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1 Resumen proyecto_Fondo Discapacidad
Uruguay, 25.7.2018
RESUMEN PROPUESTA AL FONDO DISCAPACIDAD
Presentado por Uruguay 30 junio 2017
El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas
con discapacidad
País: Uruguay
Duración: 24 meses
Presupuesto: USD 385.000 mas USD 15.000 fondos iniciales
Agencias ONU participantes: UNFPA, ONU Mujeres y OPS/OMS
(implementadoras); y OCR.
Contraparte del Estado: Administración de los Servicios de Salud
del estado (ASSE); Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
(AUCI); Banco de Previsión Social- (BPS); PRONADIS/MIDES;
INMUJERES/MIDES; Instituto Nacional de Estadística (INE);
Ministerio de Salud Pública (MSP).
Sociedad civil׃ Alianza de Organizaciones por los Derechos de las
Personas con Discapacidad
Tabla Contenidos
Resumen Ejecutivo ..................................................................... 1
Antecedentes ............................................................................ 2
La propuesta ............................................................................. 2
Cambios positivos del proyecto .................................................... 3
Otras consideraciones programáticas ............................................ 4
Escalabilidad ............................................................................. 4
Sostenibilidad ............................................................................ 4
Implementación del proyecto ...................................................... 5
Gestión ..................................................................................... 6
Impacto y Participación............................................................... 6
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Programación ............................................................................ 7
Presupuesto .............................................................................. 8
Resumen Ejecutivo
El Proyecto se basa en las recomendaciones del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y del
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)
realizadas en 2016, que indicaron la existencia de múltiples
discriminaciones, y solicitaron al Estado garantizar los derechos a la
igualdad y no discriminación para las personas con discapacidad.
A pesar del progreso realizado para garantizar la igualdad, aún
persisten las barreras y los tratos discriminatorios, lo que impide el
disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad
reconocidos por el Artículo 5 de CRPD.
A través de un extenso proceso de consulta con instituciones
estatales y con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se
identificaron tres áreas prioritarias para la intervención que impactará
la eliminación de las barreras discriminatorias de las personas con
discapacidad a través del trabajo de varios actores, mediante la
implementación y evaluación de políticas que modifiquen el contexto
cultural e institucional actual.
El Proyecto abordará tres áreas fundamentales:
(a) Acceso a la salud: Trabajará con el personal sanitario y con
las OSC para lograr un acceso universal a los servicios de salud
de las personas con discapacidad, en particular salud sexual y
reproductiva;
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(b) Violencia: Abordará y concientizará sobre la violencia que
viven las personas con discapacidad, en particular las mujeres y
las niñas;
(c) Sistema de información: Coordinará la sistematización de la
información existente, con el objetivo de tener una mejor
identificación de la población que enfrenta dichas barreras, y en
particular, tener estudios en profundidad sobre temas
específicos del Proyecto.
La implementación del Fondo tendrá un impacto directo en la
eliminación de las barreras discriminatorias. La interacción con las
partes interesadas generará importantes avances en la coordinación
institucional, el diseño y ejecución conjunto de políticas públicas y los
actores sociales para avanzar hacia la implementación de la CDPD.
Antecedentes
El último censo realizado en Uruguay (2011) revela que cerca de 16%
de la población tiene algún tipo de discapacidad y que 60% de las
personas con discapacidad son mujeres. Las mujeres también
presentan porcentajes absolutos más altos con respecto a todas las
categorías de discapacidades permanentes (leve, moderada y
severa).1
Este Proyecto brinda la oportunidad de alinear las agendas y planes
de acción nacionales con las recomendaciones de los mecanismos de
recursos humanos, así como con la Agenda 2030, y esto a su vez
redundará en la integración y apropiación de estos estándares en las
prácticas del Gobierno. Por otra parte, permitirá tener una estructura
y regular el diálogo entre organizaciones representantes de personas
con discapacidad sobre las medidas que afectan su vida cotidiana, ya
que el Proyecto prevé un órgano de gobernanza integrado por
1El primer censo que refleja las variables básicas de discapacidad.
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instituciones y por las propias personas con discapacidad, para que
sus derechos y necesidades específicas estén en el centro de la
discusión.
La propuesta
Desde la apertura del Fondo, las agencias y todas las contrapartes
convocadas mostraron gran interés en la propuesta. Todas ellas son
parte sustancial del proceso de implementación de las
recomendaciones del Comité CEDAW y Comité CRPD, así como de las
estrategias nacionales para cumplir con la agenda 2030. La Alianza de
ONGs fue una aliada fundamental de la sociedad civil pues garantiza
que las acciones estén enfocadas en la vida de las personas con
discapacidad y tengan un impacto real y tangible en ellas.
