$2.000Edición 2706 Semana del 18 al 24 de septiembre de 2013 - Circula los miércoles - Licencia Nº 002367 del Ministerio de Gobierno

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LA VERDAD DEL PUEBLO

El tardío pronunciamiento del Gobierno Nacional para decir que acepta el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero que el mismo es inaplicable, tiene tufo reeleccionista y busca repuntar en las encuestas que le dan tan baja imagen al mandatario después del paro agrario y popular.

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Cumbre agraria y popular

Sin campesinos Sin campesinos no hay pactono hay pacto

Mientras el presidente Juan Manuel Santos se reunía con los gremios y sin los campesinos para el “pacto agrario”, en la Universidad Nacional fue lanzada la Cumbre Agraria y Popular, que se reunirá en Bogotá en octubre próximo. Pacto agrario sin los de ruana no existe, dicen con ironía en todos los rincones del país.

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Santos y La Haya

Buscando la reelección

Septiembre18 de 2013/2

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Carta

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DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos -Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Camacho - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Ana Elsa Rojas - Wil-frido Jiménez - Hernán Durango - Felipe Valencia - ADMINISTRADORA: María del Carmen Garavito. DIAGRAMACION: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Ca-larcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural E-Mail: semanariovoz@etb.net.co Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVI. Distribución vía Avianca.

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VISIÓN

De la UPNPermítame expresarle en nombre del Pro-grama Pedagogía de Paz de la Universidad Pedagógica Nacional, nuestra solidaridad y admiración al semanario VOZ que usted tan dignamente dirige y que en forma constante y puntual informa a la sociedad colombiana de los avances de los sectores democráti-cos por la consolidación de una verdadera democracia participativa tal como lo reco-mienda la Constitución de 1991.En los campus de nuestra universidad, en muchas ocasiones hemos escuchado sus elocuentes disertaciones acerca de la urgencia del diálogo y la paz, así como el compromiso de trabajar al lado de los sectores más humildes de nuestra sociedad para que más temprano que tarde sean re-conocidos todos los derechos humanos que consagra la juridicidad internacional.Desde esta visión académica queremos decirle, doctor Lozano, que somos amigos inclaudicables de los esfuerzos que cumple el semanario VOZ y aprovechamos esta feliz ocasión para ratifi carle el deseo que su vida política se prolongue por muchos años para benefi cio de la nación, que tanto requiere de sus análisis imparciales y comprometi-dos, por las mejores causas de la humani-dad. Con altos sentimientos de admiración y aprecio. Cordialmente. Alonso Ojeda

Awad. Director Programa Pedagogía de Paz. Ex Embajador en Hungría. Bogotá D.C. 5 de septiembre de 2013.

El grito de la tierraSe cansaron, las manos callosas de tanto tirar el azadón, para alimentar el rico pa-trón; y en un solo grito de la tierra, miles de campesinos y campesinas, se levanta-ron en masas, en un gigantesco paro na-cional agrario, poniendo en turbulencia, al régimen santista, que venía ufanándose de haber logrado “la prosperidad democrática del pueblo colombiano”. Indiscutiblemente tenemos que reconocer, que el paro agra-rio, puso al centro el debate de los pobres del campo, una problemática que solo se escuchaba en los recintos del congreso y cuyo germen es del sindicalismo clasista y revolucionario, y los gritos de la tierra en carreteras, calles y potreros, exigiendo respeto a la producción agraria nacional, soberanía y seguridad alimentaria, precio justo a los alimentos, acceso a la tierra y no a los acuerdos del TLC., acción que jamás había sucedido en este país. Johnny Puente Doria (vía Internet).

El TLC y La HayaEl show mediático montado por el presi-dente Santos en torno al fallo de la Corte

de La Haya, constituye un disparo para distraer al pueblo colombiano que se ha levantado contra las políticas antisociales y económicas de este régimen abyecto a los intereses genocidas de los Estados Unidos contra nuestros países. Al igual que su patrón, conocido como ‘Barato Omama’, que está adoptando medidas distractoras para ocultar su estruendosa derrota a nivel internacional en su pretensión de agredir a Siria, el colombiano está utilizando lo que considera “no aplicable” en el caso del fallo, para ocultar, con la ayuda de los me-dios privados de manipulación, el grandio-so paro nacional en el que han participado campesinos, mineros, estudiantes, traba-jadores en general. Debe quedarle claro al régimen de Santos que lo único no aplica-ble en Colombia es el TLC, conocido en los medios populares como Tratado ‘Terrorista’ de Libre Comercio porque ha sido a través de él que el gobierno le ha entregado el territorio nacional a las transnacionales norteamericanas y de otros países. Los medios populares de comunicación de-ben dejar claro que la salida mediática de Santos contra Nicaragua es una cortina de humo; debe, oportunamente, judicializar al ESMAD como un escuadrón violento que masacró a la población civil que ejercía su derecho a la protesta. Claudio Rico.

hilip Taylor Kramer fue un bajista del grupo estadouni-dense de rock Iron Butterfl y, famo-so entre los años 60 y 70. Nacido en 1952, años más tarde estudió inge-niería aeroespacial, convirtiéndose en uno de los más talentosos de ese país.

A este científi co se le debe, entre otros avances, el sistema de guía de los misiles MX, eje central del sis-tema de defensa norteamericano en la época de Ronald Reagan, y las re-des de fi bra óptica usadas en todo el mundo.

A la edad de 38 años, ya tenía un recorrido que le había puesto en un nivel alto de investigación, esto lo llevó a hacer parte de la empre-sa Multimedia Inc, dedicado exclu-sivamente al desarrollo de técnicas de compresión de datos de CD-ROM Con su talento fue capaz de compri-mir un video por primera vez en la historia en 1992.

En 1994 se dedicó a la física teó-rica y anunció que trabajaba en un importante proyecto que tenía como objetivo desmostar que se podían transmitir datos más rápido que la velocidad de la luz y que podrían lle-var a la humanidad a obtener avances

gigantescos en la velocidad de las co-municaciones.

Un cierto día informó a su fami-lia que lo había logrado. Que había logrado transmitir información y ma-teria más rápido que la velocidad de la luz, dicen que encontró la clave para la creación de los ordenadores cuánticos, existentes solo en teoría.

Taylor Kramer inició la búsque-da de fi nanciación para su importan-te proyecto, se dice que antes de su extraña desaparición, había concer-tado una cita en el aeropuerto de los Ángeles con alguien interesado en su estudio, esto fue en febrero de 1995. Los familiares del científi co contaron a los medios de comunicación que él había hecho varias llamadas comen-tando con gran miedo, que “ellos lo sabían”, “que le perseguían” y co-sas por el estilo. Philip Taylor des-apareció sin dejar rastro hasta mayo de 1999 cuando un grupo de excur-sionistas, encontró sus restos óseos al interior de su vehículo, un Ford Aerostar minivan abandonado en el fondo del Cañón Decker cerca de Malibú, California. A la fecha no se sabe qué le ocurrió a este brillante ce-rebro de la física teórica.

Según el periodista español, direc-tor de la Revista Año Cero, Enrique de Vicente, este tipo de crímenes con-tra científi cos que avanzan en estu-dios que podrían desarrollar energías alternativas u otras investigaciones se presentan más frecuentemente de lo que la gente imagina.

De Vicente sostiene que des-de el 12 de noviembre de 2001 has-ta el 11 de febrero del año 2002, murieron siete de los microbiólo-gos más reconocidos internacional-mente, (Vladimir Kornuchov, Iang Langford, Vladimer Pasechenik, Set Van Nguyen, David Schwartz, Benito Que y Amiram Eldo, (exper-tos en armas biológicas, muchos de ellos trabajaban en vacunas para evi-tar el contagio de esos virus, y otros estaban trabajando en la selección de virus para que éstos atacaran a cier-to tipo de población o que algunas

Extraña desaparición y muerte de un físico teórico

¿Qué le pasó a Philip Taylor Kramer?Director de Revista Año Cero sostiene que desde el 12 de noviembre de 2001 hasta el 11 de febrero del año 2002, murieron siete de los microbiólogos más reconocidos internacionalmente, todos en circunstancias extrañas

poblaciones o seres humanos fueran inmunes a esos virus).

Las muertes de estos y otros cien-tífi cos y microbiólogos se produje-ron algunas en ataques no esclare-cidos, como atracos en donde no se robaron nada, incluso uno de ellos fue asesinado con un bate de beis-bol en su propia casa, el día en que iban a dar a conocer una de sus in-vestigaciones.

El cuatro de octubre de 2001 un avión Ruso de las Líneas Siberianas que iba desde Tel Aviv para Novosibirks fue derribado su-puestamente por un misil ucraniano en donde iban cinco microbiólogos israelíes, poco tiempo después, hu-bo otro avión con otros tres micro-biólogos rusos a bordo que se es-trelló. Ya habían sido asesinados un par de hematólogos israelíes en atentados.

El carro de Taylor Kramer fue rescatado en el cañón Decker en Malibú.

Septiembre18 de 2013/3TEMA DE LA SEMANA

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La tan anunciada de-

cisión del Gobierno de Colombia so-bre el trascendental fallo de la Corte Internacional de La Haya ante la de-manda interpuesta por Nicaragua, pre-sentada la semana pasada por el presi-dente Juan Manuel Santos, es tan am-bigua como incorrecta, porque dice que es inaplicable aunque lo respeta(?) a la vez que la adorna con una diatriba con-tra el país centroamericano, acusado de ejercer una política expansionista.

Santos, al igual que lo ha hecho en situaciones recientes, conformó un eje derechista para actuar en gavilla con-tra el presidente nicaragüense, integra-do por los mandatarios de Costa Rica, Panamá y Jamaica, los dos primeros de capa caída en sus países por es-cándalos de corrupción. Sin embargo, cualquier acción provocadora contra Daniel Ortega, chocaría con la solida-ridad de la mayoría de América Latina, incluyendo a Unasur, que no acepta-rían ninguna acción bélica en su con-tra. Colombia mantendría el apodo de “Caín de América”. Es un camino pe-ligroso y desacertado.

Varios columnistas que no tragan entero como decía el Cofrade Palacio Rudas, criticaron la posición anunciada por el presidente Santos, porque tiene una fuerte carga demagógica con dosis reeleccionista y desesperado esfuerzo por repuntar en las encuestas que le dan un lánguido resultado de aceptación.

“Es un discurso para la galería, por-que Santos atraviesa por un mal mo-mento y su reelección está muy lejos de ser posible”, le dijo un politólogo a este semanario.

Juego peligroso

La semana anterior y la del anun-cio, el país estuvo estremecido por el paro agrario y popular, reprimido con violencia por la Fuerza Pública, mien-tras que el presidente Santos se nega-ba a una solución dialogada, pacífi ca y democrática. El malestar se refl ejó en las encuestas, porque la más adversa, la de Gallup, colocó el nivel de acep-tación del mandatario apenas en el 21 por ciento y en otras llegaba al 30 por ciento. La maniobra de algunos medios como CMI no se hizo esperar. Después del anuncio de la “inaplicabilidad del fallo de La Haya”, Santos en forma au-tomática aumentó su imagen a 50 por ciento. Nadie se comió el cuento y lo cierto es que el presidente Santos man-tiene muy baja la aceptación. “De pron-to una guerra le serviría para mejorar la imagen levantando el chovinismo de los más atrasados”, comentó un perio-dista. Aunque advirtió que el juego de la guerra con un país hermano es peli-groso y dejaría a Colombia como agre-sor en el limbo continental.

En este sentido, es impropio argu-mentar la ambigua posición colom-biana de que acepta el fallo pero es inaplicable, con la especulación del expansionismo nicaragüense. Al con-trario, el presidente Daniel Ortega

exige el respeto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, así sea contrario a los intereses de Colombia. Al fi n y al cabo Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y el pro-pio Juan Manuel Santos, aceptaron la jurisdicción internacional al someterse a su estrado, desestimando el acuerdo bilateral con Nicaragua, ahora sí plan-teado por la Casa de Nariño.

Nadie entiende en el mundo cómo Colombia acepta ir a la Corte de La Haya, anuncia estar dispuesta a acep-tar su decisión jurídica, pero al fi nal la desestima en medio de provocacio-nes al país centroamericano y herma-no. Su imagen queda muy mal parada en el exterior, así en el país repunte el pálido presidente en las encuestas y le sea útil a la reelección, según lo espe-culan algunos de sus asesores. Difícil así presentarse como país democrático.

