Embed Size (px)
Citation preview
PLADA – CSA
1
28 de mayo de 2013
PLATAFORMA DE DESARROLLO DE LAS AMERICAS
BORRADOR
Índice
1. DESARROLLO SUSTENTABLE
2. DIMENSIÓN AMBIENTAL
2.1- Hacia un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo que no ponga en riesgo la sustentabilidad social y ambiental de las generaciones presentes y futuras (por venir). 2.2- La transición justa como centro de la agenda política
garantizando una economía ambientalmente sustentable que tenga
como resultado una mayor cohesión y justicia social. 2.3- Justicia ambiental, derecho de los pueblos, de la naturaleza y de las generaciones futuras, Participación de los pueblos originarios
y pequeños productores agropecuarios. 2.4. Un modelo que garantice el consumo de alimentos, materiales y energía equitativoentre los países y los actores sociales.
2.5. Soberanía alimentaria, una agricultura sostenible en el tiempo, amigable con el ambiente, con diversidad de productores y productoras, diversidad de productos y que priorice el mercado interno y una alimentación de calidad.
2.6. Reorientación de la matriz-energética hacia técnicas que impliquen el uso de fuentes limpias y renovables.
PLADA – CSA
2
3. DIMENSIÓN ECONOMICA
3.1 Hacia una sociedad sin ningún tipo de exclusión (excluidos ni
excluidas): pautas de distribución del ingreso, la renta, la riqueza y el excedente;
3.2 Política Fiscal y Tributaria Progresiva: por una fiscalidad que apunte a gravar las ganancias, la renta, el patrimonio y no el consumo; gravamen de las transacciones financieras internacionales y la especulación;
3.3 Políticas públicas, coordinación estatal y regional contra la
primarización y transnacionalización de la economía;
3.4 Instrumentos de Integración Regional: mercados, instituciones financieras, infraestructura y monedas comunes;
3.5 Complementariedad productiva en el continente con políticas que
eviten la competencia de precios entre los países;
3.6 Control eficaz de las empresas transnacionales conforme a las pautas de acuerdos tripartitos internacionales;
3.7 Deuda Odiosa: rechazo a la Deuda Externa ilegítima cuyo pago absorbe presupuesto;
3.8 Mecanismos regulatorios que aseguren mayor participación de los
pequeños productores rurales y de las pequeñas y medianas empresas, en detrimento? de las grandes corporaciones.
4. DIMENSIÓN SOCIAL
4.1 Justicia Distributiva: (reducción) erradicación de la pobreza y (e)
con inclusión social
4.2 Trabajo Decente: generación de empleos estables (decentes) sin
discriminación de género, étnica ni generacional; impulso de Planes Nacionales de Trabajo Decente sustentado en los convenios y normas internacionales; combate contra la precarización; la
PLADA – CSA
3
informalidad y la explotación familiar mediante el trabajo domiciliario y no remunerado;
4.3 Libertad Sindical: promoción de la sindicalización, extensión de
instrumentos de ciudadanía democrática a las empresas privadas y
públicas; afirmación de la independencia y la autonomía sindical frente a las empresas y los gobiernos; fin de las persecuciones y la violencia contra las y los trabajadores que se organizan y luchan;
4.4 Negociación Colectiva: por rama de actividad para todas y todos;
trasnacional y con participación de todas las instancias de la
organización sindical;
4.5 Seguridad Social Universal y Solidaria;
4.6 Políticas públicas de conciliación familia-trabajo: servicios
públicos y colectivos de provisión de cuidados; políticas de
responsabilidad empresaria; reconocimiento en la legislación y en las cuentas nacionales del trabajo no remunerado para la producción del vivir de las y los trabajadores y sus familias;
redistribución justa del cuidado y el trabajo doméstico en la familia;
4.7 Promoción de nuevos modelos antipatriarcales con perspectiva
de género; políticas (contra) de prevención y erradicación todo tipo
de (la) violencia: (doméstica) intrafamiliar, laboral, sexual, de género,
así como la eliminación de la impunidad ante el feminicidio y el abuso infantil;
4.8 Desarrollo igualitario étnico, intra e inter-generacional (y de) con
perspectiva de género;
4.9 Ciudadanía regional y derechos de los migrantes: libre
circulación de trabajadoras y trabajadores; reconocimiento de sus aportes para la seguridad social y de sus credenciales educativas; control de los abusivos intermediarios financieros de las remesas de los migrantes y respeto a sus derechos humanos integrales ;
PLADA – CSA
4
4.10 Políticas continentales (contra) de prevención y erradicación de todo tipo de (la) violencia, criminalidad y de inseguridad: trata de personas, (las) víctimas del narcotráfico entre otros;
4.11 Educación pública, gratuita, laica y universal en todos los niveles;
4.12 Prevención y atención de la Salud para todas y todos;
4.13 Autodeterminación cultural, étnica y sexual de las personas, los
pueblos y las naciones: políticas contra la discriminación y
criminalización de las y los jóvenes, los grupos étnicos y de diversidad sexual (/ sexuales);
5. DIMENSIÓN POLITICA
5.1 Democracia participativa: complementariedad entre instituciones representativas e instrumentos de consulta popular y participación directa;
5.2 Democratización de la comunicación: contra el latifundio
mediático transnacionalizado y su injerencia política desproporcionada en el continente; por el reconocimiento de medios audiovisuales comunitarios e independientes; por la promoción de
medios de comunicación para el Estado, los movimientos de trabajadores y sociales;
5.3 Estado como vector del Desarrollo Sustentable, la protección y la
ampliación de derechos;
5.4 Institucionalización de las transformaciones progresivas
recientes mediante la actividad legislativa con participación de los movimientos sindicales y sociales;
5.5 Integración Regional sustantiva con participación de movimientos sindicales y sociales y apuntalamiento de la CELAC, UNASUR, MERCOSUR y CAN.
PLADA – CSA
5
5.6 Por un continente en Paz, sin guerras ni bases militares extranjeras en los países de las Américas;
5.7 Respeto y ejercicio pleno de los Derechos Humanos y el reconocimiento del sindicato como instrumento de la democracia y del ejercicio de los DDHH
5.8 Cooperación y Legislación Regional en materia de derechos
sociales, negociación colectiva e inmigración.
PLADA – CSA
6
1- DESARROLLO SUSTENTABLE
La derrota del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la
IV Cumbre de Presidentes de las Américas de 2005 constituyó un punto
de inflexión continental en el proceso de agotamiento del modelo neoliberal. El movimiento sindical americano y el conjunto de las y los trabajadores profundizaron su compromiso con el desafío de participar como actores
de cambio fundamentales en la construcción de los distintos proyectos alternativos que desde fines de los noventa y principios de los dos mil se expresaban en la región y que a partir dela derrota del ALCA
emergieron con más fuerza en el continente.
La profunda crisis económica, social y política que sacude desde 2008 a las naciones del primer mundo y se expande por todo el planeta (colocó) colocando a los pueblos y naciones de las regiones periféricas
y dependientes frente a un reto mayúsculo: que los costos no se carguen sobre las espaldas de las y los trabajadores. En la actualidad (asistimos al desenvolvimiento) nos encontramos ante el proceso de una crisis internacional de largo alcance y amplias dimensiones que nos exige cuestionar (ha puesto en cuestión) el
modelo de desarrollo neoliberal hegemónico impuesto desde hace más
de tres décadas.
Sin embargo, hasta el presente los países centrales han ensayado respuestas (reflejas y) meramente coyunturales que consisten en la aplicación de políticas que conservan la misma lógica de aquellas otras responsables de su desencadenamiento. Ello ha conducido a una profundización de los efectos más perniciosos de la crisis, con un
impacto categórico sobre las mayorías sociales. Se hace cada vez más
evidente que las políticas aplicadas a favor de las corporaciones y
PLADA – CSA
7
(rescatando a) el rescate de los bancos en lugar de los pueblos profundizan el desempleo, la desigualdad y la exclusión social.
En este escenario (planetario), el conjunto del movimiento sindical americano se volcó a la construcción de dos instrumentos de
intervención y de transformación sociopolítica que constituyen avances
frente al capitalismo predatorio y la hegemonía financiera: la Plataforma
Laboral de las Américas (PLA), lanzada en 2005 y la Confederación
Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), fundada en 2008.
Como producto de esta experiencia colectiva, hoy somos conscientes de la necesidad de profundizar las transformaciones impulsadas en años recientes por los proyectos políticos emancipatorios en curso en la
Región. Con esa finalidad se ha emprendido desde la CSA la
elaboración de una nueva herramienta política, la Plataforma de
Desarrollo para las Américas (PLADA).
Ante ello, nos congrega el convencimiento de que la salida a la crisis requiere una respuesta urgente, alternativa y estructural, con la participación ineludible del sindicalismo, los movimientos de las y los
trabajadores, así como de (y) las diversas expresiones colectivas del campo popular: movimientos sociales, campesinos, ambientalistas, estudiantiles, de las juventudes y la niñez, de los Derechos Humanos,
por la defensa de las víctimas de (la) violencia, por la diversidad sexual,
anti-represivos, de los pueblos originarios, productores de la economía social y solidaria, organizaciones por los derechos de migrantes, (contra la violencia de género), educadores y promotores del arte y la cultura popular, entre muchos otros.
La noción de Desarrollo Sustentable aparece como una alternativa que se enfrenta a la matriz de pensamiento neoliberal; una forma de comprender y organizar los aspectos esenciales de la vida social desde una nueva lógica; una respuesta construida por y para las mayorías
populares. Las condiciones están dadas para el lanzamiento de una
nueva agenda del desarrollo sustentable para la autodeterminación de
PLADA – CSA
8
los pueblos y de los Estados. Una herramienta de acción para dar igualdad sustantiva a los desiguales.
La visión del Desarrollo Sustentable, que se construye desde nuestra
opción sindical, se erige sobre los pilares del trabajo decente; la
distribución de la riqueza; la democracia participativa; la protección e
inclusión social de todas y todos; (la justicia de género), inter-
generacional y ambiental, integrando así las dimensiones ambiental,
económica, social y política.
Sólo así se podrá garantizar que las conquistas perduren mediante su
profundización e institucionalización. El desafío del Siglo XXI resulta ser
la consolidación de mecanismos para garantizar que sean los pueblos y no las corporaciones y firmas transnacionales quienes fijen la agenda social y política en el continente. El esfuerzo conjunto deberá orientarse a cimentar alianzas sociales genuinas que confluyan en una agenda contra-hegemónica del desarrollo capaz de contener y articular todas las voces.
PLADA – CSA
9
2. DIMENSIÓN AMBIENTAL
El modelo de producción distribución y consumo del neoliberalismo nos
han llevado no sólo a la crisis económica, sino que resulta ambiental y
socialmente inviable. Los efectos nocivos del cambio climático y las
desigualdades en el consumo de recursos naturales, energía y
alimentos hacen evidente el fracaso de la lógica predatoria neoliberal.
Los impactos negativos de esta forma de organización económica que
resulta ambiental y socialmente desigual se hacen más evidentes aún
en los países (de) con menor grado de industrialización. Como
movimiento sindical de los países en los cuales estos perjuicios se viven
de manera más descarnada, desde la CSA tenemos la misión de
construir junto con otros actores sociales un modelo de producción y consumo que permita un desarrollo sustentable que respete los valores de la justicia social y de multiculturalidad. Por ello, los trabajadores y las trabajadoras nucleados en la CSA hemos establecido en la I Conferencia Sindical sobre Trabajo y Medio Ambiente en 2006, en la Plataforma Laboral de las Américas en 2009 y en la II Conferencia Sindical sobre Trabajo y Medio Ambiente en América Latina y Caribe en 2012, que el progreso social, el trabajo
decente y la sustentabilidad ambiental tienen un vínculo inextricable? y
que resulta imposible la realización plena de una dimensión sin la otra.
El sobreconsumo de los países del Norte ha llevado a que en las naciones del Sur prevalezca el modelo concentrado del agronegocio de exportación y la actividad extractiva. Esto último junto con el control y
manejo genético de las semillas por empresas transnacionales y la
financierización del mercado global de alimentos, son las causas que
explican las limitaciones de consumo de alimentos en los países más
pobres y el riesgo de supervivencia de la población campesina.
PLADA – CSA
10
Se hace evidente, entonces, que la lógica bajo la cual el capitalismo
neoliberal organiza la economía en el Norte resulta predatoria sobre la mano de obra y sobre los recursos naturales de todo el planeta. Nuestra tarea como movimiento sindical es construir una transición socialmente justa hacia un modelo de desarrollo que preserve el medio ambiente. La transición justa, implica construir un nuevo paradigma sobre el
mundo del trabajo, que contemple en su ecuación la producción
vinculada al empleo decente, la inclusión social y la preservación del
medio ambiente. Lo último requiere estrategias concretas para preservar y potenciar la diversidad y complejidad de los ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad. Los aspectos ambientales a menudo son empleados por empresas transnacionales con propósitos propagandísticos para ser priorizados por encima de los derechos de las y los trabajadores. Es menester que los banqueros e industriales reconozcan su responsabilidad sobre la crisis social, económica y ambiental. Pero también los gobiernos deben reconocer su responsabilidad (los gobiernos) toda vez que no intervinieron ni regularon los procesos que condujeron a la crisis. Solamente la participación activa del Estado y del conjunto de
trabajadoras y trabajadores en el diseño y control de las políticas
concretas en materia ambiental garantizará que las mismas sigan los
principios de una transición justa basada en derechos y la perspectiva
de género, (que asegure) asegurando con ello la equidad entre y dentro
de los países. (entre generaciones y entre géneros).
La reducción de los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas van
de la mano y a la par de la inclusión social. El desafío, entonces, no es
una mera preservación de la naturaleza, sino reorganizar el modelo de
producción y consumo, basándonos en transformar la matriz energética
de manera tal que se base en energías limpias y renovables. Asimismo,
debe ser reformulado el esquema de producción de alimentos sobre la
base de la soberanía alimentaria de pueblos.
