Soberanía e identidad. España2000

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MOVERSE EN EL NUEVO PANORAMA POLÍTICO. Líneas argumentales para afiliados y militantes 1

Dos son los pilares en los que se sustenta nuestro proyecto político, la defensa y recuperación del Estado Nacional como garante de los derechos y libertades de nuestros compatriotas y un modelo económico opuesto a la reducción del mundo a un mercado único.

Estos cimientos nos constituyen en una alternativa, real y diferenciada, al modelo vigente que se conoce como Globalización o Mundialización.

La definición de ambas propuestas es el objeto de esta ponencia política. Desde ella construimos nuestro programa y con él la alternativa a un sistema político y económico que además de encontrarse en una profunda crisis, ha demostrado ser incapaz de solucionar los problemas de nuestra Nación y del mundo.

Abordamos también algunas de las más importantes consecuencias de esta crisis. Trataremos el problema de la inmigración masiva, la pérdida de derechos de los españoles y la prioridad nacional, y la corrupción de las clases dirigentes.

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SOBERANÍA E IDENTIDAD COMO DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y LA FORMA DE VIDA EUROPEA EL ESTADO NACIONAL COMO GARANTÍA DE NUESTROS DERECHOS

El sistema autonómico, principal problema del Estado de Bienestar El Estado español ha renunciado a su soberanía El Estado Nacional como defensa y garantía de los derechos de los españoles La segunda descentralización frente al centralismo intransigente

RECUPEREMOS NUESTRA SOBERANIA, NO ALA UNION EUROPEA

Volver a tomar el timón de nuestra política Frente a la Europa de los mercaderes, la confederación de Estados Europeos

LAS IDENTIDADES REGIONALES, PATRIMONIO ESPAÑOL Y HERRAMIENTA CONTRA LA MUNDIALIZACION

Identidad y Arraigo Identidades regionales como herramientas indispensables

POR UN MODELO ECONÓMICO ALTERNATIVO, FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN

Características de este modelo Política Monetaria Política Fiscal Comercio Exterior Política Laboral y Fiscal

LA INMIGRACIÓN MASIVA COMO FIN DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Las cifras de la inmigración en España. Dimensión actual del problema La inmigración como problema laboral La inmigración como problema económico La inmigración como problema social Inmigración masiva y delincuencia El problema de los ilegales Demografía e inmigración Nuestra propuesta

EL DERECHO A LA PRIORIDAD NACIONAL

LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

La corrupción como lastre de la economía Los culpables de la corrupción Propuestas y reformas contra la corrupción política

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LA SOBERANÍA Y LA IDENTIDAD COMO DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y LA FORMA DE VIDA EUROPEA

EL ESTADO NACIONAL El Sistema Autonómico, principal problema del Estado de Bienestar

Según la Constitución Española de 1978, España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

España se encuentra distribuida administrativamente en 17 Comunidades Autónomas que permiten el autogobierno a cada región. A esto se le ha denominado el Estado de las Autonomías. El sistema autonómico ha engordado la administración y ha potenciado el derroche en todas las instituciones implicadas. Esto ha sido posible gracias a la ausencia de vigilancia por parte del gobierno central en las inversiones realizadas. El resultado ha sido un disparatado aumento del coste del conjunto del Estado, que resulta insostenible.

Otra consecuencia directa del sistema autonómico es la fragmentación y desigualdad de la sociedad española. En España contamos con diecisiete sistemas educativos diferentes, diecisiete sistemas de atención sanitaria o diecisiete modelos fiscales. Un enfermo de Cuenca debe solicitar un permiso para ser atendido por un médico de cabecera en la provincia de Madrid. La situación se ha tornado inviable tanto económica como socialmente.

Esta fragmentación nacional, unida a la inexistencia de supervisión en las inversiones y planificaciones sociales por parte de un organismo central, está provocando que el Estado de las Autonomías haga imposible el Estado de Bienestar. El gobierno central por motivos electoralistas, desvía dotaciones económicas que deberían sostener el Estado de Bienestar, a mantener un sistema autonómico a todas luces inviable. Las prestaciones sociales sufren recortes, mientras instituciones inútiles derrochan los escasos recursos de todos los españoles.

El Estado Español ha renunciado a su soberanía

A la falta de soberanía interior, se suma la cesión de soberanía a entidades supranacionales, como la Unión Europea. Si bien es cierto que la Constitución Española recoge en su Artículo 93 que el Estado puede ceder ciertas competencias a entidades supranacionales, entendemos que tal y como se están interpretando en los actuales tratados internacionales, estas cesiones se encuentran en flagrante contradicción con respecto a lo expuesto en el Artículo 1. Este artículo indica expresamente que la soberanía nacional reside en primer término, en el pueblo español.

Nos encontramos con una España cuyo cuerpo común, el Estado Central, ha sido fragmentado desde dentro en 17 microestados autonómicos, que cuentan con sus propios parlamentos y regulaciones legales. Una España que ha cedido gran parte de su soberanía nacional a una entidad supranacional como la Unión Europea. Una España donde el Estado

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Central tiene escaso valor y poder de decisión. Por todo ello, creemos que uno de los mayores problemas de España es el relacionado con su soberanía.

Un efecto colateral de esta fragmentación sin control es el fortalecimiento de los separatismos. Los aislacionistas han aprovechado para subvencionar y subsidiar a organizaciones cercanas a sus intereses con el fin de manipular a la opinión pública con el fin de lograr la desintegración de la nación española.

El Estado Nacional como defensa y garantía de los derechos de los españoles España2000 propone fortalecer el Estado Nacional, entendiéndolo como aquel estado cuya organización social, económica y política es totalmente soberana. El Estado Nacional garantiza que el poder de decisión del país se localiza únicamente en el pueblo y sus representantes. Este tipo de estado fomenta los lazos comunes que unen a sus habitantes y su identidad común. El Estado Nacional tiene como principales objetivos defender y hacer uso de su soberanía, así como proteger su identidad. La implantación del Estado Nacional lleva implícita la reforma del Estado de las Autonomías tal como está concebido.

