GOBIERNO GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO

CONTEXTO HISTÓRICO ÁMBITO MUNDIAL

El modelo revolucionario de la década. Cuba . El 1 de mayo de 1961, Fidel Castro proclamó la República Socialista marxista. El Partido Unido, único en el país después de la eliminación de los grupos no comunistas, cambiaría su nombre de Partido Comunista en 1965. El acercamiento de Castro en un primer momento a Estados Unidos hizo dudar sobre las intenciones reales de la revolución que encabezaba. En la actitud hostil de la administración americana hacia la Cuba castrista, que inició muy pronto las nacionalizaciones, se ha buscado el origen del acercamiento al bloque comunista. Esta hostilidad se manifestó abiertamente una vez más con el nuevo presidente norteamericano John F. Kennedy en 1961. Aunque no aprobó la invasión de la isla por el ejército, consintió operaciones preparadas por la CIA, un desembarco anticastrista de exiliados cubanos en Bahía Cochinos en abril de 1961, el que fue un completo fracaso. En octubre de 1962 se conoció en la Casa Blanca la existencia en Cuba de rampas de lanzamiento destinadas a cohetes de alcance medio, susceptibles de llevar cabezas nucleares. Las alternativas que se barajaron fueron: el bombardeo de las bases el desembarco o el bloqueo naval. Prevaleció esta opción que se hizo efectiva el 22 de octubre. El 26 de ese mes, la Unió Soviética admitía la existencia de misiles nucleares en Cuba, matizando su carácter defensivo y su control directo. La situación fue tensa y el mundo temía el estallido inmediato de una guerra nuclear. Los buques soviéticos que se acercaban al bloqueo, recibieron de Moscú órdenes de volver proa. El 28, las bases habían sido desmanteladas, y al día siguiente se retiraron los navíos americanos. Las decisiones de Kruschev habían contado con el pleno respaldo del Soviet Supremo. Kennedy trató de suavizar esta derrota soviética a los ojos del mundo, comprometiéndose a retirar el armamento nuclear de las bases de Turquía. En realidad la medida carecía de importancia estratégica pues el poder operativo nuclear -los cohetes Polaris- era transportado por los submarinos atómicos tipo Nautilus. El Equilibrio del Terror ante la permanente amenaza de una guerra atómica cimentaba lo que denominaremos Paz Nuclear, una nueva fase, la última, dentro del contexto de la Guerra Fría, que daría paso a la suspensión de experimentos nucleares en 1963, interpretada por Mao Tse Tung como traición ideológica de la Unión Soviética, un paso notable en el distanciamiento chino de Moscú. · Paris 1968. Cuando Francia se rebeló Francia, en mayo de 1968 estuvo a punto de una revuelta total con 12 millones de obreros en huelga, 122 fábricas ocupadas y estudiantes luchando contra el viejo sistema moribundo en el que se encontraban. A finales de los 60 en Francia los sueldos estaban en alza, pero grandes secciones de la clase trabajadora aún mantenían los bajos salarios. Esto ocurría a pesar de que el comercio con el exterior se había triplicado. El 25% de todos los trabajadores recibía menos de 500 francos al mes. Algunos trabajadores no cualificados sólo cobraban 400 francos al mes. El desempleo era de medio millón, en un periodo que era considerado como el más alto de la postguerra. La afiliación a los sindicatos había caído a 3 millones, en contraste con los 7 millones de 1945. No se habían ganado muchas mejoras en los años anteriores. Michelin presumía de qué sólo había hablado con los sindicatos tres veces en 30 años. Entonces, ¿por qué cambió todo tan rápido en la Francia de 1968? Nanterre era una universidad en las afueras de París. Era un campus nuevo construido para paliar el gran incremento de nuevos estudiantes. El lugar era lo contrario del palpitante, vivo y famoso Barrio Latino. El 22 de marzo de 1968 ocho estudiantes irrumpieron en la oficina del decano como forma de protesta por el reciente arresto de seis miembros del Comité Nacional de Vietnam. Entre estos estaba un estudiante de sociología llamado Danny Cohn- Bendit. Él era parte de un grupo que organizó una huelga de 10.000 a 12.000 estudiantes en noviembre de 1967 como reclamo contra la masificación. El los anteriores 10 años la población estudiantil había crecido desde 170.000 a 514.000. Aunque el Estado había dado bastantes fondos, no eran suficientes ante el enorme flujo de estudiantes. El área total cubierta por los fondos se había duplicado desde 1962 pero el número de estudiantes se había casi triplicado. Las instalaciones eran a todas luces inadecuadas y la masificación era un asunto serio. Seis días antes de la ocupación de la oficina del decano se llamó a la policía y el campus fue rodeado. 500 estudiantes de dentro se dividieron en grupos de discusión. Los estudiantes de sociología comenzaron a boicotear sus

exámenes y produjeron un panfleto titulado: ¿Para qué necesitamos sociólogos? Un hito histórico por donde se lo mire, que sin embargo ha pasado casi inadvertido al cumplirse más de tres décadas de los hechos; llama la atención más aún, considerando que quienes vivieron aquellas jornadas como actores o como espectadores son hoy en día los que gobiernan y comunican en el mundo occidental. ¿Qué fue lo que pasó en aquel París? Más de alguno dirá que fue una movida hippie francesa, o una rebelión ante la represión política. No es fácil dar una respuesta corta. Una aproximación sería hacer la crónica de ese mes, de las jornadas en que una pequeña manifestación estudiantil se fue agigantando hasta convertirse en una revuelta a nivel continental, acompañada por masivas huelgas y preocupación seria por el futuro de los gobiernos (al menos el de Francia, al que algunos ciudadanos eminentes consideraron por momentos desahuciado). Pero no se entenderá mayo sin entender el 68, el año de la primavera de Praga, el año del asesinato de Luther King y de Robert Kennedy. Un año antes mataban al Che en Bolivia; un año después, Neil Armstrong pisaba la luna. Y no se entenderá el 68 sin tener una idea de lo que fueron los 60, y de lo que fue la postguerra. Las protestas de aquel mayo inauguraron la era del poder estudiantil (fue la primera vez que la juventud apareció como un factor social y político de importancia), no estaban en aquel momento respondiendo a una situación de autoritarismo, de desigualdades sociales extremas, etc. La rebelión sorprendió a sus contemporáneos no sólo por ser llevada a cabo por un grupo social hasta entonces mudo, sino porque se produjo en un mundo que llevaba dos décadas de crecimiento sostenido, de democratización, y en general de un bienestar como occidente no ha conocido en otro momento de este siglo. El crecimiento económico estaba en su apogeo, las masas trabajadoras estaban tranquilas, la Guerra Fría pasaba por una época “tibia”, había más educación, y el futuro se veía promisorio (recién en los años 70 aparecieron los problemas que siguen quitando el sueño al mundo de fin de siglo). ¿Cuál fue entonces el carácter de la protesta? La reacción, y eso es lo más interesante, fue contra el sistema completo, contra el establishment, contra la sociedad tal como se conocía. No importaba que hubiese más y más televisores, ni que ahora se votara por De Gaulle en lugar de besar las botas nazis: lo que se criticaba era la sociedad occidental en sus fundamentos, en sus estructuras básicas. Si bien el marxismo revolucionario era la ideología de moda, el pensamiento que guió implícitamente los movimientos estuvo más cerca del anarquismo a lo Bakunin, o tal vez un marxismo pero al estilo de Marcuse, que por cierto fue un pensador muy popular en aquella época (y el eco de su voz se siente en muchos de los graffitis y eslóganes). Se buscaba “transformar la sociedad”", como hubiese querido Marx, pero también “cambiar la vida”, como lo pidiera Rimbaud. La transformación profunda de la vida cotidiana era una exigencia tanto o más importante que la igualdad social. La libertad por sobre todo, rehacer la sociedad, utilizando la tecnología para crear un mundo definitivamente mejor, eliminando toda forma de autoritarismo, desde los exámenes universitarios hasta la presidencia de la República. Las protestas comenzaron en Nanterre, en las afueras de París, en la Facultad de Humanidades, inagurada hacía pocos años. Allí comenzó en marzo del 68 un movimiento por mayor libertad de expresión política. Esto pudo haber sido otra más de las habituales movilizaciones de grupos izquierdistas universitarios, y nada hacía prever lo que vendría. El 22 de marzo, un grupo tomó algunas dependencias, y se transformó en el Movimiento 22 de marzo, liderado por Daniel Cohn-Bendit, un estudiante de sociología de 23 años que pronto sería conocido en todo el mundo como “Dany el Rojo”. La reacción autoritaria de la Universidad y los ataques violentos de algunos grupos derechistas dieron notoriedad a los “rabiosos” (como se les llamó desde un principio), y les granjearon popularidad. Por otro lado, ellos fueron generando un movimiento ajeno a los tradicionales sectarismos de las juventudes de los partidos políticos, y su convocatoria se fue ampliando. La detención de Cohn-Bendit y el allanamiento de su domicilio rebalsan el vaso, y empiezan amplias manifestaciones de apoyo, que son contestadas con el desalojo policial de la Facultad en Nanterre y algunas detenciones. El lunes 13 Francia conoció las mayores manifestaciones desde la Liberación del 45, más de un millón de franceses marcharon por París: estudiantes, obreros, profesores, artistas. La policía desapareció de las calles. Conscientes de que el futuro del movimiento pasaba por el apoyo de los trabajadores, el martes 14 delegaciones de estudiantes partieron a las fábricas. El miércoles 15, 200 obreros jóvenes se encierran en la fábrica Renault, secuestrando a _los directores, pasando la noche en el lugar. Al día siguiente la inmensa mayoría se plegó a la ocupación de la fábrica. Esta acción imprevista sorprende al estado mayor sindical. Los obreros pasan a la ofensiva, y la fábrica Renault, “la Nanterre obrera”, se transformó en un símbolo del más vasto movimiento de huelga que haya conocido el país. En una semana y sin ninguna coordinación sindical, Francia quedó absolutamente paralizada: diez millones de obreros se habían lanzado a la

huelga. El movimiento, pese a estar centrado en París, se repitió por toda Francia. Los eslóganes de los estudiantes empezaron a ser reemplazados por ataques directos a De Gaulle, y el gobierno temió por su permanencia. Varios políticos de izquierda, llamaron a formar un gobierno alternativo. Si la revuelta del 68 fue una sorpresa para todos, incluso para sus gestores, es importante preguntarse por qué. Y la respuesta no está en los problemas de la administración universitaria (que no era mucho peor que la de cinco años antes o cinco años después), ni en el descontento de los obreros (que se subieron a un carro que ya estaba andando, y jamás habrían iniciado un movimiento así en un período de calma, estabilidad y crecimiento). Lo novedoso fueron las motivaciones de los protagonistas: el deseo de cambiar la forma de vivir en este mundo. Hacer una sociedad de personas libres y plenamente desarrolladas, una utopía que por primera vez (y hasta ahora única, salvo que se consideren las comunas happy y despreocupadas de los hippies californianos) alcanzó resonancia como movimiento social. Si bien los discursos y las demandas hablaban de Vietnam, de la universidad, del antimperialismo, basta echar un vistazo a los graffitis y a las declaraciones de los dirigentes para ver que se apuntaba a un sueño fuertemente utópico, a una mutación casi en la forma de vivir en sociedad. La mayor parte de las ideas de aquel tiempo sólo podía provenir de una generación que jamás había pasado hambre, que no había vivido la guerra, que podía escribir en las paredes, con ingenuidad, que prefería “morirse de hambre antes que de aburrimiento”. Es la vieja máxima: aquellos que tienen satisfechas sus necesidades primarias (como las corporales) empiezan a preocuparse de las secundarias (como las espirituales). Un mundo que llevaba décadas de bienestar empezaba a cuestionar los fundamentos morales del sistema, las relaciones de autoridad, la falta de plenitud en la vida, y se empezaba a sentir con rechazo, ese vacío de la modernidad. Luego vino el endurecimiento de la Guerra Fría, las crisis económicas, y los soñadores de los 60 debieron orientarse a la lucha contra el hambre, la conservación de la ecología, el freno de la carrera armamentista. Muchos que fueron rebeldes en los 60 son hoy parte del sistema que algún día criticaron. En primer lugar, no hay que despreciar las consecuencias que el 68 tuvo para el mundo. Los jóvenes, en particular los universitarios, emergieron por primera vez como un actor político. La izquierda tradicional dio paso a una nueva variedad de grupos progresistas, y se acabó la hegemonía del comunismo soviético como “única verdad” para quienes quisieran cambiar la sociedad. Se marcó el fin de la sociedad de postguerra, se marcó la diferencia definitiva entre las generaciones del siglo XX y las que tendrían que vivir la posmodernidad. Y se podría agregar un largo etcétera, en consecuencias de corto y largo plazo. Pero no es lo único. Al ser la primera, y la más grande de las movilizaciones estudiantiles que han existido (el único precedente es la influencia universitaria en el liberalismo europeo para la revolución de 1848), se convirtió en un referente obligado para todas las movilizaciones posteriores. En un ejemplo y en una lección de lo que se puede lograr, de cómo hacer las cosas y de cómo no hacerlas, que ha sido útil para los movimientos estudiantiles de diversas latitudes, bajo distintos signos.

Europa en los ‘60 Al ritmo de hechos similares iniciados por las grandes potencias del momento, el 13 de febrero de 1960 explotó la primera bomba atómica francesa en la base de Reggane, en el desierto del Sahara. A su vez, se dotó del arma termonuclear con su primer ensayo en 1968, y se convirtió en una potencia nuclear. La sociedad francesa, desde los años 60, ha conocido profundos cambios, entre los más importantes están: la aceleración del éxodo rural, la concentración de las empresas, la protesta de la ley del beneficio (corriente autogestionaria), la reivindicación de las mujeres por la igualdad de los salarios y la libertad de procrear (derecho a la contracepción en 1967). Por otra parte, la revuelta de los estudiantes de 1968 no fue más que el memorable acontecimiento que conocemos como el mayo francés. Este conflicto se inició en las afueras de la capital de París, en la facultad de letras de Nanterre, un núcleo nuevo de la universidad de París, y se extendió por toda Francia con repercusión en el mundo entero. Después de lo que se vivió en ese mes ni el mundo ni la vida volvieron a ser como entonces. Los estudiantes pedían una democratización profunda de la enseñanza. Pero rápidamente encontraron las banderas más extremas: fustigar la guerra de Vietnam y por encima de todo derribar un régimen político que consideraban caduco y enmohecido. A continuación se mencionan los hechos más importantes en la década del 60 en el continente europeo:28 · La U.R.S.S firma con Indonesia un acuerdo de ayuda por $ 250 millones. · Acuerdo comercial entre la Unión Soviética y China comunista por $ 8 mil millones. · Un avión U2 de Estados Unidos de observación es derribado sobre la Unión Soviética por un cohete soviético. · Alemania democrática construye el Muro de Berlín. · Conferencia en París de los jefes de estado de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual fracasa por la reacción soviética ante los vuelos de observación

estadounidense sobre su territorio. · Acuerdo de ayuda económica y técnica entre la U.R.S.S. y Ghana. La Unión Soviética reconoce al gobierno de facto de Argelia. · El Soviet Supremo apoya la doctrina de coexistencia pacífica declarada por Kruschev. · préstamo de la Unión Soviética a la República Árabe Unida para el desarrollo industrial y agrícola. · Se firma en Moscú una ampliación del acuerdo económico con Cuba. · La Unión Soviética y China firman un acuerdo de cooperación económica, técnica y científica. · La Unión Soviética y China comunista firman en Corea del Norte un tratado de ayuda militar. · La Unión Soviética y Yugoslavia declaran sostener opiniones sobre los grandes problemas internacionales. · La Unión Soviética invade Checoslovaquia en 1968. · La Unión Soviética coloca en dos oportunidades naves espaciales en órbita. · La Unión Soviética y Francia realizan las primeras pruebas nucleares.

AFRICA EN LOS 60 Hasta esta década occidente había ensayado todas las maniobras posibles para retrasar su salida de los territorios coloniales en el continente africano. A mediados de los años de 1950 se comienzan a unir a las luchas independentistas líderes que vienen de hacer estudios universitarios en las metrópolis. En 1956 el líder Ben Yussef logra la independencia de Marruecos. 22 años de combate al frente del partido "Destur" llevaba a Habib Burguiba cuando en 1956 fueron reconocidos por Francia los derechos de Tunicia a la independencia. Ghana fue el primer país negro que declaró su independencia en 1957 y se convirtió en república en 1960, teniendo como primer ministro a Kwame Wkrumah. En abril de 1955 se celebró la conferencia de Bandung, donde la asamblea tercermundista elaboró un documento que condenaba el colonialismo, la discriminación racial y la carrera armamentista. Las doctrinas de Bandung, credo o Corán para los pueblos cristianizados o islamizados de Africa, se extendió por todos los territorios coloniales. 1960 es el año de las independencias africanas, sólo en doce meses proclamaron su independencia los territorios de Camerún, Congo-Brazzaville, Congo Leopoldvllé, Gabón, Tchad, República centro africana, Togo, Costa de Marfil, Madagascar, Somalia y Mauritana. El 26 de julio de 1956 Nasser anuncia la nacionalización del Canal de Suez. Existieron colonias en las que el proceso de independencia se hizo más violento como es el caso de Argelia, que en 1954 desesperados por el colonialismo se lanzó a la lucha del extremismo argelino. Luego de una guerra que en ocho años habría costado la vida de millares entre la población civil, Francia y Argelia se sientan a la mesa de negociaciones en febrero de 1962 y el 3 de julio del mismo año Argelia declara su independencia. El Congo también fue protagonista de una terrible lucha para su proclamación como república independiente. Este proceso se hizo más terrible por los intereses económicos que se reflejaron en el Congo; Bélgica que era la potencia imperialista era la responsable del conflicto congoleño por su empeño de seguir administrando los intereses económicos del país. El Congo se convirtió en un festín de sangre donde tres ejércitos saqueaban, violaban y mutilaban a sus prisioneros. Bélgica concedió la independencia al Congo en 1960, sin embargo dejó su oficialidad en una parte del ejército congoleño. Nigeria fue otro de los países protagonistas de estas gestas emancipadoras. Este país formaba parte de las colonias británicas las cuales fueron más astutas que la mayoría de los otros imperios europeos. Los británicos concedieron la independencia a sus colonias de manera más gradual. Sin embargo, aún en Nigeria siendo este país ejemplo de tranquilidad, comenzó la guerra, en 1966 se tomó el poder y comenzaron una avalancha de asesinatos; en término de un año la nación se había segregado autoproclamándose en república de Biafra y con un ejército de mercenarios financiados por las compañías petroleras, se enfrentaron durante casi tres años a las tropas federales (1967-1970). El bloqueo de las provincias arrastró a la muerte por hambre a millares de personas. Occidente se estremeció con las imágenes de los niños desnutridos pero permaneció insensible ante el problema de fondo, la escisión provocada por las corporaciones de petróleo. Kenya es otro país que obtuvo su independencia a través de una revuelta en 1958, provocada por los Mau Mau quienes eran una derivación de la tribu Kikuyu. Los Mau Mau consideraban que su tribu había sido restringida en sus necesidades de tierra. Cinco años después de la revuelta de 1958, Kenya obtuvo su independencia. A mediados de los años 50 y durante los 60, la mayoría de los países lograron su independencia de los poderes imperielistas de los colonizadores, pero tristemente la mayoría de los países africanos consiguieron la libertad política, quedando sumidos a una dependencia económica de la cual aún no se han podido despegar. Esta dependencia ha suscitado un sin fin de problemas de subsistencia que desencadenaron nuevos conflictos entre las mismas comunidades africanas, llevándolas a guerras interminables, que se traducen en muertos, enfermedades, miseria y hambre. Los conflictos africanos se han convertido en noticia diaria y han conmovido a la población mundial. Algunos d ellos países que más han

sufrido conflictos han sido Zaire, Ruanda, Burundi y Uganda donde los enfrentamientos entre tribus y tropas han causado más de un millón de muertos, dos millones de refugiados y un millón más deambulan a su suerte. En 1989 cuando las restricciones del Apartheid comenzaron a levantarse y el gobierno anunció su libertad de considerar la ampliación de los derechos políticos de los negros sudafricanos; en febrero de 1990 se derogó la prohibición mantenida durante treinta años, del Congreso Nacional Africano fundado en 1912 y su mundialmente famoso líder Nelson Mandela, que fue puesto en libertad de 27 años de encarcelamiento. El 20 de diciembre de 199, la Convención Sudafricana Democrática (CODESA), inició conversaciones para la elaboración de una nueva constitución. En 1992 CODESA acordó la conformación de un gabinete interino multirracial hasta la introducción de una nueva constitución. El 17 de marzo de 1992 se llevó a cabo un referéndum entre la población blanca que votó a favor de reformas constitucionales en virtud de las cuales todos los sudafricanos de cualquier raza eran iguales ante la ley. En 1994 se produjeron las primeras elecciones verdaderamente generales en Sudáfrica, y Nelson Mandela el 2 de mayo de 1994 se convirtió en el primer presidente de la nueva Sudáfrica.

ASIA EN LOS 60 Durante la década del 60, en el continente asiático uno de los movimientos revolucionarios guerrilleros más importantes y de mayor auge fue el generado en la guerra de Vietnam, donde la región vietnamita (que se encontraba al Sureste de Asia), para ese momento dividida en dos estados siguiendo la línea del paralelo 17 (Vietnam del Norte y Vietnam del Sur). Tras el fin del dominio colonial francés se sancionó internacionalmente (Acuerdo de Ginebra de 1954), la independencia y el proceso de reunificación de ambas zonas. Sin embargo, instaurado el régimen socialista presidido por Ho Chi Minh en el norte y la dictadura de Ngo Dihn Diem en el sur, éste se negó a convocar elecciones generales previas a la reunificación ante el temor de ser batido por el prestigio evidente de Ho Chi Minh, y pidió ayuda militar a los estadounidenses para hacer frente a las guerrillas. En 1960 se funda el FLN y aumenta el descontento de la población ante la represión de que es víctima; hasta que un golpe militar inspirado por lo estadounidenses derribó a Diem en 1963. Se inicia un período caracterizado por una gran inestabilidad política; constantes golpes de estado; creciente influencia del FLN que pasó a controlar grandes zonas de territorio y un aumento de la intervención estadounidense. En 1964, el presidente Lyndon B. Jhonson ordenó el bombardeo masivo del Vietnam del Norte e inició la escalada de la guerra, pero contrariamente a los planes del Pentágono, la actividad bélica del Vietnam no decrece hasta lograr en la celebración del TET de 1968 conquistar parte de Saigón durante varias horas. En marzo de 1968, Jhonson ordena el cese parcial de los bombardeos del norte y se inician conversaciones cuatripartitas en París. En 1969 Nixon siguiendo su programa de vietnamización de la guerra, inicia la retirada de las tropas estadounidenses. En junio de 1969 se constituye en el sur el gobierno revolucionario provisional (GRP), integrado por la gran mayoría de las fuerzas de oposición al régimen dictatorial de Thieu. En marzo de 1972 el FLN apoyado por unidades del ejército norvietnamita lanza una gran ofensiva y los EEUU reanudan los bombardeos sobre instalaciones civiles y militares de Hanoi y Haiphong, además de minar todos los pueblos para evitar el suministro de armas. En febrero de 1973 se firmó un acuerdo de paz en París que preveía la retirada total de las tropas estadounidenses, la celebración de elecciones y la libertad del pueblo vietnamita para decidir su futuro; sin embargo, estos acuerdos no fueron respetados haciendo que la lucha se reprodujera. En 1975, ante el hundimiento de la economía survietnamita, la corrupción del régimen de Thien y la retirada de los estadounidenses se produjo un avance espectacular del FLN que en pocos meses conquistó todo el país. Los jerarcas survietnamitas y el neutralista Minh entregó al GPR el poder sin condiciones. Vietnam marcó un hito en la historia que probablemente será difícil de borrar. La pugna entre dos pueblos hermanos separados por desigualdades políticas, la intromisión de potencias extranjeras que a la larga sólo trajo la baja a miles de soldados tanto americanos como vietnamitas; el trauma con que esta guerra marcó a decenas de soldados que sólo buscaban una "libertad" que se ve traducida, después de tantos años, en una prisión sicológica al dejar detrás tanta masacre y tanto horror vivido. Por otra parte, en el continente asiático se presentó además otra conflagración bélica durante la década del 60 , como lo fue la "guerra de los seis días" en septiembre d e1967, donde las fuerzas egipcias y sirias fueron derrotadas en seis días por la fuerzas israelíes, prolongándose posteriormente entre estas naciones, el cual hoy en día aún prevalece en el llamado conflicto Arabe-Israelí.

Consideraciones finales La década de los ‘60 constituyó un hito para la historia contemporánea de la humanidad, desde el mayo francés, pasando por los hippies, la revolución sexual, los movimientos guerrilleros en Latinoamérica y las luchas independentistas africanas, hasta la avanzada comunista mundial en Vietnam, Cuba y la construcción del Muro de Berlín en 1961, por sólo citar algunos acontecimientos. Desde entonces el mundo no volverá a ser igual. De allí que como resultado de esta turbulenta década sugieran los países que hoy se conocen como tercermundistas, la lucha ecológica proveniente de la filosofía hippie, la Guerra Fría que hace poco se derritió, la igualdad jurídica de los negros en diversas partes del mundo (como en los Estados Unidos de Norteamérica y en la reciente república de Sudáfrica que lucha aún por el derribamiento del Apartheid). Todo ello, junto con la liberación femenina, que colocó a la mujer en condiciones de igualdad jurídica frente al sexo masculino, una educación horizontal donde profesor y alumnos construyen conjuntamente el conocimiento, además del desarme nuclear que hoy por lo menos se pregona y el inventario de cuestionamientos que nacieron en la década de los ‘60 (y que tanta falta hacen actualmente en la lucha contra el neoliberalismo salvaje), contribuye a calcular el saldo que esa época dejó para la humanidad.

América Latina Históricamente, los países latinoamericanos no emergieron como Estados fuertes e institucionalizados. Todo lo contrario; los procesos de independencia, salvo en el caso de Brasil, los encuentran como naciones y estados en proceso de formación resultantes de la disgregación, tanto de los diversos virreinatos de la Colonia (el Virreinato de la Nueva España con la Capitanía General de Guatemala, el Virreinato de Nueva Granada, con su Capitanía General de Venezuela, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata), como en el interior de los mismos Estados que se iban gestando, y que muchas veces dieron como resultado graves conflictos por límites que en algunos casos perduran hasta nuestros días. El caso crónico de Centroamérica es una muestra de ello, donde estos conflictos son estimulados por los localismos y la ambición desmedida de poder de los caudillos.

Panorama político de América Latina en la década de los ‘60 El cuadro de situación en las políticas externas continúa dentro de los extremos del péndulo. En Argentina un golpe de Estado militar de corte pretoriano derrocó al gobierno de Illia en 196661, asumiendo el general Onganía, quien fue a su vez desalojado por un golpe interno de las fuerzas armadas en 1969, pero se continuó con las mismas políticas hasta principios de la década de los ‘70. En Brasil permanece el gobierno militar y, pese a los cambios, no hubo variaciones en las políticas. Entre Argentina y Brasil se inició un período de conflictos vinculados con el aprovechamiento hidroenergético del Alto Paraná, lo que, pese a la similitud en las concepciones ideológicas, el conflicto prevaleció por sobre las posibilidades de cooperación. En Chile asumió en 1964 Eduardo Frei, dejando atrás un período conservador con Alessandri, para iniciar a través de la democracia cristiana una importante etapa de acercamiento a América Latina, de apoyo a la integración y de oposición moderada a Estados Unidos de Norteamérica. Perú, como ya se anticipó, se encontraba bajo el gobierno de Belaúnde Terry desde 1963, quien había prometido un proceso reformista, pero orientó sus políticas hacia un desarrollismo basado en inversiones y crédito norteamericanos, profundizando la relación de dependencia. Esto, y el hecho de no haber cumplido con su promesa de nacionalizar la International Petroleum Com. -I.P.C.-, provocó su derrocamiento, asumiendo el general Juan Velazco Alvarado, que inauguró en 1968 un período reformista, orientado hacia la solidaridad y la integración latinoamericana, a tal punto que se llegó a crear un “Ministerio de la Integración”. En definitiva, los gobiernos militares pusieron el acento en la seguridad -política de las fronteras ideológicas- por sobre el desarrollo económico -salvo el de Perú- mientras que los gobiernos civiles aspiraban a una mayor coordinación de las políticas externas y a un fortalecimiento de la integración regional como instrumento para el desarrollo. Sin embargo, la falta de solidaridad y de coherencia de los más grandes respecto del resto favoreció el continuismo, de acuerdo con los intereses de seguridad de Estados unidos de Norteamérica.