Este Proyecto creó un espacio conveniente y oportuno para generar
un diálogo y coordinar las acciones de mayor impacto. Por otra parte,
la presencia de una Asesora Nacional de DDHH en la Oficina de la
Coordinadora Residente posibilitó la facilitación del proceso y la
transversalización de los DDHH, en particular de los principios y
estándares de la CRPD.
Desde la primera fase del Fondo, en 2016, el grupo de más de 9
instituciones (entre asociados y agencias2) se ha reunido
regularmente para acordar y delinear estrategias comunes. La base se
encuentra en las líneas estratégicas del Gobierno para implementar
las recomendaciones recibidas y alinearse con los ODS.
Un valor fundamental ha sido la coordinación programática y la
priorización temática que han recomendado las OSC de personas con
discapacidad, que permitió ajustar cuestiones para lograr el mayor
2Uruguay ha sido un país de “Unidos en la acción” de la ONU desde 2008. Como resultado, los organismos, fondos y
programas de las Naciones Unidas tienen mucha experiencia en el trabajo conjunto con diversas instituciones y organizaciones nacionales pertinentes para coordinar respuestas conjuntas a los desafíos sociales.
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impacto, tanto en alcance de personas como geográfico; así como la
transversalización del paradigma de los DDHH. Un ejemplo de esto es
la elaboración de acciones, a modo de iniciativas piloto que permitirán
implementar instrumentos, que luego de su evaluación puedan sean
replicados a mayor escala.
Cambios positivos del proyecto
El proyecto ha priorizado acciones estratégicas que generarán
cambios en torno a dos áreas: la asociación y el desarrollo de
capacidades para avanzar en el cumplimiento del derecho a la
igualdad y la no discriminación para las personas con discapacidades.
Estas se enfocan en:
(a) Acceso a servicios de salud no discriminatorios y de
calidad: Se contribuirá a fortalecer las capacidades del Estado y
de la sociedad civil para lograr el acceso universal de las
personas con discapacidad a una atención de salud integral y
de calidad, con mayor inclusión y libre de discriminación.
(b) Protección contra la violencia: Se pretende contribuir a
visibilizar la situación de discriminación y violencia basada en
género que viven las personas con discapacidad, contribuir al
pleno reconocimiento y exigibilidad de sus derechos humanos,
así como también contribuir a mejorar la respuesta del Estado
uruguayo en la generación de información y acceso a servicios
de atención de violencia hacia personas con discapacidad, en
particular mujeres y niñas.3
(c) Disponibilidad de información precisa y oportuna: Se
contribuirá a articular información generada por las
instituciones del Estado que permita identificar y caracterizar el
3Actualmente PRONADIS cuenta con un dispositivo profesional que orienta, asesora y/o atiende personas con discapacidad en situación de violencia y allí el 73% de las demandas son realizadas por mujeres.
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acceso de las personas con discapacidad a sus derechos y se
espera que esto revele especificidades que guiará el desarrollo
e incrementará la eficacia de las políticas públicas con respecto
a la población con discapacidad.
Otras consideraciones programáticas
Los componentes del proyecto se enfocan en tres recomendaciones
clave hechas por el Comité CRPD y Comité CEDAW que fueron
priorizadas por las agencias de ONU en Uruguay y las autoridades de
gobierno, en concordancia con la sociedad civil.
Se considera que estos componentes son fundamentales para
eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad de
vivir una vida sin discriminación:
- acceso a la salud, y en particular a la salud sexual y
reproductiva (recomendaciones 53 y 54 CRPD),
- en estrecha coordinación con la eliminación de las formas
de violencia (Recomendaciones 15 y 16 CRPD; 41 y 41 CEDAW)
que viven las mujeres y niñas con discapacidad;
- todo esto apoyado en el acceso a información relevante
que surja de la armonización del sistema de información que se
coordina entre varias instituciones del Estado.
Se operará sobre sistemas información buscando su armonización
para lograr obtener datos que evidencien la situación de las personas
con discapacidad y así ajustar las políticas públicas y sistemas de
atención buscando su integralidad para el acceso a los servicios de
salud de calidad y no discriminatorios y de prevención mejorando su
eficacia en la respuesta a las mujeres con discapacidad que viven en
situación de violencia.
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Escalabilidad
Uno de los factores fundamentales de escalabilidad del proyecto es la
estructura institucional existente en el país. Uruguay cuenta con un
Estado fuerte y presente en todo su territorio. El derecho a la salud y
la concientización sobre la vida libre de violencia han sido ejes de
trabajo interinstitucional donde las coordinaciones de varias
instituciones del Estado son clave. A través de esta estructura
institucional se apunta a trabajar en:
1. Salud: Fortalecimiento de la capacidad de los grupos
involucrados, los conocimientos y habilidades de los
profesionales de la salud, de las organizaciones civiles,
utilización de nuevas tecnologías para acceder a la información,
definir pautas de buenas prácticas de atención a personas con
discapacidad.
