Desmantelar Los Nuevos Grupos Armados Ilegales en Colombia

DESMANTELAR LOS NUEVOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES

EN COLOMBIA:

LECCIONES DE UN SOMETIMIENTO

Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012

Traducido del Inglés

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES ......................................................... i

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1

II. PONER FIN A LOS NGAI: LA OFERTA DEL GOBIERNO .................................... 1

A. LA POSTURA DEL GOBIERNO ......................................................................................................... 1

B. IMPLICACIONES PARA LOS MIEMBROS .......................................................................................... 3

C. IMPLICACIONES PARA LAS VÍCTIMAS ............................................................................................ 4

III. EL PERFIL DEL ERPAC ................................................................................................ 5

A. CONTROL SOCIAL Y TERRITORIAL ................................................................................................ 5

B. INTERESES ECONÓMICOS .............................................................................................................. 8

C. IMPACTO HUMANITARIO............................................................................................................... 8

IV. EL SOMETIMIENTO ...................................................................................................... 9

A. LA FASE PREVIA ......................................................................................................................... 10

B. LÍMITES DEL ENFOQUE ACTUAL.................................................................................................. 11

C. EL ESCENARIO POST-SOMETIMIENTO .......................................................................................... 13

V. HACIA UNA POLÍTICA DE SOMETIMIENTO ....................................................... 14

A. MANEJAR LAS ZONAS GRISES ..................................................................................................... 15

B. CORREGIR LOS INCENTIVOS ....................................................................................................... 16

C. MÁS ALLÁ DEL PROCESAMIENTO PENAL ..................................................................................... 17

VI. CONCLUSIÓN ................................................................................................................ 18

ANEXOS

A. MAPA DE COLOMBIA ....................................................................................................................... 19

B. MAPA DE LOS LLANOS ORIENTALES ................................................................................................ 20

C. GLOSARIODE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES .................................................................................. 21

D. QUIÉNES SON LOS PARAMILITARES EN LOS LLANOS ORIENTALES ..................................................... 22

E. ACERCA DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP .................................................................................... 24

F. INFORMES Y BOLETINES DE CRISIS GROUP SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESDE 2009 ....... 25

G. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CRISIS GROUP ............................................................................ 26

Informe sobre América Latina N°41 8 de junio de 2012


EN COLOMBIA: LECCIONES DE UN SOMETIMIENTO

RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

El sometimiento del Ejército Revolucionario Popular An-

titerrorista de Colombia (ERPAC), en diciembre de 2011,

corre el riesgo de pasar a la historia como un fracaso. So-

lo una parte del grupo participó en el proceso y además es

posible que los líderes sean condenados a penas de pri-

sión cortas y que las estructuras criminales y de corrup-

ción subyacentes permanezcan intactas. El impacto en las

dinámicas del conflicto en los Llanos Orientales, bastión

del grupo, ha sido limitado. Igual de preocupante, ade-

más, es la falta de transparencia y de observación interna-

cional, hechos que minaron la credibilidad del proceso y

dejaron la impresión de que un grupo armado ilegal en-

gañó nuevamente a las instituciones estatales en detri-

mento del público y, en particular, de las víctimas. Las

autoridades deben sacar las conclusiones correctas de es-

tos hechos, de lo contrario, la falta de instrumentos apro-

piados para responder a sometimientos colectivos seguirá

obstaculizando los esfuerzos para combatir grupos como

el ERPAC, los cuales se han convertido en uno de los

principales desafíos para la seguridad del país.

La rendición de 272 miembros, poco más de un tercio de

la fuerza armada total del ERPAC, representa la primera

vez que un Nuevo Grupo Armado Ilegal (NGAI), con raí-

ces en los paramilitares desmovilizados, decide renunciar

a sus armas. Desde que la Policía acabó con la vida de su

fundador, alias “Cuchillo”, en diciembre de 2010, la pre-

sión externa para el sometimiento del grupo había creci-

do, así como las demandas al interior del mismo. El ex

líder paramilitar había convertido al ERPAC en el grupo

armado ilegal dominante en parte de los departamentos

del Meta, Guaviare y Vichada, y jugaba un rol clave en el

tráfico de drogas y en actividades relacionadas con el

crimen organizado. Sin embargo, dados sus vínculos sus-

tanciales con la elite política local y regional, al igual que

con algunos miembros de la fuerza pública, el ERPAC

era más que una organización criminal común. Ejerció un

fuerte control social en las regiones en las que hacía pre-

sencia a través de asesinatos selectivos de líderes comuni-

tarios, entre otros, y fue responsable de desplazamientos

forzados, reclutamientos de niños y violencia sexual.

Los miembros del ERPAC enfrentan actualmente proce-

sos penales ante tribunales ordinarios y podrían reclamar

los beneficios proporcionados por el sistema de justicia

criminal, como la reducción de penas a cambio de la acep-

tación de los cargos. Sin embargo, no son elegibles para

recibir los beneficios del programa gubernamental de

Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR). Esto

se debe a que el Gobierno considera que los grupos como

el ERPAC son bandas criminales (o BACRIM) y, por lo

tanto, no hacen parte del conflicto armado interno. De la

misma forma, los miembros de los NGAI tampoco pue-

den ser considerados bajo algún procedimiento de justicia

transicional, tal como la Ley de Justicia y Paz (LJP) de 2005.

Una extensión generalizada de los mecanismos de DDR y

de justicia transicional hacia los NGAI no tendría justifi-

cación, pero la aplicación exclusiva del derecho penal or-

dinario tampoco está exenta de problemas. Primero, la ley

penal ordinaria deja a las víctimas sin los beneficios y las

garantías legales que se extienden a las víctimas de las

guerrillas y de los paramilitares; sin embargo, es posible

que un fallo de la Corte Constitucional conocido en mar-

zo de 2012 permita que algunas de las víctimas de los

NGAI sean cubiertas por la Ley de Víctimas de 2011. Se-

gundo, deja a los excombatientes sin una perspectiva cla-

ra sobre la reintegración civil, aumentando así el riesgo

de rearme. Los crímenes graves cometidos por los NGAI

deben ser completamente investigados y juzgados, pero

también es necesaria una aproximación más amplia al

desmantelamiento de estos grupos en aquellos casos en

los que hay una relación clara con el conflicto armado.

De forma contraria a lo esperado por el Gobierno, el pro-

ceso del ERPAC reveló los límites de la estrategia de so-

metimiento, en lugar de reivindicarla. La Fiscalía General

de la Nación, con pocas opciones, tuvo que liberar a la

mayoría de los combatientes de forma casi inmediata, ya

que al inicio sólo se emitieron órdenes de captura contra

diecinueve líderes. Esto obligó a los fiscales y a la Policía

a recapturar a los miembros del ERPAC uno por uno en

una tarea ardua y aún incompleta. La indignación pública

que siguió fue comprensible. Sin embargo, lo más perju-

dicial es que el proceso probablemente fracasará en el in-

Desmantelamiento de los Nuevos Grupos Armados Ilegales de Colombia: lecciones de un sometimiento

Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página ii

tento por castigar a los responsables de crímenes graves,

en lograr un impacto estructural en los negocios del ER-

PAC y en desarticular sus vínculos con políticos y miem-

bros de la fuerza pública. Por otro lado, no se habría apro-

vechado suficientemente la información proveniente de

los miembros rasos sobre las operaciones del ERPAC y,

en consecuencia, los líderes no se enfrentan a una amenaza

creíble de cargos criminales serios. De esta manera tienen

pocos incentivos para colaborar seriamente con el sistema

judicial.

Pero el problema trasciende dichas deficiencias. La tajan-

te distinción conceptual del Gobierno entre las partes del

conflicto y los grupos criminales organizados, sobre la

cual se construyó la lógica del sometimiento, no refleja

adecuadamente las complejidades existentes en el terreno.

Los grupos como ERPAC no son una réplica exacta de

los paramilitares, pero no pueden ni deben considerarse

de forma aislada al contexto más amplio del conflicto ar-

mado interno. Esto significa que desmantelar los NGAI

supone más que la investigación y el castigo de los críme-

nes individualmente considerados. También implica el des-

mantelamiento de redes corruptas, garantizar los derechos

de las víctimas y evitar el rearme. Debido a sus actuales

debilidades, la reconciliación de intereses tan dispares so-

brepasa la capacidad del sistema judicial. El gobierno del

Presidente Juan Manuel Santos entregó el proceso, de for-

ma deliberada, a la Fiscalía, pero las deficiencias reveladas

en la experiencia del ERPAC solo han resaltado la nece-

sidad de una política de sometimiento explícita, que vaya

más allá del procesamiento judicial individual y donde el

Gobierno asuma un liderazgo activo.

Después de que el gobierno del ahora ex Presidente Álvaro

Uribe Vélez minimizara la amenaza de los NGAI, el Pre-

sidente Santos asumió una postura más fuerte, aunque los

resultados son todavía limitados. Combatir a los NGAI es

un desafío complejo que involucra a múltiples agencias

gubernamentales y a varias políticas. Pero sin una política

de sometimiento explícita, la estrategia del Gobierno con-

tra los NGAI continuará quedándose corta. Además, esta

política podría traer beneficios más allá de sometimientos

futuros de estos grupos. Un enfoque más integral y creí-

ble para enfrentar a los NGAI puede constituir un ele-

mento central de las garantías necesarias para posibles

conversaciones de paz con las guerrillas, para las cuales

el Gobierno está lentamente preparando el terreno.

RECOMENDACIONES

Para facilitar el sometimiento colectivo de los NGAI de

una forma que asegure su desmantelamiento completo,

incluidas sus estructuras y las redes corruptas, garantice

la protección de los derechos de las víctimas, impida el

rearme y, al mismo tiempo, evite la impunidad.

Al Gobierno, la Fiscalía General de la Nación y

otras autoridades del Sistema Judicial de Colombia:

1. Asegurar que las instituciones judiciales y policiales

tengan recursos, capacidad e incentivos profesionales

para investigar y procesar todo el espectro de críme-

nes de los NGAI, incluidos crímenes serios equiva-

lentes a violaciones graves de derechos humanos y

del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la

red corrupta detrás de los grupos.

2. Fortalecer los incentivos para que los miembros ra-

sos de los NGAI se sometan a la justicia y cooperen

con información sobre operaciones, superiores y re-

des criminales, al clarificar bajo qué condiciones y

cómo se aplicaría el “principio de oportunidad” que

permite a la Fiscalía suspender o desistir de la acusa-

ción en un caso que no involucre violaciones graves

de los derechos humanos y del DIH.

3. Mejorar la perspectiva de la vida civil para los ex

miembros de los NGAI con la introducción de bene-

ficios básicos de reintegración sujetos a criterios es-

trictos de elegibilidad, antecedentes judiciales y com-

portamiento.

4. Aclarar el tratamiento de los niños y adolescentes

que son parte de los NGAI, quienes deberían ser ele-

gibles para ingresar al programa para niños soldados

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),

independientemente de la clasificación del Gobierno

respecto a los NGAI como organizaciones criminales

y no como parte del conflicto armado.

5. Mejorar las garantías institucionales para las vícti-

mas de los NGAI mediante una interpretación exten-

siva de la Ley 1448 (2011) a favor de la víctima y, si

esto demuestra ser poco efectivo, considerar la intro-

ducción de legislación específica a fin de asegurar

que todas las víctimas sean tratadas en igualdad de

condiciones.

6. Fortalecer los derechos de las víctimas a la verdad

mediante la introducción de un programa administra-

tivo de diseño similar a la Ley 1424 (2010), bajo el

cual los miembros rasos de los NGAI recibirían bene-

ficios legales a cambio de contribuir en el estableci-

miento de la verdad extrajudicial y la memoria histó-

rica. Los individuos responsables de crímenes graves

no deberían ser elegibles para dicho programa.

7. Aumentar la credibilidad y la transparencia de los

procesos de sometimiento mediante la invitación co-

mo observadores a organizaciones internacionales,

en particular, a la Misión de Apoyo al Proceso de

Paz en Colombia de la Organización de los Estados

Americanos (MAPP-OEA).

Bogotá/Bruselas, 8 de junio de 2012

Informe sobre América Latina N°41 8 de junio de 2012


EN COLOMBIA: LECCIONES DE UN SOMETIMIENTO

I. INTRODUCCIÓN

Con la participación de poco más de un tercio de los com-

batientes, el sometimiento del Ejército Revolucionario

Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC), en diciem-

bre de 2011, fue un acontecimiento que no tuvo las di-

mensiones esperadas. Sin embargo, permitió examinar,

por primera vez, uno de los elementos centrales de la es-

trategia del Gobierno contra los Nuevos Grupos Armados

Ilegales (NGAI) y sucesores de los paramilitares. Al ca-

racterizar a los NGAI como organizaciones criminales, el

Gobierno insiste en que no negociará con éstos y en que

la única vía posible para los miembros de los NGAI es

someterse a la justicia y que enfrenten un proceso penal.

Un sometimiento exitoso habría fortalecido los incentivos

para que otros NGAI siguieran el ejemplo del ERPAC, pero

la experiencia con este último, puso al desnudo las limita-

ciones que tiene el actual enfoque tanto a nivel institucional

como procesal. Las instituciones judiciales son demasia-

do débiles para poder investigar y procesar a los miem-

bros del ERPAC por todos los delitos cometidos, lo cual

aumenta drásticamente el riesgo de la impunidad. Por lo

tanto, es probable que, tras el sometimiento, las estructu-

ras integradas por testaferros permanezcan. En la prácti-

ca, el sometimiento no ha causado mayores efectos aparte

de desatar la lucha territorial entre los grupos que compi-

ten por controlar la herencia del ERPAC. En razón de lo

anterior, los derechos de las víctimas a la verdad, la justi-

cia y la reparación se han visto negativamente afectados

Combatir los NGAI es una tarea compleja que, de acuerdo

a la estrategia actual, implica operaciones de inteligencia,

represión de las actividades criminales, la prevención del

reclutamiento y el procesamiento penal de los miembros

que los integran. Este informe no pretende hacer una eva-

luación del enfoque general del Gobierno. En lugar de

eso, se concentra en el sometimiento del ERPAC, con la

intención de contribuir al debate sobre la forma en la que

se podrían mejorar posibles procesos de sometimientos

colectivos de los NGAI en un futuro. Según la distinción

del Gobierno entre “desmovilización” y “sometimiento”,

el primer término se aplica solamente a los grupos elegi-

bles para participar en el programa de Desmovilización,

Desarme y Reintegración (DDR), es decir, a las guerrillas

y a los paramilitares.

II. PONER FIN A LOS NGAI:

LA OFERTA DEL GOBIERNO

Colombia cuenta con una amplia variedad de instrumen-

tos legales para desmovilizar y desarmar organizaciones

armadas ilegales, así como para reintegrar a los comba-

tientes a la vida civil. Estos instrumentos proceden de las

negociaciones con diferentes grupos guerrilleros, las des-

movilizaciones individuales y la entrega colectiva del gru-

po paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Pero ninguno de esos instrumentos se aplicó al ERPAC.

En lugar de eso, el Gobierno insistió en que la única ma-

nera para que sus miembros pudieran normalizar su situa-

ción era sometiéndose a la justicia y enfrentando un pro-

ceso penal conforme a la justicia ordinaria. Esta postura,

que tiene sus raíces en la caracterización de este grupo, y

de otros similares, como organizaciones criminales y no

como grupos armados al margen de la ley, tiene amplias

consecuencias, no sólo respecto al tipo de beneficios le-

gales que pueden exigir los excombatientes desarmados,

sino también respecto al acceso que tienen sus víctimas a

la verdad, la justicia y la reparación.

A. LA POSTURA DEL GOBIERNO

El ERPAC es uno de los cinco grupos armados ilegales

que emergieron tras el fin de la desmovilización paramili-

tar en 2006 y que el Gobierno describe como bandas cri-

minales (BACRIM)1. De acuerdo con los cálculos de la

Policía, estos grupos cuentan con más de 4.800 miembros

1 Para un análisis de la dinámica posterior a la desmovilización,

véanse los informes sobre América Latina de International Cri-

sis Group N°20, Los nuevos grupos armados de Colombia, 10

de mayo de 2007; N°34, Colombia: La oportunidad del presi-

dente Santos de poner fin al conflicto, 13 de octubre de 2011; y

N°37, Romper los nexos entre crimen y política local: Las elec-

ciones de 2011 en Colombia, 25 de julio de 2011. Además del

ERPAC, el Gobierno reconoce a los Urabeños, Rastrojos, Ma-

chos y Renacer. Nuevo Grupo Armado Ilegal es el término que

utiliza Crisis Group para estas estructuras y no debe confundir-

se con la definición legal de grupo armado del Gobierno, “al

margen de la ley”, como parte del conflicto armado interno

(véase más abajo).