El Estado Nacional debe acabar con el despilfarro de las 17 Comunidades Autónomas. Debe garantizar a todos los habitantes del país una igual asistencia social y sanitaria gratuita. Debe asegurar el acceso a la educación de forma pública y sin coste para sus usuarios o que existan subsidios para las personas en estado de desempleo.

El Estado Nacional debe recuperar las competencias cedidas a la Unión Europea, para de esta forma garantizar la independencia de sus decisiones en ámbitos estratégicos. Debe recuperar el control de nuestras fronteras, tanto físicas como económicas. Debe conseguir que los españoles y por extensión España, vuelva a ser un estado soberano, tanto a nivel interno como externo.

El desarrollo del Estado Nacional busca conseguir una organización territorial que impida las desigualdades sociales entre sus habitantes a través del concepto de solidaridad nacional. Este sistema se basa en la aportación de cada español a un fondo común que permita dotar solidariamente al resto de la población de unos servicios mínimos. Un sistema que busca potenciar el bienestar de todos los españoles independientemente de su lugar de residencia y ensanchar la franja de las clases medias, cuanto más ancha sea esta franja, de más estabilidad económica y social gozará la nación.

La segunda descentralización frente al centralismo intransigente

En contraposición a un centralismo intransigente, entendemos que el Estado Nacional debe contar con cierta descentralización en su administración, delegando carga administrativa esencialmente en los municipios. A esto venimos refiriendo desde hace años en España2000 como la segunda descentralización. El municipio es la administración más cercana al ciudadano, por lo que en ella debe residir un mayor poder de decisión y control, con el fin de facilitar un servicio adecuado a las necesidades de sus vecinos.

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Sin embargo, también es necesario fijar como intransferibles competencias de interés nacional. Estas deben ser siempre asumidas por la administración central para garantizar su correcto funcionamiento y evitar desigualdades territoriales. Entre estas competencias destacan las competencias en educación, sanidad, asuntos exteriores, defensa o gestión de infraestructuras.

En conclusión, el Estado Nacional es la única forma de organización del estado que supone una garantía del bienestar de una nación, además de asegurar su soberanía política. Evita que el transcurso de nuestra economía sea manejado desde otro punto del planeta ajeno a nuestro suelo. El Estado Nacional es la única defensa en la lucha contra el mundialismo que actualmente defiende tanto derecha liberal y conservadora, como la socialdemocracia moderna.

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RECUPEREMOS NUESTRA SOBERANÍA, NO A LA UNIÓN EUROPEA Volver a tomar el timón de nuestra política

Actualmente, un 80% de nuestras decisiones sobre la actividad económica y productiva se toman fuera de nuestras fronteras a través de directivas europeas o tratados internacionales firmados por estructuras supranacionales, como puede ser la Unión Europea y sus políticas de comercio con terceros. Tomemos como ejemplo la actual inacción de los Gobiernos Nacionales en la negociación del Tratado de Libre Comercio e inversión (TTIP), una de las mayores amenazas planificada contra la calidad y el estilo de vida europeo.

Ya en 1988 Jacques Delors, entonces Presidente de la Comisión Europea, advirtió de lo que supondría la Unión Europea para nuestra economía y bienestar cuando dijo: “en diez años el 80% de la legislación relacionada con la economía, quizá también a los impuestos y los asuntos sociales será de origen comunitario”. En ese momento no fue tomado en serio pero el paso de los años le ha dado la razón, principalmente en lo que respecta al área económica.

Sectores como el comercio exterior, la competencia, la agricultura y ganadería, la pesca, el medio ambiente y los mercados financieros, son los que más se ven afectados por las decisiones de Bruselas. El control de los sectores estratégicos es una prioridad para un Estado Nacional. La cesión de soberanía en estos sectores a terceros, pone en juego la seguridad alimentaria, el patrimonio ecológico o la actividad productiva y financiera del país.

Todos los países que integran la actual Unión Europea, tienen cedidas las siguientes competencias:

La unión aduanera.

El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.

La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro.

La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común.

La política comercial común.

España no puede establecer aranceles a productos extranjeros para facilitar la continuidad de sus sectores productivos. No puede regular el valor de su propia moneda. No puede establecer si es de interés nacional el participar en un tratado internacional, que no le favorece o que va a favorecer sólo a unos pocos estados miembros.

Permanecer en la Unión Europa perjudica a los intereses españoles. España debe abandonar esta unión de los mercaderes, recuperar las competencias transferidas y su soberanía nacional.

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Frente a la Europa de los mercaderes, la Confederación de Estados Europeos

Este no a la Unión Europea, no significa un no a Europa ni a las naciones que la componen. Somos partidarios de dar forma a una nueva Europa como Confederación de Estados Nacionales, sin ningún tipo de cesión de soberanía por parte de sus miembros. Creemos que esta es la mejor forma de asegurar el futuro de un conjunto geográfico ligado por vínculos culturales, sociales e históricos.

Geográficamente entendemos que es un error defender la europeidad de Turquía. Únicamente la antigua Constantinopla, ahora Estambul, es territorio europeo. No obstante, culturalmente se encuentra muy alejada de la identidad europea al ser colonizada por el islamismo.

Defendemos la integración de los países de Europa del Este como socios europeos. Que además resultan ser una pieza esencial para replantear la defensa conjunta del continente y abandonar las estructuras mundialistas como la OTAN. Organización dominada por EEUU y que ha llevado a España a destinar a sus militares a guerras que no son suyas (Antigua Yugoslavia, Libia, Líbano, Afganistán…).

La política exterior común europea debe abandonar el seguimiento incondicional de la política de los EEUU. Una política que ha demostrado tener como único objetivo el mantenimiento de su estatus como fuerza hegemónica planetaria, incluso mediante el debilitamiento de la posición geopolítica del bloque europeo. Debemos abandonar los puentes tendidos por EEUU en sus tratos preferenciales con países ajenos a la cultura cristiana y europea, que son más un enemigo que un aliado, como Marruecos o Israel.

