte del sistema banca-rio. H

Movilización popular contra el capitalismo neoliberal

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Enero 20 de 2016/17INterNacIoNal

EH Alberto Acevedo

n el marco de una cre-ciente confrontación entre el poder eje-cutivo y la bancada mayoritaria de la derecha antichavista en la Asamblea Nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro acaba de anunciar un decreto de emergencia económica que busca garantizar el abastecimiento de alimentos, medicinas y mantenimien-to de las misiones sociales, y que será aplicado en un lapso de 60 días.

El texto del decreto, publicado el viernes de la semana pasada en el Diario Oficial, busca además, según lo expresó el vicepresidente del Área Económica, Luis Salas, “mitigar los efectos de la inflación inducida, la es-peculación y el valor ficticio de las di-visas”, que son los cimientos de lo que el gobierno chavista ha calificado co-mo una “guerra económica” que bus-ca desestabilizar el proyecto de refor-mas sociales avanzadas instalado en el país desde hace 16 años.

La reforma económica esta ligada a un proceso de rectificación en la orien-tación del proceso revolucionario, an-te los contundentes resultados de las elecciones del pasado mes de diciem-bre. Ya desde las últimas semanas de diciembre pasado, Maduro habló de diseñar “un plan de rectificación pro-funda” de la revolución “en todos sus aspectos”.

El mandatario propuso además “un plan de rebelión popular ante las ame-nazas de la oligarquía y el imperia-lismo, una rebelión constitucional”. Además de los procesos de reforma económica y de movilización popu-lar, Maduro propuso “un gran proceso

Venezuela

Fortalecer el tejido económicoEn la perspectiva de enfrentar el desabastecimiento de productos de primera necesidad y una ofensiva económica desestabilizadora de la burguesía, el presidente Maduro aprobó un paquete de reformas económicas, que buscan afianzar el proceso de la revolución bolivariana

de renacimiento del bolivarianismo, de renacimiento del chavismo”.

Más socialismo

“Creo en la necesidad de ir a un pro-ceso para reconfigurar las fuerzas re-volucionarias”, apuntó Maduro, con-vencido de que la respuesta al difícil momento del presente es “más socia-lismo” en todos los ámbitos.

Respondiendo a quienes, tras las elecciones de dun proceso de rectifi-caciones en la conducción del proceso revolucionario, el gobernante prome-tió “un profundo y definitivo proceso de rectificación de errores, de rectifica-ción de problemas”, asegurando que las obras sociales, las misiones, la cons-trucción de vivienda y otras medidas si-milares, no se van a suspender. En esta dirección, dijo Maduro, se activó tam-bién la preparación de un nuevo con-greso del Partido Socialista Unificado de Venezuela, PSUV.

La actitud propositiva del ejecuti-vo venezolano contrasta con las actua-ciones de la mayoría parlamentaria de la derecha venezolana en la Asamblea

Nacional. Los líderes de la Mesa de Unidad Democrática, MUD, hicieron una campaña electoral fundamenta-da en promesas de adelantar planes de alivio económico para el suministro de alimentos y la eliminación de las colas en los supermercados.

Pero mientras Maduro promue-ve una serie de medidas para salvar el proceso de reformas sociales democrá-ticas, los parlamentarios de la MUD se lanzan a una cadena de desafíos en los que su único interés es, no aliviar las condiciones de vida de los venezola-nos, sino destruir el proceso de revo-lución socialista e instalar en el poder a los viejos caciques de la burguesía pro norteamericana.

Retomar las calles

En esas condiciones, arrancaron las imágenes del libertador Simón Bolívar y de Chávez, de las pare-des del recinto congresional, anun-ciaron que en un lapso de seis me-ses promoverían un plebiscito revo-catorio del mandato del presidente Maduro, posesionaron a tres diputados,

inhabilitados con anterioridad por la Corte Constitucional, anunciaron la intención de retrotraer programas de asistencia social, en fin, una platafor-ma de abierto desafío al proyecto so-cial chavista.