Pobre argumento

Lo cierto es que Colombia estuvo muy mal asesorada. Abogados medio-cres que no supieron defender sus de-rechos territoriales. De ello tienen que responder los ex presidentes Pastrana y Uribe Vélez, ahora encaramados en la locomotora bélica y agresiva.

La explicación de Santos es que el fallo es inaplicable mientras que la Corte Constitucional no resuelva la demanda de la ley que aprobó el “Pacto de Bogotá”. Este, es también conocido como el “Tratado Americano de Soluciones Pacíficas”, equiva-le a un tratado internacional suscri-to el 30 de abril de 1948 por los paí-ses de América, reunidos en la IX Conferencia Panamericana en Bogotá, cuando ocurrieron los hechos de “El Bogotazo” tras el asesinato de Jorge

Eliécer Gaitán. Este tratado impone la obligación de buscar la solución de eventuales confl ictos a través de me-dios pacífi cos. Impugnarlo así no más, implicaría la renuncia de Colombia a la solución armoniosa de sus diferen-dos por vía diplomática y de acuerdos bilaterales. El “Pacto de Bogotá” en-tró en vigencia el 6 de mayo de 1949 y se registró en la ONU siete días más tarde. De esta manera el gobierno de Colombia busca ponerle fi n a la com-petencia de la Corte Internacional de Justicia para actuar en los casos que comprometan a Colombia en desacuer-dos y contradicciones con los países vecinos.

Las cuatro estrategias

Según lo ha explicado la canciller María Ángela Holguín la estrategia de Colombia va en cuatro direcciones:

1.- Demanda de la ley que incorpora el Pacto de Bogotá al bloque de cons-titucionalidad, porque los límites de Colombia se establecen o modifi can a través de acuerdos internacionales bi-laterales o multilaterales. Una vez se conozca el fallo de la Corte, se podrá buscar un acuerdo mediante Tratado con Nicaragua. Precisamente esa fue la propuesta de Daniel Ortega desde el principio, como también de varios sectores democráticos en Colombia. Se perdió tiempo para resolver el liti-gio mediante acuerdo entre las partes y ahora Nicaragua tiene a su favor un fallo internacional que no puede des-conocerse.

2.- Declaración de una Zona Contigua Integral para consolidar la unidad del archipiélago, la que no pue-de hacerse de forma unilateral y contra-ría el pronunciamiento de La Haya. Es lo que debe buscarse de forma amisto-sa con el país centroamericano.

3,- La protección del Seafl ower pa-ra garantizar el derecho de pesca de los raizales y habitantes de San Andrés y Providencia. Es una decisión demagó-gica que no resuelve el problema real de las islas que han sido mantenidas en abandono por parte del poder central. “Solo contamos cuando Nicaragua re-clama la propiedad de las islas o cuan-do aparecen los movimientos separatis-tas en San Andrés”, opinan los voceros cívicos de los isleños. De hecho varios movimientos raizales en la actualidad, defi enden la integración con Colombia pero con un estatuto de Estado inde-pendiente Asociado. Son años de olvi-do y marginalidad que no se pueden re-solver con la demagogia del Gobierno Nacional.

4.- Contener el expansionismo de Nicaragua. Es la forma errática de asu-mir una posible negociación amistosa y bilateral, acudiendo a los actos pro-vocadores e inamistosos. Holguín dice que Colombia está abierta al diálogo, pero promueve una cruzada de ataques contra Nicaragua en política de bloque con gobiernos derechistas y corruptos de la región.

Colombia continúa de tumbo en tumbo con una errática política interna-cional que solo conduce al aislamien-to en el concierto de las naciones. No acepta el fallo de La Haya y ni siquie-ra compareció ante el organismo pa-ra aclarar el contenido del fallo en las “zonas grises” que le atribuye el go-bierno de Colombia. Daniel Ortega, más sensato, llamó a que prime el de-recho y no la fuerza”. Quiere dialogar con Colombia a partir de la aceptación del fallo de La Haya a cuya jurisdic-ción se sometieron de forma soberana y voluntaria los dos países.

Santos y el fallo de La Haya

Dosis reeleccionistaEs un desesperado esfuerzo para apuntalar la reelección y repuntar en las encuestas, aunque con una peligrosa posición agresiva y de desconocimiento del derecho internacional

La única vía para resolver el litigio con Nicaragua es por la diplomacia y el acuerdo bilateral. No sirven las provocaciones y agresiones del régimen colombiano.

“Colombia continúa de tumbo en tumbo con una errática política internacional que solo conduce al aislamiento en el concierto de las naciones”

Septiembre18 de 2013/4CAMPO

L

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A P R

as comunidades mo-vilizadas en el campamento de refugio humanitario de Barbosa (Antioquia) iniciaron un proceso constituyente re-gional cuyo lanzamiento se celebró del 8 al 10 de septiembre pasado.

Las diferentes delegaciones que allí concurren, luego de un mes de mo-vilización, realizaron un ejercicio de formular un mandato agrominero, cu-yos resultados fueron socializados en asamblea.

Los artículos del mandato exigen el reconocimiento del campesinado como actor político en el territorio colombia-no y sujeto de derechos. Así mismo, hablan de las garantías que el Estado debe brindar para el ejercicio político y su libre manifestación sin ser objeto de persecución o represión.

Entre los 63 artículos que consti-tuyen el mandato se contemplan tam-bién las garantías económicas para las juntas de acción comunal (prioritaria-mente las veredales), para su fortaleci-miento y protección tanto física como sicológicamente ante los intereses de las grandes empresas multinacionales.

En los planteamientos de las co-munidades se hace énfasis en la apli-cabilidad de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como fi gura jurídica para garantizar la tenencia de la tierra y el respeto a los territorios, de las re-galías que deben generar las multina-cionales mientras salen de ellas, y de la devolución de territorios perdidos por el confl icto social y armado.

Además, se exigen garantías pa-ra los planes y proyectos que se desa-rrollen en las ZRC, con asistencia téc-nica, autonomía y adecuación de vías que posibiliten la comercialización de productos a precios justos, indemniza-ción por fumigaciones indiscriminadas con glifosato y otros, sin dejar de lado la exigencia del reconocimiento de las ZRC ya constituidas.

Minería

En cuanto al tema de la minería, el mandato demanda la titulación autóno-ma, subsidios para barequeros y peque-ños mineros, y precios justos en com-bustibles usados para esta actividad.

Además se rechaza la venta de te-rritorios a multinacionales, así como el traspaso de los títulos de pequeños mi-neros a las grandes empresas. Del mis-mo modo se pide el reconocimiento de

la pequeña y mediana minería como patrimonio histórico nacional.

En varios puntos, el mandato agro-minero deja por sentado que toda pro-puesta, plan o proyecto para la región debe ser ejecutado, o en su defecto, consensuado por las comunidades, quienes exigen potestad para recono-cer y decidir sobre cualquier interven-ción en sus territorios.

El documento fi naliza instando a la indemnización de las familias afecta-das por megaproyectos, multinaciona-les y transnacionales.

Interlocución con las autoridades

Los líderes de las delegaciones mo-vilizadas se han reunido con funciona-rios de la gobernación departamental en el marco de la mesa de interlocu-ción, luego de los acuerdos llegados tras el paro agrario.

En una reunión preparatoria en Medellín se abordaron temas como las garantías de seguridad para el refugio humanitario y para el retorno de las comunidades tras la fi rma de un even-tual acuerdo.

Los voceros de las comunidades ra-tifi caron ante las autoridades la deter-minación de permanecer en concentra-ción como apoyo al paro nacional agra-rio y popular hasta obtener respuestas serias y tangibles de parte de las insti-tuciones ofi ciales.

Se solicitó también la presen-cia de organismos como la ONU y la Defensoría del Pueblo con el propósi-to de que sirvan como garantes de la mesa de interlocución.

Las comunidades propusieron un subsidio para la reparación de las fa-milias que están en paro, dadas las pér-didas de cosechas y falta de ingresos. La administración respondió negativa-mente con el argumento de no contar con presupuesto disponible. Los dele-gados de las comunidades plantearon

entonces el apoyo con insumos, incen-tivos y proyectos productivos.

Situación humanitaria

En la reunión se expusieron las de-nuncias de los constantes intentos de sabotaje y criminalización de parte de funcionarios y organismos de represión contra el refugio.

Se denunció, por ejemplo, el intento de soborno a las delegaciones campe-sinas, las detenciones arbitrarias sin el cumplimiento del debido proceso, co-mo el caso (a nivel nacional) del com-pañero Húber Ballesteros, entre otros líderes sociales y campesinos.

Además, la publicación por parte de la administración de Barbosa, de co-municados que pretenden individuali-zar y satanizar el proceso que adelan-tan las comunidades en el refugio hu-manitario; y la circulación por parte de la Policía de un “cartel” -como el de Bogotá- con rostros de campesinos que en su mayoría son ajenos a actos vandálicos.

Los líderes también repudiaron el papel de desinformación asumido por los medios de comunicación ofi -ciales, en actitud de distracción que solo busca empantanar el proceso de concertación.

Se solicitó también iniciar acciones

judiciales por las agresiones de la Fuerza Pública (en concreto, el Esmad) contra los manifestantes, y el uso de fondos por parte de funcionarios de la administración barboseña para inten-tar sobornar a campesinos del refugio para que lo abandonen.

En la reunión con las autoridades se dejó como fecha tentativa para la ins-talación ofi cial de la mesa de interlo-cución el 24 de septiembre.

En Bogotá

Representantes de las delegaciones del refugio humanitario de Barbosa viajaron a Bogotá para participar del lanzamiento de la Cumbre Agraria y Popular, donde se presentó una mira-da común de los aspectos positivos y logros del paro agrario y popular.

En este escenario se hizo un análisis de las apuestas de unidad y de las ini-ciativas de tipo político que se desarro-llarán en el marco de la gran Cumbre Agraria, Campesina y Popular.

En el campamento de refugio hu-manitario de Barbosa se encuentran de-legaciones de ocho municipios de las subregiones antioqueñas de Magdalena Medio, Nordeste y Noroccidente, que constituyeron una coordinación agro-minera en el marco de la moviliza-ción.

Barbosa, Antioquia

Mandato agromineroCampesinos de ocho municipios iniciaron un proceso constituyente regional. El 24 de septiembre se instalaría mesa de interlocución

Campamento de refugio humanitario de Barbosa. Foto Cahucopana.

Septiembre18 de 2013/5EDITORIAL

E D M

Palabra itineranteNotas al sol

J C R A C M

PalabrasEl tal pacto no existe

Vamos a una gran

fuerza social

El acuerdo de Popayán, fi rmado el pa-sado 8 de septiembre entre el gobier-no del presidente Juan Manuel Santos

a través de su vicepresidente Angelino Garzón y la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo, MIA, permitió a esta última poner fi n a los bloqueos de carreteras, como un gesto de buena voluntad, eso sí, de-jando claro que no se trataba del levantamiento del paro agrario y que los campesinos volve-rían a las vías si el gobierno incumple su com-promiso de nombrar una comisión de alto ni-vel gubernamental y la instalación de una me-sa nacional dispuesta a discutir y dar salida al pliego de exigencias de la MIA.

No cabe duda que la incapacidad del gobier-no y de sus más importantes funcionarios para resolver los gravísimos problemas que angus-tian a la mayoría de la población rural colom-biana y el hecho de negarse a reconocer a un interlocutor del movimientos campesino co-mo la MIA que ha logrado no solo articular y cohesionar una fuerza social, que en el pasa-do actuaba dispersa ,sino que además ha pasa-do a ser el referente más destacado de la lucha

campesina y agraria del país; lo convierte en responsable de que no se hubiese avanzado con anterioridad en un acuerdo, el cual esta-mos seguros habría evitado las pérdida de vi-das, como consecuencia de la acción alevosa de la fuerza pública y de sus escuadrones de muerte llamados ESMAD.