PLADA – CSA
11
2.1. Hacia un nuevo paradigma de producción, distribución y consumo que no ponga en riesgo la sustentabilidad social y ambiental de las generaciones presentes y por venir
La lógica del neoliberal resulta en un capitalismo predatorio de la fuerza de trabajo y el medio ambiente. Concibe una forma de organizar la producción, la distribución y el consumo que antepone la ganancia a
cualquier precio por sobre el empleo decente y la protección e inclusión
social (de todos y todas). Esta misma concepción que defiende las
políticas de ajuste y la financiarización de la economía, no solamente
nos han llevado al desastre económico, sino también al ambiental. La
voracidad de la finalidad de lucro sobre las personas, la energía y la materia, implica poner en riesgo la calidad de vida de generaciones futuras. Este fundamentalismo de mercado fomenta un modelo de producción y
consumo de artículos de corta duración, sin dar cuenta de que los
recursos naturales constituyen un límite objetivo a la sustentabilidad. No
buscamos la preservación de la naturaleza como un fin en sí mismo, sino que debemos tener en claro que la sustentabilidad ambiental es necesaria para garantizar igualdad y justicia social entre las diferentes generaciones de trabajadores y trabajadoras. Si bien durante la última década, se ha avanzado en diferentes países
de Nuestra América en políticas de concientización de la ciudadanía sobre la agotabilidad de los recursos naturales, resulta necesario conquistar legislaciones que impliquen que las empresas no tengan la libertad de desvincularse de su responsabilidad sobre los productos. En este sentido, se debe apuntar a la corresponsabilidad por los bienes y servicios producidos. Los organismos internacionales y países centrales ponen énfasis en la
reducción de emisiones de CO2. Como movimiento sindical tenemos
que dejar claro que la transición justa hacia una organización de la
producción que tenga en cuenta el devenir de las generaciones futuras,
PLADA – CSA
12
lo que implica reducir la dependencia de combustibles fósiles mediante
transformaciones al interior de cada actividad económica. En la II Conferencia sindical sobre Trabajo y Medio Ambiente, los trabajadores y las trabajadoras nucleadas en la CSA (ya hemos manifestado nuestro compromiso en demandar a los gobiernos del mundo acciones que impidan superar la temperatura media actual del planeta en 1,5°C. El movimiento sindical debe convertirse en un actor
político social para garantizar esta transición justa. Propuestas
Por un nuevo paradigma de la gestión de materiales, con énfasis
en el reciclaje y en la reutilización de los productos, sin que
pongan en riesgo el medio ambiente ni la generación de empleos decentes. Esto implica normas claras sobre la responsabilidad ampliada de las empresas sobre los bienes y servicios, incluyendo (el) su durabilidad, desmaterialización y tratamiento de los residuos generados. Las empresas no (pueden tener la libertad de no responsabilizarse) deben seguir eludiendo su responsabilidad por estas dimensiones;
Por una agricultura sustentable. En el sector agropecuario se debe apuntar a producir con técnicas y tecnologías que
garanticen la preservación de los suelos, a la eficiencia de
recursos hídricos y métodos orgánicos de cultivo;
Construcción sustentable. La actividad de la construcción debe generar empleo decente, producir viviendas y edificaciones dignas de alto rendimiento y que minimicen la pérdida de energía;
Repensar el transporte de pasajeros y mercancías. El nuevo paradigma requiere reducir las distancias entre los centros de producción y los de consumo de manera tal que se minimice el
gasto de energía en el transporte. Los trabajadores y las
trabajadoras deben contar con un transporte público de pasajeros
de excelencia y con tecnologías limpias, que apunte a reducir el
PLADA – CSA
13
uso de medios de desplazamiento individuales, superar la dependencia del transporte motorizado de baja relación entre pasajeros y pasajeras y el consumo de combustible resulta clave;
Participación de las centrales sindicales de manera conjunta con
otros actores sociales y políticos populares en el diseño y control
junto al Estado para reformular estas políticas en la forma de
producción al interior de cada actividad económica;
Promover la inversión de un mínimo del (un) 2% del PBI de cada
país en sectores que reduzcan el impacto ambiental de la
producción y (actuando) actúen preventivamente sobre los
desastres naturales. Se persigue simultáneamente el objetivo del respeto por el medio ambiente y (los de erradicar el) la erradicación del trabajo precario, reducir el desempleo, garantizar
la igualdad sustantiva de género y la inclusión social de la juventud.
2.2. La transición justa como centro de la agenda política garantizando una economía ambientalmente sustentable que tenga como resultado una mayor cohesión y justicia social.
El sindicalismo internacional está convencido de la necesidad de un
cambio de paradigma sobre la forma de organización de la producción,
distribución y consumo, que tenga en cuenta simultáneamente (la) el
respeto por los límites del planeta y la justicia distributiva. En otras
palabras, el nuevo (paradigma)modelo económico debe basarse en la
promoción de actividades que tengan en cuenta (la agotabilidad) el
agotamiento de los recursos y ser generador simultáneamente de
cohesión y justicia social, apuntando a la preservación de los empleos
dignos y erradicación de la pobreza.
PLADA – CSA
14
Con la intención de intervenir con medidas políticas concretas que transformen el modelo de desarrollo es que el sindicalismo internacional construye el concepto de transición justa. Esto es el diseñar propuestas
que en forma simultánea al respeto del medio ambiente incorporen cada
vez a más jóvenes sin ningún tipo de discriminación (hacer distinción de
género o etnia).
Ahora bien, existe una importante contradicción entre estos objetivos y
los requerimientos de los países centrales y las empresas
transnacionales a la hora de diseñar los Tratados de Libre Comercio
(TLCs) y Tratados de Libre Inversión (TLIs). Son justamente estos tratados y las atribuciones que pretenden estas grandes firmas al realizar desembolsos de Inversión Extranjera Directa lo que obstruye la
creación de empleos con estas características en América Latina, una
región en la cual aún prevalece el trabajo precario e informal. Nuestra labor como CSA no es negar este debate, sino el reflexionar sobre cuáles son las precondiciones para generarlos, jerarquizándolos por
igual al empleo decente, la participación de la juventud y la igualdad de
género. Lo que se requiere para ello es la injerencia de los trabajadores
y trabajadoras en las políticas públicas.
Una transición socialmente justa implica el impulso de (las) políticas que
resguarden el medio ambiente desde una concepción que mantenga las fuentes de trabajo decente. Las grandes empresas utilizan el enfoque de la preservación ambiental para (subordinar)conculcar derechos conquistados por los trabajadores y las trabajadoras, el derecho a la organización, a un salario digno y a la negociación colectiva. Las y los
trabajadores de las Américas debemos consolidarnos como actores que
propongan modelos de desarrollo económico alternativos que tengan en
cuenta simultáneamente el trabajo decente, la justicia social, la igualdad
sustantiva de género y entre generaciones y los límites planetarios de
manera simultánea.
PLADA – CSA
15
Como CSA nos (venimos comprometiendo) comprometemos a utilizar nuestra experiencia y capacidad de organización para consolidar un movimiento fuerte a nivel mundial que presione a los Gobiernos y corporaciones reticentes a tener en cuenta el cambio climático, en pos de medidas para frenarlo, pero siempre a partir de un modelo de desarrollo económico que simultáneamente potencie los derechos laborales. Apuntamos a profundizar mecanismos de participación de sectores populares y los trabajadores y trabajadoras en los procesos de toma de decisión hacia esquemas de producción y consumo sustentables.
Impulsamos políticas económicas, sociales y ambientales que
garanticen la satisfacción de nuestras necesidades materiales
esenciales, la inclusión social y la preservación del planeta. Propuestas
Instrumentar y fortalecer campañas en los lugares de trabajo
vinculadas a un uso más eficiente de los recursos y a la
incorporación de buenas prácticas ambientales, reforzar el debate
y la acción sindical sobre la agricultura ecológica y los sistemas
de producción de energía limpios;
Negociar cláusulas de transición justa, tanto de cuidado del medio ambiente como de salud de las y los trabajadores, en las negociaciones colectivas;
Fortalecer los vínculos entre los sindicatos, movimientos sociales, pueblos originarios e incorporar a trabajadores y trabajadoras tercerizados/as, informales y precarios/as para articular medidas de acción por un trabajo digno y por la preservación del medio ambiente;
Reforzar la formación y educación sindicales para incorporar temas como el medio ambiente desde la perspectiva de la clase trabajadora y apoyar iniciativas que fortalezcan las capacidades de los trabajadores y trabajadoras, con relación a los vínculos
PLADA – CSA
16
entre distintas problemáticas ambientales, incluido el cambio
climático y el mundo del trabajo, y los cambios en las matrices productivas que dichas luchas requieren;
Promover proyectos de infraestructuras que reduzcan el uso de energía y materiales;
Promover el desarrollo y uso de nuevas tecnologías sustentables
con la participación de trabajadores y trabajadoras en conjunto con diversos actores sociales para garantizar altos niveles de inversión y genuina capacitación para todos y todas , de manera
tal que se evite la destrucción de empleos.
Crear agendas de transición justa a nivel global, regional y nacional, de forma que adaptadas a realidades distintas se consigan resultados equivalentes en términos de sostenibilidad y
calidad del empleo así como de justicia distributiva y cohesión social.
Establecer contenidos de protección social en los programas de
transición justa comunes para toda la población trabajadora,
garantizando el trabajo sano y seguro en todo el mundo, así como la protección específica de trabajadoras y trabajadores de
las actividades que deban ir abandonándose.
Incluir en los programas de transición justa medidas
antidiscriminación, reducción de la segmentación laboral y
eliminación de las diferencias salariales por razón de género, disposiciones que tengan en cuenta la familia e iniciativas de aprendizaje y formación con perspectiva de género. (específica
para jóvenes y mujeres).
PLADA – CSA
17
2.3- Justicia ambiental, derecho de los pueblos, de la naturaleza y de las generaciones futuras, Participación de los pueblos originarios y pequeños productores agropecuarios
La tendencia a la primarización de las economías de Nuestra América y a convertirse en enclaves exportadores de productos provenientes del agronegocio se encuentra íntimamente vinculada con la persecución y
criminalización a los movimientos sociales, indígenas, afro-descendientes y campesinos. El consumo desmedido en las economías de altos ingresos lleva a que
las grandes empresas transnacionales controlen la producción y
abastecimiento de alimentos, energía y minerales. El interés de estas corporaciones por explotar de manera insustentable diferentes recursos, ha llevado a una paulatina pérdida de derechos y expropiación de tierras ancestrales de estos pueblos y comunidades, que son sistemáticamente invisibilizadas.
La transición justa implica necesariamente el respeto por los valores de todos los sectores populares, por ende la multiculturalidadal, al igual que la soberanía y autodeterminación de los pueblos en las decisiones
respecto de los bienes comunes y recursos estratégicos.
Se debe garantizar la participación de todos estos actores sociales a
través del impulso de estructuras de gobierno participativas para la
definición de los usos de los bienes comunes y los recursos naturales. Resulta esencial el respeto por el derecho a consulta a poblaciones locales y pueblos originarios. Propuestas
Fin de la privatización y mercantilización de los bienes comunes,
la entrega, concesión y partenariados con el sector privado en
sectores estratégicos como la energía y el transporte y su
inmediata re-estatización.
PLADA – CSA
18
Implementación de mecanismos de consultas populares sobre el uso de los recursos naturales y los bienes comunes. Los mismos deben poner especial énfasis en respetar la diversidad y la muticulturalidad, garantizando una vida digna en el plano de la satisfacción de necesidades materiales, inclusión social y derechos ambientales a las poblaciones locales y originarias.
2.4. Un modelo que garantice el consumo de alimentos, materiales y energía equitativo entre los países y los actores sociales
Una definición de desarrollo sustentable que gira en torno
simultáneamente a los derechos, al trabajo decente, a la participación de los pueblos en todas las instancias de toma de decisiones, la preservación de los bienes comunes y la inclusión social no puede pasar por alto los conceptos de igualdad y equidad. Cuando los trabajadores y trabajadoras nos referimos a que la sustentabilidad ambiental es condición necesaria para la equidad e igualdad entre la
generación actual y las venideras, nos referimos a la equidad e igualdad inter-generacional. Sin embargo no podemos hablar de desarrollo sustentable sin dimensionar la justicia intra-generacional. Esto es, el trabajo decente, la inclusión social y el goce de un medio ambiente
adecuado para todos y todas, sin importar su condición (de género,)
étnica, su edad y o nacionalidad.
Es precisamente el consumo desmedido en los países del norte sin
tener en cuenta los límites planetarios, (aquello)lo que fomenta que la
depredación de los recursos se asiente por sobre los más pobres y postergados, en donde las mujeres resultan mayormente afectadas . El tipo de organización de la producción y el consumo que promueve el
neoliberalismo, las cláusulas de los Tratados de Libre Inversión y
Tratados de Libre Comercio, fomentan la expansión del agronegocio, la
primarización de las economías del sur. Las y los trabajadores de las
PLADA – CSA
19
Américas entendemos que existen responsabilidades comunes de
múltiples actores sobre la depredación ambiental, sin embargo, resulta
crucial la identificación de los responsables de los mayores daños sobre quienes deben recaer las mayores cargas. Las grandes empresas transnacionales no pueden ni deben tener libertad absoluta para establecer condiciones de producción, contratación, exportación y giro de dividendos. Los sindicatos tenemos que asumir junto con movimientos sociales y el Estado el establecimiento de pautas de regulación sobre estas firmas y sus actividades; A partir de identificar el fracasos de las Conferencias sobre Cambio Climático de 2009 y 2011 (COPs), desde la CSA promovemos una gran alianza entre la clase trabajadora y otros movimientos sociales para presionar a los gobiernos a firmar un acuerdo vinculante global que siga los principios de la transición justa hacia un modelo de desarrollo sustentable. Es imprescindible desplegar una estrategia de largo plazo capaz de ofrecer nuevas respuestas a los desafíos económicos, sociales,
ambientales, energéticos y políticos del mundo moderno.
La Conferencia Río+20 es el punto de partida para fortalecer un multilateralismo con responsabilidades compartidas pero diferenciadas, contemplando una gobernanza participativa en varios niveles. Propuestas
La promoción de una nueva fiscalidad que financie la mitigación y
adaptación, garantizando la transición justa para trabajadores y trabajadoras.
Participación de los sindicatos y movimientos sociales en las
políticas económicas para regular la Inversión Extranjera Directa y el comercio internacional;
Garantizar la soberanía y autodeterminación de los pueblos sobre los recursos naturales. Exigir conjuntamente a los gobiernos la apertura de instancias de participación y decisión
democráticas;
PLADA – CSA
20
Participación del movimiento sindical y otros movimientos
sociales en las instancias internacionales en dónde se discute
sobre cambio climático en coordinación con los distintos organismos, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Consejo Económico y Social
(ECOSOC), la Comisión del Desarrollo Sostenible (CDS), el Consejo del Desarrollo Social (CDSoc) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);
Exigir la transferencia de aquellas tecnologías que reducen el
impacto ambiental de los países desarrollados hacia los países
en desarrollo, de manera tal que estos también las puedan aplicar y sin que esta transferencia les genere endeudamiento.
Control estricto por parte del Estado sobre las actividades que generan mayor impacto ambiental, que desintegran las sociedades y que especialmente general reducidos puestos de trabajo y en condiciones precarias, particularmente aquellas de uso intensivo del suelo y el agua, como la minería, los monocultivos y la actividad petrolera.
2.5. Soberanía alimentaria, una agricultura sostenible en el tiempo, amigable con el ambiente, con diversidad de productores y productoras, diversidad de productos y que priorice el mercado interno y una alimentación de calidad
El sobreconsumo incentivado por la lógica capitalista neoliberal que no
tiene en cuenta los límites de sustentabilidad de los recursos lleva a que
las economías subdesarrolladas se especialicen en actividades ligadas
a la provisión de recursos provenientes de actividades extractivas con
uso intensivo de la tierra y el agua, destacando la minería, los hidrocarburos y los alimentos. En cuanto a los alimentos, se ha masificado el uso de semillas transgénicas en combinación con agro-tóxicos y la concentración de la
PLADA – CSA
21
tierra. Sumado a la financierización de la actividad, verificamos en
varios países del continente un proceso de (extranjerización) de las tierras, control de las transnacionales del conjunto de la cadena productiva (desde las semillas, la industrialización y su
comercialización) y orientación del modelo agrario a la exportación de
commodities destinando grandes áreas a los monocultivos.
Esta configuración del modelo agrario que prioriza la ganancia, ha
puesto la producción de alimentos en la región al servicio de las superpotencias y grandes corporaciones, poniendo en riesgo el abastecimiento interno y profundizando el cuadro de hambre, pobreza, desigualdad e injusticia, particularmente hacia los pequeños
productores y las economías campesinas;
Los y las trabajadores de la región estamos comprometidos a organizarnos junto con los movimientos sociales en pos de (la) garantizar a todos los habitantes del planeta los recursos, bienes y servicios esenciales como el agua potable y la energía. Resulta
fundamental la salvaguardia de la seguridad, soberanía alimentaria y la
nutrición dentro de los límites del planeta.
