Roger Cortez-Poder y Proceso Constituyente

PRESENTACIÓN

Se encuentran reunidos aquí trabajos que el autor ha producido en un lapsode cerca de 15 años y que se presentan comenzando por el último de ellospara concluir en uno que fue escrito a comienzos de los años noventas.

La idea de retroceder en el tiempo es probar, por medio de evidencia objetiva,que los acontecimientos que vivimos hoy tienen una vinculación cierta y defini-da con un conjunto de hechos y fenómenos que aquí se concptualizan como unproceso constituyente.

El autor afirma que sólo de manera reciente pudo reconocer la unidad delproceso y que es necesario un esfuerzo de concentración para sobreponerse albombardeo de noticias e interpretaciones fragmentarias emitidas desde esosenormes aparatos de construcción de sentido que son los medios de difusión,que alientan la confusión y un profundo pesimismo. Cuando uno logra superaresta lectura fragmentaria de la realidad puede reconocer que vivimos uno delos períodos más ricos y con mayor potencial de nuestra historia; de hecho, unode los tres momentos más decisivos, considerando que los anteriores son el dela fundación de la República y el de la Revolción Nacional.

Desde luego que, si se prefiere, la lectura puede hacer el recorrido inversoy el beneficio no será menor porque al repasar coyunturas y momentoshistóricos también será posible recrear la densidad y óptica que senecesitan para valorar los problemas y desafíos que ahora enfrentamos.

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Poder y proceso constituyente en Bolivia

ultimo -ROGER-4-DAV.QXD 24/5/06 10:40 AM Página 1

La selección de textos que conforman este volúmen ha tenido como eje elrecorrido del sujeto indígena-campesino que da personalidad propia a nuestrasociología y política y que es, según Roger Cortéz, el soporte central de nuestraconstrucción histórica. También se han acopiado trabajos sobre el Estado, elsistema político, los partidos y otras expresiones de mediación política.

El primer tercio del libro, se refiere a hechos acaecidos entre 2001 y2005, el segundo al larvamiento de la crisis de Estado, que el autor detectadesde 1998 y el último a acontecimientos vinculados al inicio del procesoconstituyente, que se ubica a inicios de la década de los 90’s. Uno de losdesafíos que presenta el trabajo en su conjunto es reinterpretar ese períodoprevio, donde se encuentran las claves de lo que está ocurriendo ahora. Y, unopuede hacerlo coincidiendo o no con el autor pero, compartiendo en definitivauna búsqueda conjunta de rastros que ayuden a descifrar las luchas presentesdel movimiento popular y sus posibles alcances y techos.

La edición del texto es posible gracias a la cooperación de la Red deParticipación Ciudadana y Control Social y el Programa de Apoyo a laDemocracia Municipal (PADEM). Ambas instituciones coinciden en que esnecesario realizar los mayores esfuerzos para estimular el análisis y el debatesobre el proceso que vivimos y considera, manteniendo su independenciafrente a las propuestas del autor, que su trabajo contribuye en esa dirección.

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Roger Cortéz Hurtado


PODER Y SUJETO CONSTITUYENTE Julio de 2005 *

Por fin, detrás de toda la desinformación, la banalidad y la voluntaddeliberada de ocultar las cosas va quedando claro, poco a poco, que elagitado tránsito por el que avanzamos desde hace algunos años no res-

ponde a caprichos ni depende de conspiradores.

Las convulsiones sociales y políticas que siembran incertidumbre sontambién las monumentales evidencias de que profundas fuerzas se handespertado para cuestionar un poder constituido desgarrado y harapiento queno tiene más respuestas que ofrecernos.

La Asamblea Constituyente es la bandera de un camino de cambios queya se ha iniciado y que no va a detenerse con la realización de ese cónclavedemocrático, en el que se acordarán algunas de las reglas principales delrenacimiento que debemos apuntalar para no sumergirnos en la regresión y laviolencia.

La incertidumbre que aún predomina ya no puede esconder que estamosenfrentando el reto de saldar algunas de las más viejas deudas que trae el haberconstruido un sociedad y un Estado colonialista, racista y discriminadror.

Los omitidos y negligibles, a quienes solo se toma en cuenta un domingode mayo, junio –ahora diciembre– para depositar un voto, despliegan unpoder constituyente que, más allá de disquisiciones teóricas y formales, está

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transformando la realidad y aspira a consagrar una ley que de un nuevofundamento más humano y realista a nuestra convivencia nacional.

Existe una oportunidad, nunca antes conocida, de que construyamos unpaís al que todos sintamos realmente pertenecer y podemos hacerlo pacífica ydemocráticamente. El costo de ignorar esta chance puede ser altísimo. Y, comono había ocurrido en el pasado, la decisión está literalmente en manos de cadauno de nosotros.

EL SUJETO.

El proceso constituyente en curso expresa, como ha ocurrido en dosoportunidades previas en la historia del país, la irrupción de un sujeto social,que se propone modificar de una manera profunda las relaciones socialesvigentes. Esto pasó con el sujeto criollo (terrateniente y minero) en lafundación de la República; con las clases medias urbanas en la revolución de1952 y, ahora, con el sujeto indígena-campesino que pone en marcha esteproceso y despliega un poder constituyente que viene operando cambioscrecientemente significativos en estos últimos tres lustros.

Este es el sujeto social que mantiene la mayor continuidad desde losinicios de la república y que ha ido forjando su identidad en prolongados ycomplejos episodios. Los últimos, que son los más relevantes para el temaque se trata, se remontan a la revolución nacional cuando la mayor parte delos indígenas de tierras altas, predominantemente quechuas y aymaras,asumieron la identidad clasista, campesina, que proclamaba el MNR en suproyecto de alianza para “construir el Estado nacional”.

La emancipación de la servidumbre y la reforma agraria fueron lasexperiencias sobre las cuales se fundó la asunción de la identidad campesina,explícitamente diferenciada de la indígena. En cambio, los indígenas de tierrasbajas, que conocieron poco y nada de la reforma agraria y que permanecieron–algunos hasta hoy– experimentando diversas formas de servidumbre, nollegaron a asumirse como campesinos y preservaron una tradición, reafirmadaen su experiencia concreta, en que su identidad étnica era y es determinante.

Para quechuas y aymaras la revolución nacional trajo consigo unavivencia de diferenciación interna creciente, con la aparición de diversas

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fracciones, derivadas de una variedad de relaciones con el mercado, ladivisión técnica del trabajo y la acumulación de capital. Pequeños propietarios,como los colonizadores, productores que se desenvuelven en términos deun mercantilismo simple como diversas comunidades altiplánicas,asalariados y obreros rurales como los zafreros de la caña y el algodón, yno pocas veces estas formas combinadas, o como realidades estacionales.Compradores o vendedores de mano de obra, y a veces lo uno, luego lo otroy, también, ambos simultáneamente.

Todo esto, además, combinado desde muy temprano con migraciones a laciudad que se hicieron masivas a partir de los años setentas. La crecienteurbanización no disolvió, como preveía el MNR y prácticamente toda laizquierda, la identidad indígena. La inconmovible persistencia de prácticasdiscriminatorias y racistas, internalizadas por la sociedad y patrocinadas por elEstado lo impidieron.

Sin embargo, por cerca de medio siglo, la invocación y exaltación de laidentidad campesina preservaron su eficacia, alimentando la expectativa deque permitiría asimilar a esas masas a los valores “modernos” yoccidentalizantes en torno al que se centran la casi totalidad de los discursospropios del sistema político. Inclusive hasta la época de la dictadurabanzeriana, primero el emenerrismo y luego los caudillos militares emplearona fondo este recurso, consiguiendo que el campesinado actuará como una claseapoyo del Estado, gracias a las ilusiones ideológicas que no pudieronquebrarse ni con los discursos indigenistas más fervorosos y radicales.

Como se dijo antes, la izquierda puso lo suyo, aferrada a un primitivismoteórico que, en un extremo consideraba a indígenas y campesinos como calcosinmóviles de los pequeños parcelarios franceses, asimilándolos a ese cajón decosturera sociológico que ha resultado ser la pequeña burguesía, o, en otravariante, suponiendo que se trataba de una clase en permanente avance a suproletarización. Hasta hoy, carecemos de una comprensión fundamentada ybasada en criterios objetivos de los sujetos sociales, clasistas y no clasistas,que existen y evolucionan en nuestra sociedad nacional.

El resultado práctico de este desconocimiento es que todos los esfuerzospor crear acuerdos y alianzas obrero-campesinas tuvieron muy corto aliento y

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fueron generalmente poco fructíferos. Sin comprender al sujeto interpelado(ni interesarse genuinamente en hacerlo), era poco menos que imposibledesarrollar estrategias que alcanzaran sus objetivos. Esto explica en medidaconsiderable el desenlace de diversos planteamientos de lucha armada, entrelos que se incluye el de la guerrilla del Che Guevara, y también la más ampliavariedad de recetas electorales que pretendieron seducir a indígenas ycampesinos.

En todo este transcurso, el capitalismo estatal sirvió principalmente paracrear una nueva burguesía rápidamente oligarquizada en su cúpula y como tal,urgida de tomar distancia de las prácticas populistas (¿?) predominantes alinicio de la Revolución nacional. Una consecuencia casi obligada de este cursoy su correlato estatal fue el abandono paulatino de la reforma agraria, ejecutadaen Occidente y que se fue consumiendo en una cada vez más rápidafragmentación de la propiedad agraria campesina, en virtud de las sucesioneshereditarias. La colonización espontánea y dirigida amortiguó poco lademanda de tierra, ya que además las oficinas estatales responsables deadministrar las concesiones, se volcaron a proveer de grandes superficies anuevos latifundistas, principalmente en las tierras bajas.

El estancamiento de la agricultura de escala familiar, el abandonotecnológico y crediticio estatal y la indeclinable vigencia del desprecio y lahumillación constante para indígenas y campesinos (“indios”, finalmente, enel lenguaje cotidiano de todos los grupos sociales) abrieron, junto con lasluchas y represiones, la brecha por la cual dentro de las filas del sindicalismocampesino fue desarrollándose la corriente katarista que planteaba unreconciliación de las identidades de clase y étnica.

Ese fue un paso crítico en la reestructuración del sujeto indígena-campesino que cobrará un empuje mayor en los años ochentas, al constituirseel movimiento social cocalero que rápidamente alcanzó un papel dirigente entrelas filas campesinas, combinando con maestría táctica una serie decaracterísticas entre las que sobresalen su capacidad de recuperar y utilizarformas organizativas y movilización de los sindicatos obreros, al mismo tiempoque estilos y herramientas propios de su integración a la economía capitalista yal mercado internacional.

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Los sindicatos cocaleros promovieron la formación de la Asamblea por laSoberanía de los Pueblos, que llegó a ser el antecedente organizativo y políticodel MAS que se presenta a sí mismo como el IPSP (Instrumento Político de laSoberanía de los Pueblos). Por esta y otras vías, los cocaleros del Chaparejugaron el papel de punto de encuentro entre los indígenas de tierras altas ybajas.

Estos últimos habían irrumpido en el escenario político desde 1990,marcando un estilo propio y diferente, en relación a las tradiciones delucha y formas organizativas de aymaras y quechuas. Más inclinados a lanegociación y con una aptitud extraordinaria para integrar apoyos externosobtuvieron éxitos tan notables, en un período muy breve que impactaronprofundamente en el movimiento campesino de las tierras altas. Estaactuación y su creciente influencia señalan la apertura del procesoconstituyente, en pleno auge del neoconservadurismo imperante en el país.La Participación Popular, parte del programa de gobierno del MNR tuvo enesta fase un papel crucial, muy distante de los planes y expectativas deSánchez de Lozada.

La Participación Popular abre una compuerta para que diversos sectorespopulares, indígenas a la cabeza, utilicen los espacios de poder municipal,recuperando una tradición histórica por la que, a través de cualquierporosidad estatal, copan posiciones y crean avanzadillas de poder propio. Así,un diseño que en otros países incrementó la fragmentación y atomización desujetos y actores sociales, sirvió en el nuestro a acelerar el procesoconstituyente, favoreciendo la auto identificación del sujeto social que le hadado origen y lo encabeza.

Esto se acompaña simultáneamente con el hecho de que, en la década delos 90, algunos partidos, no obstante sus enormes deficiencias de sensibilidady aprehensión de la realidad, siguieron el ejemplo de Condepa1, incrementandola cuota de representación política de origen indígena, no sólo en losmunicipios, sino en el Parlamento y luego, paulatinamente, en instanciasejecutivas.

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1 Conciencia de Patria, partido fundado por el radialista Carlos Palenque a fines de los años 80. Formó parte delgobierno de Hugo Banzer y desapareció poco después de la muerte de su jefe.


Condepa tuvo el acierto de haber llevado una primera mujer de pollera alParlamento. Y eso ejerció un efecto pedagógico, social y político muymarcado, al fortalecer en el sujeto indígena campesino la noción de que escapaz y tiene además el derecho de ejercer protagónicamente el poder estatal.El propio Sánchez de Lozada, lleva en 1993 a la vicepresidencia a Víctor HugoCárdenas, bajo un estrechísimo cálculo electoral; sin embargo y sin concienciade su parte, está contribuyendo a que este proceso de autodefinición eidentidad se conforme y vaya tomando solidez.

Por todo lo dicho, se observa que este tramo del proceso está tipificado porla reconfiguración del sujeto social que impulsa el proceso constituyente, através de la toma de conciencia e identidad que resulta de la combinación deexperiencias e influencias que aquí se han reseñado tan someramente.

EL PODER CONSTITUYENTE.

El poder constituyente es la fuerza transformadora del sujeto que motorizaal proceso y que ya ha empezado a generar cambios en todos los ámbitos de lavida nacional. Los más visibles son la creciente participación políticaindígena-campesina y de otros grupos populares, reformas constitucionales,cambios del modelo económico y del sistema de representación, lo que nosenseña que la Asamblea constituyente no es sino una parte del proceso, unaespecie de gran ceremonia jurídica-política, que no contiene, ni resume, niagota el proceso constituyente que, sin duda alguna, se proyecta más allá de larealización de la asamblea.

Hasta aquí el proceso constituyente ha tenido relación con las reformasconstitucionales 1993 y la de 2004. Con la primera, porque bajo lacombinación del surgimiento de las demandas indígenas de territorio ydignidad y las corrientes internacionales de incorporación de los derechosindígenas, se incluyó la caracterización de multietnicidad y pluriculturalidaden el primer artículo constitucional y los derechos de los pueblos indígenas enel 171. Esta no fue la primera, ni la única reforma en tal sentido2, pero, hatenido en Bolivia consecuencias mucho más significativas que en cualquierotro lado.

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2 La primera fue en Guatemala 1985, luego la Asamblea Constituyente de Colombia, en 1991; México y Paraguay1992, Bolivia y Perú en 1993, Argentina y Panamá 1994, Nicaragua 1998.


La explicación de este mayor impacto debe buscarse en el hecho de queel reconocimiento de que el país es multicultural y pluriétnico, corrige unalínea de diseño constitucional vigente desde 1825 que al abstraer estarealidad, contribuyó por más de un siglo a silenciar e ignorar no únicamentelas demandas indígenas, sino la propia existencia de este sujeto. La reforma1993-1994 fue ultra cupular y vertical, pero a través de los artículos 1 y 171contribuye a cimentar el proceso constituyente.

La Asamblea Constituyente, en el caso boliviano, nace por definicióndescartando al Parlamento como una institución capaz de atender lasdemandas del soberano. Por eso el concepto de Congreso Constituyente, queestá siendo planteado como una supuesta alternativa a la Asamblea, resulta unafalsificación que intenta mixtificar, torcer o abortar el proceso constituyente encurso. Aquí se plantea la Asamblea Constituyente porque los distintos sectorespopulares y en particular el indígena-campesino, asumen, que el Parlamentono puede atender sus demandas, sus necesidades de reformulación de laestructura de organización del Estado.

Este poder constituyente ha impactado e iniciado la modificación delllamado modelo económico a través de algunos elementos del planeconómico del gobierno de Carlos Mesa y, en particular, el “ComproBoliviano”. Esta es una demanda de los sectores sociales que participaronen el Diálogo II que se prolongó desde 2003 hasta 2004. Fueron lossectores sociales, como el Comité de Enlace, las CIOEC (las organiza-ciones económicas campesinas), las federaciones campesinas, los arte-sanos, que le propusieron al Estado un decreto de compras estatales, quefavorezca a los productores nacionales de bienes y servicios.

La vigencia de esta medida quiebra algunos dogmas centrales del modeloeconómico neoconservador, porque establece la necesidad de atender alcompletamente ignorado mercado interno, a la necesidad de potenciar lascapacidades productivas internas, de abrir un espacio para el desarrollo de lapequeña, mediana y microproducción, dándoles prioridad efectiva y real sobrela visión globalizadora que, en el período anterior, había llevado a que, paraproveernos de cualquier bien o servicio por mínimo que sea, debamos recurrira licitaciones internacionales.

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El referéndum sobre los hidrocarburos tiene similares connotaciones, enel sentido de que más allá de las quejas que se expresan hasta el día de hoy,respecto a su cumplimiento, el soberano al responder la consulta, fijó unaslíneas troncales, que van a gobernar la política de hidrocarburos del país en lospróximos años, y que, pese a las resistencias internas del Estado, empiezan amaterializarse, de una manera muy descoordinada e incompleta, pero seña-lando el cauce de una visión completamente distinta a la que predominó enel período anterior.

Por último, entre los cambios que el proceso constituyente ha puesto enmarcha una reforma política que incluye cambios constitucionales de impor-tancia, como son la inclusión de la Asamblea Constituyente, del referéndum, dela inexplotada iniciativa legislativa ciudadana y de la modificación del sistemade representación política, a través de los artículos 222 y 223 que permiten laparticipación de entidades cívicas-sociales distintas a los partidos, organiza-ciones exclusivas y excluyentes de los profesionales de la política.

Cuando se pierde esta perspectiva y no se reconoce la dinámica delproceso ocurre que algunos sectores suponen que todos los cambios han deendosarse y esperarse de la Asamblea. Cuando en realidad ya hemos recorridoun conjunto de tramos que le están dando base y sentido a esta asamblea. Porúltimo, respecto al proceso, un análisis de sus avances, limitaciones yposibilidades nos muestra que los objetivos del proceso constituyente son másamplios que los de la Asamblea Constituyente.

LOS OBJETIVOS DEL PROCESO Y DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

La observación del avanza del proceso constituyente, permite identificarlas áreas que definen sus tres objetivos, que son:

Una transformación productiva, expresada habitualmente como unademanda de cambio de modelo. La transformación productiva supera esehorizonte y se encamina a modificar la forma de producir, acumular ydistribuir riqueza. Este objetivo económico, presenta un carácter reformista.

Las condiciones propias del sector que está a la cabeza le dan estehorizonte, pero una transformación productiva, significa mucho más que el

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cambio de modelo económico, implica una modificación del patrón deacumulación. De una forma rudimentaria y con muy poca claridadprogramática el proceso se orienta a buscar una profunda rectificación de esaconstante económica, presente detrás de todos los diferentes modelosexperimentados. Todos ellos tienen en común una inclinación rentista,especializada en el usufructo de recursos naturales, de la cual se obtiene elgrueso del producto nacional, con un declinante empleo de fuerza de trabajo3.Frente a este sector que es el que concentra la riqueza y la distribuye enbeneficio de los grandes propietarios empresariales, está la llamadainformalidad que emplea cerca del 80% de la población, pero cuya capacidadde producir riqueza es mínima.

Entonces, se trata de modificar este comportamiento prácticamenteinalterable desde los inicios de la vida del país, de manera que el sectorextractivo sirva de base a una variedad de actividades productivas (producciónde alimentos orgánicos, soberanía alimentaria, artesanía de alta calidad,turismo, manufactura especializada) capaces de absorber mayor fuerza detrabajo y de incrementar la capacidad de producción de riqueza que deberádistribuirse, rompiendo la tendencia hiperconcentradora que se ha afianzadocon el pasar del tiempo.

Aquí, como en otros campos, el proceso muestra la vigencia fuerzas ytendencias contradictorias. Al mismo tiempo que existe este empuje en buscade superar las prácticas económicas tradicionales, también existen fuertescorrientes que pretenden lo contrario y no se trata sólo de los interesesprivilegiados. Esto se puede ver muy claramente con la intensificación de laspugnas para la distribución de cualquier incremento de la renta petrolera; aquíprácticamente ningún sector defiende la necesidad de que se canalicenexcedentes para realmente refundar y darle cuerpo a la estatal petrolera.

La segunda meta se refiere a la necesidad de una nueva estatalidad. Esdecir la reforma política que ha comenzado, con el referéndum, la asamblea, ladesmonopolización. Es la que compete esencialmente a la AsambleaConstituyente y se trata con detenimiento más adelante, al considerar laagenda y objetivos de la AC.

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3 La idea de “modelo de base angosta” que aquí se describe, se han tomado de los trabajos del economistaGeorge Gray Molina.


Hay un tercer renglón, quizá el menos trabajado, pero que indudablementees un objetivo del proceso constituyente: la renovación intelectual y moral.Esto alude no sólo a la indispensable, urgentísima necesidad de enfrentar deuna manera congruente la corrupción estatal, funcionaria y de los partidos. Setrata además de extender un efecto de cambio en el tejido mismo de lasociedad.

AGENDA Y OBJETIVOS DE LA ASAMBLEA.

Contrariamente a lo que sostienen en los grupos de poder económico quese oponen tenazmente a que se realice la Asamblea Constituyente, afirmandoque sería un acto completamente irrelevante y que quienes la proponen lohacen como simple eslogan, diversos estudios dan cuenta de lo contrario. Unoes el que realizó la Iglesia Católica el año pasado, a través de Caritas por mediode una serie de encuentros indígenas que se resumieron en un texto. Allí unoencuentra las expresiones que respecto a la Asamblea hacen, de maneraespontánea, diversos individuos y comunidades, con pasmosa lucidez alreferirse a sus aspiraciones y sus expectativas respecto a la AsambleaConstituyente.

De una manera esquemática se pueden clasificar en tres las grandes áreastemáticas de agenda, que marcan a su vez los objetivos de la AsambleaConstituyente. Una primera, y esta es la que impregna o da cuenta de lapresencia del sujeto constituyente y del poder que está motorizando esteproceso, se refiere a tierra, territorio y recursos naturales. Es una visiónindígena que vincula estos tres elementos. Allí se expresa sobre todo lanecesidad de que la utilización de estos recursos, rompa con la matriz colonialy la tradición expoliadora que se han dominado nuestra vida republicana. Éstaes una noción de empoderamiento social sobre estas riquezas naturales.

Una segunda área se refiere al nuevo Estado que involucra al menos trescosas: la primera de ellas podríamos llamarla provisoriamente es una demandade fundar un Estado intercultural, en el sentido de que ha llegado el momentode que en los órganos estatales se refleje la composición real de la poblacióndel país y que el Estado deje de ser una maquinaria que excluye y desorganizaal sujeto indígena-campesino.

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Un segundo elemento propio de la reforma estatal es avanzar hacia unnuevo régimen político administrativo, cuestión que no puede reducirse a unavisión unilateral de autonomía departamental. La autonomía departamental,regional, indígena o combinaciones de ellas son parte de la respuesta a estademanda, pero también podrían serlo algún tipo de federalismo, u otro tipo deesquemas descentralizadores Queda bastante claro que el esquema centralistavigente ha sido sobrepasado y que el proceso constituyente se encamina a susuperación.

Pero, la discusión sobre el tema apenas ha empezado. Los dirigentescívicos y empresariales de Santa Cruz llevan una ventaja real en materia deelaboración de propuestas, pero también es indudable que esa alternativa estállena de vacíos e interrogantes que deben debatirse, alentando el avance delproceso.

Por último, en lo que hace al objetivo de una nuevo estatalidad, existe unademanda creciente de que el nuevo Estado sea sujeto de una efectivafiscalización de la sociedad: control social. Control social es un requerimientoque expresa la vivencia de múltiples sectores populares que han confiado, quehan apostado al Estado, en una suerte de estadolatría, inclusive, y que handescubierto en una prolongada trayectoria que se necesita transparencia,accesibilidad plena a la información y mecanismos reales de vigilancia socialsobre el Estado.

La tercera área temática y de objetivos de la asamblea se vinculaprofundamente a la anterior y es la de la reforma institucional. Incluye lareforma de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial e instituciones como lospartidos políticos, la Policía, las Fuerzas Armadas, las universidades y otrasmás. Es aquí donde se observa una escasez muy marcada de propuestas y pro-yectos y donde las intenciones de transformación pueden quedar maniatadas.

Esta evolución dispareja de propuestas es otra evidencia de que el procesoconstituyente no se extingue con la realización de la Asamblea. Por muydepurada que sea el trabajo de los asambleístas, por mucho que participe lasociedad y por mucho que se logren acuerdos y alianzas es indudable que mu-chas cuestiones no serán resueltas, o lo serán de manera parcial o francamenteinsatisfactoria. Inclusive en el mejor de los escenarios, la aprobación de una

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nueva Constitución resolverá algunos problemas y contradicciones, encan-chará la posiblidad de encarar otras y dejará pendientes varias cuestiones.

EL PROCESO AMENAZADO.

La ausencia o las severas limitaciones de una estrategia política, que asumaorgánicamente la conducción del proceso constituyente, se verifican críticamen-te en el tratamiento de la ley de convocatoria de la asamblea. El Movimiento alSocialismo que muestra todas las señales de ser la sedimentación organizativa ypolítica más importante del proceso tropieza en este campo con todas sus limita-ciones y muestra una notable predisposición a montarse, a sí mismo, emboscadasmortales.

El peligro es tan grande que, bajo una cierta combinación de circunstancias,podría ocurrir que las organizaciones políticas y sindicales del sujeto indígena-campesino terminen por construir el mayor y, quizá, insuperable obstáculopara la realización de la Asamblea.

La expresión condensada de esta amenaza se encuentra en el proyecto deley de convocatoria, que con dos variantes u opciones ha preparado laComisión congresal presidida por el MAS. Las dos variantes presentanproblemas comunes que consisten esencialmente en la incomprensión de quela Asamblea es un tramo del camino de transformaciones, no su inicio ni sufinal, y en una subestimación de la capacidad y fuerza efectiva del poderconstituyente que ha empezado a desplegarse en el país. Como consecuenciade esta inseguridad, el proyecto refleja fielmente la ansiedad de diferentessectores, y en primer lugar de muchos dirigentes indígenas y campesinos, quelos empuja a tratar de imponer cuotas que supuestamente garantizarían supredominio en la asamblea.

Se apela a forzados y artificiosos argumentos sobre una la superioridaddemocrática de unos usos y costumbres para tratar de imponer unasasignaciones fijas que tendrían el efecto de garantizar una supremacía étnica.Ese enfoque corporativista, fuertemente contaminado por las aspiraciones deindividuos que tratan de asegurarse un escaño en la asamblea antes querepresentar fielmente a sus mandantes, excita las tendencias anticonstituyentesque camufladas bajo parecidos argumentos proponen unas representacionesgigantescas y caprichosas que van cerrando el camino a la Asamblea.

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La presentación de candidaturas y representaciones corporativas teníanuna base de legitimidad antes de que el proceso impusiera la reforma políticacontenida en nuestra Constitución vigente. La desmonopolización de larepresentación política, al desencadenarnos del degradado sistema partidarioactual, abre el espacio necesario para que las propuestas constitucionales quehan de llevarse a la asamblea cuenten con voceros y representaciónindependientes de los partidos. El número de asambleístas que respalden unaposición es importante, pero está fuera de toda duda que lo que está en juegohoy son principalmente las posiciones antes que los números.

Necesitamos una ley de convocatoria simple, clara y concisa, basada indis-pensablemente en las reglas constitucionales presentes de democracia, represen-tatividad y equidad4. Los asambleístas deben elegirse todos por voto, como loestablece el artículo 219 de la Constitución y como muestran todas las consultasque se han hecho al respecto, partiendo de los seminarios, foros y audienciashasta las encuestas, incluyendo la famosa encuesta madre realizada por la Unidadde Coordinación de la Asamblea Constituyente. Ese estudio, cuyos resultados semantuvieron sin revelarlos al público por varios meses, muestra que el 70% deencuestados se pronuncian por la elección de los asambleístas, por voto secreto,universal y directo.

Para inscribir candidatos, todos los concurrentes, todas las organizacionesque participan deben estar obligadas a respaldar a sus candidatos con firmas devotantes. Esto incluye a los partidos políticos, para que todos compitan enigualdad. Aquí ningún partido político tiene mandato de sus adherentes ni tieneprueba de mandato para elegir constituyentes. Por lo tanto, para acreditarcandidatos, debe darse una norma de inscripción única a través del mecanismode adhesión de firmas.

Esto ratifica la necesidad de que el debate sobre procedimiento secombine orgánicamente con el de contenido y propuestas. Las mujeres, losindígenas, los jóvenes, los grupos regionales tienen tantas opciones departicipar en las definiciones de la Asamblea, como la capacidad con la quecuenten, construyan y desarrollen de elaborar propuestas, de edificar alianzasy de plantear un proyecto de país que concite adhesiones.

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4 En el único anexo del libro se presenta un anteproyecto de ley de convocatoria, elaborado por diez personas (unade ellas el autor de este texto) en julio de 2004, por invitación de Maestrías para el Desarrollo de la UniversidadCatólica de La Paz.


La experiencia de lo que fue la incorporación de la Asamblea y el Referéndumal texto de la constitución actual debe servir para que actores tan importantes comoel MAS, en el Parlamento, y el Bloque de Unidad5 fuera de el, reestructuren susplanteamientos sobre la Asamblea. Desde 2003 hasta febrero de 2004 se desa-rrolló una dura polémica sobre cual era la mejor manera de incorporar laAsamblea Constituyente y otras reformas a la Constitución. El MAS se inclinóhasta último momento por la vía de una ley interpretativa que no sólo presenta-ba grandes flaquezas jurídicas, sino que dejaba fuera reformas tan importantescomo la desmonopolización. A último momento, el MAS comprendió que laAsamblea sin desmonopolización defraudaba el mandato popular y rectificó sucriterio.

La última reforma constitucional deja esa y otras enseñanzas, como la quepuede advertirse en el artículo 23 sobre el habeas data sobre el que se dice que esun recurso para resguardar el “derecho fundamental a la intimidad, privacidadpersonal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en estaConstitución”(textual, las negrillos son mías). Ocurre que ese derecho, esencialen cualquier sociedad donde el poder mediático es tan inmenso, no fue rescatadode la ley necesidad tanto por el atolondramiento de un trámite apresurado, comopor la idea de que la mayor parte de los nuevos derechos registrados en la ley2410 (ley de necesidad de la Reforma) tenían que “dejárselos a la AsambleaConstituyente, porque de otro modo, no tendría materias de las cuales ocuparse”,según la explicación que ofrecieron algunos legisladores sobre esta omisión.

El poder constituyente que está transformando el país nace de la expresiónmasiva y movilizada de los sujetos que impugnan a un poder constituido caducopor su irreparable colonialismo, discriminación y autoritarismo. Ese poder se haabierto camino en condiciones democráticas y pacíficas. La irrupción de legisla-dores vinculados a las organizaciones indígenas y campesinas nos muestra que elproceso ha roto los tabúes que bloquearon por larguísimos tiempo que los opri-midos apuesten electoralmente por representantes nacidos de su seno. No senecesita ninguna tutela, ni truco legal para fortalecer esa realidad.

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5 Alianza entre confederaciones campesinas e indígenas y otros sectores como el de los cooperativistas mineros quetiene como un punto principal de acuerdo la realización de la Asamblea Constituyente.


EL PROCESO EN LA COYUNTURA DE JUNIO.

El resultado de las recientes confrontaciones sociales es un nuevo escenariopor el que no pugnaron los partidos tradicionales mayoritarios en el Congreso,quienes buscaban la instalación de un “gobierno parlamentario” encabezado porel presidente del Congreso, ni los movimientos sociales que reclamaban nacio-nalización del gas e instalación de la Asamblea Constituyente. Después de medioaño de duras confrontaciones, será en julio de 2006 cuando simultáneamente sehará dicha elección y se votará la pregunta planteada en el referéndum sobreautonomías departamentales6.

Enero, marzo y junio son algunos de los puntos álgidos de la accidentada tra-yectoria que concluyó el 9 de junio con el relevo de Carlos Mesa, al que sucedeEduardo Rodríguez con la misión explícita de convocar a elecciones generales yde Prefectos. En dicho lapso la Secretaria de Estado norteamericana,Condoleeza Rice, ha hecho al menos seis declaraciones expresando “preocu-pación por la situación boliviana” y ratificando su adversidad contra el MAS y asu principal dirigente.

El año se inició con la certificación oficial del derrumbe catastrófico de lavotación que obtuvieron los partidos que en las 10 elecciones previas habíancanalizado cerca del 70% de los votos populares y que en diciembre de 2004sumaron entre todos unos 200 000 votos menos que los obtenidos entre el MASy el Movimiento Sin Miedo (MSM).

El MNR, ADN, el MIR, UCS y la NFR perdieron 847 402 votos enrelación a los que obtuvieron en las municipales 1999 y 1244 469 frente a losque lograron en la nacional de 2002. Estos datos dejan muy poco margen desustento a la idea de que los votantes se comportaron conservadoramente oque el nuevo sistema electoral “desmonopolizado” que se estrenó en 2004 notrajo cambios. Por el contrario, la objetivación del derrumbe electoral de losrepresentantes políticos de los mayores grupos de poder explica en buenamedida la intensificación de los choques sociales que se abrieron con laintensa movilización pro-autonómica que se dió en Santa Cruz de la Sierra.

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6 La consulta, tramitada con respaldo de cerca de 300 000 firmas recolectadas en ese Departamento, interroga sobresi se está de acuerdo en insertar en la Constitución un régimen autonómico que permita a cada Departamentoelegir sus autoridades y utilizar sus recursos propios.


Con las firmas en los libros y una gran multitud en la calle, la dirigenciacívica y empresarial de Santa Cruz probó que mantiene una capacidad real deconvocatoria, con la que consiguió mantener la cohesión del movimiento, apesar del abrupto cambio de discurso cuando abandonó su justificación deestar enfrentando el alza del precio de carburantes para plantear autonomía ya!como bandera de la “agenda de enero” que contrapone a la agenda de octubre.

La movilización en Santa Cruz consiguió, por encima de cualquier otracosa, definir una referencia política nítida contrapuesta a la que marcaron losmovimientos sociales en los últimos años. Se erige, así, en aparentecontrapropuesta al proceso constituyente y en la esperanza de la mayor partede los sectores sociales que sustentan y se aferran al poder constituido. Pero,esta apariencia puede ser extremadamente quebradiza cuando se la examinamás de cerca.

Al respecto, lo primero que desbarata la idea de que la autonomíadepartamental es una alternativa al proceso constituyente es la comprobaciónde que para que un esquema autonómico pueda realizarse efectivamente serequiere de una modificación profunda e integral de la Constitución, es deciruna reforma total en los términos del artículo 232 de la actual constitución, quees potestad privativa de la Asamblea Constituyente, según el mismo artículo.

Así, aún en el caso de que la respuesta a la consulta sobre autonomíadepartamental llegase a obtener un respaldo aplastante queda claro que elpróximo paso necesario es el de ir a la Asamblea Constituyente. Si la idea delmovimiento fue desplazar o anular la demanda de asamblea, esta quedótruncada por los masivos y múltiples pronunciamientos que se produjeron desdetodos los rincones del país, reafirmando el propósito de llegar a la asamblea.

En consecuencia, la llamada “agenda de enero” terminó fortaleciendo lavoluntad de hacer avanzar el proceso y la propia idea autonómica lo ha nutridoy reforzado, al demostrar que se necesita un cambio verdaderamente profundoy osado. Sin embargo, muchos dirigentes políticos y sociales parecen no habercomprendido esta dinámica y se han enfrascado en un ataque furibundo contrala idea autonómica, que básicamente tiene el efecto de oscurecer el debate yfortalece la convocatoria de los grupos a los que intenta combatir, apuntalandolos ribetes regionalistas y emocionales de la confrontación.

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Se ha caído finalmente en la trampa de crear una supuesta polaridad entreAsamblea Constituyente versus autonomía departamental, cuando lo que serequiere clarificar es que la autonomía departamental es uno de los enfoquespara tratar el tema de régimen político administrativo de la agenda de laAsamblea Constituyente.

Esta es una de las escaramuzas que más tiempo ha consumido y quemayores confusiones ha creado, enseñando las limitaciones de la capacidadestratégica, conocimiento de la realidad y habilidad táctica de dirigentessindicales y de movimientos sociales.

Algo no muy distinto se ve al examinar el desarrollo de las movilizacionesde marzo y de mayo-junio, referidas al reclamo de 50% de regalías ynacionalización de los hidrocarburos. En este campo el desconcierto llegó enalgunos momentos a contraponer estas consignas a la demanda de realizar laAsamblea Constituyente, hasta el extremo de afirmar que la realización de laasamblea tendría un carácter distraccionista. La realidad es muy diferente yaque es en la asamblea donde habrá que definir el manejo global de los recursosnaturales y, sobre esta base, realizar las enmiendas legales que permitan aplicarlos nuevos principios constitucionales.

Esta enorme falta de consistencia estratégica llevó a que el desenlace delas últimas movilizaciones se improvisara y, después de una serie de bandazos,se terminara canalizando toda la potencia del movimiento en impedir elascenso del presidente del Senado a la Presidencia de la República y que seconvoquen a elecciones para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo y deprefectos. La Asamblea quedó postergada hasta el año próximo y los sectoresmovilizados se preguntan hasta hoy que es lo que realmente lograron.

Además, en el transcurso de las últimas escaramuzas se han reforzadomanifestaciones de altos potenciales de violencia que si continúan avanzandopueden llegar a truncar todo el proceso. Una de esas expresiones ha sidodetectada por un periodista cruceño en las ultimas semanas y se publicó en elperiódico El Deber del Domingo 26 de junio7. En dicho informe se asevera queen la zona de San Julián estuvo próximo un enfrentamiento entre

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7 La crónica está firmada por Pablo Ortiz.


colonizadores que bloqueaban unos 130 kilómetros de carretera y quienespretendían restablecer la circulación de motorizados.

De acuerdo a la crónica periodística, unos 1200 civiles, reclutados eimpulsados por organizaciones cívicas, estaban listos para realizar unaoperación que pretendía desbloquear la carretera. Estos grupos estaban enposesión de rifles, escopetas e inclusive fusiles de asalto y, de acuerdo alreporte, los bloqueadores que se habían informado de los aprestos estabanorganizados y preparados para repeler el ataque. Si el choque hubiese llegadoa producirse (lo que no ocurrió por el acuerdo político que permitió alpresidente de la Suprema sustituir a Mesa), el siguiente centro de estallidoviolento hubiese sido la ciudad de Sucre y luego el reguero se habría extendidoincontenible.

Otros gérmenes de violencia existen en zonas del Altiplano y en lasarengas de dirigentes que convocaron a movilizar jóvenes de El Alto parallevarlos a Santa Cruz. Estas señales indican que aunque la tendencia centraldel proceso se orienta a buscar salidas legales y pacíficas, va cundiendo unacreciente exasperación que alienta a núcleos extremos a organizar bandasarmadas bajo convocatorias racistas, localistas, fascistas y polpotianas8.

El comportamiento de las masas movilizadas se ha guiado por unaconducta básicamente ajena al enfrentamiento físico. Así ocurrió en octubre de2003 y en movilizaciones más recientes, cuando centenares de milesmarchaban y ocupaban ciudades sin que se hubiesen presentado expresionesde violencia declarada, excepto en incidentes menores y aislados. Esa actitudprimó, a pesar de las exhortaciones a ir a la guerra civil.

Hasta donde es posible vislumbrar hoy, las elecciones próximasdifícilmente alterarán de manera categórica el balance actual de fuerzaspolíticas y, por ello, es previsible que se prolongue una situación de conflictosespasmódicos que estimulará el enardecimiento de sectores violentos, cuyocampo de acción se ensanchará, mientras no se perfile un proyecto político quede cauce al proceso constituyente.

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8 Se refiere a los Jemeres Rojos, seguidores de Saloth Sar (Pol Pot) Primer ministro de Camboya de 1975 a 1978 de1975 a 1979. Durante su gobierno fueron asesinados más de dos millones de camboyanos.


OTRAS FUERZAS Y DESENLACES.

Un tratamiento equivocado de la ley de convocatoria y las tentacionesviolentas no son las únicas trampas u obstáculos para el avance del procesoy la realización de la Asamblea. Además de las fuerzas regresivas yconservadoras internas no puede menospreciarse la estrecha vigilancia quemantiene el gobierno norteamericano sobre el país. Las reiteradasdeclaraciones oficiales así lo ratifican y pueden considerarse indicativas deque existe, al menos como diseño o hipótesis un plan de intervención externaque rompa el equilibrio calamitoso que rige en los últimos años.

Está claro que un desenlace de esa naturaleza es muy remoto y no puedecalcarse de experiencias como las de Haití. La forma en que podríacanalizarse es a través de formar una coalición donde Brasil y Argentina,cuando menos, tendrían que dar algún tipo de aquiescencia, para la que talopción pueda viabilizarse. Eso está muy distante, pero, a diferencia de lo quesucedía hace un año, es una alternativa minúscula hoy día, que podría crecerrápidamente, si no tenemos la aptitud de resolver los problemas internos.

Aquí el tema de cómo se encara y resuelve la política de hidrocarburoses fundamental, porque afecta a los grandes intereses corporativos y los denuestros vecinos, sedientos todos de fuentes energéticas.

En este sentido es notable como parece imponerse el consenso externo,alentado por muchos voceros y opinadores internos, de que el gran responsablede cualquier problema energético regional sería nuestro país, cuando unanálisis desapasionado muestra que quien realmente tiene la llave para abrir unhorizonte nuevo y ventajoso para todos los países vecinos es Chile, porque estáa su alcance, sin mella ni perjuicio para sus intereses, encarar una solución desus problemas pendientes con nuestro país, con lo que se abriría una verdaderaposibilidad de integración y cooperación energética regional.

Todo el mundo (al menos el mundo que accede a los grandes medios dedifusión) parece aceptar que el orgullo y arrogancia de ese país son“racionales” y “modernos”, cuando ya es tiempo de que las adhesionessensibleras con la reivindicación boliviana sean sustituidas por una acciónrealmente solidaria y racional que recuerde a Chile que si hay otras maneras deresolver los problemas.

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El tema de tierras teóricamente no necesitaría ser tratado en nivelconstitucional. También teóricamente las leyes vigentes permitirían resolverlas controversias. Pero la teoría se estrella contra el copamiento efectivo delpoder por quienes acumulan propiedades y rentan conciencias y tuercenconductas funcionarias. Esto ha llevado a que esta cuestión llegue a unainstancia de asamblea. Pero ninguna asamblea o norma podrán enfrentar yrectificar los grandes vicios si aborda la cuestión desde una visión exclusivade propiedad.

La especulación y el fraude deben terminar, pero la sed de tierra esinagotable y la tierra no. La única manera de abordar el problema esincluyendolo en diseño productivo integral, no solo agropecuario, que abraoportunidades de empleo e ingresos para quienes trabajan la tierra.

En suma, el proceso continuará avanzando y logrando resultados en lamedida en que las expresiones orgánicas y la capacidad de formulaciónestratégica del poder constituyente se vaya apropiando de su propia realidad.El primer déficit es que muchos dirigentes de los movimientos sociales no sehan tomado la misión de reflexionar sobre lo que está ocurriendo y hacen unade dos cosas: o endosan todos los cambios hacia la Asamblea, y con ello lasobrecargan y la convierten en una utopía, o están los otros que sencillamentellegan al absurdo de considerarla un invento de los sectores tradicionales paratorcer la voluntad popular.

El primer requisito para que el proceso avance es que sus propiosprotagonistas terminen apropiándose de él, asimilándolo y volcando estaexperiencia en formulaciones estratégicas. Cosa que se encuentra en un planotodavía muy inicial. Ahí está el principal riesgo.

* Documento basado en la entrevista realizada por el periodistaRafael Sagárnaga y publicada en la revista Oh de La Prensa, julio de 2005

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EL PROCESO CONSTITUYENTE EN BOLIVIA.Noviembre de 2004*

LOS ORÍGENES.

La Constitución que redactará la Asamblea boliviana a ser elegida enjunio del año próximo (2005), representará sólo un tramo de un procesobastante más amplio y prolongado que está movilizando, muchas veces

de manera subterránea, grandes expectativas, acumulaciones, experiencias, delos sujetos sociales más importantes de nuestro país.

Este proceso empezó a mostrar sus raíces desde 1990, con el arribo a LaPaz de la marcha de los indígenas de tierras bajas. Esta movilización, cuyasdemandas principales eran “Territorio y Dignidad” estaba enmarcada en laconmemoración del quinto centenario de la llegada de los españoles.

La demanda de territorio del movimiento social de los indígenas delOriente boliviano desnudó la vigencia de conflictos centrales acumuladosdesde la fundación de la República y que no alcanzaron a resolverse, ni con larevolución de 1952, ni con las sucesivas reformas de apertura y democra-tización estatal. Estos importantes cambios no llegaron a quebrar la esenciaexcluyente, racista, discriminadora y expoliadora del Estado nacional. Ante lademanda de territorio, los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legis-lativo respondieron que ejercer pleno control de la superficie, del conjunto delos recursos y de lo que está por debajo y encima de ella –tal como supone lademanda de territorio– requería de una reforma de la Constitución, porque enlos límites de la vigente en ese momento su reclamo no era atendible.

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Allá empieza el camino de acumulación que emitirá un primer destello haciael resto de la sociedad con la reforma constitucional del 93 y la Constitución de1994 que no obstante su carácter vertical, cupular y de dominio exclusivo de lospartidos alcanza a captar en dos artículos constitucionales el eco de los reclamosde los indígenas de tierras bajas.

Así, en el primer artículo de la Constitución del 94, el país se autodefinecomo multicultural y plurilingüe, y en el artículo 171 reconoce la existenciade autoridades tradicionales y de usos y costumbres propios de los pueblosoriginarios. Pero estos dos elementos, con todo el avance que suponen, estánmuy lejos de responder al requerimiento y expectativas de los indígenas. Poreso, cuando se aprueba la Constitución del 94, los indígenas parecencomprender que la reforma constitucional tradicional, por vía del Congresoy de los partidos políticos, difícilmente –o en ningún caso– va a siquieraconsiderar sus reivindicaciones.

Con estos antecedentes, podemos empezar a entender como es que el surgi-miento de un nuevo sujeto social remata en la paulatina maduración de unademanda que bajo su aparente carácter jus naturalista1 o liberal encierra una con-cepción muy propia y original. Así, en 1995, la Asamblea del Pueblo Guaraní(APG), a través de un pronunciamiento público, formula un primer llamado aorganizar la Asamblea Constituyente, como consigna que sintetiza la experienciapráctica e inmediata de los indígenas y las influencias externas que provenían dela realización de asambleas constituyentes que se habían realizado en varios paí-ses de América del Sur.

Queda muy claro que el requerimiento popular de preparar una AsambleaConstituyente, más allá de su significado puramente jurídico, expresa la necesi-dad de sectores sociales excluidos o subalternos de habilitar un lugar en que ellospuedan expresarse de manera directa, influir, participar, decidir, en este caso, pormedio de de una revisión profunda y radical de los contenidos de la ConstituciónPolítica de Estado, comprendida como “madre de todas las leyes e instituciones”.

Es necesario tomar en cuenta que esa demanda enlaza unas tradicionespolíticas propias de los pueblos originarios con las prácticas institucionales

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1 Se refiere a la corriente filosófica y jurídico-política que se impuso en Europa Occidental entre los siglos XVI alXIX, que distinguía un derecho natural diferente al divino, se explicaba la sociedad y el Estado como resultado decontratos sociales y reivindicaba a la razón como máxima herramienta humana para entender las leyes naturales.


“modernas”, y toma carácter público en el mismo momento en que el modeloneoconservador económico y de modernización estatal alcanzaba su auge conla ejecución de las llamadas reformas de segunda generación 2, o sea que, mien-tras la escena política y la agenda pública definida por los medios de difusiónestaba copada por el impetuoso predominio y avance de las fuerzas ideológicasneoconservadoras, en la base de la sociedad había empezado a gestarse unacontestación integral al conjunto del aparentemente invulnerable modeloimpuesto desde los años 80’s.

AVANCES Y SALTOS DEL PROCESO.

Pero, será recién 5 años después, cuando la exigencia de realizar laAsamblea alcance visibilidad y vigencia nacional, superando los límitesgeográficos, políticos y sociales de sus primigenios voceros, que representanmenos del 3% de la población boliviana y se encuentran alejados de lasgrandes concentraciones urbanas.

Entonces, si la Asamblea Constituyente tiene como punto de partida, ori-ginal y principal la respuesta del sujeto social indígena-campesino ante la dis-criminación, y exclusión que padecen desde la conquista. Con las movilizacio-nes sociales de 2000 en adelante se agregan los reclamos respecto al control delos recursos naturales, primero, tierra y territorio, luego, agua, después loshidrocarburos. A partir del año 2000 se generan entre los sectores popularescorrientes de opinión referidas a que los gobiernos de 1985 en adelante habíanburlando la letra y el espíritu de la Constitución que, de haberse aplicado, nohubiese dejado espacio a la entrega del control de los recursos a corporacionestransnacionales. A partir de la guerra del agua3 y los bloqueos campesinos de2000 y 2001 se generaliza la reacción de sectores populares y movimientossociales, sobre el área de los recursos naturales. Esta segunda vertiente del

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2 Se ha llamado así a las reformas principalmente económicas aplicadas en Bolivia después del gran ajuste estruc-tural ejecutado entre 1985 a 1993, por el cual se frenó la hiperinflación, se cortó el déficit fiscal y se liberalizó laeconomía con apertura comercial, liberación de tasas bancarias y desrregulación del mercado laboral. Las refor-mas de segunda generación privatizaron la economía (capitalización), el sistema de pensiones y crearon las condi-ciones para acoplar el país a la globalización y a la transncionalización de su economía.

3 Se llama así a la sublevación de la ciudad de Cochabamba en el centro de Bolivia, ante el intento de la transna-cional Bechtel, de pagar la casi totalidad de “sus inversiones” en el sector de agua potable con recursos obtenidosdel público por medio de una alta y persistente elevación de tarifas. La protesta, en abril de 2000, consiguió quese rescinda el contrato con Aguas del Tunari (la subsidiaria nacional de Bechterl). Hoy, Bechtel que dice haberinvertido 500.000 dólares en este emprendim,iento, reclama a Bolivia una indemnización de 25 millones de dólaresen un tribunal arbitral internacional.


proceso se complementa casi en seguida con la respuesta social ante la devas-tadora situación de desgaste de los mecanismos de representación y principal-mente la degeneración de los partidos políticos y con ello la necesidad de granparte de la sociedad de encontrar nuevos caminos y nuevas formas de repre-sentación.

Será a través de expresiones negociadoras, como las de las mesas delJubileo, donde se registran demandas sociales bajo auspicio de la IglesiaCatólica, el Diálogo Nacional 2000, o de manifestaciones de protesta como laguerra del agua o los bloqueos campesinos. En todos estos escenarios empieza afisonomizarse una demanda de reforma política que se expresa en la trilogía deAsamblea Constituyente, desmonopolización de la representación política y refe-réndum. Estas tres exigencias, obedecen en el fondo a los mismos requerimien-tos y van a terminar de tomar forma precisamente entre los años 2000 y 2002,cuando la sociedad se rebela abiertamente después de la prolongada tregua decerca de quince años, en que gran parte de los sectores sociales le dieron al neo-conservadurismo, a su Estado y a sus gobiernos una suerte de prolongada tregua.

Al analizar las fuerzas motrices contradicciones propias del proceso consti-tuyente, uno encuentra que ya pasan unos 15 años desde que se ha puesto enmarcha y que en el se expresan las necesidades, los requerimientos, las exigen-cias de una mayoría nacional que busca, hoy, a través de caminos pacíficos,democráticos, institucionales una modificación cualitativa del modelo de convi-vencia social y de las principales “reglas de juego” en que este se desarrolla.

LAS ASAMBLEAS CONSTITUYENTES EN LA HISTORIA BOLIVIANA.

A diferencia del momento en qué se fundó la República, estas mayoríasnacionales no admiten más estar discriminadas u omitidas como ocurrió cuandonuestro país nació a la independencia, con una Constitución creada para una por-ción mínima de la población: los criollos de ese entonces y posiblemente algunaspequeñas fracciones mestizas, mientras se dejaba al margen a la gran mayoría dela población. Es cierto que en los 180 años que median entre la primera a lasegunda Asamblea Constituyente (que debiéramos tener el año próximo), estossujetos sociales no permanecieron impávidos, sino fueron logrando conquistas,concesiones, reconocimiento de derechos. Quizás el más importante de todos esla abolición de la servidumbre en 1952; este derecho básico, que daba pie a refor-mas tales como el voto universal y la reforma agraria.

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Esa conquista quedó anulada el año 2003 a través de un decreto del señorGonzalo Sánchez de Lozada, cuando frente al problema planteado respecto al usode conscriptos en trabajos forzados, determina que los hijos de los trabajadores,de los campesinos, de los indígenas, pasen nuevamente a ser siervos4 ya que, condiversas excusas, estos jóvenes quedaban legalmente obligados a prestar trabajosgratuitos, sin derechos, ni protección de ninguna naturaleza.

El ciclo del 52 terminó de cerrarse (ya había comenzado a clausurarsemucho antes y a toda prisa a partir de 1985) con este tipo de disposiciones y elagotamiento de la Reforma Agraria. Al final del ciclo neoliberal desaparecen losvestigios también del nacionalismo revolucionario y se plantea la segundaAsamblea Constituyente de nuestra historia. Y digo segunda a sabiendas de quehubo otros eventos que han sido llamados Asambleas Constituyentes, pero queno fueron ni la sombra de lo que se entiende como tal en términos de representa-tividad, sino apenas simulacros por los cuales un determinado gobierno acomo-daba el texto constitucional a sus necesidades.

Entonces, en realidad tuvimos la Asamblea fundacional5 y nos estamos pre-parando para la Asamblea del año 2005 y de las dos, sin duda, la del año próxi-mo bien puede considerarse, en los hechos, una primera Asamblea, en el sentidode un genuino encuentro de representantes del conjunto de los sectores que com-ponen este país. Esto, sin olvidar todos los riesgos y obstáculos que se interpo-nen en su camino, principalmente, la rotunda oposición oligárquica6 a realizaresta asamblea.

EL CUESTIONAMIENTO DEL APARTHEID BOLIVIANO.

La Asamblea entraña una demanda de reforma política global, frente alhecho de que no obstante toda la evolución política que ha podido registrarseen casi 200 años de vida republicana, nuestro país ha estado viviendo con suspropias características y particularidades una suerte de apartheid. Losgrandes grupos sociales de trabajadores urbanos y rurales, de orígen

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4 “Para coronar la impunidad Goni aprobó el DS 27109 (..)esa norma legalizaba en el país la reducción a la esclavi-tud de los soldados” La Prensa, Suplemento “Documentos de La Prensa”, pág. 8. La Paz, 17 de octubre de 2004

5 Se trata del Consejo Deliberante que en 1826 redactó la primera Constitución Política de Bolivia.6 Se trata principalmente de grupos de neolatifundistas, el emporio de intereses nucleados en torno a COMSUR la

empresa minera de Gonzalo Sánchez de Lozada que es la primera exportadora de minerales (unos 300 millones dedólares para 2004) y que tributa prácticamente nada, gracias a una legislación ultraconcesiva y a algunos núcleosde grandes intereses petroleros y financieros.


indígena-campesino y mestizo, han soportado además de la miseria y unaperpetua acumulación originaria de capital en beneficio de la oligarquía ydetrimento del Estado mantenido con su sacrificio, una situación dedesprecio y discriminación continua. Este hecho tan conocido y nuncarealmente superado ha llegado a translucirse sin atenuantes por lainsubordinación de estos sectores y por el ahondamiento de la crisis estatal7

que se desarrolla desde hace al menos unos seis años.

Los grupos dominantes altamente vinculados al mercado internacional ycompletamente encandilados con la idea de “modernizar” al país, en el sentidode convertirlo en un elemento funcional y subordinado a las demandas ypresiones externas en términos financieros, económicos, tecnológicos ytambién culturales e ideológicos; estos grupos, demuestran su ineptitud paraconseguir sus fines inclusive en las condiciones más propicias a su favor, comofueron las que se vivieron en las dos últimas décadas.

La noción de refundación, o mejor aún de renacimiento, expresa laconfrontación de estas dos visiones. Por un lado, la visión oligárquica,originadora de la crisis de Estado, ha llegado a uno de sus grados de mayordebilidad; con su capacidad hegemónica (la de mantener una subordinaciónactiva de los sujetos sociales subalternos) completamente resquebrajada;con sus aparatos institucionales desgastados hasta el punto de conducirlosal enfrentamiento declarado entrre sí y con una perdida de control de susaparatos políticos e ideológicos. Por el otro, una visión nacional y popularque a través del proceso constituyente busca un renacimiento y una recreaciónde las relaciones sociales y de las que se dan entre la sociedad y el estado.

El discurso oligárquico tiende hoy día a reaglutinarse sobre susescombros, a partir, principalmente, de iniciativas que provienen del sectormás moderno de la burguesía boliviana, el sector agro-exportador y el de losejecutivos bancarios y petroleros. Estos sectores intentarán –en el caso deque no logre abortar la Asamblea Constituyente, que es el plan uno de laoligarquía– convertir la Asamblea en un escenario de debate monotemáticosobre autonomías departamentales.

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7 Crisis de Estado que se manifiesta en vacío hegemónico y desajuste orgánico de las instituciones estatales, que hoyfuncionan con una dinámica exacerbada de autonomía relativa, incumpliendo de una manera tan manifiesta sus fun-ciones legales que muchas veces llegan al extremo de hacer exactamente lo contrario de lo que la ley establece.


El movimiento popular y los distintos sujetos que se han idoreconformando en los últimos 30 años como producto del terremotosociológico ocurrido en ese lapso8, intentan por su parte formular un proyectoalternativo de Estado, de redistribución del poder en pos de que el mismo estévinculado a una nueva forma de producir riqueza y de distribuirla. Estaconfrontación se desenvuelve en condiciones de empate catastrófico, quepuede prolongarse hasta que alguno de los actores consiga establecer supredominio.

Con estas características, ritmos y forma propia de evolución delconflicto social en Bolivia, la Asamblea Constituyente, a diferencia de lamayor parte de las que se han realizado en América Latina, puede culminar conla promulgación de cambios legales que afecten de una maneraprobablemente inmediata y directa, a asuntos tales como el régimen depropiedad de la tierra y el control de los recursos naturales, además decambios en la forma de Estado, de gobierno y de las principales instituciones.

EL PROCESO ESTÁ EN MARCHA.

Si se ubica a la Asamblea Constituyente como parte de todo un proceso,con raíces próximas que datan de hace unos quince años y remotas que vanmucho más atrás y, así, se deja de verla como una criatura de octubre del añopasado o, como lo hacen varios columnistas, como una expresión delpintoresquismo jurídico del país es posible lograr una idea muy diferente a laque predomina en la escena mediática. Más importante aún, es posibledesprenderse del peso de una mirada que solo encuentra confusión eincertidumbre en todas partes.

El proceso constituyente, como búsqueda colectiva de una nueva manerade vivir y construir el país, se ha estado acelerando progresivamente. Del ritmopausado que se ve en la década de los 90’s al vértigo de 2000 en adelante. Delas luchas y demandas de 2000 se pasó a las realizaciones de 2002 con lamasiva votación que los nuevos sujetos y movimientos sociales obtuvieron,

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8 Se hace referencia aquí a los procesos de diáspora de los obreros mineros, los grandes cambios del campesinadoa raíz de los intensos movimientos migratorios hacia las ciudades, la desaparición de varias fracciones empre-sariales , o los efectos de la “informalización” económica y la reducción de empleos estatales sobre la clase mediaurbana.


logrando un 30% de la representación legislativa. En 2003 se desplazó algobierno cívico-militar encabezado por Sánchez de Lozada, conjurando de esamanera y hasta ahora la posibilidad de que la espiral de violencia se conviertaen una guerra civil.

En este último año se ha reformado la Constitución, incluyendo en ella lasdemandas básicas que abren paso a la reforma política y el espíritu del procesose manifiesta en el inicio del 4to. artículo constitucional que proclama que elpueblo gobierna y delibera. Los cambios no han quedado confinados a laesfera política y jurídica, sino que afectan la vida económica, con el desmon-taje del modelo vigente desde 1985. Así debe entenderse que un gobiernodemocrático, pero esencialmente conservador particularmente en lo econó-mico, haya aprobado en febrero el decreto llamado “compro boliviano” queasigna preferencias para los productores nacionales, rompiendo la hasta ahorainquebrantable tendencia a abrir la economía sin ningún reparo.

El referéndum de julio no solo ha significado que el pueblo soberano tomeconciencia de que su palabra ya no puede eludirse cuando se trate de adoptardecisiones fundamentales, sino que ha parado en seco la capitalización en elsector hidrocarburífero. Es muy difícil que las largas batallas legislativas queestán en vigencia puedan anular la decisión de recrear una empresa estatal delos hidrocarburos.

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, RENOVACIÓN INTELECTUAL Y MORAL.

Vemos lo mismo de una manera muy patente en la deliberación que desdehace más de un año tiene lugar en la preparación del Diálogo nacional “Boliviaproductiva”9. En este Diálogo cunde una tendencia productivista en los sec-tores de base que se traduce en un discurso que se puede resumir de lasiguiente manera: “no estamos más interesados en estrategias de reducción dela pobreza porque estas estrategia, tal y como son concebidas aquí, y con elrecetario que nos llega de afuera, van a significar que dentro de 20 ó 30 años

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9 Diálogo Nacional, es una práctica de concertación entre el Estado y representantes sociales inaugurada desde1997 y que ha ido cambiando de una consulta genérica, a una búsqueda de consensos sobre estrategias antipo-breza, en la versión del Banco Mundial. Este último Diálogo, vigente desde junio de 2003 y que debe culminar afines de 2004 busca ir más allá, por obra de los representantes sociales, para definir nuevas orientaciones de inver-sión pública e inclusive nuevos enfoques de políticas económicas.


tengamos eventualmente un poco menos de analfabetismo y estemos conmejores índices de vacunación, pero en ese plazo y en definitiva seguiremossiendo miserables, eventualmente vacunados y alfabetizados. Nuestra idea noes esa, nuestra idea es ser una nación, ser un Estado, ser un pueblo próspero,que utilice para sí sus riquezas y que obtenga bienestar con ellas”.

En otras palabras, el Diálogo está trabajando en el cambio de modeloeconómico, que es un problema que no se resuelve en el nivel de normasconstitucionales, sino en el de leyes y decretos.

En el plano local, la efectivización de las normas que señalan que lamayoría de los recursos de coparticipación deben ir hacia lo productivo,podemos estar dando pasos decisivos para la modificación del patrón deacumulación. Ir desde del actual patrón “de base angosta”, que significa quelas actividades económicas que producen mayor riqueza son las queproducen al mismo tiempo menor cantidad de empleo y están dentro de unrégimen de propiedad altamente concentrado, hacia un modelo de baseancha, donde las actividades que hoy día producen más empleos lasinformales, la de pequeña y mediana producción, dan más alternativas deempleo pero producen menos riqueza 10.

Podemos comenzar a transitar hacia un modelo donde el uso de recursosnaturales como los hidrocarburos sirva para este propósito, antes que paraformular grandes sueños de grandeza o a la ilusión de que una riqueza naturalpor si misma puede sacarnos de la pobreza.

Esta tendencia productiva muy fuerte se acompaña en la base social deuna crítica creciente hacia las formas de mendicidad que han caracterizado eldominio oligárquico. Mendigo es el Estado boliviano, mendigas su burguesíay oligarquía, que andan con la mano extendida por todos los pasillos de losforos internacionales y en las relaciones con los demás países. Además, demendigos son muchas prácticas internas de los más diversos sectores.Aparentemente este es un hecho que se está expresando en la forma de unreclamo de la transformación productiva que nos permita salir de la condiciónde eternos extractores de riqueza natural, para buscar formas opcionales y

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10 Las nociones de patrón de base ancha y angosta han sido trabajados con persistencia y claridad por el economistaboliviano George Gray Molina en varios artículos.


diversificadas de utilización de estos recursos y sobre todo de la propiacapacidad y talento de las mujeres y hombres de este país.

LA DECADENCIA DEL SISTEMA Y LAS NUEVAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN.

Por otro lado, está presente la posibilidad de que la reforma políticaconfiada a la Asamblea, abra camino a nuevas formas de convivencia entredistintos sujetos sociales, quienes son los que realmente le dan identidad yesencia a lo boliviano, haciendo que esos sujetos sean quienes también tenganun peso decisivo en el control del Estado y en la adopción de políticas.

La transformación política tiene un correlato ético e intelectual, comorespuesta a la decadencia del sistema de representación política y, en general,de todas las formas de representación. Hoy nos carcome una insatisfaccióngeneralizada con los dirigentes sociales, laborales, sindicales, cívicos,deportivos, culturales, religiosos, etc. Todo ello crea una demanda de renova-ción moral e intelectual. En lo intelectual, en el sentido de que comocolectividad seamos capaces de utilizar recursos del conocimiento que están anuestro alcance, pero permanecen fuera de nuestro control. Que la discusióninterna en el país se realice sobre bases de mayor conocimiento de la realidady de menos discursos rimbombantes. En la dimensión ética, una renovaciónque lleve a terminar con la discriminación, cosa que no será posible si no seincrementa la honradez intelectual del conjunto de los sujetos, la tolerancia yla capacidad de lograr la subsistencia de normas y de autoridades sobre la basede la adhesión convencida de los gobernados.

¿Es posible en este proceso, –como lo interroga el cuestionario de JuanJacobo Tancara que ha dado lugar a este artículo– vislumbrar otro tipo depolítica, no partidaria, no plutocrática, no corruptible; incluyente, ecumé-nica, intercultural, integradora?. Tal como yo entiendo este proceso consti-tuyente, su orientación apunta precisamente hacia esos objetivos. Y así lopodemos encontrar de diversa manera y como tendencias fuertes en diversosepisodios de la vida nacional del último tiempo. Cada uno tiene su particularexpresión y es susceptible de distintas interpretaciones.

Por ejemplo, al discutir las nuevas formas de representación política hayque entender que la decadencia del sistema de partidos ha abierto espacio a que

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los medios de difusión sean hoy un tipo de instituciones de representaciónpolítica11 y junto a ellos diversos movimientos sociales, organizaciones nogubernamentales junto con formas de organización política tradicional comocomités cívicos y organizaciones corporativas de toda índole.

Las tendencias de reestructuración parecen dirigirse a que las formastradicionales coexistan con nuevas formas no profesionales de ejercer lapolítica. Estas nuevas formas pueden expresarse, por ejemplo, a través de lasagrupaciones ciudadanas o las que surjan de pueblos indígenas12. El proceso nova ser fácil; de hecho, tenemos una ley de participación ciudadana que en suartículo cuarto atenta violentamente contra estas nuevas formas derepresentación cuando las convierte en formas permanentes, prácticamenteprofesionales, en tanto que la sociedad busca crear representaciones políticasno profesionales, que permitan, tácticamente por un determinado período y enuna situación concreta, a diversos grupos sociales insertarse en el Estado.Entonces aquí habrá una búsqueda probablemente de mediano y largo aliento,procurando alcanzar un equilibrio entre estas distintas maneras derepresentación.

DESCOMPOSICIÓN SOCIAL.

Otra particularidad del proceso boliviano, es el entremezclamiento deconductas y actitudes que existe dentro de las prácticas actuales de lossujetos sociales13. Entremezclamiento de tendencias innovadoras contendencias conservadoras y hasta reaccionarias. Es el caso, por ejemplo, desectores que pueden plantear cambios y avances democráticos muyimportantes y al mismo tiempo, por ejemplo, impugnan algunas reformasjudiciales que tienden a que en el país se respeten más los derechoshumanos. Ocurre que los sectores que son innovadores en unas áreas, en

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11 Cortéz R. “Movimientos sociales y partidos políticos en Bolivia”,Revista de Ciencia Política Nro. 4, INCIP, La Paz,1999.

12 Manifiesto aquí mi discrepancia con la noción vigente de que los pueblos indígenas como tales constituyan formasde representación política electoral. Los pueblos indígenas tienen como cualquier organización humana diversastendencias que no pueden uniformarse estaturiamente y por lo tanto es necesario que se modifique la ley deAgrupaciones existente en sentido de contemplar esta pluralidad propia de los pueblos, sin recortar o disminuir lasprerrogativas que han conseguido.

13 Llamo así a esos grandes conglomerados humanos (clasistas, étnicos, regionales y otros) que hacen la política y,en definitiva, hacen la historia.


esta otra se muestran partidarios de que no haya derechos para losacusados, de que se los mantenga incomunicados, que se los castigue;inclusive ahí están los hechos de “ajusticiamiento”, de ejecución de acusa-dos que practican sectores de la sociedad; o los abusos, de que algunosmovimientos sociales, como es el caso de “los sin tierra” acusados de ejer-cer violencia en contra de pequeños campesinos e indígenas.

Las peleas intestinas de amplios sectores sociales, campesinos versuscolonizadores, cooperativistas mineros contra trabajadores de ese sector,vecinos entre sí, nos configuran un ambiente de desagregación ydescomposición.

ÉTICA, RELIGIÓN Y SABIDURÍA POPULAR.

Termino refiriéndome, otra vez por las preguntas de los editores de estarevista, a la ética, la religión, la sabiduría autóctona. Cada uno de ellos hajugado un rol muy especial, muy importante, en nuestra historia y particu-larmente en este período del proceso constituyente.

Esto se engarza con el sentimiento de un pueblo que ha decidido no seguirtolerando la cada vez más inescrupulosa de ejercer el poder y las prácticas departidos políticos que se han alejado completamente de la mínima noción queles daba sentido de ser algún tipo de institución de servicio público, paraconvertirse en verdaderas universidades de delito, del asalto a los fondospúblicos, de abuso del poder. Esta indignación social tan extendida quereclama una reconfiguración ética, así como valores propios de la cultura yreligiosidad popular y de la influencia de distintos credos, están jugando y vana seguir jugando un rol muy importante, sobre todo en un contexto como elactual donde el avance que existe en la formulación de un proyecto nacionalde carácter más nítidamente político es todavía muy inicial.

Se puede valorar en todo esto la dimensión utópica, los sueños, la fe (másallá de una religión en particular), las esperanzas, el lado más íntimamentehumano de todo esto, como una fuerza enormemente significativa en eldesarrollo de los acontecimientos. Sin esta capacidad de crear y fabricarsueños y objetivos distantes, de creer firmemente en que las condicionesextremadamente duras en que vive la mayor parte de los bolivianos; sin esta

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persistencia verdaderamente inquebrantable de construir un país diferente, elnuestro hubiese sido un destino verdaderamente catastrófico, hubiese sido eldestino de unas mayorías asfixiadas y aniquiladas como ha ocurrido en paísesvecinos o de otros que han alcanzado mejores niveles de bienestar económico,por ejemplo como en el caso de Chile, pero a costa de una inmersión total enuna dinámica ultrapragmática que tiene una fuerte base de resignación, deconcesión y transacción con un sistema cada vez menos humano.

Parte de nuestros problemas, de nuestros quebraderos de cabeza, tienenque ver con ese impulso soñador, esa rebeldía propia de las gentes de esteterritorio en el que habitamos, de no resignarse y de insistir desespera-damente, desordenadamente, caóticamente muchas veces, en la conquista deuna utopía, no como el equivalente del asalto al paraíso, pero sí con laconvicción de que es posible vivir mejor y mucho mejor sin resignarse a laidea de ese chiste popular escrito en alguna pared de que existe un mundomejor pero es carísimo. Parece que los bolivianos y las bolivianas de todasmaneras estamos dispuestos a conquistar ese mundo mejor invirtiendo en ellolucha y esfuerzo, antes que nuestros inexistentes ahorros financieros.

*Preparado para la revista Fe y Pueblo del ISEAT

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LA APUESTA BOLIVIANA: EL PROCESO CONSTITUYENTEJulio 2004*

Inicial, y brevemente, quiero analizar la coyuntura. Porque hoy, cualquieracción u omisión puede tener consecuencias de gran alcance sobre el desa-rrollo de los acontecimientos. Por eso, quiero hacer el intento de realizar un

recuento del panorama internacional, respecto al cual no tengo ni la soltura nila solvencia necesarias, pero que resulta muy importante en el momento deestudiar la situación interna del país. Luego, voy a referirme a la Asamblea y elproceso constituyente.

UNA MIRADA AL MUNDO.

El siglo XXI se ha inaugurado bajo el signo de una de las regresiones másgrandes del planeta, como resultado de la convergencia de la acción de gruposterroristas y la respuesta desplegada por la gran potencia militar del planeta, losEstados Unidos.

La respuesta represiva de los Estados Unidos se desarrolla, en dos planos:internacional e interno. En el plano internacional adopta actitudes que echanpor tierra, de un plumazo, el avance de convenios internacionales y la vigenciade organismos como Naciones Unidas. Es decir, que la noción de guerra pre-ventiva cuestiona las bases del derecho internacional. Y a través de estas accio-nes, los Estados Unidos extienden mucho más allá de sus fronteras –hasta losúltimos rincones del planeta– una forma de terrorismo de Estado y de unaacción represiva exacerbada. Esta posición es compartida por gobiernos comoel de Gran Bretaña.

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Por otra parte, dentro de sus fronteras se ha producido un evidenteretroceso del liberalismo político a través de la aprobación de normas comola Patriot Act que vulnera derechos y garantías y autoriza intervenciones dela policía y los organismos de inteligencia, en una escala desconocida en esepaís. Otras señales de esta regresión son que importantes órganos de difusiónde este país discuten abiertamente, y sin complejo o pudor alguno, cuánválido es que el Estado utilice la tortura como recurso válido y legítimo, omás importante aún, el alto nivel de intención de voto que se manifiesta afavor de la administración actual. Se trata de un cuadro evidentementedesolador. Aunque simultáneamente se han gestado también respuestassignificativas como las manifestaciones registradas en Europa ante la inva-sión a Irak, que ha logrado un nivel de acumulación cuantitativa mayor y másrápido a la que conocimos en la guerra de Vietnam.

Dentro de estas acciones pro-democráticas América Latina ha dado su pro-pia respuesta. Prueba de ello son los gestos de México y Chile que en elConsejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomaron distancia de los EstadosUnidos en un intento por enfrentar esta presencia omnímoda y el surgimientoy fortalecimiento de gobiernos contestatarios a la política estadounidense,como los de Argentina, Brasil, Venezuela.

En este contexto, Estados Unidos, al mando de George Bush, pone unénfasis extraordinario en el plan Colombia, hecho que evidencia la voluntad dereducir el cuadro político latinoamericano al terrorismo y al narcotráfico y de“ocuparse” de nosotros, en su próximo gobierno, en el sentido de incrementarsu presencia militar y su control de la región.

LA CRISIS DE ESTADO EN BOLIVIA.

Bolivia vive un proceso caracterizado por una crisis de Estado que seadvertía ya desde 1998. Este hecho se expresa a través de dos componentesprincipales: por una parte la vacancia hegemónica, pues en este momento noexiste un sujeto, agente o conglomerado social que parezca tener laposibilidad de plantear un horizonte común, o menos aún un dominiohegemónico en el sentido de construir un dominio con consentimiento activode los dominados. Esta crisis de Estado se expresa, entre otras cosas, en unestado de insubordinación social reiterativo que, por el momento, no parece

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tener solución. El otro componente de la crisis es un desajuste esencial en elfuncionamiento de las instituciones del Estado, entra las que se advierte undesequilibrio orgánico cuyo extremo no sólo radica en la incapacidad de lasinstancias estatales para cumplir sus funciones legales sino, en muchoscasos, en el hecho de que lejos de ajustarse a su mandato legal, lo violentan.

Estas son dos características esenciales de la crisis de Estado en Bolivia.Pero no se trata de una crisis revolucionaria, como cierta tradición histórica nospuede inducir a pensar, porque para que ésta suceda no es suficiente el hecho deque “los de abajo ya no acepten una forma de gobernar y los de arriba ya no pue-dan gobernar”.

Al leer y descifrar el movimiento de los sujetos contestatarios se adviertenun estado de ánimo y unas prácticas tremendamente ambiguas ycontradictorias. Los sujetos sociales simultáneamente muestran interesantes ysignificativas tendencias innovadoras hacia la profundización democráticapero, al mismo tiempo, por ejemplo piden la abolición del Código Penal yplantean abiertamente que los sospechosos de cometer delitos deben seraislados e interrogados o castigados aún antes de que se conozca su culpa-bilidad. Esto podría explicar el índice de muertes por linchamiento en el paísque, de una manera más o menos amplia, prolifera. En una insubordinaciónsocial hay fuertes tendencias regresivas y conservadoras. Este es el estado deánimo en torno a esta dupla profundamente contradictoria donde podemosencontrar algunas claves para descifrar el proceso y plantear vías de avance.

LA HERENCIA DE OCTUBRE.

A partir de esta situación particular se produce en Bolivia el relevo delgobierno el 17 de octubre de 2003, cuando es expulsado el máximo titular delconservadurismo boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyedespavorido dejando una estela de sangre tras de sí y es reemplazado conbeneplácito popular por uno de sus más próximos colaboradores, Carlos Mesa.

El presidente Mesa representa el conservadurismo conceptual en el país yno encontró, en los campos filosófico o ideológico, una distinción precisa entresu posición y la de Sánchez de Lozada. Tampoco veo una diferencia radical enel señorialismo de ambos sujetos. Donde si hay diferencias –y sería completa-

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mente equivocado ignorarlas– es en los planos ético, estético y de sensibilidadpolítica y social. Mesa aparece o reaparece históricamente diciendo: “Me hanpreguntado si soy capaz de matar”, frase a la que respondió diciendo que nopodía hacerlo, mostrando asimismo una conducta diferente a su antecesor en elsentido de su capacidad de encuentro con las masas, con indígenas, con la plebe.

En diciembre del año 2002 Carlos Mesa decía que no sólo el Estado escorrupto, sino que lo es porque el pueblo es corrupto1. Mesa expresaba así lopeor del pensamiento arguediano2 en el sentido de que asume como un hechola suposición de que los bolivianos somos víctimas de una enfermedadcongénita, nacional, que nos impide realizarnos como pueblo.

Tenemos un Presidente tan conservador como el círculo más estrecho decolaboradores que lo rodea. Las cadenas que atan al Presidente y su capacidadde análisis y acción política se manifiestan de manera clara cuando el Senado,a pedido y por iniciativa del gobierno, ratificó un convenio de inmunidad afavor de los ciudadanos norteamericanos y, por otro lado, a través de esaaberrante ley interpretativa destinada a liberar de responsabilidad a militaresque participaron en los conflictos de octubre de 2003, a través de un acuerdoentre el Presidente y sus ministros más próximos, con el presidente del Senado.

Los hechos señalan que el Presidente perdió ese margen de libertadpersonal del que nos había hablado cuando recordó al ex presidente Frías3.Carlos Mesa, muy lejos de ese ánimo, está ingresando en una pendiente muypeligrosa en que la estrategia fundamental de su gestión parece ser supermanencia hasta el 2007. Esta aparenta ser una obsesión que le restacapacidad de acción frente a diversas presiones.

El gobierno no puede ignorar que empezó a perder el control de lasituación, cuando en febrero de 2004, después de anunciar que daría unenfoque diferente a su gestión imponiendo un tributo a los grupos econó-

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1 Hizo esta aseveración en la conferencia convocada por Prisma y cuando ejercía interinamente la Presidencia, alafirmar que era equivocado atribuir el el manejo de la corrupción a los partidos políticos, ya que, en su opinión,las prácticas corruptas se encuentran enraizadas en la propia sociedad.

2 N.d.E. Se refiere al pensamiento del escritor boliviano Alcides Arguedas.3 N.d.E. Tomás Frías Ametller, Presidente de la República entre noviembre de 1872 y mayo de 1873, quien ante

rumores de golpe de estado dijo que el momento en que alguien quisiera el poder, ni lo despierte, porque tenía labanda presidencial y los símbolos patrios listos para entregarlos a quien se los reclame.


micamente más favorecidos, retrocedió frente a las amenazas de pequeñossectores oligárquicos que cuestionaron sus anuncios económicos. Se le presen-taba otra vez una oportunidad excepcional para recuperar el control de lasituación y convertir los índices de desconfianza ciudadana –que todavía estánpor encima del 50%– en confianza: el bien político más importante en el paísen estos momentos.

Sin confianza se arriesgan los avances democráticos del pueblo que, porel momento, cristalizan en la nueva Constitución Política aprobada el 20 defebrero de 2004. Ésta expresa un salto cualitativo extraordinario: el hecho deque el artículo 4º comience afirmando que el pueblo gobierna y delibera. Se haintroducido la Asamblea Constituyente, el Referéndum y la iniciativa ciudada-na, pero lo relevante es haber logrado condensar dos siglos de luchasdemocráticas del pueblo boliviano. Éste ha sido el intento más serio deconvertir un discurso en práctica orientada a resolver el malestar y la crisisde representación que acompaña a la crisis del Estado4.

Tenemos entonces un instrumental importante y de mucha proyección enla Constitución Política vigente y es sobre esa Constitución –desconocida paramayor parte del movimiento popular– sobre la que se debe trabajar. Porque elpueblo fue mal informado precisamente por sus representantes, por losdirigentes de toda naturaleza, desde el MAS, pasando por la CSUTCB y laCoordinadora del Agua5 que se dedicaron a estigmatizar las reformas que sehabían alcanzado hasta julio de 2002 en la ley 2410 de necesidad de reforma,y a la que tachaban genéricamente de ser una “reforma neoliberal” de laConstitución .

La aprobación de esta reforma es un paso muy significativo delproceso constituyente, iniciado hace más de una década y que tiene en laAsamblea su punto simbólico y jurídico más elevado, pero que no se agotani termina en el.

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4 En alguna otra ocasión he comentado respecto a los resultados de un trabajo realizado por la cooperación alem-ana en Bolivia (GTZ) donde se percibe el profundo hastío de la sociedad sobre todo tipo de representantes políti-cos, sindicales, laborales, movimientos sociales y organizaciones cívicas. Nadie está satisfecho con su repre-sentación y la gente quiere participar directamente.

5 N.d.E. MAS: Movimiento al Socialismo, liderado por el dirigente cocalero Evo Morales. CSUTCB: Central SindicalÚnica de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Coordinadora del Agua: organización de varias institucionessociales y de trabajadores de la ciudad de Cochabamba liderada por el dirigente fabril Óscar Olivera.


