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El Estado Plurinacional no practica lo que predica, advierte analistaPublished on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
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El Estado Plurinacional no practica lo que predica, advierteanalista Imagen: Agencia APG
Servindi, 22 de enero, 2014.- "La prédica estatal que proclama la defensa de la pluriculturalidad sedesvanece en la práctica" observó la analista Mailer Mattié en un ensayo titulado: "El EstadoPlurinacional ¿practica lo que predica?".
En él advierte el creciente conflicto entre el Estado Plurinacional y los pueblos originarios, lo que"confirma la inalterable voluntad del sistema político de amparar los intereses afines a los objetivosde las élites nacionales y extranjeras".
La experiencia reciente del Estado Plurinacional en los países andinos "demuestra una vez más quesistema político y capitalismo admiten ser diferenciados solo en las proclamas de quienes detentanel poder", sostiene Mattié.
La autora expone "la abierta y firme cooperación de la izquierda en Latinoamérica con los interesesde la economía mundial; complicidad velada por la vacía retórica del nacionalismo y la creación defalsas expectativas en relación con la valoración de las culturas ancestrales y los modos de vida delos pueblos originarios".
Además de infundir falsas expectativas que debilitan la fuerza y cohesión del movimiento indígena,tienen como consecuencia directa pretender estatizar el conocimiento ancestral propiciando suimprecisión y ambigüedad.
La práctica de los principios del Buen Vivir como la reciprocidad, la cooperación y lacomplementariedad, implica obligaciones convivenciales que difícilmente podrían ser sustituidas porderechos constitucionales.
Se trata de obligaciones y mandatos sujetos a la autoridad de jerarquías legítimas, ajenas a las queotorgan los privilegios del poder político o económico, apunta Mailer Mattié, quién destaca que seestá ante un desafío más en la histórica resistencia de las comunidades indígenas para defender lavida y preservar su integridad.
A continuación el artículo completo de la autora:
El Estado Plurinacional ¿practica lo que predica?
Por Mailer Mattié*
<<"Maquiavelo: Mientras escuchaba vuestras teorías sobre la división de poderes y sobre losbeneficios propiciados por la misma a los pueblos, no podía dejar de asombrarme, Montesquieu,
viendo hasta qué punto se adueña de los más grandes espíritus la ilusión de los sistemas>>Maurice Joly: Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, 1864
"En el siglo XXI el culto al Estado es la forma idónea y superior de pro-capitalismo." Félix RodrigoMora: El giro estatolátrico, 2011
La sociedad contemporánea está supeditada a la articulación que se establece entre el Estado y la
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economía como fines en sí, dado que el sistema político y el sistema económico no son medios alservicio de la satisfacción de las necesidades humanas, del cuerpo y del alma, para el buen vivir.
Como un fin, al Estado corresponde el fortalecimiento del monopolio de la autoridad (legal, nonecesariamente legítima), de la violencia (ejército y policía) y de las leyes que regulan elcomportamiento individual y la vida colectiva (educación, sanidad y mercado de trabajo, entremiles).
La economía, por otro lado, se transformó en un fin a partir de la destrucción de las formas desubsistencia ajenas al capitalismo, dando paso en el siglo XIX al monopolio de la producciónindustrial. Un proceso, por lo demás, paralelo al auge de la utilización del dinero como medio deacumulación y, en consecuencia, también a la subordinación de su condición de intermediario parala circulación y el intercambio de los bienes. Un sistema económico, en suma, cuyo objetivo no es lasatisfacción de la subsistencia, sino –tal como argumentaron Silvio Gesell y Simone Weil (1) [1]- elinterés monetario, la usura: la apropiación de la riqueza ajena al trabajo, cuyo incrementogenerasobreproducción en los sistemas financieros y crisis periódicas con graves efectos sobre lavida de la gente.
De este modo, frente a los permanentes riesgos que supone el inestable funcionamiento desemejante orden económico, el Estado actúa como la maquinaria encargada de gestionar la relaciónentre aquél y el resto de la sociedad. Así, en cada circunstancia, implementa sus propias estrategias,incluyendo la reforma de sus instituciones. Un recurso, además, que demanda especialmente larenovación de la prédica política para encubrir la invariabilidad real de los objetivos.