La presencia en el acto de acuerdo en Popayán de nueve gobernadores de los depar-tamentos que sintieron con mayor rigor los efectos del paro agrario deja al desnudo las li-mitaciones de una seudodemocracia descen-tralizada que no tiene los alcances políticos, participativos y mucho menos económicos que posibiliten solucionar los confl ictos de carác-ter estructural que como el agrario rebosa los escenarios locales, lo que requiere no solo un profundo reordenamiento territorial de la na-ción, sino además una necesaria democratiza-ción de la riqueza y la nacionalización de los recursos naturales, y nuevos niveles de parti-cipación social y política en el diseño y eje-cución de las políticas que atañen a los intere-ses de la mayoría.

El desplante hecho por el movimiento cam-pesino y sus principales organizaciones, a la convocatoria del pacto agrario y desarrollo ru-ral realizado por el gobierno, donde las corba-tas y la tecnocracia brillaron por su presencia, pero donde no se vieron las ruanas, los som-breros, los azadones ni los machetes, hizo que dicho evento pasara sin pena ni gloria.

Mientras los burócratas burgueses se pasea-ban desesperados por los pasillos del recinto donde se llevó acabo el nefasto pacto agrario, réplica del recordado pacto de Chicoral que dio paso al desmonte de lo poco positivo de las po-líticas agrarias, fruto de la acción organizada del campesinado que se desarrolló al calor de la revolución Cubana en los años 60. Al otro lado de la ciudad, en la Universidad Nacional,

uno de los lugares que ha visto nacer la resisten-cia y rebeldía estudiantil, miles de líderes cam-pesinos, indígenas, sindicales, estudiantiles, de fuerzas sociales y políticas como el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, ondea-ban las banderas de la Colombia soberana, an-ticapitalista, antilatifundista y revolucionaria.

En efecto, el lanzamiento de la gran cum-bre agraria, campesina y popular el pasado 12 de septiembre en la ciudad de Bogotá, el mis-mo día del frustrado pacto de los poderosos se efectuaba uno de los actos más trascendentales y unitarios de las fuerzas populares que tienen presencia en el campo colombiano.

Dirigentes y delegados de la MIA y sus principales organizaciones como Fensuagro, Anzorc, ACVC, Apemecafé y más de un cen-tenar de organizaciones de carácter regional, la Coordinadora Nacional Agraria, CNA, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca ACIN, entre otras, abren el camino a la construcción de una gran fuerza social agraria y popular que confl uya en un inmenso torren-te de movilización y lucha en conjunto con el movimiento sindical, del transporte, de la salud, de los ambientalistas, del estudiantado, de los desplazados por la violencia, de los excluidos y marginados sociales por el modelo de desarro-llo neoliberal; por una política agraria incluyen-te y antilatifundista, la reversión de los tratados de libre comercio, la nacionalización del petró-leo, el gas, el agua y demás bienes naturales, y por la solución política del confl ictos social y armado y la paz con justicia social.

Octubre llegará, lleno de primavera, con la minga social indígena y la gran cumbre agra-ria campesina y popular. Las fuerzas del cam-bio están andando, la nueva patria está en mar-cha.

Pedía Mario Benedetti que no nos cambiaran las palabras,

que no les quitaran el signifi cado, que no las ensuciaran. Y parece que el poema hubiera sido escrito para el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien tiene una muy especial versión de los que son las palabras, diálogos, acuerdos, negociaciones y pactos, y ésta, su particular visión de estas palabras, las viene ejercitando en las negociaciones de La Habana y más recientemente en el pomposo y rimbombante “Pacto Agrario”.

Tal parece que el presidente co-lombiano no ha querido, o no ha po-dido, asimilar que en La Habana hay una negociación y no una rendición. De ahí las propuestas unilaterales, las exigencias, los plazos. Igual ha pasado con el publicitado pacto agra-rio. Todos llegamos a pensar que tras las masivas protestas campesinas y la impresionante solidaridad urbana el tal Pacto Agrario iba a ser una es-pecie de constituyente agraria. Que democráticamente gobierno, empre-sarios del agro, jornaleros y produc-tores pequeños, medianos y grandes empresarios se sentarían a discu-tir las líneas del desarrollo agrario del país.

Pero como ya ha sido reseñado en las redes sociales en la mentada reu-nión solo habían corbatas, elegantes trajes y ni una sola ruana. Un nuevo chicorazo es lo que se viene. Es has-ta entendible, o explicable la actitud del presidente Juan Manuel. Viene él

de una rancia y aristocrática familia. Su apellido se pierde en los laberintos eternos del poder. Desde esas familias aristocráticas que enarbolaron las ban-deras de la independencia sus herede-ros se quedaron en el cipayismo y ol-vidaron el ideario bolivariano.

Por eso le es difícil sentarse de tú a tú con la plebe, con la masa irredenta, con los pobres de la tierra, con los insu-rrectos. Aquí radica una de las grandes difi cultades del proceso de La Habana y se explica la actitud ante las protes-tas campesinas o sindicales o estudian-tiles. Asume el papel del aristócrata ge-neroso y duro.

O el que amenaza. Es el gobier-no quien defi ne, a pesar de la agenda aprobada, cuales han de ser los ritmos de la negociación, pone fechas, lími-tes para fi rmar acuerdos, decide qué se discute y qué no se puede y ante el viaje de los partidos a La Habana es el quien decide cuándo es oportuno y conveniente que se realice. Para poder avanzar en los diálogos de paz, para diseñar una efi ciente política agraria, para diseñar el estatuto de la oposi-ción, para poder construir lo que aho-ra llaman el país del pos confl icto y para en defi nitiva airear la democra-cia se requiere dejar a un lado el ce-sarismo presidencial y ensayar un es-cenario donde gobernantes y goberna-dos puedan llegar a acuerdos políticos y sociales, que se escuche a todos y a todas. De lo contrario, como diría Benedetti, todo sería solo una sobe-rana porquería.

A las ya erráticas decisiones del go-bierno de Santos hay que agre-

garle la ultima: El tal “Pacto nacional por el agro y el desarrollo rural”, reunión de amigos del establecimiento, un cuadro deprimente de monólogo del poder en el que no hubo espacio para los campesinos.

Es una gran falacia, creer que se pue-de resolver el problema agrario con unos decretos. El gobierno sigue empecinado en vender el sofá y no atiende el clamor popular de resolver esto de fondo, es de-cir con redistribución de la tierra, prote-ger a los productores y no exponer al país a la dependencia alimentaria a la que está sometida con los TLC.

La creación del denominado Sistema de Participación Popular y la constitución de los consejos municipales de desarro-llo rural para el cumplimiento del pacto, suenan bien como discurso retórico del que tenemos innumerables ejemplos de distorsión del proceso de participación popular en las iniciativas del gobierno, solo es necesario recordar la inoperan-cia y la inutilidad de los actuales conse-jos agropecuarios, verdaderos saludos a la bandera.

En la instalación, el presidente Santos se cuidó de no mencionar cifra alguna, para el fi nanciamiento del sector agrario y campesino, ¿será que ahora si los mu-nicipios tendrán los presupuestos nece-sarios para reactivar la economía cam-pesina? ¿Cuántos recursos del 4 por mil serán destinados a esta reactiva-ción? O ¿Cuántos puntos del PIB serán arrancados del presupuesto de guerra y

destinados a los campesinos? Todo esto suena más bien, a trasladar la responsabilidad a las alcaldías y las gobernaciones.

Así las cosas, desde esta orilla, si hay razones para afi rmar que el tal pacto agrario no existe. Con este tipo de acciones, con estas mentiras públicas, lo que el gobierno hace, es abonar las condiciones para una nueva oleada de protestas, con ma-yor fuerza, generada por los incum-plimientos y por la tozudez del po-der. Al parecer no sabe el presiden-te Santos que “Refundar el campo colombiano” es igual a refundar el país y para ello, es necesario abrir el estrecho marco actual a una par-ticipación directa y efectiva de los sectores sociales afectados por el modelo económico actual.

Lo que si existió y con una enor-me participación popular y campe-sina, como un gran pacto social y campesino, fue la Cumbre Agraria y Popular, germen claro de la ma-durez y decisión del campesinado y sectores populares de seguir en la lucha por la construcción de un país soberano, democrático, en paz, con justicia social. Dos preguntas al aire: ¿Que hacen los indígenas Guayuu avalando y participando de esta gran mentira del tal pacto agrario? ¿Y acaso ese que está al lado del presidente Santos no es el súper consejero fracasado del tal diálogo social?

Septiembre18 de 2013/6

L J C H F.

LABORAL

Conferencia: “Narcotráfi co, política de drogas y perspectivas de paz”.

Sábado 21 de septiembre a las 3:00 pm en la carrera 16 No 31 A 49 (sede).

Les esperamos

Invita:Colectivo de Mujeres Mercedes Úsuga

a Alianza Francesa es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la difusión, promoción y en-señanza de la cultura y la lengua fran-cesas. Aunque no depende de la emba-jada de ese país en Colombia, el direc-tor general y la directora pedagógica

dependen directamente del gobierno de Francia.

La prestigiosa institución lleva va-rias décadas en el país y cuenta con se-des en distintas ciudades. En Bogotá tiene alrededor de 120 empleados en-tre profesores y administrativos, en su mayoría madres cabeza de hogar con altas califi caciones académicas.

Aunque en la página de internet de la Alianza reza: “es una asociación ci-vil sin ánimo de lucro fundada por hu-manistas franceses”, sus prácticas la-borales contradicen los postulados de sus fundadores.

Según Diana Camila Amaya, inte-grante del recién creado Sindicato de Trabajadores de la Alianza Francesa, Staf: “El confl icto inicia hace unos cua-tro años cuando un cambio administra-tivo generó modifi caciones en la admi-nistración de la entidad. Antes había buenas bonifi caciones, viajes a París para formación y actividades pedagó-gicas para profesores. Ahora hay unos cambios en las condiciones de contra-tación, en las tarifas de exámenes es-peciales. Y se empezó a ver un cambio

negativo en el bienestar de profesores y administrativos”.

Algunos abusos

Actualmente todos tienen una con-tratación a 11 meses, aunque se paga por horas. En 2013, la Alianza ofreció un contrato de tiempo completo con un salario fi jo de $ 5.200.000=, con 35 ho-ras clase y 13 pedagógicas por semana, pero en términos reales se convirtieron en un horas ilimitadas.

Alrededor de 40 docentes fi rmaron el contrato y ahora sufren de una sobre-carga laboral que ha enfermado a va-rios. La forma de contratación también cambió. A algunos con antigüedad de siete u ocho años, les ofrecieron con-tratos a tres meses.

“Se han presentado muchas incapa-cidades por estrés, laringitis, gastritis, ya que ni para almorzar les alcanza el tiempo. Quienes no fi rmaron ese con-trato debían atenerse al número de ho-ras que sobraran en los cursos. Eso ge-neró una desigualdad de salarios por-que algunos no alcanzan ni al mínimo. Algunos tienen que estar en la Alianza de seis y media de la mañana a nueve y media de la noche sin que puedan de-jar la sede”, argumenta Diana Camila Amaya.

Docentes y administrativos no en-cuentran explicación a los comporta-mientos de las directivas, porque ase-gura que los ingresos de la entidad son altos. Son miles de estudiantes por año, convenios con instituciones universita-rias y con alcaldías como la de Bogotá.

Por 40 horas de clase mensuales del idioma francés, los estudiantes pagan 550 mil pesos. Además, la entidad tie-ne convenios con universidades y cole-gios en la enseñanza del idioma.

La baja de estudiantes por los altos costos afecta también a la entidad y las relaciones laborales, porque destinan docentes para labores administrativas como recepción.

Mínimas peticiones

Los abusos motivaron la creación de Staf, con la participación de profe-sores y administrativos. Estos últimos se quejan de la desigualdad salarial y el favoritismo excluyente con el que son tratados muchos de ellos. Actualmente

el sindicato cuenta con alrededor de 60 integrantes, quienes están legalmen-te constituidos desde el mes de abril. Presentaron un petitorio con mínimas exigencias como estabilidad laboral, incremento salarial digno, auxilios de salud, una prima de antigüedad, auxi-lio educativo y hasta un espacio digno para comer.

La respuesta de la entidad fue a tra-vés de una fi rma de abogados. “Ellos solo han mostrado irrespeto y burla con nosotros. Han tenido el descaro de ha-cer propuestas ilegales y decir que van a hacer una convención sin aumento sa-larial”, anota Diana Camila.