LOS ORÍGENES Y AVANCE DEL PROCESO CONSTITUYENTE.

En principio, es necesario señalar que la primera y más importante raíz delproceso constituyente se encuentra en la marcha por la tierra, el territorio y ladignidad de los indígenas de las tierras bajas del oriente del país.

Así, la emergencia de estos nuevos sujetos cuestiona al Estadorepublicano en esa concepción excluyente, racista, discriminadora, quearrastra desde su fundación.

Así, el sujeto social indígena campesino se convierte en el precursor y elmás importante impulsor del proceso constituyente. Pero, no es sino hasta elaño 2000 cuando la consigna da un brinco desde el oriente hasta Cochabambaa través de la guerra del agua, y dos años después se traduce en el tema del gasy los hidrocarburos, convirtiendo a la demanda de control de los recursosnaturales en la segunda raíz de la Asamblea y el proceso constituyente.

Ese clamor de los sujetos populares respecto al manejo y control de losrecursos naturales tiene un tono autocrítico, porque la capitalización sucediódebido a todo tipo de complicidades intelectuales políticas y sociales, puesquienes llevaron a cabo la privatización bajo el nombre de capitalización, lohicieron con mandato popular. En las últimas ocho elecciones nacionales ymunicipales, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), AcciónDemocrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento Nacionalista Revolu-cionario (MNR), acapararon más del 60% de los votos. De modo que noproclamemos prematuramente su repliegue y menos su muerte.

La Asamblea Constituyente boliviana, si logramos realizarla, se va adistinguir de otros procesos, incluyendo el colombiano, porque puede lograrconsecuencias perceptibles y tangibles a corto plazo. Porque está bien queadvirtamos que al día siguiente de la nueva Constitución ni tendremos másempleos o mayores salarios, pero la Asamblea Constituyente tiene buenasposibilidades de generar un cambio fundamental en el régimen de tenencia ypropiedad de la tierra, al control de los recursos naturales, con una conciencianacional cada vez más despierta respecto a que los recursos naturales no sereducen a los hidrocarburos y minerales, sino que incluyen, el agua, labiomasa, los bosques, el oxígeno.

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Ahora es el momento en que los indígenas empiecen a explicar quésignifica exactamente para ellos la noción de tierra y territorio, ya que unaaplicación literal de esta concepción significa, por ejemplo, que el 83% de lasreservas del gas del país son de propiedad de los waneyek y tapietés6, porqueesas reservas están en su territorio. Cabe conocer si quechuas y aymarascomparten ese planteamiento y cual es el sentir de la población urbanarespecto a la posibilidad de que ese gas por el que tanto pugnan unos y otrossectores sea reconocido como propiedad de un grupo muy reducido defamilias. Es evidente, que si ese fuera el caso, existen fórmulas tributarias,practicadas en países donde se reconoce un régimen de propiedad territorialinclusive para individuos, que permiten distribuir los recursos generados entreel Estado, la región y los propietarios de formas aceptables para todas laspartes. La pregunta válida es si quienes están enarbolando ciertas banderasestán al tanto de todas sus derivaciones.

LA REFORMA POLÍTICA.

El otro elemento raigal que ha orientado el proceso constituyente es unademanda de reformas políticas encaminadas a democratizar la sociedadprofunda y genuinamente. Desde inicio de 2000, en el Jubileo7, el DiálogoNacional, en las luchas sociales, bloqueos campesinos de ese año y, después,en las consultas de el Consejo Ciudadano8 y del Parlamento esta demanda seexpresó en la trilogía de “Asamblea Constituyente, referéndum ydesmonopolización de la representación política”.

En cuanto a la representación en la Asamblea Constituyente, si algo haquedado claro para los senadores –que han tenido que escucharlo en más deuna audiencia pública– es que la gente les ha dicho muy amablemente perode manera irrevocable: “no queremos verlos cerca de la Asamblea”.

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6 N de E. Wenayek,. Ava Guaraní y Tapiete, son etnias asentadas en el ecosistema del Chaco boliviano al sur este delpaís.

7 Jubileo 2000 fue una movilización convocada por la Iglesia Católica, originalmente para solicitar a escala inter-nacional la condonación de la deuda externa. Se convirtió en una consulta en la que diversos grupos hicieron cono-cer demandas y propuestas de cambio social.

8 Grupo de 9 personas convocado por Hugo Banzer para redactar un anteproyecto de la Constitución en 2001.Realizó para cumplir su propuestas múltiples consulatas y reuniones con diversos sectores.


De todas las asambleas constituyentes del área andina, la boliviana es laque menos dueños tiene: no hay caciques, líderes, ni partidos propietarios deella. Este hecho puede ayudar a que tengamos una Asamblea Constituyentecon un margen extraordinario de innovación. En este sentido, debemosadvertir que en medio de la crisis de Estado y de descomposición social, sepresentan dos tendencias: un proceso de reforma profundo, democrático ypacífico y, como riesgo latente si la primera tendencia no se impone, el avancehacia una coyuntura de disolución.

Esa segunda tendencia nacería de profundización de la crisis, porqueexisten fuerzas centrífugas poderosas que sería peligrosísimo subestimar, yaque sabemos lo que pueden generar las minorías eficaces en Bolivia. Antes delas movilizaciones de los indígenas de tierras bajas o de las acciones de loscocaleros (ambas minorías que no superan el 3% de la población) los minerosbolivianos –que rondaban ese mismo porcentaje– hicieron historia durante 50años; la misma oligarquía ha sido y es una minoría diminuta. Entonces, novayamos a subestimar a los actores por su dimensión demográfica, menos aúncuando una característica principal de la coyuntura actual es la fragmentacióndel poder político. Cada sujeto, cada actor, cobra una nueva dimesnsión dentrode esta fragmentación que ha empoderado a una parte de los sujetos sociales,pero, también a algunas fracciones dominantes.

La tendencia creativa del proceso constituyente puede conducirnos a unauténtico renacimiento. Todavía no aparecen los grandes talentos del cambiosocial y de la política y tenemos que trabajar mucho para lograr esareconversión intelectual y ética sin las cuales el renacimiento se truncaráinevitablemente, abriendo espacio a una regresión autoritaria muy profunda.

¿OCASO DEL PODER OLIGÁRQUICO?.

Nuestra tarea es preparar y abrir espacio para que el proceso llegue hastala Asamblea Constituyente y que desemboque en la creación de fuerzassociales e instituciones que custodien el cumplimiento de una Constituciónque exprese un nuevo orden social. En contra de este avance del proceso, hayuna oligarquía, conservadora y reaccionaria que tiene como estrategiaclaramente definida, impedir, a cualquier costo, la Asamblea Constituyente.Alternativamente, existe la posibilidad de que ésta se realice pero como un

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ceremonial controlado, es decir, como un rito sin posibilidades, cuyo controlesté en manos de los aparatos políticos de la oligarquía del país.

Sin embargo, una particularidad del momento actual es la debilidad delpoder oligárquico, en una escala que no habíamos conocido antes, lo que demomento dificulta las salidas de fuerza clásicas. Así se pudo verificarrecientemente cuando las Fuerzas Armadas estuvieron dispuestas a golpear yno pudieron9 hacerlo. No es que les faltaran ganas, decisión, o bronca; pero laexperiencia próxima mostraba que lo peor que podía ocurrirles era buscar ellasmismas el gobierno y, de hecho, la posibilidad de un gobierno militar noexistió en ningún momento.

La debilidad oligárquica se encuentra en el derrumbe de sus partidos,su pérdida de iniciativa y capacidad de hilar e imponer discursos decohesión social, en la crisis de Estado, en la pérdida o limitación de controlde sus aparatos.

En tales circunstancias, preparar la Asamblea Constituyente significa quese debe avanzar en materia de resolver conflictos sobre la tenencia de la tierratodo lo que permita la ley, utilizando todos los recursos legales para saciarparte de la sed y de los anhelos de tierra. Esta es una obligación concreta delgobierno, que muestra grandes vacilaciones e inconsistencias cuando le tocaactuar. La Asamblea debe darse en un contexto en que la población indígena ycampesina recupere confianza respecto a que es posible, pacíficamnente, hacervaler sus derechos.

Hay que revertir la traición solapada y los convenios existentes entre elgobierno y organismos empresariales, a los que con precisión estratégica estáapuntando la marcha de San Julián10. Se debe avanzar en ello a toda costa,

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9 N.d.E. En abril de 2004, miembros del Alto Mando Militar, vistiendo uniforme de campaña, se presentaron ante elPresidente de la República, Carlos Mesa, para protestar por el fallo emitido por la Fiscalía de Distrito de La Pazsegún el cual los militares acusados de cometer delitos contra los derechos humanos durante los hechos sangrien-tos de febrero de 2003 donde fallecieron una enfermera y un albañil, debían ser nuevamente investigados –y juz-gados- aún habiendo sido sobreseídos por el Tribunal Militar. Este hecho fue entendido como un acto de insubor-dinación.

10 N.d.E. A mediados del mes de junio de 2004, pobladores de la región de San Julián, ubicada a 145 kilómetros alnoreste de la ciudad de Santa Cruz y paso obligado en la ruta hacia el Beni, llevaron a cabo una serie de movi-lizaciones para demandar al gobierno la solución de varios temas pendientes particularmente con relación a ladotación de tierras.


porque el grupo palaciego más próximo al Presidente supone, erróneamente,que tomar medidas en el problema de la tierra significará echar abajo lasexportaciones agrícolas y eso no es verdad. No se está pidiendo la reversión detierras productivas, sino de las grandes extensiones de “engorde”, de los títulosfalsos y fraudulentos, así como que se acabe la evasión fiscal de grandespropiedades rurales.

Se debe llegar a la Asamblea Constituyente descomprimiendo expec-tativas y combatiendo las tendencias centrífugas. Un compañero colombianonos decía: “Nosotros hicimos la Asamblea Constituyente para terminar laguerra, ustedes la harán para impedirla”. Pero ocurre que, si no la preparamosbien, la Asamblea Constituyente puede ser más bien el gatillo y el comienzo dela guerra. Todo lo que se haga o se deje de hacer será utilizado en contranuestra en un juicio histórico. No hay omisiones inocentes.

Para manejar el tema de la descentralización resulta también indispen-sable avanzar tanto como sea posible, antes de que la Asamblea inicie sussesiones. Si se opera de esa manera, podrán desinflarse muchas tensiones yfalsas expectativas que, si llegaran intactas al momento de apertura de laAsamblea, pueden desviar su atención y crear falsas polarizaciones internas.Las exigencias descentralizadoras de la “Media Luna”11 deben tener de partedel gobierno una respuesta consistente en avanzar, con prisa y sin pausa, enla mayor transferencia de competencias a las regiones en todos los ámbitosposibles.

Las exigencias que se plantean desde los sujetos sociales hacia elgobierno deben estar acompañadas de los más grandes esfuerzos en llevaradelante procesos de renovación entre quienes los representan, tanto comocambios drásticos en las tácticas y formas de organización. Si las formas delucha de algunos de sus componentes siguen siendo golpear y castigar a losmás pobres, a los más débiles, quitándoles clases a los niños más pobres ysalud a los más débiles y desnutridos, como ocurre actualmente, no llegaremosa ningún lado. Ese es, lamentablemente, el comportamiento de algunossectores de la dirigencia social y laboral que carece de una estrategia

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11 N.d.E. Se conoce como “Media Luna” a las propuestas relativas a las autonomías departamentales alentadas porlos Comités Cívicos de las ciudades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca que, de acuerdo al mapapolítico boliviano, toman la forma de una media luna.


consistente para enfrentar a a los grupos dominantes. Hasta ahora, a ningunade ellos se le ha ocurrido hacerle una vigilia ante las sedes de transnacionalesque estimulan los conflictos, o enfrentar, en serio, a los intereses de Sánchezde Lozada; por ejemplo, exigiendo una auditoria de los contratos queCOMSUR12 tiene con COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), y que lehan permitido a esa empresa exportar más de 200 millones de dólares el añopasado, pagando poco o nada en tributos y regalías.

Ya es momento de revisar esos contratos en vez de continuar tomandominas, o enfrentándose con obreros mineros, como lo están haciendo gruposde cooperativistas mineros. Podemos obtener resultados mucho más rápidosexaminando esos contratos, que de seguro contienen muchas cláusulas lesivasal interés nacional y de dudosa legalidad.

En cuanto a los hechos de enfrentamiento entre sectores se advierte undenso silencio de los intelectuales, algunos de los cuales prefieren además decallar, lanzar apologías sobre la supuesta aplicación de una “justiciacomunitaria” en hechos en los que han sido torturados y asesinadoscampesinos de base.

En otros campos: ¿Cuánto se ha escrito sobre el tema de la desmono-polización?13 ¿Quién enfrentó al MAS cuando se opuso a la desmonopo-lización, con el argumento que le iba a perjudicar en las lecciones municipalesde diciembre?, ¿Dónde están los pronunciamientos ante estas actitudes?.Parece que el terror nos paraliza cuando toca enfrentarnos a esos dirigentes ycon esta actitud intelectual nos iremos al despeñadero. Flaco servicio lehacemos al movimiento popular callando, condescendiendo; y no se trata deestar más allá del bien o del mal, sino de reconocer nuestras propiasdebilidades, inconsecuencias y fracasos. En esto consiste la renovaciónintelectual y ejercitándola se pondrá de manifiesto el barro, pero tambiéndescubriremos el diamante que hay en cada uno de nosotros, individual ycolectivamente.

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12 N.d.E. COMSUR, Compañía Minera del Sur, de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada.13 El artículo 222 de la Constitución Política del Estado, reformada y aprobada en febrero de 2004, abre paso a la

desmonopolización partidaria, es decir que la representación popular no sólo se ejerce a través de los partidospolíticos sino también mediante agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.


Abrir el camino hacia la Asamblea Constituyente demanda entonces unproceso de renovación permanente, además de algunas tareas concretas entrelas cuales se encuentran la reglamentación de la desmonopolización de larepresentación política.

Por otra parte, se ha previsto entregar la Ley Especial de Convocatoria ala Asamblea Constituyente hasta diciembre de este año, lo que es muy riesgosoporque mientras más se prolongue el debate sobre el procedimiento y se cuentecon menos tiempo para preparar y analizar lo que será el contenido de la nuevaConstitución serán mayores los riesgos de divisiones y enfrentamientosinternos, por ello creo que debe abreviarse al máximo el período de discusiónde la ley de convocatoria y ampliarse, al máximo, la consideración sobre loscontenidos de la nueva Constitución y el mandato que deben recibir losconstituyentes de sus electores sobre esta cuestión.

Lo importante es dejar de concentrarse exclusivamente en losprocedimientos, que es todo lo que hemos hecho hasta ahora, para empezar arevisar y discutir, desde ahora, los contenidos de la nueva Constitución.

LA LEY ESPECIAL DE CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

Si bien la ley de convocatoria a la Aasmblea es una ley compleja, puedeser trabajada en tiempo relativamente breve, incorporando, por lo menos, losmecanismos de elección, el número de asambleístas y el producto de laAsamblea (es decir si la Asamblea elaborará una nueva Constitución o unproyecto de Constitución que deberá ser sometida a referéndum paraaprobarse).

Sobre el mecanismo para elegir a los asambleístas creo que la mejorforma es lo que llamo “mecanismo mixto de elección”. Este consiste en laselección de candidatos, en una primera fase, mediante usos y costumbres delas comunidades u organizaciones que tengan tradiciones de esa naturaleza.Una vez que se ha procedido de este modo corresponde inscribir a talescandidatos, igual que cualquier otro, a través de un solo procedimiento: elrespectivo respaldo de firmas, que debe ser exigido por igual a lasagrupaciones ciudadanas y a los partidos.

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Todos deben participar en las mismas condiciones y no debe permitirseque los partidos usen su personería jurídica como supuesto derecho a inscribircandidatos a constituyentes, ya que dicha personería se obtuvo para lainscripción de candidatos a diputados, senadores, concejales, presidente, perono para constituyentes, por lo cual partidos y agrupaciones requieren, ambos,respaldo de firmas para inscribir a sus candidatos. Finalmente la elección debeser por medio del voto universal, directo y secreto. Esto es lo que llamomecanismo mixto y encuentro que buena parte de organizaciones socialesmuestra una predisposición positiva para adoptarlo.

Este procedimiento se opone a los mecanismos de representacióncorporativa y de asignación de cuotas que predisponen a la división, elsectarismo y la manipulación caciquista. La experiencia reciente de lasorganizaciones sociales permite prever que si se otorgan representacionespor cuotas, prácticamente cada organización que haya designado a sus repre-sentantes se expone al riesgo de dividirse, al minuto siguiente de ladesignación, por obra de los descontentos y por la vigencia de la genera-lizada e integral crisis de representación a la que ya se ha hecho referencia.

Preparémonos para estar presentes a través de un sistema de alianzas yde calidad, es decir, que los representantes sean los mejores y que lascomunidades pequeñas puedan llegar a la Asamblea mediante alianzas conotros candidatos.

En cuanto al producto de la Asamblea, yo me inclino por la posición deque esta elabore un proyecto que deba ser sometido a referéndum popular.Entiendo los riesgos que tiene esta posición, pero creo que su ventaja que esconseguir una apropiación colectiva de la nueva Constitución es muy necesariaen las condiciones históricas que estamos viviendo.

LA AGENDA MÍNIMA DE LA ASAMBLEA.

No obstante que la Asamblea tiene la potestad de revisar y reformartoda la Constitución resulta cada vez más claro que son tres las áreas queresultarán prioritarias: 1) tierra-territorio y recursos naturales, 2) cambiosestatales referidos a la descentralización y los mecanismos de participaciónpermanente de los indígenas en la gestión estatal y 3) la reforma política.

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Ya se ha dicho que el primer aspecto es el que otorga posibilidades alproceso constituyente boliviano de distinguirse de otros por poder introducircambios de rápido y amplio efecto, lo que también puede pasar con loscambios estatales referidos al segundo punto. Aquí, con reforma política merefiero a las modificaciones que se introducirán en los Poderes, en lasFuerzas Armadas (por ejemplo, servicio militar obligatorio o voluntatrio,¿tribunales militares?, su ámbito de acción y competencia, actuación de lasFuerzas Armadas en conflictos internos), Policía, partidos políticos,Universidades.

En el campo de los derechos hay avances importantes en la últimaReforma (habeas data, por ejemplo) aunque los parlamentarios dejaron en elcamino artículos muy importantes como el que se refiere al derecho a la honra,a la dignidad, a la imagen personal y a su prestigio (indispensables en unasituación mundial donde los medios de comunicación se han convertido enprotagonistas políticos de primer nivel), lo que tendrá que ser subsanado en laAsamblea.

La tendencia observada en otras asambleas constituyentes latinoame-ricanas es que dedican dos terceras partes de su tiempo a cuestiones proce-dimentales y en el último tercio de su tiempo se desesperan y atropellanqueriendo resolver lo sustantivo. Pocas Constituyentes imitaron lo que se hizoen Colombia donde se estableció una instancia específica para compatibilizary concordar la nueva Constitución con las leyes. Porque si no existe esa partereglamentaria y articulada con las leyes comunes, los avances extraordinariosque se puedan logran en la nueva Constitución resultan inaplicables por faltade las herramientas. Por eso, debería pensarse seriamente en prever estassituaciones y, lo que es más importante, entender que el proceso no se agota enla Asamblea, sino que se proyecta más allá en la construcción y fortalecimientode fuerzas e instituciones que custodien y permitan el efectivo cumplimientode la nueva Constitución.

TAREAS URGENTES, MÁS ALLÁ DEL BLOQUEO.

Sabiendo que la Constitución no es el mejor espacio para resolver elproblema del llamado “modelo económico”, que se basa principalmente enleyes ordinarias, antes que en normas constitucionales, hay que entender

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que las respuestas concretas y prácticas para el desempleo, los ingresos yotros aspectos clave del modelo tienen que tratarse, antes de la Asamblea, enescenarios como el Diálogo Nacional Bolivia Productiva.

A principios de año, el Directorio Social del Diálogo ha conseguido que elgobierno introduzca en su plan económico aquello que se ha llamado el“compro boliviano”. Este proyecto no es para nada pequeño, implicaadquisiciones estatales que bordean los 1000 millones de bolivianos por año.Esta medida altera de manera fundamental al llamado modelo y la orientacióneconómica adoptada por el Estado desde 1985. El Diálogo es un auténticocomponente del proceso constituyente que abre la posibilidad, no de generaruna nueva estrategia antipobreza como lo sigue pidiendo la cooperaciónexterna, sino de cambiar reglas de juego de modo que se favorezca latransformación productiva del país. Lo mismo puede decirse del referéndumque tiene posibilidades ciertas de ponerle fin a la capitalización del sectorhidrocarburífero, lo que equivale, en gran parte, a ponerle fin a toda lacapitalización.

Trabajar en todas las áreas del proceso implica una tarea militantecotidiana, de compromiso y de participación en la coyuntura, entre otras cosas.Se debe trabajar con mucho ahínco en el área de la comunicación. Por ejemplo,se debe hablar con los diputados, hacer un seguimiento a su trabajo, discutirlos proyectos antes de su aprobación; es decir, debemos plantear otro tipo deexpresiones y participación activa distinta al bloqueo cotidiano. No pensemosque éste va a desaparecer pero va menguar por la fiebre de tensiones que hay,uno de cuyos componentes es la angustia de sus actuales dirigentes pormantenerse a la cabeza, porque están percibiendo la crisis de representación.Están en riesgo prácticamente todos los Solares14 muchos dirigentes de los sintierra y de varias otras agrupaciones. Se percibe un proceso latente derenovación de dirigentes que incluye la posibilidad de una renovación ética eintelectual.

El segundo elemento radica en trascender las formas habituales dedeliberación y reunión sectorial que de todas maneras se van a dar. Por eso, eldesafío fundamental previo a la Asamblea, es ayudar a conseguir que los

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14 Se refiere a Jaime Solares, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.


sujetos experimenten la transversalidad y la heterogeneidad del proceso; quese entienda que la Asamblea no es un espacio de concurrencia de pliegospetitorios, porque en la Asamblea no hay a quien pedirle nada. Se trata deentender que la Asamblea Constituyente es un espacio de construcción de pro-puestas comunes. Este es un llamado a que concentremos nuestros esfuerzospara que en el plazo más breve se constituyan las Mesas Ciudadanas paraimpulsar la Asamblea Constituyente, con el propósito claramente determinadode practicar y llevar adelante una agenda de encuentros y de movilizaciónmediante encuentros transversales y heterogéneos, donde sujetos de distintasregiones, culturas y experiencias se encuentren y debatan. Por eso, es vital queempecemos a debatir contenidos, a ensayar el sabor de lo que puede ser lapreparación de nuestra nueva Constitución.

Empecemos a crear un clima de deliberación nacional. En eso consiste elproceso de participación. Estoy absolutamente convencido de que losbolivianos tenemos la oportunidad histórica de realizar modificacionestrascendentes, duraderas, democráticas y pacíficas, en beneficio de los sujetossociales postergados, discriminados, oprimidos y excluidos. Este es unmomento excepcional para construir una sociedad mucho más participativa,menos discriminadora, menos racista y capaz de manejar sus recursos eintegrarse. La oportunidad está dada y la única manera de viabilizarla espacífica y democráticamente.

*Versión revisada,corregida y resumida de la ponencia a la asamblea del ConsorcioApostamos por Bolivia

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CONSTITUYENTE Y ANTICONSTITUYENTE19 de marzo 2004*

Una decisión ha sido adoptada por algunos de los grupos de mayorpoder económico asentados en el país: detener la AsambleaConstituyente; abortarla, bloquearla; a cualquier costo con seguridad

y en el mayor silencio. Están dispuestos a conseguirlo empleando cualquiermedio, todos los medios. Atemorizando, chantajeando, sobornando y, princi-palmente, mintiendo. La mentira es el signo del plan, porque gran parte de suéxito depende de que los labios de los amos de la economía jamás se abranpara denostar a la Constituyente. Otros se ocuparán de ello, en sordina, enclave jurídica, con sofismas y lenguaje iniciático.

UN GOBIERNO ACORRALADO.

La maquinación comenzó, desde el momento en que se levantaronvoces para impugnar la decisión gubernamental de aplicar impuestos quepermitan disminuir la brecha fiscal. Una avalancha de pronunciamientosadversos, de amenazas y desafíos se puso frente a la decisión delEjecutivo, convocando a las “bancadas regionales” a que cierren el paso alos proyectos que debían materializar su propuesta económica. Laofensiva tuvo un éxito tan rápido y rotundo que, allá mismo, se soldaronsus objetivos y se convalidó su método de avance. En pocos días, elgobierno se sintió acoquinado y solitario, confinado al espacio metafóricoque le otorgan las estadísticas de popularidad y confianza ciudadana.Empezó la triste ronda de las consultas y las negociaciones –legítimas e

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imprescindibles para acordar el diseño de leyes– pero simplementepatéticas, cuando intentan subsanar el desconcierto o la indecisión.

La arremetida de una oligarquía que apareció penosamente en la escenapara proclamar que no dispone ni de peniques para pagar una diminuta cuotadel costo del fiestón que disfrutó durante más de tres lustros, fue puntual-mente acompañada de un coro de dirigentes de todo pelaje que, con la excusade defender a los pobres, desataron diluvios de amenazas y azuzaron todoslos choques posibles, mezclando sin pudor los más sublimes y los másperversos.

Una operación tan exitosa dio el campo necesario para que los corrillosparlamentarios salgan del sótano de la vergüenza (no la suya por cierto) yreaparezcan ante micrófonos y cámaras, como sabios consejeros, agudosfiscalizadores y propietarios de la última de las verdades. Al mismo tiempoque la crisis estatal arrecia, desgarrando instituciones y pulverizando cré-ditos y prestigios, la vacilación permite que el viejo régimen cobre impulsoy se atavíe de redentor.

La estrategia anticonstituyente tiene táctica antigubernamental, noporque se proponga derribar, ahora, al régimen constituido. Por lo pronto setrata de acobardarlo, dejarlo exangüe y armar todo el barullo que se pueda,en torno a supuestas habilitaciones de sucesores o candidatos golpistas,mientras se crean las mejores circunstancias que abran paso a una renunciay a un llamado anticipado de elecciones que clausurarán la convocatoria yfuncionamiento de la Asamblea Constituyente. El boicot parlamentario esmuy importante, porque reanima la falsa discusión sobre la no menos falsagobernabilidad, en los términos y cláusulas que le asigna el decadentesistema de partidos.

LA ANTICONSTITUYENTE.

Es legítimo preguntarse por qué los dueños reales, legales o no, de lasriquezas naturales vuelcan sus energías contra una Asamblea, que parece tandistante e inaccesible. La respuesta es que sus resultados, a diferencia deotras experiencias latinoamericanas recientes, pueden afectar profundamentesus intereses. El hecho de que la Constitución no tenga carácter retroactivo

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no les consuela ni les tranquiliza, porque temen que la nueva carta magnalimite su campo de acción y sus perspectivas de una forma que no toleran nicomo hipótesis.

Aunque no se conoce un solo proyecto de nueva Constitución y hastaahora nadie ha explicado con que texto se pretende remachar la orientaciónestatalista de la Constitución actual, o que artículos la blindarán contra lasviolaciones de que ha sido objeto, la oligarquía no concilia el sueño, desde queha percibido que la propiedad y el manejo de la tierra y de otros recursosnaturales serán tema central de las deliberaciones de la Asamblea. Y, desdeluego, sus pesadillas no amainan cuando se interrogan sobre los cambios quepuedan afectar a la ruinosa maquinaria estatal, que ha estado bajo sumonopólico control y servicio desde la fundación de la República.

Padeciendo la más alta incertidumbre de la que tenga memoria y cuandosu capacidad de elaborar discursos agregantes se suma al quebrantamientointegral de los aparatos de Estado y a los dispositivos políticos e ideológicosde control social, es decir en la hora de su mayor debilidad política de lahistoria reciente la oligarquía opta por la guerra preventiva.

LA CONSTITUYENTE.

El poder oligárquico tiene al frente a un movimiento popular,precariamente estructurado sobre la base de movimientos sociales,básicamente dispersos y que de una manera intuitiva, que está lejos deaproximarse a la formulación de un proyecto propio, busca desencadenar unareforma política de gran envergadura que amplíe sus posibilidades dedisputar excedentes y crear una base productiva más amplia que le permitasuperar la línea de incierta sobrevivencia a la que lo amarran todos losmodelos económicos ensayados en nuestra historia nacional. Esos anhelos,traducidos en una abierta insubordinación social, tienen su punto de amarreen la Asamblea, erigida en icono del cambio.

Son justamente esas altísimas expectativas y un desconocimiento esencialsobre la naturaleza, límites y capacidades de la Asamblea los que se erigencomo su primer y mayor amenaza. Si los bolivianos no consiguen elaborar,recrear y apropiarse del conocimiento básico sobre estas cuestiones el

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desarrollo de la Asamblea, esta frustrará sus expectativas y, eventualmente,atizará divisiones y enfrentamientos.

Una de las más tempranas expresiones de este peligro se encuentra en uncierto ánimo que tiende a predominar, predisponiendo a que una multitud degrupos se imagine la Asamblea como un campo propicio para exponer quejasy reivindicaciones sectoriales. Está lejos de comprenderse que en laAsamblea no hay autoridad, representante o legítimo receptor de lamenta-ciones. Allá se encuentran asambleístas, portadores de intereses y represen-taciones que deben plantear propuestas abarcantes y articuladoras delconjunto. Lo particular encontrará espacio, en la medida en que puedaproponerse con una visión y un lenguaje universalizante –de este universoboliviano–, porque si no lo consigue, será ignorado y se convertirá enmateria de resignación o tendencia al choque.

La magnitud de las amenazas y el descalabro coyuntural deben sertomados como un aliciente para preparar la Asamblea en las mejorescondiciones, porque la opción oligárquica de truncarla nos lleva conseguridad a la guerra interna, que puede tardar más o menos en declararse,pero que será tan cierta como monstruosa si se pierden las inigualablesoportunidades que existen, pese a todo, para plantear y construir un nuevocompromiso social que marque un nuevo rumbo en la construcción del país.

EL ITINERARIO Y EL CAMPO DE MINAS.

Según las estimaciones técnicas y políticas aún vigentes, la Asambleapodría ser convocada y sus miembros elegidos de aquí a un año. Para que esoocurra y, sin que todos los que se van a citar y examinar sean requisitosestrictos, se espera que:

√ hasta el último día de Mayo próximo el Congreso apruebe la ley deAgrupaciones Ciudadanas, reformas a las leyes electoral, de partidosy de municipalidades;

√ entre Junio y Julio se lleve a cabo el referéndum sobre la política dehidrocarburos;

√ en ese mismo lapso debe culminar el Diálogo Bolivia Productiva; √ a principios de diciembre deben verificarse las elecciones municipales,

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√ hasta fin de 2004 debe aprobarse la ley especial de convocatoria a laAsamblea Constituyente.

La única precondición estricta de todas es la última y, dicho como está,resulta engañosamente simple, porque para contar con un instrumentoverdaderamente útil se necesita realizar un amplio proceso de consulta ynegociación que indefectiblemente se realizará en paralelo con la consulta,análisis y debate de los contenidos del Proyecto de Constitución que elabore laAsamblea. La reflexión, intercambio y propuesta ciudadana más amplias yparticipativas tendrán que ocuparse, inmediatamente después del referén-dum, tanto del procedimiento (quienes, cuantos, como) propio de la ley deconvocatoria, como de las líneas y temas centrales que tratará la Asamblea, yano como reglamentación, sino como guía de los asambleístas. En términosnetos, contamos con unos 4 meses para considerar ambos aspectos y unos 3adicionales, entre la sanción de la ley y la elecciones para concentrarse en loscontenidos; todo esto en un contexto de campaña electoral municipal abierta.

Aceptando que el procedimiento es importante pero secundario respectoal de contenido, la ley de convocatoria debe resolver el mecanismo de elecciónde los asambleístas, su número y el producto que elaborará la Asamblea: nuevaConstitución o Proyecto de nueva Constitución. El número importa, cuando setoma en cuenta que si la dificultad de lograr acuerdos es directamenteproporcional a la cantidad es casi una constante en cualquier colectividad, estoes mucho más cierto para el momento que vivimos los bolivianos.

Sobre la forma de elección, la experiencia electoral de nuestro puebloincita a utilizar una vía mixta que consiste en que todas las colectividades(comunidades, corporaciones, gremios) habituadas a una determinadatradición para seleccionar a sus representantes, de acuerdo a sus usos ycostumbres, la ejerzan a plenitud y que sus delegados, designados de acuerdoa tales prácticas, sean inscritos como candidatos ante los organismoselectorales en los mismos términos que los otros candidatos, es deciracreditando un respaldo ciudadano expresado en una cantidad establecida defirmas. De este modo, se reivindican y ejercen todas las prácticasdiferenciadas que existan, sin cortapisas ni restricciones, al mismo tiempo quepor medio de las firmas y, después, a través del voto se emplea un códigodemocrático de validez general. Ni los partidos, ni cualquier otro tipo de

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agrupación pueden inscribir candidatos, si no es con el correspondiente avalde firmas, cuyo número variará de acuerdo a que el candidato se habilite porcircunscripción electoral o se presente por circunscripción nacional.

Si no se olvidan las condiciones históricas y sociales concretas en lascuales se ha gestado la demanda de esta Asamblea Constituyente, en medio deuna crisis global de representación, con una necesidad amplísima departicipación y fiscalización social y en un contexto de descomposición ydesconfianza, la ley de convocatoria debiera definir que la tarea de losasambleístas es presentar un proyecto de Constitución que para ser aprobadonecesita consultarse con el pueblo soberano, que con la mayoría de sus votospromulgará la Constitución. No debiera descuidarse, en consecuencia preverque el proceso no llegue hasta su final (ya sea porque la Asamblea no consiguepresentar al menos un proyecto mayoritario, o porque no se logre la mayoríapopular en el referéndum, o cualquier otro incidente) y disponer de unprocedimiento para habilitar una nueva convocatoria.

Las reformas a leyes que el Congreso debería entregar hasta el 1ro dejunio tienen relación más bien con la elección municipal, cuya importanciaresulta mayor en tanto que será el primer ejercicio de una elección abierta, nosujeta al monopolio partidario, motivo suficiente para que la fiscalizaciónsocial vigile que el Parlamento cumpla oportunamente su trabajo, ya que elatraso llevaría, según la Corte Electoral, a que no puedan realizarse taleselecciones desmonopolizadas, lo que es sencillamente inaceptable. La ley parareglamentar la participación de agrupaciones ciudadanas debe ser muysimple y escueta, estipulando como únicos requisitos para habilitarlas unadeclaración de principios y las firmas de adhesión que correspondan. Como,por definición, estas agrupaciones son asociaciones temporales no cabe prevermecanismos de financiamiento estatal, los que, además, están profundamentecuestionados para los partidos. Si una agrupación opta por extender su vidamás allá de una elección tiene la posibilidad de cumplir los requisitos que sepiden a los partidos y transformarse en uno.

El proceso del referéndum que está ostentosamente atrasado, deberecuperar el tiempo perdido, porque su materialización compite objetivamentecon el de la Asamblea. Mientras el primero no culmine, las posibilidad realesde consulta y movilización social sobre la última son muy restringidas. Más

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importante todavía, es que el referéndum tiene aparte de su propia importancia,una posibilidad de influir intensamente sobre la orientación y el tono de laAsamblea, en el sentido de atenuar o estimular tendencias centrífugas de todalaya. Las preguntas del referéndum deben consultar sobre cuestiones queestimulen una vigorosa y sana unidad plural, como son la reconstitución deYPFB como empresa y como representante nacional ineludible en cualquiermegaproyecto hidrocarburífero. Es indispensable que el gobierno sea abierto,claro e inequívoco al informar sobre puertos de salida y trazos de ductos, perono cabe introducir este tema en la consulta.

En cuanto a las preocupaciones sobre que debatirá la Asamblea no esposible limitar este contenido, pero el análisis de cómo se ha ido gestandopermite prever que los temas que seguramente consumirán sus sesionesson: tierra-territorio, propiedad y manejo de recursos naturales (minerales,hidrocarburos, agua, bosques), descentralización en su sentido más amplio yreforma política (Poderes estatales, Fuerzas Armadas, partidos políticos,Policía).

AVANZAR A LA CONSTITUYENTE COMO PROGRAMA DE GOBIERNO.

El alto nivel de autonomía relativo de los aparatos estatales, propio de lacrisis de Estado, traducido en los desencuentros y brechas institucionales tieneuna reluciente cáscara con que se presenta la coyuntura a través de los mediosde difusión, embelesados con las intrigas de pasillo y jugarretas partidarias, yque contiene como carozo, cuidadosamente escondido a los ojos del público,a la disputa social desnuda sobre el excedente y la reconfiguración de lasprincipales instituciones. El gobierno sufre y se desangra mordiendo la cáscaray estando ausente de la pulpa y la esencia. Su extraordinaria vacilación ante laprimera arremetida de parte de una fracción oligárquica ha mellado sucredibilidad y la confianza de amplios grupos sociales, urbanos y rurales, y haespoleado la reactivación de múltiples focos de protesta. Lo que es peor, esteretroceso ha contribuido a que tendencias de descomposición social seahonden, manifestándose en choques intrasociales con marcado tono violento.

Este no es un gobierno revolucionario y es tan injusto como infundadoesperar que lo sea. Es un gobierno democrático, despojado de aparatos ymallas de seguridad política. Su único capital es un amplio, pero pasivo,

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respaldo ciudadano. Su compromiso, una breve plataforma de referéndum,asamblea, reforma de la ley de hidrocarburos y atenuación de la crisiseconómica. Aunque no explícitamente asumido por el Presidente se tiene queagregar a los puntos anteriores una política contra la impunidad.

Esta base de acción política es hoy manifiestamente insuficiente, tanto porlos errores acumulados y la combinada ofensiva oligárquica y del oportunismode núcleos de dirigentes sociales y laborales. La nutrida agenda decompromisos (referéndum, diálogo productivo, elección municipal) deja unmargen muy estrecho para realizar la consulta, deliberación y movilizaciónsocial sobre la que imprescindiblemente debe convocarse y elegirse a losasambleístas, sin lo cual no hay posibilidades de que la Asamblea puedaresolver satisfactoriamente la elaboración de una renovada propuesta deconstrucción nacional y compromiso social.

El gobierno será conducido a la impotencia y nos guiará al preámbulo deun desastre de proporciones sino traza una estrategia que abra el camino haciala Constituyente, tomando iniciativas rápidas, amplias y osadas que nosencaminen en el sentido que plantean al menos algunas de las reivindicacionesde las que ha nacido la demanda de Asamblea. Esto significa, en el área de losconflictos por tierra aplicar con firmeza todos los recursos legales disponiblespara penalizar el acaparamiento ilegal de tierras, tanto como el fraude, laevasión fiscal relacionados con lo anterior, ejecutando las reversionesprevistas. Adelantar, al límite de lo que permiten las leyes vigentes procesos dedesconcentración y descentralización efectivos. En el área de hidrocarburosplantear una clara y osada propuesta de ley alternativa que responda a lademanda social. Estimular la participación y control social en todos losespacios disponibles, desde el diálogo productivo hasta el referéndum.

Pero, por encima de lo que haga u omita el gobierno y de sus límites ycapacidades, si la espléndida y riesgosísima oportunidad de cambio socialpacífico que tenemos ante nosotros, no se rescata y trabaja por todas lasredes ciudadanas que existen, por todos los sujetos individuales y colectivosque decimos estar comprometidos con este proceso, las consecuencias y laresponsabilidad del fracaso nos alcanzarán sin apelación.

*Publicado en “Pulso”

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EL DESCONCIERTO COMO ESPACIO VITALDE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA

27 de noviembre de 2003*

LAS RAÍCES DE LA REBELIÓN DE OCTUBRE.

Los últimos acontecimientos en Bolivia representan un importante tramodel proceso democrático que sobrevive en Bolivia sin interrupcionesdesde 1982, pese a las precarísimas condiciones económicas en que sub-

siste la mayor parte de la población, lo que refleja, más bien, una estólidapaciencia de los bolivianos ante las adversidades y una determinación a viviren libertad y en pacífica convivencia.

Por 18 años, los bolivianos aceptaron con aparente resignación, primero,los rigores de una superinflación que los empobreció y, después, laimplantación y experimentos de la agenda económica neoconservadora que seaplicó en todo el continente. En ese lapso se vivió con toda intensidad unenorme sismo social y económico que metamorfoseó profundamente el mapasociológico del país, fagocitando sujetos y clases sociales, mientras creaba yremodelaba otros. La clase obrera se redujo al mínimo, en tanto que su núcleominero desaparecía en el marasmo que trajo el colapso de los precios de losminerales; muchos grupos medios urbanos fueron borrados por la reducción depuestos de trabajo en las empresas estatales y una parte de la burguesía “sesuicidó”, al respaldar políticas de transnacionalización de la economía,mientras considerables sectores indígenas y campesinos han experimentadocambios significativos en sus prácticas, simbolizaciones y tradicionesorganizativas, como efecto de la migración a núcleos urbanos.

Durante el lapso 1993 a 1997 ( primer gobierno de Gonzalo Sánchez deLozada, GSL) se pudo verificar de manera inconfundible la vigencia de una

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ola conservadora política y social, que dio un amplio espacio de maniobra a lapropuesta de la fracción burguesa más poderosa y mejor vinculadatrasnacionalmente. Su programa consistió en aniquilar cualquier vestigio decapitalismo estatal y ensamblar con la mayor celeridad la economíanacional a la globalización. En Bolivia se hizo en 4 años y en democracia,lo que tomó casi el triple de tiempo en Chile, bajo férrea dictadura. Ladiferencia clave es que aquí la modernización del capitalismo se redujo atransferir los principales resortes económicos del país a corporacionesmultinacionales y no se adoptó ninguna medida para llevar adelante unproceso de transformación productiva. En los hechos Bolivia quedó anclada asu tradicional papel de vendedora de materias primas; antes plata, goma,quinina, estaño; ahora, soya, gas natural, oro, maderas.

Aunque con ostensible mal humor y con vigorosos rezongos, el movi-miento popular dejó espacio para que el ajuste estructural y sus reformas seejecutaran, así como para drásticas intervenciones estatales que redujeron lasuperficie de coca cultivada hasta en un 85%, de modo que este país seconvirtió en 3er. productor de hoja, a una distancia considerable de Colom-bia y Perú. La tolerancia social no sólo dejo que se instalara un nuevo patrónde acumulación –sustituyendo el que funcionó desde 1952– sino su correlatopolítico, es decir un modelo de gobernabilidad basado en acuerdos inter-partidarios, que se apoyaban en la parcelación de áreas de influencia en laadministración pública y un sistema de chantajes y complicidades de lospartidos, que intercambiaban favores, permitiendo a sus jefes y muchos de suscuadros enriquecerse aceleradamente.

CARACTERÍSTICAS DE LA CRISIS.

El entrecruzamiento de procesos conflictivos internos que está en la basede la crisis nacional se ha acelerado y profundizado como consecuencia de lasinfluencias globalizadoras. Desde la implantación de una agenda y programasgubernamentales, empujados por los principales organismos financieros y decooperación internacional, hasta la práctica dictación de un estado de sitioplanetario impuesto por Estados Unidos, desde el 11 de Septiembre de 2001,pasando por las consecuencias de las crisis financieras de México, Brasil y laArgentina, amén de los resultados que trae la transnacionalización de lasprincipales empresas del país, que estuvieron en manos estatales hastamediados de los años 90, la sensibilidad y reacciones de nuestra economía y

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en general de nuestra vida social ante los hechos externos se han ido haciendomás marcadas en los últimos años.

Uno de los productos más patentes de esta colisión de lo global y lo local,y las secuencias de reestructuración de rubros productivos y de sujetos socialeses la generalización de un estado de desconcierto colectivo, que se expresa conigual intensidad entre los grupos dominantes y los subalternos. En estemomento los primeros observan perplejos, pero no desprovistos de agre-sividad, la caída del gobierno que resumía sus expectativas, mientras que lossectores sociales dominados no alcanzan a consolidar un proyecto alternativoque de curso y sentido a los avances organizativos y de representación políticaque han obtenido los movimientos sociales.

Los procesos internos constitutivos de esta crisis nacional en curso son:una crisis gubernamental, precipitada por las principales iniciativas de laadministración; el desajuste general del llamado modelo económico ypolítico instaurado desde 1985 y, una crisis estatal, todo lo que alimentatendencias de descomposición social.

Los problemas que precipitaron la caída del anterior gobierno, tienen quever con el hecho de que la materialización de sus tres principales consignasprogramáticas sólo era posible, a cambio de agredir a importantes sectoressociales.

En lo que toca al desajuste del modelo económico y político se expresa enla incapacidad de crecimiento económico, incremento de la pobreza ydesvalorización de los mecanismos de representación política yciudadanización efectiva, con lo que el modelo de gobernabilidad efectivizadodesde 1984 ha llegado al límite de sus posibilidades. Los principales partidoscomprendieron fugazmente este hecho, pero la masiva participación electoralobservada en 2002, tanto como la importante votación que recibieron lasagrupaciones políticas tradicionales consiguieron debilitar la percepciónde los indicadores de agrietamiento del sistema político.

De tal manera, los partidos comprometidos en el mecanismo derotación en las funciones públicas y de chantajes e indulgencias mutuas alque han llamado gobernabilidad, han optado por omitir mayores conside-raciones respecto a la avalancha de votos que recibieron el Movimiento al

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Socialismo (MAS), el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) y otrasfuerzas menores que, aún cuando fueron privadas de representación parla-mentaria, suman una cantidad considerable de votos. De este modo se hanpreservado y extremado las prácticas prebendales, patrimonialistas ycorruptas del sistema partidario, con lo que siguen creciendo la descon-fianza y repudio sociales hacia el sistema partidario y de representaciónpolítica.

La crisis estatal tiene un componente de vacancia hegemónica, ocasionadopor el vaciamiento de la eficacia del discurso instalado sobre la olaconservadora social que se inició en los años 80’s, y el desajuste de lasinstituciones y aparatos estatales, incapacitados para cumplir las funciones queles asigna la ley y cada vez más inclinados a violentarlas abiertamente. En elcentro de este núcleo de la crisis estatal se encuentra la decadencia del sistemade partidos, que ya no pueden ni canalizar, ni agregar las demandas sociales,lo que lleva a que cedan terreno a nuevas instancias de mediación política,como la que proporcionan los medios de difusión, fatalmente limitados en suaptitud para cumplir estas funciones, por su encadenamiento creciente aintereses corporativos económicos y su ausencia de responsabilidad y aptitudpara ser fiscalizados por el público.

La concurrencia de estos procesos, en medio de una situación de tránsito,recomposición y redefinición de sujetos sociales, produce altos niveles deincertidumbre colectiva que al no encontrar referentes políticos se vuelcan agenerar movimientos sociales que expresan de forma inconexa y parcialreivindicaciones sectoriales, incrementando su agresividad y descontento,cosa que alimenta una marcada tendencia a la insubordinación social y a laproliferación de brotes de violencia.

El telón de fondo de estos acontecimientos era el progresivo desgaste deun modelo estatal, implantado desde la creación de la República en 1825, quefomentaba la exclusión y la discriminación racial contra indígenas ymayoritarios grupos mestizos de la población.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

Desde hace unos 5 años podía notarse que empezaba a larvarse dichacrisis de Estado, en el sentido que se acentuaba un vacío hegemónico y se

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incrementaba la disfuncionalidad de las instituciones estatales que no sóloincumplían sus responsabilidades, sino que muchas veces se inclinabanabiertamente a desempeñarse contradiciéndolas. El Parlamento, el gobierno ylos partidos empezaron a mostrar signos de creciente pérdida derepresentatividad, pese a que la concurrencia ciudadana a las elecciones nodisminuyó considerablemente. La crisis de representatividad se manifestaba enlas encuestas, en las que, año tras año crecía el repudio hacia los partidos y enla creciente importancia de formas no tradicionales de mediación políticacomo la que brindan los medios de difusión y la aparición de movimientossociales, definidos en torno a reivindicaciones concretas.

Los medios han crecido de tal manera en su papel de protagonistaspolíticos efectivos, que su participación ha sido cada vez más decisiva enprocesos de encumbramiento de candidatos y figuras políticas, tanto como enla defenestración de funcionarios de todo nivel y jerarquía. Su desempeñopolítico cuenta con la enorme ventaja, frente a los actores tradicionales, de noestar sujeta a mandato, responsabilidad, ni fiscalización formal y de tener unrol privilegiado en la función de definir agenda pública. Esta posiciónprivilegiada, sin embargo, se ha ido debilitando paulatinamente porque elabuso permanente que han hecho de ella algunos medios, ha permitido que seresquebraje la fachada de objetividad e imparcialidad con la que se legitimael poder mediático.

Los movimientos sociales han ido perfilándose como la principal vía deexpresión política de masas, en una fase en la cual el Estado ha ido perdiendosu centralidad y el sistema de partidos su capacidad de representación. DesdeAbril de 2000 con la llamada guerra del agua y luego con 3 grandes bloqueoscampesinos de rutas nacionales, además de importantes movilizaciones dejubilados, pequeños comerciantes y otros sectores, estos movimientosaparecen con intensas interpelaciones a la corrupción e ineficacia de gober-nantes y políticos. Concentrados inicialmente en torno a demandas concretas,asumen reivindicaciones nacionales como la convocatoria a una AsambleaConstituyente que debe redefinir las reglas fundamentales de convivencia y derelación entre el Estado y la Sociedad.

Una particularidad muy propia de estos movimientos es que han logradoun importante nivel de expresión a través de organizaciones donde se hibridan

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estos movimientos y formas partidarias, como ocurre con el Movimiento AlSocialismo (MAS) que obtuvo la segunda mayor votación en las elecciones dejunio de 2002 y casi un tercio de los escaños parlamentarios. El MovimientoIndígena Pachacuti (MIP), liderizado por Felipe Quispe, el Mallku, comparteen alguna medida esta peculiaridad y también obtuvo una significativavotación en el Departamento de La Paz.

El reflejo electoral de los movimientos sociales significó un fuertesacudón que cambió la fisonomía del Parlamento elegido el año pasado,aunque los partidos tradicionales (MNR, ADN, MIR, UCS y el reciénllegado NFR) continuaron aglutinando cerca de 2/3 de los votos, pese a sudesprestigio. Con el MAS pisándole los talones, el MNR consiguió unirlos atodos encabezando un nuevo gobierno en agosto de 2003.

LA CAÍDA DEL VIEJO RÉGIMEN.

El 12 y 13 de Febrero de 2003, el descontento social explotó abrup-tamente en la sede de gobierno, aprovechando un enfrentamiento entre lasFuerzas Armadas y la Policía que permitió a manifestaciones de protestaexpresar de una manera violenta su disconformidad. Los enfrentamientosentre policías y militares causaron 11 muertos entre los primeros y 4 entrelos segundos, en tanto que las víctimas civiles llegaban a unos 60 muertosy centenares de heridos. El estallido del 12 y 13 de Febrero tiene unarelación muy próxima con la decepción de votantes y no votantes de lospartidos gubernamentales al descubrir que hasta sus más dulces promesastienen que ser pagadas con nuevos esfuerzos y sacrificios de un pueblo altay continuamente empobrecido, en tanto que la administración extrema susesfuerzos para mantener intactos los privilegios de grupos de grandesintereses económicos y financieros.

Inicialmente aterrado por la reacción social, GSL comprometió rectificar suspolíticas, pero en vez de ello optó por acorazarse mediante un pacto con los man-dos militares, al mismo tiempo que ensanchó el frente oficialista incorporando aNueva Fuerza Republicana al Poder Ejecutivo. Pero, pese a contar con más 2/3de votos parlamentarios no consiguió modificar la creciente insubordinaciónsocial y en sus 14 meses de vigencia no llegó a adoptar ninguna acción de gobier-no importante y ni siquiera alcanzó a nombrar a 50 autoridades del máximo

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rango, por las disputas y pretensiones de sus partidarios y socios de apropiarse dela mayor parte de posiciones de poder. Concentró su tiempo en administrar laspugnas entre sus socios y atender inte-reses de sus empresas, que han copado el90% de los contratos mineros con la estatal Corporación Minera de Bolivia(COMIBOL) y exportan unos 150 mi-llones de dólares anuales (un 12 al 15% delas exportaciones totales del país).

En estas condiciones, al mismo tiempo que no dejaba de propagandizar suvocación dialoguista, no cesó un momento en pertrecharse para tratar de ven-cer a los movimientos sociales a través de la violencia.

Si bien el derrumbe del régimen se gestó en cerca de 4 semanas y loshechos decisivos se produjeron en los últimos 9 días, desde agosto se produ-jeron acontecimientos con un alto impacto simbólico en la ya elevada sensibi-lidad popular e indígena.

La paulatina expansión de los conflictos fue respondida con la fuerza cau-sando, primero, 5 muertes de campesinos en el Altiplano y después una matanzade unas 80 personas y cerca de 300 heridos. La “generosidad” del gobierno paraderramar sangre popular exasperó la intensidad de las movi-lizaciones, que desdeprincipios de Octubre empezaron a unificarse pidi-endo la renuncia delPresidente. El 13 de octubre el Vicepresidente Mesa anunció su decisión de man-tenerse en su cargo, pero rompiendo con el gobierno y dos días después ratificóesa determinación. El 15, una atemorizada clase media urbana encontró la brechapara definirse y sumarse a la movilización respaldando la huelga de hambre con-vocada y coordinada por la ex Defensora del Pueblo, Ana María Romero deCampero, e iniciada por un grupo de artistas, académicos y un sacerdote. La huel-ga se extendió veloz-mente, con el respaldo implícito de la Iglesia Católica queabrió sus templos para cobijar a los huelguistas y dio lugar para que a través demarchas, mítines y vigilias se produjera una vigorosa oleada de activismo de gru-pos de clase media, creando un parapeto que dificultaba los planes gubernamen-tales de apelar a un nuevo envión de intensa violencia contra pobladores de ElAlto y campesinos.

LOS PROTAGONISTAS.

Contrariamente a la idea de que la caída de Sánchez de Lozadarespondió a un cuidadoso plan, dirigido por el MAS y el MIP, el análisis

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muestra que el movimiento fue básicamente espontáneo y que el mayormérito de algunos dirigentes políticos que participaron, fue el de adaptarflexiblemente sus tácticas y consignas al desarrollo de los hechos. El centrosocial de la sublevación social que obligó a GSL a renunciar se ubica en laciudad de El Alto, vecina a la sede de gobierno y que cobija a unas 600 milpersonas, provenientes en una gran proporción de migraciones rurales y deex-mineros expulsados en los años 80 de sus fuentes de trabajo.

Esta población se alió a los campesinos aymaras del Altiplano y Yungas queejercieron un férreo bloqueo de carreteras y su dominio de las vías de acceso a lasede de gobierno generó un desabastecimiento progresivo de alimentos, com-bustible y otros elementos básicos para la vida cotidiana en la ciudad. Su actua-ción resultó extraordinariamente eficaz debido a la inusitada disciplina y preci-sión con las que se movieron las juntas vecinales que han configurado un nuevoy poderoso movimiento social.

El resultado del proceso es una fragmentación del poder político, una decuya parcelas es ejercida por el Poder Ejecutivo, que se ha comprometido al asu-mir el mando a realizar un programa que incluye la convocatoria y realización deuna Asamblea Constituyente, la modificación de la ley de hidro-carburos y unreferéndum sobre política hidrocarburífera. Queda implícito el no menos impor-tante compromiso de evitar que la matanza quede impune.

LA REFORMA POLÍTICA.

De todas las tareas que deben encararse para enfrentar una crisis general, lareforma política ocupa un sitio preferencial porque tiene mayores posibilidadesde atender con más rapidez que otros esfuerzos a ese factor central que es el dela desconfianza y la incertidumbre. Es fácil darse cuenta que los distintos sujetossociales encuentran que la corrupción (como abuso de poder y utilización derecursos públicos para beneficio privado) la impunidad y la discrecionalidadde los partidos políticos son los mayores alicientes para el desánimo, la incre-dulidad y el aumento de la predis-posición a descartar automáticamente lasiniciativas que puedan nacer del ámbito estatal.

No hay plan económico –cuyos plazos de maduración se miden en térmi-nos no menores a varios meses– ni propuestas institucionales, cuya efectiviza-ción es igualmente prolongada, que puedan resistir la impaciencia y elevada

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criticidad social, si los conductores del proceso no inspiran un mínimo de con-fianza en la población.

Las áreas de acción de la reforma política, necesaria para recuperar con-fianza pública, están igualmente bien identificadas y son, en primer término,la Policía, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos,porque se relacionan con el deterioro de la llamada seguridad ciudadana y elmantenimiento del orden. Los elementos comunes de la reforma de estas ins-tituciones son: una indispensable despartidización con la profesionalizacióny la transparentación de sus actividades. La reforma de los partidos, pormedio de democratizarlos, transparentarlos y aboliendo los subsidios públi-cos para sus actividades electorales, al mismo tiempo que limitando su finan-ciamiento privado, es esencial para que funcionen las reformas instituciona-les ya mencionadas, porque una vez más se reafirma que en la base de lacorrupción estatal se encuentra la acción de los partidos, verdaderos motoresde la corrupción.

La reforma política ha empezado con la decisión de aprobar una reformaconstitucional que incluye el referéndum, la iniciativa legislativa, la AsambleaConstituyente, la desmonopolización de la representación política, la limita-ción de la inmunidad parlamentaria, entre otras. Esta nueva Constitución, con-siderada una de las más avanzadas de América Latina, sienta las bases para elfuncionamiento de una democracia participativa, según lo expresado en elencabezado de su artículo cuarto que señala “El pueblo delibera y gobierna...”.

La agenda ciudadana que se ha abierto desde ese momento incluye la rea-lización del referéndum en julio; ese mismo mes debe aprobarse la ley de con-vocatoria de la Asamblea Constituyente en la que debe definirse el número deasambleístas, el mecanismo de su elección, así como el tipo de producto queelaborará (una nueva Constitución o un Proyecto de Constitución a ser refren-dado por el voto ciudadano). Los temas centrales que tratará la Asamblea sepueden agrupar en tres grandes bloques: I) Régimen de propiedad de la tierra(tomando en cuenta la reivindicación territorial indígena) y otros recursos natu-rales (hidrocarburos, agua, minerales, aire, bosques, biomasa); II)Descentralización, incluyendo las reivindicaciones sobre autoridades y ordena-mientos legales de diferentes pueblos y III) Reforma política que incluye cam-bios en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Fuerzas Armadas, Policíay partidos políticos.

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LA RENOVACIÓN MORAL E INTELECTUAL.

El desarrollo histórico reciente del país obliga a pensar que esta reformaes un reto para los sujetos y actores sociales que aspiran construir unproyecto nacional alternativo, antes que para los grupos dominantes sumidosen un decadentismo creciente. Pero, debe reconocerse que elcomportamiento de las jefaturas y grupos dirigenciales de sindicatos,movimientos sociales y diferentes redes ciudadanas no permite encontrar, demomento, trazas de que exista la conciencia de plantearse esta reformaintelectual y moral.

Las claves para ejecutar una transformación en estos planos se basan enprimer término en la asunción de una clara estrategia para conquistar yconsolidar conocimientos y saberes, capaces de modificar el rudimentarismoque caracteriza el accionar de la mayor parte de movimientos y gruposcontestatarios o alternativos. Quizás, la única o principal excepcióncorresponda al movimiento indígena de Oriente que supo dotarse, al menosen momentos decisivos de su lucha, de equipos que respaldaron sumovilización con un significativo conocimiento selectivo de los asuntos quese discutían y disputaban con el Estado. La combinación de movilizacionescompactas y unitarias, soportadas por una buena capacidad de debate con latecnocracia estatal permitió avances consistentes, traducidos en importantesconquistas legales que llegaron hasta el plano constitucional.

En contrapartida, en casi en todos los demás representantes sociales ysindicales, incluyendo los de clase media con alto contacto con la vidaacadémica y la formación universitaria priman prácticas que clausuran elhorizonte de desarrollo de esas agrupaciones. Los resultados son una cadenade fracasos, muchos de los cuales no se deben a falta de potencia de lasmovilizaciones, sino a negociaciones defectuosas, repletas de lagunas deconocimientos por parte de las asociaciones sociales.

El dominio de la información y el conocimiento son posibles ynecesarios para que el debate social sobre la política energética y del gas, laintegración o los cambios que llevará adelante la Asamblea Constituyente,permitan construir plataformas y proyectos alternativos y no se agoten en laexplotación de la emotividad popular.

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La acumulación cognitiva necesita acompañarse de reales cambios deactuación de los cuadros y organizaciones populares, fomentando lahonradez, solidaridad y veracidad como pautas estratégicas de conducta,exigibles y verificables, por medio de mecanismos que transparenten ydemocraticen el funcionamiento de las organizaciones, cuyos dirigentes,cuadros y funcionarios deben estar abiertos al control y la fiscalización desus bases.

Un desafío esencial de cualquier renovación moral en nuestro país es elenfrentamiento continuo y compacto de la exclusión, el racismo, laintolerancia, el sexismo y el autoritarismo que impregnan nuestras prácticascotidianas. La conjunción de reformas intelectuales y morales debepermitirle a las organizaciones sociales encontrar nuevas rutas creativas pararenovar su arsenal de medidas de lucha, de manera que no concentren surigor en el castigo de los sectores más pobres, vulnerables e inermes, comoocurre con las huelgas en educación, servicios de salud y gran parte demanifestaciones y bloqueos que dejan impertérritos a los amos del podereconómico y político, mientras martirizan a amplios grupos populares. Esteviraje de tácticas y estilos puede ser esencial para superar un estado de ánimoquejumbroso y negativo y construir autoconfianza y decisión en la gran masade bolivianos que necesitan y exigen un cambio cierto de sus penosascondiciones de vida.

LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA.

Ahora está visto que ni las más “osadas” reformas económicas hansiquiera rozado el nudo fundamental de nuestros problemas económicos quese encuentra en la necesidad de llevar adelante una profunda transformaciónproductiva, que nos arranque de nuestra perenne condición de país vendedorde recursos naturales. Ni la capitalización, ni las otras privatizaciones hanadelantado un milímetro en esa perspectiva.

Los grupos que controlan el poder económico suplen su ineptitud paralograr un auténtico crecimiento económico por medio de prácticasmendicantes, que hacen depender nuestra economía en una proporciónconsiderable de “ayudas” y donaciones. Con ello se patrocina y generalizauna “cultura” pedigüeña que va restando fuerza y capacidad para reaccionar

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y modificar la realidad. Una tarea urgente es desarraigar estecomportamiento de la vida nacional, en todas sus expresiones.

La autosatisfacción de nuestras necesidades básicas, el cambio denuestra matriz energética hacia la utilización intensiva de gas, el impulso deexportaciones que agreguen valor, la redefinición de reglas para con losinversores, en sentido de superar las condiciones de gran desventaja para losbolivianos con que se han suscrito los contratos de capitalización y otrasprivatizaciones, la apertura de oportunidades productivas en nuevos camposcomo la producción de conocimientos e información, el empleo de lospotenciales económicos que tenemos al habitar un territorio que es unaimportante reserva de agua, oxígeno y biomasa, el impulso de la producciónde alimentos orgánicos, el manejo de corrientes turísticas no depredadoras,son algunos de los desafíos para llevar adelante la transformación productivaque permitirá contar con una economía más equitativa y productiva.

Los problemas reseñados y las tareas y desafíos que conllevan necesitanpara encararse que empiece a superarse el estado de perplejidad que nosafecta a los bolivianos. Si esto ocurre podría abrirse camino a un proceso derenacimiento que permita encauzar nuestras energías en un proceso deconstrucción que se abra a los grandes sujetos sociales excluidos y proscritosen casi toda nuestra historia; si no lo conseguimos se acentuaran lastendencias centrífugas y las posibilidades de que el enfrentamiento continúecreciendo y la vida democrática real sea cada vez más ilusoria.

* Versión corregida de conferencia. Publicada en el folleto “Democracia y conflictosocial en Bolivia”, Fundaciòn Konrad Adenauer S, Asociación Boliviana de Ciencia

Política y State University of New York, La Paz, 2004

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REBELIÓN DE MASAS EN BOLIVIA (fragmento)10 de noviembre 2003*

Si uno presta oídos a los vaticinios que sobre Bolivia propalan algunaspublicaciones reputadas de serias, llega fácilmente a convencerse que laevolución de los acontecimientos avanza a marchas forzadas hacia un com-

pleto desastre. Así lo predica, por ejemplo, José Antognelli quien describe aBolivia como un auténtico Averno, donde demonios comunistas e indigenistashabrían conseguido ahuyentar al único hombre sensato del país, el Sr. GonzaloSánchez de Lozada, quien habría dejado en la orfandad y el desconcierto a un75% de la población, de cuyas buenas intenciones no duda el columnista, pero ala que considera irremediablemente atolondrada. Lo peor de todo, según estepitoniso que escribe para la edición en español del Washington Post el 24 de octu-bre pasado, es que el maligno aire boliviano tiende a emponzoñar toda el áreaandina, poniendo en riesgo la democracia, particularmente en Ecuador y Perú.

Con la misma orientación de este artículo circulan decenas de análisis,reportes confidenciales y otros productos parecidos, firmados por ejemplopor Stratfor, una agencia privada que ofrece asesosaramiento estratégico agobiernos, empresarios, políticos y académicos y que predice una interven-ción extranjera, patrocinada por el Brasil, para restaurar el orden en Bolivia.

LAS RAÍCES DE LA CRISIS.

Si uno se sobrepone al pavor que intenta colectivizar el escrito deAntognelli, el de Stratfor y similares, puede darse cuenta con poca

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dificultad que muchos de ellos suenan como un eco excesivamente cercanoa las versiones que difunde desde su autoexilio en Miami el ex presidenteSánchez de Lozada y, más que el trabajo sereno y riguroso de quien trata decomprender lo que pasa en este complejo país, hacen pensar en unaapresurada colección de lugares comunes más propias de un turista, a quiense le ha dado la oportunidad de publicar una pieza que estimule la secreciónde adrenalina de sus lectores.

Para empezar, los últimos acontecimientos en Bolivia no son unpintoresco episodio, propio de la tradición golpista a la que se refiere elWashington Post, olvidando que el proceso democratico sobrevive en Boliviasin interrupciones desde 1982, pese a precarísmas condiciones económicas, loque refleja, más bien, una estólida paciencia de los bolivianos ante lasadversidades y una determinación a vivir en libertad y en pacífica convivencia.

El telón de fondo de estos acontecimientos era el progresivo desgaste deun modelo estatal, implantado desde la creación de la República en 1825, quefomentaba la exclusión y la discriminación racial contra indígenas ymayoritarios grupos mestizos de la población.

UN RETORNO DESAFORTUNADO.

El fracaso del gobierno de Sánchez de Lozada era previsible, inclusiveantes que fuera elegido, lo que está registrado en publicaciones que se refierena las reiteradas señales que emitió en sus tiempos de candidato, demostrandoque era el perfecto portavoz y expresión de las tendencias más conservadorasdel sistema partidario, exhibiendo una inclinación implacable hacia uneconomicismo extremo, excluyente de toda posibilidad de realizar la reformapolítica que, a gritos, estaban pidiendo la realidad.

Llegó con este recetario al gobierno y, antes de hacerse cargo de el,encabezó una especie de operación comando parlamentaria en la que, con elapoyo de los legisladores de la coalición saliente, aprobó un proyecto dereforma a la Constitución en el que se trató de bloquear la posibilidad deconvocar a una Constituyente, pese a que el 78% de los votos emitidos en laelección nacional de junio del año pasado dieron respaldo a fuerzas políticasque ofrecían algún tipo de Asamblea Constituyente.

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Su alianza con el MIR y las que se dieron luego, desnudaron con toda sucrudeza el descuartizamiento de la administración pública, repartida vertical yhorizontalmente con tal desparpajo que antes de tres meses de ejercer elgobierno, su Vicepresidente Carlos Mesa se refería públicamente a “la obscenarepartija de cargos” en la que incurrían los socios del oficialismo.

Luego, el ejercicio del gobierno mostró las graves falencias de su esquemacuando, inclusive sus electores más fieles comprobaron que sus promesaselectorales de “lucha contra la exclusión, contra la corrupción y la crisiseconómica”, no eran más que frases atractivas, cuya realización prácticaimponía grandes penurias a los ciudadanos o, en el caso del enfrentamiento dela exclusión y la corrupción, simples incumplimientos de lo comprometido.

En estas condiciones, al mismo tiempo que no dejaba de propagandizar suvocación dialoguista, no cesó un momento en pertrecharse para tratar devencer a los movimientos sociales a través de la violencia.

LOS ÚLTIMOS DÍAS.

Si bien el derrumbe del régimen se gestó en cerca de 4 semanas y loshechos decisivos se produjeron en los últimos 9 días, desde agosto seprodujeron acontecimientos con un alto impacto simbólico en la ya elevadasensibilidad popular e indígena. Un caso representativo de esta situación sevió, cuando algunos medios de difusión descubrieron e informaron que elministro de defensa había “prestado” unos 400 soldados a una amiga suya, exesposa del Canciller y hermana de un alto directivo de un banco que estafócerca de 60 millones de dólares al público y al fisco, para que hagan trabajosagrícolas gratuitos en una hacienda de propiedad de esa señora. LaVicepresidencia de la República, encargada por poder directo e irrevocable deSánchez de Lozada de luchar contra la corrupción, elaboró un informe sobre elcaso en el que establecía la existencia de claros indicios de abuso de poder yde violación de varios artículos constitucionales, recomendando en susconclusiones que el Poder Ejecutivo corrigiera esta situación.

El Presidente actuó con celeridad, ratificando su plena confianza en elministro y dictando un decreto que legalizaba la funesta práctica de utilizar areclutas en obras privadas diversas por las que nunca reciben pagos y si, encambio, diversos tipos de maltrato. En la superficie esto produjo una efectiva

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ruptura entre el presidente y Carlos Mesa, quien a pesar de que trató dejustificar el curso de los acontecimientos recibió un duro e inocultable revés,que sirvió de base al completo divorcio con Sánchez de Lozada en los díasfinales de su gobierno.

Pero, el efecto más profundo y devastador del incidente es que el decretodemostró que toda la fraseología utilizada por el MNR en su campaña electoralera completamente artificiosa, porque esa norma objetivamente desconocíaderechos básicos de los sectores sociales más humildes de la población allegalizar la utilización de los soldados, hijos de campesinos, indígenas ytrabajadores como mano de obra servil de la que puede disponerse discre-cionalmente. Los hechos mostraban que la regresión política del MNR, habíallegado a un extremo, porque si en 1952 este partido comandó las fuerzassociales que terminaron con el ponguaje y las relaciones de servidumbre, en2003 se había convertido en representante de un implacable dominio quedesconoce sus derechos ciudadanos y los condena a ser fuerza de trabajo servil.

De esa manera, desafiante y decidido a darle un gran escarmiento a losmovimientos sociales, GSL continuó desoyendo los reclamos sociales ydilapidando la tregua que había obtenido desde Febrero. Cuando los recla-mos empezaron a acumularse trató de desactivarlos, aislándolos y recu-rriendo a tácticas de soborno e intimidación, subestimando la convocatoriade reivindicaciones como la del gas, por la cual se pide que toda nuevaexportación esté acompañada de una mejora de los términos contractualescon los inversores, de sólidas garantías de que serán simultáneas a procesosde industrialización y de incorporar a la estatal YPFB como socia decualquier nuevo emprendimiento.

El resultado del proceso es una fragmentación del poder político, una decuya parcelas es ejercida por el gobierno de Carlosd Mesa, quien se hacomprometido al asumir el mando a realizar un programa que incluye laconvocatoria y realización de una Asamblea Constituyente, la modificación dela ley de hidrocarburos y un referéndum en el que se exprese la decisiónpopular sobre la exportación de gas. Queda implícito el no menos importantecompromiso de evitar que la matanza quede impune.

La materialización de este programa supone detener el deterioro econó-mico; aprobar la reforma constitucional que abra espacio a la Constituyente;

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poner en pie y garantizar el funcionamiento de la Comisión de la Verdad queacompañe el proceso jurídico sobre las matanzas; realizar un referéndum sobreel gas, aproximadamente hasta mediados del año próximo; elecciones muni-cipales en diciembre de 2004; elegir y poner en funcionamiento la AsambleaConstituyente, pactar y aprobar una nueva Constitución y convocar aelecciones generales, sobre la base de un nuevo orden.

El cuadro general que se abre es muy complejo y contradictorio. Despuésde un período muy prolongado los sectores populares han asumido lainiciativa, planteando reivindicaciones que son parte y empiezan a dar forma aun proyecto nacional que, sin embargo, está todavía lejos de alcanzar el umbralnecesario para llenar el vacío hegemónico. El sistema de partidos, presa de unprolongado proceso de decadencia ingresa a una fase de crisis, sin que lamayoría de sus cuadros y dirigentes tengan noción cabal de la dimensión deeste fenómeno; esto ya se expresa en el accionar del Parlamento que está muylejos de entender su rol, lo que puede estimular y acelerar una latente ypoderosa agresividad edn contra de todas las arbitrariedades que ha estadocometiendo.

Las definiciones dependen hoy de la acumulación histórica que hayanlogrado hasta hoy los sectores populares, para poder dar un salto cualitativoque permita construir aceleradamente un país libre, unificado, que superela intolerancia, la exclusión y que permita compartir, quizá por primera vezen nuestra historia, un horizonte de esperanzas.

*Publicado en Le Monde Diplomatique,La Paz

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DE CATARSIS Y SIMBOLOS22 de julio 2003

El Vicepresidente de la República ha defendido con singular empeño suidea de que la aprobación del decreto que reglamenta la participación deconscriptos en trabajos serviles supone una exitosa coronación de las

denuncias que una de sus dependencias formulara contra el ministro deDefensa y el prefecto de Santa Cruz. Los hechos, en primer lugar, y el inocul-table alejamiento entre el primer y segundo mandatario se encargan de mostrarque las cosas no son como trata de imaginarlas el Vicepresidente.

Lo esencial de la discusión sobre la cosecha del ricino (macororó) estáseñalado en el informe de la Vicepresidencia en cuanto a la violación delartículo 5 de la Constitución Política que prohíbe el utilizar trabajo impago yobligar a alguien a laborar sin su consentimiento. El decreto ignora ambosmandatos constitucionales y “legaliza”que los soldados puedan ser enviados,sin consulta ni consentimiento, a realizar tareas impagas, porque lo quedebería retribuírseles se asigna a las unidades a las que dependen. Inver-samente a lo que sostiene el Vicepresidente, el decreto, además, trata delegalizar el empleo de la fuerza de trabajo de los conscriptos en beneficio deprivados, sin que los párrafos que supuestamente limitan tal hecho modi-fiquen la discrecionalidad vigente.

Lo más importante de este episodio no es la derrota política delVicepresidente, sino el desmentido categórico de que el gobierno se propongacombatir la corrupción y la exclusión. A través de lo acontecido se ratifica una

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vez más que la corrupción, como abuso de poder y utilización de recursos ybienes públicos para beneficio privado, se encuentra en la base de la lógica decomportamiento de los partidos políticos y que cualquier idea de enfrentarla,sin empezar por los partidos, es una ilusión. La conducta del ministro, delprefecto, del Presidente y del Parlamento demuestra que hay pleno acuerdoentre personas y poderes estatales de que la explotación y humillación quesufrieron los soldados es considerada natural y legítima. “Los hijos de loscampesinos, de los trabajadores y de los humildes de Bolivia están obligadosa servir a los amos del poder económico y político y agacharse ante ellos”. Esees el mensaje del resultado de la interpelación –con un solo disidenteoficialista, con muchas ausencias de opositores–, del decreto reglamentario ydel respaldo cerrado del Presidente y sus ministros a la actuación del titular deDefensa.

Las contradicciones y enmiendas de las justificaciones utilizadas por elgobierno, permiten vislumbrar que la cadena de acontecimientosprobablemente se inició cuando la amiga del ministro responsable le pidió quela ayude a economizar unos miles de dólares con el “préstamo” de soldados.El funcionario accede complacido y sintiéndose en todo derecho de utilizar ydemostrar su poder, empezando con un asesoramiento legal para que lapeticionaria escriba cartas y documentos que ayudarían a crear la apariencia deun procedimiento legal. La corrupción está presente de manera absolutamenteevidente, porque todos los funcionarios estatales comprometidos están deacuerdo en utilizar sus influencias, para que una persona se ahorre dinerosobreexplotando a trabajadores uniformados, a quienes se les cobra el valor delos instrumentos que utilizan para la cosecha.

Cuando las cosas se descubren y el escándalo se desata, las cosas son tanobvias, que la posición del ministro peligra por un momento. Pero, además deque el Presidente está objetiva y profundamente ligado al grupo social querepresenta su cuestionado ministro, el primer mandatario decide que esta esuna buena oportunidad de ganar terreno en la guerra interna de su partido y unsímbolo de primera para demostrar autoridad y decisión ante el país.

Ese gesto y simbolismo que irradia el poder será recogido justamente ensus términos precisos por sus destinatarios, porque la interpretación delrechazo que produjo el conocimiento de la cosecha de ricino tuvo exactamente

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ese sentido: que se trataba de un acto abusivo, corrupto y convalidador de laexclusión social.

Además de los efectos simbólicos, la cosecha del ricino deja huellaspolíticas muy marcadas, porque a tiempo de profundizar la descomposición yenfrentamientos internos del gobierno inclina muy fuertemente las opinionesy actitudes en sentido de que ante un eventual cambio institucional, ante lapersistencia o recrudecimiento de la crisis nacional, la opinión pública noencuentre figura alguna que le ofrezca algún atractivo por la culminación delperíodo de cinco años y se incline por opciones legales que permitan renovarcompletamente el gobierno.

El aceite que se extrae de las semillas de esta planta, utilizadaoriginalmente para producir un poderoso purgante, “tiene un mercadointernacional creciente, asegurado por 700 aplicaciones que incluyen usosmedicinales y cosméticos y sustitución del petróleo en plásticos y lubricantes.El producto también se utiliza en la producción de fibra óptica, vidrio a pruebade balas y prótesis óseas. Además, es indispensable para impedir la conge-lación de combustibles y lubricantes de aviones y naves espaciales” (informede IPS). En Bolivia, acaba de agregarse el uso número 701, que es deemoliente de una catarsis de indignación y rechazo ciudadano frente a laexclusión, el abuso y la humillación ejercidas desde el poder.

* Publicado en Pulso

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REFORMA CONSTITUCIONAL VS. ASAMBLEA: UN FALSO ANTAGONISMO

4 de julio de 2003*

Uno de los resultados más nocivos del estado de ánimo que cunde entrelos bolivianos es que se ha impuesto una fragmentariedad de nuestravida pública, caracterizada y representada por altibajos en los que apa-

recen, sin aparente origen o conexión, situaciones aisladas que pueden indig-narnos, aburrirnos o dejarnos indiferentes, sin que logre dibujarse entre ellasotro vínculo que no sea la poca esperanza de que algo se resuelva o sencilla-mente culmine.

Algo así pasa con la reforma constitucional que en algún momento pudoacaparar gran parte de la atención colectiva y que hoy parece envuelta en unamullida capa de amnesia y desconocimiento. Aplastada en algún cajón delParlamento la ley de reforma de la Constitución, yace esperando unsupuesto consenso para ser debatida y aprobada, mientras al público se leexplica que la causa de esta triste situación es que no hay acuerdo entrequienes la respaldan y los que la cuestionan con un planteamiento de convo-catoria a Asamblea Constituyente. Tal interpretación tiene mucho desimplona y puede llegar a disfrazar un verdadero consenso de muchospolíticos profesionales –amos y señores del Legislativo– para asfixiarcambios constitucionales que no les merecen ningún afecto.

HUÉRFANA Y SIN PADRINOS.

Casi inmediatamente de que se aprobó la última reforma constitucional,en 1994, empezó a tomar cuerpo una corriente que planteaba la necesidad

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de profundizarla y acercarla más a la cruda realidad de nuestro país. Se dijopor aquel entonces que dicha tendencia tenía más relación con una maníanacional, propia del atraso, de innovar continuamente, pero a medida quetranscurría el tiempo fue quedando claro que el reclamo tiene raíces másprofundas y legítimas que el de un vacuo divertimento. Esto pudo versenítidamente desde aproximadamente 1998, cuando empezaron a mani-festarse claros signos del larvamiento de la crisis de Estado que hoy seencuentra en su apogeo. Las explosiones sociales de 2000 y 2001 fueron, enese sentido, tan categóricas que el sistema político admitió resignadamenteque era necesario darles respuestas, también en el plano de los cambiosconstitucionales. El año 2000, el movimiento social de Cochabamba, planteóla necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.

Nació así el complicado proceso de reforma, convocado expresamentepara introducir modificaciones que amplíen la participación ciudadana ycontribuyan a resolver el creciente distanciamiento entre la sociedad y lospolíticos. Se realizaron cientos de encuentros, talleres, seminarios, foros yreuniones de la más diversa naturaleza para consultar, analizar y discutir lasreformas. Si la tinta usada para referirse a la reforma pudiese causarinundaciones, el país se hubiese anegado entre 2001 a 2002.

De todas las enmiendas propuestas sobrevivieron 45, aprobadas al filo delplazo establecido, bajo el comando del Movimiento Nacionalista Revolu-cionario (MNR), que contó con el respaldo de las fuerzas parlamentarias de lamegacoalición para lograrlo. Desde el 4 de agosto del año pasado hasta hoysólo se ha cumplido la formalidad de remitir el proyecto aprobado, sin que seconvoque al Congreso para su aprobación legislativa. El presidente de laComisión de Constitución de los diputados y algún otro legislador aislado sonlas excepciones a la indiferencia y olvido del Parlamento para tratar y resolveresta cuestión.

UN BAÚL DE SORPRESAS.

Los partidos políticos han sido tan eficaces en su determinación decerrarle el paso a las reformas que el tema ha casi desaparecido de la agendade los medios de difusión y si se realizara una encuesta general y otra entre losparlamentarios se descubriría que una mayoría aplastante de legisladores aligual que el público desconoce el contenido de la ley de reforma aprobada en

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primera instancia. Son demasiado pocos los bolivianos que están enteradosque las modificaciones incluyen la terminación del monopolio partidario de larepresentación política, es decir que a partir de que se apruebe la ley es posiblepresentar candidaturas a cualquier puesto elegible, sin que se necesite elpatrocinio de un partido; o que es posible para cualquier ciudadano presentarproyectos de ley al Parlamento; que los cientos de miles de bolivianosemigrantes que han adoptado otra nacionalidad no pierden la boliviana; que seha ampliado el concepto de ciudadanía; que la inmunidad parlamentaria hasido limitada. Una parte considerable de la reforma amplía y aclara laslibertades, derechos y garantías de las personas, así como crea mecanismospara ampliar el control y fiscalización sobre varias instituciones del Estado.

