$2.000Edición 2705 Semana del 11 al 17 de septiembre de 2013 - Circula los miércoles - Licencia Nº 002367 del Ministerio de Gobierno

www.semanariovoz.com

LA VERDAD DEL PUEBLO

El pasado lunes 9 de septiembre, comenzó otra ronda de las conversaciones de paz en La Habana. Un año después hay evidentes avances, pero también signos contradictorios en los diálogos de paz. A fi nales de este mes se realizará el foro sobre narcotráfi co y cultivos ilícitos. El gobierno quiere imponer, sin acuerdo con la contraparte, el llamado marco jurídico para la paz y el referendo constitucional. Las FARC exigen respeto a la bilateralidad y al Acuerdo General para la terminación del confl icto y la construcción de la paz estable y duradera.

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Pese a la represión ofi cial

Se impone el diálogo

Después de rechazar cualquier posibilidad de diálogo y solución democrática con la MIA en representación de los campesinos y participantes en el paro nacional

agrario y popular, el gobierno nacional, presionado por la acción de masas, tuvo que acceder

al acuerdo concertado en la reunión de Popayán con la presencia del vicepresidente Angelino Garzón, de gobernadores, la Iglesia y las Naciones Unidas. Los garantes vigilarán que el gobierno no le ponga conejo a las aspiraciones de los campesinos.

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Estados Unidos

Sin consenso para la guerraBarak Obama, presidente de los Estados Unidos, no ha logrado el apoyo de la mayoría de sus aliados para atacar a Siria. El parlamento británico no aprobó la solicitud del primer ministro Camerun para entrar en la guerra, las Naciones Unidas dicen que no hay certeza de la existencia de armas

químicas. La Casa Blanca insiste en la agresión, que puede darse en cualquier momento. Es un acto de gran potencia y de desconocimiento al orden internacional.

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Mesa de La Habana

Un año después…

Foto Juan Carlos Hurtado.

Septiembre11 de 2013/2

Carta

s

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos -Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernán Camacho - Hernando López - Nelson Lombana Silva - Ana Elsa Rojas - Wil-frido Jiménez - Hernán Durango - Felipe Valencia - ADMINISTRADORA: María del Carmen Garavito. DIAGRAMACION: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Ca-larcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural E-Mail: semanariovoz@etb.net.co Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVI. Distribución vía Avianca.

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D

VISIÓN

Agro dignoEl agro colombiano en toda la historia del país, ha sido el gremio más desamparado y maltratado por las diferentes políticas del gobierno de turno, que nunca han reconocido los grandes esfuerzos y sacri-fi cios del campesinado colombiano; héroe del trabajo y de la producción alimentaria. Ruina económica y sangre derramada han sido las variables impuestas al campesi-nado. Los convenios destructores como la “Apertura Económica”, los “Tratados de Libre Comercio”, que de libre nada tienen, se convierten en monopolios que destro-zan la columna vertebral de la economía campesina, sometiendo sus productos a pérdida. Antes de implementar la horren-da política neoliberal y llevarla al campo han debido estructurar políticas benefi -ciosas y sostenibles. Políticas como Agro Ingreso Seguro (AIS), entrega de baldíos a multimillonarios, despojos violentos, entre otros, obligan a la indignación y al repudio nacional. Factores como el alto costo de abonos, agroquímicos, importa-ciones, transporte, cadena de intermedia-rios, contrabando e impuestos pauperizan

las familias campesinas. Omar León Muriel Arango (vía Internet).

Sicarios encapuchadosLos sicarios encapuchados sí existen. Son los escuadrones de la muerte del régimen fascista de Santos, escuadrones de ca-misas negras hitlerianos conocidos como ESMAD. Con el rostro cubierto por cas-cos oscuros han asesinado campesinos, mineros, jóvenes, es decir, población civil. Y sus testaferros en los medios priva-dos de manipulación (autodenominados “de comunicación”) difunden imágenes que muestran a los sicarios del ESMAD como si fueran las víctimas. La mezcla del TLC + ESMAD + FUERZAS MILITARES + FUERZAS PARAMILITARES = barbarie capitalista contra Colombia y contra las y los colombianos. Es decir, locomotoras fascistas. Claudio Rico (vía Internet).

Macartismo ordinarioLo que hizo Santos al señalar a Marcha Patriótica de ser responsable de los actos violentos que originó el ESMAD en Bogotá y en otros puntos geográfi cos del país,

se llama macartismo ordinario. ¿Cómo puede un presidente ser tan irresponsa-ble? Afortunadamente Carlos Lozano los puso en su lugar, escuché sus declaracio-nes radiales muy directas, sin temores, ni escondiendo la franqueza. Marcha Patrió-tica sigue adelante, al frente de las luchas sociales y populares. Duélale a quien le duela. Guillermo Rivas (vía internet).

Contradicciones en la curiaEl papel de monseñor Luis Augusto Cas-tro en Tunja tratando de encontrar ca-minos democráticos de solución al paro agrario, fue bien distinto al del cardenal Rubén Salazar, quien se unió al coro del Gobierno Nacional contra los manifestan-tes, buscando chivos expiatorios a quie-nes responsabilizar de la inconformidad social. Salazar es heredero de Rubiano, monseñor Castro se presenta con inde-pendencia del poder, con autonomía para expresar sus juicios y críticas respecto de las políticas del Gobierno. La Iglesia no puede estar al servicio de los ricos, así lo enseñó Cristo. Magdalena Ramí-rez (vía Internet).

os noticias marcan la temperatura de los corrillos deporti-vos nacionales e internacionales. El campeonato del mundo en patinaje y que luego de 16 años y tres campeo-natos mundiales, Colombia se sitúa en-tre las mejores 32 selecciones del mun-do fútbolero.

Para los colombianos amantes del fútbol, la espera se acabó: Brasil 2014 es una realidad. Una nueva manera de ver el fútbol junto a una camada bri-llante de profesionales, pueden ser los insumos que se entremezclaron pa-ra ver al país entusiasta por asistir por quinta vez a la cita más importante del fútbol mundial.

Colombia divide emociones. Por un lado la efervescencia del pueblo y sus reclamaciones pone a marchar al país

por cambios sociales y por otro la eter-na fi ebre de fútbol propia de nuestra idiosincrasia, extrovertida y retrechera con el deporte rey, a veces secuestra-do por nubarrones de la dictadura del marketing, el consumo y la manipula-ción. Pero el fútbol de potrero y la pa-sión por la selección “no se mancha”, dice Maradona.

Desde el año 2001 se viene gestan-do este triunfo: sudamericanos de ca-tegorías sub-17, sub-20, Copa Mundial

Colombia con tiquete a Brasil 2014

Una generación de victoriasEjemplos de tenacidad, disciplina y trabajo son los responsables de los triunfos de los colombianos en fútbol y patinaje

de Fútbol Juvenil de la FIFA en Países Bajos año 2005; fueron las primeras competencias de la inmensa mayoría de jugadores colombianos que están militando en la selección mayor. Esa generación se graduó con honores: al-tísima calidad técnica y humana. Y en aquellos momentos hacían presagiar victorias futuras.

Más allá de si se jugó bien contra la selección de Ecuador y su similar de Uruguay, la llegada en enero del pasa-do año del argentino José Pékerman, director técnico, campeón del mundo, cambió el chip, impuso un estilo de jue-go distinto, un acertado sistema tácti-co y trajo consigo una nueva forma de trabajo: planifi cado, trazando objetivos a mediano y largo plazo, planes prepa-ratorios para enfrentar a cada rival y el conocimiento a fondo de las capacida-des físicas y técnicas de los nuestros. Un trabajo moderno a tener en cuenta para futuras generaciones.

Cuando sonaba el nombre de un ex-tranjero para el cargo de seleccionador nacional, uno de los más respetables del país, se abrió el debate ¿Quién de-be liderar la bandera del fútbol nacio-nal? Hasta ahora ese dilema está zanja-do en favor del foráneo. Pero contario a lo que pasa con el fútbol, el patina-je del cual somos potencia internacio-nal, sus mentores son técnicos criollo.

Lo que comparten en común las ge-neraciones ganadoras como la selec-ción colombiana en fútbol y el equipo campeón del mundo en patinaje, son los procesos profesionales de planifi -cación, educación, formación y compe-tencia de alta complejidad, más el plus: una camada de deportistas que se acos-tumbraron a ganar, colgarse medallas y no solo conformarse con participar.

Lo que sigue es masifi car los triun-fos; convertir en espejo los procesos de formación deportivos de las generacio-nes ganadoras, nunca traicionar la mís-tica que lleva todo colombiano que se divierte y sueña en cada cancha o po-trero con un balón, como sucedió ha-ce dos meses en el Catatumbo, que en medio del paro, rodeado de militares y policiales bajo helicópteros y presión militar el campesinado sacaba un rato para hacer toques, gambetas y goles. “Ese sí es el fútbol”.

James Rodríguez. futbolista colombiano.

Septiembre11 de 2013/3TEMA DE LA SEMANA

H L

El 26 de agosto de

2012 fue fi rmado en La Habana, Cuba, el “Acuerdo General para la termina-ción del confl icto y la construcción de una paz estable y duradera” entre los representantes del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, dado a conocer el 7 de sep-tiembre del mismo año; el 18 de oc-tubre de 2012, en Osolo, Noruega, se instaló la mesa de diálogo y un mes después, el 19 de noviembre, comen-zaron las conversaciones de paz en La Habana, con el respaldo nacional e in-ternacional. Solo las fuerzas oscuras de la reacción y de la extrema derecha se opusieron al acontecimiento his-tórico, casi que ignorado por la Casa Blanca, cuyo vocero hizo una tímida e inocua mención del suceso nacional y mundial.

Fue un largo recorrido a través de la “fase exploratoria”, colmada de vi-cisitudes y tropiezos, el peor de ellos la muerte del comandante Alfonso Cano, quien era el interlocutor del presidente Santos en las aproximaciones que con-ducirían a abrir la puerta en la búsque-da de la paz, hecho que puso a prueba la voluntad de paz de la insurgencia.

El resultado de esta primera etapa fue el “Acuerdo General para la termi-nación del confl icto y la construcción de una paz estable y duradera”, docu-mento medular que guía los diálogos y que por su contenido es la hoja de ru-ta para llegar al punto culminante: paz con justicia social. El Acuerdo inclu-ye el preámbulo que defi ne la existen-cia del confl icto y su naturaleza políti-ca y social y, por ende, esclarece que la “construcción de la paz es asunto de toda la sociedad” porque implica, en-tre otros cosas, el fortalecimiento de la democracia, mayor equidad social y la protección de los derechos humanos, causas del confl icto. Contiene también la agenda de seis puntos y las reglas de funcionamiento que terminan con la máxima de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Son los tres componentes del Acuerdo General con fuerza vinculante. Partes de la inte-gralidad, que debe ser acatada.

Importantes avances

El 19 de noviembre del año pasa-do comenzaron los diálogos de paz, en el Centro de Convenciones de La

Habana, Cuba, centrados en forma ex-clusiva en la agenda contenida en el Acuerdo General. Por primera vez, un intento de solución política dialogada con las FARC comenzaba por el dere-cho, en los temas de fondo que origi-naron el confl icto.

Nunca la oligarquía colombiana ha-bía aceptado discutir los cambios polí-ticos, económicos y sociales con la in-surgencia, en el entendido que fueron las causas del confl icto armado. Fue posible, quizás, porque ocho años des-pués de la “seguridad democrática” y de la aguda confrontación armada, fra-casó la vía militar, porque a pesar de los tantos anuncios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de que aplastaría a la gue-rrilla de las FARC, nunca lo logró.

A pesar de que el gobierno de Santos cree que está sentado con una guerrilla derrotada y que será fácil so-meterla en la mesa de diálogo con dá-divas efímeras y superfi ciales, no lo-gró esquivar la agenda sociopolítica que está en pleno desarrollo aunque en medio de evidentes contradicciones en-tre las partes.

Sin embargo, tanto Humberto de la Calle Lombana como Iván Márquez, principales voceros de las dos partes, han reconocido que nunca se avan-zó tanto en un proceso de paz con las FARC-EP. Los resultados están a la vista: acuerdo parcial sobre el primer punto: “política de desarrollo agrario integral”; foros de política agraria y participación política ya realizados, y en este mes sobre el narcotráfi co y los cultivos ilícitos, debate sobre la parti-cipación ciudadana, estatuto de la opo-sición, fortalecimiento de la demo-cracia, víctimas y mecanismos de re-frendación. Es una vasta temática que desborda los dos puntos hasta ahora desarrollados. Por la mesa han pasado expertos economistas y politólogos y son múltiples las reuniones de las dos delegaciones por aparte con expertos nacionales e internacionales sobre los puntos de la agenda.

La equivocación del Gobierno

A pesar de los avances existen preocupaciones e inquietudes por las continuas equivocaciones del Gobierno Nacional que viola el Acuerdo General de forma flagrante, acudiendo co-mo suele hacerlo al autoritarismo y a las imposiciones, negando el carácter

bilateral del diálogo. Son las dos par-tes las que producen los acuerdos y no la decisión unilateral del presiden-te Santos.

Las FARC no se han tragado el sa-po del “marco jurídico para la paz” y de la “Ley Estatutaria del referendo”, presentados a discusión del Congreso, aprobado el primero y en curso el se-gundo, con la pretensión de convertir-los en “instrumentos de paz” sin contar con la decisión de la guerrilla. Son te-mas que están incluidos en el Acuerdo General y parte de la agenda, que el Gobierno quiere resolver a su manera y a las patadas para doblegar a la in-surgencia.