Hechos y protagonistas en la década de los ‘60 En Latinoamérica ha ocurrido una serie de acontecimientos, tanto de tipo político, como sociales y económicos, que se han visto influenciados muy notoriamente por las demás ideologías del mundo, siendo posible de esta manera la creación de varias agrupaciones y la organización de los pueblos en movimientos que lucharon en pro de su bienestar. De esta forma, se observa que en Latinoamérica,

durante la década de los ‘60, se produjo una generalidad de luchas y cambios, todas ellas afectadas, _ principalmente, por los procesos opresores (militares) existentes en las distintas regiones; en segundo lugar la Revolución Cubana vino a conformar el mayor triunfo del Comunismo Latinoamericano como “Revolución”, sobre el Imperialismo “Capitalismo” Mundial. Así también, en el mundo se generó una serie de turbulencias propiciadas, parcialmente, por la explosión demográfica imperante en el planeta. · Cuba Lo que inicialmente se consideró en Cuba como un movimiento revolucionario nacionalista y un tanto católico va a derivar luego del tiempo de las luchas en la Sierra Maestra, en la toma del poder hasta ese entonces detentado por Fulgencio Batista. La instauración del régimen comunista en la isla americana permite un pacto en 1960, que, aunque no se había plasmado ya estaba identificado con la U.R.S.S. la cual suministró armas para facilitar la lucha revolucionaria en toda América Latina. A manera de cronología podemos verque en Latinoamérica sucedieron los siguientes acontecimientos: En mayo de 1960 se rompen las relaciones económicas con los Estados Unidos de Norteamérica y, en 1961, se cortan las relaciones diplomáticas. En esta situación, que se estaba generando en las distintas políticas de Estados Unidos de Norteamérica, se crea una política internacional en pro de la defensa del imperialismo, el cual va a producir la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional," que no es más que un conjunto de planes estratégicos dirigidos hacia toda América Latina. Esta política intenta hacer ver qué importante es para los Estados Unidos la existencia de regímenes democráticos, que acogieran el esquema capitalista mientras por la otra parte nos encontramos con la Unión Soviética vendiendo la ideología comunista apoyada en el triunfo de la Revolución Cubana. Estas controversias planteadas por las dos principales naciones que vienen a regir el nuevo orden mundial luego de la Segunda Guerra Mundial, las vemos reflejadas en casi todas las acciones, hechos y sucesos que se dan en la década de los 60. Como se sabe, y aún queda mucho por investigar el giro definitivo de Castro hacia Rusia fue lo que resquebrajó la relación política amistosa con el “Che” Guevara; de allí que éste planeara continuar con su proyecto revolucionario en el continente latinoamericano. _ · Colombia y Venezuela La década de los ‘60 se presenta para ambos países como el surgimiento de la Democracia, ya que en la década anterior logran derrocar a las dictaduras militares que se venían sucediendo en dichas naciones. En Venezuela, a principios de la década, toma la presidencia Rómulo Betancourt, luego del triunfo conseguido en el 58 por la Junta Revolucionaria, quienes llaman a elecciones en las que resulta electo éste por Acción Democrática. Este gobierno logra pactar con los partidos C.O.P.E.I. y U.R.D., dejando fuera al P.C.V. (Partido Comunista Venezolano), lo que tiene como consecuencia la aparición de la guerrilla rural y urbana, la cual va a tomar como principal acción la lucha armada. Ocurrieron entonces en Venezuela varios grandes alzamientos militares como lo fueron el Barcelonazo, el Carupanazo, el Porteñazo y otros de menor de intensidad. Mientras que enColombia se estaba gestando de igual manera la unión del Partido Conservador y el Liberal, dándose así lo que se llamó el “Pacto del Frente Nacional Unido”; esto significó un bipartidismo estrecho que no permitiría la inclusión de ningún otro. Este tipo de acciones sumadas a las distintas violaciones de los Derechos Humanos, la persecución de las organizaciones paralelas, criminalización de la protesta social, masacres a plena luz del día, impunidad de delitos, todo este panorama generó un “terrorismo de estado”, ya que las fuerzas militares cobraron mayor participación en los conflictos sociales. Por otra parte, la forma en que los dos gobiernos encauzan las políticas aplicables, origina dos resultados distintos. En Venezuela, la gran entrada de divisas producidas por el petróleo garantizó que no se le dieron la necesidad por la lucha armada. Mientras que en Colombia, por otros factores, aparece el “Ejército Liberación Nacional” -E.L.N.- en 1966, y como consecuencia de ello a principios de los ‘70 surgió el “M-19” y el "Quintin Lame", Movimiento Indigenista. En el resto de los países latinoamericanos se dieron duras luchas, pero que se vinieron a conducir de una forma diferente, tal es el caso de Argentina que luego de la abolición de la dictadura se vio en la necesidad de volver a ésta, para garantizar un orden político y una estabilidad político-económica. En conclusión, la gran variedad de insurgencias de distintos tipos vino a garantizar la estabilidad prometida por los Estados Unidos de Norteamérica con el Plan Marshall, que no es más que la instauración del Capitalismo como sistema único de gobierno, ya que hoy en día sólo quedan pocos indicios del comunismo y nos encontramos con una Cuba luchando por una adaptación y transformación de sus actividades que parecieran vincularse al capitalismo.

CONTEXTO NACIONAL. El Régimen Militar del Perú: Antecedentes previos, El gobierno de Belaúnde Terry

Durante la década del 60’ en Perú, se puede advertir el protagonismo adquirido por las fuerzas militares, en la política, concretamente en la preocupación por la dirección del aparato estatal y el gobierno de la nación por parte de estas, las cuales se inmiscuyeron cada vez mas en los diversos problemas que afectaban a los gobiernos civiles, que para los militares los únicos culpables de tales afecciones, era la clase política y los partidos. Las fuerzas militares considerando la inoperancia de los gobiernos de turno, comenzó a actuar sucediéndose una serie de golpes de estado y derrocamientos de gobiernos, reemplazándolos por la dirección de los militares. Ya en 1962 se puede apreciar el primer golpe de estado de la década de los 60’ aunque la toma de poder por parte de los militares seria breve y transitoria. Se había derrocado al presidente Prado y ya se anunciaban las elecciones para presidente por lo que las fuerzas militares se adelantaron e hicieron posesión del poder, ante el inminente triunfo de Haya de la Torre, líder de izquierda del APRA, el cual causaba cierta repugnancia en las fuerzas militares, y aprovechando la dubitativa legitimidad de las elecciones, debido a las constantes constataciones del comercio peruano respecto a la ayuda mutua entre el gobierno y el APRA, por un pacto de “coexistencia”, el poder militar ascendió al poder. Algo característico de las fuerzas militares peruanas, es la distancia que toma de la oligarquía, considerándose el gobierno militar como autónomo, por lo tanto actuó según su pensamiento. La principal meta del gobierno militar de esa época era la nacionalización de la IPC, algo recurrente en las promesas de los mandatarios del Perú por aquellos años. Además de lo anterior se dedicaron a paralizar la movilización social, reduciendo a diversos líderes campesinos, estudiantiles y obreros entre otros. Sin embargo el régimen militar seria transitorio para convocar a nuevas elecciones en 1963, debido a las amenazas de EE.UU. de terminar con la ayuda militar. Esto se produjo esencialmente por la autonomía que declaraba el nuevo gobierno ante las clases políticas. Por lo tanto se realizaron elecciones, en las cuales, gracias al apoyo de el PDC ( Partido Demócrata Cristiano), el representante del AP Belaúnde Terry asumió la Presidencia de la República. Entonces comenzaba un proyecto reformista, por parte de Terry, para satisfacer a los diversos sectores sociales, campesino, obreros, estudiantes y la clase media. Terry quería nacionalizar al Perú, que el Estado y la Nación fueran protagonistas y dueños del desarrollo económico, social y político del Perú, y disminuir la influencia y dependencia extranjera. Pero los diversos obstáculos que encontró el AP en el congreso por parte del APRA y la UNO, ambas coalicionadas , sin duda dificultaron el gobierno de Terry, considerando que el APRA tenia una fuerza electoral y poder político considerable. Las dificultades para llegar a un acuerdo entre el AP y el APRA, fue materia de reflexión para el gobierno que ansiaba dicha alianza para un gobierno mas fluido y sin obstáculos. Las dificultades también eran en externas, el AP al aliarse con el APRA perdería el respaldo del ejército y el Comercio. Además las sulfurosas posturas del APRA hacia el AP por considerarlo un ala de las fuerzas militares y del comercio, que habían impedido la elección de Haya de la Torre, eran otro impedimento que hacia imposible la unión entre ambos entes políticos. Finalmente el APRA se unió a sectores oligárquicos y el Odrismo, con lo que se produjo un cisma dentro del APRA, considerando sus raíces izquierdistas. Los mas jóvenes se alinearon a la izquierda mas radical, y la clase obrera y media, que estuvo muchos años bajo la protección e influencia del APRA, tomo distancia alejándose de su circulo.

El congreso, organismo disidente frente al gobierno y obstáculo constante, fue uno de los entes que provocaron la inestabilidad gubernativa de Terry, haciendo un parangón con la Republica Chilena de fines de los 90’ del siglo XIX y a inicios del siglo XX, con su parlamentarismo a la chilena, caracterizado por el derribamiento de los gabinetes, las rotativas ministeriales, sucesos acaecidos gracias al poder del parlamento de censurar ministros y rechazar presupuestos, lo que decanto en la inoperancia política tanto del ejecutivo como el legislativo. Por lo tanto Terry se encontraba en una encrucijada y es lo que nos hace rememorar a Balmaceda, en cuanto a que hacer con el congreso, clausurarlo, algo inconstitucional de por si, y requeriría la ayuda del ejercito, para luego ser su subordinado. La otra alternativa era mover a las masas, pero las consecuencias podían ser fatales y haber terminado en una guerra civil, ya que las fuerzas armadas no se habrían quedado de brazos cruzados. Finalmente se decidió aumentar el gasto público, con esto se podría atraer un mayor apoyo para el gobierno. Se incremento el gasto en educación de sobremanera, y se realizaron exenciones de impuestos a favor de la sustitución de las importaciones, se incrementaron los empleos urbanos, pero pronto el sistema comenzó a tambalear. Hacia el 65’ disminuyeron las exportaciones, debido a la retirada de inversionistas norteamericanos. Pero esto solo seria una antesala, a la serie de deterioraciones en las relaciones entre el gobierno y los diversos sectores sociales. Se mantuvo el tipo de cambio, no hubo devaluación, con el fin de ayudar a la industria y los precios de los alimentos se mantuvieron, generando la protesta airada de los campesinos, los principales perjudicados al ver que sus ganancias se estancaban y que la agricultura campo ya no era tan viable, se trasladaron a los sectores urbanos. Junto a esto la deuda externa del Perú aumentaba llegando al 18% del valor total de las exportaciones en 1967. Esto provoco la protesta de diversos sectores políticos y dentro del mismo seno del AP había conflictos. El sistema parlamentario, sin duda, era la piedra de tope para cambios profundos en la estructura económica, social y política, del Estado. Las rotativas recurrentes ministeriales afectaban el buen desarrollo del papel del ejecutivo y el parlamento solo se dedicaba a derribar ministros y poner objeciones al ejecutivo tal como ocurrió en Chile años atrás. Poco a poco la masa obrera y de campesinos se iba politizando, inclinándose por la izquierda mas radical. A ello se le sumaban los jóvenes estudiantes y la clase media e incluso los más intelectuales. Los militares se mostraban cada vez más aprensivos con el gobierno y la situación les parecía caótica. Ante la situación caótica, Haya de la Torre, se alineo con el AP, para otorgar un nuevo gabinete con mayores poderes extraordinarios, separándose el APRA del odriísmo. Lamentablemente la solución no complacería a todos y parte del AP, en constante pugna con el APRA, se distancio del gobierno y se alineo con El Comercio y el Ejército en constantes ataque al gobierno de Terry. En lo económico el régimen de Terry se dedico a incrementar el gasto publico y reformas fiscales, reforzó el papel del estado peruano y de los industriales y nacionalizo el Banco central, además intento reducir el gasto militar, medida recalcitrante para el ejercito cada vez mas nacionalista. La gota que rebalso el vaso fue el acuerdo entre el gobierno y la IPC, para la continuación de la exploración y explotación de petróleo, algo que Terry había prometido, como un negocio del Estado, el control de la IPC, finalmente no se cumplió. El escándalo mayor fueron los trascendidos sobre el precio que supuestamente (este no estaba estipulado) fijaba la compañía del Estado por la compra de petróleo por parte de la IPC, lo que degenero en diversas acusaciones. Con lo anterior el APRA se alejo de Belaúnde Terry. El Comercio incentivo al Ejercito a que tomara control de la situación y fue así como el 3 de Octubre de 1968, es derrocado Terry por un golpe militar, golpe que se venia gestando desde un buen tiempo ante el estado de cosas establecido.

LAS GUERRILLAS DE 1965

A principios de 1965 el Servicio de Inteligencia del Ejército envió un informe al presidente Belaunde acerca de la campaña política que organizaciones de la izquierda radical estaban llevando a cabo a favor de la lucha armada. Al principio el gobierno desestimó dichas informaciones y públicamente señaló que tales actividades eran realizadas por “abigeos”. Sin embargo, éstas continuaron hasta que la Fuerza Aérea demostró que se trataba de grupos guerrilleros

organizados en diferentes zonas del país, especialmente en la sierra central y la sierra sur. En este contexto se produce la emboscada en la quebrada de Yahuarina, acción reivindicada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo escindido del PAP, inicialmente llamado Apra Rebelde. Entre sus principales dirigentes se encontraban Luis de la Puente Uceda, Máximo Velando y Guillermo Lobatón. Se abría así un segundo período de las guerrillas en el Perú, caracterizado por una preparación más elaborada y minuciosa, en comparación con los intentos anteriores. El Apra Rebelde o MIR se entrenó en Cuba desde 1962 y a inicios de 1964 realizó una campaña propagandística a favor de la lucha armada. Al igual que los intentos anteriores, el MIR esperaba asentarse al interior del movimiento campesino. Sin embargo, éste se debilita y declina al inicio de las acciones armadas del MIR en junio de 1965. El MIR contaba con tres frentes: el Túpac Amaru en las provincias de Concepción y Jauja (Junín), el Pachacutec en la meseta de Mesa Pelada, provincia de La Convención (Cuzco), y el de la provincia de Ayabaca (Piura), que no llegó a funcionar. El primero estuvo dirigido por Guillermo Lobatón y Máximo Velando; el segundo por Luis de la Puente Uceda; y el tercero por Gonzalo Fernández Gasco y Elio Portocarrero. El 2 de julio el gobierno encomienda a las Fuerzas Armadas la dirección de la lucha contra la guerrilla, y el 20 de agosto el Parlamento aprueba dos leyes complementarias: la primera decretaba la pena capital para los guerrilleros y la segunda, denominada de “Defensa de la soberanía nacional”, asignó a las Fuerzas Armadas los recursos económicos necesarios, mediante la emisión de bonos por un valor total de 200 millones de soles. Dichos bonos fueron colocados mediante colectas públicas nacionales y sus principales aportes provinieron de empresas extranjeras norteamericanas como la IPC y la Cerro de Pasco, y de los grupos empresariales y familiares más importantes. Para octubre de ese mismo año, el frente Pachacutec había sido prácticamente desarticulado en el combate de Amaybamba, donde muere Luis de la Puente Uceda. En diciembre el frente Túpac Amaru es aniquilado y muertos sus principales dirigentes (Lobatón, Velando). El frente de Ayabaca rompe el cerco policial y se repliega hacia las ciudades. Así, en tan sólo siete meses, la guerrilla es desarticulada. Igual suerte corrió un nuevo intento insurreccional del ELN, que en setiembre de 1965 había iniciado acciones en la provincia de La Mar (Ayacucho). Luego de derrotado el MIR, las Fuerzas Armadas organizan una ofensiva que en 30 días desarticula y dispersa a la brigada “Javier Heraud”, de la que, sin embargo, Héctor Béjar logra escapar.

EL PROBLEMA FINANCIERO

Para la aplicación de su política de obras públicas, ampliación del rol del Estado y realización de su programa de reformas sociales, el gobierno incrementó el gasto público. En el presupuesto para 1964 los egresos representaron el 11,5% del producto nacional, y en el de 1967 el 15,3%. Ante la escasez de recursos, el gobierno necesitaba aplicar una política tributaria que reforzara y aumentara la recaudación fiscal mediante la reforma del impuesto a la renta y el establecimiento de impuestos sobre la propiedad, medidas que fueron rechazadas por el Congreso. Sin embargo, el gobierno disminuyó las cargas tributarias sobre las empresas privadas, ampliando las exoneraciones de los impuestos directos a los ingresos y sobre los derechos de importación del sector industrial. Se buscaba de esta manera proporcionar un estímulo a la inversión privada y elevar la presión tributaria a través de impuestos de fácil recaudación. Para incentivar dicha inversión privada, el gobierno dictó tres leyes importantes: una que exoneraba de impuestos a las nuevas inversiones en las zonas de selva, otra que otorgaba un marco legal para la creación de parques industriales, y finalmente la que permitía el establecimiento de plantas de ensamblaje automotriz; todas ellas representarían pérdidas para el Estado. En 1962 los beneficios de las empresas constituían el 16% del ingreso nacional y, de ese porcentaje, el 12% se encontraba libre de impuestos (en 1966 esta relación había sido de 18% y 15%). Por otro lado, mientras en 1960 los impuestos de las empresas constituían el 26% de los ingresos del gobierno, en 1965 este porcentaje cayó al 16%. En 1963 la participación de los impuestos directos en los ingresos gubernamentales fue de 32,8%, en 1964 de 24,5%, en 1965 de 23,7% y en 1967 de 26,2%. Los resultados no fueron los esperados debido al comportamiento rentista de las empresas, cuyas tasas de inversión se mantuvieron bajas a pesar de la elevación de las tasas de ganancia, fenómeno que continuaría a lo largo de la década del 70. En cambio, a mediano plazo se produjo un déficit de consideración en el presupuesto, creciendo la inflación y con ella el peligro de una inminente devaluación, ya que el mantenimiento de la tasa de cambio establecida en 1959 por Pedro Beltrán había convertido al dólar en la mercancía más barata del Perú. Es en este contexto que se favoreció el desarrollo de las importaciones. En 1966 las empresas duplicaron sus

inventarios, anticipándose a una futura devaluación, y las importaciones crecieron en 26%, mientras que las exportaciones se estancaron por la baja de los precios de las materias primas. Por último, las inversiones extranjeras comenzaron a incrementar los montos de transferencia de sus ganancias. El Perú se convierte en uno de los pioneros continentales en el proceso de endeudamiento externo, debido a la disminución de la tasa de inversión privada, a la aplicación de la política de industrialización por sustitución de importaciones, a la reducción de la presión tributaria al sector industrial y al incremento de las inversiones públicas. Con ello se comenzó a financiar los gastos en cuenta corriente, cuya primera crisis se manifestó en 1967 al no poder pagar la deuda externa debido a la baja de los ingresos por exportaciones. Como veremos más adelante, las refinanciaciones y renegociaciones de 1967 y 1968 llevaron a una situación de relativo saneamiento financiero, pero no impidieron la crisis política.

LA ASISTENCIA NORTEAMERICANA

Como hemos visto, el gobierno debía recurrir al crédito internacional para mantener el crecimiento económico basado en la política de sustitución de importaciones, un amplio programa de obras públicas y la realización de reformas sociales. Pero, como ha sostenido Kuczynski, la promesa de Belaunde de plantear una solución definitiva al problema de la IPC en los primeros 90 días de su gobierno hizo que los norteamericanos congelasen toda ayuda hasta que la situación se resolviera en términos favorables para la empresa. De esta manera, desde 1963, el problema de la IPC afectó directamente la asistencia para el desarrollo proveniente del gobierno de los Estados Unidos. Debido a que el problema no se resolvió a lo largo de su gestión, Belaunde recibió sólo 74 millones y medio de dólares por concepto de asistencia bilateral. Este bloqueo obligó al gobierno a concertar créditos de corto plazo y con altos intereses con la banca internacional y a dar mayores facilidades que permitieran nuevas inversiones en el sector exportador, para intentar resolver el poco halagüeño panorama económico que se abría entre fines de 1966 y comienzos de 1967. El refinanciamiento de la deuda externa dependía de la adopción de las tradicionales recetas liberales del FMI. A fin de encaminar al gobierno peruano en el marco de sus soluciones, el FMI concedió un stand by de 42 millones de dólares, que se volcaron en una escandalosa especulación monetaria por parte de las empresas privadas y el sector público, al ingresar al mercado dinero fresco que seguía siendo barato. A principios de 1967, otro préstamo de 60 millones que el Perú negociaba con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) fue suspendido por el gobierno norteamericano al producirse un problema en la compra de aviones para la Fuerza Aérea, que había solicitado al gobierno norteamericano un crédito para ese fin. Consideraciones internas hicieron que el gobierno norteamericano rechazara la solicitud peruana, por lo que el Perú decidió comprar aviones Mirage al gobierno francés. Frente a ello, el gobierno norteamericano reconsideró su decisión y sugirió al gobierno peruano que hiciera lo mismo, propuesta que no fue aceptada. El rechazo desató una intensa polémica en los Estados Unidos y el Congreso norteamericano decidió suspender nuevamente la ayuda al Perú, a punto de ser renovada después de cinco años de congelamiento. Se argumentó que si el gobierno peruano compraba armas en otros países, la ayuda norteamericana serviría para pagar dichas compras. Esta actitud desató una furiosa campaña antinorteamericana en los medios políticos peruanos por la evidente situación de “dependencia externa” del país. A pesar de ello, el gobierno logró concertar entre 1963 y 1967 una serie de créditos que multiplicaron la deuda externa, cuya cifra pasó de 237 a 685 millones de dólares; mientras que en 1965 la deuda constituía el 9% del valor de las exportaciones, en 1968 alcanzó el 18%. El ofrecimiento de Belaunde de resolver el problema de la International Petroleum Company en los primeros meses de su mandato no fue cumplido, hecho que se utilizaría como una de las principales reivindicaciones del gobierno militar que depuso a Belaunde en 1968. En cuanto al fomento de nuevas inversiones en el sector exportador, existía la oferta de un grupo de consorcios norteamericanos para invertir 350 millones de dólares en la explotación de los yacimientos de cobre de Cuajone, que sumados a los de Toquepala posibilitarían la constitución de uno de los complejos mineros más importantes y más avanzados del mundo, permitiendo así subsanar la baja de los precios en nuestras exportaciones. Pero esta inversión se encontraba condicionada a las seguridades que el gobierno peruano pudiera dar en cuanto a la estabilidad de la economía peruana y a la situación de las inversiones extranjeras, considerando que el problema de la IPC no tenía aún solución. El gobierno, incapaz de conseguir más ayuda en el

exterior, insistió ante el Congreso a fin de que aprobara las reformas tributarias que le permitirían resolver la situación económica, pero la Coalición continuó negándose, aduciendo que dichas medidas castigarían los ingresos populares.

EL CONTRABANDO

Entre 1966 y 1967 los diarios de oposición desencadenaron una intensa campaña de denuncia del contrabando en editoriales y crónicas. Para combatirlo, el gobierno promulgó una ley en julio de 1966 y el Congreso formó una comisión investigadora integrada por miembros tanto de la Alianza como de la Coalición. El caso alcanzó niveles de escándalo cuando miembros importantes del gobierno se vieron comprometidos, lo cual fue utilizado por la Coalición para criticarlo. En 1963 el contrabando había significado el 35% del total importado y en 1967 alcanzó el 68%. El medio más frecuente para la introducción de contrabando era la solicitud, por parte de industriales y comerciantes, de la exoneración de impuestos para la importación de determinados insumos para la promoción industrial, a través de empresas fantasmas. Otros medios fueron la subvaloración del precio de las mercancías para pagar menos impuestos, la entrega de falsas declaraciones de facturas comerciales, la evasión del control de aduanas a través de influencias, la solicitud de créditos tributarios que eran pagados tardíamente o nunca, y los pagos de los derechos aduaneros con cheques sin fondos. Otro elemento que favoreció el contrabando fue el decreto que establecía la exoneración de impuestos a las empresas de la selva y a Iquitos como puerto libre, lo que llevó a cuantiosas importaciones libres de derechos de artículos de lujo, como textiles de diferentes calidades, joyas, electrodomésticos, perfumes, licores, cigarrillos, entre otros, que posteriormente eran llevados libremente a Lima por los viajeros o por diferentes empresas comerciales. La ley contra el contrabando de julio de 1966 estableció la reforma del servicio aduanero, de los aranceles del derecho de aduana y del servicio de autoridad portuaria, así como el control de las declaraciones juradas, de los bienes y rentas de los funcionarios públicos y de las exoneraciones tributarias del poder judicial.

LA CRISIS DEVALUATORIA DE 1967

Frente a la crisis económica que se vislumbraba a mediados de 1967, el gobierno se planteó dos alternativas políticas. La primera consistía en aplicar medidas de corte liberal: devaluación de la moneda, equilibrio del presupuesto mediante la reducción del gasto público (con la evidente reducción de obras públicas y de la aplicación de reformas sociales), el recorte de subsidios a los productos de consumo popular y una reducción aún mayor de la carga tributaria sobre las empresas. La segunda era de corte reformista radical: planteaba restablecer el control cambiario, planificar las importaciones, incrementar la carga tributaria a las empresas y establecer tasas a los ingresos personales. El gobierno solicitó nuevamente al Congreso promulgar los dispositivos legales necesarios que permitieran equilibrar el presupuesto, pero la Coalición se negó. En medio del debate parlamentario la situación empeoraba sin que la Alianza y la Coalición llegaran a un acuerdo. A fines de mayo, en un discurso, el presidente Belaunde acusó a aquellos que hablaban de devaluación de “traidores a la patria”, con lo cual el problema económico se hizo público y la especulación aumentó. Para entonces la economía había entrado ya a una situación crítica. Las divisas se veían cada vez más reducidas por el aumento de las importaciones y de los servicios de pago de los créditos externos. Finalmente, ante la constante baja de las reservas internacionales el BCR se vio obligado a retirarse del mercado cambiario el 31 de agosto de 1967, lo cual llevó a que el precio del dólar subiera de 26,80 a 40,45 soles en los siguientes días, hasta estabilizarse en 46,63 soles. La devaluación se expresó en el incremento de la inflación que llegó a 14,7%, a pesar de que el poder adquisitivo se redujo drásticamente. En lo político, la devaluación trajo como consecuencia la caída del gabinete Becerra de la Flor. En su lugar, el presidente Belaunde nombró primer ministro a Edgardo Seoane, quien representaba a los sectores reformistas radicales de AP, y a Tulio de Andrea como ministro de Hacienda. Este gabinete duró tan sólo dos meses.

LAS ELECCIONES COMPLEMENTARIAS DE 1967

En noviembre de 1967, dos meses después de la devaluación, se realizaron elecciones complementarias en el departamento de Lima para reemplazar a Ciro Alegría, diputado por AP recientemente fallecido. Estas elecciones cobraron un carácter plebiscitario, puesto que cerca de la mitad de los electores se concentraba en Lima. Los candidatos fueron: por la Coalición, Enrique Chirinos Soto, inscrito en las filas del PAP, con una larga trayectoria periodística en el diario La Prensa y luego en Correo, propiedad del empresario pesquero Luis Banchero Rossi; por la Alianza se presentó Carlos Cueto Fernandini, ex ministro de Educación de las filas de AP; por la Unidad de Izquierda (UI), un frente de partidos de la izquierda radical, Carlos Malpica Silva Santisteban, ingeniero; y el independiente Jorge Saravia. Los resultados oficiales de las elecciones realizadas el 12 de noviembre fueron los siguientes: Enrique Chirinos Soto, 333 191 votos (44,9%); Carlos Cueto Fernandini, 283 335 votos (38,2%); Carlos Malpica Silva Santisteban, 106 556 votos (14,3%); Jorge Saravia, 18 661 votos (2,5%). También, siguiendo la consigna de varios partidos de la izquierda radical, el 7% del electorado votó en blanco. Los resultados mostraban el creciente descrédito del gobierno a favor de la oposición, pero también manifestaban la radicalización de importantes sectores políticos y sociales, expresada en la alta votación por la izquierda que en oportunidades anteriores no había sobrepasado el 5%. Los resultados se expresaron además en la caída del gabinete de Edgardo Seoane y en las divisiones al interior de la Alianza. En primer lugar, la DC retiró su apoyo al presidente y se dio a la tarea de replantear sus postulados reformistas. Se produce entonces una división al interior de la DC, de donde se apartó un sector favorable a una política de acuerdo entre el gobierno y la Coalición. Este sector fundó el Partido Popular Cristiano (PPC) encabezado por Luis Bedoya Reyes, entonces alcalde reelecto de Lima. Ambos partidos pasaron a la oposición. La misma división se perfilaba ya al interior de las filas de AP, cuando en el congreso del partido de 1967 la dirección nacional hizo fuertes críticas al presidente Belaunde por el incumplimiento de las promesas electorales, y eligió secretario general –con la oposición de Belaunde y de sus más importantes colaboradores– a Edgardo Seoane, líder de los radicales.

LOS INTENTOS DE RECOMPOSICIÓN POLÍTICA

Entre la crisis devaluatoria del 31 de agosto de 1967 y el golpe del 3 de octubre de 1968, el gobierno tuvo cinco gabinetes. Todos, a excepción del penúltimo, conocido como el “gabinete conversado”, tuvieron corta existencia debido a los ataques de la Coalición. En febrero de 1968 Belaunde nombró como ministro de Hacienda al general Francisco Morales Bermúdez, en representación del Ejército, tratando de esta manera de presionar a la Coalición a dictar los instrumentos legales necesarios para resolver la situación económica, pero también para reafirmar el apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno. Para mejorar los ingresos fiscales y evitar el contrabando, Morales Bermúdez colocó a oficiales del Ejército como fiscalizadores del Servicio de Aduanas y de la recaudación de impuestos, pero el Parlamento siguió negándole al gobierno las medidas que solicitaba. Con las manos atadas, el Ejército dispuso que Morales Bermúdez se retirase del gabinete para evitar una confrontación con el Congreso. Ante esta situación de impotencia política, los sectores radicales de AP, a través de la dirección de Cooperación Popular, propusieron reactivar la movilización campesina para obligar al Congreso a dictar las leyes que el gobierno necesitaba; otra alternativa propuesta fue la de realizar un “autogolpe” con el apoyo declarado del Ejército, cerrar el Congreso y convocar a un plebiscito, caso no previsto en la Constitución de 1931. Belaunde, temeroso de la situación que se vislumbraba al interior de su partido, desechó estas propuestas, optando por tratar de llegar a un acuerdo con la Coalición; con la ayuda e intermediación de un grupo de amigos personales, inició negociaciones secretas con el PAP. Terminaron así las posibilidades de realizar las reformas sociales necesarias sin compromisos con las fuerzas políticas opuestas. Belaunde prefirió esta opción a la movilización política de las masas populares. Con dicho compromiso político era evidente el fracaso del gobierno reformista que había comenzado con un elevado nivel de apoyo de los sectores populares urbanos, del campesinado, de la Iglesia, del Ejército, del

diario El Comercio y de los políticos norteamericanos de la línea de la Alianza para el Progreso. Con ello se abrieron las posibilidades de un nuevo golpe institucional de las Fuerzas Armadas.