REFORMA Y ASAMBLEA.

La gran excusa del MNR, con el apoyo de sus aliados con los quecomparte el gobierno para explicar la parálisis de la reforma es que el granescollo para avanzar es la intransigencia de Nueva Fuerza Republicana(NFR) y el Movimiento al Socialismo (MAS) de exigir que la reformaincluya una convocatoria a la Asamblea Constituyente. Según el MNR estoes inaceptable, inconstitucional e inaudito, porque al no haberse incluidoese aspecto en la ley aprobada resulta imposible hacerlo en esta últimaetapa; argumenta, luego, que sus encuestas muestran que la Asamblea no lepreocupa a los cuidadanos y, remata, afirmando que en todo caso laAsamblea es aberrante.

La oposición se complace, en este caso como en varios otros, en darle ungran respaldo al gobierno porque efectivamente plantea canjear la aprobaciónde esta reforma, o en su caso, sencillamente liquidarla por la aprobación deuna Asamblea Constituyente. Funciona de este modo un candado perverso quecierra las posibilidades de que importantes avances incorporados en la actualreforma y que pueden abrir diversos caminos para seguir exigiendo conmayor fuerza y respaldo la consulta y convocatoria para el funcionamiento deuna Asamblea Constituyente. Gobernantes y opositores quedan emblocadosen un solo grupo que con tales o cuales argumentos actúa monolíticamentepara echar por la borda varios años de luchas y reclamos democráticos delpueblo boliviano.

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Este apoyo efectivo que recibe el MNR para apuntalar su posiciónultraconservadora es suficiente para disimular la falsedad de sus argumentos.El primero, de que es imposible introducir cambios que abran espacio paraconsultar a los ciudadanos sobre la convocatoria de una Asamblea, trata dehacer olvidar que en la reforma de 1994 se introdujeron 33 cambios de formay fondo en la ley aprobada en primera instancia y con esa base está abierta laposibilidad de incorporar a las reformas una de consulta para la convocatoriade la Asamblea Constituyente. Las encuestas son un triste pretexto que pasapor alto que las elecciones de junio de 2002 son la verdadera gran encuesta,donde cerca del 70% de los ciudadanos votó por partidos y propuestas políticasque incluían la Asamblea Constituyente.

Contraponer la aprobación final de las reformas constitucionales con laAsamblea es en los hechos una gigantesca operación de engaño contra unpueblo que se ha pronunciado con claridad exigiendo más participación ydemocracia. El discurso que apellida a estos avances democráticos comoreformistas y burgueses, cae en la mayor ignorancia al desconocer que almenos durante el último siglo los avances democráticos son conquista yresultado de las movilizaciones populares.

COMO CONVOCAR A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

Evadiendo el tramposo cerco con que se trata de invalidar la posibilidadde convocar a una instancia constituyente debe aprobarse, junto con losartículos reformados y aprobados de consenso la modificación del artículo231, de manera que además del mecanismo vigente (congresal, en dos etapas)se incorpore una Asamblea Constitucional que pueda considerar la revisióngeneral de la Constitución. La Asamblea Constitucional viene a ser unmecanismo excepcional para encarar crisis general como las que vivimos yque pueden conducirnos a una crisis de disolución, sino es enfrentadaoportunamente.

Para llamar a la elección de una Asamblea Constitucional se requierepreviamente realizar una consulta, por medio de un referéndum cuyo resultadoserá positivo en el caso de que exista una simple mayoría de votos que respaldela convocatoria. El referéndum se puede realizar por iniciativa ciudadana,siempre que cuente con el respaldo de firmas equivalentes a un porcentaje del

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10% del padrón electoral, verificadas por la Corte Nacional Electoral. Encualquiera de estos casos la Asamblea deberá elegirse en un plazo no mayor a120 días de proclamados los resultados del referéndum.

La habilitación de candidatos, en un número igual al de las circuns-cripciones electorales que ahora existen, requerirá la adhesión de un porcentajedeterminado de firmas de electores de la circunscripción y no el patrocinio departidos, cuyos militantes pueden habilitarse por el mismo procedimiento quecualquier otro ciudadano.

Una vez elegidos los constituyentes, la Asamblea se organizará y en unplazo no mayor a 180 días deberá cumplir su única y exclusiva función dereformar la Constitución, garantizando el funcionamiento de instancias deconsulta y sin interferir ni obstruir el funcionamiento de los poderes establesconstituidos. Antes de ese plazo deberá aprobar el texto reformado que serápromulgado por el Poder Ejecutivo, sin derecho a veto, en un plazo peren-torio. Si la Asamblea no aprueba reformas en los 180 días de su funciona-miento se disolverá automáticamente, sin posibilidad alguna de prorrogarse oautoconvocarse.

Ninguna reforma política, incluida la constitucional, puede resolver por sílos problemas que enfrentamos angustiosamente los bolivianos. La recesióneconómica y la crisis productiva, la discriminación, injusticia y dependencia,la miseria y la ignorancia no desaparecerán por el funcionamiento deinstancias deliberativas.

Lo que si está claro es que si no se usan mecanismos que reconstruyan laconfianza política extraviada, tampoco existirán fórmulas creíbles y susten-tables que dispongan de un plazo mínimo razonable para poder ejecutarse.

Hasta ahora los partidos han resistido tenazmente toda posibilidad deencarar una reforma política significativa que reconozca la capacidad y elderecho de la comunidad a hacerse cargo de la solución de sus problemas. Elresultado de esta ciega oposición es el avance de una extendida descom-posición social que incrementa la violencia, la intolerancia y la desesperación.

Las reformas constitucionales y el funcionamiento de una AsambleaConstituyente son parte de la respuesta a la crisis de Estado que está haciendo

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tambalear la vida y futuro de nuestra sociedad. No se les puede, ni se les debepedir que resuelvan la crisis económica, el hambre o la desocupación. Locierto es que si no se las atiende y se les abre camino, el espacio paraenfrentar la miseria, inseguridad e ignorancia que prosperan en nuestra vidanacional, será cada vez menor.

Aprobar las reformas que abren mayor espacio a la participación, queamplían y fortalecen las libertades y garantías, que limitan y permitenfiscalizar mejor al poder es un paso que debe darse, como forma efectiva paraabrir el camino a la consulta y convocatoria de una Asamblea Constituyente.

* Publicado en Pulso,

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DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD EN CONFLICTO29 de mayo de 2003, Cochabamba

Estaba pensando durante el último par de días que, tal vez, no deberíamosser tan severos con el gobierno. Es cierto que el propio gobierno en estasemana ha paralizado al Congreso por una causa que tal vez sea muy

importante: tienen que repartirse y llegar a acuerdos sobre los cargos de cónsu-les y secretarios de embajadas que todavía no han designado. Tal vez no enten-damos lo importante que es esto y nos impacientamos demasiado. Tal vez no estan grave que Gonzalo Sánchez de Lozada, desde el 13 de febrero, haya cam-biado el régimen del país y haya implantado un esquema cívico militar donde elpoder ejecutivo tiene necesariamente, aunque los militares no lo hayan pedido,que pedir permiso y consultar al alto mando sobre cualquier decisión importan-te que tome. Tal vez no es tan grave que en los últimos días estemos discutien-do al redescubrir que una parte considerable de los llamados gastos reservadoshan servido para alimentar ingresos extraordinarios que no han pagado impues-tos y que han sido ocultados al país. Pienso que tal vez no hay que ser tan seve-ros porque parecería que empiezan a encontrar soluciones. Por ejemplo: elministro de Hacienda nos habla de una solución para los pluses y los sobresuel-dos. Se va a castigar al funcionario de Estado que hable sobre los sobresueldos;se va a encarcelar al que mencione el tema. No al corrupto, no al falsario, perosí al que hable del tema. Tal vez no deberíamos ser tan severos con el gobierno.

Pero, al mismo tiempo, el gobierno tal vez tendría que escuchar. Sánchezde Lozada, sentado frente al flamante presidente Kirchner, tendría que escu-char el flamante mandatario argentino quien opinó que la gobernabilidad no

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necesariamente debe ser sinónimo de impunidad. Y es verdad. La goberna-bilidad en el fondo es capacidad de gobernar, capacidad de que las sugeren-cias propuestas y directivas de un gobierno se cumplan. Y por cierto que haycaminos diferentes a la complicidad, al silencio y a la impunidad, paragobernar un país.

CONFIANZA Y REFORMA POLÍTICA.

Una forma principal de lograr gobernabilidad es tener la confianza delos ciudadanos. Y esa es la gobernabilidad que debemos construir en el país.Debemos restituir la condición innata, fundamental y esencial de la goberna-bilidad. Y en el deseo y en la intención de hacerlo se nos presenta unproblema que el gobierno nos reitera una y otra vez: ya insistió mucho elMNR durante la campaña, y ahora el MIR repite a coro, que lo másimportante para la gobernabilidad es resolver la crisis económica. Y yallevan 9 meses tratando de resolver la crisis económica y nos dicen quedespués de resolver la crisis económica van a atender la crisis del Estado yel proceso de descomposición social que se vive en el país lo que constituyeuna forma tramposa de plantear el problema.

No hay ningún gobierno que pueda ofrecer resultados económicos ensemanas sino en 30 ó 40 meses, cuando menos. Es imposible, por lo tanto,que existan resultados positivos si quien los ejecuta y los propone no cuentacon el respaldo y la confianza de los ciudadanos. Para contar con esterespaldo, debe, inevitablemente, atender la crisis política. Porque si no seatiende la crisis política y la del Estado, detrás viene una peor: la llamarécrisis de disolución. Porque hoy existen en nuestro territorio, pequeñas perovigorosas fuerzas, que plantean que el desmembramiento de este país es lamejor de las salidas. Estas fuerzas, que hoy son francamente minoritarias, sipermanecen silenciadas, soterradas, si no se exponen a un amplio y abiertodebate en que participemos todos los bolivianos, que parece que nocompartimos esas propuestas, van a alcanzar una dimensión desconocida. Esfalsa, por lo tanto, la disyuntiva de atender lo económico o lo político.Estamos forzados a tratar los dos problemas.

La reforma política es hoy, aunque en las encuestas aparezca en el lugar 8ó 14, un tema central. Digo esto, porque este es uno de los argumentos que han

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empleado el señor Carlos Mesa y el MNR para justificar que el Congreso nova a tratar el tema de la Asamblea, porque aparecería muy abajo en lasencuestas, sobre los temas de preocupación pública. Dicha afirmación esesencialmente engañosa, porque en junio del año pasado hubo una encuestanacional –la encuesta nacional– que se llama elecciones, donde el 80% de lasfuerzas que participaron de ellas, incluyendo el hoy oficialista MIR,plantearon en esas elecciones la Asamblea Constituyente, como una de susmás importantes propuestas. Entonces, un respeto elemental de la voluntaddel pueblo expresada en las elecciones, pasa por reconocer ese hecho. No lohicieron el 4 de agosto del año pasado, cuando el MNR a la cabeza de lasfuerzas de la megacoalición que todavía era mayoritaria en el Congreso,imposibilitó que en la ley de necesidad de Reforma de la Constitución seincluyeran artículos que permitieran incorporar mecanismos para convocar auna Ásamblea Constituyente. Ese fue un acto antidemocrático, que anunció yadesde el 4 de agosto, que este gobierno iba a ser duro, corrupto y represor.

Debemos recuperar el mandato del pueblo porque la reforma política quenecesitamos tiene un corazón. Es la Asamblea Constituyente, a la que prefierodenominar Constitucional, para no caer en el falso conflicto esgrimido porabogados de cuarta, e interesados de primer orden, que nos dicen que “nopuede haber una Asamblea Constituyente mientras funcionan los poderesconstituidos”. Está bien: Que funcionen los poderes constituidos, mientras laAsamblea cumple con su única obligación, que es revisar y reformar laConstitución Política del Estado. Los bolivianos requerimos de un espaciopara debatir los problemas de un Estado que se cae a pedazos, de un Estadoque ha perdido hegemonía y cuyas instituciones no sólo no funcionan, sino queen gran parte de los casos ejercen las funciones que la ley les ha planteadoexactamente al revés: la policía para delinquir, el poder judicial para protegerla injusticia, el legislativo para encubrir a los culpables y omitir y contrariar lavoluntad de sus electores. Esta combinación de crisis institucional y ausenciade hegemonía impone que los ciudadanos podamos y debamos abrir paso a unproceso lo más sosegado, ordenado y también legal en el que se enfrente lacrisis estatal y el vacío de conducción que se vive en nuestro país.

El MNR y sus principales aliados, en plan de crearse una coartada quefrene la reforma constitucional e impida la consideración inclusive de vías deconsulta sobre el posible funcionamiento de una Asamblea Constituyente, nos

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dicen que en la Ley de Necesidad de Reforma, hoy archivada en algúnescritorio del Parlamento, no se pueden incluir cambios al artículo 230 y 231.Esto es radicalmente falso. Cuando uno revisa el proceso de reformaconstitucional de 1993 a 1994, descubre que el Parlamento introdujo en la Leyde Necesidad de Reforma por lo menos 15 cambios de contenido y de forma,y suprimió artículos aprobados en la Ley de Necesidad. Es posible, es nece-sario, es legal y lo vamos a reclamar. Porque no podemos callar y no podemospermanecer silenciosos cuando se juega con nuestro destino y se trata de ma-rear la perdiz con encuestas. Conocemos bien las encuestas. ¿Qué nos dijeronlas encuestas pre-electorales del año pasado?, ¿Qué nos dijo la realidad de losvotos?.

Con esto quiero decir que existe un camino para convocar a la AsambleaConstitucional, introduciéndola como parte del proceso de reformaconstitucional en curso y con un enfoque compatible con la legalidad y lainstitucionalidad: que no es necesario esperar cuatro años adicionales,mientras avanza la crisis estatal.

EL MECANISMO DE CONVOCATORIA.

Es necesario crear mecanismos para que las deliberaciones de laAsamblea, se apoyen y acompañen de la más amplia consulta con la sociedad,de manera que discutan los problemas fundamentales que parecen ser tres: unoes el problema de la descentralización; segundo tierra y territorio y, tercero, elenfoque de manejo de nuestros recursos naturales.

Hay en la actual Ley de Necesidad importantes cambios y progresos departicipación y control ciudadano que deberían ser establecidos en eseproyecto de Constitución. La ley puede establecer que esa Asamblea sólo sededique a discutir una propuesta de asamblea. Y si en seis meses no la tiene,terminó y se acabó. Y si tiene una propuesta por mayoría de sus miembros, vaa un nuevo referéndum. En resumen tenemos un proceso de 18 a 30 meses, enlos cuales el país, al mismo tiempo que trabaja en un proyecto de recuperacióneconómica (que debe introducir cambios a los que nos plantea el gobierno, querecupera tiempo, que se recupera producción) dirige su energía y canaliza a undebate, a una reflexión, que va a una asamblea que nos representa y nosplantea un documento.

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Un sacerdote y periodista a la cabeza de varios otros opinadores nos dice:“la Asamblea no es la respuesta a todos los problemas del país”. Tiene razón,pero ¿cuál es la única respuesta a los problemas del país?. No la hay. No sepida a la Asamblea lo que no se le pide a un plan económico, lo que no se lepide a cualquier otra reforma. La Asamblea es, hoy, una de las pocas oportu-nidades de que nuestros enfrentamientos no lleguen a niveles extraordinariosde violencia y de disolución.

Ahora, la reforma política no se limita a la Asamblea, sino que abarcaotros cambios en la policía, por ejemplo. El primer paso de la reforma de lapolicía es su despartidización. Si la policía ha llegado hoy a la condición deser, en muchos casos, cómplice de la ruptura de la ley, es porque hay unainfluencia decisiva en la coptación y manipulación que ejercen los políticossobre ella. Del mismo modo, Fuerzas Armadas también necesitan poridentidad propia reencontrar un nuevo espacio, un nuevo sentido a lo que esla seguridad del país. Y, desde luego, los partidos deben reformarse.

ACUERDOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS.

He tenido la oportunidad de conversar con el Vicepresidente sobre su plancontra la corrupción, y transmitirle mi opinión de que es una verdadera pérdidatiempo tal como se lo está ejecutando. El personal de la Secretaría de LuchaContra la Corrupción está viajando por 300 municipios buscando fuentescorrupción; yo les digo a esas buenas personas: “ahórrense los pasajes, eltiempo, los desvelos y el maltrato de su cuerpo a través de transitar los caminospolvorosos de nuestra patria, porque la corrupción está a su lado de su oficinamatriz”. El nido de la corrupción está en las organizaciones políticas que, nosólo en el país sino universalmente, han perdido su condición de proponentesde visiones de futuro para convertirse en cuadrillas de asalto de las arcaspúblicas y de exacción a los ciudadanos. No busquen la corrupción tan lejos:la tiene en el escritorio de al lado. Por lo que esa oficina podría empezar sutrabajo recuperando una ley que ya está planteada: la Ley de ResponsabilidadPartidaria, por la cual, si un funcionario público acusado –juzgado– ycastigado por corrupción llega a esa situación, el partido que lo llevó a sucondición de funcionario, debe pagar con él, de sus fondos propios, el dañoeconómico que se haya hecho al Estado. Les digo que si avanzamos por esecamino, los partidos se quedarán sin fondos para las campañas y eso será,

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además, un gran alivio para nuestra higiene mental, ya que podremos deliberary debatir, sin el espantoso ruido que produce la propaganda manipulativa a lacual se han reducido las campañas electorales.

Dejemos de decir “cambios a la capitalización” en abstracto. Empecemoscon una auditoria técnica que determine cuáles son los pozos “viejos” y cuálesson los pozos “nuevos”. Así, amos a “descubrir” que algunos pozos que estánpagando 18%, y que son los más grandes del país, deberían estar pagando 50%sin romper ningún convenio internacional. Arreglemos el problema de la cocacon una propuesta que tienen los cocaleros y que es realista y que nos permiterealmente controlar el problema del tráfico de drogas: el cato de coca. Losconvenios que los mismos cocaleros han propuesto están al alcance de lamano. Eso nos va a traer paz, eso nos va a traer desbloqueos y nos va a permitircanalizar la inversión pública al área productiva para iniciar el proceso detransformación productiva.

Finalmente, nada de esto puede funcionar si no entramos a un proceso dereforma moral e intelectual. Y la reforma moral e intelectual, se los digo a loscompañeros que aquí trabajan en juntas barriales, en organismos sociales y encadenas de asociaciones ciudadanas, tiene que empezar abajo. La corrupciónhay que derrotarla arriba. Pero la reforma moral e intelectual tiene que empezarabajo. Tenemos que desterrar la intolerancia en nuestras prácticas, no puede serque el partido en que se ha depositado la mayor expectativa de cambio del país,tenga las mismas peleas mezquinas, querellantes y tramposas de los viejospolíticos del país. Nosotros debemos exigir a esas agrupaciones, a las políticasy no políticas, que esta reforma empiece. Es posible y es necesario. Hace cincosiglos atrás, Europa vivía un proceso de descomposición mayor que el queconocemos en nuestra patria. Salió de él a través de un renacimiento. Elrenacimiento de esta pequeña y querida patria nuestra está en nuestras manos.

Es esencial hacer la referencia de los espacios globalizadores que (semencionan en este debate), mucho más cuando estos procesos parecen haberavanzado a un extremo sobre el que no somos conscientes. De hecho, esteplaneta está funcionando en un sistema político donde hay un jefe universal.El no mejor dotado intelectualmente de los norteamericanos es –mal que nospese– el jefe de esta comunidad internacional. Y no sólo penaliza a Bolivia,penaliza a Francia, penaliza a Alemania.

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Al mismo tiempo, debemos saber reconocer el juego de las fuerzasinternas. Así, el gobierno, por ejemplo, se excusa por los hechos del 12 y 13de febrero: primero nos miente descaradamente y nos dice “el FMI me obligóal impuestazo”. Como nunca, el FMI –que también es un organismodiplomático– le manda un funcionario al gobierno y le dice “no es cierto, nohemos planteado el impuestazo”.

La verdad es que la reacción del 12 y 13 de febrero, antes que obedecera mandatos internacionales, obedece a la naturaleza propia del plan degobierno. Quizás la gente no es del todo consciente, pero la bronca queexplotó en La Paz y en Santa Cruz, en esos días, se debe a que la gente, dealguna manera, comprendió que el gobierno nos está tomando el pelo con lostres planteamientos principales que ha manejado:

Con el bonosol está haciendo –como las capitalizadas no dan losuficiente para pagarlo– que los aportantes paguemos con nuestros recursosa nuestros padres y abuelos. El Bonosol que ofrece el MNR nos lo estáhaciendo pagar a nosotros; con ello, si se cumple su plan de hacerlo durantecinco años, les cuento, que para poder tener una pensión vamos a necesitar,no 25 años de trabajo, sino 45 años para poder jubilarnos, 45 años de aportes.

Cuando nos dice Seguro Universal Materno Infantil, no crea ningún nuevofinanciamiento, sino que destroza las finanzas municipales y de las cajas desalud ya existentes.

Y finalmente, cuando nos dice obras con empleo, y allá está el origen delimpuestazo, subir la inversión pública de 4000 a 5000 millones de bolivianos,lo hace con esos mecanismos expoliatorios de los trabajadores mientras noshabía estado preparando el perdonazo para los grandes evasores.

*Transcripción de la conferencia en el seminario de “Cuarto Intermedio”,Cochabamba

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CUATRO ESCENARIOS Y ¿UN FUNERAL?25 de abril de 2003*

Qué nos dejó febrero?. Además de muerte, dolor y un susto para el poder,podría decirse que una impenetrable impunidad, y, luego, un aparenteretorno a la rutina, salpicada de protestas que golpean la inmovilidadgubernamental. Podría también suponerse que el desquiciamiento de

los aparatos estatales de represión y el furor urbano que se vivió en La Paz hanreordenado las contradicciones y marcado nuevos rumbos e intensidades de lastendencias que configuran nuevos escenarios.

Con una línea de visión que intenta abarcar a los 7 meses que nos separandel final de este año, se pueden individualizar cuatro escenarios, ordenados deacuerdo a una estimación de sus posibilidades de presentarse como dominantesy de las posibles transiciones entre uno y otro.

LA RUTA DEL AUTORITARISMO.

El gobierno sobrevive, después de afirmar continuamente una identidad deesquema cívico-militar, por respaldo castrense, por el apoyo que aún le da larepresentación diplomática de EE.UU. y la ansiedad de sectores sociales urba-nos que se preguntan con temor ¿qué viene después?. Este sustento alcanzapara contener el derrumbe gubernamental, a pesar que cada día casi lo únicoque la administración ofrece son denuncias de conspiraciones extravagantes,la obsesión presidencial de que está en marcha un complot para asesinarlo,el quietismo operativo más exasperante y una recurrente tendencia a enre-

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darse aún en sus acciones más simples. Es lo que pasa, como muestra, con laelección del Defensor del Pueblo, donde los principales partidos de gobiernoexhiben una desorientación absoluta, con la que tratan de demorar u obtenerpremios consuelo frente a una decisión social que ha sido expresada inequívo-camente y con la cual no simpatizan.

Casi petrificado, el gobierno sortea un lío para caer en el próximo, mien-tras una fila de conflictos mayores se van armando ante sus ojos. Como el par-tido oficialista principal, cada vez más confundido y enfrentado internamente,no puede imponer nada ni a su socio más próximo, el flujo de caja del TesoroGeneral resulta cada vez más penoso e insustentable y la posibilidad de que noalcance para cubrir las planillas del siguiente mes es una pesadilla continua.

Ya sea que este letargo prosiga, o que se trate de remontarlo por mediode respuestas de fuerza el resultado es igualmente una continua desacu-mulación de fuerzas, que hará más patente la debilidad del Poder Ejecutivoy su creciente dependencia del factor militar y la indulgencia imperial. Alhaber perdido la chance de asumir alguna iniciativa de viraje creíble, elgobierno se está agotando, al tiempo que es el verdadero y principal motorde su defenestración, de manera que el último gobierno de Bánzer se acercacada vez más a ser su espejo; con la diferencia de que el actual es mássusceptible a tentaciones autoritarias que, si las aplica a través de masivasintervenciones de fuerza en territorios cocaleros o experimentos de shockeconómico, puede obtener una fugaz ilusión de victoria, que no sería nadamás que un prólogo de una fatal caída histórica.

Con todos sus enredos este escenario sigue siendo el principal, porque frentea la impotencia del gobierno sus adversarios muestran tal confusión táctica y vacíode diseño estratégico, que permiten el predominio de la inercia. Sin embargo, sialguien confía en que puede mantenerse indefinidamente una situación de tangrande malestar, apostando a que sus oponentes no descubran una salida o quepueda mantenerse maniatada a la sociedad con la idea de que un hombre o unnombre son equivalentes a la democracia, está cometiendo un error muy grueso.

LA SUCESIÓN PACTADA.

Las palabras vertidas por el Presidente el 9 de abril, que causaron unareacción esencialmente farisaica en el mundo de los partidos, vienen a ser el

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testimonio más claro de que son cada vez menos los que piensan que lasuerte del sistema está amarrada al destino del jefe de gobierno. Y, unanálisis sereno lleva a pensar que las fogosas y armadas expresiones delPrimer mandatario iban más bien dirigidas a su entorno próximo que a losfantasmales conspiradores que denuncia continuamente. Es a ese entornocada vez más dudoso y pesimista sobre el rumbo al que los lleva suconducción, al que mejor se ajusta la vehemencia presidencial, en un intentopor alejar dubitaciones y especulaciones sobre “salidas alternativas”.

Hoy está bastante claro que esas conjeturas son consideradas con menospudor que hace pocas semanas y existen indicaciones de que podrían haberseconsultado con la representación diplomática imperial, con resultados alenta-dores para quienes las propugnan porque, por lo menos, no han obtenido unadestemplada respuesta, como ocurrió en una primera instancia en la experien-cia del anterior gobierno.

Cambiar de cabeza de gobierno, respetando las fórmulas legales, es hoyuna opción para los partidos participantes del gobierno, para algunos grandesintereses corporativos transnacionales que se alarman por el giro de los acon-tecimientos y presionan sobre la embajada estadounidense con el argumento deseguridad jurídica para las inversiones. El primer escenario, de la continuidadgubernamental, puede transitar a este segundo con creciente facilidad y demanera más o menos fácil, a través de un retiro o amenaza de retiro del princi-pal socio gubernamental, de un brusco incremento de la tensión social u otrasituación similar.

El nudo que presenta esta posibilidad es que mientras más tiempo trans-curra se hace más costosa y arrastra más rápidamente a la escala de sucesores,hasta llegar a quien puede, ya no continuar la gestión hasta el año 2007, sinollamar a elecciones en el plazo más breve. Esto asusta a los partidos de gobiernoy sólo entusiasma a Nueva Fuerza Republicana (NFR) que está convencida quetiene reales posibilidades de ganar, sólo antes de que Acción democráticaNacionalista (ADN), o el nuevo partido que nazca de su seno, participe con sucampeón, porque este recuperaría gran parte de los votos de NFR.

Por ello NFR se esmera en hacer circular interpretaciones sobre laincapacidad mental del jefe de Estado, o alienta propuestas como las que halanzado recientemente el jefe Libertad y Justicia, al interpretar que la

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ausencia de un senador o una resolución de la Cámara Alta habrían creadouna situación inconstitucional insubsanable. Debe considerarse, que estasposiciones que hoy parecen muy débiles, pueden más adelante emplearsepara justificar una sucesión presidencial, sino funcionan antes otras fórmulasmás consistentes.

UN GOLPE DE VERDAD.

Ahora todavía están funcionando reservas muy poderosas que ponen frenoal desarrollo de una opción de autogolpe o golpe declarado. Predominan losobstáculos internos que se encuentran en un rechazo social muy macizo, asícomo dificultades casi insuperables para preparar una propuesta alternativa deorientación gubernamental mínimamente verosímil; tampoco son menores lasconsecuencias y problemas internacionales y, ambas, siguen teniendo una fuer-za disuasiva muy grande sobre un número posiblemente creciente de entusias-tas de esta salida. Pero, lo que es muy real, a diferencia de hace pocos meses,es que el golpe ya ha adquirido la categoría de una posibilidad real; remota,complicada…pero cierta.

Su viabilidad ha sido experimentada en otros países latinoamericanos yparticularmente en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos ha demos-trado, que los únicos principios estables que tiene son sus intereses. Dentro dela relación de fuerzas nacional y externa vigente, un golpe, o quiebre institu-cional, presenta todavía mayores problemas que los dos primeros escenarios yestá prácticamente obligado a rematar, en un plazo bastante corto, en una nuevaconvocatoria a elecciones que como se ha dicho tiene un solo interesado genui-no.

La apertura de un espacio realmente favorable para este tercer escenariodepende de un desgaste muy brusco del primero, de una sucesión presi-dencialdesordenada o de un fuerte recrudecimientos de conflictos violentos –o, even-tualmente, un escándalo enorme que afecte al gobierno– situaciones que habi-litarían discursos de orden o lucha contra la corrupción, que le presten algunafirmeza a su discurso justificatorio.

EL ACUERDO SOCIAL.

Aunque supuestamente el gobierno debería ser su principal impulsor, esquien más resiste esta posibilidad, ganándole por apenas una nariz al Movimiento

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al Socialismo (MAS) que ha preferido refugiarse en el aislacionismo, antes queenfrentar el desafío de construirse como fuerza política nacional, capaz de inspi-rar confianza entre sus seguidores y potenciales aliados sociales. El rechazo deestos dos polos casi clausura la posibilidad de que se considere un entendi-miento que rompa el círculo vicioso que se da entre cascada de reclamos beli-gerantes e impotencia para gobernar; entre desbocamiento de reclamos eimpotencia para conseguir verdaderas reivindicaciones.

Adicionalmente este camino no es fácil, porque supone grandes cesionespara los contendientes y mientras más se tarde en tomarlo, estas cesiones seránaún mayores. En este momento el contenido mínimo de un convenio útil com-prende, 1) pactar políticas públicas en los temas más conflictivos ( tierra, coca,gas y otros recursos naturales, reorientación de las políticas antipobreza y derecuperación económica) y 2) reforma política que empieza por aprobar unareforma de la Constitución que incorpore mecanismos para convocar y elegir unaAsamblea Constitucional que se encargue de una revisión integral de las reglasde convivencia social y política, paralelamente a cambios inaplazables de los par-tidos, del Poder Judicial y los aparatos de fuerza estatales. Esos pasos no puedendarse si se mantiene la insubordinación y el estado de conflicto continuo.

Los partidos están cerrando esta vía, sin comprender que con todos sus pro-blemas y dificultades es prácticamente la única que resta para evitar que la crisisnacional transite hacia una crisis de disolución. Ante la nueva frustración y tre-mendos riesgos que trae consigo sólo parece restar una enérgica reacción ciuda-dana que obligue a los bloqueadores del futuro del país a retractarse, para quepodamos ahorrarnos asistir al triste funeral del proceso democrático.


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LA DESESPERACIÓN, EL HAMBRE Y LA REFORMA POLÍTICA7 de marzo 2003

Cuando la marcha indígena del año pasado obligó a los partidos a exhi-bir algún grado de preocupación sobre su demanda principal, la realiza-ción de una Asamblea Nacional Constituyente, entre los principales

argumentos utilizados para invalidarla se hablaba que antes de cualquier refor-ma política había que resolver la crisis económica. Después de todos los muer-tos, huérfanos,viudas y un sufrimiento excesivo para nuestro pueblo, quedaprobado que, primero, ningún partido tiene una idea aproximada de cómoempezar, siquiera, a dinamizar la economía y mucho menos encarar el procesode una transformación productiva que es la respuesta de fondo a nuestros pro-blemas económicos y, segundo, que la reforma política no es incompatible conenfrentar los problemas económicos y que su realización probablemente sea laúnica vía para que una propuesta de cambios económicos encuentre la con-fianza y la paciencia pública para realizarse.

Reforma y Asamblea Constitucional. El estrépito carnavalero de estosdías no consigue desvanecer la decepción colectiva que acompaña a lasmedidas con las que el gobierno trata de reconstruir un sentido de normalidad,feroz e irremediablemente dañado con los sucesos del 12 y 13 de febrero. Lamodificación del número de ministros, el cambio de algunos y la supresión deuna medida de disminución de salarios son respuestas diminutas ante elabismo que se ha abierto ante nosotros. Casi nadie se atreve a refutar hoy, quees necesario adoptar decisiones verdaderamente profundas, entre las quesobresalen aquellas que abran una vía para recuperar un sentido de confianza

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y de pertenencia colectiva, con una urgencia extrema. Ante la evidencia de queno existe propuesta económica alguna, capaz de llegar a la percepción de laspersonas en plazos menores a 3 o 4 años, empiezan a multiplicarseiniciativas que apuntan a cambiar el ánimo colectivo, mediante fórmulas depactos, entendimientos o diálogos de diversa naturaleza.

En las circunstancias en las que vivimos tendría que quedar muy claro queel fondo de cualquiera de estas iniciativas no puede ser otro que el de unareforma política, cuyo inicio obligatorio es llevar adelante la postergadareforma constitucional, aprobando los avances en materias de libertades ygarantías, la desmonopolización de la representación política presentes en laaprobada ley de necesidad, y un cambio de enfoque en las vías de reformaconstitucional. Este último campo es crítico, porque de su adecuada resolucióndepende que pueda transmitirse a la sociedad la idea de que ante la crisis delEstado se necesita una amplia y profunda consulta, a través de la cual losbolivianos definamos reglas de convivencia social y política que nos permitanresolver, conjuntamente y con la mayor convicción, el malestar que noscarcome y decidir una línea de futuro común.

No me detengo a refutar todos los débiles argumentos con los que se hatratado de hacer creer que no está a nuestro alcance modificar los artículos quehacen hoy del cambio constitucional un proceso excesivamente complicado,en situaciones de crisis, y confiado únicamente a quienes hoy son los mayorespeligros para el proceso democrático boliviano, los partidos políticos.

La reforma de los artículos 230 y 231 debe permitir que además delmecanismo congresal hoy vigente para la reforma constitucional, exista unprocedimiento de consulta urgente para una reforma parcial, el referéndumciudadano, y una puerta para que la sociedad pueda participar de una reformaglobal de la Constitución. Esa puerta es una Asamblea Constitucional,convocada exclusivamente para ese propósito, sin que pueda interferir con elfuncionamiento de los poderes constituidos. Por ello, debe imperativamenteser una instancia diferente al Poder Legislativo y elegida entre candidatos quepueden o no representar a partidos (por eso la necesidad de ladesmonopolización inmediatamente vigente). Idealmente, para llamar a laAsamblea debía recurrirse a un refréndum, lo mismo que para aprobar lareforma que sancione ese órgano deliberante.

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LA SOCIEDAD INSUBORDINADA.

Canalizar y concentrar las energías de todos los sujetos y actores socialeshacia un esfuerzo para analizar y debatir los nudos de nuestra vida social ypolítica es quizá la única manera válida de construir en este momento unareferencia que salga al paso de las grandes catástrofes que anidan en nuestrarealidad, bajo la forma de fuerzas centrífugas. Quien crea, por ejemplo, que ladecisión adoptada por una provincia beniana de suprimir los servicios deimpuestos y aduanas y declararse zona franca comercial es otra anécdota másde nuestra pintoresquismo político, está subestimando a dicha expresión quees una pequeña muestra de grandes energías a la diáspora, que vienenmacerando por un largo período y se muestran crecientemente agresivas.

Estas fuerzas están presentes y para quien se niegue a verlas esrecomendable que analice el declarado y casi generalizado estado deinsubordinación que limita radicalmente la posibilidad de gobernar nuestrasociedad. Inclusive grupos muy pequeños e irrepresentativos han aprendidoque es posible resistir normas e imponer criterios propios y exclusivos, conéxito creciente. Esto debería estar muy claro, cuando los últimos hechos hanmodificado el régimen estatal, poniendo en vigencia un esquema cívico-militar que, sería auténticamente incapaz de reducir una revuelta socialcomo las que se ha estado perfilando en los últimos años.

La insubordinación colectiva e individual no tiene punto de retorno si sepretende enfrentarla con violencia porque, en cualquier caso, su capacidadpara recrearla excede infinitamente la capacidad política y física del Estado. Eldespliegue total de la fuerza represiva estatal no alcanzaría para frenar unaexplosión de insubordinación nacional. La única vía de construir una autoridadbasada en el reconocimiento y el respeto de la mayor parte de la sociedad pasapor una consulta y pacto social que defina el tipo de estructura estatal y lasparticularidades de su funcionamiento democrático. Este problema va muchomás allá que la supervivencia de una administración gubernamental, porque loque trata de resolver es el mantenimiento y la proyección de una sociedadorganizada que acata la ley; pero en todo caso, no cabe duda que el primer pasopara encaminar constructivamente la reforma, pasa por el respeto y aca-tamiento de las leyes vigentes.

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EL HAMBRE Y LA LIBERTAD.

Ni la recesión, ni la pobreza, ni el hambre pueden ser remediadas osiquiera aliviadas por una asamblea constitucional o una reforma política.Pero, sin la reforma política existen demasiados riesgos de que la angustiaeconómica nos devore como nación. Poner en marcha una reforma políticasupone, además del cambio constitucional, una transformación profunda de laadministración de justicia, de los partidos políticos, de la Policía y las FuerzasArmadas, cambios todos encaminados a que se revierta la descomposiciónsocial en la que vivimos y a poner en marcha una transformación moral eintelectual del país.

Al mismo tiempo que se encamina este gran esfuerzo es necesario que sehagan ajustes económicos que corrijan la predominante tendencia de laspolíticas económicas a transferir una parte considerable del excedente socialhacia las manos del consorcio de políticos con los constructores de obraspúblicas y proveedores de servicios y la complicidad de una administración dejusticia que garantiza la impunidad de sus negocios ilícitos. Para romper elinicuo funcionamiento de este consorcio criminal que desangra las arcaspúblicas y fomenta el déficit fiscal se necesitan nuevas normas decontratación, abiertas y transparentes que minimicen las posibilidades deacuerdos entre contratantes y concesionarios, así como reglas que vinculenla construcción de obras con su mantenimiento.

En lo referido a la capitalización toda la retórica de revisarla debetraducirse de inmediato en una auditoría técnica de la clasificación dehidrocarburos viejos y nuevos que ha dado pie a una disminución detributos hidrocarburíferos, así como a corregir los vicios que han disminui-do las utilidades de las capitalizadas más allá de lo que impone la recesión(régimen de contrataciones e inversiones de las empresas; salarios de susejecutivos ,etc.). En el área hidrocarburífera no existe ninguna objeciónválida para que YPFB, a través de la emisión de bonos, pueda comprar,como un negocio rentable y completamente necesario, las acciones de laquebrada Enron. Y, si verdaderamente existe (o ¿existió?) algunaposibilidad de exportar gas a Norteamérica, debe cumplirse el compromisode hacer una consulta que vaya más allá de la elección de un puerto desalida y se refiera al beneficio que puede recibir el país de su realización.

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La revisión del financiamiento del bonosol debe impedir que se continuenutilizando los ahorros de los aportantes del sistema de pensiones, así como elcrecimiento de la deuda interna a expensas de la utilización de los recursos delFondo de capitalización individual.

Aquí están mencionadas algunas medidas económicas urgentes, que dejanpendiente la consideración del problema de fondo que es hacer de Bolivia unpaís capaz de resolver sus necesidades sobre la base de su capacidadproductiva, sin depender de apoyos o cooperaciones externos. Es muy posibleque esta noción esté alejada de la preocupación mayoritaria, tanto como lanecesidad de emprender cambios políticos sustanciales, pero no hay duda quela obra política de esta hora es convertir la ira y la frustración de un pueblo enuna poderosa corriente creativa para resolver ambas cosas.


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SENTADO SOBRE BAYONETAS19 de febrero de 2003*

Entre los muchos cambios grandes y pequeños producidos en los últimosdías, parece que uno de los más importantes puede pasar casi desaperci-bido, cuando menos por un tiempo. Estoy hablando del cambio de régi-

men que ha ocurrido, ya que de uno “normal” y presidencialista que tuvimoshasta el 12 de febrero, hemos pasado a un régimen que podría ser caracteri-zado como gobierno cívico militar.

Tanto la última expresión, como la de cambio de régimen dejan muchoque desear desde el punto de vista teórico, porque en realidad lo que se hamodificado es el tipo de Estado y la descripción de cívico-militar es más grá-fica que exacta, pero mantendré esos términos porque son más comprensibles,en un plano de un trabajo como este.

BORDABERRIZACIÓN.

El nacimiento del nuevo régimen se inició el 12 de febrero y obtuvo suacta de reconocimiento con un mensaje dirigido por el presidenteconstitucional a los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) el 17, en el cualexpresa su reconocimiento “a todos los miembros de la institución militar,poniendo de relieve su compromiso con el proceso democrático, habiendodemostrado integridad y valor...”. El 14 de febrero la Presidencia de la Repú-blica había entregado para su publicación un comunicado donde “el Gobiernorechaza (...) que la Policía sea cuestionada en su lealtad al Presidente, ni al

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orden constitucional, ni al Estado de derecho...”. Podría pensarse que los dosdocumentos son equivalentes y complementarios, pero un análisis de loshechos y tiempos desmiente tal impresión.

El comunicado dedicado a la Policía es el cierre obligado de los acuerdospor los que se consiguió que esa institución levante sus medidas de presión,respondiendo favorablemente a sus peticiones (incluyendo el aumento salarial,que en idéntico porcentaje se ha extendido a las FFAA), pero sin que puedainterpretarse como expresión de que se ha restituido la confianza guberna-mental hacia ella. En cambio, no sólo por su texto, sino porque el mensaje alas FFAA se publica simultáneamente a la presentación de pruebas sobre quemiembros de las FFAA dispararon contra civiles y, cuando, en los díasprecedentes quedó completamente demostrado que la sobrevivencia delgobierno dependió del respaldo militar, ese mensaje tiene un significadodiferente y expresa en un nivel cualitativamente superior el pleno recono-cimiento gubernamental de este hecho, reconfirmado por la ratificación deloperador político que se ocupa de la relación con los militares.

La convulsión iniciada el 12 con el enfrentamiento entre policías ymilitares y que deriva en al menos 33 muertos y más de 200 heridos, terminóde despojar al gobierno de su respaldo social, autoridad y representatividad,mientras socavaba las endebles bases de su cimiento político, como se ha vistocon el penoso parto del nuevo gabinete. El gobierno entiende y acepta, estanueva situación en que las FFAA se erigen en la casi única fuente de su poder,de modo que aún cuando no exista un solo ministro militar el régimen funcionacomo régimen cívico-militar, en tanto que cualquier paso importante quepretenda adoptar debe, necesariamente, consultarse y pactarse con los mandosde la institución armada.

Ante los hechos, puede surgir la tentación de hablar de unafujimorización del gobierno, pero esta comparación es tan forzada quepuede inducir con facilidad a errores; sería más acertado hablar de unabordaberrización, por lo menos en el sentido de que se ha producido un pactoentre gobierno y cúpula militar, que tiende a que el primero se comportecomo un rehén del poder armado del que depende para sobrevivir. Una con-secuencia, nada des-preciable, de dicha modificación, tomando el contextode convulsión, des-orden e insubordinación ciudadana, es que un pacto de esa

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naturaleza se inclina con facilidad a responder con crecientes dosis deviolencia y autoritarismo.

Es probable que sean pocos los lectores que recuerden al gobernanteuruguayo Juan María Bordaberry, elegido en 1972 que un año despuésdisolvió el Parlamento con apoyo militar y fue derrocado en 1976, despuésque encabezar a un gobierno cívico militar, que inició una despiadada guerrasucia. Es dicha referencia la que se usa para hablar de bordaberrización másque de fujimorización (términos evidentemente detestables gramatical ehistóricamente).

Funciona en nuestro país un régimen de excepción, que conserva lacáscara de la formalidad jurídica de un Estado constitucional, pero cuyasustancia, hace tiempo conmovida por el desarrollo de una crisis estatal, ha sidomaleada por la acción de principales aparatos de Estado y los partidos políticos.Si el presidente boliviano, pudiese, así sea por unos instantes, llegar a darsecuenta de lo mucho que se ha alejado en apenas 7 meses del credo democráticoque todavía predica, podría experimentar una pesadumbre mayor a la que loafligía al emitir su primer mensaje, el miércoles de la semana pasada.

DE LAS CRÍTICAS A LOS MUERTOS.

Todo muestra, sin embargo, que lo que está ocurriendo dista mucho deser algo inesperado y es más bien la consecuencia ineludible de la maneraque tiene el presidente y sus hombres de mayor confianza de entender larealidad. Todos ellos juzgaron severa y públicamente al gobierno deBanzer y después al de Quiroga, proclamando que la inestabilidad políticaque se vivió en esos tiempos dependía de falta de carácter y experiencia delos gobernantes. Dieron por supuesto que bastaba que ellos sustituyeran aesos “torpes” para que las cosas dieran un vuelco.

Todavía lo siguen creyendo, estimulados por su miedo y desconcierto ypor los “buenos consejos” de sus asesores electorales extranjeros que mantie-nen sus contratos e incrementan su influencia. No puede entrar en su cabezaque gran parte de los bolivianos cambió de actitud desde hace 3 años, en elsentido a que ya no se resignan a seguir alimentándose de estabilidad macro-económica, que no soportan la discriminación, que los hastía la corrupción de

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partidos políticos y funcionarios y que le van perdiendo todo respeto y temorya no sólo a los símbolos del poder, sino a sus aparatos de fuerza.

TE REGALO.. SI ME PAGAS.

Ni siquiera todo el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) com-parte las apreciaciones de su jefe y, menos, sus asociados políticos, pero, en elmomento de las decisiones es el punto de vista presidencial el que se haimpuesto. Aquí se encuentra la lógica de porque el gobierno no ha vacilado enejecutar un plan que ha ido encendiendo, tan rápido y devastadoramente la furiapopular.

El predominio de la visión que subestima el hartazgo ciudadano y apuestapor la presunta eficacia de un voluntarismo narcisista, ha conducido a pagar elbonosol, apropiándose indebidamente del ahorro de los trabajadores activos;anunciar la vigencia de un seguro materno infantil que funcionará mientras lopueda tolerar el creciente quebrantamiento de las finanzas municipales y de lasdiferentes cajas de seguro y, finalmente, a prepararse para iniciar obras conempleo que solo podrán funcionar con gasolinazos e impuestazos.

Antes que los policías reaccionen, el malestar ya se había apoderado de lasociedad al darse cuenta que la única forma de llevar a cabo el plan del MNR,MIR, UCS, MBL, etc., era empobreciendo más a amplios grupos; a eso se redu-cía la supuesta habilidad y conocimiento de quienes ofrecieron “la única salidaa la crisis económica”. Si la reacción hubiese sido más tardía sobran razonespara pronosticar que también sería más enérgica, al conocerse, por ejemplo,que el proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo contiene en su artículo 102la autorización para el gasolinazo y más aún, cuando se hubiese comprendidoque gasolinazo e impuestazo obedecen más a una cerrada obstinación guberna-mental de cumplir su plan a rajatabla que a encontrar formas de subsanar elgigantesco déficit fiscal generado en el primer gobierno del actual presidente.

LA MALA FE EN EL PODER.

Es completamente comprensible si alguien cuestiona las líneas previas,suponiendo que encierran algún tipo de reproche al esfuerzo de un gobierno porhonrar sus promesas. No hay tal. No se está criticando la coherencia, sino lamalicia de quien ofrece otorgar, sobre la base del sacrificio de un pueblo, apa-

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rentes concesiones, concebidas para generar un solo beneficiario: los opera-dores políticos del actual gobierno. El bonosol se otorga, quebrantando elnuevo sistema de pensiones y creando la amenaza de que los actuales aportan-tes no puedan cobrar sino miserables pensiones, para secuestrar (a favor delpartido que levanta esta bandera) a un electorado de 300 000 bene-ficiarios,pero con un costo que termina perjudicando a quienes cobran el bonosol y a sushijos. No en vano, la ley del bonosol garantiza que se pagará en sus montosactuales hasta que termine la vigencia del gobierno actual.

El seguro materno infantil es insustentable en el largo plazo, sino antes, y portanto carece de una proyección que vaya más allá de la propaganda. Y ¿ las obrascon empleo? , son en lo concreto construcción de caminos que representan altainversión de capital y poco empleo. En este acápite más que un error técnico delgobierno parece prevalecer la urgencia de mantener funcionando el consorcioentre políticos, proveedores de servicios y administradores de justicia, que histó-ricamente nos ha entregado obras mediocres, a precios irracionales, superganan-cias abusivas, fortunas instantáneas para militantes que actúan como funcionariose inmunidad para todos, garantizada por jueces benevolentes y prósperos.

Ya no hablemos de las promesas de lucha contra la corrupción y la exclu-sión, porque nada se ha hecho en esos campos. En el primer porque sus irres-ponsables eximieron de responsabilidad a la mayor fuente de corrupción, esdecir a los partidos políticos y, en cuanto a la exclusión, porque se ha resumi-do a designar a unos cuantos funcionarios de origen indígena.

LA DEBILIDAD ARMADA.

El tono benevolente y conciliador del discurso presidencial al posesionarsu gabinete podría dar la impresión de que el gobierno captó algunos de losenérgicos mensajes nacidos de los recientes días de violencia y muerte. Lomismo podría decirse de las palabras del jefe de gabinete, pese a que no dejópasar la ocasión para sugerir que el origen del cambio nació y depende delMIR. Pero, con autonomía de voluntades y deseos individuales, no es difícilver que la indulgencia de las palabras tiene más que ver con una merma consi-derable de la fuerza del gobierno, que con una voluntad de cambio. Varios nom-bramientos clave ratifican esa impresión, tanto como las decisiones omitidas ypostergadas en estos días.

De aquí que debilidad política y social acorazada hoy casi solo por las

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armas, ratifica que el vacío hegemónico y la ausencia de propuesta han abiertopaso a una nueva composición gubernamental –civil, militar– con tendenciasintrínsecamente autoritarias, aunque se base en un discurso pacificador. Pero,antes de que dicho carácter pueda desplegarse en todo su potencial lascircunstancias vigentes hacen que la flaqueza gubernamental y estatal, seencaminen con rapidez a colocar en un primer plano la posibilidad cierta deque se interrumpa la normalidad institucional y que el gobierno con cada vezmenor chance de cumplir su mandato sea sustituido por una solucióntransitoria, a la que se encomiende una salida electoral.

Este desenlace no es inevitable, pero es cada crecientemente másprobable, en tanto que permanezca la poderosa inercia gubernamental queproviene de poderosos intereses y compromisos, muy difíciles de omitir.

Uno de los primeros lances en los que se medirá el predominio delconservadurismo que está conduciendo el gobierno a su rápido final, escomo abordará el gobierno la investigación y procesamiento de franco-tiradores que han asesinado a civiles. Ya hay signos muy significativos de que,precisamente por sus deudas y dependencia del factor militar, tenderá a echarun manto de olvido sobre este episodio de sangre y muerte, lo que difícil-mente será tolerado por una sociedad que pide transparencia y confianza comopunto obligado de un nuevo arranque.


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MAR DE FONDOEnero 2003*

Una evidencia de cuan banal es discutir y tratar de decidir quien ha ganadola última pulseta política y social se encuentra en el decidido entu-siasmo que despliegan ante el tema una gran parte de los medios de

difusión y varios pontífices de la opinión pública. Tanto interés de quienes seespecializan en endiosar lo accesorio para esconder lo significativo es lo queen lenguaje de abogados se llama prueba plena. Obviamente es excesivamentetemprano para arriesgar conclusiones, cuando el conflicto, muy lejos de resol-verse, está en pausa porque los contendientes se han sentido estrepitosamenteexhaustos. Esto no desmerece la tregua, angustiosamente reclamada por unaabrumadora mayoría nacional, que podría, si se rompe la rutina de los últimosaños, devenir en algún tipo de solución más o menos duradera.

Pero, inclusive ante ese tipo de escenario optimista, mantiene toda suvalidez la interrogante del director de este semanario que, como muchosbolivianos, se pregunta si debemos, fatalmente, resignarnos a vivir en unasucesión de tormentas políticas y sociales, cortadas por breves recesos, quesi no enteramente pacíficos, están al menos exentos de episodios de violenciadeclarada. Lo que si puede verse con bastante nitidez, para tratar deresponder esa duda, es que, cualquiera sea la salida de esta confrontación,detrás de las cuestiones que se han disputado abiertamente existe un mar defondo que puede encresparse y revolverse vertiginosamente turbandonuestras vidas, porque sus aguas vienen de muy lejos y algunos de los actoresprefieran ignorar esa realidad.

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A eso parece referirse el manifiesto del MAS, cuando espeta en susprimeros puntos que pasa a la acción directa, porque los amos del poder enBolivia han olvidado las erupciones sociales que se vienen sucediendo desdeel año 2000 y que han archivado la rezongona resignación popular quepredominó desde 1985. “Los gobernantes siguen rigiendo como siempre,persiguiendo una cada vez más insostenible gobernabilidad alimentada detransacciones utilitarias e impunidad” y cierran los ojos y oídos ante unaexigencia cada vez más imperiosa de que es necesario terminar con eldominio la discriminación como forma de gobierno.

El mal cálculo de los contendientes los llevó a subestimarse mutua-mente, pidiéndose, el uno al otro, rendiciones incondicionales. Siaprendieron o no con la sangre y el sufrimiento de un pueblo, lo veremosmuy pronto. Pero, más allá de las lecciones de la última escaramuza,podemos estar seguros que el conflicto retornará inclemente e ineludible, sino se comprende que nuestro malestar nacional sólo puede ser enfrentadocon una radical transformación de las prácticas políticas, en el sentido que eldesprecio y la arrogancia del precario poder económico y político, acu-mulado en 178 años de vida republicana, intimidan cada vez menos a unpueblo que todavía tientas empieza a buscar nuevos desenlaces y ya no losadmite como principio de autoridad.

Si en vez de ello se prefiere experimentar el uso de una mayor fuerzapara disciplinar a los “díscolos”, podemos estar seguros que más pronto quetarde, la respuesta ante ese giro hará parecer las convulsiones que se vienensucediendo desde Abril de 2000, como tímidos y desvaídos ensayos de unchoque que contará, esta vez, entre sus bajas al proceso democrático.


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LA COCA, LOS INDÍGENAS Y EL PODER EN BOLIVIA2 de septiembre de 2002,

Cuando los resultados de la última elección boliviana mostraron que elMovimiento al Socialismo (MAS), dirigido por Evo Morales, máximodirigente de los cultivadores de hoja de coca, aparecía como la primera

fuerza política, con un respaldo electoral del 20%, el sistema político nacionaly la poderosa embajada estadounidense sufrieron una enorme perturbación.Esta inquietud no ha sido despejada ni con el hecho de que la alianza de variospartidos encabezada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)fue primero en votos (22%), ni con la elección parlamentaria de GonzaloSánchez de Lozada como presidente de la República el pasado 6 de Agosto.

Los 8 senadores del MAS, de un total 27, y sus 27 diputados, de un totalde 130, le dan la posibilidad de constituirse en una poderosa oposición. Los 35parlamentarios del MAS, los de Movimiento Indígena Pachacuti y otros pocosparlamentarios indígenas elegidos por otros partidos le han dado al Parlamentode este país una fisonomía completamente nueva, por la bruscamente elevadaproporción de representantes indígenas que son la mayoría del país y tambiénuna de las eternas minorías parlamentarias, con no más de media docena derepresentantes hasta la elección del 30 de junio pasado.

Sin duda que el MAS tiene una representación que abarca a más de las 30mil familias de campesinos cultivadores de hoja de coca, y a un importante seg-mento de las 38 etnias indígenas de este país. Es más bien una representa-ción de múltiples corrientes sindicales, ecologistas y de los más diversos

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movimientos sociales que han empezado a tomar impulso en los 3 últimos años,después de que el movimiento popular sufriese continuas derrotas y debilita-mientos desde la imposición de un modelo económico neoliberal, instaurado en1985.

Varios analistas concuerdan que Evo Morales Ayma, el candidato presi-dencial del MAS, y reelecto diputado jugó el papel de un símbolo aglutinadorde estas diversas vertientes. A fines del año pasado Morales se encontraba polí-tica y socialmente aislado, como consecuencia de la creciente radicalización delmovimiento cocalero que encabeza. Pero, cuando a principios de este año laembajada norteamericana con el apoyo de los principales partidos consiguióque Morales fuese expulsado ilegalmente de su puesto de diputado, sin cargosbien tipificados y atropellando todos los mecanismos de defensa y juicio impar-cial, también consiguió, sin proponérselo, que una parte significativa delamplio repudio social contra la corrupción, la politiquería y las imposicionesforáneas se alinease silenciosamente detrás del MAS.

Esta fuerza social que le da soporte, podría permitirle ocupar el espacio his-tórico vacante para una fuerza que realmente exprese a las mayorías de este país.El desafío es particularmente complejo, por el hecho de que su dirigente másimportante, al ser representante de los cultivadores de coca, se encuentra en elárea de mayor presión y fuerza que ejerce el gobierno estadounidense en la zonaandina, donde pretende eliminar la coca, bajo la fórmula de que terrorismo y nar-cotráfico son hermanos gemelos que encarnan el eje del mal.

Bolivia ha erradicado cerca del 80% de sus plantaciones de coca y ocupa hoyun tercer puesto en su producción, con unas 14 mil hectáreas, muy lejos de las120 a 150 mil hectáreas calculadas para Colombia y de las 70 mil que se suelenatribuir al Perú.

Ante este cuadro el MAS debería tener la aptitud de, por una parte, nodejarse arrinconar al exclusivo papel de portavoz de los campesinos cocaleros(que son más o menos el 1% de toda la población indígena-campesina) y, porotra, de probar en el seno del Parlamento nacional, que la propuesta campesi-na de permitir que cada familia de la zona donde se ha erradicado tenga dere-cho legalmente reconocido a plantar 1600 metros cuadrados, es mucho más sen-sata, barata, sostenible y segura que la política de enfrentamientos y represiónque se utiliza actualmente.

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En términos puramente aritméticos la propuesta campesina significaríaque en la zona erradicada donde actualmente se estima que subsisten 14 milhectáreas, quedarían solamente 5 mil hectáreas, bajo control y garantía de lasasociaciones de productores, quienes están dispuestos a firmar convenios conel Estado que penalicen severamente cualquier ampliación de esa área o la exis-tencia de cualquier indicio de actividad de transformación de la hoja en susderivados ilícitos.

Al mismo tiempo el MAS tendrá que mostrar su capacidad de elaborar pro-puestas de leyes que permitan aliviar la pobreza, hacer retroceder la exclusión ydiscriminación, velar por el medio ambiente y generar iniciativas para entablarrelaciones distintas a las actuales con el mercado mundial y los poderes políticosinternacionales.

Escrito el para la revista AEGD, París

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DECLARACIÓN DE GUERRA4 de agosto de 2002

La aprobación de la ley de necesidad de reforma de la Constitución anun-cia que la coalición dirigida por el Movimiento NacionalistaRevolucionario (MNR) se ha decidido por la vía de las armas. No es otro

el significado de mantener intacto el mecanismo de reforma constitucional y decerrar el camino a nuevos mecanismos de participación ciudadana.

LA GUERRA DE LOS PERIQUITOS.

La aprobación de esta ley de reforma permite ver que el MNR se inclina porconformar un gobierno que utilizará la fuerza como principal herra-mienta: enel parlamento rodillo, en las calles represión. La lógica de esta decisión seencuentra en la forma que el jefe movimientista, Gonzalo Sánchez de Lozada(GSL), interpreta la realidad del país. Hace más de dos años hizo conocer su ideade que el país se encuentra dividido entre los asustados (a quienes pretende agru-par y representar) y los que quieren hacer volar el país (a quienes compara conuna plaga zoológica capaz de derrumbar los cimientos de una casa o, en estecaso, de una sociedad), ante lo cual la principal misión del gobierno sería actuarcon firmeza y autoridad. Según esta concepción, el futuro gobierno será exitososi disciplina a los díscolos, ponen en vereda a los asistémicos y elimina a losperiquitos; rodillo en el parlamento y fuerza en las calles y caminos.

Aquí no habría ninguna crisis de estado, ni reconfiguración de los sujetossociales, ni cambios apreciables en la estructura económica y social del país,

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sino, simplemente, un desorden básicamente atribuible a los errores guberna-mentales.

¿ QUIÉN SE EQUIVOCA?.

El diagnóstico movimientista, que ha sido inmediatamente interiorizadoy asimilado por sus nuevos aliados, reposa sobre una visión tranquilizadora,según la cual los movimientos sociales que vienen sacudiendo al país sonantes que nada expresiones relativamente artificiales de grupos pequeñostalentosos para agitar, pero carentes de mayores contenidos y proyección.Seguramente se piensa que aplicando la receta de “obras con empleos” setranquilizará el convulsionado cuadro social, generando el suficiente tiempopara la próxima gestión de gobierno. También va quedando muy claro quelos otros componentes del programa electoral movimientista, la lucha contrala corrupción y la exclusión, son esencialmente fórmulas de mercadeo y enningún caso convicciones que se piensan materializar.

Sobre la corrupción, no sólo están presentes la omisión de cualquierrespuesta al problema fundamental que son los partidos políticos como fuentey madre de la corrupción, sino la aprobación de la ley 131 sobre los juicios deresponsabilidades, en la que se incrementan los parapetos que protegen laimpunidad de los gobernantes. Y, en cuanto a la exclusión, la clausura de todaconsideración sobre las demandas planteadas por los indígenas, es máselocuente que toda la retórica empleada en campaña.

Ahora, a esta visión que es la que se pretende aplicar desde el nuevogobierno que empezará a funcionar en los siguientes días, se contraponeaquella otra, según la cual en nuestro país se han entrecruzado la crisis delmodelo neoconservador aplicado desde 1985, con un desajuste general delEstado, configurando una crisis de Estado y la evolución de un proceso dedescomposición social, que no podrán atenderse, ni menos resolverse, con unplan económico de emergencia y con una reforma política fallida y clausuradaen su inicio.

Según esta otra visión, el próximo gobierno vivirá bajo un continuo acosode movimientos sociales cuyas demandas exceden con mucho la oferta quehace la nueva coalición que se apresta a hacerse cargo de la administraciónpública. La única forma que permitiría abrir una salida pactada y pacífica es

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abrir las puertas más anchas a una consulta profunda y ordenada, que permitaa la sociedad analizar y proponer un nuevo pacto social que reorganicesustancialmente las bases de sustentación del Estado, de modo que esteexprese de una manera más real y equilibrada la verdadera situación de unpaís, en el que la enorme mayoría de sus habitantes se sienten omitidos y en elque la palabra ciudadano es una fórmula hueca de contenido.

Si la visión del MNR, ahora compartida por el MIR, ADN, UCS y MBL,se ajusta a la realidad, el próximo gobierno podrá ir sorteando los escollos yterminará por conseguir un aceitado funcionamiento del modelo que hoyaparece cuestionado en múltiples frentes.

En cambio, si su visión se confirma como simplista, en muy poco tiemposerá jaqueado y verá amenazada su continuidad, no sólo por un impetuosoauge de movimientos sociales, sino por la deserción de quienes hoy sonjubilosos acompañares de aventura.

*Publicado en el semanario La Época

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LA PASIÓN DEL NEOCONSERVADURISMO26 de julio de 2002*

Si al capitán Reyes Villa le toca ser Saulo de Tarso ¿que le corresponde alcandidato movimientista: Simón el pescador? Tal vez ese sea el papel quemejor se acomoda a su actual papel de pontífice del conservadurismo. El

bíblico humor exhibido por Gonzalo Sanchez de Lozada al anunciar que el pri-mer fracaso de sus negociaciones con el jefe de Nueva Fuerza Republicana(NFR), no eclipsa la obstinación que tiene para cerrar los ojos a lo que ha esta-do pasando en el país durante los últimos años y sus consecuencias sobre losresultados electorales.

Pasó el tiempo en que una porción considerable de los bolivianosa sealimentaban casi exclusivamente de estabilidad y promesas, para dar paso a untemperamento social que de áspero se inclina a explosivo. Este talante no retor-nará al sosiego con eslogans de empleo, ni con las distracciones que ofrecenmuchos medios de difusión farfullando sobre los cambios en las formas degobernabilidad.

CABALGADURA ENDEBLE.

El empeño puesto por el candidato movimientista y cuasi presidente dela República, por retornar al manejo de la cosa pública, puede serle tan letalcomo lo fue para Hugo Banzer, aunque por causas diferentes. El regresomovi-mientista al Palacio de gobierno se ha hecho posible gracias a queobtuvo un alto número de senadores, con una votación muy baja y a que el

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segundo lugar ha sido ocupado por un candidato vetado por el gobiernoestadounidense.

Estas dos circunstancias abren la vía al gobierno, pero no aportan ningúnsosiego frente a los temporales que están al frente. Y, el nudo central no seencuentran allá donde lo buscan la mayor parte de los opinadores y entendidos,cuando hablan con nostalgia de la harapienta gobrenabilidad que conocemos,como entendimientos y complicidades entre partidos que se han acostumbradoa domesticar el Parlamento, ante el Ejecutivo. El buen gobierno y la capacidadde que propuestas e iniciativas se realicen depende mucho menos de acuerdosy transacciones que de la confianza que inspire la conducción y la calidad desus planteamientos y acciones. Si funcionan bien, la calidad minoritaria en elLegislativo es un escollo menor.

Ahora, las minorías se vuelven amplias mayorías gracias a ladistribución de sueldos secretos, cargos y otros elementos persuasivos,metódicamente empleados durante los pasados diecisete años, ya que lospactos entre jefes nunca fueron suficientes para saciar la avidez de losrepresentantes, quienes además de órdenes exigían premios por hacergobernable la situación. Eso lo saben los políticos y los medios, por lo queresulta insufrible el afán que se pone en hablar de “ingobernabilidad”, entérminos de alianzas programáticas. El gobierno que viene conoce a fondoestos recursos y no se amilanará en emplearlos; no en vano todas laspropuestas contra la corrupción soslayan el habilitar recursos que la com-batan en su orígen, es decir en los partidos y en los sistemas de contrataciónde bienes y servicios para el Estado.

VACÍO DE HEGEMONÍA.

El problema de conducir al país no está en la falta de apoyoparlamentario, comprable o alquilable, sino en la ausencia de una visión defuturo que vaya más allá de planes de emergencia y apuradas opciones demanejo de déficits. Agotada la agenda de modernización capitalista de laeconomía y remendado el funcionamiento de instituciones democráticas, elpaís está demandando la apertura de una línea de horizonte en el que seavizore la disminución cierta de la pobreza y una genuina participacióndemocrática.

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La exigencia de una asamblea constitucional expresa lo anterior; es elclamor por una atrasada reforma política que permita a los bolivianos pensar,elaborar, trabajar por una salida que vaya más alla de los diminutos interesesque permiten labrar fortunas a un puñado, a costa de la miseria del resto.

SOMBREROS E IMPERMEABLES.

Una canción casi olvidada recomienda “mejor se ponen sombrero que elaire viene de gloria… si no los despeina el viento, los va a despeinar lahistoria”, muy oportuna ahora que el vendaval ha llenado de indígenas,sindicalistas, rebeldes y olvidados las sillas congresales. La nueva policromíaparlamentaria expresa mucho más que una anécdota pasajera. Esta en curso undesasosiego que sacude a todos nuestros vecinos, en el mismo instante que elcapitalismo enseña su más fea cara, con las quiebras y crímenes financieros enlas bolsas y el látigo del eje del bien y el mal.

No es tan fácil descartar los complotos de los que habla el MNR, peroseguro que son poca cosa frente al agotamiento de la paciencia de un puebloque esperó durante más de 15 años que el neoconservadurismo galopante derespuesta a sus angustias. La transformación productiva, las reformas moral eintelectual no podrán seguir siendo postergadas indefinidamente. Están enmarcha fuerzas que pese a sus errores y vacilaciones han empezado a engro-sarse y que encontrarán caminos, si su apuesta de hoy no funciona.

No hay otra que escuchar y consultar a esta fuerza; seguirle volcando laespalda, tratar de domarla con frases y trucos no sólo despeinará a una formade manejar la economía y la política que ya se ha agotado. El Estado en crisiscolapsará si no se abre a esa gran parte del país que ya ha optado por dejarde ser silenciosa.

*Publicado en Pulso

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M A S5 de julio 2003 *

Lo impecable de las elecciones del último domingo de Junio empezó adesportillarse, casi al mismo tiempo que el país se enteraba del vertigi-noso ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS) y cuando delegados

de esa organización hacían conocer que habían empezado a producirse injustifi-cadas anulaciones de mesas, en el área rural de Chuquisaca. Si esa tendenciaavanza, se paraliza, si es enmendada o no por las cortes electorales, será un epi-sodio más del nuevo cuadro de fuerzas que se está revelando a través de losresultados electorales.

Los datos de las ánforas nos permiten entender, fuera de especulacionesmás o menos elegantes, la agresiva intervención del embajador estadouni-dense, cuya amenaza contra el electorado boliviano seguramente se funda-mentaba en que disponía de datos de una encuesta bien realizada, y mucho másprecisa de las que ofrecieron al público las cadenas mediáticas. Lo que parecíaun tanto enigmático, no era otra cosa que la respuesta, encuadrada en la máspura ortodoxia imperial vigente, ante la posibilidad cierta que el MAS disputeel primer o segundo puesto, cuando se había inducido a pensar quedifícilmente superaría el cuarto lugar.

EVO “ARAFAT” MORALES.

El edicto por el cual el representante estadounidense nos instruyó desdeChimoré a no votar por “quienes desean que el narcotráfico retorne a Bolivia”

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se conoció casi simultáneamente con el pronunciamiento de George W. Bush,por el que intima a los palestinos a no respaldar a Yasser Arafat. Este es, a nodudarlo, uno de los raros momentos de la historia del mundo, en el que lasvivencias de aymaras, quechuas y palestinos resultan curiosamente afines.Esta nueva proximidad no resulta de cambios geográficos o históricos incom-prensibles, sino de la uniformación y simplificación que impone el gobiernomundial, desde el momento que ha dividido al planeta entre los ejes del bien ydel mal. Al segundo pertenecen todos los que no se declaran amigos delgobierno de EE.UU., cosa que automáticamente los clasifica en una de lascategorías infernales: terrorismo o narcotráfico, sin que se excluya la posi-bilidad de que puedan ser categorizados en las dos, tal como está amenazadoel candidato presidencial del MAS.

Algunos análisis rápidos, y más bien interesados, atribuyen el éxitoelectoral del MAS a las amenazas del embajador, cuando todo hace ver que lamasividad de su votación obedece a razones más profundas y remotas. Aunqueposiblemente quienes sustentan uno u otro punto de vista podremos probarloestadísticamente, habida cuenta de la penosa calidad de las encuestas publi-cadas, lo más probable es que la ganancia neta se sitúe entre medio a un punto.Lo que está más allá del error, es el penoso intento de justificar sus derrotas,en el que incurren aquellos que explicación la votación del 30 de junio comoproducto de la declaración intervencionista.

Sin duda que pesó mucho más la operación conjunta de la embajadanorteamericana y el sistema de partidos, cuando juntos a inicios de este añodesaforaron a Morales, con el propósito de encarcelarlo inmediatamente. Estemovimiento seguramente catalizó la exasperación de gran parte de la pobla-ción, contra la injerencia extranjera y la degradación política y parlamentaria,capaz de montar un desafuero en materia de horas, cuando requirió años paradecidirse a separar al parlamentario acusado de estafar 60 millones de dólaresal público y al Estado.

LAS TRAMPAS DEL CAMINO.

Pero, si la vigencia de una política imperial agresiva y ultra regresivaimpone grandes peligros para la incursión de masas que ha llevadodemocrática y pacíficamente indígenas, dirigentes sociales, rebeldes y

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revolucionarios a una rotunda victoria electoral, no son menores los quesurgen de la polarización interna del país y el grado de evoluciónprogramática, estratégica y orgánica de su expresión política. Si el país en suconjunto necesita emprender una reforma moral e intelectual, esta es tantomás premiosa en el seno de cualquier organización que aspire a expresar atodo un pueblo en búsqueda de un proyecto nacional. Una cosa es identificarla descomposición del sistema de representación política, la corrupción eineptitud de sus miembros y otra es detectar y erradicar la influencia ypenetración de esas prácticas en el mismo seno de quienes las denuncian. Lademora en hacerlo tiene el costo, ya conocido en la experiencia boliviana, depermitir la coptación de miembros de la representación popular, el debilita-miento de la fuerza acumulada y, lo más costoso de todo, el retroceso de laconfianza y esperanzas populares.

*Publicado en Pulso

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CONVOCANDO AL “ESCRACHE”26 de mayo 2003*

Escuchado en un diálogo telefónico, transmitido por radio, el 23 de mayopasado, en un programa de consultas al público en la ciudad de La Paz:

“Sabe... lo que yo pienso que tendríamos que hacer para castigar alos parlamentarios ladrones que se dan rentas vitalicias, es quecualquier persona que conoce las casas de estos señores tendríaque llamar a la radio, para que todos sepamos donde están y vaya-mos a bloquear a sus casas. Ya no tenemos que bloquear el cen-tro...tenemos que ir directo a sus casas para que sepan como pen-samos de las cosas que hacen....”

Estas, las palabras de una persona más que buscaba como muchas expre-sar el vómito de furia que ha provocado conocer que los senadores cerraron suúltimo ciclo de reuniones, no aprobando la ley de necesidad de reforma cons-titucional, no llenando las vacantes de la Corte suprema, no eligiendo al supe-rintendente de hidrocarburos, sino asignando rentas vitalicias, heredables,espléndidas a una galería de personajes que cargan gruesos prontuarios a cues-tas. Por unanimidad, es decir con los votos del MNR, ADN, UCS, MIR, NFRy CONDEPA, la resolución –secreta– fue aprobada, tratando de eludir la sen-tencia del Tribunal Constitucional, que hace un mes declaró inválidas este tipode rentas.

Pedro es el nombre del ciudadano que proponía la nueva forma de protesta,excepcionalmente practicada en nuestro país y que en la Argentina ya tiene tra-

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dición y nombre: escrache. El escrache es el tipo de movilización con que nues-tros vecinos rioplatenses expresan su bronca contra las fechorías de los políticosprofesionales, insultándolos en la calle, sacándolos de los cines, los restaurantes ylos paseos, abochornándolos en los espectáculos públicos y recordándoles queestán haciendo crecer no sólo frustración, impotencia, sino auténtico odio, por sufalta de escrúpulos, por su venalidad, incompetencia, mediocridad y afición adelinquir en la primera oportunidad que se les presenta.

Los estado mayores de campaña de muchos de los llamados grandes parti-dos estarán meciéndose los cabellos, porque la travesura de sus senadores dejaal descubierto sus juegos verbales y promesas y demuestra que el cambio delque todos hablan, es nada más que un cambio de papeles y cuotas para seguirejerciendo el triste oficio de engatusar a sus electores. Es muy probable queobserven espantados, que las rápidas declaraciones de sus jefes y candidatos quese han comprometido a presentar recursos judiciales contra la resolución senato-rial de rentas de privilegio, no mengua la ira popular, ni consuela a nadie. Alfinal, todos conocemos que los parlamentarios no dan un paso, mueven una pes-taña y...menos, levantan las manos, sin conocimiento y aprobación de sus amos.

Los más perspicaces deben estar aún más preocupados, porque podríanllegar a captar que este incidente puede inducir que además del escrache coti-diano, puede venirse el gran escrache contenido en las fuertes tendencias deabstención, voto blanco y pifiado, que se expresaban al inicio de este año y quefueron cediendo paulatinamente a la fascinación de la propaganda y al candorciudadano que prefiere escarbar por esperanzas, pintadas de nuevo. O, lo quepuede resultar más temible, que este sacudón estimule la simpatía por las mar-chas indígenas que están reclamando que el Parlamento abra una puerta legalpara que la reforma constitucional ya no quede en manos de legisladores, siem-pre prestos a otorgarse rentas, incrementos de dietas o mayores privilegios, sinode una representación popular elegida directa y expresamente para considerar,debatir y resolver los nudos de la crisis estatal en la que vivimos.

La movilización de los indígenas del Oriente –el movimiento social máseficiente de todos ellos– exige que se logre un acuerdo por el cual se habilite laconvocatoria de una asamblea nacional constituyente, de la que participenrepresentantes de partidos y ciudadanos no afiliados a ellos, para realizar unareforma global de la Constitución, cuando se instale el nuevo gobierno.Advierten que si el Parlamento no lo hace ahora, en sesiones extraordinarias deCongreso, la lucha continuará pero, esta vez, vetando la posibilidad de que par-

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ticipen los militantes y adherentes de los partidos políticos que han controlado alEstado en los últimos años.

A diferencia de las marchas indígenas de 1990, que consiguió programarreformas constitucionales efectivizadas en 1994 y la de 1996 que modificó la leyINRA, esta protesta de los indígenas del oriente (guaraníes, trinitarios, sirionó,mosetenes, entre muchos otros) cuenta desde su inicio con la participación deaymaras y quechuas, que previamente se habían movido casi exclusivamentebajo la égida sindical de la CSUTCB. Ahora que los principales dirigentes de esaorganización se encuentran concentrados en sus candidaturas, va tomando cuer-po un movimiento de sus bases, que podrían adquirir dinámica propia.

A la ansiedad del MNR, que empieza a darse cuenta que es el partido quetiene las menores probabilidades de encabezar un gobierno, a las del MIR queobserva como sólo puede regresar al gobierno de manera subordinada y a las deADN que se asoma al abismo de su destrucción, se pueden sumar ahora la deNFR que se ha comprometido a llamar a una asamblea constituyente, pero queno ha hecho nada efectivo para acercarse al cumplimiento de su compromiso. Enrealidad, NFR podría ser el partido más preocupado, porque empieza a temer queun eventual crecimiento de la demanda de asamblea se aproxime demasiado a lafecha de elecciones, ya que las cuatro marchas que se han iniciado convergeránen la sede de gobierno en el mes de junio. Cualquier cosa que ponga en riesgo suaparentemente irreversible triunfo en las urnas le resulta demasiado inquietante,porque para ese momento todavía no habría empezado a ejecutarse el plan de sucandidato, de impulsar un vigoroso y rápido reingreso de sus camaradas de armasen la escena política, porque no está aún en sus manos la posibilidad de duplicarel presupuesto militar, como lo ha anunciado insistentemente, para capturar lalealtad anticipada de la institución armada.

Las fechorías de los senadores y la movilización por asamblea constitu-yente debilitan la apenas remendada convocatoria de los partidos y hacen quelos cuidadnos nos preguntemos si no corremos el riesgo de convertirnos en suscómplices por el simple hecho de votar por alguno de ellos.

Publicado en La Época,

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REFORMA POLÍTICA, ENTRE LOS CÁLCULOS Y LA MARCHA (fragmento)16 de mayo de 2002

Antes de nacer la reforma política está a punto de ser sepultada, víctimade juegos y maniobras partidarias, que cierran los lazos que existen entorno a la garganta del proceso democrático. Este posible desenlace

pone eufóricos a los círculos políticos más conservadores y parece consolaralgunos movimientos sociales que han decidido bloquear cualquier reformaconstitucional, excepto aquella que se reduzca a legalizar la convocatoria deuna asamblea constituyente.

Estas convergencias son infrecuentes pero no exóticas en la historia y cuan-do se presentan indican, irrevocablemente, un estado de confusión propio de losprocesos de descomposición social. El proyecto de reforma constitucional,supuestamente consensuado, y prácticamente abandonado no atiende la profun-didad de los problemas que confrontamos, aunque contiene avances en materiade libertades, derechos y garantías, lo mismo que en la introducción de nuevosmecanismos de control del poder y de resolución de crisis de Estado.

El abandono de todo intento por abrir mayores espacios democráticos y departicipación agigantará un fetiche que puede llevar al colapso del procesodemocrático, en medio de la proliferación y fortalecimiento de mitos que hanimpedido considerar los problemas que debemos resolver.

EL GRAN FETICHE.

La marcha indígena que ha partido de Santa Cruz a La Paz está principal-mente motivada por reclamos sectoriales muy definidos, sobre incumplimiento

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de compromisos gubernamentales que apañan la extensión de mayores privile-gios para latifundistas y grandes especuladores agrarios, al mismo tiempo quereclama una reforma constitucional “corta”, consistente en modificar el artículo230 de manera que se legalice la convocatoria de una asamblea constituyente.Poco importa que los marchistas estén o no al tanto sobre la naturaleza, objeti-vos, composición y límites de una asamblea constituyente; lo que haría mal enponerse en duda es que están reclamando una participación política, no limi-tada a la que ofrece la representación partidaria y un espacio de deliberacióncolectiva donde se revise y reconsideren las reglas básicas que rigen el ordena-miento de la vida nacional.

Se engañan y mucho quienes creen que existe algún gobierno que pueda bur-lar o ignorar esta inclinación, que quizá no se visualice bien en las encuestas, peroque presenta macizos testimonios de existencia en movilizaciones y en inclina-ción de voto por fórmulas que dicen o sugieren estar dispuestas a convocar a talasamblea.

Al cerrar las vías legales para esta demanda, se está estimulando que laasamblea constituyente se convierta en un gran fetiche, tras el que se agrupentodos los movimientos sociales, cada vez con más violencia; asumiéndolocomo una bandera que sintetiza el rechazo a las políticas partidarias, la angus-tia por falta de respuestas económicas, sociales y políticas. Arrancada por lafuerza, la asamblea viene a ser el vestíbulo de la profundización catastróficade la crisis de Estado y de procesos de descomposición y disolución.

Hubo exceso de tiempo y posibilidades para que la reforma del artículo 230incluya la posibilidad de que el Parlamento pueda hacer reformas parciales de laConstitución en dos períodos de gobierno distintos; y que también puedan hacer-se cambios parciales aprobados por referéndum popular dentro de una mismagestión gubernamental y una reforma global, considerada en las deliberacionesde una asamblea constitucional.

(..) Se trataría de un proceso ordenado, realizado en varios meses, en los quese abrirían todos los canales posibles de consulta y deliberación que permitanaproximarse a un resultado que exprese las aspiraciones sociales. Esto no resuel-ve crisis económicas, ni otros problemas; solamente intenta crear las un nuevopacto social que incremente la confianza y el sentido de pertenencia y participa-

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ción de un pueblo. Nadie puede garantizar que llegue a un resultado feliz; perocualquiera puede apostar, con grandes posibilidades de éxito, a que cerrarle pasoa los reclamos que se van concentrando tras la consigna de asamblea incremen-tará la violencia, el desorden y las tendencias centrífugas que van tomando cuer-po en nuestro país.

