Análisis político 34 1998

análisis político No. 34 MAY/AGO 1998

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Francisco Leal Buitrago FUNDADOR William Ramírez Tobón DIRECTOR Fernando Cubides Cipagauta EDITOR Gonzalo Sánchez Gómez ASESOR EDITORIAL Sandra Patricia Martínez B. ASISTENTE EDITORIAL

Diana Marcela Rojas EDITORA VERSIÓN ON LINE Carlos Germán Sandoval ASISTENTE EDITORIAL VERSIÓN ON LINE ASESORES EDITORIALES INTERNACIONALES Klaus Meschkat ALEMANIA María Isaura Pereira de Queiroz BRASIL Daniel Pécaut FRANCIA Eric Hobsbawm INGLATERRA Norbert Lechner CHILE Thomas Fischer ALEMANIA Charles Bergquist ESTADOS UNIDOS Catherine LeGrand CANADÁ UNIBIBLOS Impresión Siglo del Hombre Editores Distribución

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ESTUDIOS POLÍTICAS AGRARIAS, REFORMAS DEL ESTADO Y ADSCRIPCIONES IDENTITARIAS: COLOMBIA Y MÉXICO ODILE HOFFMANN DEMOCRACIA ¿DEBERÍAN LEER EN CUBA A BOURDIEU? SOCIALISMO, ESTRUCTURA SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL HANS - JÜRGEN BURCHARDT "NO ASESINAMOS CIUDADANOS" Violencia policial y el doble discurso de la ciudadanía en Brasil LETICIA MEDEIROS VELOSO DEBATE LA PAZ EN LA ADMINISTRACIÓN PASTRANA PIEDAD CÓRDOBA / MARCO PALACIOS EL RINCÓN DE LA ENDOGAMIA LA CONTRIBUCIÓN DEL IEPRI A LOS ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA DANIEL PÉCAUT ENTRE PLIEGUES DE RUINAS Y ESPERANZAS VIÑETAS SOBRE LOS ESTUDIOS DE VIOLENCIA EN EL IEPRI SANTIAGO VILLAVECES IZQUIERDO INTELECTUALES... PODER... Y CULTURA NACIONAL GONZAL0 SÁNCHEZ GÓMEZ RESEÑAS PODER Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES de Magdalena León por ANA MARÍA BEJARANO PARTICIPACIÓN POPULAR: RETOS DEL FUTURO, de Orlando Fals Borda por GABRIEL RESTREPO INSURGENCIA URBANA EN BOGOTÁ de Mario Aguilera por FRANCISCO GUTIÉRREZ BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA FLOR ALBA ROMERO

ESTUDIOS POLÍTICAS AGRARIAS…

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POLÍTICAS AGRARIAS, REFORMAS DEL ESTADO Y ADSCRIPCIONES IDENTITARIAS: COLOMBIA Y MÉXICO* Odile Hoffmann** La Constitución colombiana de 1991 reconoce la naturaleza multiénica y pluricultural de la nación. Ella confirma y amplía los derechos de propiedad específicos de poblaciones indígenas y en su artículo transitorio 55 reglamentado en 1993 bajo la forma de “Ley 70”, instituye la figura de los títulos de propiedad colectivos con el fin de asegurar los derechos territoria-les de las comunidades negras a las zonas ribereñas de la cuenca del Pací-fico. En el mismo momento, siguiendo en esto las directivas de las agencias internacionales, el mismo gobierno colombiano funda sus políticas agrarias sobre el impulso a un mercado de tierras para los pequeños campesinos que deben asumir individualmente sus estrategias de propie dad. En los años noventa, la mayor parte de los países de América Latina revisan sus Constituciones e introducen igualmente los conceptos de multietnicidad y pluriculturalidad pero, contrariamente a Colombia, ellos tienden más bien a desmantelar los sistemas de propiedad social, comunitaria o colectiva que habían sido instituidos o conformados anteriormente. Así México, fiel en esto a sus orientaciones hacia la liberalización de los mercados (de tierras, en este caso), modifica el artículo 27 de su constitución para desmantelar el sistema de propiedad social que había sido instituido bajo la Revolución con el fin de responder a las reivindicaciones de los campesinos, pero admite sin embargo la necesidad

* Traducción de Carlos Efrén Agudelo.

de reconocer los derechos específicos de las minorías indígenas en su artículo cuarto, cuya reglamentación está todavía sujeta a negociación.

¿Cómo explicar esas contradicciones entre políticas de propiedad inspiradas ambas en dogmas neoliberales que pregonan la privatización de los medios de producción, en este caso la tierra, y las medidas que apuntan al reconocimiento de derechos territoriales colectivos para ciertas categorías de la población nacional? ¿Y cómo los Estados y los gobiernos manejan estas contradicciones en el plano ideológico y en el práctico? El análisis de estas dos situaciones nacionales ofrece la oportunidad de reflexionar, siguiendo a otros investigadores1, sobre las inte-racciones que se anudan entre el Es tado y los actores locales, nacionales e internacionales, en un contexto de innovaciones constitucionales y de redefiniciones de "categorías" de los actores implicados.

POLÍTICAS AGRARIAS EN AMÉRICA LATINA, UNA SUCESIÓN DE PROTAGONISTAS Desde el inicio de la colonización española en América, la tierra pertenece

1 Christian Gros, “Indigenismo y etnicidad: el desafío neoliberal”, pp 15-60 en M.V Uribe y E. Restrepo (editores), Antropología en la Modernidad, Bogotá, ICAN, 1997, 399p.; Assies, Willem, “Selfdetermination and the “New Partnership””, in Assies, W. et AJ. Hoekema (eds). Indigenous people’s experiences with self-government, Amsterdam and Copenhagen, University of Amsterdam, IWGI,. 1994; C.A, Barón, E. Reichel D., C. Pinzón et C. Perafán S., “Diversidad étnica, cultural y Constitución colombiana de 1991; legitimidad de las diferencias: realidades, retos y respuestas”, in Angarita, C., L. Caballero, B. Restrepo et M. E. Rueda, Derecho, etnias y ecología, Colección Documentos de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, tomo 6, Colciencias, Santafé de Bogotá, 1995.


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al Estado (la Corona) quien la redistribuye como propiedad privada a sus súbditos, a veces condicionada a ciertos comportamientos de tipo económico o político (las reducciones de misiones, los mayorazgos, las encomiendas, etc.), o con duraciones limitadas (dos generaciones en el caso de las encomiendas). Sin embargo, la presencia persistente de los indígenas y los permanentes conflictos de propiedad con los colonos obliga a la Corona a “inventar” formas específicas de acceso a la tierra para estas poblaciones, reconociéndoles ciertos derechos pero manteniéndolas bajo tutela: es la hora de la “república de indios” y de las “reservas” teóricamente protegidas de la rapiña de los españoles y a menudo “confiadas” a la vigilancia de la iglesia católica. En este esquema de “desarrollo separado” los actores están bien definidos, al igual que su lugar en la sociedad. Se establece un dispositivo sofisticado de castas2, y aun si éste no ha conocido un grado elevado de aplicación, expresa claramente el sistema de representación que elaboran sobre sí mismas estas sociedades, fundado sobre la diferencia "original" entre blancos, indios y negros, sujetos a derechos y legislaciones diferentes. En el siglo XIX, luego de las guerras de independencia, las sociedades nacionales deben repensar su diversi-dad interna, en el marco de los nuevos paradigmas inspirados en gran parte de las revoluciones francesa y norteamericana. Es el tiempo de la construcción nacional, y ésta necesita el reconocimiento de un “sujeto na-cional”, ciudadano único defendiendo un mismo derecho: las legislaciones tienden a suprimir las formas específi-cas de “propiedad” indígena (1857 en México bajo Juárez; 1890 en Colom- 2 Cf. Claudio Lomnitz-Adler, Las salidas del laberinto, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1995, 426 p. p.348-349.

bia3), y las políticas agrarias favorecen la colonización de los espacios “bal-díos”, es decir no titulados y a menudo ocupados por poblaciones indígenas más o menos densamente repartidas sobre esos territorios. El indio desaparece en tanto que sujeto a un sistema específico de derecho4, en beneficio de la figura del agricultor, propietario, colono, trabajador familiar, esforzado y emprendedor, blanco de preferencia, etc. (cf. los debates y las medidas tendientes a atraer a los colonos extranjeros a Colombia y sobre todo a México5). El Estado distribuye los derechos de propiedad bajo el

3 En realidad mucho antes, casi desde la Independencia: a nivel nacional “el decreto de Bolívar que terminaba los resguardos se empezó a poner en práctica en 1839” (Orlando Fals Borda, “El, vínculo de la tierra”, Revista de la Academia colombiana de Ciencias Exactas, físicas y naturales, Bogotá, 10(41) IX-XIV, agosto de 1959). 4 El mismo fenómeno se repite en Argentina: “es notable que avanzado el siglo XIX, estos pueblos desaparezcan de la documentación oficial en su denominación de “indios”, en sintonía con la nueva ciudadanía “nacional” que no reconoce diferencias étnicas ni entre nativos ni entre migrantes. Cf. José Luis Grosso, “Identidades y diferencias, las complejidades identitarias subalternas en las sociedades nacionales” pp. 83-94 en Hacia el fin del milenio, V Jornadas regionales de filosofía del NOA, Víctor Manuel Hanne Editor, Salta (Argentina), 1997. 5 Para Colombia, cf. Frédéric Martínez, Le nationalisme cosmopolite. La référence á 1'Europe dans la construction nationale en Colombie. 1845-1900. Thése, Université Paris I-Sorbonne, 1997. Y para México, David Skerritt Gardner, Colonización y modernización del campo en el centro de Veracruz (siglo XIX), Siglo XIX, Cuadernos de historia, Año II, No 5, febrero, México, 1993, pp. 39-57. Esas ideas siguen propagándose, como lo muestra un estudio de 1967 que propone la instalación de colonos agrícolas “originarios de otras regiones del país” (es decir, no-negros) para remediar los problemas de subdesarrollo agudo del Litoral Pacífico colombiano (cf. Banco Ganadero, Estudio socio-económico de la costa sur del Pacífico (Cauca y Nariño), Tercer Mundo, Bogotá, Col. Un dedo en la herida, 1967).


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modelo occidental (usus y abusus) sin referencias a las especificidades histó-ricas y/o étnicas de las poblaciones y los individuos implicados.

En el siglo XX, en fechas diferentes según los países, el modelo liberal entra en crisis y aparecen regímenes populistas, nacional-populistas o revolucionarios. En el sector agrario, las respuestas nacionales varían en naturaleza e intensidad (Revolución Mexicana de 1910, ley de comunidades agrarias en el Perú en los años 1920, y más tarde la revolución Velazquista6), a veces inclusive pretenden ignorar la crisis o la subestiman, pero en fin de cuentas todos los países se ven en la obligación de reconocer un nuevo “actor social”: el campesino pobre, minifundista o sin tierra. Las reformas agrarias, revolucionarias o sostenidas por la Alianza para el Progreso, se generalizan -al menos en los textos-, sin aportar soluciones definitivas. Los conflictos se multiplican, entre “los campesinos”, ahora reunidos en organizaciones de base, corporaciones o sindicatos independientes o más o menos controlados por el Estado mismo, y las corrientes hegemónicas constituidas en gran parte por terratenientes7. El Estado interviene para atenuar o arreglar los conflictos, con legislaciones que a menudo integran la noción de “derecho a la tierra de los campesinos", sin referencia obligada a su característica

6 Cf. Yvon Le Bot, Violence de la modernité en Amérique Latine. Indianité, société et pouvoir, Karthala -CNRS, 1994, Paris, 292p. 7 No se trata aquí de desarrollar ni tampoco de nombrar todos los actores y factores implicados en estos procesos sociales y políticos complejos, sino solamente de hacer resaltar los flujos y reflujos de las categorías de identidad valorizadas y utilizadas en los diferentes casos. Esto no significa en ningún caso que se reduzcan los análisis de situaciones a enfrentamientos entre dos o algunos actores preponderantes.

étnica. El ambiente ideológico del momento, marcado por la oposición Este-Oeste y la creencia en el “progre-so", privilegia los actores definidos según criterios económicos. Los cam-pesinos son sujetos a “desarrollar”, y este desarrollo pasa por la asimilación a la sociedad nacional y la negación de las especificidades étnicas. A ex-cepción de algunas experiencias de política indigenista (México y Perú), las medidas de redistribución de tierras se elaboran sobre criterios exclu-sivamente ligados a la tenencia de la tierra (ejidatarios, comuneros), sin tomar en cuenta las pertenencias étni-cas de los campesinos. A fines del siglo XX se desarrolla una doble corriente de pensamiento que, de manera contradictoria, busca superar el fracaso del modelo intervencionista. En el plano de la economía se vuelve a un liberalismo estric to, que valoriza al extremo los mecanismos de mercado como siendo los únicos susceptibles de llevar a un equilibrio “natural” de las fuerzas de producción. Por la disminución de la intervención estatal, esto se traduce en la des-regulación del acceso y distribución de las tierras, y en general una individualización y mercantilización de las tierras. Concretamente, se trata del desmantelamiento de las formas de propiedad social o comunitaria con el fin de devolver al circuito mercantil las tierras congeladas por los sistemas anteriores. Las categorías de identidad correspondientes a los antiguos dispositivos institucionales ya no tienen razón de ser: los “comuneros” y otros “ejidatarios” siguen siendo acto-res en cuanto devienen “agricultores” potenciales, el Estado no reivindica sino el rol de “garante de la Constitu-ción” y de los derechos individuales. El espacio de interlocución se reduce al mercado, él mismo sometido a las exigencias de las grandes agencias in-


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ternacionales (Fondo Monetario Inter-nacional, Banco Mundial), que vigilan de cerca su evolución y su “indepen-dencia”, a través de programas de apoyo á la creación de mercados de tierras en varios países de América Latina en los años noventa8.

Al mismo tiempo se difunde un discurso político distinto, en los esce-narios internacionales, basado en el reconocimiento de derechos específi-cos de las minorías y de la multicultu-ralidad presente dentro de los Estados-Nación. Lejos de dejar actuar las leyes del mercado, se exige de los gobiernos que se responsabilicen con medidas legislativas específicas, que a menudo vienen a contradecir las políticas de liberalización implementadas desde la otra óptica (la económica liberal). Es el caso de la propiedad sobre la tierra: el “derecho a la tierra” de los año s 1950 a 1980 no está ciertamente a la orden del día, pero ahora se habla del “reconocimiento de los derechos al territorio”, concepto por demás más exigente que el anterior desde un doble punto de vista el territorio va mas allá de la parcela necesaria para la sobrevivencia del campesino. Es un espacio social y culturalmente construido, multifuncional, cuya definición implica una comunidad y ya no un individuo, y cuya legitimidad puede ser múltiple (ancestralidad, mitos de origen, econo mía, política...). Por su lado, el “reconocimiento” implica que el Estado, más que conceder un derecho, sólo recupera su retraso frente a una situación histórica de despojo o abandono del Estado hacia las poblaciones minoritarias. En este discurso los actores renacen con sus territorios: los indígenas en primer lugar, pero también las poblaciones

8 FAO-CEGA, El mercado de tierras y la formación de propietarios en Colombia, FAO-Roma, 1994; FAO-UAM , Mercado de tierras en México, FAO-Roma, 1995.

negras que cons tituyen importantes minorías en varios países de América Latina. Además, los actores reconocidos por los gobiernos no son ya “los indios” o “los negros”, sino los “pueblos indios” y las “comunidades negras” y sus respectivas organizaciones étnico-territoriales. Contrariamente al período precedente, donde los debates - las reivindicaciones, los retos, los actores- se situaban principalmente sobre las escenas nacionales9, los portavoces de este discurso son esencialmente orga-nizaciones multinacionales, como las grandes ONG’s de solidaridad y ayuda al desarrollo, y las instancias ligadas al dispositivo de Naciones Unidas. Construyen el nuevo mensaje a partir de las nociones de “territorio”, “identidad”, “acceso a los recursos” y “desarrollo sostenible”10. Luego de los precursores de los años setenta, esta corriente de pensamiento se consolida con la Convención 169 de la OIT “concerniendo a los pueblos indígenas y tribales de los países independientes” en 1989, la toma de posición del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Declaración sobre los derechos de los pueblos autóctonos en 1993), y las conferencias inter-nacionales de los años 1989-1990. En 1993 las Naciones Unidas promulgan el “Año internacional de los pueblos autóctonos”. Hasta el Banco Mundial, desde los años setenta y sobre todo en los años ochenta, debe negociar algunos de sus grandes proyectos con las organizaciones indígenas, “en un contexto de “recuperación de iniciativa

9 Aun con discursos inspirados de ideologías de alcance universal, marxista o liberal. 10 Bruce Albert, '”Situation ethnographique et mouvements ethniques: réflexions sur le terrain post-malinowskien”, pp. 17-87 in Anthropologues en danger, M. Agier (sous la direction de), Jean Michel Pace, Paris, 1997, 123 p. p. 80.


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local” y de mundialización político-simbólica de la etnicidad”11. A partir de esta rápida revisión de las principales fases históricas de la cuestión agraria, se observa cómo las respuestas nacionales, a pesar de su diversidad, se insertan finalmente, en cada período, en grandes corrientes del pensamiento internacional: ¡la globalización no es un fenómeno re-ciente! Las revisiones ideológicas suce-sivas obligan a la redefinición de in-terlocutores considerados pertinentes para cada época, y a la elaboración de discursos que legitiman las nuevas políticas. Es así como en América Latina, se ha pasado del binomio indígena / colono blanco (colonia), a la negación pura y simple de la indianidad (siglo XIX), luego al reconocimiento del campesino (mitad del siglo XX), posteriormente al retorno del agricultor (corriente liberal actual) y finalmente a la renovación de la etnicidad. Sin embargo, las respuestas no son mecánicas ni idénticas de un país al otro.

Por una parte, como ya se ha visto, las grandes corrientes de pensamiento son ellas mismas complejas y a veces contradictorias. El “pensamiento único” contemporáneo, venido del Norte pero retomado por los países del Sur, tiene sus propias desviaciones. El liberalismo se enfrasca en contradicciones cuando se trata de proteger ciertos mercados considerados “estratégicos” por los gobiernos más pudientes del planeta, y la corriente étnico-ambientalista maneja a veces argumentos difícilmente compatibles entre sí. Un ejemplo lo constituye el discurso elaborado acerca de la conservación de las selvas tropicales y de la biodiversidad, ubicadas en el Sur pero consideradas patrimonio mundial, que curiosamente

11 Ibidem, p. 79-81.

tiende a coincidir con los intereses de las grandes firmas farmacéuticas del Norte12.

Por otra parte, no hay que subestimar el rol de los actores locales en la construcción de discursos y de reali-dades nacionales, como se puede comprobar en numerosas situaciones en las que las poblaciones locales or-ganizadas lograron introducir cambios significativos en las legislaciones nacionales13. En estas movilizaciones tienen que negociar con las élites re-gionales y nacionales y los grupos tradicionales de poder que no aceptan perder una pulgada de sus privilegios, a pesar de reconocer la urgencia de un “cambio” para los “desfavorecidos”. Atrapadas entre sus viejas alianzas y la obligación de innovar para conservar sus cuotas de poder, las oligarquías tradicionales de América Latina navegan entre nuevas constituciones, reglamentaciones hechas a la carrera, o por el contrario jamás finalizadas, y discursos contradictorios según el auditorio. Estos actores políticos tradicionales tienen dificultades para situarse en el nuevo dispositivo internacional. Siguen funcionando con las prácticas clientelistas o corporativistas que probaron su eficacia en períodos anteriores, reclamándose a la vez partidarios de las lógicas de participación social y política impulsadas desde las nuevas corrientes ideológicas.

Más recientemente, los jóvenes tec-nócratas que suceden poco a poco a dichas oligarquías a la cabeza de los Estados, son menos integrados a estos

12 Alain Lipietz, “Les négociations écologiques globales: enjeux Nord-Sud”, Revue Tiers-Monde, XXXV, N° 137, janvier-mars 1994, pp. 31-51. 13 En el caso de Colombia, Christian Gros, Colombia indígena, identidad cultural y cambio social, CEREC, Bogotá, 1991, 335 p.


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sistemas complejos de compromisos interpersonales14 de tipo caciquil, pero están también menos informados de las temáticas relacionadas con el campo, los campesinos, los indígenas, los negros y otros sin tierra. Preocupados antes que todo por los grandes equilibrios macroeconómicos, se re-velan, en el campo agrario, neófitos que aplican las “reglas del arte” neoliberal sin medir las consecuencias sociales, políticas e incluso económicas de sus decisiones. Obviamente, las diferencias en las orientaciones políticas de los distintos países, en el campo agrario como en otros, reflejan los diversos grados de presión y márgenes de maniobra de los que disponen los gobiernos para implementar sus opciones. Pero estas presiones no se reducen a los escena-rios locales, ni siquiera nacionales, sino que dependen más y más de sus posiciones en la escena internacional. La elaboración e implementación de políticas resulta de las correlaciones de fuerza contextualizadas, local y nacionalmente, pero no escapa a ciertos efectos de estructura que remiten a lógicas de globalización, y a situa-ciones de dependencia y sumisión a los intereses de los países dominantes (particularmente evidente en el caso colombiano). MÉXICO Y COLOMBIA México: la esquizofrenia legislativa, la coherencia práctica A partir de 1988, y mucho antes en algunos sectores, el gobierno mexicano inicia una redefinición de sus políticas económicas que toca el conjunto de las

14 No por esto están libres de todo compromiso “dudoso”, como lo muestran regularmente los escándalos ligados al financiamiento de las campañas electorales y otras actividades políticas por las redes de traficantes de drogas...

actividades productivas del país. El ritmo acelerado de las reformas y luego la firma del acuerdo de libre comercio de América del Norte15, y su entrada en vigor el primero de enero de 1994, son signos evidentes de esta voluntad política neoliberal. En el sector agrario como en otros, se tratan de hacer más transparentes las reglas del intercambio, aumentar la productividad y permitir a las leyes del mercado actuar “libremente”, lo que conducirá “lógicamente” a una optimización de los factores de pro-ducción y, por ende, a una mejor ren-tabilidad para los productores mismos. En este marco, la puesta en circulación de tierras, ahora concebidas como mercancías y factores de producción al mismo nivel que otros (insumos, trabajo, capital...), es un imperativo. Las tierras de propiedad social reconocidas en la Constitución desde 1915 son inalienables e imprescriptibles, y el artículo 27 de la Cons titución es ahora modificado con el fin de permitir la entrada de estas tierras en el mercado, de forma diferencial para ejidos y comunidades indígenas (tierras comunales) pero con el mismo objetivo. Al hacer eso, se le quita a los ejidos, y en menor medida a las comunidades, su función inicial de regulador y controlador de acceso y uso de las tierras. Recordemos que el ejido es una institución original, heredera lejana de formas coloniales pero retomada por la revolución mexicana, que asocia un grupo de campesinos solicitantes (ejidatarios) a un conjunto de tierras, manejadas por lo general individual-mente pero sometidas a una autoridad colectiva (comisariato ejidal), elegida en Asamblea y afiliada al sindicato nacional CNC, confederación Nacional 15 NAFTA en inglés, ALENA en francés, TLC en español.


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Campesina. Este último es - era- un componente esencial del aparato del partido en el poder desde hace más de 70 años, el PRI (Partido Revolucionario Institucional): En su aceptación clásica16, el ejido es una institución política que refleja la alianza tradicional entre el Estado y los campesinos, considerados como herederos de los revolucionarios y a ese título portadores de la identidad nacional. Es igualmente una institución social que devino con el curso del tiempo la principal y a menudo única instancia local de negociación y resolución de conflictos de todo orden, yendo mucho más allá de las cuestiones meramente agrarias. Finalmente, el ejido ha adquirido una dimensión cultural en la medida que la figura del ejidatario se ha impuesto en el mundo rural-mestizo, al grado de llegar a ser, en muchas áreas, sinóni-mo de campesino, pequeño agricultor o aun habitante rural, es decir, el principal forjador de la ruralidad contemporánea17. El ejidatario y su contrario, el pequeño campesino “libre”, han funcionado como los dos polos de un esquema de identidad que se ha construido en el mundo rural mexicano, desde hace 80 años, a base de prácticas y de negociaciones con diversos actores locales, regionales y nacionales (fuera de las regiones indígenas donde las comunidades tenían y tienen sus propios estatutos y patrones de inserción en la sociedad na cional).

16 Por “clásica” me refiero a la situación anterior a la modificación del artículo 27 constitucional y en general a las profundas transformaciones políticas y económicas introducidas bajo el gobierno de C. Salinas de Gortari (1988-1994). 17 Odile Hoffmann, “L’ejido au Mexique: laboratoire de pratiques sociales, fondement de la ruralité contemporaine”, pp. 401-416 dans JL Gastellu et JY Marchal (eds. sc.), La ruralilé dans les pays du Sud à la fin du XXéme siécle, ORSTOM éditions, Paris, 1996.

Reclamarse del uno o del otro sector, participar en un universo o el otro -con todos los matices y combinaciones que han existido siempre aseguraba un reconocimiento en el campo político y social nacional. El cuestionamiento de la figura del ejido provoca una pérdida de puntos de referencia para los campesinos, esencialmente los ejidatarios, y una urgente necesidad de redefinirse en la esfera nacional. Esta situación corresponde a lo que Castel calificaba, a propósito de las grandes transformaciones en el mundo rural europeo del siglo XVI, como “zonas de desafiliación o “zonas de incertidumbre en los márgenes de los estatutos constituidos” cuando los individuos cesan de estar orgánica-mente ligados a las normas y deben contribuir a la constitución de nuevos sistemas de regulación18. En la hora actual, esta reconstrucción de identi-dad sigue siendo problemática.

Por un lado, la capacidad de resis-tencia del ejido es más fuerte que lo previsto, y esta institución continúa siendo, luego de seis años de reforma, la principal fuerza viva y a menudo el único interlocutor de las autoridades en varias regiones del país19. Por otro lado, el gobierno no puede sino

18 Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Fayard. Col. L’espace du politique, Paris, 1995, 490 p., p. 82. 19 Eric Léonard, “Las reformas estructurales y su impacto sobre la movilidad social en las agriculturas ejidales de la sierra de Los Tuxtlas, Veracruz”. Communication au Congrés National “Políticas de ajuste estructural en el campo mexicano, efectos y respuestas”, Querétaro, 1-4 mars 1998, Mexique. Elsa Almeida, Cambios y probables tendencias en el mercado de tierras ejidales en la zona de transición maíz-tabaco de la región de Los Tuxtlas al sur del estado de Veracruz. Communication au Congrés National “Políticas de ajuste estructural en el campo mexicano, efectos y respuestas”, Querétaro, 1-4 mars 1998, Mexique.


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inquietarse de la amplitud de la soli-daridad expresada hacia los insurgen-tes de Chiapas en 1994, que respondía, en una amplia medida, a esta “desafiliación” obligada de los campe-sinos ejidatarios. En el mundo rural mexicano, las reivindicaciones zapatistas -justicia y dignidad- han sido compartidas y apropiadas por las poblaciones campesinas, en muchas regiones no indígenas ni directamente involucradas por el alzamiento. Pero más allá de la resistencia y a falta de una “revolución” que daría de nuevo un espacio a los actores campesinos, la búsqueda de protagonismo no puede hacerse sino en el nuevo marco de negociación elaborado por el gobierno, que esquemáticamente no deja más que dos opciones posibles: “transformarse” en agricultor, o en indígena. El primer caso tiene antecedentes en las cooptaciones realizadas desde el inicio del gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994), con la instalación de un Consejo Agrario Permanente (CAP) compuesto por las principales organizaciones campesinas naciona-les20. Estas organizaciones campesinas, fortalecidas por su antigua legitimidad fundada en las luchas campesinas de la década del setenta -por la tierra principalmente-, se comprometen en-tonces con la elaboración de las polí-ticas sectoriales y optan por la trans-formación de sus miembros en “agricultores”. A cambio de ciertas ga-rantías en el plano financiero (acceso al crédito), técnico (asistencia técnica) y político (democratización y respeto de las organizaciones de base), militan por 20 Sobre todo aquellas reunidas alrededor de INORCA, encabezado por figuras reconocidas por su participación en luchas campesinas de los años setenta (cf. Hoffmann, Odile et Emilia Velásquez, “Les organisations paysannes des années 90 au Mexique: le difficile cheminement entre concertation et récupération”, Revue Tiers Monde, N° 150, vol. XXXVIII, Paris, avril-juin 1997, pp. 409-426.

una mayor integración del campesinado en el sector agroindustrial. El discurso impone entonces renunciar a las consignas tradicionales (tie rra y libertad), para entrar en la era de la modernización (productividad y competitividad). Unos años más tarde, ya antes del crash financiero de di-ciembre de 1994, las realidades no responden a las expectativas. El pacto Estado-campesinos, concretado por el CAP, no resiste al cambio de gobierno (el actual de Ernesto Zedillo) y sobre todo a la degradación de las condiciones de producción y de vida de los campesinos. Aun si el CAP existe to-davía corno estructura institucional de concertación, no reviste la importancia que tuvo con Salinas de Gortari. Ciertas organizaciones se han retirado, algunas se han alineado abiertamente con las tesis de la insurrección zapatista, otras más no logran elaborar orientación política clara.

La otra “opción” - la re- indianización- se ha alimentado también de las políticas del gobierno mexicano, que en sus reformas constitucionales reconoce el estatuto específico de las comunidades indígenas21 en la nación y prevé una legislación que apunta a proteger y promover las culturas indígenas, respetando sus tradiciones y costumbres en diversos sectores, principalmente la educación bilingüe y el respeto a las tierras de las comunidades indígenas. Además, bajo el gobierno de Salinas de Gortari; programas específicos se dirigían a las poblaciones indígenas (“rescate” del patrimonio cultural, apoyo financiero, becas escolares...) y favorecían a sus organizaciones, lo que ha dado lugar a fenómenos de reafiliaciones identitarias a veces generalizadas. Ser indígena se volvió condición para beneficiarse de estos 21 La cuestión del respeto de ciertos procedimientos de justicia consuetudinaria es mucho más polémica y no está resuelta.


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programas, los cuales al principio no tenían equivalente para las poblaciones no- indígenas (luego el programa Solidaridad ofreció otras opciones para los no- indígenas). Así como, en tiempo de la reforma agraria, unas comunidades indígenas habían renunciado a la explicitación de su carácter étnico para garantizar su acceso a la tierra en tanto que campesinos ejidatarios, ahora las comunidades campesinas se redescubren indígenas para beneficiarse de las políticas de desarrollo sectorializadas. El indio se convierte en un interlocutor válido como pro-tagonista moderno y legítimo, de un Estado cuidadoso del respeto de los derechos de sus “minorías”.

Pero este nuevo marco de negociación vio rápidamente sus límites, como lo demuestra el estancamiento de las discusiones entre el gobierno y el movimiento indígena zapatista; y más generalmente la imposibilidad de reglamentar el nuevo artículo 4 de la Constitución. En efecto, varias medidas previstas por los Acuerdos de San Andrés (Chiapas) y el artículo consti-tucional contradicen directamente otras disposiciones constitucionales, que ya están reglamentadas y en aplicación, sobre todo aquellas relativas a la puesta en circulación de las tierras de propiedad social, luego de las mo-dificaciones al artículo 27 constitucio-nal. Frente a estas contradicciones fla-grantes, el gobierno mexicano tergiversa: acepta ciertas negociaciones bajo presión (Diálogo de San Cristóbal), promete a unos, ofrece a otros, se compromete en acuerdos que no se respetan (Acuerdos de San Andrés) pero renuncia por el momento a asumir, mediante reformas legislativas explícitas, sus posiciones de principio en favor de las minorías indígenas del país.