Nace y se fortalece Staf

Sobrecarga Sobrecarga laboral en la laboral en la Alianza FrancesaAlianza Francesa

Los abusos a que son sometidos los profesionales colombianos por parte de la institución de educación y cultura del Estado francés, obligaron a la creación del sindicato

Sede de la Alianza Francesa en Bogotá.

Diana Camila Amaya.

“La mesa de diálogo entre el sindicato y el bufete se había cerrado, por lo que están

pensando en tomar medidas como la huelga, para lo cual han consultado y cuentan con

apoyo de docentes y administrativos”

La fundación del sindicato también tuvo como respuesta la contratación de nuevos docentes en espera de la termi-nación de los contratos de quienes se organizaron de manera legal o ejercie-ron el derecho de asociación.

La dirección de la Alianza no ha querido recibir a la organización ni dar respuestas a las exigencias labo-rales. Al cierre de esta edición la mesa de diálogo entre el sindicato y el bu-fete se había cerrado por lo que están pensando en tomar medidas como la huelga, para lo cual han consultado y cuentan con apoyo de docentes y ad-ministrativos.

Septiembre18 de 2013/7

D J C H F.

LABORAL

e manera sorpresiva y luego de un día de paro nacio-nal del magisterio, el comité ejecuti-vo de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, decidió levantar sin consultar el cese de actividades, el pasado 11 de septiembre.

La decisión inmediatamente gene-ró interrogantes en docentes de todo el país porque una manifestación como esa solo puede ser suspendida por la junta nacional de Fecode. Además, ini-cialmente el paro era indefi nido, luego se programó para tres días y solo duró uno. En varias ciudades los maestros llamaron a continuar el cese de activi-dades, realizaron marchas de protesta contra la dirección sindical, hicieron

asambleas y marchas por diferentes calles. También expresaron desacuer-do con lo fi rmado por los negociadores.

El ejecutivo tomó la decisión de fi r-mar porque según ellos, los objetivos planteados en el paro fueron resueltos y favorecen a los docentes en temas co-mo salud y seguridad social, deudas y prima de servicios.

Pedro Arango, del ejecutivo na-cional de Fecode, explicó que no hu-bo tiempo de preguntar a la junta na-cional porque el gobierno presionó la inmediata fi rma del acuerdo. “No dio tiempo de consultar, sin embargo, hu-biéramos podido tomar la decisión de convocarla, pero después de cinco días de negociación ya todo estaba acordado

y el gobierno exigió fi rmar antes del 11 de septiembre”.

En la junta nacional del día 12, se hicieron críticas y observaciones, se analizó el documento de acuerdo y fi -nalmente se aprobó por mayoría la sus-pensión del paro y aceptar lo fi rmado. De 74, votaron 58 a favor, 13 se abs-tuvieron y tres votos fueron en contra.

También discutieron sobre lo in-conveniente e improcedente de nego-ciar a referendo, es decir, consultando constantemente lo acordado; aunque se restrinja la democracia sindical, se de-be facultar al ejecutivo y a la comisión negociadora para que tome decisiones.

El acuerdo

Pero ¿qué fue lo que se fi rmó? En lo relacionado a la problemática de sa-lud, “se acordó un plan de choque para que en dos meses se dé solución a todo lo represado en cirugías, medicamen-tos, citas médicas generales y de espe-cialistas, y de ahí en adelante norma-lizar. Para ello se nombrarán audito-rías médicas externas que vigilarán el cumplimiento del pliego de condicio-nes, del servicio y del contrato. Y unas para la vigilancia administrativa y fi -nanciera. En caso de incumplimien-to se hará un plan de mejoramiento y se iniciarán las sanciones hasta ter-minar el contrato. No se puede decir, ‘ustedes están cumpliendo mal el ser-vicio’ y quitárseles el contrato, tiene que haber un debido proceso”, expli-có el profesor Arango.

Los docentes mantendrán el régi-men especial en salud. La ley ordina-ria contemplará un artículo excepcio-nando al magisterio y en seis meses el Presidente de la República establecerá una reglamentación de las contratacio-nes de salud de los maestros. Así no es-tarán al vaivén de que en cada contrato se modifi que el pliego de condiciones. No estarán cobijados por la Ley 100 si-no por la 91.

También se aprobó la reglamenta-ción de las enfermedades profesionales y el manual de califi cación, ley para el

magisterio cuya ponente fue la sena-dora Gloria Inés Ramírez. Falta la re-glamentación y la sanción, que se ha-rá antes de un mes.

Deudas

Con respecto a deudas se hará el cálculo de su monto total, que son aproximadamente 88 billones a 2029, relacionados con seguridad social de los maestros activos y pensionados. Se acordó que el pasivo pensional de los entes territoriales, 32 billones, se gire inmediatamente al fondo. “Estamos pi-diendo tres billones de reserva técnica para que haya presupuesto y no se di-late el pago de nuestras prestaciones, porque por ejemplo, las cesantías de-ben pagarse en 45 días hábiles y a ve-ces pasan meses o un año, así como las pensiones. Con esa reserva se agiliza el pago. Está proyectado que en cinco años haya nueve billones de pesos”, anota Pedro Arango.

Las deudas de hace 10 años, de pri-mas extralegales, ascensos, aumento salarial, asciende a 900 mil millones. “Se acordó girar 320 mil millones de lo que está certifi cado, o del cruce de listas, las cédulas, que hayan hecho un contrato de fi ducia con una empresa pa-ra girar el dinero, y el gobernador ha-ga un convenio de pago. De esa plata se cancelará hasta diciembre 240 mil millones y en febrero y marzo el res-to. Lo que no está certifi cado, en julio de 2014”, explicó Arango.

Con respecto a la retroactividad de la prima de servicios, se nombrará una comisión para que haga una discusión sobre el tema y los ajustes necesarios para mantener la retroactividad, consi-derarla factor salarial y compatible con las otras primas.

El Consejo de Estado es el que re-gula la seguridad social del magiste-rio, pero el Ministerio de Educación retomó un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que nie-ga los factores salariales a otros tra-bajadores, para con base en eso ne-garlos a los docentes. Con el ánimo

de no pagar pidió un concepto a la Corte Constitucional. Ante esto se nombró una comisión del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y los maestros, para ir a la Corte a dis-cutir en busca que el concepto salga favorable a los educadoeres.

Sobre los confl ictos de los docen-tes del 1278, Pedro Arango explicó: “Es algo que se está trabajando en el tema de Estatuto Único, creemos que es injusto que a un docente que no tiene maestría y doctorado, tenga que hacérsele una evaluación para as-cender y si no asciende no le valen los títulos porque no le suben el sala-rio. Se acordó entregarles un estímu-lo mientras se resuelve el problema de la evaluación; hay plazo de acor-dar el monto hasta enero. Lo otro es lo del aumento salarial de los nuevos maestros, pues el gobierno en años anteriores ordenó el pago de un au-mento de 8%, pero hubo un año en que aumentaron 3% y les quedaron debiendo cinco. En eso no se logró porque con la CUT el año pasado fue negociado el aumento para todos los estatales, y se acordó para dos años, entonces el gobierno argumentó eso, que ya había un acuerdo. Pero de los objetivos que nos planteamos con es-te paro se consiguió más del 95% de lo que habíamos puesto como meta”.

Protección a docentes

En el tema de derechos humanos, después de la fi rma del acuerdo, el Ministerio de Educación expidió un de-creto con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, para que se traslade por un periodo de tres meses al maestro ame-nazado solamente con radicar la de-nuncia. Luego, provisionalmente otros tres meses en caso que no se resuelva el problema, para luego hacer el tras-lado defi nitivo.

Antes un maestro amenazado no po-día irse porque al dejar de asistir al co-legio le abrían un proceso por abando-no de cargo, y en ese tiempo era ase-sinado.

Educadores levantan paro antes de lo previsto

El acuerdo de la discordiaEl convenio que fi rmaron los negociadores de Fecode fue rechazado por algunos docentes en todo el país, quienes también criticaron la manera inconsulta como se levantó el paro

Manifestación de docentes de Fecode. Foto archivo.

Pedro Arango.

Septiembre18 de 2013/8

L R

POLÍTICA

a Unión Patriótica, UP, se encuentra con el acelerador a fondo en una dinámica política de unidad y encuentros con su militan-cia a dos meses de realizar un nuevo Congreso Nacional, el quinto en su historia.

La colectividad de izquierda a la que recientemente, el Consejo de Estado devolvió su personería jurídi-ca, se enrumba a un nuevo Congreso, máxima instancia de dirección, para los próximos 15, 16 y 17 de noviem-bre, en donde se defi nirá una nueva Junta Patriótica Nacional y delimita-rá su accionar en busca de la repara-ción política y su participación en la vida nacional.

Unidad y política

Para ello han empezado a confec-cionar una serie de reuniones regio-nales denominadas: Encuentros por la Esperanza. Espacios para el reconoci-miento de la militancia upeista, forta-lecer los lazos de unidad política y tra-zar el qué hacer de las bases en cada región, departamento, municipio o ve-reda donde la UP tradicionalmente ha mantenido su presencia.

Uno de los departamentos en que mayor presencia política alcanzó en el pasado la Unión Patriótica es Santander. Allí la dirección regional de la colectividad convocó a un pleno departamental ampliado con el objeti-vo de reencontrar la militancia, comu-nicar las orientaciones dejadas por la dirección nacional reunida en Bogotá el pasado mes, preparar lo pertinente al Congreso Nacional de noviembre y analizar el acontecer político del país.

Las regiones

La UP en ese departamento noro-riental habló de paz y de la necesidad de hacer memoria del genocidio en su contra para prevenir repetir la historia en la eventualidad que llegue la paz

para el país: “Asegurar que una vez los actuales alzados en armas se reincor-poren a la civilidad puedan ejercer sus derechos políticos, sociales, culturales y económicos con sus procesos de au-togestión y autonomía, sin que corran el riesgo de ser asesinados, lo que en el país desgraciadamente ha ocurrido casi desde su inicio como Estado”.

Esa misma dirección regional hizo un llamado a considerar como impera-tivo buscar procesos de alianza y uni-dad con el nuevo movimiento político y social Marcha Patriótica así como también con otros sectores de izquier-da, alternativos, democráticos para unir esfuerzos para alcanzar un gran mo-vimiento o frente alternativo de cara a los procesos que se avecinan.

En eso coinciden las asambleas lo-cales convocadas por la dirección dis-trital de la UP en Bogotá, donde se in-vita a conformar y fortalecer un gran frente político por las transformaciones sociales, donde jueguen un papel tras-cendental las organizaciones populares y políticas con un derrotero: la paz con justicia social.

Reclamos al CNE

Por su parte, la Dirección Nacional de la UP, dio a conocer un comunica-do fi rmado por el Secretario Ejecutivo, Felipe Santos y el presidente de la colectividad verde amarilla, Ómer Calderón, donde celebran los encuen-tros regionales de la militancia y lla-ma a no dejarse engañar por quienes pretenden suplantar la dirección de la UP: “la representación de millares de víctimas, sobrevivientes, militantes y simpatizantes de la UP, contravinien-do los estatutos vigentes de la UP, que mandatan a la Junta Patriótica Nacional para convocar a la participación de-mocrática y decisoria de la colectivi-dad upecista”.

En ese sentido, la dirección de la UP, le extendió un informe a Nohora Tapia Montoya, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, explicado las irregularidades que guarda la convo-catoria de un congreso apócrifo de esa colectividad. “Constituye este hecho

una burla a las víctimas de la Unión Patriótica, a los derechos de una repa-ración política a su organización, a la legitimidad y legalidad de la participa-ción y representatividad en un régimen que se aduce democrático, es muestra clara de las posibilidades de las falsas fabricaciones del Internet”.

“El CNE no puede demorar más las disposiciones para hacer efectiva la sentencia del Consejo de Estado”, rei-teró Felipe Santos. El reconocimien-to a la dirección que ha permanecido a pesar del crimen, la persecución y la exclusión se hace imperativo en el ini-cio de la reparación política necesaria para la colectividad. Aun cuando la colectividad no ha defi nido su partici-pación política para los comicios del año venidero, exigen que se cumpla la sentencia más allá del formalismo de la personería pues considera que “sus condiciones de desigualdad para la par-ticipación son abrumadoras y se agra-van sin un pronunciamiento oportuno del CNE”.