Crisis Group, Informe sobre América Latina N°41, 8 de junio de 2012 Página 2

en 167 municipios; según otros cálculos, sus miembros as-

cenderían a 8.000 y podrían tener presencia en 406 muni-

cipios2. Entre el 2008 y el 2010, los NGAI llevaron a cabo

más actos unilaterales de violencia que las guerrillas. En

el 2010, fueron responsables de más del 15 por ciento del

total de desplazamientos forzados internos, una cifra que

superó el 40 por ciento en algunos departamentos altamen-

te afectados como Magdalena o Córdoba3. Si bien el go-

bierno del Presidente Álvaro Uribe (2002 - 2010) minimi-

zó la relevancia de éstos, el de Juan Manuel Santos ha

admitido que actualmente los NGAI constituyen la mayor

amenaza para la seguridad de los ciudadanos 4 y los ha

enfrentado con más firmeza, pero los resultados siguen

siendo limitados. Aunque las fuerzas de seguridad captu-

raron o dieron de baja a líderes importantes, existe poca

evidencia de que se haya logrado debilitarlos a nivel es-

tructural. Las operaciones importantes parecen haberse

llevado a cabo en respuesta a acontecimientos individua-

les y no como parte de la aplicación de una iniciativa legal

integral. La estrategia actual del Gobierno se estableció

en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad en fe-

brero de 20115. El resultado más importante fue la defini-

ción que se proporcionó de los NGAI como grupos cri-

minales organizados. Ésta seguía los lineamientos básicos

del gobierno de Uribe, que había caracterizado los NGAI

como un fenómeno de criminalidad común6. Sin embargo,

2 Entrevista de Crisis Group, Policía, Bogotá, 7 de mayo de

2012; “Presencia de los Narcoparamilitares en el 2011”, Unidad

de Investigaciones, en Punto de Encuentro nº 58, Instituto de

Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), marzo de 2012,

p. 37. Indepaz calcula que al menos 271 municipios han tenido

una presencia continua de NGAI desde el 2008. En su mayoría,

éstos están en Montes de María, Guajira, Bajo Cauca de Antio-

quia, Urabá, la Costa Pacífica, Catatumbo y los Llanos Orienta-

les. Los nombres de los grupos a menudo se usan de forma am-

bigua, lo cual hace que las categorizaciones y los cálculos de

los miembros pierdan credibilidad. Adicionalmente, existen

distintos niveles de membresía, incluidas redes sociales exten-

sas que en general no se tienen en cuenta en los cálculos de los

miembros. 3 Véase Jorge A. Restrepo, Juan David González y Alonso To-

bón, “Paramilitarismo: la amenaza sigue viva”, Razón Pública ,

7 de marzo de 2011, y Angélica Arias Ortiz, “Las Bacrim retan

a Santos”, Arcanos17 (2012), p. 12. 4 Véanse las declaraciones del exdirector de la Policía Nacional,

General Óscar Naranjo en “Bacrim, una amenaza y hay que con-

tenerlas, dice Naranjo”, El Colombiano, Medellín, 26 de enero

de 2011. 5 Entrevista de Crisis Group, Gobierno de Colombia, Bogotá, 2

de mayo de 2012. Santos estableció el consejo como plataforma

para analizar los principales problemas de seguridad y para

coordinar una respuesta estatal integral. “Presidente Santos pu-

so en marcha el Consejo Nacional de Seguridad”, Sistema In-

formativo del Gobierno, 7 de febrero de 2011. 6 Los definió como “organizaciones de carácter multidelictivo,

independientes unas de otras, carentes de cualquier tipo de ideo-

logía, desplegándose hacia zonas donde convergen las fases de

la cadena del narcotráfico, llegando incluso a consolidar alian-

Santos ha reconocido en estos grupos su creciente y com-

pleja naturaleza, su fuerza y su impacto humanitario. En

este sentido, se describen a los NGAI como “estructuras

delincuenciales nacionalmente desarticuladas, con un alto

poder corruptor, intimidador y armado que han combinado

la producción y comercialización de drogas con la afecta-

ción violenta de los derechos y las libertades de los ciuda-

danos en ciertas zonas rurales y en la periferia de algunos

centros urbanos del país”7.

Si bien hay consenso en cuanto a la importancia que tie-

nen las actividades de crimen organizado para los NGAI,

su caracterización como BACRIM tiene dos implicaciones

controversiales. En primer lugar, como lo han argumentado

de forma extensa algunos grupos de la sociedad civil, de-

finir los NGAI sólo como un fenómeno de criminalidad

minimiza deliberadamente la importancia que tuvieron los

grupos paramilitares desmovilizados en su surgimiento.

La terminología alternativa como “neoparamilitares” o

“narcoparamilitares” acentúa el fuerte vínculo con los ex

paramilitares, vínculo sobre el cual las pruebas abundan.

Los NGAI surgieron en regiones donde previamente exis-

tió presencia paramilitar y continuaron las prácticas de

control social, incluida la violencia contra líderes comuni-

tarios y otros grupos vulnerables8. Al consolidarse en cinco

grupos principales a partir de los 33 que había en el 2006,

los NGAI lograron adquirir estructuras organizacionales

cada vez más robustas. Sin embargo, a pesar del vínculo

con los paramilitares, los NGAI dependen menos de la re-

tórica política y sus relaciones con las guerrillas han sido

ambivalentes, abarcando desde la colaboración en el tráfico

de drogas hasta la confrontación.

En segundo lugar, la insistencia en que la naturaleza de los

NGAI es el crimen organizado, los desvincula del conflicto

armado interno. No obstante, su capacidad de combate, su

consolidación organizacional y el creciente impacto nega-

tivo de sus operaciones a nivel humanitario han alimenta-

do el debate sobre si éstos deberían ser reconocidos como

parte del conflicto. Según afirma Human Rights Watch,

algunos, incluido el ERPAC, podrían tener las condiciones

que exige el Derecho Internacional Humanitario (DIH)

zas con grupos terroristas (FARC y ELN) y con organizaciones

delincuenciales con propósitos criminales”. “Decreto número

2374 de 2010”, Ministerio del Interior y de Justicia, 1 de julio de

2010. 7 “Política integral de seguridad y defensa para la prosperidad”,

Ministerio de Defensa Nacional, mayo de 2011, p. 17. 8 Véase Soledad Granada, Jorge A. Restrepo, Alonso Tobón

García, “Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta

conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del

conflicto armado colombiano”, en Jorge A. Restrepo y David

Aponte (eds.), Guerra y violencias en Colombia. Herramientas

e interpretaciones (Bogotá, 2009), pp. 467-499, y Angélica

Arias Ortiz, “Las Bacrim retan a Santos”, op. cit.



para ser considerados un grupo armado9. Esta valoración

es compartida por algunas organizaciones humanitarias y,

contrariamente a su anterior postura, por el ex Presidente

Uribe10. Admitir que los NGAI forman parte del conflicto

interno tendría consecuencias estratégicas de gran alcan-

ce, entre las cuales está la preparación del camino para

que los militares tengan un papel más activo en la lucha

contra éstos, tarea que en la actualidad es, en gran medida,

responsabilidad de la Policía. Sin embargo, establecer qué

grupos podrían responder a los criterios del DIH resulta

controversial y el Gobierno descarta ese reconocimiento

categóricamente. De hecho, los define como bandas crimi-

nales organizadas y utiliza el término BACRIM precisa-

mente para contrastarlos con los grupos armados al margen

de la ley11.

B. IMPLICACIONES PARA LOS MIEMBROS

En razón de la larga historia de acuerdos parciales de paz

con grupos armados ilegales, en Colombia no falta expe-

riencia en justicia transicional y DDR12. Por ejemplo, las

Leyes 35 (1982) y 77 (1989) ofrecían a las guerrillas, res-

pectivamente, amnistías e indultos presidenciales con res-

pecto a delitos políticos, a la vez que excluían determinados

delitos graves y exigían la reintegración y el desmantela-

miento de la organización ilegal en cuestión. A principios

de la década de los noventa, se desmovilizaron las guerri-

llas Movimiento 19 de abril (M19) y Ejército Popular de

Liberación (EPL) después de negociaciones en las que se

concedieron indultos. Sin embargo, los beneficios legales

no se limitaban a los procesos de paz con grupos guerrille-

ros. Por ejemplo, aunque carecían de un carácter político

claramente definido, las autoridades desmovilizaron gru-

9 “Herederos de los Paramilitares”, Human Rights Watch, fe-

brero de 2010, p. 11. 10

Entrevistas de Crisis Group, Bogotá, 2011 y 2012; “Uribe

propone que las Bacrim sean reconocidas dentro del conflicto

armado”, RCN Radio , 17 de mayo de 2012. El argumento de

Uribe para que se reconozca a los grupos como parte del con-

flicto es que los militares necesitan más garantías para combatir

a los NGAI. 11

“Bandas criminales que son eso: bandas criminales… Que

eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales”. “Decla-

ración del Presidente Juan Manuel Santos al concluir el Conse-

jo Nacional de Seguridad en la Casa de Nariño”, Sistema In-

formativo del Gobierno, 7 de febrero de 2011. 12

Entrevista de Crisis Group, especialista en DDR, Bogotá, 9

de marzo de 2012. Véase también Gonzalo Sánchez G., “Raíces

históricas de la amnistía o las etapas de la guerra en Colombia”,

en Gonzalo Sánchez G., Ensayos de historia social y política

del siglo XX (Bogotá, 1984), pp. 217-275; Gabriel Turriago Pi-

ñeros y José Bustamante Mora, Estudio de los procesos de re-

inserción en Colombia (Bogotá, 2003); y Álvaro Villarraga

Sarmiento (ed.), La reinserción en Colombia (Bogotá, 2006).

pos armados en Medellín en 1994 e intentaron reintegrar-

los como una cooperativa de seguridad privada13.

En el 2005 el Congreso sancionó la Ley de Justicia y Paz

(LJP), el marco legal más completo hasta la fecha para

desmovilizar, desarmar y reintegrar grupos armados ile-

gales. De manera particular, éste sirvió como el principal

marco de desmovilización de paramilitares de derecha. Lo

anterior se llevó a cabo mediante el uso de mecanismos

de justicia transicional, rompiendo así con la tradición de

indultos directos. La introducción de un esquema de sen-

tencias alternativas permitió a los responsables de delitos

graves beneficiarse de sentencias reducidas a cambio de

su cooperación en el esclarecimiento de la verdad y de su

contribución en la reparación de las víctimas14. De acuer-

do con la Ley 1424 (2010), los miembros rasos que no se

incluyen en la LJP son elegibles para la suspensión de ór-

denes de arresto o de ejecución de sentencias, siempre y

cuando contribuyan a la verdad, a las reparaciones y a la

construcción de la memoria histórica y no hayan cometido

delitos graves15. De conformidad con un programa refor-

mado de DDR que dirige la Agencia Colombiana para la

Reintegración (ACR), creado en 2006, los combatientes

desmovilizados pueden reclamar una serie de beneficios

de reintegración. Entre los anteriores se incluyen un esti-

pendio mensual, seguro médico, educación, capacitación

laboral, atención psicosocial y apoyo para desarrollar un

proyecto productivo16. Estos beneficios se aplican por igual

a los combatientes que se hayan desmovilizado de forma

colectiva como resultado de una negociación de paz con

el Gobierno o de manera individual. La mayoría de aque-

llos que se desmovilizan de forma individual son comba-

tientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-

bia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN),

los dos principales grupos guerrilleros.

13 La iniciativa local terminó siendo un fracaso y, tres años más

tarde, el alcalde de Medellín exigió que se disolviera. Clara

Isabel Vélez Rincón, “La voluntad de paz no se pierde, pero los

procesos no arrancan”, El Colombiano, Medellín, 16 de mayo

de 2002. 14

El Gobierno ha postulado aproximadamente a 4.000 personas

para ser incluidas en el programa de sentencias alternativas. Pa-

ra una evaluación reciente, véase “Diagnóstico de Justicia y Paz

en el Marco de la Justicia Transicional en Colombia”, MAPP-

OEA, octubre de 2011. 15

La aplicación de esta ley acaba de comenzar. Los excomba-

tientes de las AUC tuvieron hasta el 28 de diciembre de 2011

para demostrar su interés en ésta. Hasta esa fecha, la Agencia

Colombiana para la Reintegración (ACR) había recibido alre-

dedor de 24.800 solicitudes, mucho más de lo esperado. Entre-

vista de Crisis Group, ACR, Bogotá, 11 de enero de 2012.

Véase también “Comienzan indagatorias de postulados a la Ley

1424”, comunicado de prensa de la ACR, 25 de enero de 2012. 16

Paula Torres, Yaneth Giha, Sergio Jaramillo, “Transitional

Justice and DDR: The Case of Colombia” (Justicia transicional

y DDR: el caso de Colombia), International Center forTransi-

tional Justice, junio de 2009, p. 14.



Sin embargo, ni el apoyo para la reintegración ni las me-

didas de justicia transicional están disponibles para los

miembros de los NGAI. Conforme a la Ley 782 (2002), el

Gobierno está autorizado para negociar con los miembros

de grupos armados y para otorgarles beneficios legales.

Dichos grupos se definen de acuerdo con los criterios que

establece el Derecho Internacional Humanitario (DIH)17.

Al eliminar el requisito anteriormente existente respecto

al reconocimiento del carácter “político” de un grupo, la

ley abrió la puerta a las negociaciones con paramilitares18.

El Gobierno considera que ni los paramilitares ni los

NGAI responden a motivaciones de índole político, pero,

al contrario de lo que se hizo con los paramilitares, está

determinado a no reconocer a los NGAI como grupos ar-

mados ilegales en el sentido dispuesto por la Ley 782. Por

lo tanto, estos grupos no son elegibles para la aplicación

ni de la reintegración ni de otros beneficios. En lugar de

ser una consecuencia inevitable del marco legal existente,

esto es el reflejo de una decisión política según la cual el

capítulo del paramilitarismo quedó definitivamente cerrado

tras la desmovilización que concluyó en el 2006.

El sometimiento no implica ninguna consideración legal

especial. Si desean dejar las armas, los miembros de los

NGAI deben enfrentar investigaciones y procesos penales

ante la justicia ordinaria. En términos institucionales, los

procesos de sometimiento son dirigidos por la Fiscalía Ge-

neral de la Nación y no por el Gobierno. Los únicos bene-

ficios que pueden reclamar quienes se someten son los

previstos en el Código Penal y el Código de Procedimiento

Penal19. Prácticamente, quienes se entregan de forma vo-

luntaria, no reciben mayores beneficios legales que una

persona sospechosa de cualquier delito que colabora con

la justicia después de ser capturada20.

Los beneficios distan de ser pocos. Aceptar los cargos pue-

de reducir posibles sentencias hasta en un 50 por ciento.

17 Para calificar como grupo “al margen de la ley”, la Ley 782

establece que es aquel que, bajo la dirección de un mando res-

ponsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que

le permita realizar operaciones militares sostenidas y concerta-

das. Este concepto se extrajo del Protocolo II adicional a los

Convenios de Ginebra de1977. 18

“Política nacional de reintegración social y económica para

personas y grupos armados ilegales”, Documento Conpes 3554,

1de diciembre de 2008, p. 5. 19

Las normas legales relevantes al proceso de sometimiento

incluyen el Artículo 250 de la Constitución, el Código Penal

(Ley 599) y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906). Se-

gún la Fiscalía General de la Nación, es posible que algunos

miembros del ERPAC necesiten ser juzgados conforme al Có-

digo de Procedimiento Penal anterior (Ley 600). “Inicia judi-

cialización de integrantes del Erpac”, Caracol, 22 de diciembre

de 2011. 20

Entrevista de Crisis Group, ONG, Villavicencio, 6 de marzo

de 2012; Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 12 de marzo de

2012.

Las condenas, además, pueden disminuirse a cambio de

colaborar activamente con el sistema judicial. Los miem-

bros de los NGAI podrían también ser elegibles para el

“principio de oportunidad”, el cual permite a la Fiscalía,

en determinadas circunstancias, suspender o desistir de un

proceso. En la Ley 1312 (2009) se establece que un acu-

sado que suministre “información eficaz” para desmante-

lar un grupo de crimen organizado puede beneficiarse de

ello. Sin embargo, esto no puede aplicarse a los líderes de

los grupos o a los casos que involucren violaciones al DIH,

delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y violacio-

nes graves de los derechos humanos, entre otros21. Aún es

incierto si esta ley puede aplicarse o no a los miembros de

los NGAI. Este debate se remonta a una decisión de la

Corte Constitucional en el 2010 por medio de la cual se

impide la aplicación del principio de oportunidad para pa-

ramilitares rasos desmovilizados, en parte, dado que esto

llevaría a la violación de los derechos de las víctimas22.

Más allá de la dimensión legal, la aplicación del principio

se complica aún más pues su introducción en el derecho

penal es relativamente reciente, razón por la cual los fis-

cales aún se muestran vacilantes respecto a su aplicación.