En México, la interpretación de las políticas agrarias es finalmente bastante simple en la medida en que existe cierta coherencia entre las medidas adoptadas y las tomas de posición abiertamente neoliberales asumidas por el gobierno. Las reticencias en el campo del reconocimiento de la etnicidad ilustradas en el estancamiento de los acuerdos de San Andrés en Chiapas, sobre todo en torno a la propiedad de la tierra, se explican fácilmente por la insistencia del gobierno a respetar sus compromisos en favor de la liberalización del mercado de tierras. Esta búsqueda de coherencia tiene un costo político evidente. Aquella no es posible sino desvirtuando algunos textos constitucionales y desconsiderando los actores locales que, desde las antiguas o las nuevas categorías de identidad (campesino, ejidatario, agricultor-indio, pero también zapatista o barzonista22), reclaman una reorganización del sistema económico y político nacional. Las antiguas alianzas se han roto (el “pacto” Estado-campesino), y las

22 El movimiento El Barzón reunía en sus inicios (1993) agricultores “modernos” afectados por problemas de financiamiento y crédito, que no encontraban eco a sus reivindicaciones en las instancias gubernamentales especializadas (cf. Francis Mestries, “El Barzón o la radicalización de los emdianos y grandes productores agrícolas". Sociológica, X, N° 28, pp. 143-176. México, 1994. Guadalupe Rodríguez G. y Gabriel Torres, “Los agroproductores frente a las políticas neolibera les: El Barzón y COMAGRO”, Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad, N° 1, vol. I, pp. 129-176, Guadalajara, U. de G., 1994. Hubert Carton de Grammont, “El Barzón: ¿un movimiento social contra la crisis económica o un nuevo movimiento social?” Communication au Congrés National “Políticas de ajuste estructural en el campo mexicano, efectos y respuestas”, Querétaro, 1-4 mars 1998, Mexique. La movilización se extendió después a otras categorías de la sociedad rural y urbana, y sigue constituyendo a la fecha un actor social de primera importancia.


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nuevas no han respondido a las expectativas de sus protagonistas. A diferencia de períodos anteriores, el Estado mexicano no reconoce obliga-ción alguna hacia un mundo rural dividido y debilitado por sus fracasos y sus incertidumbres identitarias. El gobierno puede entonces persistir en su opción deliberada por el neoliberalismo, y darse el lujo de desconocer cualquier resistencia política que se oponga a sus nuevos aliados económicos: tecnócratas, industriales, empresarios, sectores que están bien lejos del mundo rural y de sus problemas.

Sobre la cuestión agraria - lo agrícola y en particular lo referente al reparto y tenencia de la tierra-, los antiguos grupos de poder local están debilitados por décadas de represión, de cooptación o de corrupción. Los sindicatos oficiales y las organizacio-nes campesinas independientes se en-cuentran sin capacidad de innovación frente a un Estado fuerte que ya no los necesita. Los esfuerzos de adaptación de los actores de base, individuales y colectivos, han significado rupturas brutales y readscripciones políticas, sociales y culturales que se tradujeron en nuevas categorizaciones que supuestamente ofrecían mejor posibilidad de protagonismo: de eji-datario a agricultor, de campesino a indígena, de peón a obrero, de indígena a agricultor, sin olvidar todos los que emigraron a las ciudades o los campos del Norte (norte del país o Estados Unidos). A pesar de esta intensa “movilización” (en el sentido de moverse entre nuevas identidades y prácticas), los actores locales del mundo rural no han logrado hasta el momento forjar una capacidad de diálogo y de negociación frente al gobierno y a los otros actores impli-cados en las reformas estructurales del campo, tanto institucionales como económicas y políticas.

Colombia: la apuesta de la legitimación internacional El contexto colombiano es bien di-ferente: un Estado débil que nunca estableció alianzas fuertes con el mundo campesino. La Reforma Agra-ria, instituida en los años sesenta, no ha tenido un alcance significativo al distribuir apenas un 1% de las su-perficies legalmente afectables entre 1961 y 1971, y fue prácticamente abandonada algunos años después23. Algunas excepciones conciernen a ciertos sectores agrícolas, esencial-mente el sector caficultor que de hecho ha representado desde su conformación un “Estado dentro del Es tado”, al lado, claro está, de otros grupos de presión constituidos (la ANDI, Asociación Nacional de Industriales; la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia) y en ciertos momentos los sindicatos obreros (la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, en los años cuarenta)24. 23 Cf Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994. Ed. Norma, Bogotá, 1995, 386 p., p. 254-255. El INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) se ha contentado con comprar ciertas tierras para redistribuirlas parsimoniosamente a los desplazados de La Violencia y más recientemente a los guerrilleros “reinsertados” luego de los acuerdos de paz, o para regularizar ciertos “resguardos indígenas”. En el mundo rural campesino se habla del INCORA más bien como responsable de la pérdida de tierras, ya sea de los indios (cf. Gros, op.cit., 1997, p. 43) o de las poblaciones negras del Pacífico. El mecanismo es simple: el INCORA regulariza los títulos individuales para hacer posible el acceso al crédito con garantía de propiedad, y la participación en programas de desarrollo. Frecuentemente los campesinos están en la imposibilidad de reembolsar sus créditos y pierden sus tierras hipotecadas en beneficio del banco (Caja Agraria), que las revende a los propietarios de tierra solventes. 24 Daniel Pécaut, L'ordre et la violence: évolution socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953 , Ed. EHESS, Paris, 1987, 486 p.


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Contrariamente a México, donde de hecho el gobierno se asimiló durante décadas al partido oficial25 y obtenía su legitimidad de su capacidad para negociar y cooptar los diversos grupos de poder regional y nacional, el Estado colombiano se redefine per-manentemente en función de las correlaciones de fuerzas existentes entre los dos partidos históricos: el li-beral y el conservador. Es tos se encar-gan de constituir sus propias clientelas regionales o corporativas, y de canali-zar la expresión de las reivindicaciones de grupos, clases o sindicatos. Esta mediación se da a través de mecanis-mos clientelistas clásicos y de “figuras” o personajes claves -senadores principalmente- que ocupan espacios estratégicos en el aparato institucional y disponen de eslabones regionales para distribuir sus prebendas26. Sin embargo el país conoce prácticamente desde el fin del Frente Nacional (años setenta) una crisis de los partidos (pérdida de legitimidad y de audiencia), que se profundiza desde hace algunos años (escándalos de corrupción) y repercute directamente sobre la capacidad del Estado para hacer pasar entre las clases subalternas sus reformas econó micas y sus políticas de orientación neoliberal27.

25 Aunque existen desde hace mucho tiempo pequeños partidos satélites, El Partido Revolucionario Institucional funciona como partido único hasta comienzo de los años 80. 26 Para un estudio del clientelismo en Colombia, ver Francisco Leal Buitrago, y Andrés Davila Ladrón de Guevara, Clientelismo, el sistema político y su expresión regional, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1994, 382 p. 27 Daniel Pécaut, “Présent, passé, futur de la violence”, pp15-63 in Christian Gros, et Jean-Michel Blanquer (coord.), La Colombie á l'aube du troisiéme millénaire, CREDAL-IHEAL, Paris, 1996. Eduardo Pizarro, “Colombia: ¿hacia una salida democrática a la crisis nacional?”, pp. 203-236, en M. E. Cárdenas (coord.), Modernidad y sociedad política en Colombia, FESCOL-Ediciones

Frente a esta situación bloqueada y en medio del recrudecimiento de la violencia, una vía de salida consistió en modificar en profundidad las reglas de interlocución y negociación entre los actores sociales y políticos, incluyendo el gobierno y su dispositivo institucional. En palabras de C. Gros, se buscaba establecer “nuevas formas de gestión social y política”28 que fueran más autónomas de los partidos y pudieran ejercerse al lado o fuera de ellos. Pero la creación de estos espacios y modalidades de negociación implicaba a su vez la creación de nuevos interlocutores o el fortalecimiento de ciertos actores emergentes independientes. Estas pre-ocupaciones se concretan en la convocatoria de una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución, adoptada en 1991, cuyo primer objetivo es la redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad civil29. El nuevo texto, entre otras novedades, consagra la entrada de la etnicidad en el discurso constitucional, y presenta innovaciones de talla en las cuestiones del or-denamiento territorial y del régimen de propiedad. La Constitución de 1991 reconoce la naturaleza pluriétnica y multicultural de la nación colombiana, da un espacio específico a las comunidades indígenas (aproximadamente 2% de la población) y, por primera vez, a las comunidades negras (10 a 12 % de la población)30.

Foro Nacional por Colombia -IEPRI, Bogotá, 1993, 316 p. Pedro Santana, “Modernidad y democracia”, pp. 237-316 en M. E. Cárdenas (coord.), Modernidad y sociedad política en Colombia, FESCOL-Ediciones Foro Nacional por Colombia-IEPRI, Bogotá, 1993, 316 p. 28 C. Gros, op. cit., 1997. 29 Alberto Valencia, Violencia en Colombia, años ochenta, y reforma constitucional, Editorial Universidad del Valle, Cali, 1998, 125p. 30 No existe ningún dato fiable en cuanto a la repartición de la población nacional por grupo


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Esos nuevos principios llevan al Estado a confirmar o ampliar las tierras de resguardos indígenas hasta cubrir un cuarto del territorio nacional, y a instituir un nuevo derecho territorial en beneficio de ciertas comunidades negras bajo la forma de títulos de propiedad colectivos. ¿Por qué tales concesiones, que vienen a sustraer una gran proporción de suelo nacional a las leyes del intercambio mercantil, en el momento mismo en que el gobierno, a través de su organismo especializado -el INCORA- y con el apoyo de las agencias internacionales, implementa una política que apunta a generalizar el mercado de tierras como principal mecanismo regulador de la repartición de tierras en medio rural? Las luchas y movilizaciones indígenas que se han intensificado desde los años setenta tienen mucho que ver con esto. En 20 años, ellas se han desarrollado tanto dentro como en los márgenes de los canales tradicionales de negociación, incursionando en nuevos campos (solidaridad internacional, participación electoral con candidatos autónomos), incluyendo espacios ilegales (la guerrilla). Lograron ejercer una fuerte presión sobre el gobierno y obtuvieron respuestas significativas en el plano político, econó mico y territorial. Los indios aparecen ahora como una fuerza organizada, ciertamente con numerosos conflictos internos y múltiples ambigüedades políticas, pero también con una prác-

racial o étnico. Los documentos académicos y oficiales (DANE) siempre manejan informaciones dudosas y muy generales (por ejemplo para el Pacífico, 90% de negros, 5% de indígenas y 5% de blancos, o 90% -2%-8%), ya que a la fecha, los censos no contemplaban esta dimensión. El registro del carácter étnico de la población, introducido por primera vez en el censo de 1993, fracasó rotundamente con un sub-registro generalizado.

tica acumulada que se traduce en un real capital político movilizable, como se evidenció en el momento de la Asamblea Constituyente. Hay otras razones que empujan al gobierno a sostener tesis radicalmente etnicistas con el riesgo de contravenir las reglas neoliberales que él mismo se ha fijado. En efecto, con estas tomas de posición, invierte en campos internacionalmente fértiles y altamente simbólicos: el reconocimiento de los derechos de las minorías, y la búsqueda de medidas que llevan a un desarrollo sostenible 31. Muy criticado a nivel internacional por los atentados flagrantes de ciertos cuerpos del Estado (Ejército y Policía) a los derechos humanos, incluido el Derecho internacional Humanitario, y por su presumida conexión con los medios ligados al tráfico de droga, el gobierno colombiano se rejuvenece en un campo distinto pero también fundamental en la correlación de fuerzas interna-cionales. Las grandes agencias y los prestamistas internacionales, incluido el Banco Mundial, son ahora sensibles a las cuestiones étnicas y sostienen los proyectos de desarrollo orientados en ese sentido (por ejemplo con el Proyecto Biopacífico para el Litoral Pacífico, financiamiento PNUD-GEF, 1994-1997). Finalmente, y éste no es el menor de los argumentos, el reconocimiento de las autonomías territoriales de las comunidades indígenas y negras se asimila a una descentralización, en la cual el Estado delega en las nuevas autoridades locales la gestión de pro-blemas extremadamente delicados como es la presencia de plantaciones de coca o de amapola, de la guerrilla, de

31 Conceptos sistemáticamente aliados y a veces confundidos en los discursos oficiales y militan-tes, como lo resume bien la expresión de “etnicidad ecologista” (B. Albert, op.cit., 1997).


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los grupos paramilitares, y de des-plazamientos masivos de población huyendo de las exacciones de unos y otros. Las tierras de las comunidades indígenas y negras se sitúan en efecto, en su mayoría, en las periferias geo-gráficas del país - las tierras bajas del Oriente y del Pacífico, las selvas y montañas de las cordilleras-, en las cuales, a veces desde hace décadas, han trabajado estos actores, ilegales pero imprescindibles, que el gobierno colombiano -y la sociedad civiles incapaz de controlar. Cinco años después de la promulgación de la Ley 70 que abría la vía a la reorganización territorial de las regiones pobladas por poblaciones afrocolombianas del Pacífico, es inte-resante analizar cómo se han posicio-nado y redefinido los protagonistas implicados por este proceso, ya sea en las nuevas prácticas políticas o en las representaciones colectivas asociadas a éstas. UNA INVENCIÓN SOBRE MEDIDAS El caso de las poblaciones negras del Pacífico y de los títulos colectivos de propiedad La Ley 70 de 1993 reconoce el derecho al territorio de poblaciones negras instaladas desde hace siglos en la parte occidental del país, en tierras que han tenido el estatuto de “tierras de la Nación” y en lo esencial no legalizadas bajo la figura de propiedad. Estas poblaciones son descendientes de esclavos cimarrones refugiados en esas selvas tropicales aisladas, de esclavos emancipados en 1851 y de individuos libres mucho antes de la ley de manumisión. En la segunda mitad del siglo XIX, grandes migraciones los han conducido a esas tierras bajas, en ese momento poco pobladas y donde el

mestizaje (con los indios o los blancos, minoritarios) es todavía bastante restringido. De hecho, la ley no cubre la totalidad de las poblaciones negras de Colombia y las restricciones son considerables: no implican sino las “comunidades negras rurales ribereñas del Pacífico”. Son excluidas las poblaciones urbanas, aquellas del interior del país, y aquellas de la Costa Atlántica, que históricamente son las más desarrolladas y las más integradas a la sociedad nacional. Son aproximadamente 900.000 los habitantes del Litoral Pacífico32, entre ellos unos 540.000 que viven fuera de las zonas urbanas y responden a los criterios de la ley 70. Aquellos podrán así tener acceso a títulos de propiedad, pero a diferencia de los títulos legales clásicos, individuales, éstos serán emi-tidos colectivamente a nombre de Consejos Comunitarios creados para la ocasión y cuyas modalidades de elección y de funcionamiento no están claramente reglamentadas. La ley estipula solamente que serán re-presentativos de las poblaciones, y responsables de garantizar el respeto de reglamentos internos elaborados por cada uno de ellos según sus siste-mas de derecho propio (concerniendo

32 Población correspondiente, según el censo del DANE de 1993, a los municipios del Pacífico concernidos por la ley 70. Como en numerosos países de América Latina, los censos recientes son cuestionados por las autoridades locales quienes los denuncian como muy subestimados. A título de ejemplo, la ciudad de Tumaco cuenta con 60.000 habitantes según el censo de 1993, pero sobrepasa ampliamente las 100.000 según las autoridades locales. El departamento del Chocó cuenta con 340.000 habitantes en 1993 (censo DANE), mientras que un documento del mismo DANE anunciaba 520.000 habitantes en 1990, etc. Por otra parte, ningún texto oficial se aventura a cifrar las poblaciones susceptibles de acogerse a la ley 70 para reclamar territorios.


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el reparto y uso de las tierras, pero también los conflictos interétnicos, las relaciones con las autoridades, la resolución de conflictos internos...). Las ambigüedades y malentendidos del proceso no son pocos, ya sea en el momento de la redacción de la ley33 o cuando se pone en marcha su apli-cación. Citemos solamente algunos que tienen que ver directamente con el tema que nos ocupa. La nueva legislación es directamente inspirada del modelo indígena de organización social y territorial. Ella supone, sin jamás hacerlo de manera explícita, la preexistencia de estructu-ras comunitarias que sería suficiente con “reconocer”, reactivar y legitimar frente a los demás actores. La idea misma de territorio colectivo es pre-sentada como una “práctica ancestral” y tradicional de manejo del espacio. Los Consejos Comunitarios aparecen como una instancia igualmente “an-cestral" de las “comunidades negras”, mientras que ni lo uno -el territorio colectivo- ni lo otro -el Consejo Comunitario- es unánime ni sistemá-ticamente aceptado en el Pacífico. Ciertamente la historia del poblamiento y ocupación del espacio, en estas regiones desconocidas desde hace mucho tiempo por el poder central y donde no se ejercieron las normas occidentales del derecho de propiedad, ha dado nacimiento a modalidades específicas de apropiación territorial. En el Pacífico la apropiación individual de ciertas tierras - los colinos o parcelas de producción, en general sobre las vegas de los ríos- se combina con un uso colectivo de ciertos espacios -los montes o “centros” selváticos, poco o

33 Peter Wade, “Identités noires, identités indiennes en Colombie”, pp. 125-140, Cahiers des Amériques Latines N° 17, IHEAL, Paris, 1994.

no aptos para la agricultura-, según modalidades que dependen de una parte, de la naturaleza misma de los terrenos, de otra parte de los objetivos de la ex-plotación. Así, las selvas son más o menos libres de acceso para la caza, la recolección, y aun la extracción en tanto que se trata de actividades de subsistencia, pero son rápidamente apropiadas individualmente cuando la presión sobre los recursos se acrecienta, al mismo tiempo que su valor mercantil. Tradicionalmente el acceso a la tierra no ha causado mayor problema para los recién llegados (por migración o crecimiento demográfico) debido a la gran disponibilidad de tierras, pero éste ya no es el caso. Hoy son numerosas las poblaciones, los poblados y los ríos donde todo el espacio está marcado y apropiado individualmente, donde no existen ya tierras libres ni de uso colectivo”. En cuanto a la gestión colectiva de las tierras y de los recursos, que podría existir más allá de la apropiación individual de los lotes o colinos, no es más que una invención, en general bien intencionada, de los legisladores y de sus múltiples asesores. La ausencia efectiva, aunque parcial, de títulos de propiedad individuales lega lizados34 ha sido asimilada por muchos a la existencia de normas colectivas de uso, con el razonamiento de que “si no es de nadie, es de todos”. De la noción de “colectivo” se dedujo la de “comunitario”, y la deriva implicó lógicamente la existencia de instancias sociales más o menos formalizadas, encargadas de hacer respetar estas 34 En algunas regiones del Pacífico, el INCORA ha llevado en los años sesenta campañas de titula rización individual de tierras, sobre todo aquellas explotadas con cultivos comerciales (coco, arroz). En algunos ríos de Nariño, se llega hoy a un 30 ó 40% (en número de lotes cultivados, no en superficie ni número de agricultores) cubierto por títulos de propiedad individual legalizados.


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normas “comunitarias”: los Consejos Comunitarios hacían naturalmente su aparición en el discurso. Sin embargo un trabajo de investigación actual en las zonas rurales de Nariño parece debilitar estos múltiples supuestos, y desarrolla más bien la interpretación adelantada desde los años sesenta por Whitten, quien insistía sobre los mecanismos diádicos e interpersonales en la regu-lación del acceso y el uso de los recursos -materiales y políticos-, y la resolución de conflictos en general35. En estas sociedades rurales, caracterizadas por un tejido socio-familiar muy denso, las relaciones de parentesco, de proximidad y de afinidad son a la vez suficientemente flexibles y coercitivas para generar comportamientos de convivencia sin tener que recurrir a alguna instancia formal de regulación. Pero los consejos comunitarios tienen múltiples ventajas, y al momento de redacción de la ley el concepto le convenía a todo el mundo: a los legis-ladores que necesitaban tener inter-locutores susceptibles de aplicar la ley, a los asesores -entre ellos la iglesia católica- que tenían la experiencia de las comunidades indígenas y estaban familiarizados con esta noción, y tam-bién a ciertos líderes afrocolombianos que veían en esta nueva instancia el único espacio posible de protagonismo y de negociación, al mismo tiempo que de promoción política. Más que de reconocimiento, se trata verdaderamente de la creación/construcción de instancias comunitarias36. Yendo un

35 Norman Whitten, Pioneros negros: la cultura afro-latinoamericana del Ecuador y Colombia, Centro Cultural Afro-ecuatoriano, Quito, 1992. 36 El mismo proceso de importación del modelo “indígena andino” sobre realidades bien distintas parece haber tenido lugar en el Perú con las comunidades indígenas de la Amazonía, cf. M. I. Remy, en Van Cott, D.L., Indigenous peoples and democracy in Latin America. Houndmills, Basingstoke, MacMillan, Hampshire and London, 1994, citado por

poco más lejos, uno podría inclusive hablar de un proceso donde el Estado procede a la institucionalización, en el sentido fuerte, de las “comunidades negras”. Esto no equivale a negar la existencia y la importancia de estructuras sociales propias de las poblaciones negras, sobre todo las organizaciones culturales y políticas preexistentes a la ley 70 (Cimarrón) y ciertas otras formadas después, pero no se puede olvidar el rol prominente del Estado en el proceso de construcción de estos nuevos dispositivos políticos y sociales. Esta participación activa del Estado tiene por lo demás múltiples consecuencias en el funcionamiento de las nuevas instituciones, empezando por mantenerlas con una débil autonomía financiera, léase política. Otros aspectos de la ley son sus-ceptibles de análisis similares. Así, numerosos artículos hacen referencia a las prácticas tradicionales como aquellas utilizadas por las poblaciones “para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo sostenible” (capítulo I, artículo 2 de la ley 70); la propiedad colectiva debe ser reconocida en la medida en que ella se ejerza “de conformidad con la función social y ecológica que le es inherente” (capítulo IV, artículo 19). Los beneficiarios

continuarán conservando, manteniendo y favoreciendo la regeneración de la vege tación protectora de las aguas y garan-tizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción (capítulo IV, artículo 21).

Willem Assies, Multi-ethnicity, the state and the law in Latin America. Working paper, CEDLA, Amsterdam, 1997.


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Las comunidades negras se ven así investidas de cualidades específicas: guardianes del medio ambiente “desde siempre”, ellas deberían comprometerse a continuar desarrollando sus prácticas ecológicas en su territorio. Cualquiera que haya trabajado en el Pacífico conoce la historia de la explotación esencialmente extractiva y predadora de esas comunidades, bajo la presión de agentes económicos exteriores que compran y comercializan, desde hace más de un siglo, los recursos naturales del litoral (caucho, tagua, madera...). En estas condiciones, la referencia reiterada a las prácticas ecológicas y al desarrollo sostenible remite a un discurso retórico, indispensable para insertar las nuevas disposiciones legislativas dentro de un discurso internacional legitimador, lo que a su vez es condición necesaria para conseguir fondos de la comunidad internacional. Luego de la reciente entrega de títulos de propiedad colectiva en el Chocó, el gobernador recordaba que, con ese gesto, las comunidades toman el

compromiso histórico de asegurar la durabilidad de la conservación del medio ambiente, al mismo tiempo que la comunidad internacional se compromete a aportar los recursos económicos necesarios al desarrollo equitativo de las comunidades37.

Profesión de fe ecológica y finan-ciamiento internacional son ahora in-separables. Uno podría retomar así los textos legislativos y desmontar, punto por punto, el proceso de verdadera inven-ción de la tradición en varios aspectos. A nivel cultural y social se reivindica la “ancestralidad” de poblaciones instaladas en sus tierras en su mayoría por poco más de un siglo; se resalta el

37 El Espectador, 12 de febrero de 1998.

rol de los ancianos y de la familia matrifocal como “características” de las poblaciones negras, cuando no existe unanimidad, ni entre académicos ni entre la misma población, sobre estos aspectos de la vida en el Pacífico; la alta valorización de lo comunitario y lo colectivo no coincide siempre con las prácticas individualistas y, en una cierta medida, libertaria38 de las poblaciones, etc. Y sin embargo, a pesar de estas ambigüedades, existe desde las organi-zaciones de base y los habitantes “del común” un real proceso de apropiación del discurso, y aun de ciertas prácticas hasta entonces desconocidas o desaparecidas pero ahora reivindicadas como “ancestrales”. En pocos años, desde la nueva Constitución de 1991, la promulgación de la ley 70 en 1993, y sobre todo desde la promulgación, en 1995, del decreto que reglamenta la titulación colectiva, la movilización social se ha amplificado en los municipios y ríos del Pacífico. En el departamento meridional de Nariño, más de veinte organizaciones étnico-territoriales han visto la luz del día, y desembocan poco a poco sobre la constitución de un mismo número de Consejos Comunitarios encargados de llevar a cabo la titulación colectiva de “territorios de comunidades negras”, que deberían cubrir en el futuro la

38 Las sociedades del Pacífico fueron a menudo catalogadas de “anárquicas” por numerosos observadores incluidos algunos contemporáneos. Una revuelta en Tumaco, en 1781, con amplia participación de negros, se hizo a nombre de “viva el amancebamiento” reprimido por la Iglesia de la época; las crónicas de viajeros y de sacerdotes anotan el “descuido moral” de estas poblaciones que no siguen los cánones familiares y matrimoniales de Occidente; en 1967 todavía, el estudio ya mencionado (Banco Ganadero) insiste sobre la extrema libertad de la que gozan esas poblaciones de cara a sus “obligaciones” cívicas y productivas.


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mayor parte de las zonas rurales ocu-padas por población negra. En el plano político, las poblaciones negras del Pacífico, hace 20 años todavía “invisibles”39 sobre la escena nacional, hacen su entrada con fuerza en el dispositivo institucional gu-bernamental, lo que no pasa sin ciertas fricciones y crujir de dientes. La ley y los decretos reglamentarios que se elaboran poco a poco abren en efecto espacios reservados a las comunidades negras, en múltiples campos: el de la propiedad territorial (Decreto 1745), pero también la educación superior con la creación de un instituto de investigaciones especializadas (el Instituto F. Neuman), la educación de base con los programas de etnoeducación (Decreto 2249), la representación en el seno de los or-ganismos de desarrollo (Decreto 2314), la participación en los programas de investigación desarrollados sobre o en el Pacífico (Decreto 2374), y más globalmente en la negociación con el gobierno, creando una Comisión Consultiva de Alto Nivel (depar-tamental y nacional) concebida como un “espacio de interlocución entre instancias territoriales y nacionales” (Decreto 1371). Este nuevo espacio institucional es copado inmediatamente por los dirigentes de las organizaciones de las comunidades negras que emergieron a 39 La noción de invisibilidad de poblaciones negras a los ojos de los gobernantes y más allá de las sociedades nacionales ha sido desarrollada en Colombia por Friedemann (Friedemann Nina S. de, “Estudios de negros en la antropología colombiana” en Arocha, J. y N. de Friedemann (eds), Un siglo de investigación social: antropología en Colombia, Etno, Bogotá, 1984). Pero es ampliamente utilizada en contextos similares por otros países de América Latina (México, cf. Martínez Montiel, Luz María (coord.), Presencia africana en México , México, CNCA, 1997, 573 p. En Argentina, Grosso J. L., op. cit., 1997).

finales de los años ochenta (algunos con antecedentes en los años sesenta, como Cimarrón), pero que a menudo no tienen la capacidad de hacer frente a estas múltiples oportunidades -y obligaciones legales- de participación. Se da entonces un proceso “lógico” de acaparamiento de funciones por algu-nos, los más capacitados, aquellos que disponen de más capital cultural y político. A título de ejemplo, el Pa-lenque Regional de Nariño (uno de los cuatro departamentos del Pacífico) cuenta con una decena de militantes permanentes40, de los cuales tres o cuatro solamente ejercen las funciones de representación en las instancias institucionales ya citadas. Los interlocutores potenciales son final-mente poco numerosos en esas regio-nes donde la tasa de escolaridad con-tinúa siendo extremadamente baja, los empleos calificados escasos y donde los que pudieron seguir ciclos de educación superior no consiguen empleo y migran a las capitales regio-nales, lejos de las zonas rurales ribe-reñas del Pacífico concernidas por la ley 70. La concentración de la información en círculos restringidos de dirigentes locales provoca un efecto de aisla-miento político, agravado por el fenó-meno de segmentación de las élites políticas y sociales regionales. En efec-to, todo el nuevo dispositivo se desarrolla al margen o más bien en paralelo -destinado a no encontrarse o a no coincidir jamás- con las instituciones sociales y políticas tradicionales que son las administraciones locales, las 40 Los “militantes permanentes” son aquellos que disponen de tiempo y recursos para dedicarse de lleno a la organización, pero los miembros de Palenque, definidos por su adhesión a las grandes líneas de movilización política, o más concretamente al proceso de titulación colectiva -los campesinos de los ríos conformados en consejos comunitarios- son mucho más numerosos.