La delegación de paz de las FARC-EP, declaró sobre el referen-do lo siguiente: “El proyecto de Ley Estatutaria sobre un posible referen-do que por iniciativa unilateral del go-bierno se debate hoy en el Congreso, por más que se le vincule con el propó-sito de paz no logra escapar a la sos-pecha de su utilización electoral. Se le sube el volumen a los parlantes que le otorgan falsas bondades para ocul-tar la gravedad de la crisis social que estremece a Colombia, al tiempo que con sus argumentos de que se trata de una solución del confl icto incluye la imposición de un esquema de someti-miento de la insurgencia, exonerando al Estado de sus inocultables respon-sabilidades que tiene como generador del confl icto y victimario”.

Pero es más, el Gobierno al some-ter a discusión del Congreso el refe-rendo inconsulto con la contraparte en La Habana, pone en duda su viabili-dad, porque dice que de pronto no re-sulta. Lo anota Timoleón Jiménez, co-mandante de las FARC-EP: “¿Puede un gobierno poner en funcionamiento la máquina estatal entera, involucrar los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con carácter de urgencia, a fi n de obtener una ley que le permita ejecutar algo que él mismo admite que es probable que no se dé?” Son las im-provisaciones y contradicciones del go-bierno de Santos, que da la sensación de transitar sin brújula y en medio de enormes equivocaciones.

Los tiempos fatales

Un obstáculo que amenaza la es-tabilidad de la mesa son los tiem-pos fatales gubernamentales. Para

el presidente Santos la fecha lími-te es noviembre y si no hay acuer-do “nos levantamos” dice una y otra vez. Flagrante violación del Acuerdo General porque este no prevé tiempo fi jo. Menciona es el “tiempo razona-ble”, que no es eterno pero sí el estric-tamente indispensable para concretar la paz con justicia social. No hace alu-sión a la posibilidad de que una de las partes se levante de la mesa. Consigna es la necesidad de agilizar la mesa so-bre la base de balances periódicos no para la ruptura como amenaza la parte ofi cial sino para imprimirle dinamis-mo a la discusión.

El Gobierno está acosado por la reelección. La paz es rehén de la ambi-ción de Santos y sus áulicos. La inten-ción es la “paz exprés”, denunciada por Iván Márquez en Oslo, que atormenta al Gobierno Nacional, en la idea equi-vocada de que está frente a una guerri-lla derrotada, a que la agenda es para resolver asuntos de gobernabilidad y la llamada desmovilización guerrillera con la “entrega” de las armas. Sin im-portar que en la propia agenda se utilice el concepto de “dejación” de las armas. Es la paz romana sobre la base de dádi-vas para lograr la rendición. Otra forma de violar el Acuerdo General orienta-do es hacia la superación de las causas sempiternas y recientes del confl icto.

La Mesa de La Habana se encon-tró con el clima de inconformidad so-cial que dio lugar a la mayor movili-zación agraria y popular de los últi-mos tiempos. En buena medida por la deuda histórica del régimen colom-biano con el campo, las consecuencias de los Tratados de Libre Comercio y porque el debate de La Habana sacó a la superfi cie viejos y nuevos proble-mas del campo y la ciudad, plantea-dos desde la participación ciudadana. El Gobierno acudió al doble juego de ofrecer diálogo con los protestantes y ejercer violencia y represión contra la movilización del pueblo embraveci-do. Responsabilizó a las FARC y a la Marcha Patriótica dejando la sensación que su opción de paz es débil y medio-cre. Lo dijo Angelino Garzón en frase casi lapidaria: “Si no resolvemos los bloqueos y las movilizaciones se aca-ba lo de La Habana”.

Un año después queda mucho ca-mino que recorrer y bastante que rec-tifi car. El Gobierno debe tomar las de-cisiones necesarias.

El Acuerdo General y la Mesa de La Habana

Un año después…¿Cómo están los diálogos de paz después de un año de aprobado el Acuerdo General para la terminación del confl icto y la construcción de una paz estable y duradera y de la instalación de la Mesa de La Habana?

Delegados de las FARC-EP en los diálogos de La Habana. Interviene Andrés París ante la prensa.

Septiembre11 de 2013/4CAMPO

M

TALLER DE REALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICATodos los martes a partir 27 de agosto de 2 p.m. a 5 p.m.

Sede PCC (Carrera 16 Nro 31A - 49). A la militancia y simpatizantes, (sin costo). Informes e

inscripciones con Mary Gómez.Convoca: El DDACP-Eutiquio Leal

A P R

ás de cuatro mil cam-pesinos de la región del Catatumbo se reunieron en el municipio de El Tarra (Norte de Santander), donde celebraron una asamblea en la que se formuló un mandato para la sustitución concerta-da de los cultivos de coca.

La propuesta, de 16 puntos, fue di-rigida a la mesa de negociación con el gobierno nacional que se instaló luego del paro que durante dos meses adelan-taron las comunidades de esta región de Norte de Santander.

En la asamblea, clausurada el primero de septiembre, participa-ron delegados de más de 300 jun-tas de acción comunal de ocho mu-nicipios (Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú), afiliadas a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

La iniciativa se llama “Mandato re-gional para la sustitución social, gra-dual, concertada, estructural y ambien-tal de los ingresos derivados de los cul-tivos de uso ilícito en el Catatumbo” y también fue presentada a varios alcal-des de la zona.

En la propuesta campesina se plan-tea que para que una sustitución sea exitosa es necesario que las comunida-des puedan reemplazar el ingreso pro-veniente de la hoja de coca por otro, sin que se deteriore su nivel de vida.

Además, se sostiene que dicha propuesta de sustitución debe estar

ligada al plan de desarrollo sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, fi gura territorial que las co-munidades reclaman.

Los puntos del mandato plantean los siguientes términos (la versión completa del documento se puede con-sultar en www.prensarural.org):

1. El cultivo de hoja de coca en la región es producto de décadas de po-líticas públicas desfavorables a la eco-nomía campesina.

2. El reconocimiento y la protec-ción del territorio campesino es requi-sito para la vida digna en un Catatumbo sin coca.

3. Se requiere la rectifi cación de las políticas públicas dirigidas al campo.

4. Mientras en Colombia y en el Catatumbo no haya garantías de una política económica incluyente con la economía campesina, ningún cultivo puede ser útil para sustituir la coca.

5. El programa de sustitución de cultivos de coca en el Catatumbo y el Plan de Desarrollo Sostenible

de la Zona de Reserva Campesina se articularán en la propuesta piloto “Catatumbo, tierra de paz”.

6. Un programa de sustitución de cultivos de hoja de coca en el Catatumbo debe superar la puesta en marcha de programas de erradicación violenta que atentan contra la vida dig-na de los campesinos, y sobre los cua-les el campesinado en general se ha manifestado en contra.

7. Para construir una experiencia exitosa de sustitución de cultivos de uso ilícito es necesario partir de un en-foque en donde las familias sustituyan los ingresos provenientes de los culti-vos de coca por ingresos provenientes de negocios lícitos.

8. Se requiere la implementación de los proyectos productivos presentados en el plan de desarrollo de la Zona de Reserva Campesina.

9. Las personas vinculadas al cul-tivo y recolección de la hoja de co-ca deben ser incluidas en condicio-nes de equidad, esto es, atendiendo a

Para una economia incluyente

Un Catatumbo sin coca

Luego de 45 días de pro-testa, los mineros y el go-bierno nacional llegaron a

un arreglo de cuatro puntos con el que se levantó el paro del sector.

Según l o pac t ado en t r e la Confederación Nacional de Mineros (Conalminercol) con las autoridades, se revisará el decreto 2235, que permite a la fuerza pú-blica destruir la maquinaria que sea utilizada en explotaciones mineras no reguladas. Gracias al acuerdo,

El campesinado, en asamblea, formuló un mandato para la sustitución concertada de los cultivos de coca en la región

un enfoque de restablecimiento de de-rechos.

10. La ejecución y formulación del programa debe ser concertados para su aplicación con cada una de las familias vinculadas.

11. Este debe ser un proceso que se lleve a cabo con un enfoque social.

12. La sustitución debe ser pro-gresiva.

13. La sustitución debe ser estruc-tural.

14. La sustitución debe ser am-biental.

15. El programa de sustitución de cultivos de coca en el Catatumbo con-tará con una propuesta de nueva insti-tucionalidad que lo haga viable en el marco de la propuesta piloto de cons-trucción de paz.

16. El programa de sustitución ten-drá una destinación presupuestal espe-cífi ca dentro del presupuesto general de la nación, los presupuestos depar-tamental y municipales o las fuentes de fi nanciación defi nidas.

En el Catatumbo, donde según da-tos de la ONU se produce el 9% de la hoja de coca del país, el gobierno ade-lanta planes de erradicación forzada, los cuales han sido rechazados por las comunidades.

Tanto el gobierno como los voceros campesinos, han acordado en la mesa la indemnización a las familias vícti-mas de la erradicación, aunque al cie-rre de esta edición no había un acuerdo sobre el monto de la misma.

Una vez se llegue a un acuerdo so-bre la sustitución, se tratarán los temas sobre la construcción de un laborato-rio de paz en la región, un plan de de-sarrollo sostenible y el establecimiento de una zona de reserva campesina.

Se levanta paro minero tras acuerdo

ahora se deberá demostrar la vin-culación de la explotación minera con actividades ilícitas para proce-der a su destrucción.

Además, el gobierno garantiza-rá a comunidades ancestrales la ex-plotación minera sólo si se ejercen en su área de infl uencia; se presen-tará un proyecto de ley para regular las actividades de la minería infor-mal, y se diseñarán guías minero-ambientales para la pequeña explo-tación.

ESCUELA DISTRITAL CENTRALIZADA30 de septiembre al 5 de octubre de 2013

Horario: 6 p.m. a 9 p.m.Pre - inscripción obligatoria con: Mary Gómez, sede

PCC Bogotá del 13 al 23 de septiembre, 2013Costo $10.000. Cupo limitado.

Mesa de diálogo entre gobierno y campesinos de Catatumbo, en Cucúta.

Septiembre11 de 2013/5EDITORIAL

Con la lámpara de Diógenes

R D A O

Los caminos de la duda

A C

El momento de la unidadBrutalidad policial

El nuevo gabinete

La primera victoria del paro nacio-nal agrario y popular fue la crisis ministerial, que demostró la inca-

pacidad del Gobierno Nacional para afron-tar con actitud positiva una situación de es-ta naturaleza. El Gobierno actuó con displi-cencia, no supo responder con argumentos las peticiones de las organizaciones socia-les. Prefi rió el camino de la descalifi cación y de la represión. Los campesinos y los trabajadores pedían el diálogo para resol-ver los confl ictos sociales que motivaron la protesta.

La crisis ministerial devino de la espec-tacular caída del presidente Santos en la en-cuesta de Gallup, que colocó su imagen fa-vorable en apenas 21 por ciento y en 71 por ciento desfavorable, así como el rechazo a sus políticas y resultados tras tres años de gestión. En buena medida, la responsabili-dad, además del presidente que es la prin-cipal, es de los ministros, un grupo de tec-nócratas, llenos de teorías, pero alejados de la realidad política y social del país. Las fa-mosas locomotoras nunca despegaron, sal-vo la de la minería, repudiada en las regio-nes porque es la entrega de los recursos na-turales a las transnacionales y al precio del desastre ambiental, rechazado por los habi-tantes afectados.

La “prosperidad democrática” se

convirtió en una frase hueca al igual que la llave de la paz en la mano del presiden-te. Simple retórica, discursos demagógi-cos que no conmueven a nadie. Los diálo-gos de paz, lo más importante en los tres años de la administración Santos, están al vaivén de los pronunciamientos del presi-dente y de los ministros, que un día los ala-ban y al otro los cuestionan; un día Santos dice querer reunirse con el comandante de las FARC y al otro día da la orden de eje-cutarlo. Son contradicciones en el discurso gubernamental, más aún, son concesiones al militarismo y a la extrema derecha uri-bista que le exigen poner fi n a las conver-saciones con la insurgencia.

El país necesita no solo nuevos minis-tros más compenetrados con la realidad na-cional, sino nuevas políticas que apunten a la democracia y a la justicia social, preci-samente el punto nodal de la Mesa de La Habana, si es que se quiere un acuerdo de-fi nitivo de paz estable y duradera. No sir-ven la demagogia y los pomposos anuncios como el del pacto nacional agrario con em-presarios y campesinos, cuando aquellos se oponen a la reforma agraria, a revisar los TLC, a tocar la estructura de la tenencia y del uso de la tierra y a las zonas de reserva campesina. ¿Qué pacto agrario puede ha-ber en esas condiciones? Lo que se requie-re es atender las peticiones y demandas de la MIA, el CNA y las llamadas Dignidades, que van al centro de las necesidad para con-jurar la crisis del campo.

No parece que los nuevos ministros den la talla en esta dirección. Salvo la de-signación de Alfonso Gómez Méndez y Amilkar Acosta, personalidades democrá-ticas, amigos de la paz y del acento social

en las políticas ofi ciales, los demás están en la misma dirección de los salientes. Amilkar Acosta, por ejemplo, critica la venta de Isagen, de los TLC y está por la paz con jus-ticia social, orientaciones que contradicen la política del Gobierno. ¿Podrá hacer algo po-sitivo en esas condiciones? Es dudosa la po-sibilidad de que Gómez Méndez logre una profunda reforma a la justicia, que permita agilizar su aplicación correcta sobre la base de las garantías, el debido proceso y de des-montar las provocaciones contra dirigentes sindicales, populares y de la izquierda.