EL “GABINETE CONVERSADO”

Entre agosto de 1967 y octubre de 1968, el gobierno del arquitecto Belaunde contó con cinco s, varios de ellos de existencia efímera debido al voto de censura ejercido por la mayoría parlamentaria de la Coalición. En la imagen, Fernando Belaunde y el entonces príncipe Akihito durante su visita al Perú en 1967.

Producto de las negociaciones entre el gobierno y el PAP se formó, en junio de 1968, el gabinete encabezado por Oswaldo Hercelles, conocido como el “gabinete conversado”. Como parte de este acuerdo político, Manuel Ulloa Elías, es nombrado ministro de Hacienda, recibiendo del Congreso facultades extraordinarias por 60 días para adoptar las medidas económicas necesarias para enfrentar la crisis sin necesidad de dar cuenta al Congreso, situación anticonstitucional. Al hacerse explícito el arreglo político entre el gobierno y el PAP, se produce la ruptura de la Coalición: el general Odría retiró su apoyo al PAP en el Congreso, quitándole con ello la mayoría. Se produce a la vez una ruptura al interior de la UNO: encabezados por Julio de la Piedra, un número significativo de sus parlamentarios forman el Partido Social Demócrata Nacionalista, que se integra a la alianza entre el gobierno y el PAP, con lo cual este último retuvo la mayoría en el Congreso. Asimismo, al interior de AP se forman dos tendencias políticas: por un lado están los “radicales” de Edgardo Seoane, quienes mantienen la dirección del partido y, por el otro, los “carlistas” de Manuel Ulloa, denominados así porque el gabinete Hercelles estaba integrado por varios ministros de nombre Carlos. En ejercicio de las atribuciones otorgadas, el gabinete Hercelles promulgó cerca de 300 decretos, todos ellos ratificados posteriormente por el Congreso. En cuanto a la política económica, Manuel Ulloa dictó el Decreto Supremo Nº 287, con una serie de medidas modernizadoras que afectaban los intereses de los sectores tradicionales de la economía. Dicho decreto hizo efectivo el cobro de los impuestos sobre la renta al reorganizar la legislación tributaria, estableciendo el impuesto directo al patrimonio y al valor de la propiedad predial; las acciones al portador se reemplazaron por las nominativas, eliminando así el anonimato en las sociedades por acciones y posibilitando que el Estado controlase efectivamente la recaudación de impuestos al capital; y se incrementaron las tasas impositivas sobre los ingresos personales.

Vista de Cabo Blanco en el litoral piurano, región petrolera por excelencia. El anuncio presidencial de un acuerdo definitivo con la International Petroleum Company en julio de 1968 originó una polémica general que se avivó cuando Carlos Loret de Mola, presidente de la Empresa Petrolera Fiscal, hizo pública la sustracción de una página decisiva (la número 11) del acuerdo.

Se restringió asimismo la participación en el sistema financiero de los capitales extranjeros, disponiéndose que sólo la banca nacional podía contar con sucursales y absorber el ahorro interno del país. Se definió como banca extranjera a aquellas entidades cuya participación en los activos era mayor al 33%. Esta medida se tomó debido a la tendencia a que la banca extranjera monopolizara los créditos orientados a la inversión industrial. En ese mismo sentido, se decretó que las industrias consideradas de naturaleza estratégica debían ser controladas mayoritariamente por el capital nacional o, en su defecto, pasar al control del Estado. El Estado adquirió mayor importancia en la toma de decisiones en cuanto a política monetaria. El directorio del BCR, hasta entonces compuesto por delegados de la banca privada –donde destacaba el capital extranjero–, pasó a estar conformado por representantes del gobierno, de las organizaciones laborales (manejadas entonces por el PAP) y de los gremios industriales nacionales. Asimismo, Ulloa logró refinanciar la deuda pública externa y concretar el ingreso de los consorcios norteamericanos en la explotación minera de Cuajone; de acuerdo a los nuevos dispositivos, estos consorcios debían establecer una relación estrecha con el desarrollo industrial del país. La política agraria buscaba una gradual reforma agraria por la vía fiscal, eliminando las relaciones de dependencia personal y flexibilizando el mercado de tierras, abriendo paso así a la formación de un dinámico empresariado rural. En el rubro industrial se mantuvo la política de incentivos sin desechar la presencia del capital extranjero. Con estas disposiciones, a mediados de 1968 era posible prever un cambio importante en la situación económica del país, con un probable período de rápido crecimiento. Sin embargo, el escándalo del Acta de Talara llevaría a la crisis política final del gobierno.

EL ARREGLO CON LA IPC

Además de las medidas económicas del gabinete Hercelles, la solución de las relaciones financieras con el gobierno de los Estados Unidos permitiría la llegada de los créditos de la AID y ayudaría a aliviar la situación fiscal del gobierno. Para ello debía darse una solución definitiva al problema de la IPC, llave que abriría la puerta a la ayuda extranjera. El punto era qué tipo de acuerdo y a qué precio político. La situación había cambiado en comparación a 1963. Si bien los sectores de oposición a la IPC se habían incrementado, el acuerdo político entre el gobierno y el PAP mantenía aún la mayoría en el Congreso y le daba amplios márgenes de maniobra política. Era además inminente el fin del período de facultades extraordinarias dado por el Congreso,

que expiraba el 19 de agosto, todo lo cual expuso al gobierno a la crítica de que se trataba de un acuerdo encubierto e inconsulto. En su mensaje del 28 de julio de 1968, Belaunde aseguró estar llegando a acuerdos definitivos con la IPC. El 13 de agosto se hizo pública la noticia de que el presidente había recibido las instalaciones de los yacimientos de La Brea y Pariñas, como parte de tales acuerdos. Pero esta ceremonia se realizó “entre gallos y medianoche”, sin hacerse públicas las condiciones del arreglo. Más adelante se supo que estaba compuesto por varios documentos separados, en cada uno de los cuales se trataban puntos específicos. En primer lugar, dichos documentos establecían la transferencia al gobierno de las instalaciones de los casi agotados yacimientos petrolíferos por cuyo producto la Procuraduría General de la República aducía la existencia de impuestos impagos por un monto de 144 millones de dólares. A cambio de ello, el gobierno se comprometió a anular todas las reclamaciones contra la IPC. En segundo lugar, se firmó un contrato de 10 años para la venta a la IPC del gas natural extraído por la EPF y un contrato similar de 6 años para la venta del crudo a la refinería de Talara, que continuaría bajo administración de la IPC. En este punto se centraron los elementos más importantes de las denuncias posteriores y no en la transferencia de las obsoletas instalaciones y los casi agotados yacimientos de La Brea y Pariñas al gobierno. En tercer lugar, en otro polémico punto, se estableció un período de 40 años por el cual la IPC continuaría administrando la refinería de Talara, período renovable por otros 40 –tiempo más que excesivo frente a los casi agotados yacimientos petrolíferos–, entendiéndose que la IPC se encargaría de su modernización y ampliación. Si bien, como ha sostenido Chirinos Soto, Belaunde había comenzado por romper el práctico monopolio de la IPC al iniciar la construcción de la refinería de la Pampilla, al firmar un contrato de explotación petrolífera en el zócalo continental con la Belco Petroleum Company e impulsar las primeras exploraciones petroleras en la selva, estos proyectos tardarían varios años en dar sus frutos, con lo cual –en la práctica– el monopolio de la IPC continuaría. Durante dos semanas la situación política se mantuvo tranquila. Sin embargo, el 10 de setiembre, Carlos Loret de Mola, director de la EPF, denunció públicamente por televisión que había desaparecido la última página del acuerdo, donde se establecía el precio del crudo que la EPF debía pagar a la IPC. Loret de Mola dio a entender que la página once de dicho acuerdo había sido deliberadamente extraviada y que en ella figuraban términos importantes del acuerdo general. Aunque centradas en un elemento formal, que en sí no cuestionaba el fondo del problema, las denuncias de Loret de Mola sirvieron para canalizar la frustración política por el incumplimiento de las promesas del gobierno de realizar reformas sociales profundas. Estas declaraciones se convirtieron en el centro de un gran escándalo político, que produjo la caída del gabinete Hercelles y la ruptura de la alianza entre el gobierno y el PAP. Los “radicales” de AP, encabezados por Edgardo Seoane, formaron Acción Popular Socialista (APS), lo que obligó al presidente a recuperar su local partidario con la ayuda de la policía. El gobierno quedó políticamente aislado. El 2 de octubre de 1968 juró el nuevo gabinete presidido por Manuel Mujica Gallo, en el cual Manuel Ulloa retenía la cartera de Hacienda. Pero era demasiado tarde para este nuevo intento de recomposición política. El golpe que se venía preparando desde febrero por el presidente del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general Juan Velasco Alvarado, es adelantado a fin de aprovechar la extrema precariedad del gobierno.

EL GOLPE DEL 3 DE OCTUBRE DE 1968

Los hechos que provocan la conspiración militar enmarcan el constante desprestigio del gobierno, agobiado por acusaciones de corrupción, responsabilizado de la crisis económica y, sobre todo, del incumplimiento de su programa reformista, base del apoyo que el Ejército le había brindado a Belaunde desde las elecciones de 1962. Entre febrero y marzo de 1968 se constituyó el grupo conspirativo conformado por nueve oficiales del Ejército: cinco generales, entre los que se incluía Velasco, y cuatro coroneles, que desarrollaron diversos planes para la realización del golpe y elaboraron un esquema de plan de gobierno. Con el escándalo de la página once, se da la situación propicia y se cierran las posibilidades de que las Fuerzas Armadas continuasen apoyando al gobierno. Se abría además la perspectiva de que el PAP ganase las elecciones generales del año siguiente. Cuando los militares inician el golpe en la madrugada del 3 de octubre de 1968, el gobierno no pudo oponer resistencia. El entusiasmo y el apoyo popular de cinco años atrás

habían desaparecido, de allí que las protestas contra el golpe fueran esporádicas, débiles e ineficaces, encabezadas por sectores influenciados por el PAP. Así, sin pena ni gloria, acabó el gobierno que tantas esperanzas había creado; con él acabó una época.

EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO

Denominamos régimen oligárquico al sistema político surgido a fines del siglo XIX, cuando el poder político se reorganiza luego de la guerra del Pacífico, con características bien definidas. Como han sostenido diversos investigadores (Pease, López, Burga y Flores Galindo), el régimen oligárquico era formalmente un régimen liberal, pero de bases sociales restringidas. En otras palabras, difícilmente podía ser calificado de democrático y podía recurrir al golpe de Estado como salida política frente a las demandas de los sectores populares y medios. Este régimen encontró su punto de apoyo en las relaciones de la oligarquía con el capital extranjero y con los poderes locales en el interior.

Las mayorías campesinas quedaban excluidas y los sectores populares urbanos eran mediatizados a través de diversas políticas sociales, otorgadas luego de constante presión social. El período que abarca los años 1950-1968 corresponde a un momento de crecimiento económico, debido al segundo proceso de industrialización que se desarrolla en el siglo XX, coyuntura que permitió a los diferentes gobiernos aplicar una serie de políticas sociales y emprender obras públicas en beneficio de los sectores populares. Pero también es el momento de la crisis política del régimen oligárquico, que se ve enfrentado a nuevos movimientos y partidos políticos de las clases medias emergentes, y a una constante presión popular en demanda de reformas sociales: se reclaman mejoras en las condiciones de vida, servicios del Estado y participación política. En la escena oficial, esto se expresó sobre todo en las coyunturas electorales donde los actores políticos disputan el control directo del Estado, y en los debates acerca de la aplicación de políticas económicas redistributivas y de reforma social. La oligarquía ya no puede recurrir al golpe de Estado como forma de conservar el control político, pues las Fuerzas Armadas empiezan a mantener cierta autonomía institucional e ideológica. Todo esto sería el contexto en el cual germinó el movimiento militar del 3 de octubre de 1968, que daría fin al régimen oligárquico.

Vista de la hacienda Cartavio. La principal fuente de ingresos de la llamada oligarquía peruana reposaba en la tenencia de la tierra. Sin embargo, el gobierno de Velasco Alvarado se propuso la erosión de sus bases de poder y alentó un programa de reformasque modificarían sustancialmente a la sociedad peruana.

LA CRISIS POLÍTICA DEL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO

El gobierno de Odría fue el último golpe de Estado exitoso promovido por la oligarquía en defensa de sus intereses. Bajo el Ochenio no sólo se aplicaron las medidas económicas liberales reclamadas por los agroexportadores, sino que se garantizó la casi inexistencia de actividad política partidaria. Salvo el

tibio intento de la candidatura de Montagne, la oligarquía cerró filas frente a Odría ante el temor de la movilización política por el PAP de las masas populares. Salvo la dictadura, a la oligarquía no le quedaba ya forma política alguna de legitimarse en el poder. Para mediatizar la movilización popular se dictó la ley de Seguridad Interior, que en la práctica declaró ilegales no sólo al PAP sino también al PCP y al PS. Cualquier intento de movilización política estaba limitado por el ambiente represivo del gobierno del Ochenio. Al finalizar éste, los intereses de la oligarquía se verían representados políticamente por la UNO y el MDP: el primero representaba los intereses de los latifundistas de la sierra y de los poderes locales opuestos a toda medida que buscara transformar la situación en el campo; el segundo representaba los intereses de la oligarquía agroexportadora y de los sectores financieros y manufactureros, es decir, la burguesía propiamente dicha. Pero dicha burguesía había expandido sus intereses al amparo de las inversiones del capital extranjero, por lo cual –si bien tenía amplios márgenes de decisión política y económica– debía siempre tomarlo en cuenta. La crisis de legitimidad y de representación política de la oligarquía se prolongó gracias a las alianzas que estos partidos realizaron con el PAP, que a través de su influencia social les otorgó el control de cualquier intento de movilización política de las masas populares y además la base social que la oligarquía había sido incapaz de obtener por el carácter excluyente de su régimen. Así, en busca de la legalidad y de la posibilidad de que finalmente Haya de la Torre accediese a la presidencia, el PAP dejó de lado su programa primigenio, radical y revolucionario, por la transacción con sus más encarnizados enemigos políticos. Una imagen resume estas avenencias realizadas para garantizar la continuidad del gobierno de una minoría a espaldas de la mayoría del país: un almuerzo donde aparecen sentados en la misma mesa Pedro Beltrán, Víctor Raúl Haya de la Torre, el general Manuel A. Odría y Eudocio Ravines, demostración palpable de que la política peruana seguía basada en los acuerdos entre los caudillos y no en un sistema de partidos moderno. El caudillismo está muy enraizado aún en la tradición política peruana. En este contexto surgirán nuevos actores que influenciarán la política entre 1956 y 1968. En primer lugar, los partidos reformistas de clase media, representantes del denominado reformismo democrático; en segundo lugar, los partidos de la izquierda radical denominada Nueva Izquierda; y, por último, los movimientos guerrilleros. Estos nuevos actores tendrían algo en común: buscaban llenar el espacio político dejado por el PAP y satisfacer las demandas populares de una radical transformación del régimen oligárquico. Las alternativas políticas eran dos: reforma social o revolución. Dos instituciones garantes del orden social, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, se vieron tambien obligadas a asumir alguna de estas dos alternativas. Cabe destacar que no existió entonces, ni existe hoy, un partido político que buscara representar directamente los intereses del campesinado, sino más bien sus reivindicaciones fueron incluidas en programas más amplios, por lo que la situación del agro y del campesinado se debatía al margen de sus protagonistas. El campesinado seguía así, a pesar del surgimiento de fuerzas antioligárquicas, marginado de la política nacional.

LAS IDEAS DESARROLLISTAS Y SU IMPACTO EN EL PERÚ

La segunda postguerra significó un período de importantes transformaciones en los campos económico, social, político y tecnológico. El contexto internacional de la Guerra Fría, las luchas de descolonización en Asia y Africa y la expansión de la economía mundial, propiciaron la difusión de los postulados democráticos y socialistas, así como de ideas económicas, políticas y sociales que tendrían gran impacto en los países del Tercer Mundo, especialmente entre los integrados a la órbita norteamericana. El tema del desarrollo económico comienza a tomar gran importancia a nivel internacional. En el caso de América Latina, se adoptarán los criterios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), especialmente los vinculados a las políticas de sustitución de importaciones, en la búsqueda de un desarrollo alternativo no dependiente del mercado internacional. Esta discusión –como nos lo recuerda Julio Cotler– se expresó en el Perú a través del debate entre El Comercio y La Prensa, voceros de las dos grandes fracciones oligárquicas. La Prensa insistiría en los argumentos favorables a la “economía de mercado” que venía defendiendo desde 1945, donde el desarrollo pasaba por la irrestricta libertad económica, haciendo posible que el libre juego de la oferta y la demanda creara un milagro económico y la afirmación de la democracia. El Comercio, en cambio, propiciaba una tendencia reformista, estatizante y nacionalista, que tendría particular impacto en los cuadros políticos del Ejército. De acuerdo con esta tesis, “cambios estructurales” debían terminar con dos contradicciones básicas de la sociedad peruana: la persistencia del “feudalismo”

en el campo y la creciente sumisión del capital nacional al extranjero. El Estado debía controlar los sectores básicos y estratégicos del desarrollo nacional y recurrir a la planificación para organizar y expandir las actividades productivas, otorgando a las masas una retribución “equitativa” a su participación. En estas condiciones debería favorecerse el desarrollo de una burguesía empresarial nacionalista que, juntamente con el Estado, desarrollara el potencial del país. La urgencia de cumplir estas tareas se debía a razones de seguridad nacional, tanto externas como internas. Externamente, el país se enfrentaba a un doble peligro: el “comunismo internacional” y la política expansionista de Chile; internamente, el grado de pobreza y explotación podía conducir a un descontento popular que posibilitara la difusión de “ideologías extremistas”. Así, el carácter relativamente nacionalista y reformista de El Comercio se combinaba con orientaciones políticas de neto corte autoritario y tecnocrático, expresadas en su antiaprismo y anticomunismo. Influenciadas por estas ideas desarrollistas surgen en el mundo académico peruano importantes instituciones dedicadas a estudiar los problemas nacionales, integradas por intelectuales de una de las más significativas generaciones de este siglo: la generación del 50. Entre tales instituciones destaca, por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) dirigido por José Matos Mar, algunos de cuyos estudios estuvieron orientados a analizar a la oligarquía peruana, el problema agrario y la cultura andina, donde sobresale la mesa redonda alrededor de la novela Todas las sangres, de José María Arguedas. Los temas “desarrollistas” y reformistas también hicieron su ingreso en la vida política, a través de la formación de nuevos partidos. Se hicieron comunes las declaraciones sobre la necesidad de realizar “cambios en las estructuras”, a fin de salir del estado de “subdesarrollo” causado por el carácter “dependiente” del país y la persistencia del “atraso” en el campo. Estos discursos impactaron también en sectores de la propia oligarquía y en instituciones tradicionales como las Fuerzas Armadas y la Iglesia, llegándose a un consenso sobre la necesidad de cambios siempre que fueran hechos dentro de las pautas del orden establecido. Algunos de estos temas de consenso –aunque las posiciones variaban de acuerdo a cada sector político– eran: la reforma agraria, el tratamiento al capital extranjero (como en el caso del petróleo) y el proceso de industrialización. El tema de la reforma agraria, particularmente, tuvo una gran importancia debido al impacto de los movimientos campesinos. Los nuevos partidos que surgen en la coyuntura electoral de 1956 la incluyeron en sus programas, convirtiéndose así en tema de debate nacional. Sin embargo, las propuestas no fueron más allá de reformas aceptables para la oligarquía.

SURGIMIENTO DEL REFORMISMO DEMOCRÁTICO

Con el viraje ideológico que llevó al PAP a establecer alianzas políticas con la oligarquía, quedó libre el espacio de oposición antioligárquico, que sería cubierto por los nuevos partidos reformistas. Conformados en su mayoría por intelectuales y profesionales de clase media, representaban a los sectores emergentes relacionados con la creciente importancia de lo urbano, con la expansión del Estado y la empleocracia estatal, industrial y comercial, y con la revaloración de la educación como forma de ascenso social. Estas clases medias encontraban en la oligarquía un serio límite para sus aspiraciones. Sin embargo, los nuevos partidos no establecieron lazos significativos con los sectores populares del campo y de la ciudad, a los cuales buscaban representar, sino que optaron por abrir un espacio político al interior del régimen oligárquico a través de las diferentes coyunturas electorales y recurriendo a la opinión pública, opción que fue incapaz de vencer la fuerza política de los partidos pro-oligárquicos. Asimismo, algunos de ellos –especialmente AP que alcanzó mayor peso y presencia política– reprodujeron el estilo caudillista de la política oligárquica. Los partidos que representaron al reformismo democrático fueron fundamentalmente tres: la Democracia Cristiana, el Movimiento Social Progresista y Acción Popular. La DC se fundó en 1955 a partir de dos núcleos, uno en Arequipa y otro en Lima. Sus antecedentes pueden remontarse al Frente Democrático –en el cual Héctor Cornejo Chávez y Luis Bedoya Reyes fueron secretarios personales de Bustamante y Rivero– y a las protestas de 1950 en Arequipa, en donde participaron varios de sus fundadores. Su figura predominante fue sin duda Héctor Cornejo Chávez; y con él, Mario Polar, Luis Bedoya Reyes, Mario Alzamora Val dez, Javier Correa Elías, Ernesto Alayza Grundy, Jaime Rey de Castro, José Barreda Möller y Jorge Bolaños. Alfonso Cobián, quizás su filósofo más importante, murió en 1960 a la edad de 24 años. La DC participó en las elecciones de 1956 en diferentes listas, en 1962 presentó la candidatura de Cornejo Chávez y en 1963 estableció una alianza con AP. En la coyuntura de apoyar a AP o al PAP para las elecciones de 1963, se perfilaban dos grupos, uno radical y otro conservador. Durante el

gobierno de Belaunde las contradicciones se fueron perfilando y tras la ruptura de la Alianza –luego de las elecciones complementarias de 1967–, la DC se divide entre el grupo encabezado por Cornejo Chávez y el de Luis Bedoya Reyes, quien fundaría el Partido Popular Cristiano (PPC). Mientras el grupo de Cornejo Chávez se radicaliza más, el grupo de Bedoya apoya al “gabinete conversado” formado por Belaunde y el PAP, alianza que terminó con las esperanzas reformistas de los partidos nacidos en la coyuntura electoral de 1956. En cuanto a su posición doctrinal, la DC representaba a los sectores cristianos influenciados por los elementos renovadores de la doctrina social de la Iglesia. Se presentaba como una tercera fuerza internacional pero especialmente latinoamericana, de carácter humanista, diferenciada del capitalismo y del comunismo; aunque no alcanzó en el Perú los niveles de presencia que tuvo en Chile, Venezuela y Centroamérica. Como ha testimoniado Mario Castillo, su organización partió de los núcleos de reflexión y de acción social de jóvenes cristianos que cuestionaban la realidad social del país, creados por intelectuales o grupos autónomos respecto a la Iglesia Católica, como la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC) y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, creada por Luis Velaochaga. Las influencias más importantes vendrían del pensamiento católico francés, de autores como Jacques Maritain y Emmanuel Mounier. En la renovación de la doctrina social de la Iglesia cumplirían importante rol los cursillos de verano del padre Gustavo Gutiérrez en la Universidad Católica, pero esto ya sería posterior y ajeno a la DC misma. Su programa planteaba medidas claramente antioligárquicas, para promover la “dignidad de las personas”. La DC entró en crisis con el golpe militar de 1968, aunque decidió apoyar el experimento militar. El MSP se formó a partir de un grupo de intelectuales y profesionales, algunos de los cuales habían estado ligados al Frente Democrático Nacional (1945) y al Partido Social Republicano (1946); entre ellos se encontraban los hermanos Sebastián y Augusto Salazar Bondy, Alberto Ruiz Eldredge, Guillermo Figallo Adrianzén, José Matos Mar, Jorge Bravo Bresani, Francisco Moncloa y Santiago Agurto Calvo. En las elecciones de 1956 el MSP apoyó a Belaunde y en las de 1962 lanzó como candidato propio a Alberto Ruiz Eldredge. En las elecciones de 1963 no presentó candidatos y desapareció como partido luego de la victoria de Belaunde. Sus integrantes más importantes volverían al campo político como asesores del general Juan Velasco Alvarado en la primera fase del gobierno militar. Durante algún tiempo publicaron el diario Libertad, bajo la dirección de Abelardo Oquendo. Éste fue el grupo más fértil ideológicamente, ya que estaba compuesto principalmente por intelectuales para quienes el subdesarrollo peruano se debía al control de la economía peruana por los consorcios extranjeros, apoyados por la oligarquía y el gobierno norteamericano. Su programa planteaba una revolución que devolviera a la colectividad el control de los recursos nacionales, aunque sin considerar por quiénes y cómo llevarse a cabo esta revolución, que debía ser “socialista”, puesto que el capitalismo que regía en el Perú era causa del subdesarrollo y de la dependencia característicos del país. Este socialismo debía ser “humanista”, permitiendo la expansión y desarrollo de las potencialidades del ser humano. Este “humanismo socialista” sólo podría lograrse promoviendo relaciones de solidaridad y de carácter comunitario en la población. Para lograr estos objetivos debían realizarse cinco reformas básicas: de la organización del Estado, de la democratización de la estructura y función de la empresa, del agro, del crédito y de la educación. AP fue fundado formalmente en junio de 1956, teniendo como antecedente inmediato el Frente de Juventudes que el año anterior había lanzado la candidatura de Fernando Belaunde Terry. Fue el partido más exitoso de los que formaron parte del llamado reformismo democrático, ya que alcanzaría la presidencia por dos veces. En las elecciones de 1956 y 1962 se presentó sin alianza política alguna, alcanzando un inusitado tercio electoral. Para las elecciones de 1963, de las cuales salió vencedor, se presentó aliada a la DC. Su máximo dirigente, Fernando Belaunde Terry, era sobrino del intelectual Víctor Andrés Belaunde, y fue miembro del Congreso por el Frente Democrático Nacional en 1945. Los demás dirigentes de AP pertenecían en su mayoría al entorno familiar y profesional de Belaunde, y algunos de ellos habían sido sus discípulos, como Violeta Correa y Eduardo Orrego. En cuanto a la doctrina partidaria, Fernando Belaunde le imprimió un sentido “peruanista” muy particular, desvinculado de las corrientes ideológicas predominantes entonces. Para Belaunde, el problema básico del país residía en que ningún gobierno había querido o sabido organizar y dinamizar las energías del pueblo que permitieran “la conquista del Perú por los peruanos”. Esto podía lograrse mediante la utilización de la antigua tradición de trabajo comunal heredada de los incas. Además afirmaba la necesidad de realizar reformas sociales en aquellos lugares imposibilitados de alcanzar el desarrollo; las principales eran la agraria, de vivienda, de educación, de salud pública y las reformas administrativa, tributaria y crediticia. En

otras palabras, el Estado debía fortalecer su presencia regulando la actividad de la sociedad a fin de compatibilizar los intereses y las aspiraciones de los diferentes sectores. En términos generales, todos los partidos, incluido el PAP, coincidían en la necesidad de realizar reformas que permitieran redistribuir los recursos económicos, sociales y políticos del país, para conseguir así la “transformación de las estructuras vigentes”. Asimismo, coincidían en la necesidad de una mayor intervención del Estado, sobre todo en la economía, a partir de la planificación y la formulación de planes de desarrollo.