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instancias descentralizadas de diversos ministerios, los sindicatos preexistentes, y sobre todo los partidos políticos. Estas antiguas estructuras son en efecto acusadas por los militantes de traicionar la causa étnica, de jamás haberla sostenido ni tomado en cuenta. Después de la promulgación de la ley y de la movilización que le siguió, los militantes tradicionales fue ron poco a poco marginados de las redes que se iban conformando, bajo el pretexto de su colusión con los intereses de “los blancos” y “los dominantes". Los que quedaron como líderes del “nuevo movimiento social” fueron unos dirigentes jóvenes, escolarizados y urbanos en su mayoría, sin pasado político en el sentido tradicional del término pero en general con experiencia en trabajo comunitario. Reunidos desde 1993 en el Proceso de Comunidades Negras (PCN), pretendieron hasta hace poco tiempo, y hasta la actualidad para algunos, representar la única expresión legítima del movimiento de reivindicación étnico-territorial negra y monopolizar así los espacios institucionales abiertos por la nueva legislación. En un momento dado hubo confluencia de intereses entre el Estado en búsqueda de interlocutores creados a la medida por la ley 70, y una élite local naciente que encontraba al fin un campo de expresión y de reconocimiento social y político. El Estado guardaba una certera ventaja al conservar protagonistas “cautivos” y dependientes -sobre todo del financiamiento-, alejados de los canales tradicionales de negociación política, mientras los militantes negros podían así construir, en un espacio de alguna manera protegido, sus propios dispositivos políticos. Pero las cosas van rápido y el proceso de construcción es amenazado por todas partes. A nivel nacional, el

nuevo espacio político es cada vez menos protegido. No hay más que ver los resultados de las recientes elecciones municipales (octubre 1997), o de las elecciones para la designación del Congreso (marzo de 1998), para convencerse de la débil presencia del Proceso de Comunidades Negras, ya sea en las regiones del litoral o en las grandes ciudades con fuerte población negra. Si bien es cierto que cada vez más candidatos integran las reivindicaciones étnicas en sus discursos, ellos lo hacen desde las estructuras tradicionales de decisión y poder, en uno de los dos partidos políticos históricos o en el seno de pequeños movimientos coyunturales, recientemente creados pero afiliados a uno de ellos. Por otra parte, varios militantes de la etnicidad decepcionados se tornan hacia los partidos tradicionales para escapar al aislamiento mencionado más arriba. La separación entre las esferas de la política tradicional - los partidos, sindicatos y administraciones- y aquellas de la etnicidad, estimuladas por el Estado y asumidas por los nuevos líderes negros, ya no es pertinente para muchos militantes y hombres políticos que no pueden sino constatar la eficacia persistente de las redes clientelistas tradicionales. A nivel local los dispositivos políticos construidos alrededor de la ley 70 son igualmente frágiles. Las organiza-ciones étnico-territoriales de base, aquellas que se han constituido entre agricultores y habitantes rurales con-frontados a problemas cotidianos de subdesarrollado crónico, están cada vez menos inclinadas a participar en los juegos de poder de sus dirigentes regionales. Además, a medida que se consolidan y maduran, aspiran a hablar por ellas mismas, sin pasar por el canal de la organización regional, y menos nacional. Disensiones


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comienzan a hacerse visibles, y se anuncian recomposiciones institucio-nales en el movimiento de comunida-des negras, en casi todos los departa-mentos del Pacífico. La emergencia de identidades negras en Colombia a duras penas se está consolidando. Luego del momento de euforia y de movilización de la primera mitad de los años noventa, se ven ahora los vaivenes y el aisla-miento progresivo de una parte del movimiento portavoz del reconoci-miento étnico y de las reivindicacio-nes territoriales del “pueblo negro”. CONCLUSIÓN En este fin de siglo, la renovación del debate alrededor del tema de los dere-chos de las minorías podría augurar un avance hacia más democracia, luego de los fracasos de los modelos y experiencias de inspiración liberal o marxista de las últimas décadas. Pero es urgente ir más allá del discurso moral y emancipador para descubrir y explicitar los malentendidos y con-tradicciones que surgen en los proce-sos concretos de aplicación de las nuevas políticas, antes de que se transformen en espacios de conflicto y de violencia. La noción de territorio, y de derecho al territorio está en el corazón de las nuevas legislaciones emitidas por numerosos países. Pero dicha noción está desde ya estrechamente asociada a aquellas de la ecología y del desa-rrollo sostenible, que devienen en re-cursos directamente monetizables en la escena internacional. Así el territo-rio es reconocido en la medida en que le son atribuidas cualidades a menudo inventadas para la causa (“territorio ancestral utilizado según las prácticas tradicionales que contribuyen al desarrollo sostenible"), susceptible de

aportar contribuciones nada despreciables de entidades inter-nacionales encargadas del desarrollo. Como se ha visto en el caso de Co-lombia, esas contribuciones no son es-trictamente financieras sino que se in-sertan en juegos de poder y relaciones de subordinación a nivel internacional. El reconocimiento político inter-nacional tiene un precio que los Es-tados asumen en campos que pueden variar -México ha tomado el camino de la ortodoxia neoliberal mientras Colombia se hace campeona de los derechos de las minorías- pero impli-can siempre el tomar en cuenta las ideologías dominantes -procesos de globalización- a la vez que las presio-nes, los. actores y las historias específicas de cada país. En este marco, ¿los actores locales no serían sino marionetas manipuladas, disponiendo de márgenes de maniobra excesivamente reducidas frente a efectos estructurales internacionales? Tal razonamiento sería reductor, ya que los actores locales, de los cuales no hay que olvidar su diversidad para no caer en un maniqueísmo elemental, participan ellos mismos de esta mundialización y se benefician de ella. En muchos países, los indígenas han construido gran parte de su potencial de negociación sobre la base de su inserción en redes internacionales de difusión de la información y de acceso a organismos mundiales de desarrollo. En México, la insurrección zapatista ha seguido otra vía, pero ha podido hacerse escuchar - muy relativamente como se ha visto sólo por la audiencia internacional que ha sabido captar. Los movimientos locales adquieren cierta fuerza a partir del momento en que intervienen sobre la escena internacional, cuando adoptan un lenguaje que es comprendido, y que


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seduce a los que toman las. decisiones (el CRIC en Colombia, Marcos en México). Entre más débiles y locales sean, más necesidad tienen de la audiencia internacional, y deben para ello aceptar ciertas reglas tácitas como aquella que consiste en presentarse como los guardianes del medio ambiente y los herederos de la sabiduría ancestral. Haciendo esto, ellos construyen un discurso que puede ser reapropiado y rehabilitado por las poblaciones, y que les confiere una identidad “aceptable" en el plano nacional e internacional. Sin embargo uno no podría ver solamente manipulación o utilización táctica y estratégica de discursos exógenos. El proceso puede desembocar en una verdadera construcción de identidad, a veces contradictoria y ambigua, y sometida, como lo han sido muchas otras antes, a los efectos de la globalización41. De una manera general en América Latina, los movimientos negros no han adoptado todavía el viraje estratégico de protagonismo internacional y debutan apenas su avanzada política en el escenario nacional. Por otro lado, no están exentos de los problemas clásicos comunes a la mayor parte de los movimientos sociales emergentes: clientelismo, faccionalis mo, corrupción, nepotismo. Pero a pesar de estas limitaciones ellos han obtenido mucho, gracias a la conjunción de intereses con el Estado frente al cual se encuentran políticamente en deuda. La estrecha relación que liga los actores locales al contexto internacio-nal, y las dependencias mutuas que de allí surgen, nos obligan a buscar otras vías diferentes a las interpretaciones en términos de simple oposición local-global. La mundialización de ideas (ecologismo, ideologismo democrático 41 Jean-François Bayart, L'illusion identitaire, Fayard, Paris, 1996, 306 p.

neoliberal...) difunde nuevos valores de los que se prenden ciertos Estados y ciertas poblaciones para hacer valer sus derechos, dispuestos para ello a ajustar sus propios perfiles de identidad. Este proceso de ajuste impone desafiliaciones y afiliaciones de identidad, que son a veces sentidas como rupturas y desestabilizaciones (el caso de los campesinos en México), pero a veces también asumidas y reivindicadas como propias por los líderes locales y aun por la población de base (ciertas “comunidades negras” de Colombia). El nivel global a su vez, es alimentado por estas reconstrucciones locales de identidad, y las necesita para reactua lizar continuamente sus discursos y sus prácticas. No olvidemos que la principal preocupación de numerosos organismos de asistencia y desarrollo, públicos o privados, es encontrar interlocutores que respondan a con-diciones mínimas de legitimidad con el fin de distribuir su financiamiento. Estas agencias están, por lo tanto, constantemente atentas a la expresión de “nuevos actores” susceptibles de entrar en su red clientelista, y se muestran dispuestas a modificar o reorientar sus posturas para incluirlos en sus programas. Ni resultado de la imposición de discursos forjados en el exterior, ni expresión genuina de las poblaciones minoritarias, los nuevos procesos identitarios son muy depen-dientes de los primeros, sin prescindir de los últimos. El margen de maniobra de que disponen y la orientación que toman depende en gran medida de la actuación de los líderes, en contextos localizados en el tiempo, el espacio y en relaciones de fuerza determinadas. Ahí es donde los procesos se ven envueltos en dimensiones eminentemente personales - las características de algunos individuos comprometidos- y en lógicas sociales y políticas que los rebasan.


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Por otra parte, la confusión de prácticamente todos los interesados entre identidad y territorio es en sí misma fuente de violencia potencial. Como lo indica Badie a propósito de los separatismos en el Estado-Nación europeo,

el pasaje de la identidad al territorio aparece de manera extremadamente ambigua. En el plano de la enunciación, es imprescindible: en un mundo gobernado por el principio de territorialidad, el discurso de identidad no podría privarse de tal realización, a riesgo de marginarse, de perder su audiencia, es decir, su credibilidad. Pero sobre el plano práctico, no cesa de rozar la aporía42: porque las identidades son volátiles, porque no disponen prácticamente jamás de proyección geográfica que encuadre con su historia, porque son abusadas por una combinación sutil de manipulaciones estratégicas que no duran en sí mismas más que un tiempo, porque exaltan separatismos de circunstancia43.

La historia antigua como la reciente nos muestra bien a qué punto las categorías de identidad son efectiva-mente cambiantes, “volátiles” y depen-dientes tanto de interacciones entre los Estados, los actores regionales y locales, como de las instancias inter-nacionales insertas en contextos polí-ticos y económicos globalizadores. Querer creer o fijar territorios sobre bases de identidad es un riesgo que aparentemente numerosos países de América Latina están dispuestos a tomar, de acuerdo con los grupos de presión local y de las instancias in-

42 Aporía: dificultad de orden racional que parece no tener salida. 43 Bertrand Badie, La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale du respect, Fayard, Paris, 27, 1995, p. 107-108.

ternacionales. Queda por esperar si sabrán manejar las modalidades con-cretas de construcción y de gestión.

DEMOCRACIA D E B E R Í A N L E E R E N C U B A A B O U R D I E U ?

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D EBERÍAN LEER EN CUBA A BOURDIEU? SOCIALISMO, ESTRUCTURA SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL HANS - JÜRGEN BURCHARDT* Algunos sectores del gobierno de los Estados Unidos y el exilio cubano la-mentan irritados que Cuba haya so-brevivido hace casi ya un decenio al derrumbe del socialismo en Europa del este. La sociología, por el contrario, ha prestado poca atención a las circuns-tancias especiales que concurren en la Isla del Trópico; ésta ofrece una opor-tunidad única para estud iar el cambio social bajo las condiciones de una dra-mática transformación económica. Por ello consideramos particularmente interesante explorar las razones por las cuales la Cuba socialista no siguió el camino de sistemas análogos; si existe en la Isla, y por qué, un potencial específico que explique su sorprendente estabilidad. Tal vez se deriven de éstas perspectivas de desarrollo para Cuba que sean significativas no sólo para el país sino, en general, para la sociología. Viejas y nuevas presiones Salida, estancamiento y derrumbe La Cuba de los años cincuenta se ajustaba el patrón de un capitalismo subdesarrollado y dependiente. Su es-tructura económica se adaptó casi to-talmente a las necesidades del “hermano grande”, EE.UU. Cuba suministraba materias primas baratas y productos semielaborados al mercado norteño e importaba de ese país más de la mitad de las manufacturas y víveres consu-midos en la Isla. El principal sector económico, la industria azucarera y los servicios fundamentales, también estaban en manos de empresas nor-teamericanas44 44 H o r s t F a b i a n , Der Kubanische Entwick1ungsweg. Ein Beitrag zum Konzept

En lo político, el país estaba dominado por una burguesía sometida a los monopolios de EE.UU.; no orientada hacia lo nacional y poco interesada en fomentar un desarrollo propio. Además, ambas fuerzas se apoyaban a fines de los años 50 en una dictadura en extremo represiva y corrupta. Por otra parte, se había formado una clase obrera con poder movilizador y de organización considerable; un semiproletariado agrario vinculado a la producción azucarera; un número alto de campesinos sin tierras y un amplio diapasón de clases medias. Lo común a ellas era la lucha contra el desempleo masivo y la exclusión social. Estas son, en síntesis, las condiciones que fueron barridas por la Revolución Cubana en 1959. Pronto el “Goliat del norte” se mostró hostil y agresivo frente al proceso revolucionario iniciado en el país. Éste en sus comienzos no se consideró socialista sino, más bien, democrático, nacionalista radical. El conflicto terminó a principios de los años 60 con el fracaso de una intervención militar y la implantación de un bloqueo económico total por parte de los Estados Unidos.

Esto radicalizó aún más la dinámica política en la Isla y constituyó un va-lladar que obstruyó casi todas las otras alternativas viables. Se abrió así el camino hacia la conformación de un modelo de desarrollo económico-político-social similar al soviético. La Unión Soviética (URSS) recibió con los brazos abiertos el “primer socialismo en suelo americano” y lo apoyó mediante relaciones comerciales ventajosas. Si al principio este llamado “intercambio justo” más bien contribuía a compensar las pérdidas económicas causadas por el bloqueo de los EE.UU., autozentrierter Entwicklung, O p l a d e n , 1 9 8 1 .


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desde inicios de los años 70 y hasta finales de los 80 se transformó en un medio de subvención completo para la Isla. Sobre esa base tuvo lugar en Cuba un cambio social y económico profundo.

Así, la estructura social heterogénea se eliminó y renovó más rápido que en otras experiencias socialistas45; el motor impulsor fue una nacionalización eco-nómica total (comercio / industria / fi-nanzas / servicios / 100%, agricultura 70%). Después, se originó un impulso hacia la construcción de un modelo de desarrollo socialista que tomaría mucho de los rasgos y características del soviético, sobre todo, al darse la inte-gración de Cuba al mercado mundial socialista. Los resultados de esta política fueron discordantes. Por una parte, entre 1976 y 1985 la Isla logró un crecimiento económico sostenido. Además se realizaron pro-gramas sociales ejemplares y se mantuvo una política salarial nivelada (la relación entre los mayores y menores salarios en el año de 1989 era de 4,5 a 1). Todo esto producía grandes efectos homogeneizantes. Mientras que en 1953 el sector más pobre de la sociedad cubana constituía el 40% y obtenía el 6,5% de los ingresos totales de la po-blación, en 1986 recibía el 26%. En 1953 el sector más rico era el 10% y percibía el 39%; mientras que en 1986 obtenía aproximadamente el 20%46. Los datos y hechos ocurridos hasta el año 1989 demuestran que en Cuba pudieron eliminarse las características estructurales principales del subdesa-rrollo, especialmente en el plano social. Las disparidades sociales y geográficas cedieron a una igualdad marcada; la

45 CIPS, Objetivos sociales y condicionales del desarrollo económico, La Habana, 1990. 46 Claes Brundenius/ Andrew Zimbalist, The Cuubn Economy, Measurement and Analysis of Socialist Performance, Baltimore, 1989.

población creció de forma equilibrada y la esperanza de vida se elevó a 75 años, diez años por encima del promedio en Latinoamérica. Alrededor del 30% de la población era laboralmente activa, de ella el 40% eran mujeres. Fenómenos como la desnutrición, el desempleo y la pobreza masiva desaparecieron totalmente. La Isla se vio a sí misma no sólo como “cocodrilo” capaz de defenderse frente a las acometidas norteamericanas sino también como el país más equilibrado en lo social y pacífico de la región. Pero al asimilar muchos de los ele-mentos del modelo soviético, Cuba tomó también considerables porciones de sus deficiencias. En el transcurso de los años 80 el desarrollo cubano perdió empuje. La estructura social se hizo cada vez más estática. La mayoría de las veces la dinámica social sólo existió dentro de grandes grupos aislados, lo que para muchos grupos sociales significó un agotamiento de las posibilidades reales de avance socioe-conómico47. Como consecuencia, el reconocimiento social y la movilidad ascendente estuvieron ligados casi exclusivamente a profesiones administrativas y altamente calificadas, así como las actividades productivas perdieron su antiguo prestigio. Esto se reflejó en la creciente discor-dancia entre las exigencias económicas y la estructura de empleo del país. Ejemplo de ello es el alto grado de ur-banización alcanzado, a pesar de que se creó una base económica agraria que, en el sector de la agricultura, condujo a una estructura de producción extremadamente costosa y dependiente

47 Mayra Espina, “Transformaciones recientes de la estructura socioclasista cubana”, en: Papers, No. 52, pp. 83-99, 1997a. No se pudo tampoco eliminar el excesivo burocratismo de la sociedad.


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de importaciones. Otro caso de signifi-cación lo constituye el nivel de califica-ción deformado de las especialidades de nivel superior. Entre 1980 y 1989 casi la mitad de todos los estudiantes universitarios se graduaron como mé-dicos o maestros en detrimento de otras ramas técnico-profesionales48. La dinámica económica también empezó a debilitarse peligrosamente. El crecimiento cuantitativo del producto interno bruto estuvo acompañado por una caída en la eficiencia de la pro-ducción cada vez mayor49. Esto se evi-denció principalmente en aquellas obras de inversión cuya construcción en 1975 tardaba medio año y en 1985 casi ocho años. Toda la Isla conoce la anécdota de la fábrica procesadora de níquel que espera su terminación desde hace más de veinte años. Otro ejemplo es la eficienc ia en el consumo energético que alcanza el “socialismo tropical”. A finales de los años 80 el consumo per cápita de energía en Cuba situaba a la Isla en el cuarto lugar de América Latina. En números relativos, Cuba consumía per cápita el doble de energía que los EE.UU. y casi el triple que Francia50. Estas “formas de producción exten-sivas", típicas del socialismo y los gas-tos cada vez mayores, tuvieron un ca-rácter particularmente trágico para Cuba pues, por ejemplo, mientras la URSS satisfizo hasta los años 80 sus crecientes necesidades de recursos con el suministro de inmensas cantidades de materias primas, la Isla nunca pudo recurrir a semejantes reservas. Por este motivo el recurso principal de Cuba 48 CEE, Anuario Estadístico de Cuba 1989, La Habana, 1991. 49 Julio Carranza/ Luis Urdaneta/ Pedro Monreal, Cuba - La reestructuración de la economía - una propuesta para el debate, La Habana, 1995. 50 Miguel Figueras, Aspectos estructurales de la economía cubana, La Habana, 1994.

permaneció en la división socialista del trabajo. De esta forma se cimentó el papel de Cuba como exportador de materias primas. Hasta 1989 la URSS cubría con importaciones de azúcar cubano más de la mitad de su demanda interna, lo que convertía a Cuba en el segundo mayor exportador de azúcar del mundo. Las favorables condiciones comer-ciales adquiridas con la adhesión al CÁME (Pacto Económico de los Países Socialistas) hicieron que la nueva de-pendencia creada respecto a los “países hermanos” fuera más cómoda para Cuba. Pero ellos no sólo nutrían la Isla sino que también repercutían directa-mente en la “cultura de gobernar” del sistema, o sea, en el grado de autono-mía e interdependencia entre los agen-tes Estado-empresa-mercado-sociedad. Para su crecimiento extensivo el mo-delo de desarrollo seguido por Cuba necesitaba grandes cantidades de re-cursos, cuyas dimensiones gigantes le-gitimaban un control centralizado de la economía. Así mismo, de la planifi-cación centralizada de la economía creció una actitud opuesta a la inno-vación de las empresas, que frenaba el aumento de la productividad y perju-dicaba la eficiencia de la producción interna. Entre tanto la función material del comercio exterior y la de la adminis-tración centralizada como base política del sistema, afianzaron las debilidades del mercado interno. La dinamización económica, el crecimiento cualitativo y la diversificación de las estructuras productivas fueron excluidos por la propia lógica del sistema51. Con la creciente importancia del comercio exterior aumentó también la de su administrador, el Estado centrali- 51 Hans-Jürgen Burchardt, Kuba- Der lange Abschied von einem Mythos, Stuttgart, 1996.


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zado. La afluencia de recursos externos (equipos, maquinarias, fábricas, mate-rias primas, etc.,) fortalecía la función del Estado, por lo que éste no dependía esencialmente de la captación de los excedentes internos, así que su au-tonomía social creció. Todos estos elementos repercutieron de forma negativa en la comprensión democrática del sistema. Así la amena-za abierta de los EE.UU. y del exilio han influido en que hasta hoy se pul-verice en Cuba toda oposición interna en un campo de tensión entre la re-presión estatal y la agresión norteame-ricana. De esta forma se consolidó un Estado autoritario, incluso autocrático, con un único “órgano de poder en el cual un número reducido de personas toma las decisiones políticas y econó-micas”52, pero que a pesar de la insufi-ciencia de fuentes generadoras de democracia pudo legitimar sus éxitos como soberano nacional y agente de desarrollo. En resumen, hay que destacar dos elementos estructurales endógenos del “socialismo tropical” que se condicio-nan recíprocamente y que se eviden-cian aún hoy. Desde el punto de vista político, una forma de gobierno cen-tralizado que lo controla todo, y desde el punto de vista económico, el predo-minio de formas de producción exten-sivas e ineficientes. Cuando a principios de los años 90 se cortó la afluencia de la subvención de la hermana ayuda socialista, Cuba perdió el 75% de su comercio exterior y con ello su sustento económico. El antiguo garante del desarrollo cubano - la fundamental relación económica soviética- resultó a la postre cabeza de Jano y la Revolución cayó en la crisis

52 Karin Stahl, “Politische Organisation und Partizipation im nachrevolutionären Kuba”, en: Rode (eds.): Kuba. Die isolierte Revolution?, Bad Honnef 1993, pp. 73-100, p. 85, 86.

más aguda de su historia. Le quedaba como legado una economía despro-porcionada e ineficiente incapaz de sobrevivir sin los volúmenes inmensos de importaciones, y que además se había especializado en la exportación de algunas pocas materias primas como el azúcar y el níquel, así como divorciado prácticamente del mercado mundial. El derrumbe abrupto del comercio exterior puede verse entonces como un primer elemento estructural exógeno del cambio. A esto se suma que la supervivencia del “socialismo tropical” hoy está más agudamente afectada por el bloqueo de los EE.UU. Quizás sea éste el último conflicto institucionalizado que sobrevivió a la Guerra Fría, pues a pesar de la distensión mundial, los EE.UU. han dejado avanzar su confrontación con Cuba. La aprobación de la ley Helms-Burton en 1996 recrudeció el bloqueo, además de imprimirle un carácter extraterritorial que llevó incluso al surgimiento de contradicciones EE.UU.-Parlamento Europeo y con la propia Organización Mundial del Comercio. Los obstáculos en el comercio exterior cubano, que se incrementaron de forma exorbitante a partir de 1990, son una de las más evidentes consecuencias del recrudecimiento de la hostilidad y bloqueo a Cuba. Vale destacar de pasada que esto le frustra al régimen cubano una perspectiva de desarrollo posiblemente interesante. Cuando en 1995 el presidente de los EE.UU., Clinton, afirmó prever una América unida “desde Alaska hasta la Tierra del Fuego”, Cuba quedó excluida. Pero la estratégica posición geográfica de la Isla como “llave del Golfo" -cercana al área económica norteame-ricana y vinculada culturalmente a la región iberoamericana- podría ganar en importancia para la integración de América.


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Por otra parte, los efectos del bloqueo en la política interna de Cuba se discuten desde puntos de vista más bien contrarios. Unos creen que la agresión de los EE.UU. estabiliza el sis tema político de Cuba apoyándolo sobre un nacionalismo generalizado. Para otros existe el convencimiento de que justamente la presión norteamericana impide una apertura amplia y, además, exacerba un conservadurismo estructural enemigo de reformas: “No puede esperarse una distensión en la política interna de una sociedad sometida a tensiones extremas”53. Entonces, si se analizan desde estos puntos de vista los efectos concretos de la política norteamericana hacia Cuba, hay que considerar el bloqueo norteamericano como un segundo elemento estructural exógeno del cambio.

Transformaciones en lugar de cambio o crisis sin fin

La revista mexicana Proceso publicó re-cientemente un artículo titulado “A pesar del optimismo oficial se mantiene la crisis económica”. En este título se acentúa de manera precisa el dilema perenne del “socialismo tropical”. Aun-que la retórica oficial sugiere lo contra-rio, en los últimos cuatro años el Gobierno no ha logrado consolidar la su-peración de la crisis de la economía en la Isla. La dirigencia cubana respondió a la crisis en el comercio exterior con una “transformación a medias”54 que sólo se concentra en la economía. Mayores re-formas en las esferas económico-polí- 53 Frank Niess, “Die drei Blockaden Kubas”, en: Blatter fur deutsche und internationale Politik, No. 8,1992, pp. 954 -966, p. 965. 54 Günther Maihold, “Mit dem Kapitalismus den Sozialismus Retten? Zur Reichwite der Reformbestrebungen in Kuva”, en: Aus Politik und Zeitgeschichte, Bd. 48-49 1996, pp. 30-37.

ticas se rechazan de forma vehemente. Por el contrario, desde 1992 se intenta rehacer sectores específicos del desapa-recido comercio exterior y producir divisas con la menor cantidad de con-cesiones posibles e impulsar la recau-dación de divisas. Con este objetivo se seleccionaron segmentos aislados de la economía que fueron “reparados” por medio de la introducción de mecanismos de mercado, legalización de la propiedad privada para inversionistas extranjeros, creación de zonas francas y otras formas de asociación como empresas mixtas, etc., orientadas al mercado mundial. Los sectores económicos más importantes seleccionados para introducir los cambios son la biotecnología, la extracción de níquel, prospección y extracción de minería, petróleo, y el turismo. Frente a estas alternativas se encuentran áreas productivas que incluyen sectores manufactureros, agropecuarios y el azúcar, que prácticamente no reciben capital externo y se deterioran lentamente. Hasta 1998 no se ha logrado hallar solución sostenida de la crisis. La muestra más clara de ello es la producción de azúcar, cuyos niveles productivos cayeron sensiblemente y, tras una leve recuperación en 1996, se encuentra nuevamente en un rápido descenso. Estas prioridades dadas a los productos destinados al mercado mundial y el retraso en la aplicación de políticas más agresivas e innovadoras para estimular el mercado interno realmente se diferencian muy poco por sus resultados de las estrategias del neoliberalismo, tan criticadas en Cuba. La vía especial cubana se ha carac-terizado mucho menos por una política económica alternativa coherente e integral que por el mantenimiento de las llamadas “conquistas sociales”, de los programas de protección sociales altamente priorizados y que aún funcionan de forma aceptable si se tienen


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en cuenta los patrones de las naciones más favorecidas del “Tercer Mundo”. En mi opinión los cambios habidos en el ámbito del modelo cubano pueden dividirse en dos etapas. La primera etapa de la reforma se caracterizó por una estrategia de selección para ampliar cuantitativamente el sistema. O sea, algunos sectores capaces de incrementar las exportaciones fueron escogidos para adaptarlos a parámetros económicos mundiales, pretendiendo que se erigieran en enclaves eficientes sin unirlos al resto de la economía. Esto desembocó en una heterogeneización económico-productiva que a menudo se describe como “eco-nomía dual”55. Mientras la producción de azúcar retrocedió de forma continua, ya que este sector fue excluido de las reestructuraciones. Las consecuentes pérdidas de ingresos provocaron finalmente una crisis de liquidez. Esto hizo que en el verano de 1993 Cuba estuviera ad portas del colapso económico. El gobierno accionó el freno de emergencia legalizando el empleo del dólar norteamericano como segunda moneda, y con ello permitió la tenencia privada de divisas. Desde entonces muchos de los casi dos millones de cubanos y sus descendientes que viven en el extranjero envían dinero a sus parientes en la Isla. El dinero inyectado por este medio hizo que proliferara todo un sistema de cadenas de tiendas estatales que operan en divisas. Segmentos de la población pudieron satisfacer por esta vía parte importante de sus deseos de consumo, de los que estuvieron privados durante mucho

55 Knut Henkel, “Kuba zwischen markt und Plan. Die Transformation zur “dualen Wirtschaft” seit 1985, Hamburg 1996. Hans-Jürgen Burchardt, “Kubas Weg ins neue Jahrtausend: Entwicklungs-order Auslaufmodell?”, en: Journal Fúr Entwicklungspolitik, No. 2, pp. 149-168, 1997.

tiempo; y el Estado absorbió el nuevo ingreso de divisas en moneda fuerte. Esto abrió una nueva válvula de captación de divisas para el Estado y allanó el camino hacia una segunda etapa en el proceso de reformas, la cual empezó a finales de 1993 y se ca-racterizó, junto a una orientación forzada hacia la exportación, por una redefinida política monetaria y transformaciones estructurales macroeconómicas en el área económica interna. Entre ellas figuraron cambios radicales en el entorno agrario y una liberalización puntual de la producción privada e introducción de mercados. Sin embargo, este cambio estructural en la base productiva no se acompañó de transformaciones necesarias en el nivel macro; la segunda etapa puede descri-birse como cualitativa pero aún no como un proceso integral y consistente. Este tampoco parece ser el camino para consolidar el remonte de la crisis en la economía. La Isla se encuentra actualmente, desde nuestro punto de vista, en lo que pudiéramos calificar de un estado de “estancamiento estable”. Pero mientras tanto, Cuba puede mostrar coberturas de servicios socia les aceptables y un desarrollo económico alentador. En los últimos cuatro años la economía doméstica creció en un 14% aproximadamente56, por eso el arquitecto de las reformas, Carlos Lage, ha reiterado últimamente la afirmación de que “la recuperación económica es una tendencia irreversible”57. El Ministro de Economía cubano habló incluso de un “verdadero milagro”. Sin embargo la población se adueñó de esta frase y en tono jocoso bromeaba

56 BNC, Banco Nacional de Cuba, Informe económico 1996, La Habana, 1997. 57 Carlos Lage, “La Eficiencia debe transformarse en modo de actuar, controlar y exigir”, en Granma, 10 oct. 1997.


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diciendo que “el Papa visitaba la Isla para ver cómo se puede vivir del milagro”. Con su ironía característica, el “hombre del trópico” señala que hasta ahora el auge económico apenas le ha tocado. Con su escepticismo intuitivo también desconfía, con razón, de los pronósticos eufóricos. Por otra parte, las tasas de crecimiento actuales tienen que aceptarse con sentido relativo pues se refieren a un producto interno bruto que disminuyó en más de un 40%. Dicho con otras palabras, incluso si Cuba logra mantener su actual ritmo de crecimiento, el país sólo alcanzaría en el año 2005 el nivel de producción de 1989. En términos más dramáticos, con la dinámica de desarrollo actual, la población sólo arribaría dentro de siete años a un estándar de vida igual al de hace quince años atrás. Así mismo, el auge vive de préstamos. Algunos expertos estiman que la deuda cubana en divisas asciende a 13 mil millones de dólares. Cuba presenta el endeudamiento per cápita más alto de Latinoamérica. Se afirma además que el pasado año el déficit en el comercio exterior se aproximó a los 2 mil millones de dólares, contando con que la mitad de todas las importaciones fue financiada a través de créditos a corto plazo. Este valor representa el peor resultado desde el comienzo de la crisis y empuja a Cuba al borde de una nueva crisis de liquidez y tensiona aún más el balance de divisas. Resulta paradójico que hoy en día la mayor fuente de divisas de la Isla no sea ni el azúcar ni el turismo sino las transferencias privadas de dólares desde el extranjero, estimadas por fuentes independientes en más de 800 millones de dólares58. Así la recuperación co- 58 CEPAL, La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa . México, 1997.

yuntural del “socialismo tropical” es el resultado del mercado mundial capita-lista y del exilio cubano. La debilidad estratégica de esta estabilización puede repararse, pero los problemas más elementales de Cuba son aún irresolu-bles, pues la economía continúa pade-ciendo de una eficiencia menguante. En los últimos diez años el consumo energético en la Isla creció en un cuarto aproximadamente59. El dilema de Cuba puede comprenderse ahora en todas sus dimensiones. Con una capacidad de importación “solamente” estable, el rendimiento económico disminuiría de forma continua, con ligeras mejoras podría estabilizarse el nivel mínimo actual, y sólo un crecimiento colosal podría conducir a un desarrollo sustentable. Por ello, el necesario destape de las futuras reformas no debe concentrarse en volver a expandir sólo el comercio exterior, sino también en incrementar la productividad en el mercado interno. En Cuba este problema se discute públicamente. Al mismo tiempo aún está por superarse la ruptura entre la intocabilidad del ordenamiento político y las propuestas de reformas, concen-trándose éstas últimas principalmente en el plano puramente económico. En verdad esta contradicción no ha tenido mayores consecuencias pero política-mente no ha podido resolverse. De hecho, en los últimos tres años el avance en el proceso de reformas ha permanecido inmóvil. Los espacios libres para transformaciones puramente económicas parecen haberse ago tado.

Las informaciones provenientes de fuentes gubernamentales hasta princi-

59 Bohemia, A cuenta gotas, No. 19, pp. 20-23, 1995. José Luis Rodríguez, “Informe sobre los resultados económicos de 1997 y el plan económico y social para 1998”, en: Trabajadores 15.12.1997.


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pios de 1998 señalan que hasta hoy no aparece en la agenda cubana una estrategia de reformas integrales y consistentes. El desarrollo sucesivo de los cambios realizados más bien indica que la mayoría de las reformas aplica-das son el resultado de reflexiones tácticas y pragmáticas que, además, se desenvuelven en el campo de las ten-siones entre el conservadurismo es-tructural y las presiones de ajuste. En ocasiones los mismos cubanos describen estas maniobras como “de-sahogamiento", lo cual significa intentar salvarse cuando el agua llega al cuello, sin querer aprender a nadar de forma sistemática. Lo que hasta ahora parece posible, en el futuro se hará más difícil, ya que mientras la economía continúa moviéndose intermitentemente, las repercusiones sociales de las reformas generan una dinámica que pudiera convertirse en una bomba de tiempo, o en el caso de la Cuba, que no sabe nadar, en un peso que la hunda. Pues en el país avanza tambaleándose la economía, mientras las desigualdades sociales también se extienden y conducen a la diferenciación social de manera ostensible. Cambio y rompimientos: nuevas fuentes de desigualdad social en Cuba Las nuevas contradicciones han tomado múltiples formas sobre todo en la capital cubana. La Habana, antes la perla del Caribe, parece hoy una me-trópolis sumida en la agonía; sin em-bargo, realmente vuelve a palpitar en el Caribe. Pero el movimiento agitado obedece hoy a otras leyes muy dife-rentes de las de hace diez años. Cada vez más son expresión de una creciente desigualdad social. Esta se observa mayormente en la capital: por allí comerciantes flotantes

que intentan vender barato mercancías manufacturadas; por allá jubilados para aumentar su miserable pensión venden pacientemente, uno por uno, al precio del mercado -recaudador de ingresos mediante precios elevados- los cigarros que les asigna el Estado. A veces, también puede verse al mendigo que no ofrece otra cosa que una oración a San Lázaro, el patrón protector de los pobres. A quien el santo no le ayuda le queda como última salida hurgar en la basura por una baratija o algo de comer, una es-trategia de supervivencia que ha vuelto a la capital de Cuba y que puede encontrarse, sobre todo, en las cercanías de los mercados agropecuarios, los cuales atraen a clientes con mejores niveles de ingresos y ofrecen todas las delicias del Caribe. Quienes tienen dinero en Cuba no padecen, y las multitudes aglomeradas en los mercados libres, en las tiendas por divisas y en las cadenas cubanas de comida rápida, recuerdan que los años de crisis ya terminaron para una parte de la población. Los tímidos números de los economistas cubanos confirman la impresión de que los montos de los ingresos en la Isla se diferencian entre sí cada vez más y de manera ostensible. En los últimos años se han constatado reagrupaciones importantes de ingresos. Mientras las cuentas de ahorro pequeñas disminuyeron en un 50%, el volumen monetario de los más ricos casi se duplicó. A finales de 1996 cinco sextos de todo el dinero depositado en Cuba se encontraban en sólo 620.000 cuentas privadas60. Si hacemos una comparación, estas cuentas de ahorro son tres veces más altas que las inversiones estatales del año 1997. Se parte, además, de que la mayor parte del dinero en efectivo está

60 Alejandro Beruff, “Las finanzas internas en Cuba”, en: La economía cubana en 1996: resultados, problemas y perspectivas, Informe anual del CEEC, La Habana, pp. 10-24, 1997.