C. IMPLICACIONES PARA LAS VÍCTIMAS

Desde la adopción de la LJP se ha prestado atención, de

manera específica, a los derechos de las víctimas en el

marco legal colombiano. En la mencionada ley se estable-

cen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la

rehabilitación, la compensación, la restitución y la satisfac-

ción, así como a las garantías de no repetición23. La Corte

Constitucional afirmó que el principal objetivo de la LJP

es preservar los derechos de las víctimas24. Estos últimos

fueron fortalecidos en el 2011 a través de la Ley 1448, co-

nocida como Ley de Víctimas, bajo la cual el Estado esta-

blece una serie de medidas para las víctimas del conflicto

armado sin establecer ningún tipo de discriminación entre

éstas.

21 Ley 1312 (2009), Artículo 2, párrafos 1 y 3, Diario Oficial, no.

47 405, 9 de julio de 2009. 22

“Sentencia C-936/10”, Corte Constitucional, 23 de noviembre

de 2010. En reacción a esta sentencia, el Gobierno sancionó la

Ley 1424 (2010). 23

Torres, Giha y Jaramillo, “Transitional Justice and DDR”,

op. cit., p. 40. Las “garantías de no repetición” comprenden to-

dos los actos del Estado destinados a prevenir la repetición de

las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye, entre

otros aspectos, la desmovilización de los combatientes, el des-

mantelamiento total de la estructura armada ilegal implicada y

el castigo de las personas involucradas en las violaciones de los

derechos humanos. Véase “Justicia transicional. Aportes para

construir un lenguaje unificado de transición en Colombia”,

Ministerio del Interior y de Justicia, mayo de 2011, pp. 34-35. 24

Véase “Sentencia C-370/10”, Corte Constitucional, 18 de

mayo de 2006.



Aún no es claro si esta ley cubre a las víctimas de los

NGAI. El texto indica que sólo se aplica a violaciones del

DIH o a violaciones graves de los derechos humanos in-

ternacionales que se produzcan en el contexto del conflic-

to armado interno. Descarta, además, que se reconozcan

como víctimas a las personas cuyos derechos hayan sido

violados como resultado de “actos de delincuencia co-

mún”25. Dada la caracterización que hace el Gobierno de

los NGAI como bandas criminales, sus víctimas quedan,

aparentemente, excluidas de los beneficios de la Ley 1448.

Acción Social, la agencia anteriormente responsable de

dirigir el programa administrativo de reparación, no ha

mostrado un modo de actuar claro al respecto pues ha ad-

mitido los reclamos de algunas víctimas de los NGAI y ha

rechazado otros26.

Este asunto ha resultado controversial dentro del Gobierno

por varias razones, en particular por las dificultades prácti-

cas para diferenciar entre las víctimas de los paramilitares

y de los NGAI27. En marzo de 2012, la Corte Constitucio-

nal abrió la puerta para el reconocimiento de los derechos

de las víctimas de los NGAI bajo la Ley 1448. La Corte

sostuvo que es razonable imponer restricciones a la deno-

minación de posibles víctimas pero que las violaciones de

los derechos humanos internacionales y del DIH, causadas

por actores armados con estructura militar o control terri-

torial, que “tienen una relación cercana o suficiente” con

el desarrollo del conflicto armado, están cubiertas bajo la

ley28. Esto implica que las víctimas de los NGAI podrían

tener acceso a los beneficios que establece la Ley 1448 si

se lograra demostrar que existe un vínculo entre el con-

flicto armado y el actor armado que cometió la violación.

25 Ley 1448 (2011), Artículo 3, Gaceta del Congreso 479/2011,

1de julio de 2011. 26

Juanita León, “¿Y ahora quién responde por las víctimas de

las Bandas Criminales?”, La Silla Vacía, Bogotá, 8 de febrero

de 2011. 27

Entrevista de Crisis Group, oficial del Gobierno, Bogotá, 29

de febrero de 2012. Véanse también las opiniones citadas en

“¿Se deben incluir las víctimas de las Bacrim en la Ley de Víc-

timas?”, La Silla Vacía, 22 de marzo de 2011. 28

“Sentencia C-253/12”, comunicado de prensa de la Corte

Constitucional, 29 de marzo de 2012. El texto completo del fa-

llo aún no se ha publicado.

III. EL PERFIL DEL ERPAC

Hasta su parcial desmantelamiento en el 2011, el ERPAC

ejerció un control social y territorial prácticamente indis-

cutible en diferentes áreas de los vastos pero poco pobla-

dos Llanos Orientales y tuvo una presencia, al menos de

manera intermitente, mucho más allá de esta región29. Tan-

to los miembros como el modus operandi hicieron evidente

el alto nivel de continuidad del ERPAC con los predeceso-

res paramilitares en la región: el Bloque Centauros de las

AUC. Para consolidar su posición, el ERPAC se valió de

un gran conocimiento de la región, una base social estable

y vínculos con la fuerza pública y los gobiernos locales.

Participó en diversas actividades delictivas, incluyendo su

actuación como intermediario y contratista de seguridad

para traficantes de droga importantes. Pero el ERPAC

siempre fue mucho más que una banda criminal común. Al

reflejar su legado paramilitar, ejerció un estricto control

social en sus áreas de influencia y fue responsable de reclu-

tamientos forzados, desplazamientos forzosos, asesinatos

selectivos y otros delitos graves.

A. CONTROL SOCIAL Y TERRITORIAL

El surgimiento del ERPAC está relacionado con las falen-

cias que se produjeron en el proceso de desmantelamiento

de las AUC. Su fundador, Pedro Oliveiro Guerrero Castillo

(alias “Cuchillo”), tenía un reconocido pasado paramilitar

como uno de los líderes del Bloque Centauros de las AUC.

Este último, ejercía una amplia presencia en los departa-

mentos de Meta, Guaviare y Casanare, pero se dividió en

2004 después de que Cuchillo asesinara a su líder, Miguel

Arroyave (alias “Arcángel”), supuestamente para ganar

dominio sobre las rutas regionales del tráfico de drogas.

En abril de 2006, Cuchillo se desmovilizó con 1.765 miem-

bros de su subgrupo, los Héroes del Guaviare, y otra facción

disidente del Bloque Centauros, los Héroes del Llano, pero

rehusó ser detenido30.

Apenas dos meses más tarde, comenzó a surgir informa-

ción sobre la organización y el rearme de exparamilitares

en la región. Cuchillo había establecido una compañía de

29 La Policía calcula que en 2011 el grupo estaba presente en

diez municipios de los departamentos de Meta, Vichada y Gua-

viare, mientras que Indepaz informa que existían operaciones

en 45 municipios de catorce departamentos. “Bandas criminales

narcotraficantes 2011”, Policía Nacional, Dirección de Carabi-

neros y Seguridad Rural, presentación no publicada, 7 de febre-

ro de 2011; y “Cartografía del conflicto”, op. cit., p. 18. Gene-

ralmente, los miembros del ERPAC capturados fuera de los

Llanos pertenecían a los rangos más bajos. Entrevista telefónica

de Crisis Group, analista, 9 de marzo de 2012. 30

“Monografía – Región Llanos Orientales”, III Informe Na-

cional, Área DDR de la Comisión Nacional de Reparación y

Reconciliación, diciembre de 2011, p. 6.



seguridad privada que, según se informa, reunía a algunos

de sus antiguos socios. Cuando la compañía se cerró por

presuntas operaciones criminales, Cuchillo llevó el grupo

a la clandestinidad31. Para el 2007, el incipiente ERPAC

había crecido, aproximadamente, de 150 combatientes a

750, en parte reclutados a la fuerza32. Este se caracteriza-

ba por una participación particularmente elevada de expa-

ramilitares, posiblemente hasta la mitad de los miembros,

quienes se habían rearmado o nunca se habían desmovili-

zado33. El legado se reflejaba en sus bastiones, Mapiripán

y Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare (Gua-

viare), donde operaba como un grupo identificable que

usaba uniformes y llevaba fusiles de asalto AK-4734.

El primer acto militar significativo del grupo tuvo lugar

en septiembre de 2006 en Guamal (Meta), donde atacaron

una finca y asesinaron a cuatro personas cercanas al líder

paramilitar Ever Veloza García (alias “H.H.”)35. La capa-

cidad militar de rápido crecimiento del ERPAC le permi-

tió resistir los intentos que hizo, en el 2006 y el 2007, la

Cooperativa de Seguridad Meta y Vichada, su rival, por

penetrar en su región. Esta última estaba liderada por lu-

gartenientes de Carlos Mario Jiménez (alias “Macaco”),

el líder desmovilizado del Bloque Central Bolívar que

había estado activo en esa región a través del Frente Vi-

chada. Después de la Operación Ocaso, liderada por la Po-

licía y las fuerzas armadas, que llevó al desmantelamiento

de su rival, el ERPAC salió victorioso de la lucha entre

los “Cuchillos” y los “Macacos” (como se les conoce en

la región). Esto le permitió a Cuchillo expandir el control

hacia los corredores de drogas estratégicos entre Meta y

Vichada. En esos enfrentamientos es posible que el nú-

mero de bajas haya llegado hasta 80036. El éxito del ER-

31 Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de marzo

de 2012. 32

Entrevista de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de marzo

de 2012. 33

Entrevistas de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de

marzo de 2012; periodista, Villavicencio, 6 de marzo de 2012.

Sin embargo, la participación de exparamilitares en el someti-

miento fue comparativamente baja. Participaron quince ex-

miembros de las AUC, alrededor del 6 por ciento de esa catego-

ría. “Director de Fiscalías explicó por qué miembros del Erpac

están libres”, El Tiempo, 26 de diciembre de 2011. Este porcen-

taje es inferior al de exmiembros de las AUC arrestados por la

Policía: aproximadamente 15 por ciento (1.772 de 12.162

miembros de los NGAI detenidos entre 2006 y 2012). Entrevis-

ta de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de 2012. 34

“Monografía”, op. cit., p. 23. 35

El hermano de Cuchillo, Dumar de Jesús Guerrero Castillo

(alias “Carecuchillo”), está siendo investigado por su vincula-

ción en el ataque. “‘Carecuchillo’ atendió en Villavicencio au-

diencia por asesinato de 4 personas”, Noticias de Villavicencio,

14 de enero de 2011. Véase también Kyle Johnson, “FARC,

ERPAC, Cuchillo y Caracho: un mundo de amenazas cruza-

das”, Razón Pública, 20 de noviembre de 2011. 36

“Policía desarticuló banda criminal al servicio de Alias ‘Ma-

caco’, Secretaria de Prensa, Presidencia de la República, 17 de

PAC hizo que se quedara prácticamente sin oposición, con

posibilidad de consolidar su mando y con menor necesi-

dad de mantener, temporalmente, un ala armada extensa,

la cual disminuyó aproximadamente a 53037.

Las relaciones con las FARC han sido complejas. El ER-

PAC se expandió en el sur del Meta (Puerto Lleras, Puerto

Rico y Vistahermosa) y aprovechó así las intensas ofensi-

vas del Gobierno que debilitaron los Frentes 27 y 43 de

las FARC38. Después de que el Gobierno diera de baja en

el 2007 al comandante del Frente 16 de las FARC, alias

“El Negro Acacio”, el ERPAC obtuvo y consolidó el con-

trol sobre las rutas del tráfico de drogas en el Vichada39.

Si bien, desde entonces, la confrontación directa entre las

FARC y el ERPAC ha sido relativamente limitada, esto no

se debe a un pacto explícito. En lugar de eso, los grupos

han intentado evitar disputas para poder eludir la atención

del Gobierno y reducir el daño mutuo. La competencia

territorial no ha impedido que algunos frentes de las

FARC colaboren con el ERPAC en actividades de tráfico

de drogas40.

Los vínculos con la fuerza pública fueron fundamentales

para mantener la posición de Cuchillo. Aparentemente, éste

sobornaba a miembros de la Policía, militares y funciona-

rios del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad,

agencia de inteligencia estatal actualmente disuelta) para

llevar a cabo sus actividades y eludir la captura una y otra

vez41. En el 2008, el Presidente Uribe reprendió pública-

mente a los militares por no haber perseguido al ERPAC

y relevó a tres generales de la cuarta división del Ejército,

incluido el jefe del Estado Mayor del Ejército, General

septiembre de 2007. Entrevista de Crisis Group, organización

internacional, Villavicencio, 2 de marzo de 2012. 37

Entrevistas de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de marzo

de 2012. 38

“Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al De-

recho Internacional Humanitario: Análisis de dieciocho Muni-

cipios del Departamento del Meta, entre los años 2006 y 2009”,

Observatorio del Territorio, Universidad de los Llanos, marzo de

2011, p. 16. 39

“Monografía”, op. cit., p. 9. 40 Incluso se ha informado que una facción aprovechó su cola-

boración con las FARC en el tráfico de drogas para pasarse al

grupo guerrillero después de la muerte de Cuchillo; entrevista

telefónica de Crisis Group, analista, 9 de marzo de 2012. Se

dice que los Frentes 1, 7, 22, 31, 9, 51 y 53 han colaborado con

el ERPAC, mientras que los Frentes 16, 27, 40, 43 y 44 se han

enfrentado al grupo.“Monografía”, op. cit., p. 26. 41

“Cayó ‘Cuchillo’, ¿ahora qué?”, Semana, 8 de enero de 2011.

El 27 de octubre de 2008, Cuchillo logró escapar de un ataque

que se había preparado durante seis meses. Después del comba-

te, según se informó gracias a la interceptación de una llamada

satelital, se escuchó a Cuchillo gritar: “Ya estoy seguro, pero

¿cómo hijueputas entraron los Black Hawk y no me lo reporta-

ron?”. Véase “Operación fallida contra ‘Cuchillo’ encendió du-

das sobre la IV División del Ejército”, El Tiempo, 1° de no-

viembre de 2008.



Guillermo Quiñónez Quiroz42. En una declaración ante la

Fiscalía, un soldado profesional denunció la presunta co-

laboración de miembros del batallón 43 con el ERPAC43.

El ERPAC también tenía vínculos con las elites políticas

locales y regionales. En sus zonas de influencia, según se

informó, ha seleccionado a candidatos para ocupar cargos

a nivel local, garantizando así que sus intereses perma-

nezcan intactos44. El vínculo político más importante que

salió a la luz fue el que mantenía con el exgobernador del

Guaviare, Óscar López, quien fue condenado por la Corte

Suprema en el 2011 por sus vínculos con los paramilita-

res45. El hecho de que se desconozca el alcance total del

apoyo político al ERPAC podría reflejar, de manera par-

cial, la continuidad del poder que tienen los políticos,

presuntamente vinculados con criminales, para obstaculi-

zar las investigaciones46. Aunque los vínculos políticos

del ERPAC pueden haber sido menores que los del Bloque

Centauros de las AUC, ha operado en una región donde,

históricamente, los niveles de infiltración de la criminali-

dad en la política son bastante altos. Esto puede deducirse

a partir de una memoria USB incautada recientemente a

un presunto socio clave de Daniel Barrera Barrera (alias

“Loco Barrera”), capo del tráfico de drogas y cercano co-

laborador de Cuchillo. Según se informó, la memoria USB

contenía una nómina mensual detallada de más de 1,5 mi-

llones de dólares para 890 políticos, militares, informan-

tes y oficiales de la justicia47. Los negocios del narcotráfi-

co del ERPAC le confirieron una base social estable48, pe-

ro también se sacó provecho del carisma y la capacidad

de Cuchillo para intimidar. Aparentemente Cuchillo in-

cluso manipuló a la población a través del miedo de ésta

hacia la magia negra49. Algunas áreas rurales de Mapiri-

pán (Meta) prácticamente dependían económicamente de

Cuchillo. Esto le permitió proyectarse como un benefac-

tor social en un área donde tradicionalmente escasean tan-

42 La 4

a División tiene jurisdicción en los departamentos de Me-

ta, Guaviare, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

“Llaman a calificar servicios al general del Ejército Guillermo

Quiñónez Quiroz”, El Espectador, 20 de diciembre de 2008. 43

“¿Quién era alias ‘Cuchillo’?”, Semana, 29 de diciembre de

2010. 44

Entrevistas de Crisis Group, Villavicencio, marzo de 2011. 45

“Proceso n° 33260”, Corte Suprema de la Justicia, Sala de

Casación Penal, 19 de enero de 2011. 46

Entrevista de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de

marzo de 2012. 47

Aparentemente, algunos de los que figuraban en la supuesta

nómina se habían entregado como parte del ERPAC; véase

“Los pagos de alias ‘el loco Barrera’ y alias ‘cuchillo’ a fun-

cionarios públicos”, La FM, 19 de enero de 2012. 48

Véase Kyle Johnson, “FARC, ERPAC, Cuchillo y Caracho”,

op. cit. 49

Entrevista de Crisis Group, organización internacional, Vi-

llavicencio, 2 de marzo de 2012.

to los empleos en la economía legal, como instituciones

estatales civiles que funcionen50.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a partir del

2009, cuando las operaciones de la Policía empezaron a

afectar tanto a la estructura del ERPAC como a sus líderes.