LA NUEVA IZQUIERDA

El surgimiento de la llamada Nueva Izquierda en el Perú está vinculado a la crisis política e ideológica del movimiento comunista internacional, producto del proceso de desestalinización en la URSS, de la ruptura chino-soviética y del impacto de la revolución cubana. En términos generales, se denomina Nueva Izquierda a los partidos de diferentes tendencias surgidos a partir de 1956, pero especialmente en la década del 60, que rompieron el virtual monopolio del PCP como expresión del marxismo en el Perú. Algunos de ellos surgieron de escisiones del PAP (como es el caso del MIR) y otros del PCP (como es el caso del ELN y los diversos partidos maoístas). Hasta fines de la década del 50, la expresión ideológica predominante en el Perú había sido el marxismo-leninismo. Desde entonces surgen partidos políticos cuyas expresiones ideológicas serán el trotskismo (cuyos antecedentes datan de 1944), el foquismo castrista, el maoísmo (de cuyas múltiples escisiones y rupturas surgiría Sendero Luminoso) y un marxismo-leninismo distanciado y más bien crítico de la URSS. La historia de dichos partidos y corrientes ideológicas es bastante compleja, y todavía está por hacerse. Aquí intentaremos algunas aproximaciones. Cabe resaltar algunas características importantes. En primer lugar, los principales dirigentes de los partidos de la Nueva Izquierda pertenecían a la juventud universitaria de clase media radicalizada, algunos con militancia partidaria previa. En segundo lugar, los partidos de la Nueva Izquierda surgen a partir del cuestionamiento y la crítica de la experiencia socialista en la URSS y del comportamiento político del PAP y del PCP, presentándose, pues, como poseedores de “la línea política e ideológica correcta”, diferenciándose y enfrentándose entre sí, lo cual se expresaría en sus continuos fraccionamientos y escisiones. En tercer lugar, a pesar de esta “actitud crítica”, mantuvieron la concepción leninista de la organización del partido político y sus formulaciones ideológicas ratificaron los elementos centrales de la ortodoxia marxista-leninista. En cuarto lugar, los puntos más importantes de los debates realizados entre estos partidos giraron alrededor de la caracterización de la sociedad peruana y del gobierno de turno, el papel de las clases sociales en el proceso revolucionario y las formas de lucha en la formulación de la estrategia para la toma del poder político. Entre las principales organizaciones políticas de la Nueva Izquierda destacan el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Vanguardia Revolucionaria (VR). El MIR surgió como producto de una escisión del PAP. Luego de la crisis de octubre de 1948, el sector radical logró mantener cierta presencia, oponiéndose a la política de la Convivencia. En octubre de 1959 se realizó la IV Convención del PAP, evento en el cual 23 dirigentes –la mayoría de los cuales eran cuadros juveniles y estudiantiles– presentaron una moción de cuestionamiento a la política de la Convivencia; la moción no prosperó y los autores y adherentes del documento fueron pasados a las instancias disciplinarias y luego expulsados. Entre ellos se encontraban Luis de la Puente Uceda, Luis Oliveira, Ezequiel Ramírez Novoa, Gonzalo Fernández Gasco, Walter Palacios, Carlos Malpica y Javier Valle Riestra. Este grupo formó el Comité de defensa de los principios y de la democracia interna del partido, hasta que en noviembre de 1960 se separa definitivamente y se autodenomina Apra Rebelde. En marzo de 1962 se convierte en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, bajo el liderazgo de Luis de la Puente Uceda y Héctor Cordero. Los sectores apristas más tradicionales y los elementos trotskistas (como Ricardo Napurí) fueron expulsados. El cambio de nombre era expresión de que el Apra Rebelde había asumido el marxismo como ideología y la lucha armada como medio de llegar al poder. Como muchos otros, Luis de la Puente Uceda visitó Cuba e intentó ponerse en contacto con Hugo Blanco en el valle de La Convención. Finalmente, el 7 de febrero de 1964, con un discurso de Luis de la Puente en la plaza San Martín, se inicia una campaña pública en favor de la lucha armada y pequeños grupos son enviados a recibir entrenamiento en Cuba. En junio de 1965 inician las acciones armadas, siendo derrotados a fines de ese mismo año. Posteriormente el MIR sufrió una serie de divisiones y escisiones. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es fundado en 1962 por sectores juveniles procedentes del PCP o de su periferia

inmediata. Más adelante se integrarían militantes del FIR y otras organizaciones de izquierda. Esta situación se verá reforzada en 1965 cuando el Comité Leninista –formado en 1959 por los integrantes del Comité Departamental de Lima y de la Juventud del PC– se incorpora al ELN, que buscó iniciar la lucha armada bajo el modelo castrista, para lo cual gran número de sus elementos se entrenó en Cuba. Sin embargo, sus dos intentos insurreccionales en Puerto Maldonado en 1963 y en la provincia de La Mar, Ayacucho, en 1965, fracasaron. Su principal dirigente fue Héctor Béjar,quien sería uno de los principales asesores del general Velasco durante el gobierno militar. Vanguardia Revolucionaria (VR) fue fundada en 1965, dos meses antes de que el MIR iniciara sus acciones guerrilleras. Entre sus primeros integrantes destacan Ricardo Napurí, quien habiendo sido expulsado del MIR, representaba las tendencias trotskistas; Ricardo Letts, militante y dirigente juvenil radical de AP desde 1961; y Edmundo Murrugarra. En los años 70, a pesar de sus divisiones, pasaron por sus filas Manuel Dammert, Agustín Haya de la Torre y Javier Diez Canseco. Según testimonio de Ricardo Letts, ya desde 1963 se realizaron coordinaciones con el fin de fundar un partido político, intentándose incluso tomar contacto con Hugo Blanco en La Convención y con el ELN. En 1964 se realizó una primera asamblea en donde se eligió una dirección provisional. El 30 de mayo de 1965 se funda formalmente VR teniendo como secretario general a Ricardo Napurí y como secretario de defensa a Ricardo Letts. Con el inicio de la guerrilla, debido a sus simpatías y vinculaciones con el MIR y el ELN, VR se vio obligada a pasar a la clandestinidad. Sin embargo, en la práctica VR mantuvo una posición de distanciamiento y de crítica frente a las guerrillas, en las que nunca participó, aunque sus militantes conservaron en su discurso la necesidad de la lucha armada como medio de lograr la toma del poder. Ideológicamente, VR fue bastante variopinta. Sus tesis combinaban elementos del trotskismo, del maoísmo, del foquismo castrista y, por supuesto, de la ortodoxia marxista-leninista. VR logró cierta influencia entre los universitarios y su presencia sindical más bien se manifestaría en los años 70 con las tesis de Edmundo Murrugarra de “ir al pueblo”, conocidas como “yawarismo”. VR en esos años también sufriría varias divisiones. En cuanto al trotskismo, sus antecedentes se remontan a 1946 cuando se fundó el Partido Obrero Revolucionario (POR), formado por los dirigentes sindicales del PCP que encabezaron las huelgas de 1944 en contra del gobierno de Prado. Inicialmente denominado Grupo Obrero Marxista (GOM), dicho partido se integró a la IV Internacional, teniendo importantes contactos con el Partido Socialista de los Trabajadores, partido trotskista inglés. Al producirse la división al interior del movimiento trotskista internacional, una fracción del POR formó el POR-Trotskista (POR-T), encabezado por Ismael Frías y Enrique Palacios. En 1961, el POR (esta vez encabezado por Hernando Aguirre Gamio y Félix Zevallos) y otras organizaciones menores formaron el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), a cuyas filas perteneció Hugo Blanco Galdós, impulsor de la organización del movimiento campesino en los valles de La Convención y Lares. Alrededor del FIR se agruparon dirigentes de organizaciones trotskistas internacionales, llegando a preparar un incipiente aparato militar. Sin embargo, el trotskismo entró en un proceso acelerado de división luego del fracaso en el apoyo a Hugo Blanco. Del POR-T se separa Ismael Frías, quien funda el Partido Revolucionario Obrero Campesino (PROC) de breve existencia. Posteriormente, Frías y Ricardo Napurí intentaron el “entrismo” (entrar en un partido para luego ganar a sus principales cuadros) al interior del MIR, pero fueron expulsados. El segundo sería posteriormente fundador de Vanguardia Revolucionaria (VR). A pesar de su presencia activa, el trotskismo sólo estuvo representado por grupos minoritarios. El surgimiento del maoísmo está relacionado con la polémica surgida entre el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y el Partido Comunista Chino (PCCh), debido a la línea política internacional de Kruschev de “desestalinizar” la URSS y de impulsar la “convivencia pacífica” con los países occidentales, propugnada en 1956. La ruptura entre ambos países se produjo a principios de 1960 y las posiciones de dicho debate comenzaron a manifestarse pronto al interior del PCP. El abogado Saturnino Paredes, asesor de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y dirigente del Frente Campesino del PC, encabezó la fracción maoísta adhiriéndose a las tesis prochinas. La ruptura se produciría en 1963. En enero de 1964, el grupo de Saturnino Paredes convocó a una conferencia nacional al margen de la dirección del PCP, surgiendo el Partido Comunista del Perú (PC del P). Ambos partidos se distinguieron por el nombre de sus respectivos órganos de prensa: Unidad, del PCP, y Bandera Roja, del PC del P. Los partidos surgidos de las sucesivas rupturas también reclamarían para sí la continuidad del partido fundado por Mariátegui y ser el “verdadero” Partido Comunista del Perú, diferenciándose por sus “sobrenombres”. Cabe resaltar que Saturnino Paredes recibió el apoyo permanente del comité regional del partido comunista de

Ayacucho, al cual pertenecía Abimael Guzmán. El PC del P-BR sufriría una ruptura, de la cual se formaría en 1966 el Partido Comunista del Perú-Marxista Leninista, encabezado por José Sotomayor. Una nueva escisión se inició en 1968 cuando se formó una comisión nacional reorganizadora, la cual se convertiría al año siguiente en el Partido Comunista del Perú-Patria Roja (PC del P-PR). Tanto Bandera Roja como Patria Roja establecerían su base social al interior de las universidades nacionales. En 1970 Bandera Roja sufre una nueva división de la cual surgiría el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PC del P-SL).

LOS MOVIMIENTOS GUERRILLEROS (1960-1967)

Las experiencias guerrilleras estuvieron presentes a lo largo de la década del 60. Su importancia –más que la influencia que pudieron tener en la implementación de reformas sociales o en las posibilidades de la toma del poder por la vía revolucionaria– radica en ser la expresión política más avanzada del descontento social que se acumulaba frente al régimen oligárquico. Pese a su derrota, el impacto en la toma de conciencia de los graves problemas nacionales fue muy grande, y contribuyeron a acrecentar el temor –al interior de las Fuerzas Armadas– de una inminente explosión social, orientada a la instauración del comunismo en el Perú. Aunque tales temores eran mayores que las posibilidades reales, ello confirmó la necesidad de realizar reformas sociales de envergadura en los sectores reformistas existentes al interior de las Fuerzas Armadas. Los factores e influencias que promovieron el surgimiento de movimientos guerrilleros en el Perú y en América Latina en general, fueron tres:

a) El problema agrario y campesino. Entre 1945 y 1964 se desarrolló una inusitada movilización campesina, que conmocionó todos los Andes –sobre todo los Andes centrales y el sur andino–, produciendo la crisis del latifundio tradicional y la del régimen oligárquico en su conjunto. La reforma agraria –unida al tema del petróleo– se constituyó en la principal reivindicación de todo programa político antioligárquico. Por ello no es de extrañar que los principales focos guerrilleros se encontrasen en lugares como Cuzco, Ayacucho, Junín o Piura, de fuerte movilización campesina. Este problema impactó en las juventudes radicalizadas de las clases medias, que cuestionaron la actitud conciliadora e indiferente del PAP y del PCP. El PAP se había convertido en un aliado importante de la oligarquía y se oponía a cualquier propuesta de una reforma agraria radical. El PCP, en cambio, había asumido la táctica de apoyar a la “burguesía nacional”, dentro de la cual la reforma agraria pasaba por la modernización de la agricultura en desmedro de las comunidades campesinas.

b) La crisis de los modelos socialistas. El modelo de sociedad y de proceso revolucionario defendido por el movimiento comunista internacional se había visto afectado por la disputa chino-soviética y el XX Congreso del PCUS, que inició el proceso de desestalinización. Para las antiguas dirigencias esto significó una crisis política e ideológica al interior de los partidos comunistas de América Latina. Para muchos jóvenes significó asumir una “actitud crítica” frente a la Unión Soviética y el marxismo, el cual empezaron a estudiar directamente de sus fuentes (Marx, Engels y Lenin). Ésta fue la primera revolución ideológica del marxismo en el Perú, que trajo como consecuencia una vuelta al estudio de la obra de José Carlos Mariátegui y el surgimiento de la Nueva Izquierda. En el caso de las juventudes apristas, este fenómeno les permitió convertir su antisovietismo y su anticomunismo en la convicción de poder hacer una revolución socialista radical sin seguir el modelo soviético, acercándose de esta manera al marxismo primigenio del PAP, rompiendo con los prejuicios establecidos por generaciones políticas apristas anteriores. El renovado interés por estudiar el marxismo “desde sus fuentes”, sin intermediarios, tuvo su impacto también en los jóvenes universitarios sin militancia previa, muchos de los cuales empezaron a acercarse a esta ideología. Esto se manifestó en 1963 en la Universidad de San Marcos, cuando luego de tres rectorados bajo el control del PAP, una alianza de partidos de izquierda representada por el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), obtiene el control de la federación de estudiantes, iniciándose así el período de hegemonía izquierdista en dicho gremio.

c) La influencia de la revolución cubana. El triunfo de la revolución cubana que derroca a la dictadura pronorteamericana de Fulgencio Batista se produce en el contexto de la crisis política e ideológica de los modelos socialistas. La noticia de la entrada de los “barbudos de Sierra Maestra” en La Habana, el 1º de enero de 1959, tiene un gran impacto en toda América Latina y en ella la juventud radicalizada encuentra un nuevo modelo de lucha revolucionaria. Esta influencia se acrecienta cuando, ante las presiones y el bloqueo del gobierno norteamericano, Fidel Castro anuncia el carácter socialista de la revolución y Cuba asume una política de extensión de los movimientos revolucionarios mediante el asesoramiento militar e ideológico, adiestrando a pequeños grupos en la guerra de guerrillas. Esta política de Cuba respondía a la necesidad de abrir nuevos frentes que impidieran una respuesta centralizada por parte del gobierno norteamericano contra la isla. Los grupos guerrilleros peruanos del ELN y el MIR contaron con el asesoramiento y apoyo de Cuba, además de ayudarlos a ingresar al país, aunque no con intervención directa en las acciones armadas. La presencia de guerrilleros de otros países en las guerrillas peruana y boliviana fue la expresión de la solidaridad internacionalista que en ese momento renacía en la izquierda latinoamericana. Los intentos por constituir frentes guerrilleros perduraron en el Perú hasta 1967, pero después del fracaso del MIR no se generaron nuevos movimientos significativos. Hasta ese año, algunos núcleos políticos persistieron en la idea de que podría implementarse un proceso revolucionario basado en la lucha armada; sin embargo, se impuso la línea de esperar mejores condiciones para una coyuntura revolucionaria. Con la muerte del Che Guevara en Bolivia, en 1967, Cuba cambia su política exterior. Asimismo, con la irrupción del régimen militar el 3 de octubre de 1968, muchos consideraron que la guerrilla como método ya no era necesaria, pues el régimen oligárquico, considerado la principal traba para el desarrollo del país, estaba siendo demolido por las medidas y transformaciones modernizadoras del régimen militar. Con ello se cerró la etapa de las luchas guerrilleras en la década del sesenta. Con respecto a las causas de la derrota de las guerrillas, quisieramos plantear dos aspectos. El primero –de carácter político-social– fue el cuadro de su total aislamiento: por su juventud su peso político era débil y su base social inexistente, a pesar del deseo de constituirse en el brazo armado del movimiento campesino que en ese momento se encontraba a la ofensiva. Pero cuando el MIR se plantea seriamente el problema de abrir sólidos frentes guerrilleros en el campo, ese movimiento campesino estaba ya en repliegue. Asimismo, otras fuerzas políticas de izquierda como el PC, VR y el FIR se opusieron a apoyar al “aventurerismo ultra-izquierdista”. El segundo aspecto –de carácter militar– es la incapacidad de las guerrillas de enfrentar la ofensiva policial y de las Fuerzas Armadas, en la mayoría de los casos por falta de preparación y de recursos, del desconocimiento del terreno e incapacidad de asentamiento. La organización de la guerrilla del MIR, mejor preparada y planificada, no era desconocida para las Fuerzas Armadas, ya que parte de la preparación insurreccional implicaba una campaña abierta a favor de la lucha armada. Asimismo, las Fuerzas Armadas estaban preparadas para enfrentar eficazmente a la guerrilla desde antes de 1961: tenían oficiales adiestrados en la lucha contrainsur- gente en Panamá y otras bases norteamericanas, donde recibieron formación bajo los modelos aplicados en Argelia y Vietnam, con asesoramiento constante de oficiales norteamericanos; además, las instituciones castrenses se fortalecieron a través de la profesionalización de sus cuadros y actualizaron su armamento.

CAMBIOS AL INTERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA IGLESIA CATÓLICA

Como se ha señalado anteriormente, las ideas desarrollistas penetraron diferentes ámbitos sociales, pero también importantes instituciones, como son los casos de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército. La Iglesia Católica en el Perú, al igual que en el resto de América Latina, estuvo tradicionalmente identificada y enlazada al poder oligárquico; sin embargo, en el contexto de las transformaciones de las décadas del 40 y el 50, las bases sociales de la Iglesia comenzaron a reducirse, planteándose así la necesidad de realizar reformas en sus doctrinas para poder mantener su sitial en la sociedad peruana. A partir de la década del 50 empezó a difundirse con mucho mayor éxito “la doctrina social de la Iglesia”, en cuyos textos fundamentales ésta se declaraba partidaria de un tercer camino contrario al “individualismo capitalista” y al “totalitarismo comunista”. Para ello los intereses de las diferentes clases debían organizarse alrededor de un Estado corporativo, que revitalizaría los fundamentos sociales de la existencia cristiana. Aunque algunos de sus postulados fueron recogidos por la DC, no existió estrictamente hablando un partido católico. Simultáneamente a estas innovaciones del

pensamiento político católico, la Iglesia peruana comenzó a recibir a sacerdotes extranjeros influidos por autores radicales, así como “curas-obreros” que mediante sus actividades en los sindicatos y en las barriadas, abrieron paso lentamente a una nueva teología y a un nuevo tipo de comportamiento político. Como ha reseñado Julio Cotler, en una de las conferencias preparatorias al V Congreso Eucarístico Nacional y Mariano, en 1954, se denunció las condiciones de vida de los sectores populares. En dichas conferencias se hallaban presentes sacerdotes extranjeros críticos de la situación de pobreza existente en el Perú, y durante el gobierno de Prado, uno de éstos fue deportado. Asimismo, en 1959, el propio cardenal Juan Landázuri declaró, al clausurar la primera Semana Social de la Iglesia, que la situación económica y social debía cambiar, pagándose mejores salarios y redistribuyendo la riqueza. Así se fue manifestando al interior de la Iglesia un sector que buscaba conciliar su vocación espiritual con el cambio social, tendencia que encontraría en el ascenso de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II el marco institucional necesario. Estas concepciones se convirtieron en parte del discurso antioligárquico, manifestándose en la presencia de las comunidades de base en la organización campesina, en las barriadas y sindicatos, en las universidades. Esta influencia también llegó a los sectores profesionales de clase media. El impacto del Concilio Vaticano II en Latinoamérica se expresó en los resultados de la reunión de obispos de Medellín (Colombia) en 1968, a partir de la cual se funda en el Perú la Oficina Nacional de Información Social (ONIS). Pero quizá el hecho más importante será la publicación, en 1969, del libro del padre Gustavo Gutiérrez Teología de la liberación que concretó, en base a fundamentos tanto teológicos como científico- sociales, la propuesta de una Iglesia comprometida con “la opción preferencial por los pobres” y el cambio social.

Cardenal Juan Landázuri Ricketts. La Iglesia peruana operó una transformación en su discurso pastoral a fines de los años cincuenta. El énfasis en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida y la dignidad de las personas reemplazó un discurso tradicional que subrayaba la salvación espiritual del individuo.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, con el proceso de modernización y profesionalización iniciado bajo el gobierno de Odría, las ideas desarrollistas se introdujeron en la mentalidad militar. En ese entonces, el Perú era miembro de la Junta Interamericana de Defensa, creada en Río de Janeiro en 1947. A partir de su adhesión a la Junta, el Perú recibió asesoramiento del gobierno norteamericano y realizó compras de material bélico moderno, lo que hizo necesario modernizar las escuelas de instrucción, implicando el desplazamiento de la formación militar peruana basada en los planes y manuales franceses introducidos por el gobierno de Nicolás de Piérola. Así, a partir de la reorganización de las Fuerzas Armadas llevada a cabo por el general Alfredo Rodríguez Martínez, se fundaron organismos importantes que promovieron la difusión y desarrollo de una nueva mentalidad militar, convirtiendo a las Fuerzas Armadas en un activo deliberante político distanciado de las propuestas oligárquicas: éstos fueron el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), en 1953, y la Escuela Nacional de Guerra, en 1954. Según Dirk Kruijt, el objetivo del CAEM, fundado por el general José del Carmen Marín, era formar un nuevo tipo de profesional militar, el “intelectual militar”, cuyo interés central sería la elaboración y discusión de una estrategia de “seguridad nacional”, enmarcada dentro de la estrategia continental estadounidense de la “Guerra Fría”, cuyo objetivo primordial era una defensa continental que frenase la influencia y una hipotética agresión de la URSS. Ideológicamente, pues, esta estrategia es inicialmente pronorteamericana y anticomunista. Sin embargo, dichas bases ideológicas se verán contrastadas con los diagnósticos que sobre la situación del país y el desarrollo nacional iba realizando el CAEM. Como señala Cotler, a mediados de la década de 1950 –paralelamente al “Plan del Perú” del diario El Comercio– el CAEM realizó un inventario global de la situación del país. Los resultados mostraban que el Perú se encontraba “subdesarrollado” en relación a otros países latinoamericanos y esto era un peligro para la seguridad nacional. Así, las ideas desarrollistas comenzaron a influenciar al alto mando militar, que comenzó a exigir un sistema de planificación a fin de superar el subdesarrollo, contribuyendo a ello los intelectuales civiles que dictaban cursos en sus aulas, como es el caso de Jorge Bravo Bresani. Tal preocupación se vería plasmada en la Revista de la Escuela Superior de Guerra. Según Stefan, entre 1954 y 1957, los artículos dedicados a seguridad nacional interna y desarrollo representaron el 1,7%. Entre 1964 y 1967 éstos se incrementaron a 50%. En 1957, con los nuevos planteamientos desarrollados en el CAEM y la Escuela Superior de Guerra, hubo cambios en la organización del Ejército buscando adaptarlo a las nuevas exigencias, proceso del cual nació el Servicio de Inteligencia Militar. De esta manera las Fuerzas Armadas se hicieron permeables a los grandes temas de debate nacional. Sin embargo, como sostiene Lynch, sus reflexiones tenían diferentes matices y posiciones, que iban desde la necesidad de reformas para evitar el peligro comunista –en una típica posición contrainsurgente–, hasta los que desde una posición nacionalista visualizaron la existencia de intereses contrapuestos entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos. Esta última posición estaba vinculada al pro- La publicación en 1969 de la Teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez anunció un cambio en la labor pastoral y la perspectiva teológica en América Latina. blema del poder político y del Estado, percibido no como representativo de los intereses generales de la nación sino de los intereses particulares de un sector minoritario de propietarios oligarcas. En 1963, el CAEM llegó a la conclusión de que el subdesarrollo era causado porque el poder real estaba en manos de “los latifundistas, exportadores, banqueros y de las compañías norteamericanas”. Es así como en las Fuerzas Armadas, y particulamente en el Ejército, se fue configurando una nueva orientación política coincidente con la de sectores de la Iglesia y nuevos partidos políticos reformistas.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Entre 1950 a 1968 se estaba produciendo una reconfiguración de las relaciones internacionales, enmarcadas por la hegemonía norteamericana en Occidente y su política de “Guerra Fría” frente a la URSS y sus aliados. A ello hay que sumarle el contexto e impacto de la “descolonización” de los países de Asia y Africa, que dio un impulso inusitado a las ideas democráticas, nacionalistas y socialistas al interior del llamado Tercer Mundo, originando el llamado Movimiento No Alineado (NO-AL). En el caso del Perú, destacan los siguientes temas internacionales:

a)El caso Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre, ante la persecución de que fue objeto, se vio obligado en enero de 1949 a pasar a la clandestinidad y asilarse en la embajada de Colombia durante cinco años, originando un conflicto diplomático entre ambos países, ante la negativa del gobierno de Odría de otorgar a Haya el salvoconducto necesario para que saliera del país. Se llegó al grado de rodear la embajada de Colombia con trincheras, ametralladoras y cerco de púas. El caso fue planteado ante la Corte Internacional de La Haya. Finalmente, ante la presión internacional, el gobierno de Odría tuvo que ceder y Haya de la Torre partió al exilio en 1955.

A raíz del golpe militar de Manuel A. Odría y la persecución desatada contra los militantes y líderes apristas, Haya de la Torre decidió solicitar asilo en la embajada de Colombia, en Lima.

b) El convenio con Bolivia. Los primeros meses de 1957 se estableció en Lima una comisión mixta peruano-boliviana para estudiar el aprovechamiento de las aguas del lago Titicaca con fines hidroeléctricos y de irrigación. El 19 de febrero del mismo año se suscribió en La Paz el convenio elaborado por dicha comisión para el estudio económico preliminar del aprovechamiento de las aguas y para la financiación de una carretera que uniera el puerto de Ilo y la frontera con Bolivia, pasando por la ciudad de Puno.

c) El Plan Truman. El 25 de enero de 1951 el gobierno pidió al Congreso la aprobación del convenio entre Perú y los Estados Unidos en el punto IV del Plan Truman. Así, se establecieron acuerdos de cooperación en Educación, Salud Pública, Agricultura y otros sectores para el desarrollo del país. También se recibió armamento y entrenamiento militar; a cambio, el Perú dio facilidades a los Estados Unidos para la adquisición de minerales y el establecimiento de bases militares.

d) El incidente fronterizo con el Ecuador. La labor de demarcación de la frontera Perú-Ecuador luego de la guerra de 1941, había quedado pendiente, aunque la mayor parte había sido cumplida. A partir de 1951 Ecuador trató de eludir la demarcación aduciendo la inexistencia de la división de aguas entre los ríos Zamora y Santiago, y que por lo tanto no se podía cumplir con el Protocolo de Río de Janeiro. Ello desató una campaña en el Ecuador contra dicho

acuerdo. La intervención de los países garantes determinó la validez del tratado haciendo recordar el carácter definitivo de su firma. Sin embargo, las tareas demarcatorias no fueron culminadas.

e) La Conferencia de Punta del Este. Fue impulsada por el presidente John F. Kennedy ante el temor de la influencia de la revolución cubana en el contexto de crisis económica de los países latinoamericanos. En dicha conferencia se reunió el Consejo Interamericano Económico y Social a nivel ministerial en agosto de 1961, formándose la llamada “Alianza para el Progreso”, por la cual los Estados Unidos prometían la entrega de préstamos orientados a la implementación de reformas. Por su parte, los países que recibían los préstamos debían incrementar sus propios recursos. Asimismo, la Declaración de Punta del Este subrayó la necesidad de crear un mercado común latinoamericano, basado en la libertad de comercio y el libre cambio. Ambos planteamientos terminaron en sendos fracasos. En dichas reuniones, el Perú reafirmó su tesis de doscientas millas marítimas de dominio territorial y la necesidad de la integración física continental mediante la carretera Bolivariana Marginal de la Selva. La Carta de Punta del Este fue el antecedente del Pacto Andino. Por entonces se convino en constituir la llamada Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) para propiciar la integración económica, condición indispensable para acelerar el desarrollo del continente; pero el fracaso y la inoperancia evidente de la ALALC movieron a Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia a formar el llamado Pacto Andino. En febrero de 1967 se suscribió la creación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), instrumento técnico y financiero para llevar a la práctica dichos planteamientos. El acuerdo se concretó en 1969 en la ciudad de Cartagena (Colombia), llamándose desde entonces “Acuerdo de Cartagena”.

f) La ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba. En la VII Conferencia de Cancilleres de San José de Costa Rica, realizada en 1960, los asambleístas pidieron una acción conjunta contra el régimen cubano. El canciller peruano Raúl Porras Barrenechea conmocionó a la asamblea con un franco y violento discurso sobre la situación de Cuba, que le costó su renuncia. Ese mismo año –y de acuerdo a un ambiente creado en el seno de la OEA– la representación peruana presentó acusaciones contra el régimen de Fidel Castro. El Consejo determinó que la Comisión de Paz examinara los hechos denunciados. Las acusaciones se fundamentaban en que Cuba afectaba la solidaridad continental, violaba los pactos internacionales y no respetaba los derechos humanos. La VIII reunión consultiva de ministros de Relaciones Exteriores del 31 de enero de 1962 encontró fundamentos para la expulsión de Cuba de la OEA, pidiéndosele a los países integrantes romper relaciones con el régimen de Fidel Castro. En esta expulsión triunfó la poderosa influencia de los Estados Unidos.

g) La carretera Marginal Bolivariana. Para lograr este objetivo, el gobierno tomó los siguientes acuerdos: – La creación del subcomité de la carretera Bolivariana Marginal de la Selva. Tuvo su sede en Lima y funcionaba como oficina de la Dirección de Caminos. Además de Perú, actuaban en este subcomité Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela. – El establecimiento del subcomité de conexión Amazónico-Pacífico, con sede en Bogotá, que se ocuparía de todas las carreteras que conectasen los puertos del Pacífico con los puertos fluviales de la Amazonía. – El Acta de Lima, firmada el 27 de mayo de 1968 por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Bolivia, Paraguay y el Perú. Se contemplaba la creación de una comisión cuatripartita, integrada por representantes de los países signatarios, para facilitar e impulsar el desarrollo de obras que uniesen la red vial que conectara con la carretera Marginal de la Selva.

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA

Durante la década del 50 se da un importante proceso de modernización capitalista. Ello se expresó en la creciente industrialización, que llevó al predominio del sector manufacturero en la conformación del Producto Nacional Bruto, frente a la agricultura que declinaba. Según Daniel Carbonetto, el

sector manufacturero pasó del 13,6% en 1950 al 26,2% en 1975, mientras que la agricultura pasó del 20,4% al 12,7% en el mismo período. Esta industrialización se basó en el modelo de “sustitución de importaciones”, que buscaba producir en el país algunos productos tradicionalmente importados, sobre todo los productos de consumo. Sin embargo, la modernización capitalista presentaba una seria limitación por el tipo de industrialización que desarrollaba, inducida principalmente por el capital extranjero y restringida a satisfacer el consumo de pequeños sectores de la población, sin intenciones de crear un mercado interno nacional ni engarzarse con otros procesos productivos importantes en campos como la agricultura o la minería. Esto hizo que su demanda de mano de obra alcanzase rápidamente un techo y fuese mucho menor que la oferta producto de las migraciones. El proceso de urbanización se desarrolló más rápido que el proceso de industrialización: la población urbana en 1940 representaba el 35,4% de la población total, en 1972 tal porcentaje se había elevado a 59,5%; mientras tanto el porcentaje de la fuerza laboral en el sector industrial manufacturero se mantuvo relativamente estable, en alrededor del 15% de la fuerza laboral total.

La ciudad de Chimbote creció velozmente en los años sesenta en un proceso impulsado por el “boom” de la harina y el aceite de pescado. La ciudad se convirtió en un imán para centenares de familias peruanas atraídas por la demanda de trabajo y la floreciente actividad pesquera.