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también en manos de las familias más ricas61. Aquí debemos referirnos brevemente a tres de las principales fuentes de esta desigualdad social. A principios de la crisis el Gobierno continuaba asegurando abarcadoras garantías de empleo, rígidas racionali-zaciones en la canasta familiar y precios de consumo estables; pero con la caída de la producción también disminuían de forma evidente la mayoría de los ingresos y la oferta interna. Hasta 1992 la capacidad de consumo real se redujo a un cuarto de los salarios nominales promedio. La población tenía cada vez más dinero en sus manos y no podía gastarlo; el peso cubano comenzó a circular por miles de millones. Esta inflación retenida alimentó el mercado negro. En 1993 alrededor del 60% de la circulación de mercancías tuvo lugar a través del mercado negro, y hasta 1994 la tasa de inflación abierta se incrementó en cincuenta veces62. Aunque el fortalecimiento de la moneda nacional y la introducción de algunas opciones de mercados de 1995, contuvieron las repercusiones más excesivas del sector ilegal, éste no perdió importancia. Así, el aumento de los precios en 1996 trajo como consecuencia que una familia promedio cubana necesitara el doble de sus ingresos regulares para satisfacer sus

61 Omar Pérez/ Hiram Marquetti, “La economía cubana: actualidad y tendencias”, en: Economía y desarrollo, No. 1, pp. 33-53, 1995. 62 Hans-Jürgen Burchardt, “La economía sumergida: ¿De la ilegalidad al programa?”, en: Kohut/Mertins (eds.): Cuba en 1995. Un diálogo entre investigadores alemanes y cubanos, Augsburg, pp. 13-19 1995. Alfredo González, “La economía sumergida en Cuba”, en: Cuba: Investigación Económica, en: Cuba: Investigación Económica, INIE, No. 2, pp. 77-101, 1995.

necesidades básicas63. Debido a que la austera política estatal ha disminuido considerablemente el salario real de las amplias masas, sólo pueden conseguirse ingresos adicionales fundamentalmente a través de actividades mercantiles del sector informal de los trabajadores por cuenta propia. Al parecer, una parte importante de la población cubana se dedica a ocupaciones que rozan actividades ilegales. Los economistas cubanos murmuran en los pasillos que desde hace tiempo la mayor parte de las actividades económicas del país no son absorbidas por el Estado sino por el mercado negro. Padilla64 estima que casi el 40% de la población económicamente activa, está involucrada en un trabajo de este tipo. Aquí se origina la primera fuente de desigualdad social. Con la generaliza-ción del sector informal “cuentapropista” y la existencia del ilegal, muchos ingresos dejan de depender de criterios sociales o del rendimiento específico. Las transferencias monetarias estatales se devalúan a través de la inflación, así como los salarios pierden su antigua función como homogeneizadores so-ciales. El estándar de vida, por el con-trario, depende mucho más de redes, actividades privilegiadas como el turis-mo, ilegales etc. Esto trae como conse-cuencia una estratificación clandestina y asimétrica de los ingresos. La segunda fuente de desigualdad social es resultado de la legalización del dólar norteamericano como segunda moneda. Aunque el Gobierno aún describe la dolarización de la economía como una introducción indeseada, lo cierto es que

63 Viviana Togores, “Enfoque social del desempeño de la economía cubana en 1996” , en: la economía cubana en 1996: resultados, problemas y perspectivas, Informe anual del CEEC, pp. 93-106, 1997. 64 Christina Padilla Dieste, Nuevas empresas y empresarios en Cuba, México, 1997.


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hoy aprovecha sin disimulo sus posibilidades, y ha construido una infraestructura para satisfacer consumos en divisas que promete, a quienes poseen dólares, desde el panadero hasta el electricista, satisfacer ampliamente sus necesidades. En el sector del dólar se concentran ganancias, posibilidades de ingresos y preferencias de consumo. Esta adquisición de la “moneda enemiga” por los residentes en el país, conocida como dolarización, abarca todas las esferas socioeconómicas. El bienestar ya no se basa en el trabajo o en criterios sociales sino fundamentalmente en el acceso al dólar. Según datos oficiales, en 1997 la mitad de los cubanos gozaban de ese privilegio 65, pero una parte mucho más pequeña dispone de ingresos regulares en divisas. A menudo la bendición del dólar depende de contactos con extranjeros y la consiguiente ampliación de contactos entre los grupos familiares internos y externos. Por ello, aquí vale destacar la existencia de una selección arbitraria que discrimina a dos grupos particularmente leales al sistema. Por un lado están los cuadros de la Revolución, (miembros del Partido, militares, aparato de seguridad), que por razones políticas habían roto todo vínculo con familiares y allegados radicados en el extranjero. Y por otro, los grupos provenientes de las clases bajas de las capas negras. De estos segmentos sólo emigró un número reducido, pues la Revolución les posibilitaba mejores condiciones de vida. Pero la ansiada “moneda del enemigo” también puede obtenerse trabajando en el sector divisas. La competitividad cubana en el mercado mundial se limita mayormente a trabajos que exigen poca calificación. Por ello, con la revalorización de los salarios en dólares

65 José Luis Rodríguez, op. Cit., 1997

(la tasa dólar/ peso fluctúa alrededor de 1:20) se eliminó la correlación entre la calificación profesional y el estándar de vida. De aquí se derivó que una fuerza de trabajo bien instruida se trasladara a profesiones con bajas exigencias, y las calificaciones y especializaciones se devaluaran dramáticamente. Esta situación trae repercusiones traumáticas en toda la pirámide social. Por otra parte la fuerza de trabajo altamente calificada que ha emigrado, por ejemplo, en el éxodo de 1994, y la que en silencio abandona el país actualmente sólo constituye la punta del iceberg66. La broma del médico que se vuelve megalómano y se hace pasar por maletero, ya no hace reír a nadie en la Isla, hace tiempo forma parte de la realidad. La tercera fuente de desigualdad social tiene su origen en la aparición de nuevos mercados y en la producción privada. Estas estructuras se cons-truyeron de forma inconsistente y lejos de incentivar la producción son una nueva forma de distribución que se basa, por un lado, en una oferta muy limitada, y por otro, en una fuerza consumidora altamente concentrada. Esta es la razón, en principio, de que en Cuba no se generalicen los precios de competencia, sino altos precios oli-gopólicos que favorecen la diferencia-ción social. Hoy en día, un jubilado cubano tiene que sacrificar toda su pensión mensual para poder comprar en el mercado tres kilos de carne de cerdo. Que el Gobierno está consciente de eso es un hecho. Así lo demostró Fidel Castro ya a finales de 1995 en un dis-curso en el que condena el enriqueci-miento desmedido de algunos a costa de

66 Milagros Martínez, e.o., Los balseros cubanos, La Habana, 1996. Lourdes Urrutia, “Aproximación a un análisis del proceso migratorio cubano”, en Papers, pp. 49-56, 1997.


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la mayoría 67. La crítica iba dirigida a los vendedores privados (cuentapropistas-campesinos-artesanos, etc.), quienes hasta el verano de 1997 tuvie ron que soportar dos aumentos sus tanciales de los impuestos, que ellos, a su vez, trasladaron casi abiertamente a los consumidores. El aumento de los impuestos volvió a empujarlos a mu-chos a la ilegalidad o impulsó el proceso de monopolización de la economía privada, y dinamizó nuevamente la diferenciación social ya que, debido a la poca elasticidad de la demanda en Cuba, en el sector ilegal y en la pequeña industria pueden obtenerse ingresos superiores al promedio a pesar de los altos precios. Puede decirse en conclusión que los ingresos y sus fuentes están teniendo un fuerte papel en la aparición de las desigualdades sociales - inter e intraclasista- que se manifiesta en el fortalecimiento de fuentes vinculadas a la propiedad privada, el debilitamiento del salario en el sector estatal, la aparición de nuevos grupos extremos significativamente distantes -enriquecidos y empobrecidos- y la presencia de grupos con altos ingresos no provenientes del trabajo68. Estructura social versus socialismo La Cuba actual se caracteriza por una dinamización y fragmentación social creciente. En principio se trata, sin dudas, del mayor experimento socio-lógico masivo de los años noventa. A través de un análisis empírico de los ingresos pueden identificarse los nuevos grupos surgidos a raíz de la crisis económica y existencial creada. Entre ellos figura el grupo rico, nacido del

67 Fidel Castro: “Seguimos creyendo en los enormes beneficios del socialismo”, en: Granma, 30.12.1995. 68 Mayra Espina, “Cuba: El espacio para la igualdad”, Ponencia presentada en el XX Congreso de LASA en Guadalajara, México, 17-19 abril, 1997b, p. 13,14.

mercado negro y de actitudes al margen de la legalidad, de los favorecidos en la crisis, el cual ha acumulado grandes sumas de dinero en depósitos bancarios y en sus casas. A estos se suman importantes segmentos de los nuevos productores por cuenta propia, los campesinos privados con altos ingresos, así como porciones de los empleados en la “economía del dólar”. Todos ellos reciben entradas muy superiores a los promedios actuales. A finales de 1997 apenas un 7% de la población laboralmente activa formaba parte del sector privado. De igual modo, sacan provecho de las reformas los trabajadores bien remunerados de los sectores que operan en divisas, que representan alrededor del 2% de todos los que ejercen una profesión u oficio. A los favorecidos por los cambios pertenecen, además, todos aquellos que reciben dólares del extranjero cuyo número, aunque no existen datos oficiales, no parece despreciable. Esta minoría se encuentra frente a la gran masa de los quedados al margen de las reformas. Por un lado, en éste último grupo están los empleados con bajos ingresos de los servicios públicos y de la administración estatal. En 1997 representaban alrededor de un tercio de la población laboralmente activa. A éstos se añaden los trabajadores mal re-munerados de las industrias y coope-rativas en el campo, que constituyen alrededor de la mitad de todos los tra-bajadores. El creciente número de de-sempleados está aún mucho más afec-tado por la pobreza; en 1997 era el 6% de todos los que ejercían una profesión u oficio. Sin dudas, la oscura cifra no registrada es más alta. Economistas cu-banos estiman que, sumada a la subocupación, esta cifra sea del 30% aproximadamente. Así mismo, otras “personas en riesgo 69” son los jubilados 69 Ángela Ferriol, “¿Ya no somos iguales?”, en: Juventud Rebelde , 28.12.1997.


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que constituyen alrededor del 10%, así como intelectuales y estudiantes que representan el 20% de toda la población. Al mismo tiempo, surge una mar-ginalización que puede alcanzar signos alarmantes, sobre todo en los límites de las secuelas sociales heredadas de la Cuba pre-revolucionaria. Aquí se trata de importantes estratos de la población negra que particularmente se ve afectada por los avatares de la crisis (alrededor del 40%). En realidad la Revolución eliminó la discriminación racial institucionalizada de la antigua Cuba pero sin lograr superar en su raíz sus efectos mayores de interiorización. Los análisis más recientes fundamentan que “los estereotipos y prejuicios raciales están todavía presentes en la sociedad cubana”70, y éstos se repro-ducen invariablemente. Una muestra palpable de esta discriminación subjetiva es la escasa presencia de negros en la “nomenclatura” y, por consiguiente en la toma de decisiones políticas.

Igualmente, debido a sus escasos contactos con familiares o residentes en el extranjero -el número de emigrantes negros hasta la fecha constituye menos del 5%71- los segmentos poblacionales negros están más dis tanciados de los accesos a las divisas por la vía de la emigración. La admisión de negocios privados también los excluye indirectamente, pues ésta autoriza la producción dentro del radio del domicilio privado. Esto exige una vivienda con espacio libre disponible. Una condición de la que disponen los descendientes de las antiguas clases medias y alta de blancos, pues la po-blación negra vive mayormente en

70 Juan Antonio Alvarado, “Relaciones raciales en Cuba. Notas de investigación”, en Temas, No. 7, 1996, pp. 37-43, p.43. 71 Lourdes Urrutia, op. Cit, 1997, p. 49-56.

condiciones precarias de vivienda. Aquí se hallan posibles fuentes de una futura estigmatización que pudiera desembocar en un mayor desequilibrio étnico de la pirámide social. También las proporciones que antes eran relativamente equilibradas entre la ciudad y el campo en Cuba ceden a disparidades cada vez mayores. Desde 1990 la migración hacia la capital creció de forma vertiginosa y en 1995 alcanzó por primera vez dimensiones que sobrepasan, incluso, el flujo rural pre-revolucionario. Las ciudades se vuelven cada vez más atractivas para la población del campo que viene, en primer lugar, para alcanzar mejores condiciones de vida.

Una masa importante de los campesinos de la Isla, independientemente de las condiciones surgidas después de 1959, comparte el destino de muchos de sus análogos en el “Tercer Mundo”. Mediante bajos precios estatales para sus productos, ellos subvencionan indirectamente el abastecimiento de ví-veres de la población urbana, sin poder mejorar significativamente sus propios estándares de vida. En las ciudades, por el contrario, existen más campos de actividad proporcionadores de ingresos, sin olvidar que en una gran mayoría abarcan trabajos ilegales. Datos del Centro de Estudios Demográfico CEDEM han registrado el potencial del mercado negro de la Habana. Según estas cifras, “entre 1989 y 1992, por cada trabajador que ganó la ciudad, ingresaron 29,9 personas inactivas, predominando entre éstas los adultos de edad laboral que no buscaban trabajo”72. A la vez, resulta poco comprensible que, a pesar de la propia actividad priorizada estatal, el sector agropecuario, incluso el abastecimiento de alimentos, sea mejor en las ciudades que en muchas zonas del campo. Según recientes investigaciones 72 Julio García, “El precio de un espejismo”, en Mensaje de Cuba, No. 37, 1997, p.8.


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la concentración en las ciudades de la oferta de víveres en los mercados agropecuarios es de un 80%; y el 50% corresponde a la ciudad de la Habana73. En fin, es constatable que las dife-rencias crecientes entre la ciudad y el campo constituyen otro indicio de una regresión social en Cuba. Además, existen otros elementos que pueden mencionarse al margen como es el au-mento de la prostitución, la delin-cuencia menor, el incremento de la mendicidad así como el aumento de la corrupción y un regreso a las creencias religiosas. En otro plano, dentro de las fuerzas divergentes que actúan rompiendo agua entre los favorecidos y marginados por las reformas no puede dejar de mencionarse la “nomenclatura” política. Aunque a los cuadros se les impide el acceso directo a las divisas, ellos intentan compensarlo a través de lo que llamamos “estrategias de crisis”. Aquí cuenta, sobre todo, la creciente corrupción. Así mismo, el mercado negro, que en gran medida descansa en el robo y desvío de bienes estatales, es poco comprensible que en la práctica no involucre la participación ad-ministrativa. Al mismo tiempo, los cuadros intentan ampliar sus posiciones e influencias a través de revalorizaciones funcionales, lo cual constituye otra reacción de crisis. Así, por ejemplo, el número de dirigentes en Cuba entre 1988 y 1994 creció en casi un 20%74. Naturalmente la “nomenclatura” también desempeña un papel clave en la formación de las nuevas estructuras políticas en la Isla. Según diferentes valoraciones, los grandes grupos más importantes de alto 73 ONE, Ventas en el mercado agropecuario, mayo 1997. 74 Espina, op.cit., 1997b.

nivel, son los funcionarios, tecnócratas y empresarios de los sectores que trabajan divisas. Hoffmann75 habla aquí de “capitalismo de cuadros”. Tampoco se debe descontar a los empresarios privados que se consolidan dentro del proceso de monopolización. Estos dos grupos pudieran fundirse para constituir el núcleo de una nueva burguesía, hasta llegar a convertirse en una élite de poder76. Habel77 cree que los elementos más flexibles de la burocracia tradicional han constituido una alianza con los tecnócratas activos en el sector en di-visas, la cual, como “bloque social”, asegura actualmente la estabilidad eco-nómica y social de Cuba. Sin querer negar, en principio, tales conjeturas, pienso que en este análisis se incurre en un doble error. Aquí pa-rece que se sobrevalora la importancia de los sectores que giran en la órbita de las divisas. Y se subvalora la posible resistencia de las estructuras políticas internas. Por ejemplo no debe pasarse por alto que la dinámica de selección en el interior del Partido Comunista (PCC), ha dificultado el surgimiento funcional de grupos de intereses comunes mediante el cons tante movimiento y sustitución de los cuadros económicos. También consideramos que es in-consistente intentar esbozar un nuevo modelo estructural de clases en el ámbito cubano sobre la base de los recién surgidos fenómenos de desigualdad. En los análisis esbozados se ignora que la distribución de los ingresos no es un criterio suficiente para comprender la 75 Bert Hoffmann, “Kuba im Dilemma des Wahrungsdualismus”, en NORD-SUD aktuell, 3. Quartal, pp. 536-543, 1996ª. 76 Harold Dilla, “Cuba: La reforma económica, la reestructuración social y la política”, en Pensamiento propio, No. 2, pp.93-105, 1996. 77 Citado por Janette Habel, Kuba-Gesellschaft im Übergang, Köln, 1997. P. 19.


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estructura social. Resulta un hecho comprobado que a menudo las posibilidades de ingresos de los grupos aislados en Cuba pueden solaparse. Por ejemplo, un jubilado cubano, cuya discreta pensión lo sitúa en las capas más pobres, puede ascender al nivel de los privilegiados si recibe mesadas mensuales en dólares provenientes del extranjero. De igual forma, una camarera en un hotel que atiende turistas internacionales tampoco tiene auto-máticamente acceso a la bendición de dólares diariamente. Por otra parte, los “nuevos ricos” de Cuba no tienen forma de invertir su dinero productivamente. La acumulación de capital sigue siendo un monopolio estatal intocable. Tampoco tienen espacios para ganar influencia política; el Estado defiende tenazmente su omnipotencia política y pone valladares insalvables hasta el presente, a la formación de nuevos grupos de inte-reses. A la vez las pretensiones autori-tarias de hegemonía interna y externa del PCC no sólo pueden verse como elementos que bloquean las reformas políticas, sino que, también se han convertido en un importante factor de integración del sistema. Nacionalismo radical en lugar de socialismo Sería un análisis simple valorar grosso modo la redistribución actual de los ingresos en Cuba y concluir que se trata de una “sociedad dividida en dos”. ¿Pero cómo puede explicarse la estabilidad del régimen cubano a pesar de la polarización social que se intensifica cualitativamente a través de la pérdida de estándares materiales con efectos colectivos nunca antes vistos? 0 preguntando de forma más concisa, ¿por qué el “socialismo tropical” ha so-brevivido a la caída del muro de Berlín y a una aguda crisis económica sostenida por más de un lustro?

Anteriormente señalamos que en la Isla se habían extrapolado muchas de las estructuras elementales del “modelo de desarrollo soviético”. Las deficiencias inmanentes en aquel modelo que condujeron a la URSS al derrumbe no pueden trasladarse mecánicamente a la experiencia cubana. Para poder funda-mentar la estabilidad de Cuba nos parece que se deben considerar otros elementos, circunstancias y criterios. En mi opinión, deben mencionarse al menos dos aspectos. Por una parte, la antigua unidad social en la Isla aún es importante. Ésta, consideramos que descansa en cinco elementos: el principio de la igualdad social, el abarcador abastecimiento regulado que impide la marginalización -aunque tiene aristas nocivas ampliamente debatidas- un modesto bienestar material, la integridad del Estado y la dirigencia histórica de la revolución. Sin olvidar que el partido aún goza de prestigio y arraigo popular. Sin embargo, es evidente que algunos elementos aislados de esta unidad se han visto resquebrajados y muy mermados; otros muestran lentamente sensibles grietas. Entre tanto, el Gobierno ha evitado el deterioro social generalizado a pesar de la crisis. Hasta 1998 se destinaba anualmente alrededor del 30% del pre-supuesto estatal para los servicios so-ciales. Sin dudas, éstas constituyen las partes soleadas del “socialismo tropical”. A ello se suma un sistema de salud que en mucho se corresponde con los estándares de países de más desarrollo y que, como muestran índices asistenciales, a pesar de la creciente escasez de materiales no ha sufrido deterioros sustanciales de eficiencia. Igualmente, los sistemas de educación general y superior han continuado ga-rantizando el acceso gratis a todas sus instituciones. Además, Cuba ha sido, hasta hoy, el único país de Latinoamé-


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rica que no ha conocido el trabajo de niños ni el analfabetismo. Otros elementos de las conquistas del “socialismo caribeño” son el sistema de pensiones, la protección social para los desempleados, así como una activa política de empleo reconocida en la Constitución que descansa en el procurar trabajo para todos los ciudadanos. Estas medidas estabilizaron a corto plazo la precaria situación del mercado del trabajo y amortizaron los efectos de la crisis. La isla también ha logrado mantener aún estándares sociales altos en otras esferas. Por ejemplo, en 1997 Cuba ocupó el lugar 23, lejos de países como Japón (lugar 34) o Francia (lugar 40), en el índice GEM, realizado por la PNUD78, que mide las posibilidades de participación de las mujeres. En el HPI (Human Poverty Index), que mide la pobreza de países en desarrollo, Cuba se encuentra en el segundo puesto, por delante de Chile (lugar 3) y México (lugar 7)79. Es decir, la Isla es todavía uno de los países subdesarrollados que menos conoce la pobreza. El potencial de estabilización de la unidad social que encontramos en Cuba, aun cuando ahora aparece junto a connotaciones de desigualdad, puede encontrar punto de apoyo en la sociología política de la desigualdad social. Kreckel80, uno de sus representantes en la sociología alemana, en su categorización teórico-práctica de la desigualdad social, cree que la “dimensión del saber”, nombrada así por él, tiene igual rango y valor que la distribución material. Kreckel entiende el saber y la riqueza como “recursos para la realización 78 PNUD, Desarrollo Humano. Informe 1997, México, 1997. 79 Ibídem. 80 Reinhard Kreckel, Politische Soziologie der sozialen ungleichheit, Frankfurt, 1992.

individual y también colectiva”81. Junto a una “marginal economic position”, el investigador social norteamericano Wilson82, menciona el “social isolation” como una segunda característica de la exclusión social. Si seguimos estas definiciones, en Cuba no existe hasta ahora ni desigualdad estructural, ni su forma materializada de exclusión social. El acceso a la dimensión del saber en la Isla aún se distribuye de forma igualitaria y está socializada sin límites marcados. También impiden el aislamiento social la educación obligatoria general, el sis tema de salud, el mínimo de abastecimiento estatal mantenido de forma regulada, y la promoción cultural. Estas ventajas sociales compensan aún la distribución asimétrica de los ingresos, dificultan la reproducción de la diferenciación social o étnica en la estructura social y, junto con la acción estatal, han impedido, hasta ahora, que la desigualdad se articule políticamente. La diferenciación social en la Isla todavía se articula de distinta manera. Es cierto que se observa una mercanti-lización palpable de las relaciones sociales, pero ésta no ha provocado que desaparezca la solidaridad y aumente el individualismo. Como conducta de crisis se evidencia, por el contrario, una concentración en grupos delimitados que mantienen los principios de solidaridad interioridades y se proyectan hacia el exterior mucho más orientados hacia lo económico. Los núcleos principales son la familia “como enclave de la solidaridad tradi-cional"83, los vecinos más cercanos y los colectivos de trabajo, sin olvidar que

81 Ibídem, p. 80. 82 William Julius Wilson, “Public Policy Research and The Truly Disadvantages”, en Jencks/Peterson (Hrsg.): The Urban Underclass, Washington, pp. 460-481, 1992. 83 Kreckel , op. Cit., 1992.


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a menudo el trabajo se concibió en el socialismo como campo de solidaridad. Si como dice Kreckel, estas “asociaciones selectivas” también cons-tituyen a largo plazo un factor de de-sigualdad social, por el momento más bien predominan sus positivos efectos compensadores que han impedido, hasta ahora, que la crisis económica repercuta totalmente en la sociedad. El segundo factor de estabilidad de Cuba es la voluntad general de mantener la independencia nacional. La colonización doble, por así decirlo, primero española y después norteamericana, dejó huellas profundas en la conciencia histórica de la población de la Isla. Gracias a la expulsión exitosa de la dictadura de Batista y a la actitud inquebrantable frente a la agresión de los EE.UU., la Revolución es, por el contrario, el símbolo de la autodeterminación. Hasta ahora el gobierno encabezado por Fidel Castro es el único que ha conseguido integrar a su política esta conciencia histórica colectiva; más que eso, ha sido expresión y garantía de la existencia de esta conciencia. Las elecciones para la Asamblea Nacional en enero de 1998 demuestran que las ideas claves de la propaganda para las elecciones no fueron parábolas políticas sino los conceptos “pueblo” y “patria” que culminan en dos lemas: “nación” y “unidad”. En principio, el “socialismo cubano” mezcla la pronunciada pretensión social del Estado, con una doctrina estatal leninista. Esta mezcla se legitima con el imperativo de defender la soberanía nacional. Por consiguiente, “unidad social” e “independencia nacional” pue-den resumirse con el concepto general de “unidad nacional”. Considero que éste es el factor de estabilidad más importante y tercer elemento estructural endógeno del proceso de reformas. De aquí concluimos que según el actual régimen cubano debe entenderse mucho más

como “nacionalista radical” que como “socialista ortodoxo”. El mantenimiento de esta “unidad nacional” representa el mayor apoyo para la transformación y, al mismo tiempo, su mayor inseguridad. Por lo tanto, requiere de una observación más precisa.

Detalles de la unidad: opiniones sociológicas

Volvemos a recurrir, por parecernos útil, a la sociología política de la desigualdad social. Comencemos por señalar que ésta reconoce el comercio social como una actividad produc tiva84. Según esto la capacidad de reproducción colectiva no sólo puede explicarse mediante el capital económico sino que hay que considerar además formas de capital más justifi-cadas; Bourdieu85 las denomina “incor-poradas" y sitúa dentro de ellas el capital cultural y el social. Con ello Bourdieu evita una definición cosifica-da de su concepto de capital y entiende al capital como una “tendencia de supervivencia” formadora de estructu-ras, como “una fuerza interna de la objetividad de las cosas” que “puede producir tantas ganancias como re-producirse o crecer”86. En adelante no utilizaremos capital en el sentido mar-xista de “explotación del valor”, sino según la interpretación de Bourdieu; esto es, como identificación de un po-tencial reproductivo. La categorización del capital social de Bourdieu, descrito por él como “re-

84 Pierre Bourdieu, “Okonomisches Kapital, Kulturelles Dapital, soziales Kapital”, en Kreckel (eds.), Soziale Ungleichheiten, Gottingen, pp. 183-198, 1983. Coleman, James S., “Social Capital in the Creation of Human Capital”, en American Journal of Sociology 94, Supplement, pp. 95-120, 1988. Kreckel, op. Cit., 1992. 85 Bourdieu, op.cit., 1983. 86 Ibídem, p. 183


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cursos que descansan en la pertenencia a un grupo", nos permite en el caso de Cuba una operacionalización más amplia del factor de estabilización “unidad nacional”. La homogeneización social, el creci-miento colectivo, el marcado carácter social del sistema, su alto grado de or-ganización, la posibilidad de excluir geográficamente e individualizar toda oposición o insatisfacción personal (hasta la fecha alrededor del 10% de la población ha abandonado la Isla), la política autoritaria del Estado y la om-nipresencia de su doctrina, así como la difusión limitada de informaciones asentada en el monopolio de la prensa escrita, radial y televisiva y la ausencia de un discurso pluralístico, favorecen en Cuba el mantenimiento de una identidad de grupo única a lo largo de todo el territorio nacional. La función del capital incorporado como creador de identidad puede ob-servarse particularmente en el marcado nacionalismo de los sub-privilegiados de antes, que ahora forman grupos otra vez limitados económicamente por las reformas. A menudo estos grupos manifiestan una sorprendente lealtad al sistema. En Cuba, los bienes materiales y las formas de capital incorporadas siempre estuvieron en interdependencia con la política, la economía y la nación; y se legitimaron y consolidaron sinérgicamente. Por ello, tras la eliminación de la estabilidad material por la crisis, la legitimación del sistema pudo mantenerse sobre la base de las formas de capital incorporadas. Así pues, cuando Bourdieu87 constata que “el capital social desprende un efecto multiplicador del capital del que de hecho se dispone”, implica que en parte se puede compensar una dismi-nución del sustento material de deter-

87 Ibídem, p. 191

minadas formas de capital incorpora-das. Por lo visto esto es exactamente lo que sucede en Cuba. Sólo así ha podido garantizarse hasta ahora la repro-ducción social a pesar de la crisis eco-nómica permanente de los últimos años. El concepto de formas de capital in-corporadas permite ir aún más lejos. No sólo es valioso por señalar los efec-tos multiplicadores del concepto de ca-pital humano, sino también por criti-carlo y ampliarlo. Desde el punto de vista sociológico de su desarrollo tam-bién es singularmente revelador. Históricamente el capital social y el cultural han nacido y se han desarro-llado en espacios regionales. Por eso el concepto de “formas de capital incor-poradas" señala regiones delimitadas geográficamente y por ende, a la na-ción como base central del desarrollo. Sin ignorar, como expresara Bourdieu tan acertadamente, “el hecho brutal de la reducibilidad universal a la econo-mía"88, derivando de ello un enfoque que para explicar el desarrollo social no sólo reduce los conceptos economía y nación a lo económico sino que los funde. Vale agregar que el concepto de Bourdieu está implícitamente en contradicción con la tesis actual de la globalización. Por el contrario, se da la mano con reflexiones teóricas que si-guen atribuyendo importantes poten-cialidades a la nación para el desarrollo y la regulación, así como agente en el nuevo campo de coordinación de las relaciones internacionales89. El enfoque de las “formas de capital incorporadas” también merece ser ob-servado por la sociología del cambio social, o específicamente, por la teoría

88 Ibídem, p. 196. 89 Véase Paul R. Krugman, Pedding Prosperty. Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations, New York, 1994.


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de la transformación. La conservación de la integridad cubana del sistema a pesar de la pérdida del sustento econó-mico, subraya que el “socialismo esta-tal” no sólo era expresión de relaciones de producción económicas o de política monopolizada, sino una formación social históricamente creciente que se caracteriza de forma multifacética por sus propios valores y experiencias: cultura, ética, moral, vida cotidiana, etc.; precisamente por la presencia del capital cultural y el social. Resumiendo, a partir de lo apuntado pueden descifrarse algunas expe-riencias postsocialistas de reformas. En la mayoría de aquellos países no se logró, con un nuevo orden de relacio-nes sociales, imponer la racionalidad económica de formas de producción capitalistas o establecer una cogestión política estable y amplia - las cuales a menudo se designan con palabras como mercado y “democracia”-, sino que estas sociedades de cambio tampoco pudieron exorcizar de un día para otro sus reglas socialistas de conducta. Estas experiencias motivan a los teóricos de la transformación cada vez más a preferir enfoques reformadores graduales; el proceso de cambios en Cuba pudiera servir como un ejemplo revelador. Por qué en Cuba deberían leer a Bourdieu

Bourdieu90 identificó “el reconocimiento de un mínimo de homogeneidad objetiva” como una condición de partida para la acción de las formas de capital incorporadas. Las implicaciones para Cuba de esta afirmación son precisas. A mediano plazo la desigualdad social también se estructurará en el “socialismo tropical”. Últimamente esta desigualdad se

90 Bourdieu, op. Cit., 1983.

refleja, como señalamos anteriormente, en la estructura social y se erige en el factor trastocador de la estable “unidad nacional”: “Más tarde o más temprano se constituirán en el nivel político los moldes de las dife rencias sociales producidas por las reformas económicas”. Si echamos una ojeada a esta dinámica, podemos recordar los disturbios sociales ocurridos en la Habana, en agosto de 1994, y la crisis que éstos provocaron en el exilio. El economista exiliado cubano, González91, valora los acontecimientos de entonces “... como primera acción importante de desobediencia civil desde 1959. Además, mostró que la cri-sis económica tomaba un cariz de crisis social que pudo convertirse en una cri-sis política”, y aunque esta crisis tam-bién fue superada dejó cicatrices dolo-rosas. Smith92, por ejemplo, parte de que la identidad colectiva, que según él se construye sobre un myth-symbol-complex con sentido de continuidad, puede ser dañada por experiencias colectivas traumáticas o movimientos migratorios. Es perceptible que la sociedad cubana se encuentra hoy en un estado de frágil estabilidad que sólo puede consolidarse con una homogeneización renovada. Pero si hasta ahora lo que ha asegurado la reproducción de la sociedad ha sido lo extra-económico, ésta no podrá estabilizarse solamente con éxitos en la economía. El intelectual cubano Martínez93, al resumir las posibilidades futuras del proyecto social cubano, se refirió a este punto de forma clara: “Si se espera a que la evo lución económica ofrezca sus lados favorables al socialismo, no nos salvaremos”. En las

91 Citado por Janette Habel , op. Cit., 1997, p.19 92 Anthony Smith, National Identity, London, 1991. 93 Fernando Martínez, “Pensar es un ejercicio indispensable”, en: Debates Americanos, No. 1, 1995, pp. 36-51, p.46.