En este contexto, la experiencia reciente del Estado Plurinacional en los países andinos, demuestrauna vez más que sistema político y capitalismo admiten ser diferenciados solo en las proclamas dequienes detentan el poder. Revela, asimismo, la abierta y firme cooperación de la izquierda enLatinoamérica con los intereses de la economía mundial; complicidad velada por la vacía retórica delnacionalismo y la creación de falsas expectativas en relación con la valoración de las culturasancestrales y los modos de vida de los pueblos originarios, herencia precisamente de prácticas deconvivencialidad surgidas y preservadas al margen de cualquier institución estatal.
II
Los pueblos indígenas en los países andinos –y en general en toda América Latina-, nunca formaronparte de los ideales políticos y sociales pregonados por la izquierda. Al contrario, siguiendo elejemplo de los gobiernos republicanos desde el siglo XIX, fueron siempre ignorados o tratados condesprecio y extrema violencia. Basta precisar la actuación de los grupos guerrilleros en Colombia,del gobierno del Frente Sandinista en Nicaragua o de Sendero Luminoso en Perú.
Durante las dos últimas décadas, en los territorios andinos y amazónicos, sin embargo, lascomunidades indígenas organizadas libraron verdaderas batallas contra los Estados nacionales,resistiendo la imposición de las políticas económicas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)y el Consenso de Washington en el Continente. De hecho, desafiaron la implementación del Tratadode Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Plan Colombia, la privatización del agua y ladestrucción de la naturaleza en sus territorios ancestrales, alentando el derrocamiento de gobiernoscorruptos y represivos, generando así graves crisis de gobernabilidad en algunas naciones.
Determinantes fueron, por ejemplo, los sucesos que tuvieron lugar en Bolivia y en Ecuador duranteel año 2000. En Bolivia, la llamada “Guerra del agua” en Cochabamba impidió su privatización enesa ciudad de 600 mil habitantes; en la localidad de Achacachi, igualmente, se levantaron 30 milindígenas contra el gobierno del ex dictador Hugo Banzer, evento que consolidó el liderazgo nacionalde Evo Morales, entonces dirigente de los campesinos productores de hoja de coca. En Ecuador, ungrupo de militares encabezados por el coronel Lucio Gutiérrez (2) se unió al movimiento indígena ypopular y derrocaron el gobierno de Jamil Mahuad, constituyéndose una Junta de Salvación Nacionalde la cual formó parte Antonio Vargas -entonces Presidente de la Confederación de NacionalidadesIndígenas del Ecuador (CONAIE)-, aunque no obtuvo respaldo internacional; la relevancia de laparticipación de las organizaciones indígenas en los acontecimientos, les otorgó definitivamente unlugar nunca antes alcanzado en el contexto político del país.
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De esta manera, a comienzos del siglo XXI, el movimiento indígena en ambas naciones seconfirmaba como una de las principales fuerzas de resistencia al Estado neoliberal en AméricaLatina; (3) efervescencia que trazó, sin duda, la redefinición del escenario político para el futuroinmediato.
En efecto, sectores de izquierda -auspiciados en buena medida por el ávido interés del fallecidopresidente venezolano Hugo Chávez-, en alianza con los principales líderes de las organizacionesindígenas, comenzaron públicamente a argumentar la redefinición de las instituciones en torno a lafundación del Estado Plurinacional: el instrumento idóneo para edificar una verdadera democracia enlos países andinos y superar 200 años de racismo republicano, a partir de la supuesta valoración delas culturas y del conocimiento ancestral. En consecuencia, el nuevo liderazgo político reivindicó elparadigma del Suma Kawsay –Buen Vivir, en lengua kichwa- o Sumaq Qamaña –Vivir Bien, en lenguaaymara-, como guía para construir nuevas formas de convivencia social y de economía, bajo lapromoción y la tutela de las renovadas instituciones estatales.