CÁLCULOS Y MITOS.

Es muy difícil que esta realidad sea percibida por organizaciones políticasque están amenazadas por votaciones enflaquecidas que les cierran paso a susambiciones de presidir un nuevo gobierno. La angustia de comprobar que sóloexisten posibilidades de ingresar como actores secundarios a la nueva adminis-tración, o sencillamente de permanecer en la oposición o engrosar sus filas, secombina con la certeza de que los aparatos partidarios tomarán dura revancha consus candidatos perdidosos, preámbulo de fragmentaciones y continuas crisisinternas.

Este pánico incrementa el conservadurismo partidario, de manera que quie-nes no quisieron considerar la posibilidad de cambios constitucionales más apro-piados a lo que está pasando en el país, por temor a que fastidie el esquema degobierno que pensaban conducir a partir del próximo 6 de agosto, se atolondranhasta el punto de no darse cuenta que con las intenciones de voto actuales la com-posición del Parlamento se modificará drásticamente, porque en vez de 5 fuerzasque se repartían con cierto equilibrio las bancas, habrá una que copará casi lamitad de los curules, seguida de otra, con la cual llegarán a concentrar alrededordel 70% de los puestos en las dos cámaras, en tanto que el tercio restante serepartirán entre unos cinco partidos, con una participación destacada de cam-pesinos e indígenas.

Esta composición alterará radicalmente el sistema de complicidades y tran-sacciones interpartidarias, ostentosamente denominado gobernabilidad, con elque se ha gobernado el país desde 1985 e incrementará las dificultades paragobernarlo. Aquí radica una de las claves de que la esperanza objetiva de vida delpróximo gobierno se encuentra entre 2 a 3 años, sin importar que surja de unaamplia ventaja electoral, o que cuente con cuadros experimentados.

Al prescindir del análisis de estas tendencias de evolución de la coyuntura,los partidos se ensimisman en los detalles más ridículos de la campaña y tratan

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de exorcizar al fantasma de la convulsión continua –y sus consignas– apelando amitos que banalizan la discusión. Dicen, frecuentemente acompañados por ana-listas y académicos, que “una reforma política es innecesaria o secundaria frentea la necesidad de resolver la crisis económica”. La evidente concentración de lagente en sus angustias económicas cotidianas no puede hacer perder de vista quecualquier respuesta mismamente seria y creíble tiene tiempos de maduración queno se sincronizan con la impaciencia y la desconfianza pública, que no desapa-recerán por propaganda en contra de la corrupción. La reforma política, incluidala constitucional, es, primero, el puente para tratar de salir de el barranco de pesi-mismo y rechazo ciudadano y, después, el camino para tratar de ubicar una líneade horizonte visible y deseada por la mayoría de los bolivianos.

EL TIEMPO QUE SE ACABA.

Al próximo gobierno le esperan dificultades excepcionales. Aunque sinorganización, estrategia, ni programa consistente el movimiento popular hasuperado un período de postración y por medio de movimientos sociales, frag-mentarios y muchas fuertemente corporativizados ha generado una creciente decontestación y presión ante el poder. El Estado no solo ha sido “adelgazado”,sino que ha perdido fuerza, representatividad y capacidad de arbitraje, mientrasque su condición soberana es ignorada por un poder imperial que se ha retro-traído a las prácticas colonialistas más descarnadas y aberrantes. Los problemaseconómicos no van a resolverse en plazos cortos, mientras que las presiones quelos acompañan crecerán continuamente. Los supuestos futuros negocios, comoel de exportación de gas a EEUU, con que los candidatos están prometiendorealizar nuevos programas e inversiones son de larga maduración y puedenparalizarse si no existe una fuerte convicción nacional de que son beneficiosospara el país y no sólo para los consorcios privados. Si existe alguna luna demiel entre el electorado y los elegidos será fugaz y puede tener amargos desen-laces, si la mezquindad prevaleciente entre quienes manejan los resortes delpoder no retrocede ante estos peligros.


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ANGUSTIAS TRADICIONALES28 de abril, 2002 *

La pobreza de la campaña electoral ha escalado un nuevo paso con laamarga sorpresa que se encontraron las tiendas políticas tradicionales alrevisar los resultados de encuestas correspondientes al mes de marzo.

Después del breve alivio que representó el descenso y casi desaparición de juezCosta, se toparon con la abrupta subida del candidato de Nueva FuerzaRepublicana (NFR) que, en todos los registros conocidos, duplica en intenciónde voto al del Movimiento Nacionalista Revolucionarios (MNR) y triplica aldel Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). El desaliento que ha pro-ducido este hecho, no se alivia ni un poquito con la reiteración del concepto deque la intención de voto no significa necesariamente votos efectivos y que aúnfaltan dos meses de campaña, en los que las buenas y las malas artes de los muybien remunerados asesores deberían demoler al intruso.

El MNR es el más torturado con las nuevas informaciones que están porechar al traste un edificio cuidadosamente construido con la candidatura vice-presidencial del independiente zar anticorrupción y la temprana presentaciónde un programa que mantiene toda la apariencia de ser una elaborada y minu-ciosa propuesta, que debería preservar la imagen de que ese partido es el quecuenta con la mayor capacidad técnica y propositiva. Estrategas y candidatosemenerristas no se pueden conformar con que una campaña, básicamente arte-sanal y un programa manifiestamente improvisado y plagado de lugares comu-nes haya elevado al ex alcalde cochabambino a una cúspide de votos que ellos,ni en sus sueños más optimistas, podrían alcanzar, con el agravante de que los

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expertos en sondeos no encuentran hasta ahora el techo de su adversario (lími-te máximo de votos que podría llegar a captar un candidato).

Tanto dolor y amargura han precipitado en un furibundo taque,inmediatamente catalogado por el periodismo banalizante con el nombre de“guerra sucia”, aunque el vocero movimientista se esmere en explicar con lamayor pulcritud académica que ese nombre tendría que reservarse acampañas que se deslizan en la propalación de chismes e inventos, principal-mente dirigidos a la vida personal de los atacados, y no al “debate político”que pretenden plantear las cuñas y spots rosados. Todavía pasará algúntiempo antes de que se conozca la eficacia de las denuncias que le recuerdanal “capitán” su responsabilidad en el desencadenamiento de la guerra delagua, los tropiezos de las finanzas comunales vallunas y el astuto engorde delotes que, con inversiones municipales, habrían rellenado los bolsillos del exalcalde. Hasta ahora, la historia electoral del país muestra que con muchafrecuencia tales ataques terminan favoreciendo al agredido.

Ya sea que candidato eneferrista se consagre como víctima, o no, supresencia al mismo tiempo que irrita a sus oponentes contribuye a deprimirel ya escuálido debate sobre los problemas del país. Aún antes de quealarmara a quienes se creían amos indiscutibles de los primeros puestos, laspropuestas electorales se habían caracterizada por una frivolidad extra-ordinaria, según la cual la corrupción se abatiría disminuyendo la inmunidadparlamentaria y persiguiendo a jueces y policías maleados, pero sin asumiruna sola medida que controle al principal foco de corrupción que son lospartidos. O proponiendo simplificaciones escalofriantes sobre encarar lacrisis económica, junto con la corrupción y la exclusión; o planteando frasesvacías como “Bolivia total”, aderezadas con borradores de planes –desinceridad deleznable– sobre la “recuperación del gas”, o desafíos a declararlos bienes e ingresos de los candidatos.

No es que no supiéramos anticipadamente que la estrechez mental y lafalta de creatividad, presente en los partidos, los críticos, los académicos, sin-dicatos y analistas se ha enseñoreado del país y que era posible prever unaselecciones vacías de propuestas y repletas de ataques; pero lo que está suce-diendo desafía a la imaginación y ahora, con las nuevas tendencias de voto, ladepresión de ideas es todavía mayor.

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Por un lado, observamos el patético pataleo de candidatos que no seresignan a que su contrincante no les permita lucir su acumulada experienciade polemistas en debates que, a fuerza de inasistencias, pierden hasta elmínimo sabor de espectáculo que tuvieron en algún momento, lo que hace quela discusión descienda a centrarse en el tema de la participación en los debates.Por otro, la escasez de expectativas de candidatos como los de AcciónDemocrática Nacionalista (ADN) lleva a que, quienes se han auto-proclamado como campeones del liberalismo, aparezcan planteando laimplantación de la pena de muerte, como supuesto freno al avance del crimenque –ellos bien saben– campea en sociedades que usan la pena de muerte desdehace mucho.

En ese ambiente nadie aclara que medidas se tomarán para negociarnuevos contratos de exportación de gas, cuando las compañías que explotan elrecurso han avanzado por su cuenta y ahora exigen que el país rebaje preciose impuestos. Las promesas de “sembrar el gas” ocultan el hecho de queninguno de los partidos ha expuesto con transparencia sus posiciones yconexiones empresariales respecto a este negocio, que tal como estáavanzando amenaza con ratificar nuestra eterna historia de despojo. Laspropuestas sobre empleo, reactivación y perspectivas de crecimiento se basanen una resignación que acepta como imbatible la pobreza, al menos en lospróximos 50 años.

El agotamiento de un sistema de representación político, degenerado eimpermeable a las necesidades del país, favorece el entronizamiento de íconoscon pies de barro, supuestamente nuevos. Pero, de allí a pronosticar que laconsolidación de las intenciones de voto nos conduzca a reproducir lo que pasóen Venezuela, por ejemplo, es una falsificación que demuestra que lasangustias electorales no hacen más que alimentar un ritual de recambiogubernamental que, en las condiciones existentes, generarán un gobierno cuyaesperanza de vida difícilmente superará los 3 años.

Publicado en Pulso,

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BÚSQUEDAS URGENTES26 de marzo 2002 *

Las cámaras de algunos telenoticiosos han captado en los últimos días, alcubrir la movilización y huelgas de docentes y de empleados de la telefó-nica paceña, escenas que deben provocar más de una reflexión. Me refie-

ro a aquellas en las que se ven transeúntes increpar e inclusive atacar físicamen-te a maestros o telefonistas bloqueadores de calles. “Flojos”, “sinvergüenzas”,son algunos de los epítetos más suaves con que los manifestantes fueron hosti-gados. La diferencia de estos incidentes con otros que seguramente se han pre-sentado antes, es que las imágenes permiten apreciar, con bastante margen deseguridad, que se trata de reacciones espontáneas –y no de montajes ejecutadospor aparatos estatales– y que tienden a hacerse más frecuentes e intensos.

No es gratuito que estos episodios se presenten en la ciudad de La Paz, lamás castigada con un estado casi continuo de movilización y protestas, comotampoco que las reacciones apunten contra los maestros y los empleados deCOTEL. En cuanto a los primeros, todo indica que el magisterio ha idoperdiendo legitimidad en un prolongado proceso de desgaste que se inició consu resistencia contra la reforma educativa. En los primeros años de la reformalos dirigentes sindicales del magisterio pronosticaron un “inminente colapsode la educación fiscal” y que el propósito de los cambios era “liquidar laeducación fiscal y gratuita” Ese discurso preocupó e inclusive movilizó apadres de familia, alarmados por los vaticinios.

Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el tiempo y los anuncioslejos de cumplirse cedieron espacio a la percepción de que la reforma

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avanzaba, con beneficio para los niños, se fue abriendo una crecientedistancia entre los maestros y los padres de familia. Esto, desde luego, noocurre de manera lineal y simétrica, sino que presenta particularidades localesy una alta sensibilidad ante los cambios de coyuntura. Pero, la ruptura de lahuelga magisteril de 1998 por intervención, decisión y actuación de los padresde familia delimita un momento en que la relación entre estos dos gruposcambió de una manera nítida.

Esta transformación no ha agotado (y así lo muestran invariablementetodos los muestreos que se hacen sobre este tema) la solidaridad social hacialas reivindicaciones salariales de los maestros. Sin embargo, tal empatía nodisminuye el creciente hastío de los padres con los paros prolongados quesignifican, además de una preocupación continua sobre el deterioro de lacalidad educativa que reciben sus hijos, una fuente cotidiana y exasperante deconflictos domésticos, porque el hecho de que los niños no asistan a clases traeconsigo una cantidad enorme de desarreglos y contrariedades para la familia.

A lo anterior se agrega que la sociedad boliviana viene acumulando uncreciente rechazo dirigido principal, pero no exclusivamente, contra lospolíticos profesionales. Los sindicalistas son percibidos como una variedadpolíticos, capaces de incurrir en las mismas prácticas tramposas y defraudantesde los dirigentes y militantes de partidos; cosa que, además, con excesivafrecuencia, también son los dirigentes sindicales. Por ello, la apertura y labuena voluntad social hacia movilizaciones que agreden frontalmente a ungran número de sus componentes son cada vez menores, al mismo tiempo quecrece el malhumor y la intolerancia contra cualquier tipo de protesta.

Los sindicalistas bolivianos están obligados a tomar en cuenta este virajedel ánimo colectivo capaz de conducir en un determinado momento a que seincrementen las tendencias de búsqueda de “soluciones” autoritarias yantidemocráticas, basadas en el empleo de mano dura para restaurar el orden yla tranquilidad; así es históricamente como ha germinado el fascismo en variassociedades.

Un sindicalismo renovado, eficaz ante sus bases, efectivamenterevolucionario en su práctica está obligado a buscar y encontrar formas delucha que dejen de agredir los derechos de otros trabajadores y sectores

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populares. Son cada vez menos legítimas y aceptables las movilizaciones quebuscan lograr sus reivindicaciones sectoriales y corporativas amenazando lasalud, la vida, la educación, el derecho al trabajo y al desplazamiento quetienen otros trabajadores y sectores populares.

Si no se tiene la aptitud para lograr un renacimiento sindical creativo,potente y capaz de lograr reivindicaciones perdurables, combatiendo yhostigando a los poderosos y no martirizando a los propios compañeros, laposibilidad de enfrentar mayores retos será puramente ilusoria y las movi-lizaciones efectuadas no serán más que un triste acompañamiento del procesode decadencia política, moral e intelectual que encabezan los gruposdominantes.

* Publicado en la Época

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LARGAS CICATRICES1ro. de febrero 2002 *

Al día siguiente de que los 104 diputados de ADN, MIR, MNR, UCSy NFR unieran bravíamente sus votos para expulsar a Evo MoralesAyma de la Cámara baja se pudo ver, como escena reiterada en

varios cafetines del centro de la ciudad, a grupos de militantes de esos parti-dos discutiendo entre inciertas sonrisas, la eficacia y consecuencias de sudecisión.

La falta de seguridad y convicción sobre el comportamiento de susbancadas se resumió en la frase, repetida insistentemente de que para prevenirdaños, por la exclusión del parlamentario cocalero, era convenienteintercambiar “3 kharas por un tara”. Es decir que, como resultaba muyostentosa la diferencia de celeridad, eficiencia y ejecutividad entre elprocedimiento de 4 horas que le llevó a la cámara a deshacerse de MoralesAyma, frente a los 4 años en que titubeó, meditó y arrastró los pasos para excluira Roberto Landívar, era necesario improvisar una operación cosmética queimpida mayores daños a la ya horriblemente desfigurada imagen del Congreso.

El más apurado en patrocinar esta cirugía es el MNR, que seguramentedesea minimizar el costo político de haber actuado como aliado estratégico delgobierno. Para la ADN y el MIR la decisión es algo más complicada porquemás allá del acuerdo inicial de sacrificar al yerno de Hugo Banzer, laextirpación de todos los diputados y senadores que están en la lista deindeseables puede ocasionarles graves problemas intestinos, influidos los que

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ocurrirían si los candidatos a la expulsión deciden abrir la boca y confesar queen algunas de sus hazañas participaron o se beneficiaron colegas y jefes.

Pero, aunque la tardía y culpable depuración de los más feos casos decorrupción ocurriera sin mayores contratiempos, el cálculo de compensacióny lavado de rostro pueda tranquilizar momentáneamente a una cierta capa delas clases medias urbanas, será irremisiblemente tardía e insuficiente para unaamplia mayoría de la población indígena y campesina y para el importantecontingente de habitantes urbanos que mantienen relaciones con el área rural.

La exclusión de Morales, interpretada de manera prácticamenteunánime como un gesto de subordinación del sistema de partidos a lasexigencias norteamericanas, tiene consecuencias que van bastante más lejosde la batalla de bloqueos y marchas que se ha iniciado en Cochabamba. Elbloqueo de carreteras puede o no prosperar; si toma cuerpo sacudirá hastasus cimientos el gobierno de Quiroga y hará tambalear el horizonteelectoral, pero, aún si no supera la muy escasa fuerza que exhibe en suinicio, la expulsión del cocalero seguirá siendo una poderosa marca queobjetivamente cierra el ciclo en que el sistema de partidos trató de crear unasensación de que indígenas, campesinos y otros excluidos y discriminadospodían encontrar un espacio en las instituciones y alguna brizna de poder.

Este proceso de incorporación e inclusión, esencialmente simbólico, tuvouna nítida y exitosa expresión con el ingreso de polleras al Parlamento quepatrocinó Carlos Palenque y alcanzó su punto más alto con la elección de unaymara a la vicepresidencia de la República, cruzando y bloqueando, al menosparcialmente, el período durante el que se reinició un importante proceso deacumulación de corrientes indigenistas.

Desde hace un par de años, su eficacia se mostró crecientemente limitadacon la aparición del liderazgo del “Mallku” y el avance de consignas deseparación estatal, de modo que en contexto actual de fortalecimiento detendencias centrífugas y descomposición, la interpretación social que tienemayores posibilidades de sedimentar es que el diputado cocalero fue castigadopor indígena y campesino y no por cualquier otra cosa.

Los efectos positivos que pudo haber tenido un gesto de depuración de lospartidos terminan licuándose, al aparecer como medida compensatoria de un

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acto arbitrario y en un contexto en el que ya no pudo seguir ocultándose quefiguras clave de las principales tiendas políticas se comprometieron con unasmafias u otras para lucrar, malversar y estafar, cuando no para beneficiarse deasaltos y asesinatos.

Cuando el elector indígena, campesino y migrante compara esa realidaden que viven y se mueven los partidos que nos han estado gobernando con lasacusaciones empleadas para justificar la separación de uno de sus más com-prometidos representantes, no queda mayor espacio para dudar que el sistemaestatal, que dice representar a nuestra cada vez más escindida sociedad, juegacon cartas marcadas que los tendrán siempre en el bando de los perdedores. Elproblema, para el sistema de poder, es que esos jugadores están cada vezmenos dispuestos a resignarse, callar y olvidar.


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GUERRA DE LA COCA Y CORRUPCIÓN POLÍTICA29 de enero 2002*

Roberto Roca Landívar es un ex diputado y banquero boliviano acusadode estafar, malversar y aprovechar en su favor más de 60 millones dedólares, a través del Banco de Inversión y Desarrollo (BIDESA), del

que era principal accionista y ejecutivo. La Superintendencia de Bancos detec-tó las anormalidades en 1997 y desde ese entonces pasaron 4 años, antes que lacámara de diputados de los pasos necesarios para que pueda ser enjuiciado porlos tribunales ordinarios, que nada podían hacer hasta que le sea suspendida suinmunidad parlamentaria.

En la misma elección nacional en que Landívar fue elegido, como partede una lista completa del partido Nueva Fuerza Republicana (NFR), EvoMorales Ayma, indígena aymara, campesino y máximo representante delmovimiento de los cocaleros del Chapare, también fue elegido diputadouninominal (no en una lista completa, sino directamente) con una adhesiónde más de 2/3 de los votantes del Chapare. Morales fue expulsado de lacámara de diputados, el 24 de Enero último, en un trámite que duró pocashoras y con el respaldo de los partidos oficialistas, el opositor MovimientoNacionalista Revolucionario (MNR) y NFR que había dado su confianza aLandívar por casi 4 años.

La diferencia de procedimientos ha sido tan escandalosa que la mayoríade los diputados nacionales –aquellos que votaron por la expulsión de EvoMorales– se han sentido presionados por la opinión pública nacional y han

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decidido, empezar a revisar los juicios pendientes contra otros 12 miembros dela cámara, para, eventualmente, asumir sanciones contra ellos, después de quedurante varios años, cerraron los ojos y les permitieron actuar comorepresentantes nacionales, sin ninguna traba ni observación.

Esta inesperada diligencia busca diluir la idea, subrayada por variosmedios de comunicación y analistas, de que la expulsión del líder cocaleroestuvo dirigida principalmente a satisfacer una fuerte presión de la embajadaestadounidense, que nunca vio con buenos ojos que un dirigente campesino,representante de los agricultores que siembran coca en Chapare, tenga accesoal Parlamento Nacional.

Para poder suspenderlo definitivamente de su puesto, los partidos degobierno y el MNR y NFR, optaron por acusar a Evo Morales de ser elresponsable de los daños económicos producidos por bloqueos de caminos yla muerte de 4 miembros de las fuerzas de represión, baleados dos de ellos yasesinados, los otros a golpes. con gran saña y crueldad, en la tercera semanade Enero, cuando cumplían el encargo gubernamental de clausurar el segundomercado de coca legal que existe en este país, en la población de Sacaba, quese encuentra a unos 20 Kms. de Cochabamba, la tercera ciudad en importanciadel país, ubicada en el centro de la geografía boliviana.

En esos choques fueron asesinados 3 campesinos cocaleros y losefectivos militares y policías ya señalados. Morales asegura que la direcciónsindical jamás instruyó esos actos, que podrían haber sido cometidos porturbas ansiosas de venganza, debido a los años de maltrato, humillaciones yrobos de los que se quejan los campesinos cocaleros. Gran parte de estasdenuncias campesinas han sido avaladas por organizaciones de trechoshumanos, la Iglesia católica y la oficina del Defensor del Pueblo(ombudsman). Los cocaleros contabilizan más de 60 muertos entre sus filas,durante los últimos 15 años y reclaman que ninguna de estas muertes ha sidoverdaderamente investigada y que ningún efectivo de las fuerzas de represiónha sufrido sanción alguna por estos asesinatos.

El entrecruzamiento de la última escaramuza de la guerra de la coca, queconsiste en el cierre del mercado de coca de Sacaba y la exclusión de MoralesAyma de su fuero parlamentario, con la súbita toma de conciencia de los

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diputados respecto al avance de la corrupción estatal puede marcar los hechospor venir, mucho más allá de la coyuntura.

Para entender la profundidad de esta situación, debe recordarse queademás de los 12 diputados cuyos casos se evaluarán, existen por lo menosotros 5 parlamentarios, en este caso senadores, sobre quienes pesangravísimas acusaciones, entre las que destacan fraude electoral probado queinvolucra a los senadores Gonzalo Valda y Edgar Lazcano del Movimientode Izquierda Revolucionaria (MIR) y las de asociación de los senadoresWilson Lora y Oscar Daza de Acción Democrática Nacionalista (ADN) conuna banda de policías, que con la colaboración de delincuentes peruanos hanrealizado múltiples atracos a mano armada, en los cuales han sido heridas yasesinadas algunas personas.

La llamada “banda de Blas” –por el nombre de su cabecilla el coronel dePolicía Blas Valencia – es también sospechosa de haber colocado una bomba enel comando departamental de la policía en Santa Cruz, en Diciembre del añopasado, como represalia al arresto de la banda. El coche bomba detonado hirió avarias persona y mató a una transeúnte, sin que hasta ahora hayan avanzado lasinvestigaciones. Pese a la gravedad de los hechos, el comité político de ADNdecidió, en la tercera semana de Enero, cerrar cualquier posibilidad deinvestigación interna sobre los senadores Daza y Lora, quienes desde la comi-sión de defensa del Senado, recomendaron que el cabecilla coronel Blas Valenciay su principal hombre operativo el mayor Freddy Cáceres, fueran reincorporadosa la Policía, pese a serias imputaciones que existían en su contra.

La situación de todas maneras se complica para ellos, porque uno de los12 diputados a ser investigados es Luís Alberto Valle, yerno del ex presidenteHugo Banzer y también militante de ADN. Esta decisión presionará en sentidode que Lora y Daza sean investigados, todo lo que incrementará el malestarinterno de ADN, principal partido de gobierno, que en estas circunstancias seencuentra susceptible incluso de su aliado el MIR, porque teme que puedasacar ventaja electoral de estos temas, pese a que hay varios parlamentarios delMIR que también deben ser investigados.

Este cuadro permite ver que los meses que faltan hasta la elección deJunio, pueden transcurrir en medio de agresivas acusaciones de las que no se

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salva ninguno de los partidos que han obtenido tradicionalmente buenasporciones de la votación. Para empezar, el MNR asumirá con el gobiernolos costos políticos de la expulsión de Evo Morales, porque el movimientocampesino del país (del cual el de los cocaleros representa menos del 5%)exige la restitución del fuero del diputado cocalero y amenaza con empezar enestos días bloqueos para conseguirlo.

Pero, además el MNR está experimentando un creciente nerviosismo,porque su jefe y candidato, Gonzalo Sánchez de Lozada, es el principal artíficede haber arreglado un contrato muy oscuro y cuestionado con la Enron. Estecontrato, efectivizado en el anterior período de gobierno cuando Sánchez deLozada era presidente del país, le otorgó excepcionales ventajas a estacompañía norteamericana que acaba de derrumbarse, como ejemplo deempresa corrupta y corruptora.

Si todavía faltara algo, los estudiosos del movimiento campesinoafirman que la expulsión de Morales pone fin a un período de más de unadécada durante el cual el sistema de partidos intentó amortiguar la imper-meabilidad y racismo del Estado boliviano frente a la mayor parte de lapoblación, constituida por indígenas, incluyendo entre los candidatosalgunos provenientes del sector indígena-campesino. Los gestos de reconci-liación y apertura hacia el movimiento indígena llegaron a su punto más altoen 1993 con la elección de Víctor Hugo Cárdenas, un aymara, a lavicepresidencia de la nación.

El tratamiento que ha recibido Morales tienden a ser interpretados por lamasa campesina como una ratificación del carácter excluyente del Estado yalientan las corrientes indigenistas radicalizadas que están planteando laseparación de un Estado indígena campesino.

Ni siquiera el notable éxito del actual gobierno en erradicar más del 80%de la coca ilegal que existía en Bolivia (unas 45 mil hectáreas aproxi-madamente) alteran la negativa percepción pública ante el sistema político,porque, por una parte la violencia en la que está incurriendo el gobierno parallegar desesperadamente a la meta “coca ) “en el Chapare, tiene costospolíticos y sociales tan altos que amenazan al sistema democrático y, segundo,porque el esfuerzo boliviano de erradicar sus cocales queda completamente

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neutralizado con la expansión de cultivos de coca en Colombia, de manera queaunque Bolivia erradicara hoy mismo toda la pocas coca que resta, en elbalance general el área cultivada en el área andina es hoy mayor que antes queBolivia comenzara a disminuir sus cocales.

La conclusión general de este episodio es que los desastres que ha traídola guerra de la coca, más la corrupción y degeneración del sistema políticoboliviano están empujando a un número creciente de bolivianos a una actitudde rechazo con los grupos que dominan la economía, la política y el Estado eneste país.

Publicado por la revista AEGD, París

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TORMENTA POLÍTICA Y SOCIAL SOBRE BOLIVIAEscrito el 27 de enero de 2002*

El gobierno del presidente boliviano, Jorge Quiroga enfrenta una de lasmás intensas amenazas, a partir de que en la última semana de enero secumplen el ultimátum de la Confederación Sindical Única de Traba-

jadores Campesinos (CSUTCB) y la Central Obrera Boliviana (COB) para quese atiendan sus demandas.

Los campesinos bolivianos, que representan cerca de la mitad de lapoblación de 8.6 millones, exigen a través de su principal dirigente, FelipeQuispe que el Parlamento anule su decisión de expulsar de su seno al diputadoEvo Morales, representante del pequeño pero poderoso movimiento cocalerodel Chapare, el cumplimiento de una larga lista de compromisos asumidos porel gobierno hace más de un año y la solución de las reivindicaciones delMovimiento Sin Tierra (MST).

El movimiento campesino ha desplazado en importancia política ycapacidad de movilización a la antes poderosa COB, cuya significación hadecrecido en proporción inversa a la aplicación de medidas de ajuste estruc-tural, transferencia de empresas estatales a corporaciones transnacionales ydisminución de obreros, especialmente de proletarios mineros que eran lacolumna vertebral del movimiento sindical.

Aunque fuertemente dividido, el movimiento campesino ha ido ganadopeso y presencia, de manera que el año 2000 obligó al gobierno –presidido en

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ese momento por el ex dictador Hugo Banzer– a retroceder, después de unbloqueo de carreteras que se extendió por más de 2 semanas. La fuerzacampesina habría alcanzado índices mayores, a no ser por la división entre elliderazgo de Felipe Quispe, quien se hace llamar “el mallku” (literalmentecóndor y título que se otorga a una autoridad local, entre los indígenasaymaras), y Evo Morales, también de origen aymara, pero cuyo liderazgo sefunda sobre los quechuas que pueblan los valles templados y el Chapare.

Esa división se ha atenuado en los últimos meses, cuando los dosdirigentes se han aproximado, sugiriendo inclusive que podrían llegar apresentarse juntos en la próxima elección nacional del 30 de Junio. Así,cuando Morales fue separado el pasado 25 de enero de la Cámara deDiputados, bajo acusación de que convocó a sus bases a cometer actosilegales como los ya mencionados bloqueos de caminos y el recienteasesinato de dos policías, “el Mallku” advirtió que se bloquearían lascarreteras, a partir del Lunes 28 de enero, hasta que se anule esa expulsióny se atiendan las otras demandas campesinas.

Tendrá que pasar al menos una semana para que se pueda ver la eficaciade la convocatoria porque, como se ha comprobado en otras oportunidades, elheterogéneo movimiento demora en reaccionar y coordinar sus movimientos.Pero, más allá de cual sea la respuesta inmediata, varios estudiosos delmovimiento indígena-campesino, aseguran que la expulsión de Evo Moralestendrá sus peores consecuencias en el mediano y largo plazo, porque estehecho rompe los esfuerzos que realizaba el sistema político por integrarrepresentaciones indígenas en las instituciones estatales.

Recién hace unos 12 años atrás se produjo el ingreso de una indomestizaal Parlamento y en 1993 llegó a la vicepresidencia de la república el aymaraVíctor Hugo Cárdenas, enfatizando el mensaje de que la intolerancia y racismocedían paulatinamente y dejaban espacio para que los indígenas se aproximenal poder. Pero, el procedimiento parlamentario que se empleó para sancionar aMorales, en pocas horas, con serias restricciones a su derecho a la defensa ycon evidencias débiles, contrasta tan marcadamente con la docena de otroscasos en los cuales la Cámara ni siquiera ha investigado a parlamentariosacusados de asociarse con bandas de asaltantes y homicidas, que deja muyprofundas dudas sobre su equidad.

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Varios periódicos nacionales han afirmado que los 104 votos –de untotal de 130– que respaldaron la medida, lo hicieron para congraciarse con laembajada estadounidense, que veía con desagrado la presencia de undiputado, con la más alta votación porcentual de apoyo, que representaba alos campesinos cocaleros.

Si el bloqueo toma fuerza, no sólo golpeará la economía del país, sino quehará temblar al gobierno de Quiroga y podría lesionar el proceso electoral, yamuy debilitado por el intenso rechazo de la población a los partidos políticos,acusados de corruptos. Pero, aunque esto no suceda, todo hace prever queincrementará la fuerza de un movimiento indígena campesino que se ha idoradicalizando, por la crónica falta de atención estatal a sus reclamos, lo que hallevado a que tomen creciente vigor corrientes que plantean inclusive laseparación de un Estado indígena

* Publicado por la revista Mondes Rebelles, París

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LO INELUCTABLE, LO ABOMINABLE Y LO NECESARIO20 de enero de 2002*

El editorial de “Pulso”, en su última edición (11 de Enero 2002) referidoa un necesario “punto final” en el caso Banzer, deja vacíos e invita adiscutir algunos de sus conceptos centrales. El mayor vacío es la falta

de una clara definición –como voz institucional del semanario– frente alrequerimiento legal de que Hugo Banzer Suárez, sea detenido, dentro de unproceso de extradición por acusaciones de haber cometido crímenes de lesahumanidad.

En vez de sentar una posición el artículo se inclina hacia el comentariodescriptivo sobre que el desenlace de la acción legal contra el ex dictador seráel resultado de la aparición de “fantasmas”, o sea las violaciones contra la viday los derechos humanos cometidos en la dictadura de 1971 a 1978, que alen-tados (los fantasmas) por los cambios que está sufriendo el Derecho Inter-nacional, medirán fuerzas con la resistencia política de los factores de poderque amparan a Banzer, la definición jurídica de la Corte Suprema boliviana, laenfermedad del acusado y la influencia que pueda tener en este asunto la crisisgeneral que vive la Argentina. El editorialista se inclina por creer que esprobable que el punto final, tienda a serle favorable al ex dictador más que alos “fantasmas”.

Será necesario volver sobre este punto vista, pero, antes, es necesarioconsiderar el tronco conceptual del artículo, porque allí se encuentran lasclaves que conducen a su autor a concluir como lo hace.

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¿INELUCTABLE O LEGÍTIMO?.

La pregunta se justifica ampliamente, porque el editorial “Punto final”juega con el concepto de inevitabilidad como el punto nodal de susargumentos; va inclusive más allá, porque llega a sugerir que la ineluctabilidadsería una categoría válida de análisis histórico. Postula así, que el golpe del 21de Agosto era ineludible por el trance que vivía el país y aquí nos cita laAsamblea Popular, la “quiebra económica”, el caos, la ineptitud de losgobernantes derrocados. Añade a estos elementos, que tratan de situarse en unplano objetivo, uno subjetivo que sería la “lucidez” de Víctor Paz Estenssoro,reivindicado como “el estadista boliviano más grande del siglo XX”.

El artículo parece percatarse en algún momento que su razonamiento seinclina hacia una apología del golpe y, para enmendarlo, trata de dividir dospartes de la historia: una inevitable, el golpe mismo y la segunda, que sería el“desencaminamiento del golpe”. Por ello nos recomienda disociar la“necesidad del golpe”, de su “aberrante ejecución”, propias de la arbitra-riedad y corrupción de los dos gobiernos conducidos por Banzer. Tambiénse deja sentado que sería mejor que los golpes no ocurrieran nunca,evitando las circunstancias que conducen a ellos.

Pese al esfuerzo que se despliega para convencernos de lo contrario,ocurre que el pragmatismo que se nos invita a compartir para entender la“ligazón de eslabones históricos que condujeron al golpe” es en realidad unargumento legitimador del mismo, en su totalidad, porque en definitiva eleditorialista no está solamente describiendo que “un golpe era inevitable”, sinoque está precisando cual golpe, en concreto, era el supuestamente requerido.

UN PODER POLÍTICO CRIMINAL.

Una vez que el editorialista, consciente o no de ello, se ha embarcado en unanálisis de corte hegeliano (“lo real es racional y lo racional es real”) las muecasde desagrado que pueda exhibir por los resultados y la operación efectiva delgolpe de Estado cuya necesidad reivindica, se quedan en el plano gestual.

Los abusos, violaciones y delitos cometidos por la dictadura de 1971 noson inevitables, sino que están históricamente condicionados por el tipo de

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crisis política que vivía el país en aquel, el juego interno de fuerzas en elbloque dominante, los sujetos concretos que lo efectivizaron y las tendenciasrepresivas internacionales impulsadas por los Estados Unidos, en su guerracontra el comunismo. El golpe de Estado, como forma principal de resoluciónconflictos hegemónicos, en nuestra historia es consecuencia de la defec-tuosidad y primitivismo de la clase dominante.

Estas y otras premisas, como las prácticas gubernamentales de corrupciónconcentrada durante los gobiernos movimientistas entre 1952 a 1964,contribuyen a entender como a través de prácticas gubernamentales concretas,definidas y motivadas por intereses individuales y sectoriales muy precisos, semodeló una dictadura militar en que la corrupción estatal tradicional avanzóhacia una verdadera criminalización del poder político. El proceso iniciado enese momento hoy ha madurado y se ha extendido.

El editorial reconoce vagamente este hilo conductor, cuando encuentraque la dictadura del 71 reconoce desviaciones parecidas a las que se hanmanifestado en el gobierno constitucional encabezado por Hugo Banzer, perotrata de limitar ese fenómeno a la influencia puramente personal del exdictador. Nada más equivocado, como lo están mostrando los hechos crimi-nales en los que aparecen comprometidos varios importantes colaboradores yallegados del ex dictador; y eso, contando, con que ahora podemos ver todavíauna fracción de un escenario mucho más amplio, que compromete no sólo aAcción Democrática Nacionalista (ADN), sino a casi todos los partidospolíticos que nos han gobernado en las últimas dos décadas, como lo mostró eltrunco proceso de investigaciones del “caso Diodato”.

Un poder político estructuralmente arbitrario, discriminador y opaco,como el que se constituyó en nuestro país desde su inicio republicano, seadentró en prácticas criminales sistemáticas, como las del plan Cóndor ytodas sus variantes represivas internas, así como en un sistemático desvío delos fondos públicos y otros actos ilegales, arraigándose profundamente entodos los aparatos estatales, predispuestos por su propia historia a fomentarestas tendencias.

La vigencia de gobiernos democráticos no modificó ese curso, desde elmomento en que el MNR y el MIR decidieron amparar la impunidad, al abortar

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el juicio de responsabilidades iniciado por Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esadecisión que, por cierto no tiene nada de ineluctable, necesaria, ni menoslegítima, constituye una auténtica matriz del grado de corrupción política quecampea en el país, configurando al de una auténtica criminalización del poder.

Esta criminalización se manifiesta en que las prácticas ilegales estánampliamente diseminadas en gran parte de los distintos procesos que abarca elejercicio del poder político, que la tendencia para asociarse ilícitamente y avincularse a organizaciones criminales profesionales tiende a ser rutinariadentro de múltiples instituciones, tanto como en los partidos políticos, quepromueven y protegen esas prácticas. Por lo que, si de eslabones históricos setrata, existe una cadena de ellos que van desde la situación de descomposiciónactual hasta el golpe de 1971.

Las palabras podrían permitir que pueda desvincularse ese golpe de sucontenido concreto y de la pesada herencia económica, política y social quenos dejó; los hechos no.

PUERTAS QUE SE CIERRAN.

Los hechos por los cuales Hugo Banzer Suárez es requerido por la justiciaargentina no son precisamente insustanciales. Son cargos por homicidio,torturas, privación ilegal de la libertad y varias otras violaciones de derechosy libertades básicas. Una vez que se ha abierto la investigación, empieza afuncionar un mecanismo de gatillo que ha liberado consecuencias en cadena.

Independientemente de que el gobierno y otros factores de poder traten deencubrirlo y aún en el caso de que la Corte Suprema decida ignorar la solicitudde captura, mientras dure el o los juicios por los que debe responder de susactos, Banzer Suárez se verá enclaustrado en Bolivia, porque corre el riesgo deque en cualquier otro país la policía internacional lo atrape. Pero, otra vez, nose trata exclusivamente del destino de una persona, sino que la demanda legalen curso ocasiona efectos políticos, como la aceleración de resquebrajadurasde su partido y del sistema de alianzas en que se movió.

Entonces, cuando se trata de asentar, preservar y proyectar una posicióndemocrática consistente, el pedido judicial de encarcelamiento, que precede al

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de extradición de Banzer requiere de una clara definición política y ética queno puede agotarse en una descripción de acontecimientos. Debe empezarsereconociendo que el manto de impunidad con que el Congreso de 1979protegió a Hugo Banzer Suárez, no puede ser reivindicado como un acto dejusticia soberana, sino como una acción transaccional que envalentonó a losgolpistas de 1980 y profundizó la descomposición política y social del paíshasta hoy.

Una posición congruentemente democrática exige plantear a todos los queintervienen atendiendo el pedido de la justicia internacional, que toda nuevaclaudicación, cobardía o negociación ilegítima profundizará la crisis del país yabrirá las puertas a que el cansancio de los de abajo se acumule, hasta elmomento en que pedirán cuentas por todos los favores y compromisosintercambiados entre poderosos para mantener la impunidad. Un principiodemocrático elemental es que la ley debe actuar, y, conociendo la experienciaconcreta que tenemos en nuestro medio de cómo lo hace, un pueblo enterodebe vigilar que no vuelva a ser de un modo torcido.

Publicado en Pulso

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MIRANDO AL SURNoviembre 21, 2001 *

Qué cerca.....pero tan lejos! La Argentina es posiblemente el país vecinocon el cual tenemos más vasos comunicantes de toda naturaleza. Alláse vive una crisis global que tiene manifestaciones extraordinariamente similares a las que padecemos los bolivianos y, sin embargo, nuestros

medios informativos, de manera prácticamente unánime, omiten transmitirnosmuchas e importantes noticias que allí se generan y prefieren llenar sus (pocos)espacios internacionales con cualquier otro contenido, más o menos de moda enla escena noticiosa. Más allá de la poca calidad periodística que esto trasluce,esta omisión nos priva de observar un espejo del cual podemos aprender mucho.

Sin ir muy lejos, se han visto en las elecciones legislativas realizadas hacepocas semanas, tendencias de comportamiento ciudadano que tienen altasprobabilidades de repetirse en las que nosotros tendremos el próximo año. Elvoto independiente, que es el nombre con que los cronistas argentinos hanbautizado a la suma de abstenciones, más votos blancos, nulos y pifiados,obtuvo un primer lugar, dejando harto atrás a las votaciones obtenidas por lospartidos. La misma bronca, igual hastío y desconfianza, desesperación yrechazo que nos anuncian nuestras encuestas desde hace meses, se expresaronen un torrente de repulsa que castigó a los políticos platenses.

Con más ingenio, pero con un cinismo parecido, grupos de grandesempresarios argentinos han solicitado que su deuda sea “nacionalizada”; quees lo mismo que se pretende aquí con argumentos exactamente iguales. Se

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trata, en definitiva, que todo el pueblo pague la incompetencia de personajesque han mostrado un talento inigualable para hacer florecer sus economíasfamiliares, mientras liquidaban las de sus empresas con la confianza de queel Estado, por cuya muerte económica clamaron, extenderá su generosamano para salvarlos, distribuyendo democráticamente sus obligaciones entrelos millones de desposeídos que sólo saben de obligaciones y sacrificios,más nunca, de gratificaciones.

Quienes bloquean las carreteras de la Argentina se llaman piqueteros ycuando uno escucha sus declaraciones, motivos y justificaciones pareciera quese tratara de ciudadanos bolivianos, con acento porteño.

La corrupción estatal es tan grande y extendida en los dos lados de lafrontera y tampoco puede diferenciarse la manera en que los aparatos deadministración de justicia se inclinan para proteger a los grandes bribones.Los montos que se embolsillan los ladrones al Sur, seguramente hacenpalidecer de envidia a lo corruptos de este lado, como que la economía denuestros vecinos es mucho mayor y más desarrollada. Pero viendo el espejodel Sur, podemos aprender que esta diferencia no importa, porque lostruhanes que dominan la política y la economía son capaces de quebrarcualquier economía, sin importar la escala.

El asalto a la economía pública ha llegado en la Argentina al extremo deque los jubilados no reciben desde hace meses atención médica, ni serviciosfunerarios y debido al default financiero (cesación de pagos de la deudaexterna en español) los salarios y las jubilaciones han sido rebajados y es casiseguro que no se pagarán aguinaldos (¿nos recuerda algo esa situación?).

La economía argentina ha sido reventada por una sucesión de dictadurasy gobiernos democráticos que atendieron al pie de la letra las diversasindicaciones de organismos financieros y han conducido a ese país a unextremo, en el que los gobiernos provinciales emiten su propia moneda, entanto que la capital ha amenazado con relacionarse con el resto de la Nación,en los términos que existían hace dos siglos.

Las exigencias de que renuncie el presidente se hacen mayores con elpaso de los días. mientras que proliferan las demandas de soluciones

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políticas radicales, como la convocatoria a una asamblea constituyente o a lareformulación del contrato social que fundó la república argentina.

Lo que pasa en el Sur, nos afecta y nos marca. Así ha pasado en anterioresperíodos históricos y puede ocurrir nuevamente. Existen algunos problemasque son decididamente diferentes y aún en aquellos donde se presentan seme-janzas, indudablemente está presente la marca de peculiaridades nacionalesmuy acentuadas.

Pero, ya sea porque cerca de un tercio de la población de las provinciasnorteñas (Salta, Jujuy, Tucumán) es de origen boliviano y porque aproxima-damente un millón de conciudadanos nuestros habitan en Buenos Aires, por laamplia influencia económica entre los dos países es tan grande que en cuantola recesión ataca al Sur, inmediatamente lo sentimos en muchas poblacionesnuestras, por eso y por mucho más viene siendo hora que miremos con másatención al sur de nuestra frontera.

* Publicado en La Época

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LA REFORMA ESTRANGULADA15 de noviembre 2001*

Cómo bloquear la aprobación de reformas constitucionales sustanciales,sin asumir el costo de burlar el cumplimiento de los acuerdos pactadoscon la Iglesia Católica?. Esa parece ser la preocupación de las direccio-

nes de la mayoría de los partidos que suscribieron el “Acta de entendimiento”,según sus primeras reacciones públicas ante la presentación del anteproyectode ley, preparado por el Consejo Ciudadano para la reforma constitucional.

Seguramente existen varios caminos para lograr ese propósito, pero el mássencillo de todo es demostrar que no existe el tiempo necesario para conside-rar, acordar y aprobar una reforma tan amplia, en los apretados plazos y con larecargada agenda de tareas pendientes del Legislativo.

TRUCOS Y TRAMPAS.

La modificación de casi dos tercios del texto constitucional (114 de untotal de 235 artículos) que plantea el anteproyecto del Consejo, puede fácil-mente presentarse como una tarea excesiva para un Congreso habitualmenteparsimonioso y burocrático que, además, confrontará en las próximas semanasel problema de que buena parte de sus componentes se dedicarán en cuerpoy alma a pugnar, primero, por una nueva designación interna en sus partidosy, después, a participar de una campaña electoral que objetivamente ya se hainiciado.

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Estos argumentos pueden presentarse antes de siquiera iniciar el trámiteparlamentario, siempre y cuando exista un acuerdo entre los firmantes partida-rios del acta, o, en caso de discrepancias (que en realidad estarán referidas aotras cuestiones que pretendan transarse con el tema de las reformas), los acto-res pueden hacer una muy didáctica demostración, iniciando la consideración delos proyectos (el del Consejo y los que puedan presentar partidos, bancadas olegisladores individuales). Las sesiones que se dediquen al debate demostrarán,“más allá de cualquier duda razonable” que “ no existen las condiciones” paraaprobar las reformas, debido a lo enredado de las discusiones, las evidentes difi-cultades para conseguir los 2/3 de votos requeridos, las disidencias de todo géne-ro, etc., etc.

Sería, sin embargo, un verdadero pecado capital subestimar la picardíacriolla, dando por hecho que los partidos se atarían a un solo recurso paraconseguir sus objetivos. Pueden optar por ponerse de acuerdo en un texto conel que se cumpla formalmente con sus compromisos e incluso puedenaprobar una parte considerable del anteproyecto del Consejo, porque laoposición partidaria no es a los cambios en general, sino a aquellos queconsideran lesivos a sus intereses.

LA ESPIRAL DEL SILENCIO.

Lo que verdaderamente repugna a los partidos suscriptores del acta estodo aquello que disminuya el disfrute del monopolio de la representaciónpolítica del que gozan ahora y que es recortado, tanto por el anteproyecto delConsejo como por la “Agenda de la reforma constitucional”, propuesta por elPoder Ejecutivo en Febrero de este año. Sin embargo, una respuesta menosatropellada del mundo partidario, descubriría que ambas propuestas man-tienen una participación dominante de los partidos en el sistema de represen-tación y que les dan la última palabra cuando se trata del funcionamiento denuevas formas de consulta, como el referéndum que necesita una aprobaciónparlamentaria para convocarse.

Por tanto, la alarma partidaria no se justifica porque, además, las nuevasformas de participación de candidatos no funcionarían antes de 4 años (en laselecciones municipales de 2005) y se limitan a los diputados uninominales enlas elecciones nacionales.

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Por ahora, poco o mucho, el cambio violenta a los partidos y, aunquerestringido, tiene pocas posibilidades de ser contestado fuera de las columnasde opinión de algunos medios de difusión masiva, porque no existen sujetossociales comprometidos con la reforma constitucional, que parece estar muyalejada de las preocupaciones cotidianas de la mayor parte de los bolivianos.Si se examinan los pliegos y peticiones de los campesinos, sindicatos, los sintierra, los deudores, los mineros se encontrará que no se pronuncian sobrecambios constitucionales; cada movimiento se enrosca alrededor de susdemandas más inmediatas.

Sin embargo, la censura al sistema de representación política, lasdemandas de mayor participación, la expectativa de cambios en el Estado sonmuy intensas, muy reales y sentidas aunque no lleguen a expresarse enformulaciones concretas de reforma. La consecuencia es que se despliega unaespiral de silencio, donde las indefiniciones masivas o el temor a expresarcriterios políticos se ocultan por el copamiento de las pocas voces que llegana los medios de difusión, creando a través de ellos un espejismo de opiniónpública activa.

UN ERROR FATAL.

Existe un evidente desencuentro entre las pulsiones sociales profundasque pugnan instintivamente por la redefinición de las reglas primarias yfundamentales que rigen el ordenamiento de la sociedad y la perplejidad,el silencio o la estrechez de las propuestas para responder a esta demanda.El hondo malestar cotidiano, la proliferación de las protestas y la violencia,el grito por tierra, la desesperación de los desempleados, la angustia de losdeudores, las proclamas de separación estatal, la exasperación ante lasprácticas políticas, el aturdimiento gubernamental y estatal, la crisis deEstado son pruebas de que es preciso reformular el Estado, la Constitución,la política, las instituciones.

Cuatro de nueve votos dentro del Consejo lo perciben, pero sucumben anteuna mayoría que proclama que “..las ideas centrales de nuestra Carta Magna semantienen inalteradas desde su primera redacción..” sin captar que, más allá dela muy debatible creencia en el carácter indeleble (ahistórico) de algunas ideas,hay una realidad que urge por reconsiderar exhaustivamente las bases de la

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convivencia de una sociedad crecientemente desgarrada y a la cual habría quedarle cuando menos la posibilidad más abierta de que debata esta situación.

Nuestra colectiva perplejidad no significa que deba negarse la apertura de unespacio fundacional, porque sin el proliferan las posibilidades que marchemos aun abismo terminal: Un enfermo agónico que desconozca la naturaleza omecanismos de su mal no se salvará por su ignorancia, o porque exclame que losprincipios que le dieron vida son inextinguibles.

Los temores a abrir y ventilar el sistema de representación política y dereconocimiento real de la necesidad de movilizar el movimiento y elpronunciamiento de los sujetos sociales por consideraciones doctrinariasahondan el peligro de que las fuerzas centrífugas se multipliquen y agiganten.

CREAR LA CURVA.

El conservadurismo de partidos, intelectuales y representantes de toda layaestá despejando una línea derecha por la que vamos a una confrontación antagó-nica y general. Debajo de una superficie de por sí harto agitada, bullen fuerzasprimitivas devastadoras que están buscando abrirse paso.

La vigencia o caducidad del supuesto pacto original que habría creado lanación debe someterse a una consulta cierta, que comprometa y movilice. Haymuy pocas posibilidades de que tal cosa se consiga preservando el sistema derepresentación política que está agonizando. Hay que abrir y ventilar ese sis-tema dejando que las asociaciones ciudadanas que intentan representar secto-res se habiliten legalmente, ahora; no dentro de cuarenta meses. Es posiblehacerlo de inmediato, modificando la ley electoral.

La reforma constitucional posible y útil debe atender esencialmente laapertura de mecanismos amplios para la consulta a los ciudadanos, incluyendoen primer término el mecanismo de modificación constitucional (los artículos230 al 234) y la desmonopolización de la representación política.

Estos cambios son la base para iniciar una reforma mayor, que debería lle-gar hasta la revisión minuciosa de los fundamentos de la sociedad y su relacióncon el Estado y que tiene que iniciarse después de la renovación de los poderesejecutivo y legislativo.

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Las propuestas que se han elaborado hasta ahora pueden desplegar su mayorriqueza, creando condiciones para que se revierta el repliegue e indiferencia ciu-dadana que predominan ahora. Debemos tratar que estas iniciativas sean parte deun esfuerzo mucho más amplio y franco en el cual nos enfrentemos a las pre-guntas básicas que nos asedian y que están muy lejos de haber sido respondidas.


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PROCEDIMIENTO DE REFORMA DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

23 de octubre de 2001 *

La modificación del procedimiento de reforma de la Constitución Políticadel Estado puede ser, según el momento y las circunstancias en que seadopte la decisión de realizarla, la medida más significativa del proceso

general de reforma de constitucional .

Para entender cómo y por qué un solo artículo de nuestra actualConstitución puede alcanzar tanta importancia es necesario pasar revista a lasituación concreta en que se está analizando la reforma constitucional.

EL SENTIDO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

Las consultas y discusiones dentro de los que se inscribe este trabajo y sutratamiento son resultado de acuerdos entre partidos oficialistas y de laoposición, por los cuales se definió la necesidad de ampliar y perfeccionarlas reformas constitucionales sancionadas en 1994. El tratamiento de estasreformas se distingue de las anteriores por la intensa evidencia de una crisis deEstado en curso y de un proceso de descomposición social.

Dentro de este cuadro, la reforma de la Constitución aparece como laherramienta institucional más importante para iniciar un proceso de trans-formaciones políticas que culmine con la misma reforma del Estado. Así,ampliar y diversificar los mecanismos de reforma constitucional, hoy cons-treñidos a la sola posibilidad de que el Congreso Nacional sea el encargado de

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esta tarea, puede llegar a ser el punto nodal de un proceso de reforma reglado,pactado y consentido por el conjunto de la sociedad, frente a la posibilidad deuna confrontación

¿En qué consiste la crisis de Estado? En un desajuste generalizado de losaparatos estatales que cumplen sus roles institucionales de manera defor-mada, incongruente o sencillamente contradictoria con las que reconoce ymanda la ley. De esta forma el aparato judicial se ha convertido en la mayortraba para la administración de justicia, a tal punto, que la poblaciónidentifica a sus funcionarios –jueces, fiscales y subalternos– y a sus instan-cias organizativas y jerárquicas, como destacados representantes de lacorrupción y la injusticia. La Policía, a fuerza de reiteradas conductasviolatorias de la ley en las que han incurrido varios de sus jefes y oficiales,incluyendo la organización de bandas delictivas, ha pasado a ser símbolo delquebrantamiento de las normas.

En el mismo sentido, el Poder Legislativo se erige como nítidorepresentante de tratos irregulares, exacciones, chantajes, entre múltiplesacciones delictivas, cometidas por varios representantes nacionales. Elpúblico conoce múltiples denuncias sobre pago regulares, cobradas porparlamentarios y aún brigadas completas, para aprobar leyes. Por su parte, enel Poder Ejecutivo, ya sea en la administración central o en las prefecturas,no ha podido evitarse que el público sepa de múltiples actos criminalescometidos por funcionarios de la mayor jerarquía, lo que en algunos casosles ha costado el puesto pero, jamás el castigo que determinan las leyes.

Los municipios no son esencialmente ajenos a esta situación, aunquepresentan particularidades que no deben perderse de vista y que, en general,parecen otorgarles un cierto mayor grado de representatividad.

Durante más de una década, la mayoría de los bolivianos ha observadocon cierta pasividad el desarrollo de estas tendencias, pero en los últimos dosaños han empezado a condensarse vigorosos movimientos sociales que cues-tionan lo que ocurre. La resistencia se caracteriza hasta aquí, por escasaclaridad estratégica, dificultades orgánicas y una severa limitación paratrascender una condición sectorial y fragmentaria que caracteriza sumovilización.

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Estas características determinan la aparición de poderosas fuerzascentrífugas que cuestionan la vigencia misma del Estado y de la estructuraorganizativa nacional, vigente desde el nacimiento de Bolivia. La descom-posición social, se alimenta de estas fuerzas y se expresa en una crecientepresencia de actitudes violentas presentes no sólo en el enfrentamiento entrefuerzas y el Estado, sino en luchas intestinas de esas fuerzas sociales, en actosde linchamiento de supuestos delincuentes, en desánimo, incredulidad y uncierto cinismo colectivo.

El rechazo al sistema de representación política, a sus organizaciones ycomponentes parece ser una forma larvaria de comprensión de que la crisisestatal se funda en la degeneración del sistema partidario y que detrás deldesequilibrio generalizado de las instituciones del Estado, siempre es posibleencontrara uno o varios agentes partidarios que promueven tales desajustes,para beneficio personal o de grupo.

En estas condiciones y bajo cualquiera de los enfoques que se utilice paraconceptuar la Constitución, ya sea como “..un complejo normativo (..) en elque (..)se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan losórganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos” , o “..comouna estructura resultado de una lenta transformación histórica..” , o “..lamanera de existir de una sociedad, de un pueblo o de una nación.” esinocultable que la crisis de Estado y el contexto de descomposición social enque se desenvuelve requieren, entre otras, de una transformación fundamentalde la Constitución, de tal manera que esta refleje y sirva de soporte a cambiosdel Estado y de relaciones dentro de la sociedad.

LOS CAMBIOS EN EL TEJIDO SOCIAL.

Si se repasan los elementos descritos anteriormente, es posible llegar a laconclusión de que ninguno de ellos es auténticamente novedoso, porque se lospuede encontrar de forma aproximadamente invariable desde el inicio de laRepública. Corrupción funcionaria, debilidad institucional, rebeldía social sonconstantes históricas en Bolivia. De hecho, un examen cuidadoso de lasrenovadas tendencias centrífugas que se están manifestando, nos indica unaconcurrencia de crisis en la forma de Estado –la República unitaria fundada en1825– y del tipo de Estado de 1952 , remodelado en los últimos 20 años

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En cuanto a los elementos propios de la forma estatal que han llegado a unpunto de gran tensión se los puede resumir provisionalmente en la exclusiónestructural –de clases sociales, grupos étnicos y regionales, de género ygeneracionales– el autoritarismo y el corporativismo, inscritos en las prácticasefectivas del Estado .

Estos factores centenarios se han precipitado en un verdadero atolladero,a partir de las alteraciones que afectan al tipo de Estado. A partir de la nociónque se expone en este trabajo, de que la envergadura de los cambios precisa deuna respuesta profunda que debe realizarse en un proceso amplio, profundo yescalonado, aquí se considerarán principalmente los problemas másdirectamente relacionados con la crisis del tipo de Estado.

En este campo puede señalarse que los factores base que han desenca-denado su desequilibrio se encuentran en la rápida sucesión de transfor-maciones económicas y sociales que se han sucedido en el último tercio delsiglo XX y que han sido sólo parcialmente atendidas por la reformaconstitucional de 1994.

Las principales se relacionan con la profunda informalización de laeconomía, iniciada a principios de los años 70, el auge y declinación de laeconomía de la coca y sus derivados ilícitos y del contrabando, la poderosamigración rural urbana que data aproximadamente de la misma época, la crisisminera y los cambios que ha traído el desmantelamiento de las empresaspúblicas y modernización del Estado.

Estos acontecimientos desencadenaron un conjunto de cambios que hantransformado el mapa sociológico del país, con la práctica desaparición delproletariado minero, los cambios de composición interna y de prácticas de laimportante proporción de campesinos que han migrado a las ciudades o lastienen como base de medio tiempo, el resquebrajamiento y alteraciones queafectan a las capas medias urbanas y a la desestructuración de varioscomponentes de la burguesía nativa.

A los cambios internos se suma la fuerza de los procesos globalizadoresque “atropellan” a todos estos, ya desconcertados grupos, sumergiéndolos enun vértigo de nuevas tendencias de producción, consumo, así como de

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simbolización y representación de la realidad. En esta última esfera no debeperderse de vista el impacto de procesos externos como el derrumbe delbloque soviético e internos como el desmoronamiento de la UDP y de laizquierda política del país.

RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD.

Un fenómeno que contribuyó decisivamente a golpear las identidades“tradicionales” que se habían estado desarrollando desde la revolución de1952, fue el proceso superinflacionario que se vivió durante la vigencia delgobierno de la UDP. Su mayor significado se encuentra en la presencia de unclima de incertidumbre que golpeó con especial rigor a las clases mediasurbanas las que, a partir de este impacto, cerraron su ciclo de apertura apropuestas de cambio para refugiarse en tendencias políticas e ideológicaspredominantemente conservadoras.

El estudio de los resultados de las elecciones nacionales entre 1978 a1997, muestra sin mayor dificultad este giro, que posiblemente ha llegado a unpunto de inflexión en los dos últimos años.

Es sobre la base de este extendido desconcierto y mutación de identidadessociales que se implantó el programa de ajuste estructural, privatización ycambio de la misión y funciones del Estado que pasó, así, de una fase deomnipresencia y paternalismo a una reducción acelerada de presencia yresponsabilidades.

En medio de las condiciones descritas, la resistencia social ante loscambios del Estado se amortiguó extraordinariamente, al punto que fue elpropio Estado y los partidos políticos que pudieron asumir una posición deiniciativa muy marcada en la reforma constitucional de 1994, en la que, másallá de un cierto ritual de consulta, la efectiva participación social fueefectivamente muy reducida.

De esta manera y con gran comodidad el sistema político se autoredefinió y pudo atender sin demasiada presión la emergencia de nuevasdemandas sociales, como las esgrimidas por los pueblos indígenas orientalesque capitalizaron varios siglos de contestación y rebeldía de quechuas y

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aymaras, quienes permanecieron altamente pasivos en la anterior reformaconstitucional.

Casi en ausencia de los tradicionales sujetos sociales prodemocráticos, laConstitución reformada en el 94 incorpora la figura del Defensor del Pueblo ydibuja las bases de una reforma judicial, cumplida en gran medida hasta ahora,en su parte formal, pero casi insustancial en su aspecto práctico, no obstantelos recientes cambios que incluyen la presencia de jueces ciudadanos.

La ausencia de actores y sujetos sociales vigorosos permite que en lareforma prospere la discusión, en un plano casi estrictamente académico, sobresi debía mantenerse la rigidez del procedimiento de cambio de la constitucióno si debía hacérselo más flexible. Se impuso este último criterio, de maneraque la receta contenida en los artículos 230 al 233, de reforma parcial, víaParlamento se consagró con apoyo casi unánime de partidos, académicos ycomentaristas.

Tratar de reiterar esa actitud en las condiciones actuales no es únicamenteimpropio sino sencillamente ciego, porque la distinción doctrinal de rigidez yflexibilidad se acomoda a una tradición y vigencia institucionales que seencuentran más lejos que nunca de nuestra vida social y política. Necesitamospara enfrentar la crisis de estado y abrir espacio a un conjunto de reformasindispensables, ampliar los procedimientos de reforma constitucional.

La decadencia del sistema de representación exige no solo cambios en esaesfera, sino un conjunto de modificaciones que aproximen a los ciudadanos aparticipar genuinamente de la consideración y decisión de los asuntos deinterés general. Devolver la soberanía recortada al pueblo es una necesidadvital.

ETAPAS DE LA REFORMA Y LOS CANDADOS CONSTITUCIONALES.

Aunque no están disponibles datos cuantitativos directos que funda-menten mis apreciaciones siguientes, se encuentran disponibles, al alcance dequien quiera, informaciones que permiten afirmar, en primer lugar, que lareforma constitucional es una de las preocupaciones de menor importanciapara el conjunto de la población.

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La primera fuente para confirmar esta idea es que prácticamente ningunade las demandas planteadas por las diversas organizaciones sociales quereclaman atención para sus problemas incluye mención de este asunto. Estovale, tanto para los “macro pliegos” que han desarrollado organizacionescampesinas y laborales, como para los reclamos de organizaciones cívicas ylas demandas más concretas de diversos sectores. La única excepción quepuede mencionarse es la consigna de Asamblea constituyente, esgrimida porla Coordinadora del agua de Cochabamba hace algunos meses, con lasalvedad de que esta demanda ha recibido en los hechos una atenciónsecundaria de sus mismos proponentes, lo que hace pensar que posiblementesu origen se encuentre más en la conducción de la Coordinadora que en subase social.

En suma, no existe un sujeto social, ni dominante, ni subalterno queproyecte un esbozo de propuesta para enfrentar los problemas en sus raíces. Elsistema político no avanza más allá de derivar el conjunto de los problemas aun torneo electoral, donde todo anuncia que tendremos una gran ausencia depropuestas, apenas cubierta por una proliferación de acusaciones y agresiones.

Los nuevos partidos que plantean una asamblea constituyente tienenserias dificultades para explicar por qué y como proponen que esta se llevea cabo y sencillamente callan cuando les toca explicar cual sería elcontenido de la renovación.

En medio de estas condiciones el acuerdo de reformar la constitucióntiene todas las posibilidades de terminar en un evento formal, exclusi-vamente acomodado a las necesidades del sistema de partidos, en el sentidode retocar su imagen, pero sin afectar las bases y el contenido de lasestructuras políticas en crisis.

Por estos motivos, casi puede descartarse que la reforma en curso vaya atener algún significado serio en cuanto a contribuir a encarar la crisis estatal ypolítica; el tratamiento de una reforma dilatada como la que contiene laagenda presentada por el gobierno puede diluirse en un trámite farragoso y deconfrontación ínter partidaria o concluir en un acuerdo insustancial, respecto alas necesidades que deben atenderse.

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Por estos motivos todo aconseja que la reforma constitucional se abordeen dos etapas: la primera, a realizarse en el curso de esta legislatura, en la quedebiera resolverse como punto fundamental precisamente el mecanismo dereforma de la CPE. El actual mecanismo aleja la participación ciudadana,dejando que dependa, como ocurre ahora, a la buena voluntad de sujetospolíticos y patrocinadores externos.

Cuando, líneas atrás se ha reconocido, que existe una profundaindiferencia de parte de sujetos, actores y movimientos sociales no significainterpretar que la sociedad no tiene nada que decir. Tiene mucho, porque laconsulta de fondo, a plasmarse, también, en una reforma constitucional, serelaciona con aspectos vitales de su existencia, que están siendo cuestionados,interpelados o contestados de alguna forma.

El sistema de representación política y el procedimiento de reformaconstitucional no ayudan en nada a que se articulen los procesos necesariospara que el rechazo y la crítica viren hacia un tono propositivo, donde puedanbosquejarse las respuestas hoy ausentes.

El cambio del mecanismo de reforma abre paso a que se incentive ydesarrolle una discusión y una reflexión más profunda sobre la reformaconstitucional y la del Estado. Idealmente, la ley de necesidad de reformadebiera aprobar un cambio, como el que aquí se plantea que diversifica lasformas de cambio, recuperando el lugar de la participación ciudadana yreconociendo, a través de legislar sobre la Asamblea Constituyente, que existensituaciones en las que un pueblo (o ¿ un conjunto de ellos?) pueden y debenreplantearse el pacto básico con el que han recorrido un camino histórico.

Una reforma constitucional efectiva, seguramente incluirá la discusión deposibilidades como la federalización, la mancomunidad o confederación depueblos o municipios, la construcción de opciones o posibilidades inter-estatales, nueva división político administrativa; diferente articulación de lospoderes ejecutivo y legislativo; una concepción distinta de administración dejusticia, etc., etc.

No veo que hoy sea posible asomarse siquiera a considerar estos temas.De ahí, nuevamente el camino escalonado, cuando menos en dos etapas. En

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la primera, es indispensable lograr un acuerdo para modificar el mecanismode reforma, sumando a lo anterior, imperativamente, la desmonopolizacióndel sistema de representación, como temas claves, a los que sería positivoagregar el reconocimiento de algunos derechos civiles, como el habeas data,así como la introducción de mecanismos de consulta como el referéndum y elplebiscito. Tienen menor importancia, pero urgencia más grande, elreglamentar el ejercicio parlamentario, limitando la inmunidad y estable-ciendo la pérdida de mandato para quien ejerza cualquier función públicaajena a la de su mandato parlamentario.

En la segunda fase, con un mecanismo de reforma abierto, condesmonopolización del sistema de representación y con una renovación delos poderes ejecutivo y legislativo se abre la oportunidad para iniciar unproceso que conquiste el interés y al confianza de los ciudadanos paraparticipar en un proceso de reforma, único o segmentado, en que la naciónencare sus grandes problemas y empiece a responderlos.

PROPUESTA

Artículo Uno.- Esta Constitución puede ser reformada a través de tresprocedimientos:

Primero, del referéndum constitucional; segundo, congresal y tercero, dela Asamblea Constituyente.

El Congreso Nacional convocará a referéndum constitucional en un plazomáximo de 90 días, cuando a iniciativa de cualquiera de su miembros, o delPoder Ejecutivo, haya recibido el apoyo de la simple mayoría de los miembrosde las dos Cámaras, o a iniciativa de un ciudadano o grupo de ciudadanos, quecuenten con el apoyo de un 10% de firmas del padrón electoral, de acuerdo aprocedimiento establecido por ley. Aprobada la convocatoria, se consultará, através de votación popular directa, un máximo de cinco reformas, que seaprobarán sin posibilidad de veto, por simple pluralidad de votos. seránautomáticamente vigentes, a partir de que la Corte Nacional Electoral hayaproclamado los resultados de la votación, incorporándose al texto de laConstitución. Este procedimiento sólo podrá emplearse una sola vez, durantela vigencia de un período constitucional.

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Artículo Dos. Si en la primera mitad del período constitucional no se haconsultado a un referéndum popular, el Congreso Nacional puede reformar laConstitución previa declaración de la necesidad de la reforma, que sedeterminará con precisión en una ley ordinaria aprobada por 2/3 de losmiembros de cada una de las Cámaras. El Ejecutivo promulgará dicha ley sinpoder vetarla.

Artículo tres. En las primeras sesiones del siguiente períodoconstitucional el Congreso considerará la reforma y esta será aprobada por dostercios de sus miembros, tras lo cual será promulgada por el Ejecutivo, sinderecho a veto. Si la reforma se refiere a la duración del período constitucionaldel Presidente, será cumplida sólo en el siguiente período constitucional.

Artículo Cuatro. La Asamblea Constituyente se convocará para reformarla Constitución si, a iniciativa popular, congresal o del Ejecutivo, según elprocedimiento establecido en el artículo uno, se propone la reforma de más decinco artículos de la Constitución. En tal caso y siempre que la iniciativaobtenga el apoyo de un 20% de firmas del padrón electoral, se realizará unreferéndum para consultar exclusivamente si se respalda la convocatoria deuna Asamblea Constituyente, la que se realizará si una mayoría simple devotos de la elección popular se pronuncia en este sentido.

A partir de ese momento y en un plazo no mayor a ciento veinte días seprocederá a elegir a los constituyentes, de acuerdo a procedimiento definido enley especial. La Asamblea es soberana y sesionará, considerando exclu-sivamente la reforma constitucional, sin intervenir ni obstruir el normalfuncionamiento de los tres poderes del Estado. Deberá concluir sus sesiones enun plazo máximo de 180 días, al cabo de los cuales se auto disolverá, sinposibilidad alguna de prorrogar su mandato, haya o no aprobado lasreformados que considera.

Informe final para el Consejo Ciudadano

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MNR ¿CON O SIN GONI? Octubre 21 de 2001*

Que puede obligar a Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) a renunciar a lacandidatura presidencial el 2002? Las encuestas. Y, si la próximase realiza de una manera verdaderamente objetiva, el resultado másprevisible es que GSL tenga que pensar en ceder ese puesto, a una per-

sona externa a la estructura partidaria, como Carlos Mesa, por ejemplo.

DICTADURA DE LAS ENCUESTAS.

La situación electoral que empieza a abrirse en el país tiene componentesque actualizan para el MNR aspectos de la coyuntura eleccionaria de 1997.Ahora, como en aquel entonces, ese partido confronta un dudoso porvenir enlas urnas, porque su candidato, igual que su más próximo competidor, el delMovimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), suma “negativos” que su-peran holgadamente la conquista de nuevos posibles votantes. Los “negativos”son el nombre utilizado por los encuestadores para referirse a los aspectos queperciben los entrevistados como objeciones o taras de los candidatos y queactúan como disuasivos del voto.

Estacionados desde hace varios meses en un 15% de intención de voto, losdos principales candidatos ven crecer la amenaza de que termine de conso-lidarse un “techo” (posibilidad máxima de votos favorables) tan bajo queacabe por asfixiar sus posibilidades de disputar seriamente el gobierno. Apartir de ese dato, igual que en 1997, el MNR se ve forzado a examinar una

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nueva lista de posibles candidatos que, reemplazando a su representantenatural, puedan ampliar las posibilidades de su retorno al gobierno.

Si el MNR en el 2001 se encuentra con angustias similares a las de 4 añosantes –lo que nos trae a la memoria la frase marxiana de que los personajesaparecen dos veces, una como tragedia y la siguiente como farsa– no es tantopor una fatalidad histórica, como por las obsesiones de su principal dirigente.Me refiero, esta vez, a la subyugación que ejercen sobre él las encuestas, comosupuesto punto de arranque y llegada de la acción política.

Si esta fascinación fuese algo menor y no se impusiera tan rígidamenteentre toda la dirigencia partidaria, alguien en el MNR podría pensar que antesde sumergirse en frenesí de encuestas, bien valdría la pena examinarautocráticamente lo que hicieron como gobernantes y después como opo-sitores, para encontrar en esas experiencias las pistas para renovar ideas yprogramas. Pero, dentro los moldes conceptuales prevalecientes en el MNRello nuevamente conduce a las encuestas, porque se piensa que con ellaspueden fabricarse las consignas exactas que conducen al éxito electoral.

El MNR no es el único partido que ha excluido de su repertorio conceptualel análisis histórico, la reflexión política, el examen metódico de la coyuntura,el seguimiento y la valoración de los sujetos sociales y los ha reemplazado porla adicción a las encuestas y el mercadeo electoral, pero es la máximaexpresión de este comportamiento.

Eso pasó exactamente en 1997, cuando GSL persuadió a los dirigentes desu partido a creer como un dogma, que las encuestas obligaban a postular a un“ajeno” como candidato a la presidencia. Ni siquiera el damnificado candidato“natural” atinó a hilvanar un discurso que demostrase la falsedad delrazonamiento del entonces presidente de la República. No se necesitabamucha sapiencia para hacerlo, porque la historia electoral de GSL, quienconsiguió ganar las elecciones de 1989, partiendo de un escuálido 8% deintención de voto, demostraba la variabilidad extrema de las tendenciaselectorales.

La incapacidad de los cuadros movimientistas para enfrentar losargumentos de GSL, planteando que, en realidad la verdadera forma de lograr

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el deseo movimientista de permanecer en el gobierno consistía en conseguirque la Unión Cívica Solidaridad (UCS) postulase a René Blattman, sumandolos “positivos”del candidato y el partido, mientras que el MNR llevaba a sucandidato natural, demuestra que el encumbramiento de GSL al papel dejefe, candidato, ideólogo y campañista permanente, no sólo marcan laspeculiaridades de la personalidad y el estilo de su máximo conductor, sino undeclive histórico que afecta al conjunto de las organizaciones políticas.

Obviando la discusión, ya sea en su variante pragmática o la deconsideraciones más sustanciosas, prevaleció la tradición movimientista deboicotear al invitado, para llevar más maltrecho que antes a uno de los suyos.

LOS LÍMITES DEL MERCADEO ELECTORAL.

El MNR no es la única, sino la más destacada expresión de un fenómenoque abarca al conjunto de los partidos y que se caracteriza por elempobrecimiento y la estandarización ideológica, la deformación orga-nizativa y la pérdida progresiva de la capacidad de agregar y representardemandas, así como la de elaborar propuestas que movilicen y transformen ala sociedad.

Con mayor o menor agudeza la misma situación se presenta en todaspartes, pero resulta especialmente vistosa en formaciones sociales donde lavigencia democrática ha sido muy accidentada o breve; en ellas los partidosparecen desgastarse a una mayor velocidad ante el retroceso de la centralidaddel Estado y la reubicación y difuminación del espacio público, como resul-tado de la globalización, el repliegue estatal y la destrucción y reestructuraciónde sujetos sociales que apareja.

En este ambiente, Gonzalo Sánchez de Lozada logró imponer confacilidad su estilo discursivo jocoso y parabólico, desubicando a sus oponentesexternos e internos. Los doctores de la ley del movimientismo se replegaron,refunfuñando un poco, porque GSL les privó de autoridad, pero no de cargosy cuotas administrativas.

Desde 1989 GSL incursionó intrépidamente en el papel de ideólogo,apelando a un collage de argumentos propios del “pensamiento único”,

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adaptaciones ingeniosas de las reformas impulsadas por los organismosinternacionales y algunas figuras parabólicas para justificar un programaelectoral que, bien provisto de un intenso apoyo de mercadeo electoral y ungeneroso financiamiento, alcanzó a seducir a una buena porción delelectorado.

Pero apenas salido del gobierno, la sucesión metódica de ataques de loscomponentes de la mega coalición y, sobre todo, los efectos retardados de lasmedidas adoptadas en su gobierno de 1993 a 1997, obligaron al MNR aconcentrar su discurso en unos pocos tópicos: la denuncia de vaciedadprogramática del gobierno de Banzer, la reivindicación del bonosol y laexigencia de cortes electorales autónomas.

El rápido agotamiento de su discurso, puso en evidencia su intrínsecadebilidad y los problemas que trae improvisarlo, tras las indicaciones de“ingenieros” de campaña y diseños electorales. La conducción movimientistatiene serios problemas para asimilar esto, porque no olvidan la supuesta deudaque tienen con ellos por haber ganado dos elecciones, siguiendo a pie juntillassus indicaciones. Este recuerdo suele nublar que también deben a los ingenie-ros electorales sus graves errores de 1989, cuando basándose en sus inter-pretaciones creyeron que el agua mirista no se mezclaría con el aceite adenista,o los más próximos de este año cuando siguiendo sus recomendacionesplantearon la renuncia de Banzer.

VACÍOS SIN SOLUCIÓN.

El mercadeo y las inversiones electorales sirven, en ocasiones, para ganaralguna elección. Pero, de ninguna manera resuelven el alejamiento cada vezmayor entre los políticos y la sociedad y sirven, menos, para restaurar la éticaquebrantada y el compromiso social archivado. Tampoco ayudan a responderconsistentemente a una situación de descomposición social y quiebra delsistema de representación política.

El modernismo del discurso movimientista no le ha dado mayoresposibilidades para encarar una sola de las situaciones de crisis que se hanpresentado en los últimos años. Ante ellas ha preferido una actitud expectanteo retórica, asumiendo las posiciones más conservadoras del espectro político.

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La única de sus consignas públicas que ha alcanzado a cristalizar es la nuevaelección de cortes electorales, con resultados todavía por verificarse.

En el ámbito de las reformas política, constitucional y del Estado, GSLcomanda a un partido que se ha opuesto a cualquier posibilidad de que seventile y renueve el caduco sistema de representación política, porfiando pormantener reglamentos que oligarquizan el acceso a los cargos públicos ymantienen incólumes los mecanismos de la corrupción funcionaria.

El repliegue de GSL como candidato podría originar un estruendosoviraje de tendencias de voto, porque obligaría a otros partidos a reubicarse enuna nueva escena, donde aparecerían nuevos rostros y perfiles, eventualmenteatractivos para el hastío electoral de los bolivianos. Pero sus efectos a largoplazo son dudosos, porque con o sin Gonzalo Sánchez de Lozada a la cabeza,el MNR como parte fundamental de un sistema político decadente no haempezado siquiera a formularse las preguntas pertinentes a la situación quevive nuestro país.

* Publicado en el Juguete Rabioso, La Paz

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DESMONOPOLIZACIÓN EN DOS PASOS16 de septiembre 2001 *

Los últimos dos muestreos de opinión sobre la intención de voto, nosratifican algo que se ha venido manifestando con singular constanciay es que las dos candidaturas punteras no alcanzan, sumadas, el 30%

del electorado y que agregándoles las 4 siguientes no llegan al 50%. Así loreporta el sistema Fides que atribuye un 14% a un candidato y 12% alsiguiente, mientras que el Centro de investigaciones para el desarrollo(CIDES), dependiente de la Universidad estatal de La Paz, concede 14% a lasprimeras dos.

A una distancia de 9 meses del proceso electoral y sin campañas abiertasen ejecución, es muy posible que estas cifras avancen, pero sin despejar lamiseria intrínseca de convocatoria, confianza y apoyo que representan. Másallá de toda especulación estadística, estos sondeos y todos los anterioresreferidos al sistema de representación política enseñan que este se asfixia ydegenera inexorablemente.

Salir al paso de esta realidad es una urgencia mayor, de la que dependenlas rectificaciones indispensables en todos los ámbitos de nuestra vidasocial. Las reformas política, moral, intelectual y productiva resumen lastareas a emprenderse. Todas ellas se anudan hoy en torno a la reformapolítica y su inicio está marcado por la lucha contra la corrupciónpartidaria –madre de la corrupción estatal– y la desmonopolización delsistema de representación política.

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Aquí me ocuparé de la segunda, frente a la cual ya existe un primerpronunciamiento organizado, contenido en la agenda de reforma consti-tucional, presentada por el gobierno hace algunas semanas. En sustitución delos artículos 222 y 223 de la Constitución vigente, que obligan a que funcioneun sistema de representación monopolizado por los partidos, el artículo 49 deesta agenda propone:

“Los ciudadanos tienen el derecho de organizarse en partidos políticos ylas agrupaciones de ciudadanos a postular candidatos (..)siempre que cumplancon los mismos requisitos exigidos por ley a los partidos políticos (...)”.

Aparentemente, el proyecto gubernamental atiende la necesidad dedesmonopolizar el sistema de representación, pero, lo hace en plazos ytérminos tales que sus posibles beneficios son tan inciertos que inducen adudar sobre su buena fe. Si hay algo que los partidos resisten empecinada-mente es abrir el sistema de representación y lo confiesan abiertamente opresentan propuestas que demoran o enredan su aplicación.

Desmonopolizar el sistema de representación es una urgencia impos-tergable, de la cual depende la sobrevivencia del sistema democrático, por loque debe aplicársela ahora, de forma que en las elecciones de 2002 puedanparticipar partidos y otras agrupaciones ciudadanas. Ahora, debe ventilarse yabrirse el sistema de representación, que paso a paso, con las sucesivasreformas electorales se ha ido estrechando, inclinándose hacia un sistemabipartidario solapado. El actual sistema de asignación de bancas –por divisoresimpares– y la uninominalidad crean esta tendencia y diluyen el mandatoconstitucional de representación proporcional (Art. 219).