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ciencias sociales cubanas no existe ninguna duda de que para el régimen, la desigualdad creciente representa un “peligro para su sobrevivencia94”. Sin embargo, los criterios sobre una estrategia para lograr una homogenei-dad renovada son muy divergentes. Mientras el discurso oficial sólo se centra en un fortalecimiento de la eco-nomía y del Estado manteniendo todas las estructuras del sistema95, algunos científicos insisten en la necesidad de que se profundicen las reformas a través de un “cambio radical”96. No se trata de una restauración de la vieja homogeneidad ahora frágil, sino de una renovación donde la nación se defina por unión en vez de por unidad. La diferenciación social debe incorporarse al sistema a través del incremento de las posibilidades de rearticulación de los nuevos grupos y de esta forma utilizar los potenciales de innovación con el objetivo de aumentar la capacidad social para autodirigirse. Espina97 recuerda, con razón, que la “...diferenciación socioeconómica y desigualdad social no pueden ser identificados”. Como acciones necesarias para mantener la responsabilidad del Estado para con la sociedad, así como asegurar una política de redistribución que impida la marginalización social, en Cuba, en el plano político se mencionan los siguientes aspectos: desideologización del Estado, descentralización de las instituciones políticas y nivelación de sus estructuras, despersonificación del sistema, 94 Enrique Ubieta, “Notas para un estudio de la marginalización en Cuba”, en Contracorriente, No. 2, 1996, pp. 70-72, p. 72. 95 José Luis Rodríguez , “Cuba 1990-1995: Reflexiones sobre un apolítica económica acertada”, en Cuba socialista, No. 1, pp. 20-28, 1996. Y Ferriol, op.cit., 1997. 96 Espina, op.cit.,1997a. 97 Espina, op.cit.,1997b.

liberación de los derechos humanos, desarrollo de un Estado constitucional, democratización del mecanismo estatal hasta legitimar un sistema pluripartidista, así como una pluralización parcial de los medios de difusión98. En el plano económico la apertura y fortalecimiento del mercado interno, la despolitización y descentralización de la economía, la socialización de pequeños mercados internos y de la propiedad estatal a través de cooperativas, así como la privatización de ciertas actividades son temas que se discuten para la integración selectiva al mercado mundial99. Así el motor del aumento de la eficiencia tendría que ser la reforma radical empresarial, que ha estado desde hace años en un segundo plano. Esta debe conceder más autonomía a las empresas y convertir el control directo planificado en regu-lación indirecta del mercado. Los últi-mos cambios agrarios de Cuba consti-tuyen un ejemplo revelador100. Es evidente el carácter de choque de todas estas propuestas. Se trata de encontrar una nueva “cultura de gobernar”. En la agenda cubana deberán aparecer ahora reformas que promuevan los potenciales endógenos existentes y permitan utilizar los efectos multiplicadores del capital cultural y el social a través de nuevos espacios de 98 Harold Dilla, op.cit., 1996ª. Paz, Juan Valdez, “La transición Socialista en Cuba: continuidad y cambio en los 90”, en: Paz / espina: La transición socialista en Cuba, La Habana, pp. 33-72, 1994. 99 Carranza/Urdaneta/Montereal, op.cit., CEEC, La economía cubana en 1996: resultados, problemas y perspectivas, Informe anual del CEEC, La Habana, 1997. Harold Dilla, “pensando la alternativa desde la participación”, en Temas, No. 8, p. 102-109, 1996b. 100 Entre otros, Niurka Pérez , e.o., IBPC – desarrollo rural y participación, La Habana, 1996.


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participación. Según Scharpf esto puede crearse desde el interior de la misma “estructura de gobernación” imperante en la Isla. Las jerarquías institucionalizadas superiores y las redes de cooperación selectivas son, según él, capaces de promover de forma sinérgica la capacidad de autocoordinación de los agentes. El objetivo principal sería reconfigurar y reinstaurar como nuevo proyecto social el factor estabilizador “unidad nacional”. Según este proyecto social la “vieja legitimidad revolucionaria” se sustituiría por una “nueva legitimidad institucional”101. Algo así, sólo sería posible a través de una transformación gradual pero fundamental del “socialismo estatal", lo cual depende de la capacidad del Gobierno para trazar una estrategia de reformas consistente. Si no lo logra, Cuba tendría que seguir hasta sus últimas consecuencias el camino de otros países socialistas. Seríamos102 testigos de una historia repetida en cámara lenta. Octavio Paz -recordando el primer gran proyecto lati-noamericano social de este siglo, la Revolución Mexicana- nos dice dónde podría estar, sin embargo, la salvación de Cuba: “Quien ha visto alguna vez la esperanza, no la olvida jamás”.

101 Fritz Scharpf W., “Coordinations in Hierarchies and Networks”, en: Scharpf (Hrsg.): Games in 102 Habel, op.cit.,1997

DEMOCRACIA "NO ASESINAMOS CIUDADANOS"

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"NO ASESINAMOS CIUDADANOS"

VIOLENCIA POLICIAL Y EL DOBLE DISCURSO DE LA CIUDADANÍA EN BRASIL*

LETICIA MEDEIROS VELOSO Este artículo nace al observar, durante los ochenta y noventa, un aspecto es-pecífico de la esfera pública brasilera que puede ser de sentido común para muchos "bien informados": en años recientes, los periódicos y otros medios públicos han pasado a ser el recurso principal de información para los ciudadanos en lo referente a aspectos que anteriormente se mantenían en "secreto". Además estos medios pueden ofrecer, quizás, una fuente -de datos exacta y detallada para un científico social interesado en un aspecto po-lémico: el abuso generalizado de la po-licía, especialmente aquel perpetrado contra ciudadanos supuestamente "comunes' que componen la mayoría de cualquier población. Y consecuen-temente, aspecto que con mayor difi-cultad puede ser ubicado en medios científicos sociales como son las fuentes primarias: revisión de archivo y entrevistas. Realmente, hay mucho que decir del uso de la prensa como fuente en la investigación. En un argumento que llegó a ser parte de nuestro aparato in-telectual, Benedict Anderson demostró hace tiempo, cómo los medios impresos se hicieron indispensables para el correspondiente desarrollo del capita-lismo y de los Estados-Nación moder-nos. Son estos medios los que proporcionan a los ciudadanos, una esfera pública virtual a través de la cual los asuntos pueden ser debatidos, y a. través de la que se mant iene relación aun con aquellos que viven a millas de

* Traducción de Ruby Pardo

distancia103. Al ir más allá del plan-teamiento de Anderson, Akhil Gupta ha argumentado la utilidad de la prensa como fuente de datos antropológicos, porque en las naciones modernas, los principales asuntos se detallan en ella. Se convierte, al igual que los otros medios de comunicación, en acto principal para la formación de una es-fera pública real, compuesta por ciu-dadanos que se relacionan a través de intereses comunes. La prensa, sería en-tonces, recurso importante ya que es ella la que comunica y dirime los as-pectos que conciernen a la política como un todo104. Basándose en tales argumentos, este artículo ofrecerá un aná lisis de datos tomados principalmente de la prensa, que es a menudo el recurso disponible con relación al fenómeno seriamente preocupante de la violencia policial y la violación de derechos humanos en contra de los ciudadanos brasileros en escenarios urbanos. El documento examinará dos grupos de historias re-cientemente publicadas en los periódi-cos del Brasil, y que han causado gran conmoción pública. En primera instancia, se discute el fenómeno infame de violencia policial en contra de los niños pobres y "de la calle" en sectores urbanos de Brasil; un aspecto naturalmente cubierto en forma amplia por los medios más importantes del país, y por lo tanto, extensamente debatido en las conversaciones cotidianas de la gente. En segunda instancia, se analizan los más recientes casos publicados que han llevado a una intensa y escandalosa

103 Benedict Anderson, Immagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, New York, 1991. 104 Akhil Gupta, "Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State", Amcrican Ethnologist 22 (2), 1995, p. 375-402.


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discusión pública: la evidencia que fue presentada -en el reportaje gráfico y la grabación de videos-, de oficiales de policía en el momento que golpean y torturan a "sospechosos" en las áreas residenciales más pobres de ciudades del Brasil. Al examinar cómo estos dos casos reflejan el amplio fenómeno de la actual realidad social y política del Brasil, y cómo esta serie de casos fue retratada en los periódicos y otros medios de comunicación estudiados, el documento buscará descubrir los argumentos expresados popularmente cuando la gente intenta comprender el abuso y la violencia en contra de los ciudadanos. Especialmente cuando estos tienen lugar en un momento de supuesta democracia y garantía de los derechos humanos. Segundo, el análisis conducirá al ar-gumento de que las aparentes incon-gruencias en las interpretaciones di-vergentes de estos hechos tienen una lógica subyacente que sólo puede ser entendida al prestar especial atención a las especificidades del orden democrá-tico brasilero en los recientes años no-venta: la policía que abusa de los "no-ciudadanos", se localiza (y es produ-cida) en forma compleja, en la reciente historia de la democracia del Brasil. Esta complejidad se sitúa en el centro del análisis que aquí se presenta. LOS MEDIOS Y LA VIOLENCIA POLICIAL El primer grupo de historias discutidas aquí nos relata cómo, en abril del 96, casi tres años después de que un grupo de "niños de la calle" fueran asesinados por la policía de Río de Janeiro, en la que ha pasado a ser conocida como "la masacre de la Candelaria" -haciendo referencia a la iglesia que sirvió como base para el montaje del asesinato-, el primer oficial acusado fue finalmente

llevado a la corte, un logro nada despreciable. El juicio llegó a ser un acontecimiento inesperado y excepcional, teniendo en cuenta que, es bien conocido que los oficiales de po-licía son a menudo acusados por tales casos, pero rara vez se les ha compro-bado105. Aunque, ya ha sido probado que son los oficiales de policía en ser-vicio o fuera de él los responsables de la mayoría de asesinatos de "niños de la calle" o pobres en las calles de las grandes ciudades del Brasil, el calificativo "exterminio" es a menudo aplicado para referirse a crímenes con un fin aparentemente determinado, y la policía a menudo culpada, por lo menos en la imaginación pública. Las estadísticas son confusas en cuanto al número real de tales hechos. El Jornal do Brasil ha reportado que las muertes violentas de "menores" en Río de Janeiro se han incrementado un 230% entre 1985 y 1995 (se cree que han sido asesinados sólo en este período 6.033 jóvenes)106. Muchas de estas muertes parecieran haber sucedido accidentalmente en confrontaciones armadas entre la policía y los criminales en las favelas (barrios pobres donde estos niños vivían), mientras que otras se debían al "exterminio de grupos" o "ejecuciones". Aunque este reporte de prensa admitió que aún es difícil determinar la responsabilidad por tales crímenes, también estableció que, en muchos de los casos tratados, las muertes pudieron ser ejecutadas por policía militar o grupos paramilitares, a menudo contratados por comerciantes u hombres de negocios como personal de 105 Comissao Justicia e Paz, Direitos Humanos no Brasil, Edicoes Loyola, Brasilia, Brazil, 1993; Comissao Justicia e Paz, Direitos Humanos no Brasil, 1992-1993, Edicoes Loyola, Brasilia, Brazil, 1993; Human Rights Watch/Americas, Final Justice: Police and Dead Squad Homicides of Adolescents in Brazil, Human Rights Watch, New York, 1994. 106 Jornal do Brasil, April 13, 1996.


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seguridad privada. Antes de abril de 1996, sin embargo, prácticamente ninguno de estos había sido juzgado. El mismo reporte de prensa menciona sólo a cuatro personas que actualmente están pagando por crímenes similares en las cárceles de Río de Janeiro. Pero aunque la muerte de los "niños de la calle" es indudablemente un hecho común en los centros urbanos brasileros, otros casos no han provoca-do la irritación pública que provocó "la masacre de la Candelaria107. La relevan-cia concedida al caso es particular, por largo tiempo ocupó los principales titu-lares a nivel nacional e internacional. Se comprende que el juicio a los acusados de la "masacre" se limitó a dar cuenta de un asunto importante a nivel nacional. Además parecía anunciar una nueva era en la historia de la violencia en contra de los niños pobres del país. Un gran número de personas se movilizó en torno a este hecho: desde una coalición ecuménica conformada por miembros de diferentes tendencias religiosas, hasta el Movimiento Viva Río ("viva" significa "animar" y a la vez "estar vivo") grupo organizado para "recordar y exigir justicia", y cuyo ob-jetivo era "transmitir [a los jueces] la ira de la sociedad por este crimen"108. Lo que más enardecía al imaginario popular era la demanda por una "jus-ticia" concebida en términos universales y abstractos, asociada con el com-promiso definitivo de terminar con la impunidad policial en tales crímenes. También compartían la preocupación profunda por la capacidad de las au-toridades y de otras instituciones del país para manejar tales casos109.

107 Leticia Medeiros Veloso, "Problem-Child or Problem-Nation? Street Children,' Violence and the Brazilian Civil (Dis) Order", Master's Thesis, Department of Anthropolgy, University of Chicago, 1997. 108 Jornal do Brasil, April 04, 1996. 109 Veloso, Leticia Medeiros, op. cit.

El hecho de que las condiciones parecen no haber mejorado desde la masacre presentó una motivación adicional para las esperanzas puestas en los juicios de la Candelaria. Las reacciones respecto a los actuales procedimientos y resultados de los juicios, estaban mezcladas. En el primer juicio, el policía militar Marcos Emmanuel fue sentenciado a un total de 309 años de prisión. Total que reflejó las penas más altas posibles que recibió por todos los cargos, porque de acuerdo con el juez: "[sus] acciones niegan [negaron] la racionalidad humana misma y ofenden [ofendieron] la conciencia jurídica universal"110. Esta sentencia inicial fue publicada y proclamada ampliamente por varios grupos que acompañaron atentamente los juicios, y su significado simbólico no pasó desapercibido. Los periódicos como el Jornal do Brasil y 0 Globo fueron categóricos: al condenar al policía, la nación brasilera como un todo ha "removido la pared de la im-punidad" dando "un paso adelante" en la dirección correcta. Así se construía una imagen teleológica y evolutiva, ilustrando con precisión la importancia considerable de lo que estaba en juego 111. La mayoría de argumentos acerca del significado de estos juicios (presentados en los periódicos brasileros durante 1996 y 1997) ofrecen importantes claves para comprender su amplia re-sonancia. Los discursos populares, las organizaciones no gubernamentales, le-gistas, e incluso miembros del aparato estatal brasilero, vieron los juicios de la Candelaria como un paso esencial en la cruzada para lograr constituir un “imperio de la ley” verdadero en el agi-tado estado de Río de Janeiro (donde el abuso policial y la violencia urbana son comunes), al igual que en todo el país. Ahora bien, debe recordarse que Brasil 110 Folha de Sáo Paulo, May 01, 1996. 111 Jornal do Brasil, Mayo 01, 1996.


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ha sido representado a menudo en la esfera internacional como un caso paradigmático donde los derechos humanos no son una categoría im-portante, y a menudo el Estado brasilero es considerado incompetente para prevenir el abuso112. En el caso de la "masacre de la Candelaria", el debate tuvo que ver directamente con la lega-lidad, puesto que era la policía la que estaba siendo enjuiciada; los agentes que supuestamente defienden el Estado y mantienen el orden legal. El segundo grupo de historias es más reciente y probablemente aún más problemático. Obliga a revelar una idea diferente de la concebida por los que creyeron que los juicios de la Candelaria eran un paso decisivo hacia la finalización de la violencia policial en Brasil"113. De acuerdo con el importante papel de la prensa del país en revelar tales datos confidenciales, numerosas historias relacionadas con la violencia diaria en los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo han mostrado una situación cada vez más asombrosa: a pesar de los recientes esfuerzos asumidos al contraatacar la violación de los derechos humanos, y a pesar de ser un Estado percibido como una democracia, el número de civiles asesinados supuestamente "de manera accidental" en lugar de disminuir, ha aumentado vertiginosamente en los noventa. Sólo en Río de Janeiro, 1403 civiles fueron asesinados en confrontaciones con la policía entre enero de 1993 y junio de

112 Ver, por ejemplo, el reciente reporte por "Human Rights Watch/Americas" (1994) sobre abuso en Derechos Humanos en Brasil. A propósito, esta organización tuvo una presencia significativa en los "juicios de la Candelaria." 113 Este análisis se basa en una investigación detallada de los cuatro periódicos más importantes en Brasil: Jornal do Brasil y 0 Globo de Río de Janeiro; y, Folha de Sáo Paulo y 0 Estado de Sáo Paulo de Sáo Paulo, centrada sobre el reportaje de violencia policial en los años 1996 y 1997.

1996, de acuerdo con una extensa investigación llevada a cabo por el periódico Jornal do Brasil y publicada en 1996114. Estos hechos implican los intentos para investigar el tráfico de drogas o los crímenes relacionados con éste, por parte de oficia les de la policía, intentos que se convierten en tiroteos con los sospechosos, ocasionando heridas a los transeúntes. Sin embargo, la evidencia también parece mostrar, -como ha argumentado la investigación presentada por el Jornal do Brasil- que el número de personas asesinadas excede el número de personas heridas, poniendo de relieve el asesinato decidido de aquellos catalogados como "sospechosos" por la policía. Aún más preocupante que las cifras presentadas, es la respuesta dada por el Departamento de Policía. Cuando fue entrevistado por los periodistas representantes de los medios más im-portantes de Río, el entonces jefe de policía respondió, en una frase que pasó a ser célebre (tristemente): "la policía no asesinó ciudadanos, sólo criminales”115. Al explicar esta afirma-ción, el jefe de policía argumentó que, aunque las muertes accidentales de ci-viles son ciertamente lamentables, en los casos particulares a los que hace referencia la prensa, la policía simple-mente estaba intentando proteger a los "ciudadanos honestos" de los "la-drones”116. Como era de esperar, los activistas de derechos humanos, los medios, y una gran cantidad de público estaba enfadada con estas declaraciones; particularmente con respecto a la di-ferenciación implícita entre clases y niveles de ciudadanos reflejada en la lógica del jefe de la policía: ¿quién

114 Jornal do Brasil, Varios números en Marzo y Abril 1996. 115 Jornal do Brasil, Abril 14, 1996. 116 Ibid. .


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cuenta como "ciudadano"?, y, ¿qué es necesario para convertir a alguien en "no-ciudadano" destinado a sumirse en la criminalidad, actividad percibida como la tipificación del no-ciuda-dano?117 Como lo ha encontrado Teresa Caldeira al estudiar la criminalidad en Sao Paulo, "ciudadanos" y "derechos" son siempre categorías cargadas y variables, categorías que continuamente están siendo negociadas118. Uno de los entrevistados por Caldeira acerca de cómo los derechos de los ciudadanos son percibidos en este contexto, nunca se percató de que son una posesión inalienable: si [las personas] cometen un crimen, -decía el entrevistado-, "pierden todos sus derechos"119. Y pierden todos sus derechos como ciu-dadanos, precisamente porque son "criminales", esto es, actúan en contra de las leyes establecidas, aceptando la lógica de la citada frase del jefe de po-licía de Río. Pero lo que más me interesa tratar en este artículo, es la contradicción re-flejada en estos dos grupos de historias que tiene que ver con la violencia, el abuso y la ciudadanía. ¿Cómo vamos a comprender el sentido de una situación, donde los policías acusados son llevados a la corte por crímenes que pueden haber o no haber cometido en contra de "los niños de la calle"?, donde la prensa y los medios de comunicación

117 Folha de Sáo Paulo, varios números del primer semestre de 1996; Jornal do Brasil, Marzo y Abril de 1996. 118 Teresa Pires do Rio Caldeira, City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in Sáo Paulo, Ph.D. Disertación, Universidad de California, Berkeley, 1992. También cf Teresa Pires do Rio Caldeira, "Fortified Enclaves: The New Urban Segregation", Public Culture 8(2), 1996, p. 303-329; Mike Davis, City of Quartz: Excavating the Future in los Angeles, Verso, Londres y Nueva York, 1990; James Holston, y Arjun Appadurai. "Cities and Citizenship", Public Culture 8(2), 1996, p. 187-204. 119 Teresa Pires do Rio Caldeira, op. cit, 1992, p. 190-191.

públicos, tienen aparentemente libertad para revelar información confidencial acerca del supuesto abuso policial, convirtiéndose así en una fuerza central en la lucha por los derechos humanos y la democracia; cuando, al mismo tiempo, el jefe del departamento de policía interpreta los asesinatos perpetrados por sus oficiales como justificables lógica y moralmente? Teniendo en cuenta que han sido dirigidos a "criminales" y no a "ciudadanos", ¿cómo vamos a dar sen-tido a esta diferenciación discursiva y factual, entre los que son rotulados como "ciudadanos" y los que no? Y, ¿de dónde surge esta diferenciación? Finalmente, ¿cómo explicamos la rea-propiación, por parte de la policía, de una retórica liberal acerca de la ciuda-danía, para así justificar la violencia y el abuso? Este artículo intenta explorar y contextualizar estos interrogantes, en el Brasil de los ochenta y noventa. Desde los ochenta, Brasil se ha con-solidado como un régimen democrático, después de veinte años de régimen militar. Aún, en los noventa, como lo afirmó el último reporte de derechos humanos de America's Watch (mayo del 97), en Río de Janeiro han sido ase-sinadas más personas en cualquiera de los años dados, que los asesinados du-rante los 20 años de régimen militar. Exploraré esta ambigüedad, estudiando cómo las retóricas de la ciudadanía universal están siendo usadas y sub-vertidas por diferentes actores, en la medida que intentan ocuparse de los porcentajes crecientes de criminalidad, -especialmente en Río de Janeiro- en el momento en que el régimen demo-crático esta siendo provisionalmente reconstruido. Afirmo que la paradoja de tener, por una parte, una prensa libre y llevar a la policía militar a los juicios por los supuestos asesinatos de "niños de la calle"; y por otra parte, el incremento en los porcentajes de cri-


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minalidad y a la vez de aumento de la violencia policial, está profundamente enraizada en las formas particulares a través de las que (en años recientes), la creciente democratización (“neoliberal”) ha sido experimentada en esta nación. Así mismo, argumentaré que contrariamente a la interpretación popular, el aumento del abuso policial no es una contradicción ni otro ejemplo del "barbarismo" de esta "nación tolerante" como a algunos les gustaría. Más bien, muestro que las condiciones para que el abuso se extienda, nacen precisamente de las contradicciones específicas de clase inherentes al proyecto democrático neoliberal brasilero. ABUSO POLICIAL: IRA CONTRA LOS POBRES Todos los reportes recientes sobre las estadísticas de abuso policial en Brasil señalan que el problema ha aumentado enormemente a mitad de los noventa. America’s Watch en sus recientes reportes de Derechos Humanos, describe a los policías del Brasil como criminales salvajes que torturan y ase-sinan a la gente, que a menudo son perdonados por las autoridades, acer-cándose así a la impunidad legal120. Sin embargo, como se muestra en la de-claración del jefe de policía de Río de Janeiro -reproducida anteriormente-, de acuerdo a la policía, esta violencia es sólo el efecto secundario de la batalla en contra del aumento del crimen urbano. Después de todo, las autoridades policiales y los partidarios de la gran represión policial a menudo argumentan que la violencia causada por la policía sólo ocurre cuando los oficiales se comprometen en tiroteos contra lo que

120 Human Rights Watch/Americas, Final Justice: Police and Death Squad Homicides of Adolescents in Brazil, Human Rights Watch, New York, 1994.

ellos llaman "criminales implacables”121. Aun, cuando uno mira los resultados de la investigación citada anteriormente y realizada por los reporteros del Jornal do Brasil en abril de 1996, surge una imagen de los derechos humanos de conformidad con los recientes informes de Watch: el primer mes de 1996, 201 civiles fueron asesinados, mientras que únicamente 12 civiles y 11 oficiales de policía resultaron heridos. Aún más, sólo 12 sospechosos fueron arrestados en las mismas redadas de la policía. Al comparar con el NYPD (New York Police District), tradicionalmente considerado violento, éste promedia 25 muertes por año, y más personas son heridas que asesinadas122. Otro contraste aterrador, registrado por Chevigny en su libro sobre abuso poli-cial en las Américas, es la impunidad policial en grado considerablemente más alto que en U.S., por ejemplo123. Aún más alarmante es el caso extremo de Río de Janeiro: las muertes causadas por la policía no sólo tienden a quedar sin castigo, sino que ahora son recompensadas, después de que el de-partamento de policía instituyó en di-ciembre de 1995 el llamado "premio al coraje”. A partir de esta fecha, los ofi-ciales que muestran "coraje especial" al combatir el crimen han recibido re-compensa y promoción especial. Como resultado, la muerte de civiles a manos de la policía aumentó seis veces en los meses siguientes a la implantación de la nueva política124. Pero la magnitud del problema -y sólo con los datos que han salido a la luz- se

121 0 Globo, March 23, 1997. 122 Jornal do Brasil, Abril 13, 1996; también cf. Chevigny, Paul, The Edga of the Knife: Police Violence and Accountability in Six Cities of the Americas, New Press, New York, 1995. 123 Chevigny, op. cit. 124 0 Globo, Marzo 23, 1997.


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vio cuando la identidad de las víctimas fue revelada, de acuerdo con varias investigaciones consecutivas realizadas por 0 Globo y Jornal do Brasil. Las llamadas "confrontaciones" general-mente sucedieron en barrios marginales, de Río de Janeiro, donde es visto que el crimen se esconde, y -en Brasil y en cualquier lugar- donde el imaginario público tiende a percibir de manera metonímica a cada uno y todo habitante como un "criminal" potencial125 La mayoría de víctimas descritas en las historias de los periódicos no han tenido un registro criminal previo, y no estaban comprometidas en algo ilegal cuando fueron atacadas. Lo que sí es significativo, es que todas eran pobres. El hecho de que ellos no eran "la-drones" sino sólo "personas honestas y trabajadoras" (término comúnmente usado para diferenciar estas dos po-blaciones) fue lo que más conmovió al imaginario brasilero126. La controversia se desató en marzo de 1997, cuando dos cinematógrafos amateurs, en dos ciudades diferentes registraron de forma secreta grabaciones de video de "sesiones de tortura" dirigidas por ofi-ciales de policía en los barrios margi-nales. Las imágenes eran nada menos que horrorosas: "ciudadanos comunes" eran verbal y físicamente maltratados, sus documentos de identidad eran ras-gados, y se les pedía entregar su dinero. Después les dispararon al azar, y uno de ellos murió. Cuando esto sucedió, los oficiales estaban riendo, escuchando música y tomando cerveza 127. La reacción popular fue de indignación por el hecho de que eran "ciudadanos comunes" los allí maltratados, "personas decentes", no "criminales"128.

125 Jornal do Brasil y 0 Globo , varios números 1996 y 1997. 126 0 Globo, Abril 24, 1997. 127 Jornal do Brasil, Marzo 23, 1997. 128 0 Globo, Abril 08, 1997.

Como lo dice una mujer entrevistada por el periódico 0 Globo: "si la policía no sabe la diferencia, cualquiera de no-sotros puede ser una víctima"129. En esta y otras declaraciones similares los poli-cías son descritos como vándalos y bárbaros incurables, que no respetan a los ciudadanos brasileros y que son absolutamente inconscientes del con-cepto de los derechos de la ciudadanía. No casualmente, el departamento de policía de Sao Paulo estableció reciente-mente un "programa de re-educación" para los oficiales agresivos: el principal objetivo del programa es recuperar la parte "civil" de la policía enseñándoles cómo respetar los derechos del ciuda-dano130. Aún más interesante, desde su punto de vista, -como se ve en las res-puestas a las acusaciones-, los policías que están comprometidos en estos comportamientos violentos, simplemen-te se extralimitan, mas no contradicen sus funciones principales: precisamente, para proteger a los ciudadanos del peli-gro. Como lo dijo el jefe de policía: aquellos que mueren cuando la policía está combatiendo el crimen no son "ciudadanos", sino personas que ponen en peligro la vida de los llamados "ciu-dadanos honestos". Pero, ¿cuáles son precisamente las condiciones históricas, políticas y culturales que producen este uso paralelo de las retóricas de ciuda-danía que, por una parte, desaprueban el abuso policial y, por otra parte, desde una perspectiva opuesta, lo justifican como obediencia y cumplimiento? EL DOBLE DISCURSO DE LA CIUDADANÍA Y LA CRIMINALIDAD Al valorar las desagradables imágenes descritas anteriormente, los medios de comunicación y las autoridades públicas consideraron por unanimidad: estos 129 Ibid. 130 Veja magazine, Mayo 1997: 22-33.


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fueron "actos de salvajismo", "verdaderas aberraciones", fueron ejemplos de "barbarismo puro" perpe-trados por "criminales con uniforme"131. Se reprochó especialmente la política del "premio al coraje", y el hecho reportado de que a los oficiales se les dijo: "dispare primero, pregunte después"132. Un activista resumió el de-bate de la siguiente manera: “Asesinar a las personas es ahora una razón para la promoción y la recompensa. El barbarismo es parte del discurso del secretario [de policial]”133. De hecho, a lo que apunta esta situación es a la dimensión en la que tanto policías como "ladrones" son sujetos en posiciones ambiguas dentro de la amplia categoría de "ciudadanos". Por un lado, como lo argumentó el Gobernador de Río de Janeiro, -Marcello Alencar, al referirse a la violencia policial, la policía algunas veces necesita "salirse" de las reglas de comportamiento cívico para así "hacer su trabajo"134. Por otro lado, aquellos que están comprometidos, o son sospechosos del crimen, encajan en la categoría de "ciudadano" de manera marginal, especialmente porque algunas concepciones culturales predominantes referentes a la ley en el país no perciben los derechos humanos y la ciudadanía como posesiones individuales inalienables: las personas que cometen crímenes "pierden todos sus derechos" y -debemos agregar- su ciudadanía. Debemos tener en mente que los debates que siguieron a los casos de tortura registrados estaban más enfo-cados en el hecho de que el abuso, en primer lugar, no había sido dirigido contra "criminales". De acuerdo al análisis general, estos eran "ciudada-nos" atacados, cuyo único aparente crimen era su condición social marginal.

131 0 Globo, Abril 08, 1997. 132 Jornal do Brasil, Abril 13, 1996. 133 lbid. 134 Jornal do Brasil, Abril 13, 1996

En forma similar, todos los activistas sociales a los que se les pidió dar su opinión ante los medios -y que he analizado aquí- han argumentado que los pobres brasileros han pasado a personificar una forma de "ciudadanía inferior”, más extrema que la que podemos encontrar en otras naciones "democráticas". De hecho, una afirmación compartida por los científicos sociales brasileros, ha sido que la brecha en expansión entre ricos y pobres debido a la peor distribución de ingresos en el planeta (de acuerdo al reporte del Banco Mundial, 1996) ha hecho de los pobres brasileros una población que está virtualmente desposeída histórica y culturalmente de cualquier forma concreta de derechos ciudadanos135. Un gran número de personas es excluido, para cualquier propósito práctico, de la economía y de la política, esferas fundamentales de la sociedad: carecen de documentos de identificación, son parte de la "economía - informal" porque carecen de permiso oficial de trabajo, y muchos de ellos ni siquiera poseen certificado de nacimiento. Además, las personas analfabetas sólo ganaron el derecho a votar en 1988. No tienen acceso a recursos legales, y muchos de ellos no han sido considerados en las estadísticas 135 Teresa Pires do Rio Caldeira, op. cit., 1992, p. 190-191; Teresa Pires do Rio Caldeira, "Fortified Enclaves: The New Urban Segregation", Public Culture 8(2), 1996: 303-329; José Murilo de Carvalho, Os Bestializado: 0 Rio de Janeiro e a República Que Nao Foi, Companhia das Letras, Sáo Paulo, Brasil, 1989; Roberto Da Matta, A Casa e a Rua: Mulher, Espaco, Cidadania e Morte no Brasil, Brasiliense, Río de Janeiro, Brasil, 1985; Roberto Da Matta, Carnivals, Rogues, and Heroes: An Interpretation of the Brazilian Dilemma , University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1991; James Holston, The Modernist City: An Anthropolical Critique of Brasilia, University of Chicago Press, Chicago, 1989, James Holston, and Teresa Pires do Rio Caldeira, "Democracy, Law, and Violente: Disjunctions of Brazilian Citizenship", manuscrito, disponible.