El Buen Vivir en las cosmovisiones originarias, de hecho, hace referencia a la práctica de principiosconvivenciales de cooperación, reciprocidad y redistribución, teniendo en cuenta que la armonía y elequilibrio social deriva de la complementariedad de los opuestos. Por tanto, fue considerado tambiéncomo la opción a los criterios de bienestar impuestos por el capitalismo, relacionados con elcrecimiento económico y la destrucción de la naturaleza; una elección frente a los conceptos dedesarrollo, industrialización y progreso, integrando la sabiduría de antiguos conocimientos paraelaborar respuestas propias a los enormes retos de la sociedad.
No obstante, aún cuando la mayoría de las organizaciones indígenas reivindicó desde el principio lapropuesta del Buen Vivir, su planteamiento como un ideal para orientar la redefinición del Estado fueprincipalmente una labor a cargo de políticos, universitarios e intelectuales. Entre los másreconocidos en Ecuador han destacado Alberto Acosta -ex Presidente de la Asamblea Constituyente-y el Canciller David Choquehuanca; en Bolivia, el sociólogo aymara Simón Yampara, Álvaro GarcíaLinera -Vicepresidente del gobierno y sociólogo marxista inspirador del socialismo comunitario- yMario Torres, difusor del Sumaq Qamaña como modelo de desarrollo.
La propuesta de instaurar el Estado Plurinacional en Ecuador se consolidó finalmente en 2007. Unaño más tarde, el 28 de septiembre, la nueva Constitución fue aprobada en referendo por unamayoría próxima al 65 por ciento de los votos. La norma constitucional asumió el Sumak Kawsaycomo eje transversal, al considerar el Buen Vivir un horizonte de desarrollo que integra los criteriosde comunitarismo, democracia plurinacional, interculturalidad, autodeterminación, soberanía,independencia y solidaridad internacional. Amplió, asimismo, el ámbito de las leyes al definir losderechos de la Naturaleza y aquellos que corresponden al Buen Vivir: el derecho al agua, a laalimentación, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros.
Del igual modo, en Bolivia la nueva Constitución fue ratificada también en referendo el 25 de enerode 2009, con el respaldo del 90 por ciento de los votantes. La nación fue definida como un Estadocon plurinacionalidad política, económica, jurídica, cultural y lingüística; un Estado unitario ycomunitario que resguarda la integridad del territorio nacional y reconoce, al mismo tiempo, lacoexistencia de formas diversas de vivir en comunidad, de economía y organización social. Adoptó,además, los principios que se atribuyen al Suma Qamaña -y a nociones semejantes de los pueblosoriginarios como el Teka Kavi (Vida Sana), Ivi Maraei (Tierra Sin Mal) y Qhapajñan (Vida Noble)-:unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto,complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, equidad social y de género, bienestarcomún, distribución y redistribución de los bienes. Corresponde al Estado, también, el deberconstitucional de asumir y promover en la sociedad plural los valores éticos vigentes, desde hacesiglos, en pequeñas comunidades indígenas como losayllus aymaras: Ama Sua (no seas ladrón), AmaLlulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas ocioso). Su objetivo es alcanzar el horizonte delsocialismo comunitario y plurinacional.
III
En el mes de agosto del año 2000, en pleno auge del movimiento indígena en los países andinos, se
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estableció, en el marco de la Primera Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada enBrasilia, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), (4) conapoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Nacional deDesarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, entre otros patrocinadores.
Considerado el mayor plan de ordenamiento territorial a nivel mundial, su costo se estimó en 75 milmillones de dólares, cuyo financiamiento supondría un aumento del 6 por ciento de la deuda externade los países implicados. Incluye la construcción de 500 proyectos en la región de Sur América,principalmente aeropuertos, acueductos, puertos fluviales, gasoductos, tendidos eléctricos y de fibraóptica, centrales hidroeléctricas, explotación minera, de hidrocarburos y de recursos genéticos agran escala y producción de cultivos transgénicos. La finalidad es garantizar el transporte demercancías hacia los centros de consumo en los Estados Unidos, Canadá, India, China, Europa yJapón. Respondiendo a las exigencias de los objetivos de crecimiento de la economía en Brasil, el exPresidente Lula da Silva, líder obrero del izquierdistaPartido dos Trabalhadores (PT), fue uno de susmayores impulsores.