Tanto en sus mensajes de año nuevo como en el discurso ante la Asamblea Nacional, el mandatario dejó claro que “no retrocederé ante las pretensiones de desestabilización de la derecha des-de el parlamento” y llamó a abordar las tareas de la revolución con un nuevo espíritu de lucha.

En este sentido, dijo que “no hay espacio para que nadie se desmoralice de cara a una Asamblea Nacional con mayoría opositora, que busca acabar con la revolución bolivariana”, pun-tualizó Maduro al hablar de un esce-nario de guerra económica.

Respondiendo a este llamamiento, una serie de organizaciones sociales, partidos políticos y fuerzas revolucio-narias, llamaron al pueblo a retomar los espacios en las calles para defender la paz y los logros conquistados en 17 años de revolución bolivariana. “Aquí están los hijos de Chávez, convocan-do al pueblo a tomar sus espacios en la calle”, dijo uno de los firmantes de una convocatoria multipartidaria. H

Nicolás Maduro prometió encabezar un proceso de rectificaciones para salvar el proyecto cha-vista.

Dos formaciones políticas in-dependentistas catalanas, Junts pel Si, JxS, una pla-

taforma independista a la que perte-nece el anterior gobernante catalán, Artur Mas, y la Candidatura d’Unitat Popular, CUP, una coalición de iz-quierda e independentista, lograron un acuerdo político el pasado 9 de ene-ro y eligieron como presidente de la Generalitat de Cataluña al periodista y líder de izquierda, Carles Puigdemont.

La tarea fundamental del nuevo go-bernante, que cuenta con mayoría par-lamentaria es poner en marcha las ins-tituciones y mecanismos necesarios para hacer efectiva una declaración de independencia del gobierno central de Madrid.

El periodo que ahora se inaugu-ra es denominado el de la “preinde-pendencia”, y tiene en Puigdemont a

Cataluña

La independencia tiene nuevo capitánLos grupos independentistas alcanzaron un acuerdo parlamentario para elegir como presidente del país a Carles Puigdemont, un periodista de reconocida trayectoria independentista

su nuevo capitán. Este periodista, que antes se desempeñó como alcalde de Girona y presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia, AMI, entró en funciones presidencia-les de Cataluña el 15 de enero y dijo que aspira a que bajo su mandato. En un lapso no mayor a 18 meses, se lle-ve a cabo la hoja de ruta separatista.

Esta decisión pasa por la puesta en marcha de una nueva Constitución y por ganar para la causa independentis-ta a importantes sectores de la sociedad catalana que temen que un paso al cos-tado podría hacer inviable a Cataluña como nación.

Por lo menos tres meses de con-versaciones fueron necesarias pa-ra que los sectores mayoritarios de las fuerzas independistas se pusieran de acuerdo en el nombre de la perso-na que iba a guiar el barco por aguas turbulentas. Muchos voceros de estas organizaciones, dijeron que no iban a renovar el voto de confianza al ante-rior gobernante, Artur Mas, a quien le criticaron haber ejecutado un plan de recortes en el gasto social, con claro sabor neoliberal. HCarles Puigdemont, nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.

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Enero 20 de 2016/18

H Rubiel Vargas Quintero

teoría Y crítIca

En el mundo laboral se habla

de la acepción del salario “mínimo vital y mó-vil” que es una referencia constitucional, aún no desarrollada a nivel legal, pero sí ampliada y tra-tada por la vía jurisprudencial, que se confun-de en muchas ocasiones con el salario mínimo legal vigente. La primera es más amplia, en la segunda, la teoría de salario mínimo busca cu-brir ese mínimo vital, que no corresponde a la realidad. El salario mínimo actual escasamente cubre las necesidades de una persona, mas no de su familia.

Mínimo quiere signifi car que es un tope bá-sico, que les permita al trabajador y a su fami-lia una vida digna de acuerdo a sus condiciones materiales y espirituales. Por vital, se refi ere que la remuneración abarque en cubrimiento y posi-bilidades las necesidades vitales del trabajador y su familia de acuerdo a la dignidad humana.

