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PODER CONSTITUYENTE PARA LA RESOLICIÓN DEL CONFLICTO INTERNO COLOMBIANA
ANDRES MEJIA PIZANO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE DERECHO 2003
INDICE.
INTRODUCCIÓN.
1. Rawls & Habermas: Legitimidad y Derecho.
2. Protagonistas del conflicto y demás sujetos colectivos de la sociedad.
2.1. La expansión guerrillera.
a. Las FARC.
b. El ELN.
c. El EPL.
d. EL M-19.
2.2. La creciente paramilitar y su estrategia.
2.3. El Estado: el otro protagonista de la confrontación armada.
2.4. Sujetos colectivos marginados.
2.4.1. Consenso mínimo normativo y no un mero acuerdo de intereses.
3. Integración entre Derecho y Sociedad.
3.1. Características del prolongado conflicto colombiano.
3.2. El Derecho; la herramienta para atender el llamado de la sociedad.
CONCLUSIÓN.
BIBLIOGRAFÍA.
PODER CONSTITUYENTE PARA LA RESOLUCIÓN
DEL CONFLICTO INTERNO COLOMBIANO.
INTRODUCCIÓN.
El conflicto interno armado de Colombia parece prolongarse indefinidamente. La guerra
cumple ya más de medio siglo de existencia, durante el cual han perdido la vida miles de
colombianos. La preocupación que surge al pensar en por cuánto tiempo más pueda
extenderse esta situación, constituye la principal razón de esta investigación.
La hipótesis general de este estudio consiste en demostrar que existe una condición en
especial que debe cumplirse para resolver el conflicto interno armado colombiano, por
encima de todas las demás, en la que resulta imperativo comenzar a trabajar; se trata de
reformar la estructura del Estado colombiano, de tal manera que éste logre actuar como
mediador de las tensiones sociales que alimentan los enfrentamientos, y que el principal
instrumento para llevar a cabo esta reforma, ha de ser un poder constituyente inspirado en
el paradigma consensual-discursivo, que asegure la construcción de una verdadera
democracia participativa.
El presente artículo pretende confrontar una lectura del conflicto interno armado de
Colombia, de sus protagonistas y de las posibilidades y perspectivas de su eventual
resolución, con algunas posiciones tomadas de las teorías jurídicas de John Rawls y Jürgen
Habermas, que conforman lo que se conoce como el paradigma consensual-discursivo. Por
esa razón, una primera parte es dedicada al esbozo de los planteamientos de Rawls y de
Habermas que conforman este paradigma. No obstante, aquí no se pretende presentar una
descripción completa y exhaustiva de su filosofía jurídica.1
En una segunda parte, se parte del estudio de los protagonistas del conflicto interno armado
de Colombia y de los demás sujetos colectivos que conforman nuestra sociedad, con el
objetivo de demostrar los errores cometidos por la constituyente de 1991, que consideramos
explican el fracaso de este intento por crear un Estado capaz de asegurar la pacifica
convivencia de su población.
Una tercera parte contiene el estudio de las principales tensiones sociales que han
alimentado la guerra en Colombia y de la evolución histórica de sus principales
protagonistas, así como del análisis de ciertas características del conflicto interno armado
colombiano que explican su especial prolongamiento, para demostrar porque la necesidad
de un poder constituyente como estrategia para alcanzar la hasta ahora tan esquiva y
anhelada paz por la que suspiran todos los colombianos.
En otras palabras, por medio de este artículo se analizan elementos particulares del
conflicto interno armado colombiano que llevan a abogar por la conformación de un poder
1 Un análisis detallado del modelo consensual-discursivo y de la democracia participativa que implica adoptar un poder constituyente desde dicho paradigma, puede encontrarse en otros trabajos a entera disposición del lector. Se recomiendan, entre otras, las siguientes lecturas; Capítulos II y III en: Mejía Quintana, Oscar. “Derecho, Legitimidad y Democracia Deliberativa.” Bogotá, Ed. Temis, 1998.
constituyente que parta del paradigma ius-filosófico consensual-discursivo y que resulte en
un modelo de democracia participativa, que consideramos es el único capaz de asegurar
cualquier acuerdo de paz en Colombia.
1. Rawls & Habermas: Legitimidad y Derecho.
Este artículo respalda la tesis de Jürgen Habermas de que el Derecho es un instrumento de
reconciliación social y que los procedimientos jurídicos son el medio ideal y eficaz para
reintegrar una sociedad en conflicto. Aunque la tesis de Habermas fue construida pensando
en una sociedad poscapitalista, se cree que ella es igualmente válida y aplicable al análisis
de sociedades tradicionales en transición estructural dentro de un marco capitalista, como la
colombiana.
Aunque Habermas y Rawls provienen de tradiciones ideológicas diferentes, el primero del
pensamiento neo-marxista de la escuela de Francfort y el segundo de la filosofía política,
ambos hacen parte del ámbito de pensamiento democrático, socialista y liberal. Esto explica
porque Rawls infiere el Derecho a partir de postulados abstractos, mientras que Habermas
lo trata en forma sistémica. Por eso se afirma con frecuencia que la posición de Habermas
es comprehensiva, mientras que la de Rawls es explicativa de lo político y se limita a ello.2
No obstante, ambos autores resaltan la necesidad de una democracia deliberativa tendiente
a asegurar el desarrollo del pensamiento liberal. Este origen democrático común es lo que
2 Habermas, Jurgen & Rawls, John. Debate sobre el liberalismo político. Barcelona, Ediciones Piados Ibérica, 1998. Pp. 76.
lleva a ambos pensadores a compartir la idea de que los principios constitucionales que
rigen la sociedad moderna, deben ser de aceptación universal. Esto tiene como lógica
consecuencia, la eliminación de toda ética particular de tipo religioso, étnico, racial o de
clase, en una sociedad caracterizada por la gran variedad de grupos y de culturas que la
conforman. La validez de los postulados constitucionales fundamentales dependerá pues de
que toda la sociedad los considere justos, es decir, que la sociedad en su conjunto los
encuentre razonables. Al construirse la unidad social sobre principios universales y no
particulares, se evita que los requisitos de la justicia entren en conflicto con los intereses de
sus ciudadanos: “La unidad social se basa en un consenso sobre la concepción política; y la
estabilidad es posible cuando las doctrinas que forman el consenso son afirmadas por los
ciudadanos políticamente activos, y cuando los requisitos de la justicia no entran demasiado
en conflicto con los intereses esenciales de los ciudadanos, según se forman y promueven
mediante sus acuerdos sociales.”3.
La teoría de la justicia de Rawls tiene tres bases esenciales, a saber; lo que él denomina la
posición original, las instituciones y los fines de la justicia. Como su teoría gira alrededor
del montaje de un sistema jurídico justo y estable, hay que comprender que la posición
original se trata de una concepción teórica utilizada para arribar a los principios de justicia
que le darán validez a la totalidad de ese sistema jurídico. De esta manera, dichos principios
deben ser el resultado de un consenso logrado entre agentes libres e iguales que ignoren
cuál será su futuro rol en la sociedad, y que por tanto carezcan de intereses particulares que
representar. En palabras de Rawls, los agentes actúan como si estuvieran bajo el efecto de
lo que él llama “el velo de ignorancia”. “La posición original y el velo de ignorancia hacen 3 Rawls, John. Liberalismo Político. Barcelona, Gedisa Editores. 1997. Pp. 137
posible lograr un consenso mínimo unánime (no un mero acuerdo) sobre los principios de la
justicia que, de otra manera, sería difícil concertar con garantías procedimentales
suficientes para asegurar el contenido universal, autónomo y consensual de los mismos4.
Sobre las instituciones, Rawls señala que a partir de la mencionada posición original se
pasa a un congreso constituyente que la amplía, luego a un proceso legislativo que la
reglamenta, y por último a la puesta en marcha de la administración pública encargada de
aplicar las normas obtenidas. Para garantizar el equilibrio social, nos habla finalmente de
los fines de la justicia. Al respecto, lo esencial es que se permita la inclusión del disenso
dentro del consenso.
De esta forma propone un pluralismo razonable que busca la obtención de un consenso
entrecruzado, el cual constituye el eje central de la interpretación rawlsiana sobre una
democracia consensual-constitucional. “El consenso entrecruzado es un instrumento
procedimental de convivencia política democrática, que sólo mediante él puede ser
garantizado.”5 Su fuerza reside en la flexibilidad y transparencia del procedimiento político
de argumentación e interrelación ciudadanas. Para ello, deben existir en el seno de la
sociedad, varias doctrinas omnicomprensivas razonables, con su concepción del bien,
compatible con el pluralismo del régimen constitucional. La idea es alcanzar un
“...consenso entrecruzado de doctrinas omnicomprensivas razonables sobre los principios
4 Mejía Quintana, Oscar. “Derecho, Legitimidad y Democracia Deliberativa.” Bogotá, Ed. Temis, 1998. Pp. 179. 5Ibidem. Pp. 185.
de justicia, como macro-valores reguladores de la estructura social.”6 Adoptando este
marco deliberativo, los juicios convergen lo suficiente para que la cooperación política,
sobre la base del mutuo respeto, pueda mantenerse.
