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Facultad de Derecho
Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas
Responsabilidad Civil por daños causados en atracciones
de feria
Presentado por:
Jorge García Mehrgut
Tutelado por:
Andrés Domínguez Luelmo
Valladolid, 16 de enero de 2017
1
RESUMEN
Partiendo del régimen contenido en el Código Civil y a través de la jurisprudencia, se
estudia la responsabilidad civil por daños causados en atracciones de feria. Tras el análisis
de su naturaleza, el trabajo se centra en el sistema de responsabilidad por culpa y los
elementos que requieren su afirmación. Los criterios de atribución que se recogen son la
teoría del riesgo y la doctrina de la asunción del riesgo, que determinan quien debe asumir
la responsabilidad por los daños producidos en una atracción de feria. Finalmente se
exponen situaciones especiales que deben tomarse en cuenta, como la problemática de los
menores de edad en este ámbito.
PALABRAS CLAVE
Responsabilidad civil. Atracciones de feria. Responsabilidad por culpa. Teoría del riesgo,
Teoría de la asunción del riesgo. Culpa exclusiva de la víctima.
ABSTRACT
Starting with the Civil Code regime and through jurisprudence, it’s studied civil liability for
damages caused in amusement rides. After the analysis of its nature, this work focuses on
the carelessness responsibility system and the elements that require its affirmation. The
attribution criteria treated are the risk theory and the assumption of risk theory, which
determine who should assume responsibility for the damages produced in a funfair
attraction. Finally, special situation that must be taken into account are exposed, such as
the problematic of underage in this area.
KEYWORDS
Civil liability. Amusement rides. Guilt responsibility. Risk theory. Assumption risk theory.
Victim exclusive responsibility.
2
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................ 4
1.1. Las atracciones de feria como actividad de riesgo. ....................... 4
1.2. La responsabilidad civil. ................................................................... 5
2. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
CAUSADOS EN ATRACCIONES DE FERIA Y NORMATIVA
APLICABLE. ............................................................................................................ 7
2.1. Naturaleza de la responsabilidad. ................................................... 7
2.2. Legislación de consumidores y usuarios. ..................................... 10
2.3. Elementos de la responsabilidad................................................... 14
2.3.1. Acción u omisión culposa o negligente. ............................................. 15
2.3.2. Producción de un resultado dañoso. ................................................. 16
2.3.3. Relación de causalidad. .................................................................. 17
3. OTROS CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS EN ATRACCIONES
DE FERIA. .............................................................................................................. 22
3.1. Teoría del riesgo. ............................................................................. 23
3.1.1. Justificación y ámbito de aplicación. ................................................ 23
3.1.2. Inversión de la carga de la prueba. .................................................. 27
3.1.3. Diligencia requerida. ...................................................................... 29
3.1.4. Culpa exclusiva de la víctima. ........................................................ 35
3.1.5. Caso fortuito o fuerza mayor. ......................................................... 38
3.2. Asunción del riesgo por parte de la víctima. ............................... 40
3.2.1. Atracciones de feria activas. ............................................................ 42
3
3.2.2. Atracciones de feria pasivas. ........................................................... 47
3.2.3. Interrupción de la asunción del riesgo. ............................................. 50
3.2.4. Especial tratamiento de los menores de edad. ................................... 55
3.3. Concurrencia de culpas. ................................................................. 60
4. ASPECTOS CONEXOS. .................................................................... 64
4.1. La responsabilidad patrimonial de la Administración. ............... 64
5. CONCLUSIONES. .............................................................................. 67
6. JURISPRUDENCIA. ............................................................................ 70
7. BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................. 75
8. TABLA ANEXA. .................................................................................. 76
4
1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Las atracciones de feria como actividad de riesgo.
La utilización de las atracciones de feria se encuadra dentro de un heterogéneo
conjunto de actividades de ocio que se caracterizan por la puesta en peligro de la integridad
física de la persona que lo practica o de aquellos que entran en contacto con esta. Entre
dichas actividades de riesgo pueden destacarse, además de las mencionadas atracciones de
feria, la práctica deportiva (especialmente los denominados deportes de riesgo), los festejos
taurinos, las piscinas y parques acuáticos y los espectáculos pirotécnicos.
La búsqueda de la sensación de peligro como forma de descargar la adrenalina es el
principal atractivo en el uso de estos elementos. El ocio y la diversión se presentan, en este
sentido, como el fundamento que motiva la libre participación de los individuos en la
actividad de riesgo. Por esta razón la jurisprudencia valora, en el conocimiento de causas
por daños producidos en estas circunstancias, la libre asunción del riesgo por parte de la
víctima. Frente a las últimas tendencias objetivadoras de la responsabilidad, “en el ámbito
de las actividades deportivas, uso de atracciones de feria y festejos taurinos, el criterio es el
de la culpa. El que practica estas actividades no puede pretender que se le indemnice el
daño derivado de un peligro que él mismo ha buscado por diversión, salvo que haya una
persona que lo haya provocado por su conducta”1.
En relación a los daños producidos a los usuarios de las atracciones la problemática
que se plantea es que no existe una regulación propia de la responsabilidad civil derivada de
los mismos, aplicándose el régimen general de la responsabilidad extracontractual
contenido en el Código Civil. A través de la doctrina y la abundante jurisprudencia
emanada de las distintas Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo se ha ido
construyendo un sistema de responsabilidad atendiendo a las circunstancias del caso (teoría
del riesgo, asunción del riesgo, culpa exclusiva de la víctima, concurrencia de culpas, etc.).
1 REGLERO CAMPOS, L.F.; BUSTO LAGO, J.M. Tratado de responsabilidad civil. Tomo II,
Thomson Reuters, 2014, p. 1528-1529.
5
Especial relevancia van a cobrar la existencia de factores como la edad de la víctima, dado
que los principales usuarios de este tipo de mecanismos son menores de edad, así como las
propias características de la atracción, pudiendo distinguirse como se realizará más adelante
entre las llamadas atracciones activas y las pasivas. Debe resaltarse que por atracciones de
feria, a estos efectos, se entiende las instalaciones recreativas, artefactos o instalaciones de
juegos destinadas al entretenimiento, tengan o no carácter permanente (parque de
atracciones). La tipología de atracciones que va a tratarse es muy variada, lo que repercute
también en dificultar la organización en el estudio de este tipo de responsabilidad.
1.2. La responsabilidad civil.
Establece nuestro Código Civil en su artículo 1089 que el origen de las obligaciones
puede deberse a la ley, a los contratos y cuasicontratos, y a los actos y omisiones ilícitos o
en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. En este último caso (actos o
hechos generadores de responsabilidad) se diferencian por el propio Código entre actos
ilícitos civiles propiamente dichos y actos ilícitos penales, esto es, la responsabilidad civil
nacida del delito.
De acuerdo con el citado precepto, cualquier acto ilícito que origine un daño a otro
sujeto de Derecho va a producir el nacimiento de la obligación de indemnizar el mismo.
De esta forma el ordenamiento jurídico sanciona la conducta generadora del daño, por lo
que el causante del mismo responde, es decir, se configura como responsable de la
obligación de reparar el daño causado. Puede distinguirse, como se realiza a continuación,
entre los dos grandes tipos de responsabilidad civil; los que consisten en incumplir un
contrato (responsabilidad contractual) y los que se producen con independencia de una
relación jurídica previa (responsabilidad extracontractual).
En el caso de la responsabilidad contractual, se trata de aquella surgida como
consecuencia del incumplimiento de un contrato. Es presupuesto de esta responsabilidad,
en consecuencia, una relación preexistente entre las partes. El fundamento legal de la
misma se halla en el artículo 1.101 del Código Civil: “Quedan sujetos a la indemnización de
los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren
6
en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de
aquéllas”.
Por su parte, la responsabilidad civil extracontractual deriva directamente de la
materialización de un acto de carácter ilícito que ocasiona un daño a otra persona sin que
precediera entre las personas interesadas (el causante del daño y aquel que lo sufre)
contrato alguno. En este supuesto la obligación de reparar el daño surge únicamente por la
producción del evento dañoso, estando prevista en el artículo 1.902 del Código Civil: “El
que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está
obligado a reparar el daño causado”. Esta clase de responsabilidad también es denominada
responsabilidad o culpa aquiliana (haciendo en este último supuesto referencia a la causa
originaria del daño más que a la consecuencia del mismo). Puede observarse cómo nuestro
Código Civil consagra un sistema de responsabilidad subjetiva, en el que la responsabilidad
civil, una vez producido el daño, se hace derivar directamente de la culpa en que haya
incurrido el autor de la acción u omisión que merece la calificación de ilícito civil. Sin
embargo la jurisprudencia ha hecho evolucionar este sistema, con una tendencia a la
objetivación de la responsabilidad con las consecuencias de inversión de la carga de la
prueba y ampliación de la cobertura de las consecuencias dañosas de la actividad humana.
Tal importancia ha adquirido la problemática de la responsabilidad extracontractual
en las últimas décadas, que ha surgido una auténtico sector en el ordenamiento jurídico
denominado “Derecho de daños”, como aquella rama en que se estudia los supuestos de
actos y omisiones de tipo culposo o negligente que van a provocar la necesidad de reparar
el daño causado. Y es que pese al breve espacio dedicado a esta materia en el Código Civil,
existe una amplísima jurisprudencia en lo que se refiere a la responsabilidad
extracontractual.
7
2. NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
CAUSADOS EN ATRACCIONES DE FERIA Y NORMATIVA
APLICABLE.
2.1. Naturaleza de la responsabilidad.
La primera cuestión a abordar en el análisis de la responsabilidad por daños
causados por atracciones de feria es la naturaleza de la misma, si se califica como
responsabilidad contractual o extracontractual. Determinarlo permite conocer el plazo de
prescripción de la acción, la legitimación o el propio contenido de la obligación.
Lo más habitual es que el usuario para poder subirse a una atracción concreta o
entrar en un parque de atracciones abone el precio, que ha fijado el responsable de la
misma, con el fin de obtener el ticket o entrada que permita su uso. Es dudosa la condición
de contrato mercantil de este documento, pero su calificación como tal supondría la
aplicación del plazo de prescripción de cinco años para este tipo de acciones que establece
el artículo 1964.2 del Código Civil y que para la valoración de la responsabilidad fuera
necesario atenerse a los términos del contrato. A pesar de que la adquisición de la entrada
sea presupuesto para poder acceder a la actividad, la mayoría de la jurisprudencia resuelve
los pleitos sobre daños producidos en atracciones de feria por la vía extracontractual (lo
que posibilita la aplicabilidad de la teoría del riesgo) o, en su caso, mediante el principio de
unidad de la culpa civil que define la doctrina del Tribunal Supremo con la concurrencia de
responsabilidades contractual y extracontractual.
La Audiencia Provincial de Málaga en su sentencia de 2 de junio de 20062 define
como extracontractual la responsabilidad originada a raíz de un siniestro ocurrido en un
aparato recreativo: “Efectivamente para que concurra la responsabilidad contractual no es
bastante que haya un contrato entre partes sino que requiere que el hecho desencadenante
del perjuicio se produzca dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo del
contenido negocial, lo que no acontece en el supuesto de autos pues el objeto del contrato
2 SAP de Málaga (Secc. 7ª, Melilla) de 2 de junio de 2006 (AC\2006\2384), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Mariano Santos Peñalver.
8
viene representado por el uso y disfrute de una atracción ferial, mientras que el daño se
sitúa en el riesgo de caída que conlleva la actividad lúdica, de modo que rebasa y desborda
lo exclusivamente pactado, pues aun cuando el riesgo de caída es evidente y constituye el
atractivo que motiva al cliente a la utilización de la atracción, tal cuestión queda al margen
del ámbito propiamente contractual ajeno a la mayor o menor capacidad de guardar el
equilibrio del usuario o a la mayor o menor habilidad para caer del artilugio mecánico”. El
Tribunal, por tanto, considera que sería necesario que las consecuencias de un eventual
daño fueran previstas en el contrato para que la responsabilidad pudiera ser catalogada
como contractual. Por el contrario, la entrada adquirida por el usuario únicamente implica
la aceptación en el pago del precio a cambio del uso y disfrute de la atracción ferial.
En este mismo sentido apunta la sentencia de 15 de febrero de 2012 también de la
Audiencia Provincial de Málaga3 : “y así se tiene declarado que en aquellos casos en los que
surgen daños en el marco contractual pero fuera del contenido obligacional, no dentro de la
rigurosa órbita de lo pactado, no opera la responsabilidad contractual, sino la surgida fuera
del contrato”. Esta sentencia, posteriormente, aboga por el concurso de los respectivos
regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual, puesto que la finalidad
principal de la demanda es obtener resarcimiento por los daños producidos: “de ahí que se
haya declarado como la indemnización es procedente tanto si se trata de infracción
contractual como extracontractual, pues el artículo expresado 1101, sancionador de la
infracción contractual, es aplicable a toda clase de obligaciones, cualquiera que sea su
origen”. Respalda, en definitiva, el principio de la unidad de culpa civil al establecer:
“cuando un hecho dañoso viola una obligación contractual y, al mismo tiempo, el deber
general de no dañar a otro, se produce una yuxtaposición de responsabilidades de las que
surgen acciones distintas que pueden ejercitarse alternativa y subsidiariamente, optando por
una o por otra, o incluso proporcionando los hechos al juzgador para que este aplique las
normas en concurso -de ambas responsabilidades-que más se acomoden a aquéllos, todo
ello a favor de la perjudicada y para conseguir el resarcimiento del daño lo más completo
posible”.
3 SAP de Málaga (Secc. 6ª) de 15 de febrero de 2012 (JUR\2012\329483), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Antonio Alcalá Navarro.
9
Cabe destacar, tal y como realiza la Audiencia Provincial de Cádiz en su resolución
judicial de 17 de enero de 20074, que es doctrina jurisprudencial consolidada que el tribunal
pueda permutar las acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual sin
incurrir en incongruencia. Esto es, no se vulneraría el principio de congruencia en aquellos
supuestos en que el perjudicado fundamenta su demanda en normas de responsabilidad
contractual (o de responsabilidad extracontractual) únicamente y el juzgador basa su
decisión en normas de culpa distintas de las invocadas. Dada la dificultad de delimitar el
campo propio de cada tipo de responsabilidad, se determina un “concurso de normas
coincidentes en una misma pretensión, fijada en lo sustancial por la unidad de los
acontecimientos históricos que justifican el petitum indemnizatorio”. También la sentencia
de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 8 de marzo de 20115, en relación con la rotura de
un dedo en una atracción de feria, consagra la compatibilidad entre ambos tipos de
responsabilidad: “En todo caso, tanto la responsabilidad contractual o extracontractual,
como la protección de los consumidores y usuarios, no sólo no son excluyentes, sino que
tienen elementos comunes que se yuxtaponen y que dan lugar a acciones que pueden
ejercitarse alternativa o acumuladamente, o incluso proporcionando los hechos al juzgador
para que éste aplique las normas en concurso de ambas responsabilidades que más se
acomoden a aquéllos, siempre en favor de los perjudicados y para el logro de un
resarcimiento de daños lo más completo posible”.
Esta posibilidad anteriormente mencionada que se recoge en el principio de unidad
de culpa civil o concepto unitario de la culpa civil es definida por la Audiencia Provincial de
Alicante6, expresando que el supuesto litigioso es inicialmente una relación de carácter
contractual entre el demandado y los padres del menor que sufrió el daño pues adquirieron
una entrada para subir en la atracción, pero el daño no se produce dentro del ámbito de lo
acordado. Además resalta que “la línea divisoria entre ambos tipos de responsabilidad no
aparece claramente definida”.
4 SAP de Cádiz (Secc. 8ª) de 17 de enero de 2007 (JUR\2007\178134), Ponente: IIlma. Sra.
Carmen González Castrillón.
5 SAP de Vizcaya (Secc. 3ª) de 8 de marzo de 2011 (AC\2011\1889), Ponente: IIlma. Sra.
María Concepción Marco Cacho.
6 SAP de Alicante (Secc. 7ª) de 8 de mayo de 2006 (JUR\2006\183703), Ponente: Ilmo. Sr.
D. José Teófilo Jiménez Morago.
10
En definitiva, en supuestos de daños en atracciones de feria los Tribunales no van a
estimar el motivo de impugnación de la parte demandada que se base en la errónea
calificación del tipo de responsabilidad por la parte actora en los fundamentos de su
demanda. La pretensión por la víctima en este tipo de litigios es la obtención de la
indemnización, y aunque con matices que se observarán más adelante, el principio de
unidad de culpa civil posibilitará la aplicación de la teoría del riesgo y, consecuentemente, la
inversión de la carga de la prueba. La teoría de la unidad de culpa civil (o teoría del
concurso de normas) es además congruente con el principio iura novit curia, por el que el
demandante puede limitarse a describir los hechos en que fundamenta su demanda y será el
juez el que determine qué régimen de responsabilidad es el aplicable.
2.2. Legislación de consumidores y usuarios.
El sistema de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil se
cimienta en la existencia de la culpa o negligencia. Sin embargo, con la generalización de
actividades de riesgo, la jurisprudencia ha ido evolucionando hacia un sistema de
responsabilidad objetiva o sin culpa, basado en la idea de que quien crea un riesgo y se
beneficia de él debe responder. Este sistema de responsabilidad por riesgo se plasma en
una serie de leyes especiales, entre ellas la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios (LGDCU) y otras leyes complementarias, que forma el
denominado “Derecho del consumo”. El ámbito de aplicación de la misma se dirige a las
relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios, considerando consumidor o
usuario a la persona física que actúa en el mercado al margen de una actividad profesional o
empresarial para satisfacer necesidades personales o familiares.
En este contexto debe clarificarse si es de aplicación la legislación de consumidores
y usuarios a los casos de daños producidos en atracciones de feria y cuáles son sus
consecuencias. Con dicho fin se procede a analizar la jurisprudencia principal sobre la
cuestión planteada.
11
La Audiencia Provincial de La Rioja en sentencia de 22 de diciembre de 20147, al
resolver un litigio surgido por la caída de un menor en una atracción denominada “Prisión
de Alcatraz”, considera que para examinar la responsabilidad exigida en el mismo debe
tenerse en cuenta el régimen jurídico establecido en la Ley General Para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios (LGDCU), “de manera que la actora puede reclamar, como
consumidor, frente a quien le proporcionó el producto o servicio, en los términos previstos
en el artículo 25 LGDU, entonces vigente, de modo que tiene derecho a ser indemnizada
por los daños y perjuicios demostrados, causados por la utilización de este servicio, salvo
que estén originados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba
responder civilmente”. Subraya asimismo la sentencia que “cuando concurra en el
perjudicado demandante la condición de consumidor o usuario, en los términos
establecidos en la LGDCU, y los hechos enjuiciados tengan adecuado encaje en sus
preceptos, son de aplicación los artículos 25 y siguientes de dicha Ley, vigentes al tiempo
del accidente, en principio más favorables para el consumidor y usuario, al establecer
inicialmente la responsabilidad del suministrador de los servicios y la carga para este de
probar que el origen de los daños y perjuicios no puede serle atribuida o responde a la
conducta culposa del usuario o de las personas por las que debe responder”.
Agrega la misma sentencia que, como indica la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, “una interpretación racional y lógica del artículo 25 de la Ley 26/1984 (RCL
1984, 1906), especialmente si se lleva a cabo en concordancia con los artículos siguientes,
no autoriza a entender de modo incondicional que la Ley establezca prima facie un inflexible
sistema de responsabilidad objetiva, pues en primer lugar introduce como factor correctivo
el de la culpa exclusiva del consumidor o usuario, lo que conlleva la necesidad de efectuar
en cada caso concreto una estimación comparativa entre las posibles conductas o
actividades que concurran en la producción y la utilización de los bienes, y en segundo
lugar, el artículo 26, en relación con la responsabilidad de los productores y
suministradores, introduce como dato a tener en cuenta, los demás cuidados y diligencias
que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad, que necesariamente comporta el
análisis de un reproche culpabilístico”. Es decir, la tutela efectiva de consumidores y
usuarios impone una presunción de culpabilidad respecto del empresario excepto que
estableciera las cautelas y precauciones necesarias para asegurar la seguridad y salud de los
7 SAP de La Rioja (Secc. 1ª) de 22 de diciembre de 2014 (JUR\2015\51894), Ponente:
IIlma. Sra. María del Puy Aramendía Ojer.
12
clientes. En prácticamente idénticos términos se pronuncia la Audiencia Provincial de
Granada8.
La resolución judicial entiende que teniendo el demandante el carácter de
consumidor o usuario eran de aplicación los artículos 25 y siguientes de la derogada (pero
vigente en el momento en que se produjeron los hechos enjuiciados) Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establecía el
derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de
bienes o la utilización de productos o servicios produjera a los consumidores o usuarios
siempre que no existiera culpa de la víctima o de los civilmente responsables. Estos
preceptos sobre garantías y responsabilidad van a ser modificados con la entrada en vigor
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias. Con este nuevo texto se incorporan a nuestra legislación las exigencias
comunitarias en relación con la protección a consumidores y usuarios. Es el Libro Tercero,
titulado “Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos”, el que recoge el
régimen de responsabilidad, con el derecho a ser indemnizado por los daños personales y
materiales sufridos por los consumidores y usuarios. El Capítulo II dentro del mismo Libro
(artículos 147 a 149) regula los daños causados por otros bienes y por servicios
diferenciando entre un régimen general y un régimen especial. Puede destacarse, en
resumen, que la Ley ampara un sistema de responsabilidad objetiva en los daños causados a
los consumidores, instaurando la denominada inversión de la carga de la prueba, pues será
el productor o proveedor del servicio el que deba probar que adoptó todas las medidas de
seguridad necesarias para evitar la producción del siniestro. Matiza la sentencia expuesta
que no se introduce con esta legislación un sistema de responsabilidad objetiva absoluto
sino que habrá que contemplar caso por caso las circunstancias en que se produce el hecho
generador de responsabilidad, atendiendo a la propia actuación de la víctima. La
jurisprudencia del Tribunal Supremo aclara que en estos supuestos de responsabilidad, la
aplicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios debe estar
conectada con la doctrina jurisprudencial establecida en torno al artículo 1902 del Código
Civil, que “requiere la necesidad ineludible de un reproche culpabilístico al eventual
responsable del resultado dañoso, pues si bien es cierto que la jurisprudencia de la Sala ha
8 SAP de Granada (Secc. 3ª) de 22 de octubre de 2010 (JUR\2011\71308), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Enrique Pinazo Tobes.
13
evolucionado en el sentido de objetivizar la responsabilidad extracontractual, no lo es
menos que tal cambio se ha hecho moderadamente, recomendando una inversión de la
carga de la prueba y acentuando el rigor de la diligencia requerida, según las circunstancias
del caso, de manera que ha de extremarse la prudencia para evitar el daño, pero sin erigir el
riesgo en fundamento único de la obligación de resarcir y sin excluir”.9
Por su parte, la Audiencia Provincial de Málaga en sentencia de 19 de febrero de
201010 considera que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no
crea nuevas acciones sino que establece los criterios de responsabilidad que deben regir en
los supuestos específicos de daños causados a consumidores y usuarios. “Se trata, pues, de
un sistema de responsabilidad aplicable al ejercicio de las acciones civiles ordinarias cuando
concurre en el perjudicado la condición de consumidor o usuario”. Al hilo de los
derogados artículo 25 a 27 LGDCU (hoy artículos 128 a 149, con un contenido muy
similar) determina: “De lo expuesto se desprende el sentir de la jurisprudencia acerca de la
coexistencia e incardinación de las disposiciones de la LGDCU en las legislaciones civil y
mercantil, así como el carácter cuasi-objetivo, con cierto sustrato subjetivo, del sistema de
responsabilidad establecido en los artículos 25, 26 y 27 de la citada Ley”.
La jurisprudencia observa la LGDCU como un sistema de mayores garantías para
los usuarios con respecto al consumo de productos, atracciones y servicios que le presten.
Desde el momento en que queda acreditado que la persona que ha sufrido el perjuicio ha
accedido a la atracción de feria del demandado se convierte en usuario de la misma, como
persona física que disfruta de un servicio o actividad, en los términos del artículo 3
LGDCU, mientras que desde el punto de vista del demandado, tiene la cualidad legal de
prestador de servicios a cambio de una contraprestación económica, con las consecuencias
legales prescritas.
9 SAP de Cádiz (Secc. 8ª) de 19 de junio de 2006 (JUR\2009\68370), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro.
10 SAP de Málaga (Secc. 4ª) de 19 de febrero de 2010 (JUR\2010\197830), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Alejandro Martín Delgado.
14
A modo de resumen, cabe concluir que una vez corroborada en el caso concreto la
condición de consumidor o usuario del demandante y la condición de prestador de
servicios del demandado, y siendo de aplicación el régimen de responsabilidad regulado en
la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, se produce la inversión de la
carga de la prueba; sin establecerse un sistema objetivado absoluto sino matizado por el
elemento subjetivo de la culpa exclusiva de la víctima y del cumplimiento por el prestador
de servicios de las medidas necesarias para evitar el riesgo creado. En cualquier caso, tanto
la responsabilidad contractual o extracontractual, como la protección de consumidores y
usuarios no son excluyentes, sino que tienen elementos comunes y dan lugar a acciones que
pueden ejercitarse alternativa o acumuladamente (como permite el artículo 71.4 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
2.3. Elementos de la responsabilidad.
Dentro del sistema de responsabilidad por culpa, es necesario para afirmar la
responsabilidad la concurrencia de tres requisitos o elementos: una acción u omisión
culposa o negligente, la producción de un resultado lesivo y finalmente una relación de
causalidad entre los dos primeros. La doctrina jurisprudencial se ajusta a esta
responsabilidad culposa del artículo 1902 con tintes objetivadores. De forma que para el
éxito de la acción de responsabilidad deben concurrir los siguientes requisitos: Una acción
u omisión, que dicha acción origine unos daños (sean corporales o materiales), que la
acción sea imputable al agente a título de culpa en sentido estricto (negligencia) o de dolo y,
por último, que entre el actuar o el omitir del agente y el resultado dañoso producido exista
un nexo causal. En consecuencia, en caso de no confluir todos y cada uno de los elementos
mencionados para el nacimiento de la responsabilidad que se demanda en el presente
procedimiento, procederá la desestimación de la demanda.
Por ello es de una trascendencia notable dilucidar a quien corresponde la carga de la
prueba, es decir, quien debe acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para que
se estimen sus pretensiones, perjudicándole, en su caso, la falta de actividad probatoria.
Siguiendo la regla introducida por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
corresponde al actor (y, en su caso, al actor reconvenido) la carga de probar los hechos que
son el presupuesto de la norma cuyos efectos jurídicos pide. No se halla el caso de los
daños en atracciones de feria en ninguno de los supuestos especiales recogidos en el
15
precepto citado para la inversión de la carga de la prueba; sin embargo, la jurisprudencia a
través de la teoría del riesgo establece la inversión de la carga de la prueba, debiendo
demostrar el demandado que aplicó la diligencia requerida para la evitación del daño. Si
bien esta posibilidad no se aplica en el sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa.
2.3.1. Acción u omisión culposa o negligente.
Como se ha expresado previamente es presupuesto del sistema de responsabilidad
extracontractual del artículo 1902 del Código Civil la existencia de una acción o una
omisión de una persona. Puede, por tanto, tratarse de un hecho activo o simplemente de
una mera abstención. Es posible en este ámbito realizar una distinción entre un elemento
objetivo y otro subjetivo. El elemento objetivo vendría representado por la acción u
omisión propiamente dicha, en tanto que el elemento subjetivo se refiere a la culpa o
negligencia. En el primer caso se hace hincapié en una cuestión fáctica, de hecho, mientras
que con la culpa o negligencia se añade el matiz jurídico a este requisito imprescindible para
la afirmación de la responsabilidad en un sistema de responsabilidad extracontractual
basado principalmente en la culpa.
El estudio del elemento objetivo, esto es, de la acción u omisión que
presumiblemente ha ocasionado el daño, se encuentra directamente relacionado con el tipo
de atracción en que este se produce. En las denominadas atracciones de feria activas (por
ejemplo los llamados “Coches de choque”, los “Castillos hinchables”, etc.) el usuario
presenta un mayor control del artilugio, por lo que el elemento objetivo consistirá
principalmente en observar si se ha producido una omisión del explotador de la atracción,
al carecer la misma de las medidas de seguridad exigidas o en no detener el funcionamiento
de la atracción en supuestos de evidente peligro para los usuarios. Las atracciones de feria
pasivas (como el “Toro mecánico”, “La olla loca” o “La cazuela”, entre otros) se
caracterizan porque los movimientos son directamente aplicados por el empresario o titular
de la atracción, manejando a su antojo la atracción. Por consiguiente, será generalmente
una acción por su parte la que origina el resultado lesivo, en la mayoría de casos el imprimir
una fuerza o velocidad excesiva a la atracción.
16
Se asienta el elemento subjetivo en la valoración de la acción u omisión del agente
como culposa o negligente, entendiendo por culpa o negligencia la falta de diligencia o
cuidado que debe exigirse dadas las circunstancias concurrentes al caso concreto. De este
modo, no existe la responsabilidad extracontractual cuando el daño se causa con
consentimiento de la víctima o por la culpa exclusiva de este último. Los presupuestos de la
culpabilidad en el comportamiento dañoso del agente son la imputabilidad del autor y su
conducta dolosa o culposa. La primera circunstancia apenas va a presentar problemática en
este ámbito, y por ello va a centrarse el estudio en el dolo y la culpa. Ya se ha descrito
anteriormente que la consideración del legislador en relación a la noción de culpa o
negligencia se circunscribe a la existencia de una conducta descuidada o poco cuidadosa, en
tanto que el dolo se identifica con la actuación deliberada y consciente dirigida a producir
daño a otro. El grueso de sentencias por demandas de responsabilidad civil derivada de
daños en atracciones de feria son resueltas basándose en la presencia o ausencia de una
conducta culposa o negligente.
Esta necesidad de realizar un reproche culpabilístico al eventual responsable del
hecho dañoso es clave en un ordenamiento jurídico como el nuestro basado en el principio
de la responsabilidad por culpa, debiéndose aportar un principio de prueba que permita
atribuir a la parte demandada el resultado lesivo, incluso aunque se aplique la teoría del
riesgo. A dicha cuestión se refiere la jurisprudencia reiteradamente, aclarando que la
objetivación de la responsabilidad no es absoluta, aunque el nivel de exigencia de la
diligencia aumente. La negligencia o culpa está directamente relacionada con el nivel de
diligencia que sea necesario para evitar la producción del daño. La jurisprudencia menor
varía a la hora de determinar el grado de diligencia exigido.
2.3.2. Producción de un resultado dañoso.
Para que proceda la indemnización de daños y perjuicios es precisa la existencia de
un daño, requisito exigido tanto por el artículo 1902 del Código Civil como por la
jurisprudencia. Este es un elemento necesario para la afirmación de la responsabilidad civil,
pues a diferencia de la responsabilidad penal, aquella no puede existir sin un daño. El daño
indemnizable en el ámbito de las atracciones de feria es el personal y el material. Las
características esenciales para tratarse de un daño objeto de reparación es que sea real,
cierto y existente (nunca un daño eventual o hipotético).
17
Pero el daño no es solo el presupuesto de la responsabilidad civil, sino que también
sirve de medida de la indemnización que el responsable debe pagar. La cuantía concreta de
la indemnización (que, como se ha dicho, depende de la envergadura del daño causado)
para el caso de los daños en atracciones de feria no obedece a una regla o baremo que se
encuentre recogido en la legislación, dependiendo fundamentalmente del criterio del
juzgador para el caso concreto. En algunos casos el enjuiciador, teniendo en cuenta la
valoración realizada por el médico forense, utiliza a modo de referencia un baremo
recogido en otras leyes, como la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor (por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila de
21 de noviembre de 200211) o de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros
privados, aplicable por analogía.
El daño corporal sufrido a raíz de un percance en una atracción de feria puede
separarse en una parte material (gastos médicos, intervenciones quirúrgicas, período de
hospitalización y pérdida de ingresos por esta razón o a consecuencia de la incapacidad
producida, etc.) y una parte “moral” a modo de secuelas originadas como consecuencia del
evento lesivo (perjuicio estético, sufrimiento psíquico o padecimiento moral, etc.),
mediando indemnización por cada uno de estos supuestos siempre que hayan sido
probados y declarada la responsabilidad.
2.3.3. Relación de causalidad.
Entre los dos elementos relatados antes (acción u omisión del agente y el daño
generado en la víctima) ha de mediar un nexo causal, una relación de causa-efecto o enlace
denominada relación de causalidad. El vínculo debe, en primer lugar, tener un componente
fáctico, determinándose mediante la prueba si un hecho concreto es o no causa del daño.
Será sencillo de demostrar en aquellos supuestos en que ha existido un contacto físico entre
el responsable y el objeto o persona dañada, y más complejo cuando lo que se imputa al
responsable es una omisión o aparecen otras circunstancias concomitantes que han podido
contribuir a la producción del resultado dañoso.
11 SAP de Ávila de 21 de noviembre de 2002 (JUR\2003\13652), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Ignacio Pando Echevarría.
18
Dicha dificultad junto a la multiplicidad de casos prácticos que se presentan en la
realidad hacen que doctrina y jurisprudencia hayan elaborado algunas teorías con el
objetivo de esclarecer la presencia del nexo causal.
Una de las más importantes es la teoría de la equivalencia de las condiciones que
establece la consideración de todas las causas que hayan colaborado a la producción del
resultado lesivo, como manifestación de la tesis de la conditio sine qua non, por las que solo se
tendrán en cuenta aquellas circunstancias cuya concurrencia ha sido determinante en el
resultado dañoso. Teoría aplicada en supuestos de daños en atracciones de feria, como la
sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 201112 sobre la caída de un menor al
salir despedido del tobogán central de la atracción, que estudia la efectiva existencia del
nexo causal y su relevancia jurídica debiendo “determinarse el primero de los mismos
mediante la fórmula utilizada por la teoría de la equivalencia, y, así, si la acción del autor no
es "conditio sine qua non" del resultado faltaría dicho presupuesto de la acción objetiva, en
tanto que si lo es existirá este primer presupuesto y deberá pasarse al estudio del segundo,
admitida la existencia de nexo causal, que exige la determinación de si el resultado causado
por la acción es o no objetivamente imputable al autor de la misma, ateniéndonos, para
dicha valoración, a los criterios que la Jurisprudencia tiene establecidos, como son el de la
creación de un riesgo jurídicamente relevante, el del fin de protección de la norma (que
tendría lugar cuando la situación de la que se derivaría el daño tiene su origen en la
transgresión por la demandada de una norma que imponga un deber u obligación de
seguridad) el criterio denominado de incremento del riesgo o de la conducta alternativa
correcta; y el criterio de la previsión de regreso (que, en definitiva, estima que no hay
imputabilidad cuando se rompe el nexo causal por la conducta gravemente imprudente de
un tercero. En suma la estudiada teoría, de la que se hace eco un sector jurisprudencial,
consiste en establecer de acuerdo con criterios de la experiencia, y en base a los principios
que rigen el sistema, qué daño es justo poner a cargo del agente, descartando de este modo
algunos que podrían ser desconectados al hecho dañoso”, para resolver finalmente que el
actor no pudo probar la causa determinante de la caída “al no haberse acreditado en el
curso de las actuaciones que dicha instalación ferial presentase alguna anomalía o defecto
12 SAP de Badajoz (Secc. 3ª) de 22 de marzo de 2011 (AC\2011\1166), Ponente: IIlma.
Sra. Marina Muñoz Acero.
19
en su estructura que explicase que el hijo del actor saliera despedido con cierta violencia del
tobogán central de la misma…”.
Por el contrario, la mayoría de la doctrina (y con ella gran parte de los Tribunales
que resuelven las acciones por responsabilidad civil derivada de daños en atracciones de
feria) trabaja con la teoría de la adecuación o de la causa adecuada a la hora de pronunciarse
acerca de la relación de causalidad. En este sentido, consideran que la causa origen del
resultado dañoso solo se determina si el daño observado era una consecuencia natural del
curso de los acontecimientos. La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Córdoba
de 19 de diciembre de 200513 ofrece una aproximación teórica a la doctrina de la
adecuación: “La doctrina jurisprudencial establece en este tema el principio de causación
adecuada, que exige la necesidad de que los resultados dañosos puedan imputarse
causalmente al agente, siendo consecuencia natural, adecuada y suficiente de la
determinación de la voluntad; debiendo entenderse por consecuencia natural aquella
propicia entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a
los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto si
el acto antecedente que se presenta como causa tiene virtualidad suficiente para que del
mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido no siendo
suficientes las simples conjeturas o la existencia de datos fácticos que, por mera
coincidencia induzcan a pensar en una posible interrelación de estos acontecimientos, sino
que es precisa la existencia de una prueba determinante relativa al nexo entre la conducta
del agente y la producción de daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga
a repararlo.”
Para la determinación de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre
la acción u omisión (causa) y el daño o perjuicio resultante (efecto), se exige que el
resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la
voluntad. La jurisprudencia14 entiende por consecuencia natural “aquella propicia, entre el
acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos
13 SAP de Córdoba (Secc. 1ª) de 19 de diciembre de 2005 (JUR\2006\150519), Ponente:
Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández Carrión.
14 SAP de Alicante (Secc. 5ª) de 1 de marzo de 2005 (JUR\2005\117362), Ponente: IIlma.
Sra. Teresa Serra Abarca.
20
normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto, si el actor
antecedente que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente para que del mismo se
derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficiente las
simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos”.
Numerosas son las sentencias emanadas de las distintas Audiencias Provinciales que
evidencian una ruptura del nexo causal, generalmente por la culpa exclusiva de la víctima.
Es el caso de la Audiencia Provincial de Sevilla15 en la lesión de un menor como
consecuencia de la utilización de la atracción “Coches de choque”, hace referencia a la
inexistencia de nexo causal atribuible al propietario, dado que la usuaria sacó parte de su
cuerpo hacia fuera colocando su mano en la pista, siendo golpeada en su muñeca izquierda
por otro coche y sufriendo diversas lesiones. No habiendo quedado acreditado un irregular
o anormal funcionamiento de la atracción, su mal estado, un mantenimiento defectuoso o
deficientes medidas de seguridad determinantes de la falta de diligencia o negligencia del
titular de la atracción, no es posible afirmar nexo causal alguno. Por otro lado, es también
posible la interrupción del nexo causal por la intervención de un tercero, respecto del cual
se acepta de manera unánime que en los supuestos en que dicha intervención sea dolosa o
intencionada y no determinada por la del agente inicial, se producirá la interrupción del
nexo y la irresponsabilidad de aquél. Esta circunstancia también es abordada por nuestros
Tribunales, como la Audiencia Provincial de Asturias16 en relación con una atracción ferial
que consistía en el lanzamiento desde un mostrador de unas bolas contra muñecos situados
en el fondo, cuando una persona desconocida “bajo la influencia de bebidas alcohólicas o
sustancia similar” tomó sin consentimiento del dueño ni de los usuarios las pelotas a
disposición de los clientes comenzando a lanzarlas e impactando una de ellas en el
perjudicado, que se encontraba apoyado en el mostrador.
Se observa, por lo tanto, que dos son las teorías dominantes que permiten
responder a la cuestión de si una acción u omisión debe ser considerada causa del daño y,
seguidamente, imputárselo a su autor para declararle responsable. Por un lado la teoría de la
15 SAP de Sevilla (Secc. 2ª) de 20 de febrero de 2007 (JUR\2007\305394), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Andrés Palacios Martínez.
16 SAP de Asturias (Secc. 6ª) de 8 de julio de 2013 (JUR\2013\267757), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Jaime Riaza García.
21
equivalencia de las condiciones, según la cual se reputa causa toda condición que ha
contribuido al resultado y la de la causalidad adecuada, que exige especificar si la conducta
del autor es apropiada para producir un resultado como el acaecido. Hoy la doctrina
científica y jurisprudencial se decanta sin atisbo de duda por la segunda, dado que la
aplicación de la primera puede conducir a consecuencias exageradas y absurdas.
22
3. OTROS CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS EN
ATRACCIONES DE FERIA.
A pesar de que las demandas por accidentes en atracciones de feria se fundamentan
generalmente, como se ha indicado, en los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, la
jurisprudencia es vacilante entre aplicar criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva, sin
que se haya seguido un criterio de imputación unitario de forma categórica. Dos han sido, a
grandes rasgos y con sus propias particularidades, los criterios de imputación de la
responsabilidad (siempre dejando de lado la culpa como criterio de imputación, ya
analizada previamente, que se aplica con carácter general a todo tipo de atracciones): La
teoría del riesgo como responsabilidad de carácter cuasiobjetiva y la doctrina de la asunción
del riesgo por parte de la víctima. Sobre ambos extremos acuden los Tribunales para
justificar sus fallos condenatorios o absolutorios ante la inexistencia de culpa imputable al
dueño de la atracción. La aplicación de una u otra supone la presunción de la
responsabilidad hacia uno de los agentes y la determinación de a quién pertenece la carga
de la prueba; en definitiva, quién ha de soportar las consecuencias de la materialización en
un daño del riesgo eventual de determinadas atracciones.
Las distintas Audiencias Provinciales divergen en multitud de ocasiones al
considerar aplicable para el caso concreto una de las doctrinas citadas, aunque es posible
elaborar una cierta sistematización en razón de la naturaleza de la atracción (activa o
pasiva), del nivel de riesgo o peligrosidad que entraña cada una de ellas y de la edad de la
víctima del daño. En cualquier caso la jurisprudencia ha ido evolucionando en el sentido de
objetivar la responsabilidad, pero sin olvidar el necesario reproche culpabilístico al
responsable del resultado dañoso. Dicho progreso en la jurisprudencia es detallado por la
magistrada del Tribunal Supremo ROCA TRÍAS como sigue: “El Tribunal Supremo
muestra evolución en vaivén puesto que si bien a partir de principios del siglo XX existe
una clara tendencia en convertir la responsabilidad por culpa en responsabilidad objetiva, al
considerar que un criterio de este tipo resulta más protector de las víctimas, que presenta su
punto álgido en la jurisprudencia de los años 90 y sobre todo, en lo que se refiere a la
imputación de los accidentes de trabajo, en la actualidad se está produciendo una vuelta al
23
criterio de imputación por “culpa”, es decir, se vuelve a la interpretación genuina del
artículo 1902 CC huyendo de criterios objetivadores”.17
3.1. Teoría del riesgo.
3.1.1. Justificación y ámbito de aplicación.
La generalización de las actividades consideradas de riesgo y la explotación
comercial de las mismas es el origen o razón de ser de la denominada teoría del riesgo
como criterio de imputación de la responsabilidad. Trata de dar respuesta a la realidad
social de nuestra época caracterizada por la expansión de actividades especialmente
peligrosas, gestando un riesgo con su práctica que, muy habitualmente, produce un lucro
empresarial. Uno de los ejemplos paradigmáticos de esta situación es la instalación y
utilización de las atracciones de feria y parques temáticos, como mecanismos que originan
un riesgo pero son solicitados por los usuarios que demandan ocio y diversión.
En este escenario de incremento de las actividades peligrosas consiguiente al
desarrollo tecnológico aparece la teoría del riesgo como tendencia a la objetivación de la
responsabilidad extracontractual. La nota esencial que define esta doctrina es la idea de que
quien se beneficie de una concreta actividad creadora de peligro tiene que soportar los
efectos negativos de la misma en cuanto al resarcimiento de la responsabilidad. Es la
locución latina cuius commoda eius incommoda18 la que mejor resume el planteamiento, quien
obtiene los beneficios de una actividad debería asumir los perjuicios necesarios para
obtener dicho beneficio, como una necesaria correlación compensatoria entre la exigencia
de responsabilidad por los resultados dañosos causados por una actividad peligrosa y los
beneficios derivados de esta. Por ende, requisito para poder aplicarla será que el
perjudicado haya sido víctima de la actividad lucrativa de un tercero. La propia explicación
de esta doctrina aparece recogida en el conjunto de sentencias que la aplican, expresándolo
cada tribunal en sus propios términos, como es el caso de la Audiencia Provincial de
17 ROCA TRÍAS, M.E. “El riesgo como criterio de imputación subjetiva del daño en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo español”, Indret Revista para el Análisis del Derecho, 2009, p. 3.
18 También con el aforismo latino Ubi emolumentum, ibi onus se justifica esta condición.
24
Alicante19: “los usuarios no asumen ningún riesgo, sino que es la empresa que explota la
atracción y que se lucra económicamente con la misma, quien debe pechar con las
consecuencias dañosas que se deriven de su utilización («cuius commoda eius
incommoda»)”.
Se requiere en este punto desentrañar en qué ocasiones específicas es aplicable la
objetivación de la responsabilidad a partir de la doctrina del riesgo, y es que no es aceptable
una objetivación absoluta de la responsabilidad extracontractual excluyendo el básico
principio de la responsabilidad por culpa que rige nuestro ordenamiento jurídico. Sigue
exigiendo el Tribunal Supremo en este ámbito un reproche culpabilístico al eventual
responsable del resultado dañoso, ya que no cabe “erigir el riesgo en fundamento único de
la obligación de resarcir y sin excluir, en todo caso y de modo absoluto, el clásico principio
de la responsabilidad culposa” (SSTS 16-11-99, 22-11-99, 13-3-01). PANTALEÓN
PRIETO, como ponente del Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 201620
enuncia la siguiente tesis: “La creación de un riesgo, del que el resultado dañoso sea
realización, no es elemento suficiente para imponer responsabilidad (objetiva o por riesgo),
ni siquiera cuando la actividad generadora del riesgo sea fuente de lucro o beneficio para
quien la desempeña. Se requiere, además la concurrencia del elemento de la culpa
(responsabilidad subjetiva), que sigue siendo básico en nuestro Derecho positivo a tenor de
lo preceptuado en el artículo 1902 CC…”.
Previamente se ha argumentado que la objetivación de la responsabilidad
extracontractual se canaliza a través de la teoría del riesgo que, como su nombre indica, se
refiere a las actividades de riesgo. No cualquier actividad de riesgo es susceptible de
producir el efecto de objetivación de la responsabilidad, en especial aquellas que se
incardinan en el denominado riesgo general de la vida. La jurisprudencia del Tribunal
Supremo también se ha pronunciado en este sentido, cuando afirma que el riesgo por sí
solo no es fuente única de la responsabilidad que establece el Código Civil salvo que se
trate de riesgos extraordinarios, daño desproporcionado o falta de colaboración del
19 SAP de Alicante (Secc. 7ª) de 29 de marzo de 2006 (JUR\2006\184769), Ponente: Ilmo.
Sr. D. José Teófilo Jiménez Morago.
20 STS de 18 de marzo de 2016 (RJ\2016\983), Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Fernando
Pantaleón Prieto.
25
causante del daño cuando “está especialmente obligado a facilitar la explicación del daño
por sus circunstancias profesionales o de otra índole”. En resolución judicial de 200521, la
Audiencia Provincial de Cantabria en el conocimiento de un litigio por las lesiones de una
persona en la atracción de feria “Nube”, ofrece una interesante visión sobre la teoría del
riesgo en este ámbito: “nunca es legítima la creación de un riesgo excesivo, entendiendo
por tal aquél que pone en peligro bienes especialmente trascendentes de la persona, o exige
del participante la adopción de un esfuerzo intenso para evitar el daño, o le impone un
especial esfuerzo en punto a la previsión de determinados daños, que en principio no
resultan fácilmente relacionables con la situación de riesgo aparentemente creada. En otro
caso, esto es, cuando el riesgo realmente creado no rebase el umbral de riego previsible, y
dicho riesgo no sea especialmente intenso, todos los daños que desencadene la situación de
riesgo dejan de ser imputables al creador”.
También la resolución citada anteriormente del Tribunal Supremo (en que es
magistrado ponente PANTALEÓN PRIETO) hace expresa mención, revelando que “el
riesgo no es un concepto unitario, sino graduable, que puede presentarse con diversa
entidad; y ello tiene relevancia para la ponderación del nivel de exigencia requerido. No
cabe considerar exigible una pericia extrema y una diligencia exquisita cuando sea normal el
riesgo creado por la conducta causante del daño”. En síntesis, que la doctrina del riesgo no
se puede concebir ni proyectar sobre todas las actividades de la vida, sino sólo a las que
conlleven un riesgo considerablemente anormal en relación con los estándares medios. El
siguiente paso será examinar si todas las atracciones de feria deben ser calificadas como
anormalmente peligrosas. Es oportuno diferenciar entre las atracciones según el riesgo
creado, que vendrá básicamente representado por las posibilidades de padecer o no en ellas
una caída y, en consecuencia, una lesión. De manera que aquellas que cuentan con una
mayor probabilidad de caída negarán la aplicación de la teoría del riesgo y el resto
propiciarán la objetivación de la responsabilidad a través de ella.
Otro de los elementos a sopesar (aunque se analizará detalladamente en su
correspondiente apartado) es la posible asunción del riesgo por la víctima como forma de
excluir la creación del riesgo como criterio de imputación de la responsabilidad. Es criterio
21 SAP de Cantabria (Secc. 4ª) de 15 de febrero de 2005 (JUR\2005\239346), Ponente:
Ilmo. Sr. D. Joaquín Tafur López de Lemus.
26
jurisprudencial que la objetivación de la responsabilidad (especificado en la teoría del
riesgo) no puede ser empleada en las atracciones en que converge una asunción voluntaria
del riesgo por parte del damnificado, es el caso principalmente de las atracciones de feria
activas. Diversas sentencias reconocen dicha situación como la de 14 de octubre de 2009
de la Audiencia Provincial de Barcelona22, que estima el caso de autos23 como un supuesto
de asunción de riesgo por el propio usuario y descarta la aplicación de la teoría del riesgo,
exponiendo la siguiente línea de razonamiento: “si pese a ello la demanda debe asumir el
riesgo que genera el uso de la atracción, por el hecho de que se trate de una explotación
comercial con ánimo de lucro. Pues bien, si se analizan los hechos y el contenido mismo de
la atracción, se llega fácilmente al convencimiento de que el riesgo que la misma pudiera
generar, era no sólo conocido de antemano por el usuario sino aceptado y querido por el
mismo, puesto que en ello consiste precisamente el interés de la atracción y la diversión que
proporciona” para terminar destacando que “no sería posible apreciar actuación culposa en
la demandada ni creación de un riesgo diferente al propio de la actividad conocido y
querido por el demandante”.
Una vez descrita la teoría del riesgo y el presupuesto que permite su empleo interesa
conocer cuáles son las consecuencias que dimanan de ella. Las resoluciones judiciales que
incluyen la teoría del riesgo admiten un cierto grado de objetivación de la responsabilidad,
lo que se traduce en “la inversión de la carga de la prueba y un mayor rigor de la diligencia
requerida según las circunstancias del caso, según demanda el incremento de las actividades
peligrosas y el principio de que ha de cargarse a quien obtiene el provecho, la
indemnización del perjuicio causado”.24
22 SAP de Barcelona (Secc. 1ª) de 14 de octubre de 2009 (JUR\2009\489780), Ponente:
IIlma. Sra. María Dolores Portella Lluch.
23 Relativo a las lesiones sufridas en la atracción de las camas elásticas instaladas en una
feria de atracciones.
24 BENÍTEZ PIZARRO, P. “Responsabilidad civil derivada del uso de atracciones de
feria”, Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, núm. 4, 2013, p. 34.
27
3.1.2. Inversión de la carga de la prueba.
La primera consecuencia relatada es la inversión de la carga de la prueba y la
presunción de la conducta culposa del agente. Va a ser el titular de la atracción, demandado
en la acción por responsabilidad civil, quien deba demostrar que agotó toda la diligencia
posible según las circunstancias concurrentes. La presunción de la culpa le corresponde
desvirtuar al demandado, probando cumplidamente que el daño se produjo por causas
ajenas a su actuación. Es habitual que las Audiencias Provinciales en estos casos inviertan la
carga de la prueba sobre el demandado. Así, puede incluirse la sentencia de la Audiencia
Provincial de Málaga de 3 de junio de 201525 que se refiere a las lesiones sufridas por la
actora mientras se encontraba en la atracción acuática “Sky bus”26, confirmando la
sentencia condenatoria del Juzgado de Primera Instancia por la siguiente razón: “que la
parte demandada no ha conseguido acreditar, como le incumbía, que en el caso concreto,
adoptó todas las precauciones exigibles, actuando de forma diligente la persona que
remolcaba la atracción náutica, y que el resultado lesivo tuvo su origen en la conducta
imprudente de la víctima por no realizar un uso correcto conforme a las instrucciones
recibidas” y remarcando finalmente: “La anterior doctrina se considera aplicable en el
presente caso, no habiendo acreditado la parte apelante que adoptó todas las medidas
exigibles para evitar el posible daño a las personas de los usuarios a consecuencia de los
giros bruscos efectuados por el conductor de la embarcación, giro que provocó la caída de
la "banana" y con ello la producción de las lesiones en la actora, por lo que debe
considerarse que fue la maniobra negligente efectuada por el apelante la causa originadora
de la caída de la atracción, sin que exista prueba alguna de que la misma fuera la actitud
imprudente de los usuarios”. Muchas otras resoluciones utilizan el mismo mecanismo.
No obstante, el uso generalizado de la inversión de la carga de la prueba no parece
correcta en este ámbito ni cuenta con explícito respaldo legal. Las reglas procesales sobre la
prueba aparecen recogidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que
establece la distribución de la misma. Los apartados 2 y 3 hacen referencia a la llamada
carga de la prueba formal (corresponde al demandante y, en su caso, al demandado
25 SAP de Málaga (Secc. 4ª) de 3 de junio de 2015 (AC\2015\1327), Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Luis López Fuentes.
26 Aparato consistente en un dispositivo de plástico al que se suben los usuarios y es tirado
por una embarcación dirigida por el titular o empleado de la atracción.
28
reconvenido probar los hechos constitutivos de su demanda y reconvención; mientras es el
demandado o el actor reconvenido quien debe probar los hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes) y el primer apartado se refiere a la carga material de la prueba, esto es, si en el
momento de dictar sentencia el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para
el fallo desestimará las pretensiones de aquella parte a quien corresponda la carga de
probarlos. Por su parte, los apartados 4 y 5 del mismo precepto introducen reglas especiales
de distribución de la carga de la prueba para determinadas materias, así como el apartado 6
admite la posibilidad de que disposiciones legales distribuyan de otra manera la carga de la
prueba de los hechos relevantes. Se puede concluir, a la vista de los artículos observados,
que en las demandas de responsabilidad civil por daños en atracciones de feria no rige la
inversión de la carga de la prueba. No es admisible que los Tribunales puedan aplicarla
arbitrariamente. Señala DOMÍNGUEZ LUELMO que “No obstante, es un dato
verificable que el TS ha utilizado como argumento el de la inversión de la carga de la
prueba en numerosísimas sentencias, unas veces a través de la presunción de que quien
causa un daño lo hace negligentemente, correspondiéndole a él desvirtuar tal presunción, y
otra acudiendo a la teoría del riesgo… Como se ha destacado, admitir la inversión
jurisprudencial de la carga de la prueba sería tanto como aceptar que la jurisprudencia
puede hacer interpretaciones contra legem. La posible inversión de la carga de la prueba no
tiene en la actualidad ningún fundamento legal, sino más bien todo lo contrario, como
destaca XIOL RÍOS, porque no lo permite el art.217.6 LEC”.27
Pese a ello, tal y como se analizó en el apartado sobre legislación de consumidores
y usuarios, podría tener lugar por la vía del artículo 147 de la Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios que reconoce un régimen general de responsabilidad de
carácter cuasiobjetivo cuya nota primordial es la inversión de la carga de la prueba con el
fin de proteger la débil posición relativa del consumidor o usuario. En directa conexión con
esto y con el propósito de incentivar y dinamizar la actividad de la prueba el artículo 217.7
LEC activa el principio de la disponibilidad y facilidad probatoria, por la que deberá aportar
las pruebas aquella parte que se encuentra en mayor facilidad para hacerlo. Este extremo
será decidido por el propio Tribunal (generalmente aparecerá en la sentencia), aunque
parece lógico considerar que será el titular de la atracción quien asiduamente se encuentre
27 DOMÍNGUEZ LUELMO, A. Cuestiones actuales en materia de Responsabilidad Civil.
Edit.um, 2011, p. 219-221.
29
en una mejor posición para probar los hechos, como confirma un elevado número de
sentencias28.
Se avale o no la virtualidad de la inversión de la carga de la prueba ésta no alcanza a
todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad, teniendo el demandante que
probar la existencia de una relación de causalidad entre la conducta de los demandados y el
daño producido. El Tribunal Supremo en sentencias de 21 de marzo de 2006, 21 de abril de
2005 y otras anteriores, recoge esta doctrina: Incumbe al actor probar que existe la relación
de causalidad entre la acción u omisión del demandado y el daño producido sea cual fuere
el criterio utilizado para la imputación de la responsabilidad, “el cual ha de basarse en una
certeza probatoria que no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría
del riesgo, la objetivización de la responsabilidad o la inversión de la carga de la prueba”.
En otras palabras, corresponde al actor probar el cómo y el por qué se produjo el
accidente. Además también en sentencia de fecha 26 de septiembre de 2006 el Tribunal
Supremo indica que no basta con la causalidad física, sino que es necesario hacer constar la
acción u omisión atribuible al presunto responsable.
3.1.3. Diligencia requerida.
Junto a la inversión de la carga de la prueba (que implica la presunción de
culpabilidad del demandado), el otro efecto o consecuencia trascendental en la aplicación
de la teoría del riesgo es el incremento en la diligencia exigida, entendido como un mandato
de agotamiento de la diligencia exigible del demandado. La Audiencia Provincial de La
Rioja en sentencia29 en un pleito por accidente en atracción de feria por descarrilamiento de
vagón señala la teoría del riesgo como materialización de la tendencia a maximizar la
cobertura de las consecuencias dañosas de la actividad humana, y destaca que aquella “lleva
28 SAP de Las Palmas (Secc. 5ª) de 27 de febrero de 2009 (AC\2009\972), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Pedro Joaquín Herrera Puentes; SAP de Vizcaya (Secc. 3ª) de 8 de marzo de 2011
(AC\2011\1889), Ponente: IIlma. Sra. María Concepción Marco Cacho; SAP de Santa Cruz de
Tenerife (Secc. 3ª) de 24 de julio de 2013 (JUR\2013\349080), Ponente: IIlma. Sra. María Luisa
Santos Sánchez, etc.
29 SAP de La Rioja (Secc. 1ª) de 30 de abril de 2004 (JUR\2004\185983), Ponente: Ilmo.
Sr. D. José Félix Mota Bello.
30
inexcusablemente a una enorme ampliación de la obligación in vigilando y a un plus en la
diligencia normalmente exigible”.
Versa este punto sobre la diligencia exigible a los titulares y empleados de las
atracciones, que se encuentran con el deber de velar por la seguridad de las personas,
especialmente de los usuarios de aquellas. Porque, pese a que los usuarios participan
libremente de una actividad peligrosa, la posibilidad de sufrir un daño que éstos aceptan no
equivale a asumir un daño cierto y concreto, por lo que será imprescindible conocer cuál es
el grado de cuidado cuyo cumplimiento es requerido. Tal diligencia habrá de ser
reivindicada siempre por los Tribunales, pero su nivel dependerá en gran medida de la
aplicación o no de la teoría del riesgo. Si no resultase de aplicación la teoría del riesgo, será
el demandante quien deba probar la negligencia del demandado y se relajará la diligencia
exigible a los titulares de la atracción.
El primer interrogante a resolver es qué tipo de diligencia es requerida, y qué
elementos cubre la misma. El Código Civil ofrece en sede de responsabilidad contractual
una aproximación a la noción de diligencia requerida, estableciendo en el artículo 1104: “La
culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la
naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y
del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su
cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia”. No parece que
este precepto se ajuste adecuadamente a las necesidades de la responsabilidad
extracontractual, aunque esta carece de un artículo semejante. Aun así, la diligencia puede
observarse como un modelo ideal de conducta a determinar según la clase de actividad de
que se trate y de las circunstancias concurrentes al caso. De esta forma se aprecia si el
agente ha actuado con el cuidado, atención o perseverancia exigibles. En el ámbito de las
atracciones feriales para observar la diligencia exigible se procurará analizar el grado de
mantenimiento y los elementos de seguridad de las mismas, el control del titular de la
atracción (principalmente en las atracciones pasivas), las eventuales deficiencias en la
instalación y problemas técnicos, la vigilancia del titular durante el funcionamiento de la
atracción o la información proporcionada a los usuarios.
31
Respecto a la normativa de seguridad que rige en España para las atracciones de
feria, parques temáticos y de atracciones, etc. es de carácter básicamente reglamentario y
administrativo. En primer lugar, el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se
establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y
actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario de aplicación en todo el
territorio nacional excepto Andalucía30 establece en su Disposición Adicional Primera un
requerimiento a los Ayuntamientos competentes para autorizar la instalación de atracciones
de feria para cumplir con el artículo 6.2 del mismo Decreto, en relación con el
cumplimiento de la normativa ambiental y de las condiciones técnicas de seguridad, higiene,
sanitarias, etc. Conmina asimismo el Decreto a que estos exijan como mínimo la aportación
del proyecto de instalación, certificado de seguridad y solidez y acreditación de haber
contratado el seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas. La seguridad de las atracciones mecánicas también ha
sido abordada a nivel europeo a través de la norma UNE 13814/2006 siendo recogida
posteriormente a nivel interno. No existe pese a ello una normativa estatal que reúna unos
requisitos específicos de seguridad para este tipo de instalaciones y elementos sino de
carácter local. El cumplimiento de este tipo de normativa, como se resaltará a continuación,
no siempre es suficiente para considerar que se agotó la diligencia exigible y, por tanto,
exima de responsabilidad al responsable de una atracción.
Volviendo al nivel de diligencia exigible por los Tribunales en los supuestos de
demandas por daños en atracciones de feria, este no es ni mucho menos uniforme, ni
siquiera en el caso de utilización del criterio del riesgo como modo de imputación de la
responsabilidad. En lo que sí coincide la jurisprudencia menor es en estimar que el
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias de seguridad no es suficiente para excluir
la responsabilidad de los responsables de las atracciones, especialmente dentro de la teoría
del riesgo. Entre ellas la sentencia de 17 de noviembre de 2005 de la Audiencia Provincial
de Madrid31 que determina ha de extremarse las precauciones hasta su agotamiento, sin que
sea suficiente con “la observancia de las prescripciones legales y reglamentarias, en su caso,
30 El artículo 72.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye para esta Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en materia de espectáculos y actividades recreativas.
31 SAP de Madrid (Secc. 19ª) de 17 de noviembre de 2005 (AC\2005\1966), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Ramón Ruiz Jiménez.
32
sino también todo aquello que la prudencia imponga para prevenir un evento dañoso
previsible”. Otras como la Audiencia Provincial de Salamanca32 al mencionar la presunción
de responsabilidad del demandado: “a no ser que el agente demuestre haber procedido con
la diligencia debida a tenor de las circunstancias de lugar y tiempo, demostración que no se
logrará con el mero cumplimiento de disposiciones reglamentarias; ora exigiendo una
diligencia específica más alta que la administrativamente reglada, entendiendo que la simple
observancia de tales disposiciones no basta para exonerar de responsabilidad cuando las
garantías para prever y evitar los daños previsibles y evitables no han ofrecido resultado
positivo, revelando la ineficacia del fin perseguido y la insuficiencia del cuidado prestado”.
Igualmente el Tribunal Supremo ha querido hacer hincapié en este aspecto, concretando
que cuando las garantías adoptadas conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
para prever y evitar daños evitables no han funcionado en tal sentido, revela ello la
insuficiencia de las mismas y el no agotamiento de la diligencia exigible. Criterio seguido
por la Audiencia Provincial de Sevilla33 en resolución judicial del juicio suscitado por las
lesiones sufridas por la actora en la atracción conocida como “Castillo Hinchable”. Admite
el Tribunal la clara relación de causalidad entre las lesiones sufridas por la demandante y la
actividad empresarial desarrollada por la parte demandada, que “tampoco pueden
ampararse en la consideración de haber cumplido en su actuar con las garantías
reglamentarias impuestas, pues resulta evidente que ello no impidió ni la creación del riesgo
inherente a la actividad ni finalmente la producción del daño origen de la presente litis”.
Otro grupo de sentencias van a exigir una conducta “absolutamente diligente” a
observar por el encargado de la atracción para evitar el daño, lo que supone un paso más en
el incremento de la diligencia requerida por aplicación de la teoría del riesgo. Dicho umbral
de diligencia lo plantea la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 13 de
noviembre de 200934, que condena a la parte demandada por un accidente en la atracción
“Sky bus” en el que se produjo una caída de la parte actora junto con la de otras personas
32 SAP de Salamanca de 17 de enero de 2000 (AC\2000\609), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Ildefonso García del Pozo.
33 SAP de Sevilla de 10 de marzo de 2000 (AC\2000\1683), Ponente: IIlma. Sra. María Paz
Malpica Soto.
34 SAP de Las Palmas de 13 de noviembre de 2010 (AC\2010\284), Ponente: Ilma. Sra.
María de la Paz Pérez Villalba.
33
que le cayeron encima, basándose en la falta de pericia del patrón de la embarcación. La
resolución aplica la teoría del riesgo y realiza las siguientes consideraciones en el segundo
fundamento de Derecho: “tal y como ya se dijo, existiendo respecto del tipo de atracción
náutica analizada, la presunción de ser generadora de un riesgo de producción de daños, es
a las entidades demandadas a quien les corresponde destruir tal presunción, probando que
el resultado lesivo tuvo como causa la posible conducta imprudente de la perjudicada o
bien que esta concurriere a tal resultado, unido a probar el adecuado estado de la atracción
náutica y de la conducta absolutamente diligente por parte del operario que guiaba la
embarcación…”. Más resoluciones que hacen referencia explícita al comportamiento o
conducta absolutamente diligente son la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de
3 de abril de 1998 o de la Audiencia Provincial de Cádiz de febrero de 2002.
El agotamiento de la diligencia exigible puede llegar a la “total diligencia” que
proyectan otras resoluciones judiciales35 en las que la empresa explotadora o parte
demandada no consigue acreditar la total diligencia exigida por la normativa legal y
administrativa.
Si son analizados los últimos supuestos reseñados, la conclusión extraída es que
implican una plena objetivación de la responsabilidad y que prescinden del criterio de la
culpa. Esta aplicación se aparta del criterio establecido por el Tribunal Supremo que, como
ya se relató con anterioridad, insta siempre a que se respete el principio de responsabilidad
culposa sin que el riesgo sea el único elemento justificante para declarar la responsabilidad
del demandado. Una sentencia de la que se desprende esta condición es la de la Audiencia
Provincial de Barcelona36 del año 2012 que dice literalmente: “Añadiendo que si no hay
acción u omisión que impulse a actuar para impedir un daño previsible, tampoco hay
conducta calificable ni puede surgir la obligación de reparar, pues otra cosa implicaría que
la simple y gratuita imputación de parte crease responsabilidad, apuntando por su parte la
STS 8 junio 1992 (RJ 1992, 5169) que, por muy progresista que sea la interpretación del art.
1902 que ha llegado a aproximarse a la responsabilidad objetiva… es preciso acreditar la
35 SAP de Islas Baleares (Secc. 4ª) de 31 de marzo de 2003 (JUR\2003\199981), Ponente:
Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Aguiló Monjo; SAP de León (Secc. 1ª) de 16 de marzo de 2010
(AC\2010\444), Ponente: Ilma. Sra. Ana del Ser López.
36 SAP de Barcelona (Secc. 4ª) de 20 de febrero de 2012 (AC\2012\692), Ponente: IIlma.
Sra. Mercedes Hernández Ruiz-Olalde.
34
fuente de peligro, esto es, que hay una empresa, explotación o actividad que produzca en
interés del agente riesgos de una efectividad, de los que surja el deber de control del dicho
peligro…”.
Desde otros puntos de vista también es criticable la imposición de una diligencia
extrema a modo de agotamiento del cuidado exigible al demandado, como el que ofrece
SELIGRAT GONZÁLEZ reprochando el hecho de que algunos Tribunales lleven esta
circunstancia al extremo de objetivar plenamente la responsabilidad o convertirla en un
sistema de responsabilidad por resultado, “dado que pueden argumentar que siempre habrá
faltado alguna medida por tomar en orden a prevenir el daño, de modo que tal omisión
demuestra la falta de agotamiento de la diligencia del demandado. No obstante, nuestro
Alto Tribunal ha sido claro en este aspecto, y ha puesto en relieve que a pesar de esta
teoría, no se erige nuestro sistema de responsabilidad extracontractual del Código Civil en
una responsabilidad objetiva, ya que siempre se exigirá la imputación de cierto reproche
culpabilístico o al llamado a responder civilmente”37. Si se siguiera la teoría del riesgo en su
forma absoluta de objetivación plena, el demandado solo se podría exonerar por medio de
la ruptura del nexo causal, como el caso fortuito o la culpa exclusiva de la víctima, porque
de otra manera no podría verse exonerado por acreditación de su diligencia exigible, en
tanto siempre habría alguna medida que hubiese podido adoptar para evitar el daño. El
propio SELIGRAT GONZÁLEZ manifiesta que la responsabilidad objetiva plena o por
resultado conduce a una presunción iuris et de iure en vez de a la presunción iuris tantum de
culpa, más aconsejable en un sistema de responsabilidad por culpa aún en el supuesto de
aplicación de la teoría del riesgo.
Inmediatamente se prosigue con los dos factores o circunstancias principales que
impiden que la responsabilidad sea imputada al demandado por haberse producido la
ruptura del nexo de causalidad, lo que cobra aún mayor significación en el contexto de la
aplicación de la teoría del riesgo. Primero la culpa exclusiva de la víctima y posteriormente
la existencia de un acontecimiento fortuito que genera el resultado lesivo.
37 SELIGRAT GONZÁLEZ, V.M. “Responsabilidad civil en actividades de ocio peligroso y lugares
de diversión”, Wolters Kluwer, 2016, p. 33.
35
3.1.4. Culpa exclusiva de la víctima.
Se hizo alusión en el apartado oportuno del presente estudio a la relación o nexo de
causalidad como uno de los requisitos necesarios para obtener el resarcimiento de un daño
por la vía civil. Condición que debe ser probada por la parte actora incluso en los casos de
aplicación de la teoría del riesgo, puesto que esta tendencia objetivadora pretende facilitar la
acreditación de la culpa del demandado, pero no de la relación de causalidad entre la acción
u omisión y el resultado dañoso. Pues bien, una de las circunstancias que pueden influir en
la relación de causalidad es la culpa exclusiva de la víctima como elemento que provoca su
ruptura, exonerando de responsabilidad al demandado. Se introduce el adjetivo “exclusivo”
porque no todos los supuestos de culpa de la víctima tienen el efecto de quebrar de modo
absoluto el nexo causal, de hecho lo más normal es que esta sea concurrente con la culpa
del demandado y tenga la consecuencia de reducir la cuantía indemnizatoria.
La culpa exclusiva de la víctima es el hecho impeditivo que usualmente alegará el
demandado para demostrar la ruptura del nexo causal38. Para estimarse que la culpa de la
víctima es exclusiva se precisa que esta sea de especial gravedad (por su grado de
negligencia, de manera paralela al caso del demandado) y que no confluya con la culpa de
este, de forma que la actividad del perjudicado sea la única causa del daño. Si esto no es así,
sino que la negligencia del perjudicado no es tan grave o participe con una actuación
también culposa del demandado no se llegará a interrumpir completamente el nexo causal
y, en consecuencia, no habrá exoneración de responsabilidad para aquel. El
comportamiento de la víctima, al igual que ocurre con el demandado, deberá evaluarse
atendiendo a las circunstancias del caso, dado que factores como la edad del perjudicado
son vitales para alcanzar una solución al respecto.
En lo que tiene que ver con los litigios de responsabilidad civil por daños causados
en atracciones de feria los Tribunales exigen una conducta muy negligente y descuidada
para apreciar la presencia de culpa exclusiva de la víctima. Se suelen referir estas sentencias
a un comportamiento activo por parte del perjudicado, que con su conducta produjo un
38
No debe confundirse la culpa de la víctima con la teoría de la asunción del riesgo (que se
explicará más adelante). Aunque ambas tienen el efecto de exonerar de responsabilidad al
demandado, sus presupuestos y demás consecuencias son bien diferentes.
36
daño que el responsable de la atracción no pudo evitar. El Tribunal Supremo mediante
sentencia de 10 de marzo de 200439 expone los requisitos para que pueda reputarse culpa
exclusiva de la víctima: “es constante y unánime la doctrina jurisprudencial emanada de la
sentencias de esta Sala que establece, que para que la culpa de la víctima, en una actuación
negligente de la que se puede derivar una responsabilidad indemnizable, exonere al agente
de dicha presunta responsabilidad, ha de ser el fundamento exclusivo del resultado o tener
acusado relieve o intensidad suficiente para absorber toda otra concurrente, sin que en otro
caso pueda tener más alcance que la moderación del montante económico a satisfacer”.
Acuerda el Alto Tribunal, como condición ineludible para la exoneración de
responsabilidad del demandado, la necesidad de que la actuación negligente de la víctima
sea el germen único del resultado dañoso o que su trascendencia sea de tal calibre que
suprima cualquier otra culpa concomitante; pues en caso contrario no se produciría la
dispensa completa del demandado sino simplemente la moderación del quantum
indemnizatorio.
El Tribunal Supremo resuelve en el antedicho asunto el recurso de casación
interpuesto por una de las partes contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora
que confirmaba el fallo absolutorio del Juzgado de Primera Instancia. Los hechos fueron,
resumidamente, los siguientes: Con motivo de las fiestas patronales de la localidad de
Fuentesaúco (Zamora) se encontraban instaladas diversas atracciones, entre ellas una
denominada “Balance” que consiste en un carrusel-vaivén propulsado eléctricamente. Tras
adquirir el ticket de entrada, uno de los usuarios (después demandante) subió a la atracción
situándose en una zona que no contaba con una barra de protección. Posteriormente suena
la bocina y el artefacto empieza su movimiento de oscilación y, a consecuencia de él, el
usuario sale despedido de la atracción yendo a caer contra el suelo a una distancia
considerable, lo que le causó lesiones irreversibles y de enorme gravedad que le obligan a
permanecer en silla de ruedas de por vida. Decide el Tribunal Supremo desestimar el
recurso de casación basándose en el concepto de la culpa exclusiva de la víctima: “…se
infiere que el desgraciado accidente se produjo en un aparato carrusel-vaivén instalado en
un real de feria y conocido con el nombre de «balance», en el que la víctima se instaló de
pie al extremo de la atracción, un sitio ilógico y no permitido, ya que el correcto lugar a
39
STS de 10 de marzo de 2004 (RJ\2004\1817), Ponente: Excmo. Sr. Ignacio Sierra Gil de
la Cuesta.
37
ocupar era un asiento provisto de una barra de protección que impediría la salida brusca de
los viajeros lanzados por la inserción centrífuga que desarrollaba dicha máquina ferial; todo
ello a pesar de haber sonado la sirena de advertencia, anunciando el inicio de la marcha”.
Por tanto, comienza examinando el proceder de la víctima en los instantes previos al
accidente, detallando que se situó en un lugar “ilógico y no permitido” y que no modificó
su posición pese al aviso de la sirena de que la atracción iniciaba sus movimientos. En
segundo lugar, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo entra a valorar la conducta del
encargado de la atracción: “Si a todo ello hay que unir que el operario de la máquina paró la
misma en el momento del accidente, y que no hubo fallo mecánico alguno en el artilugio
que cumplía todos los requisitos que exige el RD de 27 de agosto de 1982 (RCL 1982,
2960, 3195 y RCL 1983, 2125), y que había sido autorizado por la oportuna licencia
municipal”. A tenor de lo expresado, concluye el Tribunal que no hay duda de la presencia
de la figura de la culpa exclusiva de la víctima y por ello: “Procede la desestimación de
motivo, ya que incluso tratando de aplicar la teoría del riesgo como sustentadora de una
responsabilidad civil extracontractual, que significa que con base a la misma se dice que
quien se beneficie de una concreta actividad creadora de peligro tiene que soportar los
efectos negativos de la misma en cuanto al resarcimiento de tal responsabilidad; sin
embargo cuando la víctima se interfiere en el elemento causal, provocando con su conducta
el desenlace nefasto, quedará el causante del riesgo exento de responsabilidad por tratarse
de un evento que con respecto al mismo se configura como inevitable y en caso alguno
soslayable”.
El paradigma de la culpa exclusiva de la víctima es empleado con mucha frecuencia
por los Tribunales. Generalmente aparece cuando se producen comportamientos muy
arriesgados de los usuarios en atracciones como las “Camas elásticas” o la falta de uso de
los cinturones de seguridad en los “Coches de choque”. La Audiencia Provincial de
Valencia, entre otras muchas, dictamina la improcedencia de una indemnización por los
daños sufridos como consecuencia de un accidente en un lugar de diversión en su
resolución judicial de 26 de febrero de 200940 por entender existente la culpa exclusiva de la
víctima, en el sentido marcado por el Tribunal Supremo. La víctima había sufrido una caída
en una atracción por saludar a su nieta y a la vez tratar de sentarse en la misma. En la
40 SAP de Valencia (Secc. 11ª) de 26 de febrero de 2009 (JUR\2009\250790), Ponente:
Ilmo. Sr. D. José Luis Gómez-Moreno Mora.
38
sentencia se realizan una serie de afirmaciones sobre los hechos y se razona lo siguiente:
“Por lo que es la propia actora la que realiza los hechos de los que deriva el daño y no ha
probado aquellos de los que se pretende hacer derivar la responsabilidad del demandado”.
Incorpora también en el cuerpo de los fundamentos jurídicos, en relación con la posible
aplicación de una responsabilidad objetiva: “Y ello no es sin embargo causa ni motivo para
que tal responsabilidad surja siempre, dado que también es muy de tener en cuenta la
conducta de quién sufrió el daño, de tal modo que cuando ésta sea fundamentalmente
determinante de dicho resultado, resulta indudable por aplicación de los principios de la
justicia distributiva, conmutativa y social, así como de la seguridad jurídica, que no se pueda
hablar de una responsabilidad indemnizable que se pueda reprochar a un tercero”.
3.1.5. Caso fortuito o fuerza mayor.
Además de la culpa exclusiva de la víctima, el otro supuesto clásico de ruptura del
nexo causal que impide el nacimiento de la obligación de indemnizar el daño es el caso
fortuito o la fuerza mayor. Ambos eventos se caracterizan por ser completamente ajenos a
la voluntad de las partes, amén de imprevisibles e irresistibles. Bajo la rúbrica de las
obligaciones y contratos, el Código Civil contiene en el artículo 1105 una exposición del
concepto de caso fortuito o fuerza mayor: “Fuera de los casos expresamente mencionados
en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos
que no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitables”. La jurisprudencia
ha ampliado la aplicación de este y los preceptos contiguos al terreno de la responsabilidad
extracontractual (STS de 14 de diciembre de 1894). Deslindar estas dos instituciones
jurídicas es relativamente sencillo: Acontecimientos fortuitos son aquellos que no pudieron
preverse, mientras que aquellos presagiados u observados pero que no se pudieron evitar
se incluyen en la categoría de la fuerza mayor. El efecto común es la liberación de la
obligación de resarcir el daño por parte del agente. Como en la culpa exclusiva de la
víctima, lo fundamental para que se reconozca el efecto liberatorio es que este evento sea la
causa jurídicamente relevante para la producción del daño.
No es demasiado corriente la aparición de esta figura en las sentencias de
responsabilidad civil por daños causados en atracciones de feria. Los Tribunales aplican el
caso fortuito o la fuerza mayor en aquellas situaciones en las que el demandado prueba que
agotó toda la diligencia exigible y, pese a ello, el daño se produjo. El Tribunal Supremo, en
39
sentencia de 31 de mayo de 1997 en relación con el caso fortuito dice: “El caso fortuito
actúa en aquellos acontecimientos o sucesos en los que, según la medida de la diligencia
requerida, sus efectos no se pueden prever o que, aún previstos, no cabe ser resistidos ni
evitados, siendo más bien de procedencia interna al darse relación con el modo y
circunstancias de actuar o de omitir en la persona a la que se le exige las responsabilidades
consecuentes”.
La mala suerte como modelo de caso fortuito es argüida por la Audiencia Provincial
de Santa Cruz de Tenerife en sentencia de 8 de febrero de 201341 para declarar haber lugar
en parte a un recurso de apelación. En una atracción de hinchables compuesta por varios
obstáculos en el que dos jugadores compiten tratando de llegar antes al final del recorrido,
la hija del demandante sufrió múltiples lesiones tras chocar y ser empujada por el otro niño
que jugaba con ella. El juzgador tiene en cuenta en su resolución que el peligro de la
atracción es muy pequeño al tener una estructura formada por materiales blandos y
flexibles, que no se acreditó actuación negligente de la demandada (no aparecieron
circunstancias como el mal estado de la atracción, ni falta de vigilancia o de instrucciones a
los participantes), que se estaba ante el prototipo de atracción de feria activa, en la que la
diversión depende del libre movimiento de los usuarios y, para acabar, que no existió una
aglomeración de usuarios que produjera mayores riesgos. A la vista de estos pormenores, la
Sala opina que: “La causa última de las lesiones que sufrió la menor, fractura del húmero
derecho, consecuencia de una caída desgraciada sobre ese brazo, fue en definitiva la
inconsciencia o excitación infantiles, que pueden considerase inherentes a este tipo de
juegos de competición y a la edad de los participantes (Arantxa tenía nueve años). Esas
conductas son previsibles para los menores y para sus padres y habían sido observadas y/o
sufridas por la misma menor en otras ocasiones sin que por ello hubiera decidido o se le
hubiera prohibido volver a la atracción, porque, en definitiva, lo que ocurrió fue un caso
fortuito, de mala suerte, que igualmente podía haber ocurrido sin mediar atracción alguna,
en cualquier juego de niños corriendo o empujándose”.
En términos similares se manifiestan otras Audiencias Provinciales, tanto en
atracciones de feria activas como pasivas.
41
SAP de Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª) de 8 de febrero de 2013 (JUR\2013\316361),
Ponente: IIlma. Sra. Pilar Aragón Ramírez.
40
3.2. Asunción del riesgo por parte de la víctima.
Se expresaba preliminarmente en este capítulo que los Tribunales cuando no
pueden acudir a la regla de la culpa como fundamento para atribuir la responsabilidad a una
de las partes, utilizan un criterio de imputación distinto, de entre los emanados por el
Tribunal Supremo. Analizada la teoría del riesgo se introduce la llamada “asunción del
riesgo por parte de la víctima”.
La doctrina de la asunción del riesgo es la otra cara de la moneda de la teoría del
riesgo. Se constituye como un criterio de imputación de la responsabilidad en el marco de
actividades de ocio peligrosas y lugares de diversión (básicamente en espectáculos taurinos,
práctica deportiva, atracciones de feria y otras actividades que comportan un peligro por
encima de los parámetros normales) y, percibido desde otro punto de vista, como una
causa de exoneración de la responsabilidad para el agente del daño. Evidentemente la
aplicación del principio de la asunción del riesgo por el participante implica excluir la
utilización de criterios objetivos.
Experimentar el riesgo como una forma de ocio y exponerse voluntariamente a este
tipo de peligros acarrea la consecuencia jurídica, dentro de unos límites determinados, de
asumir los resultados nocivos que se puedan producir siempre que no concurran otras
circunstancias que supongan el traslado de tales efectos a otra persona. La libertad del
individuo y la responsabilidad que emana de ella es el pilar sobre el que se asienta la teoría
de la asunción del riesgo42. En la introducción de este trabajo se ponía el acento en el auge
de actividades que suscitan un riesgo, de mayor o menor nivel, para la integridad de los
usuarios. Algunas de ellas, como la práctica deportiva, generan un peligro que no es el fin
último de la actividad, mientras que otras, como la participación en espectáculos taurinos o
las atracciones de feria tiene como propósito la pura sensación de vértigo o peligro. El
Tribunal Supremo declara que en supuestos en que la víctima interviene activamente en el
evento, se exime de responsabilidad al organizador, salvo que se demuestre culpa o
42 La idea de libertad en el sentido de autonomía, como la posibilidad de actuar según la
propia voluntad, y su correlación con la noción de responsabilidad tiene también considerables
implicaciones filosóficas.
41
negligencia en la conducta de este. Y es que como señala SELIGRAT GONZÁLEZ, en las
actividades de ocio peligroso la razón fundamental por la que la eventual víctima toma
partido en su desarrollo “es debido a la emoción que siente al experimentar el riesgo ínsito
a este tipo de ocio”. Si está buscando de una manera consciente y premeditada el riesgo, un
probable daño o menoscabo entrará dentro del ámbito de aceptación o admisión de la
víctima. Se puede deducir de esta aseveración que solo se producirá la asunción del riesgo
por los peligros normales y consustanciales, en nuestro caso, a la atracción de feria concreta
que se trate, sin que esta teoría opere cuando el riesgo ha sido incrementado por factores
ajenos a la propia atracción, por ejemplo la intensificación del riesgo por la conducta del
encargado de la atracción. “Esto implica que las obligaciones de información sobre tales
peligros, no deban cumplirse con la misma exhaustividad que en otro tipo de actividades,
donde sus características y riesgos inherentes no son conocidos para la mayoría de las
personas, al menos de inicio, requiriendo, por tanto, una mayor información de los peligros
que conllevan”.43
La representación mental de los riesgos directamente asociados a la atracción por
parte del participante o usuario permite la aplicación de la teoría de la asunción del riesgo
como criterio de imputación de la responsabilidad. Habrá que averiguar si el riesgo
concreto es discernible para el usuario y cuestionarse entonces qué clase de daños abarca
cada atracción según sus peculiaridades, la importancia de la información ofrecida a los
usuarios sobre este punto, la gravedad de las lesiones sufridas (los riesgos
desproporcionados no aceptados quedan fuera del ámbito de la asunción del riesgo), la
relevancia de las circunstancias personales de la víctima (especial atención a los menores de
edad) y la posible interferencia de factores externos como deficientes medidas de seguridad
por el responsable de la atracción.
Con el ánimo de facilitar el examen de la casuística jurisprudencial en torno a la
teoría de la asunción del riesgo, se separan las atracciones de feria según si son consideradas
como activas o pasivas44. En las primeras el usuario goza de una amplia libertad de
movimientos, encauzando la actividad por sí mismo sin intromisiones del encargado de la
43 SELIGRAT GONZÁLEZ, V.M., ob. cit, p. 19-20.
44 Debe recordarse que esta distinción se realiza desde el punto de vista del usuario o
espectador.
42
atracción en condiciones normales. En las atracciones pasivas la dirección en el desarrollo
de la actividad recreativa es asumida por el empresario, con independencia de que la mayor
o menor pericia por parte del usuario tenga influencia. Este criterio de clasificación es
utilizado tanto por la doctrina como por los Tribunales. Como el Supremo que en
sentencia de 8 de noviembre de 2000 (RJ 2000, 8499) declara que la objetivación de la
responsabilidad no alcanza las situaciones en las que la víctima haya asumido
voluntariamente el riesgo de la atracción, precisando que existen dos tipos de atracciones;
las pasivas, “donde los movimientos se imponen al usuario (olla loca, toro mecánico,
caballo loco, cazuela super...), y las llamadas activas que directamente se conducen y
controlan por los propios usuarios, siendo así que en estas últimas es donde la asunción del
riesgo cobra especial relevancia, correspondiendo al perjudicado acreditar el negligente
proceder del industrial que explota dichas atracciones denominadas activas sin que opere en
términos absolutos la responsabilidad por riesgo”.
3.2.1. Atracciones de feria activas.
Es en las atracciones de feria activas donde la teoría de la asunción del riesgo se
desenvuelve con mayor plenitud. Los actos de los usuarios son, en la mayoría de los casos,
la causa del resultado lesivo, en la medida que su voluntad es la que marca el desarrollo del
tiempo de ocio en la atracción. Esto tendrá como consecuencia la exención de
responsabilidad del demandado cuando no intervengan factores ajenos que agraven el
riesgo natural de la instalación recreativa. Así se pronuncia el Tribunal Supremo en la
anteriormente invocada sentencia de 8 de noviembre de 2000, cuando advierte que en los
supuestos en que el perjudicado participa activamente del evento lesivo, tal conducta
“exime de responsabilidad al organizador, salvo que se pruebe alguna culpa o negligencia
de este”.
Dentro de las atracciones de feria activas se engloban artilugios como los “Coches
de choque”, “Castillo hinchable”, “Camas elásticas”, “Tobogán hinchable” y, en general,
todas aquellas que se singularizan por el protagonismo completo del usuario de la atracción
a la hora de decidir su propio movimiento o el del artilugio que manejan. Por esta razón la
jurisprudencia entiende que el destino o resultado normal en el uso de la atracción es
consentido por aquel.
43
Pasando al estudio del conjunto de decisiones dictadas por los Tribunales con las
particularidades indicadas, se percibe en sus fundamentos jurídicos, de forma global, una
mayor congruencia sistemática que en el uso de otros criterios de imputación de la
responsabilidad como en la teoría del riesgo.
Los conocidos “Coches de choque” es la atracción que genera una litigiosidad más
numerosa dentro de la clase de atracciones de feria activas. La Sección cuarta de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en la sentencia de 29 de septiembre de
201445 se sirve de la asunción del riesgo para desestimar el recurso de apelación interpuesto
por la parte actora en una cuestión de lesiones en la atracción de feria “Coches de choque”
al caer el damnificado en la pista y ser golpeado por otros usuarios. Comparte el Tribunal la
argumentación realizada por el Juzgado de Primera Instancia al entender que no se está
ante un supuesto de responsabilidad objetiva por riesgo ya que el riesgo que origina la
atracción es evidente y “aceptado libremente con plena consciencia y conocimiento por el
perjudicado que es quien, por ello, debe de acreditar la acción u omisión culposa de parte
del propietario de la atracción, culpa que representa el elemento básico que le hace
responsable por las lesiones o daños ocasionados”. Es decir, que en aplicación de este
criterio debe ser el demandante quien pruebe la culpa o negligencia del demandado
(empresario o encargado de la atracción), para que se produzca la quiebra de la asunción
del riesgo si finalmente consigue acreditarlo. Adiciona la resolución que la apelante (parte
actora en el proceso) conocía el funcionamiento de la atracción, que es una persona madura
y admitió libremente el riesgo innato a la atracción. Se plantea también que la víctima era
conocedora del “tiempo prudencial del que disponía para acomodarse en el coche”. Este
último detalle es esencial porque el accidente se provoca precisamente porque el “coche”
de la actora es embestido por otro desencadenando la caída que le produce las lesiones,
justo en el momento en que se acomodaba en aquel cuando daba comienzo el tiempo de la
atracción. La apelante reclama que el comportamiento del encargado fue negligente, pues
considera no se adoptó ninguna medida por parte del titular de la atracción para cerciorarse
de que todos los usuarios estuvieran acomodados en el instante de sonar la bocina de
comienzo, así como la falta de actuación tras la caída para evitar mayores lesiones. El
Tribunal rechaza este argumento con estas palabras: “por ello pretender que no comience
45 SAP de Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª) de 29 de septiembre de 2014 (AC\2015\1206),
Ponente: Ilmo. Sr. D. Pablo José Moscoso Torres.
44
hasta una comprobación exhaustiva de que todos los usuarios se encuentran perfectamente
acomodados, haría prácticamente imposible su funcionamiento y supondría una exigencia
exorbitante de seguridad. Por ello y en definitiva, no puede concluirse en un
funcionamiento defectuoso, irregular o anormal de la atracción que justifique la
responsabilidad que se reclama, sino que la caída se produjo al no calcular bien la apelante
el tiempo necesario del que disponía para acceder y acomodarse el coche.”
Similar reflexión emplea la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 15
de abril de 201146, también por daños sufridos en la instalación “Coches de choque”. Alega
el magistrado que no se ha acreditado, tal y como pone de relieve el Juzgado de Primera
Instancia, defecto alguno de la instalación ni de los vehículos, ni tampoco se alude a un
incumplimiento negligente del titular de la atracción, “de modo que si los medios o
instalaciones facilitados al usuario no se ha probado que tuvieran defectos que hubieran
sido los causantes del daño, el resultado lesivo producido ha de imputarse al propio usuario
que consiente participar en una actividad lúdica en si misma arriesgada, que asume
libremente, por lo que la responsabilidad del dominus no puede ser declarada, debiéndose
confirmar la sentencia con paralela desestimación del recurso”.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Jaén47 nuevamente respecto a un accidente
en la atracción ferial “Coches de choque” maneja el criterio de imputación de la
responsabilidad de la asunción del riesgo. Ilustra los “Coches de choque” o “Coches locos”
como un tipo de atracción de feria “que implica per se un riesgo por sus propias
características, en cuanto que su esencia consiste precisamente como su nombre indica en
golpear y recibir impactos de los demás coches que están en la pista o en tratar de
sortearlos o de eludir su colisión” y consecuentmente para el juzgador “quienes toman
parte en ella, conocen por ello el riesgo de ser golpeados y aceptan las posibles
consecuencias lesivas que de esos impactos se pueden derivar, sobre todo cuando se trata
de una persona adulta capaz de racionalizar el alcance y consecuencias que puedan
derivarse del uso de dicha atracción , como ocurre en el caso que nos ocupa”. Viene a
conceder importancia el Tribunal a la referida representación mental de los riesgos por la
46 SAP de Granada (Secc. 5ª) de 15 de abril de 2011 (AC\2011\1967), Ponente: Ilmo. Sr.
D. José Maldonado Martínez.
47 SAP de Jaén (Secc. 2ª) de 10 de mayo de 2006 (AC\2006\1851), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Rafael Morales Ortega.
45
víctima, que en este supuesto no suscita dudas en tanto se trata de una persona adulta y con
capacidad de raciocinio. Tampoco en este pleito se alega un erróneo o defectuoso
funcionamiento del artilugio, falta de medidas de seguridad o de la diligencia exigible a los
gerentes de la atracción. Es más, se razona que las lesiones son fruto de un golpe de otro
coche, siendo los daños incrementados por el hecho de que la perjudicada movió las manos
hacia adelante y las apoyó en el volante. En resumidas cuentas, se trata de un incidente
normal en relación a la naturaleza de la atracción y los riesgos han sido asumidos por una
persona mayor de edad que, de haberlos querido evitar, simplemente no hubiese accedido
al recinto de la atracción.
Para finalizar con este modelo de atracción, resulta obligado mentar el
razonamiento judicial contenido en la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de
23 de marzo de 201548. El fundamento de Derecho segundo apunta que en el curso de
actividades de ocio, recreativas o deportivas que entrañen un riesgo este “debe ser asumido
por la persona que en ellas participa de manera totalmente libre y voluntaria; así pues, aun
cuando el desarrollo de tal actividad origine un riesgo que pudiera conceptuarse de
intrínseco o natural, únicamente podrá exigirse responsabilidad cuando el resultado dañoso
se produjera con el concurso de una actuación o falta de previsión o de diligencia, que
desde la perspectiva de la causalidad adecuada haya incrementado el riesgo intrínseco y
consustancial a la actividad de que se trate”. Insiste la resolución en el riesgo normal de la
atracción de los “Coches de choque”, cuyo desarrollo habitual y razón de ser es la colisión
entre los distintos vehículos que participan y presenta una interesante disquisición en torno
a la importancia de la información que se debe proporcionar a los usuarios antes de que
entren en la atracción; había un cartel informativo en la cabina donde se realizan los pagos
“en el que se advertía de la prohibición de circular con los brazos o piernas fuera del
habitáculo, denunciando el recurso que el cartel en cuestión no prevenía de los riesgos que
podría comportar que tal eventualidad acaeciera de forma involuntaria, como la sucedida
cuando el vehículo recibió dos impactos sucesivos, uno por cada lado; pues bien, al margen
de que cualquiera puede intuir el riesgo que supone dejar expuesta parte de su anatomía
fuera de la esfera de protección del vehículo, la prevención que antecede sería absurda en
tanto que por definición un fenómeno involuntario nunca es susceptible de ser evitado; en
48 SAP de Asturias (Secc. 6ª) de 23 de marzo de 2015 (JUR\2015\105718), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Jaime Riaza García.
46
consecuencia reiteramos que ese era riesgo asumido desde un principio por la usuaria de la
atracción y procede confirmar la resolución recurrida”.
Un supuesto de hecho distinto, aunque con una fundamentación jurídica semejante,
se recoge en la resolución judicial de la Sección decimonovena de 14 de mayo de 2014 de la
Audiencia Provincial de Barcelona49 en un asunto de responsabilidad civil por un accidente
en una cama elástica. La persona lesionada se encontraba saltando en la atracción de la
cama elástica cuando, después de dar un salto mortal hacia atrás, se golpea contra una
pared de hormigón próxima. Se cita en el cuerpo de la sentencia una resolución anterior de
la misma Audiencia en la que se expresa que se está en presencia de una atracción con
colchones elásticos y en la que si los que hacen disfrute de la atracción cumplen con las
normas de uso de la misma, “el salto en las camas elásticas no produce (o no debe
producir) ningún tipo de daño corporal, lo que no significa desconocer que se trata de una
atracción con un cierto (mínimo) riesgo, precisamente porque se realiza una actividad física
en la que quien la utiliza puede perder el control de sus movimientos por su propio
ejercicio físico, no por defecto de funcionamiento de la atracción de feria, riesgo que se
encuentra absolutamente controlado en un funcionamiento normal del uso de la expresada
atracción”. Es posible que el usuario damnificado no haya hecho un uso incorrecto de la
actividad pero tampoco cabe atribuir a la parte demandada un comportamiento negligente,
resaltando que no interviene en el devenir del entretenimiento (es una atracción de feria
activa). Para resolverlo cabe acudir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece
que cuando la víctima participe activamente en el evento se exime de responsabilidad al
organizador, salvo culpa o negligencia de este. La Audiencia Provincial en el presente caso
revoca la resolución de instancia, dando la razón al demandado, dado que no había
negligencia ni le era exigible una diligencia distinta de la desplegada.
Si bien se encuadró al inicio de este subepígrafe a la atracción de feria conocida
como “Castillo hinchable” dentro de la categoría de activas, se deja el análisis de la
jurisprudencia referida a ella para el momento de tratar la problemática de los menores,
puesto que esta instalación es utilizada casi en exclusiva por menores de edad.
49 SAP de Barcelona (Secc. 19ª) de 14 de mayo de 2014 (JUR\2014\179228), Ponente:
Ilmo. Sr. D. José Manuel Regadera Sáenz.
47
3.2.2. Atracciones de feria pasivas.
Habiéndose dilucidado con cierta facilidad la no aplicación de tendencias
objetivadoras en el ámbito de las atracciones de feria activas, las calificadas como pasivas
suponen una considerable complicación en relación con las primeras. La asunción del
riesgo no es tan obvia en este caso, el usuario accede libremente a subirse a la atracción
pero no controla por sí mismo su funcionamiento sino que se encuentra a merced de la
actividad propia de la atracción o de los movimientos que sean impuestos por el encargado
de la misma. En un contexto de este estilo el usuario no asume ni mucho menos cualquier
tipo de daño y, en efecto, el número de asuntos que se deciden con la desestimación de la
demanda por aplicación de la asunción del riesgo por la víctima es mucho más restringido.
Del mismo modo que los “Coches de choque” suponen lo más representativo en la
jurisprudencia dentro del catálogo de atracciones de feria activas, en las pasivas es la
atracción del “Toro mecánico” o “Caballo loco”50 la que produce una siniestralidad más
elevada, principalmente porque la diversión consiste en las caídas (o su evitación) del
usuario desde la plataforma ferial y además es manejada discrecionalmente por el encargado
o empleado de la atracción. La otra atracción destacada en cuanto a la cifra de demandas es
la “Olla loca” o “Cazuela súper”, además del “Barco vikingo”.
La primera sentencia que se examina de responsabilidad civil por lesiones en el
“Toro mecánico” es la de 16 de diciembre de 1997 de la Audiencia Provincial de
Córdoba51. Los hechos se produjeron como se narran a continuación: El actor (en esta
instancia ya apelante) se subió a la atracción del “Toro mecánico” y, una vez subido, no
pudo mantener el equilibrio, cayendo al suelo y fracturándose el tobillo izquierdo. Pues
bien, el Tribunal especifica que la atracción contaba con todas las autorizaciones
administrativas requeridas y que no existió ninguna anomalía en su funcionamiento, así que
50 Atracción que consiste en subirse a un objeto que simboliza un animal (en función de
esto variará la denominación concreta del artilugio) y dominar los diversos movimientos y meneos
del simulado animal tratando de mantener el equilibrio sin caerse, aunque si esto sucede la atracción
cuenta con grandes colchonetas alrededor del animal para impedir lesiones.
51 SAP de Córdoba (Secc. 3ª) de 16 de diciembre de 1997 (AC\1997\2417), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano.
48
define dentro de la normalidad “los bruscos movimientos que constituyen el objeto de su
propia diversión, gracia o encanto”, arguyendo que es “imposible derivar cualquier tipo de
responsabilidad hacia el dueño del artefacto o la aseguradora del mismo, ni siquiera con el
argumento de que al frente del manejo del indicado Toro mecánico se encontrase el
inexperto hijo del propietario, al no quedar demostrado, como apunta la sentencia de
instancia, que el conductor de la máquina la moviera de forma anormal o extraordinaria
ocasionando fuertes sacudidas en momentos totalmente inesperados y fuera de lugar”.
Procede finalmente a desestimar el recurso por aplicación de la teoría del riesgo: “quien
participa en este tipo de diversiones asumiendo el riesgo que las mismas entrañan, es
evidente que es consciente de las consecuencias de la notoria peligrosidad de su
participación, por lo que no es de recibo venir después en demanda de una responsabilidad,
contra el propietario del artefacto, que sólo sería factible -y para ello está la previsión del
seguro- cuando el accidente se debe a un fallo o defecto de aquél en su funcionamiento”.
Corresponde así desestimar el recurso y confirmar la sentencia de primera instancia.
Análoga postura alberga la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 20 de
abril de 199852 en un clásico supuesto de accidente por caída al suelo en el “Toro
mecánico” que provocó a la demandante una fractura de la tibia izquierda. Aquí se presenta
la circunstancia de que la rotura se produce al caer otros usuarios que se encontraban junto
a la víctima sobre la pierna de esta. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda y
condenó al titular de la atracción y la compañía de seguros, fundando su resolución en la
aplicación de la teoría del riesgo. Contra dicha resolución se interpone un recurso de
apelación por parte de los condenados. La Audiencia Provincial refuta la fundamentación
realizada por el juez pues, como se analizó en su momento, no cabe una objetivación plena
de la responsabilidad basada en la mera creación del riesgo cuando este es aceptado por la
víctima. Es previsible en una atracción como esta que se produzca una contusión o
traumatismo si el usuario no es capaz de guardar el equilibro y no evita su caída desde el
aparato, riesgo que abarca una lesión corporal como una fractura ósea del tipo de la sufrida
por la perjudicada. Entiende el Tribunal que no se ha ocasionado un daño
desproporcionado o exhorbitante y por tanto “ese riesgo es voluntariamente asumido por
quien de manera libre y espontánea decide utilizar ese aparato, máxime cuando goza de
52 SAP de Toledo (Secc. 1ª) de 20 de abril de 1998 (AC\1998\4604), Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Luis Quesada Varea.
49
todas las condiciones para calibrar sus consecuencias, pues la lesionada es mayor de edad y
médico de profesión”. La demandante argumenta que el manejo del “Toro mecánico” fue
indebido, siendo prueba de ello que en un único movimiento del artefacto salieron
despedidas varias personas. Sin embargo, se rechaza fácilmente por la corte juzgadora: “Es
cierto que los movimientos del toro no son completamente automáticos, pues el aparato es
manejado por una persona que puede imprimir mayor o menor brusquedad a sus
sacudidas. Ahora bien, en este supuesto no hay prueba alguna de que el toro fuera
manejado con especial violencia. Es racionalmente imposible controlar que las personas
que cabalguen en el toro mecánico sean despedidos individualmente, pues ello depende,
entre otras causas, del propio comportamiento de los usuarios de la atracción. El riesgo
asumido por la utilización del aparato entraña el de que más de una persona sean lanzada a
la vez sobre las colchonetas que rodean el artefacto, y así fue en el presente supuesto en
que los amigos de la reclamante cayeron sobre ella, originándose por ello la lesión que
padeció”. Finaliza la resolución exponiendo que no se ha probado tampoco un deficiente
inflado de las colchonetas y, en definitiva, que el daño está cubierto por un riesgo natural,
notorio y conocido por el participante.
Son múltiples las sentencias que siguen este esquema de argumentación, basándose
en la libre aceptación del riesgo del que accede al “Toro mecánico” y su completa
capacidad para percibir y asumir la más que factible posibilidad de caída. Pueden destacarse
la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 10 de diciembre de 2002, la dictada por
la Audiencia Provincial de Murcia de 7 de noviembre de 2003, la emanada por la Audiencia
Provincial de Sevilla de 27 de diciembre de 2013 o la sentencia de 17 de febrero de 2015
por la Audiencia Provincial de Barcelona53. En todas ellas se aduce la inexistencia de
defecto o mal funcionamiento de la atracción, la total comprensión por parte de la víctima
adulta de que se trata no de una atracción que produce mayor o menor sensación de vértigo
53 SAP de Sevilla (Secc. 2ª) de 10 de diciembre de 2003 (JUR\2003\170698), Ponente:
Ilmo. Sr. D. Rafael Márquez Romero; SAP de Murcia (Secc. 4ª) de 7 de noviembre de 2003
(JUR\2003\18305), Ponente: Ilmo. Sr. D. Andrés Pacheco Guevara; SAP de Sevilla (Secc. 5ª) de 27
de diciembre de 2014 (AC\2014\414), Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Sanz Talayero; SAP de
Barcelona (Secc. 16ª) de 17 de febrero de 2015 (AC\2015\707), Ponente: IIlma. Sra. Marta Rallo
Ayezcuren.
50
sino una posibilidad real de caída y la aparición de lesiones tolerables en relación al propio
riesgo aceptado por el perjudicado (daño no desproporcionado).
3.2.3. Interrupción de la asunción del riesgo.
Vistas las resoluciones que aplican la asunción del riesgo para desestimar las
demandas por responsabilidad civil por daños causados en atracciones de feria pasivas y
absolver al empresario titular de las mismas, se tratan ahora aquellos procesos en que lo
anterior no es posible por concurrir una circunstancia que desplaza la responsabilidad al
demandado. Esto acontece cuando no se cumplen los requisitos que permiten hacer uso de
la asunción del riesgo: el riesgo no es previsible o comprendido por el usuario; el daño es
desproporcionado frente al riesgo previamente asumido; media un incorrecto
funcionamiento de la atracción, deficientes medidas de seguridad o intereferencia de otros
factores ajenos (falta de control o vigilancia por el encargado).
Sobre el riesgo no previsible o comprendido se circunscribe casi en exclusiva este
problema a los menores de determinada edad (por debajo de la minoría de edad), que
cuenta con su propio apartado más adelante. El otro punto a observar en esta cuestión de
ausencia de previsibilidad, discernimiento o comprensión es la falta de información
suminstrada a los usuarios previa a su participación en la atracción. Como fue analizado en
este trabajo en la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 23 de marzo de 2015
la falta de información o indicaciones acerca de los daños eventuales que se pueden sufrir
apenas va a ser reconocida como excepción a la asunción del riesgo en personas adultas,
pues estas deben adoptar también las medidas de aseguramiento necesarias al
funcionamiento de la propia atracción sin tener que ser advertidas públicamente. Lo pone
de manifiesto la resolución judicial de la Audiencia Provincial de Jaén54 en un litigio a
consecuencia de unas lesiones sufridas en la atracción de feria “La olla” que, en respuesta a
la alegación de la parte apelante por falta de información de los riesgos, establece: “En
cuanto a la falta de advertencia del riesgo, igualmente debe rechazarse dada la edad de la
demandante, adulta, así como lo que se dice en la propia sentencia sobre la facilidad para
advertir en qué consistía el funcionamiento y el riesgo de la atracción con sólo mirarlo antes
54 SAP de Jaén (Secc. 1ª) de 26 de enero de 2012 (JUR\2012\257581), Ponente: IIlma. Sra.
Elena Arias-Salgado Robsy.
51
de decidir montarse en ella”. Tampoco cabe entender este derecho de información en el
sentido que establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pues
la jurisprudencia indica indudablemente que no es admisible la afirmación de una
responsabilidad objetiva haciendo total abstracción de cualquier elemento subjetivo o
reproche culpabilístico.
En lo tocante a la figura del daño desproporcionado, su presencia como factor que
obstaculiza el empleo de la asunción del riesgo está mediatizado por la tipología y
naturaleza de la atracción. Al hilo de los pleitos por daños sufridos en el “Toro mecánico”
se hacía constante mención a la previsibilidad de las caídas y a la gran verosimilitud de
sufrir determinados daños. Daños que cabe calificar de ordinarios, pues son consecuencias
usuales a una caída desde cierta altura, igual que para la atracción de la “Olla loca”, cuya
esencia en lo que a “revolcones” se refiere es parecida al “Toro mecánico”. El escenario
será diferente si el Tribunal correspondiente se encuentra ante una atracción en la que
sufrir un daño o perjuicio no es una derivación normal de la misma, como por ejemplo “El
barco vikingo” cuyo atractivo es suscitar una sensación más o menos acusada de vértigo. La
casuística es relevante y no siempre es resuelto de forma homogénea por los Tribunales.
En el asunto ventilado por la Audiencia Provincial de Barcelona en la sentencia
número 383/201355 se confirma la sentencia de Primera Instancia que considera
desproporcionado el daño generado en la atracción del “Toro mecánico”. La lesión
consistió en la fractura de la cabeza del húmero tras el impacto con un elemento duro, a lo
que la sentencia apelada declara: “Por tanto, cuando se produce, como en el caso de autos,
un resultado grave y desproporcionado que excede de lo que resultaría natural y adecuado
esperar en el funcionamiento normal de la instalación, necesariamente debe concluirse que
ese funcionamiento normal no se ha producido y que algo ha fallado en los sistemas de
seguridad. Así las cosas, se estima suficientemente acreditada la responsabilidad de los
demandados". Además de esta consideración, la resolución de la Audiencia añade que
intervino la doble negligencia imputable a los demandados. En un primer momento se
produjo la caída de la víctima desde el aparato, este fue detenido por el encargado pero
55 SAP de Barcelona (Secc. 1ª) de 26 de julio de 2013 (JUR\2013\329834), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Antonio Ramón Recio Córdova.
52
reanudó su marcha cuando la usuaria se reincorporaba, sacudiéndole nuevamente para
terminar golpeando contra un elemento duro en el suelo.
Reflexión sobre la proporcionalidad del daño conforme a la entidad del riesgo
creado se contiene también en la sentencia mencionada páginas atrás de la Audiencia
Provincial de Cantabria de 15 de febrero 2005. El fundamento de Derecho tercero explica
la asunción del riesgo y los daños que esta engloba: “Nos referimos, claro está, a los
resultados dañosos ordinarios que puedan derivarse de la actividad peligrosa, esto es, a los
sean fácil y naturalmente advertibles y evitables por una persona ordinaria, y no rebasen un
determinado círculo de riesgo. En este sentido, nunca es legítima la creación de un riesgo
excesivo, entendiendo por tal aquél que pone en peligro bienes especialmente trascendentes
de la persona, o exige del participante la adopción de un esfuerzo intenso para evitar el
daño, o le impone un especial esfuerzo en punto a la previsión de determinados daños, que
en principio no resultan fácilmente relacionables con la situación de riesgo aparentemente
creada. En otro caso, esto es, cuando el riesgo realmente creado no rebase el umbral de
riego previsible, y dicho riesgo no sea especialmente intenso, todos los daños que
desencadene la situación de riesgo dejan de ser imputables al creador”. Esto es, solo son
asumibles los daños que se hallen dentro de la órbita del riesgo lógico a la propia naturaleza
de la atracción sin que se vean afectados por esta regla los riesgos excesivos o los
especialmente gravosos para su prevención.
Más comunes son los supuestos de quiebra de la asunción del riesgo por aparición
de factores como un deficiente estado o anormal funcionamiento de la atracción o un
comportamiento decisivo por el encargado o empleado de la atracción para la generación
del daño.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que despacha el recurso de
apelación 823/200156 declara no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, confirmando su condena por la excesiva fuerza imprimida al mecanismo del
“Toro mecánico” por parte del responsable de la atracción. Indica acertadamente la
56 SAP de Vizcaya (Secc. 4ª) de 30 de julio de 2002 (JUR\2003\89099), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Ignacio Olaso Azpíroz.
53
sentencia que la razón de ser de este artilugio es provocar caídas y que el dueño o empleado
con giros bruscos y movimientos oscilantes repentinos busca conseguir su objetivo de
derribar al usuario, por lo que el balanceo será más fuerte cuanta mayor sea su pericia y
resistencia. Sin embargo, entiende que “se trata, por tanto, de una actividad de evidente
riesgo que el propietario de la atracción causa y permite, a cambio de la cual está obligado a
prevenir las eventuales consecuencias del mismo mediante la obligada colocación de
colchonetas o elementos de amortiguación que atenúen las caídas que, con toda seguridad,
se van a producir; del mismo modo, el riesgo derivado de la mencionada actividad obliga a
quien se beneficia económicamente de ella a procurar que las caídas derivadas del
descabalgamiento sean lo menos violentas posible, lo que está exclusivamente en su mano
pues depende de la forma en que se accione la palanca o instrumento mecánico
correspondiente”. Se añade que es cierto que los usuarios asumían la posibilidad de una
caída pero que la violencia y amortiguación de esta no dependía de ellos sino del
propietario de la atracción, que no actuó con la diligencia más apropiada.
Otro dictamen que camina en la misma dirección es el de 13 de enero de 2003 de la
Audiencia Provincial de Sevilla57 sobre lesiones en la atracción ferial “Cazuela ET”. El
citado artilugio consta de una plataforma circular cerrada con asientos en su perímetro
donde se colocan los usuarios, con una barra a la que se deben agarrar para no caer en el
centro por las embestidas y giros en “en ambas direcciones a diferentes velocidades, con
paradas y movimientos bruscos e inclinaciones” que marca el empleado o encargado.
Entonces, cuenta la sentencia acerca de los hechos, un grupo de personas cayó al centro de
la plataforma siendo trasladados por el movimiento de la atracción y golpeando al actor,
que se encontraba sentado en el lugar adecuado, lo que le provocó lesiones de diversa
consideración en el pie derecho. Para el juzgador la circunstancia de que un grupo de
personas se movieran sin ningún control, sometidas al violento viavén de la atracción y que
colisionaran con los usuarios que estaban sentados “excede del funcionamiento normal de
la atracción y no puede ser asumido como un elemento más de riesgo y diversión de la
atracción por parte del usuario, en este caso del actor, ante esta situación era perfectamente
previsible que se pudiera producir algún daño a los demás usuarios, sin embargo el
encargado de la atracción no adoptó las normales medidas de diligencias exigibles, teniendo
57 SAP de Sevilla (Secc. 5ª) de 13 de enero de 2003 (AC\2003\1266), Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Herrera Tagua.
54
en cuentas las circunstancias concretas… de no realizar más movimientos bruscos y si es
necesario proceder a la parada correspondiente, desde luego con anterioridad a que
golpeasen a otros usuarios, estamos ante una situación creadora de riesgo asumido por el
propietario de la atracción, sin que se hayan adoptado todas las medidas habituales,
normales y lógicas para evitarla o al menos para reducirla al mínimo dentro del uso normal
de la atracción, y en consecuencia ha de asumir los perjuicios causados”. La jurisprudencia
además ha expuesto que el manejo de un dispositivo de este tipo no debe ser el mismo para
todos los usuarios o “jinetes”, sino que tendrá que amoldarse a la edad, condición física y
otras condiciones externas de la persona.
La siguiente causa que impedía la virtualidad exoneradora de la teoría de la asunción
del riesgo era el deficiente estado de la atracción, falta de medidas de seguridad o anomalía
en el funcionamiento de la misma. Comenzando por el defectuoso mantenimiento o
deficiencias en la instalación del artefacto, sobresalen varias resoluciones judiciales: En
primer lugar la la Audiencia Provincial de Vizcaya en su sentencia número 422/199858 en la
que manifiesta estar probado que las lesiones por la caída en la atracción del “Toro
mecánico” fueron mayores por el deficiente mantenimiento de las instalaciones ya que el
usuario se golpeó con un hierro no protegido en la cabeza; también la Audiencia Provincial
de Cantabria con su sentencia de 18 de abril de 200559 declara que existió un insuficiente
anclaje del banco de la atracción que motivó su desprendimiento y caída, con las
consiguientes lesiones producidas a la parte actora. Resulta ocioso referirse a más
resoluciones pues presentan una estructura similar. Falta de medidas de seguridad en
multitud de sentencias60, generalmente en atención al suelo sobre el que los usuarios van a
caer o al insuficiente inflado de los colchones que deben amortiguar tales caídas.
58 SAP de Vizcaya (Secc. 5ª) de 2 de diciembre de 1998 (AC\1998\2435), Ponente: IIlma.
Sra. Leonor Ángeles Cuenca García.
59 SAP de Cantabria (Secc. 2ª) de 18 de abril de 2005 (JUR\2005\114435), Ponente: IIlma.
Sra. Milagros Martínez Rionda.
60 SAP de Alicante (Secc. 7ª) de 28 de marzo de 2001 (JUR\2001\163269), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Vicente Magro Servet.
55
3.2.4. Especial tratamiento de los menores de edad.
A lo largo del actual trabajo, en numerosas ocasiones, se ha remitido a un apartado
específico la problemática especial que presentan los menores de edad en la materia de la
responsabilidad civil por daños causados en atracciones de feria. Circunstancias dispares
tanto de hecho como de Derecho justifican este tratamiento individual. Para comenzar, las
atracciones de feria son por su naturaleza lúdica destinadas y utilizadas fundamentalmente
por los menores de edad y, pese a que varía según el tipo de atracción, la mayoría de litigios
de reclamación de daños y perjuicios por lesiones casuadas en atracciones de feria tienen a
un menor como víctima. Problema cuantitativo al que se une un ingrediente como es la
más endeble fortaleza física que aquellos poseen en relación a los adultos a la hora de
soportar un impacto o choque (particularmente cuando convergen con individuos de
mayor edad en una atracción). Aunque en algunas atracciones esté prohibida la entrada y
participación de usuarios hasta una determinada edad, esto no es óbice para que incluso en
las estructuras que a priori crean menos accidentes (como los “Castillos hinchables”) sigan
produciéndose lesiones.
Apartando por un momento las cuestiones de hecho, los menores dificultan la
aplicación de la teoría de la asunción del riesgo en la medida en la que cabe preguntarse si,
en el caso concreto, el menor tiene el grado de discernimiento y voluntad suficiente como
para asumir los riesgos derivados del uso de las atracciones feriales. Evidentemente habrá
de observarse las circunstancias subjetivas y particulares de cada menor, huyendo la
jurisprudencia de aplicar criterios universales. Es decir, aunque la edad de la persona esté
por debajo de la mayoría de edad legal (dieciocho años en España) no se negaría
automáticamente la asunción del riesgo, pues los menores de mayor edad normalmente
tendrán la capacidad necesaria, en el sentido de conocimiento y grado de madurez, para
advertir los peligros ordinarios de su implicación en la actividad de riesgo.
Los padres o tutores y los titulares o empleados de las atracciones en las que
concurren menores de edad tienen un nivel de diligencia exigible mayor, unos en virtud de
la responsabilidad propia al ostentar la “patria potestad” de los menores no emancipados y
los otros como una obligación mayor de velar e impedir o bien que personas que no reúnen
los requisitos de edad no participen de la actividad peligrosa o que se tomen las medidas
necesarias para minimizar el riesgo. Respecto a los padres o tutores y la posibilidad de
56
asunción del riesgo, si bien los Tribunales no se han pronunciado siempre de un modo
uniforme, es pensamiento extendido entre la doctrina que la asunción del riesgo es un acto
personalísimo de la víctima que no puede ser transmitido por otra persona, por lo que no
cabe aceptar la asunción del riesgo por los padres sustituyendo a la del menor con el efecto
de exonerar de responsabilidad al demandado. La autorización paterna para participar de la
atracción no es propiamente asunción del riesgo sino culpa in vigilando o in tutelando de los
representantes legales, aunque existan sentencias que erróneamente consideren que los
padres asumen el riesgo que conlleva la atracción al aceptar que su hijo acceda a la misma61.
Tras exponer las notas claves que evidencian la singularidad de la temática de los
menores de edad en este tema, se pasa al examen de la cuantiosa jurisprudencia al respecto.
Inicialmente se va a entrar a estudiar todas aquellas resoluciones judiciales que
valoran la capacidad de asunción del riesgo del menor. Aceptación del riesgo por parte del
menor que se confirma en la sentencia de 11 de junio de 2002 de la Audiencia Provincial de
Cantabria62, para lo que declara no haber lugar al recurso interpuesto por el demandante
cuya argumentación jurídica estaba basada únicamente en la responsabilidad por riesgo. La
víctima de quince años de edad tuvo una fractura de cuello de húmero izquierdo que se
produjo, según relata la sentencia, por una caída en una atracción que es descrita de esta
forma: “una instalación dispuesta de tal modo que los usuarios, en grupos de ocho, se
sientan a horcajadas sobre unos cilindros decorados como camellos y estos se mueven
lateral y verticalmente, girando e inclinándose, tratando de provocar la caída de los
usuarios, cuya diversión consiste precisamente en soportar esos vaivenes y movimientos
tratando de evitar la caída, siempre posible, demostrando así su destreza de mantenerse
montados”. Se describe también que no medió en el accidente anomalía ni falta de medidas
de seguridad y que la atracción no disponía de ningún cartel que anunciara el riesgo de
caídas aunque la instalación estaba abierta y permitía observar desde el exterior el
funcionamiento de la misma. En lo que tiene que ver con la asunción del riesgo, la
sentencia expone: “la lesionada, aún siendo menor, es claro que tenía edad bastante para
61 SAP de Zaragoza (Secc. 4ª) de 22 de enero de 2009 (JUR\2009\276840), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Eduardo Navarro Peña.
62 SAP de Cantabria (Secc. 1ª) de 11 de junio de 2002 (AC\2002\1146), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Javier de la Hoz de la Escalera.
57
acceder sin especial peligro a una atracción como la que nos ocupa; si sólo el primer
usuario tenía asidero ello es congruente con la propia naturaleza de la atracción , que dejaría
de ser tal si todos los usuarios fueran agarrados y sujetos hasta el punto de hacer imposible
su caída; y la ausencia de cartel de aviso del peligro es de todo punto irrelevante cuando
toda la atracción y su funcionamiento estaba a la vista y cualquier persona podía advertir en
que consistía y su peligro y riesgo”. Continúa el juzgador rechazando la posibilidad de
incluir el caso en el ámbito de la responsabilidad por riesgo, pues este era evidente y
además el daño sufrido es consecuencia natural del riesgo asumido, siendo la esencia de la
atracción idéntica a la del “Toro mecánico” y no a una mera noria o balancín que solo
pretende generar sensaciones de vértigo. Que la lesionada sea menor de edad no es
cortapisa para aplicar la asunción del riesgo porque “era sin duda capaz de advertir, evaluar
y decidir sobre la aceptación del riesgo, pues por más que el ordenamiento jurídico procesal
no autorizara a los menores de edad a prestar confesión como otras muchas limitaciones
que les impone en razón a su falta de capacidad de obrar plena, no por ello los menores
son personas incapaces desde el punto de vista natural ni les es dado prescindir, cuando
como en este caso tienen suficiente juicio, de elementales normas de conducta y diligencia”.
Y de este razonamiento se puede extraer la lógica conclusión de que la asunción del riesgo
es una cuestión de hecho, que habrá de mirarse para el caso concreto.
La Audiencia Provincial de León63, por su parte, en un asunto por lesiones de un
menor en los “Coches de choque” entiende que “el daño sobrevino por la voluntaria
utilización de una atracción de feria, la popularmente conocida como coches de choque, en
la que los usuarios se deslizan sobre una pista conduciendo los coches, chocando con los
demás usuarios e intentando esquivarlos” y que el lesionado, que tenía quince años “aún
siendo menor, es claro que tenía edad bastante para acceder sin especial peligro a una
atracción como la que nos ocupa, en la que la diversión consiste en chocar, luego tiene
peligro y un cierto riesgo. Y esto enlaza con la razón esencial del fallo de instancia: la
asunción del propio riesgo como causa de eliminación de la responsabilidad del otro”. Con
igual desarrollo aparece la sentencia de 31 de julio de 2014 de la Audiencia Provincial de
Málaga64 que resuelve una demanda de responsabilidad civil por daños en una atracción
63 SAP de León (Secc. 1ª) de 11 de noviembre de 2003 (AC\2004\65), Ponente: IIlma. Sra.
Olga María Cabeza Sánchez.
64 SAP de Málaga (Secc. 4ª) de 31 de julio de 2014 (AC\2014\2211), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Manuel Torres Vela.
58
denominada “Mini Fórmula 1”. Son, en conclusión, supuestos en los que el lesionado es
menor de edad pero tiene capacidad de conocer, evaluar y decidir sobre la aceptación del
riesgo.
De signo contrario por fundamentar que el accidente se produjo sin la debida
asunción del riesgo por la víctima surgen otro numeroso cuadro de sentencias. Con
pronuncionamiento condenatorio para el demandado se salda la parte dispositiva de la
sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria65 por lesiones sufridas en una atracción
de feria, con estas líneas: “Debe recordarse que la víctima es una menor de trece años de
edad sin que pueda entenderse que la menor realiza una asunción consciente del riesgo.
Procede en consecuencia la desestimación del motivo”.
La resolución judicial de la Sección cuarta de la Audiencia de Murcia de 15 de
noviembre de 201266 decide un proceso judicial en el que se configura como centro del
debate, precisamente, la problemática de la asunción del riesgo en un menor. Actúa como
parte actora y recurrente la madre del menor damnificado por las lesiones sufridas en la
atracción de feria “Diver Magic”, que se habían resuelto en primera instancia con
absolución del demandado por aplicación de la doctrina de la asunción del riesgo. La
recurrente impugna este fallo por considerar que la asunción del riesgo no rige cuando la
víctima es un menor. En el cuerpo jurídico de la sentencia se recoge el siguiente
razonamiento: “Téngase en cuenta, que la culpa del demandado deriva y tiene su
fundamento en el riesgo que efectivamente comporta la intervención sorpresiva del
personaje disfrazado de Goofy con las consiguientes reacciones y conductas imprevisibles
de los menores, y por tanto en la falta de diligencia del demandado titular de dicha
atracción ferial, destinada básicamente a menores de 6 a 12 años…”. Pese a que el juzgador
sigue el criterio del Tribunal Supremo sobre la inaplicabilidad de la responsabilidad objetiva
por riesgo cuando este es aceptado libremente en actividades lúdicas o deportivas, reconoce
“que en actividades lúdicas destinadas a niños de corta edad, como en este caso acontece, la
diligencia exigible al encargado del negocio es mayor que en otras actividades lúdicas o
deportivas en que participen personas mayores de edad a quienes podría atribuirse la
65 SAP de Cantabria (Secc. 2ª) de 31 de enero de 2002 (JUR\2002\124141), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Miguel Carlos Fernández Díez.
66 SAP de Murcia (Secc. 4ª) de 15 de noviembre de 2012 (AC\2012\2399), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Carlos Moreno Millán.
59
asunción del riesgo que comporta su participación”, estimando finalmente la pretensión de
la recurrente.
Finalizando con esta clase de resoluciones, se presenta la sentencia número
269/2015 de la Audiencia Provincial de Lugo67 también en un pleito de responsabilidad
civil por daños a un menor en la atracción del “Toro mecánico”. En un movimiento del
artilugio demasiado brusco el menor, de diez años de edad, cayó y fue víctima de diversas
lesiones y secuelas. Acerca de la asunción del riesgo, la Audiencia considera que “no hubo
tal asunción ya que, en primer lugar, el perjudicado es un menor de edad (diez años) por lo
que no puede consentir válidamente y utilizó la atracción de forma correcta y si bien es
cierto que la madre del menor se encontraba en las proximidades no quedó acreditado que
hubiera dado permiso a su hijo para subirse a la atracción”. Se resuelve aun así que existe
concurrencia de culpas cifrada en un cincuenta por cierto para cada una de las partes.
Una de las características mencionadas previamente que diferenciaban la
problemática de los menores de edad era la vigilancia en general más exhaustiva que su
presencia en actividades de riesgo requería tanto de sus representantes legales como de los
responsables de aquellas. La jurisprudencia menor es bastante clara, en los daños a menores
cuando estos carecen de la madurez precisa para entender los riesgos a los que se exponen
al subirse a una atracción, a la hora de encaminar esta situación a la culpa in vigilando de los
padres como realiza la Audiencia Provincial de Albacete68: “si un menor de diez años iba
solo y pudo acceder al uso de la misma fue incontestablemente porque sus padres, al
permitir que el menor anduviera solo con dinero suficiente para gastar en la feria sin su
puntual aprobación, concurrieron con su propia actuación de culpa in vigilando a la
causación del daño, procediendo por lo tanto una compensación de culpas (en este caso
por intervención del hecho de un tercero, ya que el padre actúa en este pleito como
representante de su hijo) que esta Sala estima en el 50%”.
67 SAP de Lugo (Secc. 1ª) de 2 de julio de 2015 (JUR\2015\180863), Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Rafael Pedrosa López.
68 SAP de Albacete (Secc. 2ª) de 28 de abril de 2010 (JUR\2010\216096), Ponente: IIlma.
Sra. Mª del Carmen González Carrasco.
60
Destacan asimismo las sentencias que estiman la demanda de responsabilidad civil
contra el titular de la atracción por no expresar una diligencia suficiente por tratarse de
menores. Así sucede cuando un menor resultó lesionado al caerle otro menor encima en un
castillo inflable de goma que dió origen a una reclamación por daños y perjuicios
despachada por el dictamen de la Audiencia Provincial de Córdoba de fecha 12 de junio de
200669. La atracción no es peligrosa per se pero “tratándose de instalaciones abiertas al
público y, por tanto, a consumidores y usuarios, deben extremarse los cuidados para que
los accesos y condiciones interiores de las mismas estén en perfecto estado y no sirvan de
peligro a las personas que los utilizan, así como que tratándose de menores, exista la
suficiente vigilancia y supervisión para evitar la producción de cualquier tipo de daño”. Por
último es oportuno subrayar la importante cantidad de casos en que los Tribunales aprecian
que el encargado o empleado del manejo de la atracción utilizó una fuerza excesiva
atendiendo a la escasa edad del menor70.
3.3. Concurrencia de culpas.
Un gran número de litigios derivados de daños causados en atracciones de feria se
zanjan con una concurrencia de culpas entre la víctima y el demandado, empresario de la
atracción, a pesar de no ser en rigor un criterio de imputación de la responsabilidad civil.
Precedentemente se conceptuó la figura de la culpa exclusiva de la víctima como
una interrupción o quiebra en el nexo de causalidad que, como requisito en un sistema de
responsabilidad por culpa, imposibilitaba la afirmación de responsabilidad del agente del
daño. En esta ocasión la culpa de la víctima no goza de esa potencia exoneradora para el
demandado pero minora el importe compensatorio.
69 SAP de Córdoba (Secc. 3ª) de 12 de junio de 2006 (AC\2007\341), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Pedro José Vela Torres.
70 SAP de Sevilla (Secc. 5ª) de 3 de febrero de 2005 (JUR\2005\145779), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Conrado Gallardo Correa; SAP de Asturias (Secc. 4ª) de 17 de septiembre de 2012
(JUR\2012\320856), Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Tuero Aller, etc.
61
La víctima ha llevado a cabo una conducta que ha contribuido a la producción del
resultado lesivo, tanto titular de la atracción como víctima se muestran parcialmente
responsables de aquel. En determinadas hipótesis los Tribunales incluyen la concurrencia
de responsabilidades teniendo en cuenta la asunción del riesgo por la víctima como parte
de su responsabilidad, a lo que se une la culpa imputable al titular de la atracción por
acrecentar el riesgo aceptado por el usuario o no haber tomado todas las medidas de
seguridad pertinentes para evitar el resultado dañoso. Se observa, por tanto, que no es
imprescindible una conducta culposa sensu stricto de la víctima para reputar concurrencia de
culpas.
Establece la sentencia de 11 de julio de 1997 del Tribunal Supremo que la
consecuencia práctica de esta concurrencia de responsabilidades es “reducir la obligación
de indemnizar del autor hasta donde alcance la responsabilidad del perjudicado”. Lo más
habitual es que en la propia sentencia se exprese matemáticamente con una cifra porcentual
el grado de participación de los distintos agentes en la producción de los perjuicios o
menoscabos padecidos. Porcentaje que coincidirá con la fracción de la valoración del daño
que deberá asumir cada parte. No existen unos criterios apriorísticos claros que señalen qué
porcentaje ha de imputarse al comportamiento de la víctima y cual al encargado de la
atracción, de hecho el Tribunal Supremo (sentencia de 2010) reitera que en esta materia
“corresponde al tribunal de instancia y sólo puede ser revisada en casación en supuestos de
grave desproporción o defectuosa apreciación del nexo causal”.
Acudiendo a la práctica jurisprudencial puede nombrarse la resolución judicial de la
Audiencia Provincial de Lleida de 5 de junio de 200171 que habla de “responsabilidad
compartida del explotador de la atracción y de la víctima que asume voluntariamente el
riesgo”. Sopesa la sentencia la naturaleza de la atracción (el “Toro mecánico”) y, por medio
de la teoría del riesgo, atribuye la carga de la prueba al demandado para demostrar que
tomó la seguridad requerida en lo que se refiere a las protecciones del suelo para
amortiguar la caída y el manejo del aparato por quien lo acciona. Se confirma que no se ha
practicado ninguna prueba en tal sentido, lo que corrobora la responsabilidad del
explotador de la atracción. Sin embargo, la Audiencia también reconoce que intervino la
71 SAP de Lleida (Secc. 2ª) de 5 de junio de 2001 (AC\2001\1135), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Albert Montell García.
62
asunción del riesgo por parte de la víctima y por esta razón “si bien como ha quedado
dicho no puede excluir la responsabilidad del explotador de la atracción, sí ha de tenerse en
consideración para moderarla equitativamente reduciéndola a un ochenta por ciento, por lo
que de la cantidad reclamada de 2.769.245 pesetas, deben concederse 2.215.396 pesetas”.
Concurrencia de culpas que igualmente aparece en la ya planteada sentencia de 22
de octubre de 2010 (JUR\2011\71308) de la Audiencia Provincial de Granada. No se
imputa responsabilidad a la víctima por la asunción del riesgo sino por su actuación
negligente que contribuyó a la generación del daño sufrido, a lo que debe añadirse que el
encargado de la atracción no activó el botón de parada de la atracción cuando el usuario
había caído, golpeándole el artilugio cuando estaba en el suelo. Ante estas circunstancias el
Tribunal deduce: “aunque tal uso inadecuado de la atracción no puede estimarse como
causa preponderante en la generación del daño, en atención al resultado dañoso, el hecho
de haberse soltado de las barras, que permitían a la actora no caerse y perder el equilibrio, al
menos tiene el mismo grado de influencia en el resultado dañoso que la actuación
negligente que cabe imputar en este caso a la demandada, y ello debe determinar que, con
estimación parcial de la demanda y del recurso, que debamos reducir el importe de la
indemnización en un 50%, en atención a la equivalencia de las culpas concurrentes”.
Se decide también con un reparto equitativo de la responsabilidad (cincuenta por
ciento) el asunto resuelto por sentencia de 2012 por la Audiencia Provincial de Córdoba72.
La Audiencia sostiene que la víctima (parte actora en el procedimiento), que padeció varias
fracturas en la atracción del “Barco vikingo”, cerró inadecuadamente la puerta de la jaula
por lo que coadyuvó al desencadenamiento del fatal desenlace junto con la falta de cuidado
exigible por la persona encargada de vigilar la atracción, que debió detener el dispositivo
“ante el menor indicio de riesgo para la integridad de sus usuarios” y que previamente no
comprobó el correcto cierre de la puerta. La víctima tampoco previó su capacidad de
resistencia ni se asió de forma conveniente a las barras de la atracción. En este estado de la
cuestión la corte sentenciadora reduce finalmente el quantum indemnizatorio en un
cincuenta por ciento.
72 SAP de Córdoba (Secc. 1ª) de 14 de junio de 2012 (JUR\2014\98926), Ponente: Ilmo. Sr.
D. José Francisco Yarza Sanz.
63
Cabría aludir a otros ejemplos dentro de la jurisprudencia menor en los que se
produce esta distribución, con porcentajes distintos en función del criterio del Tribunal,
competencia que le confiere el artículo 1103 del Código Civil: “La responsabilidad que
proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de
obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos”. La Audiencia
Provincial Jaén en la sentencia número 306/200273 pondera el reparto de la cuantía de la
indemnización en un veinte por cierto para la actora y un ochenta por ciento para el titular
de la atracción, encontrándose dispares criterios de división por los Tribunales.
73 SAP de Jaén (Secc. 1ª) de 19 de julio de 2002 (JUR\2002\246275), Ponente: IIlma. Sra.
Mª Jesús Gallardo Castillo.
64
4. ASPECTOS CONEXOS.
Cerrando el estudio sobre la responsabilidad por daños causados en atracciones de
feria, se trata brevemente a continuación de una cuestión que está estrechamente conectada
con este tema aunque no es estrictamente materia civil: La responsabilidad patrimonial de
la Administración.
4.1. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Con notable frecuencia las atracciones de feria se instalan o desarrollan su actividad
bajo el auspicio de la Administración Pública. Generalmente son los Ayuntamientos los
que, en el ejercicio de sus competencias sobre cultura y turismo, promueven e impulsan
actividades feriales en provecho de la localidad. Desde luego lo más usual es que la
Administración correspondiente no organice por sus propios medios estas iniciativas sino
que sean particulares, otorgando aquella el permiso, la ayuda económica o el respaldo
necesario para su celebración. Con este panorama asoman una serie de interrogantes que
han de responderse: si la Administración puede ser responsable por los daños causados a
un particular, si la confluencia en la organización entre el particular y la Administración
puede hacer desplazar la responsabilidad de aquel, qué régimen de responsabilidad será el
aplicable, cuál es la jurisdicción competente, etc.
Aunque no siempre ha sido así históricamente, las grandes funciones que asume
hoy la Administración conllevan también importantes riesgos que pueden ser fuente de
responsabilidad extracontractual, siendo naturalmente posible reclamar a los poderes
públicos la indemnización por daños y perjuicios si la actividad de estos le produce un daño
en su esfera jurídico-privada. El primer escalón en cuanto al reconocimiento de la
responsabilidad de las Administraciones Públicas se encuentra en el artículo 106.2 de la
Constitución Española, precepto situado dentro del Título IV “Del Gobierno y de la
Administración”: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho
a ser indemnizados por todas lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
65
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos”.
En su caso, la Ley de Expropiación Forzosa en su artículo 121.1 establece la
siguiente regla: “Dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento
toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refiere,
siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter discrecional no fiscalizables en vía
contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pueda exigir de
sus funcionarios con tal motivo”. De una forma más completa y sistemática se recoge el
sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en el Capítulo IV
de la reciente Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que
(junto a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
sustituye la Ley RJPAC 30/1992. Aparecen una serie de requisitos como que el daño
alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una
persona o grupos de personas (se excluyen los daños que se causan a la generalidad) y la
necesidad de que no se esté en un supuestos de fuerza mayor (si hay deber jurídico de
soportar, el particular no podrá exigir tal responsabilidad). El artículo 35 de la mencionada
Ley se refiere a la “Responsabilidad de Derecho Privado”, permitiendo exigir la
responsabilidad de acuerdo a las disposiciones del presente Capítulo cuando la
Administración converja con sujetos de derecho privado o “la responsabilidad se exija
directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a
la entidad que cubra su responsabilidad”.
La jurisdicción competente para conocer de las cuestiones relativas a la
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es, de acuerdo con el artículo 2 e)
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el orden jurisdiccional
contencioso administrativo (Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo),
impidiendo que las Administraciones Públicas puedan ser demandadas por cuestiones de
responsabilidad patrimonial ante otros órdenes jurisdiccionales (principalmente el civil),
“aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un
seguro de responsabilidad”. El artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye
también a la jurisdicción contencioso-administrativa “las pretensiones que se deduzcan en
66
relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal
a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se
derive”, contemplando la competencia de este orden jurisdiccional en los casos en que en la
producción del daño hubiera concurrido sujetos privados. Recoge además que “igualmente
conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione
directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración
respectiva”. Esto es, claramente puede concluirse que en aquellos supuestos de daños en
atracciones de feria si se demanda a la Administración deberá ser antes los Tribunales del
orden contencioso-administrativo.
Cabe preguntarse también quien ha de responder de los eventuales daños en
aquellos casos en que el titular de la atracción en la que se produce el daño es un sujeto
autorizado por la Administración. Aunque la normativa no es muy extensa en este aspecto,
generalmente es proclive a no acoger la responsabilidad pública por daños causados por el
sujeto autorizado como en el ejemplo del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales artículo 12.2. Y es que los particulares no realizan actividades administrativas sino
privadas pese a que pueda introducirse en este ámbito de la culpa in vigilando.
67
5. CONCLUSIONES.
Adoptando una visión panorámica de lo relatado en el presente Trabajo Fin de
Grado, pueden extaerse diversas conclusiones de la práctica jurisprudencial en el ámbito de
la responsabilidad civil por daños en atracciones de feria, en tanto que el análisis de las
sentencias dictadas por nuestros Tribunales (al margen del estudio de la legislación) ha sido
el eje de esta investigación.
Destacar, en primer lugar, que la dinámica en relación con el universo del ocio y el
entretenimiento de riesgo adquiere cada vez mayor relevancia y, con ello, se incrementa la
cantidad de conflictos que han de ser tratados por los Tribunales (el número de litigios en
esta materia en los últimos años es considerablemente más elevado que a finales del siglo
XX). Estos, sin embargo, se encuentran con dificultades a la hora de enfrentarse a
demandas de responsabilidad civil derivadas de daños en actividades de ocio peligroso y
lugares de diversión, al carecer nuestra legislación civil de una normativa propia y específica
al respecto. Es el caso de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios
sufridos en atracciones de feria, en las que si bien se parte del régimen general de
responsabilidad extracontractual contenido en el artículo 1902 del Código Civil, la riqueza
en matices que surge en la casuística material desborda la general previsión del citado
cuerpo normativo. Tal circunstancia favorece la importancia de la doctrina y la
jurisprudencia en la resolución de estos procesos por parte de los Tribunales, advirtiéndose
una evolución en los principios mantenidos, pero también una preocupante disparidad de
criterios.
La discusión acerca de la naturaleza de la responsabilidad por daños acaecidos en el
contexto de las atracciones de feria y parques temáticos (entre contractual y
extracontractual, así como la legislación de protección de consumidores y usuarios) parece
haberse disipado a favor de la unidad de culpa civil, por lo que cabe concluir que los
Tribunales pretenden facilitar la admisión de estas demandas, dado que la finalidad de su
interposición es obtener el resarcimiento por los daños producidos, y alejarse de un debate
sin consecuencias en ese aspecto. Dicha benevolencia a la hora de no inadmitir demandas
68
por una inadecuada invocación de la naturaleza de la responsabilidad, no se comparte en lo
que a la estimación de las demandas se refiere (como se aprecia en la tabla anexa).
A pesar de ciertas tendencias objetivadoras en el ámbito de la responsabilidad por
daños producidos en atracciones de feria en época pasadas, la dinámica actual en las
sentencias del Tribunal Supremo y, por ende, de las Audiencias Provinciales es el retorno a
la necesidad de un reproche cupabilístico para afirmar la responsabilidad civil. La
responsabilidad se sigue declarando sin mayores problemas en los supuestos de
concurrencia de una conducta culposa o negligente (tanto en el lado del demandado como
en el de la víctima), siempre que no aparezcan factores que alteren o quiebren el nexo
causal. En este sentido, los Tribunales suelen ser exigentes para apreciar la culpa o
negligencia y, para el caso de los responsables de las atracciones, se centran generalmente
en el inadecuado mantenimiento de las instalaciones o la ausencia de vigilancia. A falta de
referencias legales, la clasificación doctrinal y judicial entre atracciones de feria activas y
pasivas se presenta como de gran utilidad para los juzgadores.
Requiere gran atención la evolución de los criterios de atribución de la
responsabilidad, esto es, la teoría del riesgo y la doctrina de la asunción del riesgo. La
pasada inclinación a objetivar la responsabilidad por medio de la teoría del riesgo no parece
actualmente deseable, pues olvida la ineludible presencia de la culpa o negligencia, provoca
una inversión de la carga de la prueba que no cuenta con respaldo legal y eleva la diligencia
exigida a unos niveles extremos. Estas razones y otras, no de tan marcado carácter jurídico,
como el rechazo a una suerte de paternalismo o el fomento de la actividad empresarial,
provocan que la regla sea la asunción del riesgo.
Una aceptación que, por supuesto, no goza de caracteres absolutos, pues solo será
aplicable cuando el daño producido esté incluido o sea consecuencia lógica y proporcional
del riesgo asumido libremente. Tampoco deberá imputarse la responsabilidad a través de la
asunción del riesgo cuando el daño no se hubiese producido de no haber mediado factores
ajenos que incrementaron el riesgo o fueron decisivos para su materialización. Con estos
elementos “correctores” no cabe duda que la asunción del riesgo es el principal modo de
atribución de la responsabilidad civil en esta cuestión y causa de exoneración para el
demandado, porque es lo que mejor se ajusta a la libre búsqueda de la sensación de peligro
que motiva a los usuarios de las atracciones de feria.
69
Se tiene, en definitiva, un sistema de responsabilidad civil por daños causados en
atracciones de feria fundamentado en la jurisprudencia y sin demasiada homogeneidad. La
jurisprudencia menor ocasionalmente confunde conceptos como la asunción del riesgo y la
culpa exclusiva de la víctima o aplica erróneamente la citada doctrina de la asunción del
riesgo, haciendo transmitir la misma de los progenitores a los menores de edad. La falta de
normativa también se echa en falta en la valoración de los daños al carecerse de un baremo
legal específico. El margen de discrecionalidad de los jueces es amplio tanto en este último
sentido como en general, cobrando una trascendencia fundamental el estudio del caso
concreto. Siempre habrá de tenerse muy en cuenta circunstancias como el tipo de atracción
utilizada, el grado de mantenimiento de la instalación o la edad de la víctima, entre otras.
70
6. JURISPRUDENCIA.
SAP de Córdoba (Secc. 3ª) de 16 de diciembre de 1997 (AC\1997\2417), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano.
SAP de Toledo (Secc. 1ª) de 20 de abril de 1998 (AC\1998\4604), Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Luis Quesada Varea.
SAP de Vizcaya (Secc. 5ª) de 2 de diciembre de 1998 (AC\1998\2435), Ponente: IIlma. Sra.
Leonor Ángeles Cuenca García.
SAP de Salamanca de 17 de enero de 2000 (AC\2000\609), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Ildefonso García del Pozo.
SAP de Sevilla de 10 de marzo de 2000 (AC\2000\1683), Ponente: IIlma. Sra. María Paz
Malpica Soto.
SAP de Alicante (Secc. 7ª) de 28 de marzo de 2001 (JUR\2001\163269), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Vicente Magro Servet.
SAP de Lleida (Secc. 2ª) de 5 de junio de 2001 (AC\2001\1135), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Albert Montell García.
SAP de Cantabria (Secc. 2ª) de 31 de enero de 2002 (JUR\2002\124141), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Miguel Carlos Fernández Díez.
SAP de Cantabria (Secc. 1ª) de 11 de junio de 2002 (AC\2002\1146), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Javier de la Hoz de la Escalera.
SAP de Jaén (Secc. 1ª) de 19 de julio de 2002 (JUR\2002\246275), Ponente: IIlma. Sra. Mª
Jesús Gallardo Castillo.
SAP de Vizcaya (Secc. 4ª) de 30 de julio de 2002 (JUR\2003\89099), Ponente: Ilmo. Sr.
Ilmo. Sr. D. Ignacio Olaso Azpíroz.
SAP de Ávila de 21 de noviembre de 2002 (JUR\2003\13652), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Ignacio Pando Echevarría.
SAP de Sevilla (Secc. 5ª) de 13 de enero de 2003 (AC\2003\1266), Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Herrera Tagua.
SAP de Islas Baleares (Secc. 4ª) de 31 de marzo de 2003 (JUR\2003\199981), Ponente:
Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Aguiló Monjo.
71
SAP de Murcia (Secc. 4ª) de 7 de noviembre de 2003 (JUR\2003\18305), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Andrés Pacheco Guevara
SAP de León (Secc. 1ª) de 11 de noviembre de 2003 (AC\2004\65), Ponente: IIlma. Sra.
Olga María Cabeza Sánchez.
SAP de Sevilla (Secc. 2ª) de 10 de diciembre de 2003 (JUR\2003\170698), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Rafael Márquez Romero.
STS de 10 de marzo de 2004 (RJ\2004\1817), Ponente: Excmo. Sr. Ignacio Sierra Gil de la
Cuesta.
SAP de La Rioja (Secc. 1ª) de 30 de abril de 2004 (JUR\2004\185983), Ponente: Ilmo. Sr.
D. José Félix Mota Bello.
SAP de Sevilla (Secc. 5ª) de 3 de febrero de 2005 (JUR\2005\145779), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Conrado Gallardo Correa.
SAP de Cantabria (Secc. 4ª) de 15 de febrero de 2005 (JUR\2005\239346), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Joaquín Tafur López de Lemus.
SAP de Alicante (Secc. 5ª) de 1 de marzo de 2005 (JUR\2005\117362), Ponente: IIlma.
Sra. Teresa Serra Abarca.
SAP de Cantabria (Secc. 2ª) de 18 de abril de 2005 (JUR\2005\114435), Ponente: IIlma.
Sra. Milagros Martínez Rionda.
SAP de Madrid (Secc. 19ª) de 17 de noviembre de 2005 (AC\2005\1966), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Ramón Ruiz Jiménez
SAP de Córdoba (Secc. 1ª) de 19 de diciembre de 2005 (JUR\2006\150519), Ponente:
Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández Carrión.
SAP de Alicante (Secc. 7ª) de 29 de marzo de 2006 (JUR\2006\184769), Ponente: Ilmo. Sr.