Legitimidad de la Junta

De ahí la importancia para la colectividad patriota de mantener-se en unidad. Vencer, dice Ómer Calderón, “la labor de ciertos medios

de comunicación presentando una UP dividida y en disputa por asumir su re-presentación”. A renglón seguido rei-tera que en el Congreso de noviembre “todos estamos participando en pie de igualdad, sin exclusiones, con profun-do respeto a las decisiones colectivas y al legado histórico de la UP en la lu-cha por la paz democrática con justi-cia social”.

La dirección de nacional de la UP, previo a su máximo órgano de autori-dad, planea un encuentro con la mesa de conversaciones de La Habana, a la que también están invitados los parti-dos políticos tradicionales, para tratar el tema que se debate entre la insur-gencia de las FARC-EP y el gobierno nacional. “Nosotros sí que tenemos la autoridad moral y ética para hablar de participación política”, le dijo a VOZ, Felipe Santos.

Enfatizaron que a La Habana llega-rán con el inamovible: “El crimen con-tra la UP no puede convertirse en co-media. La reparación política integral a la Unión Patriótica, a sus víctimas y a nuestro movimiento, es factor indis-pensable en la construcción de demo-cracia con garantías de participación y no repetición, para toda la oposición alternativa, de izquierda, democrática y progresista”.

Avanza Congreso de la UP

Los encuentros de la militancia

En el primer orden de la reparación política de la UP están las víctimas . Campaña electoral de la UP en sus inicios.

La paz y la reparación política, temas centrales del Congreso upeista

Septiembre18 de 2013/9

S H C

PARO NACIONAL

us rostros son los de la dignidad. El lanzamiento de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular, demostró la fuerza campe-sina, su capacidad de transformar el campo.

Unos dos mil campesinos delegados de 17 departamentos del país, junto a plataformas sociales y políticas como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, además de los voceros de cen-tenares de organizaciones campesinas, se dieron cita en la Concha Acústica de la Universidad Nacional, para dejar claro ante el país, que están dispuesto a construir la política pública agraria en función del interés general.

El otro encuentro

Esta convicción contrasta con la so-lemnidad de los “encorbatados”, como dijeran algunos, en el Pacto Agrario concertado por Juan Manuel Santos, y su ministro de Agricultura, Rubén Lizarralde. Allí asistieron la clase di-rigente tradicional y los representan-tes de los mega negocios de la tierra y los latifundios. Los rostros campesinos no asistieron.

Desde esa tribuna ofi cial se busca-ban dos objetivos, dicen expertos, ara-ñar puntos de favorabilidad al gobierno nacional luego de la derrota política su-frida en las carreteras y movilizaciones de los campesinos inconformes y, por otro lado, legitimar la política agraria desde y para los grandes negocios del campo o la industria multinacional de alimentos, lavando culpas de un mo-delo de negocio que lleva a la deriva al campesinado y consigo la soberanía

alimentaria y el desarrollo rural inte-gral para el país. Las razones del paro.

En la otra cara de la moneda estaban las voces que día a día labran la tierra, siembran el alimento y producen rique-za campesina, los de ruana y alparga-tas. En el lanzamiento de la Cumbre Nacional Agraria y Popular lo que se respiraba era aires de cambio para el campo, radicalmente opuesto al pac-to ofi cial que benefi cia al gran capital.

Las voces

A la pregunta ¿cuál es el desarro-llo integral del agro que propone el campesinado en la Cumbre Agraria Nacional?, no se vaciló en la pronta respuesta: “es el desarrollo y la sos-tenibilidad de una soberanía alimen-taria, pero también inversión social, educación, salud, proteger nuestros recursos nacionales”, le dijo a VOZ,

David Martínez, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim y quien desde muy tempranas llegó a la capital trayendo consigo un mensa-je desde el oriente del país: “seguimos en paro”.

Ese entusiasmo campesino impreg-nó a los asistentes al lanzamiento de la Cumbre. Nadie puede darle un sí a la propuesta de un pacto que muchos llamaron un falso positivo agrario de Santos.

“La diferencia es inmensa. En el Pacto Agrario los acuerdos son buro-cráticos para los sectores del campo con poder económico, aquí la Cumbre Agraria Nacional, es un espacio legi-timo donde se construye unidad cam-pesina y una base social que encuentra con soluciones propias el mejor cami-no para superar las condiciones socia-les que viven en el campo colombia-no”, reiteró el llanero Martínez.

Las políticas del campo

La senadora Gloria Inés Ramírez, acompañó la jornada campesina. Dijo estar a gusto con la Cumbre pero in-

cómoda con el Pacto de Santos, don-de asistió y preguntó a los industriales: ¿están dispuestos a comprometerse en la revisión y aún en la renuncia a los tratados de libre comercio fi rmados o por fi rmar, tal como están concebidos, que conducirán irremediablemente a la

El Pacto de Santos

Falso positivo agrario

La fi rmeza política es plena en el campesinado colombiano. Quieren ser los protagonistas del cambio en el agro

Estudiantes saludaron la Cumbre. Carlos Garcia de Marcha Patriótica, Gloria Inés Ramírez, senadora y Álvaro Forero vocero de la MANE. Foto H.C.

ruina del campo colombiano y de otros sectores de la economía? “me quede es-perando una respuesta” indicó.

Otros temas agrarios hicieron par-te de la cumbre de la Universidad Nacional: la acelerada extranjeriza-ción de las tierras, las concesiones mi-neras en zonas de páramos generando un riesgo a las fuentes de agua para los colombianos, la necesaria adop-ción de programas de sustitución de cultivos ilícitos, el coto a las compa-ñías madereras.

No obstante uno de los elementos más reclamados en la Cumbre es el re-conocimiento de las zonas de reserva campesina y el rechazo a las talanque-ras jurídicas y militares a los procesos de reserva en curso. Junto a ello la abo-lición de los planes militares de conso-lidación generadores de desplazamien-to campesino que allanan el camino de los mega proyectos agroindustriales y minero-energéticos.

Rostro de la dignidad

Carlos Velasco, campesino del de-partamento del Cauca, productor de pollo y cafi cultor quebrado, llegó a la Concha Acústica para empujar, dice, “un poquito más”, la unidad campesi-na y así “encontrar soluciones reales y no acuerdos”. Le contó a VOZ, una tragedia personal que parece ser el pai-saje común del campesinado: “el café estaba en crisis y los campesinos del Cauca tomamos la decisión de volver-nos productores de pollo: salimos de un problema y nos metimos en otro”.

Velasco, explicó que la reglamenta-ción para que los campesinos produz-can pollo es imposible de cumplir para no generar competencia a las grandes empresas que se dedican a la produc-ción avícola. “Es un campo sin opor-tunidades para los campesinos. Todo es pa` quien tiene la plata”

Una nueva cita se acordó: ni un pa-so atrás en la pelea campesina, hasta

ahora victoriosa, “basta ya de pro-mesas ofi ciales” se agotaron las po-líticas públicas que repercuten en po-cos “eso lo cambiamos” se escuchó. La Cumbre resultó ser la mejor cá-tedra de paz con justicia social para Colombia.

La MIA, representa el escenario de unidad agraria de los campesinos, las organizaciones del campo ylas plataformas politicas y sociales . Foto Vealá

Septiembre18 de 2013/10

E R B

NOTICAPITAL

BOGOTÁ

Cabildos participativos en

BosaCon el fi n de vincular

a todos los residentes de Bosa en la priorización y toma de decisiones sobre la malla vial a reparar en la localidad con presupuesto de 2014, la alcaldesa local Diana Calderón Robles in-vita a todos sus habitantes a asistir a los cabildos par-ticipativos de vías, que se realizarán los días 20, 22, 28 de septiembre y 5 de octubre del presente año. “Es importante que todos los habitantes de nues-tra localidad se acerquen y participen en estos ca-bildos donde decidiremos cuáles serán las vías a re-parar. Son ellos quienes tienen la última palabra y toman la decisión de dón-de se harán los arreglos y mantenimiento de la malla vial”, aseguró la alcaldesa Diana Calderón Robles.

Máxima califi cación para sala de lactancia

Con un acto inaugu-ral en la sede principal el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), se presentó oficialmente la Sala Amiga de la Familia Lactante, la cual es un es-pacio adecuado por la en-tidad para que las funcio-narias y visitantes lactan-tes puedan garantizar la alimentación de sus hijos durante las horas labora-les. El sitio, dotado de in-fraestructura e implemen-tos adecuados para la ali-mentación de los niños y niñas, busca asegurar el derecho de la mujer que trabaja fuera del hogar, a practicar la lactancia ma-terna y a tomar decisiones libre de presiones comer-ciales, en su sitio de traba-jo y en condiciones ade-cuadas.

Casa de la Participación

Con el fi n de benefi -ciar a los más de 600 mil habitantes de la locali-dad de Bosa, la Alcaldía Local dio inicio formal a la obra de la Casa de la Participación, que se-rá un área propicia para contribuir al mejoramien-to y fortalecimiento de la participación social y co-munitaria, así como de las expresiones sociales en procura de mejorar la calidad de vida de la po-blación en general de es-ta localidad. Con un pre-supuesto superior a los 2.000 millones de pesos, recursos del Fondo de Desarrollo Local, actual-mente se ejecuta el con-trato No. 063 de 2013 cu-yo contratista es Universal d e C o n s t r u c c i o n e s , ‘Unidecon’ S.A.

l pasado 11 de septiembre se debatió en el Concejo de Bogotá el tema de la proliferación de antenas de telefonía celular en la ciudad.

En dicha discusión los ca-bildantes criticaron la instala-ción de las antenas sin com-pletar los requisitos para su funcionamiento y además sin tener en cuenta la salud de los habitantes.

Para el concejal Jairo Car-dozo Salazar, del Movimiento MIRA, se nota un claro in-cumplimiento al plan maestro de telecomunicaciones, no se ajusta a lo previsto por la nor-ma, hay ausencia de vigilancia y control por parte de la admi-nistración Distrital y en espe-cial por parte de la Secretaria distrital de Planeación. “En otros países se da prelación a la salud frente a las ganancias que puedan llegar a percibir empresas de telecomunicacio-nes”, puntualizó el concejal.

La Comisión accidental rindió un informe donde se sugiere la modifi cación de la localización de antenas ina-lámbricas en zona de uso re-sidencial, teniendo en cuen-ta, no solo las distancias, sino, los tiempos de exposición y las densidades de contaminación electromagnética.

Para ello se debe partir de

la base de un mapa de conta-minación electromagnética en la ciudad y su respectiva zoni-fi cación.

Esta Comisión nació en atención al Acuerdo 339 de 2008 que establece en su ar-tículo tercero: “para la locali-zación de telecomunicaciones inalámbricas en zona de uso residencial neto establecidas por el Decreto Distrital 190 de 2004, estas se permitirán en un radio no menor de 250 metros de otras estaciones de teleco-municaciones y a no menos de 200 metros de centros edu-cativos, centros geriátricos y centros de servicios médicos”.

Los concejales solicitaron a la administración distrital, aplicar el principio de protec-ción ante la falta de certeza científi ca de la afectación que puedan causar las antenas e infraestructura de telecomu-nicaciones, sobre grupos po-blacionales vulnerables: ni-ños, adultos mayores, enfer-mos, entre otros.

En el debate se mostró un informe de la Contraloría en el que se da a conocer que la Secretaria de Planeación no tiene claro el inventario de las antenas de telecomunicaciones inalámbricas, la falta de coor-dinación y articulación entre la Secretaria de Planeación, las alcaldías locales y los opera-dores de servicio público de telecomunicaciones. Además se detectaron graves falencias

de documentación y diligen-ciamiento de los mismos y el no respeto de los límites de los campos electromagnéticos.

Por su parte la Secretaría Distrital de Planeación ha estado trabajando en el te-ma e informó que a octu-bre de 2012, en la Capital de la República habían 10.560

En el Concejo Distrital

Salud sobre gananciasLos concejales llamaron al Gobierno Distrital para que se cumplan las normas del Plan Maestro para la instalación de antenas de telefonía celular. Más del 90% operan sin permiso de la Secretaría de Planeación

Deben cumplirse las distancias reglamentarias para la instalación de antenas ya que pueden causar daños en la salud de las personas. Foto Redacción Bogotá.

antenas instaladas y de estas 722, estaban aprobadas por la entidad, que 286 estaban en proceso de regularización o legalización y otras 17 en estudio. Las restantes 9.535 funcionan sin permiso de la Secretaría. Del total de estas antenas, 1.100 son de telefo-nía celular.