El enfoque de la seguridad y soberanía alimentaria apunta a garantizar el abastecimiento en el mercado interno de los alimentos y brega por una agricultura con diversidad de productores y diversidad de productos, que resulte ambientalmente sustentable a lo largo de los años. De esta manera se rechaza el perfil de la actividad orientada a la
exportación, la sobreexplotación de los recursos y los perjuicios hacia la
agricultura familiar. Defender la soberanía y la seguridad alimentaria resulta esencial en pos de las metas del desarrollo sustentable. El fortalecer la agricultura familiar y a las y los trabajadores rurales, potenciando el vínculo con la tierra, la reforma agraria se vuelve un
importante instrumento de generación de empleo, de democratización
de la propiedad, con una ocupación más equilibrada de los territorios y
un uso más racional de sus recursos para ampliar la producción de
alimentos que garantice no sólo el bienestar de la población, sino la
PLADA – CSA
22
soberanía alimentaria. Tales medidas, además de necesarias para la
constitución de un mercado interno fuerte y pujante, condición para el crecimiento autosustentable, fundamental para el enfrentamiento a los impactos de la crisis en la cual se ven sumergidos los países
capitalistas centrales, son también imprescindibles para la supervivencia misma del planeta. El enfoque de soberanía y seguridad alimentaria se construye como
contraposición al modelo agrario del latifundio concentrador y excluyente, que degrada los recursos naturales y explota la mano de obra, afirmamos el principio de la función social de la propiedad, de la
creación de relaciones sociales y económicas que, al mismo tiempo que impulsen el crecimiento, promuevan el equilibrio con una mirada que privilegie a los pueblos originarios y las comunidades indígenas. Propuestas
Desarrollar programas de incentivos a la agricultura (familiar), promoviendo una mayor diversidad de productos, menor concentración de la tierra, más empleos y en mejores condiciones en el sector agropecuario;
Aseguramiento del abastecimiento de alimentos en los mercados internos de todas las naciones del continente;
Democratización de la propiedad de la tierra y promoción de la
economía social y solidaria, de la mano de mecanismos que garanticen precios justos a los productores y consumidores;
Afianzar la inclusión productiva de las mujeres, mediante
programas de transferencia de ingreso y créditos accesibles para la agricultura familiar y que atiendan a la igualdad y justicia entre los géneros.
Reforma agraria integral que tiendan a redistribuir la tierra, desconcentrándolas en beneficio de comunidades originarias, la
agricultura familiar e indígenas.
PLADA – CSA
23
Recuperación por parte del Estado, los trabajadores y
trabajadoras, pequeños productores, comunidades originarias e
indígenas del proceso de comercialización de semillas y el
desarrollo de conocimiento y tecnologías de avanzada en los procesos productivos agrarios.
2.6. Reorientación de la matriz-energética hacia modelos que impliquen el uso de fuentes limpias y renovables No se pueda avanzar hacia condiciones dignas de vida para (todas y todos) la sociedad a través del aumento del consumo y la producción
indiscriminada. Esto sólo tensiona negativamente las variables
ambientales, ya que la utilización desenfrenada de fuentes de energía
fósil y el consumo desmedido e irracional no son sustentables y atentan contra la igualdad y la justicia social. Un nuevo paradigma del desarrollo sustentable requiere una reformulación integral de la matriz energética,
de manera tal que este se base en tecnologías limpias y renovables y en bajas emisiones de CO2. La cuestión energética es un asunto central y medular en la
construcción de un modelo alternativo para la región. En el continente
se observa una matriz energética variada, con efectos sustantivos y
mucho peso en las dinámicas económicas locales. Existe un enorme
potencial en la región para la generación de fuentes energéticas
alternativas para generar una matriz cada vez más renovable, limpia y
una economía de bajo carbono. La construcción de una matriz
energética sustentable requiere la consideración de cuestiones
ambientales tanto globales –cambio climático y agotamiento de recursos
energéticos- como locales –contaminación, pérdida de biodiversidad,
satisfacción de necesidades básicas de la población.
PLADA – CSA
24
Propuestas
Inversiones en energías limpias y renovables, esto incluye el
desarrollo de transporte público no contaminante y la movilidad
sustentable, la renovación eficiente del parque edilicio, la
promoción de una agricultura, pesca y silvicultura ecológicas, la
reducción, reutilización y reciclado de residuos y la promoción de
la visión de ciclo de vida de los productos;
Promoción de políticas de desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental;
Regulación por parte del Estado con participación del movimiento (los actores sindicales) sindical y movimientos sociales en las decisiones sobre política energética;
Capacitación de trabajadores y trabajadoras en las tecnologías
ambientalmente sustentables, asegurando la inclusión de jóvenes y los trabajadores y trabajadoras salientes de las actividades contaminantes , de manera tal que no padezcan situación de
desempleo debido al uso de nuevas tecnologías.
PLADA – CSA
25
3- DIMENSIÓN ECONÓMICA
La crisis económica global iniciada a fines de 2008 es la manifestación del fracaso (y) del modelo neoliberal, expresa el agotamiento y la inviabilidad económica, social, política y ambiental de una lógica de
búsqueda de ganancias a cualquier precio, generando desempleo,
pobreza, exclusión social y una situación de profunda injusticia distributiva. Las políticas aplicadas desde la década de 1970 por varios gobiernos
dictatoriales en América Latina y Caribe y las recetas del Consenso de
Washington en los años 90’, representan las máximas expresiones de este credo basado en el fundamentalismo de mercado, el libre comercio, la reducción de impuestos para los grandes capitalistas, la
ausencia de Estado tanto en sus funciones de regulador de la economía
como de impulsor y gestor de políticas públicas.
Como consecuencia de la aplicación de estas recetas durante los años
de la hegemonía de mercado se profundizó en nuestra región una
apertura comercial desmedida y consecuente destrucción del tejido
productivo; se desreguló la actividad financiera, basada en la búsqueda de ganancias e intereses a partir de actividades especulativas desvinculadas de la producción de bienes y servicios, sujetando el
bienestar de los pueblos a los azares de una verdadera “economía de
casino”; se les otorgaron importantes prerrogativas a las empresas
multinacionales, desmantelando las instancias de negociación colectiva
y organización sindical; se perdió la soberanía sobre los recursos
naturales, profundizando la dependencia de la exportación de
commodities provenientes de actividades extractivas; y se perdió el
control estatal sobre la infraestructura básica, lo cual implicó no poder garantizar el abastecimiento de ciertos bienes y servicios esenciales. Frente a estas fórmulas, los trabajadores y trabajadoras nucleados en la CSA, venimos construyendo un paradigma alternativo tanto para
PLADA – CSA
26
Nuestra América como para el planeta. Se trata de un modelo de desarrollo sustentable. Nuestros consensos giran en torno al trabajo decente, la inclusión y justicia social, el respeto por el medio ambiente y
la participación de jóvenes, hombres y mujeres en todas las instancias
de construcción política. Ponemos énfasis en que es el empleo y los
altos salarios lo que impulsa el crecimiento económico, y no al revés. El
centro de la dimensión económica del desarrollo sustentable es llevar trabajo decentey derechos donde hay precariedad; igualdad donde hay desigualdad; participación e integración dónde hay exclusión. Se
reivindica así, una forma de organizar la producción, la distribución y el
consumo que defiende la autodeterminación de los pueblos y de los Estados. Como lo evidencia la derrota al proyecto del ALCA en 2005 y las mejoras de los indicadores socioeconómicos de gran parte de los
países de la región, durante la última década muchos gobiernos del continente han tomado caminos diferentes a los prescritos en las recetas del Consenso de Washington. Para la CSA esto representa el desafío de luchar por profundizar los cambios alcanzados en el
continente con mayor justicia distributiva, más protección e inclusión
social y más participación popular en las decisiones. Como movimiento
sindical de las Américas no solamente peleamos por mantener las
transformaciones económicas, sociales y políticas de carácter progresista logradas, sino porque ellas se vuelvan estructurales y permanentes. Consideramos, entonces que el fortalecimiento del papel de los sindicatos y otros movimientos sociales resulta crucial para la democratización de las diferentes áreas de la economía.
Si bien durante la última década en Sudamérica nos encontramos con
que las políticas de transferencias de ingreso, integración e
infraestructura y aumentos de los salarios mínimos derivaron en
mejoras en los indicadores socioeconómicos e inclusión social, no es
menos cierto que durante la fase de agudización de la crisis financiera
PLADA – CSA
27
internacional, la generación de empleos y protección social se estancó. Destacamos entonces que los incrementos del empleo decente no pueden depender nunca del crecimiento económico. El modelo de
desarrollo sustentable debe garantizar la evolución favorable de la
inclusión social y los derechos de los sectores populares
independientemente del devenir de la economía.
Otra observación relevante es que a pesar de las transformaciones
progresistas en la región, muchos países han agudizado su
dependencia de la exportación de commodities provenientes de actividades extractivas, quedando sujetos a la volatilidad de sus precios. Una importante tarea es la de profundizar el mercado interno en base a la complementariedad productiva y una matriz de actividades económicas sumamente diversificadas, en la cual las microempresas, PyMEs y productores rurales familiares tengan mayores fortalezas. Una de las claves para consolidar estas transformaciones y una la transición justa hacia el nuevo paradigma centrado en el trabajo decente es el fortalecimiento del rol del Estado, no solo como regulador de la economía sino como un actor central en la organización de la
producción, distribución y el consumo. Para ello, una de nuestras misiones es el pensar una nueva fiscalidad que grave el patrimonio y la renta y no el consumo, en otras palabras, un esquema tributario que resulte progresivo en lugar de regresivo. Un aspecto fundamental que debemos agregar es que al parecer se viene consolidando en la región un patrón de crecimiento en el cual los
salarios crecen a un ritmo inferior al de la productividad. Esto último es
generador de desigualdades, contratos de corta duración, tercerización y otras modalidades de precariedad laboral. Por este motivo, tanto el Estado como desde las centrales sindicales debemos resultar agentes de elaboración de propuestas y control de las políticas económicas.
Un capítulo aparte merece la integración regional. Las tendencias de la
época de la hegemonía del pensamiento neoliberal expusieron una
globalización basada en la libre movilidad de los bienes y servicios y del
capital. El emblema de este tipo de integración han sido los Tratados de
PLADA – CSA
28
Libre Comercio y Libre Inversión, que implicaba mecanismos para las grandes empresas transnacionales para garantizarse condiciones de explotación de la fuerza de trabajo sumamente ventajosa, eludiendo derechos laborales y obteniendo importantes exenciones impositivas. El tipo de integración económica a la cual apunta el modelo de desarrollo
sustentable es una verdadera integración de los pueblos basada en la multiculturalidad. Esto significa entre otras cosas: garantizar normas jurídicas comunes y ambientales (aceptando la diversidad); compartir el conocimiento; una infraestructura concebida a escala continental; una integración económica basada en la complementariedad de los países
vecinos y no en potenciar asimetrías; regulaciones comunes a la
inversión extranjera directa. A escala planetaria, también se debe pensar en viabilizar definitivamente el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que son generadoras de volatilidad macroeconómica.
Un Estado autónomo, pero abierto y en articulación con el movimiento sindical y los actores sociales populares es el mecanismo para garantizar la inclusión en la esfera productiva de jóvenes, migrantes,
indígenas, comunidades locales sin distinción alguna de género. 3.1. Hacia una sociedad sin (excluidos ni excluidas) exclusión: pautas de distribución del ingreso, la renta, la riqueza y el excedente Durante la última década en gran parte de los países de Nuestra América se ha extendido la protección e inclusión social a mayores porciones de la población y sectores más postergados, reduciéndose los niveles de desempleo y pobreza. Ahora bien, estas mejoras en los indicadores socioeconómicos no deben resultar exclusivamente producto de una serie de políticas coyunturales, el crecimiento económico o el precio de las commodities. La consolidación de un Estado con capacidad de ser uno de los actores principales de la organización y regulación de la producción, distribución y consumo resulta crucial para garantizar la protección social de (todos los sectores de la población, con equidad de género y equidad inter e intrageneracional) toda su población.
PLADA – CSA
29
Distribución equitativa del ingreso, de la renta, la riqueza y el excedente resultan conceptos diferentes, pero las políticas en pos de dicho objetivo van de la mano. El concepto de desarrollo sustentable apunta a la justicia distributiva a través de garantizar el pleno empleo en condiciones (decentes) dignas y que el ingreso no se vea sometido a la volatilidad del ciclo económico o el precio internacional de los commodities. Los mecanismos fundamentales resultan ser una matriz productiva diversificada y un Estado con capacidad de llevar adelante políticas sociales activas y que cuente con las políticas fiscales y monetarias como herramientas para incidir en el ciclo económico. El salario mínimo y la negociación colectiva, resultan vitales para una distribución del ingreso pareja, por lo cual se hace evidente la necesidad de actores sindicales fuertes. La inequidad de la riqueza se explica por tenencias desiguales de activos. Una transición justa hacia un reparto equilibrado de ella se edifica a través de la revisión de quién controla los activos más importantes y estratégicos del proceso productivo. Para ello se requiere de un estado con capacidad de gestionar y controlar el acceso a los recursos más relevantes y la infraestructura esencial; con capacidad para regular a los actores económicos más grandes; y también generar una matriz productiva más diversificada en actividades y cantidad más numerosa de producción. (productores de menor tamaño). La renta, en los países de Nuestra América se genera fundamentalmente a partir del control de los recursos naturales estratégicos y en actividades extractivas. Resulta fundamental orientar la renta de estos recursos (que se deben explotar en condiciones social y ambientalmente sustentables) hacia actividades generadoras de empleo (decente) digno. Nuevamente se hace evidente el control y la regulación estatal. Por otra parte, además de los bienes comunes, existen otras actividades no productivas (como la financiera-especulativa) que también generan rentas. Estos sectores, que no son generadores de empleo, y su preeminencia fomenta la volatilidad económica y la desigualda, por lo que deben ser gravados impositivamente. Las desigualdades de excedente económico provienen de escalas productivas y concentración del capital diferenciadas. La consecución de una sociedad más equitativa requiere de una férrea regulación a las empresas transnacionales.
PLADA – CSA
30
Propuestas:
Reafirmar la validez del Estado asegurando el pleno empleo mediante políticas sociales fiscales y monetarias realmente autónomas para enfrentar coyunturas de estancamiento o crisis.
Sostener el gasto corriente del gobierno como motor de la actividad económica, garantizando la oferta de servicios como la educación la salud y la asistencia sociales que deben ser provistos con carácter universal y de calidad. Esto no solo incluye la construcción de los establecimientos donde estas actividades se llevan adelante sino también de una importante cantidad de profesionales con altas remuneraciones y condiciones de trabajo dignas.
Desarrollo de políticas sectoriales que promuevan actividades económicas intensivas en conocimiento y con alto valor agregado, para reducir la dependencia del sector primario.
Afianzar la inclusión productiva de (aquellos y aquellas que) quienes padecen en nuestra región mayor exclusión: (jóvenes) juventud, migrantes, indígenas, afroamericanos y mujeres. Para ello se debe garantizar la Educación y Formación Profesional a la cual debe corresponder ingreso equitativo.
Férreo control por parte del Estado, el movimiento sindical y población local a las empresas multinacionales y multilatinas sobre el cumplimiento de normas vinculadas al trabajo (decente) digno y la sustentabilidad ambiental.
Revisión de las concesiones otorgadas a firmas privadas (nacionales y multinacionales) sobre activos estratégicos, explotación de recursos naturales y redes de infraestructura básica.