Móvil se refi ere a la relación del salario con el costo de vida como factor de equilibrio, per-mitiendo que el salario conserve su capacidad de cubertura en las necesidades vitales de los traba-jadores, es decir, de acuerdo al aumento de la in-fl ación, depreciación de la moneda y el aumento en el valor de los bienes y servicios.

Y deberá entenderse por salario mínimo vi-tal y móvil, aquella mínima remuneración que los trabajadores perciben tendiente a asegurarle al trabajador la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es alimentación adecuada, vivien-da digna, educación, vestuario, asistencia sani-taria, transporte y esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional y móvil en el sentido en que implica que debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de la vida.

Antecedentes

En la constitución de 1886 no existió el prin-cipio de la remuneración mínima vital y móvil, solamente se refi rió a la asistencia pública, co-mo lo dice la sentencia T-533/92 “que no tuvo mayor aplicabilidad práctica, de esta manera el Estado mismo contribuyó a aumentar la “deuda social” frente a los sectores más desfavorecidos. La concepción del Estado como mero gendar-me de la sociedad, el cual intervenía en la órbita

económica o social exclusivamente para suplir los vacíos dejados por los particulares, quizá explica la consagración de la asistencia pública como función del Estado, pero sin el reconoci-miento de los derechos subjetivos correlativos para exigir de las autoridades públicas una de-terminada prestación”. Era una simple concep-ción de asistencia caritativa a los desfavorecidos.

Entre la constitución del 86 y la del 91, se im-plementaron una serie de leyes y decretos sobre el salario mínimo. La ley 10 de 1934 introdujo en la legislación el concepto de sueldo. El con-cepto de “salario mínimo” por la legislación en la ley 6ª de1945, que en su artículo 4º dispuso la existencia de un salario mínimo. El gobierno tardó cuatro años en hacer efectiva la norma y fi jó el salario mínimo a través del decreto 3871 de 1949, que en dicha época se defi nió el sala-rio en dos pesos ($2.oo) diarios, es decir sesenta pesos ($60.oo) mensuales. Con el Decreto 1156 de 1955 se crearon comisiones paritarias de pa-tronos y trabajadores por departamentos, inten-dencias y comisarías, para la fi jación del sala-rio mínimo.

En 1950 el salario mínimo legal (SML) es defi nido en el Código Sustantivo del Trabajo como aquel “… que todo trabajador tiene dere-chos a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden mate-rial, moral y cultural”.

A partir de 1979 el ajuste salarial se empezó

hacer cada año, rigiendo a partir de cada enero como es actualmen-te, pero fue en 1983 cuando se lo-gró la unifi cación del SML para la totalidad de los trabajadores co-lombianos.

La ley 187 de 1959 sobre sala-rio mínimo y prima móvil al salario estableció el cálculo de una prima móvil para ajustar los salarios. No obstante, en la práctica tal fi gura no tuvo desarrollo y fue sustituida por el régimen de salario mínimo revi-sable anualmente. En el año 1983 se unifi có el salario mínimo para todo el territorio nacional hasta la actualidad.

Con la ley 54 de 1987 se creó el “Consejo Nacional Laboral” con-formado por representantes del Gobierno, los gremios y los traba-jadores cuya fi nalidad es emitir un dictamen con las escalas de salarios

mínimos generales por región o actividad pro-fesional, industrial, ganadera, agrícola, etc. Esta etapa se caracteriza por decretar un único SML más un subsidio de transporte.

En la actualidad

Con la entrada de la constitución del 91, se acoge el concepto de remuneración mínimo vi-tal y móvil. Los incrementos salariales, se tor-nan útiles e indispensables para atender a las ne-cesidades de los trabajadores, golpeados por el proceso infl acionario, por la implementación del modelo neoliberal, y la falta de empleo dentro de una sociedad altamente desigual.

En cuanto a la carta política, en su artículo 53 dice: “el congreso expedirá el Estatuto del Trabajo”. Dicha ley tendrá en cuenta los siguien-tes principios mínimos fundamentales: I) igual-dad de oportunidad para los trabajadores; II) re-muneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; III) garantías a la seguridad social, la capacitación, el adiestra-miento, y el descanso necesario; IV) protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabaja-dor menor de edad, entre otros.