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nacionales, por carecer de hogar y documentos. Desde esta perspectiva, y en un sentido casi literal, por consiguiente, los pobres constituyen una población de "no-ciudadanos". Así, en Brasil, los ciudadanos "civili-zados" modelados de acuerdo al ideal liberal de la postilustración, como en muchos otros contextos postcoloniales similares, coexisten con un grupo bas-tante amplio de no-ciudadanos per-cibidos "inciviles", que personifican la negación del ideal universal. La ciuda-danía y la pertenencia son definidas por el acceso a los servicios sólo dis-ponibles para los que ocupan determi-nada posición socio-económica, como trabajadores oficiales y educadores; y el Estado brasilero ha sido históricamente incapaz de garantizar que una gran parte de la población tenga acceso a esos mismos servicios, en un país donde el 50% más pobre de los habitantes recibe solamente el 12% del ingreso nacional, y donde el 27% de la población (o 39.2 millones de personas) vive por debajo del límite de pobreza 136. Desde esta perspectiva, lo que los casos discutidos aquí han expuesto, son los múltiples niveles en los cuales un doble discurso de ciudadanía es producido y empleado en Brasil. Por una parte, "ciudadanos" son aquellos que acatan las reglas de la nación, por eso los "criminales" son excluidos. Por otra parte, el hecho de que la policía, que regularmente irres-peta los derechos humanos básicos de los más pobres, se vea a sí misma como defensora de los "verdaderos" ciudadanos al mantener a los "no-ciu-dadanos" acorralados, también habla de la seriedad del problema. Ser pobre ha

136 Instituto Brasilero de Geografía e Estadística, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios, IBGE, Río de Janeiro, Brazil, 1996. Este Instituto define como "pobre" aquellos que sobreviven con un cuarto del ingreso mínimos o menos por mes, o aquellos que viven con US$ 40 dólares por mes.

pasado a ser, para todos los propósitos prácticos; sinónimo de "no-ciudadano"; porque los pobres son, de hecho, excluidos de los beneficios principales otorgados a los "ciudadanos" brasileros: trabajo, vivienda, educación, servicios públicos, un nombre legalmente identificable, un certificado de nacimiento, y un lugar en las esta-dísticas nacionales. Lo que han revelado los casos que he discutido aquí, de una manera especialmente clara, es este dilema perenne para la democracia brasilera, precisamente porque estos casos han confrontado dos ideas diferentes de la oposición entre ciuda-danos y "no-ciudadanos". Desde aquí, el debate en torno a los policías que se comportan como cri-minales, y el concepto paralelo, -desde la perspectiva de los policías mismos-, que ve todos los pobres como crimi-nales, y todos los criminales como no-ciudadanos. La equivalencia semántica y simbólica entre esas dos posiciones parece clara ahora, tanto en el plano retórico como en el pragmático. El problema tanto con la policía que ase-sina como con los "criminales" social-mente construidos, quienes igualmente no se acogen a las leyes de los civiles, es que todos ellos son "bárbaros" de la especie, no "ciudadanos". Ellos, por consiguiente, personifican nada menos que la negación del ideal del ciudadano universal de una democracia que se supone legítima. LA NOCIÓN Y LA PRÁCTICA DE LA CIUDADANÍA EN BRASIL Así, por un lado del debate, la policía, otras autoridades legales, y los sectores más conservadores del público, justifi-can la violencia policial como un medio para asegurar los derechos de la ciudadanía, pero sólo para aquellos que supuestamente lo "merecen". Por otro lado, el gobierno local y nacional, los


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activistas sociales, los medios, y una amplia parte de la población ve tales abusos como el reflejo de condiciones históricas específicas que dejaron a los pobres sin garantías ciudadanas. Como lo manifestó un importante activista de derechos humanos, "este abuso dejará de existir sólo cuando todas las personas aprendan a ser conscientes de sus derechos y cuando sean realmente capaces de usarlos137. Otro entrevistado decía que "no existe, entre los brasileros, una tradición sólida de participación. Sólo existe un pequeño reconocimiento de los derechos de otros ciudadanos [y] el sistema legal [generalmente no] es fiable138. Como era de esperarse, la retórica de la ciudadanía igualitaria ha sido central en el discurso democrático brasilero en los ochenta y los noventa. Aun, este discurso nunca ha sido hegemónico, y la multiplicidad de puntos de vista existentes aparece claramente en los casos que parecen apoyar directamente la situación infame de esta nación como un paradigma de abuso extremo de los derechos humanos. Mientras muchos han estado trabajando con mucho cuidado para establecer un "imperio de la ley" necesario en Brasil, probablemente un número similar de personas todavía contribuye a una representación conocida de Brasil corno un lugar donde el abuso es endémico y no es sistemáticamente castigado. Los investigadores brasileros han argumentado que el concepto moderno-liberal de ciudadanía tiene significados bastante específicos en Brasil, principalmente porque el mito de uni-versalidad e igualdad es aceptado como un ideal que se debe perseguir y alcanzar a nivel de la práctica humana diaria. El antropólogo Roberto Da Matta, por ejemplo, ha usado el con- 137 0 Globo, Marzo 23, 1997. 138 Jornal do Brasil , Abril 08, 1997.

cepto de "ciudadanía diferenciada" para referirse a la coexistencia de un ideal de ciudadanía igualitaria con una ética legal contraria prácticamente im-plementada, que constantemente separa y clasifica a las personas en términos de su clase, raza y posición social en la burocracia legal139. Como lo dice Da Matta, el significado de esta difícil situación puede ser ejemplificado por el dicho popular "para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley", lo que significa que la ley puede ser un pri-vilegio o un instrumento de represión, dependiendo del estado racial o socio-económico140. Los dos videos descritos anteriormente, y el carácter general de la vio lencia policial contra los pobres brasileros, muestran precisamente un caso en el cual los más pobres son vistos como situados "debajo" de la ley, mientras que la policía se sitúa a sí misma "más allá" de la ley. Teresa Caldeira también ha escrito extensamente acerca de cómo las relaciones efectivas de los brasileros con la ley difieren de acuerdo a la clase: los ricos y poderosos, -dice ella- se pueden "dar el lujo" de irrespetar la ley. Ellos pueden confiar en su percepción de que la ley no funciona y tienen el privilegio de esquivarla"141. Para los pobres, por el contrario,

el imperio de la ley es percibido sólo como otra forma de injusticia [y] la

139 Roberto Da Matta, A Casa e a Rua: Mulher, Espaco, Cidadania e Morte no Brasil, Brasiliense, Rio de Janeiro, Brazil, 1985; Da Matta, Roberto, Carnivals, Rogues, and Heroes: an Interpretation of the Brazilian Dilemma, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1991. 140 Roberto Da Matta, op. cit.; también cf. Teresa Pires do Rio Caldeira, op. cit., 1992, p. 190-191; Teresa Pires do Rio Caldeira, op. cit., 1996, p. 303-329; James Holston, op. cit., 1989; James Holston, and Teresa Pires do Rio Caldeira, op. cit, manuscrito, disponible. 141 Teresa Pires do Rio Caldeira, op. cit., 1992, p. 190-191.


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aplicación de principios legales o el reconocimiento de algunos derechos puede ser percibido únicamente como otra forma de hostigamiento142.

No es difícil comprender ahora, que la subordinación política de los pobres está simultáneamente relacionada con su subordinación económica. El histo-riador José Murillo de Carvalho ha es-crito un sugestivo libro llamado The Bestialized, en el que argumenta precisamente que los pobres brasileros han sido prácticamente excluidos de la política porque, en primer lugar, fueron "excluidos" de la economía143. Supo-niendo que para Habermas la esfera pública democrática significa la partici-pación de los ciudadanos en la política y su participación como individuos en el mercado, entonces un sistema social donde grandes sectores de la población son en realidad excluidos -por el ahora creciente mercado neoliberal-, tiende también a producir un número igual de "no-ciudadanos" excluidos de la participación política y, por lo tanto, del concepto de derechos de ciudadanía. Ya no atribuibles a todas y cada una de las personas pues, como George Orwell solía decir, todas las personas son ciudadanas, pero algunas son más ciudadanas que otras. Con base en este argumento, sugie ro que las frecuentes violaciones de los derechos humanos en Brasil, de las cuales el abuso policial se ha convertido en el ejemplo más ampliamente de-batido, ilustran en sí mismas la aplica-ción diferenciada de leyes, derechos y ciudadanía. Aquí los derechos humanos y civiles nunca están "dados cul-turalmente" para todo el mundo. Por el contrario, son un privilegio al que sólo unos pocos tienen acceso, y es por esto

142 Ibid. 143 José Murilo de Carvalho, Os Bestializados: 0 Rio de Janeiro e a Republica Que Nao Foi, Companhia das Letras, Sáo Paulo, Brazil, 1989.

que los policías pueden hostigar y tratar brutalmente a los pobres, mientras siguen manifestando estar solamente cumpliendo con su deber de proteger a los "ciudadanos honestos". Aún más importante es que los presuntos "criminales" no pertenecen a la misma categoría de los "ciudadanos normales" y, por lo. tanto, son vistos como merecedores de ser tratados de acuerdo a su situación de "no-ciudadanos". En este contexto, la utopía de una esfera pública organizada en el sentido moderno, regida por leyes universales aplicadas a todos los ciudadanos, no solamente se queda sin cumplir, sino que se aleja cada vez más de la realidad en la práctica actual. REDEMOCRATIZACIÓN NEOLIBERAL: RECONFIGURANDO LA CIUDADANÍA De acuerdo a Paul Chevigny -en su libro sobre abuso policial en las Amé-ricas- Brasil es, con la suficiente mala reputación, la única llamada nación democrática con tan altos niveles de abuso a los derechos humanos, en la cual el abuso policial es la clave 144. Un argumento similar ha sido también presentado en la esfera nacional, y ha sido central para el discurso estatal re-ciente: Brasil es la décima economía en el mundo, -dice el argumento expresado recientemente por el Presidente Car-doso-, y es una nación "moderna" (cada vez más "global") en la mayoría de dimensiones de la vida, pero, como los casos anteriores de abuso policial han aclarado, todavía debe recorrerse un largo camino en el campo de la ley, los derechos y la ciudadanía 145. Así, pues, ¿qué se necesita hacer? La redemocratización en los ochenta y noventa tiende -tanto en la mente pública como en la retórica y en los 144 Chevigny, op. cit. 145 Veja magazine, septiembre 16, 1997.


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proyectos orientados por el Estado- a seguir un modelo post-Guerra Fría neoliberal que, aun dando importancia a la "santísima trinidad" (globalización liberalizante, "eficiencia" económica, y predominio del mercado en contra de cualquier regulación por parte del Estado), continúa acogiéndose fuerte-mente a los ideales del Siglo de las Luces en cuanto a la elaboración de una sociedad más "justa' e igualitaria, tanto en términos económicos como legales. Esos cambios propuestos son, como otros contextos neoliberales, concebidos en función del "crecimiento" y la "modernización", basados en la imagen de una nación "eficiente" compuesta por individuos libres comprometidos con las actividades del sector económico dentro de la esfera del correspondiente mercado productivo y "libré'. Sin embargo, en el reciente discurso estatal permanece la idea de que una economía poderosa es inseparable de la democracia, de un orden legal efectivo, y de la garantía de los derechos civiles para todos los ciudadanos, como lo reconoció el presidente Cardoso en una reciente ent revista para los medios146. Dentro de la misma clase de retóricas, la noción de "exclusión" social, ha sido el sentido figurado utilizado para valorar las paradojas de la situación de derechos humanos y civiles en Brasil. La "exclusión" de muchos pobres de casi todos los campos concebibles de la vida social -desde el debido cuidado de la salud y la educación hasta la representación política y la parti-cipación en la economía-, es ahora comprendido (como cualquier análisis de las secciones de "La Nación" en todos los medios principales lo mues-tran) como el principal obstáculo para situar a Brasil en igualdad de condicio-nes con otras economías globalizantes: el capital financiero y la industria están

146 Ibid.

bien, -dice este argumento- pero de-masiadas personas están aún excluidas de los beneficios de la modernización económica. Sin embargo, se necesita cuestionar si tales formas llamadas "excluyentes" no son el resultado de las políticas económicas neoliberales dirigidas a la globalización, las cuales son bien apre-ciadas por el actual gobierno. Los estu-diosos de la globalización han argu-mentado que estos procesos producen porcentajes crecientes de desigualdad social, aun cuando promueven la inte-gración económica147. Desde este punto de vista, el aumento en la represión policial pudo ser visto precisamente como una "consecuencia lateral" del proyecto económico neoliberal en Bra-sil: un programa que enfatiza en "creci-miento", "eficiencia" y "privatización", y el poder del mercado en la regulación social así como en la vida económica, a expensas de la intervención directa en el bienestar social. La contradicción dentro del proyecto estatal parece ser clara ahora: como lo ha anotado Chantal Mouffe, la presente reducción neoliberal del bien común a un problema de "creación de riqueza", "pagador de impuestos","libertad", y "eficiencia", ha sido posible en primer lugar por el 'individualismo [liberal] 148.

147 Albrow, Martin, The Global Age: State and Society Beyond Modernity , Standford University Press, Stanford, 1996; Balibar, Etienne, and Immanuel Wallerstein (eds.), Race, Nation, Class: Ambiguous Identities, Verso, London, 1991; Bauman, Zygmunt Postmodernity and its Discontents, New York University Press, 1997; Clark, Ian, Globalization and Fragmentation: International Relations in the Twentieth Century, Oxford University Press, Oxford, 1997. 148 Mouffe, Chantal (de.), Dimensions of the Radical Democracy, Pluralism, Citizenship,


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En otras palabras, fue la noción de un individuo libre, portador de derechos y propiedad, lo que hizo posible la noción de una economía autorreguladora149. No obstante, esto no significa, que todos los individuos estarían en una misma posición vis-a-vis los mandatos de la economía. Un número significativo ha sido obviamente excluido de estos supuestos beneficios, como lo muestra el caso aquí discutido, con efectos tangibles sobre la subordinación social, económica y política. Si ubicamos entonces, la violencia policial en el contexto de experiencias similares de economías neoliberales y de la globalización del capital, podemos ver las similitudes parciales entre los abusos policiales contra los pobres (la "clase peligrosa") y el aumento reciente de ataques a refugiados, extranjeros ilegales, y minorías étnicas, todos en el contexto general de una reflexión acerca de las contradicciones inherentes al neoliberalismo económico. Mientras que la democratización conlleva supuestos culturales específicos acerca de la universalidad del sujeto humano, de participación y de los derechos de ciudadanía para todos, la liberalización económica sólo puede proporcionar agentes de mercado "eficientes" constituidos económicamente con el énfasis actual, en Brasil, en la necesidad de los trabajadores de "adaptarse flexiblemente" al mercado creciente nacional e internacional150. Aquellos que no se ajustan a estas categorías de economías eficientes -como los más pobres, los sin hogar, los analfabetas, aquellos sin educación y que están sólo en capacidad de asegurar trabajos

Community, Verso, London and New York, 1992, p. 10. 149 Mouffe, op. cit.: 7, also cf. Taylor, Charles, The Sources of the Se1f. The Making of the Modere Identity, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1989. 150 Veja Magazine, septiembre 16, 1997.

manuales con salarios bajos-, se convierten entonces en contradictores del actual propósito nacional de llegar a ser económicamente "eficientes" y "competitivos". El abuso policial en contra de los pobres, en contra de los "no-ciudadanos" de la economía, por lo tanto, está en contra de la consistencia del discurso estatal bajo el liberalismo democrático y, de esta manera, revela sus más profundas contradicciones. En este sentido, me parece que, si-guiendo nuevamente a Mouffe, es ne-cesario distinguir el liberalismo político del liberalismo económico151. Si el libe-ralismo político ha luchado histórica-mente por los ideales de la democracia burguesa liberal, donde todos los ciu-dadanos son, por definición, libres e iguales ante la ley; el liberalismo eco-nómico, al utilizar los mismos tropos de libertad e igualdad, ha producido históricamente una población de ciu-dadanos verdaderamente "excluidos". Así, el hecho de que la violencia poli-cial haya aumentado con la democra-tización creciente en Brasil no necesita ser una contradicción de por sí: aunque la ideología del liberalismo político existente en esta nación construye a los pobres como ciudadanos iguales a los demás, la liberalización económica aparentemente ha producido un número en aumento de ciudadanos de facto diferenciados. CONCLUSIÓN Así es como este artículo propone recontextualizar la aparente brecha entre la retórica democrática y el abuso po-licial en Brasil. He argumentado aquí que la violencia policial no es ni un contradictor cultural dentro de la de-mocratización, ni un ejemplo de "bar-barismo" marginal que irá desapare-ciendo con el tiempo (otro punto de

151 Mouffe, op. cit.


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vista común). Por el contrario, aparen-temente es una "consecuencia inespe-rada" de las incongruencias entre libe-ralismo político y económico. Es producido por una historia particular de diferenciación de clase y la corres-pondiente aplicabilidad de principios de legalidad. La historia y el presente se mezclan aquí, para producir la aparente paradoja del aumento del abuso bajo el aumento de las garantías democráticas, por lo menos para aquellos que son considerados "menos ciudadanos". Desde esta perspectiva, los policías que dicen estar "protegiendo ciudadanos" cuando asesinan supuestos "no-ciudadanos", pueden ser vistos como personificaciones no solamente de la brecha histórica entre los ideales políti-co-liberales y la práctica cotidiana de la violencia y la jerarquía (como Da Matta lo haría), sino también de las complejidades y las inconsistencias del proyecto económico neoliberal152. Los casos aquí descritos son más que tristes recuerdos de lo que todavía se necesita realizar para la "legalización" de Brasil: ellos personifican, -y por esa razón llegan a ser de extrema utilidad para el analista- todas las principales contradicciones de un proyecto par-ticular en un contexto específico para construir una democracia bajo la neo-liberalización económica. En este senti-do, los policías que emplean la retórica de la ciudadanía democrática para jus-tificar el asesinato de aquellos definidos como "no-ciudadanos", son un reflejo directo de la parodia patética que constituyen los procesos que actual-mente buscan producir una democracia neoliberal en Brasil.

152 Da Matta, op. cit., 1985.

DEBATE LA PAZ EN LA ADMINIS TRACIÓN PASTRANA

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LA PAZ EN LA ADMINISTRACIÓN PASTRANA

Piedad Córdoba, Marco Palacios* El problema de la construcción de una paz viable en Colombia parece cada vez más complejo y necesario. Durante y después de la elección presidencial nos hemos topado con al menos dos tendencias contradictorias. Por una parte una degradación del conflicto armado cada vez más costoso en términos políticos, humanos y sociales, degradación que tiene en las casi cotidianas masacres de los paramilitares simultáneamente su principal síntoma y símbolo. Pero es obvio que de ella no escapan ni la guerrilla ni el Estado. Por otro lado, la elección de un nuevo presidente ha aclarado y ha renovado las esperanzas y expectativas que se tejen alrededor de la paz. Aún más, varios actores armados parecen haber pasado el mensaje de que con la administración entrante sí se puede hablar en serio. Por eso el tema de la paz ha vuelto afortunadamente, a los primeros lugares de la agenda política. Hemos consultado a expertos que durante la campaña electoral adoptaron diversas posiciones sobre las perspectivas hacia la paz en el gobierno que comienza. ANÁLISIS POLÍTICO: ¿En los últimos años, cada gobierno ha comenzado con una impetuosa (al menos verbalmente) política de paz, que después se ha venido desinflando. ¿Cuál cree usted que sea la evolución del gobierno de Andrés Pastrana? PIEDAD CÓRDOBA: Que cada gobierno arranque con una impetuosa política de paz demuestra genuino in-terés por poner fin a un conflicto que distrae una parte considerable de los escasos recursos con que cuenta el Estado para satisfacer las necesidades mínimas de sus asociados, pero algo ha

faltado a la receta aplicada por cada gobierno para que ese ímpetu termine siempre por desinflarse. Creo que ese algo puede ser el no haber involucrado en el proceso a todas las fuerzas sociales. Todas ellas son partes interesadas. Unas porque han dado lugar al conflicto, otras porque intervienen en él, porque soportan sus consecuencias, o porque están llamadas a asumir una parte de los costos del retorno a la normalidad. El Consejo Nacional de Paz tiene la virtud de haber puesto a conversar en un mismo escenario a todas esas fuerzas, hoy más que nunca conscientes de la urgencia de la reconciliación nacional. En ese contexto, el primer paso dado por el presidente electo es positivo. Demuestra clara voluntad de liderar el proceso, sinceridad en su propuesta, y elimina de entrada muchas de las controversias que se suelen dar al interior de los gobiernos. Por ahora toca confiar en que los alzados en armas tengan igual voluntad y sinceridad y que sus propuestas de cambio estén al alcance de los demás actores del conflicto, más inclinados hoy a una transacción que antes. MARCO PALACIOS: Del ímpetu al desinfle, como dicen ustedes, describe adecuadamente el trayecto del "proceso de paz" de Belisario Betancur. No es el caso de los "procesos" bajo los gobier-nos Barco-Gaviria. En estos hay una especie de continuidad y en la transición entre ellos se pactaron los más importantes acuerdos con las guerrillas en cuanto a número de desmovilizados y reinsertados. El desinfle vuelve a pre-sentarse en 1992 con el lánguido final de Tlaxcala. Pero su significado quedó ahogado por la euforia que todavía producía la Constitución del 91. Los acuerdos finales de Gaviria con las mi-licias de Medellín y otros grupos me-


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nores fueron, francamente, pura cos-mética. Con Samper, la "paz" comenzó un tanto desinflada, pese a la retórica de rutina. Se enredó cuando el Presidente enfrentó el proceso 8.000, y se infló una vez que, salvado el pellejo político del Presidente, y despejada la candidatura de Serpa, éste se apoderó de la banderita blanca y los funcionarios de Palacio encargados de "la paz" tuvieron luz verde, pese a contratiempos como "Destructor II". Súmele a esto, de un lado, las victorias militares de las FARC, (Las Delicias, Patascoy y El Billar) y, del otro, el "mandato por la paz" en nombre de la "sociedad civil'; y la manipulación elec-torera de "la paz' en las campañas de 1987-88. El montaje samperista terminó para los samperistas como un bumerán, pero dejó una dinámica. De eso ha quedado la escenografía de hoy día. Los elenos montaron su happening con la llamada "sociedad civil" en la Puerta del Cielo, un convento Carmelita de Mainz. De ahí salieron unos compromisos que llevarán a una Convención Nacional de la "sociedad civil" y eventualmente a una Asamblea Cons tituyente. Tirofijo y Jojoy lograron, finalmente, presentarse en televisivo diferido con el presidente electo. Del encuentro selvático salieron dos compromisos gubernamentales: despeje de los cinco municipios que vienen pidiendo las FARC, y un plazo de 90 días para iniciar un diálogo. Estos son los preliminares. Con sus fallas, son algo positivo. A diferencia de la euforia de 1982 hoy todos somos más cautelosos. Pese al apetito publicitario, FARC y ELN parecen menos irresponsables que el M-19 de los años de Belisario, y en los sectores de poder hay mucha menos prevención y más apertura.

Pero es temerario anticipar en qué pararán estas escenografías. Si a partir de ellas somos capaces los colombianos de inventarnos un argumento y unos libretos convincentes en los próximos años. Del lado de la guerrilla vemos que hoy se siente relegitimada. Pero hay que tener en cuenta la descoordinación, por decir lo menos, de ELN y FARC. De lado de la llamada sociedad civil vemos su fragmentación, pese al poder de convocatoria de la Iglesia, y en Mainz ha quedado reducida, en últimas, al Consejo Nacional de Paz que es mucho más Estado que sociedad. Inevitablemente el próximo gobierno estará montado en el movimiento iner-cial de estos acontecimientos. Espere-mos que nuestros gobernantes sean buenos en el surfing de estas olas, y que, una vez regresen las aguas a su nivel habitual, sea posible ir diseñando políticas de largo plazo, es decir la paz como un propósito nacional y un asunto de Estado antes que de gobierno. ANÁLISIS POLÍTICO: ¿Cuá les son las condiciones necesarias y suficientes para construir una paz viable y sosteni-ble en Colombia? ¿Cuánto tiempo se necesita para cumplir las condiciones? PIEDAD CÓRDOBA: Pienso que sigue siendo válida la tesis de las causas objetivas del conflicto armado. Las profundas inequidades en la sociedad colombiana, la falta de oportunidades para muchos compatriotas, impulsan un proceso que se retroalimenta en forma cada vez más aguda. Las proporciones alarmantes del desplazamiento forzado, sin parangón en América Latina, provocado o aprovechado por muchos para obtener ventajas económicas, son un reflejo del desequilibrio económico y social que subyace a la lucha armada. Mientras no se ofrezca a la población la oportunidad de satisfacer sus necesidades mínimas y de llevar una


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vida digna no veo viable el aclimatamiento de la paz. Y para lograr este propósito es necesario realizar un gran esfuerzo de inversión social, bien planificado a lo largo de varios cuatrie-nios, para redimir las zonas más depri-midas del país. Lo importante ahora es que se den señales inequívocas de marchar en esa dirección. MARCO PALACIOS: Hay dos pla-nos: uno interno que es el más impor-tante y otro internacional. En cuanto al primero, opino que sin una genuina expansión de la ciudadanía no habrá condiciones de una paz social y política duraderas. Obviamente no pienso que tengamos que realizar de una vez por todas los ideales y fundamentos de la democracia que han quedado con-sagrados en los textos constitucionales. Pero será esencial que los colombianos, como pueblo dé ciudadanos, tengamos una visión de la posibilidad real de un movimiento en firme hacia la demo-cracia, truncado en 1948. Ahora bien, esa visión realista y promisoria sólo podrá venir a la par con procesos efectivos y eficaces de reforma eco-nómica, social e institucional y con un poderoso discurso de paz. En el plano interno debe haber una conjunción de "procesos". Por ejemplo, puede comenzar un ejercicio de nego-ciación política en el Congreso que lleve a algo parecido al pacto de Ajuria-Enea de 1988 en España. Esto es, a un amplio consenso de los actores políticos no-armados y que condenan la violencia como vía política. La diferencia es que un pacto colombiano debe reconocer el déficit de democracia y entrar a resolverlo mediante las reformas que sea necesario hacer. Un pacto de esta naturaleza será un paso previo para movilizar el respaldo y participación de las instituciones intermedias, algunas de las cuales hablan en nombre de la sociedad civil, pero debe descender a

los ciudadanos, sobre todo en los niveles locales; debe ir a los barrios, a las fábricas, a las aulas universitarias, a los buses y busetas, a las calles y plazas, a los cafés. No debe descartarse que termine en otra asamblea constituyente o en un' verdadero plebiscito, en cualquier caso después de mucha pre-paración y acuerdo. En el plano internacional el factor más importante será la efectiva neutralidad del gobierno de los Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. Es innegable el poder gravitatorio que ejercen los Estados Unidos en sectores de las clases dominantes, de las clases medias urbanas y del Ejército. Hasta ahora se ha proclamado en Washington esa neutralidad. Pero para que sea efectiva debe desligarse del universo del narcotráfico. En buena medida este asunto depende de la vo luntad de la guerrilla, de un lado, y del Estado colombiano, del otro. Y aquí adquiere centralidad un tema agrario: el campesinado que ha sido orillado a vivir de los cultivos ilícitos. ¿Cuánto tiempo será necesario para lograr una paz duradera? Difícilmente se podrá realizar este "proceso" dentro de un cuatrienio, aunque es difícil vati-cinar. A veces las negociaciones de paz ganan una velocidad extraordinaria. Pero no hay que hacerse ilusiones y repito, es afortunado que hoy en día todos seamos más cautelosos qué en 1982. Estamos hablando, además, de la violencia política y no de la criminali-dad generalizada. Y recordemos que en el conflicto armado propiamente dicho no se ocasionan más del 8% al 10% de los homicidios totales. ANÁLISIS POLÍTICO: ¿Podría usted ofrecernos una perspectiva de la evolu-ción de la relación civiles - militares en los últimos años? ¿Cree indispensable introducir cambios en esa relación para


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construir una paz sostenible y, en ese caso, cuáles serían? PIEDAD CÓRDOBA: La complejidad del conflicto armado ha llevado al es-tamento militar a situaciones contra-dictorias o ambivalentes frente a la po-blación civil. En algunos casos la asume como un elemento más de con-frontación; como que se desdibuja un poco el objetiva de su función primor-dial de proteger la vida, honra y bienes de los asociados. Ahí empiezan a sufrir mengua los derechos humanos. En otras ocasiones la vinculación es tan estrecha que el trabajo cívico y comunitario adquiere tanta importancia como el de la seguridad. En un país como el nuestro, con tantos actores simultáneos, lo deseable y exigible es que se mantenga y se respete al máximo la neutralidad de la población civil. MARCO PALACIOS: La evolución más reciente de estas relaciones no tiene norte. Es lamentable que nadie con poder -económico, social, mediático, o político- se haya sentado a pensar en las implicaciones de la posGuerra Fría en el modelo de relaciones civil-militares. En mi libro Entre la legitimidad y la violencia sugerí cómo lo que llamamos la violencia clásica deslegitimó instituciones básicas de un orden democrático: el poder judicial y la policía. Además de la sujeción de ésta última al Ejército, éste también salió quemado de la experiencia. Es decir, no ha habido armonía entre el modelo militar-policivo y la sociedad en su conjunto. En el nivel institucional y eli-tario sí ha existido cierta armonía con sus roces, "el ruido de sables". Pero ya vamos para diez años de pos-Guerra Fría, de poscomunismo, y seguimos como en el orden de la Guerra Fría: un anticomunismo de anticuario que no se lo creen ni los mismos burócratas

militares permite que lo "civil" y lo "mi-litar" obedezcan a una división del tra-bajo anacrónica y peligrosa. Los milita-res siguen manteniendo altos márgenes de autonomía ideológica, estratégica y operativa en la lucha contra la subver-sión comunista. Inclusive su desgano y apatía hace parte de tal autonomía. Desaparecida de la faz de la tierra la "amenaza comunista", entre los civiles colombianos no parece haber muchos con competencia para hablar profesionalmente de temas militares; los militares colombianos no reciben guías ni ideológicas, ni políticas del liderazgo civil. Tener un ministro civil resultó un mero maquillaje. Añada a esto la rede-finición norteamericana del "enemigo", del comunista al narcotraficante y verá usted la desorientación militar. La tarea aquí es enorme. Los militares deben entender cuál es su nuevo papel en una democracia, como defensores de la soberanía en un pueblo de ciudadanos iguales por ley y ante la ley. Esto requiere una pedagogía que no vemos por ninguna parte. Pero sin ella no podrá comenzar el proceso de reforma militar propiamente dicho que es urgente. Es decir, cuál debe ser la función específica y legitimada de cada uno de los institutos castrenses, de la inteligencia y de los servicios de seguri-dad nacional y estatal, diferentes de la seguridad ciudadana, cuál su localiza-ción en el mapa de Colombia, cuál su tamaño. ANÁLISIS POLÍTICO: ¿Cómo carac-teriza usted a los diversos actores armados de la guerra colombiana y cómo evalúa las posibilidades de que se comprometan con la paz? PIEDAD CÓRDOBA: Las señales que hoy envían los grupos guerrilleros alientan la esperanza de una real vo-luntad de paz. Parece existir de su parte la percepción de que los costos