Estos factores más los requisitos de inscripción, mantenimiento depersonería y multas están cerrando el abanico de opciones, en medio de unasituación que exige exactamente lo contrario. El pretexto que se utiliza para nointroducir cambios inmediatos es que la Constitución así lo manda y que elmecanismo de reforma obliga a que se deba esperar, por lo menos hasta el año2004 para aplicar cualquier modificación. Con este razonamiento se indica quetendría que aprobarse un artículo referido a este tema, dentro de la ley dereforma a considerar a principios de 2002; aprobar después del cambio degobierno el artículo concreto que entraría en vigencia para las siguienteselecciones municipales, o para las nacionales de 2007.

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Sin embargo, al revisar la Constitución y la ley electoral puede verse queexisten al menos dos caminos para acelerar este proceso, respetando el textoconstitucional y el procedimiento vigente de reforma.

El primer mecanismo es reformar la ley electoral en dos aspectos: uno,introduciendo una definición amplia de partido ( por ejemplo: “Se denominanpartidos políticos a las asociaciones ciudadanas que postulen candidatos a laselecciones”) y dos, facilitando los mecanismos de inscripción y desechando lassanciones pecuniarias, que hasta ahora no han tenido sino el nocivo efecto defavorecer la oligarquización de la representación política. En este mismocampo, es necesario abrir la posibilidad de que se inscriban listas de candidatosparlamentarios, sin necesidad de estar encabezadas por un binomio presi-dencial. Estas listas pueden ser nacionales, departamentales, regionales olocales; posibilidades todas que no están prohibidas por las leyes.

Como la Constitución no define (y no tendría que hacerlo) lo que es unpartido, el mecanismo anterior respeta los artículos 222 y 223. Este mecanismoprovisional que permite abrir la elección de 2002 debe consolidarse, por mediodel proceso vigente de reforma, con el que debiera consagrar la apertura delsistema de representación, en la nueva Constitución.

El otro mecanismo se opera a través de una ley de interpretaciónconstitucional los dos artículos mencionados, habilitando la apertura para2002; pero es más complejo –necesita de 2/3 de votación– y se presta a que lospartidos escamoteen con mayor facilidad el cambio.

En cualquiera de los casos una sincera desmonopolización obliga aflexibilizar los mecanismos de inscripción de agrupaciones ciudadanas,dismi-nuyendo la cantidad de adhesiones requeridas y creando condicioneslo más equitativas para todos, en el sentido de disminuir los costos departicipación (en términos de publicidad, movilización de aparatos y elempleo de mecanismos prebendales), factores todos que envilecen la prác-tica política y favorecen la degeneración del sistema de representación. En elmismo sentido es totalmente congruente suprimir el subsidio estatal a todaslas organizaciones políticas.

Este último paso puede compensar con holgura la elevación de loscostos electorales que acompañan una posible proliferación de candidaturas.

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La apertura del sistema es más que necesaria en un momento en que se hanincrementado las fuerzas centrífugas y las tendencias de confrontacióninterna. El mantenimiento de su clausura es un impulso seguro a la apatíaelectoral, el rechazo a las organizaciones políticas y a la indiferenciaciudadana.

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LO IMPOSIBLE, LO NECESARIO Y LO INVEROSIMIL25 de julio, 2001*

Son verdaderamente imposibles de atender los reclamos que debaten lasdelegaciones campesinas?. Para los comentaristas más reputados de noti-cias, no cabe la menor duda. Los ministros opinan igual, pero dicen que

ellos participan en las comisiones de negociación para, de alguna manera,intentar convencer de lo mismo a los campesinos.

Acordemos que después del segundo espasmo social del año, la noción delo imposible se ha hecho más volátil que antes del primero y mucho más queantes de los dos remezones del 2000. Inclusive si los negociadores oficialesconvencen a Felipe Quispe y sus delegados que no vale la pena discutir laabrogación de todo el 21060, sino debatir exclusivamente la libre importaciónde alimentos y la libre contratación; o que en vez de disputar en torno a la ley1008 (idea que pone de mal genio a la embajada estadounidense y quemenoscaba la imagen de los peticionarios, inmediatamente expuestos a serclasificados como “aliados del narcotráfico” ) podrían analizarse los capítulosexclusivamente dedicados al cultivo de coca, etc., etc., la precariedad delgobierno no mejoraría ni un poco.

Cuando se trata de temas que activan el veto norteamericano, o ponen encuestión la aplicación de acuerdos con otros países (reciprocidad comercial,por ejemplo) este, o cualquier otro gobierno de las mismas características, eindependientemente de su menor estupidez y mejor capacidad de gestión,tropieza con muros infranqueables. Pero, para este gobierno que ni siquiera

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puede organizar un mecanismo que equilibre el incremento de ingresosnacionales por exportación de gas con la deuda adquirida por el congela-miento del precio de los combustibles, cualquier turbulencia puede preci-pitarlo en el abismo; y esto, sin contar los problemas de sucesión presidencial.

Con tal predisposición, ni siquiera es necesario que vuelva a montarse unnuevo bloqueo, sino que basta un nuevo equívoco gubernamental sobre elmanejo del precio de la gasolina y el diesel, para que se reactive la crisisnacional y se ahonde la del Estado. En tales condiciones, o en las de unareinauguración de las protestas, un impensable de los últimos años, como esla reaparición de tendencias de golpe de Estados, deja de ser inverosímil.

El avance de la descomposición social y política no se detiene con elnombramiento de una corte electoral, cuando los electores están menosinteresados que en cualquier otro momento de ese negocio de políticosprofesionales, que es como se perciben las elecciones.

A los 4 partidos comprometidos en esa negociación seguramente lesresulta impensable que sus desvelos electorales no sean compartidos por elresto de los bolivianos, tanto como a estos últimos les parece increíble queexistan gentes que supongan que pueden esperarse otros 13 meses para versi algo cambia con la votación.

Pero, unos y otros coinciden en descartar la consideración de unareforma política que amplíe la representación política, que empiece aenfrentar la madre de la corrupción estatal –que es la de los partidos– y abraespacio para una renovación de la representación capaz de encarar el iniciode un proceso de reforma estatal, en vez del despeñadero de fragmentaciónnacional, al que nos continuamos aproximando.

Todos claman para que empiece a enfrentar los problemas económicos;pero nadie está dispuesto a conceder que para hacerlo se necesitan cambiospolíticos que hagan retroceder la desconfianza, la incredulidad y el desa-liento. Esto, no lo piden ni los más recalcitrantes bloqueadores, ni los másaplicados los estrategas partidarios. Así, ondulante, con ascensos frenéticosy treguas febles avanza la coyuntura de la disolución, donde lo imposible sehace verosímil y lo necesario resulta cada vez más inaccesible.


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BOLIVIA EN EL AÑO DE LA SERPIENTE11 de mayo 2001*

Estamos atrapados en los tremedales de la incertidumbre y la desesperanza.El campo de horizonte se ha estrechado al espacio más reducido de lasobrevivencia. La posibilidad de mirar más lejos es cada vez menos

accesible y la probabilidad de diseñar proyectos –o peor, de cumplirlos– se difi-culta, casi hasta evaporarse.

El 23 de enero se ha iniciado, según la tradición china, el año de laserpiente, comúnmente descrito, por los augures, como imprevisible,tumultuoso, fecundo en sorpresas y contradicciones, descripción muy ajus-tada de los días que vivimos. Bien vistas las cosas, dicho panorama no sólorige en el país, sino que se aplica a la realidad internacional que, así, dificultamás nuestras posibilidades de cambiar de curso.

Tenemos por una parte que en Estados Unidos, el presidente nacido deunas elecciones tachadas internamente en su legitimidad y transparencia,es acusado de utilizar su poder para retribuir sin sonrojo las donaciones desus financiadores de campaña, aunque eso signifique más arsénico en elagua de los estadounidenses y más gases tóxicos en la atmósfera delplaneta. Este liderato carente de imaginación se afana en revivir la guerrafría, con provocaciones incomprensibles y dando cuerda a la expansiónarmamentista más absurda; mientras los magnates más lúcidos del país leruegan que no baje los impuestos a la herencia, para no alentar tendenciasoligarquizantes extremas.

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El omnímodo poder estadounidense no encuentra matices o alternativas,de manera que en América Latina se impone el hegemonismo norteamericanoy en el área andina su visión represiva y belicista. En este adverso cuadrointernacional, en el país se han disuelto las profecías de una reedición exacta,en contenido, forma y aún fecha del abril pasado y se han abierto paso tenden-cias que arman tres escenarios, no excluyentes y que pueden ser concurrenteso sucesivos.

EL CONFLICTO CÍCLICO.

La tendencia que prevalece, acumula conflictos que se inflan y confluyen,hasta amenazar con una eclosión generalizada que, finalmente, no se produce,por arreglos temporales y negociaciones apresuradas que son abono, a su vez,de nuevas situaciones de futura confrontación. El hecho primordial que frenaun desenlace diferente es que los movimientos sociales carecen de la suficientefuerza y claridad de conducción.

Dirigencias en un momento vigorosas, enseñan rápidamente debilidadesestructurales y sus representantes – capaces en algún momento de mostrar unaconvocatoria formidable– caen con la misma facilidad en demandas ultima-tistas, como en picardías y artimañas de políticos profesionales (prometiendo,por ejemplo, retornar a las bases, cuando más se esfuerzan en retener sussecretarias, ujieres, prerrogativas y privilegios). O, como pasa con el dirigentecocalero, que recae en perimidas prácticas caudillistas, desplegando amenazase intimidación autoritaria contra un exportador bananero que se atrevió aconfrontarlo públicamente. El resultado es un clima de revuelta permanente,que no se aproxima ni remotamente al desarrollo de una estrategia.

El empate catastrófico sobre el que se mantienen los ciclos de conflicto ytregua puede permitir que se llegue a las elecciones del año siguiente, perojamás por una autopista electoral, sino por escabrosos senderos dondecontinuarán desintegrándose los harapos de representatividad del sistemade partidos, se profundizará la crisis de Estado y la zozobra económica sehará constante. Con la permanencia de las tendencias predominantes, lacampaña serán sórdidas, las elecciones seguramente fraudulentas, carentes departicipación ciudadana, con altos índices de abstención y con una pola-rización que terminará por destruir la gobernabilidad de perdones mutuos y

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complicidades partidarias. No pueden descartarse abstenciones partidarias, alestilo de Toledo en el Perú. Y, en cualquier caso, la inercia llevará a que elpróximo gobierno, cualquiera que sea, se encuentre desde un inicio sometidoal mismo tipo de condiciones que hoy vivimos y prácticamente maniatado pararevertirlas.

EL PACTO POLÍTICO.

El llamado de los obispos católicos, a negociar y concertar, no encontraráun verdadero espacio para su realización, a menos que el movimiento socialsupere sus debilidades más manifiestas. Si eso ocurre es previsible unareacción angustiada de los partidos que intentarán un acuerdo basado en unaplataforma mínima de reestructuración de las cortes electorales y atencióndesordenada de las demandas sociales. Mientras se retrasen más los con-venios, se agregarán mayores demandas opositoras, al estilo de la renovacióndel Tribunal Constitucional.

Pero, inclusive si se lograran esos acuerdos, la capacidad atemperadora deun pacto de esta naturaleza sería mínima, mientras no se consideren fórmulasde reforma política, que es la llave para encarar una imprescindible reforma deEstado de manera pacífica y democrática. La reforma política implica medidascomo: la desmonopolización inmediata y general de la representación política,depuración y democratización de partidos, medidas anticorrupción urgentes yeficaces, renovación general de jueces y fiscales, referéndum, ampliación delos mecanismos de reforma constitucional. Pero, por ahora, esta demanda esmarginal y no encuentra portavoz en ninguno de los convocados al diálogo.

Es difícil que la solicitud de renuncia del Presidente sea un tema decisivo,porque esta consigna no es más que la expresión de una guerra de imágenes.Sólo así puede comprenderse que se solicite que la conducción del gobierno seconfíe a quien se ha tachado de ser el ejecutor de las acciones más sectarias ydel cuoteo de las cortes electorales. El gobierno, lejos de alegrarse por lorelativamente remoto de que este tema tome mayor fuerza, tendría queentender lo penoso de su situación porque, por lo menos hasta hoy, lo que seestá pidiendo no es tanto que el jefe del Ejecutivo se vaya, sino que no estorbe.De este modo un acuerdo entre partidos podría llevar a que el Vice se hagacargo de las decisiones económicas y a un cierto repliegue del grupo de

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familiares y amigos que hoy toman las principales decisiones guberna-mentales. Un convenio ínter partidario de esta índole también abre cauce a laviabilización de elecciones el 2002, en condiciones parecidas a las descritas enel primer escenario.

EXPLOSIÓN O COLAPSO.

Es hoy el escenario más distante, lo que no significa que deba descartarse.Puede gestarse en el agotamiento de los anteriores, por nuevos brotes deprotesta, por el reforzamiento de contradicciones económicas (como elendeudamiento empresarial) o la confluencia de ambos. No solo la continuidaddel gobierno, sino el horizonte electoral se comprometerían dando lugar a uncuadro caótico, cuyo inicio, al menos, no sería frenado ni por la posición de laembajada estadounidense o el pronunciamiento de Quebec. Una democraciabloqueada y vacía, carcomida por sus supuestos representantes tendría enor-mes dificultades para sostenerse y repararse.

EN BÚSQUEDA DEL RENACIMIENTO.

Lo más temible, en cualquiera de los escenarios, es que junto con lascrisis de Estado, modelo económico y sistema político avanza un proceso dedescomposición social, manifiesto en el reforzamiento de tendencias centrí-fugas y la acumulación y reiteración de explosiones localizadas de violenciabrutal, con linchamientos, disputas y querellas internas en distintos grupos ysectores.

Para remontarlo necesitamos construir nuestro renacimiento, encarnadoen un proyecto que refuerce y amplíe nuestra capacidad productiva y nospermita encarar una reforma moral e intelectual que arrase con el estanca-miento y la corrupción. Ese camino no pasa por mayores divisiones internas;sino que debe abrirnos a la búsqueda de rápidos y osados acuerdos deintegración regional que superen el perezoso y burocrático ritmo queprevalece hasta hoy.


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LA ALIANZA DEL GOBIERNO BANZERISTA Y EL MNR (fragmento)23 de febrero 2001*

Las acciones políticas gubernamentales pre carnavaleras y las reaccionesdel MNR dejan ver que los gobernantes y sus opositores están de acuerdoen asfixiar e impedir los imprescindibles cambios políticos que eviten el

hundimiento del proceso democrático.

Una de estas acciones, la iniciativa de reforma constitucional presentadapor el general Hugo Banzer parecería expresar lo contrario. Pero lo cierto esque, aún cuando existen varios puntos importantes y sugerentes quecontempla la propuesta, el procedimiento, los ritmos y plazos que supone sueventual aceptación tienen como consecuencia postergar el inicio de unareforma política hasta, cuando menos, después de las elecciones nacionales;lo que no es otra cosa que una burla ominosa. Si se añade a lo anterior, elcomportamiento de todos los partidos oficialistas y sus aliados en la elecciónde vocales de cortes departamentales electorales tenemos una receta infaliblepara ahondar y acelerar la crisis nacional.

La reacción del MNR merece un comentario separado porque, apelandoa argumentos válidos para denunciar la manipulación de los organismoselectorales, este partido mantiene una posición idéntica a la del gobierno. Esmás, el MNR se empeña a fondo en consolidarse como fuerza neoconser-vadora, garante y guardián del corrupto sistema de representación política.

Tratando de justificar su posición, el MNR afirma que no puede pensarseen una reforma política, mientras no exista una solución económica. ¿Quién

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y cuando diseñará y aplicará esa solución económica?, ¿El gobierno incapazy corrupto?, ¿El MNR, como consejero del gobierno?. No hay respuestassatisfactorias a estas preguntas porque los argumentos movimientistas nosuperan el electoralismo y ayudan al gobierno a cerrar la puerta a cambiospolíticos impostergables. El pretexto es que cuando su candidato llegue algobierno, primero ejecutará supuestas soluciones económicas, y despuésempezará a pensar en eventuales cambios políticos. En todo caso, yasabemos por las declaraciones de sus voceros políticos, que esos cambiospreservarán intacto, a toda costa, al degradado sistema de representaciónpolítica que mantiene y prolonga todas las formas de corrupción.

Sin embargo, el MNR pretende, al mismo tiempo, escandalizar ymovilizar a la opinión pública, porque los partidos gubernamentales –losdeclarados y los vergonzantes– se han repartido los puestos electoralesacéfalos, incrementando las posibilidades de reproducir a escala departa-mental las hazañas de la banda de los cuatro. En los hechos, el MNRcontribuye a que los bolivianos sean cada vez más indiferentes a las elec-ciones, porque en las condiciones vigentes la única opción que va quedandoa los electores es participar en el trámite preliminar por el que se decidequienes asaltarán la administración pública los próximos 5 años.

El decadente sistema de representación política trata de escamotear elinicio de la reforma planteando, por una parte, un complicado proceso dediscusión de cambios constitucionales y, por otra, su postergación hasta queaparezca un mesías económico que resuelva instantáneamente la acumuladahambre del pueblo.

La reforma política debe empezar ya, para abrir camino a las trans-formaciones estatales y sociales. (…)

Esta reforma es apenas el primer paso para empezar a dar respuesta a loscambios de fondo que deben darse en la estructura productiva del país y laremodelación intelectual y moral que requerimos.

Una reforma política que empiece, ahora, a enfrentar la corrupción y abrircanales ciertos de participación no es la solución a los problemas del país; es,nada más, una posibilidad de recuperar un mínimo de la confianza ciudadana.Y, sin duda este cambio precede a los económicos, aunque estos últimos sean

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imprescindibles. La aplicación de correctivos económicos es tarea habitualdel gobierno, que no puede usarse como excusa para escamotear la reformapolítica.

La confianza debe recuperarse, con señales muy claras que muestrendecisión de los partidos para empezar a combatir la corrupción en sus propiasfilas, porque esta es la base del desajuste institucional generalizado queatravesamos. Al mismo tiempo, la desmonopolización de la representaciónpolítica debe dar verdadera oportunidad al más amplio espectro de fuerzaspara que participen en las elecciones del 2002. Esta es en realidad, una de laspocas posibilidades para que los partidos se reformen y democraticen verda-deramente, ante una competencia real. Para ello deberían permitirse que seinscriban listas parlamentarias que no estén obligadas a presentar candidatospara Presidente y Vicepresidente.

En un nuevo cuadro político de fuerzas será posible encarar el malestarde nuestra sociedad que reclama de un proyecto integral, nacido del análisisde todas las posibilidades para dar un salto cualitativo como proyectonacional. Dentro de estos cambios deben analizarse y discutirse con la mayoramplitud los cambios necesarios para superar la herencia de exclusión yabusos que arrastramos desde nuestra creación como república; las opcionesa examinarse no deben excluirla posibilidad de asociarnos federativamente,de confederarnos, de sustituir o modificar patrón de acumulación.

Los cambios de organización social y estatal necesitan generar una líneade horizonte que supere la estrechez mental y la miseria intelectual dequienes no tienen otra obsesión que repartirse cargos o disfrazar su ineptitudpara conducir al país, planteando reivindicaciones culturales postizas.

¿Quién puede situarse a la cabeza de ese proceso?, ¿Este Parlamento?,¿Podrá hacerlo el próximo Congreso, nacido de unas elecciones que si no sonfraudulentas, serán altamente proscriptivas y cuestionadas?, ¿O tendrá queser una consulta popular, arrancada por la fuerza en las calles?. Las opcionesse irán estrechando, mientras funcione el pacto de impunidad y complicidadde los políticos profesionales y sus organizaciones.


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LA REFORMA IMPOSTERGABLE (fragmento)23 de enero, 2001.

En abril de 1998, al realizar un trabajo de investigación sobre las reformasrealizadas en el país, concluí que, después de los cuatro años de gobiernodel MNR, había quedado un vacío significativo, que no figura entre los

muchos y rápidos cambios producidos entre 1993 y 1997 y es la reforma polí-tica. Si bien se habían producido una reforma constitucional y cambios impor-tantes como la Participación Popular o la descentralización, al revisar lo queestaba pasando en el país uno advertía que las modificaciones políticas habíanquedado rezagadas.

A fines de ese mismo año y como parte de mi actividad docente en laUMSA, observaba en un documento (“Partidos Políticos, movimientos socia-les y medios de difusión en Bolivia”) el avance de un “proceso de descompo-sición o degeneración de los partidos políticos” y, junto con esto, el surgimien-to de nuevos actores políticos e intermediarios políticos. De hecho, uno de esosnuevos intermediarios son los medios de difusión social, que definitivamente,escapando a las definiciones tradicionales sobre su rol y ámbito de acción, asu-men un franco papel de mediación y representación política, tanto o más impor-tante que el de los partidos políticos.

Este rol, no enteramente nuevo, pero cada vez más dominante, de losmedios, no sólo en Bolivia, se ha ido acentuando de manera que las fronterasentre partidos y medios son cada vez más tenues. Analicemos como ejemplouna de las diferencias más características, de las varias que uno puedeencontrar entre medios y partidos, como es el hecho de que los medios –en

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tanto tales– no suelen habitualmente postular candidatos de su personal, yadvertiremos que, en los últimos años, este rasgo también ha ido cambiando,en sentido que si bien los medios aún no presentan candidatos propios (salvoexcepciones que hemos visto en el país) si tienen una potencia considerablepara erigir candidatos, respaldarlos o defenestrarlos, lo mismo que a funcio-narios públicos en ejercicio.

Queda muy claro que ahora, a diferencia de un pasado no muy distante,la capacidad movilizatoria o sustitutiva de la “opinión pública” y la deproponer o imponer agenda de los medios, se vincula cada vez más nítida-mente a la defensa de intereses directos e inmediatos de sus propietarios y suplantel ejecutivo. La fuerza de los medios para actuar como agentes políticosde primer orden se ha fortalecido considerablemente, a través de su asocia-ción o fusión con empresas de sondeos.

La combinación de estos dos fenómenos, la decadencia de los partidospolíticos y la incursión de los medios de difusión como actores políticosdeclarados, es una de las expresiones de procesos que abarcan a la sociedaden su conjunto y que responden al hecho de que los espacios público y el delas prácticas políticas se han desplazado de su centro estatal y se hanfragmentado en múltiples centros y actividades sociales, como resultado delimpacto de la globalización y otros procesos concurrentes. (…)

NUEVAS IDENTIDADES Y SUJETOS SOCIALES.

En Bolivia era posible, hace más de dos años, detectar el inicio de lacrisis de Estado que empezó a despuntar con los acontecimientos de abril yseptiembre de 2000. Esta crisis obedece a factores de largo alcance, como ladiscriminación y exclusión que arrastramos desde la fundación de laRepública; a condiciones de corto plazo, principalmente, la gestión caótica ycorrupta del gobierno vigente y a la combinación de los efectos de la reformaestructural aplicada desde 1985 con cambios económicos y sociales quedatan de la década de los 70. Durante los últimos 30 años los sujetos socialesviven, en nuestra formación social, procesos de reconformación, disgrega-ción y reagrupamiento, por los que se plantean nuevas formas de actuacióne irrupción en la escena política, que afectan los mecanismos de repre-sentación e intermediación política.

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La pobreza estructural y su aceleración con las reformas ejecutadas y laquiebra ideológica de los partidos, empezando por los de izquierda, favoreceun proceso general de descomposición que afecta a nuestra sociedad y querepercute, de manera ampliada e intensa, en los partidos.

A partir del ajuste estructural, ejecutado desde 1985, algunas clases ysujetos sociales han sido anulados o se han minimizado de una manera muyimportante. Es el caso de la clase obrera, que prácticamente ha sido cuasieliminada del escenario social y, con ella, gran parte de la burguesía bolivianaha sufrido un proceso similar.

La diferencia entre una y otra es que la clase obrera resistió sudesagregación, mientras que el empresariado boliviano recibió entusiasmadoel proceso que lo ha debilitado históricamente. Con la transferencia del controlde las empresas estatales a corporaciones internacionales, la burguesíanacional que siempre dependió y tejió lazos de conexión y vasos comunicantesvitales con el Estado, ha quedado excluida del manejo de los grandes resorteseconómicos del país, y no parece quedarle más remedio que dedicarse a laespeculación inmobiliaria o a emprendimientos menores.

El ex presidente Sánchez de Lozada auguró implícitamente este resultado,cuando expresó de manera muy franca su desconfianza hacia el empresariadoboliviano. Las reglas de juego que preparó y aplicó en los procesos deaplicadas en la capitalización excluyeron explícitamente a la burguesía boli-viana, convirtiéndola en la segunda clase social olvidada del proceso demodernización capitalista del país.

Las clases medias se han modificado también de una manera considerable.Por una parte se han ido engrosando sus franjas más empobrecidas con losgrupos sociales que resultan del avance del capitalismo en el país, los llamados“informales”, mientras sus sectores más tradicionales han ido disgregándose,perdiendo base económica y desvinculándose de sus tradiciones organizativasy políticas.

El campesinado sufre desde hace más de tres décadas procesos muyrápidos de transformación, a raíz de la aceleración de las migraciones a lasciudades, con los impactos económicos y culturales que esto trae; en fin, se ha

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ido conformando una situación en la que hay pocos sujetos sociales condefinidas y donde predominan los procesos de redefinición de identidades. ydonde se ha extraviado, por lo menos de momento, la posibilidad de laposibilidad de establecer proyectos colectivos que agrupen a la nación comopudo ocurrir en 1952.

DEGRADACIÓN PARTIDARIA Y FUERZAS CENTRÍFUGAS.

La descomposición social a la que he hecho referencia se manifiesta através de pulsiones muy intensas de carácter centrífugo. La presencia aymaraque tanto ruido ha hecho en septiembre, con su reclamo de separación estatal,es quizás la expresión más típica, pero no la única, porque el Mallku haconvocado, como reacción ante su presencia y discurso separatista, tendenciasigualmente centrífugas, como la que respondió a la convocatoria paramilitardel Sr. Valverde Barbery, en Santa Cruz de la Sierra, cuando empezó aconstituir grupos armados de contestación a Felipe Quispe, y también derecuperación de viejas consignas de separación estatal en el Oriente del país.

Es dentro de ese panorama que los partidos políticos han ingresado a unaespiral decadentista cuyo final no es fácil de prever. Por lo pronto, estadescomposición implica que los partidos se comportan casi exclusivamentecomo corrillos de poder, abstraídos de cualquier otra cosa que no seaacumular ganancias y beneficios para sus componentes individuales y defracción. Es difícil encontrar un partido político que no se mueva en esa lógica.

Es un mal que va más allá de la decisión y de la voluntad de sus com-ponentes. Es muy difícil que algún dirigente de estas colectividades, puedaargumentar y, menos, probar que sus partidos no son más que eso: camarillasespecializadas en el usufructo individual y grupal de la administración pública,y con fuerte tendencia a aliarse con grupos criminales especializados pararealizar sus tareas de rapiña de la riqueza pública.

El caso Diodato nos demuestra de una manera categórica que las cúpulasde casi todos los partidos con mayor representación parlamentaria, están vin-culadas a este tipo de bandas, mostrándonos que la descomposición partidariaconduce a una criminalización del poder político. Frente a esto, el civismo, lasana voluntad que puedan tener algunos dirigentes y gran parte de la militancia

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de base, no atenúa, no cambia la tendencia predominante. Esto se ha visto enlos llamados procesos de democratización de los partidos, en los que se verifi-ca que todos tienen sus propios personajes oscuros –conectados o proclives aconectarse con redes delictivas y acciones ilegales– y que esos personajessiempre encuentran un espacio para estar en lugares decisivos de las conduc-ciones, nacional, regional y local.

El MIR, MNR, ADN, han realizado sus llamados procesos de democrati-zación, unos más escandalosos que otros; pero decantando las anécdotas, supe-rando la chismografía que viene a convertirse en una suerte de tónica cotidia-na de la política –el país discute esos temas como si fueran los grandes temaspolíticos– uno encuentra que los partidos carecen de mecanismos y decisiónpara depurar estos individuos y tendencias. Al contrario, los intentos de reno-vación generacional, el avance de tendencias y cuadros con otras motivaciones,diferentes al manejo prebendal y doloso de la cosa pública, pronto son asfixia-dos, dentro de una vida orgánica interna mediocrizante, ajena al debate filosó-fico, político y ético.

Pese a todo, aquí no se está proponiendo que deba decretarse operseguirse la disolución de los partidos. En la realidad actual no puedeprescindirse de su participación para preservar un sistema democrático;siempre y cuando la democracia no esté atada a los partidos, ni la repre-sentación política monopolizada por ellos. Es indispensable, para superar elpeligroso estancamiento y degradación que predominan, que la sociedadexija y vigile la renovación y democratización de los partidos, por medio demecanismos como una ley de responsabilidad partidaria, a la que me referirémás adelante, y modificaciones diversas que se apliquen a los cargoselegibles. De este modo se pueden conseguir algunos cambios. Nodemasiados, porque el problema de fondo que los afecta es el desplaza-miento del espacio de lo público y el significado del quehacer político.

En tales circunstancias el espacio para los partidos se va restringiendo,porque la sociedad se va inclinando por exigir la despartidización de laadministración pública y la profesionalización de la burocracia, lo que haceque el espacio de intermediarios y representantes de los partidos se vayaestrechando. A la larga, sociedades pobres como la nuestra, deberán orien-tarse hacia la desprofesionalización de la política, que no es otra cosa queprescindir del personal que se dedica única y exclusivamente a la política y

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que vive de la política. Los actores políticos deberán ser los ciudadanosproductores que ejercen responsabilidades públicas, no como meta u oficiopermanente, sino como servicio. Creo que esa es la línea de horizonte a largoplazo.

Por lo pronto, el permitir la participación de cualquier asociación ciudada-na en todo tipo de elecciones –eso es precisamente la desmono-polización– eslo mejor que puede ocurrirle a los partidos, porque parece la única vía inme-diata para que, a través de la competencia, estos se vean obligados a reformar-se y a cumplir mejor su papel.

REFORMA INTELECTUAL Y MORAL.

Algo a recalcar es que lo que ocurre en las organizaciones políticas es unreflejo de lo que pasa en la sociedad. No concibo la posibilidad de que un sis-tema político y partidario tan corrupto y decadente pueda existir dentro deuna sociedad virtuosa. La nuestra no lo es, aunque haya virtudes, aunquehaya grandes potenciales en distintos sectores sociales y aunque haya muchaindignación y mucho reclamo popular y social frente a la degradación del sis-tema político; no cabe duda que la descomposición permea el conjunto de lasociedad.

Frente a esta realidad la reforma política es indispensable, es una tareainmediata, urgente, que no puede continuarse postergando, porque debe abrirpaso a una reforma moral e intelectual, como la gran tarea de fondo quetenemos los bolivianos. No cabe sumirse en la contemplación y deses-peración, por el hecho de que tenemos problemas en todos lados. Lo que hade hacerse es dar pasos que nos permitan modificar esta situación,empezando con la reforma política, como la tarea más urgente que debearrancar en aquellos espacios donde los problemas son mayores y más sen-sibles: el de la representación política y la participación ciudadana; junto conellos debe atenderse el problema que representa al pésima calidad de losadministradores de la justicia.

LA JUSTICIA TORCIDA.

Creo que las dos tareas más urgentes de la reforma política son lareforma de la justicia y la reforma del sistema de representación. En el tema

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de la justicia considero que el país ha dilapidado gran parte de los 100millones de dólares gastados hasta ahora en la reforma judicial. Con unespíritu conformista y resignado se suele afirmar que “la justicia hamejorado con la creación del Tribunal Constitucional y una mejor compo-sición de la Corte Suprema”. No me siento debidamente informado paracompartir ese juicio, pero sí estoy seguro de que por debajo de estas ins-tancias todo lo que es el Ministerio Público, las Cortes Superiores y laadministración de justicia a escala de juzgados, conforman un catálogo deaberraciones, que anulan prácticamente cualquier avance que pueda darse enlas instancias superiores del poder judicial.

No está demás recordar, que esa situación se nutre y sustenta por lospartidos políticos, que se distribuyen juzgados, fiscalías y, en general todoslos cargos del Poder Judicial, para controlar sus resoluciones y actividades.

Para tener una idea de que es lo que pasa con nuestro sistema de adminis-tración de justicia basta recordar que dieciocho jueces se han excusado de tra-tar el caso FOCSAP: juzgado al que llega el caso, juzgado en el que rebota. Esonos da un una muestra de que algo muy grave, muy podrido está ocurriendo enesas instancias. Y no se tarta sólo de quienes administran la justicia, sino quepara afrontar el problema de la calidad humana, profesional y ética de ese per-sonal debemos llegar a las universidades, donde también anida y prospera laidea de que el Derecho es una carrera para ganar pronto y rápido, sin reparar enel como. Los miles de bachilleres que cada año se agolpan en las facultades deDerecho, para ingresar a ellas a como de lugar, con huelga de y todo, son unafiel expresión de los patrones éticos de nuestra sociedad.

Renovar, amplia, rápida y profundamente el personal de administradoresde justicia es una necesidad, que si no es atendida, conducirá a seguirhaciendo crecer la incredulidad, la decepción, el pesimismo y el cinismo. Nohay esperanzas en una sociedad donde la justicia tritura a los débiles yprotege a los grandes defraudadores y delincuentes.

CAMBIOS POLÍTICOS Y LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.

La desmonopolización de la representación política es la más urgente ypremiosa de las tareas de una reforma política. Esta no puede, no debe ocu-rrir por cuotas o fraccionadamente. Debe aplicarse no sólo para el espacio

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municipal, sino para el nacional, en las elecciones próximas. El costo de estadesmonopolización es barato, respecto a mantener amarrado al público a lasopciones que tenemos hoy; si deseamos llevar adelante la reforma política demanera pacífica, si deseamos extremar recursos para que no existan nuevasdeflagraciones sociales y políticas, este proceso debe encararse hoy.

No puede descartarse la posibilidad de que incluso con la desmono-polización, sean los mismos partidos que continúen encabezando laspreferencias electorales; aún así, es indispensable hacer el esfuerzo de lograresta desmonopolización lo antes posible, para lo cual no es indispensable, comofalsamente se le machaca al público, una reforma constitucional. Por lo pronto,es suficiente una reforma a las leyes electoral y de partidos, redefiniendo lo quese entiende por partido y las condiciones para que participar en elecciones. Setrata de abrir, hoy, las posibilidades para que participen otros tipos de repre-sentación, para lo cual se requiere reconocer como partido a cualquieragrupación ciudadana que participe en elecciones, bajo una reglamentaciónsimple que permita cancelar la personería jurídica de las agrupaciones que novencen un cierto umbral de votos, pero suprimiendo las multas por esteconcepto. Es muy importante tomar todas las medidas necesarias que impidanla consolidación de la tendencia que lleva a la oligarquización de la política ya que su conducción esté restringida a magnates.

Luego, en el próximo período constitucional, se debe inscribir en nues-tra Constitución el concepto de que los ciudadanos pueden participar enprocesos electorales por medio de todo tipo de asociaciones ciudadanas.

En cuanto hace al sistema partidario no cabe duda que la prioridad es ladepuración de sus cuadros y dirigentes. Prácticamente todos los partidos conrepresentación parlamentaria tienen militantes y jefes sobre los que pesanacusaciones graves, con indicios vehementes de responsabilidad, cuando noprocesos en desarrollo. Es indispensable que exista un reclamo permanentede todas las representaciones sociales para que en estos casos las personasque enfrentan cargos o juicios sean suspendidos de su militancia y mandopartidario. Es también muy importante instituir la responsabilidad partidaria,por ley, de modo que cuando un funcionario público, nombrado por unpartido, sea encontrado responsable –después de justo proceso– de infligirdaño económico al Estado, el partido que lo nombró deba resarcir dichodaño, con cargo a sus fondos electorales.

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El segundo elemento esencial de la reforma política es la ampliación de laparticipación ciudadana, para lo que se requiere de un cambio de la Cons-titución Política del Estado. En la situación que atravesamos, el CongresoNacional tiene tal composición y se halla sumergido tan hondamente en lacrisis institucional, que se encuentra objetivamente limitado para encarar estareforma, por lo que debe encararse de manera progresiva.

Esto quiere decir que de inmediato debieran reformarse cuatro artículos:los que se refieren al mecanismo de cambio de la Constitución (Art. 230), elmonopolio de representación política por parte de los partidos, la inmunidadparlamentaria y la compatibilidad del mandato parlamentario con otros cargospúblicos, además de introducir un artículo referido a la vigencia del derecho deinformación.

El artículo 230 que deja exclusivamente en manos del Congreso lareforma constitucional, debería reemplazarse por una redacción que preveatres mecanismos para cambiar la Constitución:

I. El congresal, que es el actual, para reformas parciales, ejecutadas en dostiempos.

II. El referéndum, por el cual también se efectivizan cambios parciales, pedrode aplicación inmediata, mediante una consulta directa a la ciudadanía. Elreferéndum puede convocarse en dos casos:a. A iniciativa ciudadana, cuando cuente con el respaldo de más de

100.000 firmas, certificadas por la Corte Nal. Electoral, de ciudadanosmayores de 18 años

b. A iniciativa del Poder Legislativo, por mayoría absoluta de sus miem-bros

III. La Asamblea Constituyente, que se convocará para una reforma general dela CPE, cuando sea respaldada por un referéndum y la existencia de uno omás proyectos de reforma global de la CPE, difundidos públicamente.

Los cambios al mecanismo de reforma de la CPE y la desmono-polización que debiera ser vigente para las elecciones generales de 2002,abren el espacio para incursionar en una reforma estatal que consulte a laciudadanía sobre las demandas que apuntarían a resolver los profundosproblemas de legitimidad, representatividad y participación, en una segunda

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fase de reforma constitucional, a encararse desde el próximo año y cuyofondo es la proposición de una reestructuración general de las reglas de juegosocial.

Si el referéndum y la asamblea constituyente se plantean fuera de uncontexto como el esbozado, se convierten en postulados abstractos y capacesde desorientar la demanda popular de reformas políticas.

La reglamentación de la inmunidad debe especificar que el representanteno es inmune a juicios ordinarios y delitos in fraganti.

El artículo que permite actualmente que los representantes puedan obtenerlicencia para ejercer los cargos de ministro, embajador o prefecto, debe cambiarde manera que, con la excepción del ejercicio de la cátedra universitaria, losrepresentantes estén expresamente prohibidos de ejercer cualquier otro cargopúblico, salvo que renuncien previamente a ser congresales.

LA “DESGOBERNABILIDAD”.

Los políticos profesionales y sus partidos no ignoran la presión social paraque se de una reforma política. Parece bastante claro que esta demanda nacesobre todo de la necesidad social de contar con gobernantes y representantesmás próximos, legítimos y controlables para que cumplan con las tareas deenfrentamiento a la miseria, el atraso, la ignorancia que se han postergado omezquinado durante los años de vigencia del proceso democrático.

Enfrentados a este hecho, los partidos manejan diversos discursos, queadmiten la necesidad de cambios, pero los postergan a un plazo de varios años,con el pretexto de “respeto a la Constitución”.

Este conservadurismo, fuertemente arraigado en todos los partidos,aunque disfrazado con diferentes discursos, se apoya en la expectativa de queel electorado continúe respaldando las opciones que han concentrado el gruesode las votaciones en los últimos quince años, pese al descontento y críticas quereciben los partidos. Esta esperanza tiene poco respaldo en la realidad, dondehemos visto incrementarse la tendencia a la abstención, cuya línea base es depor sí alta.

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Pero, además cuando uno revisa las tendencias de intención de voto quese manifiestan en los últimos meses puede descubrir nuevos fenómenos, quedemarcan el final del período llamado de la gobernabilidad. Este período,iniciado con el gobierno de Paz Estenssoro se caracteriza por los pactosinterpartidarios que han conseguido garantizar una actitud dócil de losparlamentarios ante el Poder Ejecutivo, a cambio del parcelamiento de laadministración pública, el intercambio de favores y la indulgencia, entresocios gobernantes, por delitos cometidos. Esta “gobernabilidad” de conve-niencia ha sustituido el concepto de gobernabilidad que debería significar,acuerdos base entre gobernantes y gobernados para impulsar al país en unadirección convenida.

Un Ejecutivo debilitado, partidos increíbles ante los electores, importanteabstención y un Congreso polarizado, en medio de una crisis estatal en curso yfuerzas centrífugas son motivos por demás poderosos para iniciar, sin pérdidade tiempo, el desarrollo de reformas políticas que ataquen la corrupción e incre-menten la participación política de la sociedad.

Si se impone el criterio de burlar las aspiraciones de mayor participación,de ampliación de espacios democráticos se va a conseguir que las formas vio-lentas que se presentaron en episodios del año pasado, pero que se dan tambiénen otros espacios como el asesinado de policías en el Chapare, y ahora últimoel asesinado de un dirigente campesino, prosperen.

Y en ese ámbito no tenemos la posibilidad de discutir proyectosnacionales que nos involucren a todos. Alguien me decía: ¿es acasopertinente discutir proyectos nacionales en la época de la globalización?. Mirespuesta es: ahora más que nunca. Porque si no tenemos una identidaddefinida, si carecemos de metas que vayan mas allá de la elección del 2002(que es la obsesión, la “mosca en la oreja” del MNR, del MIR) el crecimientode las amenazas puede llegar a extremos irreversibles.

Un nuevo proyecto estatal requiere reflexionar sobre la verdaderaubicación (económica, geográfica, humana) del país, su relación con losvecinos, su inserción en el mercado mundial y regional, deben ser nueva-mente de fondo. Partiendo de un nuevo tipo de enfoque, debemos dotarnosde herramientas poderosas para enfrentar, por ejemplo, la mezquindad de laoligarquía chilena que despliega hacia nosotros una política internacional tan

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miserable y tan estúpida, expresada en el tema del Silala, de las fronterasminadas, o en la forma absurda con que plantea el tema de los puertos haciael Pacífico.

Si nosotros no nos planteamos eso, no tenemos verdaderamente chance deque vecinos también ensimismados en sus problemas y en sus propias angustiasreaccionen de manera distinta. Y estoy señalando el problema de los vecinos,porque creo que un proyecto nacional pasa en el largo plazo por planteamien-tos que vayan mas allá de la integración, como ha sido manejada hasta ahora,de una forma fallida. La integración hasta ahora es una cosa de burócratas y de“lobbies” de corto alcance. Estamos obligados a pensar la integración en tér-minos de modificación de nuestra soberanía, de integración efectiva, política,procesos muy difíciles lo entiendo, pero corresponde principalmente a nacio-nes como la nuestra, están obligadas a ser vanguardia, de tener la capacidad deproponer en este ámbito.

Necesitamos superar el tiempo de la angustia para convertirlo en el tiempode la producción, de la proposición, porque creo definitivamente que nuestroshorizontes para enfrentar este proceso de descomposición, tiene dos paradig-mas, el de la producción y el de la ética. Son los dos grandes campos que hemosde conquistar y en los que hemos de trabajar. A continuación se plantea una pla-taforma que resume las tareas más urgentes.

REFORMA POLÍTICA.

Inmediata suspensión de dirigentes partidarios contra los que existen indi-cios o procesos judiciales por la comisión de delitos, faltas o contravencionesde carácter público.

Desmonopolización de la representación política, a través de la reformadel Código electoral y Ley de partidos, ampliando la definición de partido atoda asociación ciudadana que postule candidatos a las elecciones y flexibili-zando las normas de inscripción ante la Corte Nacional Electoral. Supresión demultas pecuniarias por insuficiencia de número de votos.

Ley de responsabilidad partidaria por la cual se multe, con cargo los fondosotorgados por el TGN, al partido que hubiese nominado a un funcionario quehaya incurrido en actos de corrupción probados en un proceso legal.

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Un solo curul: una sola dieta. Aprobación de una resolución en ambascámaras por la cual se asigne una única dieta a cada representación, de modoque sea cobrada proporcionalmente por el representante que asista a cumplircon sus obligaciones; sea este titular o suplente.

Simplificación de los juicios de responsabilidad y ampliación de lasfiguras imputables a los altos funcionarios de Estado, incluyendo al Presi-dente, en lo que se refiere a defraudación de recursos públicos y violación dederechos y garantías de la CPE.

REFORMA CONSTITUCIONAL PROGRESIVA.

Reformas inmediatas:

A. Modificación del Art. 230 (mecanismo de reforma de la CPE) paraque se reconozcan 3 mecanismos de reforma: 1. congresal (actual) para reformas parciales, en dos tiempos2. referéndum, también para reforma parcial, por el cual una vota-

ción popular aprueba o rechaza una o más reformas; el referéndumpuede ser convocado por el Legislativo (mayoría de integrantes) opor iniciativa ciudadana 100. 000 firmas legalizadas ante la CNE.

3. Asamblea Constituyente para reforma general de la CPE. Paraque la Asamblea se convoque es necesario que la convocatoriasea aprobada en referéndum y que exista uno o más proyectos decambio general de la CPE que se hayan difundido públicamente,al menos 3 meses antes de la convocatoria a referéndum.

B. Reglamentación de la inmunidad parlamentaria, restringiéndola a laprotección de la opinión del representante.

C. Reforma del Art. 61, de modo que se establezca que el parlamentario queacepta el ejercicio de cualquier otro cargo público que no sea el de repre-sentante nacional pierde automática e indefectiblemente su mandato.

D. Institución del derecho de información que obliga a todas las reparti-ciones estatales a proporcionar información irrestricta sobre los asun-tos públicos.

Versión corregida y resumida de la exposición presentada ante el Foro“Convergencia Democrática….,

Publicada por la Editorial de la Cámara de Diputados en el libro “ConvergenciaDemocrática para construir una Bolivia Productiva, Honesta y Solidaria”, La Paz,

Julio de 2001

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LOS CUENTOS DEL TÍO, DEL CHOFER Y LOS PERIQUITOS O LA QUIEBRA DEL PENSAMIENTO NEOCONSERVADOR EN BOLIVIA

9 de febrero, 2001 *

El editorial de “Pulso”, Nro. 79 del 26 de rnero se esmera en convencer queel jefe y candidato emenerrista sería “...un dirigente político que sabe pordonde quiere ir y conducir al país...” armado de “...una provechosa acti-

tud clara, firme y orientadora...”. Cuando uno lee la extensa entrevista, registradaen la misma edición, resulta muy difícil comprender la fervorosa apología, queparece nutrirse sólo de esperanzas y deseos, ya que quien revise cuidadosa-mente las concepciones y propuestas del ex presidente, encontrará una simplifi-cación caricaturesca de la realidad y un gran vacío de propuestas.

La propuesta más clara en la exposición del ex mandatario es la aseveraciónde que el presente es un gobierno excepcionalmente malo, lo que sin duda,expresa un consenso nacional, compartido inclusive por algunos de los imputa-dos. Conocedor de lo extendido de dicho acuerdo, el jefe movimientista loexplota hasta el absurdo, al presentar como única o fundamental explicación detodos los problemas del país la conducta del gobierno actual. El recurso, útilquizá, en términos de mercadeo electoral, es flaco para explicar lo que está pasan-do y, peor, para crear y difundir una conciencia nacional que se haga cargo de lasresponsabilidades colectivas con las que debe encararse la construcción del país.

La forma subjetivista y anecdótica de interpretar la realidad lo libera de ejer-citar la autocrítica y permite que pueda postular que los problemas del país sesolucionarán con el simple trueque de ocupantes de la casa de gobierno, aunqueunos y otros expresen los mismos intereses, ideas y planteamientos.

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La sinceridad es la primera víctima de este enfoque, porque el ex presidentesabe que los problemas que atraviesa el país no se iniciaron en 1997 y que su ges-tión dejó una pesada carga, capaz de doblar la espalda de un gobierno muchomenos corrupto e incapaz que el actual, incluyendo el suyo, si hubiese podido serreelegido.

La prueba se encuentra en que estamos sumergido en una crisis nacional queno se ha presentado abruptamente, sino que es el resultado de un largo procesode descomposición del sistema político, en cuyo centro se encuentra la partidiza-ción de la justicia, la Policía, las Fuerzas Armadas y , en general todo el aparatodel Estado. Las prácticas prebendales, caudillistas, autoritarias, clientelares ycorruptas que se encuentran en la base de la crisis son ejercidas con harto entu-siasmo por el equipo gobernante actual que, en esta materia, siente como su prin-cipal desventaja no el haberlas inventado, sino imitarlas torpemente de sus ante-cesores.

Al no reconocer esta realidad, no cabe más remedio que reemplazar el aná-lisis histórico por la edición de historietas, al decir que el agotamiento del siste-ma de representación política se debe a que existen unos tipos malos, que actúancomo un pintoresco tío del candidato movimientista, “porque quieren volar lacasa, para deshacerse de los periquitos”. La casa se está cayendo, porque los peri-quitos o comadrejas que son los partidos, la han mordisqueado desde su base,alentando la decepción, la desconfianza, la incredulidad y finalmente el cinismode ciudadanos, hartos de impunidad y de “ser escuchados” sólo en los meses decampaña, para luego ser olvidados en los años de gobierno.

Cuando se pasa de la interpretación a las propuestas la situación es peor,como puede verse cuando se le pide al ex presidente que explique como hubie-se afrontado la crisis de Abril de 2000, a lo que responde que la gran soluciónpasaba por “meter en cintura a los policías”, utilizando para ello a las FuerzasArmadas. En cuanto a la explosión de Septiembre del año pasado, se hubieseevitado –sugiere en otro pasaje– manteniendo en la cárcel a Felipe Quispe, aquien caracteriza como “representante del MIR”. La obsesión electoral lo llevaa que pase por alto la centenaria historia de discriminación y exclusión de losindígenas y campesinos, que no fue resuelta ni por la reforma agraria, ni por laley INRA y que empeora con la decidida inclinación de este gobierno parafavorecer a los latifundistas.

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A falta de una visión de conjunto y de una propuesta para enfrentar lamiseria, la corrupción y la ignorancia, el candidato del MNR se esfuerza enconvencer de que todo lo que nos queda hacer a los bolivianos es optar entre unseguramente desastroso gobierno encabezado por el candidato mirista, o la efi-ciencia administrativa y la autoridad del suyo, autoproclamado defensor máximodel orden económico y político imperante.

El anterior gobierno modernizó el capitalismo boliviano a un ritmo verti-ginoso, aplicando las recetas de los organismos financieros internacionales,adaptadas ingeniosamente a ciertas preferencias del electorado boliviano. Elcambio económico más significativo fue la transferencia del control de lasempresas productivas públicas a corporaciones internacionales a través de lacapitalización. Ese proceso excluyó explícitamente al empresariado boliviano,bajo cláusulas expresas y con el exaltado apoyo de los proscritos. La inversiónextranjera creció aceleradamente y se amplió la cobertura y, en algunos casos, lacalidad de los servicios, pero con precios y tarifas desproporcionados, en relacióna los ingresos de la mayoría de los bolivianos.

Ahora que la inversión foránea tiende a caer, resulta inocultable que lascondiciones originadas para atraerla son magníficas para los inversores, peroruinosas para los bolivianos, cuyo sacrificio se ha incrementado en similar pro-porción a la pérdida de oportunidades. Las medidas económicas del anteriorgobierno no incrementaron la capacidad productiva del país, ni las posibilida-des de empleo y mejora del ingreso de las grandes mayorías nacionales.

¿Qué propuesta tiene el candidato movimientista para superar esta situa-ción?, ¿Qué línea maestra se plantea para transformar la estructura productivadel país?. Ninguna. Solamente machaca que “el modelo es bueno y necesita debuenos chóferes”. Los chóferes no pueden cambiar la natura-leza de las máqui-nas; no convertirán el coche de paseo en un tractor. Bolivia necesita de un pro-yecto que conduzca a incrementar sostenidamente la producción nacional y areformar moral e intelectualmente la sociedad, la política y el Estado. El can-didato, tanto como su mayor oponente, y el resto de los partidos tradicionales,no tiene sobre estos temas una idea, un comentario; ni siquiera una observacióningeniosa.

La situación que atravesamos impone iniciar de inmediato una reforma polí-tica, porque la bancarrota del sistema de representación y mediación están esti-

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mulando una rebeldía explosiva y un pesimismo descomunal. Ante este cuadro,el candidato movimientista no presenta una sola propuesta de cambio y se limitaa prometer que propiciaría cambios, siempre y cuando se encuadren en laConstitución.

Antes que abordar seriamente el tema, prefiere presentar una falsa discusiónentre asustados y “asistémicos”, cuando la realidad exige que las tendencias cen-trífugas que se están imponiendo en el país se respondan clara y perentoriamentecon formas que amplíen la participación ciudadana y legitimen la representa-ción. El debate sobre la presunta desaparición de los partidos es falso y trucu-lento. La desmonopolización de la representación política –en todas las instan-cias, no sólo en las municipales– puede lograrse de inmediato, sin cambiar, niviolentar el texto constitucional, sino, simplemente, ampliando la definición departido en los códigos electoral y de los partidos, así como las condiciones parala inscripción de asociaciones ciudadanas de diversa naturaleza que aspiren apresentar candidatos.

La ley de responsabilidad partidaria, que penalice la designación de fun-cionarios sancionados, después de proceso, con multas a los partidos que losnombraron; la supresión de sueldos a los parlamentarios suplentes, la depura-ción de corruptos y dirigentes en procesados o contra los que existan indicios decorrupción son medidas fáciles de aprobar y reglamentar. La reforma constitu-cional, gradual y progresiva, que de paso a diversas formas de consulta popularson propuestas que merecen debatirse, con amplitud y claridad, sin temor.

La reforma política debe abrir espacio a un a reforma estatal que expresemejor la realidad compleja y diversa de una sociedad que tardará todavía muchoen integrarse, si se le dan canales para que se exprese y participe, pero que posi-blemente no lo conseguirá jamás si triunfa un conservadurismo, neo o antiguo,que no tiene otro asidero que la defensa de privilegios inaceptables.

* Publicado en Pulso (el título original fue cambiado por los editores de Pulso)

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ACTORES OCULTOS Y SEMILLAS DE DERROTA22 de septiembre 2001*

La idea de que Abril ha reaparecido en Septiembre es parcialmente cierta.Verdad que se está repitiendo la inmensa ineptitud del gobierno, de lospartidos políticos y vuelve a manifestarse espasmódicamente una crisis

estatal, ante la convergencia de reclamos dispersos en su enunciado, pero con-currentes en sus orígenes y en un estado de ánimo ampliamente extendido.Pero, también es posible descubrir novedades significativas.

Entre los cambios cuantitativos destacan la intensificación de la de laprotesta campesina, el generalizado desdén ante los aparatos de fuerza esta-tales, la ampliación del escenario urbano y la proliferación de conflictosmenores y aparentemente adventicios. Pero es en el campo cualitativo dondese transparentan modificaciones importantes que se encaminan en una direc-ción regresiva, forzada por la ausencia de estrategias, proyectos yconducción estructurada de los conflictos.

Sobresale, en primer lugar, la aparición de contradicciones entre sujetossociales, que se presentan como episodios aislados (choque entre pobladoresde El Alto) o como tendencias mayores, como ocurre con el sesgo que pormomentos toma el bloqueo campesino, que empieza a través del discurso delprincipal dirigente de la CSUTCB o por medio de acciones concretas, aextenderse, más allá de su pugna con el Estado o, hacia un cerco explícito a laspoblaciones urbanas. El principal dirigente de la Confederación ha sugeridoque, además de arrancar sus peticiones al Estado, sería beneficioso un ejercicio

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pedagógico que permita a los citadinos entender mejor a los campesinos, laletra entraría por vía del desabastecimiento y la incertidumbre.

Ese discurso recupera temas que obsesionan a una fracción de dirigentes yespecialmente al Secretario Ejecutivo, con claras resonancias discri-minatorias ysegregacionistas, mientras que las acciones (principalmente los ataques contra lasala de control de Santa Isabel y la planta de SAMAPA en La Paz) que puedenexpresar simbolizaciones de confrontaciones con el Estado y empresas, tambiénse ensamblan con ese enfoque discursivo que identifica como enemigos a loshabitantes urbanos.

Esta inclinación alienta la agresividad de grupos como la Federación deempresarios cruceños que pide a gritos hierro y fuerza para reprimir y, a mayorplazo, convoca espectros y pánicos entre capas medias urbanas. De tales com-binaciones no nacen revoluciones, reformas o avances, sino regresiones e into-lerancias letales.

Otra novedad, respecto a Abril, es el respaldo, explícito y firme, de laembajada estadounidense al general Hugo Banzer, como respuesta a la de-manda cocalera de sembrar un qhato de coca por familia campesina en elChapare y a las manifestaciones partidarias de sustituir al actual jefe de Estado.Si los cocaleros tenían posibilidades de que al menos se entienda la irraciona-lidad que significa sustentar la erradicación por medio de la implan-tación decuarteles, la exigencia de los qhatos le da coartadas al gobierno.

Este curso de las movilizaciones campesinas se enfila a que un posible avan-ce, en término de conquistas concretas, organización y prestigio de los movi-mientos sociales pueda diluirse o desmoronarse en lo inmediato y consolidartendencias de confrontación de unos sujetos sociales, contra otros, en un plazomás largo.

Si a lo anterior se añade que la Coordinadora del Agua recupera vigencia conuna plataforma difusa que rompe la unanimidad de apoyo que consiguió

Mientras los movimientos sociales que encabezan la nueva ola de rebeldíasocial parecen encaminarse a una trampa, algunos de los principales causantesdel estado de hastío e indignación que atraviesa a la sociedad se encuentran

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ausentes de los escenarios de enfrentamiento y desarrollan sus actividades lucra-tivas, sin mayor preocupación.

Estos protagonistas del saqueo empobrecedor y de la corrupción, son esca-samente nombrados o siquiera identificados en los manifiestos de los descon-tentos en los que, ciertamente, no se descubren estrategias para enfrentarlos.

LA SOMBRA DE LA DERROTA.

Cuando uno se detiene a analizar la lista de peticiones de los principales sec-tores en conflicto y la actitud de sus dirigentes descubre muy pronto que, en lamayoría de los casos, sus principales demandas han sido admitidas y reconocidaspor el gobierno y, desde ese punto de vista, se encuentran tocando con la puntade los dedos una de sus más resonantes victorias. Sin embargo, la CSUTCB, laFederación del Trópico y la Coordinadora del Agua manejan de tal manera elconflicto que puede preverse la evaporación de un triunfo. Veamos por qué.

Las principales demandas campesinas (suspensión del tratamiento del pro-yecto de ley sobre “el recurso agua”, modificación de artículos de la ley INRA)han sido respondidas favorablemente, pero su principal dirigente no parece estarenterado. Pero, lo más importante, es que considera que ha lle-gado el tiempode que los pobladores de las ciudades conozcan el desabas-tecimiento y recuer-den –vía experiencia propia– el significado del cerco indígena de Tupac Catari.

Este sesgo pone en un lugar privilegiado de la movilización campesina untipo de orientación racista, recurrente en el lenguaje de Felipe Quispe, que tien-de a poner en un primer plano una confrontación entre el campo y la ciudad y ate-morizan a las capas medias urbanas. La prolongación del bloqueo tiene la virtudde desplazar el eje del enfrentamiento, desde el gobierno, hacia los habitantes delas ciudades, con lo que se impulsa a estos grupos sociales hacia el miedo, el con-servadurismo y la reacción.

Lo que ocurre en el trópico cochabambino demuestra categóricamente quela erradicación de coca cuelga de un hilo y que en menos de un año puede vola-tilizarse el mayor éxito del gobierno. Cuando su vocero del área indica que loscuarteles que se piensan construir son para “evitar el asentamiento del narcotrá-fico”, trata de esconder la realidad que la verdadera función de esas instalaciones

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militares es mantener por la fuerza el éxito de la erradicación, eso puede enten-derlo la población y la demanda campesina de que no se construyan esos cuarte-les tiene posibilidades de ganar apoyo de otros sectores.

Pero, lo que no tiene posibilidades de conseguirlo es la exigencia de quese admita el replantado de unas 5 a 7 mil quinientas hectáreas de coca, queentraña la exigencia de Evo Morales para que se admita un “qhato”(aproximadamente un cuarto de hectárea) por familia habitante del Chapare.

Tal demanda no sólo acorrala al gobierno, sino que moviliza a laembajada estadounidense que está dispuesta a utilizar cualquier recurso paraimpedirlo. El gobierno norteamericano (este y el que sea elegido ennoviembre) recurrirán a la fuerza si es necesario, para preservar el único“éxito” visible de su guerra de las drogas. En esa lógica los dirigentes coca-leros vuelven a colocar a sus bases en la primera fila de un enfrentamientodesigual y descabellado en el que volverá a manifestarse el aislamiento socialal que las llevaron en los tres últimos años.

La Coordinadora del Agua está demandando todo lo que piden los otrossectores en conflicto... menos la continuidad de las reivindicaciones que enabril le permitieron dirigir a toda la ciudadanía de Cochabamba y obtener untriunfo completo. Estas demandas están ligadas a impedir que la delegadapresidencial siga desplegando los mayores esfuerzos para que se pague laindemnización de 12 millones de dólares que reclama “Aguas del Tunari” yque el consorcio que construye el túnel de Misicuni se embolsille 26millones de dólares adicionales, ahora que apenas ha avanzado 25% de sutrabajo (de tal forma que si consigue esto, el túnel llegaría a costar unos 150millones de dólares, en vez de los 62 que estipula el contrato).

El magisterio, por su parte, para mantener su movilización, depende casitotalmente de los otros sectores, de tal modo que si estos llegan a un acuerdo,una nueva derrota está casi sellada.

*Publicado en Pulso

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DEMOCRATIZAR, PARTICIPAR Y DESPROFESIONALIZAR25 de agosto 2000*

Las críticas y observaciones de Henry Oporto (Pulso 56, p. 8) sobre unapropuesta mía publicada una semana antes demuestran, antes que nada,que es necesario hacer un máximo esfuerzo de síntesis para despejar

dudas y prejuicios. También es necesaria una cierta concentración, de quienparten las críticas, porque señalar, por ejemplo, que yo creo que “la desprofe-sionalización de la política es el gran remedio a los problemas nacionales” esuna idea que no encuentra asidero alguno en mis afirmaciones.

La desprofesionalización de la política es un horizonte distante, que nacede tendencias cada vez más generalizadas(…). Las principales respuestas a losmales del país son un salto cualitativo de nuestra capacidad nacional deproducción, por medio de la transformación productiva y de nuestra reinser-ción en el mercado mundial y una reforma moral e intelectual. Esta reforma esel punto de partida del proceso y debe iniciarse con la depuración, profunda yreal, de los partidos, que son los responsables de la crisis institucional y deconfianza ciudadana. Si dicha depuración se iniciara, por ejemplo, con lasuspensión de los cuadros y jefes políticos vinculados a los múltiples casos decorrupción conocidos, la democratización, institucionalización y reforma delos partidos sería creíble.

La limpieza interna de los partidos debe acompañarse de la apertura deespacios que amplíen la participación ciudadana: desmonopolización de larepresentación política, referéndum y otros mecanismos de consulta popular,

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tanto como la aprobación de una ley de responsabilidad partidaria, asícomo la limitación de la inmunidad parlamentaria al campo de la expresiónde opiniones y otros cambios afines.

He planteado en varias oportunidades que la corrupción de los partidos, enlos extremos que ostenta, no sería posible en el seno de una sociedad virtuosa.Lo que significa que los males que se encuentran en el proceso de descom-posición de las organizaciones partidarias viven en la sociedad. Para atacarlosdebe comenzarse por los centros donde se concentra el uso del poder y lacapacidad monopólica de disposición de los bienes públicos.

Henry no debiera temer que “las ideas inconsistentes” de alguna modaminen la función representativa de los partidos. Lo que está pasando, más bien,es que el proceso de descomposición partidaria –que no ha hecho aún crisis–avanza por las prácticas cotidianas de los partidos. No son las encuestas, ni lasopiniones de algunos esnobs que han ido acentuando el desencanto y descon-fianza ciudadana en los partidos. Son sus acciones, incluida la mal denominadagobernabilidad, convertida en moneda de transacción e impunidad.

Son los partidos quienes han entronizado el poder del dinero en suscúpulas; son ellos los que han banalizado el debate nacional y convertido lascampañas electorales en ferias animadas por ingenieros de la manipulación ycapitales para sobornar al público. La privatización del Estado, por parte degrupos corporativos no es, como anuncia Henry, una amenaza, es una realidaddiseñada y operada por las agrupaciones profesionales de políticos.

Henry tiene todo el derecho de erigirse en defensor de los partidos, peropara ejercerlo no es necesario que intente convencerse de que la disciplinapartidaria inhibe la compra de votos parlamentarios o que los partidosestán impidiendo que “el sistema político se haga más vulnerable ante elpoder económico...la corrupción del dinero y termine avasallado por elmercado, la tecnocracia y los mass media”.

No sólo porque sus temores ya se han cumplido, sino por el derechoadquirido por un pueblo que logró con su esfuerzo colectivo la recuperaciónde la democracia, es equivocado colocarse de parte del conservadurismopartidario que quiere cerrar las posibilidades de ampliar la participación

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ciudadana. El temor y la desconfianza a esta participación nos recuerdan eseespíritu que gobernó al país durante gran parte del siglo XX como si setratara de una colectividad de menores o impedidos mentales. La compe-tencia de nuevos actores no debería debilitar a los partidos, sino esti-mularlos para que se regeneren y tengan “vida institucional y sean espaciospúblicos de deliberación y debate”. Por hoy, lo único que discuten, interna-mente y en todos los espacios públicos que ocupan, es la distribución decargos, ventajas y “espacios de poder”.

Es seguro que si los partidos se abrieran, ahora, no dentro de 10 años, acompetir en condiciones no monopólicas el sistema democrático se forta-lecería. En una sociedad más abierta y participativa, yo creo que la despro-fesionalización política será una consecuencia natural; pero tal discusión esfrancamente insulsa, o al menos extemporánea, si, como todo hace presagiar,se impone la cerrada sordera de los profesionales políticos, decididos acontinuar monopolizando una representación cada vez más artificial eilegítima.


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LA DESPROFESIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA4 de agosto, 2000*

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique recuerda que LeNovel Observateur en su edición del 5 de enero de 1995, publicó un infor-me sobre los 50 hombres más influyentes del planeta en el que no aparecía

ni un solo jefe de Estado, ministro o diputado. Esa información es una pista adi-cional sobre como el espacio de la política cambia y se desplaza en todo el pla-neta, alejándose de su centro estatal. Lo propio ocurre en nuestro país, dondelos ajustes y reformas de los últimos años han afectado el nudo gravitacionalpolítico y han alentado otros fenómenos que, al agregarse, han modificado loscomportamientos sociales y los hábitos políticos.

Quienes por lo pronto, se muestran más indiferentes a esta realidad son lospartidos políticos que, a través de las expresiones de muchos importantes cuadrosy dirigentes, optan por minimizar o relativizar lo que pasa. Pertrechados en fra-ses como “la democracia no puede funcionar sin los partidos”, o “la historia delos partidos políticos bolivianos es tan reciente, que no deja espacio para respon-sabilizarlos de todo aquello que se les imputa”, se muestran poco concernidos porla acumulación de hechos y actitudes sociales que muestran una creciente dis-tancia con sus presuntos representados y una pérdida de contacto con la realidad.

Aquellos militantes que advierten la gravedad del proceso decadentista delos partidos encuentran poco o ningún espacio interno para discutir y refle-xionar sobre experiencias que se han presentado en otros países latinoameri-canos como Venezuela, el Perú o Ecuador y que tienden a reproducirse en el

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nuestro. Existen todavía menos posibilidades que en los partidos se identifiqueo considere una de las más grandes tareas estratégicas pendientes del país, lareforma moral e intelectual, cuyo punto de partida es la depuración y reestruc-turación de los partidos.

TEJEDORES DE INTERESES, NADA MÁS.

La razón por la que el punto de arranque se encuentra allí es porque detrásde cada uno de los mayores problemas que enfrentamos es posible encontrar laacción de los partidos. La pobreza nacional, que obedece a causas múltiples, seha hecho cada vez mayor por la acción de grupos y personas, cobijados por par-tidos, que han consumido y consumen en su provecho recursos que excedencon largueza toda la cooperación externa y cualquier plan de alivio de pobrezaconocido. La corrupción encuentra en los partidos una matriz que la reproduceinagotablemente. Detrás de la quiebra de la administración de justicia y, engeneral, de todo el descalabro institucional, hay siempre uno o varios partidossacando ventaja de la situación. Claro que esto no seria posible si el conjuntode la sociedad exhibiera una fortaleza ética y capacidad de sancionar a las aso-ciaciones políticas que monopolizan el usufructo del poder político.

Pese a todo, el reclamo de la desmonopolización que ha logrado abrirsepaso, lo ha hecho con una timidez que permite que dicha posibilidad se poster-gue por medio del prolongado y complicado trámite de reforma constitucionaly se limite al ámbito municipal. Este aparente triunfo de los partidos permitiráque la indignación y distancia ciudadana con ellos se vaya profundizando. Sihoy no se escucha prácticamente ninguna voz que abogue por la supresión delos partidos, a medida que transcurra el tiempo se fortalecerán no tanto los dis-cursos anti partidarios, como las acciones y reacciones sociales en su contra.

Ya sea que las organizaciones partidarias reaccionen reformándose –antesde llegar a un punto irreversible– o que prosigan aportando acciones que lo pre-cipiten, paulatinamente es posible ver que en el largo plazo, el enfrentamientocontra la pobreza y la corrupción conducen a la extinción o supresión de losprofesionales de la política. Estos profesionales, dedicados íntegramente a vivirde esta actividad, han dejado hace mucho de ser hombres entregados al servi-cio público y se han petrificado en un papel de tejedores de intereses minúscu-los, mal e implacablemente adversos a los de la sociedad.

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Las condiciones reales en que se desenvuelve la vida de nuestro país vancerrando espacio a que exista un grupo especializado de políticos. La lucha con-tra la miseria demanda un esfuerzo productivo general e individual, que restatoda legitimidad a los individuos que se ocupan, a tiempo completo, a la prácticahoy llamada política. Sin otro rumbo que no sea el que marca la satisfacción desus necesidades, los políticos resultan progresivamente superfluos y dañinos.

PROPUESTA CONTRA EL PARASITISMO.

Encarar esta realidad, lleva a plantear que la desmonopolización de larepresentación ciudadana sea inmediata e irrestricta, por medio de una ley inter-pretativa de la Constitución y las normas electorales que amplié los conceptosvigentes de “partidos” a todo tipo de asociación ciudadana que participe en pro-cesos electorales. La reforma constitucional perfeccionara ese cambio.

AI mismo tiempo es necesario establecer una sola oportunidad de reelecciónpara todos los cargos electivos, incluyendo todo tipo de instituciones, axial comoel financiamiento de los cargos suplentes con los recursos asignados a los titu-lares. También se requiere una legislación de responsabilidad partidaria, por lacual se establezcan sanciones monetarias alas organizaciones que lleven a ejercerfunciones publicas, a personas que resulten culpables de actos de corrupción,después del correspondiente proceso legal. El daño económico contra el Estadoy la sociedad que resulte de actos ilegales, deberá ser resarcido por las orga-nizaciones que se responsabilizaron de una selección in adecuada de personal enfunciones públicas.

La desprofesionalización de la política tendrá que ser paralela a unacreciente especialización de servidores públicos, designados por mecanis-mos de selección de aptitudes, destrezas y cualidades comprobadas y com-probables. Se trata, en suma, de clausurar espacios al parasitismo y promovernuestra capacidad productiva nacional, lo mismo que nuestra fortalezamoral, sin las que no tendremos chance alguna de inclinar a favor nuestroninguna corriente de mundialización, sino de ser sus permanentes victimas.Los aportes que podemos dar a otros pueblos, como producto de nuestraexperiencia y cultura, requieren para hacerse identificables y tangibles querespondamos a estos retos básicos.

*Publicado por Pulso

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UN VACÍO EN EL DIÁLOGO9 de julio, 2000*.

De acuerdo al espacio donde se lo ubique, el Diálogo 2000 en curso,tiene significados muy diversos. En el plano de la vida cotidiana y delcomún de la gente es una noticia, aparentemente tan distante e inasible

como la mayor parte de los acontecimientos que provienen del campo de “lopolítico”. Para varios centenares de delegados, representantes y componentesde diversos grupos e instituciones como OTBs, juntas vecinales, municipios,organizaciones no gubernamentales y otros que solicitan, cultivan y buscanrepresentaciones sociales, es el eje ordenador de su existencia de las últimassemanas. Para una cierta fracción de funcionarios estatales es igualmente deci-sivo; pero no ocurre lo mismo para la mayor parte de la burocracia, lo mismoque para los activistas partidarios que lo miran con prevención o escepticismoy un cálculo, más o menos desesperanzado.

Los medios de difusión –los cada vez mayores y decisivos órganos de inter-mediación política– lo siguen con moderado interés noticioso y pasa lo propio ensus espacios de opinión. Pero, en general, el Diálogo en su segunda versión apa-renta desenvolverse dentro de una normalidad que contrasta duramente con elpesado y fuerte sentimiento de ansiedad, incertidumbre y desaliento que seexpresa en prácticamente todos los ámbitos de la vida social del país.

Da la impresión que, a fuerza del voluntarismo de unos y el desconciertode otros, se ha impuesto la visión de los técnicos y consultores que, en un parde ocasiones, han dejado oír un enérgico llamado para que el Diálogo se

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concentre en el uso de los recursos provenientes del alivio de la deuda, desdeuna visión municipalista, urgiendo a que no se lo desvíe, deforme o enredeagregándole ingredientes bastardos o, más claro, políticos. Queda entendidoque estos guías espirituales del Diálogo asumen que el contenido quepropugnan para lo que consideran su creación, es la política importante y elresto no.

Sin el menor interés de participar de la discusión que podría reabrirse conquienes sostienen tal visión, es casi imposible evadir algunas preguntas, de lasque la más importante es ¿cuan acertado es concentrar la atención del mayorevento político nacional en una discusión de la pobreza, desvinculada de ladesastrosa situación del llamado sistema político, la crisis de Estado y ladecadencia de los partidos políticos?. Otras interrogantes relacionadas son:¿existirá a continuación alguna otra oportunidad para intentar resolver estostemas, de manera no violenta?, ¿debe continuar alimentándose la inflación deexpectativas económicas que se presenta en el desarrollo de las mesas deDiálogo, descuidando el análisis de la relación entre pobreza y corrupción.

Aquí está en juego mucho más que el juego de fuerzas entre oficialismo yoposición, porque los temas nombrados la superan con mucho. La omisión yel descuido de su análisis no obedecen, ni sola ni principalmente, a la picardíade un manejo gubernamental, ni a los dogmas y errores de los gurús quediseñan boletas, dinámicas de discusión y agendas del Diálogo; también sonatribuibles a la desidia y creatividad de todos quienes enjuician el modelo y laincapacidad de los gobernantes.

Bien vistas las cosas, las posiciones no están actualmente definidas entorno a quienes pertenecen al gobierno o se enfrentan con el. Dentro delesquema oficialista se han manifestado posiciones que reconocen la necesidadde que en el Diálogo se aborden estos temas y se han planteado propuestas,mientras que algunos grupos que tratan de ser los portaestandartes de laoposición, se están quejando de es “irreflexivo” “contaminar” el trabajo de lasmesas con el tratamiento de estos temas.

El hecho de que los “representantes de base” no estén insistiendo enplantear una visión abierta y definida sobre las medidas que tienen queadoptarse para que la gran corrupción política no siga devorando los recursos

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públicos actuales y los del alivio de la deuda, no quiere decir, ni mucho menos,que las manifestaciones de bronca y rechazo que se han visto se hayanextinguido o que la intensa multiplicación de expresiones de violencia puedandesvincularse del gran malestar social ante la perversión del sistema partidarioy el desvanecimiento de la representatividad y legitimidad del Estado.

Por estas razones es necesario hacer el mayor esfuerzo para que en todaslas instancias del Diálogo y no solamente en la mesa política, se encarenfrancamente estas cuestiones. Existe una amplia agenda de cuestiones que nodeben resolverse apresurada o verticalmente, porque este vacío dejará cabidaa la maceración de fuerzas que explotarán de forma ciega y no precisamentepara anunciar una alborada revolucionaria, sino, mucho más probablemente,un giro político regresivo.

Algunos de los temas de esta agenda política son:

√ Sincerar la representación política, eliminando la obligatoriedad delvoto.

√ Suprimir el monopolio partidario de la representación en todos losniveles e instancias.

√ Suspender a todos los funcionarios contra los que existan indicios decorrupción y a todos los dirigentes y militantes partidarios que seencuentren en la misma situación.

√ Instituir mecanismos de consulta ciudadana de tipo referéndum y ple-biscito.

LIMITAR LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA.

Lo importante es que la discusión de estos temas debe partir de la base quelas medidas que se adopten no deben ser programadas para que, a través delrecurso de reforma constitucional vigente, se posterguen por varios años.Deben adoptarse ahora, recurriendo a los mecanismos legales disponibles y sila reforma constitucional es indispensable debe considerarse el mecanismoque se requiera, incluyendo la Asamblea Constituyente.

Publicado en La Razón, La Paz

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DIÁLOGO NACIONAL: ¿CÁSCARA O NUEZ?9 de junio,2000*

Nada hay más parecido al estupor catatónico que la respuesta del sistemade partidos ante la convulsión social de inicios de Abril. Dicho estado,descrito como “una combinación de mutismo y rigidez en un sujeto que

yace con los ojos cerrados, el rostro como una máscara, como si estuvierarepresentando su muerte” resume práctica, ética y estéticamente la manera enque las organizaciones políticas profesionales se sitúan ante una interpelacióncolectiva al Estado, al gobierno y a todos quienes se asocian para hacer de lapolítica su medio de vida.

En los 60 días que han pasado desde que la ira tomó calles y plazas y obs-truyó caminos, el análisis y la reflexión de lo ocurrido se volcaron en cientos depáginas, editoriales, artículos foros y seminarios, de los que casi siempre estu-vieron ausentes los estrategas y operadores partidarios, salvo exóticas excepcio-nes. Cuando reaparecieron en escena, prefirieron concentrarse en su rutina derencillas y reconciliaciones, omitiendo expresamente referirse a “aquellos días deAbril” y su mensaje. Tampoco se sintieron aludidos por la denuncia de la IglesiaCatólica de que “la política se ha convertido en una inversión para obtener ganan-cias”, o la invocatoria de un influyente matutino para que suspendan a sus diri-gentes y militantes acusados de corrupción.

FERIA DE LAS VANIDADES Y LA PAREJA IDEAL.

Mayo se gastó casi entero en el ensayo y las enmiendas del guión redactadopor el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para recuperar su

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protagonismo opositor. La dolorosa necesidad del gobierno para convencer a losorganismos internacionales de que hacía esfuerzos auténticos para no excluir anadie del Diálogo 2000 le permitió al MNR realizar una exhibición de fuerza, porla que obligó al jefe del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), aretractarse públicamente de sus críticas al programa de alivio a la deuda externa(HIPIC por sus siglas en inglés) y a hacer un paréntesis en su precoz cam-paña, caracterizada por carretillas, cascos de construcción y guerrilla dedeclaraciones disidentes.

Después de obtener un triunfo táctico, Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL),jefe y candidato movimientista, presionado por el clamor de medios de difusión,el lobby internacional y las señales de flexibilidad emitidas por el gobierno conel levantamiento del sitio y el repliegue de algunos nepotes y halcones, accedióa ensayar un gesto de aproximación.

Sin embargo, el MNR que también había estado jugando con barajas electo-rales, marcadas por el consejo de sus ingenieros electorales de golpear al partidode JPZ, en cualquier lugar y de la mejor manera posible, se encontró en apurosen el momento de recomponer su figura y aparecer como consejero prudente ysevero de un gobierno descarriado.

Quizás esto no termine de verse con claridad, ahora que todavía suenan losaplausos, más de alivio que de entusiasmo y convicción, por la “pulcritud conque se desarrolló el encuentro entre el presidente y el ex presidente –sin bro-mas y con discretos reproches– “y por la aureola de “madurez y responsabili-dad” con que se etiquetó la esperada reunión. Pero, más allá de el esforzadotrabajo mediático que insinúa que el cónclave puede marcar una alborada deesperanzas ¿cuáles son las bases objetivas para suponer que ese es algo más queun deseo? y ¿qué puede llevar a pensar que esta reacción ha ido más allá de loslinderos de algunos barrios residenciales?.

El contenido y la naturaleza de los mensajes intercambiados entre el Jefe deEstado y GSL ratifica la determinación del último por cultivar la imagen de unestadista que tiene las claves de la recuperación y proyección económica del paísy la del primero de ser el conductor de un gobierno, cuyas únicas verdaderas des-gracias son “el Niño”, la herencia movimientista y la crisis financiera interna-cional. Las sonrisas y el protocolo no han quebrado tales distancias y, lo quees más importante, ninguno de los protagonistas ha mostrado respuestas para

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atender los problemas profundos del país, que son los que hacen germinar sismossociales y anudan el porvenir nacional.

O ¿es acaso cierto que amalgamando las fuerzas del MNR y la ADN se tieneel programa justo, el equipo necesario y la gestión correcta?, ¿Tiene el MNR ensus manos las pistas para ir más allá de la modernización capitalista que impulsóen su gestión?, ¿Tienen las cabezas de esta dupla la capacidad de reconocer quela sociedad está cuestionando a sus partidos y a sus cuadros favoritos, cómobeneficiarios de la pobreza generalizada?, ¿Pueden reconocer que la corrupciónva más allá de todo límite y que se ha convertido en una auténtica tendencia decriminalización del poder político?.

¿Basta acaso estimular la demanda agregada?, ¿aumentar la liquidez pormedio del incremento del déficit fiscal?, ¿aliarse entre quienes estimularon lascondiciones de elevación de los combustibles, para ahora reducirlos?. La parejaideal está demasiado condicionada para zafarse de ataduras y aliados molestos;la aritmética congresal no cuadra con un viraje abrupto y los planes electoralesde cada uno no engranan entre sí.

LA GOBERNABILIDAD ENVILECIDA Y EL HUEVO DE LA SERPIENTE.

Algunos actores políticos han empezado a sospechar que toda la ofertadisponible del gobierno, incluido el Diálogo 2000, aún con el aporte movi-mientista, no da ni para apaciguar duraderamente las demandas sociales, nipara improvisar un programa anti crisis, ni menos para acordar un proyectonacional que nos permita transformar la producción nacional, poner en mar-cha un proceso de crecimiento y recuperar la ética que el sistema político haextraviado. Ellos llegan a entrever que fragmentada, confusa y vacilante estádesarrollándose una resistencia social que puede astillar el abusado tratamien-to de estabilidad a cualquier precio y gobernabilidad a la boliviana con que elsistema político ha enfrentado todo apuro en estos 15 años.