Dicho mandato no ha sido desarrollado ple-namente a pesar de que han transcurrido más de 24 años de vigencia. Temas que han sido olvi-dados por la clase política tradicional, el empre-sariado y la dirigencia sindical. H

Salario mínimo vital y móvil

Memoria y lucha de clases sociales, recoge la experiencia de la vida política de Álvaro

Vásquez del Real, dirigente histórico del Partido

Comunista Colombiano, la organización polí-tica de la izquierda colombiana de mayor per-sistencia en la historia contemporánea del país.

La memoria juega un papel importante en el proceso de apropiación, interpretación y sistema-tización de las experiencias de lucha y se cons-tituye en un campo de confrontación. De ahí la importancia de rescatar las apreciaciones y re-fl exiones que sobre las luchas tienen sus pro-pios protagonistas, para la investigación y la teorización.

En su presentación, el autor expone la tenden-cia recurrente en el mundo académico de ver la dinámica de los movimientos sociales al margen

de las concepciones ideológicas, políticas, y expresio-nes propias del sentido común, que se mueve en su se-no. La estudia en su problemática, en su contradicción, confl ictividad, con las diferentes tendencias políticas – ideológicas que expresan en las diferentes dimensio-nes de las luchas, en el ámbito popular, en función de sus intereses.

El libro contiene cuatro capítulos: el primero hace referencia a la experiencia en la vida política de Álvaro Vásquez del Real; la segunda textos sobre teoría po-lítica y análisis; la tercera, algunos artículos escritos en el semanario VOZ, en la sección de Enfoque; el cuarto capítulo, perfi les de Gilberto Viera, y Manuel Cepeda. H

MEMORIAS Y LUCHAS SOCIALES

ÁLVARO OVIEDO HERNÁNDEZ ÁLVARO VÁSQUEZ DEL REAL EDICCIONES IZQUIERDA VIVA

BOGOTÁ D.C -2010

Ilustración: Salario Mínimo.

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Enero 20 de 2016/19jaque mate

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ana “El pensamiento crítico y la libertad de

expresión no son delitos”.Asociación Sindical de Profesores Universitarios

(ASPU).

¡Pillaos!La periodista Vicky Dávila divulgó la se-

mana pasada unas grabaciones en las que el coronel Otaín Rodríguez, comandante de la Policía de Carreteras de Cundinamarca, di-ce que en esta función (policía de carreteras) “la money es pulpita”. Es el reconocimien-to al nivel de corrupción de la policía en las vías del departamento de Cundinamarca, que hace los retenes para exigir dinero a los conductores. Esta es una situación, se-gún dicen, en todo el país. “El nivel de co-rrupción es alto”. El oficial fue suspendido de inmediato ante la denuncia de Dávila, pero el Gobierno Nacional continúa con los ojos y oídos tapados y se niega a em-prender una reestructuración de la entidad en el país. El general Rodolfo Palomino,

director de la Policía Nacional, quien ha recibido cuestionamientos y graves acusaciones, aparece como atornillado en el cargo. ¡Están pillaos! Pero todo sigue igual.

El mal ejemploEl nuevo alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa,

decidió seguir los pasos de los escuálidos de Venezuela en la Asamblea Nacional y retiró el cuadro del Libertador Simón Bolívar en el des-pacho del burgomaestre y lo cambió ni más ni menos que por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada. Peñalosa le rinde tributo a los inva-sores colonialistas que exterminaron a los indí-genas y convirtieron a Colombia en un virreina-to de los reyes de España. Tiene espíritu de co-lonizado. La actriz y directora de teatro Patricia Ariza llamó a los bogotanos a protestar contra este exabrupto de Peñalosa que debe ofender a los residentes de la capital. Peñalosa, reconoci-do neoliberal, también resultó añorando la épo-ca de la colonia.