Inaceptable la designación de Rubén Darío Lizarralde en el Ministerio de Agricultura, clave para resolver la crisis social, fi cha del latifundismo, gerente de Indupalma por casi dos décadas y comprometido hasta los tuéta-nos en el negociado de los terrenos baldíos en el oriente del país. Como dijo el senador Jorge Robledo “es una provocación”.

Mientras tanto, otros incompetentes como el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, queda atornillado en el cargo, con el gran anuncio de fortalecer el ESMAD, escuadrón de represión y de violencia, denunciado y censurado por su actuación criminal en las movilizaciones recientes. Pinzón es un ene-migo declarado de los diálogos de paz, un agente del militarismo y no es propiamente la garantía de un gabinete de “paz y unidad” como lo defi ne el mandatario colombiano. En el Ministerio del Medio Ambiente fue de-signada Luz Helena Sarmiento, antigua fun-cionaria del BID, orientada con las recetas neoliberales y del libre mercado aperturista.

No se ve muy bien el nuevo gabinete mi-nisterial para los desafíos que tiene el país de construir paz con democracia y justicia social.

Es casi un pleonasmo decir hoy en-tre nosotros -brutalidad policial-.

Asumo el riego de usar la expresión por-que hay que enfatizar de manera frontal todos los excesos y vejámenes que han recaído contra los campesinos y trabaja-dores del pueblo colombiano que alzan su voz contra la entrega del territorio na-cional por parte del gobierno de Santos a costa de la integridad, la vida y honra de los ciudadanos que debe proteger por mandato constitucional.

Quienes pretenden seguir ocultan-do los motivos que generaron el Paro Nacional Agrario y Popular, no pueden o no quieren, reconocer y menos aun, de-nunciar, la brutalidad con que actuó y si-gue actuando la fuerza pública armada: Esmad, Policía, Ejército o cualquira de los tantos grupos de infi ltrados que tiene la represión del Estado para desvirtuar el carácter civil y pacífi co que tiene esta justa movilización.

En los primeros días del paro, el Presidente de la República decía que era un paro pobre de pobres, sin fuerza ni legitimidad, luego tuvo que ir a dialo-gar y negociar con los voceros del mo-vimiento porque los Ministros que había enviando a diferentes puntos del país al-zado, nunca resolvieron nada. Después, obligado por la fuerza de la realidad, re-conoció que el paro tenía fundadas ra-zones porque los gobiernos anteriores- de los cuales él había participado, sin decirlo- no habían desarrollado una po-lítica agraria de cara al campesinado.

Pedía que la protesta fuera pací-fi ca y al mismo tiempo ordena-ba y azuzaba a sus “perros de pre-sa” uniformados que reprimieran a quienes rompieran la institucio-nalidad del país.

La Fuerza Pública irrumpió en las casas de los campesinos, golpeó ancianos, mujeres, niños, retuvo a cientos de colombianos, impidió el acceso del personal de la “misión médica Internacional” a las zonas donde habían cientos de heridos. En uno de estos episodios aberran-tes más de 10 agentes golpearon a un joven en la cabeza y le daban patadas en todo el cuerpo.

Monseñor Luís Augusto Castro, Arzobispo de Tunja, denunció estos hechos, los videos que circularon por las redes sociales lo ratifi caron. A pesar del saboteo del gobierno a estas informaciones auténtica-mente independientes del Estado. El General Rodolfo Palomino dijo que, “tomó nota de las denuncias por excesos de algunos uniforma-dos y ordenó investigación, pero seguían fi rmes y dignos en su la-bor”, es decir, reprimiendo al pue-blo. ¡Vaya que audacia! ¿O qué fa-lacia? Señor Presidente: “la violen-cia reaccionaria provoca violencia revolucionaria”. Si los campesinos se arman y enfrentan esta brutalidad policial, usted, será responsable de las consecuencias.

El respaldo al gobierno de Santos cayó al 21% por su

tratamiento militarista a la protesta nacional agraria, esa que califi có ha-ce unos días como inexistente; “es la caída más brava que hemos registra-do en casi 20 años de medición”, dice el gerente de la encuestadora Gallup. Voceros políticos de la extrema de-recha uribista, entre ellos el precan-didato Luis Alfredo Ramos, fueron vinculados con el paramilitarismo por la justicia colombiana; el pro-pio Uribe fue acusado de “promo-ver, auspiciar y apoyar grupos para-militares”, esta vez por el magistra-do del Tribunal Superior de Medellín Rubén Darío Pinilla. La debilidad po-lítica de la burguesía se hace cada vez más evidente.

Por el otro lado, el nuevo ánimo popular ha permitido que la insatis-facción general reprimida durante tantos años, se manifi este ahora con fortaleza aunque con descoordina-ción. El movimiento agrario, desde las protestas en el Catatumbo hasta el paro nacional en desarrollo, ha mos-trado un camino al que se han suma-do y se suman sectores crecientes de la población urbana.

Las causas inmediatas del des-contento general parecen diversas y dispersas y así las quiere mantener Santos para asegurar su gobernabili-dad; pero las causas reales que origi-nan los confl ictos en todos los secto-res provienen de una misma raíz: las políticas neoliberales que privilegian

a los parásitos del sector fi nanciero. Ellos han impuesto sobre los colom-bianos desde los tratados de libre co-mercio hasta la restricción al uso de semillas, desde la mercantilización de la salud y la educación hasta la inso-portable renta del suelo y el costo de los créditos.

Los pliegos regionales o sectoriales son importantes: ellos ponen de mani-fi esto las necesidades concretas que viven los colombianos y sobre ellos pueden lograrse algunos avances, con efectos transitorios o distractores. Pero las verdaderas soluciones requieren el cambio de las políticas y del mode-lo económico, asunto sobre el cual la burguesía dominante no quiere admi-tir modifi caciones.

Se necesita la unifi cación de las demandas que se presentan con ca-rácter sectorial y la unifi cación de los movimientos que hasta ahora, y por la fuerza de la necesidad, han busca-do aproximación sólo en lo temporal. Aspiramos a la unidad de la MIA, del CNA, de las Dignidades, de los traba-jadores y usuarios de la salud y la edu-cación, de los mineros del oro y del carbón, de todos los inconformes; en fi n, Colombia necesita una alternati-va política que se construya a partir de los movimientos sociales, que con-voque a las organizaciones opositoras al régimen burgués neoliberal a con-formar con ellos un verdadero frente común por la paz con justicia social, por la verdadera democracia y por la soberanía nacional.

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LABORAL

a Federación Colom-biana de Trabajadores de la Educación, Fecode, informó que las razones que motivan al paro nacional del magiste-rio se mantienen en fi rme.

Aseguró que las negociaciones que adelanta con el gobierno na-cional continúan, en una mesa don-de se encuentran los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda y la Fiduprevisora. Reconoce que en los diálogos ha habido algunos avances, aunque hay situaciones signifi cativas aún sin resolver, “y eso implica que

Fecode mantuvo orden de paro

En la mesa y en la calle

Aunque se encuentra negociando con el gobierno, la Federación de Educadores asegura que de no haber soluciones irá a un cese de labores indefi nido

los educadores y educadoras del país sigan en la preparación para la lucha en las calles”, manifestaron dirigentes de esa federación.

El presidente de Fecode, Luis Grubert Ibarra, quien encabeza las ne-gociaciones por los docentes, confi r-ma que hasta el momento no ha habi-do fi rma de acuerdos. La mayoría de los temas importantes como las modi-fi caciones al decreto de prima de ser-vicios, la retroactividad de las cesan-tías y la solución a la crisis de salud, deben ser blindados con compromisos

fi rmados en documentos por su extre-ma importancia y delicadeza, además, para no dejar lugar a nuevos incumpli-mientos de parte del gobierno.

“Prueba de ello es que el Comité Ejecutivo de Fecode plantea la nece-sidad de un decreto que reglamente el régimen de salud del magisterio para que exista un marco jurídico, porque hasta ahora solo está soportado por los contratos de salud; sin embargo, el gobierno no da salidas a esta te-mática”, expresó la dirigencia de la federación.

Invitó a las bases a no dejarse desinformar y a mantener la unidad. Agregó el presidente de Fecode, “es-tamos diciéndole al gobierno nacional que lo que no consigamos en la mesa estamos dispuestos a conseguirlo en las calles”, desde este martes 10 de septiembre.

Inicialmente el cese de actividades será por tres días, pero el 12 de sep-tiembre harán una evaluación en la que con base en el avance de las negocia-ciones defi nen si continúan o regresan a normalidad laboral.

El pasado primero de agosto, la Unión Nacional se Empleados

Bancarios, UNEB, presentó un plie-go de peticiones a la entidad Citibank, entidad con la que estaba en una ne-gociación cuya etapa de arreglo direc-to terminó infructuosamente 20 días después.

Los trabajadores, basados en el ar-tículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, optaron por una votación pa-ra decidir la declaratoria de huelga o el sometimiento del confl icto a la de-cisión de un tribunal de arbitramento.

Aunque, según dirigentes de la UNEB, el banco se ha caracterizado por prácticas intransigentes y antisin-dicales, convocaron votación para los días 2 y 3 de septiembre, en las que gru-pos conformados por dirigentes sindi-cales y un representante del Ministerio del Trabajo -encargado de vigilar los escrutinios-, visitaron las ofi cinas en todo el país para recoger los votos de los trabajadores.

Sin embargo, a pesar de la invita-ción constante de la UNEB para que lo trabajadores participaran en las vo-taciones, de que los trabajadores com-partían las posturas de la organización sindical, y de la presencia de los miem-bros del Ministerio, hubo una escasa participación producto de presiones del Citibank, que infundió miedo.

Según la UNEB, en más de una oca-sión los supervisores del banco sostu-vieron reuniones con diferentes grupos de empleados para advertirles que di-chas votaciones eran ilegales y que no debería participar, pues el banco les ga-rantizará el aumento salarial en el mes de septiembre, lo cual va en contra de

las normatividades del proceso de ne-gociación de pliegos de peticiones y su votación.

Como si fuera poco, les enviaron una amenaza directa al advertir, que en el momento en que los dirigentes sindi-cales y el representante del Ministerio pasaran a las ofi cinas a recoger los vo-tos, un supervisor con lista de nom-bres en mano, señalaría a aquellos que participaran y serían despedidos de la entidad.

Algunos de los trabajadores ate-morizados, enviaron mensajes por re-des sociales y llamaron a miembros del sindicato para preguntarles cómo podían entregar su voto sin ser vistos por los jefes del banco, expresarles su temor por haber participado y hacer-les conocer las amenazas de las que

fueron objeto.Entre las denuncias que los emplea-

dos le hicieron a la UNEB, señalaron que los jefes de las personas del área de mercadeo, quienes deben ausen-tarse de las ofi cinas para realizar ven-tas, fueron advertidos que durante el tiempo de votaciones, debían “desa-parecer” de las instalaciones después de la 7 de la mañana con el fi n de que cuando los miembros del sindicato se

Antisindicalismo en bancosCon presiones y maniobras ilegales, las directivas del Citibank lograron unas votaciones irregulares para decidir cómo dirimir el confl icto

presentaran, encontraran un número re-ducido de personas.

De esta manera, en las votaciones ganó la opción de llevar el confl icto a un tribunal de arbitramento, aunque la mayoría de empleados había manifes-tado su acuerdo con la postura de ir a huelga. Al cierre de esta edición, de manera unilateral el Citibank había pu-blicado los incrementos salariales que había decidido dar.

“Les enviaron una amenaza directa al advertir, que en el momento en que los dirigentes sindicales

y el representante del Ministerio pasaran a las ofi cinas a recoger los votos, un supervisor con lista

de nombres en mano, señalaría a aquellos que participaran y sería despedidos de la entidad”

Puntos cruciales del pliego de Fecode siguen sin solución.

Las directivas del Citibank amenazaron a los trabajadores para que no votaran la huelga.

Septiembre11 de 2013/7

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org

J C H F.

LABORAL

Al tiempo que los tra-

bajadores de la salud protestaban con un cese de actividades iniciado desde el pasado 19 de agosto, algunos me-dios de comunicación mostraban casos que resaltan la grave crisis del sistema.

El planteamiento del gobierno na-cional de buscar solvencia en los hos-pitales con su propia capacidad de co-bro, sin tener en cuenta las abultadas deudas de las EPS, es una política con-siderada equivocada por las entidades territoriales, quienes ven su aplicación socialmente incorrecta, desde el punto de vista del acceso a los servicios de salud para los colombianos.

En este panorama de ajuste, apa-rece como si la solvencia fi nanciera de los hospitales públicos dependiera únicamente de su propia capacidad de cobro, sin considerar que la volumino-sa deuda y las limitaciones de recau-do efectivo, dependen de manera im-portante tanto de las EPS como de la Superintendencia de Salud; esta últi-ma encargada de hacer cumplir la re-glamentación vigente en materia de pa-gos a la red de hospitales.

La amenaza es de tal magnitud que 540 hospitales públicos se encuentran en riesgo de liquidación. Al menos en la mitad de estos hospitales aunque su facturación es rentable, su recaudo efectivo en el año 2012 no alcanza a cubrir sus compromisos de gasto. En promedio, de cada $100 pesos factu-rados, solo se recaudaron $61.