Universalización y Solidaridad de la Seguridad Social: La Seguridad Social debe ser percibida como un Derecho Humano y una responsabilidad del Estado. Se deben recuperar los principios de universalidad y solidaridad, desmantelando los modelos basados en el lucro privado.
Gravámenes impositivos generales sobre la renta y el patrimonio preponderando sobre los impuestos que recaen sobre el consumo.
Establecer un porcentaje mínimo del PIB que tenga que ser destinado a la protección social en cada país. La protección social debe ser percibida como complementaria de la expansión económica dirigida a la población de mayor vulnerabilidad.
PLADA – CSA
31
Potenciar medidas de protección social que apunten a equilibrar familia y trabajo: A partir de medidas como la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial para que trabajadores y trabajadoras puedan atender a sus familias; fortaleciendo los sistemas de cuidado para todos y todas de niños, enfermos, discapacitados y ancianos la
valoración del trabajo reproductivo y su distribución equitativa entre hombres y mujeres.
Conciliación de la vida laboral y familiar, teniendo en cuenta las necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social, promover servicios comunitarios, públicos o privados, con nuevos sistemas de
cuidado que se encarguen de la atención de la infancia y de la gente adulta mayor, tales como los servicios y medios de asistencia y de asistencia familiar; implementar mecanismos que valoren el trabajo doméstico; adoptar medidas
apropiadas para promover mediante la información y la
educación una mejor comprensión por parte del estado del principio de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, y acerca de los problemas de las y los trabajadores con responsabilidades familiares.
Acceso equitativo al conocimiento).
3.2. Política Fiscal y Tributaria Progresiva: por una fiscalidad que apunte a gravar las ganancias, la renta, el patrimonio y no el consumo; gravamen de las transacciones financieras internacionales y la especulación La crisis económica y financiera internacional iniciada a fines de 2008
evidenció que uno de los grandes fracasos de la lógica neoliberal era la
idea instalada internacionalmente de que la economía mejora con la
reducción de impuestos y que los Estados no deben cumplir un rol de
PLADA – CSA
32
receptores de la riqueza y distribuidores de beneficios para el conjunto de la población a través de la política social.
América Latina y Caribe es una región donde existe una fuerte
desigualdad y concentración de ingresos, lo que la lleva a ser la más
desigual del mundo. Según el coeficiente de Gini (utilizado para calcular
la desigualdad existente en la concentración de la riqueza de la
población) la distribución de la riqueza en América Latina es 70% más
concentrada que en Europa. Esta región históricamente ya contaba con una estructura tributaria regresiva que castiga a los sectores de ingresos más reducidos con impuestos indirectos -como el Impuesto al
Valor Agregado (IVA)- y favorece la no tributación de grandes fortunas,
los capitales más concentrados o la tenencia de grandes extensiones de tierras ociosas e improductivas. De esta manera, los ricos pagan menos tributos e impuestos que los pobres y la mayoría de los tributos gravan
el consumo de bienes básicos, como alimentos, educación y salud,
siendo profundamente regresivos para la mayoría de la población. Los tratos preferenciales y exenciones impositivas sobre colocaciones financieras, rentas del capital, interés de títulos públicos, beneficios de
los fondos de inversión, acciones, ganancias de capital de bienes
inmuebles, trato más favorable a la reinversión de utilidades, así como
las exoneraciones, créditos, devoluciones y aplazamientos de
impuestos, no hacen más que reducir la capacidad de acción del Estado y profundizar la regresividad tributaria, inequidad e injusticia social. Del mismo modo, los trabajadores y trabajadoras rechazamos los altos niveles de evasión y elusión fiscal por parte de los grandes sujetos de
tributación, que prevalece a la hora de recaudar impuestos directos.
También cuestionamos las limitaciones administrativas de los Estados
que impiden un desempeño más eficaz en cuanto a la recaudación.
Merece una mención especial la tendencia a la desregulación de las
actividades financieras y bancarias en el plano internacional. Esto último
PLADA – CSA
33
ha promovido durante los últimos 30 años de neoliberalismo la
orientación de recursos hacia actividades especulativas que resultan
menos productivas y sumamente volátiles, por ende contrarias a los
objetivos del empleo decentey la inclusión social.
El modelo de desarrollo sustentable con inclusión social, derechos y
participación democrática de todas y todos, requiere el pensar en una
nueva fiscalidad, que de “igualdad a los desiguales”. La transición justa hacia este modelo, implica pensar contrariamente a los postulados de la lógica neoliberal: más impuestos significa en realidad más igualdad.
Propuestas:
Presionar para la ampliación y generalización de las bases imponibles de los distintos tributos.
Incrementar los controles a la evasión fiscal y al contrabando.
Reducir tanto la evasión, elusión y morosidad con especial
atención en los impuestos directos. Reforzar los impuestos a la renta y al patrimonio con medidas
como: - La extensión de la base del gravamen a otros tipos de
ingresos actualmente exentos como rentas financieras, ganancias de capital y dividendos de acciones.
- Evitar la dependencia del impuesto sobre las personas físicas
en relación a los ingresos salariales. Implementar mecanismos que permitan que no sea solamente la/el trabajador cautivo quien pague impuestos sobre su salario.
- Proteger la base imponible del impuesto sobre la renta societaria, evitando las maniobras elusivas a través de normativa tributaria internacional.
Introducir nuevos impuestos teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente, en especial sobre las actividades extractivas.
PLADA – CSA
34
Impuestos a las multinacionales que recaigan sobre la Inversión Extranjera Directa y las fusiones con empresas nacionales.
Reformular de manera integral el Impuesto al Valor Agregado (IVA) teniendo en consideración los siguientes lineamientos: - Reducir a dependencia presupuestaria del IVA, por ser uno de
los impuestos de carácter más regresivos. - Combinar el IVA con impuestos selectivos sobre bienes
determinados, en lugar de aplicar gran variedad de alícuotas.
- Diferenciar entre bienes básicos y los de lujo. - Mantener exenciones solo en los casos plenamente
justificados Impulsar la creación de un Impuesto Internacional sobre las
Transacciones Financieras (ITF) de características símiles a la Tasa Tobin.
3.3. Políticas públicas, coordinación estatal y regional contra la primarización y transnacionalización de la economía
Una de las conquistas del pensamiento económico neoliberal desde la
década de los ’70 en adelante había sido el difundir que la integración al
comercio internacional a partir de las “ventajas comparativas” de cada
país generaba un camino virtuoso que permitía crecer, lo cual
necesariamente se asociaba al desarrollo, ya que el “reparto” en esta
concepción es posterior a la expansión económica.
Gracias a este esquema, los gobiernos neoliberales propiciaron las condiciones para la expansión de las actividades primario extractivas,
como la minería, el monocultivo de soja y los hidrocarburos.
Si bien varios gobiernos progresistas tomaron fuertes medidas para revertir la primarización de las economías de la región, en una
coyuntura donde el exponencial crecimiento de la República Popular de China expande la demanda y por ende el precio de los productos
PLADA – CSA
35
básicos, salir de este esquema de primarización resulta sumamente dificultoso.
Por ello, se deben buscar mecanismos de promoción de una matriz
productiva diversificada y con más agentes de menor tamaño.
Propuestas:
Desarrollar mercados internos diversificados y complementarios, generando empleos de mayor estabilidad (e) incorporando amplios sectores al consumo. Siempre teniendo en cuenta la justicia social y ambiental. De esta manera se reduce la dependencia del sector primario
Impuestos especiales a las fusiones de las transnacionales con empresas nacionales.
Gravámenes especiales sobre actividades primario extractivas.
Planificar políticas de desarrollo sectorial e infraestructura entre los
países de la región, de manera tal de fomentar la complementariedad productiva entre ellos.
3.4. Instrumentos de Integración Regional: mercados, instituciones financieras, infraestructura y monedas comunes
El credo neoliberal entendía por integración regional la firma de
Tratados de Libre Comercio (TLCs) y Tratados de Libre Inversión (TLIs),
que no hacían más que garantizar condiciones de privilegio para las
grandes empresas transnacionales, profundizar las asimetrías entre
países y generar al interior de los países de Nuestra América una
configuración productiva insustentable desde la óptica social y
ambiental. Este esquema reforzaba la división internacional del trabajo que impulsaba el capitalismo neoliberal.
El paradigma del desarrollo sustentable, apunta a la integración de los pueblos, no a una mera movilidad de bienes y servicios y del capital. La
PLADA – CSA
36
integración abarca entonces aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales y su punto de partida es un rol activo del Estado sustentado por un nuevo consenso democrático con soberanía
popular y ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales.
Por integración apuntamos, entonces a pensar en una matriz
productiva, energética y una infraestructura pensada a escala regional o
subregional. Esto se debe edificar en base a la búsqueda de consensos,
teniendo en cuenta la multiculturalidad de los países de Nuestra
América. El cambio fundamental es la búsqueda de complementariedad
productiva al interior de la región y dejar de percibir al vecino como un
competidor. Esto implica un importante grado de coordinación en
políticas fiscales, monetarias y cambiarias, pero también las de ciencia y
técnica, educativas, de salud, etc.
Resulta fundamental una coordinación para la regulación regional y subregional de los movimientos financieros y capitales especulativos, como así también la regulación conjunta a las firmas transnacionales y translatinas. Propuestas:
Potenciar la nueva arquitectura política y económica representada
por la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la Comunidad de
Estados de América Latina y Caribe (CELAC), la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), el Sistema de Integración de
Centroamérica (SICA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y
la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Defender y potenciar las Uniones Aduaneras imperfectas de la
región (MERCOSUR, CAN, SICA, CARICOM) en camino de convertirse en Mercados Comunes, aportando elementos para
PLADA – CSA
37
consolidar verdaderos procesos de integración productiva, social,
cultural y energética.
Establecer un mecanismo de protección de las y los trabajadores
migrantes al interior de la propia región, reconociéndoles sus derechos humanos integrales (los beneficios de la Seguridad Social), pero teniendo simultáneamente en cuenta el derecho a no migrar y el retorno digno.
Para el comercio exterior se deben desarrollar y viabilizar instrumentos financieros y cambiarios para que los países puedan comerciar con monedas nacionales o instrumentos de compensación recíprocos, evitando el paso por monedas ajenas a
los países de los agentes que realizan las transacciones.
No descartar los acuerdos bilaterales entre países, siempre y cuando el acento se ponga sobre elementos como la reciprocidad, complementariedad y una visión multidimensional de la integración.
Coordinación para a regulación de firmas transnacionales (y
translatinas) y autonomización de los flujos financieros internacionales.
Fomento de instituciones financieras regionales y subregionales que asistan a los países de la región con líneas de financiamiento
para desarrollos tecnológicos que apunten a la ganancia de
competitividad de la región, a su integración y/o complementariedad productiva.
Creación de Fondos Continentales destinados a la elevar la de los
Estados en base a la complementación productiva, teniendo como
eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión
económica (Fondos Sociales, destinados a erradicar el hambre;
Fondos de capacitación para los trabajadores y trabajadoras; y
Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH (HIV)/SIDA y otras endemias).
PLADA – CSA
38
3.5. Complementariedad productiva en el continente evitando la competencia de precios entre los países
Durante los años de la hegemonía neoliberal, la concepción reinante en
los países de Nuestra América era que potenciar el vínculo con las
potencias industrializadas era el camino hacia el desarrollo económico.
Las normativas jurídicas y laborales se acomodaban a as prerrogativas
de las grandes empresas multinacionales para resultar países atractivos
para la inversión extranjera. Los estándares de los bienes y servicios
también se adaptaban a los requerimientos del Norte. Cada país
percibía a su par de la región como un posible competidor por los
mercados de los países desarrollados. En ausencia de elevadas tasas de productividad de trabajo, abruptas devaluaciones o magros salarios eran aquellos factores que generaban en términos de la CEPAL
“competitividad espuria”, lo cual traía como consecuencia mayores
asimetrías entre los países de nuestra región y las potencias, pero
fundamentalmente asimetrías e injusticia social al interior de nuestras
economías.
El establecimiento de salarios mínimos a escala regional y subregional y
la integración a partir de la complementariedad productiva, resultan
pilares básicos para asegurar la justicia distributiva del ingreso al interior
del continente y condiciones de vida dignas en cada país.
Los países de Nuestra América debemos comprometernos a no
reproducir un esquema asimétrico entre los países de la región, ni
percibirnos como economías competitivas, sino complementarias.
PLADA – CSA
39
Propuestas:
Negociaciones conjuntas de los organismos que representan a las subregiones de América Latina y Caribe con otras regiones o con
organismos multilaterales de crédito con participación de las confederaciones sindicales.
El diseño de una infraestructura pensada a escala continental junto
con una matriz energética y productiva regional, basada en la
complementariedad entre los países. Potenciar la defensa de los derechos laborales a escala
subregionales (MERCOSUR, SICA, CAN, CARICOM) y en aquellos procesos no convencionales (CELAC, ALBA, ALADI)
3.6. Control eficaz de las empresas transnacionales conforme a las pautas de acuerdos tripartitos internacionales
La transición justa hacia un modelo de desarrollo sustentable centrado
en el trabajo (decente) , la inclusión social y los derechos , apunta a establecer un claro sistema de corresponsabilidades en el devenir de lo político, económico, ambiental y social, en donde los actores de mayor peso deben asumir mayores cargas y responsabilidades. Una de las consecuencias más importantes del neoliberalismo ha sido
la concentración económica a escala planetaria. Hoy grandes empresas transnacionales controlan las cadenas productivas de bienes y servicios que resultan estratégicos y esenciales para garantizarles una vida digna
a los pueblos. Esto a su vez implica posiciones de poder cada vez más
asimétricas entre empleadores y trabajadores y trabajadoras. Lo anterior se evidencia en los atropellos en contra de las y los trabajadores, el medio ambiente, las poblaciones indígenas, afro descendientes y campesinas se cometen a lo largo y ancho del continente para favorecer sus intereses, así como en la forma en que desconocen las libertades sindicales, especialmente los derechos de asociación y negociación colectiva. En numerosos países estas firmas
externalizan su producción, de manera tal de no responsabilizarse, por
PLADA – CSA
40
la explotación de jóvenes y mujeres especialmente a través de los
procesos maquiladores; la utilización de formas deslaboralizadas o
tercerizadas de contratación; la forma en que presionan a gobiernos y adecuan para su propio beneficio las leyes nacionales, especialmente las tributarias, violentando la soberanía de las naciones y haciendo de sus territorios su centro de poder y de riqueza sin control. El éxito en que estas grandes firmas se ajusten al modelo de desarrollo sustentable se vincula con que el Estado, los sindicatos y otros movimientos sociales tengan la posibilidad de asumir un importante rol de control y fiscalización de estos agentes económicos (nos estamos refiriendo a todas las transnacionales, incluyendo las multi-latinas). En este sentido, desde 2008 la CSA ya viene jugando un papel relevante definiendo una estrategia de actuación que ponga a los sindicatos en condiciones de incidir en el comportamiento social, laboral y ambiental de estas empresas, como así también acompañando a poblaciones que se han levantado frente a los abusos de estas firmas para defender sus territorios, costumbres ancestrales, recursos naturales, medio ambiente y su soberanía. Propuestas:
Que las grandes empresas se ajusten de manera obligatoria a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, Acuerdos Marco internacionales vigentes, el Global Compact de las Naciones Unidas y la Declaración Tripartita de la OIT sobre Empresas Multinacionales.