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LAS IDENTIDADES REGIONALES, PATRIMONIO ESPAÑOL Y HERRAMIENTA INDISPENSABLE CONTRA LA MUNDIALIZACIÓN Identidad y arraigo

La identidad nacional no es sólo uno de los valores que deben ser preservados de la amenaza mundialista, sino que a la vez es la principal herramienta de lucha contra esta amenaza.

Actualmente se fomenta la pérdida de identidad desde los medios de comunicación de masas, las políticas mundialistas y la falta de promoción de la cultura local por parte de las administraciones públicas. Se está dando a una homogenización de la población mundial, en especial de la población occidental, donde se engloba y se confunde a Estados Unidos y Europa.

Esta homogenización consigue que un joven de Nueva York o Los Ángeles tenga el mismo modo de vida y mismas preferencias que otro de Madrid o Berlín, por muy distantes que puedan parecer en el espacio. La homogenización frena al que piensa diferente y le impide buscar refugio en la identidad de su comunidad. Crea personas sin metas ni objetivos. La homogeneidad mundial elimina las particularidades nacionales, el orgullo y necesidad de pertenencia a una comunidad. Crea ciudadanos sumisos y sin capacidad de réplica o protesta.

Frente a esta homogenización, el Estado Nacional fomenta la identidad nacional. La existencia de una identidad nacional se nutre de elementos como la implantación de una población establecida en un mismo territorio. Factores culturales compartidos como una lengua y valores. La existencia de un pasado común. Una unidad administrativa o política. Y no menos importante el compromiso subjetivo, la tarea histórica de conformar una voluntad y futuro comunes. Todo ello conforma la identidad de una nación como la española.

Sólo los estados nacionales que defiendan sin ambigüedad estos elementos diferenciadores, que preserven sus raíces y el estilo de vida propio de sus naturales, están todavía en condiciones de enfrentarse con posibilidades de éxito a la mundialización. Defender nuestras tradiciones, fomentar nuestras fiestas civiles o religiosas, cultivar nuestra lengua y dar a conocer nuestra cultura entre los más jóvenes, son tareas imprescindibles y directamente relacionadas con la defensa de nuestros derechos sociales y laborales.

Identidades regionales como herramientas indispensables La unidad de España debe nutrirse con las identidades diferenciales de sus regiones. Nuestras identidades regionales, lejos de suponer un problema, son patrimonio de toda la nación española y herramienta indispensable para frenar la homogenización. Las distintas regiones españolas deben conservar sus peculiaridades culturales, su lengua y tradiciones y deben hallar en el Estado Nacional un poderoso aliado que las promocione y las garantice. No

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debemos confundir las identidades diferenciales de las regiones, con el concepto de nacionalidad pues no alcanzan ese rango superior y absoluto.

De la misma forma, el Estado Nacional y por extensión una futura Confederación de Estados Europeos, es el garante que fomentará y protegerá nuestra identidad común europea. Una identidad que está en histórica contraposición a los valores mundialistas y de libre mercado que propone la Unión Europea.

La identidad común europea viene determinada dentro de un conjunto geográfico que comprende el continente comprendido desde Lisboa hasta los Urales. Ligado por vínculos culturales, sociales e históricos. Europa cuenta con un origen común y una personalidad que se forjan de la cultura grecolatina, así como del mundo céltico y mediterráneo. Orígenes comunes que han creado los lazos que unen a las naciones europeas y que deben ser defendidos y fomentados, como única forma de perpetuar el Estado de Bienestar y el estilo de vida basado en la libertad y la solidaridad de nuestro continente.

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POR UN MODELO ECONÓMICO ALTERNATIVO FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN

Tras la caída del comunismo, se impuso en casi todas las economías mundiales un único modelo que ahora ha entrado en una profunda crisis. Un modelo basado en una concepción errónea del hombre y de la sociedad. Este modelo resulta ser el origen de muchos de los grandes problemas a los que hoy nos enfrentamos.

¿Cuáles son las características de este modelo?

La política económica está al servicio de grandes élites financieras. Pretende crear riqueza basándose en una economía especulativa. Encuentra en la inmigración masiva un método para abaratar la mano de obra, debido a que interpreta el trabajo únicamente como un coste más en el proceso productivo. Genera desórdenes financieros internacionales al tolerar la especulación en los mercados, incluso con derechos fundamentales como el de la vivienda. Provoca desastres ecológicos presentes y futuros hipotecando el porvenir del planeta. Fomenta la precariedad laboral y la pérdida de derechos de los trabajadores, eliminando los límites en la búsqueda de beneficios y situándolos por encima de cualquier otro objetivo. Somete a las naciones al pago de deudas inviables que sólo benefician a los grandes Organismos Financieros Internacionales.

Las naciones han perdido su soberanía sobre la propia moneda, depositándola en manos de Bancos Centrales independientes del poder político. Esto ha traído como consecuencia las inevitables crisis financieras.

La aparición de nuevos productores en un mercado sin fronteras, ha supuesto la desaparición de gran parte de la industria. Las empresas locales son incapaces de competir con países donde los salarios, las condiciones de vida y el control sobre los procesos productivos son mínimos o inexistentes.

Se han impuesto las tesis liberales que pretenden reducir todo a un mercado global. Un mercado en el que los Estados, las naciones y los pueblos, nada tienen que decir.

Todo esto nos ha llevado a una situación sin precedentes, cuyos síntomas no han hecho más que aparecer. Ya no se trata de una crisis cíclica de la economía, se trata del fin de un sistema.

La Nación como garante de los derechos y la soberanía

Consideramos que toda nación ha de ser garante de los derechos y la soberanía de su pueblo. Debe poder dirigir su Política Económica, determinar su Política Monetaria, su Política Fiscal, su Comercio Exterior y los Derechos Laborales y Sociales de sus ciudadanos.

La Política Económica de una nación no debe de estar sometida al funcionamiento de un Gran Mercado Global. La economía debe estar orientada al bien común y tener como objetivo último la consecución del llamado Estado de Bienestar.

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Nuestro gran objetivo no es otro que el de lograr que todos nuestros compatriotas tengan acceso a un puesto de trabajo digno y en unas condiciones laborales acordes a los logros alcanzados durante años por nuestros padres y abuelos. Y en esta empresa hemos de tener presente, como límite del desarrollo industrial, el respeto a la tierra que dejaremos a nuestros hijos.