El segundo al mando, Martín Farfán (alias “Pijarbey”),

fue detenido en diciembre de 2009 y José Covey Romero

Zárate (alias “Covey”), el líder militar de la región limí-

trofe con Venezuela, en mayo de 2010. La competencia

de otros grupos también parece haber aumentado, lo cual

generó una campaña de reclutamiento que posiblemente

multiplicó la cantidad de combatientes hasta alcanzar en-

tre 1.100 y 1.200 personas. Al parecer, Héctor Germán

Buitrago (alias “Martín Llanos”), líder del grupo parami-

litar Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) y viejo

rival de Cuchillo, formó una alianza con las Águilas Ne-

gras y dirigió la confrontación con el ERPAC con el fin

de controlar las rutas del tráfico de drogas51.

El acontecimiento decisivo fue la muerte de Cuchillo el 25

de diciembre de 2010 en la Operación Diamante, dirigida

por unidades policiales del comando Jungla y del Coman-

do de Operaciones Especiales (COPES)52. En esta opera-

ción también se capturó a otros miembros clave del ER-

PAC, incluido el segundo al mando y jefe militar de la

organización, Harold Humberto Rojas (alias “El Loco Ha-

rold”), otro exparamilitar del Bloque Centauros53. El nue-

vo líder, Eberto López Montero (alias “Caracho”), también

contaba con trayectoria en el Bloque Centauros pero ca-

recía de las aptitudes militares de Cuchillo y del capital

social necesario para garantizar la cohesión del grupo.

50 La acción social de Cuchillo incluía la entrega de comestibles

y la suscripción al servicio de televisión por cable para muchas

familias de Mapiripán, y el financiamiento de viviendas en la

vereda El Águila. Entrevista de Crisis Group, analista, Villavi-

cencio, 2 de marzo de 2012. 51

“Quién era alias ‘Cuchillo’?”, Semana, 29 de diciembre de

2010. “Cuchillo ya tiene más de 1.100 paramilitares y ‘Martín

Llanos’ reorganizó sus autodefensas”, El Tiempo, 19 de sep-

tiembre de 2009, y “Monografía”,op. cit., p. 9. Cuchillo partici-

pó en la confrontación entre 2002 y 2004 entre Llanos y Miguel

Arroyave, que se desató porque este último supuestamente ha-

bría intentado invadir el territorio del primero. Llanos fue cap-

turado por las autoridades venezolanas en febrero de 2012 y

extraditado a Colombia. El status de las Águilas Negras no es

claro: mientras que la Policía no los reconoce como un NGAI

en sí mismo, con frecuencia se hace referencia a ellos, como si

fuesen un NGAI, en artículos de prensa y en entrevistas de

campo. 52

“Policía revela detalles de Operación Diamante, en la que

cayó alias ‘Cuchillo’”, Sistema Informativo del Gobierno, 29

de diciembre de 2010. 53

“Ebrio y enredado entre la maraña de un caño murió ‘Cuchi-

llo’”, El Tiempo, 29 de diciembre de 2010.



B. INTERESES ECONÓMICOS

El ERPAC ha sido un actor principal en una región central

para el tráfico y la producción de drogas. Más que contro-

lar directamente el cultivo de coca o el tráfico internacio-

nal, ha actuado como contratista de seguridad y propieta-

rio o protector de laboratorios de cocaína54. Para manejar

las comunicaciones en un extenso terreno escasamente

poblado, estableció una cadena de informantes (“puntos”)

en ubicaciones estratégicas. Esto también le garantizó su

integración en la comunidad, reduciendo la necesidad de

intimidar mediante la acción armada55.

En cuanto al tráfico de drogas, Cuchillo trabajó de cerca

con el Loco Barrera, quien le facilitó sus contactos con

quienes de otra manera pudieron ser los adversarios de

Cuchillo, como alias “John 40” y otros líderes de las FARC

que tenían control sobre cultivos de coca56. El ERPAC

supervisaba el traslado de la pasta de coca refinada a Ve-

nezuela y Brasil por ríos o en aviones pequeños. En el

2009, oficiales estimaron que el Loco Barrera y Cuchillo

fueron los responsables de la exportación mensual de dos

a tres toneladas de cocaína57. Después de la muerte de

Cuchillo, aparentemente, las compras de pasta de coca se

estancaron por un tiempo, lo que causó problemas econó-

micos a los cultivadores de algunas áreas rurales de Mapi-

ripán. Según se informa, las compras se retomaron en el

2011 por parte de una organización criminal no identifi-

cada que supuestamente se ha negado a pagar en efectivo

y la cual se sospecha que asesina a los campesinos después

de adquirir el producto58.

Las fuentes de ingresos adicionales del ERPAC han inclui-

do secuestro, extorsión y contrabando, pero sus intereses

54 Entrevistas de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de fe-

brero de 2012; analista, entrevista telefónica, 9 de marzo de

2012. En los primeros seis meses del 2012 las Fuerzas Armadas

identificaron 20 laboratorios, supuestamente pertenecientes al

ERPAC en los municipios de Puerto Gaitán, Mapiripán y San

Martín. “Veinte laboratorios de la banda de ‘Caracho’ estaban

en Puerto Gaitán, Mapiripán y San Martín”, Llano Siete Días,

14 de julio de 2011. 55

Entrevista de Crisis Group, organización internacional, Bo-

gotá, 27 de febrero de 2012. 56

Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de marzo

de 2012; “Cayó ‘Cuchillo’, ¿ahora qué?”, Semana, 8 de enero

de 2011. Géner García Molina (alias “John 40”) era el líder de

los Frentes 39 y 43 de las FARC y un importante traficante de

drogas. Debido a percibidos excesos en su estilo de vida “nar-

co” y a la mala administración, fue relevado y detenido por

tiempo indefinido por las FARC desde 2008. “‘John 40’, pasó

de ser un capo de las Farc a ser prisionero de la guerrilla”, El

Tiempo, Bogotá, 11 de septiembre de 2010. 57

“Colombia: Cuchillo y el Loco Barrera sacan al mes de 2 a 3

toneladas de coca”, El Nuevo Siglo, 21 de abril de 2009. 58


de 2012.

económicos se expandieron más allá de lo criminal. Su

consolidación coincidió temporalmente con el boom de

una serie de intereses entre los cuales se encuentran la ex-

ploración petrolera y el cultivo de palma africana, activi-

dades cuya realización estaba limitada debido a condicio-

nes de inseguridad59. En este sentido, el ERPAC continuó

el rol de Centauros como facilitador de ciertas actividades

económicas60. En particular, participó en la apropiación

de tierras con el fin de extender el cultivo agroindustrial

de palma61. Cuchillo, además, fue accionista, por un corto

periodo de tiempo, de una compañía de explotación mine-

ra de la cual el exobernador Óscar López también fue so-

cio. Este acuerdo resaltó el beneplácito hacia Cuchillo por

parte de miembros clave de la elite local, así como el im-

pacto de los NGAI en la economía formal de la región62.

Las investigaciones sobre los intereses económicos de Cu-

chillo avanzan lentamente, pero se sospecha que adquirió

extensas áreas de tierra con el apoyo de testaferros y fun-

cionarios públicos corruptos63.

C. IMPACTO HUMANITARIO

En general, los crímenes atroces como masacres y despla-

zamientos masivos a manos de los NGAI han disminuido

en relación con los niveles que se experimentaban durante

el período de sus predecesores paramilitares64. Sin em-

bargo, el ERPAC ha participado en una serie de acciones

que equivalen a violaciones graves de los derechos hu-

manos y del DIH. Entre éstas se incluye el reclutamiento

de niños, el desplazamiento forzado, los asesinatos de lí-

deres comunitarios y la violencia sexual. Hay poca eviden-

cia respecto a una disminución del impacto humanitario

después del sometimiento.

Niños y niñas de tan sólo trece años fueron reclutados para

su explotación sexual, actividades criminales, entrenamien-

59 Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 7 de marzo

de 2012. 60

Véase José Jairo González, “Los paramilitares y el colapso

estatal en Meta y Casanare”, Mauricio Romero (ed.), Parapolí-

tica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políti-

cos (Bogotá, segunda edición 2007), pp. 309-339. 61

Fundación Social, Los retos de la justicia transicional en Co-

lombia (Bogotá, 2009), p. 68. Véase también “‘Don Mario’ di-

ce que 4 mil hectáreas de palma están en poder de ‘paras’”,

Verdad Abierta, 14 de febrero de 2012. 62

Cuchillo y Diego Fernando Rendón Laverde (alias “Pipe”),

otro líder paramilitar, se unió a la compañía en mayo de 2006,

poco después de su desmovilización. Entre agosto y septiembre

de 2006 transfirieron sus cuotas a personas de su confianza.

Véase “Proceso n° 33260”, Corte Suprema de la Justicia, Sala

de Casación Penal, 19 de enero de 2011, párrafos 5, 6, 99-111. 63

Véase “Así le titulaban los terrenos a ‘Cuchillo’”, Llano Siete

Días, 25 de mayo de 2011. 64

“Cartografía del conflicto”, op. cit., p. 38.



to u operaciones militares65. Las niñas fueron aparentemen-

te atraídas con obsequios y promesas de viajes, y luego

llevadas a la dependencia de las drogas para facilitar su

control y su explotación sexual66. A finales de 2010, una

de ellas fue asesinada a puñaladas en Puerto Rico (Meta),

una semana después otra fue asesinada de manera similar

en Vistahermosa (Meta)67. También se reclutan niños para

llevar a cabo actividades de inteligencia, traficar drogas y

realizar otras actividades criminales de bajo nivel en es-

cuelas y vecindarios empobrecidos68.

El reclutamiento militar de niños tiene lugar a través de

falsas promesas de trabajo en las plantaciones de palma u

ofrecimientos explícitos para unirse al ERPAC con sala-

rios mensuales que oscilan entre el equivalente a los 250

y los 350 dólares69. Al parecer, si los niños rechazan la

oferta, tienen un desempeño deficiente en el entrenamien-

to o intentan escapar son asesinados70. La mayoría de los

casos que son informados provienen de las áreas empo-

brecidas de ciudades como Villavicencio y Granada, aun-

que las ONG sospechan que hay muchos casos en la zona

rural que no son reportados71. En el 2011, se halló bru-

talmente asesinado a un adolescente de dieciséis años de

edad que denunció su propio reclutamiento a las autori-

dades y afirmó que otros diez menores habían sido reclu-

tados de la misma manera en San Martín (Meta). Recien-

temente, el 14 de febrero de 2012, se hallaron muertos cua-

tro de ocho niños de Granada que presuntamente habían

sido reclutados por una parte del ERPAC para ser entrena-

dos militarmente en Vichada72.

65 Se cree que más del 60 por ciento de los desplazamientos de

la región son consecuencias del miedo o de las amenazas de

reclutamiento forzado. Entrevista de Crisis Group, centro de

investigación, Villavicencio, 7 de marzo de 2012. 66


de 2012. 67

Las niñas fueron presuntamente asesinadas porque se les per-

cibió como una carga, tal vez porque se habían vuelto adictas o

porque ofrecían servicios sexuales a miembros externos al gru-

po. Entrevista de Crisis Group, ONG, Villavicencio, 7 de marzo

de 2012. 68

Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, 2 de marzo de 2012. 69

“Las Siete Plagas”, Semana, 11 de diciembre de 2010. 70

“Desertores de las filas de alias ‘Cuchillo’ narraron las masa-

cres cometidas por el narcotraficante”, Cambio, 4 de febrero de

2009. 71

Dada la falta considerable de denuncias, en especial en las

áreas rurales, no hay una cifra fiable respecto al número de ni-

ños reclutados por el ERPAC, pero las ONG estiman que la

cantidad total sería al menos tres veces la cantidad de casos in-

formados. Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, 7 de mar-

zo de 2012. 72

“Aterrador relato de niño que escapó de las escuelas de sica-

rios de ‘Cuchillo’. Aceptan o los degüellan. Las autoridades

reciben sus testimonios”, Noticiero del Llano, 21 de noviembre

de 2011. Entrevista de Crisis Group, ONG, Villavicencio, 7 de

marzo de 2012.

El ERPAC ha justificado sus crímenes con retórica con-

trainsurgente, de manera similar a los paramilitares. A fi-

nales de 2007, la Defensoría del Pueblo advirtió que las

comunidades de los municipios de Vistahermosa y Puerto

Rico estaban en riesgo debido a que habían sido acusadas

por el ERPAC de estar colaborando con la guerrilla de las

FARC73. De manera similar a las AUC, el ERPAC ha par-

ticipado repetidamente en desplazamientos masivos de

campesinos y comunidades indígenas con el fin de exten-

der su control territorial. El 10 de agosto de 2007, por

ejemplo, 112 miembros de la comunidad indígena Sikuani

fueron desplazados forzosamente de la reserva de Punta

Bandera en Cumaribo (Vichada) como consecuencia de la

violencia de Cuchillos y Macacos. En febrero del 2008, el

ERPAC desplazó a al menos 196 personas de Puerto Alvi-

ra (Mapiripán, Meta), después de una incursión armada74.

Se dice que los desplazamientos selectivos en Mapiripán

se han utilizado para adquirir tierras por apenas 0,1 por

ciento del valor real75.

Otros legados paramilitares son el asesinato o el despla-

zamiento de líderes comunitarios sospechosos de haber

ayudado a las guerrillas o de imponer obstáculos para la

consolidación del grupo. También lo son las “limpiezas

sociales”, es decir, el asesinato de personas sospechosas

de prostitución, drogadicción y delitos menores76. El tér-

mino “limpieza” se puede comprender mejor como purgas

internas, ya que los asesinados son presuntos miembros

del grupo, potenciales rivales o personas afectadas por las

actividades criminales del ERPAC77. Asesinatos de presi-

dentes de Juntas de Acción Comunal por parte del ERPAC

han sido informados en los municipios de La Uribe y La

Macarena, en el departamento de Meta78.

73 “Plan de Consolidación Integral en la Macarena”, Ideas para

la Paz, septiembre de 2011, p. 7. 74

“Territorios en Confrontación: Impacto del conflicto armado

sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía Colom-

biana”, CODHES, 2011, p. 74. “V Informe de Seguimiento a la

aplicación en Colombia de las Recomendaciones del Represen-

tante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas

sobre los derechos humanos de las personas internamente des-

plazadas”, Comisión Colombiana de Juristas, marzo de 2009,

párrafo xi. 75

“Las plagas que le han caído a Mapiripán”, El Tiempo, 27 de

febrero de 2011. 76

Entrevista de Crisis Group, centro de investigación, Villavi-

cencio, 7 de febrero de 2012. 77

Esto incluye a personas que se presume que son, o se presen-

tan, como drogadictas y prostitutas que podrían haber estado

involucradas con el ERPAC y podrían haberse considerado una

amenaza para la reputación local o la seguridad del grupo. En-

trevista de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de marzo

de 2012. 78

Entrevista de Crisis Group, analista, 7 de febrero de 2012.



IV. EL SOMETIMIENTO

El sometimiento del ERPAC pareció darse de manera

inesperada. La intención del grupo de entregarse pasó prác-

ticamente inadvertida. Cuando finalmente sucedió, antes

de la navidad del 2011, dejó mal paradas a las institucio-

nes estatales, en especial a la Fiscalía, a la cual se le había

atribuido prácticamente toda la responsabilidad después

de que el Gobierno, con el fin de separar claramente el so-

metimiento de un proceso de DDR negociado, se negó a

cumplir un papel principal. Esto contrastó marcadamente

con las preparaciones meticulosas del ERPAC, el cual to-

mó varias medidas que redujeron su exposición a los pro-

cesos judiciales y que ayudaron a que la mayoría de los

miembros se marcharan libremente, aunque de manera

temporal. Como resultado, el proceso careció de traspa-

rencia, se generaron preguntas respecto a la impunidad

que no fueron resueltas y dudas frente a su impacto sobre

la dinámica del conflicto a largo plazo.

A. LA FASE PREVIA

Aparentemente, la decisión de entregarse a la justicia se

tomó al interior del grupo poco después de la muerte de

Cuchillo, quien, según se informó, había resistido la pre-

sión interna de dejar las armas y buscar un acuerdo con

las autoridades79. Los primeros contactos se llevaron a

cabo a principio de 2011, pero la intención del grupo se

conoció en octubre cuando se publicó, en el periódico na-

cional El Tiempo, una carta de Caracho a un fiscal en Vi-

llavicencio en la cual el nuevo líder del ERPAC solicitaba

los beneficios de la desmovilización80. El mes siguiente,

Caracho dio su primera entrevista a la revista semanal

Semana, donde declaró que él, junto con 500 miembros,

se sometería conforme al proceso penal común. Según

Caracho, tras escenas, hubo conversaciones con la Iglesia

Católica, la ONU, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo

y las oficinas de la Fiscalía General de la Nación81.