Regiones afectadas

Por la misma situación, en Antio-quia, 83 hospitales públicos clasifi ca-dos como de riesgo alto y medio por los ministerios de Hacienda y de Salud, están a punto de ser liquidados si no cumplen el programa de saneamien-to fi scal y fi nanciero que se les ordenó implementar. Para poder cumplir, los

hospitales han hecho grandes esfuer-zos de austeridad.

Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, aseguró que la cartera está cerca a los 500 mil millones de pesos, e incluso ha llevado a que el Concejo de Abriaquí faculte al alcalde a liqui-dar el Hospital Nuevo Horizonte de es-ta localidad.

Asimismo, según lo informó el dia-rio El Tiempo, en Boyacá, 10 traba-jadoras de los hospitales San Rafael de Tunja, los regionales de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Soatá, Puerto Boyacá, Moniquirá, Samacá, Mirafl ores, Valle de Tenza y Socha, se tomaron pacífi camente las instala-ciones de Caprecom en Tunja, en pro-testa por la deuda de esa EPS pública y las privadas con la red hospitalaria, que viene desde 2008 y asciende a 160 mil millones de pesos.

La deuda es por cuenta de la aten-ción en salud que los centros hospitala-rios le han prestado al millón doscien-tos mil usuarios de las EPS en Boyacá.

Problemáticas como la anterior son solo algunas de las que los trabajadores de la salud y los usuarios le exigen al gobierno discutir para conseguir solu-ciones de fondo. Para eso se mantienen en cese de actividades en varios depar-tamentos del país.

Según Yesid Camacho, de Anthoc, en el tema laboral hay avances porque el gobierno nacional retiró el articulado que había sobre el cambio de régimen laboral. “Sin embargo, no ha dicho na-da sobre el artículo que quedaría en la ley reglamentando las facultades que se le darían al presidente para que dis-cuta con las organizaciones sindicales ese régimen laboral”, anotó.

El dirigente sindical explicó que con esa normatividad se pretendía con-vertir a 250 mil trabajadores del país en funcionarios de libre nombramiento y

remoción. “Es decir, dejarlos a dispo-sición de los políticos, así como toda-vía insisten convertir a los gerentes de los hospitales. También pretendían dis-minuir los salarios de los trabajadores y profesionales de la salud en un 60%, que nadie tuviera estabilidad laboral, acabar con la carrera administrativa. Que los políticos dispusieran de todos los cargos de los hospitales. Y, conso-lidar el tema de intermediación labo-ral. Era entregar el manejo de la salud al clientelismo y la politiquería”, co-mentó Yesid Camacho.

Deuda, tema fundamental

Al cierre de esta edición, había la intención de que los representantes de los trabajadores de la salud, se sen-taran a dialogar con los ministros de Hacienda, Salud y Trabajo, para bus-car salidas viables y levantar el cese de actividades.

Para Yesid Camacho, “el tema más complejo es la deuda de las EPS con los hospitales. Según el debate de la semana pasada en el Congreso de la República, deben a la red de presta-dores públicos y privados más de 12 billones de pesos. Es algo impagable

Abandono total a la salud

EPS adeudan más de $12 billones

El paro de los trabajadores de la salud es otro que ha sido opacado en los medios por las noticias de los bloqueos campesinos. Pero se mantiene sin que el gobierno ofrezca alternativas reales de solución a la crisis del modelo de salud

cuando se sabe que han fragmentado su patrimonio. Esa es la discusión con el Gobierno, quién pagará eso para sal-var a los hospitales de la crisis”.

Sobre el plan de ajuste fi scal im-puestos por el gobierno nacional co-mentó: “Creemos que las causas de las crisis no se originan al interior de los hospitales, está centralizada en la deu-da de las EPS, que es la que impide la formalización de los empleos, entre otras cosas”.

Hasta la semana anterior, los tra-bajadores de la salud se mantenían en cese de actividades, aunque resistien-do la agresión de la policía y de algu-nas patronales, como la de Pereira don-de el gerente de la ESE Salud Pereira, ha ordenado descontar los salarios del tiempo de paro. Aun así, hacen asam-bleas permanentes frente al hospital.

El paro también subsiste en de-partamentos como Caquetá, Huila, Tolima, en parte del Cauca, en hos-pitales de Norte de Santander, de Santander, en el Meta, Casanare y Arauca. De no haber avances en los negociaciones, en la presente sema-na se radicalizarían las protestas y se parará en donde no hay cese de acti-vidades.

Este panorama de abandono de los hospitales es cada vez mayor, mientras en las puertas de los mismos mueren pacientes por enfermedades curables. Foto J.C.H.

“El tema más complejo es la deuda de las EPS con los hospitales. Según el debate

de la semana pasada en el Congreso de la República, deben a la red de prestadores públicos y privados más de 12 billones de

pesos. Es algo impagable cuando se sabe que han fragmentado su patrimonio”

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POLÍTICA

o llega la calma en la tormenta social por la que atraviesa el último año de man-dato del presidente Juan Manuel Santos. La ebullición política que se resiste a menguar tiene múl-tiples aristas y una de ellas es la lucha estudiantil, invicta en tres años, y dispuesta a salir victo-riosa con la presentación al país de la Propuesta Alternativa de Educación Superior. Dieciocho meses de debate democrático estudiantil gestó la nueva ruta para la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE.

El camino recorrido

“Es un gran proceso demo-crático que se refl ejó en el texto de la propuesta”, le dijo a VOZ, uno de los voceros de la MANE, Álvaro Forero. Siete plenarios nacionales, igual número de comisiones académi-cas, los más amplios e incluyentes de-bates públicos donde se contó con la participación de al menos 70 institucio-nes de educación superior, se cuajaron para llegar a la propuesta radicada el pasado 29 de agosto ante el Ministerio de Educación, y que será presentada al país de manera ofi cial por la propia MANE el 12 de septiembre, en las ca-lles, escenario de pelea natural de los estudiantes.

Las gigantes movilizaciones es-tudiantiles que propiciaron la derro-ta política al gobierno nacional con el hundimiento de la reforma a la ley 30, en 2011, fueron el epílogo de una ge-neración que juntó sus rebeldías y hoy protagoniza una nueva página del mo-vimiento estudiantil colombiano apos-tándole a la democracia más directa, a la organización y a la convicción de alcanzar transformaciones educativas

para su generación y las siguientes. “Estamos por subvertir el país con dig-nidad”, subrayó Jairo Rivera, vocero de la MANE.

El objetivo propuesto

“Con el objetivo de construir un nuevo sistema de educación superior que haga posible que la misma sea un derecho fundamental y un bien co-mún y que acorde a los altos conteni-dos académicos, humanísticos, artísti-cos y científi cos, apuntale la construc-ción de un nuevo país con soberanía, democracia y paz”, la MANE, aprobó el pasado junio, en su último plenario nacional en la ciudad de Medellín, el contenido de la propuesta alternativa.

Esta contempla que para el presu-puesto de 2014, la educación superior recibirá un incremento de 0,05% de lo recibido para el año en curso; re-cursos que profundizaron la crisis y, desde luego, no subsanaron el défi cit presupuestal de las Instituciones de

Educación Superior que ascienden a 11.2 billones de pesos. Lo que se bus-ca con esta propuesta es generar recur-sos que garanticen fi nanciación inte-gral de la educación superior, sanear la crisis por la que atraviesa el siste-ma y ampliar las fuentes de fi nancia-ción que sostienen una propuesta de educación con soberanía, democracia y paz, como pregonan las premisas de la MANE.

Diálogo nacional

Las exigencias universitarias al Ministerio de Educación son claras y entre ellas; invitar al diálogo nacional por la educación. La MANE invita a instalar una mesa permanente con sec-tores de la educación superior y el go-bierno donde se defi nan los tiempos, participantes y metodologías para lo que sería una nueva ley de educación.

Las expectativas de apoyo popu-lar son enormes, dice la MANE, y por ello le ha exigido al Ejecutivo garantías

MANE

Ley de Educación Alternativa

para la protesta universitaria pues, tal como sucedió en 2011, los estudiantes saldrán a las calles a cumplir la prome-sa hecha al país de sentarse a debatir una propuesta que ahora la explicarán de manera amplia.

Inclusión

Los temas incluidos en la propues-ta abarcan toda la problemática de la educación superior incluyendo, la de los estudiantes de instituciones priva-das, que cargan sobre si sus propios temores en cuanto a la fi nanciación de su educación.

Es el caso de Miguel Ángel Quintero, joven graduado de comuni-cador social y periodista, egresado de una universidad privada y expectante a encontrar no solo una vacante labo-ral, sino sufi ciente dinero parar pagar un crédito Icetex con un saldo a la fe-cha que asciende a treinta millones de pesos. “Ese saldo es hoy, pero mañana o en dos semanas será más alto por los interés que corren a partir de la liquida-ción obligatoria del crédito. Luego se vendrán las cuotas de pago y los años de fi nanciación”, explica el comunica-dor y periodista.

De ahí que la MANE, también con-formada por universitarios de institu-ciones privadas, le exija a la ministra María Fernanda Campo, “condonar la deuda de las personas que hayan ad-quirido préstamos con el Icetex. Así como abolir la capitalización de intere-ses o anatocismo”. Y esa es una de las líneas rojas trazadas por el movimien-to estudiantil.

Contra la militarización

Otra de las peticiones que ponen en sintonía a los jóvenes universi-tarios con el país es la petición me-diante la cual exigen a los minis-terios de Educación y Defensa, el retiró de los cuerpos policiales o mili-tares, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, “así como de-jar en libertad a todos los estudiantes detenidos en el marco de las moviliza-ciones”, señaló la MANE.

La detención de varios dirigentes estudiantiles de universidades del sur del país, tras hacer público el apoyo al paro agrario nacional es muestra de la intolerancia a la protesta. Advertencia o no, el movimiento estudiantil está lis-to para sacar adelante la iniciativa sin importar consecuencias, y motivar los cambios necesarios en la educación su-perior y en el país.

Las marchas del año 2011 dejaron compromisos de los estudiantes que hoy cumplen. Foto Hernán Camacho.

Era enero del año 2002 y el semanario VOZ, titulaba “Censan en favor de Uribe

Vélez”. Era una denuncia que relataba como era el trasteo de votos y la me-cánica electoral en ciertas regiones en favor del candidato que a la postre fue presidente. La parapolítica. Esas con-tundentes denuncias, sin mayor tras-cendencia mediática, empezaron a asomar en departamentos como sur de Bolívar, Tolima y Urabá.

En aquella oportunidad se sostenía que paramilitares ofi ciaban de jefes ar-mados de campaña. Que a plena luz del día defi nían o tranzaban las alianzas políticas para repartirse los presupues-tos locales o departamentales. Una dé-cada después la parapolítica desbordó el dique, se tomaron más del treinta por

ciento del Congreso, como lo sostenía la cúpula de las Autodefensa Unidas de Colombia, AUC, y lograron coop-tar casi todo el poder político.

A su merced tuvieron cúpulas de organismos de seguridad y fueron la guardia pretoriana de la Casa Nariño en tiempos de Uribe, como lo demos-tró el caso Santoyo. Dos centenares de políticos entre senadores, representan-tes, asambleístas, concejales y alcaldes están bajo medidas de aseguramien-to o purgando condena por confesar ser fi chas políticas del paramilitaris-mo. La coincidencia: todos con fi lia-ción uribista.

Muchos de esos políticos regionales o nacionales están en manos de la jus-ticia luego de sendas investigaciones donde se relatan relaciones, alianzas y

Parapolítica

Vuelve y suenatrabajos conjuntos con las estructuras paramilitares. El precandidato presi-dencial, Luis Alfredo Ramos, venido del Partido Conservador y ahora mi-litante en las toldas del Puro Centro Democrático, es uno de ellos.

Fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia y luego de ser escuchado le dictaron medida de aseguramiento intramural por los pre-suntos vínculos con la plana mayor del paramilitarismo en Antioquia, departa-mento del que fue su gobernador.

Las declaraciones de los jefes pa-ramilitares alias el Tuso Sierra, Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, señalan que el político an-tioqueño se reunió con ellos en 2005, en la vereda Tierradentro, municipio de Bello. Reuniones a las que no era obligados a ir. Las pruebas son contun-dentes dicen fuentes cercanas a VOZ, pues con similares declaraciones fue condenado por concierto para delin-quir un copartidario de Ramos, el se-nador Óscar Mira.

Esta es una baja política importante, un golpe certero al uribismo. Se pier-de otro de sus destacados cuadros que para muchos era el gallo tapado del expresidente y el hombre destinado a conseguir los votos sufi cientes para su lista a Senado. El panorama no es cla-ro para el uribismo. Su responsabilidad en la crisis agraria y su apoyo la fi rma del TLC, se lo cobrarán los colombia-nos en las urnas.

Por ello no es seguro el triunfo de la lista uribista ni efectivo el endoso de votos de Álvaro Uribe a sus candi-datos, no obtendría entonces las curu-les sufi cientes para convertirse en una fuerza política importante. Debido al desgaste del presidente Uribe salien-do a defender actuaciones de sus alfi -les encausados judicialmente por rela-ciones con paramilitares o corrupción. Y si se tiene en cuenta que muchas in-vestigaciones están siendo adelanta-das en las Corte Suprema de Justicia y pueden resultar involucrados nombres de su primer anillo antes de las elec-ciones de marzo de 2014.