El pasado viernes 13 de septiembre en las

instalaciones de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres se llevó a cabo la inauguración del torneo de fútbol de salón denominado “la delincuencia no paga”.

La actividad contó con la asistencia de directivos y equipos de la Cárcel Distrital, del Instituto Distrital para la protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), del Servicio Nacional de Apren-di zaje (SENA), del Instituto Dis trital de Recreación y Deporte (IDRD), de la Uni-versidad Pedagógica Na cio-nal (UPN), y de la Cor po ra-ción Tecnológica de Bogotá (CTB).

El objetivo general de la actividad fue el institucionali-zar el torneo de fútbol de sa-lón en la cárcel, como medio de prevención y refl exión y

presentar a los jóvenes las con-secuencias que conlleva la de-lincuencia.

En el marco del acto in-augural se jugó un partido de

Fútbol de salón en la Cárcel Distritalexhibición, hubo desfile de equipos y se encendió la llama olímpica como símbolo de paz y armonía.

El torneo se realizará du-rante todo el mes de sep-tiembre y contará con la par-ticipación de 12 equipos de

los cuales seis serán de los diferentes pabellones de la cárcel, dos de IDIPRON, uno del SENA, uno del IDRD, uno de la Universidad Pedagógica Nacional y uno de la Corporación Tecnológica de Bogotá.

ESCUELA DISTRITAL

CENTRALIZADA30 de septiembre al 5 de octubre de 2013

Horario: 6 p.m. a 9 p.m.Pre - inscripción obligatoria con:

Mary Gómez, sede PCC Bogotá del 13 al

23 de septiembre, 2013Costo $10.000. Cupo limitado.

Septiembre18 de 2013/11

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S.O

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DERECHOS HUMANOS

Por fuera de justicia y pazEn audiencia pública y por unanimidad entre los magistrados

de la Sala del Tribunal Superior de Justicia y Paz, el pasado nueve de septiembre fue excluido el exjefe del Bloque Centauros de las autodefensas, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. El ente acusador estableció que después de su desmovilización, en 2006, alias Don Mario siguió delinquiendo y conformó otro grupo cri-minal autodenominado Águilas Negras Héroes de Castaño, y pos-teriormente, las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tenían presencia en el sur de Córdoba y en el bajo Cauca Antioqueño. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría pidieron la exclusión de los presuntos jefes del paramilitarismo Daniel Rendón Herrera y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, el 15 de febrero pasado. Con esta decisión Rendón Herrera saldrá del proceso especial y pasará a la justicia ordinaria, donde afrontará las penas contempladas en el código penal, que podrían llegar a los 60 años de cárcel y no los ocho de la justicia alternativa, y su eventual proceso de extradición.

Caso grafi teroEl Juzgado Doce Penal del Circuito de Bogotá profi rió medi-

da de aseguramiento en centro de reclusión contra los coroneles de la Policía Nacional Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez y José

Javier Vivas Páez. Los hechos en investigación tienen que ver con su participación como coautores en la manipulación de la escena del crimen en donde fue muerto el grafi tero Diego Felipe Becerra por parte del patrullero Wilmer Alarcón el 19 de agosto de 2011. Según el fi scal del caso, el coronel Arévalo Rodríguez dio la orden a Alarcón de bañarse las manos con su orina para borrar cualquier rastro que pudiera comprometerlo en un proce-so judicial. Asimismo, el representante del ente acusador, al so-licitar la imposición de la medida de aseguramiento, aseguró que no es posible manipular un lugar custodiado por uniformados sin “la aquiescencia y asentimiento de los superiores”. La jueza del caso sostuvo que Arévalo Rodríguez conoció de la modifi cación de la escena, toda vez que la regla general enseña que nunca es tan demorada la confección del informe policial como sucedió en esta ocasión. La orden de reclusión se dio porque hay proba-bilidad de obstrucción de la justicia por parte de los investiga-dos y son considerados un peligro para la sociedad. “Parece que estos uniformados perdieron el rumbo, tienen una misión enco-mendada por los ciudadanos representados por el Estado, quie-nes esperan la protección y cuidado, pero recibimos un abuso desmedido”, sostuvo la jueza al justifi car la orden de reclusión. Arévalo y Vivas serán recluidos en el pabellón de servidores pú-blicos de la cárcel La Picota en Bogotá.

l pasado 12 de septiem-bre en la Universidad Autónoma de Bogotá, organizaciones sociales rea-lizaron un sentido homenaje al defen-sor de derechos humanos David Rabelo Crespo, quien ya cumple tres años de-tenido por un delito que no cometió.

Fueron varios los asistentes quienes se refi rieron a él como un hombre ín-tegro, honesto, luchador y comprome-tido, quien a pesar de las difíciles cir-cunstancias sigue en su trabajo de de-fensa de derechos humanos en la cárcel

Modelo de Bogotá.Una breve intervención telefónica

del defensor colombiano dejó entrever el carácter y fortaleza de este hombre que continúa adelante en el trabajo por la defensa de los derechos de los dete-nidos de la cárcel.

Rabelo Crespo fue detenido en Barrancabermeja el 14 de septiem-bre de 2010, acusado de conspiración criminal y homicidio agravado por la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Antiterrorismo, basado en declaracio-nes voluntarias realizadas por el para-militar Mario Jaimes Mejía, alias “El

Homenaje a David Rabelo Crespo

Organizaciones sociales exigen la liberación de defensores de derechos humanos, líderes agrarios e intelectuales quienes han sido víctimas de montajes judiciales

Panadero”.Este hombre, integrante de las

Autodefensas Unidas de Santander y Cesar fue detenido en 1999 y conde-nado por la justicia como el principal responsable de las masacres de los días 16 de mayo de 1998 y 28 de febrero de 1999 en Barrancabermeja.

Gracias al trabajo de la defensa se supo que el fi scal 22 de la Unidad Antiterrorismo William Gildardo Pacheco Granados estaba inhabilitado para ejercer el cargo ya que fue des-tituido en 1991, por la Procuraduría General de la Nación cuando se

desempeñaba como teniente de la Policía Nacional por su participación en la desaparición forzada de un joven en la ciudad de Armenia.

El fi scal, que además es uno de los directivos de la Asociación Nacional de Fiscales, no podía desempeñar car-go público alguno según lo estipulado en el artículo 79 del decreto 261 del año 2000.

Son muchas las irregularidades en este proceso, motivo por el cual el mo-vimiento social y las organizaciones defensoras de derechos humanos piden a las autoridades su libertad inmediata, por falta de pruebas.

Los dirigentes sociales que han sido víctimas de montajes judiciales como cuenta de cobro a sus labores en defen-sa de los derechos humanos, de expre-sión y de asociación, son muchos en el país. Solo basta mencionar al profesor Miguel Ángel Beltrán o a los dirigen-tes agrarios Huber Ballesteros, Perly Córdoba y Miguel Ángel Bobadilla, entre cientos más.

D a v i d R a b e l o e s s e c r e t a -rio del Consejo de Directores de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y se ha destacado por su entereza y tenacidad a la hora de de-nunciar al paramilitarismo, como lo hi-zo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

David Rabelo Crespo.

A 19 años y seis meses de prisión, fueron condenados por parte

del Juzgado Sexto Especializado de Bogotá el excomandante del Batallón La Popa, Plubio Hernán Mejía; el co-ronel José Pastor Ruiz Mahecha, y los subofi ciales Aureliano Quejada y Efraín Andrade Perea, por el delito de concierto para delinquir agravado. La decisión absuelve a Nelson Javier Mora Quiñones, quien en la fecha de los he-chos se desempeñaba como teniente.

El fallo se dio luego que en juicio el fi scal 14 de Derechos Humanos pre-sentara varias declaraciones de desmo-vilizados de las Autodefensas, y entre las pruebas documentales una agen-da que le pertenecía al coronel Mejía donde aparecía registrado el número

telefónico de alias “39” comandante de las AUC, entre otros.

La investigación se da gracias a que un exofi cial del Ejército Nacional informó irregularidades que se pre-sentaron por parte de los miembros del Batallón La Popa, en Valledupar, en el periodo en que el coronel Mejía Gutiérrez fue comandante de esa uni-dad militar. El exofi cial afi rmó que a pocos días de asumir como comandan-te, el coronel Mejía se reunió en un sitio conocido como San Ángel, de-partamento del Magdalena, con Jorge Cuarenta, Hernán Giraldo Serna, alias 39 y alias Tolemaida, entre otros in-tegrantes y comandantes de las auto-defensas.

El coronel Mejía habría conformado

un grupo élite al interior del batallón de artilleros La Popa conocida con el nombre de El Zarpazo, al mando del entonces mayor José Pastor Ruiz Mahecha y Heber Hernán Gómez, en-cargados de la coordinación opera-tiva y, a partir de ese momento cada vez que el grupo accionaba regresaba con personas muertas, afi rmando que habían sido dadas de baja en combate por pertenecer, supuestamente, a gru-pos armados ilegales.

Se menciona la operación Coraza y Tormenta II, en las que los militares informaron la baja en combate de 20 integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En la primera, supuestamente dos miem-bros del grupo guerrillero entraron

clandestinamente a las instalaciones del batallón con el propósito de sustraer armamento, motivo por el cual se pre-sentó un enfrentamiento en el que re-sultaron muertos los insurgentes.

Por los resultados de esta opera-ción están acusados, en otro proceso por las conductas punibles de homici-dio en persona protegida y concierto para delinquir, el coronel y coman-dante del batallón La Popa Plubio Hernán Mejía Gutiérrez, el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha y el sargento viceprimero Aureliano Quejada, así como los soldados pro-fesionales Orlando Pava Rocha, Elkin Manuel Peralta Romero, Juan Carlos Almanza Salcedo y Deibis Solid Páez Triana.

Sentenciados cuatro militares del Batallón La Popa

Septiembre18 de 2013/12

C F *

HECHOSHECHOSCOMENTARIOSCOMENTARIOS&&

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ECONOMÍA

aniel Samper Pizano anota, con acierto, que el paro agrario permitió hacer dos grandes descubri-mientos: el primero, que el país tenía campesinos y, el segundo, que los cam-pesinos tienen poder. La inexistencia del campesinado en el imaginario de la oligarquía colombiana confrontada a la evidencia contundente de su pre-sencia en el paro agrario nacional han puesto a funcionar los cerebros de los economistas de la burguesía que recla-man, con urgencia, una política agraria y de desarrollo rural que, salvo conta-das excepciones, no estaba en su agen-da académica y política. El poder del campesinado, que surge de su capaci-dad de organización y de movilización, es contrarrestado, en forma sistemáti-ca, por la política de despojo violen-to de sus tierras, que cumple ya, en su última etapa, cerca de cincuenta años.

«El trabajo es la fuente de toda ri-queza…y la naturaleza la madre», se-ñaló Marx. Con esto quería indicar que toda producción de riqueza, además de la utilización del trabajo humano, se fundamenta en la transformación de los objetos de trabajo que brindan la tierra y el propio trabajo humano acumulado.

Esto es más evidente para la produc-ción de alimentos y de materias pri-mas agrícolas destinadas a la produc-ción industrial.

En Colombia, el uso de la tierra ha estado determinado por la existencia de un persistente y oprobioso latifun-dio improductivo, que ha implicado la utilización de las mejores tierras en una ganadería extensiva, improductiva, y ha hecho uso de formas muy atrasadas de explotación del trabajo campesino mediante fórmulas como la mediería, la producción al partir, etc., que sujetan al campesino a la tierra, sin poseerla.