El cinismo de UribeEl senador Álvaro Uribe Vélez decidió unir-

se a la exigencia de numerosos sectores del país que rechazan la venta de Isagén a una transna-cional canadiense, conocida por pagar sobornos en Brasil y otros países para obtener la explota-ción de recursos naturales. Sin embargo, los que

protestan con razón contra esta posición apátrida del Gobierno Nacional, no quie-ren malas compañías. No aceptan a Uribe Vélez cerca, quien vendió numerosas em-presas públicas en los ocho años de sus dos administraciones. Fueron 13 billones de pesos logrados en esos negocios que no se conoce en qué se invirtieron y qué utili-dad dejaron. Es el acostumbrado cinismo de Uribe Vélez, quien no tiene autoridad para ubicarse al lado de estas causas populares.

Solidaridad con Miguel Ángel Beltrán

Los sindicatos de ASPU y de profesores de la Universidad Nacional están invitan-do a sus colegas y amigos a participar en la acción solidaria con el profesor Miguel Ángel Beltrán, sometido a infame perse-cución judicial por un “falso positivo” y destituido de su cargo de profesor univer-sitario durante catorce años por monseñor Alejandro Ordóñez. El lunes 25 de enero del presente año, a las 4 y 15 p.m., se lle-vará a cabo la audiencia pública en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para sustentar el recurso de casación, presenta-do por los abogados en la máxima instan-cia jurisdiccional. Es una audiencia y to-do el que quiera puede asistir. H

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LA VERDAD DEL PUEBLO

cultural

H Agencia de Noticias UN

Considerado uno de los

grandes etnobotánicos del siglo XX y estudioso del uso de las plantas ame-rindias alucinógenas, Schultes (1915-2001) encontró en la Universidad Nacional de Colombia (UN) un am-biente académico ideal que facilitó sus actividades en el país.

La obra del estadounidense Richard Evans Schultes, que comprende escri-tos, expediciones, descubrimientos, vi-vencias locales y la compañía de cien-tos de personas, inspiró la película El abrazo de la serpiente, del director co-lombiano Ciro Guerra, la cual acaba de ser nominada en la categoría de me-jor película extranjera de los Premios Óscar.

Aunque en el conjunto de su obra expedicionaria se muestra quizás la imagen de un mítico y solitario inves-tigador, en realidad significó la partici-pación de un gran número de personas, entre los que se cuentan antropólogos, botánicos, indígenas, chamanes, cam-pesinos y otros personajes que la his-toria y la literatura revelará como sus grandes aliados.

Más de 30 mil colectas botánicas y 200 mil especímenes, el descubrimien-to de nuevas plantas sagradas, como el yagé, el conteo de árboles de cau-cho del género Hevea a lo largo del río Apaporis y la amistad de un sinnú-mero de personas a quienes involucró en su búsqueda etnobotánica le ocu-paron al científico toda una década en Colombia.

Sus exploraciones amazónicas en Colombia, en busca de plantas sagra-das, se inmortalizaron con el libro El río (1966) de Wade Davis, antropólo-go estadounidense, quien en su narra-tiva revive, como receptivo estudian-te de Schultes, los viajes, estudios,

encuentros con indígenas y chamanes y toda su búsqueda etnobotánica, per-meada por lo mágico y místico.

Precisamente, Wade Davis rela-ta en su libro que el primer día de la llegada de Schultes a Bogotá, una fría tarde de domingo de 1941, viajó en el tranvía para recorrer las estribaciones del cerro de Monserrate, donde obtu-vo un ejemplar de orquídea que su co-lega Oakes Ames la describió como Pachiphyllum schultesii.

De la mano con botánicos de la U.N.

Entre los archivos históricos del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la U.N. existe un registro fotográfi-co poco usual y muestra al biólogo re-corriendo, durante esta época, el cam-pus de la Universidad, en compañía de botánicos colombianos.

La institución fue una excelen-te aliada para la investigación de Schultes, pues conoció a los botánicos colombianos Hernando García Barriga, Roberto Jaramillo y Jesús Idrobo. También, Enrique Pérez Arbeláez y Armando Dugand, directores saliente y entrante del ICN por aquella época, testigos de la gran empresa que em-prendería el científico visitante.