No está claro por qué Caracho eligió someterse ni las ra-

zones del momento escogido, aunque él mismo afirmó:

“estaba cansado de la guerra y me di cuenta de que este es

un conflicto que no tiene vencedores ni vencidos”82. Sin

79 Entrevista de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de mar-

zo de 2012. En una ocasión, Cuchillo si señaló la intención de

entregar las armas y someterse a la LJP, supuestamente debido

a amenazas de muerte. Lo hizo a través de una carta dirigida al

entonces Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo

“Inminente sometimiento a la justicia de narcoparamilitar ‘Cu-

chillo’; dice que lo quieren matar”, El Tiempo, 29 de julio de

2008. 80

“Una ‘bacrim’ quiere beneficios para dejar las armas”, El

Tiempo, 20 de octubre de 2011. 81

“Nos vamos a someter”, Semana, 19 de noviembre de 2011. 82

Ibid.

embargo, la mayoría de los observadores no están de

acuerdo y consideran que éste se encontraba en aprietos.

La muerte de Cuchillo había generado inestabilidad den-

tro del grupo y Caracho carecía del poder necesario para

mantenerlo unido83. Caracho, tras fracasar en la protección

de un gran laboratorio de cocaína en Puerto Gaitán, des-

truido por la Policía en octubre del 2011, también perdió

rápidamente el apoyo del Loco Barrera84. En esta situación,

cada vez más precaria, el sometimiento pudo haberle pa-

recido una opción atractiva. Una explicación alternativa,

aparentemente respaldada por una fuente cercana a Cara-

cho pero negada por la Policía, consiste en un acuerdo

con las autoridades según el cual Caracho habría colabo-

rado con las tareas de inteligencia en contra de Cuchillo y

habría prometido desmantelar la organización en el lapso

de un año85.

Caracho aseguró que sólo aceptaría la responsabilidad de

lo sucedido durante su liderazgo y, en preparación para el

sometimiento, el ERPAC intentó “limpiar” su situación al

reducir los abusos y los crímenes86. Para evitar cargos por

reclutamiento de niños, un delito que conlleva una larga

sentencia, todos los menores fueron liberados antes del

sometimiento pero, aparentemente, se les dijo que serian

llamados de nuevo87. El Instituto Colombiano de Bienes-

tar Familiar (ICBF), se enteró de tres de estos casos en

marzo de 2012. La verdadera cantidad de niños soldados

del ERPAC se desconoce, en particular porque las fami-

lias tienen temor de denunciar el delito debido a los ries-

gos de seguridad que eso implica88. Por lo tanto, los niños

son altamente vulnerables a un nuevo reclutamiento y a la

violencia por parte de miembros de grupos activos y de

milicias de las FARC89.

Después de algunas demoras, aparentemente causadas por

la desconfianza mutua, los debates sobre las condiciones

83 Entrevista de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de febre-

ro de 2012. En los informes de la prensa local se sugiere que

muchas de las muertes de los miembros del ERPAC pueden

atribuirse a una lucha interna por el poder luego de la muerte de

Cuchillo. Véase por ejemplo “La disputa en el Erpac deja otros

tres muertos”, Llano Siete Días, 16 de junio de 2011. 84


de 2012; policía, Bogotá, 7 de mayo de 2012. Véase también

“Cayó megalaboratorio de cocaína más grande de los últimos

años”, RCN, 14 de octubre de 2011. 85

Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, marzo de 2012. 86

“Nos vamos a someter”, Semana, 19 de noviembre de 2011;

entrevista de Crisis Group, ONG, Bogotá, 23 de marzo de 2012. 87


de 2012. 88

Entrevista de Crisis Group, ICBF, Villavicencio, 7 de marzo

de 2012. 89


de 2012.



del sometimiento se intensificaron en noviembre90

. No obs-

tante, al no haber acordado una fecha, la decisión de some-

terse justo antes de navidad tomó por sorpresa a las auto-

ridades, quienes se vieron obligadas a preparar en ocho días

un lugar para mantener a aquellos que se entregaran, así

como prever el transporte y la comida para los miembros

del grupo y los oficiales. A pesar de los días festivos, la

Fiscalía movilizó a 250 funcionarios del Cuerpo Técnico

de Investigación (CTI), cantidad que, aparentemente, se

redujo a 150 a último momento, además de quince fisca-

les con experiencia en el manejo de los NGAI enviados a

Villavicencio91

. Se nombraron jueces de garantías adicio-

nales para manejar el gran volumen esperado de órdenes

de arresto y se preparó la prisión de Acacías (Meta) para

recibir a los presos. La oficina del Alto Consejero para

Seguridad Nacional proporcionó ayuda logística, pero

ministros y funcionarios han insistido en que el Gobierno

no intervino en el proceso más allá de este aspecto92.

B. LÍMITES DEL ENFOQUE ACTUAL

El sometimiento comenzó con la firma, por parte de cada

uno de los miembros del ERPAC, de un certificado donde

admitían su membresía y afirmaban que abandonaban el

grupo de manera voluntaria para entregarse a la Fiscalía

General de la Nación. A fin de garantizar los derechos in-

dividuales, los funcionarios del CTI fueron acompañados

por miembros de la Procuraduría General de la Nación93.

Luego, los integrantes del ERPAC fueron llevados al co-

liseo de ferias de Las Malocas, un parque temático en Vi-

llavicencio que el Gobierno departamental preparó para

alojarlos durante máximo diez días. Entre el 22 y el 23 de

diciembre llegaron al parque 272 personas, menos de las

500 que había anunciado Caracho y una cantidad muy ba-

ja comparada con la fuerza armada total del ERPAC, que

90 “‘Caracho’ también se entregará”, Llano Siete Días, 19 de

diciembre de 2011; “Así fue el engaño del sometimiento a la

justicia del Erpac”, Caracol, 29 de diciembre de 2011. Como

medida para crear confianza, Caracho, aparentemente, entregó

a Cristian Camilo Rodríguez (alias “Junior”), un sobrino de

Cuchillo y el jefe de finanzas del ERPAC, al Cuerpo Técnico

de Investigación (CTI). Además, aparentemente, reveló a la Po-

licía la ubicación de una caleta de armas, pero se enfadó cuando

las autoridades describieron la incautación como una operación

de inteligencia. Se afirmó que la Fiscalía General de la Nación

había estado esperando la entrega de Óscar Fabián Guerrero

(alias “Caribe”) desde junio de 2011, quien se entregó en di-

ciembre de 2011 junto con los demás líderes del grupo. “‘Cara-

cho’ quiere colgar el fusil y entregar al Erpac’”, Llano Siete

Días, 21 de octubre de 2011 91

Entrevista de Crisis Group, Fiscalía General de la Nación,

Bogotá, 12 de marzo de 2012. 92

Entrevista de Crisis Group, Gobierno de Colombia, Bogotá, 2

de mayo de 2012; “Gobierno no participó en sometimiento de

ERPAC: Vargas Lleras”, Semana, 26 de diciembre de 2011. 93

Correspondencia de Crisis Group por correo electrónico, Fis-

calía General de la Nación, Bogotá, 30 de abril de 2012.

para agosto del 2011 contaba con más de 700 integrantes.

Estas personas provenían de áreas rurales de los munici-

pios de Mapiripán, Puerto Gaitán y Cumaribo.94 El Ejérci-

to estaba a cargo del transporte y, a pedido de Caracho, la

Policía no se involucró dado que ésta había encabezado la

campaña contra el ERPAC95. Caracho, quien se entregó

en Pueblo Seco (Mapiripán) el 23 de diciembre, fue man-

tenido aislado del resto del grupo en las instalaciones del

CTI en Villavicencio junto a otros cuatro líderes, inclui-

dos Germán Ramírez Devia (alias “Vacafiada”) y Caribe96.

Cuando llegaron a Villavicencio, los miembros del ER-

PAC firmaron una segunda declaración individual donde

confirmaban su membresía en el ERPAC y su decisión vo-

luntaria de entregarse. También se incluía el tiempo que

los miembros habían estado en el grupo y sus rangos. Este

proceso fue nuevamente acompañado por funcionarios de

la Policía Judicial, de la Procuraduría General de la Nación

y por un abogado defensor97. Luego, la Fiscalía General

de la Nación verificó las identidades, individualizó los

cargos penales de cada uno y sus antecedentes. Solo die-

cinueve tenían órdenes de arresto pendientes, los demás

no presentaban ningún historial delictivo.

El proceso se descarriló en la mañana del 24 de diciembre,

cuando la Fiscalía no hizo nada para evitar que los miem-

bros del ERPAC sin orden de arresto pendiente se fueran

a casa con la sola condición de que se mantuvieran dispo-

nibles. Los abogados defensores habían insistido en esto,

ya que técnicamente no se habían realizado arrestos98. Es-

to frustró los planes de la Fiscalía, que esperaba realizar

audiencias colectivas para posteriormente poder hacer acu-

saciones y arrestar al grupo entero. El hecho de que mu-

chas personas que habían confesado ser miembros de un

grupo criminal pudieran marcharse, al parecer libremente,

desencadenó duras críticas. Sin embargo, en apariencia,

esto era legalmente defendible, ya que estas personas no

presentaban antecedentes penales y no se consideraba que

habían sido detenidas en flagrancia, ni cumplían con los

94 Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de

2012. Existe cierta confusión en cuanto a los números. Una

fuente de Crisis Group confirmó que se presentaron 272 perso-

nas; la Fiscalía General de la Nación afirma que se sometieron

268 (diecinueve líderes y 249 miembros); con frecuencia la

prensa informó 267, 269 o 284. Para consultar las cantidades de

la Fiscalía, véase “Informe de Gestión 2011”, Fiscalía General

de la Nación, febrero de 2012, p. 54. 95


de 2012. 96

“Cinco jefes de la banda criminal Erpac se sometieron a la

justicia”, El Tiempo, 23 de diciembre de 2011. 97

Correspondencia de Crisis Group por correo electrónico, Fis-

calía General de la Nación, Bogotá, 30 de abril de 2012. 98

Entrevistas de Crisis Group, Fiscalía General de la Nación,

Bogotá, 12 de marzo de 2012, periodista, Villavicencio, 6 de

marzo de 2012.



requisitos de detención preventiva, incluido el peligro de

fuga99.

Las tácticas del ERPAC complicaron aun más la situación

para la Fiscalía. Debido al asesoramiento legal, los miem-

bros llegaron sin uniformes ni armas, y esto redujo el ries-

go de que se considerara que fueron detenidos in flagranti.

El ERPAC tampoco cumplió con el requisito establecido

por la Fiscalía de entregar una lista de nombres, por lo cual

la identificación fue más complicada. Se informó que 41

miembros no poseían documentos de identidad y otros

trece más figuraban como desaparecidos100. Asimismo, los

miembros del ERPAC llegaron con declaraciones prepara-

das y afirmaron de manera colectiva que habían sido re-

clutados a la fuerza, que esperaban ser liberados de inme-

diato como parte del proceso de desmovilización y que

eran ciudadanos que no habían participado anteriormente

en actividades criminales, excepto por su membresía en

un grupo armado ilegal101.

De hecho, no es claro qué es lo que realmente esperaban

los miembros rasos. Algunas fuentes que participaron en

el proceso confirman que varios de éstos intentaron pedir

ayuda para recibir ropa y vivienda, beneficios típicos que

se brindan durante un proceso de desmovilización pero

que no tienen lugar en un proceso penal común. Cuando

se les explicaron los cargos estándar y las sentencias mí-

nimas por concierto para delinquir, aumentó la tensión y,

según se informó, muchos se sorprendieron, algunos de

manera violenta, y dijeron que no se someterían102. Es muy

posible que los líderes convencieran a dichos miembros

de que estaban participando en un proceso de desmovili-

zación que les brindaría acceso a beneficios legales y

ayuda para reintegrarse. Esto es difícil de demostrar, pero

abre interrogantes sobre si estas personas entendieron ple-

namente el proceso y si se entregaron mediante un con-

sentimiento informado. No obstante, la Fiscalía sostiene

que todas las personas comprendían el proceso.

La decisión de no detener a los combatientes tras el some-

timiento no invalidó todo el proceso. Para el momento en

el cual los miembros del ERPAC se fueron a casa, el pro-

99 Código de Procedimiento Penal, Artículo 308. Entrevistas de

Crisis Group, ONG, Bogotá, 28 de febrero de 2012; Fiscalía

General de la Nación, Bogotá, 12 de marzo de 2012. Algunos

expertos en el tema legal afirman que había suficientes motivos

para considerar que habían sido encontrados in flagranti, lo que

hubiera originado su detención e impuesto la necesidad de lega-

lizar el arresto dentro de 36 horas. Entrevista de Crisis Group,

experto en derecho penal, Bogotá, 2 de mayo de 2012. 100

“Fiscalía explicó normatividad jurídica y consolidado de

sometimiento a la justicia de miembros de la Erpac”, Fiscalía

General de la Nación, 28 de diciembre de 2011; “Director de

Fiscalías explicó por qué miembros del Erpac están libres”, El

Tiempo, 26 de diciembre de 2011. 101

Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, marzo de 2011. 102

Ibid.

ceso de identificación e individualización de los cargos

estaba casi completo, lo que permitió la rápida expedición

de muchas órdenes de arresto. Para finales de abril, 177

de los 253 miembros liberados habían sido detenidos

nuevamente, ya sea porque regresaron voluntariamente o

porque fueron arrestados por la Policía. De éstos, 155 han

aceptado los cargos. No obstante, la Policía se vio obliga-

da a capturar a los miembros uno por uno, utilizando re-

cursos que podrían haber tenido un mejor uso. El hecho

de que, en un primer momento, la mayoría de los miem-

bros del ERPAC pudieran marcharse también tuvo un alto

costo político: provocó un daño irreparable a la legitimi-

dad del sometimiento, el cual los expertos, en privado,

llaman un “desastre”, una “catástrofe” o una “estafa”103.

Los riesgos más grandes son menos visibles. Todos los

miembros del ERPAC enfrentan cargos por concierto para

delinquir agravado y, posiblemente, por posesión ilegal

de armas y uso de uniformes del Ejército. Es posible que

los líderes con antecedentes penales más extensos, enfren-

ten cargos adicionales. Esto significa que muchos miem-

bros pasarán algún tiempo en prisión. Para finales de abril,

trece de los diecinueve líderes detenidos ya habían sido

condenados, aunque podrían recibir sentencias rebajadas

por un conjunto reducido de delitos. Aceptar cargos por

concierto para delinquir agravado reduce a la mitad sen-

tencias que pueden variar entre ocho y dieciocho años.

Éstas se pueden rebajar aun más mediante el trabajo, la

educación y un buen comportamiento en prisión. Si bien

la Fiscalía afirma que está investigando todos los tipos de

delitos y que podría imputar cargos adicionales, la proba-

bilidad de que esto ocurra es baja104. Todas las opciones

son posibles, pero existe el riesgo de que los líderes no

sean procesados por delitos graves, que las estructuras

económicas subyacentes y las redes de corrupción no sean

desmanteladas, y que los derechos de las víctimas a la ver-

dad y a la no repetición no sean cumplidos.

Estas inquietudes se justifican por la historia de los débi-

les procesos judiciales contra los NGAI, incluido el ER-

PAC. Un claro ejemplo es el caso de Pijarbey, cuyo arresto

en el 2009 marcó el comienzo de la decadencia del grupo.

Pijarbey fue liberado en enero del 2012, después de cum-

plir sólo una parte de la sentencia de cuatro años que había

recibido por concierto para delinquir. Desde ese entonces,

103 Entrevistas de Crisis Group, Bogotá y Villavicencio, febrero

y marzo de 2012. 104

Entrevista de Crisis Group, especialista en derecho penal,

Bogotá, 2 de mayo de 2012. En 2011, la Fiscalía General de la

Nación presentó 908 cargos contra los miembros de los NGAI

por concierto para delinquir agravado, en cambio, solo hubo

cinco cargos por desaparición forzada y 30 por desplazamiento

forzado. Por supuesto, es posible que no todos los miembros de

los NGAI sean culpables de estos dos graves crímenes pero, al

parecer, las cifras sugieren una negligencia sistemática de los

delitos más graves. “Informe de Gestión 2011”, Fiscalía Gene-

ral de la Nación, febrero de 2012, pp. 52-53.



regresó a los Llanos Orientales para encabezar un grupo

armado ilegal105. En términos generales, la creciente capa-

cidad para detener a los miembros de los NGAI no ha con-

llevado a la disminución de la impunidad. Para el 2011,

sólo el 12 por ciento de los miembros de los NGAI captu-

rados habían sido sentenciados, la mayoría por posesión

ilegal de armas, no por ser miembros de los NGAI106.