El despojo

Mediante la violencia y la compra a menosprecio de predios rurales perte-necientes a campesinos empobrecidos, el capitalismo hizo su ingreso al cam-po como sistema de producción, loca-lizado en ciertos territorios con acceso a mercados, dedicado al monocultivo de algunas pocas especies y generando un proletariado agrícola que, en casos como el algodón (que ya no se culti-va), el café de las grandes haciendas, la caña de azúcar, y otros, requiere de un proletariado agrícola itinerante que vive de lo que consigue en período de cosecha, sin lograr estabilidad laboral ni las prestaciones a que tiene derecho. La crisis de los cultivos citados ha sido provocada por la misma política que, ahora, ha enfrentado a los campesinos con el gobierno. Existen, también, sec-tores de capitalismo agrario en cultivos como la palma, que se han ampliado re-cientemente con base en la expropia-ción violenta de fi ncas campesinas o de bosque natural perteneciente a las comunidades negras y en razón de su utilización para la producción de agro-combustibles. Se dan, además, núcleos de ganadería intensiva, particularmente lechera. Todo ello ha dado origen a un proletariado más estable, que ha tenido que dar grandes luchas para ejercer su derecho a la organización y al empleo debidamente remunerado.

El campesinado, por su parte, pre-senta una variopinta tipología que le da riqueza cultural e identidad propia. Su sistema de producción ha atravesado

los diversos períodos históricos, adap-tándose a ellos. Su supervivencia está ligada a su férrea vinculación a la tie-rra, a pesar de los variados desplaza-mientos de que ha sido víctima de par-te de los terratenientes y los capitales agroindustriales y transnacionales, me-diante la utilización de mecanismos co-mo los chulavitas, los paramilitares o las bandas criminales.

Justeza de las consignas

Decir, como lo han hecho diversos analistas, que el paro ha demostrado la ausencia de una política agraria es ex-cusar al sector dominante del poder de su responsabilidad en la aplicación de una política expropiadora y que bene-fi cia a los grandes capitales. La polí-tica que se concreta en los TLC, en la obligación de utilizar sólo ciertas se-millas (resolución 970 del ICA), en el monopolio en la importación de ferti-lizantes y agroquímicos, en el diseño de planes para la inversión de grandes capitales nacionales y transnacionales en la altillanura, en la debilidad del sector ambiental para evitar los efec-tos nocivos sobre la biodiversidad del país de la explotación de la tierra a ba-se de monocultivos o mediante conce-siones mineras, en la carencia de una noción de soberanía alimentaria que haga prevalecer el interés de la pobla-ción colombiana sobre los productores de otros países, ellos sí protegidos por sus respectivos gobiernos, esa política, repetimos, está en el origen de la pro-testa campesina reciente, mediante la cual el campesinado ha hecho concien-cia de su importante peso en la econo-mía colombiana y ha obligado a que el gobierno convoque a un pacto agra-rio que, en principio, aparece como un mecanismo para distraer la atención de la necesidad de un cambio a fondo de la política agraria, para lo cual las or-ganizaciones campesinas cuentan con herramientas importantes como la pro-puesta de ley de desarrollo rural de la mesa agraria nacional y toda la elabo-ración teórica y técnica que ha desa-rrollado el movimiento popular sobre la economía campesina.

*Investigador del CEIS.

Crisis agraria

La concentración de la propiedad sobre la tierra en pocas manos ha determinado un latifundio improductivo y ominoso, que se expresa en la ganadería extensiva y en la explotación del trabajo campesino

Colombia-VenezuelaSe dinamiza comercio

Este jueves a través de una transmisión por radio y televi-sión, el presidente venezola-no Nicolás Maduro, confi rmó que Colombia exportará hacia Venezuela US$600 millones en productos alimenticios y de aseo entre otros.

El presidente Nicolás Maduro reveló este jueves, que el pasado miércoles, en una llamada telefónica que mantu-vo con Juan Manuel Santos, hablaron de hacer efectivos los acuerdos a los que habían llegado durante el encuentro que ambos tuvieron en el mes de julio en Puerto Ayacucho, Venezuela.

El fi n de esta llamada tele-fónica concluyó en restablecer el comercio entre los dos países con la compra que Venezuela hace a Colombia. Dentro de la negociación se encuentran pro-ductos esenciales como leche, azúcar, mantequilla y hasta pa-pel higiénico.

Se espera que para la próxi-ma semana lleguen al país ve-cino los productos colombia-nos comprados por la suma de US$600 millones que “abaste-cerán una poderosa reserva de tres meses que Venezuela de-be consolidar”, según lo señaló Maduro en su discurso.

Asimismo, el mandatario agregó, “Ni yo me meto allá, ni nadie se mete aquí y las co-sas funcionan. Coexistencia de buenos vecinos. Además en el caso de Colombia, coexistencia de hermanos”. Con esto, hizo referencia a que no espera que Santos se vuelva Bolivariano ni Chavista, y que tampoco él se va a convertir en capitalista. Solo era una negociación armo-niosa entre “dos países con dos sistemas”. (Confi dencial.com)

Plantón por campesinos

El día 13 de septiembre, un grupo de colombianos residen-tes en Irlanda y personas so-lidarias con las demandas del movimiento campesino, rea-lizaron un plantón frente a la sede de la Unión Europea en Dublín. En total, alrededor de medio centenar de personas estuvieron en el plantón, mu-jeres, hombres, jóvenes, ma-yores y niños. Se sintió solida-ridad con el movimiento cam-pesino en Colombia y sus justas demandas, a la vez que el re-pudio a la violencia con que el gobierno de Juan Manuel Santos ha enfrentado la crisis del agro. Los manifestantes pu-sieron la alerta ante la inminen-te implementación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia. La respuesta del público a nues-tro plantón fue muy positiva. Tuvimos la oportunidad de conversar con los transeúntes y dar a conocer la realidad co-lombiana.

Economía política del paro

Septiembre18 de 2013/13

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INTERNACIONAL

El pasado lunes 16 de

septiembre, concluyeron los ejercicios navales de la denominada Operación Unitas, sobre la costa caribe colom-biana, entre Cartagena y Coveñas, con participación de fuerzas navales de 16 países, y la coordinación de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN y de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América.

En los ejercicios navales, en su ver-sión 54, tomaron parte 1.800 marinos, a bordo de 17 buques de guerra, 16 aero-naves y varios submarinos. Es la segun-da vez en que la Armada Colombiana sirve de anfi trión a estos operativos, tendientes a realizar entrenamientos defensivos/ofensivos que le permiten a Centro y Sur América convertirse en una sola fuerza, en eventuales opera-ciones para combatir el ‘terrorismo’, la proliferación de armas de destruc-ción masiva, el narcotráfi co, para aten-der desastres o enfrentar manifestacio-nes de piratería y contrabando. Que en todo caso llevan al concepto de la ci-berdefensa.

Este es el aspecto formal de la ope-ración Unitas, o al menos, la versión que entregan las ofi cinas de prensa de las respectivas armadas. La verdad es que tales prácticas militares tienen, además, otros objetivos no confesados.

No se dice mucho de que en los ejercicios de este año, participan al menos tres países miembros de la OTAN (Estados Unidos, Alemania y Reino Unido) y se pone en movi-miento una doctrina militar cuidado-samente diseñada por el Pentágono y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Matices

Aunque se trata de unas maniobras que se realizan anualmente desde ha-ce más de medio siglo, a partir de los tiempos de la ‘guerra fría’ y de las cam-pañas antisoviéticas y anticomunis-tas para contrarrestar la infl uencia del

campo socialista mundial y de su ex-presión militar, el Tratado de Varsovia, los ejercicios de este año se realizan en un contexto particular que vale la pe-na examinar.

El primero y más importante y que causa no poca preocupación entre las naciones miembros de Unasur, del Mercosur, de la Celac y de otras ex-presiones de cooperación regional en América Latina, es que son los prime-ros ejercicios navales que se realizan después de que Colombia anunciara su intención de vincularse como coo-perante, a la OTAN.

Y esta cooperación se produce des-pués de que en una cumbre de la alian-za militar atlántica, en Lisboa, en el año 2010, se aprueban una serie de docu-mentos de trabajo denominados “con-cepto estratégico 2010”, en los que se consigna que en su nueva línea de ac-ción “la OTAN busca ampliar su cír-culo de amigos” para poder afrontar los retos globales. Ya sabemos, por denun-cias anteriores, que esos retos han sido la posibilidad de mantener su interven-ción militar en Irak, Afganistán y otros países y ahora prepararse para invadir a Siria y apoderarse de sus riquísimos recursos naturales, para benefi cio de las grandes transnacionales occidentales.

En Afganistán, en estos momentos, la OTAN mantiene una fuerza de cua-tro mil soldados pertenecientes a fuer-zas militares de 22 países no miembros de esa organización, lo que represen-ta para la alianza noratlántica mayor aceptación, legitimidad y efectividad de operaciones en una estrategia que en últimas está diseñada por Washington para mantener su área de infl uencia en la región. Y es precisamente esa polí-tica intervencionista, la que ahora de-fi ende Colombia con sus acuerdos de cooperación con la OTAN.

Riesgo para la paz

Es este nuevo nivel de cooperación militar el que preocupa a los gobier-nos progresistas y democráticos de la región. Precisamente, el ministro de Defensa boliviano, Rubén Saavedra, declaró hace poco: “Cualquier forma de

presencia de la OTAN en Sudamérica o en Latinoamérica, ya implica un riesgo para la paz de la región. Esta presencia también implica desestabilización de la misma región, un riesgo inminente de la paz que gozamos”.

Para ser francos, no se trata sólo de las operaciones por cuenta de la OTAN las que amenazan el continente. Hay de por medio además el remozamien-to de la estrategia intervencionista nor-teamericana en forma más desenfada-da, la proliferación de bases militares y en general, el rearme de la región, po-lítica que ambienta una nueva escala-da intervencionista, ya comentada por este semanario.

Este panorama ha sido objeto de discusión por los jefes de estado y co-mandantes de las fuerzas armadas de los países democráticos de la zona, que han comenzado a hablar de que llegó la hora de rediseñar una nueva doctri-na militar, patriótica, independiente y no hegemónica, para latinoamérica.

En la primera semana de septiem-bre, delegados militares de Argentina, Brasil y Ecuador, todos miembros de Unasur, decidieron avanzar en el dise-ño de la primera Escuela Sudamericana de Defensa, Esude, un centro de forma-ción en seguridad, concebida con el ob-jetivo de “convertir a la región en una zona de paz”.

Visiones caducas

Otros miembros de Unasur coinci-den además en la necesidad de contar con “un organismo de educación su-perior y de postgrado, para preparar en doctrina e identidad regional a civiles y militares, y así evitar injerencias de otros países o zonas geopolíticas”, tal como ha ocurrido en épocas anteriores.

Así lo desatacó la Agencia de Noticias del Ecuador y Suramérica, Andes, quien precisó que en la reunión de septiembre se elaboró ya un primer documento de trabajo para constituir la Esude.

El ministerio de Defensa del Ecuador declaró, según la agencia noticiosa, que la idea del proyecto es “eliminar las vi-siones caducas con que se formaban

nuestros militares, con manuales y pro-gramas impuestos desde países hegemó-nicos. El objetivo es iniciar desde cero y plantearse una doctrina de defensa, sin partir de la premisa de países enfrenta-dos. De ahí que es importante defi nir el rol del militar, al asumir competencias de prevención, control fronterizo o aten-ción de emergencias.

Se ve, pues, claramente, que en América Latina hay preocupación ge-neralizada en cuanto a la necesidad de buscar sinergias para la integración económica y regional y que este asun-to planeta diversos interrogantes. Uno de ellos es el uso de las fuerzas milita-res para el siglo XXI, en una América Latina cada vez más unida y que esgri-me una vocación de paz.

Disyuntiva

En este escenario de discusión se dan al menos dos grandes vertientes de pensamiento. Una mayoritaria, lide-rada por los países del Alba y Unasur, que plantean la necesidad de una nue-va doctrina militar para la paz, y otra, que responde al viejo modelo inter-vencionista norteamericano, interesa-do en alentar confl ictos regionales y profundizar el proceso de militariza-ción en la región.

En este escenario, resulta por cierto paradójico, como lo informó el matuti-no El Tiempo, en edición del pasado 6 de septiembre, que Colombia presidirá por un año el Consejo de Suramericano de Defensa de Unasur. Aquí vemos a la Casa de Nariño prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo.