El proyecto agrupa a los países en 10 ejes, a manera de corredores interoceánicos entre el Atlánticoy el Pacífico. En el Eje Andino, por ejemplo, tiene prioridad la construcción de infraestructurarelacionada con los recursos energéticos, cuyo fin es ampliar la comunicación por vía terrestre,aérea y fluvial entre Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Bolivia ocupa aquí un lugar importante enreferencia a la explotación de hidrocarburos y la producción de soja transgénica. Por su parte, el EjePerú/Brasil/Bolivia está vinculado a la explotación de la biodiversidad, la industria farmacéutica ybiotecnológica, gas, territorios indígenas, energía hidroeléctrica y agroindustria.
En el año 2010, el 75 por ciento de los proyectos se encontraba en ejecución. En casos precisos, lasconsecuencias han dejado en evidencia la intensa intervención que suponen en lugares habitadospor comunidades indígenas.
La construcción de complejos hidroeléctricos en Brasil, de hecho, ilustra el impacto de la IIRSA en lavida de los pueblos originarios y en la naturaleza. En marzo de 2011 se iniciaron las obras de larepresa Belo Monte en el estado amazónico de Pará, considerada entre las mayores del mundo juntoa la de las Tres Gargantas en el río Yangtsé en China. Con un costo estimado en 10 mil millones dedólares, financiado mediante endeudamiento estatal, se prevé que comience a funcionar en 2015.Desviará el agua del río Xingú e inundará 516 Km.2 de selva, obligando el desplazamiento de 50 milindígenas y campesinos. La oposición al proyecto comenzó en 2010, antes de su aprobación oficial,cuando el jefe Raoni (5) [2] del pueblo kayapó realizó una campaña de denuncia durante un viaje avarios países de Europa. A comienzos de 2013, las comunidades afectadas, con el apoyo de laorganización Xingú Vivo Para Sempre, (6) lograron paralizar las obras, ocupando la zona. En marzo,el gobierno de Dilma Rousseff, también del PT, envió tropas militares y la construcción de la represase reanudó.
Está en marcha también en la región amazónica brasileña la ejecución del complejo hidroeléctrico dePapajós. Prevista su conclusión entre los años 2017 y 2020, el proyecto incluye la construcción decinco centrales hidroeléctricas; obra que afectará a 20 mil personas de los pueblos mundurukú,kayabi y apiaká, cuyas aldeas quedarán inundadas.
La respuesta estatal a la resistencia indígena en la región, en realidad, tiene un antecedenteinmediato en la actuación que oficializó el gobierno chileno en 1997, cuando comenzó laconstrucción de la central hidroeléctrica Ralco en el río Bío Bío, propiedad de la multinacionalespañola Endesa, en medio de un territorio habitado por 4 mil personas de la etnia pehuenche delpueblo mapuche. Su oposición desató una violenta represión del Estado que aplicó a líderesindígenas la ley antiterrorista vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, cuyas funestasconsecuencias aún perduran.
Fue a la sombra del lanzamiento de la IIRSA, entonces, cuando, precisamente, comenzó a perfilarsela noción del Buen Vivir como cimiento conceptual del futuro Estado Plurinacional; puntualmente apartir del año 2004, una vez conseguido el respaldo de diversos sectores sociales y la adscripción delas principales organizaciones indígenas en Bolivia y Ecuador.
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Además de infundir falsas expectativas dirigidas a debilitar la fuerza y cohesión del movimientoindígena, la consecuencia directa de pretender estatizar el conocimiento ancestral ha sidojustamente propiciar su imprecisión y su ambigüedad. En primer término, la práctica de losprincipios del Buen Vivir como la reciprocidad, la cooperación y la complementariedad,implica obligaciones convivenciales que difícilmente podrían ser sustituidas por derechosconstitucionales. Obligaciones y mandatos en cualquier caso sujetos a la autoridad de jerarquíaslegítimas, ajena a la que otorgan los privilegios del poder político o económico.