Instancias de diálogo internacional tripartito con las empresas transnacionales, organizando las relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva tanto nacional como supranacional. Las
multinacionales también se hacen responsables por las condiciones
laborales y ambientales en sus empresas satélites y contratistas. Establecer duras sanciones a las firmas (y sus controlantes) que
incumplan con derechos laborales, en especial a aquellas que impidan la organización sindical, incurran en actos de
PLADA – CSA
41
discriminación de género, todo tipo de violencia, incluyendo la
sexual, o en la explotación de migrantes, niños y niñas en condiciones de esclavitud.
Poner en práctica un programa de solidaridad sindical Sur-Sur y Norte-Sur-Sur de manera tal que se fortalezca el movimiento sindical nacional e internacional y la defensa del trabajo decente.
Revisión de regímenes excepcionales de zonas francas
Impuestos excepcionales por fusiones con empresas nacionales. Revisar las privatizaciones en sobre la infraestructura considerada
estratégica y la provisión de bienes y servicios esenciales para una
vida digna. Impedir nuevas privatizaciones en estas áreas.
Luchar por que los gobiernos de cada país rescaten las empresas
paraestatales vitales para mantener su soberanía economía como
las mineras, de aviación, bancarias, puertos, aeropuertos, entre otros.
3.7. Deuda Odiosa: rechazo a la Deuda Externa ilegítima cuyo pago absorbe presupuesto
Uno de los elementos característicos de varios gobiernos dictatoriales y
neoliberales en Nuestra América fue el incremento de la Deuda Externa. Gran parte de estos compromisos se asumieron en condiciones de ilegitimidad, con obstáculos que impedían a las mayorías populares
conocer los orígenes y destinos de estos préstamos. A estas deudas,
contraídas contra el interés de los pueblos la denominamos “deuda
odiosa”. La Deuda Externa (y en especial a deuda odiosa) ha constituido uno de o mayores impedimentos en nuestros países para la inclusión social y la
transición hacia el desarrollo sustentable. El pago de onerosos intereses constituye una verdadera dificultad en la lucha contra la pobreza. Al existir corresponsabilidad de los acreedores, la deuda odiosa contraída por los países más pobres no debe ser pagada.
PLADA – CSA
42
Los mecanismos de toma de deuda en cada país deben incluir
instancias de participación popular de manera tal que se garantice la transparencia de los programas, origen y destino de los fondos Propuestas:
Reforma del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta reforma debe incluir que todo proyecto de desembolso crediticio por parte de esta institución sea aprobado previamente por el poder
legislativo de cada país.
Anulación de las deudas de los países más pobres con aquellos
más desarrollados y con organismos multilaterales de crédito, sobre aquellas deudas sobre las cuales se aplicara el concepto de “Deuda Odiosa”.
Intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los
proyectos de préstamos y financiamiento, de manera tal que se pueda evaluar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados y se asegure transparencia y participación popular durante todo el proceso.
3.8. Mecanismos regulatorios que aseguren mayor participación de los pequeños productores rurales y de las pequeñas y medianas empresas, en detrimento de las grandes corporaciones. Una de las claves para alcanzar las metas que nos proponemos con el modelo de desarrollo sustentable centrado en el trabajo decente, la inclusión social, la justicia distributiva y la plena participación de todos los actores sociales es el pleno empleo. Las Pequeñas y Medianas Empresas, como los productores familiares en la agricultura, son aquellas que potencialmente pueden generar mayor número de puestos de trabajo. Por otro lado el hecho de que
prevalezcan agentes económicos más pequeños favorece una
distribución más equitativa del ingreso y la riqueza. Estos actores, a su
PLADA – CSA
43
vez, por su carácter local se involucran en mayor medida con el cuidado
del ambiente y respeto por la naturaleza. Las profundas asimetrías
económicas entre diferentes firmas y el control y dirección de los procesos productivos por grandes corporaciones atentan contra ello. El Estado, debe asumir el rol no solamente de regulador del comportamiento de las firmas de multinacionales, sino también
desarrollar políticas que promuevan el crecimiento de estos agentes
económicos de menor tamaño (desde ya siempre cumpliendo con todos los derechos laborales normas ambientales y generando trabajo decente. El eje de la actuación del Estado –de manera conjunta con el
movimiento sindical y otros actores sociales-, debe ser la promoción de
la economía solidaria, que tiene como centro el ser humano, a justa
distribución del ingreso, la democracia en la toma de decisiones y compromiso en el espacio territorial en el cual se desenvuelve. La promoción de la agricultura familiar resulta clave además para asegurar el abastecimiento interno de alimentos, el cuidado del medio ambiente y la soberanía alimentaria. La defensa de estos actores,
además evita que se vean forzados a migrar a áreas urbanas en dónde
padecen condiciones de explotación y/o marginalidad.
El potenciar el protagonismo económico de las pequeñas y medianas empresas y los productores familiares requiere que el Estado asuma su papel no solo como regulador de la economía, sino como rector,
incentivando, apoyando y promoviendo a estos productores más
pequeños con programas viables y concretos. Propuestas:
Promoción del Desarrollo Local a través de la implementación
de proyectos que asocien a los agentes económicos con
énfasis en la economía solidaria.
Políticas sectoriales: la promoción de políticas sectoriales constituye uno de los pilares de un plan de desarrollo
PLADA – CSA
44
sostenible a nivel regional. Las mismas se deben basar en la complementación productiva de manera tal que se apunte a ganar competitividad genuina.
Elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio
infraestructura y finanzas que incluyan regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMEs.
Promover la agricultura familiar y mayor autonomía para los agricultores con el fin de garantizar el abastecimiento interno y condiciones de vida digna para campesinos y campesinas.
Planes de capacitación en tecnologías de punta y tecnologías ambientalmente amigables para micreoempresas y PyMEs.
Democratizar la propiedad de la tierra mientras se promueve la economía solidaria.
Control por parte de los sindicatos y otros actores sociales del estricto control de las normas laborales y ambientales.
PLADA – CSA
45
4- DIMENSIÓN SOCIAL
A pesar de los avances realizados por los gobiernos democráticos a lo
largo de la última década y de la relación positiva observada entre
crecimiento económico, reducción de la pobreza e inclusión social, las
diversas formas de desigualdad y exclusión social, muchas veces
imbricadas entre sí y por eso agudizadas, no han logrado ser
eliminadas. América Latina sigue siendo la región más desigual del
mundo. Mientras que en América del norte, particularmente en Estados
Unidos, se experimentó un retroceso social y laboral.
En la región los salarios crecen a un ritmo inferior que la productividad.
Persiste la tendencia a la tercerización, la precariedad y la informalidad laboral en sus distintas formas, que suele involucrar acciones de discriminación (por género), franja etaria, condición migratoria o grupo
étnico. En las actividades informales y precarias se concentra el trabajo infantil, joven, migrante y femenino. Asimismo, el continente americano continúa siendo el más peligroso
para el ejercicio de la libertad sindical. Empleadores privados y públicos
violentan física, económica, laboral y socialmente a las y los trabajadores, a sus dirigentes y organizaciones gremiales. Millones de trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad viven a diario temor de ejercer sus derechos. Anualmente cientos de trabajadoras y trabajadores son asesinados, encarcelados o brutalmente reprimidos, miles son despedidos/as por sindicalizarse o por participar de manifestaciones y huelgas. La actividad sindical implica arriesgar y perder la vida en lugares como Colombia, Honduras y Guatemala. Existe una situación de extrema gravedad en las Américas debido a la
exclusión de decenas de millones de trabajadores y trabajadoras de todo sistema de seguridad social. Los sistemas de reparto vigentes han sido diseñados en función del sector formal del empleo, por lo tanto
excluyen de sus beneficios a la mayor parte de la población, lo que
PLADA – CSA
46
ocasiona un creciente desfinanciamiento. El impacto de la crisis internacional puso en evidencia las carencias del régimen de
capitalización individual que se expandió en América Latina y el Caribe
de la mano de las reformas neoliberales. Tales regímenes tienen en su interior un conflicto entre el principio de rentabilidad que persiguen con eje en altas comisiones y colocaciones riesgosas en el mercado bursátil; y la promesa de cobertura ante contingencia social. Se registran severas limitaciones en la capacidad efectiva de recaudación, control y
sanción de los Estados, generándose altos porcentajes de evasión e impunidad. En América Latina y el Caribe, 7 de cada 10 personas se encuentran sin
ninguna cobertura por los daños sufridos en el trabajo, accidentes y enfermedades. El impacto de los cambios organizacionales, la intensificación de las cargas de trabajo, la reducción de derechos
laborales y la profundización de la fragmentación de las y los trabajadores, perjudica las condiciones de vida y de trabajo y por ende de la salud de éstos. En la mayoría de los países existe una total
ausencia de sistemas de información que proporcionen datos sobre los
daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Aunque en algunos casos los sistemas de salud y de reparación de los riegos del trabajo han vuelto a ser administrados por
el Estado, aún no se han revertido los procesos de privatización de la
salud y de la atención a los riesgos profesionales.
Si bien en años recientes se registran importantes avances en materia
de negociación colectiva y dialogo social en algunos países del Cono
Sur como Brasil, Uruguay y Argentina; en la región predominan sistemas de relaciones laborales individualizantes que tienden fragmentar, dividir e insularizar a los colectivos laborales. La negociación colectiva por empresa se encuentra generalizada y alarman los niveles de incumplimiento de los convenios colectivos de trabajo. De forma general, la cultura política y de las relaciones laborales en las
Américas es autoritaria. Las pocas experiencias actuales de promoción
PLADA – CSA
47
de diálogo social son frágiles y existen contradicciones en los gobiernos
progresistas, que en algunos casos desarrollan una conflictiva relación con los sindicatos. En lo que respecta a las desigualdades de género, se acentuaron en las
formas de contratación con ambientes laborales que tienen condiciones
de extrema flexibilidad, violencia y sin derecho a la organización
sindical, en particular la exclusión, explotación y discriminación de las
mujeres. La gran mayoría de las mujeres se ubica en la informalidad o
en puestos de trabajo sin protección social, considerados como
típicamente femeninos y por lo tanto poco calificados. La actividad laboral que realizan se ubica fundamentalmente en el sector de los servicios, y la brecha salarial en relación con los hombres es de 30% aproximadamente. (Existen grandes brechas de ingreso, informalidad, repartición de tareas
reproductivas no remuneradas y protección social.)
(En) Con el modelo neoliberal, la falta de políticas públicas que promuevan la equidad en torno a las responsabilidades familiares y la valorización del trabajo de las mujeres, así como la ausencia de
políticas laborales que contemplen de manera eficaz sus derechos, ha propiciado que los empleadores impongan normas que violentan incluso el derecho a decidir sobre el ejercicio de la maternidad, lo que para las trabajadoras muchas veces significa tener que renunciar a su trabajo. El hecho mismo de considerar que las mujeres son las responsables del cuidado de la familia, se convierte en un obstáculo para obtener un empleo y si lo obtiene para lograr la igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito laboral. La posibilidad de acceder a mejores puestos
de trabajo, a la promoción y a la capacitación en igualdad de
oportunidades que los hombres, se nulifica a partir de la aplicación de
prácticas discriminatorias que limitan el desarrollo personal y profesional de las trabajadoras.
PLADA – CSA
48
El trabajo doméstico y de cuidado que se desarrolla en las familias es considerado una responsabilidad individual, una actividad privada y prioritariamente femenina, con independencia de que las mujeres, a su vez, sean trabajadoras remuneradas. Las mujeres trabajadoras de las Américas asumen una jornada de trabajo múltiple y extenuante,muchas
veces en condiciones de vida insatisfactorias en términos de acceso a la
vivienda, infraestructura, servicios básicos, salud y educación.
Ante la escasez o ausencia de servicios públicos de provisión de
cuidados, salud y educación para (niñas, niños, ancianos) para la niñez, personas adultas mayores, personas enfermas, las mujeres del continente asumen un rol indispensable para el desarrollo de los pueblos, (garantizando) ya que el sistema patriarcal las ha responsabilizado de la reproducción doméstica, familiar y comunitaria
protagonizando además la reposición mediata e inmediata de la fuerza de trabajo en situaciones emergentes. Se asiste a una crisis global de los cuidados que se agrava en la región porque las mujeres del Sur
emigran al Norte a suplir las deficiencias para el cuidado y la atención
de (los ancianos) las personas adultas mayores, la guarda (de niñas y
niños) infantil y la enfermería domiciliaria.
Esta realidad se vincula con la profundización de la violencia contra las
mujeres en las esferas doméstica, laboral, pública, mediática e
institucional, debido a la reproducción naturalizada de roles de género
que han sido construidos históricamente y legitimados por la ideología
patriarcal, y se manifiesta de forma más dramática en una forma de violencia extrema que da lugar a (en) los indignantes e impunes feminicidios. La fuerza de trabajo migrante se utiliza como forma de precarización o
fraude de la relación laboral y es aprovechada como mecanismo para presionar hacia abajo las condiciones laborales y los salarios. Los trabajadores y trabajadoras migrantes son sometidos al trabajo forzoso, tanto en áreas rurales como urbanas. En la actualidad, al menos 1,3
PLADA – CSA
49
millones de personas son sometidas a formas modernas de esclavitud, (y) trabajo forzoso y trata de personas en las Américas.
Las y los jóvenes son los más afectados por el desempleo en la región,
ya que se han convertido en el eslabón más débil de la cadena de
explotación pues cuando finalmente cuentan con empleo, éste se caracteriza por su precariedad, informalidad y bajos ingresos, sin contrato y careciendo de seguridad social o prestaciones laborales. (Aquellos que logran un trabajo son frecuentemente sometidos a ocupaciones precarias o informales de bajos ingresos). En América
Latina, más de 14 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, un
alto porcentaje lo hacen en la explotación sexual comercial, los
conflictos armados, en el tráfico y trabajos que por su naturaleza y
condiciones implican profundos daños a la salud, a la seguridad física y
moral de los niños, niñas y adolescentes. Es alarmante el aumento de la delincuencia organizada que somete a las poblaciones vulnerables, especialmente a la juventud. En el siglo XXI no ha cesado la violación sistemática de los derechos de
los pueblos indígenas y afro-descendientes, vulnerados a lo largo de la
historia por los propios Estados y las élites dominantes del continente. Actualmente las corporaciones trasnacionales se apropian de tierras ancestrales para explotar de forma insustentable sus recursos naturales, poniendo en peligro los ecosistemas y vulnerando derechos fundamentales.
4.1- Justicia Social, reducción de la pobreza e inclusión social Un modelo de desarrollo sustentable implica la realización de la Justicia
Social. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad y en los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente
insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema
democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo
PLADA – CSA
50
sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en
marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos
genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social de todas y todos los trabajadores, sean estos formales, informales o desocupados. Es fundamental la articulación de políticas de protección
social universal con políticas de generación de empleo digno, trabajo e
ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza. Propuestas
Blindaje social, amparado en políticas públicas y en
fortalecimiento del rol del Estado en la economía;
Priorizar la creación de infraestructura productiva y social,
incluyendo la mejora de los servicios públicos para todas y todos.