Fueron estos investigadores quie-nes invitaron al etnobotánico a conocer los páramos colombianos, el valle de Sibundoy, la serranía de La Macarena y amplios sectores de la Amazonia co-lombiana, como Putumayo, Vaupés y Apaporis.

Durante los doce años de su perma-nencia en el país, Schultes repartía su tiempo entre Boston, Bogotá, las selvas colombianas, las preparaciones logís-ticas de sus excursiones, así como las tareas de recepción del material botá-nico con destino a los Estados Unidos y el intercambio investigativo con sus colegas en el ICN.

Toda esta importante ayuda la re-conoce emotivamente en una car-ta de despedida dirigida a la rectoría de la Universidad (el primero de julio de 1953), remitida a la dirección del Instituto en la que expresaba:

Quiero dirigirme a Ud. y a todos los jefes e investigadores de nuestro Instituto para agradecerles en la for-ma más sincera la ayuda inmensa y la amistad genuina que me otorga-ron durante los largos doce años en que tan estrechamente estuve vincula-do al Instituto. En verdad, sería ape-nas justo decir que fue un alto honor y un magnífico placer haber formado parte integrante del Instituto y será siempre un honor y un placer poder seguir haciéndolo durante mi perma-nencia en los Estados Unidos. El en-tusiasmo, la decisión, la competencia y amabilidad que todo el personal del Instituto mostró a mis investigaciones, sus gentilezas al publicar en Caldasia y Mutisia mis articulillos, el compa-ñerismo demostrado al acompañar-me en mis excursiones, el cuidado con que el Instituto preparó mis coleccio-nes en formol para ser reexpedidas y el sinnúmero de otras demostraciones de colaboración y aprecio, son cosas que aseguraron el éxito por mí alcan-zado y que siempre recordaré con in-finito agradecimiento.

Los aliados crecieron

Su equipo de aliados aumentó con el tiempo, entre ellos el orquideólo-go Álvaro Fernández Pérez (ICN), su colega español José Cuatrecasas (ICN), el profesor y botánico de la Universidad del Valle, Isidoro Cabrera, con quien recorrió el Apaporis, el zoó-logo Federico Medem y el antropó-logo nacionalizado Gerardo Reichel-Dolmatoff.

En cuanto a sus escritos, durante esta década mostraron que, además de

quedar cautivado por un país que le brindó todo el apoyo, tenía una visión íntegra sobre la flora colombiana, la que consideraba como una de las más diversas de mundo. Esto fue plasmado en la publicación La riqueza de la flo-ra colombiana, elaborado con un tras-fondo histórico excepcional (publica-do en el volumen 8, número 30/ 1951, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales).

Se puede afirmar que Schultes co-sechó el trabajo de una década de va-rias formas y una de ellas fueron los reconocimientos. Por ejemplo, en 1953 la Universidad Nacional le otor-gó el cargo de Profesor Honorario y la Asociación de Ingenieros Agrónomos concedió la membresía honorífica. Cuatro años más tarde, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales le confirió su condi-ción de miembro correspondiente y en 1983 la Presidencia de la República le entregaba la medalla Orden de Boyacá, por sus servicios al rescatar saberes an-cestrales y contribuir al conocimiento de la flora del país.

Recientemente, una vez más la Universidad Nacional rindió un nuevo reconocimiento al etnobotánico con la publicación del libro Protagonistas de la biodiversidad en Colombia, especí-ficamente, en el capítulo cuarto, el jo-ven historiador Sergio Ospina Rey hace un estudio exhaustivo de su papel co-mo integrante de la comunidad científi-ca botánica colombiana en los años 40.

Pero más allá de los reconocimien-tos, estará la inserción de nuevas ge-neraciones de investigadores al sueño mágico de Schultes, considerado co-mo uno de los protagonistas del cono-cimiento de la biodiversidad colom-biana y, por supuesto, el inspirador de libros y largometrajes que docu-mentan a un país con una gran rique-za biológica, étnica y cultural como Colombia. H

El botánico Richard Schultes en la Universidad Nacional

La inspiración del Abrazo de la Serpiente

Escena de película Abrazo de la Serpiente, nominada al Óscar de la Academia por mejor película extranjera.