También quedaron preguntas acerca del componente de

desarme en el proceso. De acuerdo con la Fiscalía General

de la Nación, la información que dieron los miembros del

ERPAC llevó a la incautación de 27 ametralladoras, 432

pistolas adicionales, 278.000 cartuchos y 1.716 granadas,

entre otras armas107. Estas cifras son mucho más altas que

las publicadas inmediatamente después del sometimiento,

cuando se dijo que se habían incautado sólo 123 rifles, dos

morteros, dos ametralladoras M60, 404 granadas y unos

53.000 cartuchos108. Aún no está claro si las armas adicio-

nales se hallaron gracias a la cooperación de los comba-

tientes sometidos, pero, al parecer, los miembros del ER-

PAC, deliberadamente, no dieron información respecto a

todas las armas que tenían. La Policía incautó una canti-

dad sustancial de armas como resultado de tareas de inte-

ligencia en curso y no por la colaboración de aquellos que

se entregaron109. Una fuente cercana al proceso también

afirmó que los líderes del ERPAC intercambiaron sus ar-

mas nuevas y de mejor calidad por armas viejas durante

la fase previa al sometimiento110.

C. EL ESCENARIO POST-SOMETIMIENTO

A cinco meses del sometimiento, es aún pronto para eva-

luar los efectos de éste en la práctica y en el terreno. No

obstante, la evidencia preliminar sugiere que no ha habi-

do una mejora sostenible en la seguridad. Por el contrario,

la violencia podría haber aumentado ya que grupos arma-

dos ilegales compiten por llenar el vacío dejado por el

ERPAC. Hay tres inquietudes principales: las operaciones

105 Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de

2012: Véase también “‘Pijarvey’ ya está en libertad”, Llano Siete

Días, 21 de marzo de 2012; y “Misión humanitaria salvó a tres

‘exparas’”, Llano Siete Días, 17 de abril de 2012. Entre los car-

gos en contra de Pijarbey también se había incluido, en un prin-

cipio, la posesión ilegal de armas. 106

“Declaración del Presidente Juan Manuel Santos”, op. cit. 107

“Informe de Gestión 2011”, Fiscalía General de la Nación,

febrero de 2012, p. 55. 108

“Con entrega de dos cabecillas, finaliza sometimiento de la

banda Erpac”, El Tiempo, 23 de diciembre de 2011. 109

Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de

2012; “Policía frustra rearme del ‘ERPAC’”, El Espectador, 28

de enero de 2012. Se han realizado otras incautaciones de ar-

mas gracias a la información que aportaron los combatientes

del ERPAC sometidos; véase “Con información del Erpac CTI

se incautó de armamento”, Fiscalía General de la Nación, co-

municado de prensa, 30 de abril de 2012. 110

Entrevista de Crisis Group, Villavicencio, marzo de 2011.

de los restantes miembros del ERPAC, las reacciones de

los otros NGAI y los esfuerzos de las FARC por recuperar

el territorio.

Los miembros del ERPAC que no participaron en el some-

timiento se organizaron en dos grupos en competición y

para febrero de 2012 habían reunido unos 560 combatien-

tes111. El Bloque Meta está dirigido por Rubber Antonio

Navarro Caicedo (alias “Flaco Fredy”) y opera princi-

palmente en la región del Ariari en el departamento de

Meta112. En marzo, la Policía identificó un laboratorio en

San Martín (Meta) que, según se informó, era controlado

por Flaco Fredy y tenía capacidad para procesar más de

dos toneladas de clorhidrato de cocaína por mes113. El otro

grupo, Libertadores del Vichada, se encuentra en Cuma-

ribo (Vichada) y en partes del norte del Meta a lo largo de

la frontera con el Casanare. Éste fue primero dirigido por

Albert Narváez Mejía (alias “Careto”) pero, después de

salir de prisión, Pijarbey se apoderó del mismo. Se cree

que éste está absorbiendo a un grupo disidente de 150

hombres en Vichada dirigido por alias “El Tigre”, un ex

comandante del ERPAC de nivel intermedio que no está

totalmente identificado114. Los grupos luchan tanto por el

territorio como por las zonas de cultivo de drogas y de

tráfico en los departamentos de Meta y Vichada. En este

último departamento ya se registraron incidentes en San

Martín, Puerto Gaitán y Primavera. Mientras que las fac-

ciones del ERPAC buscan consolidarse, hay rumores per-

sistentes de que otros NGAI, en particular los Urabeños y

los Rastrojos, podrían estar ingresando a la región en un

intento por llenar cualquier posible vacío de poder115. A

pesar de que falta evidencia concreta, esto podría estar

vinculado a la venta, antes del sometimiento, del negocio

de Caracho a uno o más rivales116. En ese caso, el panora-

ma más probable sería una división, que otorgaría acceso

a los Urabeños en Meta y a los Rastrojos en Vichada117.

111 Entrevista de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de

marzo de 2012; policía, Bogotá, 7 de mayo de 2012. 112


marzo de 2012; policía, Villavicencio, 7 de marzo de 2012. 113

“Hallan gigantesco laboratorio de ‘coca’ avaluado en $800

millones”, El Espectador, 27 de marzo de 2012. 114

Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de

2012. Véase también “Narco del Vichada es el nuevo jefe de la

banda Erpac”, El Tiempo, Bogotá, 27 de enero de 2012. 115

Entrevistas de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de marzo

de 2012. 116

Entrevistas de Crisis Group, ONG, Bogotá, 27 de enero de

2012; periodista, Villavicencio, 6 de marzo de 2012; analista,

entrevista telefónica, 9 de marzo de 2012; también “‘Caracho’

negocia el Erpac con ‘Rastrojos’”, Llano Siete Días, 10 de no-

viembre de 2011. La venta en 2001 del Bloque Centauros por

$5 millones, que realizó el líder principal de las AUC, Vicente

Castaño, a Miguel Arroyave, estableció un fuerte precedente

para tal especulación. 117


marzo de 2012.



Esto estaría en línea con una presunta negociación más

amplia entre esos dos grupos para dividirse el control en

todo el país, a fin de detener una cruenta confrontación118.

Sin embargo, si estos NGAI entran en la disputa, podrían

encontrar complicaciones para establecerse en una región

que por mucho tiempo ha mostrado hostilidad hacia los

grupos armados ilegales ajenos a la zona, un factor que

Cuchillo, siendo nativo, explotó con habilidad119.

Estos movimientos también podrían ser parte de una ma-

yor reconfiguración paramilitar en los Llanos Orientales,

ya que los remanentes del Bloque Centauros tratan de ex-

pandir su control sobre la región. En este sentido, una

fuente dijo: “nuestro problema viene de las prisiones”.

Aunque aún no se ha probado, se presume que los Liber-

tadores del Vichada reciben el respaldo de varios líderes

paramilitares encarcelados que tienen un fuerte interés

económico en la región, incluido Carecuchillo, el her-

mano de Cuchillo, y Daniel Rendón Herrera (alias “Don

Mario”), el fundador de los Urabeños y la antigua mano

derecha de Arroyave en el Bloque Centauros120. Actual-

mente, Don Mario está en disputa con Manuel de Jesús

Pirabán (alias “Pirata”), el líder encarcelado del Bloque

Héroes del Llano de las AUC, quien, según rumores, está

vinculado con el respaldo del Bloque Meta del ERPAC121.

Ubicado en San Martín, Pirata se está expandiendo, pre-

suntamente, a Mapiripán y Puerto Gaitán, anteriormente

enclaves de Cuchillo122. Las autoridades sospechan que

cuatro cuerpos encontrados en Puerto Gaitán (Meta) fue-

ron el resultado de esta lucha123.

Siendo el grupo más antiguo en la región, las FARC han

sido contundentes a la hora de recuperar nuevamente su

lugar. Esta guerrilla está vigilando poblaciones en áreas

clave y, presuntamente, está exigiendo extorsiones retro-

activas por los años que estuvo ausente124. Así mismo, es-

tá desplegando varios frentes para cubrir un territorio más

118 “‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ se repartieron las narcozonas de

Colombia”, El Tiempo, 15 de febrero de 2012. 119


de 2012. 120

Entrevista de Crisis Group, Bogotá, mayo de 2012. Véase

también “‘Don Mario’, Daniel Rendón Herrera”, Verdad Abierta,

y “Te ordeno desde la prisión”, Semana, 21 de enero de 2012. 121

Entrevista de Crisis Group, Bogotá, mayo de 2012; también

“¿Quién miente entre ‘Don Mario’ y ‘Pirata’?”, Verdad Abierta,

8 de marzo de 2012. 122


de 2012. Según afirmaciones generalizadas, Pirata estuvo invo-

lucrado en la elección de 2011 del nuevo alcalde de San Martín,

Meta, entre otros. Entrevistas de Crisis Group, Villavicencio,

marzo de 2012. 123

Entrevistas de Crisis Group, policía, Villavicencio, 7 de mar-

zo de 2012; organización de derechos humanos, 2 de marzo de

2012. 124


de 2012.

extenso, centrándose en los municipios de Cumaribo, Puer-

to Concordia y Mapiripán, y está nuevamente presente

cerca del casco urbano de este último125. Además, las FARC

están ejerciendo control social al restringir el movimiento

de personas, el cultivo de coca o la pesca en algunas co-

munidades; de la misma forma que presionan a otros, por

ejemplo, a los que se encuentran en Vistahermosa (Meta),

para cultivar variedades de coca de mayor rentabilidad126.

La actividad creciente de las FARC no se debe exclusiva-

mente a la desaparición parcial y a las divisiones del ER-

PAC, sino que han estado en marcha desde el 2010, cuan-

do el asesinato del líder militar de los insurgentes, alias

Mono Jojoy, en manos de las fuerzas de seguridad, liberó

a los combatientes que se habían dedicado a protegerlo127.

125 Entrevistas de Crisis Group, periodista, Villavicencio, 6 de

marzo de 2012; analista, 7 de marzo de 2012. 126

Las restricciones de movilización perjudican especialmente

a las comunidades indígenas nómadas, que, tradicionalmente,

recorren áreas distanciadas para conseguir alimentos. Entrevista

de Crisis Group, analista, Villavicencio, 2 de marzo de 2012. 127

Ibid.



V. HACIA UNA POLÍTICA DE

SOMETIMIENTO

A mediados de 2011, el ex obispo de Montería, Monseñor

Julio César Vidal, afirmó que varios grupos habían comu-

nicado su deseo de entregar las armas. Aunque lo anterior

parecía no ir a ningún lado luego de su traslado a la Dió-

cesis de Cúcuta, el sometimiento en mayo de 2012 del lí-

der principal de los Rastrojos, Javier Antonio Calle Serna

(alias “Comba”), a las autoridades de los Estados Unidos

y la información sobre los planes de entregarse de otros

líderes narcotraficantes principales, sugieren que el ER-

PAC podría no ser el último de los NGAI en buscar un

acuerdo128. Sin embargo, los problemas del proceso del

ERPAC muestran que el país no está suficientemente pre-

parado para sometimientos posiblemente más grandes y

logísticamente más complejos. Corregir estos problemas

es importante y no lo es sólo para el proceso de entrega.

Mientras el Gobierno lentamente prepara el terreno para

nuevas conversaciones con las guerrillas, una estrategia

creíble sobre cómo desmantelar a los NGAI sería parte

fundamental a la hora de establecer garantías más amplias

para fortalecer la confianza en futuros procesos de paz.

Por lo tanto, el Gobierno debería adoptar una política ex-

plícita de sometimiento colectivo para los NGAI. Esto de-

be llevarse a cabo de manera tal que se evite fomentar la

impunidad, en particular en el caso de delitos graves, a la

vez que se aumenten las posibilidades del desmantela-

miento completo de las redes criminales. Dicha política

no sería una solución milagrosa. Si el Gobierno va a hacer

avances significativos en el combate de los NGAI, tam-

bién necesitará aclarar los roles respectivos de la Policía y

los militares, reforzar la lucha contra la corrupción dentro

de la fuerza pública y actuar con mayor decisión contra

las microredes emergentes de tráfico de drogas locales.

A. MANEJAR LAS ZONAS GRISES

El hecho de que el primer experimento de Colombia en el

sometimiento de uno de los NGAI corra el riesgo de fraca-

sar se debe, en parte, a debilidades institucionales. Además,

también refleja los problemas inherentes a la distinción

entre crimen organizado y conflicto armado. Contrario a

lo que el Gobierno sugiere, es notoriamente difícil distin-

128 Véase Jeremy McDermott, “‘Comba’ cuts a deal and the

Rastrojos lose ground” (“Comba” llega a un acuerdo y los Ras-

trojos pierden terreno), Insight Crime , 8 de mayo de 2012.

Aparentemente, el líder militar de los Rastrojos, Diego Pérez

(alias “Diego Rastrojo”), el Loco Barrera y Henry de Jesús Ló-

pez (alias “Mi Sangre”), otro exlíder paramilitar de los NGAI,

también considerarían entregarse a los EE. UU.; véase “En tres

meses, cuatro capos colombianos estarían en EE. UU.”, El

Tiempo, 18 de abril de 2012.

guir entre los grupos puramente criminales y aquellos que

forman parte de los enfrentamientos. Los grupos como el

ERPAC, pero también los Rastrojos y los Urabeños, no son

simples reencarnaciones de las AUC, pero tampoco se los

puede considerar completamente independientes de los

antiguos paramilitares. Tienen fuertes intereses económi-

cos, pero también mantienen estructuras ilícitas con poder

suficiente para controlar, parcialmente, áreas específicas

y tienen un sustancial impacto humanitario adverso. Entre

la actividad de crimen organizado y el conflicto armado

existen grandes zonas grises y justamente los grupos que

operan en esas zonas son los que representan los desafíos

más importantes.

Esto significa que poner fin a los NGAI no es sólo cuestión

de castigar delitos. También implica proteger los derechos

de las víctimas y desmantelar con eficacia las redes crimi-

nales de corrupción que los mantienen. En el manejo de

estos grupos se involucran intereses múltiples y parcial-

mente contrapuestos, incluidos los de los miembros de los

NGAI, los de las víctimas y los de la sociedad en general.

El sometimiento del ERPAC sugiere, de forma contun-

dente, que el sistema judicial es un agente débil para

equilibrar y reconciliar dichos intereses dispares de mane-

ra satisfactoria. Más que externalizar la responsabilidad

de un proceso complejo a un sistema judicial abrumado,

la respuesta del Estado tiene que ser, en todas sus dimen-

siones, proporcional a la amenaza, tal y como lo admiten

en privado los altos funcionarios del Gobierno129. Al darle

respaldo logístico al proceso del ERPAC, el Gobierno, de

hecho, ya cruzó la línea entre las esferas judiciales y polí-

ticas, pero necesita dar un paso más y diseñar una política

de sometimiento explícita.

Dentro del Gobierno preocupa el hecho de que una parti-

cipación más fuerte y más visible del Poder Ejecutivo haría

que el proceso se viera como una negociación y no como

un sometimiento a la justicia. Lo anterior dejaría al Esta-

do en situación de vulnerabilidad frente a extorsiones y

los grupos criminales tendrían un incentivo para aumentar

la violencia a fin de obtener términos más favorables en

la negociación130. Esta trampa se puede evitar. Los NGAI

no son homogéneos. De hecho, algunos grupos (y en par-

ticular algunos de sus colaboradores urbanos) podrían es-

tar más cerca a las bandas criminales comunes. Según la

lógica propuesta por la Corte Constitucional, en su fallo

sobre la aplicabilidad de la Ley de Víctimas a las víctimas

de los NGAI, sólo se deberían aplicar instrumentos admi-

129 Entrevista de Crisis Group, funcionario del Gobierno de Co-

lombia, Bogotá, 2 de mayo de 2012. 130

Ibid. Una de las tantas hipótesis para explicar el atentado

con bomba, en mayo de 2012 al exministro del Interior y de

Justicia, Fernando Londoño, consiste en que los Urabeños co-

metieron la agresión en un intento por presionar al Gobierno

hacia una negociación. Véase Ariel Ávila, “Las hipótesis sobre

lo ocurrido en Bogotá”, El Espectador , 15 de mayo de 2012.



nistrativos y legales especiales para fortalecer el proceso

de sometimiento si hubiera un vínculo suficiente con el

conflicto armado.