Lo anterior requiere de un proceso procedimental. La primera etapa es denominada por
Rawls, la etapa constitucional y en ella se satisfacen principios procedimentales de
convivencia política, autonomía y neutralidad, que no suponen ideas fundamentales acerca
de la persona o de la sociedad. La segunda etapa es la del consenso entrecruzado, en la
sociedad en general, que se logra una vez concretada la etapa constitucional. De los
principios de justicia depende el contenido del consenso. Así las propuestas legislativas y
ciudadanas garantizan un mínimos de bienes sociales primarios y no solo libertades
políticas, lo que obliga a los grupos políticos a plantear alternativas consistentes y
coherentes ante toda la sociedad.7 Las fuerzas que acuden al foro público de deliberación
política son las encargadas de presionar porque el consenso constitucional se convierta en
consenso entrecruzado, al convocar a los grupos rivales para la presentación de sus
perspectivas, lo que implica una justificación pública de sus posturas desde la base de su
propia concepción política. “Al hacer ello, deben formular puntos de discusión sobre la
concepción política de la justicia, lo cual permite la generalización del debate y la difusión
de los supuestos básicos de sus propuestas.”8.
Habermas, a diferencia de Rawls, se intereso más por analizar los procedimientos de
deliberación y formación de la voluntad y la opinión pública, encargados de crear los
6Ibidem. Pp. 186. 7 Ibidem. Pp 186. 8 Ibidem. Pp. 187.
valores fundamentales y por estudiar la manera como dichos valores van siendo
modificados dentro del proceso político democrático. De ahí su énfasis en los
procedimientos deliberativos que son los únicos que fundan legitimidad. Se trata entonces
de un proceso dialéctico, ajustado permanentemente por medio de consensos alcanzados
entre los distintos subsistemas del mundo de la vida, los cuales son; el económico, el
político y el socio-cultural. La crisis se produce cuando se presenta un desfase entre el
mundo de la vida y las normas que lo rigen. “La racionalización del derecho y la
colonización del mundo de la vida producen la relativización de las estructuras
convencionales de legitimación que, ante la desaparición del marco institucional existente,
dejan a la sociedad en su conjunto sin elementos de legitimación adecuados.”9. Habermas,
como Rawls, reserva la categoría de principios fundamentales, sólo a aquellos que han
contado con el consentimiento de todos los participantes.
Según esta teoría, las crisis de las sociedades pueden generarse en cualquiera de los
subsistemas que conforman el sistema social. De esta manera, cuando el Estado no logra
manejar la economía, éste subsistema entra en crisis, si los intereses particulares desbordan
al Estado, se produce una crisis de legitimidad político-administrativa y cuando la
distribución de recompensas no satisface las expectativas de la población, surge una crisis
de motivación. Estas son todas crisis estructurales que ponen el riesgo la totalidad del
sistema y pueden desintegrar gravemente la sociedad, dependiendo de la coyuntura
específica. En todo caso; “...el conjunto de crisis potenciales de carácter estructural y/o
sistémico conducen a un mismo punto: el déficit de legitimación en el que todas las demás
9 Mejía Quintana, Oscar. “La Teoría del Derecho y la Democracia en Jürgen Habermas: En torno a Faktizität Und Geltung”. Revista Ideas y Valores. Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1997. Pp. 34.
deficiencias estructural- funcionales descargan sus respectivas crisis y que hacen del
problema de la legitimidad en el Estado capitalista, como en el Estado patrimonialista, la
principal y permanente fuente de conflicto de las sociedades moderna y tradicional.”10.
Inicialmente, Habermas promueve el diálogo como instrumento para lograr la
reconstrucción normativa de la legitimidad, introduciendo los conceptos de “la acción
comunicativa” y “la ética del discurso”. 11
La acción comunicativa hace referencia a la comunicación y argumentación libres de
coacción externa, que son las únicas que posibilitan el entendimiento, objetivo central del
lenguaje. Mediante dicho diálogo se alcanzan nuevos consensos basados en el principio
discursivo, con los cuales se hace posible hallar una salida de la crisis social.
La ética del discurso por su parte, está basada en dos principios fundamentales: i) el
principio de universalidad y; ii) el principio de argumentación moral.12 No obstante, el
autor aquí estudiado reviene sobre su argumentación inicial, para introducir al Derecho,
como la herramienta por excelencia, para resolver las crisis de ilegitimidad en las
sociedades capitalistas. La crisis se resuelve finalmente a través de un enfoque
constitucional.
Las propuestas de ambos autores convergen formando el paradigma consensual-discursivo,
a través del cual se asegura una democracia basada en consensos y no en la ley de las
mayorías. Sus planteamientos han sido brevemente expuestos al principio de este artículo,
10Op cit. 4. Pp. 212. 11 Opcit. 4. Pp. 228 a 230. 12 Op. Cit. 4. Mejía Quintana, Oscar. Pp. 229.
por considerarlos de extrema utilidad para el entendimiento de la crisis de legitimidad por
la que atraviesa el Estado colombiano y que conforma la principal fuente de su conflicto
interno armado. Igualmente y como se expresa a lo largo de este trabajo, consideramos que
estos planteamientos nos presentan una herramienta fundamental para trabajar en la
consecución de la unidad nacional y para reconstruir el tejido social. Se trata de la
democracia participativa, que consideramos es la única capaz de garantizar la expresión
plena de la sociedad. A través de un proceso de diálogo, del cual nadie se vea excluido, se
pueden lograr consensos fundamentales, que al traducirse en normas de Derecho, facilitarán
el proceso de reconciliación nacional.
2. Protagonistas del conflicto y demás sujetos colectivos de la sociedad.
Partiendo del análisis de los principales protagonistas del conflicto interno colombiano y de
los demás sujetos colectivos que conforman la sociedad colombiana, se pretende subrayar
ciertos problemas de la constituyente de 1991 que explican porque la actual Constitución
no abrió los canales democráticos necesarios para garantizar una efectiva participación y
para garantizar el éxito del Estado en su papel de mediador.
Existe una característica común a todos los actores armados que aún combaten dentro del
conflicto interno armado de Colombia y que explica en parte la dificultad de llegar a
acuerdos políticos con dichas organizaciones, a la vez que ayuda a comprender su tan
negativa ausencia del proceso político que tuvo lugar en 1991 y a través del cual se produjo
nuestra actual Carta Política. Se trata de la ausencia de una brazo político que los represente
y que pueda ser claramente diferenciado de su brazo armado13, de tal manera que participe
activamente en la vida política de la nación. La responsabilidad en este punto no recae
exclusivamente en la carencia de una estrategia política de parte de dichas organizaciones
armadas. Desafortunadamente y como quedo demostrado con el genocidio de los
integrantes de la Unión Patriótica, el Estado Colombiano y en especial la irresponsabilidad
de su clase política y de sus Fuerzas Militares, explican el porque de esta situación tan
desfavorable para la realización de acuerdos políticos de los que pueda partir una salida
negociada al conflicto armado colombiano.14
Esta parte dedicada al estudio de los actores armados contiene reflexiones acerca de sus
métodos de financiamiento y de las estrategias política, económica y militar de las
guerrillas y los paramilitares, protagonistas ilegales de esta guerra que ya sobrepasa medio
siglo de existencia. Como veremos a continuación, sus características degeneran en
condiciones que han facilitado el recrudecimiento del conflicto colombiano y que han
hecho del mismo uno de los más largos en su género en el mundo. Lógicamente hay un
sinnúmero de condiciones que contribuyen al prolongamiento de la guerra en Colombia que
sobrepasan la esfera misma de sus principales protagonistas y que serán analizados más
adelante.15
13 Un ejemplo de organizaciones armadas con clara representación política se encuentra en el conflicto armado del Norte de Irlanda. El acuerdo conocido como “Good Friday Agreement” sería el resultado de que las partes puedan adelantar pactos políticos en medio de la lucha, pactos que facilitan enormemente la resolución del conflicto. 14 Una salida militar no se considera factible en el caso colombiano. Al respecto, ver: Zartman, William. "The unfinished Agenda". 1999. 15 Tercera Parte de este artículo.
Se trata de demostrar como para que un conflicto armado se prolongue y complique de la
manera en que se ha prolongado y complicado el conflicto colombiano, se deben reunir
ciertas condiciones en las características propias de sus protagonistas, características en las
que se profundizó a lo largo de esta investigación. La mejor manera de alcanzar este
objetivo es realizando un parale lo entre guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas, que gire
en torno a su evolución histórica, a sus estrategias militar, política y económica y a sus
fuentes de financiamiento, comenzando por las guerrillas como principal promotor de la
lucha armada, siguiendo con el estudio de los paramilitares, últimos en entrar en escena
pero cuya fuerza e importancia a alcanzado niveles antes inimaginables y, terminando con
las fuerzas armadas, desde el origen presentes en el combate. Comencemos pues con el
estudio de las guerrillas colombianas.
2.1. La expansión guerrillera.
El surgimiento de los primeros focos guerrilleros en Colombia se remonta a épocas del
llamado período de “La Violencia”, caracterizado por constantes enfrenamientos entre
liberales y conservadores. A partir de entonces comienzan a jugar otra serie de factores que
determinarán la consolidación de algunos de estos grupos guerrilleros de primera
generación, la desaparición de otros y el surgimiento de una segunda generación de grupos
subversivos. A continuación se hace un recuento histórico de cada uno de los grupos
guerrilleros que han protagonizado la lucha armada en Colombia, comenzando por los de
primera generación y terminando con aquellos que resultaron de la segunda oleada de
formación guerrillera en el país.
a. Las FARC.