Pretendemos un modelo económico que garantice los derechos de las personas, frente a un modelo económico que sólo busca garantizar el funcionamiento del mercado. El modelo económico social patriota frente al modelo liberal.

Política Monetaria

Nuestra incorporación a la Unión Europea ha supuesto la pérdida del derecho soberano de toda nación a la emisión de su propia moneda. Nuestra política monetaria y el establecimiento de los tipos de interés, o lo que es lo mismo, el acceso al crédito por parte de ciudadanos y empresas, dependen ahora de una entidad independiente ajena a la voluntad política. Esta entidad es el Banco Central Europeo.

Lejos de trabajar por el bien común, el Banco Central Europeo tiene fijada como principal tarea la lucha contra el déficit de los estados miembros y el control de la inflación. Resulta imprescindible que los estados recuperen el control de sus monedas para hacer frente a esta crisis.

Los mercados y la Banca Privada han esclavizado de por vida a miles de familias en nuestro país a través de créditos impagables, concedidos sin ningún tipo de garantías y acompañados de cláusulas especialmente abusivas. Para contrarrestar esta situación el Estado debe crear de una Banca Pública.

La Banca Pública no supone la desaparición de la Banca Privada. Estos dos modelos bancarios coexistieron en España hasta el año 1993. Fue entonces cuando poco a poco el Estado empezó a ceder su titularidad bancaria hasta concluir el proceso en 1998. En 1991 Felipe González comenzó la demolición del sistema bancario público español. El argumento empleado fue el aumento de la competencia derivado de la instauración de la libertad de movimientos de capital en el espacio de la Unión Europea, que junto con la libre prestación de servicios financieros, implicaba una pretendidamente necesaria reestructuración de las Entidades Públicas de Crédito.

El sector público está sometido a unos controles y a una transparencia de los que carece el sector privado. Al sector privado se le consiente casi todo con la falsa premisa de que se están jugando su propio dinero. Paradójicamente, ha sido el sector financiero el que ha reclamado la intervención estatal para sanear su situación. Aunque eso sí, se apresura a proclamar que sea de forma transitoria. Pretenden que el Estado les saque del atolladero y que tapen con dinero público los agujeros que han acumulado en sus balances. La Banca Privada se ha quedado con el dinero de los ahorradores y las inversiones arriesgadas han provocado la bancarrota.

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La existencia de una Banca Pública fuerte, dedicada a garantizar el flujo de financiación a la actividad productiva y no a la especulación ni a la búsqueda de beneficios fáciles pero muy arriesgados, es hoy en día imprescindible. Créditos a un interés mínimo a PYMES o autónomos y facilidades de pago a trabajadores de clase media para la financiación de la compra de vivienda, deben ser los objetivos de esta Banca Pública libre de intereses especulativos.

La creación de la Banca Pública debe ir acompañada con la penalización de la usura. El delito de usura fue retirado del Código Penal en 1995, fecha muy cercana al comienzo del desmantelamiento de la Banca Pública por parte de los socialistas. Gracias a esta despenalización, en los años de la burbuja inmobiliaria los intereses abusivos y las altas comisiones bancarias se adueñaron de la economía, arruinando a trabajadores y pequeños ahorradores. Los culpables aún no han respondido ante la Justicia.

Política Fiscal

La esencia de la Política Fiscal es recaudar el dinero necesario para asumir los gastos del Estado. Con estos ingresos debe redistribuir la renta hacia los más desfavorecidos y asegurar el acceso a derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.

Pero lo cierto es que la corrupción generalizada, la mastodóntica administración del Estado y de las distintas Autonomías, la desconfianza hacía una clase política llena de elevados sueldos y prebendas, así como los recortes en derechos fundamentales como sanidad, educación y vivienda, han hecho que el fraude fiscal y la desconfianza reinen, rompiendo la cohesión social.

Consideramos fundamental abordar la Reforma del Estado para volver a ganar la confianza de nuestros compatriotas. La reducción del gasto público que supondría esta reforma, unida a la reducción de impuestos directos sobre el consumo, permitirían una política fiscal más justa.

Comercio Exterior

El proyecto de la globalización y del mercado único ha supuesto la destrucción de nuestra economía productiva. Nos enfrentarnos a una competencia desleal de productos provenientes de países cuyos costes de producción son mucho más bajos debido a sus salarios de miseria y a la ausencia de costes de reparación ambiental.

Es necesaria la implantación de aranceles que eviten que productos fabricados en estos países, entren libremente en los países de la Unión Europea

Esta medida evitaría la deslocalización masiva que están sufriendo las empresas españolas y europeas en general. Empresas que están acudiendo a países del tercer mundo a llevar su producción, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.

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Política Laboral y Social

Como ya hemos señalado, para el actual modelo económico la mano de obra es concebida como un coste más en el proceso productivo. Toda la política laboral desarrollada por los distintos gobiernos, del signo que sean, ha supuesto salarios más bajos y empleos más precarios.

El boom de la construcción unido a la renuncia a sectores fundamentales de nuestra economía para poder ser aceptados en la Unión Europea, ha supuesto que la actividad económica de nuestra nación se haya circunscrito a los sectores menos valorados, que además son los más expuestos a los vaivenes especulativos de la economía.

Si a esto le añadimos la escasa cualificación que estos sectores requieren, nos encontramos con la aparición de un paro estructural endémico y de difícil solución. Empeorado con una de las mayores tasas de desempleo de todos los países de nuestro entorno.

Es necesaria la recuperación de sectores abandonados de nuestra economía y la renegociación de nuestro papel en Europa. España debe recuperar la agricultura y la ganadería, liquidadas por las cuotas de producción y subvenciones de la Unión Europea. La administración debe lograr que el desempeño de una actividad profesional en el entorno rural resulte atractivo. Es imprescindible una política de bonificaciones fiscales y un plan nacional que permita recuperar en este ámbito miles de puestos de trabajo.