B. CORREGIR LOS INCENTIVOS

El sometimiento del ERPAC dependió de un conjunto de

incentivos perversos que permitió a los líderes entregarse

y esperar sentencias reducidas por un número limitado de

delitos. Esto podría crear incentivos para sometimientos

futuros, pero a un alto costo. La relativa certeza de recu-

perar la libertad más o menos rápido menoscaba las con-

diciones para el sometimiento al reducir los incentivos

para cooperar con las autoridades fiscales que no tienen

poder de negociación. Esto aumenta los riesgos de que las

estructuras económicas complejas de testaferros y los

vínculos políticos queden intactos y de que la verdad

quede sumamente limitada. Las sentencias reducidas para

los líderes de los NGAI son aceptables sólo si están basa-

das en la colaboración eficaz con el sistema judicial para

el desmantelamiento de los grupos y si éstas no reflejan

impunidad, no violan los derechos de las víctimas ni me-

noscaban la legitimidad social del proceso.

La estructura de incentivos refleja problemas más pro-

fundos. Tanto el área de inteligencia de la Policía como la

Fiscalía General de la Nación han incrementado su capa-

cidad para lidiar con los NGAI a lo largo de los años. Las

tareas de inteligencia se coordinan a través del Centro In-

tegrado de Inteligencia contra las Bandas Criminales (CI2

BACRIM), el cual es dirigido por la Policía y opera desde

2006. Así mismo, desde el 2010, la Fiscalía tiene una uni-

dad que se especializa en el procesamiento de los NGAI,

la cual ya cuenta con más de 70 fiscales131. Pero la expe-

riencia del sometimiento del ERPAC sugiere que todavía

hay espacio para mejorar. Esto se hace evidente por el

hecho de que sólo diecinueve de los 272 miembros del

ERPAC, alrededor del 7 por ciento, tenían antecedentes

penales anteriores al sometimiento.

Por lo tanto, fortalecer la capacidad de disuasión y crear

una amenaza creíble de que los miembros de los NGAI se-

rán investigados de manera exhaustiva, deben ser elemen-

tos centrales de una política de sometimiento. Los poderes

Ejecutivo y Legislativo también necesitan garantizar que

la Policía y el sistema judicial tengan los recursos y la ca-

pacidad para investigar y procesar todos los tipos de deli-

tos de los NGAI, incluidas las violaciones graves de los

derechos humanos y del DIH. También es importante fo-

mentar el surgimiento de una cultura de investigación en

la que los fiscales tengan incentivos profesionales para

centrarse en investigaciones a largo plazo que lleven al

desmantelamiento de los NGAI y de las estructuras de sus

131 Entrevista de Crisis Group, policía, Bogotá, 7 de mayo de 2012.

frentes, y no simplemente resolver la cantidad máxima de

casos individuales.

Si la Fiscalía tuviera una capacidad de negociación más

fuerte se evitaría o, al menos, se mitigaría una variedad de

problemas que afectaron el proceso del ERPAC. En el fu-

turo, debe existir una identificación previa y completa de

aquellos que estén considerando entregarse, y las autori-

dades deberían tener en cuenta la posibilidad de posponer

el proceso si el requisito de la identificación no se ha

cumplido. También se debería asumir un mayor control

sobre el tiempo, de modo que se pueda garantizar una

adecuada preparación, no sólo en términos de recursos

humanos y materiales, sino también de cargos judiciales.

A fin de preparar cargos más comprensivos, la Fiscalía

debería hacer uso extensivo de la información detallada

recolectada dentro de la LJP respecto de las operaciones y

el impacto humanitario de los paramilitares en áreas don-

de están presentes los NGAI132. Esto es muy importante

en el caso de sometimientos a gran escala.

Finalmente, se necesita más compromiso por parte de los

líderes de los grupos para que los miembros de los NGAI

no abandonen el proceso a mitad de camino. También es

necesario reconsiderar el tema de los incentivos para los

miembros rasos pues la aparente falta de claridad en torno

a las consecuencias legales del sometimiento podría causar

un impacto negativo en la disposición de estos a participar.

En particular, debe aclararse si se puede aplicar el “prin-

cipio de oportunidad” y bajo qué condiciones, a cambio de

que los miembros de los NGAI proporcionen a las autori-

dades fiscales información relevante respecto de las redes

y las operaciones criminales. Las condiciones para aplicar

este principio deberían ser lo suficientemente amplias pa-

ra garantizar que los miembros rasos tengan un incentivo

para comunicar información relevante, pero también lo

suficientemente estrictas para impedir la impunidad de

delitos graves.

También se debería analizar la introducción de algunos

beneficios básicos de reintegración. Dado el índice alto de

crímenes en las prisiones de Colombia, es poco probable

que haya una reducción sostenida del crimen y de la vio-

lencia al encerrar a los miembros de los NGAI, quienes a

menudo han pasado mucho tiempo en estructuras arma-

das ilegales. Por lo tanto, sería justificado proveer apoyos

a los ex miembros de los NGAI que promueven su reinte-

gración a la vida civil con el fin de evitar el rearme. Dichos

beneficios podrían estar inspirados en el programa de la

ACR para combatientes desmovilizados y deben estar es-

trictamente condicionados a la situación judicial y al efec-

tivo sometimiento de éstos, así como a sus contribuciones

a la verdad y a la reparación de víctimas.

132 Entrevista telefónica de Crisis Group, especialista en derecho

penal, 16 de mayo de 2012.



C. MÁS ALLÁ DEL PROCESAMIENTO PENAL

El proceso del ERPAC ha marcado claramente los límites

de un enfoque que traslada toda la responsabilidad a la

Fiscalía y a los jueces. Para garantizar que los intereses

contrapuestos estén adecuadamente equilibrados, el Go-

bierno necesita asumir más responsabilidad, así como ocu-

par un papel activo en el manejo del proceso, el cual debe

ir mucho más allá de la logística. En particular, el compo-

nente judicial de la entrega necesita ser complementado

con un programa administrativo basado en decisiones po-

líticas claras. Junto con beneficios de reintegración adap-

tados para los miembros de los NGAI elegibles, éste de-

bería ofrecer garantías más sólidas para llegar a la verdad

y disposiciones más claras sobre los niños soldados, así

como una mayor supervisión internacional.

Dada la continuidad entre los grupos paramilitares y los

NGAI, además de su claro y negativo impacto humanita-

rio, se necesitan garantías más sólidas para proteger a las

víctimas. El fallo de la Corte Constitucional en marzo de

2012 allanó el camino para que las víctimas de los NGAI

puedan ser elegibles para recibir beneficios conforme a la

Ley de Víctimas. Según el objetivo general de la ley, este

fallo debería interpretarse a favor de las víctimas, a fin de

minimizar la responsabilidad que éstas tienen en probar la

conexión con el conflicto armado. El Gobierno debe su-

pervisar la aplicación de la ley y, si se prueba que ampliar

el acceso por medio de la interpretación no es práctico o

no es eficaz para promover los intereses de las víctimas,

debería considerarse la introducción de medidas específi-

cas para garantizar que las víctimas de los NGAI sean tra-

tadas en condiciones de igualdad con respecto a aquellas

que los son de paramilitares o guerrillas.

Para reforzar aún más las garantías de las víctimas, se po-

dría diseñar un procedimiento administrativo similar al

establecido para los paramilitares rasos en la Ley 1424

(2010). Esto permitiría que los miembros de los NGAI que

no son responsables de violaciones graves de derechos hu-

manos ni del DIH tengan acceso a beneficios adicionales

a cambio de su contribución al proceso de establecimien-

to de la verdad extrajudicial y a la reparación de víctimas.

Debe haber más claridad con respecto al tratamiento de

los niños soldados, asunto que salió a la luz en el proceso

del ERPAC. Debido a que los NGAI han sido clasificados

como grupos criminales, se debe aclarar que los niños sol-

dados pueden ingresar al programa para excombatientes

de grupos armados ilegales dirigido por el ICBF. También

debería reconsiderarse el manejo legal de los miembros

de los NGAI que han sido reclutados a la fuerza, pero que

al momento del sometimiento han alcanzado la edad de

plena responsabilidad legal. La práctica actual implica el

riesgo de convertir a las víctimas en perpetradores.

También es necesario hacer un mayor esfuerzo para ga-

rantizar la transparencia y la rendición de cuentas del

proceso. Tal y como lo hicieron los fiscales de la LJP, la

Fiscalía debería publicar, en línea, información actuali-

zada acerca del progreso de los juicios penales de los

miembros de los NGAI, incluida toda la información so-

bre cargos y sentencias.

Finalmente, existe la necesidad de introducir observado-

res internacionales para fomentar la credibilidad. La Mi-

sión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Orga-

nización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), la cual

ha estado estrechamente vinculada con el monitoreo de los

NGAI en todo el país, pero que sólo puede ofrecer apoyo

si se lo solicita oficialmente, debe ser invitada a los futu-

ros sometimientos133. Su mandato debería incluir la super-

visión de los preparativos y de la entrega de las armas, así

como debería informar sobre el progreso de los juicios.

133 La MAPP-OEA se estableció en 2004 mediante un acuerdo

entre el Gobierno de Colombia y el secretario general de la OEA.

Tiene un amplio mandato para contribuir a la construcción de la

paz en el país. Éste incluye verificar y monitorear la tregua con

los paramilitares, la suspensión de las hostilidades, las iniciati-

vas de DDR, y el acompañamiento a las víctimas de la violencia.



VI. CONCLUSIÓN

La justicia transicional y el programa de DDR pueden ser

instrumentos clave para desmantelar grupos armados ilega-

les y reducir el crimen y la violencia, así como para pro-

teger los intereses de las víctimas. Sin embargo, los bene-

ficios de dichos procesos parecen estar disminuyendo. A

pesar de todas las contribuciones para reducir la intensi-

dad del conflicto, la desmovilización paramilitar, que

terminó en el 2006, estuvo plagada de problemas, inclui-

do un número deficiente de sentencias contra los líderes y

el surgimiento de los grupos sucesores. Sin embargo, el

sometimiento del ERPAC, la primera entrega masiva de

un NGAI, enfrenta problemas potencialmente incluso más

graves, aunque a una escala mucho menor que la desmo-

vilización de las AUC. Hay pocos indicios respecto a un

impacto positivo del sometimiento sobre la dinámica del

conflicto. Además, la exclusiva dependencia en los proce-

dimientos penales de tribunales ordinarios ha aumentado,

paradójicamente, los riesgos tanto de la impunidad como

de la supervivencia de las estructuras económicas y de los

vínculos políticos detrás del ERPAC.

Es necesario que el Gobierno corrija estos defectos. De lo

contrario, después de un proceso que al parecer benefició

a los líderes del ERPAC más que a cualquier otra persona,

los incentivos para que los miembros rasos participen en

sometimientos futuros van a ser, probablemente, muy po-

cos. Dada la polémica alimentada por las liberaciones tem-

porales y la falta de transparencia, incluida la falta de un

monitoreo independiente, los procesos futuros que se aten-

gan a las mismas reglas probablemente tendrán un nivel

bajo de legitimidad y credibilidad, similar al del ERPAC.

Al mismo tiempo, la ausencia de instrumentos legales

adecuados y de respaldo institucional para evitar el rearme,

posiblemente, significará la exposición de las comunidades

a nuevos ciclos de violencia, en la medida en que los gru-

pos armados ilegales compiten por llenar vacíos de poder.

Teniendo esto en claro, el Gobierno debería considerar la

implementación de una política de sometimiento explícita

para los NGAI. Dicha política necesita basarse en el reco-

nocimiento de que es difícil separar claramente los grupos

de crimen organizado de las partes de un conflicto armado

interno. También debe reconocer que el sistema judicial en

general, actualmente no tiene la capacidad para asumir un

proceso que satisfaga los derechos de las víctimas a la jus-

ticia, la verdad y la no repetición. Para proteger estos dere-

chos se necesita fortalecer el componente judicial, el cual

debe ser complementado con procedimientos administra-

tivos o con una nueva legislación que ofrezca garantías

adicionales para las víctimas y que mejore los incentivos

para que los miembros de los NGAI dejen sus armas y a la

vez se evite la impunidad. Sin duda, será materia de contro-

versia el adecuado balance de objetivos que son poten-

cialmente contradictorios, pero las deficiencias del some-

timiento del ERPAC sugieren que el país no debe posponer

por más tiempo este debate.

Bogotá/Bruselas, 8 de junio de 2012



ANEXO A

MAPA DE COLOMBIA

Cortesía de la Biblioteca General, The University of Texas at Austin



ANEXO B

MAPA DE LOS LLANOS ORIENTALES



ANEXO C

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES

ACC

Autodefensas Campesinas del

Casanare, grupo paramilitar en el

departamento de Casanare que no se

unió a las AUC

ACR

Agencia Colombiana para la

Reintegración, oficina a cargo de la

implementación del programa de

reintegración del Gobierno para

guerrillas y paramilitares

desmovilizados; conocida como Alta

Consejería para la Reintegración hasta

el 2011

AUC

Autodefensas Unidas de Colombia,

entidad que cobijó a los grupos

paramilitares. Su desmovilización

comenzó en 2003 y terminó

oficialmente en 2006

BACRIM

Bandas Criminales, término genérico

utilizado por el Gobierno para

referirse a los grupos armados ilegales

que surgieron después de la

finalización de la desmovilización

paramilitar; Crisis Group las

denomina NGAI

CTI

Cuerpo Técnico de Investigación,

organismo vinculado a la Fiscalía

General de la Nación que ejerce la

función de policía judicial

DAS

Departamento Administrativo de

Seguridad, agencia de inteligencia

estatal que se disolvió en el 2011

DDR

Desmovilización, Desarme y

Reintegración

ELN

Ejército de Liberación Nacional, el

segundo grupo guerrillero más grande

de Colombia

EPL

Ejército de Liberación Popular, el

grupo guerrillero más pequeño de

Colombia, la mayoría de sus

combatientes se desmovilizaron en

1991

ERPAC

Ejército Revolucionario Popular

Antiterrorista de Colombia, uno de los

NGAI que opera en los Llanos

Orientales y que se sometió a la

justicia, de manera parcial, en

diciembre de 2011

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia, el grupo guerrillero más

grande de Colombia

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar, agencia gubernamental que

tiene la misión de promover la

protección de los niños, los jóvenes y

las familias

DIH

Derecho Internacional Humanitario

LJP

Ley de Justicia y Paz, uno de los

marcos legales para la justicia

transicional en Colombia

MAPP-OEA

Misión de Apoyo al Proceso de Paz en

Colombia de la Organización de los

Estados Americanos

M19

Movimiento 19 de abril, grupo

guerrillero de Colombia que se

desmovilizó en 1991 y formó un

partido político

NGAI

Nuevos Grupos Armados Ilegales;

término genérico utilizado por Crisis

Group para describir grupos armados

ilegales que han surgido desde la

finalización de la desmovilización de

paramilitares en 2006 y que son los

sucesores de ese fenómeno; el

Gobierno los llama BACRIM



ANEXO D

QUIENES SON LOS PARAMILITARES DE LOS LLANOS ORIENTALES

Miguel Arroyave,

alias “Arcángel”

Líder del Bloque Centauros de las AUC; fue asesinado en 2004 por Cuchillo. Des-

pués de su muerte, el Bloque Centauros se dividió en dos estructuras disidentes y

una leal, esta última dirigida por alias “Mauricio”. Arroyave había comprado la

franquicia del bloque al líder principal de las AUC, Vicente Castaño, en 2001. Al

igual que Castaño, era originario de Amalfi, Antioquia.

Héctor Germán Buitrago,

alias “Martín Llanos”

Líder de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). Fue detenido en el

2012 en Venezuela y extraditado a Colombia. Entre el 2002 y el 2004, peleó una

cruenta guerra contra Miguel Arroyave, aparentemente debido a que este último

quería invadir el territorio de las ACC. Arroyave finalmente salió victorioso, supues-

tamente gracias al apoyo tácito del Ejército.

Martín Farfán,

alias “Pirjarbey” o “Pija Arbey”

Supuesto líder de los Libertadores del Vichada, una fracción disidente del ERPAC

que no participó en el sometimiento. Anteriormente, el ex soldado profesional era

el segundo al mando del ERPAC. Fue capturado en el 2009 y liberado en el 2012,

después de cumplir gran parte de su sentencia de cuatro años en prisión.

Eberto López Montero,

alias “Caracho”

Asumió el liderazgo del ERPAC después de la muerte de Cuchillo en el 2010 y di-

rigió al grupo al proceso de sometimiento en 2011. Al igual que Cuchillo, era un ex

paramilitar y ex soldado profesional, pero carecía de las cualidades de liderazgo

de éste.

Pedro Oliveiro Guerrero Castillo,

alias “Cuchillo” o “Didier”

Fundador y líder del ERPAC hasta que las fuerzas especiales de la Policía le die-

ron de baja en el 2010. Anteriormente, Cuchillo fue el comandante de los Héroes

del Guaviare, una subestructura disidente del Bloque Centauros de las AUC. Se

desmovilizó en abril de 2006, pero meses después se rearmó. Era originario de

San Martín, Meta.