Esa gobernabilidad de los tratos subrepticios y los bonos oportunos paraque las bancadas aplastantes sigan las indicaciones del Ejecutivo, sobre la basede los intercambios, concesiones y perdones mutuos de los partidos está cerca-na al colapso. Además, el sistema de partidos ha vuelto a recibir, en la expe-riencia del popular alcalde de El Alto, el mensaje de que los apoyos populares

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pueden ser fugaces e impacientes y que no toleran un manejo utilitario y elec-toralista.

Estas evidencias hacen que se empiece a hablar de romper el monopoliopartidario para los municipios, o de Comisiones nacionales contra la corrup-ción. Pero, de la misma manera que el bono sol y el HIPIC 2 no alcanzan parallegar al 7 y 8% de crecimiento y menos para hacerlo equitativo, esas propues-tas son insuficientes en las circunstancias actuales.

La gran masa de bolivianos empobrecidos no tiene proyecto, ni organiza-ción; tiene sí mucha bronca que no hará sino incrementarse ante los nuevos expe-rimentos con que quieren distraerla. Sin proyecto, la onda expansiva de la irapopular puede sepultar lo que se le atraviese, aún al costo de abrir campo a unarespuesta ajena y regresiva, que tiene chance de armarse en plazos muy breves.

DIÁLOGO O COMEDIA.

La programación y el sentido del diálogo convocado por el gobierno tieneun horizonte definido donde no caben, ni son bienvenidos, preocupaciones oargumentos que vayan más allá de la discusión sobre como dividir 80 millonesde dólares anuales entre 314 municipios, o más de 8 millones de seres angus-tiados y hostigados por la falta de trabajo, oportunidades y perspectivas. Ladisputa de 6.8 dólares al mes, por habitante es demasiado mezquina, aunque seornamente con reformas constitucionales que funcionarían de aquí a 7 años.

Que el Estado, los organismos financieros y sus funcionarios se inclinen poresa vía no es muy sorprendente. Los partidos –sin duda alguna, el mayor peligroactual que se alza contra el sistema democrático boliviano– tienen el derecho–inclusive constitucional– de dilapidar y burlar el diálogo. Lo que no puede acep-tarse es que la sociedad civil se resigne a este curso. Cada uno de sus átomos tienela posibilidad de impugnar y resistir que el amplio escenario del diálogo se estre-che hasta ser una caricatura y un nuevo motivo de desaliento.

Si se ignora estos datos, si el diálogo no se abre para comenzar discutir ladepuración del sistema partidario, la inmediata desmonopolización de repre-sentación, la creación de sistemas de consulta como el referéndum, de una leyde responsabilidad de los partidos que los penalice toda vez que designen a

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funcionarios corruptos e incapaces y de una reforma verídica de la justicia, secontribuirá a bloquear las condiciones para considerar y responder a los proble-mas de la miseria, el atraso y la incredulidad ciudadana.

Los que ponen las reglas para el diálogo y la convivencia política estáncada vez más lejos de conducir y representar a la sociedad. Que dentro de unpar de años se vuelva a verificar un ritual electoral, seguramente menguadoy languidecíente, no altera este curso. Entre aceptar o no esta realidad, estála brecha entre un diálogo y una vacua tertulia de los amos del poder.También puede estar la diferencia entre el ser y no ser de nuestra castigadademocracia.


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HERENCIA EXPLOSIVA19 de mayo, 2000*

Uno de los ecos de la explosión social de Cochabamba que menos huellasparece haber dejado es la advertencia del Comité Cívico de Santa Cruzy de una cámara empresarial de ese distrito, respecto a que Cochabamba

deberá utilizar sus recursos departamentales propios para pagar los gastos deuna eventual indemnización a la empresa “Aguas del Tunari”. El anuncio de queestas instituciones vigilarían que no se utilicen recursos nacionales para esospropósitos se produjo en la primera quincena de Abril y mereció algún comen-tario de representantes cívicos cochabambinos, que minimizaron la advertencia,señalando que sus autores estaban confundidos o equivocados. Hasta ahora nose ha vuelto a mencionar más el asunto y tampoco se tienen novedades sobre lasnegociaciones de resolución del contrato entre la empresa y la Superintedenciadel área. Pero, en algún momento se romperá el sigilo y, si no se produce unarectificación radical, deberemos enfrentar el pago de una factura enorme deentre 10 a 12 millones de dólares.

En ese momento la discusión apuntada en los primeros párrafos asumiráuna dimensión enorme que puede convertirse en un ominoso conflictonacional. La mejor manera de prevenir este riesgoso escenario es queSuperintendencia y Poder Ejecutivo enmienden todos los errores que acumu-laron y consigan que se elimine toda indemnización. Sí, de todas maneras esepago llega a ser imperativo, es probable que llegue a discutirse que institu-ciones o que funcionarios están obligados a cubrir sus costos. La Coor-dinadora del Agua está obligada a realizar un minucioso seguimiento de las

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negociaciones sobre la eventual indemnización, porque los grupos y sectoresque la han atacado y cuestionado tratarán de endosarle los costos y buscaránque su representatividad y convocatoria se astillen.

Pero, más allá del desenlace de este episodio, la tesis del Comité Pro SantaCruz y algunos empresarios cruceños sobre deudas y departamentos planteauna enorme interrogante –aparentemente inspirada en las ideas del arquitectoSergio Antelo, autor del libro “Santa Cruz una nación sin estado”– que el paísno debe demorar en responder.

Publicado en Pulso

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REDES CIUDADANAS5 de mayo, 2000

Los partidos políticos son hoy el mayor peligro que amenaza al procesodemocrático boliviano. No son el único y, a la larga, hay otros más pro-fundos y complejos, pero ahora en ellos y su campo de influencia se

traman los riesgos más importantes. Sumergidos en un proceso degenerativoirrefrenable han conducido al Estado nacional a una crisis que apenas empieza.

Convertidos en auténticos nidos de mediocridad y rapiña de los bienespúblicos, se han autoerigido en la única vía de participación en el ejercicio delpoder. Turnándose de roles hoy callan lo que antes denunciaban y todo su talen-to se restringe a penetrar en las instituciones y a emplearlas en usufructuar ydistribuir beneficios personales y de grupo. Detrás de la crisis de la justiciaestán ellos y su distribución de cargos de jueces, fiscales y vocales. Los encon-tramos en el fondo de la crisis de la Policía y las Fuerzas Armadas, parceladasen sus campos de influencia y en la devaluación del legislativo y la incapaci-dad del gobierno.

Dentro de pocas semanas, bajo ropaje oficialista u opositor, se proponendirigir el llamado Diálogo 2000, en la cual debería debatirse sobre la pobrezanacional y su alivio, la corrupción estatal y cambios constitucionales.

En las condiciones vigentes todo el debate que se presente en ese escena-rio se inclina a viciarse y perderse, como ya ocurrió en la primera experienciadel Diálogo de 1997. Para corregir este rumbo que llevará a mayor frustracióny desesperanza es necesario enmendar los términos de esa cita.

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El punto de partida es que la sociedad que ha expresado de mil maneras surepudio y desconfianza ante ellos, exija que la base de todos los debates y análi-sis es una profunda e inmediata reforma del sistema de partidos, que carece detoda autoridad y capacidad para conducir un debate sobre los puntos centrales delDiálogo.

Condiciones elementales para habilitar a los partidos a un intercambio sin-cero y productivo involucran puntos como los que se sugiere a continuación:

Los jefes y dirigentes sobre los que pesan acusaciones de corrupción, comosus vinculaciones con los casinos ilegales, deben ser separados de toda respon-sabilidad pública y suspendidos de su militancia, en tanto se los procese.

Vigencia de una ley de responsabilidad de los partidos políticos, quepenalice a las organizaciones políticas que lleven a puestos de la adminis-tración pública a militantes corruptos. Los partidos deberán pagar en estoscasos, multas deducidas de los dineros que reciben del TGN para sus campañaselectorales.

DESMONOPOLIZACIÓN PARTIDARIA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA.

La rectificación del proceso decandentista en que viven los partidos nopuede separarse de una profunda rectificación de la reforma judicial, cara y casiinútil, que se desarrolla, creando mecanismo de control social en los múltiplexprocesos de corrupción que se ventilan en los tribunales.

Sin acuerdos que resuelvan estas demandas básicas, la búsqueda de entendi-mientos sobre la reactivación económica, la transformación productiva y elenfrentamiento de la pobreza, dejará sólo decepciones y ensanchará el campopara el enfrentamiento y la explosión social.

Todos quienes somos sensibles ante estos problemas necesitamos consti-tuir en todos los puntos y espacios posibles núcleos ciudadanos que desarrolle-mos acciones concentradas, a través de la expresión pública por todos losmedios posibles, la participación en los espacios vinculados a la preparación ydesarrollo del Diálogo y la coordinación amplia y flexible de nuestros esfuerzos.

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LA FURIA Y EL SILENCIO14 de abril,2000 *

La explosión de violencia social desatada durante la primera semana deAbril ha golpeado –quizá por vez primera, desde 1985– la pétrea corazade cinismo e indiferencia del sistema político y ha iniciado una intensi-

ficación de la crisis de Estado.

El desgaste y postración de los tres poderes estatales, el descontrol de laPolicía y la confusión vigente en las Fuerzas Armadas son, en conjunto, señalesde un desequilibrio general del Estado y en todos los casos, la historia de losconflictos, debilidades y contradicciones de estas instituciones remite invaria-blemente al proceso de decadencia de los partidos políticos, oficialistas y opo-sitores, que se distribuyen la conducción de poderes e instituciones estatales.

En estas circunstancias, la solidez del sistema puede ser golpeada tandemoledoramente, como lo ha sido la imagen de las Fuerzas Armadas, cuyosesfuerzos de 18 años por exhibir un aprendizaje democrático se desplomanante una fotografía que muestra a un oficial francotirador, disparando frontal-mente contra manifestantes.

El ardor de las movilizaciones en Cochabamba, los sangrientos enfrenta-mientos de Achacachi, la impenetrabilidad de los bloqueos campesinos y el des-dén urbano ante el anacrónico y anticonstitucional “auto de buen gobierno”,con que se aplica el estado de sitio1, están enseñando que se ha producido un

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1 La Constitución establece que el estado de sitio no suspende los derechos y garantías individuales en general, y los“autos de buen gobierno” sí lo hacen, con restricciones generalizadas de toda naturaleza.


viraje del estado de ánimo colectivo y que la sociedad busca, aún a tientas, laredefinición de reglas, objetivos y prioridades.

Queda por verificarse, si el apresurado y desordenado repliegue guber-namental que ha permitido aplacar las manifestaciones más agudas del des-contento consigue recuperar la “tranquilidad” y “normalidad”, porque toda-víaparece distante un acuerdo con los campesinos. Si el gobierno no consigueencontrar una vía de transacción con este sector social– de lejos, el peor trata-do por el Estado en las últimas décadas– las réplicas pueden ser más devasta-doras que el terremoto de los últimos días. Está también vigente el riesgo de lareactivación de conflictos, si el gobierno persiste en su primer reflejo de no tra-tar cristalinamente las secuelas de los conflictos.

HIPÓTESIS Y REALIDADES.

Si el Poder Ejecutivo pudiese realizar una evaluación fría de los hechos,seguramente levantaría el estado de sitio, sitiado como está por la más ampliadesobediencia civil de la que se tenga memoria, en materia de estados deexcepción. Si el gobierno ha superado el riesgo de auto sepultarse es gra-cias aque negoció y transó. El costo es altísimo, pero el beneficio obtenido por elgobierno es que restituye su continuidad como tendencia principal del proceso;al menos, mientras no se reactiven los conflictos o surja uno nuevo. Si esto últi-mo ocurriera estando vigente el estado de sitio, el gobierno estaría limitandosus opciones sólo a la masacre o a su retiro.

Sin embargo, reconocer que los sucesos no han llevado a que la ruptura dela continuidad institucional sea una tendencia representativa, vale la pena anali-zar los escenarios que encierran las propuestas de renuncia del Presidente de laRepública (en favor del Vicepresidente) y la de anticipación de las eleccionesgenerales, porque en dichos situaciones hipotéticas pueden ponerse de manifies-to algunos hechos solapados, pero vigentes e importantes.

Un gobierno encabezado por el Vicepresidente presenta la seria dificultadde que sus presuntas ventajas, como una mayor disposición de diá-logo, trans-parencia y capacidad de gestión pueden ser, fácil y rápidamente, anuladas porel recrudecimiento de pugnas internas de Acción Democrática Nacionalista(ADN), en la que existen múltiples fracciones que no perdonarían el relevo del

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presidente y estarían dispuestas a todo para bloquear al sucesor. Los socios dela coalición encontrarían abierto el camino para agigantar sus exigencias departicipación en los “espacios de poder”, con lo que el gobierno volvería aencabezar las tendencias centrífugas de la sociedad.

Si se fuera más lejos y se adelantasen las elecciones este año, los pronósti-cos más optimistas, sobre la base de encuestas vigentes de intención de voto, nosmuestran que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y elMovimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) encabezarían la votación, convotaciones que rondarían el 20% para cada uno.

Lo novedoso, en ese escenario hipotético, es que asistiríamos a lo quepuede llamarse fenómeno del tercer puesto vacante, porque a diferencia de ante-riores elecciones, donde el tercer y cuarto lugares de votación han escoltado decerca al segundo y muchas veces al primero, los tres principales aspirantes aocupar los lugares 3 y 4 (ADN, Unión Cívica Solidaridad, UCS y Nueva FuerzaRepublicana, NFR) se ubicarían muy lejos de los dos primeros puestos.

Esa aritmética nos muestra que se llegaría a una situación muy anómala defuerzas en el parlamento porque dos fuerzas con menos de la mitad de los votosacumularían un número artificialmente alto de representantes, con un equili-brio legislativo muy precario y con relaciones difíciles con el Poder Ejecutivo.Este ejercicio toma en consideración que cerca del 70% de los ciudadanos votany que el 97% opina que los partidos “no sirven para nada”2.

TODOS PIERDEN.

Un supuesto vinculado a los anteriores, es que ningún partido se ha benefi-ciado con lo acontecido, porque el que supuestamente tiene mejores posibilida-des de hacerlo, el MNR, se encuentra indiferenciado en políticas y respuestasdel actual gobierno y su presunta mejor capacidad administrativa resulta insufi-ciente para colmar la insatisfacción popular y el carácter de sus demandas. Lafuria movilizada impugna en primer lugar al gobierno actual, pero tambiénexpresa una prolongada indignación por la incesante elevación de tarifas delos servicios, heredada de la administración anterior y la implacabilidad e indi-

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2 Según el sondeo realizado por una empresa privada especializada en Noviembre de 1999, publicado en la revista“Así piensan los bolivianos”. La Paz.


ferencia ante las demandas sociales, que son rasgos compartidos por el MNR conlos componentes de la ex mega coalición.

En el nuevo escenario demarcado por la tormenta social, los sujetos socia-les que se resignaron hasta ayer con el menú de estabilidad y buenas cifras eco-nómicas, que es el plato que recibieron en quince años de ajuste y reformas,expresan hastío ante el modelo y decisión de que los recursos que se adquierena su nombre les lleguen y no se desvanezcan en las fauces apa-ratos estatales yprivados, copados por y parcelados entre los principales partidos políticos.

BUSCANDO ESPACIOS.

La pieza que falta para convertir esta situación en una crisis integral, donde“los de abajo se niegan a seguir viviendo como lo han venido haciendo y los dearriba ya no pueden continuar gobernando como hasta ahora” es la ausencia deun proyecto y conducción políticas alternativas.

El rugido social encuentra como eco un hermético silencio de propuestas,que no muestra fisuras de resquebrajamiento. Las críticas y quejas sobre “elmodelo” y “el sistema”, se encuentran aún lejos de articular una voz que inter-prete y represente las angustias e interrogantes planteadas por los movimientos ysujetos sociales.

Pero, el vacío de proyectos no exime la necesidad de aplicar rectificacionesinmediatas, sin las cuales se acelerarán la descomposición política y social. Laagenda mínima de cambios incluye el levantamiento del estado de sitio; unarecomposición gubernamental creíble –con el repliegue de nepotes y halcones–;una consulta amplia, eficaz y auténticamente participativa sobre la reactivacióneconómica y el uso de los recursos financieros de la deuda externa condonada yun viraje ético del Estado, que bien puede empezar con el esclarecimiento minu-cioso de la red multipartidaria de dirigentes políticos que actuaron como socios,beneficiarios y protectores de los casinos.

No hay ningún motivo para esperar que el sistema político asuma ningunade estas tareas, lo que hace necesario que organizaciones sociales e institu-cio-nes, como el Defensor del Pueblo y la Iglesia, busquen y abran espacios para unanálisis y tratamiento de estos temas.


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DOS AÑOS DEL GOBIERNO DE BANZER Diciembre de 1999*

BAJAS EXPECTATIVAS Y ALTAS MISIONES.

El contraste más pronunciado entre la fase de ascenso del actual gobiernoen 1997, y el del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en1993, es el bajo nivel de expectativas que caracterizó al encumbramiento

del régimen de la mega coalición. No se trata exclusivamente de la marcadadiferencia de votación que se presentó en los dos casos (alta en 1993, muyestrecha en el 97), sino del estado de ánimo colectivo que se exteriorizó en losmeses de transición.

Este bajo nivel de expectativas sociales vino a ser con el paso de los mesesuna auténtica ventaja para el gobierno presidido por Hugo Banzer Suárez(HBS), porque la impaciencia y la intolerancia, propias de un elevado nivel deinterés y esperanza, estuvieron prácticamente ausentes, concediendo algobierno aire y espacio para instalarse y empezar a buscar un horizonte comúnentre sus componentes.

El entusiasmo político (que no debe confundirse con la exaltación delburócrata que vuelve a encontrar cabida en la administración pública y en elmanejo de mando y recursos) nunca se asentó, ni siquiera entre los miembrosde la nueva coalición, a pesar de que los acuerdos para constituir gobierno seconcretaron en los tres días siguientes a la realización de elecciones, entreAcción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento de la IzquierdaRevolucionaria (MIR) y la Unión Cívica Solidaridad (UCS). Conciencia dePatria (CONDEPA) se unió al carro triunfador un día después.

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La suma de estas siglas equivale a la concentración del 72.3% de los votosválidos emitidos en la elección, lo mismo que el más cómodo control de las doscámaras del Parlamento.

¿Por qué tanta falta de convicción, ante la estructuración de tan grandemaquinaria política y parlamentaria?. La principal razón parece ser que desdeun inicio primó la desconfianza y la susceptibilidad entre los socios oficia-listas1, cuya convergencia surgió de una suma de imperativos tácticos yantipatías comunes, antes que de cualquier otra consideración.

Sin embargo, sería completamente abusivo privilegiar el análisis de ladescoordinación interna del oficialismo de relevo, o las bajas expectativassociales como los temas más sobresalientes de la coyuntura de transición entreel gobierno saliente y el que se encumbraba.

Este lugar le corresponde, muy lejos de cualquier disputa, a ladesenfrenada carrera en que se empeñaron el MNR, ADN, MIR y UCS parapromover la más abierta intervención norteamericana en los asuntos depolítica interna del país. Un periódico nacional2 daba cuenta que, práctica-mente al día siguiente de las elecciones, los partidos con mayor votaciónhabían embarcado a sus principales cuadros con rumbo a Washington,buscando su apoyo, el levantamiento o al menos la suspensión temporal devetos o la reanimación de estos. Junio de 1997 es el mes de las altas misiones,en busca de los objetivos “más sublimes (?) y los más perversos”.

Esta vertiginosa ronda de lobbies y contra-lobbies está muy lejos de ser laprimera en nuestra historia, pero es difícil de encontrar antecedentes respectoa la manera tan abierta y desinhibida con que cada uno de los protagonistasexplicó ante la opinión pública sus gestiones en la capital norteamericana.Durante la campaña electoral el MNR ya había blandido como un elemento deinhabilitación política el retiro de la visa de ingreso a EEUU, aplicado a Jaime

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1 Este estado de ánimo podría haber pasado a un segundo plano si el principal opositor, el Movimiento NacionalistaRevolucionario hubiese representado algún mayor grado de amenaza parlamentaria. Pero, además que el 18,2%con que el MNR conquistó el segundo puesto resultaba demasiado exiguo ante la potencia del flamante frente ofi-cialista, la desmoralización de los movimientistas al no haber logrado la primera votación en ninguno de los nuevedepartamentos - cuando en la elección previa triunfaron en 7 de ellos - y las heridas internas aplacaron la inten-sidad del único punto importante de convergencia que existía entre los componentes del nuevo gobierno.

2 La Razón, página A 13 "Diez días de maniobras...Guerra para obtener el OK de Estados Unidos".


Paz y otros dirigentes miristas por el Departamento de Estado, por sospechasde haber se relacionado con una banda de traficantes de cocaína.

El objeto principal de la guerrilla diplomática era influir sobre laposición gubernamental estadounidense ante el MIR. EL MNR se esforzabapor gestionar una extensión del veto contra algunos dirigentes hacia todo elpartido, mientras el MIR y ADN pugnaban por obtener una “licencia defuncionamiento” institucional, que permita estructurar el núcleo central demayoría parlamentaria que les permitiría acceder al gobierno.

La diplomacia movimientista expresaba una súbita angustia ante lacomprobación de que el próximo gobierno contaba con una superioridadparlamentaria tan grande que le permitiría cambiar, alterar o revertir, congran comodidad, algunas de las reformas ejecutadas durante su mandato.

La tardía reacción de la cúpula del MNR no es representativa, en absoluto,de que los resultados electorales pudiesen ser sorpresivos3 o desconcertantes.Lo más que prueban es que su conducción trazó un rumbo de derrota para supartido, desde el momento en que le impuso un candidato ajeno (el ex-ministrode Justicia René Blattman), para luego desecharlo, apoyando, luego, a desganoal, con seguridad y de antemano, derrotado candidato partidario4.

El estado de ánimo movimientista se manifiesta en el hecho de que al mismotiempo que gestionaba un bloqueo internacional para que el MIR accediera algobierno, el MNR no vaciló, el 2 de Julio5, en ofrecerse como aliado de ADNargumentando que “el MIR no garantizaba la gobernabilidad”. En otro frente, elgobierno movimientista no dudó en enfrentarse con las dos Administradoras de

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3 Ver por ejemplo "Ventana" del periódico La Razón de 26 .Junio de 1996, donde se prevé que la votación mirista seencontraría entre el 13 al 16% y...en el Informe R de Noviembre de 1997, donde se analiza que prevalecería la ten-dencia a estructurar una gran coalición anti-MNR.

4 Hasta ahora no se ha investigado por qué GSL no optó por negociar que su socio gubernamental, UCS, impulsara lacandidatura de Blattman a la presidencia. Esta fórmula tenía grandes posibilidades, de acuerdo a todas las encues-tas pre electorales, de conquistar un cómodo primer puesto, al conjugar los elementos favorables del candidato y elpartido y otorgaba a GSL enormes posibilidades de tener una fuerte presencia en el siguiente gobierno, sin necesidadde confrontarse con importantes franjas de su partido, como ocurrió con el cambio de candidato designado. El pro-ceso por el cual GSL impuso inicialmente la candidatura de Blattman demuestra lo debilitada que se encontraba ladiscusión interna del MNR y el pánico de sus oponentes para enfrentar abiertamente una discusión doctrinaria consu jefe. Bastó que este argumentara que las encuestas debían ser decisivas para seleccionar candidatos, para que seacalle toda la discusión.

5 La Razón , p. 10, 3 de Julio de 1997.


Fondos de Pensiones (AFP) a las que adjudicó el nuevo sistema de pensiones yel manejo de las acciones de la capitalización, tratando de obligarlas a que sus-criban un nuevo compromiso de fideicomiso de esas acciones para evitar que elgobierno de HBS “eche mano” a tales recursos o descontinúe el pago delBonosol6.

La inminente incorporación de algún personal mirista al gobierno movió aque el habitualmente cauteloso embajador, Curtis Kamman, declarase a losmedios de difusión que Jaime Paz y otros directivos miristas –aunque no el MIR–estaban objetados por el gobierno estadounidense, el que se vería obligado a nocooperar con un gobierno en el que eventualmente participaran esas personas.

Todas estas situaciones y la permanente peregrinación de los más altos cua-dros partidarios al Departamento de Estado, institucionalizaron, de hecho, para elpersonal más influyente de los partidos políticos bolivianos “grandes”, el con-cepto de que Bolivia merece recibir un trato de territorio, ya que no de Estado,por parte de potencias internacionales. Fuera de las diferencias retóricas, todosellos parecen estar convencidos de que la soberanía es una ficción, o un lastre enel mundo globalizado y unipolar.

Pero, quizá lo más notable de esta experiencia es que indica que el sistemapolítico nacional está perdiendo capacidad de autorregularse y requiere de arbi-trajes externos. El camino que los grandes partidos han seguido para arribar a estepunto, después de haber sido algo así como los modelos de concertación y tran-sacción ínterpartidaria en América Latina, ha pasado por todos aquellos hitos enlos cuales el Estado y los partidos delegaron en factores externos la toma de deci-sión sobre cuestiones políticas internas. Y tales hitos se han hecho cada vez másfrecuentes e intensos.

DE “MEGA” A “PEGA”.

Los primeros anuncios de que el entendimiento de sus componentes sería unvía crucis permanente para el nuevo gobierno se apreciaron francamente con el

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6 Tal es el nombre apocopado del "Bono solidario", como se denominó a un pago que recibieron, justo antes de las elec-ciones, los ciudadanos mayores de 65 años. Los recursos para pagar este beneficio provenían de los intereses deven-gados por los intereses del 1.6 millardos de dólares que representan las acciones de las empresas capitalizadas. Elgobierno obligó a que las AFP se prestaran recursos para pagar el mencionado bono y, según el gobierno de HBS,dicho endeudamiento sólo pudo pagarse hasta dos años después y luego de haber suprimido la cancelación del bonoen las gestiones 97, 98 y 99.


ácido desenlace de una reunión, sostenida en Julio de 1997, entre HBS y el hom-bre fuerte del MIR, Jaime Paz. La causa de las expresiones amargas y las expli-caciones someras ante la prensa, que resultaron después de dicha reunión, fue unevidente desacuerdo sobre las cuotas que correspondían a cada socio en la próxi-ma administración. Semanas antes de este incidente, el 9 de Junio, un vocero deUCS denunció que su partido era chantajeado por ADN, mediante las cíclicasacusaciones de que la Cervecería Boliviana Nacional (principal empresa de lafamilia que encabeza a UCS) tiene una pesada deuda de varios millones de dóla-res, por impuestos no pagados.

El descontento de los otros miembros del oficialismo fue también inocul-table y la falta de entendimientos satisfactorios enturbió el ambiente de lassesiones preparatorias del Congreso. Pero, pese a todo, las nuevas directivas dediputados y senadores fueron elegidas oportunamente.

La falta de entendimiento y sincronización de los socios oficialistas losllevó a sumar entredichos aún antes de posesionarse como nuevos gobernantes.La sesión congresal en la que se decidió la elección de HBS y Jorge QuirogaRamírez (JQR) como Presidente y Vicepresidente de la Nación, transparentótanto la incongruencia de la nueva sociedad oficialista, cuanto la desintegraciónde convicciones ideológicas y políticas de muchos de sus componentes. Lasintervenciones de varios diputados de pasado izquierdista –algunos aliados delMIR y otros miembros de CONDEPA– entre los que se incluyen militantes par-tidarios y cuadros sindicales perseguidos por el banzerismo de los años 70, fue-ron un catálogo de contradicciones lógicas y éticas, comprensibles sólo comoparte de la lógica que conduce a gran parte de los políticos profesionales agarantizar su participación en un esquema de poder.

La tensión interna de la “mega” volvió a ostentarse 13 de Agosto, día en queel ministro de la Presidencia invocó a “que se vayan los que quieran”, en refe-rencia a las insistentes quejas de los socios menores de la coalición y, especial-mente, a UCS y CONDEPA.

En retribución a la gentileza militantes de CONDEPA decidieron tomar con suspropias manos las parcelas burocráticas que les había prometido ADN y empezaron,el 17 de agosto, con las oficinas del Viceministerio de desarrollo rural.

Este tipo de incidentes alentó al Presidente del Senado, Walter Guiteras, areiterar la expresión su profundo desagrado por la participación de CONDEPA en

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el esquema gubernamental, tal como vino haciéndolo desde el mismo momentoen que se produjo esa integración. Guiteras objetaba una presunta incompatibili-dad estratégica entre CONDEPA y los demás componentes del frente oficialista,pero tales diferencias nunca llegó a manifestarse, ni fue la causa de la rupturafinal de la coalición con el partido fundado por Carlos Palenque.

La materia principal y casi exclusiva de la sucesión de choques entre losmiembros de la coalición fue la intensa disputa por “cuotas de participación” enel gobierno central, en las prefecturas departamentales y en las pocas empresasestatales residuales que sobrevivieron a la capitalización y las privatizaciones. Lafirmeza y el colorido con que se desarrollaron múltiples querellas sobre estepunto incitó a que antes de transcurrido un mes desde que se hubiese patentadoel nombre de mega coalición para el frente oficialista, sea sustituido por el depegacoalición, en honor al voraz apetito de sus miembros por puestos (pegas) enla administración pública.

Esta percepción, impregnó la imagen gubernamental ante el público engeneral, de tal manera que la reforma del Poder Ejecutivo ejecutada por el gobier-no se interpretó principalmente como una medida facilitadora de la distribuciónde puestos entre un mayor número de “comensales” .

La reestructuración del Poder Ejecutivo hoy vigente, está marcada por unaostensible tendencia conservadora que lejos de resolver los problemas que sur-gieron como resultado de la reforma anterior, los ignora, y se atrinchera en unavisión sectorialista, incompatible con las modificaciones estatales introducidaspor la vigencia de la Participación Popular y la descentralización administrativa.Peor todavía, a falta de una propuesta superadora, el restablecimiento de unavisión rutinaria se empeora con la asignación sectaria y oportunista de las carte-ras ministeriales7.

“DESPROGRAMADO”.

La primera imputación política que recibió el gobierno, casi a partir delmomento de conformarse, es que carecía de programa. Este hecho fue

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7 Así, el ministerio de Desarrollo Económico se descuartizó, transfiriendo importantes áreas a otros sectores (porejemplo agricultura, comercio exterior y turismo) y refeudalizando otras (transporte, minería, energía), en tantoque el de Desarrollo Sostenible fue tratado como un simple despojo La situación para este último ministerio noresultó verdaderamente novedosa, porque ya en el gobierno anterior, sufrió un descalabro importante, desde elmomento que dejó de estar en manos de gente de confianza del Presidente y se "sacrificó", entregándolo a lasdemandas burocráticas de un socio, para calmar un berrinche, característico de las relaciones entre miembros decoaliciones de gobierno, en Bolivia.


caracterizado tanto desde el campo de la oposición, como de varios medios dedifusión social. La “Mega” ha sido incriminada con tanta insistencia por estetema que podría creerse que el debate y la capacidad programáticos de lospartidos son un bien de alta estima en la tradición política nacional.

Esto se encuentra muy lejos de ser cierto y, en la experiencia electoral de1985 en adelante, los programas han merecido una atención variable y muchasveces secundaria. Por ejemplo, en 1985 Víctor Paz se limitó a ofrecer un“cambio total”, sin revelar en que consistiría, mientras Hugo Banzer utilizabalemas de su gobierno dictatorial de los 70, negándose a hacer conocer suprograma “para que no lo plagien”.

En 1989 Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) resumió su programa enofrecer 250 mil empleos, Jaime Paz en la “re-localización del 21060”8 y HBSen una propuesta tan vaga como la de la elección anterior.

La campaña de 1993 es la única en la que se observa un cambio porque elMNR con su “Plan de Todos” y ADN con el suyo, detallan con anticipaciónvarias medidas centrales que asumirían desde el gobierno. El MNR centra ladiscusión programática en descalificar las propuestas privatizadoras del MIRy ADN, ofreciendo como alternativa la capitalización. CONDEPA participaactivamente en la discusión promoviendo una opción “endógena” y laizquierda –que antaño fuera la única concernida con temas de programa–propone el desmantelamiento del esquema implantado en 1985 y algún gradode retorno al capitalismo monopólico estatal.

Los partidos retornaron en 1997 a los niveles habituales de proposición,con la diferencia de que el MNR, cuya campaña se organizaba sobre el supuestode que la gente estaba cansada de cambios radicales y había que ofrecerlesoluciones concretas, interpelaba a sus opositores respecto a si respetarían o noel conjunto de reformas aplicadas entre el 93 al 979. La toma de iniciativa del

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8 Lo que significa ofrecer el cambio del patrón de acumulación establecido desde 1985 con medidas neoliberales yde ajuste estructural

9 Principalmente la capitalización de las empresas públicas, la Participación Popular, la reforma del sistema de pen-siones, el pago del Bonosol y los seguros materno infantil y de la vejez. La reforma educativa, la constitucional yla descentralización, también aplicadas en esa gestión, no recibieron el mismo énfasis que las anteriores, cuyoenunciado se identificaba más de cerca con el MNR que las otras, trabajadas y pactadas en conjunto, durante var-ios años, con los otros partidos representados en el Parlamento.


MNR lo preservó que le replicaran que la falta de programa que imputaba a losdemás era igualmente ostensible en su propia oferta electoral.

La principal prueba de la vigencia de una generalizada sequía progra-mática se la encuentra en el MNR, cuyos voceros más destacados, incluyendoal mismo GSL, han empezado a manifestarse en sentido de que el modelo hallegado a su límite y que es necesario diseñar y preparar una nueva fase.

De todas formas, el aplomo táctico movimientista y las contundentespruebas de que el MNR había llevado a la práctica una parte sustantiva de suPlan de Todos, desarmaron a sus críticos y evaporaron del debate electoralimportantes cuestionamientos referidos, por ejemplo, a los graves errores deapreciación que llevaron a que en la campaña de 1993 el MNR hubiesegarantizado que conduciría a un crecimiento económico superior al 8%, parael tercer año de vigencia de su gobierno, o la supuesta posibilidad de lograr un“apalancamiento” financiero superior a los 5 millardos de dólares, gracias alproceso de capitalización.

Con tales antecedentes, el gobierno de HBS se atrincheró en una tenaz,pero precaria, defensa en torno al enunciado de cuatro pilares: equidad,dignidad, institucionalidad y oportunidad, como fundamentos de un programaque recién se hizo público quince semanas después de la transmisión delmando, al cabo de un accidentado proceso de elaboración.

Los enunciados de lucha contra la pobreza, erradicación del narcotráficoy política de retorno al mar fueron mencionados por el entonces futuro jefe deEstado, en la primera reunión oficial de la coalición, el 18 de Julio de 1997,durante la cual caracterizó que: “Tanto la miseria como la pobreza son las másgraves violaciones de los derechos humanos”. Casi un mes antes, el embajadorestadounidense había dictaminado que:”Erradicar (cocales) debe ser prioridadpara el nuevo gobierno”10.

El “complejo” de programa(o mejor, de falta de el) que aquejaba al gobier-no se agudizó extraordinariamente, durante el primer bimestre de iniciado el

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10 "La Razón", p. A3, 26 de Junio de 1997. El análisis de los hechos producidos por el gobierno demuestra que esaúltima instrucción tiene mucho más peso que toda la retórica oficial.


nuevo mandato constitucional, como consecuencia del continuo flujo noticioso yeditorial sobre disputas entre los socios oficialistas por los “derechos” que recla-maba cada uno, para usufructuar tal o cual parcela administrativa. Con este telónde fondo, le tocó al Vicepresidente JQR, encabezar una contraofensiva, basada enel anuncio y preparación de un “Diálogo –consulta nacional–”, que debería, bien,subsanar los vacíos propositivos del gobierno –según algunos voceros–, o: “defi-nir la estrategia de mediano y largo plazo”, –según otros–.

Aunque esta nueva discrepancia sobre los objetivos verdaderos o finalesdel “Diálogo Consulta” abrió espacio para el recrudecimiento de críticas, estasno anularon la eficacia de la convocatoria, con lo que el gobierno consiguió,probablemente por primera vez desde el su inicio, asumir la iniciativa en laescena política.

Como una combinación de molestia por las acusaciones de carecer de pro-grama y de intención de proyectar una imagen novedosa, que mitigue la falta deprograma, el jefe de Estado propuso, al décimo día de asumir su cargo, un decá-logo de buena conducta que debía ser cumplido por todos los funcionarios y queincluía el legalismo, la austeridad, la disciplina, la integridad, la modestia, entrelos principales. El decálogo pasó muy pronto a ser motivo de escarnio por unaandanada especialmente seguida y rápida de violaciones cometidas en su contrapor miembros del gobierno y denunciadas al público por la prensa.

EL DIÁLOGO Y EL ZAR.

El desarrollo del diálogo- consulta, a partir de su inicio el 6 de Octubre de1997, tuvo un impacto que sobrepasó el ámbito de la coyuntura, en la que,como se ha dicho, dominaba el debate sobre el vacío programático guberna-mental, al marcar una indudable inflexión en la imagen del gobierno y la de suconductor.

Aunque el máximo titular del Ejecutivo no participó de las sesiones de tra-bajo del diálogo y el protagonista central del proceso fue el Vicepresidente, lasola realización del evento cerró –al menos momentáneamente– una de las pre-guntas abiertas con la instauración del nuevo gobierno, respecto a ¿qué rumboescogería Hugo Banzer en su conducción política: una ruta autoritaria o de con-sulta y participación?.

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La amplitud partidaria de la coalición y, especialmente, la participación deCONDEPA había ayudado a crear una imagen de tolerancia y conciliación quese resintió en alguna medida a causa de la interminable querella entre losmegacoaligados. Un amplio y, aparentemente, incondicional llamado delgobierno “a la sociedad civil” para deliberar sobre los problemas centrales delpaís tuvo el efecto de amortiguar dudas sobre la inclinación democrática delgobierno y de difundir la imagen de una “vuelta de hoja” histórica, que dejabaatrás el pasado dictatorial de HBS.

Bajo esta óptica el diálogo-consulta fue, antes que cualquier otra cosa, unevento comunicativo altamente exitoso que otorgó al gobierno un aura deapertura, conciliación y, quizá, hasta de cierto grado de modestia.

Estos puntos, esencialmente subjetivos, se convertían en un agudocontraste con la imagen que había dejado el gobierno de GSL de verticalismo11

y le permitían a HBS y su equipo capitalizar los reclamos y el descontento quedejó la administración anterior.

Este impacto de opinión pública fue tan marcado que primero el MNR ydespués la COB, ambos reticentes a participar de las mesas de diálogo, seintegraron al desarrollo del evento.

Ya se ha apuntado que HBS se benefició a través del diálogo de afirmaruna imagen que trató de construir durante varios años. El VicepresidenteQuiroga consiguió, por su lado, como figura activa y protagónica del diálogo,mostrarse como el conductor del ala modernizante, dialoguista y concertadoradel gobierno y su partido. El neto fortalecimiento de su figura se apuntótambién en la consolidación del amplio espacio político que le otorgó elPresidente, desde la inauguración del gobierno. La multiplicidad de funcionesy atribuciones que recayeron sobre su persona y su círculo de allegados,llegaron a ser tan amplias que superaron la posibilidad de que las atiendaeficazmente.

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11 Los titulares de aquella administración se han defendido en múltiples oportunidades, señalando información quebusca demostrar que su gobierno pasó una buena parte de su tiempo, explicando, conversando con diversos sectoresy ejercitando múltiples mecanismos para conocer el criterio de la población. Sin embargo, encuestas de muy diver-sas fuentes, muestran que GSL y su gobierno fueron afirmando una imagen autoritaria, con el paso del tiempo.


Encargado principal de las relaciones con Estados Unidos, cabeza delgabinete económico y encargado de las finanzas públicas, componedor de lospleitos internos de la coalición, vocero principal del gobierno, a más de otrastres o cuatro funciones de no menor rango, el Vicepresidente llegó a ser, durantevarios meses, algo más que un Primer ministro y algo menos que un zar.

Las aptitudes comunicativas de JQR y su sentido de oportunidad puedenconsiderarse como un complemento de las ventajas con las que cuenta–personalmente y como cabeza de un grupo de jóvenes tecnócratas– ante laguardia vieja de su partido, en el momento de enfrentarse y adaptarse a lasexigencias de la gestión estatal en las condiciones vigentes, dentro y fueradel país.

En este sentido, es muy difícil de ocultar que el jefe de Estado se sientemanifiestamente incómodo y, algunas veces, hasta desesperado ante un ritual,un ritmo y unas formas de conducción estatal que han experimentadoimportantes modificaciones, en comparación con la experiencia que le tocócumplir como cabeza de un gobierno dictatorial en los años 70.

Todas estas razones contribuyeron a que Quiroga desplegara unainfluencia excepcionalmente grande y decisiva en el Poder Ejecutivo sin que,en un principio y por un lapso de varios meses, se hubiese manifestadopúblicamente, ninguna señal que demuestre resistencia ante este situación. La“guardia vieja” de la que se rodeó el Presidente, parecía aceptar, tranquila o almenos resignadamente, al Vice y su equipo.

Pero, alrededor del tiempo en que se cumplió el primer año de gobierno,comenzaron a manifestarse diversos signos de suspicacia, entre los altosfuncionarios que pertenecían al grupo convocado y organizado por JorgeQuiroga, sobre una creciente inestabilidad que los afectaba directamente y lainminencia de una presunta razzia de los sectores conservadores de ADN paradeshacerse de ellos y copar sus puestos y espacios. No es fácil rastrear laevolución de este conflicto, porque ha sido tratado con reserva, fuera de lavisión del público y de los medios.

Más allá de las consabidas tendencias de pugna interburocrática, en elcaso del gobierno de HBS es posible detectar que el círculo familiar más

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próximo al Presidente, ocupó un espacio central en la administración delpoder. Inicialmente, esta presencia se manifestó en el control y manejo de las“cuotas” y espacios”, manteniendo una prudente distancia respecto a losprocesos deliberativos y de toma de decisión en los asuntos centrales de lagestión, considerados como técnicos o especializados. En esta área el grupo deallegados al Vice no encontró mayores escollos o confrontaciones.

Sin embargo, en algún momento el Vicepresidente colisionó con el círculofamiliar de HBS y desde ese momento se produjo un marcado repliegue de supresencia y su actividad en el ejercicio del gobierno. Aunque nunca llegó aobservarse un desplazamiento masivo de los altos funcionarios promovidos adicha condición por Quiroga, el seguimiento noticioso permite advertir unimportante retroceso del protagonismo vicepresidencial durante un lapso devarios meses.

Quizás la primera expresión del retroceso de Quiroga es la sucesivapostergación del “Diálogo 2”, anunciado para inicios de 1998 y en cuyapreparación participaban importantes cuadros que participaron del gobierno deGSL, en calidad de consultores: el ex ministro José Guillermo Justiniano y elex Secretario de Participación Popular, Carlos Hugo Molina. El aplazamientodel evento que pudo ser atribuido a una dura intensificación de laconfrontación entre el gobierno y el MNR, tiene en realidad un significado másprofundo, debido a que significa la renuncia consciente del gobierno ausufructuar de un hecho político que incrementaba su credibilidad e imagen.

Semejante sacrificio corresponde más a un desequilibrio interno –en estecaso, el distanciamiento entre HBS y JQ– que a la extensión del enfren-tamiento con el MNR, cuya presencia se pudo haber obviado o dismi-nuido enel evento. El gobierno perdió mucho al no realizar el “Diálogo 2”, porquesacrificó el desarrollo de la forma más rentable de proyectar su imagen y estalógica autodestructiva parece cimentarse, tanto en las desinteligencias, comoen el deseo de frenar el avance de JQR.

Además de la anulación de gestos y actitudes de diálogo, la imagengubernamental fue duramente desgastada por la manifiesta desidia paraconcluir la investigación sobre los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, elintento de incautación del Informe R y toda la actitud del presidente y su

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equipo político ante el Plan Cóndor y otras evidencias de las actividades deterrorismo de Estado, ejecutadas por gobierno dictatorial encabezado porBanzer en los 70. El desgaste ha sido todavía mayor por causa de ruidososescándalos sobre actos de corrupción que determinaron la caída de los ministrosde Salud y Trabajo (Tonchi Marinkovic y Leopoldo López del MIR), el deDefensa (Fernando Kieffer de ADN), dos directores generales de Aduana, unaViceministra de Género, los Prefectos de Cochabamba y Potosí (Wilson Lora yGuido Camacho, ambos de ADN) y varios otros funcionarios de menor rango12.

El enfriamiento de las relaciones entre presidente y vice se extendióinclusive hasta principios del mes de Julio de 1999, cuando JQR reaparecemuy próximo a HBS, desplegando la mejor defensa ante el denso clima desospechas que se había incubado en varios medios de difusión y sectores de laopinión pública, a partir de la denuncia del “caso Diodato”. Apabullado porsucesivas y escandalosas revelaciones, el aparato de comunicación oficial serefugia en una actitud defensiva, hasta que JQ enfrenta a los medios,blandiendo el argumento más simple y eficaz de defensa, consistente enafirmar que las sospechas sobre el gobierno no tomaban en cuenta que fue elgobierno quien persiguió y capturó a Diodato.

La reconciliación, urgida por las circunstancias, difícilmente anulará losroces que se han acumulado hasta ahora.

DURMIENDO CON EL ENEMIGO.

Si por debilidad o economía intelectual se decide ceder al mal gusto y seacepta comparar a las alianzas políticas con un matrimonio, el de la “Mega” sedescalabró por propia voluntad, comenzando en la etapa de acuerdosprenupciales.

El vínculo más firme dentro de la coalición es que liga a ADN y el MIR,gracias a la experiencia de co-gobierno de 1989 a 1993 y a la creciente afinidad

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12 Las acusaciones de corrupción han sido tan intensas y continuas que se han convertido en uno de los peores prob-lemas de esta administración. La compra de vacunas con sobreprecio ( contra T Marinkovic,) de contrabando con-tra Leopoldo López, malversación y sobreprecios (Kieffer y Camacho), extorsión (W. Lora), etc., etc., han jaque-ado sin tregua al gobierno de HBS. A lo anterior se une la interpretación periodística de que el país se encuen-tra en el “primer puesto mundial de la corrupción”, según una evaluación realizad por consultores del Foro deDavos, de acuerdo a un estudio de percepciones realizado entre empresarios bolivianos.


conceptual, de prácticas y estilos que han desarrollado por años. Además, elMIR tiene y reclama el status de socio privilegiado merced a que sus votos sonindispensables en la Cámara Alta, para asegurar la mayoría que ADN no tienede otro modo.

No obstante la necesidad imperiosa e insustituible que tienen ambospartidos de permanecer amarrados entre sí, los dos años de gobierno conjuntohan transcurrido en medio de tormentas y desencuentros continuos, signadospor el status de libertad bajo palabra en la que transcurre la vida política delMIR. Dicha condición ha merecido la solidaridad retórica y de hecho por partede ADN, quien, sin embargo, no ha dudado en sacar ventaja para sí de la difícilsituación de su socio.

Un ingrediente adicional que proviene del condicionamiento norte-americano son los realineamientos internos del MIR, escindidos ahora entrelos ““visados” y los “desvisados”. Entre los últimos destaca el empresarioSamuel Doria Medina, quien ha iniciado un cuestionamiento de la continuidaddel liderazgo de Paz Zamora, al mismo tiempo que desarrolla un proceso parapersuadir a los miristas de que la reiteración de la candidatura de el actual jefepartidario, mantendrá encerrado el caudal electoral mirista dentro de un límitemáximo inferior a un quinto de los votos válidos13.

Por otro lado, el MIR desgastó con celeridad su capacidad de negociacióndesde que varios funcionarios, incluyendo dos ministros que militan en susfilas han sido denunciados e inclusive atrapados en flagrantes actos dolosos yde abuso de poder. Las renuncias obligadas y las destituciones que esto le haacarreado golpean frontalmente su “derecho a la petición”, complicando máslas relaciones entre los dos socios centrales de la “Mega”.

Si las relaciones entre los dos puntales de la mega coalición han sidocomplicadas, las que existieron con CONDEPA son aproximadamente indes-criptibles, porque salvo el fugaz idilio que permitió que la bancada oficial sefortalezca con los votos de sus diputados y de sus dos senadores, el clima deconflicto se mantuvo vigente hasta el colapso de la relación. CONDEPA fue un

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13 Doria Medina, Hugo Carvajal - actual presidente de los diputados - y otros allegados, intentan conformar una cor-riente con un perfil negociador, que se aleje de los “cardenales”y de la imagen de prebendalismo y corrupción ala que están asociados.


agente activo de su desplazamiento y marginación porque se consumió en unainterminable disputa interna, en la que se desnudó la fragilidad de los vínculosorgánicos y la comunidad ideológica del partido.

Varios representantes condepistas en el gobierno volvieron a comportarsecomo figuras de una tosca coreografía montada en torno de un arreglo musicalcon letra “ahora que podemos...bien le cascaremos”; danza política, en realidadmuy popular entre militantes de los más diversos partidos, pero fuertementeasociada a CONDEPA por las particularidades de su identidad partidaria.

Un año de gobierno le ha sidco suficiente a CONDEPA para destruir sufuturo político. Su expulsión del gobierno no le representa a este mayor susto,porque empleando técnicas heredadas de administraciones anteriores, susoperadores políticos pueden garantizar que exista el número suficiente delegisladores para no poder en riesgo la gobernabilidad.

UCS disfruta una presencia continua en el gobierno, desde hace 6 años, ydel buen nivel de intención de voto que registran las encuestas para su jefe yseguro candidato. El MIR y un ala del adenismo se enzarzaron oportunamenteen sendas disputas con UCS, pero después de mucho ruido la calma ha termi-nado imponiéndose después de cada uno de estos episodios, sin menoscabar laversátil y ambigua imagen de la que disfruta este partido ante importantessectores del electorado, como parte del gobierno y excluido de el, al mismotiempo.

ADN es el que tiene las más grandes posibilidades de padecer los peoresefectos del ejercicio del gobierno. El resultado más llamativo hasta elmomento es la polarización de ADN entre una corriente conservadora y otra“modernizante”. No se trata de una pugna doctrinaria, sino de un intensotironeo por espacios de poder y su usufructo.

La amplitud de la coalición gobernante, la imposibilidad de satisfacer lasdemandas y apetitos de su componentes y las rencillas y contradicciones quehan proliferado en su seno han permitido que una prensa, cada día más atentaponga de manifiesto una gestión gubernamental traspasada por un estado decorrupción alarmante.

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LA OBSESIÓN OFICIALISTA.

De los miembros de la “mega”, el MIR y CONDEPA habían anunciadoantes y durante las elecciones de 1997 que GSL y su grupo de colaboradoresmás próximo merecían un buen proceso y una mejor sanción por múltiplesacusaciones, formuladas en distintas oportunidades.

Durante los últimos seis meses del gobierno del MNR, parlamentariosmiristas desarrollaron una ofensiva por medio de solicitudes de informesescritos, en los que se cuestionaba la pertinencia y la transparencia del contratofirmado con la compañía Enron, como socia de YPFB, en la materializacióndel contrato de compra venta de gas al Brasil. La línea de denuncia del MIRcuestionaba la legalidad de los mecanismos por los cuales el gobiernoseleccionó a la ENRON, de un total de 7 compañías invitadas y presuntos lazosentre la ENRON y la Compañía minera del SUR (COMSUR) de propiedad deGSL y su familia. Estas acusaciones se entroncan con la campaña desplegadapor ADN en 1996, respecto a condiciones onerosas contenidas en el contratosuscrito entre Enron e YPFB. La campaña consiguió que el contrato serenegociara y se modificaran varias de la cláusulas impugnadas, pero noaportó ninguna prueba sobre vínculos empresariales del ex Presidente con laEnron.

Ya desde el gobierno, ADN y el MIR amenazaron revisar el contratofirmado con la Enron y llegó inclusive a sugerirse la posibilidad de que searescindido. La reiteración de esas insinuaciones concluyó con una intervencióndirecta y fulminante de la embajada estadounidense que les puso fin,señalando que el gobierno ponía en riesgo las inversiones en el país. Labeligerancia con la Enron terminó siendo descartada totalmente, como loprueba la aprobación legislativa de la llamada “ley corazón”, por la cual seautoriza a la compañía norteamericana a construir un ducto que lleve gas aCuiabá –Brasil– para aprovisionar plantas termoeléctricas, de propiedad de lamisma compañía.

La segunda línea de ataque al ex presidente y máximo jefe del MNR fuela periódica amenaza de un juicio de responsabilidades, por los actos deviolencia ejercidos por fuerzas militares en Diciembre de 1996 contra pobla-dores de Amayapampa y Capasirca. Estos acontecimientos arrojaron la muerte

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de 10 civiles, entre campesinos, sindicalistas y pobladores y un jefe policial.En previsión de que el tema se convirtiese en un caballo de batalla GSLpromovió, en 1997, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDDHH), dependiente de la Organización de Estados Americanos, inves-tigase los acontecimientos. El informe de la Comisión exime al gobierno de laresponsabilidad de haber cometido una masacre, con la reserva de que laconfrontación se produjo por omisiones políticas e insuficiente atención de losproblemas que se presentaron con anterioridad a la crisis.

El antecedente de una investigación imparcial y el tipo de conclusiones alas que llegó limitan, si es que no neutralizan totalmente, los márgenes de unaacción legal contra el gobierno de GSL. Sin embargo, el MIR hizo losmáximos esfuerzos para promover una iniciativa jurídica (investigaciónencomendada al Ministerio Público).

La Fiscalía General inició las investigaciones, con una nítida orientaciónde zafarse del marco que proponía el informe internacional, buscando, másbien, una revisión global de la que pueda surgir la base de una acusación quesirva para la instauración de un juicio de responsabilidades. Después de uninicio brioso que llevó a que varios ex ministros presten declaraciones ante elfiscal, el proceso se fue amortiguando hasta detenerse y silenciarse,aparentemente porque no se obtuvieron las evidencias incriminatorias que sebuscaban.

Durante el primer año de gobierno, dirigentes oficialistas de primera líneaamenazaron con enjuiciar a GSL, al menos en tres ocasiones: en septiembre de1997, el senador Valda del MIR; en diciembre del mismo año, el jefe de ADNy el mismo, en enero de 1998.

Esta última advertencia se presentó en el cuadro de una feroz contiendaverbal entre el oficialismo y la oposición movimientista, iniciada con laafirmación de GSL, sobre que Banzer “no era un buen albañil” porque noestaba pudiendo construir sobre los cimientos (las reformas) que había here-dado del anterior gobierno, a lo que Banzer replicó que el no podía construir“sobre cimientos de basura maloliente de corrupción”. El contexto delenfrentamiento lo proporcionaba la pugna en torno al pago del “bonosol”.

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Otro de los ataques ensayados por el gobierno contra GSL es el que lo haidentificado como un empresario, insensible y tacaño que no vacila ensacrificar el interés público para obtener ganancias a su favor. Ese fue elsentido de los ataques del ex ministro de Gobierno, Nayar, al exigirle a GSLque devuelva vehículos oficiales utilizados para su seguridad. El MNR aclaróque existe una norma legal que otorga recursos, personal y vehículos, para laseguridad de los ex - presidentes y que en virtud de ese marco legal GSLcontinuaría empleando a los unos y los otros.

En otro pasaje, cuando el MNR irritó al gobierno, este desplegó a travésdel vocero presidencial y el ministro de la Presidencia la acusación de que GSLalquiló al gobierno una aeronave de su propiedad, cuando ejercía el cargo dePresidente de la República.

El tono y la solemnidad de la denuncia fueron cambiando, agravándose ohaciéndose menos dramáticos; se habló de un posible juicio, de faltas éticas,de tarifas extraordinarias, de “vuelos fantasmas”. Hubo aseveraciones categó-ricas, medias retractaciones, discusiones sobre normas violadas. Queda enmarcha una investigación encomendada a la Contraloría y, más allá de losataques y las defensas, otra vez, la imagen de GSL, proyectada por el gobierno,como de un magnate roñoso, que se las ingenió para acumular unas gananciasadicionales, aprovechando de su acceso al poder.

El MIR y la ADN han estado a la cabeza de estas batallas contra la imagendel jefe movimientista, pero su inspiración se inscribe íntegramente en eldiscurso proporcionado por el diputado condepista Soliz Rada quien, en sulibro “La fortuna del Presidente”, presenta la historia de la familia del ex-presidente, como un eslabonamiento de astucias y trampas para acumularriquezas a costa de burlar o torcer leyes, obtener beneficios indebidos delEstado y usufructuar de estímulos y fomentos fiscales de manera amañada. Adiferencia del parlamentario condepista que encuadra sus imputaciones en uncontexto social, político e ideológico, ADN y el MIR utilizan preferentementetécnicas de mercadeo, basadas en la sugestión y el simbolismo, más que en lailación de argumentos.

La auténtica obsesión oficialista por estropear la imagen de GSL, puedenterminar por rebotar en tanto que se vaya acumulando en la percepción pública

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una actitud de “odio y revanchismo” por parte de ADN y otros componentesdel oficialismo. Algo semejante le ocurrió al MNR, a raíz de su manejo de losllamados “narcovínculos del MIR”, cuando la insistencia y el carácter de lasdenuncias acabaron perdiendo eficacia, independientemente del curso de lasinvestigaciones y la acumulación de pruebas y descargos.

Este fenómeno de devolución puede desarrollarse más rápido y eficaz-mente dentro de una coyuntura donde el gobierno ha mantenido una bajacapacidad propositiva y se ha enredado en líos internos, expresivos de altaincapacidad de gestión

LA HERENCIA INDESEABLE.

El gobierno de la “mega” ha vivido una relación complicada ycontradictoria con las reformas ejecutadas por la administración del 93 al 97.De todas ellas, sólo la Reforma Educativa ha sido reivindicada y apoyada conentusiasmo. La capitalización de las empresas públicas, intensamentehostigada por los parlamentarios del actual gobierno cuando se encontraban enla oposición caracterizándola como “una privatización, cara, tramposa yvergonzante”, estuvo amenazada al inicio de la gestión, como susceptible de“revisarse” y hasta revertirse, en el caso de los ferrocarriles y de la línea aéreade bandera.

Durante el primer año se reiteraron estos mensajes amenazantes, hastadisolverse bajo la directa y severa intervención de la misión diplomáticanorteamericana y los principales organismos financieros internacionales.

La impotencia para modificar siquiera una coma del proceso de capita-lización, encontró su revancha en la liquidación del bonosol, pese a laenconada resistencia de GSL y su partido. Desde Octubre de 1997 hasta lafinalización del primer semestre del año siguiente gobierno y oposiciónmovimientista se trenzaron en una cadena de choques que encendió laspasiones en una intensa disputa, capitalizada al máximo por el MNR queutilizó la coyuntura para llamar mentiroso a HBS, quien se comprometió en sucampaña electoral de respetar al “bonosol” y proyectar una imagen propia desensibilidad social, que había sido uno de los flancos más débiles de sugobierno.

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El MIR, con el total respaldo de ADN, fue la cabeza de la movilizacióngubernamental para terminar con el bonosol y el promotor de la ley deParticipación y Crédito Popular con la que se busca redefinir la utilización delas acciones y utilidades del Fondo de Capitalización Colectiva.

Otro blanco de la ira oficial ha sido el sistema de regulación sectorial(SIRESE) que tiene la misión de “domar monopolios” y proteger a los usuariosy consumidores. El gobierno logró desplazar a varios de los superintendentesnombrados antes de su ascenso y sustituirlos, al mismo tiempo que modificóla organización de varias superintendencias.

La Participación Popular ha merecido elogios y sonrisas desde el frenteoficial, pero las acciones concretas, en el sentido de la importancia, segui-miento y respaldo a su evolución indican un escaso nivel de compromiso realcon su avance. El estancamiento en que permaneció la Participación Popularen las grandes ciudades, durante el inicio de su funcionamiento, en el gobiernomovimientista, no sólo se ha mantenido sino que tiende a hacerse crónico yvicioso. La descentralización es igualmente perforada a diario con dispo-siciones ejecutivas y con la resistencia coherente de una burocracia hostil.

La actitud gubernamental ante las reformas pendientes, particularmente lareforma judicial ha sido radicalmente distinta que ante aquellas que en suopinión se identifican con la gestión del MNR y su jefe. El trámite legislativopara aprobar las leyes del Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo yel Tribunal Constitucional ha sido diligente, oportuno y concentrado y elgobierno ha ejecutado sus mayores esfuerzos para elegir a los magistrados deesas instancias.

De todo este esfuerzo el que toca al Defensor del Pueblo es el que ha sidomás exitoso y satisfactorio, de acuerdo a indicadores cualitativos de opinión ya la tarea, autónoma y decidida, con la que actúa.

La elección y acción del Consejo de la Judicatura y del TribunalConstitucional ha desnudado, en cambio, que los partidos “grandes” yespecialmente el MIR, ADN y el MNR no tienen intenciones de despartidizarel Poder Judicial y menos de perder su control. La modernización legislativade códigos y leyes está mediatizada por la presencia de un personal

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profundamente comprometido con la administración tramposa y subal-ternizada de la ley.

La cuantiosa inversión realizada por el país en la reforma judicial corre elgrave riesgo de haberse dilapidado y ser esencialmente infructuosa. Unaprueba muy clara de esta tendencia es la reiteración de fallos y sentencias,aberrantes en lo jurídico, contra los intereses económicos del Estado. Los másfrescos son aquellos que se han dictado en casos seguido por autoridadesfinancieras contra ex-banqueros que condujeron a la quiebra a sus bancos, através de la estafa y el fraude.

Las medidas anticorrupción y de protección al ciudadano que han sidoaprobadas o están siendo consideradas por el Legislativo (ley de Aduanas,Estatuto del Funcionario Público) corren igual riesgo de ser inutilizadas, pordecisión u omisión de los principales partidos que carecen de un interésefectivo de limitar las acciones dolosas y contrarias a las finazas públicas.

EL PLAN DIGNIDAD.

El verdadero cimiento de la confianza presidencial y la fuerza interna quele ha permitido sobreponerse a una implacable sucesión de problemas ydesajustes es, con toda seguridad, la satisfacción de que ha podido cumplir losobjetivos de erradicación de coca. Nadie, excepto él mismo y un gruporeducido de personas próximas, creyeron, al inicio de su gobierno, que estopodría conquistarse. Cuando, muy al principio de su gestión, anunció queincrementaría la presencia y compromiso militar en las tareas de erradicación,opositores frontales, observadores y miembros de la propia coalición temie-ron que se estaba abriendo la puerta de una situación incontrolable.

Los temores internos de la coalición se ahogaron en su miedo –mucho másgrande y muy fresco todavía– de que expresar disidencia o siquiera rezongarante el curso trazado por HBS, fuese motivo para que la embajada tomararepresalias contra los descontentos.

El primer semestre de 1998 se desarrolló bajo el signo de un descarnadoenfrentamiento que convirtió al Chapare en un foco de violencia recon-centrada. La fuerza de las confrontaciones estremeció al país e incrementó la

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cuota de campesinos muertos y reprimidos. La Defensoría del Pueblo informósobre múltiples violaciones de derechos humanos y de una tendenciaincontrolable a la policialización del Estado en esa región. El gobierno replicóque la Defensoría actuaba con información parcial.

La tensión se aplacó paulatinamente y el gobierno consiguió sobrepasarhacia finales de año todos los récords de erradicación, mientras el movimientococalero retrocedía en influencia y vigor.

El desgaste social de los campesinos-mercaderes que cultivan ycomercializan coca, su distanciamiento con las capas medias urbanas, laevidencia de una presión internacional agobiante son los principalesfactores que han permitido la exitosa aplicación del Plan de erradicacióngubernamental.

El gobierno ha abierto espacio para que la erradicación cumpla sus metashasta el año 2002, sin sumergir al país en una guerra civil, aunque probable-mente con altos costos económicos y sociales. Lo que el Plan no resuelve, esun complejo problema internacional –producción, comercio y consumo dedrogas ilícitas– que por su potencia económica, puede evaporar en muy pocotiempo todos los avances que se consigan.

El mayor peligro que ronda al Plan de erradicación es que abuse de suéxito y acorrale a los productores, sin considerar la indispensable aplicación deuna política de conciliación, despolicialización de las zonas productoras y dealiento a respuestas económicas de largo alcance.

EL ESTADO CONSPIRATIVO.

El detalle que faltaba en el colorido cuadro de contradicciones yproblemas que llueven sobre el gobierno apareció sorpresivamente, a media-dos de Junio de 1999, vestido de historieta policial e intriga internacional,cuando el todavía candoroso público nacional se enteró por despachos deprensa del arresto de una banda de “clonadores” de teléfonos celulares.

El asombro ciudadano tardó varios días en despejarse, porque resultabamuy difícil comprender la misteriosa relación entre el fetiche electrónico de

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moda y la ingeniería genética, pero antes de que las fragmentariasexplicaciones ensayadas por policías, fiscales y periodistas penetrasen lacoraza de estupefacción, una gigantesca avalancha de informaciones cayósobre el país. Cada día se descubrían –y todavía descubren– nuevas “hazañas”,fechorías o habilidades del grupo dirigido por Marco Marino Diodato, unatlético y emotivo paracaidista italiano, relacionado con los servicios militaresde inteligencia y propietario de casinos, máquinas tragamonedas y unainverosímil red de negocios que abarcan desde la electrónica hasta la lechería.

Según los periódicos –y no precisamente los sensacionalistas– Diodatoresulta ser un experto en artes marciales, tiro de precisión, eximio organizadorde negocios legales y clandestinos, capo mafiosi, armero “sofisticado”,sospechoso de ex policía torcido y de estructurador de redes de contrabando dedrogas ilícitas, lo mismo que el nexo entre una densa red de contactos políticosy, tal vez, componente de bandas paramilitares de ultraderecha. El jeferegional de Nueva Fuerza Republicana (NFR, el partido del alcaldecochabambino y aspirante a próximo presidente de la República), el ex jefe dela Casa militar, varios comandantes militares y jefes de la Policía son algunosde los contactos y relaciones del versátil personaje.

Durante más de un mes el caso se ha estacionado en los titulares de losdiarios y los noticiosos televisivos y radiales, enredándose y pendulando sobrela cabeza del propio HBS que ya ha expresado en más de una ocasión sufastidio por una “especie de complot” que buscaría relacionarlo de cualquiermanera con la banda del italiano, ya sea por relaciones familiares o por elapoyo prestado por Diodato a las campañas electorales del actual primermandatario.

De la catarata de informes y pistas publicados hasta ahora, queda claro yseguro que Diodato fue capturado por iniciativa y patrocinio directo de losEstados Unidos, cuyos representantes en el país parecen haber reaccionadoantes que nada a la invasión de un coto de caza exclusivo de ese país: el apoyoy control de la inteligencia militar . Las pruebas presentadas hasta ahoraseñalan fuera de toda duda que Diodato estructuró la llamada Fuerza deReacción Inmediata del Ejército (FRIE), como un grupo comando,especializado en inteligencia y contrainsurgencia, convocado y amparado poralgunos miembros de las cúpulas militares que ejercieron el mando del

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Ejército y las Fuerzas Armadas y, eventualmente, por autoridades civiles quepudieron dar su visto bueno y, tal vez, patrocinar con el mismo entusiasmo quelos militares la adscripción de Diodato al aparato militar, sus ascensos y lagratitud y veneración que parece haber cosechado por sus aptitudes castrenses.

Estas habilidades son igualmente apreciadas por la embajada de EstadosUnidos y sus organismos de inteligencia, cuando se encuentran bajo suconocimiento y control, pero, si esto no ocurre, y estos talentos se ejercen ycultivan al margen de su supervisión, además en un contexto político en el quelos Estados Unidos promueven la reducción de los aparatos militares estatalesde las naciones latinoamericanas, las aptitudes dejan de considerarse tales y seconvierten en pecados mayúsculos. A tales faltas, la embajada ha reaccionadocon remedios drásticos y acusaciones tremendas, incluyendo la de contrabandode “al menos ocho toneladas de cocaína” que fue pronunciada por la más altaautoridad nacional especializada en el tema y filtradas a algunos medios, porfuentes secundarias.

En todo esto llama la atención, la “discreción” y la “pulcritud” con que haactuado la oposición –salvo el intrépido Juan Del Granado–, absteniéndose enlo posible de realizar comentarios, observaciones o, sencillamente, expresaralguna opinión, a menos que se haya ejercido una excesiva presión periodís-tica, en cuyo caso hasta lo más audaces y duros opositores se han expresadocon extrema parquedad, encuadrada en un legalismo perfecto, con una neutra-lidad de magistrados y un constitucionalismo sorprendente, porque ha predo-minado, en estas excepcionales y brevísimas declaraciones, el sano criterio depresumir la inocencia de los acusados, tal como manda nuestra Carta Magna.

Inevitablemente surge la duda sobre si el caso Diodato viene a ser lacoronación de un proceso de maduración de los partidos, detrás del cual quedala prolongada historia de violencia verbal y delante del cual se abre unarmonioso horizonte de prudentes llamados de atención, preguntas amablesque sustituyen a las calificaciones lapidarias.

Duda inútil al fin, porque al mismo tiempo que la “sensatez” fructifica entorno al caso Diodato, los grandes partidos continúan enzarzándose en bruscoscombates y acusaciones en cualquier otro territorio de disputa. La prudencia esvirtud estrictamente reservada al caso Diodato, probablemente porque el

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proceso de reclutamiento, participación y premiación del ex capitán MarcoMarino transcurre a través de al menos tres gobiernos diferentes, primero;segundo, porque la fuerza motriz y custodio de la investigación no es, enrealidad, ninguna institución nacional, aunque varias de ellas estén compro-metidas con diversos aspectos de la pesquisa, si no la potencia más poderosade la tierra y la peor pesadilla de nuestros candidatos, si por algún motivo seenemista con cualquiera de ellos y, tercero, porque el jugosos negocio de loscasinos que han funcionado legal e ilegalmente por varios años, sin dudaalguna le ha permitido al señor Diodato relacionarse estrechamente conencumbradísimos representantes de varios partidos.

La parquedad de nuestros políticos profesionales sugiere pánico antes quecordura. Una investigación a fondo, sin concesiones, ni tretas, sin negocia-ciones ni transacciones, podría poner en evidencia un grueso lazo entre elgrupo de Diodato y algunos cuadros estratégicos de varios partidos que hanejercido el poder.

La presencia y el interés extranjero que promovió y mantiene viva lainvestigación no garantiza de forma alguna que la verdad vaya a revelarse,porque es muy bien conocida la inclinación que tienen los aparatos de inteli-gencia de administrar y negociar los resultados de sus investigaciones, másque brindar al público información oportuna y veraz.

Así, puede resultar más provechoso, para los actuales promotores de lainvestigación, reservar información y acumularla en dossieres de inmediatatransacción (cuando se los necesite), para mantener la “buena voluntad” yeficiencia de aliados en distintos gobiernos, respecto a temas diversos, antesque “dilapidar “ tanto “software”, en una abstracta e inusual expresión detransparencia e integridad, términos ambos tan extraños e inusuales para lossujetos a los que nos referimos.

El ovillo Diodato se ha enredado en varios años, gracias a la persistenciade una cultura conspirativista en todo el sistema político y los aparatos deEstado. Especialmente las agencias de inteligencia policial y militar son bolso-nes en los que se cultivan tradiciones antidemocráticas, apasionada atracciónpor el espionaje, la construcción de archivos para el chantaje y la desconfianzapropia de una “razón de Estado” paranoica y opaca a los ojos del público.

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Diodato no infiltró a ninguna institución. Fue invitado y agasajado pormiembros y responsables de esas instituciones debido a sus dotes de guerreroescurridizo y taimado. Los políticos que concurrieron a buscar su apoyo ypatrocinio querían asociarse y compartir su riqueza, sus inversiones y losriesgos que entrañaban.

PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS.

Las principales realizaciones del gobierno son el sostenimiento de un altonivel de erradicación de plantaciones de coca, la aprobación y aplicación de lasleyes de reforma judicial, el avance de la Reforma Educativa y la preservaciónde un buen nivel de respaldo financiero de la cooperación internacional. Estosson los resultados de un modelo político, basado exclusivamente en la llamada“gobernabilidad”.

Si la flexibilidad de todos los partidos “grandes” ha facilitado que lasdecisiones del Ejecutivo se acompañen del necesario respaldo Legislativo, noha contribuido a mejorar la gestión de políticas estatales.

La gobernabilidad, restringida a domesticación parlamentaria y a lacultura política vigente en el país, garantiza que los congresales de lascoaliciones de gobierno acaten disciplinada u obsecuentemente, según sea elcaso, las decisiones, proyectos o propuestas del Poder Ejecutivo. Se asegura deeste modo que no se reproduzcan las condiciones de parálisis u obstrucciónque atacan a gobiernos que no cuentan con una mayoría parlamentaria.

El sistema funciona eficazmente, a pesar de que frecuentemente los sociosdel frente gubernamental que se sienten menos favorecidos con el disfrute delpoder político, extorsionan a sus aliados, amagando con vulnerar el trámite delos proyectos gubernamentales, hasta que se atiendan sus lamentos yexigencias.

Estos berrinches, más o menos escandalosos y tediosos, se reiterancíclicamente y se sospecha que los ministros de gobierno y otros encargadosde la coordinación de poderes estatales han patentado técnicas estandarizadaspara superarlos o neutralizarlos.

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Estas prácticas junto con los pocos o ningún beneficio percibido porgrandes grupos de población, ante la aplicación de las medidas de reforma,deterioran la gobernabilidad en su sentido más amplio y profundo, que es elde un acuerdo general de la sociedad con las prácticas realizadas por elEstado, bajo el supuesto de que se encaminan a realizar de alguna manera elbien común.

En efecto, de manera unánime todos los grandes estudios de opiniónrealizados en el país (por organismos internacionales, estatales, privados yacadémicos) detectan un constante pesimismo en sectores francamentemayoritarios de los bolivianos, frente a las oportunidades actuales y futuras yfrente a la capacidad de los sectores dirigentes.

En homenaje a una cierta tendencia muy difundida de cierto tipo dementalidad nacional, que ama la pompa, la sonoridad y los títulos puedeconcederse que nuestro país bien podría aspirar a figurar como uno de losmodelos, o, con algo de fortuna, a ser el modelo partidario posmoderno delplaneta, gracias a un personal político apoltronado y combativo solamentecuando tiene que gruñir y mordisquear por su pedazo de administración,educado y entrenado bajo un único principio, el de enriquecerse, y buscar subeneficio personal y de grupo.

Antes que una crisis, los partidos se arrastran por un prolongado procesodegenerativo, en el que preservan intactas sus prerrogativas de representaciónformal, pero pierden objetivamente facultades de fiscalización, elaboración ypropagación de valores, a favor de instituciones como los medios de difusiónsocial, cuyo rol político se fortalece e ha incrementado notablemente.

La ausencia de retos inmediatos, como sería un crecimiento intenso ysostenido de la abstención electoral, fortalece las tendencias patrimonialistas,clientelares y prebendalistas de los “grandes” partidos políticos nacionales.

Una consecuencia adicional de estas conductas es la discontinuidadinstitucional de planes y programas que debieran tener una existenciatransgubernamental y un deterioro de la calidad de gestión estatal. Una larvaday progresiva crisis de representación se desarrolla, ante la abulia partidaria yuna pobre labor de los sectores intelectuales.

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Al observar como concurre este proceso de decadencia de los partidos, unsevero debilitamiento de la Policía y las Fuerzas Armadas, de descrédito de lostres poderes del Estado pueda advertirse que el encuentro de estos procesoslleva a la progresiva gestación de condiciones propias de una crisis de Estado.

Persisten problemas centrales por resolver como el de una política consis-tente de enfrentamiento de la pobreza, transformación productiva que permitasuperar las fragilidades de una economía apoyada en la exportaciones frágilesy vulnerables.

El repertorio de ofertas políticas se ha empobrecido y bajo esa influencialos partidos parecen aprestarse a un viraje exclusivamente discursivo, que lespermita aproximarse al desencanto de los electores para revertirlo, con evoca-ciones populistas y socialdemocratizantes de forma antes que de contenido.

No obstante todas las frustraciones el desencanto ciudadano no parecehaber virado hacia una tendencia de rechazo y negación, pero el vacíopersistente en la atención de las más elementales necesidades o la ratificaciónde engaños electorales puede precipitar el desencadenamiento de reaccionessociales muy vigorosas.

Pese a todas las adversidades, la sociedad boliviana vive bajo una tónicademocrática que ha sobrevivido hasta ahora, pero que, para proyectarserequiere de nuevas orientaciones estratégicas que no se vislumbran en elhorizonte.

Por ahora predominan las tendencias que alejan a los proyectos políticosde la ética, mientras que las iniciativas que intentan resolver esta distancia seencuentra aún distantes de la condición de proyectos políticos. Esta es unaauténtica tragedia para una comunidad nacional, cuya proyección y vigenciadependen de un sólido compromiso ético de sus componentes. En Bolivia dehoy y la del próximo siglo, la ética no es un ornamento o un lujo, sino unacondición indispensable de cualquier proyecto válido para el país.

La aparente despolitización ciudadana está más relacionada con el cambiodel espacio político y público que ha traído la globalización, que con unaauténtica pérdida de interés que existe ciertamente, como reacción de

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supervivencia a condiciones que son cada vez más desventajosas para sectorespopulares. Este traslado del espacio político hacia otros considerados usual-mente como “apolíticos”, impone la necesidad de que la representaciónpolítica se diversifique y no se restrinja a los partidos, cuya presencia conti-nuará siendo inseparable del sistema democrático representativo.

La diversificación de las formas legales de representación política, laampliación de los mecanismos de consulta, la proyección ampliada de laParticipación Popular, el establecimiento de responsabilidades y penalidadesa los partidos por las faltas que cometan sus militantes cuando ejerzan comofuncionarios públicos, son algunas medidas urgentes para detener eldesaliento ciudadano y la caída de nuestra autoestima nacional.

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PARTIDOS POLITICOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y MEDIOS DE DIFUSION SOCIAL EN BOLIVIA (fragmento)

Diciembre de 1998 *

Los partidos políticos representan hoy la mayor amenaza para el procesodemocrático boliviano. Si las tendencias antidemocráticas de los partidosse encuentran ampliamente difundidas en todos los rincones del planeta,

sus características son especialmente riesgosas en nuestra sociedad, donde lospartidos se han convertido en formidables desincentivadores de la participaciónpolítica de los ciudadanos y en sembradores de pesimismo e incredulidad.

La acumulación y aceleración de cambios económicos y sociales, como detransformaciones tecnológicas en todos los campos y especialmente en el de lacomunicación han debilitado a escala universal la vigencia y la eficacia de lasorganizaciones partidarias que, ante esta realidad, muestran tal propensión aintensificar sus prácticas torcidas, que el poder político se encuentra cada vezmás asociado al delito. Desde los casos extremos que se manifiestan, porejemplo en Rusia, donde se verifica una vinculación umbilical entre partidospolíticos y asociaciones criminales profesionales, hasta la reiteración y profun-dización de todo tipo de prácticas corruptas que se presentan en muchas de lasdemocracias más sólidas, tradicionales y supuestamente capacitadas paraprevenir esta inclinación, los sistemas partidarios exhiben, casi sin excep-ciones, desequilibrios y contradicciones que exigen a la sociedad encontrarnuevas formas de asociación y representación política.

Para Bolivia que es una comunidad nacional en proceso de formación, congrandes vulnerabilidades y amenazada por grandes riesgos contra su cohesión,el papel que están desempeñando los partidos es radicalmente nocivo.

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En la búsqueda de causas internas que predisponen a los partidos políticosbolivianos a constituirse en principales factores de riesgo para la consolidacióny proyección del sistema democrático, puede identificarse inicialmente a lassiguientes:

√ Tradiciones sociales autoritarias y caudillistas, que incentivan la into-lerancia y el sectarismo en la constitución de organizaciones e institu-ciones y en el tratamiento de conflictos.

√ Racismo, colonialismo y sexismo, abiertos y solapados, que se filtrany difunden en toda la sociedad y se concentran e intensifican en elmicroclima de las relaciones interpartidarias y de los partidos con elpoder.

√ Profundo arraigo, entre dirigentes y militantes partidarios, de lanoción de que el Estado es patrimonio de los partidos que llegan algobierno y que la cosa pública puede usarse para retribuir lealtades yesfuerzos proselitistas. Este concepto se ha fortalecido por la prolon-gada vigencia del capitalismo monopólico de Estado en nuestro país.

√ Tolerancia social hacia los funcionarios corruptos.√ Impunidad judicial de los delincuentes de cuello blanco.√ Copamiento oligárquico de los principales puestos dirigenciales de los

partidos, reservados en gran parte a magnates.√ Predominio de tendencias ideológicas pragmáticas y pérdida o disolu-

ción de referencias éticas; estimuladas por la depauperación de secto-res populares y clases medias, cuyos componentes agotan su existen-cia en una forzada lucha de sobrevivencia.

√ Primitivismo y rezago teórico; abulia intelectual, “cultura” proclive alfacilismo y la improvisación de las elites intelectuales, el mundo aca-démico, la dirigencia y militancia de partidos, sindicatos, dirigentesempresariales, cívicos y de otras organizaciones sociales.

√ Profundas e importantes lagunas en el relevamiento de la realidad eco-nómica y social del país.

√ Postración y crisis del sistema universitario.

Todos los elementos mencionados concurren a favorecer la vigencia departidos mediocrizados y promotores de la mediocridad, la mezquindad y laprofesionalización de sus componentes en el descubrimiento y perfecciona-miento de técnicas de enriquecimiento veloz y copamiento de cualquierespacio de poder, por encima de otra consideración. La existencia de grupos

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y personas a las que no se aplican los anteriores conceptos, representa unaminoría tan reducida que no altera la situación descrita.

En estas condiciones el sistema de partidos se muestra impenetrable atodas las manifestaciones sociales de crítica y censura sobre su actitud y no escapaz de producir tendencias consistentes de cambio.

TRANSACCIONES Y DEMOCRACIA.

La historia de los últimos 20 años de los partidos bolivianos está marcadapor una particular combinación de agudos enfrentamientos e intolerancia, conuna sucesión de alianzas y acuerdos interpartidarios inverosímiles. Estacomposición contradictoria define el rostro de la democracia boliviana confisonomía propia.

Las pugnas, ataques, bloqueos y hostigamiento sectario entre partidoscuyas diferencias ideológicas y programáticas se han disuelto hace variosaños, alcanzan muchas veces una virulencia difícil de comprender. La inquinade estos choques desafía toda racionalidad de la aplicación del patrón deacumulación, aceptado y promovido por los pocos partidos que dominan laescena electoral, y resulta difícil de descifrar bajo una lógica de confrontaciónde clases, fracciones o sujetos sociales, por el enorme peso que tienen lasimprontas personales y la influencia de pequeños grupos.