4.2- Trabajo (Decente y) Digno
El trabajo (decente y) digno (sin discriminación de género, étnica ni generacional) constituye el centro de la estrategia de desarrollo sustentable en las Américas y es uno de los componentes para la
superación del modelo neoliberal. El sindicalismo de las Américas debe
ser el principal protagonista en la construcción de proyectos políticos y
sociales que reivindiquen el trabajo decente como médula de la estrategia de desarrollo sustentable. Resulta urgente la generación de empleos formales con derechos y
garantías para la negociación colectiva, el ejercicio de la libertad
sindical, la seguridad social universal y verdadero diálogo social. Los Estados deben recuperar su papel como garantes de la legalidad y la protección de las normas fundamentales del trabajo e intervenir en los
períodos de crisis social o frente a fenómenos naturales extremos, para
PLADA – CSA
51
que se proteja a las y los trabajadores y a sus familias. También deben aplicar el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de las y los trabajadores. Se debe promover y vigorizar el papel normativo de la OIT como organismo creado para dar igualdad a los desiguales, vía la
ratificación y aplicación de sus convenios por todos los países miembros. Para combatir la precarización, la informalidad y la explotación familiar
mediante el trabajo domiciliario se deben promover la implementación
de políticas y mecanismos por las estructuras sindicales abiertas para
la inclusión de los diversos colectivo laborales excluidos, precarizados
y/o objetos de discriminación, considerando particularmente los
condicionamientos de los distintos grupos etarios, la condición de
género, migratoria y étnica.
Propuestas
Promoción de Planes Nacionales de Trabajo Decente ,
construidos como espacios de deliberación pública y diálogo
social que incluyan: la formalización del empleo digno, la
elaboración de normas laborales para la juventud, el
fortalecimiento y democratización de los Ministerios de Trabajo y
de la Inspección laboral;
Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta
tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT;
Fortalecer la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo; Apoyamos la iniciativa de la OIT de debatir la creación de un
Fondo Global de Empleo que tome en cuenta la asimetría de
capacidad fiscal existente entre países en desarrollo y desarrollados;
Promover entre las mujeres y la juventud los beneficios de la afiliación sindical, la representación sindical en el lugar de trabajo
PLADA – CSA
52
y la negociación colectiva como herramienta importante para
cerrar las brechas de género;
Intensificar la Campaña Regional Trabajo Decente para las
Trabajadoras del Hogar y por la Ratificación del Convenio 189;
Promover la participación de las organizaciones sindicales de las
y los trabajadores en condición de informalidad o precariedad en las comisiones nacionales sobre trabajo decente para enfrentar situaciones de no registro;
Adopción de nueva fiscalidad para los trabajadores en condiciones de informalidad;
Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para
la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un
abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los
niños, las niñas y los adolescentes al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.
4.3- Libertad Sindical Los y las trabajadoras tienen derecho a formar sindicatos libres, a elegir (delegados) a su representación, a negociar colectivamente y a ser
partícipes en la distribución de los beneficios. Hay que extender la democracia al trabajo. La libertad sindical es el instrumento de ciudadanía para que los derechos civiles y políticos se extiendan al interior de las empresas. Sin libertad sindical no hay democracia ni acceso a derechos en el trabajo. La independencia y autonomía del movimiento sindical frente a las empresas y los gobiernos y el fin de las persecuciones y la violencia contra las y los trabajadores son condiciones indispensables para el avance de la democratización y el desarrollo sustentable. Es imprescindible reconocer la legitimidad de las organizaciones sindicales y su participación en la determinación de las condiciones de
PLADA – CSA
53
trabajo e incidencia en la adopción, ejecución y evaluación de las
políticas públicas. La CSA reclama el pleno ejercicio de la libertad de las y los trabajadores para organizarse sindicalmente frente a los empleadores y los gobiernos, dentro y fuera de los establecimientos productivos y los lugares de trabajo, sean estos de carácter privado o estatal, del campo o de la ciudad. Propuestas
Fin de las persecuciones y la violencia contra las y los trabajadores que se organizan y luchan;
(Sindicalizar el)Democratizar al sindicalismo, ampliar la capacidad de la organización sindical en cuanto a
funcionamiento, estructuras y representación; avanzar en la Autorreforma Sindical
Promover el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y a emprender acciones colectivas para (todos)las y los trabajadores del sector público, incluyendo la policía y las fuerzas armadas;
Trabajar para poner fin a las violaciones a los derechos sindicales y derechos humanos de las y los trabajadores en las zonas francas industriales, y para su incorporación en las legislaciones nacionales;
Garantizar el derechos de los y las trabajadoras a emprender acciones industriales transfronterizas con el objeto de garantizar en todo el mundo el respeto por los derechos humanos fundamentales en el trabajo.
Ratificación, adecuación de las legislaciones nacionales y
cumplimiento en todos los países del continente de los Convenios 87 (y) 98, 156, 183 y 189 de la OIT.
4.4- Negociación Colectiva por rama de actividad y trasnacional
Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida
de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la
PLADA – CSA
54
democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva por
rama de actividad para todas y todos; trasnacional y con participación
de todas las instancias de la organización sindical. Las organizaciones
de trabajadoras y trabajadores deber ser protagonistas en el diseño e
implementación de estos mecanismos. El dialogo social y la
concertación con perspectiva de género son además herramientas
fundamentales para promover la igualdad de género en el mundo laboral. Propuestas
Aumentar los niveles de cobertura de la negociación colectiva y
promover la negociación en ámbitos mayores: por sector, rama de actividad y territorios;
Articular la negociación colectiva de mayor ámbito con la
negociación por empresa en sentido descendente, procurando
que se cumpla el principio de la norma más favorable para las y (el) los trabajadores;
Apuntalar la negociación colectiva en sectores insuficientemente cubiertos;
Incorporar nuevos contenidos en la negociación colectiva,
específicamente de igualdad de género y de participación de la
mujer en el proceso de negociación; Implementar nuevas (formas) mecanismos y normas de
negociación a nivel local para las y los trabajadores autónomos;
Ratificación y adecuación con las legislaciones nacionales y
cumplimiento en todos los países de los Convenios de la OIT 151
sobre negociación colectiva en el sector público, (y) 154 sobre
Fomento de Negociación Colectiva.
PLADA – CSA
55
4.5- Seguridad Social Universal y Solidaria La seguridad social es un derecho humano fundamental, un elemento estratégico y constitutivo del Trabajo (Decente y) Digno. Es una responsabilidad ineludible del Estado. Es necesario fortalecer los sistemas nacionales de seguridad social, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez. Bregamos por un financiamiento sustentable con justicia social y por el destierro de los modelos fundados en la capitalización
individualista, el lucro privado y la especulación financiera.
Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar y de reparto de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres deben ser vistas como un elemento más de la seguridad social. Deben exigirse políticas
públicas claras y bien específicas para las mujeres amas de casa que hayan sufrido desequilibrio en el reparto de responsabilidades familiares, y que se encuentren desprotegidas en términos de
remuneraciones y protección social.
La repatriación de migrantes en contexto de crisis ubica la extrema importancia del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para invalidez, vejez y supervivencia, que debe ser aprobado y aplicado con rango de Ley. Un Convenio similar ya vigente en el MERCOSUR desde 2005 puede facilitar avances en su aplicación.
Estos son instrumentos imprescindibles para totalizar los años de trabajo de cada trabajador y trabajadora con independencia de su residencia, evitando la pérdida de derechos.
Ante la desregulación laboral, la vulneración de derechos en las relaciones laborales y (con) los altos niveles de desigualdad y pobreza, es necesario analizar un nuevo modelo de Seguridad Social, su forma de financiamiento y captación de recursos. Se deben establecer fuentes
de financiación tripartita adecuadas con recursos del Estado, impuestos progresivos al capital y a las grandes rentas, y contribuciones de empleadores y trabajadores. En el diseño y control de las nuevas
políticas de la seguridad social debe haber participación de las
PLADA – CSA
56
organizaciones de los trabajadores/as. Estas políticas deben proveer de
herramientas que garanticen una cobertura en protección social basada en derechos, para todas y todos los trabajadores, formales o informales, remunerados o no.
Propuestas
Implementación de una estrategia múltiple de seguridad social
basada en el establecimiento de una pensión universal para todas y todos (los trabajadores) proporcionada por el Estado y financiada con impuestos;
Preservar y realizar reformas progresivas a los sistemas de reparto vigente para fortalecerlos, de modo que se extiendan hacia los trabajadores y trabajadoras precarizadas, no formales y/o no remuneradas;
Ratificación e implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para invalidez, vejez y supervivencia;
Ratificación(,) y adecuación de las legislaciones nacionales y cumplimiento del Convenio 102 de la OIT.
Las oportunidades de empleo para (los jóvenes) la juventud
deben contener siempre garantías de protección social como trabajadoras y trabajadores;
La seguridad Social para todas y todos debe tener dos componentes: un pilar público básico, financiado con impuestos progresivos y que proporcione beneficios a todas y todos; y un pilar público contributivo, con financiación tripartita.
Cada Estado debe comprometer un porcentaje mínimo del PIB
para la extensión de la cobertura en la protección social
entendida en un sentido integral, con igualdad de género y
atención a poblaciones vulnerables.
PLADA – CSA
57
4.6- Responsabilidad pública compartida y redistribución justa entre géneros del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado
Los países de las Américas deben realizar un esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de las y los trabajadores. Esto significa entender que tanto los aspectos de la producción como los de
la reproducción y el cuidado de la vida deben ser reconocidos como
trabajo y considerados seriamente en el proceso de superación de las
desigualdades de género. El Estado es responsable de promover
políticas públicas que reconozcan el carácter socialmente necesario de
la producción, del vivir y que faciliten la conciliación de las responsabilidades familiares y de cuidado con las laborales, compartiendo el (del) trabajo doméstico y del cuidado a través de
servicios públicos de provisión de cuidados de calidad y accesibles a
todas y todos los trabajadores. Es imprescindible acabar con la visión tradicional que divide el trabajo productivo del reproductivo, y que (atribuye) responsabiliza éste último de forma naturalizada e individualizada a las mujeres y a las familias. Los programas de transferencia de renta no ayudan directamente a remunerar el trabajo de las mujeres del mismo modo que lo hacen la infraestructura de apoyo, tales como los jardines de infantes, escuelas y hospitales. En general, dichos programas refuerzan el rol reproductivo como ámbito exclusivo de la mujer. En América Latina, el desafío es
que los programas asistenciales incorporen un(a) (visión) enfoque de
género que fortalezca la autonomía de las mujeres y no sólo (su)se les
visualice como únicas responsables de la crianza (carácter de encargada) de los hijos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos
principales: a) en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de
trabajo sin disminución de salarios para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los
PLADA – CSA
58
trabajadores a atender (a sus familias) las responsabilidades familiares; b) en la sociedad, fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos
y todas para apoyar el cuidado de (los niños) la niñez, las personas enfermos, (discapacitados) y con capacidades diferentes y (ancianos)y personas adultas mayores; y c) implementar programas y campañas de
educación y sensibilización para deconstruir (en) la cultura e ideología patriarcal, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y (distribuirlo)que éste se asuma entre varones y mujeres con un sentido de igualdad. Propuestas
Adopción de medidas de corresponsabilidad para la conciliación de la vida familiar y laboral, aplicados por igual a las mujeres y a los hombres;
Reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias, las comunidades y los países;
Incorporación del trabajo doméstico y cuidado no remunerado en
las Cuentas Nacionales y medición en los sistemas estadísticos
públicos;
Políticas públicas y nuevos servicios públicos de calidad para el
cuidado de la niñez, de las personas enfermas, de las personas con capacidades diferentes y de las personas adultas mayores;
4.7- Promoción de nuevos modelos antipatriarcales; políticas
contra (la) todo tipo de violencia (doméstica de género), el feminicidio y el abuso infantil
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, así mismo, tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: a ser libre de toda forma de discriminación, y a ser valorada y educada libre de patrones
PLADA – CSA
59
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. (Belém Do
Pará). (Las mujeres tienen derecho a vivir en un sistema social en el que no existan relaciones de poder basadas en géneros, a vivir sin
discriminación alguna, a ser valoradas y educadas sin estereotipos de
conductas, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad y subordinación entre los sexos). El camino hacia el desarrollo sustentable exige la lucha contra la erradicación del patriarcado, la prevención y erradicación de (la) toda tipo de violencia contra las mujeres y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. La condición de las mujeres sólo podrá transformarse efectivamente en
la medida en que se impulsen cambios en las formas de producción y
reproducción social, en las estructuras de poder y autoridad y en tanto se reconozca a las mujeres como agentes activos en los todos los procesos sociales, económicos, culturales y políticos. La superación de
las desigualdades de género es una condición para el fortaleciendo la democracia y la paz social. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones nacionales, subregionales y regionales deben contener mecanismos que elaborados con una perspectiva de género (y
garantizar) garanticen la participación activa de las mujeres. (Pero para
adoptar una perspectiva de género no es suficiente orientar los
programas, políticas o proyectos hacia las mujeres.) Es necesario
elaborar programas que incidan sobre las relaciones asimétricas entre
géneros e impulsen tanto a los hombres como a las mujeres a producir
transformaciones en las instituciones y estructuras familiares, políticas,
económicas, sociales y culturales a fin de alcanzar posiciones justas que tiendan a la igualdad para todas y todos.
PLADA – CSA
60
Propuestas
Incorporación de la perspectiva de género en el diseño de las
políticas públicas y presupuestos;
Profundización de la campaña continental “Alto a la violencia en
el trabajo y en el hogar” cuya finalidad es sensibilizar a la sociedad en general y a los gobiernos en particular para poner fin y combatir a la violencia que viven las mujeres en todas las esferas de su vida particularmente en los lugares de trabajo;
Creación y/o fortalecimiento de las Comisiones Tripartitas de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en toda la región como mecanismo consultivo y promotor del dialogo
social, el trabajo decente y la protección a la maternidad y paternidad;
Implementación y cumplimiento de los acuerdos alcanzados en
la X Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Quito, 2007.
4.8- Desarrollo igualitario étnico, intra e inter-generacional y de
género
La disputa por un nuevo modelo de desarrollo requiere la inclusión
urgente de la igualdad de género, étnica, intra e inter generacional en
tanto aspectos constitutivos de una visión de desarrollo igualitario.
La violación de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y afro-descendientes sobre sus tierras y territorios no puede sustentarse en justificaciones de desarrollo o de interés nacional que no respeten el
derecho al hábitat y a los recursos naturales, los cuales revisten importancia crucial para la supervivencia cultural, social y material de estos pueblos. Una condición necesaria y urgente para fortalecer las luchas de la clase
trabajadora de las Américas es ampliar el espacio político de la
juventud. El sindicalismo americano está comprometido con la
PLADA – CSA
61
organización y el empoderamiento de la juventud trabajadora como
sujeto activo, social, sindical y (políticamente) político.
No habrá igualdad y justicia social mientras no haya salarios y derechos iguales entre varones y mujeres que realizan el mismo trabajo; igualdad de oportunidades en la participación política y una división equilibrada del trabajo productivo y reproductivo. Propuestas
Puesta en marcha de programas y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato entre géneros, generaciones y
grupos étnicos, en especial lo que se refiere a los salarios, las condiciones y los derechos laborales, las responsabilidades familiares de cuidado, la participación y representación pública y
política; Puesta en marcha de programas de empleo juvenil que
garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios OIT 138 de
Edad Mínima para el empleo y 182 sobre las Peores Formas de
Trabajo. Estas políticas deben asegurar la eliminación de
prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las
relaciones laborales y/o sustitución de por jóvenes en los
puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben
propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas
generaciones;
Promover la participación social de la juventud, los colectivos
étnicos y las mujeres para el ejercicio de los derechos humanos,
políticos, económicos, sociales y sindicales;
Inclusión de la juventud como sujeto estratégico en el mundo del
trabajo, es de especial interés las políticas de Primer empleo.