Septiembre11 de 2013/9

L H C

PARO NACIONAL

os voceros de la Mesa Nacional Agropecuaria y Nacional de Interlocución y Acuerdo, MIA, fi rma-ron el pasado domingo un acuerdo con la Vicepresidencia de la República y los gobernadores de Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare, Meta, Tolima y Huila para iniciar un diálogo directo que dé respuestas al pliego de peticio-nes radicado por los campesinos y fi -nalizar así el paro agrario nacional, que aún no se ha levantado.

Los veintiún días de paro, concen-traciones y movilizaciones dejaron un balance político más que satisfactorio para las organizaciones sociales, agra-rias y populares participantes. Hacer evidente la realidad del campo colom-biano y la necesidad de entregarle una solución de fondo al problema estructu-ral de la tierra, su tenencia, la ausencia de política pública de desarrollo inte-gral del agro para la inmensa mayoría de campesinos, y los leoninos tratados de libre comercio son algunos de los te-mas con los cuales se solidarizaron los colombianos y acompañaron las peti-ciones campesinas.

La tozudez ofi cial

No obstante, las cifras del paro en materia de garantías para la protesta, dista mucho del concepto de democra-cia en cualquier país. Según las ofi cinas

de derechos humanos acompañantes en el paro, el saldo es lamentable: 660 ca-sos de violaciones de derechos huma-nos, 485 heridos fruto de las arremeti-das violentas de la fuerza pública con-tra las concentraciones campesinas, 12 campesinos asesinados en medio de los enfrentamientos con la Policía Nacional o el Ejército, referenciando de manera grave lo sucedido en el departamento de Cauca y Tolima. Detenciones fue-ron 262 entre ellas la del vicepresidente de Fensuagro, y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Huber Ballesteros en lo que han denominado una retaliación ofi cial contra Marcha Patriótica y los campesinos organiza-dos de Colombia.

“No se puede entender cómo la pro-testa campesina para reclamar los míni-mos derechos de subsistencia deja se-mejantes números. El tratamiento a la protesta en Colombia es militar y eso debe ser un cobro político para el go-bierno de Juan Manuel Santos, que ha-bla de paz pero actúa como en la gue-rra”, manifestaron algunos de los vo-ceros campesinos que acompañaron las discusiones en Popayán.

Las peticiones en fi rme

Se despejan las concentraciones pero no se levanta el paro, dijeron los

voceros de la MIA, que están a la es-pera de abordar de manera seria con el gobierno los seis puntos del pliego: implementar medidas para la crisis del agro colombiano, garantizar el acceso a la propiedad, reconocer la territoria-lidad campesina, garantías de partici-pación campesina y pequeños mineros en la política minera, garantizar para el ejercicio político del campesinado, in-versión en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.

Al margen del “Pacto Nacional Agrario”, propuesto por el ejecutivo en donde se está invitando a los secto-res agro industriales cercanos al presi-dente Santos, a pactar políticas públi-cas en ausencia de los marginados de esas políticas, los campesinos prota-gonistas del paro preparan la Cumbre Nacional Agraria.

La MIA, ha invitado a buena parte del sector agrario ligado a los 17 depar-tamentos participantes en la protesta a conformar una Cumbre que le entregue soluciones estructurales a la crisis del campo acudiendo a los conocimientos sociales y populares de esos sectores marginados de Colombia.

“No participaremos en el denomi-nado Pacto Nacional Agrario, por no refl ejar los interes es del campesina-do. No conocemos los objetivos del Pacto, no tenemos claridad de lo que

Sigue la movilización

Diálogo agrario abiertoSe acuerda iniciar un intercambio directo entre la MIA y el gobierno nacional. La protesta no se agota

Un comunicado fi rmado por el presidente de la Unión Patriótica, Ómer Calderón,

la representante en el exilio Aida Abella, y el secretario ejecutivo de la organización Felipe Santos, precisa in-formaciones ofi ciales del movimiento e invita a participar en el V Congreso upeista para el próximo mes de no-viembre.

“Personas que no tienen nada que ver con la Junta Patriótica Nacional ni con la militancia de base de la Unión Patriótica, encabezadas por una per-sona expulsada de la UP en 1998 por actitudes similares, están invitando a un falso congreso para el mes de

se pretende con ello. La cumbre si tie-ne un objetivo claro para el campesi-nado colombiano” dijo Andrés Gil, vocero de la MIA.

Ausencia política

Para muchos observadores del te-ma agrario el tratamiento dado al paro por parte del gobierno nacional, siem-bra dudas en su voluntad política de transformar las realidades de los cam-pos colombianos. De hecho, Eberto Díaz, dirigente agrario y presidente de Fensuagro, criticó el nombramien-to del nuevo ministro de agricultura Rubén Lizarralde: “El gobierno vuel-ve a equivocarse nombrando a un ge-rente de agro negocios. Ese ministro es contrario a toda posibilidad de so-lución a la crisis del campo, a la crisis indígena, a la crisis del pueblo afro, a la crisis de pequeños y medianos pro-ductores del país”.

La materialización, el cumpli-miento y las garantías del diálogo son la exigencia del acuerdo de desblo-queo y levantamiento de concentra-ciones campesinas en 17 departamen-tos del país. El llamado a encontrar de manera efi caz la solución al plie-go de peticiones o de lo contrario la MIA vuelve a las carreteras a exigir sus derechos.

septiembre, utilizando los símbolos y fi guras de nuestros dirigentes, hacien-do daño a la acción política de la UP y excluyendo a sus bases y representan-tes legítimos.

“Con ese apócrifo congreso, se confunde a los upecistas y a la opi-nión, al mostrar una inexistente di-visión por asumir su representación, la cual no está, ni ha estado en cues-tión legal ni legítimamente, toda vez que fue asumida por Mario Upegui Hurtado, hasta el momento de su fa-llecimiento y continuada por la Junta Patriótica Nacional actuante desde el IV Congreso de la UP. Todo esto extraña e indigna a un movimiento

político, que como la UP, es una fuer-za ética del pueblo colombiano.

“Alertamos igualmente que la UP no está acudiendo a ninguna persona natural o jurídica para recabar apoyo económico. Quienes así actúan están suplantando la dirección nacional de la UP, legalmente reconocida median-te resolución 088 de 2000 del Consejo Nacional Electoral.

“El Congreso de la UP en servi-cio de la paz y la unidad será los días 15,16 y 17 de noviembre en Bogotá, donde estará representada legítima-mente la Unión Patriótica, sus bases y su historia.

“Llamamos a todos y todas las

que se identifi can con la UP, a no dejarse confundir, y a participar de las Asambleas de Reencuentro por la Esperanza, a realizarse en los meses de septiembre y octubre a lo largo y ancho del país, en preparación del V Congreso de la UP a efectuarse en la fecha señalada del mes de noviem-bre, en el camino de la lucha por la paz, la unidad, la reparación integral a las víctimas del genocidio contra la UP y su memoria, en la perspectiva de la construcción de un nuevo régi-men democrático con garantías rea-les para todas las fuerzas alternativas, de izquierda, democráticas y progre-sistas”.

El congreso de la UP

Voceros departamentales de la MIA, deliberaron en Popayán y fi rmaron acuerdo condicionado para negociar. Foto Cortesia Marcha Patriótica Cauca

Septiembre11 de 2013/10

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NOTICAPITAL

BOGOTÁ

Acuerdo con la justicia

Andrés Camacho, con-cejal de Bogotá, procesa-do por delitos relacionados con el famoso “Carrusel de la Contratación” llegó a un acuerdo con la Fiscalía. El funcionario público, pa-gará seis años de cárcel, 700 millones de pesos y su compromiso a colabo-rar con la justicia.

Seguros para vendedores informales

En el marco de una alianza estratégica con Positiva Compañía de Seguros S.A., la Alcaldía Local de Chapinero inició el pasado lunes dos de sep-tiembre un programa diri-gido a los vendedores in-formales y emprendedores populares de la ciudad con el fi n de otorgarles seguros o pólizas que cubren ries-gos. Según la administra-ción local el 95% de los vendedores de la ciudad no tiene ningún tipo de seguro.

Nuevas acusaciones a Liliana Pardo

Inocencio Meléndez, exsubdirector técnico del IDU aseguró que la ex-directora de la entidad, Liliana Pardo Gaona, revi-saba los pliegos de peticio-nes con el fi n de acomodar los requisitos para las em-presas que licitaban para favorecer a las apadrina-das por el exconcejal José Juan Rodríguez.

l pasado 5 de septiembre y en medio de la fulgurante agitación social, la militancia comunista de Bogotá, realizó su asamblea distrital en donde se trazó ta-reas para el inmediato actuar político. La defensa del pro-ceso de paz y la lucha política en las calles fueron los temas.

A la concurrida asamblea se le entregó un informe polí-tico sobre la situación del paro agrario nacional, que cumple tres semanas y sigue fortale-ciéndose en todos los departa-mentos. “El paro es un éxito”, explicó Heberto Díaz, presi-dente de Fensuagro y quien re-lató las difi cultades y las victo-rias que se obtienen en la mo-vilización social: “Estamos ocupando un lugar importan-te en la historia del país y las luchas sociales”.

Despertar la solidaridad de las gentes en las ciudades y movilizar de manera unita-ria varios procesos sociales son las victorias de las que hablan los líderes de la pro-testa. “Lo que se muestra es una movilización social que conquista aspectos políticos. Un gobierno que pierde po-pularidad y abre camino a al-ternativas de poder construi-das desde esas movilizacio-nes” le dijo a VOZ, Gabriel Becerra, Secretario Político del regional Mario Upegui de la capital.

Las tareas son dos grandes iniciativas para los comunis-tas en Bogotá. Volcarse a las calles y seguir acompañando las protestas sociales enmar-cadas en el paro agrario y se-guir manteniendo su presen-cia en otras muestras repre-sentativas del descontento social como la movilización de los maestros en todo el te-rritorio y la toma de la ciudad

Asamblea PCC distrital

Las imposiciones son sociales

de Bogotá por parte de los es-tudiantes universitarios de la MANE.

El pacto agrario del que ha-bla el presidente Juan Manuel Santos, fue otro asunto ate-rrizado en la asamblea dis-trital. El Partido Comunista Colombiano, PCC, está em-peñado en empujar la Cumbre Social Agraria y Popular que se realizará paralelamente al Pacto Agrario, califi cado co-mo el encuentro de los amigos de Santos y los agroindustria-les para desmovilizar del ima-ginario nacional el paro agra-rio nacional.

Carlos Lozano, candida-to del PCC al Senado de la República, intervino en la Asamblea: “Ante la fuerza de la realidad el gobierno sigue actuando cerrado a los cam-bios en La Habana y en el pa-ro”. En cuanto al proceso de paz y la movilización social manifestó el dirigente: “Los resultados concretos del paro

son la crisis ministerial que afrontó Juan Manuel Santos, difícilmente remediable, con cambio de ministros pues la llama de la inconformidad es más fuerte. Es la misma cri-sis que provoca el Presidente cuando pretende imponer en la mesa decisiones que inter-fi eren el proceso sin consul-ta”, sentenció Lozano.

Por último se insistió en lo propuesto por el PCC, pa-ra afrontar los siguientes pa-sos políticos de la izquier-da: la unidad. Una unidad sin sectarismos, sin hegemonías y con plena convicción de ser poder. Para ello, la izquierda, indicó Lozano, debe encausar sus esfuerzos por la construc-ción de un frente amplio para la movilización y los retos po-líticos del futuro. La militan-cia capitalina tarea en mano sigue entregando un conside-rable esfuerzo por profundizar el sacudón que vive el pueblo colombiano.

El tres de septiembre la Capital la República

fue galardonada con el pre-mio mundial de “Liderazgo Climático y Ciudad”, el cual es entregado por la empresa Siemens y el llamado C40 o Grupo de Liderazgo Climático conformado por Adís Abeba, El Cairo, Johannesburgo, Lagos, Buenos Aires, Tokio, Melbourne, Madrid, Nueva Delhi, Mumbai, Varsovia y Bogotá, solo por mencionar algunos.

La organización nació en el año 2005 como iniciativa de Ken Livingstone, alcalde de Londres para la época y tiene como objetivo desarrollar pro-yectos que a largo o corto pla-zo logren mermar el impacto de efecto invernadero.

A Bogotá le correspondió tal merecimiento en la catego-ría de Transporte Urbano con el Transmilenio por su aporte a la disminución de contami-nación y Biotaxis o taxis eléc-tricos. Otros postulados en

esa categoría específi ca fue-ron Paris (Autolib), Buenos Aires (Plan para la Movilidad Sostenible) y Singapur, con Sistema de Transporte Inteligente.

El Distrito Capital parti-cipó con el llamado proyec-to de “renovación verde de Transmilenio” con la inclusión de los llamados buses híbridos que tienen dos sistemas uno eléctrico y el otro de combus-tión los cuales serán utilizados a partir de diciembre próximo.

Desde el portal del 20 de Julio recorrerán la carrea décima y tomarán la carrera séptima hasta la calle 127.

Petro informó durante la entrega del galardón, otro pro-yecto de ascenso tecnológico con la electrifi cación de 1.200 buses de Transmilenio.

Lo que se quiere con este proyecto es bajar los índices de emisiones de gases conta-minantes entre un 30 y 40 por ciento en Bogotá, las cuales han disminuido con la puesta

en marcha del Transmilenio, pues se han reducido más de 2.400.000 toneladas de dióxi-do de carbono, según la admi-nistración distrital.

Este reconocimiento cons-tituye un impulso y una moti-vación para las ciudades que se han dado a la tarea de mo-dernizarse y enfrentar con in-ventiva el denominado cambio climático.