Al mismo tiempo se verifica una dinámica de pactos, en la que elMovimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) –de lejos el más experi-mentado partido en materia de alianzas– abrió, en 1985, la compuerta a losacuerdos exóticos al incluir en sus listas parlamentarias al Frente Revolucio-nario de Izquierda (FRI), cuyo máximo jefe, Oscar Zamora Medinacelli,llegó a ser el gran timonel de los pactos inesperados e “imposibles” alconcurrir a una alianza organizada por una fuerza, a la que consideraba como“representante del imperialismo”, hasta pocos días antes de dicho acuerdo.

Años más tarde, los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucio-naria (MIR) , profundizaron la huella dejada por el tío de su principaldirigente, sorprendiendo a muchos al aliarse con Acción DemocráticaNacionalista (ADN) para compartir el gobierno, en 1993.

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Desde aquella experiencia los votantes bolivianos parecen haberseinmunizado contra toda forma de pasmo, en lo que se refiere a acuerdoselectorales. Así, el transaccionalismo de corte comercial y el pragmatismo másinescrupuloso se han generalizado y es son los rasgos sobresalientes de laidentidad partidaria del país.

La ventaja de esta tradición es que facilita en algunas ocasiones queoficialistas y opositores logren convenios importantes para actualizar parte dela legislación obsoleta y mecanismos para buscar una mayor transparencia enla elección de funcionarios jerárquicos del Estado.

¿CRISIS O PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN?.

La masiva acumulación de errores y crímenes cometidos por militantes ydirigentes partidarios ha generado una amplia y cada vez más intensa críticasocial, manifestada por medio de editoriales y artículos de prensa; estribillosde marchas y manifestaciones y por un lenguaje cotidiano y universaldespectivo y de censura hacia las organizaciones partidarias. Los sondeos,encuestas y todo tipo de investigaciones de opinión política, testimonian demanera constante que la incredulidad y desconfianza pública hacia los partidosy las instituciones estatales alcanzan, hace mucho tiempo, niveles alarmantes.

Sin embargo, los partidos ostentan una actitud superlativamenteindiferente ante la avalancha de reproches y otras evidencias objetivas derepudio generalizado. Ocasionalmente, cuando una sucesión especialmenteintensa de escándalos avivan estos sentimientos, algunos partidos realizandeclaraciones que rozan el tono de disculpa y ensayan tímidas e incompletasmedidas con la intención de mejorar transitoriamente su imagen.

Ninguno de estos esfuerzos ha alcanzado un nivel mínimo de credibilidady, en el caso de los recientes procesos de “democratización interna” prego-nados por algunos partidos, los resultados han sido tan desastrosos que hanafianzado la creencia de que son simples tretas para detener el posible avancede competidores electorales.

Con estas referencias se han multiplicado los análisis y estudios quecaracterizan la existencia de una crisis de representatividad del sistema

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político, o de los partidos –según sea el punto de vista de los autores– pero,que, en general, se inclinan a pronosticar un inminente cambio, capaz deafectar en corto plazo la vigencia del sistema de partidos en Bolivia.

Tales pronósticos no permanecen en un plano puramente académico, sinoque tienen expresiones organizativas que apuestan a capitalizar un posibleestallido del sistema partidario. Inclusive, dentro de los mismos partidos selevantan, de allá en cuando, voces que anuncian el arribo de Chavez (el actualpresidente venezolano) o Fujimoris, a la escena política nacional.

De acuerdo al punto de vista que se desarrolla en esta exposición, enBolivia no existe propiamente una auténtica crisis de representación sino, másbien, un prolongado proceso degenerativo que puede, o no, desembocar en unacrisis. La discrepancia con el empleo del término crisis sobrepasa el espacio dela prolijidad terminológica (¿puede ser considerada como crisis una situaciónde duración tan prolongada?) y tiene que ver, más bien, con la percepción dela realidad presente y sus posibilidades de evolución.

Quienes hablan de una crisis de representatividad, tienen en mente unacierta relación social de fuerzas y suponen que la tensión propia de la crisisdesencadenará una sucesión más o menos rápida y abrupta de consecuencias.

De acuerdo a mi interpretación la célebre crisis no existe y, enconsecuencia, el proceso de desgaste y descomposición de los partidos políticosbolivianos puede extenderse de manera muy prolongada, antes de que sepresenten reacciones catastróficas. Es decir, la catástrofe puede desarrollarse aplazos y en cuotas de muy cómoda amortización, antes que la sociedadreaccione e imponga medidas imperativas de reforma del sistema político.

Tomando en consideración el nivel actual de desprestigio de los partidosno puede descartarse que una determinada situación precipite losacontecimientos y desencadene una reacción en cadena que remueva loscimientos del sistema de representación política; pero, esta no es la tendenciacentral del proceso.

Esto puede verse al analizar las cifras de participación electoral de lapoblación, desde hace veinte años. Desde las elecciones de 1978 hasta la

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última se verifica un nivel de abstención que ronda el 30%, pero que, con susaltas y bajas, no muestra señales significativas de incremento. La desidia de lospartidos ante las expresiones de rechazo social se fundamenta principalmenteen la constancia de los niveles de participación electoral y la estabilidad de laabstención, así como una rotación de la preferencia electoral de los ciudadanosentre un grupo de unos pocos partidos. La mayor expresión electoral de lainsatisfacción ciudadana es una constante dispersión del voto que es, al mismotiempo, la base de sustentación de un sistema de coaliciones para ejercer elgobierno.

La situación vigente corresponde a una combinación contradictoria decrecimiento de manifestaciones de repudio hacia los partidos con una actitudde resignación electoral. Con la excepción de unos tres núcleos de electorescautivos de igual número de partidos, en los que cada uno de estos núcleos nosupera el 15% del total del electorado, el grueso de la masa de votantes secomporta como un público pragmático que sigue votando, a pesar de sudesencanto, en una búsqueda permanente de opciones transitorias queparezcan responder en cada elección concreta a sus más urgentes demandas.

Este comportamiento se distancia de las tradiciones políticas y electorales,anteriores al proceso democrático iniciado en 1978 y corresponde a una nuevadinámica de sujetos, actores y movimientos sociales que se ha ido forjando ala par de las transformaciones económicas y sociales, iniciadas desde la décadade los años 70.

En el lapso de un cuarto de siglo la economía del país ha experimentadosucesivas crisis y cambios que la han afectado profundamente. Por una parte,el establecimiento y ascenso de una ágil industria de fabricación ycomercialización de cocaína y, por otra, la modernización y transna-cionalización capitalista, bajo el esquema de reformas y ajuste estructuralhan alterado significativamente los mapas sociológicos del país, borrandoclases, grupos, actores y sujetos y creando otros, cuya identidad y concienciapropia distan mucho de haber encontrado un punto de equilibrio.

Esto genera un estado de azoro colectivo que alcanza tanto a sectorespopulares, cuyos sindicatos, asociaciones y otras formas de organizaciónexhiben una merma considerable de presencia, convocatoria y capacidad de

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acción, como a las elites dominantes. Las expresiones de desconcierto sondiferentes en cada caso, pero el resultado general es aproximadamente elmismo: una difundida incertidumbre y dificultad para responder a las nuevascondiciones.

A pesar de que los grupos dominantes han conseguido, finalmente, suanhelo de imponer con franqueza y sin mayores sobresaltos su programaeconómico y político, la aplicación de esta plataforma ha significado unamerma considerable de su influencia económica en beneficio de corporacionestransnacionales, de modo que la burguesía boliviana resulta ser, objetivamente,una de las clases sociales olvidadas por el proceso de modernizacióncapitalista, al haber sido excluida del control de los sectores económicos másimportantes. Tal estado de cosas produce una actitud de aturdimiento de estosgrupos que pensaban haber asaltado el cielo y se encuentran transitando, másbien, por un período de gran inseguridad y estrechez de horizontes.

Todas las reformas que se han aplicado hasta ahora no han resueltoninguno de los problemas centrales del país y se han limitado a atenderconflictos importantes, pero circunstanciales. Queda pendiente el desafío deplantear y ejecutar un proyecto nacional, capaz de aglutinar la confianza y lavoluntad de los mayores sujetos sociales.

Tenemos, en suma, un cuadro de sujetos y movimientos y sujetossociales que enfrentan grandes dificultades en estabilizar su identidad yforjar sus espacios y estilos de actuación propia. Este vacío e indefinición,que no muestran perspectivas próximas de resolverse, son los que alientan lasubsistencia del sistema de representación política, pese a todos sus vicios ydebilidades.

LA INCURSIÓN POLÍTICA DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN SOCIAL.

Además de la desconfianza social y la incapacidad de los partidos parareformarse puede verse como algunas de las más importantes funciones de lospartidos son cumplidas por otro tipo de instituciones, como los medios dedifusión social (MMDS), que han desplazado prácticamente a los partidos delas responsabilidades de fiscalización, crítica, educación y manejo de losdiscursos de control y cohesión social. Los media son hoy mucho más

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eficientes y creíbles organismos de representación e intermediación que lospartidos y su poder político se ha concentrado de una manera muy rápida. Lainterpelación de uno varios media hacia un ministro u otra autoridad tienemucho mayor eficacia que la de cualquier partido opositor.

El incremento del peso de los MMDS en la escena política se ha vistofavorecido por la popularización de las encuestas, convertidas en regla de laaceptación de las gestiones gubernamentales, e inclusive de su calidad. LosMMDS al ser el amplificador de los sondeos y estudios de opinión tienen laposibilidad de pesar directa e intensamente sobre un amplio abanico demedidas adoptadas por los gobiernos.

Esta influencia resulta inversamente proporcional a la claridad programá-tica, cohesión interna y capacidad de gestión de un gobierno, por lo que, deacuerdo a las consideraciones que se han presentado antes sobre la situación ytendencias vigentes en la escena política boliviana, esta influencia tiende adesarrollarse sostenidamente.

Los propietarios de los MMDS, conscientes de esta realidad y lasoportunidades que les brindan, han acelerado procesos de fusión entreempresas y han constituido holdings multimedia que incrementan notable-mente su capacidad de intervenir en las decisiones políticas. La aptitud deagente político activo de los MDDS se produce principalmente a través desus posibilidades de proponer y definir agendas sociales y políticas. LosMMDS pueden relievar, amortiguar o ignorar temas, conflictos y situa-ciones, en beneficio o detrimento de actores y sujetos sociales.

Esta primordial función de definición de agenda (la agenda settingfunction propuesta y estudiada por investigadores norteamericanos y europeosdesde los años 70) se ejerce principalmente por los propietarios de los mediay los principales ejecutivos designados por estos y los periodistas de basetienen poco o ningún control en este proceso; sin embargo, la funciónpolítica del periodista de base también se ha incrementado, a partir del margenque logra para tratar cada noticia en particular.

La capacidad de intervención política de los MMDDS es también inver-samente proporcional a la fortaleza de los sujetos sociales y a su capacidad de

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actuación política e ideológica, de manera que en una fase transicional deidentidades de estos sujetos, tal como la que se vive en el país, la tendencia ycapacidad de intervención de los MMDDS tienen un claro sentido de incre-mentarse.

El crecimiento de las funciones y peso políticos de los media, disputando elrol de representación e intermediación con los partidos, son fenómenos que sepresentan no sólo en Bolivia y que demandan minuciosas investigaciones, por suimportancia en las formas de representación política.

OPCIONES Y SALIDAS.

Las degeneración del sistema de representación y de los partidos políticostiene como principal consecuencia el ensanchamiento de un espacio que puedeser copado por partidos atípicos, como UCS, que aprovecha una ambigua ubica-ción entre el oficialismo y la oposición, o por expresiones nuevas (los movi-mientos Sin Miedo y Bolivariano, por ejemplo) que le den contenido y forma aldescontento social ante los partidos.

El techo de la disponibilidad social para buscar, experimentar y aceptar estasexpresiones partidarias atípicas es la ausencia de proyectos políticos que alterna-tivicen el modelo económico y político vigente. Mientras subsista esta condiciónbásica prevalecerá el pragmatismo de las grandes masas de votantes que se incli-narán por la selección del mal menor.

Sin embargo, el hecho de que no se vislumbre una inminente crisis del sis-tema de partidos no mitiga ni un poco el daño sostenido que su actual con-ducta inflinge al tortuoso proceso de construcción nacional, ni aminora lasposibilidades de efectos de acumulación que pueden conducir a grandes desas-tres sociales, envueltos en una violencia exacerbada.

Hasta ahora se han sumado grandes perjuicios como son una costosa y casiestéril reforma del Poder Judicial, cuyo precio sobrepasa los 100 millones dedólares y que al aplicarse bajo la lógica prevaleciente en los partidos no ha podi-do ir más allá de una re-zonificación de las áreas influencia de los grandes parti-dos y la inclusión de unos dispersos jueces, incapaces por su situación de ampliadesventaja numérica de alterar mínimamente las tradiciones de administración dela justicia. La imposibilidad de elegir un presidente de la Corte Suprema denun-

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cia la despiadada prolongación de las prácticas más mezquinas que el PoderJudicial toma y reproduce de sus mandantes, los partidos políticos.

Los costos son seguramente mayores si se cuantifican aquellos que resultande las menudas pero feroces pugnas, por la que los oficialistas de hoy tratan detorcer y desacreditar la gestión de los opositores actuales; reiterando el rutinarioy tedioso ciclo que se ve con cada cambio de administración.

Dentro de los límites objetivos que se han descrito, la principal opción parasuperar esta amenazante situación pasa por la diversificación de los mecanismosde representación, más que por la búsqueda de un shock que altere radicalmentelo que ocurre.

Tal diversificación incluye:

i. La aceptación de formas de representación diferentes a los partidos,de manera que las candidaturas a puestos electivos puedan ser presen-tadas y sustentadas por organizaciones no partidarias.

ii. La legalización de mecanismos de consulta plebiscitaria y referén-dum, que permitan la intervención directa de los ciudadanos en latoma de decisiones.

iii. La revocabilidad de los mandatos y el impulso de la renovación.

La diversificación de los mecanismos de representación debe acompañarsede medidas para quebrantar la impunidad de altos funcionarios y obligar a lospartidos a incrementar su eficiencia y responsabilidad. Una iniciativalegislativa concreta, en este sentido, es una ley de responsabilidad partidaria,por la que los partidos cuyos militantes cometan actos de corrupción esténobligados a pagar multas por los daños cometidos por sus militantes ydirigentes. Esta responsabilidad institucional solidaria y compartida buscaelevar la eficiencia de los partidos en la selección del personal que asignan apuestos públicos, como un requisito básico que justifique su rol social.

Es necesario trabajar por incorporar a la Constitución Política el derechoa la información, como un derecho humano fundamental que termine con latradición de manejo opaco y turbio de la gestión pública. La razón de Estado,esgrimida para alimentar el secreto y la reserva no tiene prácticamente ningunajustificación en un régimen democrático abierto. El derecho de información ha

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de proteger y consagrar el derecho de los ciudadanos a acceder con facilidad yoportunidad a la información producida por la gestión pública y el trabajo delos funcionarios públicos. El financiamiento público que reciben los partidosdebe acompañarse de una irreprochable transparencia de sus finanzas.

Correlativamente, es necesario proteger de una manera más eficaz yoportuna a los servidores públicos, a los políticos y a los ciudadanos en generalde la calumnia y la difamación, por medio de la actualización de los procedi-mientos previstos por las normas existentes, porque el efecto corrosivo de lasacusaciones infundadas es tan negativo como el de la impunidad y, de hecho,es más bien su cómplice, en tanto que encallece a la conciencia y a la capa-cidad de respuesta social.

La decisiva influencia política de los medios de difusión obliga a que suresponsabilidad política y cívica sea mayor, más abierta y participativa. Bajo estaorientación es necesario reducir radicalmente los precios de la publicidadelectoral y no penalizarla como ocurre. La tendencia a inflar precios contribuyea la degeneración y banalización de mensajes y comportamientos políticos.

La debilidad de la sociedad civil en nuestro medio debe aliviarse medianteel impulso de alianzas tácticas y estratégicas entre diversos actores y sujetossociales, lo mismo que con algunas instituciones como el Defensor del Pueblo,para realizar acciones y campañas que busquen y apuntalen medidas contra lacorrupción, oligarquización y degeneración de todas las instancias derepresentación política.

En el largo plazo, es necesario buscar mecanismos que desincentiven laprofesionalización política y favorezcan que las actividades políticas seancomplementarias a la participación productiva de los ciudadanos y susorganizaciones, porque el incremento de la cantidad y la calidad de nuestraproducción en todos los rubros es la mayor necesidad estratégica de nuestro país.

* Publicada en la revista Ciencia Política, Carrera de Ciencias Políticas,INCIP,UMSA, mayo de 1999

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INDIGENAS, CAMPESINOS Y COCA EN BOLIVIAagosto de 1998 *

Este trabajo se propone examinar los problemas relacionados con la exis-tencia de cultivos de hoja de coca en Bolivia y su relación con la evo-lución de movimientos sociales y sindicales de los campesinos e indí-

genas bolivianos, asumiendo que tales conexiones tienen una importanciadecisiva en la comprensión de las particularidades de la situación boliviana eneste plano.

Se asume que las dos principales características bolivianas, como paísproductor de hoja en comparación con Perú y Colombia son que: 1) losagricultores dedicados al cultivo de hoja de coca han desarrollado una fuerteestructura organizativa y un discurso que ha contribuido a su legitimaciónsocial y 2) que la violencia inherente a la producción, comercialización yexportación de derivados ilegales de la coca es sustantivamente menor enBolivia que en otros lugares.

La segunda característica se vincula principalmente a las particularidades dedesarrollo del Estado boliviano, en el sentido de su permeabilidad y apertura ala fuerza corruptora de los empresarios ilegales productores de cocaína; en segun-do lugar, a las particularidades propias de ese grupo social, más inclinado a com-prar protección y negociar que enfrentarse violentamente con el Estado y, porúltimo, a la cultura política boliviana, en la que al lado de una profunda tradiciónrebelde y combativa de grupos sociales como los obreros y campesinos conviveuna marcada inclinación a la transacción y los pactos, más que una tendencia alos enfrentamientos cataclísmicos. Este tercer elemento es el que se relaciona

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con la importancia y vigencia de las organizaciones y movilizaciones campe-sinas e indígenas con la coca.

OMNIPRESENCIA Y PLURI-IMPOTENCIA.

La existencia de cultivos de coca en Bolivia es prácticamente la principalpreocupación de los gobiernos estadounidenses que desde la década de los años80 han concentrado sus políticas en conseguir la drástica disminución y, even-tualmente, la eliminación de estos plantíos.

Actualmente todos los temas de la agenda de relaciones bilaterales entre losdos países están contaminados de alguna forma por esta obsesión y, ya se trate dela deuda externa, la cooperación en salud o educación, temas arancelarios o cual-quier otro es posible rastrear en los acuerdos y discusiones sobre estos temas,alguna cláusula o referencia, así sea indirecta al tema de la reducción de los cul-tivos de coca.

Los cuatro gobiernos bolivianos elegidos democráticamente desde 1982,han tratado de suprimir o atenuar el impacto de las demandas norteamericanas –ytambién de algunos organismos de las Naciones Unidas– reclamando una sepa-ración de ámbitos, de manera que el actual y evidente condicionamiento a pro-gramas y proyectos no relacionados con los cultivos de hoja de coca no se invo-lucre con estos.

Sin embargo, estos esfuerzos han resultado hasta ahora esencialmenteinfructuosos, puesto que el tratamiento de asuntos económicos, financieros y decooperación en todos los ámbitos resulta de alguna forma condicionado a las exi-gencias de cumplimiento de metas en la reducción de cocales.

Inclusive el anterior gobierno boliviano, encabezado por Gonzalo Sánchezde Lozada, que gozó de un importante respaldo estadounidense para la aplicaciónde una ambiciosa reforma económica que incluyó la casi total privatización de laeconomía y su amplia apertura, al igual que la liquidación del sistema de jubila-ciones anterior por un sistema de ahorro individual privatizado y amplios proce-sos de modernización política y restricción de la influencia sindical, no consiguióalterar la permanente tensión que despliegan sobre el tema de los cultivos de cocael gobierno de EEUU, al igual que organismos de financiamiento internacional.

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En realidad, el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario(MNR) presidido por Sánchez de Lozada, optó por una conducta seguidista de lasdirectrices norteamericanas y no llevó adelante ningún esfuerzo por generaropciones propias y creativas. Es más, durante la campaña electoral de 1997 elMNR intentó utilizar al máximo el retiro de la visa de entrada a EE.UU. que pesasobre Jaime Paz Zamora, convalidando de este modo un mecanismo de chantajeque emplean los gobiernos norteamericanos y que, desde el punto de vista delderecho internacional y de los principios básicos de cualquier sistema jurídicoque respete el derecho de defensa es verdaderamente aberrante.

La descertificación de personas (o sea, el retiro o negativa de obtener visasde entrada a EEUU) es justificada por el Estado norteamericano como una sim-ple prerrogativa de soberanía, por la que, cualquier Estado, tiene la indiscutiblepotestad de admitir o no a un extranjero en su territorio. Sin embargo, la indiscu-tibilidad de tal prerrogativa se apoya además en el funcionamiento de una espe-cie de condena contra quien la sufre, porque con razón o sin ella, en los casos quetal facultad administrativa se vincula a la sospecha de que el afectado mantieneo mantuvo relaciones con el narcotráfico, opera como una sentencia, o una formade muerte civil, que afecta los derechos políticos de las personas afectadas.

Jaime Paz Zamora, jefe y eterno candidato presidencial del Movimiento deIzquierda Revolucionaria (MIR), se ganó esa descertificación, porque ignorandovarias advertencias oficiosas de la embajada estadounidense en Bolivia y unaserie de denuncias públicas de múltiples personas y sectores, cultivó por variosaños la amistad del fallecido Isaac Chavarría, un ex capitán del Ejército bolivia-no que amasó una importante fortuna gracias a la producción y exportación decocaína, según el resultado final del proceso judicial instaurado en su contra.

Oscar EID, segundo hombre del MIR, partido que puede ser caracterizadocomo de orientación socialdemócrata de derecha, purga una condena de cuatroaños que finalizará a finales de 1998, por haber pagado los costos de una cura-ción médica de Isaac Chavarría en 1991.

Los partidos políticos de mayor votación han legitimado completamente losrecursos de presión estadounidenses, elevándolos a la condición de cosa juzgada,con lo que su autonomía frente a las decisiones estadounidenses es cada vezmenor.

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Por su parte, las organizaciones políticas de izquierda, los sindicatos, las orga-nizaciones de los cocaleros y los intelectuales que han intervenido en el debatesobre la coca no han conseguido diseñar propuestas que alteren una correlación defuerzas cada vez más negativa para los grupos campesinos que cultivan la coca.

TRES MARCHAS, DOS CAMINOS.

Creo que una forma muy gráfica de comprender la evolución de la mencio-nada correlación de fuerzas es examinar tres grandes movilizaciones sociales,acaecidas durante la década de los años 90 y en las cuales campesinos e indíge-nas bolivianos han jugado un rol central.

Se trata de la marcha indígena Por El Territorio y la Dignidad, en 1990; lamarcha campesina contra la ley del Instituto de la Reforma Agraria (ley INRA)en 1996 y la que se ha iniciado el 10 de Agosto de este año, por los cocaleros, yque se autodenomina Marcha por la Dignidad.

Las marchas indígenas y campesinas, imitan la movilización de los trabaja-dores mineros que en 1986 decidieron marchar unos 300 Kms. para reclamar porel cierre de minas y despido de trabajadores, sin obtener sus reivindicaciones,debido a que la movilización fue interrumpida por fuerzas militares, durante elgobierno de Víctor Paz Estenssoro.

LA MARCHA DE LOS INDÍGENAS DEL ORIENTE BOLIVIANO.

Pese a ese antecedente negativo, la lucha del movimiento indígena delOriente boliviano, en 1990, obligó al Estado a reconocer derechos básicos de lospueblos indígenas y a gran parte de nuestra sociedad a enterarse de su existencia.Los indígenas consiguieron que su movilización se constituya en un elemento dealto valor simbólico para muchos sectores populares, que apreciaron los resulta-dos obtenidos por la marcha como un triunfo contundente. Sin embargo, hastaahora no se ha terminado de estudiar como fue posible que una minoría del movi-miento indígena1 consiguiera romper la cadena fracasos que había cosechado la

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1 Los indígenas de la zona oriental del país corresponden a 32 pueblos que suman alrededor de 158000 personas,mientras que los aymaras y quechuas del Occidente y centro de Bolivia suman unos 4 millones de personas. Unatercera parte de esa población indígena habita en el Beni. Los pueblos de mayor población son los mojeños (cercade 500000), seguidos por itonamas, movimas, yuracarés, chimanes, pueblos cada uno de los cuales tiene unapoblación menor al 10% de la de los moxeños, y otros más reducidos como los sirionó, chacobos, canichanas yalgunos al borde de la extinción como los cayuvavas y moré.


mayor parte de las movilizaciones populares, a pesar de la existencia de adver-sidades muy significativas. Los indígenas del Beni consiguieron convertirseen una minoría eficaz porque su presencia y actividad llenaba una vacante polí-tica nacional en un contexto de fuerzas que resultó óptimo para sus objetivos yayudó a focalizarlos como representantes de la identidad indígena que el paísempieza a reconocer.

LA MARCHA CONTRA LA LEY INRA.

En el caso de la marcha campesina de 1996, contra la ley INRA, la caracte-rística más relevante de este pasaje es la separación de identidades que se dadurante el desarrollo del conflicto, entre los indígenas, agrupados por la Confede-ración Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB)) y los campesinos, aglutinadosen la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia(CSUCTB).

En otros términos los moxeños, guaraníes y en general los pueblos del ama-zónico- orientales serían indígenas, mientras que los aymaras y quechuas seríancampesinos. Esta separación proviene del manejo periodístico de la información,a partir de las diferencias en la acción que se observan entre ambos sectores, enlas diversas fases del conflicto.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia(CSUCTB) consiguió convocar, organizar y materializar la movilización másimportante de los campesinos, desde 1979, por lo menos. Este enorme esfuerzocongregó a miles de agricultores que llegaron desde todos los rincones del país aLa Paz para protestar contra la ley del sistema nacional de reforma agraria (leyINRA) y los condujo por una ruta que culminó en un intenso sentimiento de frus-tración y derrota.

Durante cerca de tres semanas decenas de miles de campesinos, mar-charon diariamente por las escarpadas calles de la sede de gobierno unas vecesen columnas gigantescas que se apoderaban de la vía principal de la ciudad,otras en torrentes menores que se abrían en una complicada diáspora. Lascaminatas transcurrieron pacíficamente la mayor parte de las veces, pero enotras hubo choques con la Policía, de manera que esta experiencia política derelación directa con el Estado tuvo un toque bélico, algunas veces de guerra demovimientos –cuando la columna mayor de manifestantes colisionaba con los

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gendarmes y otras de guerrilla– en las ocasiones que grupos menoreshostigaban a policías y automóviles.

La preparación e inicio de la marcha, hasta su llegada a La Paz,representó el mayor éxito de la CSUTCB, desde la época del bloqueo en contrade la dictadura del general Natusch Bush.

La Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), por su parte, avanzócon su marcha desde Santa Cruz de la Sierra cerca de 1/8 de la distancia quedebía recorrer hasta La Paz, y allí estacionó sus fuerzas llevando adelante unaprolongada negociación, en el sitio donde se concentraba la columna demarchistas.

La separación geográfica (CIDOB en Samaipata, CSUTCB en La Paz) nofue la más importante de las diferencias entre el comportamiento de las dosorganizaciones, pero reforzó la imagen de separación de orígenes, conductas eidentidades de los dos grupos.

La CSUTCB quedó atrapada entre la potencia de su convocatoria,obtenida por la manipulación de ancestrales temores de las bases y garrafaleserrores del gobierno, y la sensación de impotencia que fue cundiendo entre susbases, en la medida que la conducción impuso objetivos inalcanzables. Es más,los errores de conducción y definición de objetivos determinaron que duranteel desarrollo del conflicto la CSUTCB apareciera más como principal apoyoobjetivo de los empresarios agro-comerciales de Santa Cruz, que comoorganización unitaria de los campesinos pobres y los indígenas.

En cambio, la CIDOB mantuvo una dinámica de negociación quereprodujo las principales características observadas en la marcha de 1990,empezando desde el tratamiento más profundo y fundamentado de los proble-mas hasta el manejo de un discurso que evitó el ultimatismo.

Como consecuencia de estos dos enfoques las bases de la CSUTCBterminaron replegándose con un intenso sentimiento de derrota y frustración,mientras que la CIDOB apareció como sujeto triunfante, cuyo principaldirigente tuvo la oportunidad de representar a indígenas y campesinos en elParlamento Nacional, en el acto de aprobación de la ley objeto de la disputa.

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La dirigencia campesina de la CSUTCB lejos de capitalizar en su favor elhecho de que el Poder Ejecutivo accediera a introducir unas 19 enmiendas a suproyecto de ley, propagandizó intensamente la idea de que estos cambios eraninsuficientes, cuando no simplemente cosméticos y, así, resultó convertida en unpoderoso vocero de su propia ineficacia. Así, los resultados de la marcha para laCSUTCB son:

√ Aislamiento campesino frente a otros sectores sociales√ Intensificación de las fuerzas centrífugas que afectan la estructura sin-

dical campesina√ Confusión de las bases campesinas sobre el contenido, naturaleza y

proyección de los cambios introducidos en la legislación agraria√ Ausencia de una estrategia sindical para marcar objetivos y nuevos

rumbos.√ Debilitamiento del proyecto político-electoral que trató de impulsarse

con la marcha campesina.

Las consecuencias de estos distintos desenlaces para las dos organizacionesse reflejaron de inmediato en la escena política partidaria, donde se desató unadespiadada competencia para cortejar a la CIDOB como aliado electoral, mien-tras que las organizaciones campesinas de Occidente fueron absolutamenteignoradas.

Esta situación refleja una drástica variación, comparada con lo que ocurríapocos años atrás, cuando las organizaciones políticas buscaban afanosamente cop-tar e incorporar campesinos, como mecanismo de reforzamiento electoral de suslistas. Fue dentro de esa tradición que un aymara llegó a la Vicepresidencia de lanación en 1993, como representante de campesinos e indígenas.

Después de las luchas en torno a la ley INRA la posibilidad de una síntesissimilar parece hacerse más lejana y es probable que la distancia entre ambas iden-tidades se haga mayor como resultado de la dinámica sindical y política de laCSUTCB, de la bancada campesina de Izquierda Unida y de nuevas incursionespolíticas de la CIDOB.

Los cuatro diputados obtenidos en la última elección nacional porIzquierda Unida, que representó al movimiento sindical campesino aliado con

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algunos partidos, se obtuvieron todos en Cochabamba, con un gran compo-nente de convocatoria alrededor de los problemas de los cocaleros. Estaenorme concentración geográfica y temática del voto apoya la hipótesis de queexisten enormes amenazas sobre el porvenir inmediato del movimientocampesino quechua-aymara, a raíz de la crisis de su conducción

Un proyecto político que busque canalizar y fortalecer la presenciaindígena en el país tiene el enorme desafío de trazar una estrategia queresuelva esta separación de identidades que hoy está focalizada dentro delas escenas partidaria y mediática, pero que puede ampliar su vigencia a otroscampos si no recibe un tratamiento conciente e innovativo.

Las tendencias internacionales económicas y políticas que actúan sobre elpaís y nuestra propia dinámica interna favorecen a que el Oriente continúe conun ritmo de crecimiento mucho mayor al del Occidente boliviano. El enfoquede desarrollo sostenible vigente en el país, parece ensamblarse en este períodocon una fuerte inclinación para que Bolivia sea parte de una especie deterritorio internacional de reserva (forestal, hídrica y de biodiversidad),esquema en el cual se puede hacer mayor la fractura de identidad y prácticasdel movimiento indígena.

El ensanchamiento de la brecha de identidad favorece a que la minoríaeficiente (indígenas del Oriente) sea cada vez más vulnerable (a la coop-tación y la manipulación) y la mayoría (campesina occidental) progresi-vamente menos competente en el plano político, lo que en el fondo significauna amenaza integral para todo el movimiento. Una estrategia de reunifi-cación y reconstrucción de una identidad colectiva, que contenga las diferen-cias y particularidades del amplio mosaico de componentes que existendentro de lo indígena-campesino, es hoy una urgencia vital para el conjuntodel movimiento indígena.

Además de estas diferencias y riesgos es cada vez más notable ladiferencia de posiciones entre indígenas y campesinos sobre la coca porquemientras que para los primeros ha ido asumiendo un rol crecientementeimportante, los indígenas expresan una actitud mucho más distante. La razónde esta diferencia puede encontrarse en las distintas tradiciones culturales ypolíticas de ambos sectores.

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Ahora, la influencia de los sectores cocaleros en el movimiento campesinono necesariamente significa una ventaja ya que en el último congreso de laCSUTCB la insistencia cocalera por ganar la cabeza de la organización fue unimportante factor para detonar la división de la Central campesina.

LA MARCHA COCALERA.

Existen muy pocas razones para pensar que la reciente marcha campesina,iniciada en el Chapare este pasado 10 de Agosto, puede alcanzar la impor-tancia y la fuerza de sus anteriores cuatro movilizaciones efectuadas en losúltimos cinco años.

Los principales dirigentes del movimiento, con el diputado Evo Moralesa la cabeza, apuestan exactamente por lo contrario y están realizando susmayores esfuerzos para que la amplitud y la energía de la movilización lleguena su más alta expresión, porque saben que otro resultado pueda incrementardramáticamente el riesgo de una derrota catastrófica de la estructura sindicalque conducen. Con ese ánimo, han ampliado de manera extraordinaria lasconsignas y justificaciones de la marcha, denominada sintéticamente, unanueva vez, como “Marcha por la dignidad”.

La protesta campesina pretende detener la aplicación del plan guberna-mental de erradicación de coca, que también se llama “Plan Dignidad”,reclamos por territorio, contra el desempleo y muchos otros que abarcan prác-ticamente toda la lista de reclamos sociales y laborales esgrimidos por laCentral Obrera Boliviana (COB) que se ha declarado solidaria y copartícipe dela organización de la marcha.

La estrategia de base para abrir un abanico de reivindicaciones tan amplioes tratar de conseguir el respaldo y la simpatía de otros grupos sociales, ruralesy urbanos.

En la vereda del frente el gobierno del ex dictador y hoy presidenteconstitucional Hugo Banzer, ha anunciado su decisión de no interferir con lamovilización, siempre y cuando “no incurra en actitudes violentas o de viola-ción de los derechos de otros ciudadanos”. Simultáneamente el aparatopropagandístico oficial está utilizando toda su potencia para caracterizar al

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movimiento como “una narco-marcha”, bajo el supuesto que su organizacióny financiamiento están a cargo de narcotraficantes.

El viraje del lenguaje oficial que no duda de calificar al Chapare como“una factoría de cocaína, violencia, vergüenza y fuente de destrucción paraBolivia”, términos absolutamente impensables hace pocos meses atrás, refleja,por una parte, el repliegue de sectores sociales urbanos que apoyaron a loscocaleros durante varios años y, por otra, la desesperación gubernamental porhacer buena letra frente a las presiones estadounidenses, ante las cuales resultaser el gobierno boliviano más vulnerable, debido al acoso que sufren por eseflanco dirigentes miristas, copartícipes del gobierno, y la cíclica rememoraciónde denuncias hechas en la década de los 80 contra el mismo Hugo Banzer.

El avance de la marcha hasta este momento muestra una drástica caída dela propia capacidad de movilización de los cocaleros quienes a principios deeste año sorprendieron por la virulencia de su resistencia, contra la erradi-cación forzosa de coca que ejecutó el gobierno. Los cocaleros del Chaparebloquearon por semanas la principal vía carretera del país y se enfrentaroncontra fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército, sufriendo bajas de más de9 muertos y unos 60 heridos.

Después de esos episodios la movilización retrocedió rápidamente,exhibiendo una vez más una dinámica muy características de los cocaleros delChapare, entre los cuales se expresan tendencias contradictorias inherentes asu origen y práctica campesina y su condición de comerciantes.

Sus raíces campesinas recogen toda la tradición de combatividad de estesector, potenciada por el hecho que se trata de campesinos migrantes, es decir,de aquellos que muestran una actitud más decidida y ambiciosa. Sin embargo,la dinámica mercantil de la coca y sus evidentes relaciones con los procesos deproducción y tráfico de cocaína han definido nuevas divisiones del trabajo enel Chapare, donde las relaciones capitalistas de salario y acumulación decapital han incorporado nuevos rasgos en la población de esa zona.

Los cocaleros pueden ser caracterizados como la franja campesina conmayores aptitudes para adoptar una cultura de producción capitalista y parti-cipación en el mercado, lo que les otorga un incrementado pragmatismo e

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innegables condiciones para la negociación política. Los resultados de estascondiciones han determinado que pese al enorme atraso y pobreza que seencuentran en el Chapare, esta también sea hoy una región con la mayordensidad de servicios y posibilidades de producción.

Caminos, escuelas, postas sanitarias y electrificación llegan a casi todo elChapare por la aplicación de los planes de Desarrollo Alternativo2 que, noobstante todas sus desviaciones y debilidades, han permitido el asentamientode una infraestructura básica de servicios que es muy difícil de encontrar enotras zonas agrícolas. Al mismo tiempo los cocaleros han adoptado una seriede iniciativas para desarrollar cultivos alternativos, con y sin apoyo estatal, yactualmente la superficie dedicada a esos otros cultivos (palmito, cítricos,piñas, bananas, pimienta, macadamia, entre otros) es tres veces mayor a la dela coca y tiene una fuerte tendencia a expandirse.

Al mismo tiempo, estos avances se ven mediatizados por la policia-lización del Estado en el Chapare, donde prácticamente todas las relaciones dela sociedad civil con el Estado resultan intermediadas por los organismospoliciales, parapoliciales y de inteligencia –nacionales y norteamericanos–,creando un estado permanente de tensión e inseguridad.

La tendencia a la violencia ha crecido mucho con el enfoque del PlanDignidad del gobierno, así sea por el simple hecho de que sus metas son másambiciosas, cuando sus recursos de financiamiento son cada vez menores. Esto

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2 Se llama Desarrollo Alternativo al conjunto de planes y programas para lograr “una sustitución gradual, pacíficay concertada” de la hoja de coca por otros productos. Este enfoque adoptado desde mediados de la década de los80, sobre la base de las prescripciones de la ley anti-drogas boliviana (la ley 1008), ha sido frecuentemente denun-ciado por los campesinos como insuficiente y tramposo porque gran parte de la inversión destinada a la sustituciónde los cultivos se desvía hacia gastos burocráticos e improductivos, incumpliendo los compromisos con loscampesinos. Sin embargo de estas falencias, el Desarrollo Alternativo ha servido, más que como solución económi-ca como un recurso político para la negociación entre campesinos y Estado, atenuando el desarrollo de situacionesviolentas y generando un espacio para la transacción y el acuerdo. El Desarrollo Alternativo ha ingresado ahoraen una fase terminal porque su financiamiento internacional se está extinguiendo, debido a que financiadores comolos EEUU se quejan de que los campesinos erradicaban cultivos viejos de coca, mientras sembraban otros nuevos.La prueba de este comportamiento se encontraría en que la actual superficie de cultivo – de unas 35 mil Has. escasi idéntica a la que existía cuando empezaron, hace unos 15 años, los planes de Desarrollo Alternativo; cuandose supone que los cultivos excedentarios – que son todos los que superen la superficie permitida de 12 mil Has parael consumo legal interno – deberían haber desaparecido. Al analizar estas cifras debe tomarse en cuenta queBolivia ha pasado de ser el segundo productor a ser el tercero, superado ahora por Colombia – hasta hace unos5 años el tercero – donde se aplican planes de erradicación violenta y aplicación de defoliantes, lo que no es per-mitido por la ley boliviana.


induce a los cocaleros a denunciar que la verdadera esencia del Plan Dignidades expulsar a los campesinos del Chapare y entregar sus tierras a inversionistasgrandes, algunos de los cuales ya han empezado a asentarse en esa zona.

La evolución del conflicto en el Chapare preocupa a la mayor parte de lasociedad boliviana, de la cual surgen cada vez más intensas expresiones quereclaman un plan de paz del que participen no sólo el Estado y los cocaleros,sino la más amplia representación de la sociedad civil boliviana, de maneraque se logren acuerdos que sean efectivamente cumplidos y supervisados porsectores independientes.

De acuerdo a las tendencias vigentes es muy probable que en los próximosaños la superficie de cultivo de la coca en Bolivia disminuya significa-tivamente, sin llegar a las metas que se ha propuesto el gobierno. Sin embargo,puede preverse que este retroceso de los cultivos de coca boliviano tendrá unimpacto nulo en la producción y tráfico mundial de cocaína excepto, quizá, enla escala de precios de la cocaína y sus derivados.

El mayor problema que tiene Bolivia, escenario principal de la nodeclarada guerra de la coca que aquí se desarrolla, es que dicho conflicto nolesione seriamente su paz interna, arrastrando consigo al sistema democráticoy generando una situación incontrolable.

* Publicado por la revista AEGD, París, Francia.

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LECTURAS Y PRONOSTICOS SOBRE UN CUADRO GRISFebrero de 1998 *

El análisis que sigue prescinde deliberadamente de toda pretensión deobjetividad, si esta se entiende como distancia, ausencia de compromisoo desarraigo del objeto de estudio. Cuando ese objeto nos involucra tan

directamente cabe reconocer que nuestras pretensiones científicas tienenmucho por recorrer antes de reclamar los blasones que usualmente se reivindi-can en estos casos.

En estas páginas me ocupo y preocupo de procesos y tendencias políticasy presto la misma atención a cuestiones usualmente definidas como de opiniónpública.

ANUNCIOS DE UNA PARTIDA TEMPRANA.

En medio de uno de los períodos más estables de la situación política enAmérica Latina, resulta llamativa la situación del gobierno boliviano que,apenas a seis meses de estrenarse, se ve ante la posibilidad de que sumáximo titular se retire anticipadamente de sus funciones.

Esta contingencia se ha expresado con tanta resonancia que algunosvoceros oficiales y oficiosos se vieron obligados hace unas pocas semanas acomentarla, desmintiéndola o tachándola de simple superchería de sus adver-sarios movimientistas. Pero, en realidad existen más señales sobre la consis-tencia de esta probabilidad que los rumores o chismes de opositores.

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El origen de las versiones y cálculos sobre un prematuro alejamiento delactual Presidente es una cadena de derrotas tácticas del gobierno y la actitud,entre agobiada y áspera, que caracterizó a Hugo Banzer ante esta sucesión dereveses. La lista de contrastes se inicia antes de que se posesione el actualgobierno, con los zigzagueantes anuncios de una elevación de los precios delos carburantes, que fue descartada por Banzer en las primeras semanas de sumandato. El incremento ocurrió de todas maneras y la cascada de microdisminuciones de los precios que ha ocurrido como resultado de la caídainternacional de los precios del petróleo, no ha apagado la indignaciónsucesiva al incremento, ni la pérdida de confianza que ocasionaron loscontradictorios anuncios que le precedieron.

Inmediatamente después y durante un trimestre el frente oficialista sehundió en la fangosa pelea por retazos del poder estatal, protagonizada por lospartidos de la alianza gubernamental, rápidamente rebautizada en ese lapso, demega a pega. El apodo (siempre peligroso y nunca inocente en la tradiciónsimbólica de la política nacional) se complicó con la popularización delconcepto de que los socios gobernantes no disponían de ningún programa,excepto el de saldar cuentas con sus predecesores en la administración estatal.

Ante esta avalancha de disgustos, el gobierno supo darse un respiro,montando la convocatoria y desarrollo del Diálogo Nacional que, objetiva-mente, obtuvo un importante resultado traducido en buenos índices depopularidad y focalización de expectativas sociales. Este éxito desconcertó ala oposición que careció de agilidad y argumentos para neutralizarlo. Aquí, elgobierno aprovechó al máximo las debilidades del MNR que había dejado deherencia una sólida imagen de haber practicado una gestión gubernamentalvertical, autoritaria e impositiva. La ausencia (o mejor perplejidad) de tradi-cionales voceros populares como la COB, también facilitó el triunfo delgobierno.

Sin embargo, la capitalización del Diálogo empezó a desvanecerse cuandoel gobierno, por iniciativa propia, atacó la base de su incipiente nueva imagenal excluir la “lucha contra la pobreza” como supuesta espina dorsal de suprograma, sustituyéndola con un tecnocrático e insípido Plan Operativo, tanhermético y árido para la comprensión del gran público, como carente deinspiración y creatividad para cualquier análisis.

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Las razzias condepistas a oficinas públicas que consideraban de supatrimonio, el gasolinazo y los anticipadísimos anuncios de congelamiento seagregaron como nuevos episodios de confusión política y comunicacional delgobierno.

Sobre la base de este historial se inicia la prolongada lucha por el pago ono pago del “bonosol”, situación aprovechada hasta la última gota por el MNRpara recuperar la iniciativa y jaquear al gobierno. En el balance general de lapelea es muy probable que se encuentre una pérdida neta para el gobierno,afectado por grandes caries en la imagen presidencial, al quedar tipificadocomo un simple mentiroso por la persistente campaña publicitaria opositora yel descontento de los beneficiarios y sus familias.

Por si el plato resultara soso para algún espectador, los socios gobernanteslo aderezaron con intensos pasajes de guerrilla verbal entre UCS y el MIR,ADN y UCS, CONDEPA y ADN, entre los que destacaron acusaciones deañejas y densas historias de corrupción, lazos partidarios con bandascriminales, fraudes fiscales, vaqueros orientales y otros múltiples y coloridosdetalles adicionales.

El anudamiento de todos estos problemas armó el escenario en el quedestacó la desolada figura presidencial, mucho más próxima a la retirada queal combate, aunque en los momentos más duros el general-Presidente optósiempre por un lenguaje brusco y severo, tratando de transmitir seguridad yconfianza. Pero, la agresividad de las palabras no llegó a espantar la imagen deun jefe de gobierno desconcertado, defensista y proclive –dentro de su propiahistoria y tradición personal– a replegarse, ante la posibilidad de un fracasomayor.

EL SUPERVIVIENTE.

Fueron relativamente pocos los comentarios expresados durante la fasepost-electoral que apuntaran a interpretar cuales podrían ser las razones queexpliquen porque Banzer ha conseguido ser uno de los pocos –y másprobablemente el único– de los militares de la fase de las dictaduras de laSeguridad Nacional, que ha logrado mantenerse políticamente activo y eficazen América Latina.

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Las alusiones periodísticas que se hicieron en su momento apenas rozaronel tema y lo describieron más como otro exotismo del país, que como unfenómeno político que pueda y deba analizarse.

El reciente ingreso de Pinochet al Senado en Chile ha dado pie para quese disparen algunas comparaciones más sonoras que certeras, tomando encuenta que predominan las diferencias entre las dos experiencias nacionalescomprometidas.

Uno de los elementos más destacados para explicar esta notable capa-cidad de Banzer para sobreponerse a duros episodios que lo llevaron al bordedel naufragio es sin duda una instintiva y obstinada aplicación del principiode la flexibilidad, preconizado por Maquiavelo como sustancia principal dela virtúd.

La flexibilidad, en el caso de la tortuosa transición democrática en Boli-via, consistió principalmente en no llevar al punto de quiebre la acumulaciónelectoral y política de su partido y optar por armar pactos, con el MovimientoNacionalista Revolucionario (MNR) primero y con el Movimiento de laIzquierda Revolucionaria (MIR) después. Oportunamente estos pactos seexplotaron publicitariamente como auténticas demostraciones de espíritudemocrático y capacidad de concertación y tolerancia.

La prueba de que tales movimientos tácticos no reflejaban un profundoproceso de cambio de convicciones de Banzer y su entorno en Acción Demo-crática Nacionalista (ADN) es la historia interna de ese partido, caracterizadapor el verticalismo de sus decisiones. Por cierto que tal condición está muylejos de ser monopolizada por ADN, ya que se expresa con igual vigor en todoslos partidos políticos de mayor convocatoria electoral.

Pero, también se han visto en la escena gestos de la tradición reaccionariay autoritaria que se anotan en el catálogo de gaffes gubernamentales, como elque ocurrió con la comisión gubernamental encargada de localizar los restosde Marcelo Quiroga Santa Cruz. La actuación del principal funcionario de lainteligencia estatal fue tan torpe que en pocas semanas quedó seriamentedescalificado ante los medios de difusión social.

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Más allá de estos episodios y muchos otros que marcan los más de 20 añosdesde que Banzer fuera forzado a interrumpir la vigencia de su dictadura,persevera la realidad de su presencia constante y decisiva en la escena políticadel país. A pesar de su notable inclinación conservadora, el ahora presidenteencontró, en medio de una turbulenta guerra donde se le espetó continuamentesu historial represivo de cárceles y asesinatos, una ruta que le ha permitidoconvertir una tienda de colaboradores y clientes en una estructura partidariacapaz, finalmente, de proyectarse más allá de su jefatura.

El componente social que le dio fuerza y proyección a los esfuerzos deBanzer y su partido es el reclutamiento de sectores medios franjas popularesque accedieron a algunos bienes tangibles e intangibles, durante los años dedictadura. Esta clientela, oportunamente reclutada electoralmente, se ha com-portado como un público cautivo, leal a su jefe y siempre receloso de posiblesturbulencias y cambios sociales.

La obstinación de Banzer por conquistar legalmente la presidencia delpaís, su perceptible obsesión por modificar los registros de su paso por laconducción del país son los principales ingredientes que favorecen la principaltendencia vigente a que cumpla la totalidad de su mandato.

Frente a esto se encuentra su evidente desconcierto personal ante unasituación mucho más compleja de la que conoció en su experiencia guberna-mental previa, las fallas de su croquis político-organizativo por el cual reservauna serie de áreas administrativas para el simple disfrute y acumulación de unentorno tradicional, al mismo tiempo que reconoce la capacidad de decisiónfundamental al vicepresidente y su equipo y las brechas del frente de partidosque ejerce el gobierno. Todos estos factores abonan la ruta de una retiradaanticipada del jefe de gobierno.

LA RESISTENCIA SOCIAL.

La incongruencia y contradicciones del gobierno no alcanzan eldramatismo que se ha visto en otras situaciones menos complicadas, porque secircunscriben al mundo de los pasillos y despachos estatales y diplomáticos, lomismo que algunas oficinas de grandes corporaciones y medios de difusiónsocial, y no están provocadas ni se acompañan de una auténtica movilización

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de sujetos sociales descontentos; o mejor, de la definición de estrategiasopcionales que ellos puedan plantear.

La situación presente de estos sujetos sociales sigue transcurriendo por unprolongado proceso de remodelación, que amortigua sus manifestaciones ycondena, inclusive a las más ruidosas, a simples turbulencias, perfectamentecontrolables por el poder establecido que, desde hace casi dos décadas carecede adversarios con auténticas posibilidades de provocar cambios.

Los debilitados y cambiantes sujetos sociales, aptos para contestar elorden imperante, no alcanzan a concentrar el umbral de fuerza necesaria paradesafiar la impetuosa vigencia de las tendencias globalizantes por las que dis-curre y se moldea la vida del país. Y aunque la pobreza ha continuado avan-zando, las protestas que convoca pueden frenarse con símbolos y discursosreferidos a la estabilidad y la previsibilidad de la existencia individual yfamiliar.

Más importante que la debilidad táctica de estas fuerzas, inherente a lastransformaciones económicas y sociales que operan en nuestra realidad, es lapersistente crisis estratégica que exhiben al no poder formular, ni siquiera losmás rudimentarios vestigios de un proyecto alternativo, al que se despliegacómodamente en el país.

Toda la bronca de la clase obrera no ha conseguido mellar tal proceso, nialcanza para frenar la disgregación y enquistamiento social que la afectancomo sujeto social. En semejantes condiciones de desventaja, las posicionesmás duras que se han dado en su seno fueron, invariablemente, las que mejorapoyo prestaron a la aplicación de las principales medidas de ajuste estructuraly reforma estatal.

El movimiento campesino ha sido conducido por una ruta de desgaste ydilapidación de las reservas políticas y de prestigio que consiguió acumularhasta la década anterior. En 1996, una marcha de decenas de miles decampesinos que llegó a La Paz, desde los más remotos rincones del país,terminó disolviéndose en una retirada silenciosa y azorada, por los errores desu conducción. Los campesinos, convocados a marchar contra la ley delInstituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), descubrieron tardíamente quelas consignas y denuncias con que los congregaron eran falsas o erróneas.

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La fortaleza original de los cocaleros se ha deshilachado y en menos de unquinquenio su movimiento ha quedado reducido a una plataforma de reivin-dicaciones corporativas, bajo un delgado esmalte de discurso político.

En contraste con la cadena de fracasos de los aymaras y quechuas, lospueblos originarios orientales1 han conseguido ratificar algunos avances y, enalgunos casos, fortalecer su organización. De todos los impactos socialesposibles de la aplicación de la Ley de Participación Popular, el que se observa enalgunas comunidades indígenas parece el más estructurado hasta el momento.

Las capas medias urbanas todavía disfrutan, o padecen, de un prolongadoletargo político, escandalosamente manifiesto entre los estudiantes, traba-jadores estatales y otros sujetos, ferozmente activos antaño. Esta hibernacióntiene como punto de partida la ola conservadora detonada por la superinflaciónde los años 80.

Nuevos sujetos como los microempresarios, cooperativistas, comer-ciantes y otros estrategas de la sobrevivencia diaria, están arrastrados por lalógica de una despiadada e inestable pugna por los mínimos excedentes quetratan de atrapar sus familias, para no sucumbir en las nuevas condicioneseconómicas que trajeron las principales reformas y sus esporádicas mani-festaciones políticas son muy incipientes.

Los sectores más educados e influyentes de estas capas balbucean, sinapoyo ni organización, quejas esporádicas por la inestabilización de laseguridad laboral, el geométrico incremento de las tarifas por los serviciospúblicos y la creciente hermetización del sistema político para admitir,procesar y resolver sus demandas.

Una franja social vinculada a la anterior y en proceso de ascenso aposiciones empresariales ha sido domesticada con algunos excedentesmínimos que aportaron hasta ahora las privatizaciones, destinados a comprarsus servicios gerenciales, técnicos y de de apoyo.

La clase de los empresarios bolivianos no tiene visos de recuperarse del sín-drome post-embriaguez en que vive, al llevarse a la práctica, más allá de todo

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1 Los primeros actúan bajo una lógica identidad campesina, mientras que los orientales se han perfilado ante elresto de la sociedad como indígenas, antes que como campesinos o pobladores rurales.


límite imaginable, su programa histórico de demandas. El vértigo que ha vividola invita a seguir aplaudiendo un proceso de transnacionalización de las princi-pales áreas económicas del país, de las cuales ha sido excluida y proscrita, conley y todo, por el gobierno anterior.

Resulta curioso el entusiasmo empresarial ante una situación donde la rea-signación de áreas de mercado los lleva casi a todos, excepto a los pocos másfuertes, a disputarse el sector inmobiliario y la provisión de algunos pocos bienesy servicios, como prácticamente los únicos “nichos” disponibles, una vez que elsector financiero ha ingresado de lleno a la globalización.

Sujetos sociales regionales, muy activos hace algunos años, muestran unnivel de desgaste y azoramiento ante las modificaciones que se han venidoexperimentando en la estructura administrativa del país. Una posible excepciónes el surgimiento de movimientos ciudadanos en Santa Cruz, como el que se daen torno a la cooperativa telefónica; pero no es posible calibrar su proyeccióne impacto.

HORIZONTES.

No obstante la condición actual de los sujetos sociales contestatarios, es posi-ble percatarse de algunos indicios que anuncian el paulatino agotamiento de la olaconservadora prevaleciente desde hace quince años. La ausencia de verdaderasoportunidades de mejores ingresos, empleos y oportunidades de vida, empuja aque el fetichismo por la estabilidad macroeconómica sea cada vez menos eficazcomo mecanismo de control y alienta la exploración social por nuevas rutas.

En el plano político, esta inquietud difícilmente alcanzará en los próximospara remodelar las tendencias prevalecientes, pero si puede alcanzar para cimen-tar el lanzamiento de una opción que alcance a bosquejar un diseño estratégicoalternativo, o algo que se le parezca.

Por ahora no asoman tormentas para la estabilidad del modelo. La saturaciónsocial del discurso estabilizante se hará más marcada, pero como ya se ha com-probado demasiadas veces, los hartazgos no constituyen programas, ni herra-mientas suficientes para motivar cambios significativos.

La tónica de debate-consenso no está amenazada y ninguno de los partidosexistentes muestra la menor señal de elaborar opciones de cambio, porque todos

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parecen beneficiarse de la subordinación de los sujetos sociales que se encuen-tran en esa situación.

Durante la gestión movimientista se aceleró a extremos vertiginosos lamodernización capitalista del país, en términos de absoluta compatibilidad conla agenda planteada por los grandes poderes financieros y políticos del plane-ta. Los grandes resortes de la economía nacional se han transferido a corpora-ciones internacionales, mientras los capitalistas bolivianos y el Estado se hanreplegado de toda responsabilidad sobre ellos. Los mecanismos de control fis-cal son extremadamente débiles y vulnerables, en un país donde la tradiciónprevaleciente es que los fiscalizadores sean, en el mejor de los casos, eventualo pasajeramente honestos.

Está en marcha un salto de crecimiento en el Oriente del país y un rezagorelativo mayor del Occidente. Los grandes conflictos e interrogantes sobre lamiseria, la ignorancia y el atraso del país siguen pendientes y ninguna tecnologíavigente puede atenderlos, ni menos resolverlos y, ante esto, el horizonte se vetotalmente límpido de alguna propuesta que se proponga enfrentar esos desafíos.

La modernización llega a un delgadísimo estrato que puede fascinarse conel ciberespacio y las jugadas de nuestra esmirriada bolsa de valores, en tanto quea pocos metros de esas cápsulas de futuro se despliega una cruda realidad, dondemujeres y hombres –que conforman la mayor proporción de los bolivianos–sobreviven y padecen en condiciones que corresponden al siglo XIX, sino a algu-no anterior.

Los políticos profesionales y el conjunto del sistema de partidos se mues-tran tan indiferentes ante esta situación, como orgánicamente incapacitados paradarle respuesta. En tanto los nuevos y tradicionales sujetos sociales no busquen,modelen o encuentren alternativas de expresión, acción y organización el ciclocontinuará enviciándose. El porvenir democrático del país y el arraigo y estabi-lización de formas pacíficas de la resolución de nuestros conflictos internosdepende cada vez más de la capacidad de generar movimientos y opciones extrapartidarias de movilización y participación política, para atender los problemasfundamentales que permanecen olvidados.

* Versión resumida. Publicado por la revista Autodeterminación Nº 14, Abril de 1998,La Paz

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REFORMA ESTRUCTURAL Y SISTEMA POLITICO EN BOLIVIA ENTRE 1985 A 1997

Diciembre de 1997 *

La promulgación del decreto supremo Nº 21060, en Agosto de 1985 esaceptada sin reticencias ni disidencias, como la frontera que marca elinicio del proceso de reforma estructural aplicado en Bolivia. Al adoptar

el conjunto de medidas que abarca dicho instrumento legal, el gobierno del exPresidente Víctor Paz Estenssoro, operó una poderosa palanca que modificóradicalmente la realidad nacional, en un sentido integral, sumiendo inicialmenteen la perplejidad al conjunto de sujetos y actores sociales y políticos, y, entreellos, a una buena parte de los miembros del gobierno.

Aunque estos últimos, festejaron la solemne y socarrona declaración delentonces Presidente, cuando afirmó que esas medidas “eran coyunturales deuna coyuntura que duraría no menos de 20 años”, tampoco tenían una nociónexacta de la amplitud y vastedad del proceso abierto.

Comprendían menos aún esta situación las huestes militantes de todos lospartidos, los sindicatos, otras organizaciones sociales y la masa de la poblaciónboliviana. Las concluyentes pruebas de la lentitud con que se asumieron, ytodavía se asumen, los resultados de este desarrollo son las reiteradas yabundantes expresiones sociales que continúan exhibiendo un profundo azorotodavía hoy.

Para situar las raíces de los densos obstáculos que bloquean la capacidadde hacerse cargo de los impactos generados por las reformas, es preciso

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reconstruir someramente algunos de los principales elementos que carac-terizaban la fase inmediatamente previa a su aplicación.

1. LA PRE-REFORMA.

Para 1985, la sociedad boliviana representaba un mosaico prácticamentecompleto de situaciones extremas inherentes a un descontrol económico,social y político, legado por más de una década de dictaduras militares y unacompleja transición al sistema democrático.

Ocho años antes, las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a realizar unrápido y desordenado repliegue de la conducción gubernamental, por lapresión coincidente ejercida por el descontento social y nuevas reglas dejuego, definidas por la administración norteamericana.

La ausencia de convicción con que se abrió el proceso de democra-tización, por parte de los factores de poder desplazados, se manifestó en losintentos de adulterar los resultados de la voluntad ciudadana expresada en lasurnas, por medio de acciones fraudulentas, en 1978, y por juegos y maniobrascongresales en 1979.

La primera de estas actitudes, creó las condiciones para una nuevairrupción militar que tuvo que organizar nuevas elecciones al cabo de unosdiez meses. En esos dos procesos electorales, la Unidad Democrática yPopular (UDP) coalición que incluía a los comunistas, obtuvo un claro triunfoen la votación popular que, por las características del sistema electoral vigenteen ese momento, no se expresó en una neta superioridad congresal.

Esta situación de empate parlamentario de fuerzas condujo en 1979,después de la correspondiente elección, a una solución transaccionalconsistente en la instalación de un gobierno interino, interrumpido antes decumplir un semestre por un cruento cuartelazo.

En 1980, el crecimiento de la votación izquierdista (la UDP y elPartido Socialista sumaban el 45% de los votos emitidos), catalizó ungolpe militar ultra-represivo, ejecutado con el apoyo de la dictadura militarargentina.

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El montaje del golpe y el desarrollo de una dictadura que duró 27 mesestransparentaron algunos fenómenos, incubados en la década anterior y quehabían permanecido solapados por la volatilidad de los acontecimientospolíticos, cuya resonancia y espetacularidad dejó poco espacio para una lecturae interpretación más detenidas de la realidad.

Entre estos acontecimientos, disfrazados detrás del fragor de la escenapolítica, destacan las mutaciones económicas y sus impactos sociales,ocurridas en los años 70. La progresiva e implacable pérdida de importanciade la minería –tradicional eje de la economía boliviana–, el crecimiento de laterciarización, el subterráneo y explosivo desarrollo de la industria y comer-cialización ilícita de cocaína, produjeron grandes cambios en el mapasociológico y el comportamiento de sujetos y actores, que no fueron opor-tunamente registrados ni por los operadores políticos, ni por los inves-tigadores sociales y políticos.

De esta manera, cuando, en Octubre de 1982, se entronizó el gobierno dela UDP, sin más proyecto que una atolondrada convergencia de retóricaspartidarias, se abrió un espacio laberíntico, donde la debilitada insti-tucionalidad estatal se agrietó, al mismo compás con que la economía se des-controlaba, sumida en una crisis superinflacionaria.

La ineptitud estatal para enfrentar la situación estimuló el despliegue deauténticos torbellinos sociales, en los que clases medias urbanas, campesinosy obreros expresaban ruidosamente sus demandas refrenadas en los añosanteriores. La permanente turbulencia callejera urbana impulsó, a su vez, unmalestar empresarial manifestado en una suerte de paranoia política sobre lasupuesta decisión y capacidad del gobierno de Hernán Siles Zuazo paraconducir al país por una ruta socializante.

Tal supuesta amenaza, de ninguna objetividad y menor viabilidad, sirvióde sustento a un accionar de las principales fuerzas parlamentariasopositoras: las del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) yAcción Democrática Nacionalista (ADN), que hostigaron sin tregua algobierno y bloquearon las escasas iniciativas del Poder Ejecutivo pararemediar la situación.

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Atenazado por ambos flancos y prisionero de sus propias contradiccionesinternas, el gobierno de la UDP encabezó, resignadamente, el itinerario quedesembocó en la abreviación de un año de su mandato y la convocatoria a unaelección general, en la que resultó ungido Víctor Paz Estenssoro como jefe deun nuevo gobierno constitucional.

2. SUJETOS Y ACTORES SOCIALES.

La manera en que se ha identificado en el párrafo anterior a losprotagonistas de la aguda y persistente movilización social del período quese describe, no permite descubrir una serie de factores que tienen granimportancia y conviene revisar apretadamente.

2.1 LOS SUJETOS.

De los tres sujetos mencionados el que encierra una mayor complejidad esel aludido como “clase media urbana” que, muy lejos de la presuntahomogeneidad que podría revestir en otras realidades tal categoría, presenta enBolivia un abigarramiento de fracciones y capas que le confieren una granversatilidad política e ideológica.

Este auténtico conglomerado de grupos sociales engloba a sujetosoriginados en tradiciones productivas precapitalistas, como artesanos, ypequeños comerciantes –autodenominados gremiales–, tanto como a franjas,vinculadas principalmente a procesos de modernización capitalista de laeconomía boliviana, formal y principalmente informal. Destacan entre losúltimos un heterogéneo sector de productores, como cooperativistas mineros ycuentapropistas de todo género especializados en servicios y microindustrias,artesanos articulados con empresas modernas y micro comerciantes,distribuidores de mercancías de grandes grupos transnacionales.

Los funcionarios estatales, incluyendo en un puesto privilegiado a losmaestros de escuelas, ocupan un lugar prominente en las acciones políticas deeste sector social. Con su dinamismo y agresividad consiguieron, en elperíodo udepista, desplazar objetivamente a los trabajadores mineros de laconducción sindical de la Central Obrera Boliviana (COB), imprimiendo susello en la dirección de los conflictos. Su vitalidad política se mantiene hasta

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hoy, pero con una marcada tendencia decadentista, que mella su fuerza,dilapidada en paroxismos de radicales y periódicos enfrentamientosreivindicativos con el Estado.

La clase obrera ya había sufrido para ese momento una menguaconsiderable de su fuerza, cuantitativa (disminución de los constructores yfabriles, disminuidos por tendencias recesivas de la economía) y cualitativa(nacida del desplazamiento de la minería como actividad nacional principal ycrisis política de la izquierda), que ha llegado a su casi extinción en estosmomentos. A partir de 1986, el declive de los precios del estaño abrió paso a lallamada relocalización, por la que cerca del 90% de los obreros mineros de lasempresas estatales, fueron expulsados de sus fuentes de trabajo, lo que terminóde consolidar la pérdida de centralidad obrera en el movimiento sindical.

Entre los campesinos se observaba desde finales de los años 70, unaorgánica tendencia descampesinizadora1, por la aceleración de las migracionesal área urbana, al igual que el debilitamiento de grupos políticos de conduccióntradicional radicados en el Altiplano y el nacimiento de nuevos lideratospolítico-sindicales como el de los cocaleros (unas 75 000 familias deagricultores especializados en el cultivo de hoja de coca, ubicadas en vallesinterandinos y regiones tropicales del país). Durante los 80 también se cimentóel proceso por el cual minorías étnicas de indígenas de la Amazonía y elOriente del país, afirman una identidad social y política distinta a loscampesinos.

Esta es la de pueblos originarios e indígenas, que en la década siguiente sedistinguirá, separará y llegará a plantearle contradicciones abiertas a lasorganizaciones campesinas. Este grupo ha llegado a exhibir una sorprendentecapacidad para capitalizar las centenarias luchas de los campesinos occi-dentales (también indígenas: aymara y quechuas, en este caso) y superarlas encuanto a capacidad de negociación con el Estado y establecimiento de pactosy alianzas con otros sectores de la sociedad civil boliviana.

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1 El término descampesinización alude a los procesos económicos y sociales por los cuales el agricultor es "expul-sado" de sus actividades económicas tradicionales, parcial o totalmente, migra hacia centros urbanos y se va dis-tanciando de sus raíces.


Los indígenas del sector Oriental del país se han constituido en unaauténtica minoría eficaz2 que, en una cultura como la boliviana, tieneimportantes posibilidades de proyectarse.

La burguesía y el estrato más alto de la clase media urbana tambiénsufrieron impactos durante este período, en los que naufragaron econó-micamente un importante sector de empresarios mineros, lo mismo que gruposcomerciales fuertemente vinculados a altos burócratas estatales, que habíanacumulado fortunas personales por medio de prácticas delictivas, en el manejode recursos públicos.

En cambio, fue fortaleciéndose, por una parte, el sector empresarialespecializado en la producción y exportación de la soya y, por otra, una franjatecno-burocrática de gerentes, administradores y consultores de diversasramas, cuyo número ha crecido rápidamente, al igual que su influencia en lasdecisiones políticas.

El peso político de el empresariado de la región oriental se ha reflejadovigorosamente en la acción del Comité Cívico de Santa Cruz, que a la cabezadel movimiento constituido por estos organismos en todo el país, ha exhibidouna extraordinaria capacidad de presión sobre el Estado, conduciéndolo aadoptar múltiples decisiones en su beneficio.

No obstante la evidente dificultad que existe para localizar con precisióny seguir su trayectoria, no cabe duda que la fracción empresarial ilegalespecializada en la producción y tráfico de cocaína tuvo un rol político muyimportante. Fuertemente asociada a la subversión del proceso democrático ainicios de los 80, consiguió un fuerte arraigo y, luego, la diversificación de susactividades económicas. En un principio llegó inclusive a conseguir sino unalegitimación, al menos una actitud permisiva de varios sectores sociales y delEstado. Esta situación empezó a cambiar desde 1986, cuando una de susbandas asesinó a un destacado científico boliviano.

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2 Este movimiento abarca a unas 30 etnias que difícilmente representan el 10% de la población aymara y quechua, queconstituyen, directamente y por expresiones mestizadas la mayor parte de la población del país. Los indígenas orien-tales han obtenido en menos de una década un conjunto de reivindicaciones, incluyendo modificaciones constitu-cionales (como el reconocimiento de sus autoridades tradicionales, legalización de sus derechos propietarios sobre elterritorio que ocupan, etc.,), que no fueron alcanzadas por los pueblos aymara y quechua, durante siglos de lucha.


Su presencia contribuyó decisivamente a profundizar prácticas decorrupción estatal y social y dejó una fuerte huella en la política donde, a raízde sus prácticas de cooptación e infiltración en partidos políticos, incentivó laspresiones norteamericanas en este campo.

3. EL SISTEMA POLÍTICO Y LAS REFORMAS.

El sistema político muestra un ostensible retraso respecto al avance delas transformaciones económicas que se han experimentado en los últimosdoce años. En este último campo, los impactos que es posible observarahora, tienen una considerable relevancia, que aventaja de maneraextraordinaria a la evolución de las esferas política y jurídica. Esta distanciaamenaza con crecer excesivamente, a medida que se arraiguen y expandanlos efectos de las transformaciones económicas; a pesar de los esfuerzos quese hace para tratar de acompañarlas.

3.1 LAS REFORMAS ECONÓMICAS.

Las reformas económicas han sido las que han ocupado el mayoresfuerzo, dedicación y tiempo en la experiencia boliviana. Partiendo delconjunto de medidas anti-inflacionarias y estabilizadoras contenidas en eldecreto 21060 de 1985, se ha transitado un largo camino en el que el Estado harenunciado a su participación en el sector productivo, para concentrarse en lasesferas de la normatización y la fiscalización.

La capitalización y privatización, al transferir al área privada el manejo delas grandes empresas económicas públicas, ha cerrado el ciclo del capitalismoestatal y ha adecuado la estructura económica del país a las tendencias globa-lizadoras. Las modificaciones sociológicas que ello trae apenas empiezan,pero de hecho son profundas.

El proceso de privatizaciones se inició en 1993, con el auxilio de una leyde privatizaciones, transfiriendo empresas de las Corporaciones deDesarrollo3, pero manteniendo intactas las grandes empresas estatales de laminería (COMIBOL), petróleo (YPFB), y de servicios: telecomunicaciones,electricidad, aeronavegación y ferrocarriles.

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3 Tales Corporaciones fueron creadas, hace unos 30 años, bajo una óptica de impulso al desarrollo de los 9Departamentos en los que se encuentra dividido el país. Bajo su responsabilidad se realizaron diversos experi-mentos de industrialización que resultaron truncos en la mayor parte de los casos.


En 1993, el MNR triunfó en las elecciones, proponiendo, entre otrosplanteamientos, la capitalización de dichas empresas. El paquete global dereformas, en este campo, incluía la capitalización, la creación de un Sistema deRegulación Sectorial (SIRESE), orientado a establecer mecanismos defiscalización y la reforma del sistema de pensiones4.

Otras leyes económicas, o de fuerte y directa repercusión en ese campo,que se aprobaron en el gobierno del MNR (1993-1997), son la Ley Forestal; laLey del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (ley INRA) que fija un marcoregulatorio sobre la propiedad de la tierra, tributación en el área rural y otrosaspectos conexos; la Ley del Medio Ambiente y el Código Minero.

En cuanto a la capitalización, la propuesta llegó a aplicarse exitosamentey la resistencia en su contra resultó atenuada, con el argumento de que lacapitalización permitía mantener el 49% de las acciones de las grandesempresas en “manos del pueblo boliviano”; tales empresas debían resultarbeneficiadas con una inversión, de parte de los socios estratégicos (losconsorcios inversores que pasaban a tomar control de la administración de lascapitalizadas) que debía alcanzar un monto no inferior al valor en libros quetenían las empresas estatales antes de pasar a capitalizarse.

Con la única excepción de los ferrocarriles, que fueron transferidos aconsorcios chilenos5, los niveles de oposición social al proceso resultaronmanejables para el gobierno y significaron menos contratiempos y obstáculosque los generados en otros campos.

La resistencia a la reforma de pensiones fue mayor, porque los jubiladosobjetaron que el nuevo sistema de capitalización individual ponía en riesgo elpago de pensiones al sector pasivo. Sin embargo, la batalla se inclinó a favor delgobierno cuando puso en marcha la creación del bono solidario (Bonosol), queconsiste en un pago único por año, a las personas que hayan cumplido 65 añosde edad. El pago sería supuestamente perpetuo (hasta la muerte del beneficiario)

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5 La susceptibilidad política respecto a Chile se remonta al siglo pasado, en el que mediante una guerra Chile seapropió del litoral boliviano, con el consecuente encierro del país.

4 La propuesta gubernamental del MNR tiene un horizonte mucho más amplio, en el que se diseña una estrategia dedesarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Este enfoque se encuentra explicado en el PlanGeneral de Desarrollo Económico y Social (PGDES), elaborado y editado por el ministerio de DesarrolloSostenible en 1995.


y se financiaría con las utilidades del 49% de las acciones de las capitalizadas;es decir las que corresponden a la “propiedad del pueblo bolivian”, de acuerdo ala ley de capitalización.

Este beneficio ha sido suprimido por el gobierno de Hugo Banzer que harevertido el proceso a sus términos originales –sólo de capitalización individual,con la eliminación del Fondo de Capitalización Colectiva, que permitía pagar elBonosol–. Las discrepancias de enfoque que existen en el manejo del ahorronacional que representa ese porcentaje de acciones de las capitalizadas son hoyun foco de intensa disputa entre el oficialismo y la oposición.

Como se apuntó al principio de este título, las reformas económicas tienenun vigor e impacto extraordinarios, tanto en términos de la relación del país conel mercado internacional, como en el de nuevas modificaciones sociológicas,prácticas sociales y simbolizaciones colectivas.

Con su aplicación que el Estado no sólo debería reducir drásticamente elpapel de gran empleador que ha tenido, sino que se espera la extinción de prác-ticas empresariales muy difundidas que buscaban mantener la salud de múltiplesactividades económicas privadas, mediante la consecución, discutiblementelegal, de todo tipo de contratos por bienes y prestaciones de servicios al Estado.

Desde una perspectiva global puede advertirse que la liquidación del Estadobenefactor obliga a un conjunto de sujetos sociales a tomar nuevas ubicacioneseconómicas y políticas, al igual que a reformular grandes bloques de de valoresy referencias simbólicas, lo que, a la larga, lleva a una importante remodelacióndel imaginario social y de las concepciones sobre roles y perspectivas de prácti-camente toda la sociedad civil.

4. GOBERNABILIDAD Y CALIDAD DE LA GESTIÓN ESTATAL.

Si la flexibilidad partidaria, aludida párrafos atrás, ha facilitado la posibili-dad de que las decisiones del Ejecutivo se acompañen del necesario respaldoLegislativo, no ha contribuido a mejorar la gestión de políticas estatales.

La gobernabilidad, restringida en la práctica a los términos mencionadosmás arriba y a la cultura política vigente en el país, garantiza que los congresa-

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les de las coaliciones de gobierno acaten disciplinada u obsecuentemente, segúnsea el caso, las decisiones, proyectos o propuestas del Poder Ejecutivo. Se ase-gura de este modo que no se reproduzcan las condiciones de parálisis u obs-trucción que atacan a gobiernos que no cuentan con una mayoría parlamentaria.

El sistema funciona eficazmente, a pesar de que frecuentemente los sociosdel frente gubernamental que se sienten menos favorecidos con el disfrute delpoder político, extorsionan a sus aliados, amagando con vulnerar el trámite delos proyectos gubernamentales, hasta que se atiendan sus lamentos y exigencias.

Estos berrinches, más o menos escandalosos y tediosos, se reiteran cíclica-mente y se sospecha que los ministros de gobierno y otros encargados de la coor-dinación de poderes estatales han patentado técnicas estandarizadas para supe-rarlos o neutralizarlos.

Estas prácticas junto con los pocos o ningún beneficio percibido porgrandes grupos de población, ante la aplicación de las medidas de reforma,deterioran la gobernabilidad en su sentido más amplio y profundo, que es elde un acuerdo general de la sociedad con las prácticas realizadas por elEstado, bajo el supuesto de que se encaminan a realizar de alguna manera elbien común.

En efecto, de manera unánime todos los grandes estudios de opinión rea-lizados en el país (por organismos internacionales, estatales, privados y acadé-micos) detectan un constante pesimismo en sectores francamente mayoritariosde los bolivianos, frente a las oportunidades actuales y futuras y frente a la capa-cidad de los sectores dirigentes.

La desconfianza ciudadana toca casi a todas las instituciones y sólo losmedios de difusión social y la Iglesia católica mantienen promedios de credibili-dad aceptable. El Parlamento, los partidos políticos, la Policía, el Poder Judicialy la administración central –entre los principales– se encuentran en una fieradisputa por ganar la cabeza de la incredulidad y el rechazo públicos.

La capacidad de reacción del sistema de partidos ante esta situación es prác-ticamente nula, en tanto que todos los procesos de reforma interna que han expe-rimentado hasta ahora, no sólo preservan a los más conspicuos operadores y

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representantes de tendencias verticalistas, prebendales y clientalistas, sino quemantienen inmutables estas prácticas. Indiferentes ante todo riesgo de que se pro-fundice la crisis de representación expresada en algunos de los índices de actitu-des ciudadanas que se han mencionadas, los partidos no muestran atisbos de rec-tificación de sus prácticas más viejas y nocivas.

Una consecuencia adicional de estas conductas es la discontinuidad ins-titucional de planes y programas que debieran tener una existencia transgu-bernamental y un deterioro de la calidad de gestión estatal.

5. LAS REFORMAS PENDIENTES.

La reforma educativa ha sido, desde el momento en que se plantearon yempezaron a aplicarse las demás, la más popular y esperada de todas, según múl-tiples estudios de opinión realizados en los últimos cinco años. Sin embargo, eshoy la más rezagada de todas y la que confronta mayores amenazas para susobrevivencia.

Sus enemigos más destacados son: un fuerte conservadurismo ideológico delos grupos sindicales que hegemonizan la organización de los maestros de escue-la, el temor arraigado entre muchos de los maestros de que la reforma inestabili-za sus fuentes de empleo e ingresos y un accionar estatal descuidado y contra-dictorio que ha favorecido la proliferación de temores y prejuicios, al excluir a lareforma educativa de la agenda de sus prioridades.

Atormentada por decenas de interrupciones de clases, intensas campañaspropagandísticas que la identificaban, ayer, como sinónimo de privatización dela educación y, hoy, como triquiñuela para “formar mano de obra barata”, lareforma educativa ha avanzado lenta y dificultosamente, siempre amenazadapor la intolerancia y la precariedad de la formación de recursos humanos en estaárea. Pese a todas estas desventajas, la primera evaluación académica que se hahecho de los alumnos que se encuentran bajo el régimen de la reforma, en escue-las primarias, muestra que se han obtenido resultados interesantes en los camposde la motivación, participación y capacidad crítica de esos estudiantes. En cam-bio, existe un retraso considerable en la aplicación de la enseñanza bilingüey del enfoque pluricultural que se propone imprimirle a la reforma.

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El desafío central que tiene esta reforma -so pena de extinguirse en unamaraña de disputas permanentes- es aplicar sus principios de movilización y par-ticipación activa de los padres de familia en el proceso, por medio de las Juntasescolares, creadas por la ley para fiscalizar y fortalecer el avance de la reforma.Un mecanismo de esta naturaleza parece ser el idóneo para alterar un crónico ydesastroso empate de fuerzas, que cierra las posibilidades al salto cualitativo quese requiere sin más demora en este campo.

Las universidades que han quedado objetivamente fuera de la jurisdicción dela Reforma educativa, no han mostrado hasta la fecha ninguna aptitud, ni deseopara generar internamente las políticas que son necesarias para superar los extra-ordinarios niveles de mediocridad que se observan, tanto en el área fiscal, comoprivada. Los problemas que esto ocasiona están muy lejos de circunscribirse alcampo puramente académico, porque pesan decisiva y estratégicamente en lacalidad general de los recursos humanos, limitando las posibilidades nacionalesen el campo de la producción material e intelectual en su sentido más amplio.

La reforma del sistema judicial tiene hasta hoy una cadencia y un conteni-do que permiten prever un estancamiento, bajo la apariencia de un engañosoremozamiento. La arbitrariedad y el carácter exaccionador que priman en el fun-cionamiento de los mecanismos de administración de justicia son hoy uno de lospeligros más temibles para lograr el funcionamiento de formas de gobernabili-dad, basadas en la confianza y la participación activa de la ciudadanía.

La traba principal para realizar transformaciones verdaderas en este campoes la actitud de los partidos políticos que se niegan rotundamente a renunciar a lasubalternización a la que es sometido el Poder Judicial, por parte del PoderEjecutivo, parlamentarios y dirigentes influyentes de partidos opositores u ofi-cialistas. Tal estado de cosas se refuerza por las graves deficiencias de los recur-sos humanos que se encuentran en este campo.