PLADA – CSA
62
4.9- Ciudadanía regional y derechos de los migrantes: Las migraciones son un fenómeno principalmente laboral. Las y los
trabajadores y sus familias juegan un papel clave en su dinámica. Para
que la migración sea ejercida en condiciones de libertad y bienestar,
debe ser respetado el derecho a la libre circulación de las personas, a migrar, a no migrar, a permanecer o a retornar dignamente. Los y las trabajadoras migrantes, regularizados o no, deben gozar de iguales derechos que los demás ciudadanos.
La primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores/as. La opción de migrar no debe tener que
enfrentar barreras y obstáculos, ni los migrantes deben ser objeto de
criminalización. Los Estados deben garantizar el derecho a retornar
para los migrantes que decidan volver a su país de origen.
Para que el desarraigo que genera la migración no sea agravado por la
ausencia de reconocimiento de saberes y la pérdida de los aportes, es
necesario establecer sistema de validación de certificaciones
profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización
de recursos humanos, respetando las calificación profesional y laboral
alcanzada en su país de origen. Asimismo, debe construirse un sistema de pensiones y seguridad social americano.
Propuestas
Eliminación de las restricciones que impiden la libertad de
circulación de las personas;
Reconocimiento del principio de no repatriación en los casos que
involucren violación de los derechos humanos en los países de
origen, en casos de víctimas de terrorismo, de tráfico y de trata
PLADA – CSA
63
de personas, explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo
y represión por actividad política y/o sindical; Crear mecanismos continentales para eliminar abusos de la
intermediación financiera con las remesas de los trabajadores migrantes;
Garantizar en todo el continente el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares;
Ratificación, adecuación de las legislaciones nacionales,
cumplimiento y ampliación de los siguientes Convenios de la OIT: 97, relativo a trabajadores migrantes, 143 sobre migraciones en condiciones abusivas y promoción de igualdad de oportunidades y de trato, 29 relativo al trabajo forzoso, 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso;
Reconocimiento de derechos a las trabajadoras migrantes contratadas como responsables de los cuidados, que trabajan a menudo en entornos laborales no regulados, incapaces de sindicalizarse y por lo tanto sumamente vulnerables a las prácticas de explotación.
4.10- Políticas continentales contra la violencia, la criminalidad y
la inseguridad: trabajo infantil, trata de personas, las víctimas del narcotráfico
Uno de los principales temas que afectan la realidad de los y las trabajadoras de las Américas es la situación de violencia e inseguridad ciudadana. Sus causas tienen una naturaleza estructural debido a la imposición del modelo neoliberal y el desmantelamiento de los Estados,
son consecuencia de las políticas de exclusión que han eliminado o
reducido drásticamente las políticas sociales. En lo que respecta a la infancia, a las mujeres y a la juventud, la pobreza y la falta de oportunidades de acceso a la educación y el trabajo decente han limitado sus opciones de subsistencia. La CSA rechaza de plano el argumento de que el trabajo infantil es inevitable y puede ser
PLADA – CSA
64
beneficioso a nivel económico para (esos niños)la niñez o sus familias.
Las y los jóvenes son sujetos activos en la construcción de la seguridad de nuestros pueblos. Se advierte que el trafico y la trata de personas es un fenómeno que
involucra relaciones y efectos de carácter trasnacional, y guarda
relación directa con otros fenómenos de alto impacto, como el
narcotráfico, (la trata de personas), la falsificación de documentos de
identidad, por ello debe ser abordado desde una perspectiva estratégica e integral.
Propuestas
Impulsar programa de la Alianza Sindical Global contra el Trabajo forzoso y la Trata de Personas de la CSI, para promover el respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores y erradicar el trabajo forzoso;
Eliminar todas las formas de trabajo infantil, haciendo campañas
para la ratificación y cumplimiento de los Convenios de la OIT 138 y 182.
4.11- Educación pública, laica, gratuita y universal en todos los
niveles La CSA rechaza el enfoque mercantilista del modelo neoliberal sobre la educación. La educación no es una mercancía. La educación formal
debe comprenderse y desarrollarse desde una política pública que
integre el enfoque de una educación para la vida, a lo largo de la vida,
integral, continua, laica, obligatoria, gratuita, pública, de calidad, con igualdad de oportunidades y de acceso (a)para todas y todos. La educación con perspectiva de género en todas sus expresiones,
formal, técnico-profesional, sindical y ciudadana es un derecho humano fundamental que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Los Estados deben velar por el cumplimiento de ese derecho.
PLADA – CSA
65
La formación técnica o profesional debe responder a las estrategias de desarrollo integral y sustentable de nuestras sociedades. Rechazamos el enfoque mercantil e instrumental que tiene como estrategia formar máquinas para el mercado de trabajo. El desafío de la formación
profesional es asegurar una formación de calidad y con valores, donde (el sujeto) la persona que aprende, se cualifica y se empodera para desarrollar un trabajo decente. El desafío es superar el enfoque vertical y bancario de la educación en
general y de la formación sindical en particular. El modelo vertical supone que (los)quienes participan(tes) son objetos, y en esa medida su papel en el aula se reduce a escuchar, aceptar y memorizar las verdades que le enseñan, mientras que la misión del educador (es)debe ser de un agente que trasmite conocimientos. Este enfoque promueve dirigentes centralistas e individualistas, obstaculiza los procesos de autocrítica, de participación y de ejercicio colectivo de toma de
decisiones. Este tipo de formación vertical forja trabajadoras y
trabajadores acríticos y una sociedad y unas organizaciones desmovilizadas. La CSA considera estratégico que se promueva una educación fundada
en un concepto y una metodología dialécticos, cuyo punto de partida se
halla en las prácticas a partir de las cuales (los sujetos) las personas
participantes, de forma horizontal y democrática, interpretan la realidad
y la transforman. El sindicalismo como actor y sujeto estratégico en la
lucha por la justicia social y la democracia profundizará sus acciones
para defender lo conquistado y avanzar en la universalización de la
educación con perspectiva de género en todas sus expresiones.
Propuestas
Los Estados deben garantizar el acceso y la permanencia de mujeres y hombres a una educación pública, laica, gratuita,
universal y de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía;
PLADA – CSA
66
Ampliación de los programas de educación y de formación
profesional, diseñados con una perspectiva de género e
inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación
permanente y continua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo;
En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento
desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología
por parte de los países menos desarrollados. Los países más
ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas
socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta
capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”; El sindicalismo americano se propone desarrollar alianzas
estratégicas con instituciones de educación para incidir en la
educación formal y en la formación profesional;
Inclusión de los derecho laborales y sindicales, como contenidos
específicos y transversales en el currículum de la educación formal y profesional;
Garantizar la homologación curricular y la certificación de saberes en el plano subregional y continental, para que las y los trabajadores migrantes o desplazados tengan mayores oportunidades de encontrar un trabajo digno en su nuevo país de residencia;
Asegurar oportunidades igualitarias de calificación social y
profesional de los y las jóvenes. 4.12- Prevención y atención de la Salud para todas y todos El movimiento sindical de las Américas sigue reivindicando un sistema
integral de riesgos laborales y enfermedades profesionales que tenga
PLADA – CSA
67
como eje la prevención, que proteja a los y las trabajadoras y que no
sea un mero resguardo de las empresas. Lugares de trabajo sanos y seguros, son imprescindibles para avanzar en el trabajo decente y constituyen una piedra angular para el desarrollo sustentable. La perspectiva del desarrollo sustentable está íntimamente ligada a las condiciones de higiene y seguridad en la cual trabajadores y trabajadoras llevamos adelante nuestras tareas. Mientras que un adecuado acceso a la salud es uno de los pilares de la protección
social, América Latina y Caribe es una de las regiones más afectadas por enfermedades laborales o muertes vinculadas con el trabajo. La salud y seguridad de las trabajadoras y trabajadores, sus familias y comunidades, y la protección al medio ambiente, son dos caras de la misma moneda. El movimiento sindical defiende que la salud laboral es un componente del derecho a la seguridad social y responsabilidad del Estado. Por eso, lugares de trabajo sanos y seguros son imprescindibles para avanzar en el trabajo decente con igualdad y justicia, constituyéndose como piedra angular para el desarrollo
sustentable. La dimensión ambiental se vincula, entonces íntimamente la de la salud. (por la necesidad de)
La CSA establece como prioritario en su Programa de Acción el derecho a la salud. Como movimiento sindical se viene participando en diferentes instancias de negociación tripartita; en estándares
internacionales; y peleando por darle prioridad en cada negociación
colectiva. Vemos la necesidad de una importante articulación de las
políticas de acceso a la salud con la capacitación en materia medioambiental y las exigencias a los gobiernos y empresas en cuanto a las regulaciones de materiales y químicos que se corresponden o no
emplearse en cada actividad económica.
Propuestas
Creación de sistemas de información, registro y notificación de
accidentes y enfermedades;
PLADA – CSA
68
Diseño e implementación de encuestas sobre las condiciones
de trabajo; Diseñar políticas públicas y orientar las prioridades respecto a
medidas preventivas, tanto a nivel general como en el lugar de trabajo;
Exigir a los gobiernos que garanticen como mínimo, la
ratificación e implementación de todos los convenios
fundamentales de la OIT, así como los convenios 81, 102, 135, 140, 151, 155, 162, 167 y 199, las reglamentaciones y normas referidas a protección social, salud y seguridad laboral y el uso
de productos químicos, así como las recomendaciones
relevantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se aseguren de que las mismas sean cumplidas por todos los empleadores nacionales y multinacionales;
Renovar el compromiso con la mejora de la salud y la seguridad de los trabajadores/as en todos los países, incluyendo la
reducción de los niveles de exposición a los productos
químicos, riesgos físico-psicosociales y otras lesiones y
accidentes, respondiendo a nuevos desafíos como la
nanotecnologías, mediante la aplicación del principio de
precaución.
4.13- Autodeterminación cultural, étnica y sexual de las personas,
los pueblos y las naciones: políticas contra la discriminación y criminalización de las y los jóvenes, los grupos étnicos y/ sexuales
Las políticas de igualdad de oportunidades y trato deben ser
coordinadas, contemplar medidas de acción positivas y establecer
indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances
PLADA – CSA
69
o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben
establecer medidas específicas de protección y preservación de las
culturas y los derechos de los pueblos indígenas. Ha existido la
tendencia de visualizar a las personas jóvenes como sujetos de delincuencia. Desde el movimiento sindical reivindicamos el papel de los y las jóvenes como sujetos activos en la construcción de la seguridad de nuestros pueblos. Propuestas
Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión
promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un
estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de las
discriminación por género, etnia, orientación sexual, origen nacional y cultural.
PLADA – CSA
70
5- DIMENSIÓN POLITICA
La crisis mundial cada vez más desemboca en crisis políticas que
socaban las instituciones democráticas nacionales y redundan en mayor injerencia de las corporaciones y otros poderes trasnacionales. Las fuerzas del mercado imponen sus intereses en detrimento de la soberanía de los Estados Nacionales, sus Leyes y sus expresiones
políticas y populares legítimas.
Los cambios políticos, económicos y sociales que tuvieron lugar en
varios países latinoamericanos representan la oposición a las políticas
neoliberales implementadas desde los años 80 del siglo pasado. Estas transformaciones fueron fundamentales a la hora de contrarrestar los efectos y enfrentar la actual crisis global. Los países que lograron
resistir el sismo financiero adoptaron medidas de preservación de la
inversión pública, empleo, el consumo y la producción. En cambio, la
recesión fue profunda en aquellos que adoptaron medidas
conservadoras de recortes de gastos y reducción de salarios y empleos. En Estados Unidos las corporaciones financieras travestidas influyen sobre la política nacional e internacional con un discurso cada vez más
antidemocrático, racista y excluyente. En América Latina se vive en
cambio un período de procesos democráticos. Existen experiencias de cambios constitucionales fuertes que incorporaron mecanismos de participación y consulta popular, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, no
obstante la importante participación popular, enfrentan actualmente
fuertes resistencias por parte de las élites tradicionales y también
registran procesos de criminalización de la lucha social.
Las transformaciones del continente señalan el ascenso de fuerzas
políticas y sociales que buscan formas de organización y representación distintas a las impuestas por el Consenso de Washington. Estas nuevas fuerzas colectivas tienen su origen en las luchas contra las dictaduras
PLADA – CSA
71
militares y los gobiernos autoritarios que instauraron el neoliberalismo. La polarización entre lo viejo y lo nuevo se torna evidente en las naciones que eligieron gobiernos progresistas y populares. En los países de la región con programas y partidos progresistas hay una
tendencia cada vez más frecuente de los sectores empresariales de intentar apoderarse de los instrumentos del Estado. El reto es que las transformaciones económicas, políticas y sociales se vuelvan estructurales y permanentes. Resulta alarmante el papel e influencia que tienen los grandes grupos y corporaciones mediáticas sobre el funcionamiento de las democracias
del continente. En la región se ha creado una dictadura comandada por
grandes grupos económicos trasnacionales que manejan el latifundio
mediático, con fuerte incidencia sobre los entornos políticos y sociales, y con capacidad de influencia en la cotidianidad de las y los trabajadores y el conjunto de la sociedad. Estas élites conservadoras apelan a
intentos golpistas y movimientos de secesión. Auxiliados por la gran
prensa escrita y televisiva articulan campañas que amplían su papel
como principal “partido de oposición” de los gobiernos progresistas del continente. Es sumamente preocupante la criminalización de los medios
alternativos de comunicación, y en particular de las radios comunitarias
del continente. En México, Honduras y Colombia son moneda corriente los actos de violencia, hostigamiento y asesinato contra periodistas. Fueron pocos los gobiernos que realmente promovieron políticas para fortalecer el papel de los sindicatos en la sociedad como actores del desarrollo, de la distribución del ingreso y de la promoción de la democracia, como Brasil y Uruguay que han emprendido experiencias de Diálogo Social.
Los países del Sur de América, América Central y el Caribe tienen la
responsabilidad de construir un espacio cada vez más integrado, de
cooperación y solidaridad que pueda contribuir a la superación de la dependencia, el atraso y las limitaciones impuestas por siglos de
PLADA – CSA
72
dominación, escenario de disputa de intereses extra-regionales y
condicionamientos históricos asignados por el sistema de explotación del capitalismo mundial. Los efectos de las disputas entre las potencias por el control de los mercados y los recursos naturales con el fin de favorecer a sus corporaciones atentan contra la paz mundial, la soberanía de las
naciones, la democracia y los derechos humanos de nuestros países.
Es condenable la práctica del terrorismo en cualquiera de sus
expresiones. Es preocupante la gravedad que reviste la situación de Honduras, luego del golpe de Estado de 2009, y de Guatemala, donde se registran flagrantes violaciones a los derechos humanos. Pero también es condenable que los gobiernos aprueben legislaciones antiterroristas que criminalizan la lucha social y vulneran el derecho de los pueblos a la libre organización y la manifestación pública.
El movimiento sindical de las Américas rechaza que los gobiernos
invoquen a la crisis como justificativo para reducir la cooperación
internacional para el desarrollo y toma nota de que cada vez más, esa
misma cooperación internacional se privatiza y promueve al sector privado como actor privilegiado, cuyas iniciativas muchas veces no promueven el trabajo decente ni respetan los principios y normas internacionales del trabajo. Es imperioso fortalecer los procesos de integración sub-regional como
respuesta a los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones que sólo
profundizan la brecha entre países empobrecidos y países ricos y al
interior de cada uno de ellos, resultando más afectadas las mujeres,
expandiéndose con ello la feminización de la pobreza. Es cierto que los
procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Por eso se deben apuntalar aquellos instrumentos de integración que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros. Desde el punto de vista de los Estados se destacan importantes avances en términos de construcción de herramientas e
PLADA – CSA
73
institucionales para la integración, como la constitución de UNASUR y
de CELAC, pero simbólicos y todavía poco efectivos.
Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de
los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas
con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad, la justicia social y el desarrollo sustentable.
PLADA – CSA
74
5.1- Democracia participativa
La democracia, más allá del voto universal, de la representación
gubernamental y de las garantías individuales, tiene mayor valor cuando
permite la participación del conjunto de la sociedad en las decisiones y la protege de la violencia, de la guerra, del militarismo y de la criminalidad. La democracia debe proporcionar justicia social y promover la libertad sindical. Igualmente, debe asegurar la igualdad de género e incidir para la superación de las desigualdades en los sectores
más vulnerables de la sociedad como la juventud, los colectivos étnicos y culturales. Es de total interés de las y los trabajadores la existencia de mecanismos
de participación que desarrollen y complementen la democracia
representativa. No existe una contraposición entre participación directa y democracia representativa. La democracia no puede existir de hecho sin instituciones representativas, pero estas no son suficientes. Por eso impulsamos una democracia que combine y articule instituciones representativas con instrumentos de consulta popular y participación directa. En el Cono Sur se viene acumulando experiencia en este sentido. Brasil, Bolivia y Venezuela han implementado mecanismos singulares de participación y consulta popular. Estas experiencias
deben ser puestas en valor para la elaboración de nuevos mecanismos
de democratización nacional, subregional y continental.
Propuestas
Fortalecer la participación política a nivel nacional, mediante
reformas de los sistemas políticos de nuestros países donde
persisten herencias de períodos dictatoriales, autoritarios y
comandados por las élites hegemónicas;
Ampliación de los mecanismos de democracia participativa tales
como consultas, referéndums y plebiscitos, a fin de fortalecer y
legitimar las decisiones políticas;
PLADA – CSA
75
Promover colaboraciones más profundas de parte del
movimiento sindical y mayor capacitación para las y los
dirigentes sindicales a fin de responder a los desafíos y contribuir
a la elaboración de políticas de desarrollo y democratización;
Creación de instrumentos que aproximen las organizaciones
sociales con el Estado y que promuevan la elaboración,
ejecución y evaluación de las políticas públicas de forma conjunta y articulada y en la toma de decisiones nacionales y supranacionales;
Impulsar la democratización, transformación, crecimiento y empoderamiento del sindicalismo, de modo tal que pueda constituirse como actor fundamental en la lucha por una nueva hegemonía que haga posible un modelo de desarrollo sustentable.
5.2- Democratización de la comunicación
La comunicación es un espacio de disputa estratégica, de la lucha de
ideas y del futuro de nuestras democracias. La comunicación es un derecho humano fundamental que debe ser ejercido por toda la sociedad. Al mismo tiempo, los derechos humanos no pueden existir sin libertad de palabra, de prensa, de información y de expresión. La
libertad de expresión que promovemos se opone a los intereses
mediáticos corporativos que sólo ven los medios de comunicación de masas como instrumento de rentabilidad e incidencia en la toma de decisiones políticas.
El Estado debe garantizar la libertad de expresión de todas y todos los actores y sectores de la sociedad, asegurando las condiciones legales, tecnológicas y comunicativas para tal efecto. La lucha por la
democratización de la comunicación es parte también de la
reconstrucción de los medios públicos de calidad que fueron directamente atacados por la ofensiva neoliberal. En este sentido, el
PLADA – CSA
76
espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad y los Estados
son soberanos en su administración.
Las y los trabajadores americanos rechazamos la formación de monopolios y oligopolios en la propiedad y el control de los medios de comunicación que actúan como un poder de facto en la sociedad y los
Estados. Nos pronunciamos radicalmente contra el latifundio mediático
trasnacionalizado y su injerencia política mayúscula en el continente; y a favor del reconocimiento de los medios audiovisuales comunitarios e independientes. La diversidad de comunicadores y medios comunitarios diversifican las agendas públicas para el debate y contribuyen en la
profundización de la democracia, son espacios de ejercicio de
ciudadanía y desarrollo social. El movimiento sindical junto a otros actores sociales del campo popular debe tener una activa participación en la agenda para la
democratización de la comunicación. Propuestas
Garantías para la creación y pleno funcionamiento de medios de
comunicación para y por los movimientos populares y las organizaciones sindicales;
Distribución proporcional e igualitaria de los espectros
radioeléctricos nacionales entre medios comerciales, el ámbito
público estatal y las organizaciones sociales y sindicales;
Incorporación en los marcos legales de mecanismos de auditoría social de los de los medios comerciales y estatales;
Políticas públicas contra la concentración de los medios de
comunicación y promoción de la diversidad de actores en la
propiedad mediática;
Recuperación del carácter público de la comunicación en todos sus soportes.
PLADA – CSA
77
5.3- Estado como vector del Desarrollo Sustentable, la protección y la ampliación de derechos
En el contexto del debate global para enfrentar las crisis de la fase reciente del capitalismo es evidente que las soluciones de mercado han demostrado sus límites y fracasos y que el papel activo de los Estados
es absolutamente necesario para introducir equilibrio y límites a la voluntad autodestructiva del capital y el lucro descarrilados. Nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado y deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Democracia entonces significa establecer una nueva relación entre el
Estado y la sociedad. No sólo establecer un Estado para la sociedad, sino una sociedad para el Estado. Para que esto sea posible, el punto de partida es pensar el Estado como potencia de mayorías populares. Esto quiere decir que hay que participar en el Estado y no apenas reivindicar al Estado o considerarlo como si fuese un patrón más.
Propuestas
Reconstrucción de las capacidades de los Estados para
intervenir activamente en la economía y en la sociedad;
Abandono de las políticas socioeconómicas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo y que consideran la desocupación como un problema temporal debido a dificultades
de “empleabilidad” y adopción de políticas socioeconómicas
coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno;
Implementaciónde medidas activas y colectivas para evitar
prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva;
Sancionar severamente las prácticas de elusión a través de los
denominados paraísos fiscales;
PLADA – CSA
78
5.4- Institucionalización de las transformaciones progresivas recientes mediante actividad legislativa con participación social y sindical
Reconocemos los cambios políticos que actualmente atraviesan
muchos de nuestros países con la elección de gobiernos progresistas y populares de diversas expresiones, pero reafirmamos que los gobiernos deben retomar los procesos de Diálogo Social, profundizar la
transparencia, la democracia y garantizar la participación social y
ciudadana en los espacios de debate de solución a la crisis. En efecto,
muchas de las políticas implementadas en la región han presentado un
resultado más efectivo que las medidas conservadoras en el mundo
desarrollado. Esto representa un gran desafío para las naciones del
continente. Hoy más que nunca es fundamental luchar para profundizar
los cambios alcanzados, por una mejor distribución del ingreso, más
protección y justicia social, y mayor participación popular en las decisiones. Los sindicatos por su rol de defender empleo, salarios, derechos sociales y la ciudadanía de la clase trabajadora son actores ineludibles
en la construcción del desarrollo sustentable. Lo conquistado en el
continente es aún muy frágil. Sin cambios en las instituciones, leyes y
constituciones, es inevitable que se judicialice la política.
Propuestas
Impulsar un Nuevo Contrato Social para profundizar las transformaciones, consolidar las instituciones democráticas y convertir en Leyes efectivas los avances;
Poner en agenda la necesidad de reformas constitucionales con activa participación de los movimientos sociales y sindicales;
Impulsar reformas legislativas a frenar y evitar la judicialización de
la política y a promover la consulta y participación popular en las decisiones;
PLADA – CSA
79
El sindicalismo de las Américas tiene como desafío reconstruir los vectores organizadores de los sectores populares.
5.5- Integración Regional sustantiva con participación real de los
movimientos sindicales y sociales
Desde el sindicalismo americano tenemos la certeza absoluta de que para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo sustentable en la región se requiere del fortalecimiento y la profundización de los
procesos de integración regional en forma coordinada, complementaria
y solidaria, para que todos los países miembros fortalezcan sus
economías y brinden bienestar a sus sociedades. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que se refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones.
La integración debe ir más allá del plano comercial. No podemos dejar
la integración regional en manos de los empresarios. Resulta imprescindible profundizar la democracia representativa en los procesos de integración y apuntalar las iniciativas integracionistas que escapan a
lógica puramente comercial y que procuran una identidad basada en los
valores e identidades comunes de los pueblos de la región, como la
solidaridad, la cooperación, el respeto a las diferencias, la autonomía y
la soberanía, como la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y la
creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Diferentes campañas continentales de los movimientos sociales han probado el rol preponderante de las redes sociales, de los medios alternativos y populares, de radios y TVs comunitarias, de blogs y sitios de internet, de video y cine social, en la promoción de la integración de
las naciones y los pueblos. Los acuerdos de integración regional deben
situar a la comunicación como un tema fundamental para el reencuentro y la solidaridad.
PLADA – CSA
80
Tenemos que impulsar una integración desde y para los pueblos, una
integración energética y política. Esto significa tomar en cuenta que si
queremos hablar de paz y economía sustentable, hay que garantizar
una región estable política y económicamente, que pueda convertirse en
un centro de crecimiento económico e igualdad social.
Generalmente en las Instancias de integración hay pocos dirigentes sindicales y de movimientos sociales. Los sectores de la sociedad civil y de los sindicatos no son tomados en cuenta en los momentos de toma de decisiones e implementación de las políticas, además persisten
problemas crónicos tales como la retención de la mayoría de los
recursos de cooperación por parte de estructuras intermediarias. Esto nos parece preocupante, porque los sujetos de cambio somos las y los trabajadores como así también todos los colectivos que componen el
campo popular. Demandamos espacios de participación a nivel nacional e internacional para presentar nuestras propuestas. Es imprescindible establecer más y mejores mecanismos de consulta entre los gobiernos y el movimiento sindical. Propuestas
Articular el sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar sus autonomías;
Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana;
Organizar un sistema de reclamos democráticos regional al que
pueda(n) apelar (los ciudadanos)la ciudadanía;
Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que pueda garantizar ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias;
Los Estados deberán asumir el compromiso de lograr una
verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y
PLADA – CSA
81
la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existente y elaborando nuevos proyectos;
Creación de Fondos de Salud Pública, para erradicar las
endemias continentales, financiados por impuestos de carácter progresivo y naturaleza sostenible;
El Parlamento del Mercosur es estratégico y su dinamización es
muy importante para poder avanzar en debates más amplios
sobre el proceso de la integración; Es imprescindible destinar partidas presupuestarias para los
procesos de integración;
Aumentar la participación sindical en UNASUR, CELAC y OEA, para obtener respuestas concretas a las demandas de los y las trabajadoras, expresadas en cambios reales en sus condiciones de vida;
5.6- Por un continente en Paz, sin guerras ni bases militares
extranjeras en los países de las Américas
La Paz es un bien de la Humanidad, se basa en la dignidad de las personas y se construye a partir de la realización e interdependencia de
los Derechos Humanos, el respeto por la soberanía de las naciones y la democracia. La paz es un permanente quehacer, fruto de la justicia social y la solidaridad entre las personas, las naciones y los pueblos. El movimiento sindical americano repudia la represión en cualquier lugar del mundo, puesto que la misma constituye una amenaza a la libertad y a la construcción de la paz. El Continente Americano debe ser un espacio de paz y respeto hacia y entre las personas, los pueblos y las naciones. Repudiamos enfáticamente la existencia de bases militares extranjeras
en cualquiera de los países de las Américas, porque ellas representan
un obstáculo a la paz regional y estimulan la desconfianza entre
PLADA – CSA
82
nuestros países, promoviendo armamentismo e hiriendo el principio de
la autodeterminación de los pueblos, así como el de las soberanías nacionales sobre el territorio. La cadena armamentística representa exactamente lo contrario de una cultura por la paz y la no violencia, ya que el crecimiento de la industria militar significa el aumento del negocio que es la guerra. Si las instituciones internacionales están preocupadas en cultivar la paz,
deben condenar de manera enfática esa política armamentística.
Haití y permanencia de la MINUSTAH como una gran contradicción
sobre este concepto. Varios gobiernos de AL mantienen tropas en Haití, bajo la bandera de la ONU, y su contribución real ha sido marginal, para
no decir que ha agravado la situación del pueblo haitiano. El esquema
de la presencia de la MINUSTAH obedece a la lógica de los EE.UU y
las potencias europeas, que “tercerizaron” en los gobiernos de ALC el
servicio. Los sindicatos no deberían demandar de sus gobiernos el fin
de la “ocupación militar” y liderar un real proceso de cooperación para la
emancipación de los propios haitianos?
Propuestas
Establecer un Programa de desmilitarización extranjera,
suspensión de nuevas instalaciones militares, establecimiento de cronograma de retiro de bases, misiones, tropas extranjeras de y en los países de las Américas;
Llamamiento urgente a la comunidad internacional a efectuar importante recortes en el gasto militar, que la transición de la
producción con fines militares a una producción con utilidad social se realice protegiendo los medios de subsistencia de los trabajadores implicados. Los recursos destinados a las armas podrían ser destinados a programas de desarrollo social;
PLADA – CSA
83
Limitar comercio de armas y frenar su tráfico ilegal en la región a
través de controles estrictos en las fronteras de los países productores/exportadores;
Implementar programas de desarme de la población, con
restricciones a su comercialización, tenencia y porte Retirar de las calles a los militares para regresarlos a sus
cuarteles. 5.7- Respeto y ejercicio pleno de los Derechos Humanos y el
reconocimiento del sindicato como instrumento de la democracia y del ejercicio de los Derechos Humanos
Solo en una sociedad con respeto sustantivo por los Derechos Humanos integrales se puede construir una democracia real. Con sus valores imperecederos de solidaridad y no discriminación, y a través de su presencia y papel en los lugares de trabajo y en la sociedad, los sindicatos tienen una capacidad única para trabajar por la democracia y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos para el conjunto de (los ciudadanos del Continente. 5.8- Cooperación internacional y Legislación Regional en materia
de derechos sociales, negociación colectiva e inmigración.
La búsqueda de un paradigma de desarrollo alternativo al
neoliberalismo por parte de de los Estados requiere la construcción de
una agenda sindical proactiva en el área de cooperación internacional, partiendo del presupuesto de que los sindicatos son actores del desarrollo y de la promoción de la democracia.
Deben ponerse en práctica los Principios y Directrices para la eficacia de la ayuda establecida desde el Consenso de Monterrey que son la soberanía y participación colectiva; políticas de desarrollo basadas en derechos; transparencia y responsabilidad mutua; coherencia de políticas; inclusión e igualdad; sostenibilidad del desarrollo.
PLADA – CSA
84
Propuestas
Fortalecimiento de la Red de Cooperación de América Latina;
Desarrollar y fortalecer políticas e iniciativas de cooperación
Sur-Sur y las posibilidades de cooperación triangular Norte-Sur-Sur;
Elaboración de Programas de cooperación focalizados a los
países de las Américas con mayor déficit de trabajo decente y menos desarrollo sindical.
Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta
tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT;
Las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal
forma que al desarraigo que genera la migración no sea
agravado con la pérdida de los aportes a la seguridad social;
Implementación de un sistema de validación de certificaciones
profesionales y títulos de educación formal que impida la
subutilización de recursos humanos de las y los migrantes de
todo el continente, respetando la calificación profesional y
laboral alcanzada en los países de origen.
Creación de mecanismos continentales para eliminar abusos de
la intermediación financiera con las remesas de las y los trabajadores migrantes.