Rit Aggarwala, presiden-te de la organización C40, y Roland Busch, director de Infraestructura y Ciudades de Siemens, fueron los encarga-dos de entregar en Ceremonia de Premiación en el Edifi cio Cristal en Londres, el premio al burgomaestre capitalino, Gustavo Petro.

“Este premio vale la pena porque avala el POT, que tiene que ver con adaptar la ciudad al cambio climático, es decir, es un POT para la vida, para fortalecer la vida en Bogotá”, indicó Petro.

Es bueno señalar que el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, crea una importante fi -gura de parques de protección por riesgo, que establece el cui-dado y la preservación de va-rios de los parques de la ciudad como el ubicado en Altos de la Estancia, Ciudad Bolívar, que tiene cerca de 74 hectáreas, en-tre otros.

Premio Mundial al Liderazgo Climático

Aporte para disminuir contaminación

Eberto Díaz, en la Asamblea Diustrital del Partido Comunista Colombiano. Foto Durango

Septiembre11 de 2013/11

K

A

DERECHOS HUMANOS

l cierre de esta edición alrededor de cuatro mil campesinos, entre mujeres, hombres y niños, se en-contraban refugiados en un campa-mento humanitario en el polideporti-vo de Barbosa en el departamento de Antioquia.

Esta fue la única salida que encon-traron para poder ejercer su derecho a la protesta inmersa en el Paro Nacional

Agrario que sacude al país, luego de ser maltratados por el Escuadrón Movil Antidisturbios ESMAD en Segovia y en Caucasia, maltrato que dejó varios heridos, entre ellos varias mujeres em-barazadas, quienes por la presión, el miedo y los gases lacrimógenos, tu-vieron abortos.

Una de las mujeres tenía dos me-ses y medio de embarazo, otra de ellas dos meses y la otra, tres. Hay 19 heri-dos con esquirlas, 60 casos de personas con problemas respiratorios por los ga-ses, entre ellos dos niños, de 12 y cinco

años, a quienes tuvieron que reanimar, pues estuvieron al borde de la muerte. Estos pequeños se encontraban jugan-do fútbol cuando el ESMAD lanzó los gases. En este refugio se atendieron dos heridos de bala, uno por bala neu-mática, y otro con dos impactos de ar-ma nueve milímetros y un tiro de fusil 556 en las piernas.

Leonardo Rojas, médico encarga-do de atender a los heridos y en gene-ral de chequear la salud de los campe-sinos en el refugio, dijo que la Policía no respetó ni siquiera el lugar adapta-do como enfermería, ya que arrojaron gases sobre éste.

El ESMAD además entró a la fuer-za a una vivienda en Segovia, lanzó una bomba aturdidora, la dueña de es-ta casa cayó al suelo y procedieron a detener a un joven. Lo sacaron de la casa y lo golpearon salvajemente. El joven tiene la cara desfi gurada por la infl amación. Otro joven también cap-turado en Segovia sufrió heridas corto punzantes producidas por un miembro del ESMAD.

VOZ habló con Manuel Garavito, campesino de la región minera del Bagre Antioquia:

“Buscamos que el Gobierno no nos catalogue como mineros ilegales, allá en la zona está la Anglo Gold Ashanti y Mineros S.A. de Antioquia, ellos re-primen las tierra, no se puede sembrar, no se pueden hacer proyectos produc-tivos, porque en la tierra no se encuen-tra el espacio para ser propietarios de ella, para tener títulos, porque ya esas tierras están tituladas, concesionadas a grades empresas exploradores o bus-cadoras de metales, no solamente oro. Nosotros simplemente labramos la tie-rra. Como en la agricultura y en la mi-nería ancestral, lo que es el bareque y con las motobombas. Actualmente el Código Minero nos tiene excluidos y nos tiene catalogados como terroris-tas, no podemos trabajar la minería porque no tenemos acceso a un título.

Barbosa, Antioquia

Campesinos sufren desnutrición y paludismo

El equipo médico del refugio humanitario denunció el uso por parte de la Policía de armamento como fusiles y pistolas neumáticas. Existen videos que muestran la agresión del ESMAD a los campesinos

Estamos pidiendo que se reconozca la minería artesanal, que esté en el Código de Minas. Pedimos que no quemen las máquinas, ya que con el decreto 2235 se autoriza a quemar las máquinas por-que son ilegales, cuando es el mismo Estado quien nos vende las máquinas. Necesitamos que el Código Minero se adapte a nuestras necesidades y no so-lo las de las grandes empresas. De los dos corregimientos que tiene El Bagre, uno tiene cerca de 17 mil habitantes y el 80 por ciento de ellos se dedica a la minería artesanal”.

Leonardo Rojas, del cuerpo médi-co del refugio humanitario:

“Uno se da cuenta que las razones por las cuales los campesinos protes-tan son absolutamente objetivas. El 70 por ciento de los niños indígenas que han llegado acá para atención médica sufren de desnutrición grave y aguda. Uno de esos casos es el de una indíge-na que dio a luz recientemente, a ella, se le hizo un tratamiento por paludis-mo, y en los exámenes detectamos que tiene graves defi ciencias nutricionales, es decir tiene desnutrición crónica. Al día siguiente nos trae al niño mayor de ella que tiene 12 añitos, le hacemos los mismos exámenes y también tenía des-nutrición profunda. Toda esa familia tiene desnutrición profunda. A raíz de ese problema empezamos a revisar al resto de niños indígenas y campesinos y encontramos que el 70 por ciento su-fre de desnutrición. Los campesinos de esta región tienen problemas de desnu-trición. Uno no entiende cómo la gente que produce la comida tenga este tipo de problemas. Se han registrado a la fecha 38 casos de paludismo en el refugio”.

Varias organizaciones no guberna-mentales de derechos humanos asistie-ron al lugar con el fi n de verifi car y do-cumentar las graves denuncias que por abusos de autoridades ofi ciales y en es-pecial de la fuerza pública, han sufri-do los cerca de 4000 campesinos en el marco del Paro Popular.

Campesinos del refugio en Barbosa. Foto Kikyō.

El profesor Miguel Ángel Beltrán, quien estuvo deteni-

do por los cargos de colaboración con la guerrilla y que luego fue puesto en libertad por falta de pruebas, fue víc-tima de otra sanción política, esta vez por parte del Procurador, quien lo in-habilitó por 13 años para ejercer car-gos públicos.

La sanción hace parte de una inves-tigación disciplinaria, que desde hace dos años pretende dar muerte política al intelectual.

Miguel Ángel Beltrán siempre ha si-do un defensor de la libertad de pensa-miento y de la academia como escenario para la construcción de este: “La univer-sidad pública ha sido por excelencia un espacio para la producción y circulación del pensamiento crítico. Desde la segun-da década del siglo pasado, y bajo los impulsos del Movimiento Estudiantil de Córdoba (Argentina 1918) cuyas ondas renovadoras se expandieron a todo el continente americano, se confi -guró como un escenario para el debate de concepciones sobre la democracia,

la libertad y las transformaciones so-ciales, asumiendo –en la teoría y en la praxis- un papel profundamente crítico frente al orden social y político vigente, siendo el cogobierno, la gratuidad, y la libertad de cátedra, elementos constitu-tivos de su esencia, garantizados a tra-vés del reconocimiento de la autonomía universitaria”.

Hoy con la decisión del Ministerio Público se envía un claro mensaje a aquellos intelectuales que no se han li-mitado en sus críticas, para que lo pien-sen bien antes de hablar, escribir, opi-nar o publicar, por si las acusaciones de rebelión o de auspicio a la guerri-lla no pudieron acallarles, el evitarles trabajar como servidores públicos des-de cualquier ámbito, pueda detenerles.

Ya lo había dicho el propio Miguel Ángel en una publicación: “…Esta si-tuación no es nueva, de allí que mi pro-pósito en este artículo es ilustrar cómo históricamente el Estado colombia-no ha utilizado de manera recurren-te –bien sea directamente o a través del estímulo y tolerancia de grupos

ilegales- estrategias represivas que in-cluyen desde las detenciones arbitra-rias y las sindicaciones de terrorismo hasta la elaboración de listas negras y la eliminación física de miembros de la comunidad universitaria, con el ob-jetivo de silenciar las voces críticas e implementar una política de homoge-neización del pensamiento”.

Pero no es el único caso en el que la Procuraduría General sanciona a opositores o críticos del Gobierno. En mayo de 2012 el ente inhabilitó disci-plinariamente a la exsenadora Piedad Córdoba por 14 años para ejercer car-gos públicos, por la supuesta fi nancia-ción de una campaña política. Ya en el 2010 la exsenadora quien hoy hace parte de Colombianos y Colombianas por la Paz y de la Marcha Patriótica, había sido sancionada también por el Ministerio Público por un tiempo de 18 años.

Según la Procuraduría, Córdoba se había extralimitado en sus funciones como mediadora ante la guerrilla de las FARC.

Sanción política, nuevo papel de la Procuraduría

Miguel Ángel Beltrán.

Septiembre11 de 2013/12

M M *

CIFRASCIFRASCOMENTARIOSCOMENTARIOS&&

ECONOMÍA

L

La industria nacional va mal. De acuerdo con el DANE en junio de 2013, la produc-ción real del sector fabril, sin incluir trilla de café, dis-minuyó 5,5% con relación a igual mes de 2012. En este período, 34 de los 48 subsec-tores industriales registraron una disminución en su pro-ducción, destacándose por su contribución a la variación to-tal del sector las industrias de vehículos (-52,2%), minera-les no metálicos (-5,7%), ela-boración de bebidas (-7,9%), confecciones (-10,8%), papel, cartón y sus productos (-8,6%) y metales preciosos y no fe-rrosos (-29,4%). En lo corrido del año hasta junio de 2013, la producción real del sector fa-bril disminuyó 3,4% respecto a igual período de 2012. Y en los últimos doce meses hasta junio de 2013, la producción real de la industria manufac-turera disminuyó 2,2%.

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El empleo industrial retro-cede. Según las estadísticas ofi ciales del DANE el perso-nal ocupado por el sector ma-nufacturero disminuyó 2,4% respecto a junio de 2012, co-mo resultado de la disminu-ción de -4,4% en el personal contratado a término fi jo y de 0,8% en el personal vinculado a término indefi nido.En lo co-rrido del año, el personal ocu-pado por la industria manufac-turera disminuyó 1,9% frente al mismo período de 2012. Y disminuyó 0,8% en los últi-mos doce meses, debido sobre todo a la menor vinculación de personal contratado a término defi nido (-2,7%).

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El consumo de los ho-gares cae. De acuerdo con la información del DANE en agosto de 2013, la varia-ción del Índice de Precios al Consumidor - IPC – fue 0,08%. Esta tasa es superior en 0,04 puntos porcentuales a la registrada ena gosto de 2012, que fue de (0,04%).En lo corrido del año los precios al consumidor acumularon una variación de 1,86%. Esta tasa es inferior en 0,17 pun-tos porcentuales a la registra-da para igual período del año 2012 (2,03%).En los últimos 12 meses la variación acu-mulada a agosto fue (2,27%). Esta tasa es inferior en -0,84 puntos porcentuales a la re-gistrada en agosto de 2012 (3,11%).

as movilizaciones so-ciales que protagoniza el pueblo co-lombiano son la respuesta a una histo-ria de exclusión que las clases domi-nantes en el poder han construido de manera deliberada.

Si bien en el siglo XX, gobiernos como el de López Pumarejo, intentaron sustraer al país del atraso, con estrate-gias que enfrentaran la apropiación im-productiva de la tierra, los grandes pro-pietarios agrarios se opusieron con fi era resistencia. Las políticas redistributivas tuvieron entierro defi nitivo en el pac-to de Chicoral de Lleras Restrepo, y de ahí en adelante el Estado sólo dis-tribuye a partir de terrenos baldíos sin que se toque y más bien se benefi cie la persistente estructura inequitativa de tenencia y uso del suelo.

Los gobiernos del neoliberalismo institucionalizado, desde mediados de los setenta, deshicieron el proyecto de desarrollo estratégico basado en la in-dustrialización por sustitución de im-portaciones, que a la vez tenía vocación económica y social, por cuanto buscaba dar valor agregado a las materias pri-mas nacionales, generaba empleo, in-gresos y seguridad social solidaria, y luchaba para proyectarse en la produc-ción de bienes durables e industriales.

El cambio de modelo

El cambio de modelo de desarrollo estuvo acompañado de la generación de la brecha entre la política económica y la política social, donde la primera se ha utilizado a fondo, mediante herra-mientas monetarias y fi scales que sa-tisfacen los requerimientos del capital fi nanciero internacional; mientras que la política social sólo se ha ocupado de medidas paliativas y focalizadas,

que atienden las demandas sociales de manera individual, como corresponde con la fi losofía del individualismo que acompaña la visión de mercado sobre los seres humanos.

Una revisión de los planes naciona-les de desarrollo de los gobiernos neo-liberales, informa que todos ellos hacen un diagnóstico de la inequidad en ma-teria de ingresos, educación, salud, vi-vienda y servicios, alimentación y nu-trición, campo y ciudad, y entre regio-nes. Es decir, sus fallas distributivas no han ocurrido por ignorancia. Han ac-tuado en contravía de los dictados de la realidad porque su conciencia de clase los lleva a la defensa a ultranza de los intereses de los poderosos. Medidas económicas como la represión salarial, la desprotección industrial y el abando-no del campo, son parte del mismo pa-quete de reducción de la demanda in-terna para promover las exportaciones; y estas últimas, son de carácter prima-rio porque ese es el tipo de desarrollo en el que anda el país, por la voluntad política de sus dirigentes.