En Mayo de 2013, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón declaraba que “cada joven que se incorpora a la agricultura genera ocho puestos de trabajo indirectos en el medio rural”. Esto supone un importante nicho de empleo que permitiría reducir el desempleo en el país y confirma el argumento de que recuperar el sector primario, es beneficioso para el conjunto de la nación.

Recuperando este sector nos aseguramos la soberanía alimentaria de España, actualmente puesta en peligro por países como Marruecos. Además solucionamos el problema de relevo generacional que el sector necesita. España debe convertirse en el granero de Europa y aprovechar sus excepcionales condiciones climatológicas y geológicas que garantizan la producción de género de alta calidad.

En cuanto al sector secundario (industria, minería, construcción o energía), es necesaria la creación de empresas nacionales cuyos beneficios repercutan directamente en las arcas públicas.

De esa forma se cumplirían objetivos como la creación de empleo a través de la economía productiva. Se recuperarían productos nacionales cuya producción se había deslocalizado. Y se obtendrían beneficios que irían directos a las arcas públicas y ayudarían a garantizar el bienestar social, evitando así que toda la carga económica recaiga sobre los contribuyentes.

La empresa nacional debe ser controlada por el Estado y por sus organismos, que intervienen directamente en sus actividades económicas. Aunque debido a sus características su objetivo natural sea cubrir demandas en la Nación, no debe descartarse destinar parte de su producción a la exportación, siempre que el tráfico de la mercancía fuese viable y repercutiera beneficios.

En España han existido desde hace años ejemplos de empresas nacionales implicadas en sectores estratégicos. Así podíamos encontrar a Iberia, Telefónica o REPSOL. Estas empresas cayeron en la espiral privatizadora que comenzó bajo diferentes gobiernos de la década de los 90. Con el paso del tiempo hemos visto como los resultados de aquellas privatizaciones, han sido los despidos masivos y la pérdida de control total de sectores esenciales para el funcionamiento cotidiano del país.

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LA INMIGRACIÓN MASIVA COMO FIN DEL ESTADO DEL BIENESTAR

La inmigración masiva es un fenómeno íntimamente ligado al proceso mundialista que nosotros denunciamos. El vigente modelo migratorio está impulsado por las élites económicas. Por lo tanto, alienta soluciones a problemas como la demografía o la falta de productividad, centradas en los intereses de la macroeconomía y no en las necesidades de nuestros compatriotas. Ampara los abusos de los mercados y las corporaciones internacionales. Estos mercados tienen en la clase política su mejor aliado, cuando no títeres, para desmantelar el estado del bienestar y las estructuras nacionales, en aras de un neoliberalismo, extremadamente agresivo y deshumanizado.

Pero la inmigración no solo supone un problema financiero o de mercado. La inmigración masiva es un fenómeno negativo en sí mismo, al margen de sus resultados económicos más o menos exitosos.

¿Cuáles son las cifras de la inmigración en España?

La población inmigrante radicada en España ha aumentado en más de 7 millones de personas, desde que se inició su llegada masiva. El crecimiento en los años de bonanza artificial con la burbuja inmobiliaria, trajo un aumento de la población activa, disparatadamente superior a la creación real de empleo. El flujo de inmigrantes a España, ha sido el mayor de Europa tanto en números absolutos como en términos relativos, en relación a la población local.

España recibió el 50% de toda la migración que se instaló en la UE en el período de 2000 a 2009 según Eurostast. El crecimiento fue tan excepcionalmente alto, que supuso un incremento de población del 1,6% anual. Un ritmo de crecimiento similar al de África del Norte en el mismo período, propio de los países en vías de desarrollo y no de los países del llamado primer mundo.

Esto en términos demográficos es una auténtica catástrofe para España. Con la excusa de buscar soluciones al problema de la baja natalidad, el envejecimiento de la población y la consecuente pérdida de financiación de la Seguridad Social, en España se está promoviendo una inmigración de sustitución, se habla ya del Gran Reemplazo.

La crisis no ha reducido el flujo de inmigrantes

Aunque se nos informa constantemente del descenso del número de inmigrantes debido a la crisis, este es solo constatable a partir del 2013 y apenas es significativo. Según datos del Real Instituto Elcano, la principal vía de reducción del número de extranjeros en España ha sido la concesión de la nacionalidad. Según el Real Instituto, un tercio de todos los inmigrantes extracomunitarios que residen hoy en España, han sido obsequiados con la nacionalidad española. En 2014, la ligera disminución del número de inmigrantes empadronados en España, se debió en un 78% a la marcha de ciudadanos comunitarios.

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La inmigración como problema laboral

El desempleo es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta España. Según fuentes sindicales, solo en torno al 44% de la población en edad de trabajar está ocupada actualmente. Más de 5,5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. El índice de paro de nuestro país se encuentra casi en el 24% y en el caso de nuestros jóvenes, la cifra se dispara hasta el 51%. Casi dos millones de hogares españoles, tienen todos sus miembros en paro.

El desempleo se está haciendo crónico. Los parados tienen grandes dificultades para volver a encontrar trabajo. Más de 3,5 millones de personas desempleadas en el año 2014, arrastraban durante un año o más esta situación, lo que representa 6 de cada 10 personas en paro. En la misma fecha 2,4 millones de demandantes de empleo llevaban 2 años o más buscando un trabajo.

En este entorno, no es difícil comprender que hoy la inmigración forma una bolsa de mano de obra barata y explotada, que permite deteriorar progresivamente los derechos y condiciones salariales obtenidos durante años de reivindicaciones sociales. Muchos empresarios imponen a los inmigrantes salarios y condiciones laborales que presionan a la baja el conjunto del mercado nacional. Su situación personal les convierte en trabajadores dóciles, poco o nada reivindicativos. Por todos estos motivos, en muchas empresas son contratados de forma preferente y el resultado es que los trabajadores españoles son desplazados, apartados, del mercado laboral.

La inmigración como problema económico

Puesto que gran parte de los inmigrantes engrosan las franjas de empleados con salarios más bajos, son también los que menos cotizan y menos aportan por la vía impositiva al conjunto de las arcas del Estado.