Sin una decidida intervención de la sociedad civil es dudoso que los caros ylaboriosos cambios legislativos que se están ensayando para reformar al PoderJudicial lleguen a alterar la penosa realidad en que se desenvuelve. Una claramuestra de esta inclinación ha sido los fuertes intentos que se están ejecutandopara alterar y hacer retroceder varios cambios, en beneficio de la población penaly encausados de escasos recursos, ejecutados por el ministerio de Justicia.

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La Estrategia de Transformación Productiva del Agro, concebida a finales dela administración anterior como una reforma de segunda generación, para enfren-tar la pobreza crítica de la población rural, mejorar sus índices de desarrollohumano y promover un salto tecnológico que garantice la sostenibilidad del pro-ceso, recibió un tímido impulso hasta el cambio de gobierno, para luego ser igno-rada y sepultada en pocos meses.

Igual destino parece esperarles a los Seguros materno-infantil y de la vejez,instituidos en 1996 y descalificados por el gobierno que conducirá el país hastael 2002.

6. TENDENCIAS CENTRALES.

Antes de ser relevado, el equipo gubernamental que protagonizó el diseñoy ejecución de reformas entre 1993 a 1997, descubrió por medio de múltiplespesquisas de opinión que gran parte de la sociedad había llegado a un hartazgofrente a la continua alusión a cambios y reformas. También se hizo patente quela estima mayoritaria por las reformas no se había convertido en convicción, nimucho menos, de que fueran beneficiosas para los cuidadanos, quienes expre-saban que no mejoran la calidad de vida, ni las condiciones concretas de exis-tencia de la abrumadora mayoría de los encuestados.

La sociedad boliviana ha resistido con bastante estoicismo la aplicaciónde políticas de ajuste en un lapso muy breve. Lo que puede verse ahora es unaintensa modernización del sector tradicional de la economía que estuvo enmanos del Estado y hoy en las de grandes corporaciones transnacionales. Losíndices de desarrollo humano de la mayoría de los bolivianos se mantienen enun nivel crítico.

El importante crecimiento de la economía que se ha prometido como resul-tado de la capitalización, de otras importantes inversiones y de la exportación degas al Brasil tiene una fuerte tendencia a concentrarse en la región oriental, mien-tras que seguirá creciendo el desequilibrio geoeconómico y geopolítico que afec-ta a la fría y alta región Occidental.

Pero, en cualquier punto cardinal del país existen problemas centrales porresolver como el de una política consistente de enfrentamiento de la pobreza,transformación productiva que permita superar las fragilidades de una economíaapoyada en la exportaciones frágiles y vulnerables.

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La unidad nacional del país ha soportado duras pruebas de larguísimos pro-cesos de colonialismo interno, discriminación y racismo que se han atenuado enel tormentoso proceso político que se extiende por cerca de 60 años, pero estascontradicciones existen y se alimentan de abismales desigualdades de vida yoportunidades.

No obstante su tradición de rebeldía, el pueblo boliviano ha mantenido,durante los últimos años, una actitud esencialmente pacífica para la resolución desu problemas. Todas las intentonas de modificar esta tendencia han sido social-mente descartadas.

El sistema democrático no parece amenazado por ninguna otra posibilidadque no sea la desconfianza y repudio de los ciudadanos frente a las elites diri-gentes y particularmente a los partidos políticos, la burocracia gubernamental, losparlamentarios, la policía y los funcionarios judiciales. Una larvada y progresivacrisis de representación se desarrolla, ante la abulia partidaria y una pobre expre-sión de los sectores intelectuales.

El repertorio de ofertas políticas se ha empobrecido y bajo esa influencia lospartidos parecen aprestarse a un viraje discursivo, que les permita aproximarse aldesencanto de los electores para revertirlo, con evocaciones populistas y social-democratizantes de forma antes que de contenido.

No obstante todas las frustraciones el desencanto ciudadano no parecehaber virado hacia una tendencia de rechazo y negación, pero el vacío persis-tente en la atención de las más elementales necesidades o la ratificación deengaños electorales puede precipitar el desencadenamiento de reaccionessociales muy vigorosas.

Pese a todas las adversidades, la sociedad boliviana vive bajo una tónicademocratizante que se impone hasta ahora, pero que, para sobrevivir y proyec-tarse requiere de orientaciones estratégicas que no parecen vislumbrarse en loinmediato.

* Inédito

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LA MARCHA INDÍGENA DE 1990 (fragmento)Redactado en marzo de 1992 *

INTRODUCCION

La columna ascendió con lentitud y dificultad los últimos quinientos metros.Muchos de los marchistas concentraban obstinadamente su atención, oal menos su mirada , en la cruz que corona la helada cumbre, como una

manera de hacer menor esa especie de fuego que les quemaba el pecho, unaespantosa sequedad de la boca y la prolongada fatiga que los había acompañadoen las jornadas de ascenso.

Para quienes habían vivido toda su existencia en el llano y en la selva, nuncaa más de 600 metros de altura sobre el nivel del mar, conquistar los más de 4500metros que tiene la cima, después de la cual empieza el descenso hasta la ciudadde La Paz, era una dura tarea. Cada tramo de la marcha que empezaron treinta ydos días antes había tenido su propia marca de dificultad, pero sin duda este eraespecialmente difícil no obstante la proximidad de la meta.

Y aunque los 600 marchistas indígenas se encontraban rodeados desde hacevarias horas por vehículos y camarógrafos, por voluntarios y paramédicos y porsimpatizantes, cada mujer, viejo, hombre o niño sentía con especial e íntimaintensidad el ascenso por la ventosa y fría ladera y el camino asfaltado.

Arriba se veían los ponchos coloridos de los aymaras y quechuas que habí-an ido a recibirlos en un homenaje triunfal. Los moxeños, yuracarés, movimas,chimanes y sirionó que componían el grupo iban al encuentro de los indígenasandinos y de la desconocida ciudad donde radica el poder al que le reclaman terri-torio y dignidad.

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Los marchistas llegaron a la ciudad de La Paz el 17 de Septiembre de1990, habiendo recorrido a pie cerca de 700 kms., desde el día 15 de Agostoen que partieron de Trinidad, ciudad capital del Beni.

El grupo original estuvo compuesto de 300 personas, de las cuales casi untercio pertenece al pueblo sirionó, lo que significa que más de una cuarta partede la población de El Ibiato, que es el centro donde se concentra la mayor partede la población sirionó participó de la movilización política más importante de1990, y de las que más grandes repercusiones políticas ha tenido en Bolivia enmuchos años.

Hasta hoy está planteada la pregunta de como fue posible que un grupomuy reducido de la población, con una influencia económica extremadamentepequeña en el contexto nacional, con una experiencia política desconocidapara el resto de los bolivianos, sin haber constituido alianzas orgánicas conotros grupos sociales, consiguiera concentrar a su alrededor la atención de losmedios de comunicación, la simpatía de un amplio rango de sectores socialese instituciones, obligando al gobierno a atender sus demandas.

Este trabajo se propone explorar algunas posibles respuestas a esainterrogante, por medio del exámen de la experiencia particular del pueblosirionó, como uno de los componentes importantes de la movilización social ypolítica de los indígenas del Beni.

Se ha seleccionado la experiencia sirionó porque no obstante de que es ungrupo minoritario dentro del movimiento indígena del Beni, y su participaciónes relativamente reciente dentro del movimiento, ha conseguido definir unperfil propio, reconocido por los otros componentes de la Central de PueblosIndígenas del Beni (CEPIB), que es la máxima instancia organizativa de esospueblos.

Los sirionó constituyen un característico “actor político”, componente deun colectivo mayor que es el de los pueblos indígenas del Beni. En Bolivia másde la mitad de la población es de indígenas, siendo los quechuas y aymaras lospueblos más numerosos con una población estimada de 3 millones depersonas, entre ambos, en tanto que los 16 pueblos indígenas que habitan elBeni suman unas 57 mil personas, de las cuales cerca del 95% pertenecen a

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uno de los grupos del pueblo moxeño que es el de más prolongada y con-sistente tradición organizativa y posiblemente el animador principal de lasacciones políticas1, por las cuales estos pueblos han reivindicado su derecho aterritorio propio, reconocimiento de su cultura, tradiciones y autoridadespropias y una defensa de los bosques y pampas que habitan.

En el trabajo focalizaremos nuestra atención en la “MARCHA POR ELTERRITORIO Y LA DIGNIDAD” que es la acción política de mayor alcancee impacto realizada por los pueblos indígenas del Beni.

LOS INDÍGENAS BENIANOS.

Bolivia es uno de los países sudamericanos con mayor población indí-gena. Los quechuas y aymaras que habitan la zona andina tienen un fuertesentido de identidad que se ha ido afianzando en las últimas cinco décadas dela historia del país. En su seno se ha constituido un poderoso movimientocampesino y cerca de diez partidos políticos que expresan reivindicaciones deestos pueblos se han creado en los últimos quince años, habiendo participadoen elecciones nacionales, consiguiendo representaciones parlamentarias.

Aunque la votación de estos partidos no ha sobrepasado en ningún caso el5% tienen una influencia importante en las organizaciones sindicales campe-sinas y, algunos de éllos son centros de producción ideológica muy intensa.Desde 1987, al menos tres movimientos armados han proclamado una orien-tación de reivindicación indígena. La mayor parte de las agrupacionessindicales y políticas que se reivindican como representantes o afines a losaymaras y quechuas se denominan cataristas en homenaje a Tupac Catari,caudillo indio que dirigió una importante rebelión en el siglo XVIII.

Los indígenas de la zona oriental del país corresponden a 32 pueblos quesuman alrededor de 158000 personas2. Una tercera parte de esa poblaciónindígena habita en el Beni. Los pueblos de mayor población son los mojeños(cerca de 500000), seguidos por itonamas, movimas, yuracarés, chimanes,

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1 "Elementos de diagnóstico Socio-económico regional del Departamento del Beni" Navia Carlos. CIDDEBENI. 75pp. mimeo. Trinidad, Bolivia, 1988 (inédito).

2 "Plan Nacional para la defensa y el desarrollo indígena". Instituto Indigenista Boliviana, Ministerio de AsuntosCampesinos y Agropecuarios. La Paz, Bolivia. 1990


pueblos cada uno de los cuales tiene una población menor al 10% de la de losmoxeños, y otros más reducidos como los sirionó ,chacobos, canichanas yalgunos al borde de la extinción como los cayuvavas y moré.

La región que hoy corresponde al Beni fue conquistada por los españolespor medio de misiones jesuíticas que llegaron a esa zona en las postrimeríasdel siglo XVII. En las misiones se agrupó a la población indígena dispersa, loque ya de por sí significaba una radical modificación de los hábitos de estospueblos que tendían a una dispersa ocupación del territorio como respuesta alos requerimientos del ecosistema de inundación que es la llanura beniana.

El pueblo mojeño, dividido en varias parcialidades, pero de un solo orígenetnolingüistíco, arawac, que migraron desde el extremo norte de Sud Américay el Caribe en época muy anterior a la conquista, constituía la poblaciónmayoritaria de las misiones jesuíticas. Hasta ahora no se ha explicado larelación precisa de los mojeños con los restos de grandes obras de riego ytécnicas agrícolas que ya fueron descritas por los jesuitas y que en los últimosaños son objeto de nuevos estudios.

Se trata de vestigios arqueológicos (canales, promontorios, obras de riego,camellones, piezas cerámicas) que dan pistas de la existencia de un imperioque habría alcanzado un gran desarrollo tecnológico especialmente agrícola.Cuando los españoles llegaron a la región de Moxos solo encontraron losrestos de ese imperio. Los indígenas mojeños no podían explicar suvinculación con los restos de esas obras y hacían alusiones vagas a “losantiguos” como artífices de las mismas.

La influencia jesuítica fue, lo mismo que en otras experiencias en estazona del continente, particularmente grande entre la población nativa que haincorporado importantes rasgos de religiosidad católica y organización sociala sus propias concepciones, mantenidas, muchas veces, en secreto o adaptadasa los requerimientos y exigencias de la cultura de los conquistadores.

Esto se manifestó vigorosamente después de que los jesuitas fueronexpulsados en 1767, y que fueron sustituidos por las autoridades políticas dela corona, gobernadores, y un flujo creciente de población civil criolla ymestiza. En esta nueva fase los abusos contra los indígenas se hicieron

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rápidamente mayores, alcanzando su peor momento durante todo el período dela explotación de la goma.

LA EXPERIENCIA DE LOS SIRIONÓ.

El sirionó es un pueblo cuyos orígenes permanecen parcialmente en lapenumbra. En la actualidad se ditribuyen 4 grupos de un total de 900 personas,(censado por la propia organización sirionó) que tienen una sola raizlingüística, tupi-guaraní. De acuerdo a Zulema Lehm3 la población sirionó seditribuye en: el grupo mayor que habita el Ibiato con 90 familias, Ascenciónde Guarayos con 50 familias, Tibaena 25 familias y en San Pedro de Richard10 familias (se considera que cada unidad familiar abarca 5 personas).

Quienes han estudiado con mayor detenimiento a los sirionó, Holmberg(1942) y Stearman (1987), coinciden en atribuir a los sirionó un origen ubicadoen el sur del continente (Paraguay-Brasil)y que por medio de migracionesllegaron a ocupar parte del territorio boliviano. Citando a Pifarré, Lehm (1991)asevera que esta migración es muy anterior al siglo XVI. En los testimoniosque hemos recogido durante la realización del estudio no hemos encontradoentre los sirionó que viven en el Ibiato ningún tipo de referencia históricareferida a sus orígenes que vaya más allá de princios de este siglo.

Los ancianos sirionó que recuerdan y transmiten oralmente su conoci-miento, relatan acontecimientos que han podido ocurrir aproximadamenteentre 1910-1920. Nordenskjöld (1911) que no llegó a entrar en contactodirecto con los sirionó apoya la hipótesis de otros autores respecto a que lalengua de origen tupi-guaraní que utilizan los sirionó puede ser no original delgrupo sino impuesta por un proceso de conquista guaraní, lo mismo que haocurrido con otros pueblos, y que los sirionó podrían ser un grupo completa-mente distinto de todos los guaraníes. En el mismo trabajo refiere como estepueblo, completamente diferenciado de los demás y conocido y temido por sushábitos guerreros (Holmberg los ha caracterizado como “nómadas de arcolargo”) eran particularmente reacios a todo tipo de contacto con los blancos ymestizos y cómo los pocos que eran capturados morían con gran facilidad encautiverio.

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3 "La demanda territorial del pueblo sirionó". Lehm Zulema. CIDDEBENI. 30 pp, mimeo. Trinidad, Bolivia. 1991


El grupo original que tomó la determinación de asentarse en el Ibiato fueaumentando paulatinamente de número con la llegada de otros núcleos que seencontraban dispersos en la selva aledaña y en el bosque de San Pablo.

En alguna oportunidad se capturó algún sirionó solitario y errante quellegaba hasta el Ibiato para robar brasas encendidas, porque los sirionó nodominaban técnica alguna de encendido del fuego y viajaban con brasas queles permitían encender sus fogatas. Cuando por alguna razón estas se apa-gaban, tenían que realizar incursiones a otras tribus o poblados blancos paraproverse de brasas.

LA REIVINDICACIÓN TERRITORIAL DE LOS SIRIONÓ EN EL IBIATO.

El Ibiato (70 Kms al SO de Trinidad), es una pequeña población de una 31chozas de palma dispuestas alrededor de un promontorio artificial de unos 30mts de altura (Ibiato significa loma alta en lengua sirionó) construído en épocaprecolombina, posiblemente como tantos otros de similares caracteristicas quecorresponden a la cultura moxeña. En la cima existe una pequeña iglesia deadobe, lo mismo que la casa pastoral que se encuentra ubicada a unos cienmetros y que está hoy desocupada, mientras que las únicas construcciones deladrillo son las aulas de la escuela y un pequeño laboratorio, donde la biólogaestadounidense Wendy Townsed desarrolla una investigación sobre la fauna dela zona, con patrocinio de la Universidad de Gainsville, Florida.

Desde 1933 primero Tomas Andreson4 y luego su hijo Juan llevaron acabo trámites legales para que se delimitara una concesión de tierra a título dereserva indígena, solicitando una superficie de 23.000 has. Hasta 1988 laresponsabilidad principal de estos trámites ante el Estado estuvo a cargo de losmisioneros.

A diferencia de los moxeños, los sirionó no tenían una tradiciónorganizativa que les permitiera formular demandas ante las autoridades y elEstado. Sus caciques (ererecua, en lengua sirionó) cumplen funciones

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4 La Iglesia Cuadrangular es un grupo evangélico fundado en 1923 por Amy Semple McPhearson, una disidente dela Iglesia Bautista que trabajó posteriormente con Las Asambleas de Dios. Decidió fundar su propio grupo porqueno le permitían predicar por ser mujer. El pastor Tomás Anderson, quien estableció la "reducción" del Ibiato, fuemisionero en China y luego se estableció en la ciudad de Trinidad en 1930.


estrictamente internas en el manejo de asuntos de la comunidad. Cuando entre1986-1987 empiezan a desarrollarse importantes manisfestaciones de des-contento y movimientos organizacionales entre los moxeños, los sirionó seencuentran al margen de esa situación. Los moxeños y otros pueblos indígenasenfrentaban, en esos momentos, una intensa agresión de compañias madererasque estaban extendiendo con rapidéz sus operaciones. Los bosques donde sehabían refugiado varios grupos indígenas, como resultado de las movili-zaciones de la búsqueda de la Loma Santa.

Los indígenas habían llegado a una situación límite porque “ya no existíanmás espacios de búsqueda de la Loma Santa, no existe más posibilidad deresistencia a través de la huída...”5. Al estar practicamente agotada laposibilidad de continuar replegándose a sus espacios originarios, los indígenasse veían forzados a enfrentar el cerco “carayana”6 con su avanzada demadereros y ganaderos.

Esta situación que se había iniciado con el proceso mismo de la conquistaespañola empeoró notablemente con la reforma agraria de 1953, que significóla distribución gratuita de tierras “vacías”(en realidad habitadas por losindígenas).

La concepción modernista y occidental de la Reforma Agraria7 noconsideró para nada las características propias de los pueblos indígenas deloriente boliviano, cuyas actividades y sobrevivencia están vinculadas eldominio de un territorio y no a la propiedad de la tierra, como es el caso de laactividad agropecuaria tradicional y moderna y de los campesinos.

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5 "Reconocimiento, demarcación y control de territorios indígenas: situación y experiencias en Bolivia". NaviaCarlos. CIDDEBENI. Trinidad, Bolivia, 1991.

6 Carayana es el término que usan los indígenas para referirse a los "blancos", indistintamente se trate de descen-dientes u originarios o de mestizos. La palabra designa antes que nada hábitos y actitudes y diferencias culturales,enfatizando la connotación del carácter dominante y opresivo que tiene el "carayana" frente a los indígenas.

7 La Reforma Agraria se realizó en Bolivia, 1952, como consecuencia de una insurrección armada que derribó elviejo régimen minero-terrateniente que regía en Bolivia. La reforma obedeció a la presión de campesinos aymarasy quechuas de la zona andina del país. Se repartió la tierra en pequeñas unidades familiares y en la zona oriental(llanura y selva) se hicieron grandes concesiones para alentar la formación de una agroindustria moderna. Deacuerdo a Arnaldo Lijerón (testimonio personal), maestro de escuela que ha trabajado en organismos de apoyo almovimiento indígena del Beni, la reforma agraria y la reforma educativa, fueron medidas que afectaron profun-damente a los indígenas porque, la reforma agraria anuló la validez legal de los títulos que certificaban lapropiedad de los indígenas sobre su tierra, y la reforma educativa constituyó un verdadero etnocidio al imponer laenseñanza en español, negando las lenguas indígenas.


La relación de hombre territorio, entendido este último como totalidad derecursos naturales de una región, resulta especialmente importante para puebloscomo los sirionó, que dependen de la caza, pesca y recolección para subsistir.

LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA.

La masiva explotación forestal que comenzó a desarrollarse entre 1986-1987, despues del levantamiento de las reservas forestales del bosqueChimanes (noroeste del departamento del Beni), la actividad de empresasmadereras en el bosque del Isiboro - Sécure, donde también se produce unarápida e intensa colonización de campesinos migrantes de la zona andina delpais aumentó la presión sobre las zonas a las que se habían replegadomoxeños, movimas, chimanes y otros pueblos indígenas. También en algunaszonas ganaderas, el equilibrio entre empresarios ganaderos e indígenas se hizomás dificil por el requerimiento de superficies más extensas de pastoreo a raízdel crecimiento de los hatos de ganado.

La respuesta indígena ante ese progresivo acoso fue la persistenteremisión de quejas y denuncias ante organismos como la Asamblea Perma-nente de Derechos Humanos8 y la rápida extensión de formas asociativas entrelas distintas comunidades indígenas que se veían compelidas a unirse paratratar, conjuntamente de contener la agresión en desarrollo.

Los actores más activos de este proceso de resistencia fueron loscomponentes de las distintas parcialidades del pueblo moxeño, quienesconstituyeron entre 1987-1988 la Central de Cabildos Indígenas de Moxos(CCIM). De acuerdo a la información disponible, durante todo su desarrolloesta asociación, basada en el funcionamiento de la suerte de asambleaspopulares en las que una comunidad indígena delibera y decide sobre losproblemas comunes, tuvo un carácter netamente espontáneo. Esta Asambleas,llamadas Cablidos y que tuvieron su plena formalización –para las

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8 La Asamblea Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Bolivia (APDDHHB) es una institución nogubernamental creada y apoyada por instituciones y personas próximas a la Iglesia Católica y, posteriormente,organismos sindicales y partidos políticos de izquierda. Ha tenido un importante papel de denuncia de arbi-trariedades cometidas por dictaduras militares. En el Beni su existencia fue muy precaria en la década de los 70,por una debilidad considerable de las organizaciones sindicales de los partidos izquierdistas. Reestructurada en1986, fue tomando un impulso considerable a partir de su creciente compromiso con el movimiento indígena y hoyes una de las organizaciones principales de la Coordinadora de Solidaridad que apoya a la CPIB.


comunidades indígenas, no para el Estado– desde la época de la misionesjesuíticas, habían perdido importancia en muchos casos, lo mismo que lasautoridades tradicionales, los corregidores. Las necesidades organizativas delos indígenas se orientaron hacia la revalorización de los cabildos y larecuperación de importancia de las autoridades tradicionales.

El movimiento recibió respaldo de parcialidades de la iglesia católica,particularmente de los sacerdotes y monjas de la parroquia de San Ignacio deMoxos y parte de la jerarquía eclesiástica de la ciudad de Trinidad, de EPARU(Equipo Pastoral Rural)9, CIDDEBENI (Centro de Investigación yDocumentación para el Desarrollo del Beni)10 y la APDH.

De acuerdo a las entrevistas realizadas, el apoyo de estas instituciones seconcentró en respaldar la coordinación entre los representates de distintascomunidades y la realización de eventos organizativos como encuentros,congresos y seminariso que proliferaron durante 1988, 1989 y 1990.

Los eventos organizativos más importantes del movimiento fueron: 8encuentros de corregidores y representantes comunalesde la Sub CentralIndígena de San Ignacio, 3 encuentros de corregidores y representantes delTerritorio Indígena Multiétnico (Bosque de Chimanes), 2 encuentros entre losrepresentantes de las tres áreas (Chimane, Isiboro-Sécure e Ibiato) y el PrimerCongreso de Unidad de Pueblos Indígenas del Beni en el que se conformó lamáxima instancia organizativa del movimiento, la Central de PueblosIndígenas del Beni (CPIB). En el Parque Isiboro-Sécure se realizaron variosencuentros de los indígenas de la zona y también se llevaron a cabo seminariosinternos y varios eventos de carácter técnico (capacitación en el manejo debosques, p. Ej.) y de solidaridad (Navia, 1991).

Los sirionó comenzaron a participar del movimiento indígena cuandoéste ya tenía una cierta consistencia y desarrollo. Los caciques sirionó que

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9 EPARU se ha especializado en el asesoramiento y apoyo legal en trámites de indígenas y campesinos para obten-er y consolidar títulos agrarrios, ante organismos estatales

10 CIDDEBENI, se organiza entre 1984 a 1985, por un grupo de 6 jóvenes profesionales universitarios vinculados alMIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) del cual se alejaron en los siguientes tres años. En la actualidadCIDDEBENI ha organizado una amplia documentación sobre el movimiento indígena y ha participado en su desar-rollo y avance en carácter de institución asesora.


participaron inicialmente en algunos eventos organizativos, no se interesaroninicialmente en afianzar sus nexos con la CCIM. La situación de modificó apartir de que Tomas Ticuazu (52 años) un sirionó del Ibiato, que vivió desdesu adolesencia en Trinidad, fue invitado a participar de una de las reunionesdel CCIM. Impresionado hondamente por la percepción de la importanciadel proceso que se desarrollaba, consultó a los pobladores del Ibiato sobre siautorizaban a que los represente en posteriores eventos. La comunidadaceptó esos términos y Ticuazu resltó ejerciendo el papel de “dirigente”, quees distinto al de los caciques, porque resulta ser una especie de “embajador”de la comunidad ante las autoridaes y organismos estatales, y el mundo“carayana” en general.

La actividad de Ticuazu contribuyó decisivamente a estrechar lasrelaciones de los sirionó con la CCIM, al mismo tiempo que fue un importantefactor de estímulo en la participación y organización interna de los sirionó.Pero, sin duda, el factor decisivo que determinó un salto en dicha participaciónfue el conflicto entre el pueblo sirionó y la Universidad Técnica del Beni.

Entre los meses de julio hasta fines de agosto de 1989 se desenvolvió unagudo conflicto originado por la ocupación, por parte de los sirionó, de uncentro agropecuario de propiedad de la UTB que se encuentra dentro de loslímites del terrritorio que reclaman los sirionó. Durante este período seprodujeron importantes señales de reacción por parte de sectoreshabitualmente alejados de los problemas que confrontan los indígenas, comoson las autorides docentes y estudiantes de la Universidad.

Se redactaron y publicaron cartas, comunicados y declaraciones delconsejo universitario, así como las correspondientes e inmediatas respuestasde los sirionó e inclusive se llevó a cabo un debate público entre representantesde la universidad y los sirionó.

El análisis de la documentación que ha quedado como testimonio de esa con-troversia es muy interesante, especialmente si se toma en cuenta que, desde hace12 años, con la sóla interrupción del 80 al 82, por causas de la intervención mili-tar a las universidades -golpe de estado de García Meza y gobiernos dictatorialesde la época- la UTB, lo mismo que la mayor parte de las 8 universidades estata-les que existen en Bolivia, ha tenido como autoridades a militantes y simpati-

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zantes de partidos de izquierda. En la UTB, esta presencia política fue estructu-rada alrededor del Partido Comunista de Bolivia que ha mantenido la conducciónde la universidad por medio e diversas alianzas, especial pero no exclusiva-mente, con otros partidos de izquierda.

Tanto el PCB como otros partidos de la misma franja ideológica o similarhan mantenido dentro de sus plataformas programáticas algún punto de apoyo alos movimientos indígenas. Sin embargo, mientras el conflicto llegó a susmomentos de mayor teensión, fue posible advertir la fragilidad de dichas decla-raciones de buenos propósitos y un hondo desconocimiento de la realidad, einclusive de la propia existencia de los movimientos y reivindicaciones indíge-nas. En efecto, tanto los documentos referidos, como una encuesta muy parcialque hemos realizado entre militantes y dirigentes de izquierda, muestran que esdifícil hallar criterios propios y definidos de los miembros de esas agrupacionesrespecto al movimiento indígena y , que por lo tanto, se pueden detectar prejui-cios y criterios de esas personas y agrupaciones que son perfectamente indife-renciables de los partidos conservadores.

En el problema que aquí se analiza, varios de los componentes de la UTBexpresan de forma mas o menos abierta, conceptos en los cuales se manifiestasu incredulidad frente a que la ocupación de tierras por parte de los sirionóobedeciera a un auténtico reclamo territorial de ese pueblo y se cuestionaba lalegitimidad de la demanda sirionó por tierras de pastoreo ya que, en conceptode los responsables de algunas declaraciones institucionales de la universidad,los sirionó por su tradición de cazadores, pescadores y recolectores no podrían,legítimamente, pretender la propiedad de tierras de pastoreo y cultivo. Comolo hace notar Lehm(1991) se ignoraba que para 1988 los sirionó del Ibiatotenían un hato de 300 cabezas de vacunos y que desde 1931 desarrollaron unaconstante práctica agrícola.

De hecho en todas las entrevistas que realicé en el Ibiato se enceuentra quepara el entendimiento común de los sirionó, la agricultura tiene un papel esencialcomo mecanismo de monetización y de riqueza. En palabras de Dalia Sosa Irubi(23 años) habitante del Ibiato: “los fondos (dinero) los conseguimos del chaco...mientras más grande es el chaco (parcela que se cultiva) tenemos mayores posi-bilidades de tener más dinero”.

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La escasa diferenciación económica que existe entre los habitantes del Ibiatoestá sustentada por la mayor o menor extensión de los cultivos familiares demaiz, plátanos, yuca y arroz, como productos principales. Juana Irubí, la únicacacique mujer de la comunidad, nos explicó que la inversión necesaria paraampliar y mejorar el terreno cultivado se obtiene de los excedentes que resultande un “contrato” esto es, generalmente, trabajos de construcción realizados porlos indígenas para propietarios de estancias o haciendas (propiedad privada capi-talista donde se practica la ganadería) por los que reciben un pago.

Los sirionó respondieron a los argumentos empleados por los funcionariosde la universidad con un discurso primordialmente ético por el que reivindican sucarácter de dueños originarios del territorio en disputa, al mismo tiempo quedenunciaban grandes fallas en la eficiencia administrativa de las propiedades dela universidad, en las cuales, según denuncias de los sirionó, se producen graví-simas anormalidades, como robo de ganado por parte de los administradores, loscuales con frecuencia atribuían a los sirionó ese abigeato.

El debate público entre representantes sirionó y de la universidad fue unaexperiencia política notable para los sirionó, porque les permitió un entrena-miento indispensable que después les sería muy útil cuando participaron endiscusiones y negociaciones con autoridades del gobierno.

En el tiempo que duró la fase aguda de la controversia con la Universidad,las relaciones entre los sirionó y la institución universitaria llegaron a ser muytensas, pero luego se ha producido un cambio de actitud de parte de la comuni-dad universitaria que ha aceptado que las dos haciendas en disputa sean compra-das por el gobierno para después ser transferidas a los sirionó y, además, laFacultad de Ingeniería Forestal está realizando un programa de inventariación derecursos forestales que es de extrema importancia para el movimiento indígena.

LA PREPARACIÓN DE LA MARCHA.

En noviembre de 1989 el movimiento indígena del Beni realizó el primerintento de llevar a cabo una movilización que expresara, más allá de su relacióncon el Estado, las reivindicaciones que planteaban ante el conjunto de la socie-dad. Se acordó realizar una marcha que partiera de San Ignacio de Moxos y lle-

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gase hasta Trinidad exigiendo principalmente la resolución de los problemas delBosque de Chimanes y el Parque Isiboro-Sécure. La marcha se inició tal como sehabía planeado, pero no llegó a cubrir sino una mínima parte del trayecto de 90Kms. que debía recorrer, porque el gobierno dictó en esa misma fecha Estado deSitio, como respuesta a una extendida agitación laboral que comprometía princi-palmente a grupos asalariados como el de los maestros. El Estado de Sitio abor-tó la marcha, pero pese a lo fallido de la medida ésta sirvió de muy importanteantecedente y experiencia que permitiría realizar un intento ulterior.

Cuando en las entrevistas personales con indígenas y miembros de las orga-nizaciones de apoyo se ha intentado conocer por qué se optó por la realización deuna caminata como forma de expresión política, se han obtenido algunas res-puestas que clarifican el asunto. Para el dirigente sirionó Tomás Ticuazu, la mar-cha era un mecanismo obligado y prácticamente exclusivo porque debido a lascaracterísticas de la inserción económica de las poblaciones indígenas y los luga-res que habitan, otras formas de protestas como el bloqueo de caminos utilizadopor el movimiento campesino no hubiese tenido efecto alguno, debido a que lasvías que podrían obstruir los indígenas se encuentran en lugares remotos que noafectan al resto de la economía. Las manifestaciones urbanas hubiesen demanda-do un esfuerzo considerable para concentrar indígenas en un centro de importan-cia política secundaria como es Trinidad. Pero la consideración principal de losindígenas para escoger a la ciudad de La Paz como el objetivo de su marcha esque allí se encuentra el Presidente de la Nación, que representa la máxima ins-tancia del poder con quien correspondía negociar, porque ya habían agotado lanegociación con las instancias inferiores, hasta el nivel de ministros.

Tania Melgar, destacada miembro de la APDH de Trinidad, considera que laelección de la marcha como forma de protesta política estuvo influida por laexperiencia de los mineros bolivianos que en 1986 realizaron una protesta lla-mada por ellos “ marcha de la vida”, para reclamar por el despido de cerca del80 % de los trabajadores de la minería estatal.

Ninguno de los indígenas con los que hemos conversado ha hecho menciónalguna sobre este antecedente. Tampoco hemos encontrado alusiones o memoriassobre la primera marcha indígena, realizada en 1945, y en la cual participaron

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indígenas de todos los rincones de la República, quienes llegaron hasta la Paz aconvocatoria de un dirigente aymara. El relato de esta experiencia fue reciente-mente reactualizado por Luis Antezana Ergueta11.

En mayo de 1990 se realizó el “Primer encuentro entre pueblos indígenas”en la comunidad mojeña de Santísima Trinidad ubicada en el parque nacionalIsiboro-Sécure. En junio, los pueblos indígenas del bosque Chimanes, parquenacional Isiboro-Sécure y el Ibiato volvieron a reunirse en el Ibiato (Lehm-1991).

En el encuentro realizado en el Ibiato se decide darle un ultimatum algobierno para el 2 de agosto, fecha hasta la cual si no eran atendidas las deman-das indígenas sería el límite para la realización de una marcha indígena hasta laciudad de La Paz.

La última asamblea llevada a cabo en el Ibiato el 13 de junio fue especial-mente dramática y mostró al resto de los pueblos indígenas la personalidadcaracterística del pueblo sirionó. En la asamblea participaba prácticamente todala comunidad del Ibiato, ancianos, mujeres y niños incluídos, constituyendouna apreciable mayoría numérica frente a los representantes de los otros pue-blos indígenas y unos pocos asesores de instituciones de apoyo. Durante eldesarrollo de la asamblea los sirionó insistieron con énfasis creciente que laúnica forma de conseguir sus reivindicaciones era a través de la guerra y serefería con este término, de una forma casi literal, a su propia experiencia béli-ca, es decir, excursiones sorpresa con la utilización de sus armas tradicionales.La discusión llegó a caldearse mucho porque varios sirionó reprochaban a losrepresentantes de los otros pueblos que no tenían el valor suficiente para asu-mir esa posición. Uno de los asistentes a la reunión relata cómo, en un ciertomomento, los sirionó llegaron a ocupar casi todo el espacio del recinto en quese realizaba la reunión mientras los representantes de los otros pueblos habíanretrocedido agrupados hasta una esquina del local de la asamblea

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11 Los marchistas indígenas empezaron a llegar a La Paz el 13 de Mayo de 1945. Los más numerosos eran aymarasy quechuas que "descendían haciendo sonar sus marchas de guerra por los conjuntos de bombos y zampoñas.Causaron admiración los hombres de taparrabos, flechas y arcos y con vistosas plumas en la cabeza que llegabandesde las selvas del Amazonas." La marcha obtuvo que el gobierno cívico militar encabezado por el coronelGualberto Villarroel, aprobara tres decretos "por los que se abolía el pongueaje, mitanaje y otros servicios decarácter esclavista, así como el colonato o sistema de prestación feudal. Sin embargo no se tocó el problema de latierra, sin llegarse en esa forma, a la solución del problema de la tierra". "La primera gran marcha indígena". LuisAntezana. "Presencia", 10/09/ 1990.


Cuando se llegó a la votación sobre que forma de protesta había que utilizaruna abrumadora mayoría se pronunció por la propuesta sirionó de iniciar la gue-rra. Sólo en el momento en que se hacía conocer los últimos cuatro votos derepresentantes de los otros pueblos se llegó a convencer al resto que no era ade-cuado tomar ese camino sino el de realizar la marcha. A medida que esa convic-ción se extendía entre el auditorio, los sirionó retro-cedían lentamente y los otrosrepresentantes podían avanzar y mezclarse con los miembros de la comunidadsirionó. Al final, de una forma casi resignada, los sirionó aceptaron que “comoúltima oportunidad” de resolución pacífica se realizara la marcha, previo venci-miento del ultimátum ya mencionado.

LA OPINIÓN PÚBLICA REGIONAL

El avance de la movilización y organización indígena pasó en gran partedesapercibido en el Beni. Existen muchas razones para que ocurriera así, comola desvinculación interna del Departamento que se ha anotado previamente, perola principal es con toda probabilidad una cierta conformación ideológica de laopinión pública urbana respecto a los indígenas.

Básicamente se supone que los indígenas carecen de capacidad e iniciativapropias para formular demandas políticas y, en consecuencia, cuando estasdemandas toman carácter público se supone que están manipuladas y dirigidaspor fuerzas externas al movimiento indígena. Una variante significativa de estascreencias que hemos podido detectar en un muestreo de opinión, entre dirigentesy militantes de partidos políticos, asevera que la mestización es tan extendidaBolivia –y, desde luego, en el Beni– que resulta una arbitrariedad referirse a indí-genas, porque nadie lo sería auténticamente y lo mismo ocurriría respecto a losblancos; por lo que se termina atribuyendo a los movimientos indígenas un carác-ter completa-mente artificial o sencillamente extravagante.

Sin embargo, este enfoque omite considerar la rígida distinción que prevale-ce en la vida cotidiana respecto a lo indígena y lo mestizo que resultan peyoriza-dos en la práctica habitual. Así por ejemplo, es de uso muy extendido el término“chori” que designa en el Beni, de manera génerica y despectiva, al indígena. Laspalabras “cunumi” y “camba” identifican, con una conno-tación estigmatizado-ra, conductas y acciones atribuidas a una supuesta naturaleza torcida o simple-mente inferior de quienes son identificados como mestizos (ambos términos tam-bién se emplean de una manera distinta, familiar y afectuosa, en otras situacio-

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nes). En la zona andina de Bolivia ocurre exactamente lo mismo con las indio y“cholo” (mestizo) que son usadas con una pesada carga de desprecio y a veces derepugnancia.

Aquí nos hemos referido a palabras, pero debe recordarse que estas son ape-nas expresiones de una prolongada historia de racismo y colonialismo interno.

Durante la realización del trabajo ha llamado poderosamente nuestra aten-ción lo ampliamente difundidos que se encuentran muchos prejuicios hacia losindígenas en general y en especial hacia los sirionó y que estos preconceptosparecen encontrar eco inclusive entre algunas personas que sustentan posicionesdemocráticas y favorables hacia los sectores populares.

Con gran frecuencia se oye calificar a los indígenas de “flojos” (reacios atrabajar), “inútiles (es decir carentes de iniciativa y habilidades y destrezas) y“pillos” (proclives a robar). Cuando hemos indagado sobre si las personas queutilizan estos calificativos tienen experiencia o conocimiento personal de situa-ciones que permitan proban sus aseveraciones no hemos encontrado práctica-mente a nadie que los tenga.

En todo caso se hace referencia a supuestas experiencias de terceros, quecuando se pide que sean detalladas, tampoco puede obtenerse la informaciónrequerida. Hay un desconocimiento completo respecto a que la cacería y reco-lección demandan grandes esfuerzos y múltiples habilidades, así como a unriguroso sentido de la honradez que prima entre los sirionó, y que si se hadebilitado entre algunos es precisamente entre quienes han estado en mayor ysostenido contacto con la “civilización”. Se sabe menos aún sobre el profun-do sentido de armonía entre los hombres y de estos con la naturaleza que primaentre los indígenas.

En algunas entrevistas y conversaciones con personas que tienen formacióneducativa de grado universitario hemos podido observar como, con una ciertainsistencia, se pretende probar la supuesta artificialidad y manipulación de lasdemandas indígenas en lo que se refiere particularmente a los reclamos de pre-servación de los bosques, flora, fauna y ríos de los lugares habitados por losindígenas. Entre esas personas se cuestiona, especialmente en lo que toca a lossirionó, que los indígenas tengan algún tipo de conciencia ecológica y se señalacomo presunto apoyo de esa idea los hábitos de caza intensiva que tienen los

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sirionó. Se ignora sistemáticamente que, por una parte, prácticamente todo elproducto de la cacería se destina a la alimentación y, luego, los hábitos de movi-lidad permanente que conducen a que pueda darse un repoblamiento de laszonas que han sido sometidas a prácticas de caza intensiva.

Más allá de la tradicional vigencia de prejuicios y subestimación para conlos indígenas, cuando el movimiento tomó cuerpo en 1990 la reacción de lasociedad beniana fue mínima y se condensó en algunos sectores. Por una parte,las instituciones ya mencionadas, junto con la Central Obrera Departamental yalgunos periodistas que apoyaron al movimiento, constituyendo la Cooordi-nadora de Solidaridad. Y por otra, grupos empresariales que veían con crecien-te desconfianza el desarrollo organizativo de los indígenas. Los ganaderos dealgunas propiedades en conflicto empezaron a exigir pronunciamientos de lasagrupaciones corporativas en que se nuclean y respaldo de la FederaciónDepartamental de Empresarios Privados del Beni. La reacción de los empresa-rios madereros se observó antes a escala nacional que en el Departamento por-que la mayoría de los capitales de la industria maderera provienen de fuera delBeni (de Santa Cruz y La Paz y también de consorcios internacionales).

LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Un seguimiento de los artículos de prensa de varios periódicos nacionales,desde 1987 en adelante, muestra con toda claridad un incremento progresivomuy notable en las crónicas, artículos y comentarios respecto a los indígenasdel Beni. Se puede decir que se trata de una curva ascendente de informaciónque afecta más a unos periódicos que a otros (desde el matutino “Presencia”,donde se encuentra una densidad noticiosa importante y creciente sobre losindígenas hasta la casi completa refractariedad de “EL Diario”, pasando, portodos los matices). Con una menor intensidad lo mismo ocurre con la radio yla televisión.

No obstante este flujo ascendente de informaciones es ostensible que en elmomento que se anuncia la proximidad del cumplimiento del ultimatum que hizola CPIB al gobierno una proporción aplastante de la población del país carecía deuna mínima imágen de lo que estaba ocurriendo en el Beni. Solo círculos muyrestringidos de especialistas académicos y políticos tenían algún tipo de referen-cia al respecto.

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Este fenómeno de falta de información es muy frecuente y obedece a un con-junto complejo de causas cuyo análisis merece un tratamiento exhaustivo y espe-cializado. Para los propósitos de este trabajo nos limitaremos a señalar algunoselementos de la situación política y social vigente en el momento de preparaciónde la marcha indígena.

En los cinco años previos a la marcha indígena se expresaron numerosasmanifestaciones de un viraje muy profundo de las tendencias políticas de lasociedad boliviana en perjuicio de corrientes ideológico políticas de izquierda ypopulistas y en beneficio de tendencias conservadoras. El ámbito electoral, dondela izquierda llegó a perder más del 70% de sus votantes, es solo uno de los esce-narios en que se expresa ese cambio. El sindicalismo que había desarrollado unauténtico poder social (en términos de convocatoria y capacidad de movilización)ingresó en una vía de debilitamiento y pérdida de capacidad negociadora que seha mantenido constante hasta ahora y amenaza seriamente su porvenir.

Profundos y muy importantes cambios económicos, dependientes de lagran crisis productiva arrrastrada desde inicios de los 80 y el crecimiento dela economía del tráfico ilegal de cocaína y la proliferación de actividadeseconómicas informales, condicionaron rápidos y decisivos cambios en laconformación de clases y grupos sociales. La clase obrera, de hecho tradi-cionalmente minoritaria, disminuyó dramáticamente por efecto de grandesdespidos que mermaron sus componentes en algunos sectores como al mine-ría y la construcción. Grandes y rápidas migraciones campesinas hacia losprincipales centros urbanos, donde emergen diariamente nuevos sectoressociales, son todos componentes de esta radical alteración del mapa socialque ha traído consigo modificaciones sustanciales de los hábitos políticos yla escala de valores de enormes grupos sociales.

La arbitrariedad y violencia de las dictaduras militares ha sido sustituidacon acciones ultrapragmáticas de los profesionales políticos que ya handejado de escandalizar a una opinión pública sometida a una cadena inter-minable de denuncias de corrupción, que nunca ha sido sancionada y menoscorregida.

En este ambiente se asistió al acelerado debilitamiento de uno de los actorespolíticos más importantes de este siglo en la historia boliviana, el proletariado

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minero. Mermado en su número y afectado medularmente en su importancia eco-nómica, debido a la drástica caída de la minería, el proletariado de las minas sevio afectado a grandes trancos en lo que antes era un gran prestigio social y polí-tico que lo había llevado a ganarse el derecho de conducir orgánicamente a lapoderosa Central Obrera Boliviana (COB). Nuevos actores como los campesinoscultivadores de coca y los centenares de miles de pequeños comerciantes infor-males urbanos han ido perfilándose en esta fase de declinación obrera.

Simultáneamente han aparecido nuevas expresiones político partidarias, quehan mostrado un vertiginoso crecimiento electoral y que expresan estos cambios.Su aparición, ocurrida entre 1987 a 1989, ha sido vista con recelo por los partidostradicionales de derecha e izquierda que califican a estas nuevas fuerzas políticas,de una manera muy imprecisa y arbitraria, de “populistas” y “neo-populistas”.

En medio de una situación económica en la que Bolivia alcanzó una estabi-lidad financiera y monetaria, a través de una rígida aplicación de medidas de ajus-te estructural y planes económicos neoliberales, el movimiento laboral y socialno ha conseguido resistir con eficiencia apreciable los despidos masivos, y dete-rioro de la calidad de vida. Con estos antecedentes quizás pueda comprendersemejor la muy poca atención inicial que recibió el anuncio de que los indígenasdel Beni se proponian marchar a pie, desde sus territorios hasta La Paz.

Como se mencionó anteriormente, los mineros intentaron hacer lo mismo, enun recorrido más corto, en 1986. Miles de trabajadores mineros, sus esposa e hijosse dirigieron ese año desde los centros mineros y la ciudad de Oruroa hacia La Paz,en un recorrido de unos 200 Kms, y fueron detenidos a mitad de camino por unaenorme movilización militar que los cercó, pra después de una tensa negociación,enviarlos de regreso a sus distritos de orígen en camiones y trenes.

MARCHA HACIA LA CIUDAD DE LA PAZ.

Cumplido el plazo otorgado por la CPIB, el gobierno nacional buscódesarticular el movimiento y la amenaza de marcha con medidas parcialescomo el reconocimiento de el Parque Nacional Isiboro-Sécure como territorioindígena, mientras que posterga resolver el problema del Bosque de Chimanesy del Ibiato. La medida gubernamental no afecta en lo mínimo la determinaciónde los indígenas y 24 horas después que se publicaron las resoluciones minis-teriales señaladas, 300 indígenas se concentran en Trinidad y después de una

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misa oficiada en la plaza principal son despedidos con palabres de aliento delobispo auxiliar de Trinidad, el jesuita español Manuel Eguiguren, quien ha sidoun aliado de máxima importancia del movimiento indígena.

La mayor parte de los marchistas son mojeños y cerca de 100 son sirionó.Entre estos últimos hay mujeres embarazadas como la cacique Juana Irubi, quienno puede participar en la marcha, porque inmediatamente después de llegar desdeel Ibiato a Trinidad da a luz. Ella nos ha dicho que confiaba en poder llegar cami-nando a La Paz (distante unos 670 Kms de Trinidad) y regresar a su pueblo,donde contaba tener su parto. Hay también muchas mujeres con bebes de pocosmeses. Una de éllas, a quien hemos entrevistado es Angela Churuca Mendez (21años); hay muchos jóvenes, como Fernando Decarere (15 años), ancianos, niñosy hombres, lo mismo que entre los grupos representantes de los otros pueblos.Entre los mojeños ignacianos - probablemente el grupo más estructurado y expe-rimentado - hay un joven ciego que consiguió llegar hasta La Paz.

Durante 32 días los marchistas cuyo número creció hasta duplicarse atrave-saron territorios de las más variadas altitudes y configuraciones geográficas.Desde las pampas benianas, a 100 mts. de altitud s/nm, pasando por cerrados ysemitropicales valles (Yungas) entre 1200 a 2000 mts. s/nm hasta la cordillera.Las temperaturas fueron descendiendo desde la partida, 32 grados Celsisus, hastalas frías cumbres andinas con temperaturas bajo cero.

Adalid Contreras, un periodista que acompañó la marcha desde el 5to. día desu inicio ha publicado un libro en le que relata el desarrollo de la misma. Tambiénel periodista Juan Carlos Zambrana ha publicado extensos artículos en los querelata su experiencia durante todo el recorrido. Armando Lijerón Casanovas, quees miembro de CIDDEBENI y que participó de toda la marcha ha escrito un textode 25 páginas (“Apuntes preliminares de la marcha indígena (..): de la resisten-cia a la interpelación histórica”) en que relata los principales acontecimientosocurridos en cada uno de los días que duró esta movilización.

Los hitos más importantes que se registran en esos testimonios y en los des-pachos de la prensa nacional se pueden resumir así:- 15 de Agosto de 1990: Parte la marcha desde Trinidad.- 20 de Agosto : La marcha se detiene por 5 días en Puerto San Borja. Los

principales líderes de la Marcha (Ernesto Noé, Marcial Fabricano y Tomás

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Ticuazu) parten hacia La Paz, respondiendo a una invitación del gobiernopara negociar. Dichas negociaciones fracasan y la marcha se reanuda el 25de Agosto. En ese momento hay 631 marchistas: 190 del Parque NacionalIsiboro Sécure, 85 del Bosque de Chimanes, 135 de San Lorenzo, 25 deSan Francisco, 85 del Ibiato, 42 de Santa Cruz. Hay 21 mujeres con niñosen brazos y 50 niños menores de 15 años. (Lijerón, 1991).

- 25 de Agosto : El ministro de Asuntos Campesinos firma una resoluciónministerial que ampliaba el territorio para los indios chimanes en el bos-que del mismo nombre. Esto divide el movimiento e impide una mayorconcurrencia de chimanes a la marcha. Se atribuye una activa participa-ción, para conseguir esta negociación parcial y destinada a romper la uni-dad del movimiento indígena al pastor evangélico, Dino Kemp de la secta“Nuevas Tribus”. Su zona de trabajo se encuentra en el Bosque Chimanes.

- 30 de Agosto: La Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), queagrupa a los indígenas del Departamento de Santa Cruz, publica con apoyofinanciero de los empresarios madereros, una carta en la que retira su apoyoa la marcha y la critica de estar manipulada políticamente. El 2 deSeptiembre se conoce la respuesta de los marchistas en la que rechazan lasapreciaciones del directorio de CIDOB.

- 2 de Septiembre: La marcha recibe la vista de representantes de laConferencia Episcopal Boliviana, máxima instancia de la jerarquía de laIglesia Católica Boliviana, quienes declaran “no queremos mediar (entre losmarchistas y el gobierno) sino ser parte de la causa”. Quince días más tardesería igualmente enfático el obispo de La Paz Mons. Luis Saenz quien suhomilia de recepción a los marchistas dijo estas frases: “Queremos recono-cer a los indígenas como bolivianos de primera clase. Los admiro y los feli-cito porque Uds. han realizado una marcha sin ofender a nadie La Iglesia sesolidariza plenamente con Uds..”.

- 12 de Septiembre: El Presidente de la República, acompañado de variosministros llega hasta el lugar donde se encuentran los marchistas (90 Kms.de La Paz). Se desarrollan nuevas negociaciones que no culminan exitosa-mente, pero el gobierno da garantías que las amenazas vertidas por elministerio del Interior respecto a detener la marcha no se ejecutarán. Eldirigente Tomás Ticuazu, siriono, había dicho a raíz de las previas nego-ciaciones fallidas que “ los presidentes indígenas” solo negociarían con “elpresidente de los bolivianos” y con ninguna otra autoridad subalterna.

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- 17 de Septiembre : Los marchistas llegan a La Paz. Son recibidos primeropor delegaciones de indígenas aymaras y quechuas. Ya en la ciudad, milesde personas salieron a la calle a manifestar su apoyo y solidaridad con losmarchistas.

El alineamineto social favorable a los indígenas se tradujo en forma directapor las muestras de simpatía y apoyo masivas que acompañaron a los marchistasdurante su estadía en La Paz y, de manera indirecta, por un silencio sepulcral delos grupos económicos y políticos que habían hecho conocer sus críticas conanterioridad.

Durante los 6 días que duraron las negociaciones en las que intervinieron losrepresentantes indígenas, varios ministros (Agricultura, Planeamiento, Secretariode la Presidencia y otros) y delegados de los partidos políticos que conforman lacoalición política gobernante, el gobierno exhibió poca consistencia en suspropuestas y una conducta errática. El 24 de Septiembre el Presidente de larepública, encabezando a su gabinete firma dos decretos en el que acepta ensu integridad los reclamos de los indígenas.

El Decreto Supreno 22609 reconoce la validez del recvlamo sirionó, mien-tras que el 22610 determina la situación el el bosque de Chimanes y el ParqueIsiboro-Sécure. (El texto de los decretos se incluye en un anexo). Ambos decre-tos reconocen a esas tres zonas como territorios indígenas, es decir “inalienables,indivisibles, imprescriptibles e inembargables, reconocidos como propiedadcolectiva, pudiendo (los indígenas) aprovechar racionalmente los recursos hidrí-cos, tierra,flora y fauna existente en éllos, de acuerdo con sus usos, costumbres ynecesidades de desarrollo” (DS 22609 y 22610).

Después de promulgadas estas disposiciones los marchistas retornaron a suslugares de orígen trasladados en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana.

LA SITUACIÓN ACTUAL.

El triunfo político de los marchistas ha sido reconocido internamente enBolivia, de una manera unánime. No obstante de que la Central Obrera Boliviana(COB) en un documento publicado el 25 de Septiembre realizó varias observa-ciones y críticas a los decretos 22609 y 22610, en el desarrollo de sus eventos

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(ampliados, manifestaciones) se refiere a la marcha como una movilización para-digmática para el movimiento popular.

Las observaciones de la COB desarrolladas en cuatro puntos se resumen enla advertencia de que “..el “acuerdo” (del 23 de Sept. de 1990) se ha constituídoen un instrumento de entrampamiento en contra de los derechos sustanciales delos Pueblos Indígenas en general. El concepto de reservación indígena”, al esti-lo norteamericano surge en el horizonte político... la COB advierte que la marcha“Por el TERRITORIO Y LA DIGNIDAD” será desvirtuada por los decretos, par-ticularmente en referencia al Bosque de Chimanes” (Documento público, COB,25 de Sept. 1990, “Presencia”, La Paz).

En los 15 meses que han transcurrido desde que el gobierno promulgó lasdisposiciones legales referidas se observa un considerable retraso en el cumpli-miento de sus disposiciones. CIDDEBENI, en último balance de lo ocurridohasta ahora (ver nota 5) sintetiza de la siguiente forma los principales problemasque se han verificado hasta ahora:

1. Ausencia de voluntad política del gobierno para hacer cumplir los ins-trumentos legales.

2. Ausencia de espacios y actitudes de diálogo y concertación, por partede los sectores real o supuestamente afectados (ganaderos, madereros)

3. Faltan definiciones básicas sobre los derechos específicos de los pueblosindígenas (alcances del carácter autónomo de los territorios indígenas,procedimientos para efectivizar el derecho indígena de aprovecha-miento exclusivo de los recursos naturales en sus territorios)

De acuerdo al mismo balance estos problemas se manifiestan en lapersistencia y exacerbación de desprecio racial-cultural en algunas regiones ysectores sociales contra los indígenas; se están ejecutando formas de obstruc-ción represiva y judicial a los decretos (demandas de amparo constitucional yotras) y de presión prebendal de parte de los empresarios que tratan decorromper a indígenas ofreciéndoles la compra de árboles (Navia, 1991).

La zona más conflictiva es la del bosque de los Chimanes, donde no seha cumplido el plazo otorgado a compañías madereras para que dejen decortar madera hasta el 31 de Octubre de 1990 y de transportar, la que hubieranacumulado, hasta el 31 de Diciembre de 1990. De acuerdo a múltiples denun-

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cias de los indígenas, durante todo el año 1991 la actividad de tala de maderano ha disminuído y solo han cambiado los mecanismos ya que ahora lasgrandes compañías estarían utilizando taladores individuales (motosierristas)para derribar los árboles. De esa manera no habría disminuído el ritmo de talade 200.000 Has/año con que se está desforestando los bosques de Bolivia enlos últimos años.

Todos los informes coinciden en que los planes de reforestación y lasnormas legales que obligan a las compañías madereras a desarrollar viverospara reforestar las áreas explotadas no se cumplen.

Las contínuas violaciones a los decretos vigentes han obligado a que laCPIB advierta el 26 de Mayo de 1991 a realizar una nueva marcha hacia LaPaz. Los reclamos principales son el incumplimiento referido y en especial elenorme retraso en la delimitación de los territorios.

Los sirionó han vivido de una forma particularmente intensa estosproblemas porque las comisiones oficiales encargadas de delimitar elterritorio sirionó han hecho caso omiso, de manera sistemática, de los plazosestablecidos.

Como manifestación de estos problemas y de su descontento los sirionóocuparon el 25 de Noviembre de 1990 parte de una hacienda que debe serafectada en su favor y quemaron tres construcciones precarias y desocupadasconstruídas en esos terrenos. Este conflicto es parte de un conjunto de dis-putas entre los sirionó y los propietarios de 9 haciendas ganaderas (incluídaslas 2 que pertenecen a la Universidad del Beni). Respecto a 5 de estashaciendas los sirionó tienen reclamos de parte de éllas y de la totalidad de lasotras 2 (Lehm 1991). El caso particular mencionado y que ocasionó ladrástica decisión de los sirionó, estuvo precedido de advertencias de losindígenas debido a múltiples abusos que cometía el propietario de la hacien-da ocupada, como el de impedir el tránsito de los sirionó por un camino queatraviesa la propiedad.

El 27 de Noviembre de 1990 el gobierno advirtió que “fuerzas del ordenintervendrán para detener a dirigentes de los sirionó” (periódico “Ultima Hora,28/11/90), como respuesta a los acontecimientos del 25 de Noviembre y como

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expresión política para tranquilizar a los ganaderos. La iglesia católica emitióen esos días un pronunciamiento en el que desaprueba la utilización demétodos violentos y llama a la reflexión a los sirionó y a que el gobiernocumpla sus compromisos de delimitar el territorio indígena.

Al cabo de 5 días en que la tensión se mantuvo en el Ibiato, los sirionó y laFederación de Ganaderos del Beni firmaron un acuerdo, con la participación dela iglesia católica y la CPIB. Se trata de un compromiso en que las partes afirmansu disposición a resolver pacíficamente y por vías legales los conflictos que sur-jan entre ambas. Los sirionó se comprometen a reedificar las construcciones que-madas (Lehm 1991).

La reacción de los sirionó obligó a que el gobierno enviase finalmente a ElIbiato la comisión oficial encargada de demarcar el territorio sirionó, en fecha 7de Diciembre de 1990. Sin embargo, 4 días después la comisión se retiraba de lazona, al no haberse puesto de acuerdo con los sirionó sobre la forma de interpre-tar y ejecutar los términos del decreto correspondiente.

En el transcurso de 1991 no se ha solucionado el problema y aún queda pen-diente la delimitación de las 23000 Has. en El Ibiato y los trámites de otras500000 Has. que fueron comprometidas en 1991.

Los sirionó han dado grandes saltos en cuanto a su organización y son con-cientes que su presencia en la Central de pueblos indígenas (CPIB) tiene un per-fil propio centrado alrededor de la combatividad que le han impreso los sirionóal conjunto del movimiento. Al mismo tiempo, hoy prevalece un profundo escep-ticismo sobre sus relaciones con el Estado. Hay un temor generalizado de que lasdisposiciones conquistadas con la marcha no se cumplan y que inclusive seananuiladas. La cacique Juana Irubi expresa que “..los ganaderos pueden anular losdecretos y se están uniendo (entre quienes mantienen conflictos con éllos y losque no tienen ninguno)”. Edgar Quirirendu (29 años), pastor evangelista delIbiato dice “La marcha no ha permitido que se cumplan los decretos. Falta sobretodo la delimitación”.

El mismo sentimiento de insatisfacción se expresa entre personas que noocupan ninguna función dirigente como Angela Churuca y el jóven FernandoDecarere. La excepción es el dirigente Tomás Ticuazu que manifiesta un mayor

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optimismo de que en el curso de los próximos meses se lleve a cabo la delimita-ción y que comiencen a aplicarse planes de inversión gubernamental en El Ibiato.Ninguno de los entrevistados tiene mayor espectativa en el apoyo que puedanrecibir de otras instituciones que aquellas que los han respaldado hasta ahora.

Su desconfianza es particularmente manifiesta ante los partidos políticosy, a pesar de que una mayoría de los sirionó ha respaldado electoralmente alMovimiento Nacionalista Revolucionario, todos señalan que ese apoyo sefundamenta en obras que militantes de ese partido impulsaron en El Ibiato (ungenerador de electricidad para el alumbrado público, la instalación de unatienda de vemnta de artículos de primera necesidad) y no en unaidentificación ideológica. Ahora que han cesado de producirse obras de apoyotangible a la comunidad es muy posible que disminuya la adhesión electoralhacia el partido. La actitud de los sirionó es idéntica a la de los mayoresconglomerados sociales del país que se inclinan por una relación pragmáticacon los partidos políticos, a los que respaldan en la medida en que estosexhiben una capacidad efectiva para promover y ejecutar realizacionesconcretas que resuelvan problemas cotidianos.

Los partidos políticos en general se han mantenido distantes de lamovilización indígena y a pesar de que en varias oportunidades losempresarios madereros y ganaderos han lanzado acusaciones de una supuestamanipulación política del movimiento es ostensible que esas afirmacionescarecen de sustento.

La incredulidad de los sirionó respecto a los partidos se extiende alaccionar del gobierno al que perciben como aliado natural de los interesesempresariales y, en el mejor de los casos, demasiado distante, y carenterecursos e interés para atender sus problemas. Nuestro estudio en El Ibiatomuiestra que la consolidación del territorio, la educación y la atención de saludson los problemas que ocupan la atención de la comunidad.

CONCLUSIONES.

La lucha de los sirionó y del conjunto del movimiento indígena del Beniobligó al Estado a reconocer derechos básicos de los pueblos indígenas. Existeuna gran incertidumbre sobre los límites reales que alcanzará la aplicación delas medidas legales que obtuvo la marcha indígena, porque son objeto de una

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sostenida lucha política en la cual los sectores empresariales han optado poruna estrategia de consolidación de sus fuerzas y el desgaste y aislamiento delmovimiento indígena. Los resultados que busca esa estrategia es un debilita-miento de la fuerza legal y práctica de los decretos, primero, por medio de suno aplicación práctica y luego por la deslegimitación que conduzca a suanulación.

Los indígenas cuentan a su favor con haber convertido su movilización yespecialmente la marcha de 1990 en un elemento de alto valor simbólico paramuchos sectores populares que apreciaron los resultados conseguidos como untriunfo contundente. Sin embargo hasta ahora no se ha terminado decomprender como fue posible que los indígenas consiguieran alterar la cadenafracasos que había cosechado la mayor parte de las movilizaciones populares.

Los indígenas atribuyen a su organización y cohesión los resultadosobtenidos. Miembros de la Coordinadora de Solidaridad que respaldan a laCPIB opinan que los elementos más importantes que explican los avancesobtenidos son:

√ La fortaleza interna de la organización de la CPIB, construida sobreuna real y permanente participación colectiva

√ La debilidad relativa de los grupos dominantes regionales√ La alianza del movimiento con sectores de la iglesia católica que dio

un respaldo decisivo a la movilización√ Una adecuada relación de la CPIB con algunos medios de comunica-

ción que mantuvieron un contínuo flujo informativo sobre el movi-miento indígena.

√ Los indígenas consiguieron la identificación de amplios sectores popu-lares por medio de la utilización de un discurso ajeno a los moldes deltradicional discurso político y apegado a un planteamiento ético y a unlen-guaje simple y comprensible

Los componentes de CIDDEBENI agregan que son igualmente importan-tes: la “intensidad” y participatividad del proceso organizativo de los pueblosindígenas, en el sentido de plena horizontalidad y de integración de las muje-res, la gradualidad de su desarrollo que fue desde la controversia local hasta lle-gar a la “interpelación del Estado y la sociedad”, paso a paso, y que las deman-das fueron claras y precisas, en base a una información consistente que habían

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acumulado los indígenas y de la cual el Estado y los grupos empresarialesadversarios carecían (Navia,1991).

Todos los factores nombrados contribuyen a percibir de una forma bastantenítida las bases de la acumulación política que permitieron al movimientoindígena construirse afirmarse y desarrollarse pero dejan vacíos en torno alporque de la receptividad nacional que alcanzó el movimiento. Sobre este puntohemos mencionado anteriormente como puntos a ser tomados en cuenta elmomento político ideológico que se atraviesa en Bolivia y en especial laconformación de nuevos actores y sujetos políticos y sociales, la crisisideológica y la disponibilidad en cuanto a la aceptación de nuevos liderazgos ycuestionamiento de los actuales y de las escalas de valores vigentes.

Los indígenas benianos se benefician de esta situación así como de unamuy larga tarea de acumulación ideológica de los aymaras y quechuas quedurante décadas han sensibilizado a otros sectores respecto a la legitimidadde los derechos de los pueblos originarios de estas tierras. Algunos miembrosde la iglesia católica también han jugado un rol muy importante en laconformación de las corrientes cataristas y puede entenderse que confacilidad se haya establecido una comunidad de intereses entre quienes hantenido relación con uno y otro problema, creándose circuitos internos quehan potenciado, en esta oportunidad, la difusión y apoyo para con losindígenas benianos.

Los aymaras y quechuas han tropezado con una gran refractariedad de partede la sociedad boliviana para admitir la aplicación práctica de algunas de susdemandas que, sin embargo, no han llegado a plantear la autodeter-minación deestos pueblos y tampoco reivindicaciones territororiales de la manera en que lohan hecho los moxeños, sirionó y otros pueblos indígenas del Beni. En gran parteesta resistencia está intímamente relacionada a la elevada proporción pobla-cional que representan aymaras y quechuas y a que viven diseminados entre losmestizos y “blancos”, quienes pueden temer, precisamente por ese contactodiario y fluido que la materialización de las reivindicaciones quechuas y aymarasrepresente riesgos eventuales para sus propios intereses.

La marcha indígena permitió que se “descubriera” la existencia depueblos cuyos reclamos se engarzan con una creciente campaña ecológica y

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que, al provenir de zonas distantes e ignoradas, tuvieron mejores posibilidadesde aceptación inmediata. Mucho más cuando en el transcurso de la lucha se viola posibilidad de que esta minoría inflingiera una derrota al Estado y alconjunto del sistema político que en los últimos años había rechazado yderrotado las iniciativas y reclamos de otros sectores sociales.

Los indígenas del Beni consiguieron convertirse en una minoría eficaz por-que su presencia y actividad llenaba una vacante política nacional en un contex-to de fuerzas que le resultó óptimo a sus objetivos.

Los indígenas del Beni tienen al frente el gran desafío de superar los enormesvacíos de información que subsisten hasta ahora para conseguir que la corrientede simpatía y solidaridad que han conseguido se afirme sobre la base de una com-prensión cabal de sus objetivos que resultan beneficiosos en términos sociales,ecológicos, económicos y democráticos para el conjunto de sctores populares.Parece crucial de que ante la contraofensiva empresarial puedan ampliar y desa-rrollar sus relaciones y alianzas con otros grupos e instituciones, particularmentecon las diferentes expresiones de los quechuas y aymaras, con la confederaciónsindical de los campesinos (CSUTCB) y cultivar sus contactos con el espectromás amplio posible de organizaciones políticas.

Moxeños, sirionó, movimas, yuracarés, chimanes han dejado de ser palabrasque expresan una identidad desconocida y confusa, pero aún es largo el caminopara que todos los bolivianos puedan hacer suyas las ricas lecciones humanas quetienen que comunicar esos pueblos. Para conseguirlo será imprescindible que serefuerce la paciencia y sagacidad de los moxeños, la persistencia de los itonama,chimane, moré y,sin duda, la fuerza y combatividad que han desplegado los sirio-nó en esta vital batalla.

Publicado como parte del libro “Azioni politiche fuori dei partiti”,compilado por Anna Anfossi y TK Oommen,

Universidad de Torino, Milán, 1997, Italia

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ANEXO

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ANTEPROYECTO DE LEY ESPECIAL DE CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Julio de 2004*

CAPITULO IDISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1 (CONVOCATORIA)De acuerdo al Artículo 232 de la Constitución Política del Estado, se

convoca a la Asamblea Constituyente de la República de Bolivia, para lareforma total de la Constitución vigente, a instalarse el día 5 de Agosto del2005.

La elección de Constituyentes se efectuará el día 5 de Junio del 2005.

ARTÍCULO 2 (SEDE)La Asamblea Constituyente se reunirá en la Ciudad de Sucre, Capital de

la República.

ARTÍCULO 3 (DURACIÓN)El período de sesiones de la Asamblea Constituyente será de 270 días. La

Asamblea Constituyente sesionará de manera continua.

ARTÍCULO 4 (COMPOSICIÓN)La Asamblea Constituyente estará compuesta por 140 constituyentes

elegidos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 219 de la Constitución y lapresente ley.

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CAPITULO IIREQUISITOS, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

ARTÍCULO 5 (REQUISITOS).Para ser Constituyente se requiere:i. Ser boliviano de origen.ii. Haber cumplido cuando menos 18 años de edad al día de la instala-

ción de la Asamblea Constituyente iii. Estar Inscrito en el padrón electoral.iv. Ser postulado por un partido político, una agrupación ciudadana y/o

un Pueblo Indígena. v. No haber sido condenado a pena corporal, ni tener pliego de cargo,

auto de culpa o sentencia penal ejecutoriada, salvo rehabilitación con-cedida por el Senado.

ARTÍCULO 6 (INHABILIDADES).No podrán ser Constituyentes:

El Presidente de la República, Ministros y Viceministros de Estado,Parlamentarios, Magistrados, Tribunos y Consejeros de la Judicatura,Superintendentes, Contralor General de la República, Fiscal General y Defensordel Pueblo, Alcaldes, Concejales, Consejeros Departamentales, Prefectos,Vocales de las Cortes Electorales, Militares, Policías en servicio activo, yEclesiásticos con jurisdicción, que no renuncien y cesen en sus funciones por lomenos 60 días antes del verificativo de la elección. Se exceptúa de esta disposi-ción a los rectores y catedráticos de Universidad.

Los demás servidores públicos que no obtengan una licencia de servicio porlo menos sesenta días antes del verificativo de la elección.

Los representantes de empresas y gobiernos extranjeros, los contratistas deobras y servicios públicos; los administradores, gerentes y directores, mandata-rios y representantes de sociedades o establecimientos en que tiene participaciónpecuniaria el Fisco y los de empresas subvencionadas por el Estado; y, los admi-nistradores y recaudadores de fondos públicos mientras no finiquiten sus contra-tos y cuentas.

No se aplicará ninguna otra causal de inhabilidad.

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ARTÍCULO 7 (INCOMPATIBILIDADES).El ejercicio del cargo de Constituyente es incompatible con toda otra función

laboral pública y privada.

Los Constituyentes no podrán adquirir ni tomar en arrendamiento, a su nom-bre o en el de tercero, bienes públicos, ni hacerse cargo de contratos de obra o deaprovisionamiento con el Estado, ni obtener del mismo, concesiones u otra clasede ventajas personales.

La contravención de estos preceptos importa la pérdida del mandato popular.

CAPITULO IIIREGIMEN ELECTORAL

ARTÍCULO 8 (ADMINISTRACIÓN).Corresponde a la Corte Nacional Electoral organizar y ejecutar la elección

de Constituyentes.

La emisión del voto, el escrutinio y la proclamación de resultados, se regi-rán de acuerdo a las disposiciones vigentes.

ARTICULO 9 (CIRCUNSCRIPCIONES).Los Constituyentes serán elegidos de la siguiente manera:68 en circunscripciones uninominales 5 en cada una de las circunscripciones departamentales.27 en circunscripción nacional.

Los candidatos a constituyentes sólo podrán ser postulados en una de las cir-cunscripciones electorales.

ARTÍCULO 10 (EQUIDAD DE GÉNERO).Para la elección de los constituyentes uninominales se postulará obligatoria-

mente a una mujer y a un hombre, cuya ubicación en la papeleta se decidirá porsorteo, debiendo figurar en el mismo nivel. El elector votará sólo por uno de ellossegún su preferencia.

En las listas nacionales y departamentales los candidatos, hombres ymujeres, figurarán alternadamente.

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ARTÍCULO 11 (RESIDENCIA).Los candidatos a constituyentes por las circunscripciones uninominales y

departamentales deberán estar registrados en el padrón de la circunscripción yresidir en ella, por lo menos un año antes de la promulgación de la presente ley.

ARTICULO 12 (PRESENTACIÓN).Las listas de candidaturas uninominales, departamentales y nacionales

serán presentadas al menos sesenta días antes de la fecha estipulada para laselecciones.

ARTÍCULO 13 (REGISTRO).Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que

deseen participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente deberánregistrarse al menos 120 antes del día de las elecciones.

ARTICULO 14 (REQUISITOS PARA EL REGISTRO).Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas para

su registro deberán:

Presentar a la Corte Nacional Electoral o a las Cortes Departamentaleselectorales, según corresponda, listas con respaldo de firmas de un númeroigual o mayor a:

√ 0,5 % de los votos válidos de la última elección presidencial. Las fir-mas deberán provenir al menos de tres departamentos para listasnacionales.

√ 1 % de los votos válidos de la última elección presidencial en el depar-tamento para listas departamentales.

√ 2 % de los votos válidos de la última elección presidencial en la cir-cunscripción uninominal para listas uninominales.

√ Presentar el nombre, símbolo, propuesta constituyente y representan-te(s) legal(es) o apoderado de la institución respectiva.

El órgano electoral competente proveerá de libros de registro de firmas alas organizaciones interesadas. Dentro de un plazo máximo de 15 díascalendario para hacer conocer sus observaciones a los requisitos presentados ydispondrá que se subsanen en un plazo de 15 días.

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ARTÍCULO 15 (ALIANZAS).Partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y Pueblos Indígenas podrán

establecer alianzas sin restricciones.

ARTÍCULO 16 (ASIGNACIÓN).La asignación de escaños para las circunscripciones departamentales y

nacional se realizará mediante el Sistema proporcional Danés.

ARTICULO 17 (FINANCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE).La CNE elaborará un presupuesto para la realización de las elecciones a

constituyentes.

El presupuesto General de la Nación de 2005 incorporará las partidascorrespondientes a la atención de las actividades preparatorias, instalacióny funcionamiento de la Asamblea Constituyente.

La Asamblea Constituyente elaborará su presupuesto de funcionamientocon cargo al Presupuesto General de la Nación.

ARTÍCULO 18 (FINANCIAMIENTO PÚBLICO).Existirá financiamiento público y privado.

El financiamiento público consistirá en el 2.5 por mil del PresupuestoGeneral de la Nación, referido en el parágrafo II del artículo 53 de la Ley dePartidos Políticos, que será administrado por la Corte Nacional Electoral paraadquirir una franja electoral.

La Corte Nacional Electoral contratará y administrará de manera directaespacios de difusión, en medios masivos de comunicación (radio, prensa ytelevisión), en franja electoral, en los espacios de mas amplia audiencia, encada una de las circunscripciones electorales, distribuidas de maneraigualitaria entre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblosindígenas.

ARTÍCULO 19 (FINANCIAMIENTO PRIVADO).Las personas naturales que realicen aportes a la campaña electoral de

Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, anterequerimiento de la autoridad competente, deberán demostrar por medio deuna declaración fiscal, los ingresos que dan origen a la donación.


Los proveedores de bienes y servicios electorales deberán demostrar elpago de impuestos sobre los recursos recibidos.

Ninguna donación, contribución o aporte podrá exceder el 10% delpresupuesto de la agrupación u organización postulante.

ARTÍCULO 20 (RESPONSABILIDAD).Los representantes legales de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas

y pueblos indígenas serán responsables ante todos los ámbitos jurídicosvigentes de las acciones y omisiones de la respectiva organización electoral.

ARTÍCULO 21 (PENALIDAD POR FINANCIAMIENTO ILÍCITO).En caso de recibir financiamientos ilícitos, los partidos políticos,

agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, serán penalizados de acuerdo adisposiciones legales en vigencia.

ARTÍCULO 22 (PADRÓN ELECTORAL).Para la convocatoria a elecciones de constituyentes regirá el padrón

electoral actualizado de las elecciones municipales de diciembre de 2004.

ARTICULO 23 (COMITÉ PREPARATORIO).Antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, funcionará un

comité preparatorio, conformado por los constituyentes electos más votados enlas circunscripciones departamentales, uno por departamento, con la misiónde:

√ Realizar las actividades preparatorias propias de la AsambleaConstituyente.

√ Recibir las propuestas de reglamentos y estatutos para el funciona-miento de la Asamblea Constituyente.

√ Instalar la sesión preparatoria de la Asamblea Constituyente.

√ Juramentar y habilitar a los constituyentes.

ARTICULO 24 (REGLAS INICIALES).La Asamblea Constituyente sesionará, inicialmente y hasta que sancione

sus propios estatutos, bajo las normas establecidas en el Reglamento Generalde la Cámara de Diputados.

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CAPITULO VIIIDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 25 (PUEBLOS INDÍGENAS).Los pueblos indígenas que participen en la elección de constituyentes

deberán acreditar su condición de acuerdo en lo dispuesto en la ley 1551 de 20de abril de 1994.

ARTÍCULO 26.En aplicación de los artículos 4 y 232 de la Constitución Política del

Estado, en el caso de no instalación de la Asamblea Constituyente, para unanueva convocatoria, será necesario convocar a un referéndum nacional acercade la pertinencia de la Asamblea y sus modalidades y formas de convocatoria.

ARTÍCULO 27.Las disposiciones contenidas en la presente ley especial prevalecerán

sobre aquellas contenidas en el código electoral, ley de partidos políticos, leyde agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, y otras normas en materiaelectoral. La presente ley no abroga ni deroga otras disposiciones y rige parala especificidad de su contenido.

ARTICULO 28 (REFERÉNDUM).La Constitución Política del Estado sancionada por la Asamblea

Constituyente será promulgada sin derecho a veto, previo referéndumaprobatorio.

Si el referéndum no aprueba la nueva Constitución Política del Estado,queda vigente la constitución Política del Estado promulgada el 20 de febrerode 2004, por ley Nº 2631.

Conciencia de Patria, partido fundado por el radialista Carlos Palenque afines de los años 80. Formó parte del gobierno de Hugo Banzer y desapareciópoco después de la muerte de su jefe.

* Este anteproyecto fue redactado por diez personas, entre ellas el autor, por invitación de Maestrías para elDesarrollo de la Universidad Católica, con cuya autorización se reproduce.


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INDICE

PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

PODER Y SUJETO CONSTITUYENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

EL PROCESO CONSTITUYENTE EN BOLIVIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

LA APUESTA BOLIVIANA: EL PROCESO CONSTITUYENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

CONSTITUYENTE Y ANTICONSTITUYENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

EL DESCONCIERTO COMO ESPACIO VITALDE LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

REBELIÓN DE MASAS EN BOLIVIA (FRAGMENTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

DE CATARSIS Y SIMBOLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

REFORMA CONSTITUCIONAL VS. ASAMBLEA: UN FALSO ANTAGONISMO . . . . . .80

DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD EN CONFLICTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

CUATRO ESCENARIOS Y ¿UN FUNERAL? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

LA DESESPERACIÓN, EL HAMBRE Y LA REFORMA POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . .98

SENTADO SOBRE BAYONETAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

MAR DE FONDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

LA COCA, LOS INDÍGENAS Y EL PODER EN BOLIVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

DECLARACIÓN DE GUERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

LA PASIÓN DEL NEOCONSERVADURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

M A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

CONVOCANDO AL “ESCRACHE” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

345



REFORMA POLÍTICA, ENTRE LOS CÁLCULOS Y LA MARCHA (FRAGMENTO) . . .126

ANGUSTIAS TRADICIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

BÚSQUEDAS URGENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

LARGAS CICATRICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

GUERRA DE LA COCA Y CORRUPCIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

TORMENTA POLÍTICA Y SOCIAL SOBRE BOLIVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

LO INELUCTABLE, LO ABOMINABLE Y LO NECESARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

MIRANDO AL SUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152

LA REFORMA ESTRANGULADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

PROCEDIMIENTO DE REFORMA DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

MNR ¿CON O SIN GONI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

DESMONOPOLIZACIÓN EN DOS PASOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

LO IMPOSIBLE, LO NECESARIO Y LO INVEROSIMIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179

BOLIVIA EN EL AÑO DE LA SERPIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181

LA ALIANZA DEL GOBIERNO BANZERISTA Y EL MNR (FRAGMENTO) . . . . . . . . . .185

LA REFORMA IMPOSTERGABLE (FRAGMENTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

LOS CUENTOS DEL TÍO, DEL CHOFER Y LOS PERIQUITOSO LA QUIEBRA DEL PENSAMIENTO NEOCONSERVADOR EN BOLIVIA . . . . . . . .201

ACTORES OCULTOS Y SEMILLAS DE DERROTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205

DEMOCRATIZAR, PARTICIPAR Y DESPROFESIONALIZAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

LA DESPROFESIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212

UN VACÍO EN EL DIÁLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

DIÁLOGO NACIONAL: ¿CÁSCARA O NUEZ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

HERENCIA EXPLOSIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

REDES CIUDADANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225

LA FURIA Y EL SILENCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

346



DOS AÑOS DEL GOBIERNO DE BANZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

PARTIDOS POLITICOS, MOVIMIENTOS SOCIALESY MEDIOS DE DIFUSION SOCIAL EN BOLIVIA (FRAGMENTO) . . . . . . . . . . . . . . . .260

INDIGENAS, CAMPESINOS Y COCA EN BOLIVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271

LECTURAS Y PRONOSTICOS SOBRE UN CUADRO GRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283

REFORMA ESTRUCTURAL Y SISTEMA POLITICOEN BOLIVIA ENTRE 1985 A 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292

LA MARCHA INDÍGENA DE 1990 (FRAGMENTO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306

ANEXO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335

ANTEPROYECTO DE LEY ESPECIAL DECONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337

347



Documents

Roger Cortez-Poder y Proceso Constituyente