¿Qué diablos hace Colombia pre-sidiendo el consejo de seguridad de Unasur? Un país que ha reconocido sus simpatías con la OTAN y la política in-tervencionista de los Estados Unidos. También es hora de que Colombia, en época de postconfl icto, como lo anun-cia el presidente Santos, defi na el tipo de doctrina militar que habrá de asumir para el milenio. Si la política de paz y cooperación pacífi ca, de respeto a los derechos fundamentales de los nacio-nales, o la política de la confrontación y de la guerra.

Operación ‘Unitas’ en el mar Caribe

¿Qué doctrina militar defendemos?

Se realizaron ejercicios militares navales en costas colombianas, bajo la orientación de la OTAN y la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Colombia preside Consejo de Seguridad de Unasur. Dos concepciones militares contrapuestas

Operación Unitas 54, en pleno desarrollo. Buques de bandera norteamericana en Costas colombianas.

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N T H

HOLA JUVENTUD

“Solidaridad”, fue la pa-labra que se escuchó al unísono entre los jóve-nes visitantes. Una ex-presión conjunta de so-

lidaridad hacia el movimiento estu-diantil colombiano y su lucha por el proceso de construcción de una ley alternativa de educación. Así culmi-nó la semana pasada en Bogotá la cumbre del secretariado general de la OCLAE, que reunió a delegacio-nes de Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Con una agenda de varias ponen-cias que giraron en torno al común denominador de la situación de la educación en cada uno de los países en Latinoamérica, las propuestas de las distintas federaciones y organiza-ciones apuntaron hacia una dirección de lograr como objetivo continental la consolidación de una educación pública, gratuita y de calidad, que se garantice el acceso a la educación se-cundaria y superior a los jóvenes de todos los niveles sociales.

Durante las mesas de discusión, se plantearon problemáticas locales como el défi cit de las universidades públicas, el sistema de fi nanciación de carreras universitarias por medio de créditos del Icetex, que condena a los estudiantes a pagar una deuda que supera su capacidad económica y les cobra intereses de usura. En ese senti-do, comparando las exigencias de los demás países participantes, se presen-tó la campaña “Educación no es mer-cancía”, que tiene como propósito la reivindicación de este derecho social, que se ha convertido en la mayoría de países en un bien de consumo, pero además una educación para liberar y no para obedecer.

Además de los espacios acadé-micos, tuvo lugar en la noche del 11 de septiembre, en el marco de la lla-mada “Semana por la educación su-perior y la paz”, una marcha de an-torchas que salió desde la Plaza del Ché en la Universidad Nacional y re-corrió de manera pacífi ca la calle 45. En esta experiencia que acompañó la presentación de la ley alternativa de educación superior, por parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, se compartieron cantos y clamores. Como expresó Mateus Fiorentini, de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil, “me conmovió profundamente aquel de ‘Por nues-tros muertos, ni un minuto de silen-cio, toda una vida de combate’”.

No sólo se habló de educación en la cumbre. También se manifes-tó un apoyo de todas las organiza-ciones al paro agrario y campesino de Colombia, así como también a las iniciativas juveniles que se llevarán a

la mesa de negociación de la paz, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana. Cada uno de los ponentes reiteró su solidaridad con el pro-ceso de paz y la necesidad de que Colombia alcance una paz con justicia social.

En la clausura, que tu-vo lugar en el auditorio de Ciencias Económicas de la UNAL, se hizo una mues-tra de respaldo de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil a la MANE, al ha-cerles entrega de la bande-ra de la organización. Acto seguido, se llamó a cada uno de los representantes para invitarlos a ponerse de pie y agradecer su pre-sencia en Colombia.

VOZ quiso conocer las opiniones de algunos de los líderes estudiantiles latinoamericanos sobre su experiencia en Colombia:

“Estamos contentos porque la MANE ha cons-truido una propuesta con-tundente y están tratando de proyectar esta lucha hacia el continente, como nosotros en Argentina, donde también estamos peleando por sostener la educación pública y gra-tuita”. Emilio Cornaglia (Argentina).

“Nos llevamos una muy buena impresión de este movimiento estudian-til, nos hace pensar que es-tamos apuntando en la di-rección correcta, tenemos claridad respecto a la pro-blemática en la educación y la problemática de la te-rrible desigualdad social provocada por el sistema neoliberal”. Javier Sáez (Chile).

“Nosotros estamos muy felices realmente de haber venido y des-de nuestros propios ojos ver la ex-periencia importante del movimien-to estudiantil colombiano. Sin duda, una de las cosas que rescatamos es la unidad que han logrado a través de la MANE y que tengan un proceso de una construcción de una ley”. Luis Aguirre (Ecuador).

“Estoy totalmente impresiona-do del proceso de lucha que se está llevando a cabo aquí en Colombia. Nunca había visto una marcha tan enorme, tan llena de estudiantes, tan combativa. Me sirve mucho la experiencia para seguir avivando

Latinoamérica se une por un sistema gratuito de calidad

Educación no es mercancía

Bogotá fue el centro de reunión de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, OCLAE, y VOZ se hizo presente en este encuentro

Líderes estudiantiles de la OCLAE marcharon en Bogotá. Foto MPE Argentina.

Clausura de la cumbre de la OCLAE. Foto Emilio Cornaglia.

el movimiento allá en Puerto Rico, que está un poco apagado”. Rafael González (Puerto Rico).

“Salimos de aquí muy contentos con esta experiencia, es algo que nos va a motivar muchísimo en Brasil y quisiéramos felicitar a la MANE, co-mo un espacio para unir a los estu-diantes colombianos en su lucha por democracia, por paz con justicia so-cial, el fi n de las desigualdades y por una educación pública gratuita y de calidad”. Mateus Fiorentini (Brasil).

“Me llevaría para Cuba el mayor compromiso, me voy mucho más

comprometida con defender lo que tenemos hasta ahora los estudiantes universitarios cubanos, más que de-fenderlo, hacerlo preceder para las futuras generaciones, nuestros hi-jos y nuestros nietos”. Nirsa García (Cuba).

“Para mí es una experiencia real-mente impresionante, ya que es muy diferente a la realidad de nuestro país, ya que se ve bastante el esfuerzo y la lucha que ellos hacen para tener una educación libre, gratuita y que tenga acceso para todo el mundo”. Yurianny Escobar (Venezuela).

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Clavos Calientes

JAQUE MATE

“El tratado con Nicaragua debe hacerse con los raizales”.

Greg Huffi ngton, líder raizal de Providencia en entrevista con la

revista Semana.

No pudieron los avivatos

El llamado V Congreso de la Unión Patriótica que unos aviva-tos en el afán de hacerse a la perso-nería jurídica recién devuelta por decisión del Consejo de Estado, habían convocado para el fi n de la semana pasada, resultó un fi asco, porque no llegaron sino unas po-cas personas. No despertó el en-tusiasmo de los familiares de las víctimas ni de los sobrevivientes, que se aprestan a participar en el V Congreso de noviembre del pre-sente año, convocado por la direc-ción legítima que encabezan Aída Abella, Ómer Calderón, Felipe Santos y Jahel Quiroga, entre otros dirigentes.

¿Qué hacer con la policía?

¿Qué hacer con la policía? Es la pregunta que se hacen varios aseso-res del círculo más cercano al pre-sidente en la Casa de Nariño. Son demasiados los escándalos y las reacciones en el país a los desafue-ros del Esmad y los actos de corrup-ción en todos los niveles. La violen-cia policial en las movilizaciones durante el paro agrario y popular dejó una docena de muertos y va-rios heridos, mientras que la masa-cre del pasado domingo 14 de sep-tiembre en el sur de Bogotá, justi-fi cada por los generales Palomino y Martínez, dejó un mal sabor en el alto Gobierno.

Amenazas de Los Rastrojos

“Los Rastrojos” banda parami-litar que gana presencia geográfi -ca en el país, está amenazando a diestra y siniestra en muchas ciu-dades, a través de panfl etos que

hace llegar a sedes sindicales y po-líticas. La más reciente se cono-ció en Bogotá y va dirigida con-tra Marcha Patriótica, en particu-lar a varios de sus dirigentes como Piedad Córdoba, Andrés Gil y Javier Cuadros, además de la sena-dora Gloria Inés Ramírez, Alfonso Castillo y Carlos Arturo García, en-tre otros. El Gobierno insiste en que “Los Rastrojos” no es una banda paramilitar sino una Bacrim, aun-que con evidentes nexos con “Don Berna” y sus herederos en Medellín y el Valle del Aburrá.

Experto en encuestas

Tomás González, ex viceminis-tro y asesor del presidente Santos, se retira de las toldas guberna-mentales y se une al equipo de la Fundación Buen Gobierno, para tra-bajar en función de la reelección de Juan Manuel Santos de capa caída en las encuestas. Como González es experto en encuestas, la campa-ña reeleccionista aspira a que haga el milagro de recuperar la imagen del presidente, tan baja después del errático manejo del paro agrario y popular.

La MIA insatisfecha

Los campesinos agrupados en la MIA han expresado la inconformi-dad con el Gobierno Nacional, por-que después del acuerdo con el vi-cepresidente Angelino Garzón y los gobernadores en Popayán, cumplie-ron con el levantamiento de los blo-queos como lo constató Naciones Unidas. Pero el Gobierno no ha cumplido en formalizar la mesa de diálogo. Si no hay pronta resolución vuelven los bloqueos, dijeron al co-menzar la semana.

Con la presencia del director de VOZ, Carlos A. Lozano Guillén, se realizó el Festival de VOZ en la ciudad de Pereira, el pasado sábado 14 de septiembre. Dirigentes

sindicales, activistas populares, militantes del Partido Comunista, la JUCO y Marcha Patriótica, se congregaron en el parque de La Victoria, durante todo el día en medio de alegría y fervor popular. Hubo un desfi le artístico con música y danzas, además de casetas en donde vendían exquisitos platos de comida y artesanías. A pe-sar de la amenaza de lluvia, después del mediodía, la gente se aglo-meró en torno al hermoso espectáculo cultural. Intervinieron Carlos Lozano, director de VOZ y Ruth Alba García, Secretaria general del Partido Comunista en Risaralda. En la foto la presentación del gru-po de danzas de Río Sucio. Foto C.L.

En Pereira

Colorido Colorido en Festival de VOZen Festival de VOZ

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LA VERDAD DEL PUEBLO

En su congreso anual el con-greso nacional de sindicatos de Gran Bretaña, la TUC, ha

aprobado una resolución de emergen-cia con motivo de la detención bajo ‘cargos falsos’ del sindicalista agrario Huber Ballesteros de FENSUAGRO (Colombia). La resolución, promovi-da por la campaña de derechos huma-nos Justice for Colombia, escuchó una moción de rechazo de la detención del señor Ballesteros por Lesley Mercer, la presidenta de la TUC durante su dis-curso de apertura del congreso. En la

LIBERTAD PARA HUBER BALLESTEROS, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, vicepresidente de

FENSUAGRO y directivo de Marcha Patriótica

COMUNICADOBournemouth, Gran Bretaña, 9 de septiembre 2013

Congreso Sindical de Gran Bretaña aprueba llamado por la liberación del preso político colombiano, HUBER BALLESTEROS

resolución el sindicalismo británico nota que la detención tiene motivos políticos, y está dirigida a ‘debilitar la acción indus-trial’. En seguida la TUC se comprometió a continuar en su apoyo al trabajo del sin-dicato FENSUAGRO, la CUT, y Marcha Patriótica, y a luchar por la liberación de Huber Ballesteros. En la clausura del con-greso se terminó con un acto de solidari-dad con Huber Ballesteros. Más de 600 delegados levantaron pancartas exigiendo la liberación de Huber Ballesteros y fo-tos del sindicalista encarcelado. El miér-coles en la mañana el congreso mescuchó

un mensaje de Huber Ballesteros, en reemplazo del discurso que debía ha-ber entregado como invitado ofi cial de la TUC.

La TUC es la central única de traba-jadores de Gran Bretaña, con más de seis millones de trabajadores afi liados a través de sus sindicatos miembros. El congreso anual es ampliamente cubier-to por los medios británicos.

Para más información contactar:MARIELA KOHON, Directora de

Justice for Colombia, Londres+44 7787 821 410.

Los delegados al Congreso de la Central de Trabajadores de Gran Bretaña, en pleno demandaron la libertad inmediata del dirigente agrario colombiano Huber Ballesteros. Foto JFC.