Medidas equivocadas

Este conjunto de medidas equivoca-das de política frente a un diagnóstico correcto es la cosecha que hoy recoge el sistema en su conjunto, que para ma-yor ironía le correspondió al presidente Santos, el mismo que les ofreció a los colombianos en su época de Ministro de Hacienda del gobierno Pastrana “su-dor y lágrimas” mientras juntos aplica-ban medidas de austeridad en medio de un alto desempleo.

La enorme paciencia del pueblo colombiano se ha agotado. El dique de contención del descontento nacio-nal se ha roto. Pero mientras el país se prepara para el posconfl icto, que no es otra cosa que el escenario propicio pa-ra la negociación por la vía política de la prolongada exclusión económica y

social, preocupa que la respuesta sea la repetición de la muestra represiva que ha esgrimido por estos días el gobier-no nacional. Si la paz se va a fi rmar para que la burguesía siga disponien-do de un territorio que les pertenece a todos, pues no será duradera, y menos con justicia social. Si esta es la tercera vía que ofrece Santos, será la garantía para que la violencia no cese.

La prueba de que este gobierno per-siste en las políticas excluyentes es el paquete de medidas que se está coci-nando en la Casa de Nariño, bajo enga-ño, pretende la aceptación del campe-sinado de i) la Ley de desarrollo rural que provee las condiciones para que los capitales del agro puedan invertir, ii) el documento que prepara el Conpes para la operatividad de proyectos agroindus-triales en la altillanura de la Orinoquia y, iii) la ley en ciernes que se ocupará de la legalización de 622.000 baldíos entre los que se cuentan los terrenos mal habidos en el Vichada, con el fi n de dar seguridad jurídica a los inver-sionistas de siempre.

¿Por qué no habla el Presidente de la constitución de las zonas de reserva campesina que se estipulan en la Ley 160 de 1994? ¿Por qué resuelve el pa-ro del campo con paños de agua tibia y no toca la estructura agraria? Y ¿por qué no acelera la devolución de tierras a los desplazados por la enorme con-trarreforma agraria que se instaló en Colombia durante sangrientas déca-das? Derechos de propiedad, restitu-ción de tierras y garantías de no repe-tición, infraestructura vial, transporte, distritos de riego, subsidios estatales, en lugar de créditos caros y provisión de bienes públicos como salud, educa-ción, agua potable, saneamiento bási-co y energía hacen parte de lo que ne-cesitan los pequeños productores del campo, para que haya paz y dignidad en sus vidas.

* Investigadora CEIS.

Los costos de la exclusión

La politica económica ausente de las realidades sociales de los colombianos Foto J.C.H.

Septiembre11 de 2013/13

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INTERNACIONAL

El número de gobiernos,

organizaciones sociales y círculos de opinión que en el mundo condenan una invasión a Siria por parte de Estados Unidos, crece de manera directamente proporcional al aislamiento y despresti-gio del presidente Obama y de su órbita inmediata de seguidores, que anuncian una nueva aventura bélica, con el argu-mento de defender la “seguridad nacio-nal” de la gran potencia imperialista.

La falta de apoyos para su aventu-ra intervencionista tuvo su máxima ex-presión en la reunión del G-20, en San Petersburgo, antigua capital del impe-rio de los zares, donde los represen-tantes de las mayores potencias eco-nómicas se reunieron con la intención de buscar salidas a la crisis global del mercado.

Aunque el tema sirio no estaba en la agenda de San Petersburgo, el man-datario anfi trión, Vladímir Putin, in-trodujo el asunto al momento de abrir las deliberaciones de la reunión, el jue-ves de la semana pasada, y las discu-siones suscitadas coparon la atención de los asistentes hasta bien entrada la madrugada del segundo y fi nal día de deliberaciones.

En la que resultó para Obama la más incómoda cumbre de líderes de las po-tencias capitalistas, en sus casi cinco años de gobierno, el mandatario debió

soportar las recriminaciones del pre-sidente ruso, las exhortaciones del se-cretario general de la ONU, que llamó a una solución negociada y a evitar el derramamiento de sangre, y el recha-zo casi unánime del bloque de países latinoamericanos, a quienes no con-vencen los argumentos de Washington para justifi car una nueva guerra en el Oriente Medio.

Crimen de guerra

En la cumbre del G-20, además del rechazo de la mayoría de los asisten-tes a la idea de intervenir militarmen-te en Siria, resonaron las voces de au-torizados analistas como el lingüista Noam Chomsky, quien aseguró que si Obama se mete a Siria, incurre en un crimen de guerra. O la opinión del pa-pa Francisco, que envió una carta a los gobernantes del mundo exhortándolos a mediar para una solución pacífi ca al confl icto.

La justifi cación de Obama en la reu-nión de las potencias occidentales, lle-gó debilitada, por la decisión del par-lamento británico de no autorizar a su primer ministro a comprometerse en la agresión a Siria, por la incertidumbre de si también el congreso norteameri-cano tomará una decisión similar a la de sus colegas británicos, o apoyará la invasión a Siria, con el voto en contra de un signifi cativo número de parla-mentarios.

Pero, además del distanciamiento

de Gran Bretaña, dos de los principa-les aliados de Estados Unidos dentro de la OTAN, Alemania e Italia, tampoco manifi estan un apoyo muy decidido a la aventura norteamericana y en el se-no de la Unión Europea no se alcanza unanimidad plena en cuanto a los con-sensos que reclama el señor Obama. Incluso, el jefe del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, dijo que el con-fl icto sirio “no tiene una solución mi-litar” y abogó por “un acuerdo políti-co pacífi co”.

Aún el presidente francés, François Hollande, presionado por una oleada de críticas en la prensa y la opinión públi-ca de su país, dijo que esperará el in-forme de los expertos de las Naciones Unidas sobre el uso de armas quími-cas en Siria, y el resultado de las vota-ciones en el congreso norteamericano, antes de sumarse a una acción militar.

Montajes

Y mientras los aliados de la Alianza Atlántica sortean esta suerte

Guerra contra Siria

Obama no consigue nuevos apoyos

En el marco de la Cumbre del G-20, en Rusia, el mandatario norteamericano no logró el respaldo que buscaba para su aventura intervencionista en el Medio Oriente. Revelan nuevos detalles del montaje de las armas químicas en Siria

de difi cultades, en los medios de co-municación occidentales trascienden nuevos detalles que apuntan a mostrar que el argumento de la utilización de armas químicas por parte del gobierno de Damasco, es un burdo montaje si-milar al que se esgrimió en su momen-to para atacar a Irán.

A esta dirección apunta, por ejem-plo, la revelación de un hacker nor-teamericano, que accedió a los co-rreos del coronel Anthony Jamie MacDonald, director general de per-sonal de la Ofi cina de Operaciones y Planes del jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército norteamericano, que horas después del “ataque” con gas sarín, el 21 de agosto, felicita al coronel Eugene Frust, por la “operación exito-sa” del ataque químico en Siria.

En este sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, fue más contundente y señaló que lo de las armas químicas “es una provocación de unos mercenarios” para obtener más ayuda internacional, y justifi car la intervención militar nor-teamericana.

El mundo recuerda por estos días, el magnicidio del presiden-

te mártir de Chile, Salvador Allende, asesinado hace 40 años, un 11 de sep-tiembre, tras el golpe militar fascista del general Augusto Pinochet, fi nan-ciado por la ITT y otras transnaciona-les norteamericanas y bajo la coordina-ción del Departamento de Estado nor-teamericano.

En la obra política del presidente Allende, posesionado tras unas elec-ciones democráticas, el 4 de noviem-bre de 1970, se encuentran rasgos que se asemejan a los procesos revolucio-narios que se viven hoy en varios paí-ses de América Latina.

El gobierno de Allende, que tuvo el mérito, inédito en el continente, de buscar instaurar un gobierno socialis-ta, revolucionario, por la vía electo-ral, planteó un programa de reformas que por primera vez en la historia del

país austral, tuvo en cuenta los intere-ses más sentidos del pueblo trabajador y campesino.

La estatización de las áreas clave de la economía, la nacionalización de la gran minería del cobre, una reforma agraria democrática, la congelación de

precios de la canasta fami-liar, el aumento de salarios para los trabajadores, la conformación de un par-lamento unicameral y una reforma a la Constitución Nacional que diera piso ju-rídico a los anteriores cam-bios sociales, fueron las lí-neas generales de la obra progresista de Allende.

Ataque fascista

La respuesta de los grandes monopolios na-cionales e internacionales,

de la CIA norteamericana y de algunos sectores de la extrema derecha chilena, fueron el sabotaje, un clima de intole-rancia, ataques al gobierno por parte de los gremios empresariales y fi nalmente la realización de un paro patronal que

abonó las condiciones para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Cuatro décadas después, las bande-ras de Allende fueron retomadas por nuevas generaciones de luchadores. América Latina vive una nueva épo-ca de transformaciones políticas y so-ciales. Ya el continente no es el patio trasero de los Estados Unidos, que do-minaban a su antojo la política en el continente.

Las nacionalizaciones de Allende permitieron recuperar la dignidad y la soberanía del pueblo chileno. Proyectos similares surgen y se con-solidan a lo largo de la geografía lati-noamericana. La semilla sembrada por Allende, el sacrifi cio de su sangre de-rramada, no fueron en vano. Los pue-blos han abierto las grandes alamedas para transitar por los cambios demo-cráticos, como pregonó el presidente socialista chileno.

A 40 años del golpe militar

La semilla socialista de Allende ha germinadoAmérica Latina vive una nueva época, en la que predomina la noción de socialismo, con el ejemplo, primero de Cuba, después de Salvador Allende y más tarde de Chávez

Salvador Allende.

Vladimir Putin y Obama, un lenguaje diferente.

Septiembre11 de 2013/14TEORÍA Y CRÍTICA

E Ó D

n ambos meca-nismos se acude al constituyen-te primario, hay trámite en el Congreso y control de la Corte Constitucional. Temas de fondo en la teoría constitucional clási-ca. Pero, este no es el único dile-ma, existe otro que no se puede soslayar: normatividad jurídica Vs. Corte Constitucional. Para resolver esta inquietud hay que ser conscientes de que la teoría y praxis del derecho en Colombia ha sufrido un cambio radical. Pensar que con expedir un tex-to constitucional quedan blinda-dos, por ejemplo, unos acuerdos de paz, es una opinión apresu-rada porque hoy, desafortuna-damente, es más importante in-terpretar la norma que expe-dir una reforma; y, al paso que van las cosas, la novedad va a ser interpretar la interpretación. Esta opinión exige algunas pre-cisiones:

El apogeo de la cultura del precedente ju-risprudencial, se debe no solamente a la forta-leza de la argumentación y al derecho de las personas a solicitar que se dé un trato similar, aspectos indudablemente positivos, sino tam-bién al propósito imperial de un pensamien-to único (también en lo jurídico). Dentro del segmento del modelo norteamericano, que es la moda en Colombia, el parlamento expide la ley pero el juez es quien crea el derecho. Hoy, el activismo judicial, propio de ese sistema, se torna atractivo cuando el parlamentarismo está de capa caída. En ese activismo, el “actor” que interpreta, se torna “creativo” y supera al “au-tor” que escribe la norma. Ese intérprete o ac-tor no siempre está en conformidad con lo que dice el autor; “La importancia dada a la crea-tividad de un actor implica que puede ver en el papel potencialidades que el autor del papel no vio: va más allá del autor e incluso, quizás, en contra de su intención. Del mismo modo, el razonamiento para la moderna interpretación constitucional y para el control judicial es que los jueces modernos pueden ver en las gene-ralidades de la Constitución potencialidades que los autores no vieron, que van más allá de su intención y que incluso son quizás contra-rias a ésta”. (Cita tomada de CHRISTOPHER WOLFE, La transformación de la interpreta-ción constitucional, Editorial Civitas, Madrid, 1991, pág. 457).

Sumo pontífi ce del derecho

Ronald Dworkin, sumo pontífi ce en las fa-cultades de derecho de las universidades co-lombianas, desde fi nales del siglo XX, aboga por un juez constitucional omnipotente. “El en-foque de Dworkin sobre la sentencia constitu-cional obviamente da al juez considerable po-der independiente de la dirección constitucional

sustancial”. Las concepciones del juez constitu-cional determinan el contenido de los conceptos constitucionales. Las decisiones del Tribunal Constitucional se tornan superiores a las deci-siones del legislador e inclusive del propio cons-tituyente. Ese activismo es la antesala de la ti-ranía judicial o, en el menos malo de los casos, del neoinstitucionalismo, o sea, la conducta de una Alta Corte que tiene la pretensión de orien-tar los destinos del país.

En Colombia se ha llegado a la exagera-ción. No solamente los Magistrados de la Corte Constitucional se consideran el “órgano cierre” de la juridicidad, sino también los operadores de un “derecho viviente” que puede dejar por el suelo normas y decisiones judiciales ejecutoria-das (ver sentencia C-258 de 2013).

Aquel sistema jurídico continental europeo, imperante por dos siglos, degeneró en el fetichis-mo de la ley, de ahí que hubiere sido fácil, en nuestra patria, remplazarlo por el sistema anglo-sajón, debido especialmente a la cultura del pre-cedente impulsada por la Corte Constitucional, pero que ha caído en el fetichismo de la ju-risprudencia.