2. Violencia: Sensibilizar y capacitar a los servicios del
sistema de respuesta de violencia basada en género para
asegurar servicios de calidad a las mujeres con discapacidad -
integrando el enfoque de discapacidad en la atención-.
3. Información: A partir de la sistematización de los datos
existentes y la definición de mecanismo de articulación entre
fuentes oficiales se promoverá la adopción de criterios que
permitan la compatibilidad y complementariedad de la
información como insumo para insumo de políticas. La
participación del Instituto Nacional de Estadística (ente rector
del monitoreo de la implementación de los SDGs) impulsará la
adopción de estos criterios favoreciendo la extensión de la
iniciativa a todos los ámbitos integrantes del Sistema
Estadístico Nacional.
Sostenibilidad
Se considera que el Proyecto cuenta con condiciones de sostenibilidad
pues se alinea a los objetivos estratégicos nacionales establecidos por
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el Gobierno en las áreas de trabajo, a la vez que los reafirma,
contribuye a incorporar y transversalizar la mirada de DDHH y en
particular los principios y contenidos de la CRPD.
En términos de acceso a la salud: Se dejarán incorporadas a los
servicios de salud las pautas recomendadas por la autoridad sanitaria
sobre buenas prácticas de atención a personas con discapacidad en el
ámbito de la salud; desarrollarán de cursos de capacitación del
personal de salud a todo el país en las buenas prácticas de atención a
personas con discapacidad. Las capacidades de adolescentes y
jóvenes con discapacidad, como también las organizaciones de la
sociedad civil se verán fortalecidas para la abogacía y difusión de la
CRPD a nivel nacional al dejar implementadas herramientas
comunicacionales innovadoras para la inclusión de personas con
discapacidad.
En términos de dar respuesta a la violencia: Se redactarán e
incorporarán nuevas normas, directrices y/o protocolos que utilizarán
los equipos de los servicios del sistema de respuesta interinstitucional
de violencia basada en género para la prestación de servicios
inclusivos para las mujeres con discapacidad. Este nuevo marco tiene
como objetivo asegurar la existencia de servicios de calidad para las
mujeres con discapacidad y definir desde PRONADIS el seguimiento
de su cumplimiento. Se prevé una participación sistemática en el
Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la Violencia Doméstica
por parte de PRONADIS que permita incorporar la perspectiva de
discapacidad en la temática de violencia hacia mujeres y niñas en el
Uruguay.
En términos de disponibilidad de información: La articulación
entre las instituciones que han priorizado esta necesidad con el apoyo
y liderazgo de la institución rectora del Sistema Estadístico Nacional
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buscarán dejar establecidos los protocolos y mecanismos necesarios
para las bases de la nueva arquitectura de la información bajo la
vigilia de las organizaciones de la sociedad civil.
Implementación del proyecto
Este proyecto se insertará en el entramado institucional existente, y
trabará en la transverzalización de los principios de la CRPD a través
de acciones concretas, diseñadas con las organizaciones de personas
con discapacidad, para lograr un impacto directo y efectivo. Se
espera que estas acciones generarán, por un lado, cambios en el
modo de actuación de las instituciones y por otro, una mayor
sensibilización del personal a cargo.
En primer lugar, a través del proyecto, se realizarán acciones
concretas que contribuirán directamente con el fortalecimiento de las
organizaciones de las personas con discapacidad se verán reflejadas
al participar en la elaboración de los protocolos de atención, así como
también colaborando en el proceso de sensibilización del personal de
salud al incorporarse a los cursos de capacitación a través de relatos
de experiencias o dificultades en el acceso a la atención de salud. Los
adolescentes y jóvenes con discapacidad participarán en forma
creativa en la promoción de los derechos y el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva, y la sociedad civil podrá realizar la
difusión y exigibilidad de los derechos de las personas con
discapacidad utilizando herramientas de comunicación apropiada y
accesible.
Por otro lado, se contribuirá al empoderamiento de mujeres y niñas
con discapacidad a través de elaboración y difusión de materiales y
herramientas comunicacionales que incluyan información sobre
prevención de violencia hacia mujeres con discapacidad, así como
una guía de servicios disponibles, que sea plenamente accesible para
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las mujeres con discapacidad; En particular se tendrá en cuenta para
estos materiales, el uso de redacción en lectura fácil, lenguaje
sencillo, así como utilizar soportes accesibles para personas con
discapacidad visual y auditiva. También se trabajará desde las
organizaciones de personas con discapacidad en concientizar y formar
a las personas con discapacidad en sus derechos, fomentando su
autoestima y empoderamiento como mecanismo de prevención de
situaciones de violencia, así como abarcar también a las familias de
personas con discapacidad.