EL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO

En el período que va de 1950 a 1967, la pesca, la minería y la manufactura ampliaron su participación en el Producto Nacional Bruto y tuvieron una tasa anual de crecimiento mayor que la agricultura. El proceso de modernización económica se acentúa por la importancia que desde los años 40 van adquiriendo la industria manufacturera (textiles, química, metalmecánica), la construcción, las industrias derivadas de los complejos azucareros (papelera, cartonera, licores) y en algunos casos las derivadas de los enclaves mineros (cables de cobre). La construcción se dinamiza con las obras públicas del período, impulsando la industria del cemento y la actividad constructora e inmobiliaria que, al igual que la industria manufacturera, se activa con el proceso de urbanización y la ampliación del mercado interno. El sector exportador se diversifica con la producción de hierro (Marcona), con la ampliación de la producción de cobre (Toquepala), pero principalmente con la aparición de nuevos productos de gran demanda en el mercado mundial: la harina y el aceite de pescado. Estos productos de exportación no estaban totalmente en manos extranjeras; empresarios nacionales controlaban en parte la extracción y procesamiento industrial, dando auge a su vez a industrias y servicios conexos (redes, barcas). Esto produjo uno de los más complejos fenómenos sociales: la transformación de Chimbote en un “hirviente” puerto compuesto por “todas las sangres”. Gonzalo Portocarrero ha señalado las siguientes características para la industria manufacturera en las décadas del 50 y el 60: gran heterogeneidad en cuanto a productividad y formas de organizar la producción; el mercado principal eran los sectores populares incorporados a la economía de mercado, aunque en la década del 60 se consolidará el mercado de bienes de

consumo duraderos para las clases medias; el número de empresas existentes expresa que la industrialización era un proceso relativamente nuevo; existencia de notables diferencias en cuanto a la rentabilidad de las diferentes industrias; concentración de la propiedad en pocas manos, a través de empresas cerradas controladas por pocas personas vinculadas a familias plutocráticas; y extremada dependencia de insumos importados, lo cual le daba cada vez mayor importancia al capital extranjero. Asimismo, usando como criterio de agrupación el mercado final de los productos, Portocarrero propone la siguiente división: industrias que se orientan hacia el mercado interno, sector bastante heterogéneo que requiere de una importante protección arancelaria; industrias orientadas al mercado interno mediante la sustitución de importaciones, que comienzan a tener gran importancia en la década del 60; e industrias vinculadas al sector exportador, cuyo desarrollo depende de las fluctuaciones en el mercado mundial.

EL SECTOR AGRARIO

Como se ha señalado anteriormente, desde la década del 40 el peso de la producción en el campo disminuye paulatinamente, frente a los sectores industrial y exportador. El problema de fondo en el estancamiento y atraso de la agricultura era su carácter precapitalista, especialmente en la sierra. La importación de alimentos, el control de sus precios, así como la concentración del crédito en la agricultura costeña de exportación, fueron los factores que propiciaron el decaimiento de la agricultura en la sierra y la transferencia de las exiguas rentas de los terratenientes serranos a las áreas urbanas y sectores de mayor rentabilidad. A ello hay que sumarle el impacto de la movilización campesina, que hizo dar un giro a las posibilidades de inversión en este sector. En todo caso, el estudio de la evolución de la agricultura en este siglo está por hacerse.

EL SECTOR EXPORTADOR

El sector exportador sufrió importantes fluctuaciones producidas entre otros factores, por los siguientes: los cambios de política en el estímulo a las exportaciones, aunque la tendencia preponderante fue favorecer a este sector frente a aquellos orientados al mercado interno; las fluctuaciones de los precios de nuestras materias primas en el mercado mundial; y el impacto de la política económica norteamericana hacia América Latina. Sin embargo, en este sector se produjo la mayor rentabilidad de todo el período.

EL TRATO AL CAPITAL EXTRANJERO

El gobierno de Odría estableció una serie de disposiciones de gran aliento para favorecer a la inversión extranjera; base política y económica sobre la cual ésta se rigió en el Perú hasta 1968. En mayo de 1950, Odría promulgó el Código de Minería, una virtual traducción de la ley norteamericana; en 1952 dictó la ley del Petróleo y en 1955 la ley de Electricidad, que asignó una tasa fija de beneficios a los inversionistas dedicados a este sector. El Código de Minería redujo los impuestos de exportación al mismo nivel que las empresas comerciales e industriales y exoneró del pago de derechos a la importación de equipo. Gracias al artículo 56 de dicho Código, las empresas tenían derecho a deducir del pago de impuestos hasta el 20% de los beneficios por el factor agotamiento, estableciendo, además, que en los depósitos mineros de calidad marginal se aplicarían tasas impositivas bajas, hasta que el inversionista hubiese amortizado totalmente su capital. Estas condiciones no se modificarían en los siguientes 25 años, según lo normaba el mismo código. El capital norteamericano, en proceso de expansión durante la postguerra, encontró en el Perú una situación que se amoldaba a sus intereses: “paz laboral”, libertad cambiaria y oportunidades de inversión que le permitían lograr una apreciable tasa de beneficios. Según Cotler, con la dación en 1959 –bajo el gobierno de Prado– de la ley de Promoción Industrial, y las exenciones tributarias en 1963 y 1964 bajo Belaunde, la participación norteamericana en la manufactura se incrementó de 35 millones de dólares en 1960 a 92 millones de 1966. Ello provocó que la tasa de crecimiento industrial fuese del 9%, la más alta de la región, pero el 80% de éste correspondía a la industria controlada por capital norteamericano. Así, en 1968, el 33% del valor de la producción industrial era

controlado por 41 empresas extranjeras. Similar proceso de concentración en manos extranjeras se produjo en el sector financiero. En 1960, el 36% de los activos bancarios se encontraba en poder de la banca extranjera; proporción que en 1966 subió al 62%. De allí que entre 1966 y 1969 la banca extranjera tuviera un crecimiento del 4% anual, mientras que la banca nacional sólo alcanzó el 1%. Esta invasión del capital extranjero estuvo ligada al incremento de su participación en los nuevos sectores dinámicos de la economía y en especial de la industria, en la medida que las empresas extranjeras ubicadas en este rubro se financiaban con el ahorro interno que la banca norteamericana lograba captar. Se repetía así el proceso de concentración monopólica del capital extranjero que se dio a principios de siglo. Sulmont resume las principales inversiones del capital extranjero en el sector minero bajo Odría: la Marcona Mining Company en el mineral de hierro (1952); la Cerro de Pasco Corporation en la refinería de zinc de La Oroya (1953); y la Southern Peru Copper Corporation en el cobre de Toquepala y el complejo metalúrgico de Ilo (1954). Asimismo, se crearon empresas metalmecánicas (Indeco, Exsa, Metales Industriales) y plantas de ensamblaje, con lo cual las empresas extranjeras comienzan a vender tecnología.

LA OLIGARQUÍA

Existe una relativamente amplia bibliografía respecto a la oligarquía en el Perú, cuyos estudiosos aún no se han puesto de acuerdo en algunos puntos importantes. Sin embargo, podemos señalar algunas características básicas. El término no define a una clase social, sino más bien a la alianza de diferentes fracciones de la clase dominante peruana. Éstas compondrían un bloque en el poder bajo la hegemonía de una de ellas: la burguesía agroexportadora; la burguesía financiera y manufacturera; y los terratenientes tradicionales de la sierra (gamonales). Se trataría de sectores dominantes posibles de ser diferenciados conformando una alianza en el poder, en donde la burguesía agroexportadora componía el grupo hegemónico. Su carácter era bastante cerrado, con características de máxima integración y relaciones sociales endogámicas (Bourricaud habla de la existencia de 40 familias y 10 clanes). Su poder se basaba en el control de las principales instituciones del aparato del Estado, así como de los sectores más importantes de la estructura productiva, cuyo polo hegemónico se encontraba en el sector moderno capitalista de la producción para la exportación (minería, azúcar, algodón, pesca). La fracción financiera y manufacturera era más bien de conformación reciente. Si bien el sector financiero existió antes, en la década del 50 comienza a expandirse a través del sector manufacturero. El gamonalismo representa el sector productivo del agro tradicional, especialmente en la sierra sur. La oligarquía logra el control de las principales instituciones del Estado (Ejecutivo, Parlamento, poder Judicial, municipalidades, universidad) mediante la marginación del sistema político y electoral de la mayoría de la población. Ello porque la oligarquía requiere de un aparato del Estado reducido, que no tenga injerencia en la economía y que sea garante del orden político y social. En ese sentido, establece alianzas con los terratenientes tradicionales de la sierra, los gamonales, para asegurar el control y represión de las masas campesinas. Las alianzas de las fracciones que componen el bloque en el poder pueden sufrir cambios o tensiones, especialmente frente a la presión política y social de los sectores medios y populares. En caso de ver de alguna forma amenazado el orden establecido, el bloque dominante puede recurrir al uso de la fuerza mediante el golpe de Estado para defender sus intereses. Sin embargo, en lo económico y en lo político, el Estado oligárquico se presenta formalmente como un Estado liberal. Finalmente, dentro del contexto de dependencia de la economía peruana del sistema capitalista mundial, la oligarquía cumple también un rol intermediario frente a los intereses del capital extranjero, cuyos márgenes de autonomía pueden variar según el momento y la situación.

LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO

Según ha sostenido Carlos Malpica, antes de 1968 existían seis grupos de poder económico.

El primero estaba conformado por las grandes empresas agrarias, mineras y pesqueras, además de las principales empresas comerciales de exportación y de las empresas navieras y de aviación, que en conjunto controlaban la producción y comercialización de los principales productos de exportación

mayoritariamente en manos de firmas extranjeras. Entre las empresas agrarias destacaban las propiedades de los hermanos Aspíllaga Anderson, de los hermanos Beltrán Espantoso, la empresa norteamericana Grace y la familia Gildemeister; entre las mineras, la Cerro de Pasco Corporation, la Southern Mining Corporation y la Marcona Mining Corporation; entre las empresas pesqueras, las pertenecientes a Luis Banchero Rossi.

Luis Banchero Rossi, empresario pesquero que constituyó un imperio económico en los años sesenta. Fue uno de los hombres más influyentes del Perú; murió asesinado el 1 de enero de 1972.

El segundo grupo de poder estaba formado por los bancos y las empresas financieras, entre los que destacaban el Banco Popular, perteneciente a la familia Prado, y el Banco Continental controlado por el Chase Manhattan Bank de la familia Rockefeller.

El tercero estaba formado por las empresas que controlaban la energía (petróleo y energía eléctrica), las comunicaciones y las productoras de materiales de construcción. Al interior de este grupo destacaban las empresas petroleras International Petroleum Company, la Compañía Petrolera Lobitos y la Belco Petroleum Corporation of Peru; en cuanto a energía eléctrica, las Empresas Eléctricas Asociadas, pertenecientes al grupo sueco Erickson; y en el sector de las comunicaciones predominaba la International V Telephone and Telegraph Company (ITT). Las empresas más importantes en el sector construcción eran Cementos Lima S.A., Cementos Chiclayo S.A. y Cemento Andino S.A.

El cuarto grupo estaba compuesto por las compañías comerciales, clasificadas de la siguiente manera: las dedicadas al comercio mayorista e importador (Grace, Hochschild, Wiese, Ferreyros) y las empresas del comercio minorista entre las que destacaban las cadenas de grandes almacenes (Tía, Monterrey, Oechsle, Scala, Sears, Todos y Supermarket).

El quinto grupo estaba formado por el sector industrial –sector que en la década del 50 comenzó un proceso de diferenciación y separación de los otros grupos de poder–, incluyendo el rubro textil que ya tenía presencia desde principios de siglo, las empresas ensambladoras de automóviles y de artículos eléctricos de uso doméstico, fabricados en el país, pero cuyos insumos y patentes eran extranjeros.

El sexto grupo estaba formado por las empresas urbanizadoras que lotizaron antiguas propiedades agrícolas, especialmente de los alrededores de las ciudades –como Lima–, que fueron diferenciando sus intereses y adquiriendo personalidad propia. En ese sentido, los gremios empresariales más importantes que defendían los intereses de estos grupos, eran los siguientes: Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, Sociedad Nacional Agraria, Asociación de Criadores Lanares del Perú, Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y Sociedad Nacional de Pesquería.

LA MOVILIZACIÓN OBRERA

Según Cotler, entre 1950 y 1967 el porcentaje de asalariados –obreros y empleados– creció de 45 a 54% al interior de la fuerza de trabajo. Mientras ésta creció en todo el período en 160%, la categoría de obreros se incrementó en 181%, la de empleados en 226% y la de independientes en 134%. Este crecimiento del número de obreros estaría vinculado a los procesos de incorporación de un mayor número de asalariados en las propiedades dedicadas a la agricultura de exportación –en desmedro de los yanaconas– y a la introducción de nuevas maquinarias en la producción. Las inversiones en la agricultura de exportación y en la minería exigieron, a su vez, una mayor calificación de la mano de obra, como también la migración hacia la costa favoreció la sedentarización de la fuerza de trabajo proveniente de las comunidades campesinas. La tendencia era, pues, a la disminución de los trabajadores del agro: en la década del 60 los trabajadores no agrícolas eran mayoría. Sin embargo, según Sulmont, las actividades que más absorbieron mano de obra fueron las del sector de comercio y servicios o terciario, mientras la manufactura –a pesar del crecimiento de su producción– siguió empleando la misma proporción de trabajadores. Este fenómeno, conocido como “tercerización” de la economía, es expresión de la incapacidad del sector manufacturero de absorber la mano de obra liberada del campo, que encuentra refugio en estas actividades. En 1961, la distribución era la siguiente: sector primario (agropecuario, pesca y minería), 52 %; sector secundario (manufactura y construcción), 17,3%; y sector terciario (servicios y comercio), 16,9%. En ese sentido, cabe destacar al interior de la fuerza laboral la existencia de numerosos centros de producción artesanal (pequeños talleres o industria casera), que absorbían la mayoría de la mano de obra, tanto que a fines de los años 60 los trabajadores de estos talleres representaban casi el doble del sector manufacturero. La mitad de esta población laboral estaba constituida por pequeños propietarios y el resto se dividía entre asalariados y trabajadores familiares no remunerados. Para poder sobrevivir, estos talleres abarataban al máximo la fuerza de trabajo, reduciendo sus gastos en capitales y produciendo bienes de segunda calidad destinados a los consumidores más pobres, para lo cual recurrían al sistema de trabajo a domicilio para abastecer a las grandes tiendas. Los talleres

dependen de la compra de insumos a empresas monopólicas y su acceso al crédito es limitado; se convierten así, más que en una opción de trabajo o de actividad económica, en una forma de subsistencia. Los trabajadores de dichos talleres no cuentan casi con organizaciones sindicales y sus reivindicaciones se manifiestan más bien en cuestiones de subsistencia y en el acceso a servicios urbanos, mayormente a través de asociaciones barriales. Aquí podemos encontrar los antecedentes de la llamada “informalidad” y de los sectores provincianos emergentes. Bajo el régimen de Odría, el movimiento obrero fue muy golpeado ya que la principal organización sindical, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), estaba bajo control aprista. La CTP fue declarada ilegal y sus dirigentes encarcelados, deportados o asesinados. Este último fue el caso de Luis Negreiros, encargado de la dirección de la CTP en la clandestinidad en reemplazo de Arturo Sabroso. Apresado en la noche del 24 de marzo de 1950, se le aplicó la “ley de fuga” y fue asesinado en la calle. Los locales sindicales fueron allanados y clausurados, y el uso del sistema de “soplonería” estuvo muy extendido. Situación similar sufrieron los sindicatos vinculados al PCP. Esta política represiva estuvo dirigida por el ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Zañartu. Paralelamente, Odría buscó ofrecer una imagen positiva con respecto al problema obrero. En 1949 se crea el ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, en cuyo interior se organizó una división

de Relaciones de Trabajo para la tramitación de las reclamaciones colectivas, y el Tribunal de Asuntos Colectivos. Asimismo, dictó la ley que otorgó participación a los obreros en los beneficios de las empresas (ley que no llegó a cumplirse y que fue un antecedente de la comunidad industrial), estableció el salario dominical y creó el Seguro Social Obligatorio del Empleado. Sin embargo, la política laboral de Odría se caracterizó por ser clientelística, paternalista y manipuladora. A pesar de la represión y de la política divisionista del gobierno, la CTP sobrevivió. Asimismo, el PCP consolidó su presencia sindical en el sur, impulsando en 1954 el comité reorganizador de la CTP, buscando desplazar al PAP de este gremio. Esta actitud doble del gobierno de Odría era necesaria ya que el régimen necesitaba contar con apoyo popular. Logró éxito en los sectores migrantes urbanos de las barriadas, la empleocracia y la pequeña burguesía, a través de la aplicación de programas de obras públicas, la organización de invasiones en terrenos urbanos y el reconocimiento de muchas barriadas. Asimismo, creó la Junta de Asistencia Nacional, dirigida por su esposa, María Delgado de Odría, para otorgar ayuda material, atención médica y vivienda a gente humilde. Aunque asistencialista y centrada en Lima, tal política logró darle a Odría el apoyo de importantes sectores populares urbanos, expresado en las abultadas votaciones que alcanzó en 1962 y 1963. En la década de 1950 también comienza a ser difundido el llamado “sindicalismo libre”, especialmente por la CTP controlada por el PAP. Se basaba en la idea de fomentar la negociación colectiva como principal medio de evitar la confrontación entre capital y trabajo, buscándose de esta manera –en el contexto de la Guerra Fría– que los obreros rechazasen el comunismo y apoyasen la promoción de la libre empresa. Así, el sindicalismo libre se presentaba como una fuerza reformista favorable a la modernización y a las actividades industriales, así como a la mejora del nivel de vida y de las condiciones de trabajo. Esto no impidió, como ya hemos señalado, la represión a los sindicatos obreros más radicales. Los problemas laborales empezaron a agudizarse durante el segundo gobierno de Prado. En diciembre de 1957 se produjo una huelga de los empleados públicos de correos y telégrafos, lo cual legalmente no estaba permitido. El diputado Carlos Ledgard, presidente de su cámara, actuó como mediador y se dictó una ley para financiar los aumentos mediante la subida de las tarifas de correos. En 1958 se realizó un paro en la ciudad del Cuzco, que fue reprimido con dureza. Los huelguistas ocuparon la prefectura, apresaron al jefe militar de la plaza, propusieron la formación de un comité popular o soviet y mantuvieron la ciudad bajo su control durante dos días. A principios de 1959 los trabajadores bancarios presentaron su pliego de reclamos y, al no llegarse a acuerdo alguno, iniciaron la huelga. En marzo de 1959 los banqueros presionaron por la elevación de las tasas de interés, entre otros recursos, para poder solucionar el aumento de los empleados bancarios. Otra huelga importante fue la del Seguro Social, en julio de 1962; duró 10 días y fue acatada a nivel nacional. Otras huelgas durante los últimos días del gobierno de Prado fueron: la de la fábrica Hartinger, la iniciada por los empleados de la Beneficencia Pública del Callao, así como las de la firma Imaco y la Compañía Peruana de Teléfonos. Según ha sostenido Sulmont, el rol del PAP durante estos años fue mantener la estabilidad laboral, ya que participaba de la política de la Convivencia. Al controlar la CTP, el PAP se convirtió en el intermediario obligado entre el Estado y el movimiento obrero. El Estado sólo reconocía los trámites sindicales que la CTP realizaba, por lo que ésta llegó a representar al 25% de los obreros. La CTP se encontraba, además, afiliada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, más adelante, a la Alianza para el Progreso. En el período 1956-1962 el gobierno reconoció 662 sindicatos, mientras en los seis años siguientes reconoció 1 248. Los años con mayor protesta social fueron 1961 y 1962. Sin embargo, al interior de la CTP, el PAP debía enfrentar la oposición de los sectores no apristas, lo cual dio inicio a su desplazamiento en el control de las organizaciones sindicales. Paulatinamente, importantes federaciones y sindicatos comenzaron a romper con la CTP y surgieron organizaciones paralelas controladas por otros sectores políticos (PC, AP, DC). Sin embargo, el PAP logró mantener el control y la cohesión de la CTP hasta la fundación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), controlada por el PCP. La oposición logra dar surgimiento al Comité de Reorganización y Unificación Sindical (CRUS) de la CTP, en 1962, en el contexto del golpe de Estado de la junta militar. Al día siguiente del golpe, la CTP convocó a un paro general de rechazo, que fracasó rotundamente, lo cual significaba que el PAP mostraba ya incapacidad para movilizar a los sindicatos; días después se formaba el Comité de Reorganización. Pero ante la cohesión y fuerza de las organizaciones sindicales apristas, dicho organismo asumió en 1965 la línea –impulsada principalmente por el PCP– de fundar una central independiente, aglutinando a los sindicatos y federaciones no apristas. A pesar de las expectativas generadas por el gobierno de Belaunde, su gestión se caracterizó por fuertes enfrentamientos laborales.

Solamente durante el primer año se produjeron tres importantes huelgas: la de Loza Inca, la de la Federación Metalúrgica y la de la Federación de Empleados Bancarios; aunque ninguna prosperó, debido a las divisiones sindicales internas. Sin embargo los efectos antipopulares de la crisis devaluatoria dieron nuevo impulso a la movilización sindical, pero especialmente al proceso de conformación de una central sindical alternativa a la CTP. Ya en 1965 se había formado el Comité de Defensa y Unificación Sindical (CDUS), que asumió la dirección de las protestas contra el gobierno, mientras el PAP buscaba un acuerdo con éste, que culminaría en la conformación del “gabinete conversado”. Ello provocó un mayor distanciamiento de los organismos sindicales con respecto a la CTP. Finalmente, en julio de 1968 en el puerto del Callao, el CDUS organizó un congreso que aprobó la creación de una nueva central sindical. En dicho congreso participaron 19 federaciones y 66 sindicatos, representando aproximada- mente a 140 mil trabajadores. La nueva central nombró como secretario general a Isidoro Gamarra, dirigente del sindicato de Construcción Civil, y tomó el nombre de Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), en honor a la central sindical fundada por José Carlos Mariátegui en 1929.

María Delgado de Odría (al centro con gafas) dirigió la Junta de Asistencia Nacional creada durante el mandato de su esposo, el general Manuel A. Odría, ganándose prontamente el cariño y el respaldo popular. Participó en las elecciones de 1963 para la alcaldía de Lima como la principal adversaria de Luis Bedoya Reyes, quien finalmente ganaría estos

comicios.

LA CRISIS DEL LATIFUNDIO TRADICIONAL

La estructura social del agro, antes de la reforma agraria de 1969, estuvo basada en una compleja combinación de sistemas y relaciones de trabajo, de tipo asalariado, servil, parcelario, además de múltiples formas mixtas. En 1961 los trabajadores del campo se distribuían de la siguiente manera: parcelarios

(comuneros y pequeños propietarios independientes), 60%; arrendatarios (aparceros, yanaconas y colonos), 15%; y asalariados permanentes, 25%. El proceso de modernización capitalista, que tuvo un nuevo impulso en la década del 50, alteró el mundo rural tradicional. Como resultado del proceso de industrialización bajo el modelo de “sustitución de importaciones”, las relaciones campo-ciudad sufrieron un cambio drástico en desmedro del primero, expresado en el deterioro de los precios agrícolas a pesar del aumento de la demanda urbana. La elección de una política económica de importación de alimentos, de control de precios y de concentración del crédito en la agricultura costeña, significó castigar duramente la economía campesina, pero también sacrificar los intereses de los latifundistas tradicionales en favor del desarrollo capitalista. El desarrollo industrial requería la constitución de un amplio mercado interno de trabajadores libres y de productores y consumidores de mercancías diferenciadas. El deterioro de las condiciones de vida en el campo significó también la expulsión de importantes contingentes serranos –población “excedente” en relación a los medios de producción y subsistencia disponibles-, que comenzaron a migrar a las ciudades, especialmente hacia Lima. Éstas se convirtieron así en un importante polo de atracción de mano de obra ilusionada con la idea de encontrar mejores niveles de vida. La población rural disminuyó en relación a la población urbana: en 1940 representaba el 65% del total, en 1961 el 53% y en 1972 sólo el 40%. Los conflictos que surgieron entre el campesinado y los terratenientes caracterizan también a este período. Los terratenientes necesitaban cambiar sus relaciones con el campesinado, pero sin transformar las formas de dominio tradicionales; es decir, imponer condiciones más duras. En el caso de las haciendas tradicionales de la sierra, los propietarios presionaron para erradicar los antiguos sistemas y expulsar a los campesinos, proletarizándolos. En las haciendas ganaderas del centro se intentó expulsar a los “huacchileros”, pastores que tenían sus propios rebaños junto con los del hacendado. Además, la sección ganadera de la Cerro de Pasco Corporation cercó las tierras de pastoreo que eran utilizadas tradicionalmente por las comunidades. Sin embargo, las ganancias fueron orientadas hacia la inversión en sectores urbanos y la mayoría de latifundios se mantuvo muy atrasada, usando formas serviles de trabajo campesino. En la ceja de selva comenzaron a desarrollarse cultivos de té y café para la exportación. La incapacidad de los terratenientes para cambiar la situación a su favor y las luchas campesinas por la tierra que abarcaron los años 1948-1964 fueron las causas del derrumbe del latifundio tradicional. Ello fue así pese a los tímidos proyectos de reforma agraria que intentaron concretar los diferentes gobiernos. Cuando el gobierno militar dictó la ley de Reforma Agraria de 1969, sólo le dio el golpe final.

LAS MIGRACIONES

Con la crisis del orden tradicional en el campo, las ciudades se constituyen en importantes polos de atracción de migrantes. La aparatosa caída de los ingresos rurales, unida al desarrollo del capitalismo urbano y sus patrones culturales, alentaron a los medianos propietarios agrícolas y a los campesinos, especialmente serranos, a migrar a las ciudades costeñas donde percibían canales abiertos de movilidad social. Las migraciones hacia las ciudades no eran un fenómeno nuevo, pero las características de la migración interna desde 1940 fueron diferentes a las de siglos anteriores. En primer lugar, habría que resaltar su masividad: según datos de los censos, el porcentaje de la población peruana en situación de migrante subió de 11% en 1940 a 25% en 1972, lo que significa la cuarta parte de la población total. En segundo lugar, los migrantes ya no proceden de las principales capitales de provincia ni pertenecen a sectores medios y altos que buscan en las ciudades consolidar su posición económica o realizar estudios universitarios, sino que proceden mayoritariamente de diferentes distritos, comunidades o pueblitos serranos. En tercer lugar, las edades de los migrantes suelen estar entre los 14 y los 19 años, cuando ya pueden empezar a trabajar. Además de la crisis del orden tradicional en el campo como causa de las migraciones, habría que sumarle el centralismo limeño, el lento declive de la mortalidad gracias a la aplicación de políticas de salubridad pública y la construcción de importantes vías de comunicación, especialmente terrestres. El efecto inmediato de las migraciones se dio a nivel del empleo. El abandono del campo invirtió el volumen de población rural y urbana con los consiguientes transtornos. La masiva migración a las ciudades hizo patente que el Estado no estaba en capacidad de satisfacer las exigencias de educación, salud, vivienda y trabajo de quienes llegaban a radicarse en ellas. Como ha sostenido Aníbal Quijano, ello creó el fenómeno de la “marginalidad”: una población en permanente estado de desempleo y subempleo. Franklin Pease ha señalado que la migración no es sólo física, sino

también cultural. Ello ha provocado el cambio en el rostro de las ciudades, especialmente Lima, que han pasado de tener un carácter occidental y criollo a otro mestizo y andino. Se han modificado las pautas lingüísticas, lo que se expresa en un aumento del bilingüismo, han emergido nuevas conductas festivas, que incluyen el desplazamiento de música costeña por diversas manifestaciones regionales serranas o la “chicha”, mal llamada “música tropical andina” –que adapta ritmos andinos a la instrumentación moderna y desarrolla temas que fortalecen las identidades de los migrantes–, y a múltiples manifestaciones de religiosidad popular. Pero las migraciones hacia las ciudades también agudizaron los sentimientos ambivalentes de desprecio y temor de los sectores medios y altos urbanos –y aun populares– limeños, frente a los migrantes, quienes comenzaron a crear cercos de pobreza alrededor de las ciudades. Así, al temor y desprecio de clase se sumaron los prejuicios étnicos, con su cuota de discriminación y racismo. Con ello se reforzó también la denominada “arcadia colonial” de la ciudad de Lima, en palabras de Sebastián Salazar Bondy.

EL PROCESO DE URBANIZACIÓN

El aumento de la población urbana a causa de las masivas migraciones ha producido un creciente proceso de urbanización con un consecuente crecimiento caótico y desmedido de las ciudades, incapaces de absorber y otorgar servicios básicos a una población cada vez más creciente. Entre estos servicios el aspecto más saltante ha sido el problema de la vivienda, reflejado en el fenómeno de las invasiones y el surgimiento de las barriadas. Originalmente la ocupación de terrenos se daba lejos de las zonas residenciales, pero el exceso de población ha ido uniendo a estos sectores con el resto de la ciudad y las invasiones se han proyectado dentro de las zonas urbanizadas. De esta manera surgieron nuevos distritos, cuyos orígenes se remiten a invasiones de tierras. En la actualidad, debido a la escasez de éstas y al crecimiento desmedido de las ciudades, las invasiones han pasado a afectar tierras de cultivo y zonas arqueológicas. Según datos recogidos por Margarita Guerra, una de las primeras barriadas de Lima se conformó en el cerro San Cosme, a mediados de 1946, producto de un desalojo de familias para realizar nuevas construcciones. No teniendo recursos económicos estas familias se ubicaron en la avenida Aviación, sumándose posteriormente otros pobladores. De allí pasaron al cerro San Cosme frente al mercado Mayorista, donde conformaron una asociación de pobladores que abrió la inscripción de las familias que querían un lote. Los propietarios iniciaron un juicio, ganado a mediados de 1947, pero los pobladores se resistieron y el gobierno dejó sin efecto el fallo judicial, reconociendo la propiedad de los pobladores. Hacia 1957 el número aproximado de barriadas era de 20, la mayoría de las cuales se había formado en la década anterior. La ubicación de estos asentamientos ocurrió en los alrededores del distrito del Rímac, donde nacieron Santa Rosa, Tarma Chico, El Altillo y El Ermitaño. También se formó, en la falda del cerro La Tapada, el asentamiento Mariscal Castilla inicialmente llamado Restauración 27 de Octubre. Tanto en este caso como en otros posteriores, los invasores ponían nombres alusivos al gobierno de turno, tratando de esta manera de ganar su favor. Otras barriadas del Rímac son: Jardín Castilla, Jardín Huascarán, Villa de Fátima y Leticia –una de las poblaciones más antiguas y La

migración produjo en algunas familias éxito económico, pero también generó un cerco de abandono y carencias en vastas zonas de la capital. En la imagen viviendas del cerro San Cristóbal, en Lima.

de escasos recursos que se ubicó en las faldas del cerro San Cristóbal–; en los Barrios Altos se estableció la tristemente célebre Huerta Perdida. La otra gran expansión de barrios clandestinos o suburbanos se produjo en el distrito de La Victoria, que abarca la zona que va desde la avenida Grau hacia las avenidas 28 de Julio e Isabel La Católica, y que de allí sube hacia la carretera Central. Allí se establecieron El Porvenir, Mendocita, cerro San Cosme, El Agustino, cerro San Pedro, Santa Clara de Bella Luz, Doña Luz e Independencia. Lima pasó de una población de 533 645 habitantes en 1940 a 2 245 067 en 1971.

EL CENSO DE 1961

Este censo fue el VI de Población y el I de Vivienda y se realizó el 2 de julio de 1961. Sus resultados señalaron un total de 9 906 746 habitantes, divididos en 4 925 518 hombres y 4 981 228 mujeres, con un ritmo de crecimiento de entre 2,5 y 3,5% al año. La población rural abarcaba alrededor del 55% del total (5 208 568 millones) y la urbana el 45% restante (4 698 178 millones). La población de Lima llegaba a los 2 031 051 habitantes (casi el 20%). La mayor concentración de población estaba entre los 0 y los 9 años con casi un 30%. La PEA ascendía a 3 045 000 habitantes con 1 900 700 para el campo y 1 144 300 para la ciudad. Como ha resaltado Franklin Pease, a diferencia del Censo de 1941, el de 1961 ya no incluyó variables altamente dudosas basadas en la composición racial, pues categorías tales como “indio” o “mestizo” no sólo eran categorías raciales sino también sociales. Pero sí mantuvo indicadores discutibles como la definición de “centro urbano”: se consideraba urbana aquella población que vivía en las capitales de las circunscripciones territoriales o distritos, una distinción arbitraria porque muchas de ellas podrían ser fácilmente consideradas “rurales”. Es cierto que cualquier delimitación que se haga en este terreno sería igualmente arbitraria, sea por circunscripción política o por núcleo de habitantes por poblado, desde que la noción de “urbano” podría también pensarse en relación con la presencia o ausencia de determinados servicios (educación, salud) o por el tipo de dedicación laboral.

LAS MOVILIZACIONES CAMPESINAS (1945-1964)

Según Sulmont, existieron dos tipos de movilizaciones campesinas: el primero corresponde a las haciendas agroindustriales de la costa, en las que la sindicalización había avanzado con la organización de la Federación de Trabajadores Azucareros (bajo control del PAP) y la Federación de Yanaconas y Campesinos del Perú (bajo control del PCP). En 1960, ambas federaciones se unificaron en la Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP). Entre 1957 y 1960 se desarrollaron importantes movilizaciones en haciendas como Cayaltí, Pomalca, Casagrande y Paramonga, en las cuales se realizaron matanzas de trabajadores. El segundo tipo de movilización corresponde a las haciendas tradicionales de la sierra. Allí cobró gran importancia la toma de tierras (recuperación o invasión, según el punto de vista) por parte de las comunidades, especialmente entre 1960 y 1963. Aquí también se cometieron matanzas contra los campesinos como en Calipuy, Rancas y Yantac. En la sierra sur se desarrollaron los sindicatos de arrendires, allegados y feudatarios para defender sus tierras y los intentos de monopolización de los beneficios de la producción de té y café. En 1962, el PCP funda la Confederación Campesina del Perú (CCP) en contraposición a la FENCAP del PAP. Sin embargo, ambas organizaciones fueron muy golpeadas por los efectos desmovilizadores de la reforma agraria de 1962 y 1964, y por la represión derivada de la lucha contra las guerrillas en 1965. Asimismo, en 1964 la división al interior del PCP afecta a la CCP cuando uno de sus asesores, el abogado Saturnino Paredes, encabeza la línea maoísta. Investigadores como Alberto Flores Galindo y Pedro Gibaja dividen en tres momentos este período de las luchas campesinas por la tierra. El primero, de 1945 a 1948 –bajo la influencia del PAP y las posibilidades que ofrecía el régimen democrático de Bustamante y Rivero–, cuando diversas comunidades de la sierra central comienzan a gestionar su reconocimiento oficial de conformidad con la ley promulgada durante el Oncenio, acontecimientos que fueron acompañados por el inicio o reinicio de procesos judiciales entre comunidades y haciendas. A su vez, al interior mismo de las haciendas las relaciones de dependencia personal ingresan a una crisis definitiva cuando los colonos organizan sus primeros sindicatos, sumándose a los del proletariado agrícola y a los yanaconas de la costa. Este proceso fue interrumpido por la dictadura de Odría, que aplicó una dura persecución al sindicalismo comunista y aprista. El segundo momento va de 1956 a 1962, cuando la movilización campesina y el sindicalismo campesino se propagan de la sierra central a otras áreas del país, en especial al departamento del Cuzco, teniendo su expresión más alta en la ocupación del valle de La Convención por los sindicatos campesinos organizados por Hugo Blanco. El tercer momento, de 1962 a 1964, se caracteriza por la generalización de las ocupaciones –o recuperaciones– masivas de tierras a través de los sindicatos campesinos, pese a la represión estatal, situación que se da a lo largo y ancho del país, aunque en menor grado en el norte y la costa. Ello llevó a un replantamiento del debate alrededor de la reforma agraria. Desde 1964 se asiste a un descenso de la movilización campesina. Estos 20 años debilitaron la economía terrateniente, afectaron los mecanismos de reciprocidad entre hacendados y colonos, y socavaron las bases del poder local. Muchos hacendados comenzaron a abandonar sus propiedades y otros a parcelarlas o a venderlas a los campesinos. Este proceso de parcelación, realizado por los latifundistas temerosos de la movilización campesina, fue denominado “reforma agraria privada”. Flores Galindo ha resaltado algunos rasgos de estas movilizaciones, diferenciándolas de las ocurridas en otros períodos históricos. En primer lugar, las ocupaciones de tierras fueron antecedidas por disputas judiciales entre las comunidades y las haciendas. Para ello, los campesinos recurrieron a personeros o representantes legales como Genaro Ledesma Izquieta y exhibieron títulos de propiedad que en muchos casos databan del período colonial. Estos juicios mostraban el espíritu legalista que caracteriza al campesinado andino, ya que las ocupaciones eran anunciadas con anterioridad y en las primeras etapas ocurrieron sin producir enfrentamientos violentos (quienes recurrieron a la violencia fueron los hacendados o la policía, produciéndose masacres de campesinos y enfrentamientos violentos entre 1962 y 1964). En segundo lugar, la movilización campesina abarcó gran parte del territorio nacional, de la sierra norte a la sierra sur, zonas altoandinas y la costa, e incluso la ceja de selva, aunque no se llegó a constituir una dirección nacional unificada. En tercer lugar, a la participación de las comunidades campesinas se suman de manera masiva y por medio de la sindicalización, los colonos de haciendas, lo cual dará a la movilización campesina un carácter ofensivo frente a los hacendados. En ese sentido, la composición social de la movilización campesina es vasta y heterogénea: comuneros, colonos, proletarios agrícolas y yanaconas. En cuarto lugar, el predominio de los objetivos campesinos frente a las reivindicaciones étnicas. El objetivo central de la movilización campesina fue la lucha

por la tierra, al cual se suman claros objetivos antifeudales: abolición de las formas serviles y el trabajo gratuito a favor de la implantación del salario (o su aumento si existía), la jornada de ocho horas, el derecho a la escuela y otros servicios. Algunos componentes indígenas se mantuvieron en estas protestas, como el uso reiterado del quechua en mítines y asambleas, el empleo de la música andina en las ocupaciones y los rasgos mesiánicos que rodearon a líderes campesinos como Hugo Blanco. Finalmente, el uso de símbolos como la bandera y el himno nacional; por un lado, se usaban como un medio para buscar un terreno común de negociación y sortear la represión, pero significaban también la incorporación al mundo campesino de un componente ideológico como es el nacionalismo. Este aspecto de lo nacional también se puede encontrar en la búsqueda de apoyo en otros sectores sociales, especialmente urbanos. Es obvio que estos rasgos están relacionados con los cambios ocurridos en la estructura social: la penetración del capitalismo en el campo, la conformación de un mercado interior y las migraciones; procesos que confirieron movilidad al campesinado y ampliaron sus posibilidades de conciencia, a la vez que fueron articulando los diversos espacios componentes del territorio peruano. Pero ¿por qué, pese a su fuerza y amplitud, la movilización campesina no pudo realizar una revolución agraria por sí misma? La carencia de apoyo de otros sectores sociales, su heterogeneidad y falta de centralización, la falta de una dirección política y la hábil política del Estado de combinar represión con concesiones, fueron las razones más importantes.

LOS DEBATES ACERCA DE LA REFORMA AGRARIA

Como ha reseñado Henry Pease, hacia fines de los 50 la presión de la lucha por la tierra comienza a tener efecto en el sistema político. Producto de una mayor integración debido al incremento de las comunicaciones, las protestas campesinas comenzaron a tener rápido impacto en Lima, centro del sistema político. El campesino se hace oír en la ciudad a través de las cámaras de televisión, la prensa y la radio. El debate parlamentario en los años 1958 y 1959 generó en la opinión pública la convicción de la urgencia de una reforma agraria. El gobierno de Manuel Prado constituyó una comisión presidida por Pedro Beltrán, en ese entonces premier y ministro de Hacienda y Comercio, e integrada por otros representantes de los propietarios de grandes extensiones de tierra. Dicha comisión, al mismo tiempo que una propuesta sobre la vivienda, elaboró un proyecto de ley de Reforma Agraria centrado en acciones de colonización, en el cual sólo los predios no trabajados resultaban sujetos a afectación. A partir de este proyecto se dictó una ley de Inmigración para facilitar la colonización de zonas de la selva alta y favorecer la ocupación de predios no trabajados. Dicha ley se basaba en la desgravación de im-

Uno de los argumentos de los grupos opuestos a una reforma agraria era la colonización de la selva peruana para usos agrícolas. La idea de una “conquista del Este peruano” se tradujo en una legislación dictada durante el mandato de Manuel Prado Ugarteche.

puestos a los capitales privados que incrementaran la producción y propiciaran el afianzamiento de grupos humanos en la selva; las tierras selváticas no trabajadas que fueran útiles para colonización serían revisadas y utilizadas para la formación de granjas; se ofrecía asesoría técnica y crediticia al colono por medio del Instituto de Reforma Agraria y Colonización; los colonos preferenciales serían obreros excedentes de alguna compañía minera o de otras industrias que no podían ser absorbidos por otras actividades. Debido a esta ley se establecieron colonias en los departamentos de Junín, San Martín, Amazonas, Cuzco, Madre de Dios y Puno. Al asumir el gobierno, Belaunde se comprometió a ejecutar una amplia y resuelta reforma agraria. La oposición APRA-UNO frenó sistemáticamente esta reforma, logrando que la ley Nº 15037 de 19 de mayo de 1964 no afectara los complejos agroindustriales azucareros mediante un estatuto de excepción; la ley parecía entonces apuntar hacia el terrateniente tradicional de la sierra. Si bien al principio dicha afectación estaba permitida legalmente, la Coalición movió todos sus recursos en el Parlamento y el poder Judicial para impedir su ejecución y la asignación de fondos y recursos para el pago de las expropiaciones. La ley contemplaba la afectación escalonada según la extensión de tierras, disponiendo asimismo la abolición de los servicios personales vinculados a la tierra y determinando un nuevo régimen de aguas. Sin embargo, la misma ley admitía los denominados “regímenes de excepción”, aplicables a las haciendas cuyo producto fuese destinado al abastecimiento de plantas industriales (haciendas azucareras y algodoneras). Se creó, además, un Consejo Nacional Agrario –integrado por delegados del Ejecutivo y del Parlamento, así como por representantes de los propietarios–, en el cual el Ejecutivo estaba en minoría. Había dos representantes de los trabajadores: un delegado de la FENCAP y otro de la CTP, ambas controladas por el PAP. Había, además, delegados de los grandes propietarios: de la Sociedad Nacional Agraria y de la Sociedad de Ganaderos del Perú. Para distraer los esfuerzos de la comisión se dio prioridad a la reforma en los lugares donde existían feudatarios. Con ello no se afectaba esencialmente el sistema de tenencia de la tierra y se conseguía el respaldo de miles de pequeños propietarios. Paralelamente, se dejaba de lado toda acción contra los grandes propietarios. Poco a poco el gobierno de Belaunde se doblegó, frenando la reforma agraria. El ritmo de afectación en el

período fue muy lento: hasta el 30 de setiembre de 1968 se habían expropiado 769 942,53 ha, y 214 286,45 ha tenían concluidos sus trámites de expropiación, pero sin financiamiento para terminar el proceso. En total se beneficiaron 11 760 familias.

EL PROBLEMA DEL PETRÓLEO

Como ha reseñado Kuczynski, desde la década de 1930 el tema del laudo a La Brea y Pariñas no había vuelto a ser tocado. Ello se debió fundamentalmente a la falta de un punto de vista nacional único acerca de la importancia económica de la IPC, su impacto en las relaciones con Estados Unidos y las posibles ventajas de su nacionalización. Según Kuczynski, estaba comprobado que a fines de los años 60 la IPC era el segundo contribuyente en el Perú, ya que producía tres cuartos del crudo del país y era un gran proveedor de empleo, especialmente en la ciudad de Talara. Las posiciones contrapuestas se reflejaron en los diarios más importantes de entonces: La Prensa defendió a la IPC, apoyada por el gobierno de Prado y el PAP. En cambio, El Comercio denunciaba su presencia como un enclave colonial, aglutinando a los partidos y sectores nacionalistas. Paulatinamente, iba constituyéndose una opinión pública mayoritaria a favor de la expropiación. La posición de la embajada de los Estados Unidos varió con los años y no siempre fue similar a la de la empresa en cuestión. Sin embargo, su mensaje en las décadas del 50 y 60 era que “dañar” o “hacer algo” a la IPC sería muy malo para las relaciones con los Estados Unidos, ya que una acción en contra constituiría un precedente negativo para las relaciones entre las compañías norteamericanas y otros países productores de petróleo. El gobierno norteamericano incluso amenazó con aplicar la enmienda Hickenlooper, que obligaba al Ejecutivo de los Estados Unidos a cortar la compra de azúcar en caso de realizarse expropiaciones que no fueran rápida y efectivamente pagadas. También se hallaba latente la posibilidad de la suspensión total de la ayuda norteamericana. El diario El Comercio había atacado a la IPC desde antes de la Segunda Guerra Mundial, haciendo campaña a favor de la expropiación desde fines de los años 50. Se decía que los sentimientos de su director, Luis Miró Quesada, contra la IPC, habían despertado cuando desembarcó en el puerto de Talara, centro de operaciones de la IPC, a fines de los años 20 y leyó un letrero que decía: “Talara. Puerto norteamericano”. La opinión del Ejército también evolucionó gradualmente. A partir de 1967, su posición era que la IPC debía irse de una forma u otra. Bajo el gobierno de Odría, la IPC aceptó someter sus operaciones al régimen normal peruano de impuestos a la renta. En 1957, la compañía pidió al gobierno de Prado transferir La Brea y Pariñas al sistema de concesiones de la ley de Petróleo de 1952. La petición, sin embargo, fue rechazada, ya que la IPC quería seguir pagando impuestos a las tasas especiales más bajas aplicables a ella. En 1959 el suspenso de las relaciones entre la IPC y el gobierno peruano terminó, pues Pedro Beltrán –como premier y ministro de Hacienda– decretó el alza del precio de la gasolina, que implicaba un incremento de los impuestos a las utilidades pagaderas por la IPC; asimismo, el decreto permitía que el gobierno negociara una concesión regular para La Brea y Pariñas, de acuerdo a la ley de Petróleo de 1952, lo que fue condenado tanto dentro como fuera del Congreso. Aunque el voto de censura contra Beltrán fracasó, el arreglo con la IPC no llegó a concretarse. Una serie de proyectos de ley para la nacionalización de La Brea y Pariñas fueron presentados durante el debate; aun cuando ninguno de ellos fue aprobado, sirvieron para discutir nuevas alternativas.

Gran parte de las propuestas de Fernando Belaunde serían desvirtuadas por la oposición conformada por el APRA y la UNO, que tenían mayoría en el Congreso. Con Isaac Lindley, en

una fotografía de 1965.

Una de las razones del apoyo a Belaunde en 1962 por parte de la junta militar había sido su posición respecto a la IPC. El día que asumió la presidencia prometió entregar al Congreso, en 90 días, una propuesta de arreglo definitivo con la IPC, nombrando al independiente Mario Velasco para encabezar las negociaciones, pero no se llegó a ningún acuerdo. Asimismo, la Coalición entorpeció los arreglos al igual que otras reformas importantes. No aceptó el proyecto de ley que devolvía la propiedad del subsuelo al Estado peruano, y más bien dictó leyes que entorpecieron las negociaciones y sometieron cualquier posibilidad de acuerdo con la IPC a la mayoría parlamentaria de la Coalición. Belaunde no sólo debió enfrentar a la Coalición sino además las divergencias al interior de su propio partido, tanto de sectores conservadores como radicales. Por otro lado, a lo largo de la administración belaundista, el gobierno de Estados Unidos condicionó, en diversos grados, la disponibilidad y volumen de los fondos de la AID a la solución del problema de la IPC, aunque ninguna parte de las operaciones fue expropiada. Dentro de este contexto, en medio del proceso de recomposición de las alianzas políticas en 1968, se produciría el escándalo del Acta de Talara.

La solución definitiva de las diferencias entre el Estado peruano y la International Petroleum Company fue uno de los primeros puntos de la agenda política de Fernando

Belaunde Terry. La lenta negociación produjo una sensación de malestar en la opinión pública, a lo que se sumó el escándalo de la llamada página 11 del Acta de Talara.

EL GOLPE DEL 3 DE OCTUBRE DE 1968

Los hechos que provocan la conspiración militar enmarcan el constante desprestigio del gobierno, agobiado por acusaciones de corrupción, responsabilizado de la crisis económica y, sobre todo, del incumplimiento de su programa reformista, base del apoyo que el Ejército le había brindado a Belaunde desde las elecciones de 1962. Entre febrero y marzo de 1968 se constituyó el grupo conspirativo conformado por nueve oficiales del Ejército: cinco generales, entre los que se incluía Velasco, y cuatro coroneles, que desarrollaron diversos planes para la realización del golpe y elaboraron un esquema de plan de gobierno. Con el escándalo de la página once, se da la situación propicia y se cierran las posibilidades de que las Fuerzas Armadas continuasen apoyando al gobierno. Se abría además la perspectiva de que el PAP ganase las elecciones generales del año siguiente. Cuando los militares inician el golpe en la madrugada del 3 de octubre de 1968, el gobierno no pudo oponer resistencia. El entusiasmo y el apoyo popular de cinco años atrás habían desaparecido, de allí que las protestas contra el golpe fueran esporádicas, débiles e ineficaces, encabezadas por sectores influenciados por el PAP. Así, sin pena ni gloria, acabó el gobierno que tantas esperanzas había creado; con él acabó una época.

EL MANIFIESTO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS

ARMADAS

Mientras se realizaban las negociaciones para la formación de la junta revolucionaria, fue lanzado un primer comunicado fechado el 2 de octubre, que establecía las razones del golpe. En primer lugar, se señalaba la resistencia de “poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos” a la “realización de las básicas reformas estructurales”. En segundo lugar, una negativa marcha económica, donde además de la crisis generada “han quedado comprometidos nuestros recursos en condiciones de notoria desventaja para el país, lo que determina su dependencia de poderes económicos, lesionando nuestra soberanía y dignidad nacionales”. En tercer lugar, la inmoralidad en la administración pública, generada por la “ambición incontrolada dentro del ejercicio de las actividades inherentes a los poderes Ejecutivo y Legislativo, (y) en el desempeño de los cargos públicos de administración”. Por último, el fracaso del programa reformista de Belaunde – “que fue esperanza de renovación y de transformaciones revolucionarias”– debido a “la indefinición, la componenda, la inmoralidad, el entreguismo, la claudicación, la improvisación, la ausencia de sensibilidad social, caracteres constitutivos de un mal gobierno, que en tales condiciones no debía seguir detentando el poder”. Pero la gota que derramó el vaso fue la alianza de Belaunde con el PAP y el Acta de Talara: “La culminación de los desaciertos ha tenido lugar en el uso incontrolado y doloso de inconstitucionales facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo, así como en la seudo solución, entreguista, dada al problema de La Brea y Pariñas, que evidencian que la descomposición moral en el país ha llegado a extremos tan graves que sus consecuencias son imprevisibles para el Perú”. Como programa y principios rectores el manifiesto señalaba que: “La acción del gobierno revolucionario se inspira en la necesidad de transformar la estructura del Estado, en forma tal que permita una eficiente acción de gobierno; transformar las estructuras sociales, económicas y culturales; mantener una definida actitud nacionalista, una clara posición independiente y la defensa firme de la soberanía y dignidad nacionales; restablecer plenamente el principio de autoridad, el respeto y la observación de la ley, el predominio de la justicia y de la moralidad en todos los campos de la actividad nacional”. Asimismo, “el gobierno revolucionario declara su respeto a los tratados que en el orden internacional tiene celebrados el Perú; que se mantendrá fiel a los principios de nuestra tradición occidental y cristiana; y que alentará la inversión extranjera que se sujete a las leyes e intereses nacionales”. Finalmente, el gobierno revolucionario “hace un llamado al pueblo peruano a fin de que, confundido con la Fuerza Armada, luche por lograr una auténtica justicia social, un dinámico desarrollo nacional y el restablecimiento de los valores morales que aseguren a nuestra patria la consecución de sus superiores destinos”.

LA JUNTA DE GOBIERNO

El 3 de octubre de 1968 fue depuesto el arquitecto Belaunde. El gobierno militar impulsaría una serie de reformas que modificaron el perfil social y productivo de la sociedad peruana. El general de división Juan Velasco Alvarado encabezó la junta que depuso a Fernando Belaunde Terry en 1968. Las acciones de su gobierno cancelaron a la llamada oligarquía peruana y a la vez iniciaron el monopolio estatal en varios sectores productivos

El golpe había comenzado a ser planificado desde los primeros meses de 1968 por oficiales del Ejército, encabezados por el general de división Juan Velasco Alvarado. El grupo estaba compuesto por cinco generales y cuatro coroneles; el núcleo de estos últimos fue el que fundamentalmente llevó a cabo el golpe de Estado (Jorge Fernández Maldonado, Leonidas Rodríguez Figueroa, Enrique Gallegos Venero y Rafael Hoyos Rubio). Según Kruijt, para realizar el golpe se movilizaron dos coroneles, nueve comandantes, diecisiete oficiales y ciento cincuenta “rangers”. La Aviación y la Marina tuvieron que plegarse una vez consumados los hechos, aunque la segunda tuvo algunas vacilaciones; recién en horas de la tarde del día del golpe, las tres ramas llegaron a un acuerdo. Sin embargo, el comandante general de la Marina, vicealmirante Mario Castro de Mendoza, solicitó su pase al retiro y fue reemplazado por el contralmirante Raúl Ríos Pardo de Zela. Asimismo, se le pidió su renuncia al general de división Alejandro Sánchez Salazar, partidario de Belaunde y segundo hombre en la jerarquía del Ejército. De esa manera, el general Velasco pudo renunciar a su cargo de comandante general del Ejército, dejando en su lugar al general Ernesto Montagne. La junta revolucionaria quedó así compuesta por el general Juan Velasco Alvarado, quien la presidía; el general Ernesto Montagne Sánchez, por el Ejército; el vicealmirante Raúl Ríos de Zela, por la Armada; y el teniente general Alberto López Causillas, por la Fuerza Aérea, firmantes del estatuto del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Los generales y almirantes en servicio activo ocuparon los principales ministerios y juramentaron en palacio de Gobierno en la noche del 3 de octubre. Mientras tanto, el grupo de coroneles que planificó y llevó a cabo el golpe pasó a conformar el Comité de Asesoramiento del Presidente (COAP), organismo creado la noche anterior como una especie de Estado Mayor político del primer mandatario. Más adelante, el general Velasco contaría con un importante grupo de asesores civiles identificados como intelectuales de izquierda. Entre otros estaban Augusto Zimmermann (secretario de prensa de Velasco), Alberto Ruiz Eldredge (quien tuvo a su cargo el litigio contra la IPC),

Augusto Salazar Bondy y Walter Peñaloza Ramella (encargados de las bases doctrinarias de la reforma educativa), Carlos Delgado Olivera (secretario de Velasco y uno de los ideólogos de la revolución), Héctor Cornejo Chávez, Héctor Béjar y Carlos Franco.

El general de división Juan Velasco Alvarado encabezó la junta que depuso a Fernando Belaunde Terry en 1968. Las acciones de su gobierno cancelaron a la llamada oligarquía peruana y

a la vez iniciaron el monopolio estatal en varios sectores productivos.

EL ESTATUTO REVOLUCIONARIO

El mismo 3 de octubre se promulgó el decreto ley Nº 17063 o estatuto del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. El art. 1 señalaba como razón del golpe la “impostergable necesidad de poner fin al caos económico, a la inmoralidad administrativa, a la improvisación, al entreguismo respecto a las fuentes naturales de riqueza y a su explotación en beneficio de grupos privilegiados, así como a la pérdida del principio de autoridad y a la incapacidad en la dirección del Estado”. El art. 3 establecía que los comandantes generales de las tres armas ocuparían los despachos de Guerra, Marina y Aeronáutica respectivamente, y que éstos designarían “por unanimidad (como) presidente de la República a un miembro de la Fuerza Armada” (art. 4). Asimismo, que el ministro de Guerra ejercería la presidencia del gabinete y el resto de ministros sería nombrado por el presidente, “pudiendo ser miembros de la Fuerza Armada o civiles” (cabe señalar que no hubo civiles en el gabinete hasta 1977). El gobierno revolucionario se regiría por “las disposiciones del presente estatuto, y las de la Constitución del Estado, leyes y demás disposiciones, en cuanto sean compatibles con los objetivos del gobierno revolucionario” (art. 5). Con ello se hacía una declaración formal de un supuesto respeto a la institucionalidad política anterior a octubre de 1968, aunque era obvio que el nuevo gobierno establecería los términos de ésta según se fueran desarrollando los acontecimientos y las tensiones internas en las Fuerzas Armadas. El presidente cumpliría el rol del poder Ejecutivo y el gabinete en pleno el del Poder Legislativo (art. 6). Con respecto a la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, se respetarían las reglas de la institución militar: “Los comandantes generales de los institutos armados continuarán rigiéndose, en lo que respecta a su situación militar, por las disposiciones legales vigentes. Al pasar a la situación de retiro, la designación de su sucesor recaerá en el oficial general de

mayor antigüedad dentro de su respectivo instituto” (art. 9). Finalmente, el presidente juraría el cargo y el cumplimiento del estatuto ante la junta revolucionaria, y los ministros ante el presidente (art. 10); el estatuto no sufriría modificaciones y sería refrendado “por los comandantes generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea al constituirse en junta revolucionaria” (art. 11). Ambas disposiciones se cumplieron en la noche del 3 de octubre. En cuanto al poder Judicial, en diciembre de 1969 fueron despedidos los vocales de la Corte Suprema y reemplazados por el Consejo Nacional de Justicia, entre cuyas funciones se encontraba el nombramiento de jueces y vocales. El Jurado Nacional de Elecciones dejó de funcionar hasta que sus miembros fueron restituidos para la realización de las elecciones a la Asamblea Constituyente (1978).

EL CARÁCTER INSTITUCIONAL DEL GOLPE

Como ha resaltado Luis Pásara, un problema central fue establecer la relación entre el gobierno militar y las Fuerzas Armadas, lo cual tenía que ver con la representación institucional del régimen y su legitimidad castrense. El golpe fue inicialmente la expresión de la voluntad política de un grupo de oficiales, posición que pasa a ser mayoritaria en las Fuerzas Armadas ante los hechos consumados; en ese sentido, el gobierno que surge de esta decisión es institucional. El respeto a la forma institucional para integrar el gobierno es la base sobre la cual se constituyó el régimen de las Fuerzas Armadas, respetándose la jerarquía de grado y antigüedad. Sin embargo, esto se vería afectado, en primer lugar, por la constante manipulación de ascensos y nombramientos en las tres armas y, en segundo lugar, por la existencia de un grupo “dirigente” que encabezaba el proyecto. De allí se podría deducir que este grupo “dirigente” encubre la conducción del régimen bajo el título de las Fuerzas Armadas. Aun así, ello no invalida el carácter institucional del conjunto del proyecto, ni la existencia de un grupo “más avanzado” a su interior, ya que las pugnas y las manipulaciones sobre los ascensos pasaban a través de las reglas de juego castrenses. Se combinaron, pues, ambos factores que de alguna manera afectaron el grado de radicalidad o los términos de la aplicación de las reformas; allí, el liderazgo del general Velasco como elemento dirimente tendría un rol central. Entonces, a pesar del carácter institucional del proceso durante toda su llamada “primera fase” el general Velasco impuso su mayor personalidad y liderazgo, combinando elementos de fidelidad personal con el respeto a la institucionalidad castrense. Cuando estos elementos fueron puestos en cuestión, comenzó también su declinar.

LAS BASES PROGRAMÁTICAS E IDEOLÓGICAS

Aunque el documento “Bases ideológicas de la revolución peruana” fue hecho público recién en 1975 –como consecuencia de los acontecimientos del 5 de febrero–, en sus términos fundamentales contiene los iniciales principios que rigieron el golpe de octubre de 1968. En dicho documento la “revolución peruana” es definida como “un proceso autónomo que se desarrolla para transformar el sistema político, económico y social del país y cancelar nuestra condición de sociedad subdesarrollada, capitalista, oligárquica y sometida a los intereses del imperialismo”. Es, asimismo, “nacionalista e independiente” y doctrinariamente se basa en un “humanismo revolucionario de clara oposición a los sistemas de explotación social y a los dogmáticos y totalitarios, por tanto, recusa los sistemas capitalista y comunista”. Estas ideas estaban obviamente influenciadas por la Democracia Cristiana y el Social Progresismo. Dentro del humanismo revolucionario, el documento recoge diferentes aspectos de diversas corrientes: socialista, libertaria y cristiana, mostrando el carácter ecléctico de estas bases ideológicas, que buscaban un consenso genérico al interior de las Fuerzas Armadas para así proyectar una imagen de pluralismo político, económico e ideológico frente a la sociedad, permitiendo que cualquier medida o posición política al interior del gobierno pudiera ser fundamentada en dichas bases ideológicas. El documento termina con el planteamiento de “la construcción de una democracia social de participación plena” basada en: el apoyo popular, un sistema económico pluralista y en valores morales como “la justicia, la libertad, el trabajo, la participación, la solidaridad, la creatividad, la honradez y el respeto por la dignidad humana”. Todos estos planteamientos, como se sabe, no llegaron a cumplirse.

LA TOMA DE TALARA

El 9 de octubre se efectuó la toma de Talara, que abarcó los yacimientos, la refinería y las instalaciones de la IPC. Ese día fue declarado de la “Dignidad Nacional”, celebración que se mantuvo hasta 1979. En un principio el gobierno declaró no estar obligado a pagar indemnización alguna, dado el monto de los impuestos adeudados por la empresa; sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos asumió la defensa de la empresa amenazando con la aplicación de la enmienda Hickenlooper. Como ha sostenido Carlos Malpica, a los pocos días de expropiar La Brea y Pariñas el gobierno otorgó nuevos contratos de exploración y explotación de los yacimientos del zócalo continental a la empresa norteamericana Belco Petroleum Corporation, que se convirtió en una de las compañías productoras más importantes. Asimismo, luego de la creación de Petroperú (en julio de 1969), el gobierno firmó numerosos contratos con consorcios norteamericanos, europeos y japoneses para la explotación del petróleo descubierto en la selva por dicha empresa. Estos contratos se firmaron bajo el llamado “modelo peruano” que obligaba a las compañías a entregar al Estado el 50% de los crudos por concepto de regalía, avaluándose los costos de producción en un 30%, de modo que las utilidades de las compañías estarían cercanas al 20% del valor bruto de los productos extraídos. Sólo la Occidental Petroleum Company descubrió yacimientos con valor comercial, por lo que se convirtió en la primera productora.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Las principales fueron, en orden cronológico, las siguientes: la nacionalización de la IPC (1968); la reorganización de la banca bajo control del Estado y la reforma agraria (1969); las leyes generales de industria, pesquería y minería, y la creación de sus respectivas comunidades laborales (1969-1970); la reforma de la educación (1971); la estatización de la industria pesquera anchovetera (1973) y de la Cerro de Pasco Peruvian Corporation (1974); la ley de propiedad social y la expropiación de los periódicos de circulación nacional (1974); y la estatización de los yacimientos mineros de Marcona (1975). El gobierno creó también numerosas empresas estatales y estableció un nuevo tratamiento al capital extranjero, enmarcado en las normas fijadas por el Pacto Andino. Veámoslas en detalle.

a) El control de la banca y el sistema financiero. En lo relativo al sistema bancario y financiero, en enero de 1969 se dictó una ley por la cual sólo podían considerarse nacionales aquellas empresas cuyo capital estuviera en poder de peruanos en más del 75%, y cualquier nuevo banco que se estableciera debía tener la misma composición. Según Carlos Malpica se favoreció la fusión de bancos y se fijó en 150 millones de soles el capital mínimo para operar en Lima. Asimismo, el Estado adquirió el Banco Popular del Perú, la totalidad de las acciones del Banco Continental y del Banco Internacional del Perú (el primero perteneciente al Chase Manhattan Bank y el segundo al Chemical Bank of New York, la Bunge y Börn y al grupo Grace). En marzo de 1973 el Banco Continental adquirió la totalidad de las acciones del Banco del Progreso, controlado por un grupo judío-peruano. A comienzos del gobierno de Belaunde los únicos bancos privados que quedaban eran: el Banco de Crédito del Perú (25% de sus acciones pertenecientes a la Banca Comercial Italiana), el Banco de Lima (controlado por el Credit Lyonnais), el Banco Comercial del Perú (cuyos principales accionistas eran miembros de las familias Bertello y Aspíllaga) y el Banco de la Industria de la Construcción (BIC, controlado por Luis León Rupp). Se creó, además, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), con autonomía económica y administrativa, cuya función era coordinar la acción financiera empresarial del Estado y fomentar la creación de empresas, fortaleciendo las existentes. Con el avance de las reformas, el Estado –a través de la banca estatal y asociada– asumió directamente la política monetaria, crediticia y cambiaria, adecuándola a las políticas de desarrollo impulsadas por el gobierno. Para ello otorgó al Banco Central de Reserva y al Banco de la Nación facultades para actuar como agentes financieros.

b) La Reforma Agraria. El 24 de junio de 1969 el gobierno de la Fuerza Armada promulgó la ley de Reforma Agraria, iniciando un proceso de cambios radicales. El lema principal de la reforma fue: “Campesino: el patrón no comerá más de tu pobreza” y la primera acción gubernativa fue la expropiación de los complejos agroindustriales de la costa en los cuales el 60% de acciones fueran de propiedad extranjera. Se determinó la cancelación del latifundio y se estableció una nueva distribución de tierras basada en la mediana y pequeña propiedad, que debía ser trabajada directamente por sus dueños. La extensión

máxima de las propiedades se estableció de la siguiente manera: 150 ha en la costa, 1 500 ha en las haciendas ganaderas, y de 15 a 55 ha en la sierra y ceja de selva, pagándose a los propietarios una indemnización en bonos y en efectivo, con el objetivo de que los bonos fueran invertidos en la industria. Asimismo, la ley señaló que no habría excepciones en cuanto a las dimensiones de la propiedad y que éstas serían establecidas por el Tribunal Agrario y los jueces de tierras. Se establecieron asimismo diferentes formas de propiedad cooperativa y asociativa, destacando las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), formadas sobre la base de los complejos agroindustriales; las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), integradas por los trabajadores de los antiguos latifundios y comunidades dedicadas a la agricultura y la ganadería; y las comunidades campesinas, reestructuradas para participar de los beneficios de la ley de Reforma Agraria. Cabe destacar que desde entonces el número de comunidades campesinas reconocidas por el Estado se ha incrementado notablemente; según Alberto Flores Galindo, suman más de 4 mil, convirtiendo a la comunidad en la institución política y económica más importante del Perú contemporáneo. El gobierno disolvió la Sociedad Nacional Agraria (SNA), controlada por los grandes propietarios agroindustriales, y fundó la Confederación Nacional Agraria (CNA), conformada por los diferentes sindicatos y directivas de las nuevas organizaciones cooperativas. Ello implicó una lucha frontal contra el sindicalismo azucarero aprista –que databa de la década del 20–, una de las razones de la oposición del PAP a estas medidas. Según Daniel Carbonetto, la reforma agraria implicó el reparto de 10 298 453 ha entre 399 576 familias campesinas –lo que representaba el 55,3% de la superficie agrícola y el 32,9% de las familias en el campo– y la liquidación de la base de poder de la oligarquía terrateniente. En cuanto a las empresas comerciales de exportación, las dedicadas a productos agrícolas (como la Grace y la Gildemeister en el caso del azúcar) continuaron sus actividades. Se creó la Empresa Pública de Servicios Agropecuarios (EPSA) para encargarse de la comercialización de los productos del campo orientados al mercado interno, otorgándosele en diciembre de 1972 el monopolio de la comercialización del café y, en agosto de 1973, el de la fibra de algodón. Un mes después de la ley de Reforma Agraria, el 24 de julio de 1969, se dictó una nueva ley de Aguas, señalando que los recursos acuíferos eran de propiedad del Estado y que éste determinaría el régimen de su distribución (anteriormente estuvo en manos de los grandes propietarios, quienes la usaban como medio para acrecentar sus propiedades). Para su cumplimiento se promovió la organización cooperativa en su uso y explotación, complementaria al sistema asociativo y cooperativo establecido en la propiedad de la tierra.

c) La reforma de la educación. Debido al incremento de la demanda de los servicios educativos, y como una manera de frenar las protestas estudiantiles de 1969 frente a la pérdida de la gratuidad de la enseñanza, el gobierno dictó en febrero de ese año la ley universitaria Nº 17437, que fortalecía la auto- ridad del rector y disminuía la presencia estudiantil en los órganos de decisión de las universidades. Luego de dos años, en marzo de 1971, ante el patente fracaso de la ley, se dictó una ley integral de reforma de la educación (Nº 19326) –es decir, en todos los niveles–, cuyas bases doctrinales fueron formuladas por Augusto Salazar Bondy y Walter Peñaloza, basándose en modelos de las universidades norteamericanas y europeas. Los objetivos planteados eran: educación para el trabajo; educación para el cambio estructural y perfeccionamiento de la sociedad peruana; educación para la realización del hombre y la independencia nacional; estímulo de la conciencia crítica y la cooperación nacional y fomento de la autoeducación. La ley consideró varios niveles educativos: a) Inicial, para niños de 0 a 6 años, de aprestamiento para los siguientes niveles; b) Básico, con dos modalidades: regular –para niños de 5 a 15 años– y laboral –para mayores de 15 años–, que abarcaba tres ciclos con nueve grados; c) Superior, que abarcaba: las ESEP (Escuelas Superiores de Educación Profesional), donde se otorgaba el bachillerato profesional; las universidades, escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, seminarios religiosos y otras escuelas, que otorgaban el bachillerato académico y las licenciaturas profesionales; y la Escuela de Altos Estudios, donde se otorgarían las maestrías y doctorados, que nunca llegó a funcionar. Otras modalidades de estudios fueron: a) la Calificación Profesional Extraordinaria, que capacitaba en un corto tiempo para la realización de trabajos específicos en academias y centros de instrucción de calificación profesional; b) la Educación Especial, orientada a niños con alguna incapacidad física, síquica o con problemas de índole social; c) la Extensión Educativa, que abarcaba múltiples actividades orientadas al público en general. En cuanto a la universidad, y específicamente a su gobierno, la ley estableció el sistema electoral para el nombramiento de los miembros de la asamblea universitaria y del rector, quienes a su vez elaborarían el estatuto universitario. Se

reconoció a los trabajadores como estamento de la universidad, aunque nunca llegaron a participar de la asamblea universitaria, y se desconoció a las federaciones universitarias, aunque se mantuvo al tercio estudiantil. Asimismo, se creó el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), como órgano de coordinación entre las diferentes universidades; las facultades fueron reemplazadas por los programas y departamentos académicos; y se estableció el régimen de estudios semestral y por creditaje. Según Carlos Malpica, debido a la elaboración de estatutos universitarios que rebasaban los alcances de la ley, el gobierno no promulgó ésta dejando a las universidades en un caos legal. Asimismo, la disminución relativa de las rentas y el haber quedado el gobierno de las universidades bajo diferentes formas de autoridades provisorias, nombradas por el CONUP, fueron las causas de la crisis universitaria bajo el gobierno militar.

d) Ley de Minería. El 8 de junio de 1969 el gobierno promulgó la ley general de Minería –en reemplazo de la dictada bajo el gobierno de Odría– que establecía la participación directa del Estado en la explotación, producción y comercialización de los productos mineros. Éste sería el caso de los yacimientos que después de un plazo establecido no fueran trabajados por los concesionarios. Asimismo, se establecieron medidas de protección y apoyo a la pequeña y mediana empresa minera, en cuanto al otorgamiento de créditos y de asistencia técnica. En octubre de 1970 se crean Minero Perú y Minero Perú Comercial (MINPECO); el primero se encargaría de la explotación directa de los yacimientos mineros de propiedad del Estado y la segunda de la comercialización y exportación de los minerales. De esta manera el Estado tenía plena disponibilidad de las divisas del sector minero y el control de los costos y utilidades, evitando así una de las formas más comunes de evasión tributaria. También se crearon Centromin Perú y Hierro Perú para la explotación de los minerales y la administración de las fundiciones de la sierra central. Según Malpica, a excepción de la compra por el Estado de la Cerro de Pasco Corporation y de la Marcona Mining Company, las empresas mineras continuaron operando normalmente. En diciembre de 1969, el gobierno firmó nuevos contratos de explotación de los yacimientos de Cuajone con la Southern Peru Copper Corporation y continuó las negociaciones del gobierno de Belaunde con las empresas Anaconda, Cerro Corporation, American Smelting and Refining Company y Kayser Aluminium Company, para la explotación de Cerro Verde, Toromocho, Michiquillay, Quellaveco y Bayóvar, que funcionarían en base a empresas mixtas (nacionales o extranjeras) o empresas estatales con créditos externos. Si bien la ley de Minería recortaba algunas ventajas otorgadas a las empresas extranjeras en el código de Minería del gobierno de Odría, el modelo de explotación se mantuvo dentro de una orientación de promoción capitalista. Con la ley de Comunidades Industriales se creó la comunidad minera, semejante a la industrial pero con la diferencia de que se le destinaba el 10% y no el 25% de las utilidades. Para equilibrar las diferencias de productividad entre empresas se creó la comunidad de compensación minera, a la cual contribuían todas las empresas para redistribuir los ingresos entre los trabajadores del sector. En lo relativo a los materiales de construcción, con el control del Banco Popular el Estado adquirió el 18% de las acciones de Cementos Lima S.A., la mayor productora de cemento, y la mayoría de las acciones de Cemento Chiclayo S.A. de Cemento Sur, de Cementos Especiales y Derivados S.A., y de Distribuidora de Materiales, la compañía encargada de la comercialización del cemento en Lima y departamentos aledaños. En los primeros meses de 1974, el Estado adquirió por compra-venta y/o expropiación Cemento Andino S.A. y Cemento Pacasmayo, transformándose en monopolista de este subsector industrial, pues ya le pertenecía la planta de cemento de Yura en Arequipa.

En 1970 el Estado creó Minero Perú y Minero Perú Comercial, entidades que se encargarían respectivamente de la explotación y comercialización de los productos mineros. Para la

explotación de los yacimientos mineros de la sierra central fue creada Centromin Perú.

e) Ley de Industrias. En julio de 1970 el gobierno dicta la ley Nº 18350 o ley de Industrias que introduce importantes cambios en el sector: las industrias básicas (o de transformación de materias primas, que comprendían la industria siderúrgica, petroquímica, de fertilizantes, cemento y papel) quedaban reservadas para el Estado; se crea el sector cooperativo; se establece la participación de los trabajadores tanto en las utilidades como en el capital y la dirección de la empresa, a través de la comunidad industrial; y se limita la participación del capital extranjero al 33% del valor accionario de las empresas que operan en el país, salvo casos excepcionales. Además, se expropiaron las industrias del grupo Grace, la industria del cemento, del papel, de los fertilizantes y algunas de la química básica. La acción empresarial del Estado en el campo industrial generó la formación de empresas como Siderperú, encargada de la producción de acero; Induperú, para implementar los proyectos empresariales del Estado mediante la prestación de servicios técnicos y gerenciales; Entur Perú, para impulsar el desarrollo de los servicios turísticos, entre otras. En setiembre de 1970, el gobierno promulgó la ley de Comunidad Industrial que otorgaba a los trabajadores la participación en la gestión y propiedad de la empresa mediante la comunidad industrial, conformada por todos los trabajadores de cada fábrica. Su patrimonio estaba constituido por el 15% de las acciones anuales originadas para la reinversión libre de todo impuesto a la renta, el cual se acumularía hasta alcanzar el 50% del capital social de cada empresa; ello le daba a los trabajadores una representación proporcional en el directorio de la empresa, sin sobrepasar el 50%. Un 10% de la renta se repartía entre los trabajadores de acuerdo a los días laborados durante el año. Se exceptuó de la comunidad laboral a las pequeñas empresas privadas con un movimiento económico menor. En abril de 1974 se promulga la ley de Empresas de Propiedad Social, cuya principal característica era pertenecer íntegramente a sus trabajadores. Las EPS se formaban de acuerdo al principio de solidaridad para la realización de actividades económicas y en ellas se buscaba cumplir con la participación plena de todos los trabajadores, quienes tenían derecho de intervenir en la gestión y en los beneficios de la empresa, a la acumulación social y a recibir capacitación permanente. A pesar de que se formaron numerosas empresas bajo este régimen, muchas de éstas no llegaron a prosperar; entre otras razones porque, como ha señalado Chirinos Soto, la

propiedad social no era entendida como propiedad individual o grupal de los trabajadores que la conformaban. Más bien, las empresas pertenecían “al conjunto de los trabajadores que integran el sector de propiedad social”. Uno de los objetivos de estas leyes era “acabar con la lucha de clases” mediante la “conciliación de intereses entre el capital y el trabajo”. Sin embargo, surgieron serias discrepancias y contradicciones al interior del movimiento sindical, ya que si bien se veía con simpatía dichas medidas, éstas planteaban en la práctica la desaparición de los sindicatos y de su autonomía política frente al Estado. Esta contradicción atravesó todas las reformas y no pudo impedir que entre 1970 y 1975 se realizaran numerosas protestas y huelgas sindicales. En cuanto a la legislación laboral, el gobierno reorganizó el ministerio de Trabajo, unificó los regímenes de Seguridad Social (de obreros y empleados) y dio una serie de disposiciones sobre inspecciones, reclamaciones colectivas y denuncias. También fomentó el reconocimiento oficial de los sindicatos, duplicándose el número de éstos entre 1968 y 1975. Una de las medidas de legislación laboral más importantes fue el decreto ley Nº 18471 del 10 de noviembre de 1970, llamado ley de Estabilidad Laboral. Esta ley limitaba a dos los casos en los que el trabajador podía ser despedido: por “falta grave” y por “reducción o despido total del personal autorizado por la autoridad de trabajo”. Según Denis Sulmont, dicha ley fue duramente criticada por los empresarios que veían recortada su libertad frente al trabajador. La ley además, establecía determinadas exigencias mínimas que el empleador debía cumplir para proceder al despido, impidiéndose de esta manera muchas arbitrariedades y permitiendo que los trabajadores participaran en la acción sindical con ciertas garantías elementales frente a las represalias patronales. Sin embargo, los empresarios siguieron atentando contra la estabilidad laboral –en especial contra los dirigentes sindicales–, ya que la ley dejaba un amplio margen de interpretación sobre lo que podía considerarse “falta grave”. Esto llevaba a los obreros a largos trámites para recuperar su puesto de trabajo. Finalmente, el Estado mantuvo la facultad de suspender la estabilidad laboral en ciertas empresas o sectores, disposición a la que recurrió para reprimir el movimiento sindical. f) Ley de Pesquería. El 28 de marzo de 1969 se promulga la ley orgánica del ministerio de Pesquería, donde se establece que la extracción de los recursos pesqueros era de interés social y de necesidad pública. La acción estatal en este sector se inició con la creación, en 1970, de la empresa de comercialización interna denominada Empresa Pública de Servicios Pesqueros (EPSEP) y de otra encargada de la exportación de la harina y el aceite de pescado, llamada Empresa Pública de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP). Se estableció luego la comunidad pesquera, semejante en sus lineamientos a la minera, otorgando participación a los trabajadores en la gestión y en las utilidades de las empresas; y la comunidad de compensación pesquera, que permitía proteger a todas las empresas, grandes o pequeñas. En mayo de 1973 el Estado expropia las acciones de las empresas que transformaban la anchoveta, cuyo accionariado en su mayoría se hallaba en manos extranjeras, creándose Pescaperú. Para la explotación de la pesca de consumo directo y elaboración de conservas se crearon varias empresas mixtas y se suscribieron convenios con países tanto capitalistas como socialistas. En julio de 1976, el gobierno de Morales Bermúdez privatiza la flota de Pescaperú autorizando su venta a pequeñas empresas, lo cual provocó una gran huelga de los pescadores anchoveteros. En 1979, el gobierno denunció unilateralmente los contratos con Cuba y Polonia.

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La estatización de la actividad pesquera fue otra de las medidas del gobierno militar. Progresivamente el Estado peruano fue monopolizando las principales actividades productivas y

creando entidades estatales para su explotación y administración. En 1973 fue creada Pescaperú.

g) La reforma del Estado. Los cambios producidos en todos los sectores de la producción y de servicios en el país hicieron necesaria una reforma del aparato estatal. Se crearon nuevos ministerios como Economía y Finanzas (ex Hacienda y Comercio); Energía y Minas; Industria, Comercio, Turismo e Integración; del Interior (ex Gobierno y Policía); Transportes y Comunicaciones; Vivienda y Construcción; y Pesquería. Asimismo, se fortaleció al Instituto Nacional de Planificación (INP) otorgándole el control de todas las inversiones del sector público y la responsabilidad de la política económica de largo plazo. A modo de descentralización, se crearon los Comités Departamentales con el fin de planificar y realizar las inversiones del Estado en cada departamento del país, mediante la coordinación de las entidades estatales con organizaciones de diverso tipo.

h) Las telecomunicaciones. En diciembre de 1969 el gobierno creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel Perú) encargada del establecimiento, las operaciones y el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones dentro y fuera del país, iniciándose el ingreso del Perú al sistema de comunicaciones vía satélite y vía microondas. En noviembre de 1971 se promulgó la ley de Telecomunicaciones, marco en el cual se expropió más del 50% de las acciones de los canales de televisión y de once radioemisoras de Lima. Se creó, además, el Sistema Nacional de Información (SINADI), encargado de los servicios informativos al interior y exterior, y el Estado comenzó a producir programas de televisión a través del canal estatal. En julio de 1972 el gobierno compró el 70% de las acciones de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. perteneciente a la International Telephone and Telegraph (ITT), iniciándose la nacionalización del sector. También fue nacionalizada, e integrada a Entel Perú, la Compañía Nacional de Teléfonos, encargada del servicio del centro, norte y oriente de la República, subsidiaria de la ITT y de la Sociedad Telefónica del Sur S.A., subsidiaria de la empresa sueca Ericksson. A todo esto se agregó la nacionalización de la red de ferrocarriles que se encontraba en poder de la compañía inglesa Peruvian Corporation. En setiembre de 1972 fue creada la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú (Enafer Perú). i) Otros sectores. Según Malpica, el Estado controló la mayoría de las acciones de las Empresas Eléctricas Asociadas, entidad que siguió siendo la predominante en el sector correspondiente, cambiándole el nombre por el de Electrolima. El resto de empresas estatales se agrupó en Electroperú. Las empresas comerciales continuaron operando igual que antes, produciéndose pocos cambios en el

sector, tales como la mayor participación del Estado en la comercialización de los productos agropecuarios a través de la Empresa Pública de Servicios Agropecuarios (EPSA) y la intervención de las 14 tiendas de la cadena Supermarket, que pertenecía a la familia Olcese. EPSA era la única entidad autorizada para importar carnes, grasas, frutas, productos lácteos, licores, menestras, trigo, maíz y sorgo, y la encargada del comercio del arroz y otros productos agrícolas con precios subsidiados. Junto con EPSEP y EPCHAP, el gobierno organizó la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI), encargada de la importación de insumos y artículos industriales. Al desaparecer EPSA en 1979, ENCI asumió sus funciones. Las urbanizadoras continuaron operando sin alteraciones, salvo las disposiciones dictadas para evitar el exceso de especulación, racionalizar la expansión de las ciudades, facilitar la adquisición de terrenos por cooperativas y asociaciones de vivienda, y recuperar los terrenos eriazos en poder de particulares.

LA POLÍTICA ECONÓMICA

Luis Pásara ha sostenido que el proyecto militar tenía una fórmula básica para financiar el desarrollo nacional: concentrar en el Estado el proceso de acumulación que se hallaba en manos del capital extranjero y de los grupos nacionales de poder económico. Para ello se nacionalizaron las principales actividades productivas y de comercialización de las exportaciones peruanas. El excedente nacional, que no escaparía entonces al exterior ni se concentraría en pocas manos, permitiría realizar inversiones públicas reproductivas al mismo tiempo que se obtenían las divisas necesarias para abastecer al sector industrial. El modelo mostró su debilidad por varios lados. En primer lugar, muchas de las nacionalizaciones no produjeron el efecto esperado y algunas de ellas más bien ocasionaron un significativo desembolso de divisas. Las expropiaciones de la IPC y la Cerro de Pasco Corporation requirieron de nuevas inversiones antes de mostrar utilidades significativas. La comercialización de minerales, pesca y productos agrícolas en manos del Estado no dejó los márgenes de utilidad que había alcanzado antes de la expropiación. En segundo lugar, se siguió implementando una política de fomento a la sustitución de importaciones que resultaba adicta a un consumo de divisas cada vez mayor, puestas al alcance de la industria por el Estado. En tercer lugar, la necesidad del régimen de contar con un apoyo social lo llevó a aplicar una amplia cobertura de subsidios a los productos de primera necesidad urbana, repercutiendo de manera negativa en el presupuesto fiscal, la balanza comercial y la producción agrícola. En conclusión, el manejo económico del régimen suponía un creciente gasto público y un consumo ascendente de divisas, acrecentado por la reducción de la presión tributaria sobre el capital. El camino para resolver estos problemas fue el endeudamiento público, cuyo proceso se aceleró en la medida de la necesidad de garantizar que la economía continuara funcionando.

LA POLÍTICA EXTERIOR Y EL PROTAGONISMO INTERNACIONAL

En el campo de las relaciones internacionales el gobierno militar obtuvo importantes éxitos. Dio muestras de independencia frente a la política de los Estados Unidos, que amenazó al Perú con sanciones económicas, especialmente en relación al problema con la IPC; la defensa de la tesis de las 200 millas de mar territorial peruano y la posición respecto al canal de Panamá. Ello llevó al retiro de las misiones militares norteamericanas y a una apertura hacia el bloque socialista, restableciéndose relaciones diplomáticas y comerciales con casi todos los países de dicho bloque, incluyendo Cuba y China, y comprándose armamento a la Unión Soviética. Se continuó la política de integración de los países andinos iniciada por el gobierno de Belaunde; en mayo de 1969 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron en la ciudad de Cartagena un acuerdo de integración subregional, llamado Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena. En 1973 Venezuela se unió a éste y en 1976 Chile, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, se retiró. El Perú fue anfitrión de la reunión del Grupo de los 77 del Movimiento No Alineado, realizada en Lima en octubre de 1971, aunque sólo participó como observador; recién en setiembre de 1973 se incorporó como miembro pleno, ubicándose en una posición de liderazgo a nivel latinoamericano y del Tercer Mundo. Los principios fundamentales en los que se basó la política exterior peruana fueron los siguientes: autonomía frente a cualquier forma de injerencia extranjera; política antimperialista, contraria a toda forma de dominación externa o de dependencia política, social o militar respecto a cualquier centro de poder internacional; respaldo a la lucha de los pueblos contra toda forma de imperialismo, colonialismo y subordinación internacional; posición de país no alineado y ubicación

tercermundista; afirmación de un nuevo concepto en las relaciones internacionales sustentado en una efectiva comunidad de naciones libres y soberanas basadas en la igualdad. Los titulares en el ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno del general Velasco fueron los generales Edgardo Mercado Jarrín y Miguel Angel de la Flor Valle.

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

Con el fin de obtener una base social de apoyo al gobierno y dirigir “desde arriba” la participación de la población en el proceso de reformas, el gobierno creó en junio de 1971 el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), encabezado por el general Leonidas Rodríguez Figueroa, sistema que articulaba organizaciones de diferente carácter, a través de las cuales se realizaba campañas de concientización y movilización política, pero también se canalizaba las demandas de pequeñas obras públicas por medio de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo. Esta política era congruente con el discurso oficial de “democracia social de participación plena” y de “no partido”, aunque muchos integrantes del gobierno vieron en el SINAMOS un antecedente de lo que debía ser la constitución de un partido político de la revolución pe- ruana. Por el carácter militar del régimen, el SINAMOS instauró una relación vertical y autoritaria con la población organizada en sus filas, a través de las cuales también se establecieron lazos paternalistas y de clientelaje político. Sin embargo junto con el proceso de reformas la organización popular comenzó a radicalizarse más y, en determinados momentos, a desbordar el férreo control gubernativo. Esta organización popular, paralela a la que fue gestándose por impulso de la izquierda radical, fue uno de los más grandes temores de los empresarios y propietarios, ante la perspectiva de una explosión social incontrolable. Junto con el SINAMOS se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil, en marzo de 1973, orientado a la prevención y rápida movilización social en caso de desastres.

EL INICIO DE LA CRISIS ECONÓMICA DE 1973

En 1973 comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de la crisis: déficit en la balanza de pagos, caída de las reservas internacionales, incremento de los servicios de la deuda externa y del costo de vida. Según Lynch, cuando las dificultades económicas fueron innegables, alrededor de 1975, el gobierno militar las atribuyó a la baja internacional de los precios de nuestras exportaciones, causante de la falta de divisas necesarias para las importaciones que hacían funcionar el resto de sectores económicos, especialmente la industria. La falta de divisas intentó ser cubierta con préstamos externos a partir de 1974, utilizando como garantía los futuros ingresos por las inversiones realizadas por el gobierno en la minería y el petróleo. Los resultados, sin embargo, no fueron inmediatos ni en los niveles previstos, y la explicación de las causas de la crisis se volvería reiterativa hasta el inicio del gobierno aprista. Ninguno de los ministros de Economía ni los presidentes de turno quisieron reconocer la existencia de importantes factores internos como la caída de la presión tributaria y de la inversión privada, así como la dependencia de divisas para el funcionamiento de la industria, acrecentada por el modelo de sustitución de importaciones. En cuanto a la crítica por el desmesurado crecimiento del Estado y el incremento de su presencia en la economía en desmedro de las actividades productivas privadas, hay que señalar que, según Carbonetto, pese a las reformas el sector privado mantuvo su preeminencia en la generación del valor bruto de la producción, con un total del 58,4% (43,1% nacional y 15,3% extranjero), mientras que la propiedad estatal fue del 10,3% y la asociativa de 8%. En cuanto a inversión, también el Estado incrementó su participación superando a la privada: mientras el sector estatal controlaba la banca, la minería, el petróleo y, a través de las empresas asociativas, las grandes propiedades agrarias, el capital privado tuvo preeminencia en importantes segmentos de la industria, el sector más dinámico de la economía, con un crecimiento promedio anual del 7,5% entre 1960 y 1975. Dentro de ella se encontraban las unidades productivas más grandes, con más de 100 trabajadores, como en los sectores químicos y metalmecánicos, en manos de capitales norteamericanos, que tendrían una gran importancia en la política de sustitución de importaciones. Sin embargo, hay que reconocer –como sostienen Schydlowsky y Wicht– que, pese a las altas inversiones, el sector estatal debía enfrentar problemas como el haber absorbido empresas con dificultades económicas o insta- laciones obsoletas y la falta de eficacia en el manejo interno de dichas empresas. En cuanto al sector agrario, no cambiaron las

desiguales relaciones entre el campo y la ciudad, manteniéndose los precios agrarios bajos en favor de los sectores urbanos, frenándose las posibilidades de crecimiento del sector agrario asociativo y del agro en general. Volviendo al punto de la inversión privada, el sector empresarial argumentaba que su reducción se debía al incremento de la presencia estatal en la economía, pero especialmente al impacto de los beneficios sociales otorgados a los trabajadores, como la estabilidad laboral y el incremento de salarios. Según Dancourt, entre 1970 y 1975 la demanda, producción, rentabilidad y beneficios del sector privado se incrementaron, pero la inversión no, debido a la falta de confianza empresarial por las limitaciones impuestas en la toma de decisiones y en la obtención de mayores ganancias, aspectos relacionados al trato del factor trabajo. Ello a pesar de que el gobierno de Velasco otorgó importantes incentivos con el fin de compensar dichas limitaciones y dar mayor confianza a los empresarios, como son las múltiples exoneraciones tributarias, el aumento del gasto público y los mejores salarios, que incrementaron la capacidad de compra de amplios sectores populares. Ello se ve reforzado con lo que Carbonetto señala acerca de la relación entre ganancias y salarios al interior de la distribución nacional de la riqueza; entre 1968 y 1975, las ganancias subieron del 22,4% al 28,2%, mientras los salarios bajaron de 77,6% al 72,6%. Es decir que, en términos de distribución de la riqueza, los empresarios incrementaron sus ingresos en desmedro de los trabajadores. Ello muestra que pese a las medidas dictadas por el gobierno, éste mantenía su tendencia a beneficiar al sector empresarial antes que a los trabajadores. Además, las ganancias que no se dedicaron a la inversión fueron orientadas al incremento del consumo personal de los empresarios, el cual subió del 40% al 70% entre 1968 y 1975. El argumento de señalar al incremento de los salarios como causa de la crisis ha sido la posición oficial del empresariado peruano hasta nuestros días; sin embargo, como ha mostrado Carbonetto, éste es insostenible. Dancourt atribuye esta falta de inversión a la ausencia de confianza empresarial, entendida como la capacidad de los empresarios de “disciplinar” a los trabajadores, particularmente a través del despido. Para los empresarios la estabilidad laboral significaba una disminución de su poder dentro de la sociedad en favor de los sindicatos y de la competencia que como empleador significaba el Estado. Los empresarios, acostumbrados a actuar sin competencia económica ni respeto a los derechos laborales, no se sintieron cómodos con las nuevas condiciones impuestas por el gobierno, por más que éstas significaran mayores ganancias. Por su parte, el inversionista extranjero que, como hemos señalado, mantuvo su presencia en el sector industrial –pese a su desplazamiento de importantes sectores como la minería, el petróleo y el agro–, imitó el comportamiento del empresario peruano: no invirtió, debido a las leyes sociales que beneficiaban a los trabajadores, a la política de formación de empresas mixtas en la explotación de nuestros recursos naturales, a las limitaciones en la repatriación de utilidades y a la paulatina nacionalización de las empresas extranjeras. Sin embargo, también se benefició ampliamente con los incentivos del gobierno y el uso de las divisas peruanas, lo cual redundó en mayores ganancias. Los estudios de Carbonetto, y de Schydlowsky y Wicht, plantean que los problemas de fondo se dieron con el modelo de desarrollo industrial basado en la “sustitución de importaciones” como principio para la acumulación económica, que demandaba una gran cantidad de dólares para la importación de maquinarias e insumos, necesidad que se vio incrementada con el creciente reclamo por aumentos salariales y del gasto público. La crisis era inevitable si la producción para el mercado interno no contaba con las divisas necesarias. Esta situación se había iniciado en los años 60 con la expansión de la producción de bienes de consumo durables orientados a las clases medias y altas (automóviles, televisores, refrigeradoras y otros productos para el hogar), que requería de maquinarias e insumos importados; pero no se impulsó una política orientada a promover una industria masiva de bienes de consumo con insumos nacionales y con maquinarias producidas en el país. Las escasas divisas existentes terminaron financiando una industria que no atendía sino las necesidades de un sector muy pequeño de la población y que no contribuía a una integración económica del conjunto de los sectores productivos; es decir, no se impulsaba el crecimiento del mercado interno. Se buscó cubrir la falta de divisas a través de préstamos externos, cuyo monto subió de 1 100 millones de dólares en 1968 a 2 542 millones en 1973 y a 3 990 millones en 1975. La mayoría de estos préstamos provino de la banca privada de los Estados Unidos y de Europa, debido al deterioro de las relaciones con el gobierno norteamericano. Desde 1972 los déficits presupuestales serían cubiertos con estos préstamos externos y, recién en 1974, Perú y Estados Unidos llegaron a un acuerdo que restablece la fluidez de recursos financieros. Asimismo, los gastos en defensa se incrementaron al deteriorarse las relaciones con Chile luego del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. En agosto de 1975 se alcanzó un punto crítico que

pudo llegar a enfrentamientos armados: los gastos de defensa subieron de 58 millones de dólares en 1970 a 219 millones en 1975. Los ingresos por las exportaciones no sólo debían mantener en funcionamiento a la industria, sino que también debían orientar más recursos a los gastos militares y al pago de la deuda externa, que se incrementó del 14,6% en 1968 al 25,8% en 1975. Una de las salidas podría haber sido realizar una reforma del sistema tributario para mejorar los ingresos del Estado, pero esa decisión política no se tomó ante el temor de afectar las ganancias empresariales y los ingresos de la clase media alta, dos sectores que a pesar de verse favorecidos por las políticas económicas inmediatas mantenían su distancia ideológica frente al régimen. El fracaso económico, expresado en forma inmediata como apremio financiero, fue causado por defectos de un modelo de industrialización consumidor y dependiente de divisas, que no logró integrar a los diversos sectores productivos y en el marco del cual casi no se reinvirtió. La baja en los precios de los productos de exportación, los gastos en defensa y en el pago de la deuda externa agravaron la situación pero no fueron su causa. En ese sentido, los militares continuaron y profundizaron un modelo de desarrollo industrial iniciado por el gobierno de Belaunde.

En 1973 el gobierno de Velasco empezó a padecer los primeros síntomas de la crisis económica. Si bien entre 1970 y 1975 se incrementaron la rentabilidad y beneficios del sector privado, esto no fue aparejado con un crecimiento de la inversión. En la vista, una imagen de Lima.

Planta y trabajadores de Industria Textil Perú S.A. La existencia de una legislación laboral protectora fue subrayada por el sector privado como la principal razón para restringir sus

niveles de inversión.

LA EXPROPIACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Entre los primeros sectores afectados por las medidas del gobierno estuvieron los periodistas y los medios de prensa que eran voceros de los partidos políticos afectados por el golpe o que en general se opusieron a él.

Una manifestación a favor de la expropiación de los diarios en 1974. En julio de dicho año las sedes de La Prensa, El Comercio, Ultima Hora, Correo y Ojo fueron ocupadas y posteriormente transferidas por el gobierno militar a los llamados “sectores sociales organizados”.

Los diarios Expreso y Extra (ambos de propiedad de Manuel Ulloa Elías) y la revista Caretas fueron clausurados en noviembre de 1968. Para enfrentar a los medios de prensa opositores al gobierno, en marzo de 1969 se crea la Oficina Nacional de Información, como vocero oficial. En marzo de 1970 se concreta la expropiación de Expreso y Extra. En abril es declarada en quiebra y clausurada La Tribuna, vocero del PAP; asimismo, con la compra del 85% de las acciones del Banco Popular, el gobierno obtuvo el diario La Crónica. En noviembre de 1971, se decreta la compra por parte del Estado del 51% de las acciones de los canales de televisión privada, con lo que asumió su control. Las empresas de radio y televisión productoras de programas continuaron en manos de sus propietarios; el Estado creó Telecentro, una empresa mixta con los antiguos dueños. Los únicos medios escritos que mantuvieron su autonomía frente al gobierno fueron La Prensa (de propiedad de Pedro Beltrán), El Comercio (de propiedad de la familia Miró Quesada), Ultima Hora, y Correo y Ojo (de propiedad del empresario pesquero Luis Banchero Rossi). En la madrugada del 27 de julio de 1974, las sedes de estos diarios fueron ocupadas, dictándose esa misma mañana un decreto por el cual se confiscarían; en adelante el gobierno nombraría a los directores y a los gerentes de las empresas editoras. Según el decreto, el gobierno no asumiría directamente el control de los diarios sino que éstos serían transferidos a los sectores organizados de la sociedad: El Comercio sería entregado a los campesinos; La Prensa a las comunidades laborales; Expreso y Extra a la comunidad educativa; Correo a los profesionales; Ultima Hora a los trabajadores de servicios; y Ojo a los intelectuales. La Crónica dependería directamente de la presidencia de la República. Dichas transferencias nunca se concretaron. Las agencias noticiosas internacionales siguieron operando y se reincorporó el

servicio de Prensa Latina, la agencia del gobierno cubano, clausurada en diciembre de 1959 por el gobierno de Manuel Prado. Con respecto a las revistas extranjeras, Life y The Economist dejaron de circular en su versión castellana y se prohibió el ingreso de Visión por su posición antiperuana. A fines de 1975, se prohibió la importación de revistas frívolas (Playboy, Cosmopolitan), en tanto que, de las revistas nacionales, continuaron apareciendo Caretas y Oiga. Durante la segunda fase se fundaron numerosas revistas políticas como Marka, Amauta, Equis X, Opinión Libre y El Tiempo, expresión de una inminente crisis política debido a que el gobierno no lograba alcanzar legitimidad y apoyo social para las reformas.

LA CRISIS DEL VELASQUISMO

La crisis política del gobierno militar no fue sino la expresión de los conflictos al interior de las Fuerzas Armadas, relacionados con el rumbo que estaba tomando el proceso de reformas. Una de las preocupaciones más importantes era el movimiento social –con signos de una rápida radicalización– que empezaba a romper los marcos estrechos de la organización corporativa dada por el SINAMOS, agudizada por los primeros signos de la crisis económica. El elemento aglutinador del liderazgo del general Velasco alrededor de las reformas comenzó a romperse, situación impensable al inicio del gobierno militar, aunque ya Velasco había enfrentado algo similar a fines de enero de 1969 cuando le tocaba pasar al retiro. El estatuto del gobierno revolucionario establecía que el presidente era elegido entre los miembros de las Fuerzas Armadas, sin especificar su situación de actividad o retiro. En caso de interpretarse que debía ser un oficial en actividad y respetando la jerarquía militar, la presidencia debía recaer en el general Ernesto Montagne, que ya concentraba los cargos de presidente del Consejo de ministros, ministro de Guerra y comandante general del Ejército. El general Montagne intentó un “golpe de mano” al interior del Consejo de Ministros, pero fracasó ante la actitud decidida del general Velasco de mantenerse a la cabeza del gobierno. Una nueva oportunidad para un cambio de liderazgo se presenta en febrero de 1973, cuando el general Velasco sufre la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal. Su situación se agrava a inicios de marzo, por lo que se le amputó la pierna derecha; ante la posibilidad de su muerte, empieza a discutirse al interior del gobierno el tema de la sucesión y a organizarse posiciones en relación al futuro del proceso de reformas. El ministro de Marina, almirante Luis Vargas Caballero, manifiesta abiertamente sus discrepancias ideológicas, criticando las posiciones socialistas y marxistas del gobierno, definiendo al Perú como un “país occidental y cristiano” que debía ser salvado de “la infiltración comunista”. Estas declaraciones contaron con el apoyo de su institución, que desde el inicio había estado en desacuerdo con el proceso de reformas. El sector velasquista logra que la junta de gobierno entregue momentáneamente las atribuciones del presidente de la República al entonces presidente del Consejo de Ministros, general Edgardo Mercado Jarrín. Ante la crisis política que se abría al interior del gobierno, el propio general Velasco –visiblemente enfermo– hace un esfuerzo supremo y retoma sus atribuciones, tratando de mantener la unidad de las Fuerzas Armadas. A fines de mayo el almirante Vargas Caballero hace nuevas declaraciones, esta vez en defensa de la propiedad y la empresa privada, solidarizándose con los gremios empresariales. El propio general Velasco lo desautoriza y le exige su renuncia, siendo reemplazado por el almirante José Arce Larco; sin embargo, ello no solucionó las contradicciones al interior de las Fuerzas Armadas y el incidente afectó más bien su unidad institucional. Al interior del sector velasquista también comenzaron a manifestarse posiciones discrepantes alrededor de temas como la unidad institucional de las Fuerzas Armadas, la agudización de la movilización social y la crisis económica. Según Nicolás Lynch, en lo que respecta a la movilización popular –quizá el tema que más preocupaba a las Fuerzas Armadas por sus implicancias en cuanto a las posibilidades revolucionarias de su movilización autónoma– se manifestaron dos posiciones: por un lado estaba el grupo de ministros conocido como “la Misión”, que apoyaban una política de control del movimiento social a través de los servicios de inteligencia y el paralelismo sindical, enfrentando la influencia creciente de los partidos políticos de la izquierda radical. Los miembros de este grupo, encabezado por el ministro de Pesquería, general Javier Tantaleán Vanini, eran incondicionales del general Velasco, ganándose paulatinamente su confianza. El otro grupo –conocido como “los progresistas” y conformado por los antiguos coroneles que organizaron el golpe de 1968 junto con el general Velasco– promovía un acercamiento cada vez más estrecho al movimiento social y evolucionaba hacia

posiciones más radicales, cercanas al socialismo y al marxismo. El apoyo del general Velasco a “la Misión” se evidenció al entregarle la dirección del SINAMOS, que había estado en manos de “los progresistas”. Para inicios de 1975, Velasco toma abierta posición a favor de “la Misión”.

EL 5 DE FEBRERO

La crisis política del gobierno también comenzó a expresarse en manifestaciones de descontento popular que incluían a miembros de la policía, mayoritariamente procedente de sectores populares y medios bajos. A inicios de febrero de 1975 se producen reclamos por mejoras salariales, contra la corrupción administrativa y por maltratos de parte de altos oficiales. El reclamo de los subalternos se extendió de comisaría en comisaría, conformándose una comisión representativa que se instaló en la sede de Radio Patrulla en el centro de Lima, amenazando con una huelga de no atenderse sus reclamos; al fracasar las negociaciones, hacia la medianoche del 4 al 5 de febrero, la huelga entró en vigencia. Unidades blindadas del Ejército sitiaron Radio Patrulla exigiendo la entrega de los dirigentes policiales y el fin de la huelga; al no haber respuesta, se produce la toma violenta del local, y debido al control militar de la zona nunca se pudo precisar el número de muertos y heridos entre los huelguistas. Luego el Ejército se retiró. Las horas siguientes en las calles del centro de Lima fueron de incertidumbre. La gente temía salir de sus casas, pero poco a poco comenzó a darse cuenta de la falta de control. En la mañana, la protesta estalló tanto en Lima como en el Callao; paralelamente a los saqueos de tiendas de ropa y electrodomésticos, fueron incendiados el casino militar, el diario Correo, las oficinas del SINAMOS, el centro cívico. Los ataques a estos últimos, al parecer, estuvieron encabezados por estudiantes apristas que trataron de dirigir la espontánea explosión popular. Desde palacio de Gobierno se ordena la salida de las tropas de la segunda región militar (Lima y Callao) a cargo del general Leonidas Rodríguez, miembro de “los progresistas”; éstas salen recién a mediodía y reprimen a sangre y fuego tanto a los saquea- dores como a los manifestantes. Asimismo, mediante comunicado oficial, el gobierno suspende las garantías y declara el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. El saldo oficial fue de 86 muertos, 155 heridos, 1 012 detenidos y 53 policías enjuiciados, según datos de Aldo Panfichi y Dirk Kruijt. El gobierno acusó oficialmente al PAP de alentar los disturbios y protestas, cosa que éste siempre negó. Como ha sostenido Lynch, por primera vez se produce una manifestación abierta de descontrol social y de represión contra la población en Lima. Estas situaciones se habían presentado al interior del país, en Ayacucho (1969), el centro minero de Cobriza (1971) o Andahuaylas (1974), pero no en Lima. Los sucesos del 5 de febrero mostraron la pérdida de la legitimidad que los militares habían conseguido con las reformas. Ello puso en debate ya no sólo el problema del recambio del general Velasco, sino también el de la búsqueda de salidas políticas que mantuvieran la unidad institucional de las Fuerzas Armadas; pero, sobre todo, el gobierno quería reforzar su relación con las organizaciones populares mediante la creación de un partido político. Unos y otros parecerían haber estado de acuerdo al respecto: los de “la Misión”, porque ello les permitiría continuar su política de control del movimiento social; “los progresistas” porque con ello se podría recuperar la relación “pueblo-Fuerza Armada” y dar concreción a “la democracia social de participación plena”. El 25 de febrero el gobierno publica las “Bases ideológicas de la revolución peruana” y en julio se anuncia la formación de la Organización Política de la Revolución Peruana (OPRP), que no tendría éxito, y que languidecería con la salida de Velasco.

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El 5 de febrero de 1975 la ciudad de Lima quedó desguarnecida al decretarse una huelga de la Guardia Civil, produciéndose el robo y saqueo de numerosas tiendas del centro de Lima, así

como el ataque a diarios de filiación gobiernista como Correo.

LA CAÍDA DE VELASCO

Los hechos del 5 de febrero abrieron espacios a los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas. Además de la situación política y económica, y de la posibilidad de un conflicto militar con Chile, las Fuerzas Armadas temían que las protestas y movilizaciones populares se incrementaran favoreciendo a los partidos de la izquierda radical. La Marina recuperó posiciones cuando en julio de 1975 logra que el general Velasco retire al comandante general de la Marina nombrado por él, a favor de uno elegido por la propia arma. Al interior del Ejército comenzó a debatirse nuevamente el tema del relevo de Velasco: un grupo de oficiales se pone en contacto con colegas de la Marina y la Aviación, y con el presidente del Consejo de Ministros y comandante general del Ejército, general Francisco Morales Bermúdez. A pesar de los objetivos diferentes, los diversos sectores al interior de las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo en la necesidad del recambio del general Velasco: la Marina y los conservadores querían un relevo para dar marcha atrás en las reformas, “la Misión” deseaba fortalecer su política de control del movimiento social, y “los progresistas” querían continuar con el proceso de reformas.

El 5 de febrero de 1975 generó una fuerte crisis al interior del gobierno militar, sumada a los padecimientos físicos de Juan Velasco Alvarado y los enfrentamientos entre facciones al

interior del gabinete ministerial. Finalmente, el 29 de agosto de 1975, en Tacna, Francisco Morales Bermúdez, entonces comandante general del Ejército, anunció el relevo de Velasco.

Pero cada sector era incapaz por sí solo de imponerse a los otros, por lo que se plantearon establecer un mínimo de acuerdos en garantía de la unidad institucional de las Fuerzas Armadas. Entonces ya se barajaba el nombre del general Francisco Morales Bermúdez como un hombre de consenso, quien además seguía jerárquicamente al general Velasco y había negociado con los diferentes comandantes de las Fuerzas Armadas pero sin llegar aún a acuerdos definitivos. Morales Bermúdez aprovecha un viaje al sur del país y desde la ciudad de Tacna se subleva, logrando la adhesión de los comandantes de las diferentes regiones militares. Al mediodía del 29 de agosto de 1975 el general Velasco abandona palacio de Gobierno.

ANALISIS ECONOMICO: GOBIERNO JUAN

VELASCO ALVARADO

ElEl gobiernogobierno militarmilitar dede loslos setentasetenta generógeneró altosaltos yy sostenidossostenidos déficitdéficit fiscales...fiscales...

Déficit Fiscal

(en porcentaje del PBI)

0.0

-2.0

-4.0

-1.7

-0.5

-1.7-2.3

-3.9

-6.0

-8.0

-5.8

-7.8

-6.1

-10.0

-12.0

-14.0

-10.4-11.1

-12.3

-10.3

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

...... inicióinició lala aventuraaventura empresarialempresarial deldel Estado,Estado, concon pérdidaspérdidas acumuladasacumuladas dede US$2,500US$2,500 millones...millones...

Pérdidas acumuladas de las empresas públicas

(en millones de US$)

100

-400

-900

-1400

-1900

-2400

-46 -93 -125-55 -46 -128

-654

-1371

-1926

-2254-2401

-2481

El valor actual de las pérdidas acumuladasentre 1968 y1979 por parte de las empresas públicas asciende a US$18,780 millones

-2900

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Fuente: BCRP, MEF. Elaboración: IPE

…… cercacerca dede 175175 empresasempresas públicaspúblicas fueronfueron creadascreadas durantedurante elel gobiernogobierno dede Velasco,Velasco, lala mayoríamayoría luegoluego dede expropiaciones...expropiaciones...

Expropiación y creación de principales empresas

Nombre Sector

International Petroleum Company (creación de Petroperú) Petróleo - Hidrocarburos

Expreso y Extra (primeros diarios expropiados) Prensa

Totalidad de los medios de prensa, radio y TV Prensa

84 empresas pesqueras (creación de Pesca Perú) Pesca

Cerro de Pasco Copper Corporation - (creación de Centromín Perú) Minería

Marcona Mining Company (creación de Hierro Perú) Minería

Empresas Eléctricas Asociadas (creación de electrolima) Electricidad

Cadenas de Supermarcados (creación de EPSA) Comercio

Aerolíneas Peruanas (creación de AeroPerú) Aerocomercial

Bancos Popular y Continental Banca

Fuente: Diario Correo (16.03.06), PNUD (Marzo 2006) "La Democracia en el Perú: Proceso Histórico y Agenda Pendiente"

...... yy sese incrementóincrementó lala planillaplanilla públicapública enen 83%83%

Evolución del empleo público

(en miles de trabajadores)

400

350

300

250

200

150

100

50

Empresas Públicas

Entidades Autónomas

Gobierno Central

197

23

25

148

291

31

52

208

359

85

32

242

0

1969 1972 1978

Fuente: Hurtado y Robles (1995) " Estadísticas de empleo en el sector público peruano“. Carol Wise (2003) "Reinventing the state: Economic Strategy and Institutional Change in Peru"

196

8

196

9

197

0

197

1

197

2

197

3

197

4

197

5

197

6

197

7

197

8

197

9

ParaPara financiarfinanciar elel mayormayor gasto,gasto, lala deudadeuda públicapública pasópasó deldel 15%15% deldel PBIPBI alal 48%48% deldel PBI...PBI...

50.0

45.0

40.0

35.0

Ratio Deuda/PBI

(en porcentaje del PBI)

Un 25% de la deuda pública externa contraída entre 1970 y 1979 se destinó al gasto militar

33.8

47.9

41.3

30.0

25.0

20.0

15.015.3 16.2

15.2 14.6 14.7 16.1

18.9

22.5

25.9

10.0

5.0

0.0

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

197

0

197

1

197

2

197

3

197

4

197

5

197

6

197

7

197

8

197

9

...... lolo queque significósignificó queque lala deudadeuda porpor cadacada habitantehabitante sese mmuultiplicaraltiplicara 55 vecesveces

Deuda por habitante

(en millones de US$)

350.0

300.0269

312

342

250.0

200.0202

228

148

100.072 73 80

104

50.0

0.0

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y MEF

304.2

147.7

98

78.8

50.4 53.2

24 25.433.2 35.5

14.2 16.2

LaLa “maquinita”“maquinita” comenzócomenzó aa operar,operar, incrementandoincrementando lala basebase monetariamonetaria aa unauna tasatasa dede 32%32% anual...anual...

350.0

Base Monetaria de 1968 - 1979

(millones de soles corrientes)

300.0

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

...... yy aumentandoaumentando lala inflacióninflación dede 6%6% aa 74%74%

Inflación

75.0 73.9

66.7

60.0

44.6

32.6

15.09.8

5.7 5.5 7.5

4.2

13.8

19.1

24.0

0.0

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

SeSe obstaculizóobstaculizó lala iniciativainiciativa privada,privada, llevandollevando aa lala inversióninversión públicapública aa serser casicasi elel 50%50% deldel total...total...

Inversión Pública

(en % de la Inversión Total)

50

45

40 Empresas

35 Públicas y otros

30

25

20

15 Gobierno

10

5

0

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Fuente: MEF

...... pero,pero, aúnaún así,así, lala inversióninversión totaltotal comocomo porcentajeporcentaje deldel PBIPBI nono superósuperó lala dede loslos 2020 añosaños anterioresanteriores

Inversión Total

(como % del PBI)

18.5

18.0

17.5

17.0

16.5

16.0

15.5

15.0

1950-1959 1960-1968 1968-1978

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

ElEl controlcontrol deldel tipotipo dede cambiocambio generógeneró unun saldosaldo negativonegativo dede reservasreservas internacionalesinternacionales

Reservas Internacionales Netas

(En Millones de US$)

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

LaLa expropiaciónexpropiación dede lala propiedadpropiedad agrariaagraria creócreó informalidadinformalidad yy abandonoabandono enen elel queque eraera hastahasta entoncesentonces elel principalprincipal sectorsector económicoeconómico yy elel mayormayor contribuyente...contribuyente...

Distribución de la tierra pre-reforma agraria según sistema de tenencia,

1961 (en %)

Titulación de tierras según catastro del PETT,2004

(en % del total de la muestra)

Comunidades9%

Minifundio6%

Gran, mediana y pequeña

propiedad85%

No titulado70%

959,857 parcelas

Titulado30%

419,562 parcelas

Fuente: Censo Nacional Agropecuario de 1961 y GRADE (2005)

...... convirtiendoconvirtiendo aa nuestronuestro paíspaís -que-que eraera netamentenetamente exportador-exportador- enen dependientedependiente dede alimentosalimentos

Exportación e Importación de alimentos

(miles de TM)

500.0

450.0

400.0

350.0

300.0

250.0

200.0

150.0

Exp. tradicionales de alimentos

Imp. de principales alimentos

Las consecuencias de la reforma agraria se vieron en los 80s, cuando el Perú pasó a ser deficitario en la producción de alimentos.

100.0

50.0

0.0

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

LaLa políticapolítica comercialcomercial impidióimpidió laslas importaciones,importaciones, perjudicandoperjudicando alal consumidor...consumidor...

Nivel Arancelario Efectivo, 1948 -1975

(en porcentaje)

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20 15

10

0

105

Hubo restricción para la compra de carne (solo

15 días al mes), la circulación vehicular

(prohibición de circular2 días por semana)

1948 - 1959 1968 - 1975

Fuente: Boloña, Carlos (1981) Políticas Arancelarias en el Perú. 1880-1980.

...... yy aa pesarpesar deldel modelomodelo dede “sustitución“sustitución dede importaciones”,importaciones”, sese importóimportó másmás dede lolo queque sese exportóexportó

Balanza Comercial

(en millones de US$)

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

ComoComo resultado:resultado: sese estancóestancó elel ingresoingreso perper cápitacápita real,real, cuandocuando enen laslas 22 décdécaadasdas anterioresanteriores creció...creció...

4.0

PBI per cápita

(Variación % anual)

3.5

3.0

2.52.5

3.1

2.0

1.5

1.00.7

0.5

0.0

1950 - 1960 1960 - 1968 1968 - 1678

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

...... másmás aún,aún, luegoluego dede 2020 añosaños dede gananciasganancias dede productividad,productividad, enen loslos 70s70s éstaésta fuefue negativanegativa

Crecimiento promedio por década del PBI per cápita y la productividad

(en variación %)

3.0

2.5

2.0

PBI per capita

Productividad

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1951-1960 1961-1970 1971-1980

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú e IPE

Sector Privado Mínimo

LosLos salariossalarios realesreales sese desplomaron...desplomaron...

Salarios reales sector privado y

Salario mínimo

(1985=100)

240

220

200

180

160

140

120

100

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

...... creandocreando desempleodesempleo yy aumentandoaumentando elel subempleosubempleo

Tasa de desempleo(Como % de la PEA)

Tasa de Subempleo

(Como % de la PEA)

7.5 48.0

7.0 47.0

6.5 46.0

6.0 45.0

5.5 44.0

5.0 43.0

4.5 42.0

4.0 41.0

3.5

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

40.0

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

VelascoVelasco inicióinició elel procesoproceso dede deteriorodeterioro económicoeconómico queque llevóllevó aa másmás dede lala mitadmitad dede peruanosperuanos aa nivelesniveles dede pobreza,pobreza, dede dondedonde aúnaún nono haha podidopodido salirsalir

Población en Pobreza y Pobreza Extrema

(en porcentaje)

60 5555 52

50

45 42

4035

35

3024

25

2018

1515

10

Pobreza Pobreza Extrema

1970 *

1985

1991

2004

19

* Los porcentajes para 1970 fueron estimados sobre la base de los cálculos de Adolfo Figueroa, en Integración de las Políticas de Corto y Largo Plazo, en Economía, N° 23. Junio de 1989.

Fuente: Figueroa (1989) y Moncada (1996)