Imponer el derecho sobre las obligaciones condujo, inclusive, a considerar competencia del Estadoconferirlos a la Naturaleza, tal como establece la Constitución ecuatoriana y la Ley que promulgó elpresidente Evo Morales en octubre de 2010 que estipula el derecho de la Madre Tierra a la vida, a ladiversidad, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la no contaminación y a su restauración. Atribuciónque ignora, desde luego, que, según el saber ancestral, son las personas quienes tienen obligacionescon el planeta, en términos precisamente de la reciprocidad que supone recibir sus dones.
Subordinar el conocimiento hereditario al derecho, de igual forma, implica desestimar como fuentede armonía social la complementariedad de los opuestos en todos los órdenes de la vida. En talsentido, por ejemplo, resulta significativo que, en el marco de la Agenda del Buen Vivir, el EstadoPlurinacional boliviano intervenga en las relaciones entre hombres y mujeres adoptando prácticasclaramente inspiradas en el feminismo occidental que victimiza, fomenta la discriminación positiva,la dependencia estatal, la criminalización y el conflicto, relegando el apoyo y la ayuda mutuaderivada del entorno social y comunal. (7) [3] Así lo demuestra la aprobación en marzo de 2013 dela Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la cual acuerda, entre otrascosas, la creación de una fuerza especial ad hoc integrada en la estructura policial. Ley, no obstante,al parecer avalada por las corrientes del llamado feminismocomunitario que contempla, incluso, laposibilidad de desarticular el patriarcado desde el Estado Plurinacional, (8) considerado según superspectiva un instrumento de transición que deberá conducir a la unidad y autogobierno de lascomunidades.
IV
En realidad, la prédica estatal que proclama la defensa de la pluriculturalidad se desvanece en lapráctica. En Ecuador, durante los últimos años se adjudicó a compañías petroleras entre el 70 y el100 por ciento del total de los territorios indígenas en la región amazónica; subasta que haprescindido de la consulta previa a las comunidades, tal como prescriben la Constitución y elConvenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por este país en 1998.Por otra parte, la suspensión de la Iniciativa Yasuní, declarada por el presidente Rafael Correa el 15de agosto de 2013, autoriza la explotación de 900 millones de barriles de petróleo en el Bloque 43del Parque Nacional, donde habitan pueblos de origen kichwa, taromenane, tagaeri, waorani y shuar,incluyendo poblaciones que habían vivido hasta ahora en aislamiento voluntario. Fue declarado porla UNESCO Reserva de Biodiversidad en 1989, lo cual confiere a las Naciones Unidas responsabilidaddirecta en su destrucción programada.
En Bolivia, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Justicia en 2013, de las 36nacionalidades que integran el Estado Plurinacional, 15 se encuentran en peligro de extinción. Es elcaso de los pueblos yaminahüas, machinaris, araonas, yukis, urus, ayoreos, pacahuaras, esse ejas ytoromonas, entre otros; algunos, inclusive, cuentan apenas con 500 miembros. Significativamente,además -aún cuando existen divergencias en torno a la formulación del cuestionario-, el censo depoblación de 2012 reveló que solo el 42 por ciento de los habitantes del país mayores de 15 añosreivindicó su origen indígena –kichwas y aymaras, en un 88 por ciento-, lo que muestra unareducción del 20 por ciento respecto al porcentaje en 2001 que fue del 62 por ciento del total. Esdecir, en apenas una década la población boliviana habría dejado de ser mayoritariamente indígena.
A partir del año 2010, por otro lado, se ha producido un notable deterioro en las relaciones entre elEstado Plurinacional y el movimiento indígena y campesino. En Ecuador, de hecho, la mayor parte desus organizaciones están enfrentadas a las instituciones, sobre todo en lo concerniente a la toma dedecisiones que afectan directamente a los territorios y a las comunidades. La gestión del gobiernode Rafael Correa en tal sentido ha sido cada vez más fehaciente, dirigida a desarticular la protestasocial en la medida en que auspicia la explotación petrolera y el desarrollo de los proyectos IIRSA, tal
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como refleja el reciente Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (PNBV) que prevé el aumento de laproducción agrícola para exportación, la expansión de la actividad minera y la construcción decentrales hidroeléctricas.