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económicos que asume la sociedad entera son demasiado altos para persistir en una lucha que no se definirá. por vía militar. Las posiciones de fuerza que se adoptan a las puertas de unas eventuales negociaciones, ampliamente explicadas por los expertos en estos temas, no deben ser obstáculo para unas conversaciones sinceras y ojalá eficaces al propósito que todos queremos. Como es obvio, el tratamiento para grupos armados sin carácter político, delincuencia organizada y delincuencia común no pueden ser el mismo. Una vez fortalecido el Estado después del proceso de paz, recuperada su plena legitimidad y en uso del monopolio de la fuerza coactiva, debe someterlos al orden jurídico. MARCO PALACIOS: Pensando en esta revista especializada sintetizaré al-gunos planteamientos abstractos. Pese a los avances de investigación social y política, es poco lo que hemos aclarado conceptualmente sobre guerrillas. Para algunos son instituciones que articulan el orden/desorden sociales en ciertas regiones. Recientemente Malcolm Deas, empleando de modo muy idiosincrásico algunos conceptos centrales de David Apter, ofreció un "ensayo especulativo" refrescante. Pero no estoy tan seguro de algunas de sus implicaciones. Por ejemplo, creo que si uno prosigue apterianamente, las guerrillas sí serían unas comunidades o sectas organizadas alrededor de un "discurso" y, en términos posmodernistas a lo M-19, tal discurso sería una "acción interpretativa'. Pero habrá que explorar empíricamente mejor esta idea de las conexiones entre metáfora/sintagma en la elaboración de los mensajes políticos y la acción misma (por ejemplo el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado) como mensaje. Considero que el modelo de Franz Schurmann en su estudio de los comu-nistas chinos es más pertinente. En ese

sentido, puede decirse que las guerrillas tienen una ideología pura (el marxismo-leninismo, el nacionalismo, o lo que tenga un "ismo" creíble) pero lo fundamental en este caso colombiano, lo que resalta, es la desconexión de la ideología pura con la ideología práctica u organizacional. Pero al aproximarse al estudio de la "guerrilla por dentro" con las claves leninistas del partido clandestino y sus requerimientos, sus códigos, en cierta forma parecida a las sectas medievales clandestinas organi-zadas fervorosamente alrededor de una interpretación teológica particular, bien fuera de la teología general o de la misión de la "orden" o congregación respectiva, no hay que olvidar dicha desconexión. Eso lo captaron muy bien los comunistas, que nosotros llamába-mos despectivamente los mamertos. Pues bien, reconozco que nos faltó un poco de perspicacia mamerta. En esta veta, no creo del todo en la versión de Malcolm Deas de los "canjes violentos". Me parece que la guerrilla sigue moviéndose en un continuo que va del ideal "cosmocrático" leninista a la realidad econocéntrica del secuestro y la extorsión. Dicho esto, creo que es difícil elaborar y defender un discurso de paz en la guerrilla por dentro, al menos en las actuales circunstancias. El discurso y la gestualidad de paz de la guerrilla hacia fuera ya es una táctica bien redituable. Un elemento que podría superar esto es el avance de un poderoso discurso de paz desde el Estado y la sociedad, o sea un poderoso discurso democrático que dejaría a los guerrilleros como meros delincuentes comunes. Pero eso parece tan difícil como "reorientar" la ideología pura de la guerrilla y engranar a ella su ideología organizacional. ANÁLISIS POLÍTICO: Operativamente ¿cómo concebiría el


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desarrollo de las primeras conversaciones de paz: una o varias mesas, despeje o no despeje, asambleas de la sociedad civil o reuniones cerradas o confidenciales de negociaciones? PIEDAD CÓRDOBA: Un proceso de paz debe comprender a todos los gru-pos alzados en armas con carácter político. Mientras alguno de ellos per-manezca al margen, cualquier acuerdo será inestable y siempre existirá el ries-go de que quiera copar el espacio deja-do por los grupos que se reintegren a la vida civil. Lo que no parece viable es una sola mesa de negociaciones con todos los grupos, al menos en las primeras etapas, si se tiene en cuenta que cada uno tiene una visión diferente de la realidad nacional, enfoca el desarrollo del país desde diversos ángulos y, por tanto, propone salidas también distintas. El despeje como condición de seguridad es viable. La confidencialidad es indispensable para el éxito de las nego-ciaciones, lo que no se opone a que la sociedad civil tome parte en reuniones cerradas, como ya ha empezado a hacerlo. Las conversaciones de cara al público, en aras de un pretendido de-recho de la sociedad a la información, generan muchos más obstáculos y ten-siones que las ventajas que se pueden obtener. Conversar en reuniones cerra-das no es hacerlo a espaldas de la sociedad si el mandato conferido a los negociadores es claro y legítimo. MARCO PALACIOS: El requisito previo, y subrayo el término previo, de cualquier proceso de paz debe ser dual. Del lado de los actores armados, incluidos los estatales, deberá privar su estricta adhesión a los Protocolos de Ginebra II. Aunque los paramilitares son actores armados del actual con-flicto, no creo que deba dárseles nin-

guna legitimidad para negociar un status de actores públicos. Negociar sí su entrega incondicional. Este es un asunto fundamental en que entran en juego los límites éticos permisibles en un Estado de Derecho y hacen parte de lo que arriba llamé "un poderoso discurso de paz". Por el contrario, la negociación con las guerrillas tiene la doble legitimidad de la tradición política colombiana y de las leyes. Pero creo que la negociación propiamente tal debe ser un derivado o producto del debate muy intenso en el seno de la sociedad colombiana sobre qué sociedad queremos. Ese es el debate sobre los valores de la democracia, los fines y los medios institucionales para realizarla. Como dije, deberá librarse en múltiples escenarios sociales y locales y evitar de entrada la confusión entre burocracias gremiales, sindicales, eclesiásticas, académicas, con "sociedad civil". Del debate nacional y público deben salir iniciativas que finalmente se traducirán en reformas legales por el Congreso o por una Constituyente o un plebiscito. El debate debe concluir, además, en instituciones como las "Comisiones de la verdad' sobre esta guerra colombiana. La agenda de negociaciones Estado- -insurgentes debe derivar de ahí, porque es subsidiaria de la voluntad popular. Es decir, la paz no llegará muy lejos si se queda en compromisos entre élites negociadoras de lado y lado, como hasta ahora.

EL RINCÓN LA CONTRIBUCIÓN DEL IEPRI…

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LA CONTRIBUCIÓN DEL IEPRI A LOS ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA* Daniel Pécaut** El trabajo desempeñado por el IEPRI sobre la violencia es, a consideración de muchos, extraordinario. Las obras y artículos que allí se han publicado dan cuenta tanto de la evolución en el tiempo de los fenómenos de violencia como de la diversidad de sus dimensiones. Estos manifiestan una toma de posturas lúcidas, en su mayoría valerosas, inspiradas en una preocupación ético-política, la cual suscribo plenamente. La revista Análisis Político ha ganado un prestigio nacional e internacional muy meritorio. La influencia de sus investigadores es evidente. Basta, al respecto, levantar un inventario del número de coloquios, foros y comisiones en las cuales han participado. Conviene igualmente subrayar su audiencia en los medios de comunicación y en la opinión pública. Una etapa de investigaciones ha concluido, indudablemente. Análisis Político tiende en el último tiempo a consagrar cada vez menos artículos al tema de la violencia y se abre cada vez más a las reflexiones internacionales. Esta última evolución me parece bienvenida. Sería, sin embargo, una lástima que los trabajos sobre la violencia se hiciesen demasiado escasos. El tema de la violencia no está próximo a perder importancia en Colombia. De hecho, ésta la adquiere crecientemente en otros países del mundo. * Traducción de Mariana Escobar Arango. ** Sociólogo, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia

Es posible que convenga, ante todo, para renovar el impulso de los estudios sobre la violencia, modificar en algo las perspectivas. Las reflexiones coyunturales ocupan hasta el momento un lugar importante. Lo anterior está íntimamente ligado al hecho de que los trabajos confieren preponderancia a la dimensión política de la violencia y toman, a menudo, como punto de partida, las estrategias gubernamentales. En un país con un sistema institucional tambaleante, posiblemente conviene modificar parcialmente el ángulo de análisis, partiendo de la sociedad, de sus fragmentaciones provocadas por las redes de protagonistas armados y del nuevo contexto engendrado por las estrategias de los mismos. Esta es la sugerencia que haré al final de este informe. Sin embargo, comentaré primero los principales informes que deben ser considerados activos del IEPRI. Son numerosos y de gran importancia. I. Durante La Violencia, de los años 1945-1964, los investigadores en ciencias sociales no tuvieron ninguna posibilidad de analizar los fenómenos que se desenvolvían. La razón no es únicamente la ausencia de una tradición de investigación rodeada de amenazas sobre las instituciones y los investigadores. Estos no estaban en condiciones de volcarse sobre una auténtica labor de investigación. Atrapados ellos mismos en la confrontación ideológica a través de la cual se expresaba la lucha entre los dos partidos tradicionales, no podían convertir la violencia en objeto. Enredados en la sucesión de peripecias políticas, sólo percibían de manera ensordecedora los ecos de los fenómenos concretos de la violencia, que se desenvolvían en un mundo rural confuso y desprovisto de expresiones para hacer entender las atrocidades que


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lo afectaban. Ni los jefes de las bandas campesinas, ni las chusmas conservadoras, ni los sicarios, ni las células de la guerrilla o de autodefensa, teorizaban sus acciones, o por lo menos no en un lenguaje que se comunicase cómodamente con el de las universidades en las ciudades. Hubo que esperar hasta 1962 para que un gran libro, el de Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, abriera la reflexión sobre La Violencia. El inmenso mérito de esta obra está en asociar la descripción con la reflexión teórica. La descripción es la que permite fina lmente acceder al mundo social de la violencia, haciendo entender la voz de los participantes, protagonistas y víctimas, revelando las justificaciones de las prácticas, desvelando la violencia de La Violencia. La obra suscitó controversia. Si se toleraba evocar la aspereza de la disputa entre los partidos tradicionales -factor que fundaría la legitimidad del Frente Nacional-, no se hacía otro tanto con la actualización de la crueldad de los enfrentamientos y, menos aún, de la responsabilidad que cabía a los dirigentes políticos y a sus fichas locales. Al respecto, el silencio era de rigor; sólo la etiqueta de “bandidismo” era admitida para designar la violencia popular y lo que subsistía. Pero, contrariamente a lo que podría esperarse, esta obra pionera está lejos de haber conducido pronto a un florecimiento de obras universitarias que la prolongasen. Indudablemente, a finales de los años sesenta y a principios de los setenta, la referencia a la violencia constituía en sí misma una forma de lugar común. Sin embargo, los verdaderos trabajos de investigación para entonces eran escasos. Sólo hasta finales de los años setenta y en los ochenta aparecen las obras que, analizando las dimensiones precisas de

la violencia o sus manifestaciones regionales, sacan a la luz la diversidad de violencias que atraviesan La Violencia. Pienso en las de Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, de Carlos Miguel Ortiz Sarmiento y en otras. Un desfase temporal como el anterior manifiesta con claridad las dificultades de todas las suertes que acompañan los análisis de La Violencia. A lo anterior se agrega un desafío propiamente científico, el de elaborar los pasos teóricos que permitan dar cuenta de la diversidad y de la combinación de las dimensiones de los fenómenos. Los paradigmas en boga en los años sesenta y setenta, marxistas inicialmente, ofrecen con frecuencia una imagen simplificada del universo rural, ignoran el papel de los actores reduciéndolos a no ser más que la expresión pasiva de las estructuras y anulan las interferencias entre las violencias heterogéneas. Las conclusiones de dichos análisis, que no son con frecuencia más que la prolongación de las premisas, desembocan de este modo en hacer ejercer violencia a la población que sufrió las consecuencias de la misma. II. Ese tipo de desfase temporal no existe en la situación actual de la violencia. Los estudios no han cesado de acompañar su desarrollo. Tanto centros universitarios como no universitarios le consagran una parte importante de sus trabajos. Pero resulta innegable que el IEPRI, creado en un momento crítico de violencia generalizada, ha contribuido enormemente al análisis de nuevos fenómenos. Obras colectivas como Colombia: Violencia y Democracia publicada en 1987, y Pacificar la Paz publicada en 1991, constituyen intentos de diagnóstico de conjunto. La primera tiene el mérito de haber expuesto a la luz la heterogeneidad de las


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dimensiones de la violencia; la segunda, haber subrayado la diversidad de las problemáticas regionales. Una y otra hacen una amplia referencia al contexto político y social, como si éste explicase suficientemente la reincidencia de la violencia, y se ciñen a describir el papel de los actores organizados y no organizados. De este modo, no concurren únicamente en quebrar la representación de la violencia como un proceso unificado, sino también en abrir el camino hacia el análisis de las interacciones estratégicas entre los diversos actores de la violencia. Conviene sumar a estas dos obras el libro publicado en 1990 bajo la dirección de Francisco Leal Buitrago y León Zamosc, Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80, el cual provee una visión extremadamente completa de los factores institucionales y sociales de “la crisis”. Entre las otras 35 obras publicadas entre 1986 y 1995 por los miembros del Instituto, individual o colectivamente, casi todas tienen que ver también, directa o indirectamente, con el tema de la violencia. Gran parte de los artículos aparecidos en Análisis Político le son consagrados explícitamente. Ellos jalonan los diversos momentos del proceso y permiten captar sus inflexiones. Si bien en los últimos tiempos Análisis Político dedica sin duda un menor espacio a este tema y los artículos de reflexión teórica sobre las sociedades contemporáneas o sobre la globalización ocupan una mayor parte, los balances anuales publicados bajo el título Síntesis Colombia permiten asegurar la continuidad de las coyunturas en el terreno de la violencia colombiana. III. Sin pretender hacer un levantamiento sistemático de las obras y los artículos consagrados al tema de la

violencia, es por lo menos deseable hacer una lista aproximada de los aspectos de la violencia que son abordados allí. Esta enumeración es necesaria para considerar enseguida los logros alcanzados y las lagunas teóricas y empíricas. 1. Aportes al análisis de La Violencia de los años 1930-1950 y de sus improntas en la violencia actual. Los investigadores del Instituto o asociados al mismo han publicado diversos trabajos sobre La Violencia de los años cincuenta que contribuyen a aclarar el trasfondo de la violencia actual. El libro de Sánchez Guerra y política en la sociedad colombiana es uno en el que se analizan las continuidades y discontinuidades entre los dos episodios de violencia. Los libros de J. Guerrero, Los años del olvido; Boyacá y los orígenes de la violencia, Elsy Marulanda Colonización y conflicto: lecciones del Sumapaz, Eduardo Pizarro Las FARC 1949 a 1966, de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha; D. Betancur y M. García, Matones y cuatrilleros, origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano, aportan, sobre la base de investigaciones empíricas profundizadas, nuevos elementos al conocimiento de los actores de la violencia en el transcurso de las décadas anteriores y, de esta manera, contribuyen a aclarar la memoria de algunos de los actores de la violencia actual. 2 Relaciones entre el sistema político, el Estado y la violencia. Este terreno de reflexión es tal vez uno de los más frecuentemente visitados. Está notablemente abordado por Sánchez en Guerra y política en la sociedad colombiana; por William Ramírez Tobón en Estado, violencia y democracia; por Leal Buitrago en el capítulo “Estructura y coyuntura de la


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crisis política” del libro Al filo del caos y en el libro Clientelismo: El sistema político y su expresión regional y en numerosos artículos de Análisis Político, notablemente aquellos de Luis Alberto Restrepo y Eduardo Pizarro. Estos trabajos giran en tomo a preguntas similares entre sí: 1/ Los vínculos entre violencia y política en la historia colombiana, analizadas en particular en las obras de Sánchez y de Ramírez Tobón. 2/ Las limitaciones y perversiones del funcionamiento democrático como factores de la violencia, tema abordado en particular por Leal Buitrago, Pizarro y Restrepo. 3/ La cuestión de la precariedad del Estado. 4/ Las reformas políticas, en particular aquellas introducidas por la Constitución de 1991, y sus consecuencias en el terreno de la violencia. 3 Relaciones entre el universo jurídico y ético y la violencia. Los dos libros de Hernando Valencia Villa, Cartas de batalla: una crítica del constitucionalismo colombiano y La justicia de las armas, y el de Iván Orozco, Combatientes, rebeldes y terroristas: guerra y derecho en Colombia, aclaran los vínculos entre la violencia y la normatividad jurídica y plantean el problema de la calificación otorgada a los diversos tipos de “rebelión”, común o política, de acuerdo con las circunstancias. 4 Relaciones entre violencia y conflictos sociales a la luz de la distribución regional de los fenómenos de violencia. Los artículos de Alejandro Reyes, Ana María Bejarano, J. E. Jaramillo y Darío Fajardo, y de L. A. Restrepo (al igual que su capítulo “Movimientos cívicos en la década de los ochentas” en Al filo del caos), contribuyen al análisis de esas relaciones. Aún ahí, se deben distinguir aproximaciones diferentes: 1/ Las relaciones entre conflictos agrarios

y violencia (Reyes en particular, pero cabe agregar el capítulo de Zamosc “El campesinado y las perspectivas para la democracia rural” en Al filo del caos). 2/ Las relaciones entre los movimientos urbanos y la violencia (Restrepo). 3/ Los estudios monográficos regionales (Bejarano sobre Urabá). 4/ Los análisis sobre “minorías étnicas”, indígenas y negras Jaime Arocha, C. Gros, etc.) 5 Análisis de los protagonistas de la violencia. Éste tiene que ver ante todo con las organizaciones guerrilleras, pero aborda igualmente a los narcotraficantes y a las fuerzas del orden. 1/ Los estudios sobre la guerrilla son particularmente numerosos. a) Algunos artículos de Jaime Zuluaga Nieto, de Alejo Vargas Velásquez y los trabajos de Pizarro proveen una visión histórica sobre la formación de diversas organizaciones guerrilleras actuales. b) El artículo de Ramírez Tobón “La liebre mecánica y el galgo corredor: la paz actual con el M-19” en Análisis Político contiene una interpretación lúcida de las estrategias del M-19. c) Los artículos de Reyes Posada, Restrepo y Pizarro abordan el tema de las transformaciones de la guerrilla en favor de los recursos materiales que acumulan desafortunadamente a través de diferentes medios. 2/ Las obras y artículos sobre el narcotráfico y los narcotraficantes reflejan diversas formas de abordar el particular. a) Varios artículos de Reyes muestran la difusión geográfica del fenómeno de narcotráfico. b) Los estudios de Álvaro Camacho muestran su impacto en las relaciones sociales. c) Los artículos y el libro de F. Sarmiento y Ciro Krauthausen suministran un excelente análisis de la economía de la droga. d) Las estrategias de enfrentamiento y de negociación de los narcotraficantes con el Estado son con frecuencia analizadas. 3/ Numerosos artículos tienen que ver con la formación y la difusión de las


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organizaciones “paramilitares”, en particular los de Reyes. Los artículos de Pizarro y de Leal Buitrago sobre las fuerzas armadas enfocan ante todo sus relaciones con el poder civil, su autonomía e ideología. El mismo tema se retoma en el libro de Leal Buitrago El oficio de la guerra: la seguridad nacional en Colombia. Dos artículos de Camacho tratan sobre la policía. 6 Las estrategias gubernamentales frente a la violencia. Este tema es abordado desde diversos ángulos en casi todos los números de Análisis Político y en Síntesis. En gran medida, la toma en cuenta de la sucesión de las estrategias gubernamentales constituye un punto de partida de –numerosos análisis coyunturales. Esta clasificación, como se dijo, no pretende ser exhaustiva. Permite, no obstante, constatar que el IEPRI ha tratado efectivamente la mayoría de los aspectos de la violencia. Desde Colombia: violencia y democracia, se sacaron a la luz sus heterogéneas dimensiones. Los artículos de Análisis Político permiten con creces aprehender las diversas coyunturas y procesos. Estas coyunturas están definidas en términos institucionales. El encadenamiento de sucesivos períodos presidenciales sirve de punto de referencia. No es por lo tanto sorprendente que muchos artículos lleven la marcha de un relato cronológico acompasado por cada elección presidencial. De ahí viene el privilegio otorgado a la dimensión propiamente política del trabajo del Instituto. Uno se podría preguntar si ese privilegio no va en contravía de la afirmación de las dimensiones heterogéneas de la violencia. Se puede preguntar si su resultado no es haber dejado de lado otro estilo de análisis, aquel que partiría de los actores mismos

de la violencia, de sus interacciones, y que mostraría, en la medida en que la violencia se prolonga, cómo otro contexto se crea como resultado de las interacciones y cómo surge otra cronología, diferente de la institucional. Sin embargo, no es de sorprender que un Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales confiera en sus trabajos tal importancia a los sistemas e instituciones políticos. Más allá de la formación de los investigadores, tres razones adicionales intervienen. La primera es que el IEPRI no puede hacer nada distinto de adoptar una posición de “espectador comprometido”, retomando una expresión de Raymond Aaron. Ninguno de sus trabajos es ajeno a una “toma de posición” favorable al respeto de los derechos humanos, de la “apertura política” y de la búsqueda de soluciones negociadas. Si el IEPRI realiza numerosos trabajos especializados por cuenta de los gobiernos, ello no impide denunciar constantemente las múltiples violaciones de derechos humanos y de acoger en sus publicaciones los informes de America's Watch. Desde sus inicios, sus investigadores, en particular Sánchez, Restrepo y Pizarro han denunciado con vigor los abusos cometidos por la guerrilla, al igual que han señalado la legitimidad de la judicialización de sus acciones, postura que les otorga una verdadera autoridad intelectual y contribuye a que participen en la orientación de la opinión pública. Todas las tentativas de negociación con los protagonistas de la violencia han recibido su adhesión, con matices dependiendo de los autores y, de resto, las publicaciones Colombia: violencia y democracia y Pacificar la Paz coinciden con momentos en los cuales se puede esperar el éxito de los


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esfuerzos gubernamentales de pacificación. Los análisis relativos a las estrategias públicas que deben ser adoptadas frente a la economía de la droga son, en ocasiones diferentes y, esto se retomará más adelante, algo desconcertantes. Los investigadores del IEPRI no se escapan en ese sentido a las incertidumbres que caracterizan a las élites y a la opinión colombianas. La segunda razón está ligada a la anterior, en el número de obras y artículos dedicados a las estrategias gubernamentales. Ya lo había dicho: las medidas adoptadas por cada gobierno son las que sirven las más de las veces como punto de partida para los análisis. Incluso, cuando los artículos de Análisis Político se refieren en conjunto a la violencia actual, la referencia a esas estrategias provee los desfases cronológicos. Hay ocasiones en las cuales el investigador, me parece, se identifica no ya con la postura del espectador comprometido sino con aquella de quienes toman las decisiones políticas. Esto puede dar la impresión a veces de limitar la envergadura de los análisis, puesto que la ineficacia o fracaso de las estrategias gubernamentales se patentiza cada vez más. Esto lleva en ocasiones a subestimar las dimensiones “no-políticas” de la violencia, aquellas de las redes de la droga o de la vida cotidiana. Retomaré este punto más adelante. La tercera razón remite a la responsabilidad imputada al sistema político heredado del Frente Nacional. El carácter “limitado” o “pervertido” de ese sistema es incesantemente invocado como uno de los factores del desencadenamiento de la violencia. No se trata en este punto de negar la relevancia de un factor de tal naturaleza. El asunto es mostrar con precisión las maneras como interviene y no limitarse a tener en cuenta el modo de ser

invocado, a título de justificación de su acción, por diversos protagonistas de la violencia, al igual que por diversos sectores sociales no ligados a la misma. ¿Eran entonces las limitaciones del Frente Nacional percibidas de manera similar por todos los sectores sociales, en particular por las “nuevas clases medias”, con las cuales, los investigadores tienen más afinidad? La pregunta se puede formular y es relevante. Advierto que no se dispone siempre de estudios que profundicen sobre la vida política local, las relaciones o no relaciones existentes entre la población y los partidos y la selección del personal político, a excepción del libro de Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila sobre el clientelismo en Santander. Además, el contexto político ha cambiado singularmente desde 1980. ¿Ha sido ese cambio suficientemente notado? Este sí lo fue cuando se trataba de describir las reformas, como por ejemplo, la adopción de la nueva Constitución, pero no fue percibido, a mi juicio, cuando se tenía en consideración la dislocación de los viejos partidos y la corrupción masiva, la cual, corroyendo las instituciones, transformaba todas las reglas del juego. La insistencia sobre la “responsabilidad” del sistema político hacía correr el riesgo, en la medida en que la violencia se generalizaba, de subestimar el problema de las estrategias de los actores de la violencia y de alimentar la ilusión de que las reformas políticas, por más necesarias que fueran, podían por sí mismas frenar la violencia. Por otra parte, se puede observar que después de la Constituyente, los análisis se han tornado más complejos y el “contexto político” dejó de ser considerado como un elemento estático. Así mismo, las lógicas no directamente políticas que subyacen a la acción de los protagonistas han sido más tenidas en cuenta.


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La primacía otorgada al análisis político, incluso institucional, se ha revelado de manera fecunda en varios trabajos. Ya sea que dichos trabajos sean relativos a las políticas públicas frente a la violencia, a los usos del derecho o a las reformas políticas, el aporte del Instituto es considerable. Así mismo, los investigadores del Instituto han contribuido enormemente a la historia política de la guerrilla, al análisis de las relaciones políticas entre narcotraficantes y los gobiernos, etc. De hecho, este estilo de análisis conviene perfectamente a la descripción de los procesos oficiales de negociación. La revista Análisis Político ofrece estudios muy minuciosos sobre estos procesos. En fin, este paso político tiene la ventaja de evitar el tener que recurrir a nociones hechizas y perezosas, como aquella de la “cultura de la violencia”, que me parece bastante poco explicativa, salvo si ésta se articulara a un contexto histórico preciso. Igualmente, tiene el mérito, a mi juicio, de alertar sobre una extensión indefinida que llega a asociar la violencia política con la violencia familiar, la violencia de las relaciones entre “géneros” y la violencia infantil, sin que se sepa cómo pasar de la una a la otra, ni en qué sentido Colombia ofrece, al respecto, una especificidad en relación con otros países. Me pregunto, sin embargo, si la primacía otorgada a lo político no trae consigo algunas limitaciones. IV. La primera limitación es evidente. Los trabajos no evocan siempre, como se desearía, a la sociedad ni los cambios que la sacuden. Pienso que evocar el contexto de la violencia actual implicaría que otras variables, no menos significativas que

las características del Frente Nacional, entrasen a jugar. La brutal secularización de la sociedad colombiana a finales de los años sesenta es un fenómeno grueso. No es poca cosa pasar de una sociedad que consideraba a la Iglesia católica garante del orden social (labor que, en una región como Antioquia y en el mismo Medellín, la institución cumplía con celo, controlando la vida pública y privada), a una sociedad en la que la Iglesia ha perdido su autoridad y donde lo religioso, aún presente, se convierte en una suerte de “self service”153 individual que cada cual chapucea y utiliza a su antojo, revolviendo si así se desea, superstición y magia. Resulta deplorable que no exista ningún trabajo preciso en este terreno. Después de todo, se trata de una mutación en la que el efecto político no puede ser subestimado. Es posible referirse a una “secularización política” cuando se constata que la población ha cesado de leer su destino a través de su adscripción partidaria y que lo que se ha denominado como “crisis de representación de los partidos” se desprende del hecho de que, como la secularización religiosa, la secularización política se ha desarrollado de manera negativa, sobre todo, por una pérdida súbita de señales. Sin embargo existen otras variables a tener en cuenta. Las migraciones, urbanas y rurales, han transformado las identidades colectivas. El crecimiento del nuevo sistema educativo afecta el papel de los antiguos mediadores políticos, esos innombrables reproductores del sistema de clientela. Del mismo modo, no es posible dejar de lado los cambios de expresión de la conflictividad social. Es evidente que los sindicatos y las organizaciones 153 Cf. Patrick Michel, Politique et religion . La grande mutation, Albin-Michel, Paris, 1994.


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campesinas no son ya portavoces de amplios sectores sociales. La violencia y el dominio de las redes armadas no les son extrañas. Por lo anterior, sería muy interesante saber más acerca de las expresiones actuales de la conflictividad social, las cuales pasan por las movilizaciones repentinas y locales (paros cívicos, etc.) o por la “delincuencia” cotidiana. Los estudios de Reyes y de Zamosc aclaran ciertos aspectos de las acciones campesinas. En el terreno de lo urbano no hay tanta información al respecto. Puede parecer sorprendente que los investigadores otorguen tanta importancia a las “determinantes” políticas de la violencia y tan poco a sus aspectos sociales. Es evidente que después de más de quince años de violencia actual, la sociedad no sigue siendo la misma. Las barreras sociales se han debilitado, las nuevas realizaciones han quebrantado la dominación de las viejas élites, nuevos modelos de logro se han impuesto, la corrupción ha minado las relaciones con las instituciones, las fronteras de lo local y de lo nacional han sido modificadas y el imaginario político ha sufrido una metamorfosis. No es posible para un grupo limitado de investigadores abordarlo todo. Sin embargo, queda claro que el análisis de lo político no puede ser separado del análisis de las transformaciones sociales. V. Resulta importante hacer algunas observaciones con respecto a los elementos que subyacen a los análisis políticos, ya que éstos constituyen el gran aporte del IEPRI. Quisiera subrayar en este orden de ideas, algunas de las limitaciones que se perciben desde una perspectiva temporal. Haría básicamente al respecto tres observaciones. La primera tiene que ver

con la manera como se descifran las estrategias políticas. La segunda toca la noción de “Integración política”, tan presente en varios trabajos. La tercera traza una atadura entre “democratización” y violencia. Me parece que el desciframiento de las estrategias políticas, gubernamentales o de otros actores, es en ocasiones conducido con base en las solas intenciones fijadas por ellos y del contenido más manifiesto de las transacciones. Las estrategias gubernamentales son evidentemente las más cómodas de aprehender. Resulta por ende tentador hacer de lo anterior un único punto de partida para los razonamientos. Ya había hecho referencia al carácter ins titucional de la periodización adoptada con frecuencia por el IEPRI y a que varios de sus estudios eran ante todo de coyuntura política. Pero hay riesgo también en el ejercicio de reducir las estrategias de los protagonistas de la violencia a meras respuestas a las estrategias gubernamentales. El análisis de la violencia no puede subestimar el margen de maniobra de los gobernantes ni el de los protagonistas de la vio-lencia. El gobierno debe convencer a los gremios, a los militares, a la opinión. Ni los unos ni los otros son necesariamente unánimes. Por ejemplo, los generales del Estado Mayor Conjunto pueden eventualmente dividirse y los capitanes pueden tener otros puntos de vista. Por su parte, las guerrillas pueden anunciar en coro y a grito herido que quieren el “diálogo”, pero cada cual sabe que el “diálogo” no puede ser más que uno de los tantos componentes de sus estrategias y también que sus frentes se preocupan también por sus propios intereses. Retrospectivamente, uno se pregunta si los autores, al elaborar artículos a partir de los procesos de negociación, no han subestimado la complejidad de dichos procesos, al estar


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influenciados por sus escogencias ético-políticas. Es posible que también hayan descuidado las lógicas estratégicas subterráneas en los momentos de fracaso de las negociaciones: las severas condenas hacia la declaración de “guerra” contra el narcotráfico de Barco o la proclamación de “guerra integral” Gaviria, contra las guerrillas, revelan aún allí, las opciones éticas de los investigadores. Estas sólo aclaran de manera moderada los fundamentos de sus declaraciones. Detectar los costreñimientos que pesan sobre los actores, los cálculos secretos que los guían, las fuentes de poder de que disponen, los márgenes de juego que se les ofrece según los momentos, la diversidad de sus lógicas de acción, los fines múltiples que persiguen, en síntesis, los elementos latentes de sus estrategias, me parece una tarea fundamental. Los instrumentos del análisis estratégico y de la sociología de las organizaciones me parece que pueden contribuir a avanzar en este sentido. La aproximación teórica a la política en términos de “integración” tiene sus gestos de nobleza en la literatura de la ciencia política y de la sociología. Pero las dimensiones de la integración son diversas. Las conductas de los actores no pueden ser concebidas como puras “respuestas” a las propiedades del sistema, salvo si se incurre en un funcionalismo de facto que, precisamente, disuelve los actores, reduciéndolos a la expresión de las funciones y disfunciones del sistema. A. Giddens, entre otros, ha subrayado el doble recorrido que va de las interacciones a las estructuras y viceversa. La rigidez del Frente Nacional no impone un tipo de respuesta, que sería la violencia, sino que “facilita” diversas

posibilidades de acción, entre ellas el recurso a la violencia. No hay que subestimar la capacidad “integradora” de los partidos tradicionales. Después de todo, la población se insurrecciona masivamente contra estos partidos únicamente a partir de 1991. Es posible que ésta tenga una concepción puramente instrumental de la relación con la política o que adopte conductas masivas de retirada. No se trata de que esté completamente “no integrada”. Es la apertura política de 1991 que pone súbitamente al desnudo la usura de los partidos, y ello amerita una interrogación. Por otra parte, la dimensión de la “integración” no puede ser separada de otras dimensiones: las formas de expresión de la conflictividad social, el sentido otorgado al Poder, el imaginario político. En fin, uno se puede preguntar si, a pesar de todo, las tradiciones políticas colombianas no traen consigo, además de la rutinización del recurso a la violencia, elementos de debate político y de invocación del estado de derecho que no tienen la misma importancia en países como Brasil o México, en los cuales al Estado le ha sido conferida la misión de organizar la sociedad. Si los trabajos del IEPRI han sido cuidadosos en no imputar la violencia directamente a la miseria, sí manifiestan diferentes matices a la hora de explicarla en términos de “exclusión política”, no otorgando la suficiente relevancia a las mediaciones que intervienen entre esta exclusión y la violencia. El riesgo de lo anterior radica en quedarse en una dialéctica de la inclusión y de la exclusión, como si el régimen fuera pura y simplemente autoritario. La cuestión de la “integración” no remite únicamente a las reglas formales e informales del sistema político colombiano desde 1958. Ta l y como los investigadores del IEPRI subrayan con frecuencia, en lo anterior intervienen


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también los modos de acción y de representación que han sido forjados en el largo plazo y a través de experiencias particulares como La Violencia. Se encuentran temas sobre la especificidad de la formación de la nación colombiana y de la “precariedad del Estado”. Evidentemente, la fragmentación del espacio político y social es un proceso de largo plazo. Por su parte, la “precariedad del Estado”, no se mide únicamente en términos de que la autoridad del Estado se haga o no sentir en diversas regiones, ni en las carencias de infraestructura; hay que pensar que dicha fragmentación también responde a la ausencia de un mito unificador, a la fragilidad de la simbólica naciona l, a la incertidumbre de los criterios de legitimidad, a la construcción de un monopolio ejercido por profesionales del derecho que lo convierten en mera fuente estratégica, al flujo de una ciudadanía política reemplazada por la pertenencia a las redes de los partidos políticos, a la fragilidad aún muy grande de la ciudadanía social. El carácter “inacabado de la construcción de la Nación”, de acuerdo con la expresión de Fernán González, no constituye una premisa conceptual inerte. Ofrece también a múltiples actores la posibilidad de desarrollar estrategias que la hagan aprovechable y de tener “interés” en el sostenimiento de lo inacabado. Las redes clientelistas se han servido de ello por años, al igual que las redes de actores “ilegales”. En cuanto a la experiencia de La Violencia, ésta ha contribuido a suscitar su propio imaginario. En ambos casos, no hay remisión a un problema únicamente de integración sino a los problemas de socialización y de dar sentido a la experiencia social. Llego finalmente a los vínculos entre “democratización” y violencia. Como lo he recordado, la violencia es con

frecuencia asociada a una situación sostenida de insuficiente democratización. No resulta pues sorprendente que numerosos artículos de Análisis Político presenten la democratización como el verdadero remedio para la violencia. No pongo en duda que los dos temas deban estar ligados entre sí. Me pregunto, sin embargo, si no sería conveniente considerarlos también como dos problemáticas relativamente autónomas, desde un punto de vista analítico. La idea de democratización no puede ser considerada como un remedio milagroso para la violencia y ésta no se debe resumir como una demanda de democratización. Estos dos planos me parecen relativamente autónomos, en la medida en que hace tiempo la dinámica de la violencia ha cesado de definirse en términos de las distorsiones del sistema político. Ni el funcionamiento de la economía de la droga, ni la acción de narcotraficantes, paramilitares o guerrillas, ni la violencia cotidiana tienen mucho que ver con la problemática de la democratización. La apertura política iniciada en 1982 y continuada hasta 1991, no tuvo ningún efecto sobre la violencia. Lo anterior no significa que ésta no fuera necesaria y que por ende no hay que empujarla más lejos. Incluso diría que ahora ello es más indispensable que nunca, porque me pregunto si la violencia no dio un paso brutal hacia atrás desde 1994. En todo caso, hay que partir del presupuesto de que la democratización no constituye en sí misma una estrategia suficiente de cara a la violencia. No es posible ahorrar reflexiones sobre las estrategias necesarias para superar esa violencia, en un contexto democrático. La violencia es, por sí misma, des-tructora de los fundamentos de la coexistencia y la creencia democráticas.