Qué hacer para evitar la inseguridad jurídica? Un sector norteamericano, en una época, dio una respuesta prudente. El Juez Frankfurter, quien fue Presidente del Tribunal Supremo y quien en su ejercicio profesional fue defensor de Sacco y Vanzeti dijo: “La piedra angular de la consti-tucionalidad es la Constitución misma, y no lo que nosotros decimos con respecto a ella” (Caso Graves Vs. New York, 306 US).

Mejor la Constituyente

Superado cualquier inconveniente que podría surgir por el “neoinstitucionalismo” de la Corte Constitucional, entonces sí vale la pena analizar

qué es pertinente: ¿Asamblea Constituyente? ¿Referendo?

A primera vista, es mucho más democrática una Asamblea Constituyente.

Además, se ha perdido la confi anza en la Constitución de 1991. La joya de la corona que era la tutela, ha pasado de la euforia a la des-ilusión. La judicatura, sin cambiar una sola co-ma del artículo 86 de la Constitución vigente, ha convertido la tutela en una realidad virtual, con el apoyo en una sola palabra jurispruden-cialmente establecida: “improcedencia”. Con el paso del tiempo la economía de mercado derro-tó a los derechos, el capitalismo salvaje creció a sus anchas y tal entorno no es el mejor para garantizar los derechos sociales. Pese a haber-se constitucionalizado los derechos laborales y de la seguridad social (el 75% de las cuatro millones de tutelas presentadas en Colombia, se refi eren a pensiones, salud y salario), la ver-dad es que en la práctica se escamotean, bien sea porque el legislador los torna inoperantes, bien sea porque los empleadores violan los de-rechos y los jueces no protegen. En otras pala-bras, una cosa dice la Constitución y otra es la realidad y, especialmente, en el gobierno del doctor Santos. Si ello es así, el referendo no es el escenario para buscar soluciones de fondo. Y, paradójicamente, una ley estatutaria permi-tiría una mayor amplitud temática, aunque, de todas maneras y con mayor razón, se regresaría al inconveniente ya planteado, que en la actua-lidad tiene más fuerza la interpretación que la expedición de la norma.

En conclusión, la Constitución de 1991 ya cumplió su cometido, el neoliberalismo la degra-dó, las reformas constitucionales la han debilita-do y la interpretación constitucional la ha opaca-do. Luego, tarde o temprano habrá que expedir la Constitución para el siglo XXI.

¿Asamblea Constituyente? ¿Referendo?

Marcha 9 de abril de 2013 “Somos más ahora sí la paz”.

Septiembre11 de 2013/15

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Clavos Calientes

JAQUE MATE

“El Gobierno se une en la Unidad Nacional en torno a las políticas

gubernamentales en contra de los intereses populares, nosotros tenemos la obligación de unirnos en defensa de

los intereses del pueblo”.Tarcisio Rivera, Secretario General de la CUT, en el Encuentro de Organizaciones

Sindicales y Populares.

El Foro de Semana

El Foro de la revista Semana, realizado el lunes 2 de septiembre del presente año, sobre las pers-pectivas del proceso de La Habana, contó con participación de numero-sos sectores nacionales y tuvo am-plia repercusión debido a la plurali-dad de planteamientos, incluyendo los del uribismo que se pronuncia en contra de la paz. Los grandes ausen-tes fueron Piedad Córdoba y Carlos Lozano, quienes habían anunciado su participación, pero a última hora la descartaron porque fue convoca-da a la misma hora una reunión ur-gente de la Junta Patriótica Nacional de Marcha, debido a los señalamien-tos macartistas del presidente Juan Manuel Santos y otros altos funcio-narios gubernamentales.

A devolver Nobel de Paz

El Comité Nobel del Parlamento de Noruega solicitará que se retire al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el Premio Nobel de la Paz 2009 debido a su intención de realizar una intervención militar en Siria, pese a la oposición internacio-nal. El organismo señaló que la deci-sión se basa en que “las políticas se-guidas por el presidente Obama, tan-to en lo referente a política exterior, especialmente en Oriente Medio y Norte de África, como el inaceptable recorte en libertades de los ciudada-nos de su país y del resto del mundo, con la utilización de programas espía como PRISM, el mantenimiento de la prisión de Guantánamo, etcétera, ha-cen que considere totalmente inade-cuado que ostente este galardón, por no ser merecedor del mismo”.

“De la curul a la cárcel”

Una investigación de la web

verdadabierta.com revela que 60 congresistas fueron condenados en los últimos años por parapolítica. El partido más afectado es Cambio Radical de Germán Vargas Lleras con seis senadores y nueve repre-sentantes y los siguen los partidos liberal y conservador. No se que-dan atrás el fl amante PIN y la U que también aportan parapolíticos en la cesta de la corrupción de la políti-ca tradicional. Durante el gobierno de Uribe Vélez casi todos los presi-dentes del Congreso fueron a parar a la cárcel. Y esta es la democracia que defi ende Santos cuando le dice a la guerrilla que salgan a defender sus tesis políticas en democracia. ¡Vaya paradoja!

Diálogo con campesinos

El presidente Juan Manuel Santos le había dado la orden a sus ministros de que no podría haber conversación con Marcha Patriótica para buscar solución al paro nacional agrario y popular. Así se lo hizo saber a gobernadores y alcaldes. Sin embargo, miembros de la MIA siempre buscaron acer-camientos a través de facilitado-res como el ex presidente Ernesto Samper Pizano y a gestiones in-fructuosas de Carlos Lozano con monseñor Luis Augusto Castro con quien no fue posible con-versar. La puerta del diálogo se abrió por gestiones de Carlos Lozano con los gobernadores de Nariño y Cauca, Raúl Delgado y Temístocles Amaya. Hubo con-versación telefónica con Angelino Garzón, vicepresidente, y este ha-bló con Andrés Gil y los goberna-dores, ya autorizados, se reunieron con la MIA en pleno. Luego vino la reunión de Popayán de la cual salió un acuerdo. Ojalá el gobier-no cumpla y no ponga conejo.

La Organización Continental Latinoamericana y Caribeña

de Estudiantes, OCLAE, instalará en Bogotá su Secretariado General, máxi-ma dirección entre Congresos, del 9 al 14 de septiembre en la idea de generar movilizaciones estudiantiles en el con-tinente en torno a los procesos educati-vos y las luchas estudiantiles que agitan.

La construcción de leyes alterna-tivas de educación e iniciativas por la defensa de la educación de calidad pa-ra todos los jóvenes latinoamericanos es el plan de trabajo del secretariado OCLAE, en su visita al país. La mer-cantilización de la educación, dicen voceros de la OCLAE, está llevando a los jóvenes de América Latina a pre-pararse para el trabajo y los intereses del mercado; no para ser artífi ces de la transformación de la sociedad.

La escogencia de Colombia co-mo sede del Secretariado se da en medio de una agitación social que en buena parte se encuentra liderada

por el movimiento estudiantil en la Mesa Nacional Estudiantil, Mane. La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, y la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, son las organizaciones estudiantiles que tienen asiento en la OCLAE, y que hoy protagonizan las movilizaciones en torno a la Ley de Educación Superior Alternativa, construida desde el seno estudiantil y presentado a los colom-bianos en las calles del país.

El Secretariado de la organización Latinoamericana dio a conocer me-diante sus vocerías el respaldo al pro-ceso de paz entre la insurgencia y el gobierno colombiano pues la paz con justicia social es bandera de los estu-diantes colombianos y latinoamerica-nos “es una paz para el continente”. Y acompañará las marchas preparatorias a un paro nacional universitario ante la crisis presupuestal de las universi-dades. Esperando respuestas al plie-go nacional estudiantil presentado.

OCLAE

Secretariado en Colombia

Septiembre11 de 2013/16

LA VERDAD DEL PUEBLO

SEMANALA VERDAD DEL PUEBLO

L M

La Sala de Justicia y

Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, in-vestigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en actividades de promoción y apoyo al paramilitarismo, desde la época en que se desempeñó como Gobernador de Antioquia. Uribe es mencionado por varios jefes y miembros de las “AUC”, grupos paramilitares, de ha-ber colaborado con ellos cuando fue gobernador, en complicidad con va-rios de sus colaboradores y del gene-ral Rito Alejo del Río, detenido por el apoyo que le dio a los paramilitares en la región de Urabá.

Pero la decisión de la sala de Justicia y Paz va más allá porque or-dena investigar a la ex fi scal Viviane Morales Hoyos y a varios fi scales dele-gados ante la Corte Suprema de Justicia y de la Unidad contra el Terrorismo, “por el posible delito de prevarica-to por omisión, por su omisión en la

investigación y juicio de los genera-les Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón y de los demás ge-nerales y altos ofi ciales de las Fuerzas Armadas comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanita-rio”. Todo indica que en tal acción hu-bo concertación de los altos ofi ciales con el paramilitar “Don Berna” en la “Operación Orión” en la Comuna 13 de Medellín, bombardeada en pleno cora-zón de la capital antioqueña.

También ordenó investigar a los ex generales Óscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño e Iván Ramírez, al coronel Germán Morantes Hernández y al te-niente coronel John Jairo Cardona Chaparro. Ya la misma sala había or-denado investigar al general Alejandro Navas, ex comandante de las Fuerzas Militares, por su presunta responsabi-lidad en la masacre de La Horqueta, ocurrida en La Mesa, Cundinamarca, en 1997.

La decisión de la sala fue adopta-da por mayoría de 2 a 1 y la ponencia la presentó el magistrado Rubén Darío Cogollo.

Histórica decisión de Tribunal en Medellín

Uribe Vélez a responder

Álvaro Uribe Vélez: En la cuerda fl oja.

Como siempre, el abogado de Uribe Vélez, Jaime Granados, amenazó con denunciar al togado y Francisco Santos, fl amante precandidato presi-dencial lanzó todo tipo de insultos con-tra el Tribunal Superior de Medellín. Uribe, como suele hacerlo, en tono

pendenciero respondió vía Twitter, sin argumentos y sin dar explicación con-cretos de los casos que lo comprometen.

Ante la posibilidad de impunidad en la Comisión de Acusaciones, la sala de Justicia y Paz tomó la decisión de ofi -ciar a la Corte Penal Internacional.

El pasado domingo 8 de septiembre co-menzó la Semana

por la Paz, que se prolonga-rá hasta el 18 del mismo mes, con una vasta programación de actividades de orden re-ligioso, académico y públi-co, bajo la divisa de que “La paz es vida: pactemos la paz. Construyamos convivencia”.

El evento fue convocado por Redepaz y cuenta con el apoyo de 42 centros acadé-micos, organizaciones sindi-cales y sociales, partidos po-líticos, medios de comunica-ción, entre ellos el semanario VOZ.

El objetivo es respaldar los diálogos de La Habana del Gobierno Nacional y las FARC-EP y desear con es-peranza que pronto se inicien los mismos con el ELN.

“La paz para el movimien-to ciudadano es el conjunto de condiciones que hacen posi-ble la realización de los pro-yectos de vida individuales y colectivos, incluida la ter-minación del confl icto arma-do”, dice la convocatoria. En la Semana por la Paz tendrán presencia seis regiones co-lombianas, con todas sus si-militudes y diferencias, pero identifi cadas en el anhelo de reconciliación y de paz esta-ble y duradera.

El viernes 13 de septiem-bre, a las 12 m., tendrán lu-gar actos de afi rmación por la paz en todos los municipios de Colombia: Sí a la paz. Sí a la vida digna. Sí a los acuer-dos. Sí a la terminación del confl icto.

Líderes campesinos de El Carmen de Bolívar denunciaron la aparición de una nueva ola de panfl etos amena-

zantes, de claro origen paramilitar, destinados a crear terror entre los dirigentes y el pueblo que se movilizó en abril pasado, con marchas y de-claraciones que condenan la pobreza y el des-pojo de tierras por latifundistas.

No es esta la primera vez que en la región de los Montes de María surgen estas maniobras de la derecha fascista, amparada por el apara-to militar que se hace el de la vista gorda cuan-do actúan los criminales cabecillas del parami-litarismo.

Esta zona del departamento de Bolívar es una de las más martirizadas regiones de Colombia por el accionar de matones contra familias cam-pesinas que no están dispuestas a entregar sus tierras para que se instalen los cultivadores de palma con su discurso fracasado del “empleo ru-ral”, cuando lo que existe en el fondo es la en-trega del campo al TLC y a las multinacionales que buscan extraer materias primas en propor-ciones monstruosas.

La propia población de El Carmen de Bolívar es un claro ejemplo del fracaso del modelo neo-liberal y de apropiación de las tierras, pues esta localidad no tiene siquiera acueduecto, el ham-bre y el desamparo social tienen desesperados a miles de hombres y mujeres humildes, la salud pública no existe, las escuelas están desvenci-jadas y lo que impera en el sector urbano es el rebusque incontrolado en la economía informal.

Muchos padres de familia de este municipio y de otros en la costa caribe, caen en las garras de los “cobradiario”, mediante préstamos iluso-rios que son repartidos para montar pequeños negocios. Al no poder pagar el dinero obtenido, lo que sigue es la muerte por sicariato, que es la factura de cobro del paramilitarismo urbano.

Ante este cuadro de horror y miseria social, los gobernantes departamentales o los alcaldes tienen una venda en los ojos.

Semana por la Paz

Paz es vida… Pactemos pazCarmen de Bolívar

Panfl etos amenazantes