El principal grupo guerrillero en Colombia en razón de su edad, tamaño, despliegue e
influencia dentro del territorio nacional han sido las FARC. Los orígenes de este grupo
guerrillero se remontan al período comprendido entre 1948 y 1966 cuando se produjo la
llamada “resistencia armada comunista” protagonizada por grupos de campesinos
desplazados de zonas afectadas por la violencia partidista en los departamentos del Tolima,
sur-occidente de Cundinamarca y posteriormente en Ariari-Meta. Sin embargo, no es sino
hasta 1966 que las FARC se consolidan como guerrilla comunista con miras a alcanzar la
toma del poder. De ahí en adelante, las diferentes conferencias de dicho movimiento
marcaron, como lo sugiere Camilo Echandía 16, lo que sería su continua evolución y
proceso de desarrollo. La primera, celebrada en Marquetalia en el año de 1964, marcó su
inicio y creó el Bloque Armado del Sur integrado por los destacamentos de Marquetalia,
Riochiquito, Pato, Guayabero y sureste del Tolima; la segunda ocurre en el año de 1966 y
marca la transformación de las “autodefensas comunistas” en Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC; la tercera tiene lugar en marzo de 1969 y como
resultado la creación de un nuevo frente en el área del Magdalena Medio en límites entre
Boyacá y Santander; dos años más tarde se abre un nuevo frente en el área general de
16 Echandía, Camilo. “Expansión territorial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia.” En; “Reconocer la guerra para construir la paz.” María Victoria Llorente y Malcolm Deas, Compiladores. Bogotá. Ediciones Uniandes-Cerec-Norma. 1999. Pp. 104.
Urabá con la realización de la cuarta conferencia en El Pato en abril de 1971. Tres años más
tarde en el mismo lugar, se lleva a cabo la quinta conferencia mediante la cual se reorganiza
el Estado Mayor, se crea el secretariado como organismo permanente y se dictan algunas
normas relativas a aspectos financieros de la organización. La sexta conferencia tiene lugar
en 1978 en la región del Duda; la séptima ocurre entre los años de 1981 y 1982 y se
caracteriza por la creciente importancia dada a los temas militares, lo que refleja la
transformación que durante esta década sufrirá la organización en detrimento de lo político-
ideológico y a favor de lo económico-militar. En ese momento, la organización pasa a
llamarse FARC-EP, significando la consolidación del Estado Mayor, del secretariado y de
sus diferentes frentes, así como las nuevas características de ejército del pueblo que
pretende adoptar.
Los años setenta son el punto de referencia donde comienza su dinámica de expansión. A
partir de entonces, la organización adopta una estrategia de crecimiento basada en el
desdoblamiento de cada frente hasta conseguir la creación de uno por departamento. No
obstante, el verdadero punto de quiebre en el proceso de evolución de las FARC como lo
identifica Alfredo Rangel17, corresponde al inicio y transcurso de la década de los ochenta.
Gracias al proceso de expansión cocalera y al planteamiento y la puesta en marcha de
estrategias de largo plazo. Esto explica el número creciente de frentes que se consolidaron
en el Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca, Santander y la Sierra Nevada de Santa
Marta.
17 Rangel, Suárez. Alfredo. “Colombia; guerra en el fin de siglo.” Capítulo 2. Bogotá, Tercer Mundo Editores-Unandes, 1998.
Sumándose a la estrategia de desdoblamiento y a los recursos provenientes del cultivo de la
coca, así como a la disminución de la acción de la fuerza pública a causa del narcotráfico
que comienza a ocupar un lugar prioritario en el tema de seguridad nacional, aparece la
tregua con la administración Betancur que se extendió por un poco más de tres años a partir
de marzo de 1984. Todos estos factores determinaron la expansión territorial y el
crecimiento militar de las FARC durante la década de los ochenta.
Con el transcurso del tiempo, las FARC, cuyo origen se da en zonas de colonización,
comienza a inscribirse en los principales polos productivos del país, sacando provecho de
actividades como la ganadería, la agricultura comercial y la explotación petrolífera, entre
otras. Establecen redes de poder en zonas de frontera y cercanas a los litorales del país
importantes por los vínculos de la guerrilla con la práctica del contrabando. Ya para la
década de los noventa, este grupo guerrillero dirige su estrategia de expansión hacia los
centros de poder más importantes del país, los nervios de la agricultura moderna, y en
general los sectores más dinámicos de la economía nacional, al tiempo que fortalecen sus
milicias urbanas en las ciudades más importantes del país. Este grupo no formó parte de los
acuerdos de paz firmados con la subversión por la administración Gaviria y en
consecuencia, no participó en la constituyente de 1991.
Todo lo anterior permitió que este grupo guerrillero llegará muy fuerte a la mesa de
negociación que se instauró en 1998 con la elección del presidente Pastrana y de la cual
salió aún más fortalecido tras haber disfrutado durante casi todo el período presidencial de
un territorio del tamaño de Suiza denominado zona de distensión.
b. El ELN.
En lo que se refiere al ELN, los orígenes de esta organización se remontan a la década de
los sesenta, más precisamente al 4 de Julio de 1964. Esta organización se desprende de una
perspectiva foquista con una fuerte influencia del tipo de guerrilla que lideraron Fidel
Castro y Ernesto Che Guevara en Cuba, cuya revolución culmina de manera exitosa. El
ELN es un claro intento por reproducir dicho modelo. En cuanto a su componente original,
el núcleo de la organización está compuesto por: elementos de la Brigada José Antonio
Galán, residuos de la guerrilla liberal de Rafael Rangel y miembros de algunos
movimientos sindicales y estudiantiles de la época. Echandía18 nos muestra como en los
primeros años de la organización se trató de pasar en lo militar, de los grupos de pequeñas
guerrillas que operaban en las zonas de frontera agrícola, lejos de los polos de desarrollo y
de los centros del poder, a columnas guerrilleras en zonas de mayor actividad económica y
población. Durante esta etapa inicial de expansión que termina en el año de 1973 con la
contundente derrota que les propina el ejército en Anorí y que por poco acaba con el ELN,
el radio de acción de la organización se limitó a los departamentos de Santander, Antioquia
y Sur del Bolívar.
1983 constituye el punto de quiebre a partir del cual este grupo comienza a registrar un
crecimiento significativo asociado a la extorsión de compañías extranjeras de exploración y
explotación petrolera, en especial las encargadas de la construcción del oleoducto de Caño
Limón – Coveñas. Barrancabermeja, siendo el centro de la actividad petrolera, cobra una 18 Op Cit. Echandía. Pp. 110.
importancia especial junto con sus alrededores para este grupo. Para el ELN como para las
FARC, la década de los ochenta introduce la estrategia de desdoblamiento de frentes.19 A
partir de ese momento y hasta hoy, la organización viene siguiendo su estrategia de
expansión a través de la creación de nuevos frentes e intentando establecerse en centros de
importante actividad económica. Además del petróleo, también se han nutrido de la
economía aurífera y bananera entre otras. Su presencia ya no se limita a las zonas de
montaña y colonización y como las FARC han logrado penetrar los principales centros
urbanos del país. Esta organización se encuentra hoy en día dispersa por razones
estratégicas, aprovechando zonas geográficas que le permiten evadir la acción de las
autoridades e impedir que su existencia general se vea amenazada por posibles reveces
sufridos por cualquiera de sus frentes.
Al igual que las FARC, no participó de la paz parcelada promovida durante el gobierno
neo- liberal de Gaviria y estuvo ausente del debate político de 1991. Durante la
administración Pastrana fue víctima de una subvaloración política que contrastaba con la
atención dedicada al proceso adelantado con la FARC y que imposibilitó el
aprovechamiento de un momento propicio para iniciar una negociación de paz
c. El EPL.
El último grupo guerrillero incluido dentro de las organizaciones de primera generación
insurgente en Colombia es el EPL. Entre los años de 1967 y 1970 el grupo logra
consolidarse como organización subversiva con influencia en la región del Alto Sinú y San
Jorge, extendida hacia el Bajo Cauca y Urabá en Antioquia. Como resultado del conflicto 19 Op Cit. Echandía. Evolución de la localización de los frentes del ELN. Pp. 110.
internacional suscitado entre las tesis comunistas de China y la Unión Soviética, el partido
comunista colombiano se divide y entra en escena el Ejército Popular de Liberación como
brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista. Tras caer varios de sus líderes en
manos del ejército colombiano, entre los cuales sobresale la muerte en combate de Pedro
León Arboleda en 1975, el grupo se paraliza y no es reactivado sino hasta 1978 cuando se
gesta una ruptura con la tesis maoísta que más tarde se consolidó en el XI Congreso del
PCML en abril de 1980. En la década de los ochentas el EPL se concentra principalmente
en los grandes centros industriales tanto urbanos como agrarios con énfasis en el Urabá
antioqueño, Córdoba y el Viejo Caldas. Durante esta etapa se amplió también su influencia
en Antioquia, Putumayo y el Norte de Santander donde coexisten explotaciones petroleras
y zonas de colonización. En cuanto a los centros urbanos, su mayor tradición se encuentra
en Medellín.20 Como las FARC, el EPL firma un documento de paz con el gobierno de
Betancur el 23 de agosto de 1984, tregua que fue hábilmente aprovechada para expandirse
hacia nuevas regiones y para aumentar el número de sus frentes y combatientes.
La posterior tregua firmada con el gobierno de Gaviria en 1990 marcó el inicio del proceso
de declive y desmovilización de este grupo guerrillero. A partir de entonces su estructura
militar se ve duramente golpeada por las fuerzas armadas del Estado y su base social y
política severamente afectada por los grupos paramilitares, en especial los de las regiones
de Córdoba y Urabá. Su desaparición sin embargo no es posible, gracias a la ruptura de un
sector liderado por Francisco Caraballo que en 1995 contaba con trece frentes y alrededor
de cuatrocientos hombres. Con un EPL muy debilitado terminamos pues el ciclo de
20 Op. Cit. Echandía. Evolución de la localización de los frentes del EPL. Pp. 118.
movimientos guerrilleros de primera generación insertadas dentro del proceso global de la
Guerra Fría.
d. El M-19.
Durante las décadas de los setenta y ochenta nace una nueva oleada de organizaciones
guerrilleras comúnmente denominadas como de segunda generación. Ellas se caracterizan
por tener una fuerte influencia del proceso político-militar centro-americano y por defender
un nuevo pensamiento político que difiere del de las guerrillas anteriormente estudiadas.
Entre estos grupos guerrilleros se encuentran el Movimiento Revolucionario 19 de Abril
(M-19), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), la Corriente de Renovación
Socialista (CRS), la Autodefensa Obrera (ADO), el Partido Revolucionario de los
Trabajadores (PRT), el Frente Ricardo Franco y el MIR-Patria Libre.21 Su aparición jalonó
un proceso de unidad guerrillera que resultó en la Coordinadora Nacional Guerrillera y
posteriormente en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. De todas las anteriores
conviene mirar con mayor detenimiento el caso del M-19 por la espectacularidad de sus
acciones y el tránsito de las armas a la política que los llegó a colocar como la tercera
fuerza electoral del país.
La gestación del M-19 fue el fruto de la reacción que tuvieron algunos sectores de la
Alianza Nacional Popular (ANAPO) y diversas corrientes de izquierda ante lo que se
21 Para profundizar en el estudio de estas organizaciones, ver; “De las Armas a la Polít ica.” Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero (Compiladores). Bogotá, TM Editores. Iepri UN, Abril 1999.
considero como el fraude electoral que le arrebató la presidencia al general Rojas Pinilla en
las elecciones de 1970. Dichas elecciones marcaron el fin de la alianza bipartidista para
turnarse el poder durante cuatro períodos consecutivos que culminaron con la elección de
Misael Pastrana Arango. Sin embargo, la acción que dio a conocer la existencia del nuevo
grupo insurgente ocurrió el 17 de enero de 1974 cuando un comando ocupa la Quinta de
Bolívar y sustrae la espada del Libertador. En palabras de Jaime Zuluaga Nieto, la
presencia del M-19 “... marcó una ruptura en la tradición de la izquierda armada
revolucionaria: reconoció lo urbano como espacio de lucha, reivindicó la
“democratización” del régimen, se dirigió a los pobladores y no solamente a la clase obrera,
cambió el tradicional lenguaje de la izquierda insurgente y no se alineó en ninguna de las
posiciones en que se dividía el movimiento comunista internacional. Su influencia política
fue mayor que su fortaleza militar, fue más corriente de opinión que organización y jugó un
papel decisivo en la conquista de espacios de la política para el movimiento insurgente.”22.
La siguiente acción del grupo que acaparó la atención de los medios de comunicación fue la
toma de la embajada de la República Dominicana con varios diplomáticos incluido el
embajador de los Estados Unidos. Ello abrió la posibilidad de una salida política negociada
del conflicto armado. En efecto, en 1982 el presidente Betancur obtuvo del Congreso la
aprobación de una generosa ley de amnistía y firmó acuerdos de tregua armada con las
FARC, el M-19 y el EPL. Sin embargo, dichos acuerdos no se sostuvieron y tan sólo
facilitaron el fortalecimiento militar de las guerrillas y la erosión de su legitimidad política,
al tiempo que se fortaleció el paramilitarismo a la sombra de la impunidad oficial y de su
22 “De Guerrillas a Movimientos Políticos (Análisis de la experiencia Colombiana: El caso del M-19) Por: Jaime Zuluaga Nieto. En: “De las Armas a la Política.” Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero (Compiladores). Bogotá, TM Editores. Iepri UN. Abril 1999. Pp. 3.
articulación con sectores de las fuerzas armadas, la violación sistemática de los derechos
humanos por parte de las fuerzas armadas en la lucha contrainsurgente y la irrupción del
narcoterrorismo. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985 y su contra-
toma de parte del Ejército marcaron el fin del proceso de paz y la nueva militarización de la
vida nacional, al tiempo que se produjo una irrupción definitiva del narcotráfico y el
paramilitarismo en el conflicto armado.
Disminuido política y militarmente a raíz del fracaso que constituyó la toma del Palacio, el
M-19 aceptó negociar su desmovilización en 1989 en medio de la intensificación de la
acción terrorista de sectores del narcotráfico y del ascenso del paramilitarismo en algunas
regiones del país. El secuestro de Álvaro Gómez Hurtado en 1988 propició el encuentro
entre diversos sectores sociales y políticos que demandaron del gobierno de Barco la
definición de una nueva política de paz. El gobierno respondió poco tiempo después con la
llamada Iniciativa para la Paz (septiembre de 1988), la cual fue rechazada por la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar pero acogida unilateralmente por la comandancia
del M-1923.
El tránsito de este grupo guerrillero de las armas a la política se produjo en medio de la
agudización de la violencia por el narcotráfico, la intensificación del conflicto armado, el
desbordamiento de otras formas de violencia y un colapso parcial del Estado, todo lo cual
se expresó en una fuerte crisis de gobernabilidad. Sin embargo; “La presencia de la Alianza
Democrática M-19 (ADM-19), organización que agrupó a sectores del M-19, y a sectores
del EPL, el PRT y el MAQL, así como fuerzas y corrientes democráticas y de izquierda, 23 García-Peña, Daniel. Perspectiva histórica de los procesos de paz. Bogotá, Universidad de los Andes. 2002.
fue determinante para la apertura política de comienzos de los noventa y, en particular, para
la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el diseño y aprobación de la
Constitución Política de 1991 y el cambio de régimen político.”24.
Desdichadamente, dichas negociaciones condujeron tan sólo a una paz parcelada en la que
brilló la ausencia de los principales grupos guerrilleros de primera generación. Como
consecuencia de lo anterior, la Constituyente de 1991 que buscó reivindicar el régimen
democrático mediante la nueva Carta Política, no constituyó un proceso de debate
conformado por la totalidad de los actores en conflicto y de los sectores que conforman la
sociedad colombiana. Por esa razón, su representatividad y legitimidad son ambas hoy en
día altamente cuestionadas. Este punto es fácil de entender desde la perspectiva de Rawls,
pues al no encontrarse presentes todos los sectores y personalidades colectivas de la
sociedad colombiana en el debate político que se realizó en 1991, era lógico esperar que las
herramientas para la apertura del espectro democrático carecieran de efectividad y consenso
como habría de quedar demostrado en la práctica durante los años siguientes a la adopción
de la actual Constitución Nacional.
Con el análisis de este último grupo guerrillero y de su tránsito hacia la legalidad, se
completa la periodización de lo que puede considerarse el movimiento insurgente de
izquierda en Colombia. Así mismo, se reconoce la gran diversidad de formas que revisten
los grupos insurgentes en Colombia y la manera como la realidad histórica de sus
nacimientos y momentos más relevantes de evolución determinan el carácter ideológico y
las estrategias militares, económicas y políticas de cada organización. Las diferencias 24 Op. Cit. 22. Pp. 33.
ideológicas, económicas y políticas existentes entre cada organización ayudan a revelar el
problema que se genera al excluir cualquiera de estos grupos subversivos, de un debate
político que pretende lograr una reconciliación nacional y gozar de entera legitimidad.
Según Alfredo Rangel,25 son tres los tipos fundamentales de financiamiento de las
guerrillas que se pueden identificar; el predatorio, el parasitario y el simbiótico. Siendo el
primero, aquel que se ejerce en zonas donde la presencia guerrillera se da de manera muy
esporádica y cuyas formas de sustracción son el abigeato, el secuestro y la extorsión. El
segundo, denominado parasitario, compuesto por actividades como el boleteo, la vacuna, el
pago por servicio de vigilancia a cultivos de narcóticos y la extorsión y que se presenta en
zonas de expansión guerrillera. Y el tercero, simbiótico, que se presenta en áreas donde la
guerrilla forma parte integrante y funcional de la economía regional, en actividades tales
como la minería, el narcotráfico, la ganadería y la agricultura.
Clientelismo armado o apropiación de bienes públicos por medio de las armas, presión
armada sobre candidatos y votantes y funciones clientelistas gamonales ejercidas por la vía
del terror y no muy distintas de las realizadas por las elites partidistas tradicionales, así
como el asesinato de alcaldes, concejales y gobernadores, componen el marco del
terrorismo político que actualmente desarrolla la guerrilla. Todo gira alrededor del
planteamiento de Mao Ze Dong de sustituir el gobierno legítimo a nivel local, siguiendo la
lógica de que quien ejerza el control de la fuerza, ganara también como consecuencia el
control político y fiscal.
25 Rangel Suárez, Alfredo. Colombia: guerra en el fin de siglo, Bogotá, Tercer Mundo Editores-Uniandes, 1998, Capitulo 2 (“Violencia política y guerra de guerrillas en Colombia”).
2.2. La creciente paramilitar y su estrategia.
Como antecedentes de los grupos paramilitares en Colombia encontramos, entre otros, a los
escuadrones armados por los gobiernos conservadores posteriores a 1946, que sembraron el
terror en varias regiones del país, en especial en los departamentos del Valle del Cauca y
del Tolima. Su principal propósito era evitar el retorno al poder del Partido Liberal.
“Desde mediados de los años 40, el Partido Conservador inició un proceso de oposición en
contra del Partido Liberal, a partir de lo cual se impulsó el uso de la violencia legítima
como marco para la organización de grupos irregulares armados, que en principio buscaban
paralizar la participación electoral del liberalismo. El Partido Conservador organizaba a su
gente, los chulavitas, como grupos irregulares dirigidos por la policía, que eran reclutados
en las prisiones, en las zonas conservadoras y que eran seguidores incondicionales del
régimen conservador de aquel momento.”26.
Identificamos como momento de su surgimiento, los tropiezos de la política de paz de la
administración Betancur y como sus principales patrocinadores a propietarios agrarios
inversionistas en el negocio del narcotráfico (Pablo Escobar, Jorge Ochoa, Santiago
Londoño y Rodríguez Gacha, entre otros). El movimiento MAS (muerte a secuestradores),
26 Conferencia pronunciada por Alfredo Molano en el curso: El Conflicto colombiano y sus perspectivas., realizado por el Observatorio Solidaritat en el marco de Los Julios de la Universidad de Barcelona. Antecedentes históricos del conflicto colombiano: algunas claves interpretativas. En; http://www.ub.es/solidaritat/observatori/esp/colombia/análisis/molano.htm
fue una experiencia piloto. Un hecho que puede parece anecdótico: el secuestro por parte
del M-19, de Martha Nieves Ochoa, hermana de miembros del cartel de Medellín, refleja
una de las principales causas del escalamiento del paramilitarismo; la respuesta mafiosa
frente a la extorsión y el secuestro realizados por la guerrilla.27
Los paramilitares como se puede ver en la obra de Fernando Cubides28, han hasta ahora
respondido a una ideología tosca y sin arandelas ni pretensiones ideológicas, sujeta tan sólo
al curso de los acontecimientos, así como al seguimiento de las acciones de la guerrilla.
Toda su ideología se resume en el hecho de que se constituyen como grupos armados al
margen de la ley y de las convenciones de Ginebra sobre el Derecho de la guerra, para
combatir a la insurgencia en razón de la incapacidad que han demostrado el Estado
colombiano y sus fuerzas militares para hacerlo con eficacia. La lógica detrás de ello, es
que como el Estado es incapaz de ofrecer protección, tampoco puede entonces demandar
obediencia.
La versión rendida por Castaño pone de presente su conocimiento respecto de la guerrilla,
sus intereses personales como víctima directa de la misma, la inicial etapa de colaboración
y adiestramiento con el ejército y la posterior convicción de que los métodos de guerra
regulares utilizados por las fuerzas militares serían siempre ineficaces frente a la lucha
contra la insurgencia.
27 Pardo, Rafael. De primera mano: Colombia 1984-1994: entre conflictos y esperanzas. Bogotá, Editorial Norma, 1996. Pp. 55. 28 Fernando Cubides. “Los paramilitares y su estrategia.”, en Malcolm Deas y María Victoria Llorente (compiladores), Reconocer la guerra para construir la paz, Bogotá, Uniandes-Cerec-Norma, 1999.
Con el tiempo, la estrategia paramilitar registra un cambio fundamental; se pasa de la
defensa de los territorios de sus financiadores, a una expansión ofensiva que busca generar
presencia paramilitar en donde quiera que exista presencia guerrillera. La forma de
contrarrestar su inferioridad numérica, organizativa y logística frente a la guerrilla, es
actuando directamente contra la población civil encargada de brindar apoyo a la
insurgencia. En sus comienzos esto se lleva a cabo de manera desproporcionada e
indiscriminada, lo que permitió que en su momento, los paramilitares fueran responsables
de la gran mayoría de muertes que arrojaba el conflicto.
El dispositivo actual de estos grupos consiste en aumentar en función del crecimiento
guerrillero imitando sus métodos y tácticas y buscando consolidar su posición en territorio
guerrillero, lo que constituye el marco general de la lucha entre guerrilla y paramilitares por
el control de las zonas económica y políticamente claves del país.29 Por más de que los
paramilitares defienden sus propios intereses, es impensable negar el carácter cada vez más
político de su organización.
Con la posesión de Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República, los paramilitares
al mando de Castaño comenzaron manifestado que de lograrse avances reales de
negociación con las FARC, ellos se desmovilizarían. Insisten en que debe realizarse un
rompimiento entre narcotráfico y autodefensas. El gobierno de Uribe ya expidió un Decreto
que extiende el indulto a los miembros de organizaciones paramilitares que decidan
desertar de forma individual.30
29 Op. Cit. Rangel, Suarez. La estrategia paramilitar. Pp. 49. 30 El Tiempo. Enero 29 de 2003.
2.3. El Estado: el otro protagonista de la confrontación armada.
Las fuerzas militares son la institución encargada de la seguridad nacional. Sin embargo y
como veremos a continuación, es la precariedad del conjunto de las instituciones del Estado
a la hora de defender el monopolio de la fuerza y de mediar como arbitro de las diferentes
tensiones sociales que se presentan en el país, lo que ha contribuido enormemente a la
prolongación y el agravamiento del conflicto colombiano.
El régimen de propiedad privada siempre al servicio de los grandes terratenientes se
encuentra en el origen mismo del conflicto colombiano. El Estado ha sido incapaz de
aprobar una reforma agraria que asegure la función social de la propiedad en parte gracias a
que tanto el ejecutivo, como el legislativo han estado siempre al servicio de los intereses de
las clases dominantes. Lo mismo se ha evidenciado en torno al problema del poder y de la
participación política. Gracias a los intereses de las elites partidistas, que han sabido
enriquecerse a través de su permanencia en el poder y en los diferentes cargos públicos, ha
sido imposible llevar a cabo reformas constitucionales que garanticen la participación
política de todos los sectores colectivos que conforman la nación. El más grave ejemplo de
esta nefasta situación lo constituye el esquema restringido de democracia impuesto por el
neoliberalismo a la Constitución de 1991, cuyos artículos relativos a la participación
popular fueron redactados de tal manera que su efectividad quedó amarrada a
procedimientos y formalismos que inevitablemente la obstaculizan cuando no la
imposibilitan. 31 Esto ha tenido como resultado la constante generación y el mantenimiento
de profundas tensiones sociales que día a día alimentan el enfrentamiento armado.
A lo anterior se suma la precariedad de las fuerzas armadas y demás instituciones del
Estado a la hora de garantizar la seguridad nacional y de defender el monopolio de la fuerza
pública. Retomemos la cita del General Valencia Tovar expuesta por Leal Buitrago en su
escrito acerca de la seguridad nacional:
“Este es un país de cuatrienios: cada presidente rompe con el pasado y entra a revolcar el
país con su esquema de salvación: diseña nuevas políticas si es que se pueden llamar así
las improvisaciones. Esas improvisaciones han caracterizado también los frentes externo e
interno. Sólo en parte la ausencia de políticas ha sido reemplazado por el estamento
militar.”32
En efecto, la seguridad nacional en Colombia ha estado marcada por la división misma de
las instituciones del Estado dentro del régimen democrático. A pesar de su condición como
democracia menos irrespetada del continente con sólo un golpe militar y el posterior
gobierno de una junta militar, el funcionamiento de su seguridad nacional ha estado, al
menos durante la segunda mitad del siglo pasado desde el frente nacional hasta el fin de la
guerra fría, a merced de la constante división entre el ejecutivo, como gobierno civil y la
31 Ver; Formisano Prada, Maritza y Mejía Quintana, Oscar. “La Asamblea Constitucional como Instrumento de Reforma Política en Colombia”, en: Pensamiento Jurídico No. 11. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1999. 32 Francisco Leal Buitrago. La Seguridad Nacional a la Deriva, Capítulo Dos “Seguridad Nacional Sin Política Militar de Es tado. Del Frente Nacional al Fin de la Guerra Fría”. Bogotá, Alfaomega-Uniandes-Flacso. 2002. El autor manifiesta su acuerdo con esta afirmación del General Valencia Tovar citada en la página 42 del Libro y expresada dentro de una Entrevista otorgada en febrero de 1992.
comandancia de las fuerzas militares. La precariedad de las instituciones castrenses se
explica en parte por las exclusiones en materia de política de paz y de seguridad nacional de
las que han sido víctimas sus altos funcionarios.
La unanimidad que hasta hace poco se constataba en las zonas más afectadas por el
conflicto en contra de los militares, era fácilmente comprensible no solamente en razón de
sus excesos, sino también por el carácter pasajero de sus incursiones y porque no solían
establecer redes estables de dominio salvo para confiarlas a los paramilitares con quienes
raras veces sostenían enfrentamientos armados. Este comportamiento deja a la población
civil sin protección alguna en medio del terror de la guerra librada entre las guerrillas y los
paramilitares, que generalmente se desarrollan en zonas muy apartadas del territorio
nacional.
Durante la administración Pastrana se comenzó a trabajar en la reestructuración de las
fuerzas militares con el apoyo estadounidense dentro del marco del llamado Plan
Colombia.33 Sin embargo, la ayuda militar otorgada por Estados Unidos se encontraba
enfocada a la erradicación de los cultivos ilícitos siguiendo las políticas prohibicionistas de
dicho país. De esta manera la seguridad nacional quedó supeditada a los intereses
norteamericanos, lo que a su vez contribuyó a estimular las actividades terroristas y de
sabotaje por parte de los diferentes grupos armados que lógicamente se vieron amenazados.
Durante la actual administración Uribe se han comenzado a ver los frutos de los esfuerzos
realizados por modernizar las fuerzas militares, al tiempo que el Estado se perfila cada vez
33 Ibidem. Capítulo 5; ¿Seguridad nacional, regional o de Estados Unidos? Gobierno de Andrés Pastrana Arango, 1998-2002.
más autoritario, resultado, como lo describe Horkheimer34, de un contexto de crisis en el
que es indispensable superar definitivamente una situación de anarquía y de desorden.
2.4. Sujetos colectivos marginados.
La constituyente de 1991 estuvo compuesta básicamente por fuerzas políticas conformadas
por miembros de algunos grupos armados que hacían su tránsito a la legalidad y miembros
de las fuerzas políticas tradicionales. Por esa razón una serie de sujetos colectivos que no
hacían parte de los grupos guerrilleros desmovilizados ni se han visto nunca representados
por los partidos tradicionales, se vieron de nuevo excluidos del nuevo acuerdo político.
Dichos sujetos colectivos están compuestos en su mayoría por minorías nacionales y grupos
étnicos.35 Las minorías nacionales36están conformadas por grupos de individuos asentados
sobre un territorio ancestral (anterior a la creación del estado global), que conforman una
comunidad histórica con una lengua y cultura común y propia y cuya institucionalidad es
considerada, en mayor o menor grado, completa. Se trata de todos los grupos indígenas que
habitan en territorio colombiano desde antes de la conquista española. Para representar a
todos estos grupos indígenas ante el Senado de la República, la Constitución de 1991
consagró una ridícula participación conformada por dos senadores de su circunscripción
especial, lo cual no refleja la realidad ni el tamaño de su población.
34 Ver Mejía quintana, Oscar. “Bienvenidos al Pasado”. UN Periódico No. 38. Bogotá, septiembre 15 de 2002. 35 Ver Will Kymlicka y los Derechos diferenciados de grupo, en: Bonilla, Daniel. “La Ciudadanía Multicultural y la Política de Reconocimiento.” Bogotá, CIJUS, Ediciones Uniandes, Facultad de Derecho. 1999. 36 Op. Cit. 4. Mejía Quintana, Oscar. Pp. 37.
Los grupos étnicos37 que complementan las minorías nacionales, están conformados por
inmigrantes que pretenden incorporarse a la sociedad hegemónica aunque reivindican
espacios para expresar y promover sin discriminaciones sus tradiciones culturales. La
Constitución de 1991 no generó espacios de representatividad para este tipo de
comunidades establecidas en territorio colombiano, entre las que se destacan las
comunidades negras.38
La misma suerte corrieron las demás minorías; los sindicatos, los campesinos, las minorías
políticas, los sectores informales y los sectores medios en proceso de desaparición, todos
ellos ausentes del debate político realizado por la constituyente de 1991. De ahí que
ninguna de las disposiciones de la carta haya garantizado su participación.
2.4.1. Consenso mínimo normativo y no un mero acuerdo de intereses.
La Constituyente de 1991 y por consiguiente las instituciones por ella creadas mediante la
Carta Política, se rigen todas por la regla de mayoría simple, lo que desemboca en meros
acuerdos de intereses y no en consensos mínimos normativos. Esto como lo mencionamos
anteriormente, termina atropellando abiertamente los derechos de las minorías.
37 Bonilla, Daniel. “La Ciudadanía Multicultural y la Política de Reconocimiento.” Bogotá, CIJUS, Ediciones Uniandes, Facultad de Derecho., 1999. 38Formisano Prada, Maritza y Mejía Quintana, Oscar. “La Asamblea Constitucional como Instrumento de Reforma Política en Colombia”, en: Pensamiento Jurídico No. 11. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1999.
El convencimiento de que cualquier intento de pacificación que deje sujetos colectivos
marginados o excluidos es una farsa, lleva a invitar a que el espíritu del poder constituyente
que acompañe los futuros esfuerzos en este sentido, se encuentre inspirado por el modelo
rawlsiano dialógico-argumentativo.39 Esto permite que el sistema jurídico-positivo, así
como los foros de discusión pública, que como veremos en punto tres de este artículo, han
fallado en su deber de aliviar las tensiones sociales, dejen de ser un patrimonio de la
“mayoría” (minoría dominante o elites), en el poder y contemplen los derechos de la
totalidad de los sujetos colectivos que encuadran dentro del concepto de ciudadano
“colombiano”.
3. Integración entre Derecho y Sociedad.
En este punto se presentan las principales tensiones sociales que el Estado colombiano ha
sido incapaz de solucionar y que, junto con otras condiciones, contribuyen a explicar el
excesivo prolongamiento del conflicto. Analizando el fracaso del Estado en su intento por
mediar dichas tensiones sociales, se argumentará a favor de un poder constituyente que,
inspirado en el paradigma consensual-discursivo, logre sentar las bases de un régimen de
democracia participativa. Sólo las instituciones de un Estado organizado bajo dicho
régimen, asegurarán el éxito del Estado en la resolución de los problemas sociales.
39 Op Cit. 4. Pp. 181
3.1. Características del prolongado conflicto colombiano.
Para desarrollar este punto de la investigación partiremos del trabajo realizado por Nazih
Richani en su libro: “Systems of Violence. The Political Economy of War and Peace in
Colombia.”40 A pesar de centrarse en el estudio de la economía de la guerra Colombiana,
este autor abarca dos cuestiones fundamentales para el tema que aquí nos atañe; i) porqué
se prolongan los conflictos internos como el colombiano y; ii) qué tipo de configuraciones
estructurales socioeconómicas y políticas hacen de su resolución pacífica un objetivo tan
difícil de alcanzar. Como las demás teorías acerca de los conflictos prolongados, la
expuesta por Richani analiza las relaciones en torno a cuatro tipos de variables- el contexto
comunal, las necesidades sociales, la gobernabilidad y el papel del Estado y de los
organismos internacionales- todos los cuales constituyen una precondición de los conflictos
prolongados.
El eje central de su propuesta consiste en afirmar que los sistemas de guerra se encuentran
configurados alrededor de tres condiciones esenciales, todas ellas presentes en Colombia.
Dichas condiciones son (a) el fracaso de las instituciones, canales, y mecanismos políticos
prevalecientes en mediar, adjudicar o arbitrar los conflictos entre grupos sociales
políticamente antagónicos; (b) el éxito de las partes antagónicas en su intento por adaptarse
al conflicto estableciendo lo que el autor denomina una “economía política positiva” a
través de la acumulación de bienes políticos y económicos que hacen que la guerra sea la
40 Richani, Nazih. “Systems of Violence” The Political Economy of War and Peace in Colombia. Albany, New York. State University of New York Press. 2002.
mejor alternativa considerando dos variables: (i) el equitativo balance de poder y (ii) los
altos costos de la paz, y; (c) un balance de fuerzas entre los actores o grupos en conflicto
que resulta en lo que Richani llama “comfortable impasse” (tratar de traducirlo al españo l
sería como hablar de una situación de cómoda inconveniencia).41 La idea consiste en
afirmar que la coexistencia de estas tres variables establece un sistema de guerra que tiende
a perpetuarse en sí mismo, mientras que la ausencia de cualquiera de estas condiciones
facilita una terminación menos distante y más probable del conflicto.
Para analizar las relaciones de poder entre los diferentes actores se hace necesario llevar a
cabo una apreciación de los diferentes bienes políticos y económicos por ellos adquiridos a
través de la guerra y a los cuales no les sería posible acceder en condiciones de paz. Según
esto, si uno de los actores viene presentando una economía política negativa, los otros
pierden incentivos para negociar en razón de sus mejores posibilidades de prevalecer. Si las
fuerzas en combate registran todas una economía política positiva, así sea asimétrica, el
conflicto es más propenso a prolongarse, particularmente si el balance de poder es tal, que
no es posible para ninguno de los bandos derrotar al enemigo. Richani sostiene que la
guerra civil de Colombia se encuentra en esta fase desde la década de los ochentas. Muestra
también como en los últimos años se viene infligiendo unos costos muy altos en términos
de fatalidades, recursos, perdida de bienes políticos, etc, a los diferentes grupos armados y
sectores, hecho que puede desembocar en una economía política negativa que facilite las
condiciones para negociar y mediar en el conflicto.
41 Ibidem. Pp. 5 “…(a) failure of state institutiones in mediating, arbitrating and adjudicating the main sources of social conflict; (b) wether the antagonistic parties succed in adapting themselves to a war condition- as the best available alternative given the power relations and the higher costs of peace- and manage to establish a positive political economy (PEE) ; and (c) wether the balance of forces among the conflicting groups or actors does not allow any one group to establish its own hegemony.”
La historia de nuestro conflicto interno es la historia de los conflictos por la tierra en
Colombia desde tiempos de la colonia 42 y del fracaso institucional del estado post-colonial
para resolver los conflictos resultantes de los problemas entre terratenientes y campesinos.43
Esto produce una crisis hegemónica del Estado lo suficientemente fuerte para sobrevivir
todo el siglo veinte. En efecto, en la esfera económica, cuando las instituciones encargadas
de organizar el proceso productivo así como de los derechos de propiedad y de regular las
relaciones entre los participantes, se muestran ineficaces en la conciliación de las
diferencias, cada uno de los bandos se ve en la obligación de crear su propia manera de
conseguir recursos para proteger sus intereses. Desde los inicios del siglo veinte la
violencia en Colombia puede ser en parte explicada por la incapacidad del Estado y del
Derecho para adjudicar y resolver los problemas sociales, particularmente en lo que se
refiere a la distribución del ingreso y de los recursos y sobretodo en el sector agrario. Como
vimos anteriormente, los principales grupos en tensión o quienes tradicionalmente se han
visto más afectados por estas tensiones sociales, estuvieron ausentes de la Constituyente de
1991, que en consecuencia se mostró igualmente incapaz para aliviarlas. Esto se hace
mucho más grave si consideramos que el articulado de la Constitución no asegura la
participación popular de las minorías políticas y de los sectores tradicionalmente
marginados.
42 Zamosc, León. The agrarian question and the peasent movement in Colombia. London, Cambridge University Press, 1986. 43 Ver acápite titulado; Poblamiento y articulación a la sociedad y el Estado nacionales. En; González Sánchez, Fernan & Bolivar, Ingrid. Violencia y construcción del Estado en Colombia. Aproximación a una lectura geopolítica de la violencia colombiana.
Centrarse en lo económico y dejar de lado lo político o lo histórico resulta insuficiente a la
hora de efectuar un análisis comprensivo de la prolongación de un conflicto. Por esa razón
se comienza con el estudio de los conflictos por la tierra en Colombia, pues con ellos
comienza la historia de la guerra en nuestro país y aunque no ha sido el único problema
envuelto en el conflicto interno colombiano, la pugna por la tierra si parece encontrarse en
los orígenes de esta guerra tan prolongada.44 Esto nos enfrenta a dos factores explicativos
del fracaso institucional en su mediación entre el campesinado y los terratenientes y la
distribución de los recursos agrarios, a saber: (a) la ausencia de una hegemonía política
dentro del Estado, lo que impide que quienes se encuentran en la obligación de formular y
ejecutar las políticas públicas necesarias para la mediación y adjudicación del problema
agrario verdaderamente lo hagan, y; (b) el escaso capital político con que han contado los
diferentes gobiernos en sus tímidos intentos por abarcar una solución definitiva del
problema mediante la puesta en marcha de una verdadera reforma agraria 45.
Existen varios ejemplos demostrativos del par de afirmaciones arriba mencionadas. De
todos ellos, merece traer a colación algunos en particular, como es el caso de la Ley 200 de
1936 adoptada dentro del marco de la administración del presidente López Pumarejo. Aún a
pesar de ser una ley muy modesta y superficial en su contenido, su expedición se estrelló
con una gran oposición dirigida por la clase terrateniente. Dicha ley intentaba dar una
mayor función social a la tierra en Colombia brindando como plazo máximo para su
44 Este capítulo del libro de Richani se titula “Institutional Failure: Genesis of the War system”, nombre bastante diciente de lo que Richani quiere demostrar si recordamos la primera condición para el prolongamiento de los conflictos mencionada anteriormente. 45 Ibidem.
explotación, un término de diez años al cabo de los cuales se decretaba la expropiación. 46
La medida como política pública fue un fracaso total. Además de insuficiente frente a los
problemas que intentaba mediar y solucionar, lo que verdaderamente provocó fue un efecto
totalmente opuesto a aquel de integrar a los propietarios de la tierra con el campesinado. En
efecto, los terratenientes, al ver sus intereses amenazados, en lugar de proporcionar mayor
trabajo y acomodar sus privilegios a las necesidades de la sociedad, respondieron
expulsando al campesinado de sus territorios con el propósito de evadir cualquier
reclamación que en el futuro pudiera hacerse sobre el dominio de sus tierras. Lógicamente
esto sólo contribuyó, como en el caso de otras políticas públicas adoptadas en diferentes
administraciones a lo largo del siglo veinte, a agravar las ya existentes y delicadas tensiones
sociales. Lo más grave de este proceso es que con el tiempo actividades como la
ganadería,47 muy pobres en cuanto a mano de obra se refiere, pero acaparadoras en cuanto a
la cantidad de terreno que requieren, terminaron por reemplazar cada vez más a la ya poco
competitiva explotación agrícola de la tierra.48
Una preocupación adicional surge por la creciente concentración de tierras exacerbada en
los últimos años por el fenómeno del narcotráfico.49 Ahora más que nunca resulta evidente
que los diferentes actores y sectores luchan por el dominio estratégico de los territorios que
más prometen y que tendrán mayor importancia económica en el futuro marco de
globalización.
46 Medina, Medofilo. La protesta urbana en Colombia en el siglo XX. Bogotá, Ediciones Aurora, 1984. Pp. 45 a 59. 47 FEDEGAN. La ganadería bovina en Colombia. 1997-1998. Bogotá, FEDEGAN, 1998. 48 Op. Cit. Zamosc. 49 Reyes Posada, Alejandro. Compras de tierras por narcotraficantes. En; Drogas ilícitas en Colombia, su impacto económico, político y social. Bogotá, PNUD-DNE, Ariel Ciencia Política, 1997.
Esta cuestión resulta fundamental para entender la agrupación del campesinado50 con
motivos puramente defensivos que da inició a los diferentes grupos guerrilleros que aún
después de cuarenta años y en condiciones totalmente diferentes, llevan a cabo la lucha
subversiva en contra de las instituciones del Estado y cuya ausencia de la constituyente de
1991 deslegitima la actual Carta Política que organiza la estructura de nuestro Estado y que
consagra los principios rectores de nuestra restringida democracia.
El mismo fenómeno de los conflictos por la tierra ha venido ocurriendo desde los orígenes
del conflicto armado en torno al problema del poder y la participación política. Gracias en
parte, a los intereses de una clase política corrupta que ha sabido enriquecerse a través de su
permanencia en el poder y en los diferentes cargos públicos, no ha sido posible adoptar una
reforma política que ponga fin a las tensiones sociales derivadas del cerrado sistema
político, defendido por los partidos tradicionales. Al ser el Estado un patrimonio de la
“mayoría” en el poder, resulta imposible que éste entre a mediar o resolver cualquiera de
los demás conflictos sociales. Esto ha tenido como resultado la constante generación y el
mantenimiento de profundas tensiones sociales que día a día se encargan de alimentar el
enfrentamiento armado en nuestro país.
La imposibilidad del Estado para resolver los problemas suscitados en torno a la propiedad
sobre la tierra y alrededor de los espacios políticos seria entonces el principal combustible
que mueve el motor del conflicto colombiano. Esto se ajusta completamente a la idea
expuesta por Habermas al hablar de las relaciones entre el sistema y el mundo de la vida:
50 Ver; “Las huellas de la violencia.” En; Pécaut, Daniel. Guerra contra la sociedad. Bogotá, Espasa Hoy, 2001.
“Las crisis surgen cuando la estructura de un sistema sociedad admite menos posibilidades
de resolver problemas que las requeridas para su conservación”51.
3.2. El Derecho; la herramienta para atender el llamado de la sociedad.
Retomemos la obra de Richani y situémonos dentro de la segunda condición catalogada
como necesaria para el prolongamiento del conflicto, a saber: (b) el éxito de las partes
antagónicas en su intento por adaptarse al conflicto estableciendo lo que el autor denomina
una “economía política positiva” a través de la acumulación de bienes políticos y
económicos que hacen que la guerra sea la mejor alternativa considerando dos variables: (i)
el equitativo balance de poder y (ii) los altos costos de la paz.
Las instituciones militares del Estado colombiano son una de las organizaciones culpables
de ayudar a crear y perpetuar el sistema de Guerra en Colombia.52 Durante muchos años las
instituciones castrenses adoptaron una estrategia de contenc ión y de defensa militar, en
lugar de adelantar esfuerzos tendientes a eliminar a los grupos armados al margen de la ley.
Esto contribuyó a formar y consolidar un estado de “comfortable impasse” generando
nuevos intereses institucionales de los militares en medio de la guerra.
51 Op cit. 4. Mejía Quintana, Oscar. Pp. 207. 52 Ver los capítulos siguientes de la obra de Richani titulados correspondientemente: “The Military and the Comfortable Impasse” y “Guerrillas and the Impasse”.
En este contexto se produce el acuerdo de los partidos tradicionales para repartirse el poder
y dejar a los militares fuera de la esfera política, conocido como el “Frente Nacional”. Esto
se convirtió en una de las herencias más extendidas a través de la segunda mitad del siglo
pasado. A cambio de no entrometerse en los asuntos políticos de la nación, los militares
obtuvieron competencia exclusiva en el tema de la defensa y la seguridad nacional. Las
concesiones brindadas por la rama ejecutiva a las instituciones militares a cambio de la
estabilidad política del régimen democrático les permitió perseguir sus propios intereses
con relativa facilidad, al margen de cualquier tipo de vigilancia o escrutinio público. Lo
anterior explica la falta de coordinación entre las agendas de paz desarrolladas por los
diferentes gobiernos y las acciones tomadas por los militares, que en consecuencia se
convirtieron en una especie de ente creador y destructor de la paz en Colombia.53
Como bien lo insinúa Richani, y como lo demuestran los cada vez más frecuentes ataques
terroristas en las áreas metropolitanas, la estrategia militar de contención, consistente en
mantener a las guerrillas fuera de las áreas de mayor importancia política y económica y en
suprimir los enlaces y formaciones subversivas en los centros rurales del país, se quedó
corta. Fue además una estrategia afectada por factores tales como los limitados recursos y
equipos militares, el apoyo estadounidense a la política de guerra de baja intensidad y la
percepción errada y generalizada de que la guerrilla no representaba una amenaza de tipo
mayor, por estar su actividad concentrada en las montañas y las selvas colombianas, lejos
de toda la realidad jurídico-político-económica cotidiana de la sociedad.
53 Ver Leal Buitrago, Francisco. “La Seguridad Nacional a la Deriva. Del Frente Nacional a la Posguerra Fría”. Alfaomega-Uniandes-Flacso. Bogotá, 2002.
Al respecto de esta institución crucial del Estado, ocurrió lo mismo que con la participación
popular frente a la oportunidad histórica que representaba la constituyente de 1991 para
cambiar su regulación . En efecto, la posibilidad de reformar las fuerzas militares en 1991
se perdió en manos de los constituyentes que consintieron en las prerrogativas de la cúpula
militar de condicionar su apoyo a una reforma constitucional a la permanencia del statu quo
en su régimen jurídico, logrando así conservar sus diferentes comodidades y beneficios. El
único cambio productivo introducido durante la administración Gaviria respecto de las
Fuerzas Militares, lo constituyó el en adelante nombramiento de civiles al mando del
Ministerio de Defensa y del Departamento Administrativo de Seguridad.
La autonomía militar para manejar a discreción su presupuesto sin ninguna interferencia
civil previa o posterior hizo posible que los recursos fueran destinados en su mayoría a
incrementar los salarios y pensiones de las tropas y a responder a los intereses de diferentes
compañías privadas. Lo que más sorprende son los datos que demuestran el número de
empleados que mantienen las fuerzas militares en comparación con el número de soldados
que efectivamente se dedican a combatir con los grupos ilegales. Para 1999 eran 170.000
miembros, de los cuales tan sólo cerca de 30.000 eran soldados profesionales.54 Esto
significa aproximadamente que, para este año, por cada soldado profesional existían seis
personas mantenidas por el ejército, cuyas funciones no eran requeridas ni se encontraban
plenamente justificadas.
54 Op. Cit. Richani, capítulo 3.
El “comfortable impasse” o la guerra de baja intensidad, facilitó el desarrolló de cerca de
110.000 hectáreas de cultivos ilícitos en un período no mayor de diez años,55 lo que a su
vez generó un efecto imprevisto compuesto por la creación y el surgimiento de un nuevo
actor armado que poco a poco habría de revolucionar completamente la dinámica de la
guerra y el conflicto; los paramilitares. De nuevo, el fracaso institucional del Estado
colombiano en su intento por expandir su autoridad a lo largo del territorio nacional,
sumado a otros factores muy importantes como el de la geografía colombiana, factor que
resulta ideal para permitir el desarrollo de este tipo de actividades en total clandestinidad,
explica porque Colombia se convirtió en el principal teatro del contrabando y el
narcotráfico.56
No obstante lo anterior, el progresivo escalamiento del conflicto desde 1995 ha llevado a
los militares y a los gobiernos a adoptar una estrategia militar más acorde con las
circunstancias, y aunque aún resta un largo camino por recorrer en la reestructuración de las
fuerzas militares, estas han ido incrementando su capacidad ofensiva, lo que a su vez
incentiva a los grupos armados al margen de la ley a contemplar una cercana salida
negociada del conflicto.
Con la aparición de los paramilitares, continua la historia de la lucha por la tierra y en
lugar de producirse un rompimiento de la crisis, ésta se ve profundamente agravada por la
llegada de un nuevo protagonista en el conflicto. Su entrada en escena produce un
escalamiento de la guerra, que a partir de los noventas viene rompiendo el “comfortable
55 Thoumi, Francisco. Economía política y narcotráfico. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1994. Pp. 133. 56 Betancur Dario & García, Martha. Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1994. Pp. 48.
impasse” y en consecuencia acabando con la estabilidad del sistema propio de la
confrontación. Richani nos presenta tres indicadores para respaldar esta posición: (a) el
creciente número de muertes y masacres; (b) el creciente número de fatalidades
relacionadas con la guerra (lo que a mi manera de ver es prácticamente lo mismo que el
primero); y (c) los crecientes costos económicos de la guerra.57
La interminable guerra de baja intensidad está llegando a su fin. Cada vez resulta más
costoso para los grupos armados, para el Estado y para la población en general, en términos
económicos, así como en términos de capital humano, continuar con los enfrentamientos. A
esto se suma la voluntad de las clases dirigentes por poner un fin definitivo al conflicto e
incentivar la producción del país y mejorar así sus ingresos. Sin embargo, de no
aprovecharse este momento para buscar un verdadero consenso, es posible que una vez
consolidado el dominio de cada actor en sus correspondientes territorios, se vuelva a
establecer un equilibrio en el sistema de guerra y que de esta manera cada actor continúe
gozando de la economía política positiva que como ya vimos permite el prolongamiento del
conflicto.
CONCLUSIÓN.
En términos de Habermas, es necesario atender al llamado que en este momento hace el
mundo de la vida al Derecho para que a través de un nuevo pacto sin exclusiones se
comience a trabajar en la reconstrucción de la unidad nacional. Si como lo señala este 57 Ver capítulo 5 de Richani titulado; “Paramilitaries, Organized Crime, and the Dynamics of War”.
autor, el Derecho ha de devenir “...el instrumento de consolidación de los subsistemas
económico y político-administrativo frente al subsistema socio-cultural que representa al
mundo de vida.”58, una lectura responsable de la actual coyuntura social nos indica que el
momento es ideal para que los actores y la comunidad trabajen por una salida
conjuntamente negociada del conflicto.
El mundo de la vida esta exigiendo del Derecho un nuevo instrumento de reconciliación
social. Solo un poder constituyente en el que todos se vean representados puede rehacer el
lazo social desintegrado, partiendo de una posición dialogal. Este nuevo poder
constituyente, encargado de formar la estructura del nuevo Estado, debe atender a reglas de
consenso y no dejar por fuera a ningún sujeto colectivo que en el futuro pueda verse tentado
de volver a organizarse militarmente.
La filosofía política y los planteamientos de Rawls y de Habermas nos ayudan a percibir las
consecuencias de llevar a cabo una paz parcelada, sellada por pactos con algunos, y no con
todos los protagonistas del conflicto interno armado, lo que refleja la crisis de legitimidad
por la que atraviesa nuestra sociedad. Sus tesis nos permiten inferir que un poder
constituyente que no esté conformado por la totalidad de los sujetos que conforman la
sociedad y que carezca de consenso en su interior, resulta a su vez en una Constitución sin
la legitimidad política universal necesaria para alcanzar su plena validez y efectividad.
Este fue el caso, tanto de la paz firmada por el presidente Gaviria con una parte de la
subversión, como del proceso constituyente que durante su mandato se realizó. En efecto, 58 Op Cit. 4. Mejía Quintana, Oscar. Pp. 210.
en la constituyente de 1991 no participaron la totalidad de los sujetos colectivos que
conforman la sociedad colombiana. El resultado fue a su vez una Constitución que entablo
un régimen democrático restringido que impide la participación de los sectores
tradicionalmente marginados y que permite se continúe pisoteando los intereses de las
minorías.
Al origen del conflicto o de la crisis de nuestra sociedad se encuentra un Estado incapaz de
mediar y aliviar las diferentes tensiones sociales. Tensiones que al girar en torno de las
bases económicas (la tierra) y de las bases políticas (la participación en el poder), han
logrado desestabilizar por completo nuestro sistema social. Para corregir este problema es
necesario asegurar que las instituciones de ese Estado trabajen con base en consensos y sin
excluir a ninguna parte de la población. Para ello es necesario convocar un nuevo poder
constituyente en el que todos los sujetos colectivos se encuentren representados y que a
través de un diálogo consensual siente las bases para una verdadera democracia
participativa.
Hasta ahora la historia del prolongado conflicto colombiano no cuenta con un pacto que
haya incluido a la totalidad de sus protagonistas, y, como consecuencia de ello, la lucha ha
perdurado por más de medio siglo. No obstante, la realidad nacional pide cada vez más una
salida negociada y definitiva del conflicto. Los costos de la guerra han ido aumentando,
tanto para la población civil, como para los protagonistas de la confrontación armada.
“Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Desafortunadamente la
tesis planteada por Pécaut en su libro Guerra contra la sociedad59 es cierta. En Colombia
no hemos sabido construir una memoria colectiva que le de algún sentido a tantos años de
violencia. Esto no sólo significa que se puedan repetir los errores del pasado, sino que la
oportunidad de construir una unidad nacional en torno a nuestra sangrienta historia está
siendo desaprovechada.
El reto al que actualmente todos nos enfrentamos; la totalidad de la comunidad nacional,
los lideres de los diferentes grupos armados, los actuales gobernantes y representantes, las
minorías y la comunidad internacional, consiste en saber aprovechar un momento propicio
para alcanzar la reconciliación nacional. Si esto es así, es responsabilidad de todos evitar
que en las negociaciones por venir se cometan los mismos errores del pasado y que los
procesos y procedimientos de elaboración de los nuevos principios fundamentales, no
adolezcan de los mismos vic ios que evidenciamos en la constituyente pasada.
Recordemos que en un sistema donde no se encuentre garantizada la igualdad de
participación de todos los sectores de la sociedad, siempre existirá el riesgo de que surjan
tensiones y problemas que no logren ser resueltos por el Estado y que puedan poner en
riesgo la estabilidad nacional, al tiempo que atenten directamente contra la paz de nuestra
sociedad.
El gran numero de fatalidades sufridas por todos los protagonistas de la guerra, así como
los crecientes costos económicos de continuar desarrollando un conflicto de tan alta 59 Pécaut, Daniel. “Guerra contra la sociedad.” Bogotá, Espasa Hoy., 2001.
intensidad, se suman a la voluntad de los gremios económicos y de la comunidad
internacional por alcanzar una salida negociada del mismo. No obstante, cabe la posibilidad
de cada actor consolide su dominio sobre sus respectivos territorios, estableciendo de nuevo
un equilibrio en el sistema de guerra, que les permita gozar de nuevo de una economía
política positiva que como ya vimos contribuye al prolongamiento del conflicto. De no
aprovecharse este momento propicio para la reconciliación, se cargará con una enorme
responsabilidad. Pero mayor será la responsabilidad si llegado el momento no se construye
una democracia constitucional que asegure la pacifica convivencia de la población
colombiana, mediante instituciones que garanticen la efectividad del Estado en su papel
como mediador de la sociedad.
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