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Para los sectores de la población más afectados, la prioridad no es el mejoramiento del funcionamiento democrático sino el restablecimiento de una cierta seguridad. En la medida en que el régimen no logre demostrar al respecto una capacidad de adoptar medidas efectivas, la población tenderá a desviarse de la política institucional. ¿Se debe pensar entonces que las es-peranzas reposan sobre la “democracia local”? Valdría la pena disponer de monografías al respecto, y contar, por ejemplo, con descripciones minuciosas de experiencias como las de Apartadó o Aguachica. La democratización no puede ser analizada solamente al nivel de las re-glas institucionales. Tan o casi tan im-portantes son las prácticas políticas concretas. La revista Análisis Político les ha raramente consagrado espacio. Ahora bien, se encuentra material sobre los movimientos sociales, pero dudo que éstos sean todavía portadores de una “ampliación de una cultura política democrática”, tal y como lo sugiere Pizarro en un artículo de Análisis Político No. 10. En cambio, no hay estudios sobre los modos de organización de los colonos (Juntas de Pobladores), ni sobre la eventual transformación de las costumbres políticas en el contexto de la descentralización, ni sobre el funcio-namiento de las centrales sindicales. Tampoco he encontrado ningún ensayo de interpretación sistemática de las razones por las cuales la Constitución “participativa” de 1991 se ha expresado por una caída de la participación política. Estos son, por lo tanto, los temas esenciales para captar las virtudes de la democratización o los obstáculos en su camino. Además, la problemática de la democratización en Colombia no puede estar aislada de lo que sucede en el resto

del mundo. Por doquier, en relación con la globalización económica y la adopción del neoliberalismo, se asiste a una crisis de legitimación de los regímenes y de la representatividad de los partidos. El resquebrajamiento del Estado nacional y de las ideologías del progreso va de la mano con un déficit de sentido de la política. La reflexión sobre la democracia colombiana no puede reducirse a constatar la herencia histórica; debe así mismo considerar el efecto de sus recientes mutaciones. Es decir, que el razonamiento sobre la democratización sólo se puede construir si se parte tanto de los modos de socialización en el largo plazo como de los efectos de la violencia y de la coyuntura mundial; de las reglas institucionales y de las prácticas. Separando analíticamente el tema de la democratización del de los fenómenos de violencia, resulta sin duda más sencillo medir la dinámica particular de éstos últimos, como puede ser, analizar las nuevas formas de dominio y expropiación territorial y los repoblamientos de zonas que progresivamente se observan en varios lugares del país. VI. Haría una anotación complementaria respecto de las limitaciones inducidas por la preponderancia del análisis “político”. En la medida en que se privilegian los “factores políticos de la violencia”, algunas dificultades surgen cuando se trata de describir las dimensiones de la violencia que no son explícitamente políticas y, a fortiori, las interacciones entre los protagonistas que no tienen sino de manera parcial proyectos políticos. Daré tres ejemplos. Ciertamente, estos trabajos otorgan un espacio amplio a la economía de la droga y a los diferentes sectores que están asociados a la misma. Sin em-


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bargo, se percibe una vacilación en la manera de tratar el “problema de la droga” y su impacto en la sociedad y en las instituciones. Varios artículos parecen retomar con bastante facilidad la tesis periodística (o “nacionalis ta”) según la cual el problema es imputable a los países consumidores y que la legalización es la única salida. La tesis es en sí discutible, ya que se revela que, incluso en las sociedades en que los gobiernos no obstaculizan la cultura y la comercialización de la droga, éstas quedan a merced de las fuerzas que buscan establecer monopolios y convertirse en amos de los precios. Sobre todo, la tesis no dispensa de interrogarse sobre las políticas que Colombia debe adoptar por voluntad propia o en su contra. La cuestión que quiero subrayar es, sin embargo, diferente. Tiene que ver con la responsabilidad de la expansión de la economía de la droga en el surgimiento y difusión de la nueva violencia. Dos tesis contemporizan. Una señala que los factores políticos son fundamentales y que la economía de la droga no es más que un elemento secundario. La otra otorga al auge de la economía de la droga efectos fuertes sobre la violencia y que éste ha contribuido a redefinir el contexto y las estrategias de los actores. La escogencia entre una hipótesis y otra conduce a razonamientos bastante diferentes sobre la violencia. Se puede considerar que no son excluyentes entre sí. Pero hay que reconocer que la segunda no puede ser desagregada si quiere uno darse cuenta del deterioro institucional y político actual y del auge en potencia de varios protagonistas de la violencia. El impacto de la violencia no directamente política no se acomoda fácilmente al esquema político. Tal es el caso de la violencia “ordinaria”, aquella que atraviesa las relaciones cotidianas. Igualmente, de los narcotraficantes cuya

acción no se la reduce a las presiones que ejercen sobre el Estado ni a las negociaciones oficiales u oficiosas que se desarrollan. El lector de Análisis Político constata que los actores del narcotráfico han sido presentados de diversas maneras: como empresarios, por ahora estigmatizados pero destinados a insertarse en la lógica del capitalismo, como innovadores sociales introduciendo nuevos valores y nuevos vínculos sociales, etc. Todas esas lecturas resultan interesantes. Únicamente me parecen controvertibles cuando llegan a la idea de que esos actores son definitivamente “funcionales” al mantenimiento del sistema político o social. Ello implica regresar de nuevo a un funcionalismo discutible, como si hubiese un sistema independiente de la interacción entre los actores, y descuidar el hecho de que los efectos de la economía de la droga son, por decir lo menos, contradictorios. Lo anterior implica aislar ciertas dimensiones, dejando de lado toda la complejidad de las interferencias con los demás actores. Ningún protagonista puede ser descrito sobre la base de su sola identidad política. Las guerrillas constituyen también una manera de organizar a la población. El artículo de Pizarro “Elementos para una sociología de la guerrilla” (Análisis Político No. 12) y los estudios de Alfredo Molano ofrecen elementos de análisis al respecto. Vale la pena retomar este camino. El artículo de Carlos Mario Perea “Amapola, campesinos y glifosato” (Análisis Político No. 24) ofrece una preciosa descripción de la inserción de los campesinos en la cultura de la droga. Valdría la pena realizar otros estudios de esta naturaleza. Considerando las bases sociales de los diversos protagonistas, estos trabajos ayudan a aprehender las dimensiones de sus estrategias y su evolución en el tiempo.


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Es necesario observar con la mayor exactitud posible cómo se dan las adhesiones a uno u otro protagonista armado, qué contenidos de lealtad o de cálculo utilitarios traen consigo, qué niveles de estabilidad manifiestan, qué similitudes pueden existir con las viejas adscripciones a los partidos tradicionales. Se puede pensar que son cada vez más las regiones en las cuales diferentes grupos armados se enfrentan por el control de la población y, por ende, donde la coacción y el terror juegan un papel absolutamente relevante. Estas son realidades que deben ser estudiadas de cerca. VI. En este punto, llego a una observación general. Me pregunto si no sería útil ahora, al menos desde el punto de vista heurístico y teórico, invertir el punto de partida, considerando no las estrategias gubernamentales sino aquellas de los diversos protagonistas de la violencia. En veinte años, las lógicas de la violencia han cesado de “responder” a la acción del gobierno. Esas han terminado por engendrar sus propios modos de regulación, de suscitar interacciones que se alimentan unas a otras, de crear su propio contexto. No se trata únicamente de las tensiones a las que se debe adaptar la acción gubernamental. Luego de remodelar la sociedad, ellas influyen directamente sobre y en el interior de las instituciones. Ya se había indicado atrás: siguiendo a Giddens, por ejemplo, las “estructuras” de un sistema no son más que la sedimentación de series de interacción. Se puede debatir acerca de esta afirmación epistemológica. Sin embargo, su validez no me parece discutible en la medida en que las interacciones entre grupos que disponen de medios de fuerza regulan las

relaciones sociales y asumen el control institucional en ciertas regiones. Agregaría que una opinión metodológica de esta naturaleza puede inducir a tipos de razonamiento bastante diversos. En sus estudios sobre la mafia italiana, Gambetta parte de la constitución histórica de las relaciones de desafío y las estrategias mafiosas para la imposición de relaciones que reintroducen una cierta previsibilidad. En un libro sobre la violencia irlandesa, de suyo bastante confuso, Formations of Violence. The narrative of the Body and Political Terror in Northern Ireland154. A Feldman analiza la manera como la violencia fabrica una nueva concepción de territorio, de cuerpo, de relaciones entre los miembros de dos comunidades. Hay dos ejemplos de razonamientos que parten de lógicas estratégicas de la violencia. En el caso colombiano, una aproximación que parta de las estrategias de los actores, debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: a. Los modos de constitución de las redes de influencia territorial y social impuesta por los actores violentos y las formas de adaptación de la población a estos. Una red de influencia puede reposar, de acuerdo con los momentos, sobre grados diferentes de adhesión. Puede definir normas explícitas o implícitas, pero puede igualmente apelar al sentimiento del miedo a través de acciones puntuales. En ciertos casos, es susceptible de parecerse a las redes de los partidos tradicionales. Puede apelar a los intereses, como lo hacen las guerrillas en las regiones de cultivos ilícitos, a la lealtad, a la obediencia forzada. Situaciones radicalmente 154 The University of Chicago Press, Chicago, 1991.


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diversas surgen si una red de influencia posee un monopolio local o si entra en competencia / conflicto con otras redes de influencia. Tanto las estrategias como las formas de adaptación de la población cambian en función de una u otra de las situaciones arriba anotadas. b. Las formas de interacción entre los diversos protagonistas. Su estudio supone tomar en cuenta la multiplicidad de “recursos” económicos, políticos, sociales y militares de que dispone cada uno de ellos a nivel local. Pero se trata igualmente de aprehender las “transacciones” y compromisos implícitos que intervienen. Con frecuencia se ha puesto de relieve el hecho de que las economías locales continúan funcionando a pesar de la violencia y que las confrontaciones directas entre actores como la guerrilla y los paramilitares son relativamente poco numerosas, dándose éstas más frecuentemente a través de la población civil. Lo anterior incita a intentar comprender las “reglas de juego subyacentes”, a diferenciar las masacres que se ajustan al cuadro de esas reglas de juego y aquéllas que buscan modificarlas. c. La manera como esas interacciones estratégicas contribuyen a definir un nuevo horizonte para la población y a modificar el funcionamiento de las instituciones. Al respecto, veo dos temas sobre los cuales es necesario profundizar: uno tiene que ver con la manera como los individuos inmersos en los contextos de violencia dan cuenta de su experiencia. El otro se relaciona con la formación de opinión pública en tales contextos. d. Los componentes de las miradas estratégicas de los actores organizados y de las estrategias individuales en situación de violencia. En una obra

reciente, Sociologie de I'experience155, F. Dubet señala a la experiencia como noción central para describir los comportamientos irreductibles a la persecución de estrategias de interés y a la expresión de roles sociales. Esta noción de experiencia pretende recoger una pluralidad de lógicas de acción, refiriéndose unas a la integración y a la identidad, las otras a las estrategias y las últimas a la “subjetivación”. Me parece que es un buen paso no sólo partir de los actores sino también sugerir la explosión de los mismos en función de diversas lógicas. Tal explosión es aún más sensible en una sociedad, como la colombiana, en la cual me parece que se han puesto en juego siempre las identidades más fluidas. Dicha fluidez se acentúa más en situaciones de violencia y, de resto, constato que ningún actor ve en la violencia el producto de un conflicto entre las identidades colectivas, culturales o sociales, estables. De ahí la importancia de asir los juegos fluctuantes a los cuales da lugar la experiencia de la violencia. e. Con frecuencia tuve la oportunidad de escribir que la violencia. interfería en las fronteras de lo político. Esta pregunta por las fronteras de lo político no se formula únicamente en el caso de Colombia (CF. Ch. Maier, Changing Boundaries of the Potitical, Cambridge University Press, Cambridge, 1987). Adquiere sin embargo una relevancia especial en un contexto de violencia generalizada. Gran parte de las interacciones estratégicas pueden leerse como una forma de crear una esfera que no se comunique ya con la esfera política reconocida. Proceder a realizar tal cambio de perspectiva no significa un abandono de

155 Seuil, Paris, 1994.


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las reflexiones sobre las estrategias posibles de cara a la violencia. La “violencia” es la yuxtaposición de fenómenos muy diversos. Desde ese punto de vista, suscribo plenamente las conclusiones del libro Colombia: Violencia y Democracia. De este modo, el desafío consiste precisamente en superponer y combinar diversas aproximaciones teóricas. Al lado de las estrategias organizacionales, hay lógicas de desestructuración de la acción social, de la crisis institucional, del funcionamiento y de la normatividad de la “delincuencia” en un universo de reglas sui generis, etc. Creo por lo anterior necesario que los investigadores del IEPRI perseveren también en la perspectiva que han adoptado con frecuencia. Esta es la condición para que el diagnóstico sobre la violencia pueda tener también un carácter prescriptivo, incluso normativo, lo cual es indispensable en una situación confusa. Mi sugerencia apunta, entonces, a completar esta perspectiva incitando simultáneamente otro tipo de construcción teórica. IX. Acerca de los objetos y de los campos de investigación. Si mis sugerencias tienen alguna validez, lo que sigue puede dar luces para trabajarlas con base en objetos y campos específicos. Considero que los estudios regionales son cada vez más importantes. La revista Análisis Político ha publicado esbozos de estudios de esta naturaleza, por ejemplo sobre Urabá. Creo indispensable seguir este camino. Igualmente, se puede pensar en elaborar monografías sobre ciudades. Sería bastante interesante tener una sobre Barrancabermeja, etc.

Valdría así mismo la pena realizar un trabajo sistemático sobre las continuidades / discontinuidades entre las regiones de la vieja Violencia y las de la violencia actual. Finalmente sugeriré una lista de temas que ameritarían, a mi juicio, interés.

• Las representaciones que las poblaciones afectadas se hacen de la violencia;

• las trayectorias y las estrategias

individuales en el contexto de violencia;

• los modos de adaptación frente a

los diversos costreñimientos a que son sometidas dichas poblaciones;

• los modos de conformación de

la protesta colectiva en situación de violencia;

• las estrategias de los alcaldes, de

los jueces y de los diversos sectores de la sociedad civil en las zonas de violencia;

• las estrategias de adaptación de

las unidades de producción, agrícolas o industriales, frente a la violencia;

• las condiciones de formación de

la opinión pública en una coyuntura de violencia. Cada cual puede notar que la violencia ha sido considerada como un fenómeno banal, aún normal, como si la violencia estuviera en el orden de cosas. Mitos colectivos (“la misma violencia de siempre”) y algunas expresiones individuales son las dos maneras de contar la violencia. Pero tal vez ello vaya al encuentro de una opinión


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pública sobre la violencia. Aquella parece surgir en ocasiones a raíz de acontecimientos como los “magnicidios” o las grandes masacres. Pero todo se sucede como si ellos, a falta de ser interpretados en el interior de una trama clara, cayeran prontamente en el olvido. ¿Qué papel juega el juicio ambiguo sobre la economía de la droga en la dificultad de constituir una opinión pública?

• las transformaciones de los

valores y de la relación con las normas que tienen que ver con la violencia.

Hay que subrayar que la violencia no es un fenómeno privativo de Colombia. Este es, por definición, un fenómeno complejo y multidimensional y además, de amplio interés en muchas sociedades. El ejercicio comparativo con relación al Líbano, a Afganistán, a Argelia, etc., puede ser de gran utilidad. Los saberes acumulados del IEPRI deben permitirle, más allá del análisis coyuntural de la violencia colombiana, proponer interpretaciones que sean pertinentes para aclarar otras situaciones de violencia. Este es el sentido de mi comentario.

EL RINCÓN ENTRE PLIEGUES DE RUINAS …

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ENTRE PLIEGUES DE RUINAS Y ESPERANZAS

VIÑETAS SOBRE LOS ESTUDIOS DE VIOLENCIA EN EL IEPRI*

Santiago Villaveces Izquierdo** Como nota introductoria quisiera per-mitirle al lector conocer desde qué lugar le estoy hablando. Las páginas que siguen se nutren de una exploración etnográfica, actualmente en desarrollo, sobre la historia y configuración de la "violentología" como disciplina y su inserción en el panorama nacional contemporáneo. Para abordar el tema se siguieron metodologías etnográficas que combinan el análisis con entrevistas en profundidad tanto a miembros del Instituto de Estudios Políticos y Re-laciones Internacionales (IEPRI), como a intelectuales externos a él. Mi propia aproximación a estas diversas conste-laciones ha estado marcada por una mirada desprevenida y desde fuera. Indudablemente mi acercamiento progresivo a las múltiples capas que constituyen la inmensa heterogeneidad y riqueza del IEPRI, a las cuales fui ex-puesto en detalle gracias al contacto directo con varios de sus miembros, modificó sustancialmente mis aprecia-ciones iniciales. El reto etnográfico que se planteó fue pues doble: en primer lugar el dar fe de las complejidades que se despliegan al tratar de ver las incidencias que tienen algunos rasgos culturales propios del Instituto con la producción intelectual de sus miembros; y en segundo lugar, el visualizar los desbalances existentes dentro de esta miríada de heterogeneidades y los

* Este artículo se nutre del trabajo etnográfico realizado entre 1994 y 1996, el cual contó con la generosa colaboración del United States Institute of Peace, Peace Scholar 1994/95; del WennerGren Foundation for Anthropological Research, Small Grant 1994/95; y de Colciencias, 1995/96.

peligros que ellos conllevan. Este doble reto me llevó a privilegiar la visión sobre las percepciones, modificaciones y proyecciones del trabajo de los inte-lectuales en relación con el tema de la violencia, sobre un análisis propio de los textos. Las viñetas que siguen son pues fruto de esos múltiples y pausados acercamientos y se presentan como formas diferentes de mirar debates, trazos, e interrogantes que están en juego en la producción de referentes académicos sobre las violencias colom-bianas. No son entonces tipologías o caracterizaciones de los estudios, ni evaluaciones teóricas de ellos, sino más bien reflexiones sobre los diferentes componentes que arman el escenario dentro del cual éstos estudios no sólo son gestados y escritos, sino también puestos en circulación. Creo entonces necesario y urgente preguntarse el para qué y para quién se escribe. Mi sesgo, pues, es el de tratar de visualizar los desbalances existentes en el tratamiento del tema, y con ello abogar por la ne-cesidad inaplazable de abrirse a un es-pectro más amplio de perspectivas po-líticas e interpretativas. Si se quiere, las reflexiones que siguen son una invita-ción a elaborar una construcción co-lectiva que redunde no sólo en bene ficio del Instituto sino también, y sobre todo, en beneficio de los caminos futuros que nos esperan por abrir. Sin duda mi acercamiento personal a varios de los miembros del Instituto generó no sólo un profundo agradeci-miento y consideración, sino simpatías y afectos que el tiempo ha madurado. Este doble vínculo, etnográfico y afec-tivo, es ambiguo en su propia naturaleza y en ocasiones difícil de balancear, en especial cuando se trata de un tema tan complejo como las violencias co-lombianas, las cuales exigen siempre un posicionamiento previo por parte del


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que las piensa o las escribe. Sólo me queda pedirle al lector que me dispense mi propio desbalance mediante su entender de que la crudeza de la crítica en ningún momento repercute sobre mi admiración y respeto por aquellos que me permitieron conocer su trabajo, sus angustias y sus esperanzas. El ensayo se divide en dos partes, la primera presenta tres series, cada una con sus propias estampas, a lo largo de las cuales se pretende proveer al lector de elementos suficientes para que perciba las múltiples fuerzas que cruzan tanto la producción de estudios sobre violencia como la complejidad propia del IEPRI. La primera serie de estampas (Recurrencias, Intersecciones, Tiranía) intenta mostrar tres dimensiones diferentes del cruce de caminos en el cual se sitúa hoy en día la producción intelectual alrededor de temas de violencia: la tensión entre crítica y ex-perticia y su resolución en las tenden-cias que han tomado los estudios, el agotamiento temático que muchos re-claman, y la tiranía semántica que el mismo término encierra. La segunda serie (Fisonomía, Visiones Confronta-das, Atisbos y Encrucijadas) pretende, por un lado, introducir diferentes rasgos que se entretejen para producir una cultura interna, propia del IEPRI; y por el otro, insinuar las incidencias que estos rasgos tienen sobre la propia producción y posicionamiento del intelectual frente al tema de la violen-cia. Finalmente, en la tercera serie de estampas (Memoria y narración, Visio-nes Congeladas) se presenta un balance global de los estudios a la luz de su incidencia tanto en la construcción de relatos y memorias sobre la realidad, como en la construcción de invisibilidad y ausencias. La segunda parte retoma las apre-ciaciones que se vienen tejiendo a lo largo de las estampas con el propósito,

por un lado, de alertar sobre los peli-gros, ya latentes, de un desbalance tanto en el posicionamiento del intelectual frente al Estado y sus efectos sobre el estudio de las violencias colombianas, como sobre la perpetuación de la metanarrativa sobre la violencia que hasta hoy se ha consolidado en el país, y por el otro, de la posibilidad de abrir espacios para que emerjan nuevas contra-narrativas que asuman, de manera más consciente, la inmensa responsabilidad que significa pensar y escribir sobre violencia en Colombia desde un espacio que se ha constituido, a lo largo de sus diez años de existencia, en el lugar más privilegiado y visible en la producción de referentes sobre el tema. ESTAMPAS RECURRENCIAS Desde la introducción del vocablo "In-telectual" en el Manifesté des intellectuels aparecido el siglo pasado a raíz de la condena del capitán Albert Dreyfus, ha existido una tensión entre el intelectual como crítico social y el intelectual como experto y, según lo recuerda Kramer156, esta tensión se ha mantenido desde entonces como eje central en la definición de la ambigüedad propia de cualquier intelectual moderno. Tensión que, siguiendo a Foucault, se sitúa en el sueño del intelectual de unir el poder con el conocimiento, es decir, en mantener las acrobacias necesarias que le permitan desplazarse entre esta doble alianza, por supuesto con el riesgo siempre latente de perder el equilibrio y, con éste, su propia autonomía (para una aproximación al tema del poder en los

156 Lloyd Kramer, "Habermas, Foucault, and the Legacy of Enlightenment Intellectuals", en Leon Fink, et al. Eds., Intellectuals and Public Life. Between radicalism and rorm, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1996.


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discursos de violencia véase Palacio157; para un análisis puntual sobre los riesgos de esta doble alianza véase Horowitz158). Sin embargo, los avatares propios de nuestra historia mestiza han hecho que la mayoría de los intelectuales colombianos se hayan sesgado por la cultura de la experticia (para una pers-pectiva histórica véase Uricoechea159), creando así una tradición acrítica de cuyas redes ni los propios estudios so-bre violencia han escapado. En un ba-lance sobre la historiografía de estos Gonzalo Sánchez anota: Los desarrollos recientes del tema han sido muy desiguales y algunos de sus trazos más generales y evidentes podrían formularse de la siguiente manera: en primer lugar, el interés sobre los años cincuenta disminuyó comparativamente de ritmo y desencadenó, por el contrario, un boom periodístico y testimonial sobre la última etapa de las violencias, con diferentes formas de eficacia e in-tencionalidad política. A veces con abierto propósito de exaltación de alguno de los actores colectivos o institucionales del proceso; otras con una intención clara y necesaria de denuncia de las atrocidades de las partes encontradas; y otras más con el objetivo menos noble de promoción personal de sus autores. En general el carácter masivo, desordenado y frecuentemente acrítico con que ha entrado en

157 Germán Palacio, Compilador, La Irrupción del Paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana, ILSA, CEREC, Bogotá, 1990. 158 Irving L. Horowtiz, °Conflict and Consensus Between Social Scientists and Policy- Makers", en Irving L. Horowitz, The Use and abuse of Socialo Science, Rutgers University, New Brunswick, NJ, 1975. 159 Fernando Uricoechea, "Los Intelectuales Colombianos: Pasado y Presente", en Análisis Político, No. 11, IEPRI, Bogotá, Sep. / Dic. 1990.

circulación puede estar contribuyendo más que a una mayor comprensión global del fenómeno, a una cierta confusión160. Sin duda, una confusión que se refleja no sólo en la producción literaria /académica sobre el tema sino que también se alimenta de los efectos de ese desbalance inicial. Quizás hoy en día se pueda afirmar que la absorción incremental de los intelectuales hacia culturas de experticia ha contribuido tanto a borrar las ya difusas fronteras entre el Estado y la academia, como a que el establecimiento, al no verse con-frontado, pierda capacidad de renova-ción creativa. Quizás también se pueda afirmar que el riesgo más grande de este desplazamiento es el de reforzar la idea de que el mandarín es el sucesor lógico del intelectual, y con ellos profundizar aún más el distanciamiento entre el experto y el crítico social. ''Pure products go crazy" decía el historiador James Clifford en los ochenta refirién-dose a lo que algunos han llamado la condición postmoderna (Lyotard) o las culturas híbridas (Canclini). Sin duda no se trata aquí de volver al mítico pa-sado ni tampoco de mitificar lo que se ve como inevitable en el futuro, sino más bien de prevenir sobre los inmen-sos riesgos, algunos ya visibles, del mandarín de la violenc ia: El intelectual va cayendo en esa óptica del administrador público, en esa especie de psicología del administrador público que es la siguiente: todo administrador público tiene la obligación de ser optimista frente a lo que está haciendo en el gobierno porque no puede ser un crítico del gobierno con el cual está trabajando, ni un crítico de sí mismo, ni un cuestionador de los

160 Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, Compiladores, Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, IEPRI, CEREC, Bogotá, 1995, p. 11-12.


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principios y de la ejecución de esos principios porque es que la política en términos de administración no es precisamente eso161. La percepción dominante entre in-vestigadores dedicados al tema de vio-lencia es la de acusar su agotamiento y abogar por un cambio de paradigma que necesariamente se repliega en un movimiento radical hacia lo proposi-tivo: ... la violencia se explica por la fragilidad del Estado... quienes se dedican a mirar el país en profundidad y con cuidado y ver el curso de los conflictos del país, pues no lo pueden hacer sino para contribuir a la con-solidación del Estado, la única alternativa a eso sería concebir intelectuales que estén acompañando a la insurgencia para mirar los problemas de orden público del país... yo creo que en Colombia la situación nos colocó en el papel de ser intelectuales orgánicos del Estado162. Una posición sin duda acorde con la nueva retórica institucional sobre el tema y que responde a las inquietudes oficiales concisamente expresadas por Armando Montenegro, en calidad de director de Planeación Nacional durante la administración Gaviria: ¿Por qué los pensadores se concentran en estudiar ciertos asuntos que, aunque relevantes, son menos importantes para el país?... en el caso de la violencia se debe aceptar que una parte de la respuesta consiste en que por muchos años no existió una demanda, una exigencia institucional para estudiar este tema en forma masiva; en alguna medida porque los civiles no tenían una gran injerencia en este asunto, el cual se consideraba de competencia exclusiva 161 Entrevista a William Ramírez, IEPRI. 162 revisa a Alejandro Reyes, IEPRI.

de los militares. Por fortuna esto ha cambiado aceleradamente en los últimos años163. Este nuevo mecenazgo del Estado, siguiendo las reflexiones de Uliasi164, armoniza con visiones dentro de la tra-dición académica que consideran a la universidad como una institución que debe proveer de servicios a la comuni-dad, o por lo menos a los sectores de la comunidad que pueden pagar por ellos; pero a la vez este mecenazgo choca con posiciones de nuevas gene raciones de investigadores que consideran como no negociable su autonomía y su posicionamiento crítico frente al establecimiento. Pero los efectos del mecenazgo transcienden más allá del propio núcleo académico en la medida en que impulsan, por un lado, la con-solidación de perspectivas tecnocráticas que, como lo anota Uliasi, "asumen visiones estrechas sobre lo que las ciencias sociales pueden ofrecer y más aún, frecuentemente ignoran el hecho de que el uso, desuso o manipulación de la investigación social hace parte de procesos políticos mucho más am-plios"165, mientras que, por el otro lado, mantienen el estancamiento académico al ofrecerle a sus conversos un senti-miento de protección que se acrecienta gracias a la fragilidad misma de la aca-demia colombiana. