Melania Fraga. Gijón. Llegamos al domicilio de Irene Saavedra, donde nos espera con un montón de papeles sobre la mesa, y el teléfono en la mano. Su conversación claramente de trabajo ya nos la define significativamente, su contundencia, ritmo y confianza nos presenta a una persona que sabe de lo que está hablando: de justicia. Entre listas de testigos, informes para la fiscalía… “Tengo juicio el lunes”, nos comenta nada más colgar y nos invita a ponernos cómodos.

Nos explica que ella se dedica principalmente a preparar juicios, aunque nos aclara que no es abogada, es técnica en salud y prevención laboral y perito judicial, y aunque los técnicos en prevención se encargan de temas relacionados con medidas de seguridad hay mucho más trabajo que se desconoce.

Nos metemos en el tema que nos atañe, la salud laboral, desde un ángulo más global, pidiendo a Irene que nos ponga en antecedentes.

¿Evolucionan los planteamientos en salud laboral? En los últimos quince años se pusieron en marcha muchas herramientas y leyes para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras. Pero, -nos apunta-, en este momento estamos en un estancamiento.

“La crisis es un caldo de cultivo para los accidentes laborales”

Irene Saavedra lleva veinte años trabajando en el Departamento de Salud Laboral de CCOO, primero en Madrid y desde hace doce en Asturias. Es una de las primeras Técnicas de Prevención del Estado. En la actualidad está especializada en investigación de casos de cáncer laboral y peritaje en prevención de riesgos.  

Nos pone en bandeja el preguntarle; entonces, ¿afecta la crisis a la salud laboral? Sí. Desde que estamos en crisis hay más número de accidentes laborales, y eso que hay menos personas trabajando. Las empresas se refugian en ella para no invertir en medios de protección y la precariedad, la subcontratación y muchos trabajos y empresas piratas son el caldo de cultivo para los accidentes laborales. Pero ¿hubo avances sustanciales? Claro, hemos pasado de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la época de Franco, a la Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, que es una ley que tardó trece años en transponerse al ordenamiento jurídico español. Entre los años noventa y cinco y dos mil siete tuvimos un gran avance, la Ley, una Fiscalía de Siniestralidad, tanto a nivel estatal como autonómico y un Instituto Asturiano de Prevención. Parece que en Asturias hay recursos. ¿Existen distintivos, peculiaridades aquí? Asturias por su condición industrial y por la lucha de los mineros, que pedían principalmente mejoras en el trabajo y la salud, es referente en estos temas. Las reivindicaciones laborales iban muy relacionadas a la petición de mejoras para la salud, algo que en el resto del estado no ha pasado. Esas luchas empezaron por la muertes en la mina, de hecho, los que primeros alertaron sobre la silicosis y el cáncer de pulmón en los mineros fueron los propios trabajadores y los representantes, en época franquista, la medicina llego después. Y ahora, ¿cómo se plantea el trabajo y las reivindicaciones por la salud? Uno de los temas que se reivindican es que existan estadísticas serias para trabajar sobre la realidad, por ejemplo: si hoy se accidenta una persona de gravedad, se lo llevan al hospital y fallece después de una semana del ingreso esa persona no consta como muerto por accidente de trabajo. En la estadística consta como accidente muy grave. Más claro imposible, pero nos preguntamos qué pasa entonces con las personas que mueren por enfermedades derivadas de su trabajo? La mayoría de accidentes mortales de trabajo si constan en una estadística, pero los que fallecen por ejemplo de cáncer profesional no aparecen en ningún lado. Se declaran las enfermedades profesionales pero no las muertes por estas enfermedades. Nos vamos a juicio, uno a uno, trabajador a trabajador, para demostrar que estuvo en la empresa en unas condiciones que le produjeron esa enfermedad, -y con una sonrisa, nos recuerda,- por eso necesito a los testigos, los informes y un largo etc. En muchos casos el pleito lleva años y los afectados mueren. Eso es lo peor de mi profesión ver como se mueren. ¿Se puede demostrar esa mala praxis? Nosotras, en CCOO, ganamos la mayoría de juicios. Empresas como Ensidesa (Arcelor-Mittal), Alcoa, Duro Felguera, Naval Gijón y muchas más ya fueron condenadas, pero pagan una multa y continúan haciendo lo mismo. Eso, al igual de que los muertos por accidentes o enfermedades laborales, no sale en la prensa. Ni en la prensa, ni el las estadísticas. ¿No hay ningún listado? En el sindicato calculamos que en los últimos cinco años en Asturias han fallecido 580 trabajadores por enfermedad profesional, el 60% por canceres, pero eso no consta en ningún sitio para la administración. ¿Es una demanda para vosotros que existan este reconocimiento? Por supuesto. El Instituto Nacional de Seguridad Social, que es quien reconoce las enfermedades profesionales, está negando, por ejemplo que el mesotelioma pleural, (cáncer de pleura) producido únicamente por la exposición al amianto, no es enfermedad profesional. La propia administración es permisiva con este tipo de actuaciones que no dejan de ser homicidios imprudentes por parte de los empresarios.

Entonces, ¿un accidente puede ser un homicidio? Para nosotros es incomprensible que en un accidente de trafico nadie puede tocar el escenario hasta que no llega la Guardia Civil y el forense. En los casos de accidentes laborales, impunemente se modifican los escenarios, no en todos los casos, pero hay empresas y empresarios que modifican esos escenarios. En más de una ocasión me encontré muertos por caídas de altura con el arnés puesto al revés, de maneras imposibles de poner, puesto evidentemente cuando ya estaba muerto en el suelo. Hay muchos casos increíbles. ¿Denunciamos este tipo de abusos cuando nos mandar a trabajar sin equipo de protección? Depende en la mayoría de los casos si eres fijo o eventual. Quienes tienen un contrato fijo sí exigen los equipos adecuados, hay veces que la empresas te los da con pedirlo, pero la obligación es de tenerlos y darlos antes de que ningún trabajador los tenga que pedir.