Daniel Rendón Herrera,

alias “Don Mario”

Jefe de Finanzas del Bloque Centauros bajo el control de Miguel Arroyave. Se

desmovilizó en el 2006 con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, dirigido por su

hermano. Se rearmó como jefe de los Urabeños y fue capturado en el 2009. Actual-

mente es procesado conforme a la LJP. Es originario de Amalfi, Antioquia.



Carlos Mario Jiménez,

alias “Macaco”

Jefe del Bloque Central Bolívar, el cual ha operado a través del Frente Vichada en

los Llanos Orientales. Se desmovilizó en el 2006, pero fue extraditado a los EE.UU.

en el 2008 bajo cargos por tráfico de drogas. Del 2006 al 2007, sus lugartenientes

pelearon y perdieron una cruenta lucha territorial con el incipiente ERPAC.

Manuel de Jesús Pirabán,

alias “Pirata”

Líder de los Héroes del Llano, una fracción disidente del Bloque Centauros. Se

desmovilizó en abril del 2006 y actualmente es procesado conforme a la LJP. Su-

puestamente continúa ejerciendo influencia en Meta desde la prisión. Es originario

de San Cayetano, Cundinamarca.

Dumar de Jesús Guerrero Castillo,

alias “Carecuchillo”

Hermano de Cuchillo y ex miembro de los Héroes del Guaviare. Se desmovilizó en

el 2006, pero luego desapareció antes de someterse en el 2008. Escapó de prisión

en el 2010, pero poco después fue capturado.



ANEXO E

ACERCA DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organiza-

ción no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con

cerca de 130 funcionarios en cinco continentes, que combina el

análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más

alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos

graves.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas

sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con

su sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o

recurrencia de conflictos violentos. Con base en la información

y las evaluaciones sobre el terreno, produce informes analíticos

con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman deci-

siones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group

también publica CrisisWatch, un boletín mensual de 12 pági-

nas, que actualiza sucintamente con regularidad la coyuntura en

las situaciones de conflicto o conflicto potencial más sensibles

del mundo.

Los informes y los boletines informativos de Crisis Group son

distribuidos por correo electrónico y también se publican simul-

táneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.

org. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobier-

nos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar

la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus

recomendaciones en materia de políticas.

El Consejo de Administración de Crisis Group – cuyos miem-

bros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política,

la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación –

participa de forma directa en la promoción de los informes y

recomendaciones de la organización, buscando su considera-

ción por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis

Group es presidido por Thomas Pickering, ex embajador de Es-

tados Unidos. Su presidenta y directora ejecutiva desde julio de

2009 es Louise Arbour, ex alta comisionada de las Naciones

Unidas para los derechos humanos y fiscal principal en los Tri-

bunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda.

La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas,

y la organización cuenta con oficinas o representación en 34

localidades: Abuja, Bangkok, Beijing, Beirut, Biskek, Bogotá,

Buyumbura, Cairo, Ciudad de Guatemala, Dakar, Damasco,

Dubái, Estambul, Gaza, Islamabad, Jerusalén, Johannesburgo,

Kabul, Katmandú, Londres, Moscú, Nairobi, Nueva York,

Puerto Príncipe, Pristina, Rabat, Saná, Sarajevo, Seúl, Tiflis,

Trípoli, Túnez y Yakarta, Washington DC. Crisis Group cubre

en la actualidad cerca de 70 zonas de conflicto actual o poten-

cial en cuatro continentes. En África, estos países incluyen

Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Eri-

trea, Etiopía, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Madagas-

car, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática

del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur,

Uganda y Zimbabue; en Asia, Afganistán, Birmania/Myanmar,

Cachemira, Corea del Norte, Estrecho de Taiwán, Filipinas, In-

donesia, Kazajstán, Kirguizistán, Malasia, Nepal, Pakistán, Sri

Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Leste, Turkmenistán y

Uzbekistán; en Europa, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herze-

govina, Cáucaso Norte, Chipre, Georgia, Kosovo, Macedonia,

Serbia y Turquía; en el Oriente Medio y África septentrional,

Argelia, Bahréin, Egipto, Irán, Iraq, Israel-Palestina, Jordania,

Líbano, Libia, Marruecos, Sahara Occidental, Siria, Túnez y

Yemen; y en América Latina y el Caribe, Colombia, Guatema-

la, Haití y Venezuela.

Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de

gobiernos, fundaciones institucionales y fuentes privadas. En

los últimos años, ha recibido recursos de los siguientes depar-

tamentos y organismos gubernamentales: Agencia Australiana

para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exte-

riores y Comercio Internacional de Australia, Agencia Austria-

ca para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores de

Bélgica, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional,

Centro Canadiense de Investigación y Desarrollo Internacional,

Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional

de Canadá, Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Dina-

marca, Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Comi-

sión Europea, Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia,

Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania,

Cooperación Irlandesa para el Desarrollo, Principado de Liech-

tenstein, Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo,

Agencia de Nueva Zelanda para el Desarrollo Internacional,

Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Noruega, Agencia

Sueca para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de Suecia, Ministerio Federal de Relaciones Ex-

teriores de Suiza, Ministerio de Relaciones Exteriores de Tur-

quía, Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino

Unido y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo.

Las siguientes fundaciones institucionales y privadas han apor-

tado recursos en los ultimos años: Adessium Foundation,

Carnegie Corporation of New York, The Charitable Foundation,

The Elders Foundation, Henry Luce Foundation, William &

Flora Hewlett Foundation, Humanity United, Hunt Alternatives

Fund, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Open

Society Institute, Ploughshares Fund, Rockefeller Brothers

Fund y VIVA Trust.

Junio 2012



ANEXO F

INFORMES Y BOLETINES INFORMATIVOS DE CRISIS GROUP SOBRE

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESDE 2009

Haiti 2009: Stability at Risk, Boletín

informativo sobre América Latina y el

Caribe N°19, 3 de marzo de 2009.

Poner fin al conflicto con las FARC en

Colombia: jugar la carta correcta,

Informe sobre América Latina N°30, 26

de marzo de 2009.

Haiti:Saving the Environment, Preventing

Instability and Conflict, Boletín

informativo sobre América Latina y el

Caribe N°20, 28 de abril de 2009.

Dos pasos complementarios: proteger los

derechos humanos y mejorar la

seguridad en Colombia, Boletín

informativo sobre América Latina N°21,

25 de mayo de 2009.

Venezuela: la Revolución Bolivariana

acelerada, Boletín informativo sobre

América Latina N°22, 5 de noviembre de

2009.

Un posible tercer período de Uribe y la

resolución del conflicto en Colombia,


de diciembre de 2009.

Haiti: Stabilisation and Reconstruction

after the Quake, Informe sobre América

Latina y el Caribe N°32, 31 de marzo de

2010.

Guatemala: asfixiada entre el crimen y la

impunidad, Informe sobre América

Latina N°33, 22 de junio de 2010.

Mejorar la política de seguridad en

Colombia, Boletín informativo sobre

América Latina N°23, 29 de junio de

2010.

Colombia: la oportunidad del presidente

Santos de poner fin al conflicto, Informe

sobre América Latina N°34, 13 de

octubre de 2010.

Haiti: The Stakes of the Post-Quake

Elections, Informe sobre América Latina

y el Caribe N°35, 27 de octubre de 2010.

Caminar sin muletas: un balance de la

Comisión Internacional Contra la

Impunidad en Guatemala, Informe sobre

América Latina N°36, 31 de mayo de

2011.

Elecciones en Guatemala: voto limpio,

política sucia, Boletín informativo sobre

América Latina N°24, 16 de junio de

2011.

Post-quake Haiti: Security Depends on

Resettlement and Development, Boletín

informativo sobre América Latina N°25,

28 de junio de 2011.

Romper los nexos entre crimen y política

local: Las elecciones de 2011 en

Colombia, Informe sobre América

Latina N°37, 25 de julio de 2011.

Violencia y política en Venezuela, Informe

sobre América Latina N°38, 17 de

agosto de 2011.

Preservar la seguridad en Haití: la reforma

policial, Boletín informativo sobre

América Latina N°26, 8 de septiembre

de 2011.

Guatemala, narcotráfico y violencia,


de octubre de 2011.

Keeping Haiti Safe: Justice Reform, Boletín

informativo sobre América Latina

N°27, 27 de octubre de 2011

Más allá de las ganancias fáciles: las

fronteras de Colombia, Informe sobre

América Latina N °40, 31 de octubre de

2011



ANEXO G

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

DIRECTOR

Thomas R Pickering Ex embajador de los Estados Unidos ante las

Naciones Unidas, Rusia, India, Israel,

Jordania, El Salvador y Nigeria.

PRESIDENTA Y DIRECTORA EJECUTIVA

Louise Arbour Ex alta comisionada de las Naciones Unidas

para los derechos humanos y fiscal principal

en los Tribunales Penales Internacionales para

la ex Yugoslavia y Ruanda

CONSEJO DIRECTIVO

Morton Abramowitz Ex secretario de Estado adjunto de los

Estados Unidos y embajador en Turquía

Cheryl Carolus Ex alta comisionada de Sudáfrica ante el

Reino Unido; ex secretaria general del ANC

Maria Livanos Cattaui Miembro de la junta directiva, Petroplus

Holdings, Suiza

Yoichi Funabashi Editor en jefe de The Asahi Shimbun, Japón

Frank Giustra Presidente y director ejecutivo de Fiore Capital

Ghassan Salamé Decano, Escuela de Relaciones Internacionales

de París, Ciencias Políticas

George Soros Presidente de Open Society Institute

Pär Stenbäck Ex ministro de Relaciones Exteriores de

Finlandia

OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO

Adnan Abu-Odeh

Ex consejero político del rey Abdullah II y del

rey Hussein; representante permanente de

Jordania ante las Naciones Unidas

Kenneth Adelman

Ex embajador de los Estados Unidos y director

del Organismo para el Control de Armas y

Desarme

Nahum Barnea Columnista principal de Yedioth Ahronoth,

Israel

Samuel Berger Presidente, Albright Stonebridge Group LLC;

ex consejero de seguridad nacional de los

Estados Unidos

Emma Bonino Vicepresidenta del Senado; ex ministra de

Comercio Internacional y Asuntos Europeos

de Italia y comisionada europea para Ayuda

Humanitaria

Wesley Clark Ex comandante supremo aliado de la OTAN,

Europa

Sheila Coronel Toni Stabile, profesora de prácticas de

periodismo investigativo; directora, Toni Stabile

Center for Investigative Journalism,

Columbia University, Estados Unidos.

Uffe Ellemann-Jensen Ex ministro de Relaciones Exteriores de

Dinamarca

Gareth Evans Presidente emérito de Crisis Group; ex ministro

de Relaciones Exteriores de Australia

Mark Eyskens Ex primer ministro de Bélgica

Joshua Fink Director ejecutivo & director de inversiones,

ENSO Capital Management LLC

Joschka Fischer Ex ministro de Relaciones Exteriores de

Alemania

Jean-Marie Guéhenno Profesor ArnoldSaltzman de práctica profesional

en relaciones internacionales y asuntos públi-

cos, Columbia University; ex secretario general

adjunto de operaciones de mantenimiento de

la paz de las Naciones Unidas

Carla Hills Ex secretaria de Vivienda de los Estados

Unidos; ex representante de comercio de los

Estados Unidos

Lena Hjelm-Wallén Ex viceprimera ministra y ex ministra de

Relaciones Exteriores de Suecia

Swanee Hunt Ex embajadora de los Estados Unidos en

Austria; presidenta del Institute for Inclusive

Security; presidenta de Hunt Alternatives Fund

Mo Ibrahim Fundador y presidente de Mo Ibrahim

Foundation; fundador de Celtel International

Igor Ivanov Ex ministro de Relaciones Exteriores de la

Federación de Rusia

Asma Jahangir Relatora especial de las Naciones Unidas

sobre la libertad religiosa o de creencias;

presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos de Pakistán

Wim Kok Ex primer ministro de los Países Bajos

Ricardo Lagos Ex presidente de Chile

Joanne Leedom-Ackerman Ex secretaria internacional de International

PEN; novelista y periodista, Estados Unidos

Lord (Mark) Malloch-Brown Ex administrador del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y secretario

general adjunto de las Naciones Unidas

Lalit Mansingh Ex secretario de Relaciones Exteriores de la

India, embajador ante los Estados Unidos y

alto comisionado ante el Reino Unido

Jessica Tuchman Mathews Presidenta del Carnegie Endowment for

International Peace

Benjamin Mkapa Ex presidente de Tanzania

Moisés Naím Asociado principal, International Economics

Program, Carnegie Endowment for International

Peace; ex redactor en jefe, Foreign Policy

Ayo Obe Experto jurídico, Lagos, Nigeria

Paul Reynolds Presidente & director ejecutivo, Canaccord

Financial Inc.; vice chair, Global Head of

Canaccord Genuity

Güler Sabanci Presidente de Sabanci Holding, Turquía

Javier Solana Ex alto representante del Consejo para la

Política Exterior y de Seguridad Común de la

Unión Europea, ex secretario general de la

OTAN y ex ministro de Relaciones Exteriores

de España

Lawrence Summers Ex director del Consejo Económico Nacional

de los Estados Unidos y ex secretario del

Tesoro de EEUU; presidente emérito de la

Universidad de Harvard



CÍRCULO DEL PRESIDENTE

El Círculo del Presidente de Crisis Group es un distinguido grupo de grandes donantes particulares y corporativos que brindan

apoyo esencial, tiempo y pericia a Crisis Group para el cumplimiento de su misión.

Mala Gaonkar

Frank Holmes

Steve Killelea

George Landegger

Ford Nicholson & Lisa Wolverton

Harry Pokrandt

Ian Telfer

White & Case LLP

Neil Woodyer

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

El Consejo Asesor Internacional de Crisis Group está integrado por importantes donantes particulares y corporativos que

aportan regularmente a la organización sus consejos y experiencia.

APCO Worldwide Inc.

Ed Bachrach

Stanley Bergman & Edward Bergman

Harry Bookey & Pamela Bass-Bookey

BP

Chevron

Neil & Sandra DeFeo Family Foundation

Equinox Partners

Fares I. Fares

Neemat Frem

Seth & Jane Ginns

Rita E. Hauser

Sir Joseph Hotung

Iara Lee & George Gund III Foundation

George Kellner

Amed Khan

Faisel Khan

Zelmira Koch Polk

Elliott Kulick

Liquidnet

Jean Manas & Rebecca Haile

McKinsey & Company

Harriet Mouchly-Weiss

Näringslivets Internationella Råd (NIR) – International Council of Swedish Industry

Griff Norquist

Ana Luisa Ponti & Geoffrey R. Hoguet

Kerry Propper

Michael L. Riordan

Shell

Statoil

Belinda Stronach

Talisman Energy

Tilleke & Gibbins

Kevin Torudag

VIVA Trust

Yapı Merkezi Construction and Industry Inc.

Stelios S. Zavvos

ASESORES SENIOR

Los asesores senior de Crisis Group son ex miembros del Consejo de Administración que mantienen una relación con Crisis

Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría (en la medida en que sean consistentes con

cualquier otro cargo que puedan estar desempeñando en ese momento).

Martti Ahtisaari Presidente emérito

George Mitchell Presidente emérito

HRH Prince Turki al-Faisal

Hushang Ansary

Óscar Arias

Ersin Arıoğlu

Richard Armitage

Diego Arria

Zainab Bangura

Shlomo Ben-Ami

Christoph Bertram

Alan Blinken

Lakhdar Brahimi

Zbigniew Brzezinski

Kim Campbell

Jorge Castañeda

Naresh Chandra

Eugene Chien

Joaquim Alberto Chissano

Victor Chu

Mong Joon Chung

Pat Cox

Gianfranco Dell’Alba

Jacques Delors

Alain Destexhe

Mou-Shih Ding

Gernot Erler

Marika Fahlén

Stanley Fischer

Malcolm Fraser

I.K. Gujral

Max Jakobson

James V. Kimsey

Aleksander Kwasniewski

Todung Mulya Lubis

Allan J. MacEachen

Graça Machel

Nobuo Matsunaga

Barbara McDougall

Matthew McHugh

Miklós Németh

Christine Ockrent

Timothy Ong

Olara Otunnu

Lord (Christopher) Patten

Shimon Peres

Victor Pinchuk

Surin Pitsuwan

Cyril Ramaphosa

Fidel V. Ramos

George Robertson

Michel Rocard

Volker Rühe

Mohamed Sahnoun

Salim A. Salim

Douglas Schoen

Christian Schwarz-Schilling

Michael Sohlman

Thorvald Stoltenberg

Leo Tindemans

Ed van Thijn

Simone Veil

Shirley Williams

Grigory Yavlinski

Uta Zapf

Ernesto Zedillo

Documents

Desmantelar Los Nuevos Grupos Armados Ilegales en Colombia