Los inmigrantes que actualmente cotizan a la Seguridad Social en cualquiera de sus formas, apenas superan 1.600.000. Lo que significa que solo uno de cada cuatro inmigrantes contribuye al sostenimiento del sistema. La participación de los inmigrantes mediante otros impuestos (como el Impuesto del Valor Añadido, IVA), tampoco resulta tan beneficiosa para el Estado como el de la población autóctona, debido a que su modelo de consumo es muy diferente al estandarizado en nuestra sociedad.

Sin embargo, la presencia de siete millones de personas más en el territorio nacional, ha supuesto un gran incremento en las necesidades de todo tipo de servicios. Ha disparado el gasto en sanidad, educación, justicia, policía, servicios sociales y todo tipo de infraestructuras. Además, los recién llegados acaparan la mayoría de las ayudas sociales, desbordando año tras año las necesidades y previsiones, desplazando a los españoles más necesitados en su concesión.

Por otro lado, parte del colectivo inmigrante ha colonizado ciertos sectores comerciales. En muchos casos estos comercios practican el incumplimiento de horarios, condiciones sanitarias, cumplimiento de normas e incluso carecen de permisos municipales. Frente a ellos

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los comerciantes y pequeños empresarios españoles están desprotegidos. Se trata de una competencia desleal amparada desde las instituciones.

La inmigración como problema social

La llegada intensiva de inmigrantes lleva siempre aparejados los fenómenos de concentración y segregación entre nativos y extranjeros. Los inmigrantes se concentran en determinados espacios debido a tres factores fundamentales: el precio de la vivienda, los mercados laborales locales y las redes sociales basadas en el principio de una pretendida “solidaridad étnica”.

La realidad es que detrás de esta “solidaridad” se parapetan las estrategias comerciales de determinados inmigrantes, incluso basadas en la explotación de sus propios compatriotas. La presión de la nueva comunidad afecta a los barrios de acogida que se vuelven más permeables a sus estilos de vida. Su actividad en ocasiones termina por transformar el entorno en un escenario casi normalizado de clandestinidad y de prácticas comerciales o sociales proscritas por la ley.

La degradación de estos espacios y los problemas de convivencia, provocan la huida de los españoles. El proceso abarata la vivienda, lo que a su vez deja más espacio para la llegada de nuevos integrantes de las minorías, que terminan por constituirse en mayorías.

Este modelo que explica la concentración residencial de las primeras generaciones de inmigrantes, se reproduce en los procesos de concentración escolar donde se forman las segundas generaciones. Son muchos los estudios que se han realizado en este terreno, que ratifican la correlación entre mayor porcentaje de inmigrantes y progresión de la endogamia. En las conclusiones de estos estudios se desmonta el mito de los guetos, advirtiendo que son “buscados por las propias minorías para lograr inmediatamente mejores relaciones”.

La mayoría de los alumnos de origen extranjero (los nuevos españoles) declaran que sus amigos provienen del mismo país o región de origen y reconocen que se integran en redes sociales cerradas que refuerzan sus diferencias étnicas. Otros estudios indican que “existe una clara separación por orígenes nacionales, tanto en el instituto como en la calle" y advierten del riesgo de llegar a una sociedad “fragmentada según nacionalidades". La ausencia de vínculos o reconocimiento de deuda con España, de estas segundas generaciones tampoco augura un futuro halagüeño para la convivencia.

Este fenómeno de fragmentación social, resulta uno de los grandes peligros para el Estado de Bienestar. Diluye la homogeneidad en la población, que se ha demostrado imprescindible para lograr la necesaria empatía entre individuos, a la hora de defender los derechos colectivos.

Inmigración masiva y delincuencia

Solo una pequeña parte de los inmigrantes está relacionada con la delincuencia, pero esa pequeña parte eleva los datos a cifras difícilmente soportables.

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La tasa de población reclusa de los inmigrantes cuadruplica a la de españoles. Los reclusos extranjeros registrados en el mes de Marzo del año 2013 ascendían a 22.594, lo que hace una proporción de un recluso por cada 232 inmigrantes residentes en España, mientras que la tasa española es un recluso por cada 898 habitantes. Es fácil llegar a la conclusión que la delincuencia extranjera ha aumentado el gasto policial y judicial.

Además la policía debe enfrentarse a nuevas formas importadas de delincuencia desconocidas hasta hace poco en España. Destacan los secuestros “express”, los asaltos a viviendas habitadas o las bandas o maras latinas. Es delincuencia muy violenta, que genera gran alarma social por la crueldad que despliegan los delincuentes en sus acciones. En ocasiones parece que lo de menos sea el botín que se pueda conseguir en el acto delictivo, sino que buscan hacer daño por el simple placer de hacerlo.

El problema de los ilegales

No podemos abstraernos del problema humanitario que comporta la inmigración, pero tampoco podemos obviar que el inmigrante “irregular” ha llegado a nuestro país atravesando ilegalmente nuestras fronteras y transgrediendo consciente e intencionadamente la ley. Premiar estas conductas desde el Estado, ya sea con beneficios puntuales o con regularizaciones, conlleva un peligroso mensaje que implica dos consecuencias directas: la multiplicación del efecto llamada y el arraigo entre los españoles de la sensación de indefensión e inseguridad jurídica.

Actualmente en España hay cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación afecta a algo más de uno de cada cuatro ciudadanos. Nuestro país ocupa el sexto lugar en riesgo social dentro de la UE, sólo por delante de Rumania, Grecia, Italia, Chipre y Portugal. Es una grave injusticia que en el contexto de recortes, paro y subidas de impuestos, los sucesivos Gobiernos de España con fines electoralistas, haga correr a los españoles con los gastos de mantenimiento de quienes han transgredido la ley.

Con ello defendemos uno de los principios básicos de la Democracia, la correspondencia entre deberes y derechos. Lo realmente insolidario es jugar con este equilibrio, dividiendo la sociedad entre quienes cumplimos los deberes y los que monopolizan los derechos.

El problema de la demografía

Los avances en la sanidad, la prolongación de la esperanza de vida y la baja natalidad de las madres españolas, están produciendo el envejecimiento de la población autóctona. Paralelamente el número de hijos de madre extranjera nacidos en España está aumentando. Muy pronto en ciertas franjas de edad serán predominantes las personas de origen extranjero, como ya ocurre en muchas ciudades de Europa.

Los sucesivos gobiernos nacionales no han optado por fomentar la natalidad de las parejas españolas, sino por fomentar la inmigración y naturalizar a los hijos de inmigrantes nacidos en España. Esto supone un incremento añadido de este colectivo no recogido por las estadísticas. En la práctica constituye un proceso conocido como “inmigración de sustitución”.

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Conocido el problema de una amplia falta de identificación de los inmigrantes de segunda generación, este proceso además de atentar contra la continuidad de los españoles, abundará decisivamente en el proceso de “fragmentación social por nacionalidades” que ya comienza a sufrir nuestro país.

Proponemos una política basada en las siguientes pautas generales

Creemos que la inmigración masiva es un fenómeno negativo en sí mismo y que en su entorno se desarrollan factores no deseables, al margen de su resultado económico. La inmigración cuenta con cuatro actores fundamentales; el inmigrante, el país de origen, el país de recepción y las empresas que emplean a los desplazados. Veremos como en todas las consecuencias derivadas del hecho migratorio, todos los actores, salvo las empresas, obtienen más perjuicios que beneficios en el saldo migratorio.

Debemos ayudar a los inmigrantes y desplazados a superar sus problemas, incrementando nuestro esfuerzo en aportarles soluciones en origen, que hagan posible el desarrollo y pacificación de sus sociedades e innecesaria la amarga aventura del desarraigo y la inmigración.

Pero por otra parte debemos afrontar con realismo un problema que puede terminar con la forma y calidad de vida europea. Es por ello que nos comprometemos a actuar en el marco de las pautas desarrolladas a continuación.

Proponemos una política de inmigración basada en cuotas de procedencia atendida a criterios de compatibilidad cultural (preferentemente europea) y no en base a la proximidad geográfica o volumen de llegada. Defendemos la vinculación del permiso temporal de residencia al contrato de trabajo en origen y la suspensión del mismo en caso de paro prolongado.

Creemos necesaria la inclusión en el código penal del delito de entrada ilegal. La entrada ilegal en el país no puede ser objeto de revisión en ningún caso y debe acarrear la pérdida de oportunidades para establecerse el afectado en territorio español. Por lo tanto, nos oponemos a cualquier fórmula de regularización y concretamente a la regularización por arraigo.

Han de ser revisadas y unificadas las normas de empadronamiento de los ayuntamientos. Abogamos por la creación de sanciones económicas ejemplares a los empresarios que se beneficien de mano de obra ilegal y a los propietarios de inmuebles que den alojamiento a quienes hicieron su entrada de manera ilegal.

Estamos en contra de que el Estado cubra los gastos sanitarios, más allá de los casos de urgencia vital, de aquellas personas que hayan entrado ilegalmente en nuestro país o que se encuentren de turismo en éste.

Creemos que la condena de un inmigrante por la participación en actos delictivos, debe llevar aparejada la pérdida total de derechos presentes y futuros. Las penas de cárcel una vez cumplida, deben ser culminadas en todos los casos con la repatriación.

Pedimos el cese de la política de naturalizaciones que ha hecho que hasta 2014 más de un millón de inmigrantes haya recibido la nacionalidad española. Estamos en contra de la

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concesión de nacionalidad en función del arraigo, o lo que es lo mismo, del número de años residiendo en territorio nacional.

Creemos necesaria la derogación de la doctrina en materia de nacionalidad del ius soli, conocido como derecho de suelo, que permite obtener la nacionalidad por nacer en España y defendemos la doctrina del ius sanguinis, que prevé la adquisición de la nacionalidad en función de la ascendencia de esa persona. La nacionalidad se hereda o se merece.

Tanto la nacionalidad como la residencia son beneficios reversibles y así lo establece nuestro ordenamiento jurídico. Por lo que entendemos necesaria la revisión y derogación en su caso de las nacionalidades obtenidas en función del criterio de arraigo, especialmente las que tengan el origen de la residencia en una primera regularización de la estancia ilegal.

Proponemos un endurecimiento de los criterios de concesiones de reagrupación familiar y su concesión con carácter temporal vinculada al causante.

Apostamos por el fin del modelo de inmigración de sustitución y creemos que el problema demográfico debe ser afrontado mediante una política que busque la consecución del pleno empleo, para aumentar la base de los que cotizan a la Seguridad Social, la promoción de la natalidad mediante la creación de las condiciones socio-económicas que hagan posible su recuperación y el aumento de la productividad mediante la inversión en investigación, innovación tecnológica y en formación laboral. Un aumento de la productividad permite mantener más población pasiva con el mismo número de individuos activos.

Defendemos el derecho a la prioridad nacional en todas las políticas de ayudas sociales y exenciones tributarias, especialmente en los planes específicos de vivienda, educación, empleo y apoyo a la familia.

El voto es un derecho para los españoles y un privilegio para los extranjeros, por lo tanto únicamente los españoles pueden ejercer ese derecho en las elecciones, ya sean de ámbito local, nacional o europeo.

Necesidad de voluntad política

La historia y en concreto la experiencia europea, con inmigraciones consolidadas desde hace años, nos advierte que la disolución de las identidades nacionales nunca ha creado en ningún lugar cosmópolis mestizas, sino que ha provocado una exacerbación de las diferentes identidades. La táctica del avestruz aplicada en política enquista los problemas de convivencia y termina provocando estallidos sociales, no los resuelve. El estado de derecho cuenta con los mecanismos de diálogo y corrección suficientes, otra cosa muy distinta es la voluntad política de emplearlos.

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EL DERECHO A LA PRIORIDAD NACIONAL Cada vez hay más españoles acuciados por el paro de larga duración y la falta de recursos del Estado para atender necesidades básicas como la, alimentación, educación, salud o vivienda. Ni el Estado con sus recortes, ni las instituciones privadas tienen capacidad para atender esta demanda. Paralelamente a esta realidad, España y Europa soportan un flujo migratorio que amenaza con quebrar definitivamente la caja común.

Para una parte de la población española, el Estado de Bienestar que habían conquistado sus abuelos y disfrutado sus padres, se desvanece. Frente a ellos, los recién llegados acaparan gran parte de los recursos. Recursos que no son infinitos y que se han creado durante años de cotización y tributación. Los españoles nos sentimos discriminados en nuestra propia casa.

Cáritas ha triplicado en 5 años el número de personas que atiende. Más de la mitad son inmigrantes. Explicado de otra forma, el 10% de la población se lleva más de la mitad de las ayudas, que ahora necesitan los españoles.

Además, resulta innegable que muchos de los inmigrantes que acceden a las ayudas y beneficios sociales han hecho de esto, una forma de vida.

Esta circunstancia no sólo se da en España, sino que ya es denunciada por muchos de los Gobiernos, de diverso signo político en Europa.

Recientemente el Tribunal Europeo de Luxemburgo dio la razón a Alemania al considerar que "los ciudadanos de la Unión que no ejerzan una actividad económica y que se trasladen a otro Estado miembro con el único objeto de obtener una ayuda social pueden ser excluidos de la percepción de determinadas prestaciones sociales".

No se trata de negar la ayuda a nadie sin motivo, se trata de establecer una prioridad. Entendemos que lo lógico es atender primero a nuestros compatriotas necesitados y posteriormente y según sus necesidades al resto.

Es urgente realizar los cambios legislativos necesarios para establecer la Prioridad Nacional en el acceso a derechos fundamentales como el empleo, la educación, la sanidad o las ayudas sociales.

La ayuda y el subsidio no pueden sostenerse de manera universal en el tiempo. No es una solución a medio plazo destinar los escasos recursos a mantener en bolsas de marginación a millones de personas a las que ya no se les puede ofrecer un trabajo. Una sociedad basada en el subsidio de la pobreza, es una sociedad que languidece hasta su colapso.

Hemos de ayudar en origen a transformar las sociedades que han provocado el éxodo y la pobreza. Solo de esta forma, interviniendo en los países generadores de inmigración, podremos ofrecer un futuro a los desplazados y mantener una Europa fuerte con capacidad de ayudar.

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CORRUPCIÓN La corrupción como lastre de la economía

Las cifras sobre corrupción demuestran que el sistema no funciona correctamente. Aunque existen numerosos procesos abiertos, la lentitud del sistema judicial, la dificultad de sus entramados o la escasez de medios, hace que estos se dilaten en el tiempo. Entre los ciudadanos se ha extendido la sensación de hartazgo y de impunidad.

La corrupción política sitúa a España a la cabeza de Europa, junto a Grecia e Italia. Ha afectado a centenares de políticos y altos cargos de la administración española. El 80% pertenecen a estructuras y de los dos partidos que han protagonizado el bipartidismo en España y han dirigido el modelo político surgido en 1978.

Según un estudio de la Universidad de las Palmas, la corrupción nos ha supuesto a los españoles un coste de 40.000 millones de Euros. Los recortes en sanidad y educación de los últimos presupuestos han sido de 10.000 millones. Quizás se podrían haber evitado con una lucha eficaz contra la corrupción.

Los culpables son los partidos políticamente correctos

Las actuales fórmulas de organización política y administrativa de las instituciones, constituyen un efecto llamada a los políticos sin vocación, es decir, políticos dispuestos a ser corrompidos.

Los partidos son un mecanismo necesario para poder participar en democracia, pero su silencio y su falta de responsabilidad frente a los numerosos casos que los salpican, hacen necesaria una reforma profunda de su modelo.

Los partidos políticamente “correctos” han tenido oportunidad de frenar la corrupción a través de un cambio en la legislación, pero sus medidas contra la corrupción son solo publicidad de campaña, cuando se acerca un periodo electoral.

Contundencia contra la corrupción

Es necesario potenciar el papel del Tribunal de Cuentas y transformarlo en una herramienta independiente de los partidos, lo contrario de lo que hoy sucede, y que trabaje contra las irregularidades y la opacidad de los partidos.

Es necesario redibujar el papel de los aforamientos. Actualmente son más de 10 millares de cargos los beneficiados por este derecho. Es imprescindible reducir al mínimo el número de beneficiarios.

El poder judicial debe contar con los medios suficientes para que la aplicación de la legislación se ejecute de forma efectiva y sin dilaciones. Además debe contar con juzgados y tribunales especializados en materia de corrupción.

Las penas vinculadas a los delitos de corrupción deben endurecerse, con el objeto de que cumplan su función preventiva de forma efectiva, e incluir la devolución de lo apropiado

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indebidamente a través de la expropiación como parte fundamental del proceso. Los partidos políticos deben ser considerados responsables civiles subsidiarios en este tipo de delitos. Los cargos públicos deben ser suspendidos de funciones ante una imputación en un caso de corrupción.

Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos son las grandes agencias de colocación de los partidos. Hay que revisar los modelos de contratación de estas entidades limitando las privatizaciones de los servicios públicos básicos y reducir al máximo las cámaras autonómicas.

Entendemos que un político que ostenta un cargo público, pasa a ser un funcionario del Estado. Por lo tanto, una ley de carácter general debe limitar y fijar su sueldo. No es razonable que los propios elegidos fijen sus salarios y derechos, justo el día después de su elección.

Debemos separar de manera real el poder judicial del político. Los nombramientos dentro del poder judicial, deben de responder solo a criterios de oposición y méritos.

Las entidades financieras, bancos e instituciones de crédito, se han transformado en el sustento económico de los grandes partidos y grupos de comunicación. Pero a su vez estas entidades necesitan de las concesiones que realizan los políticos en el poder. Solo rompiendo esta mutua dependencia podrá lucharse contra la corrupción. En este sentido, hay que reformar la ley de financiación de partidos y sindicatos, para prohibir la condonación de deudas de los partidos y limitar su financiación.

IV Congreso Nacional España 2000 10 de octubre de 2015

Christian Ruiz

David Hernández Manuel Leal

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Soberanía e identidad. España2000