Las actividades de este proyecto tendrán agencias que lideren su
implementación, asimismo, a lo largo del proyecto existirá una
coordinación permanente entre todas las agencias (ejecutoras y
participantes), así como las instituciones que participan en las
diversas actividades para asegurar que se realiza de manera
conectada e integrada, y se puede ir evaluando sobre la marcha el
impacto y la exactitud de las medidas tomadas.
Se prevé que las personas con discapacidad, a través de los grupos
organizados, participen activamente en todos los componentes de
este proyecto para poder dar su opinión y valorar el impacto directo
de las acciones, así como ejecutar acciones de cabildeo, promoción
de sus derechos e incidencia.
Las organizaciones de personas con discapacidad, incluyendo las y los
jóvenes participaran directamente en la definición de necesidades, la
implementación y el seguimiento de las actividades relacionadas con
la generación de información y con la promoción de servicios de salud
accesibles y libres de discriminación.
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Gestión
Las agencias ONU participantes en este Fondo serán: OPS-OMS, ONU
Mujeres y UNFPA (ejecutores); y la Oficina del Coordinador Residente
(socio). El Proyecto se gestionará de acuerdo con los mecanismos
administrativos y de gestión existentes del sistema de las Naciones
Unidas establecidos con AUCI y contará con un Comité de Gestión de
Proyectos como el principal órgano de gobierno, donde todos los
organismos participantes y la Oficina del RC, socios nacionales
(instituciones gubernamentales y sociedad civil organizada) están
representados. El objetivo de este espacio será: asegurar el
cumplimiento del plan de trabajo y el calendario; establecer
mecanismos de supervisión, actividades de seguimiento; y ser el
coordinador y enlace entre las agencias y los socios del proyecto.
Impacto y Participación
El impacto general del proyecto será lograr la reducción de las
principales barreras y las prácticas discriminatorias institucionales
hacia las personas con discapacidad permitiendo asegurar su acceso
a la salud y a los sistemas de protección contra la violencia; apoyado
por un sistema de información preciso y oportuno.
Las acciones concretas que garantizarán que la accesibilidad se
realice plenamente y que contribuya directamente con el
fortalecimiento de las organizaciones de las personas con
discapacidad se verán reflejadas al participar (a través de sus
representantes) en la elaboración de los protocolos de atención, de
accesibilidad o pautas para los servicios de salud responsables de la
atención médica de las personas con discapacidad y de los servicios
del sistema de respuesta interinstitucional de la violencia basada en
género para la prestación de servicios inclusivos para las mujeres
con discapacidad, así como también al participar en el proceso de
sensibilización del personal de salud al incorporarse a los cursos de
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capacitación a través de relatos de experiencias o dificultades en el
acceso a la atención de salud.
El Estudio sobre las condiciones de acceso universal de las
adolescentes y jóvenes con discapacidad a los servicios de salud
sexual y reproductiva apoyará el logro de la participación creativa con
adolescentes y jóvenes con discapacidad de todo el país en
promoción de los derechos y la salud sexual y reproductiva y el
acceso a los servicios con pares y familias.
Mientras que con la elaboración e implementación de herramientas
comunicacionales a nivel nacional apropiadas y accesibles que
permitan difundir los derechos de las personas con discapacidad, las
capacidades de la sociedad civil organizada se verán fortalecidas
para implementar mecanismos de colaboración con las instituciones
públicas ,para promover normas, participación y trabajo a nivel
nacional ,así como también promover comportamientos sociales
favorables para prevenir la violencia de género
Programación
El proyecto tendrá dos fases:
Inicial: A modo de actividades de inicio, se realizarán reuniones y
talleres con actores claves de las distintas organizaciones
involucradas en la temática y en el proyecto, tanto de gobierno como
de sociedad civil que permitan profundizar el enfoque común de
derechos y lanzar las bases de la planificación. Estos espacios
funcionarán como niveladores de conocimiento de aspectos básicos
de la CRPD, de sus principios rectores y del paradigma que
promueve. Así mismo, allí se presentarán las líneas de cada
componente, la teoría de cambio, las principales actividades
propuestas para aportar mejoras y validarlas de común acuerdo.
También se elaborará un calendario de acciones, así como definirán
los indicadores para su seguimiento y monitoreo.
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Implementación: se desarrollará a lo largo de 24 meses en
diferentes lugares del territorio. Las actividades de este proyecto
tendrán agencias que lideren su implementación, asimismo, a lo largo
del proyecto existirá una coordinación permanente entre todas las
agencias (ejecutoras y participantes), así como las instituciones que
participan en las diversas actividades para asegurar que se realiza de
manera conectada e integrada, y se puede ir evaluando sobre la
marcha el impacto y la exactitud de las medidas tomadas.-