El 4 de junio de 2013, en efecto, el Presidente ecuatoriano firmó el decreto Nº 16 que aprobó elReglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizacionessociales y ciudadanas. (9) Esta norma deroga el anterior decreto Nº 982 del año 2008 que instruíasobre la disolución de las asociaciones civiles, cuya aplicación ilegalizó las actividades de laagrupación Acción Ecológica en marzo de 2009, reconocida a nivel mundial por su oposiciónpermanente a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, aunque la presión nacional einternacional obligó luego al gobierno a corregir la decisión.
El decreto Nº 16, no obstante, amplió el ámbito de la intervención estatal al incluir pueblos ycomunidades, además de los colectivos constituidos formalmente. Limita el derecho de las personasa la libre asociación y establece la obligatoriedad de presentar a las instituciones información sobrelas actividades de los miembros de cualquier organización. El Estado podrá así determinar sudisolución, al considerar que realiza acciones que solo corresponderían a los partidos políticos, uotras que no coincidan con los objetivos para los cuales fue originalmente constituida.
En aplicación de dicho decreto, en efecto, el 4 de diciembre de 2013, la policía ocupó y clausuró lasinstalaciones de la Fundación Pachamama, (10), acusados algunos de sus integrantes de violenciacontra el embajador de Chile en Ecuador y el apoderado de Belorusneft -empresa estatal de petróleode Bielorrusia-, cuando participaban en los debates de la II Ronda Petrolera. La acusación argumentaintervención en actividades partidistas y en acciones que atentan contra la seguridad del Estado y lapaz pública. El gobierno ecuatoriano, de hecho, firmó en octubre de 2013 un compromiso conBelorusnaft y la compañía chilena ENAP para la exploración y explotación del Bloque 28 de la franjaamazónica del suroriente del país, donde hay aún acuerdos pendientes sobre otros 17 bloquespetroleros. La Fundación Pachamama ha acudido a los tribunales internacionales, mientras elpresidente Correa aprovecha cualquier circunstancia para insultar, menospreciar y descalificarpúblicamente a los dirigentes y colectivos que manifiestan oposición a sus políticas.
En Bolivia, asimismo, el año 2011 marcó un punto de inflexión en la senda del Estado Plurinacional.El 25 de septiembre, el gobierno ordenó enviar 600 policías y apoyo logístico militar (11) [4] paradisolver el campamento situado en la localidad de Chaparina, formado por 800 campesinos eindígenas desarmados que habían llegado hasta allí caminando, durante 64 días, desde distintasregiones del país. Exigían la anulación del proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari-SanIgnacio de Moxos, cuyo trazado atraviesa el núcleo del Territorio Indígena Originario Campesino(TIOC) Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde habitan comunidades de los puebloschimanes, mojeños y yuracarés. La carretera forma parte de los corredores de la IIRSA y suconstrucción cuenta con el financiamiento del BNDES brasileño, aunque las autoridades bolivianashan negado reiteradamente que exista dicha conexión.
Aún cuando el presidente Evo Morales se vio obligado un mes más tarde a ordenar la paralización delas obras y declarar intangible el TIPNIS, el proyecto persiste en la agenda económica del Estado. Laviolenta respuesta gubernamental, sin embargo, dejó como secuela una profunda fractura en larelación del movimiento indígena con el Estado, provocando también su división.