D. José Teófilo Jiménez Morago.
SAP de Alicante (Secc. 7ª) de 8 de mayo de 2006 (JUR\2006\183703), Ponente: Ilmo. Sr.
D. José Teófilo Jiménez Morago.
SAP de Jaén (Secc. 2ª) de 10 de mayo de 2006 (AC\2006\1851), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Rafael Morales Ortega.
SAP de Málaga (Secc. 7ª, Melilla) de 2 de junio de 2006 (AC\2006\2384), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Mariano Santos Peñalver.
SAP de Córdoba (Secc. 3ª) de 12 de junio de 2006 (AC\2007\341), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Pedro José Vela Torres.
72
SAP de Cádiz (Secc. 8ª) de 19 de junio de 2006 (JUR\2009\68370), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro.
SAP de Cádiz (Secc. 8ª) de 17 de enero de 2007 (JUR\2007\178134), Ponente: IIlma. Sra.
Carmen González Castrillón.
SAP de Sevilla (Secc. 2ª) de 20 de febrero de 2007 (JUR\2007\305394), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Andrés Palacios Martínez.
SAP de Zaragoza (Secc. 4ª) de 22 de enero de 2009 (JUR\2009\276840), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Eduardo Navarro Peña.
SAP de Valencia (Secc. 11ª) de 26 de febrero de 2009 (JUR\2009\250790), Ponente: Ilmo.
Sr. D. José Luis Gómez-Moreno Mora
SAP de Las Palmas (Secc. 5ª) de 27 de febrero de 2009 (AC\2009\972), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Pedro Joaquín Herrera Puentes
SAP de Barcelona (Secc. 1ª) de 14 de octubre de 2009 (JUR\2009\489780), Ponente:
IIlma. Sra. María Dolores Portella Lluch.
SAP de Málaga (Secc. 4ª) de 19 de febrero de 2010 (JUR\2010\197830), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Alejandro Martín Delgado.
SAP de León (Secc. 1ª) de 16 de marzo de 2010 (AC\2010\444), Ponente: Ilma. Sra. Ana
del Ser López
SAP de Albacete (Secc. 2ª) de 28 de abril de 2010 (JUR\2010\216096), Ponente: IIlma. Sra.
Mª del Carmen González Carrasco.
SAP de Granada (Secc. 3ª) de 22 de octubre de 2010 (JUR\2011\71308), Ponente: Ilmo.
Sr. D. Enrique Pinazo Tobes.
SAP de Las Palmas de 13 de noviembre de 2010 (AC\2010\284), Ponente: Ilma. Sra. María
de la Paz Pérez Villalba
SAP de Vizcaya (Secc. 3ª) de 8 de marzo de 2011 (AC\2011\1889), Ponente: IIlma. Sra.
María Concepción Marco Cacho
SAP de Badajoz (Secc. 3ª) de 22 de marzo de 2011 (AC\2011\1166), Ponente: IIlma. Sra.
Marina Muñoz Acero.
SAP de Granada (Secc. 5ª) de 15 de abril de 2011 (AC\2011\1967), Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Maldonado Martínez.
SAP de Jaén (Secc. 1ª) de 26 de enero de 2012 (JUR\2012\257581), Ponente: IIlma. Sra.
Elena Arias-Salgado Robsy.
73
SAP de Málaga (Secc. 6ª) de 15 de febrero de 2012 (JUR\2012\329483), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Antonio Alcalá Navarro.
SAP de Barcelona (Secc. 4ª) de 20 de febrero de 2012 (AC\2012\692), Ponente: IIlma. Sra.
Mercedes Hernández Ruiz-Olalde.
SAP de Córdoba (Secc. 1ª) de 14 de junio de 2012 (JUR\2014\98926), Ponente: Ilmo. Sr.
D. José Francisco Yarza Sanz.
SAP de Asturias (Secc. 4ª) de 17 de septiembre de 2012 (JUR\2012\320856), Ponente:
Ilmo. Sr. D. Francisco Tuero Aller.
SAP de Murcia (Secc. 4ª) de 15 de noviembre de 2012 (AC\2012\2399), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Carlos Moreno Millán.
SAP de Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª) de 8 de febrero de 2013 (JUR\2013\316361),
Ponente: IIlma. Sra. Pilar Aragón Ramírez.
SAP de Asturias (Secc. 6ª) de 8 de julio de 2013 (JUR\2013\267757), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Jaime Riaza García.
SAP de Santa Cruz de Tenerife (Secc. 3ª) de 24 de julio de 2013 (JUR\2013\349080),
Ponente: IIlma. Sra. María Luisa Santos Sánchez.
SAP de Barcelona (Secc. 1ª) de 26 de julio de 2013 (JUR\2013\329834), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Antonio Ramón Recio Córdova.
SAP de Barcelona (Secc. 19ª) de 14 de mayo de 2014 (JUR\2014\179228), Ponente: Ilmo.
Sr. D. José Manuel Regadera Sáenz.
SAP de Málaga (Secc. 4ª) de 31 de julio de 2014 (AC\2014\2211), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Manuel Torres Vela.
SAP de La Rioja (Secc. 1ª) de 22 de diciembre de 2014 (JUR\2015\51894), Ponente: IIlma.
Sra. María del Puy Aramendía Ojer.
SAP de Sevilla (Secc. 5ª) de 27 de diciembre de 2014 (AC\2014\414), Ponente: Ilmo. Sr. D.
Fernando Sanz Talayero.
SAP de Barcelona (Secc. 16ª) de 17 de febrero de 2015 (AC\2015\707), Ponente: IIlma.
Sra. Marta Rallo Ayezcuren.
SAP de Asturias (Secc. 6ª) de 23 de marzo de 2015 (JUR\2015\105718), Ponente: Ilmo. Sr.
D. Jaime Riaza García.
SAP de Málaga (Secc. 4ª) de 3 de junio de 2015 (AC\2015\1327), Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Luis López Fuentes.
74
SAP de Lugo (Secc. 1ª) de 2 de julio de 2015 (JUR\2015\180863), Ponente: Ilmo. Sr. D.
José Rafael Pedrosa López.
SAP de Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª) de 29 de septiembre de 2015 (AC\2015\1206),
Ponente: Ilmo. Sr. D. Pablo José Moscoso Torres
STS de 18 de marzo de 2016 (RJ\2016\983), Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Fernando
Pantaleón Prieto.
75
7. BIBLIOGRAFÍA.
BENÍTEZ PIZARRO, Pedro. “Responsabilidad civil derivada del uso de atracciones de
feria”. Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, número 4, 2013.
LASARTE ÁLVAREZ, Carlos. Curso de Derecho Civil Patrimonial. Madrid: Tecnos, 2015.
MARTÍN-CASALS, Miquel; DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés. Cuestiones actuales en materia
de Responsabilidad Civil. A Coruña: Edit.um, 2011.
REGLERO CAMPOS, Luis Fernando; BUSTO LAGO, José Manuel. Tratado de
responsabilidad civil. Tomo II, Thomson Reuters, 2014.
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daño en la jurisprudencia del Tribunal Supremo español”. Indret Revista para el Análisis del
Derecho, 2009.
RUBIO GALLART, Enric. La responsabilidad civil derivada de daños en atracciones de feria y
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SELIGRAT GONZÁLEZ, Víctor Manuel. Responsabilidad civil en actividades de ocio peligroso y
lugares de diversión. Madrid: Wolters Kluwer España, 2016.
TAPIA GUTIÉRREZ, Paloma. “Daños causados por atracciones de feria. Informe de
jurisprudencia”. Práctica de Derecho de Daños, La Ley Digital, núm. 9, 2003.
76
8. TABLA ANEXA.
Tribunal, fecha y referencia
Mag. Ponente
Tipo de atracción
Daños sufridos Resolución Cuantía indemnizatoria
SAP de Córdoba (Secc. 3ª) de 16 de diciembre de 1997 (AC\1997\2417).
Ilmo. Sr. D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano.
Toro mecánico
Fractura de tobillo
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Toledo (Secc. 1ª) de 20 de abril de 1998 (AC\1998\4604)
Ilmo. Sr. D. José Luis Quesada Varea.
Toro mecánico
Fractura de tibia Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Vizcaya (Secc. 5ª) de 2 de diciembre de 1998 (AC\1998\2435)
IIlma. Sra. Leonor Ángeles Cuenca García.
Toro mecánico
Lesiones en un tobillo
Estimación demanda por deficiente mantenimiento
1.293.820 pesetas
SAP de Salamanca de 17 de enero de 2000 (AC\2000\609)
Ilmo. Sr. D. Ildefonso García del Pozo.
Coches de choque
No acreditación de daños
Desestimación demanda por culpa exclusiva víctima
Sin indemnización
SAP de Sevilla de 10 de marzo de 2000 (AC\2000\1683)
IIlma. Sra. María Paz Malpica Soto.
Castillo hinchable
Luxación de cadera
Estimación demanda por actuación culposa
1.486.564 pesetas
SAP de Alicante (Secc. 7ª) de 28 de marzo de 2001 (JUR\2001\163269)
Ilmo. Sr. D. Vicente Magro Servet.
Tótem Lesiones en una rodilla
Estimación demanda por falta medidas seguridad
3.807.576 pesetas
SAP de Lleida (Secc. 2ª) de 5 de junio de 2001 (AC\2001\1135)
Ilmo. Sr. D. Albert Montell García.
Toro mecánico
No especificados
Concurrencia de respons. (80% demandado)
2215396 pesetas
SAP de Cantabria (Secc. 2ª) de 31 de enero de 2002 (JUR\2002\124141)
Ilmo. Sr. D. Miguel Carlos Fernández Díez.
Olla loca No especificados
Estimación demanda no asunción del riesgo (menor de edad)
464.500 pesetas
SAP de Cantabria (Secc. 1ª) de 11 de junio de 2002 (AC\2002\1146)
Ilmo. Sr. D. Javier de la Hoz de la Escalera.
Caballo loco
Fractura en el cuello
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Jaén (Secc. 1ª) de 19 de julio de 2002 (JUR\2002\246275)
IIlma. Sra. Mª Jesús Gallardo Castillo.
No explicitado
No especificados
Concurrencia de respons. (80% demandado)
966.877 pesetas
SAP de Vizcaya (Secc. 4ª) de 30 de julio de 2002 (JUR\2003\89099)
Ilmo. Sr. D. Ignacio Olaso Azpíroz.
Toro mecánico
No especificados
Estimación demanda por falta medidas seguridad
2.444.999 pesetas
SAP de Islas Baleares (Secc. 4ª) de 31 de marzo de 2003 (JUR\2003\199981)
Ilmo. Sr. D. Miguel Angel Aguiló Monjo.
Máquina recreativa de boxeo
Fractura del antebrazo derecho
Estimación demanda por teoría del riesgo
14.41,95 euros
SAP de Sevilla (Secc. 2ª) de 10 de diciembre de 2003 (JUR\2003\170698)
Ilmo. Sr. D. Rafael Márquez Romero.
Toro mecánico
No especificados
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
77
STS de 10 de marzo de 2004 (RJ\2004\1817)
Excmo. Sr. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.
Balance Graves e irreversibles lesiones (invalidez)
Desestimación demanda por culpa exclusiva víctima
Sin indemnización
SAP de La Rioja (Secc. 1ª) de 30 de abril de 2004 (JUR\2004\185983)
Ilmo. Sr. D. José Félix Mota Bello.
Tren Lesiones en el cuello (rigidez cervical)
Estimación demanda por teoría del riesgo
41.909,77 euros
SAP de Cantabria (Secc. 4ª) de 15 de febrero de 2005 (JUR\2005\239346)
Ilmo. Sr. D. Joaquín Tafur López de Lemus.
Nube No especificados
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Alicante (Secc. 5ª) de 1 de marzo de 2005 (JUR\2005\117362)
IIlma. Sra. Teresa Serra Abarca.
Pokemon No especificados
Desestimación demanda
Sin indemnización
SAP de Cantabria (Secc. 2ª) de 18 de abril de 2005 (JUR\2005\114435)
IIlma. Sra. Milagros Martínez Rionda.
No explicitado
Lesiones en una pierna (fractura y perjuicio estético)
Estimación demanda por deficiente mantenimiento
3.345,93 euros
SAP de Madrid (Secc. 19ª) de 17 de noviembre de 2005 (AC\2005\1966)
Ilmo. Sr. D. Ramón Ruiz Jiménez
Teatro Looney Tunes
Lesiones diversas y secuelas
Desestimación demanda por caso fortuito
Sin indemnización
SAP de Córdoba (Secc. 1ª) de 19 de diciembre de 2005 (JUR\2006\150519)
Ilmo. Sr. D. Antonio Fernández Carrión.
Barco pirata
Lesiones en una pierna (tibia y peroné)
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Alicante (Secc. 7ª) de 29 de marzo de 2006 (JUR\2006\184769)
Ilmo. Sr. D. José Teófilo Jiménez Morago.
Aparato Baby Scaletrix
No especificados
Estimación demanda por teoría del riesgo
72.681,88 euros
SAP de Alicante (Secc. 7ª) de 8 de mayo de 2006 (JUR\2006\183703)
Ilmo. Sr. D. José Teófilo Jiménez Morago.
Tobogán hinchable
Lesiones en una pierna
Estimación demanda por teoría del riesgo
12.028,93 euros
SAP de Jaén (Secc. 2ª) de 10 de mayo de 2006 (AC\2006\1851)
Ilmo. Sr. D. Rafael Morales Ortega.
Coches de choque
No especificados
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Málaga (Secc. 7ª, Melilla) de 2 de junio de 2006 (AC\2006\2384)
Ilmo. Sr. D. Mariano Santos Peñalver.
Los Caballos
Golpe en la rodilla sin secuelas
Desestimación demanda
Sin indemnización
SAP de Córdoba (Secc. 3ª) de 12 de junio de 2006 (AC\2007\341)
Ilmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.
Castillo hinchable
Fractura en el fémur izquierdo y erosiones
Estimación demanda por negligencia del titular
22.038,68 euros
SAP de Cádiz (Secc. 8ª) de 19 de junio de 2006 (JUR\2009\68370)
Ilmo. Sr. D. Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro.
Toro mecánico
No especificados
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Cádiz (Secc. 8ª) de 17 de enero de 2007 (JUR\2007\178134)
IIlma. Sra. Carmen González Castrillón.
No explicitado
No especificados
Desestimación demanda falta de acreditación
Sin indemnización
78
SAP de Sevilla (Secc. 2ª) de 20 de febrero de 2007 (JUR\2007\305394)
Ilmo. Sr. D. Andrés Palacios Martínez.
Coches de choque
Fractura de escafoides y quinto metacarpiano
Desestimación demanda por falta de nexo causal
Sin indemnización
SAP de Zaragoza (Secc. 4ª) de 22 de enero de 2009 (JUR\2009\276840)
Ilmo. Sr. D. Eduardo Navarro Peña.
Castillo hinchable
Fractura del macizo condíleo del codo izquierdo
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Valencia (Secc. 11ª) de 26 de febrero de 2009 (JUR\2009\250790)
Ilmo. Sr. D. José Luis Gómez-Moreno Mora.
No explicitado
Traumatismo, esguince de tobillo y fractura metatarso
Desestimación demanda por culpa exclusiva víctima
Sin indemnización
SAP de Las Palmas (Secc. 5ª) de 27 de febrero de 2009 (AC\2009\972)
Ilmo. Sr. D. Pedro Joaquín Herrera Puentes.
Toro mecánico
Fractura de húmero y secuelas
Estimación demanda por teoría del riesgo
17.526,87 euros
SAP de Barcelona (Secc. 1ª) de 14 de octubre de 2009 (JUR\2009\489780)
IIlma. Sra. María Dolores Portella Lluch.
Camas elásticas
Fractura de tibia y peroné izquierdo
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Málaga (Secc. 4ª) de 19 de febrero de 2010 (JUR\2010\197830)
Ilmo. Sr. D. Alejandro Martín Delgado.
Cataratas No especificados
Desestimación demanda por agotamiento diligencia
Sin indemnización
SAP de Albacete (Secc. 2ª) de 28 de abril de 2010 (JUR\2010\216096)
IIlma. Sra. Mª del Carmen González Carrasco.
No explicitado
No especificados
Concurrencia de respons. (50% demandado)
5.194 ,59 euros
SAP de Granada (Secc. 3ª) de 22 de octubre de 2010 (JUR\2011\71308)
Ilmo. Sr. D. Enrique Pinazo Tobes.
Barco vikingo
No especificados
Concurrencia de respons. (50% demandado)
7.264,08 euros
SAP de Las Palmas de 13 de noviembre de 2010 (AC\2010\284)
Ilma. Sra. María de la Paz Pérez Villalba.
Sky Buss Fractura maxilar derecho y fractura de nariz
Estimación demanda por culpa del demandado
6.726,83 + coste prótesis
SAP de Vizcaya (Secc. 3ª) de 8 de marzo de 2011 (AC\2011\1889)
IIlma. Sra. María Concepción Marco Cacho.
Liana de Tarzán
Rotura de dedo Desestimación demanda por falta culpa o negligencia
Sin indemnización
SAP de Badajoz (Secc. 3ª) de 22 de marzo de 2011 (AC\2011\1166)
IIlma. Sra. Marina Muñoz Acero.
Castillo hinchable
No especificados
Desestimación demanda por falta culpa o negligencia
Sin indemnización
SAP de Granada (Secc. 5ª) de 15 de abril de 2011 (AC\2011\1967)
Ilmo. Sr. D. José Maldonado Martínez.
Coches de choque
No especificados
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Jaén (Secc. 1ª) de 26 de enero de 2012 (JUR\2012\257581)
IIlma. Sra. Elena Arias-Salgado Robsy.
La olla "Gravísimas lesiones y secuelas"
Desestimación demanda por falta culpa o negligencia
Sin indemnización
79
SAP de Málaga (Secc. 6ª) de 15 de febrero de 2012 (JUR\2012\329483)
Ilmo. Sr. D. Antonio Alcalá Navarro.
La olla Fracturas, agravación depresión y perjuicio estético
Estimación parcial demanda
19.757,31 euros
SAP de Barcelona (Secc. 4ª) de 20 de febrero de 2012 (AC\2012\692)
IIlma. Sra. Mercedes Hernández Ruiz-Olalde.
Tobogán hinchable
No especificados
Desestimación demanda por falta culpa o negligencia
Sin indemnización
SAP de Córdoba (Secc. 1ª) de 14 de junio de 2012 (JUR\2014\98926)
Ilmo. Sr. D. José Francisco Yarza Sanz.
Barco vikingo
Torsión de pie izquierdo y fracturas diversas
Concurrencia de respons. (50% demandado)
1.928,73 euros
SAP de Murcia (Secc. 4ª) de 15 de noviembre de 2012 (AC\2012\2399)
Ilmo. Sr. D. Carlos Moreno Millán.
Diver magic
Traumatismo pierna (hospitaliz.) y perjuicio estético
Estimación demanda por culpa del demandado
34.733,98 euros
SAP de Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª) de 8 de febrero de 2013 (JUR\2013\316361)
IIlma. Sra. Pilar Aragón Ramírez.
Castillo hinchable
Fractura del húmero derecho
Desestimación demanda por caso fortuito
Sin indemnización
SAP de Asturias (Secc. 6ª) de 8 de julio de 2013 (JUR\2013\267757)
Ilmo. Sr. D. Jaime Riaza García.
Atracción de tiro
"Daño corporal"
Desestimación demanda interrupcion nexo causal
Sin indemnización
SAP de Barcelona (Secc. 1ª) de 26 de julio de 2013 (JUR\2013\329834)
Ilmo. Sr. D. Antonio Ramón Recio Córdova.
Toro mecánico
Fractura de la cabeza del húmero y secuelas
Estimación parcial demanda
45.747,67 euros
SAP de Barcelona (Secc. 19ª) de 14 de mayo de 2014 (JUR\2014\179228)
Ilmo. Sr. D. José Manuel Regadera Sáenz.
Camas elásticas
Graves e irreversibles lesiones (invalidez)
Desestimación demanda por culpa exclusiva víctima
Sin indemnización
SAP de Málaga (Secc. 4ª) de 31 de julio de 2014 (AC\2014\2211)
Ilmo. Sr. D. Manuel Torres Vela.
Mini Fórmula 1
Traumatismo muñeca izquierda
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Santa Cruz de Tenerife (Secc. 4ª) de 29 de septiembre de 2014 (AC\2015\1206)
Ilmo. Sr. D. Pablo José Moscoso Torres.
Coches de choque
Lesiones en cara, nariz y piernas
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de La Rioja (Secc. 1ª) de 22 de diciembre de 2014 (JUR\2015\51894)
IIlma. Sra. María del Puy Aramendía Ojer.
Prisión de Alcatraz
Fractura del tercio distal de varios dientes
Estimación demanda por negligencia demandado
9.822,06 euros
SAP de Barcelona (Secc. 16ª) de 17 de febrero de 2015 (AC\2015\707)
IIlma. Sra. Marta Rallo Ayezcuren.
Toro mecánico
Fractura de codo, perjuicio estético y cuadro ansioso
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Asturias (Secc. 6ª) de 23 de marzo de 2015 (JUR\2015\105718)
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jaime Riaza García.
Coches de choque
No especificados
Desestimación demanda por asunción del riesgo
Sin indemnización
SAP de Málaga (Secc. 4ª) de 3 de junio de 2015 (AC\2015\1327)
Ilmo. Sr. D. José Luis López Fuentes.
Sky bus Traumatismo craneoencefálico
Estimación demanda por teoría del riesgo
8.039,46 euros
80
SAP de Lugo (Secc. 1ª) de 2 de julio de 2015 (JUR\2015\180863)
Ilmo. Sr. D. José Rafael Pedrosa López.
Toro mecánico
No especificados
Concurrencia de respons. (50% demandado)
10.000 euros