El Pacto de Unidad, considerado uno de los pilares de la renovación del Estado, en efecto, se rompió.Dicha alianza la integraban cinco históricas organizaciones: la Confederación Sindical Única deTrabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de ComunidadesInterculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas IndígenasOriginarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCIDB-BS), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas delQullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Así pues, ennoviembre de 2011 se produjo la separación entre el bloque integrado por los dirigentes de laCSUTCB, las “bartolinas” y los “interculturales”, fieles al mandato de Evo Morales, frente a lossectores mayoritarios del CONAMAQ y la CIDOB, esta última también dividida en fracciones afines ycontrarias al gobierno. Algunos observadores afirman, no obstante, que el conflicto del TIPNIS soloconsumó la ruptura, dado que las discrepancias habían comenzado inmediatamente después de laaprobación de la Constitución en enero de 2009, cuando los sectores vinculados a los productores de
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hoja de coca, a la minería y los “interculturales” se conformaron como el grupo hegemónico en elpoder.
El creciente conflicto entre el Estado Plurinacional y los pueblos originarios, en realidad, confirma lainalterable voluntad del sistema político de amparar los intereses afines a los objetivos de las élitesnacionales y extranjeras. Un desafío más en la histórica resistencia de las comunidades indígenaspara defender la vida y preservar la integridad.
Notas
(1) Mailer Mattié. “La bondad del dinero. El tránsito hacia las nuevas formas de convivencia social”.Instituto SimoneWeil:http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=article&id=401[5]:mailer-mattie-la-bondad-del-dinero-el-transito-hacia-nuevas-formas-de-convivencia-social&catid=48:mailer-mattie&Itemid=68
(2) Con el apoyo del Movimiento de Unidad Pluricultural Pachakutik (MUPP), Lucio Gutiérrez fueelegido Presidente de Ecuador en noviembre de 2002. La corrupción y la traición a quienes lerespaldaron propiciaron su derrota en abril de 2005, cuando la movilización popular en las calles deQuitó obligó al ejército a presionar su salida. Gutiérrez huyó de la ciudad en helicóptero, asumiendoel mando el vice Presidente Alfredo Palacio.
(3) Mailer Mattié. “Bolivia: la cuestión indígena y el Estado” y “El movimiento indígena ecuatoriano”en: La economía no deja ver el bosque. Artículos 2002-2006. Libros en red. Buenos Aires,2007.
(4) Cooperación en Red Euro Americana para el Desarrollo Sostenible. Proyecto IIRSA, el megaproyecto para el saqueo de América delSur: http://www.creadess.org/index.php/informate/lo-bueno-y-lo-malo/malas-practicas/21348-proyecto-iirsa-el-mega-proyecto-para-el-saqueo-de-america-del-sur [6]
(5) http://raoni.com/noticias.php [7]
(6) http://xingu-vivo.blogspot.com.es/ [8]
(7) María del Prado Esteban y Félix Rodrigo Mora. Feminicidio o auto-construcción de la mujer.Volumen I: Recuperando la historia. Aldarull. Barcelona, 2012. Un libro imprescindible paracomprender y desmitificar el desarrollo histórico del feminismo institucional en el Estado español;objeto, no obstante, de una vergonzosa censura aprobada por sectores de izquierda que hanintentado, sin mayor éxito, vetar su difusión.
(8) Mailer Mattié. “Bolivia. Feminismo comunitario enconstrucción”: http://economiacritica.net/web/index.php?option=com_content&task=view&id=167[9]
(9) EcuadorLibreRed. Decreto ejecutivo Nº 16: Se terminó con la expresión de la soberaníapopular:http://www.ecuadorlibrered.tk/index.php/ecuador/politica/2233-2013-06-21-22-33-16 [10]
(10) ttp://pachamama.org.ec/ [11]
(11) El gasto militar en Bolivia y en Ecuador en 2012 fue el 1.5 por ciento y el 2.8 por ciento del PIB,respectivamente; porcentajes, inclusive, mayores al de Venezuela que correspondió al 1.1 porciento. En la región, Cuba presenta la cifra más alta: 3.8 por ciento del PIB, teniendo en cuenta queen los Estados Unidos es el 4.06 por ciento, según indicadores del Banco Mundial y del InstitutoInternacional de Estudios para la Paz con sede en Estocolmo.
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Mailer Mattié pertenece al Instituto Simone Weil.
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Fuente: Instituto Simone Weil: http://www.institutosimoneweil.net/index.php?option=com_content&view=art... [12]
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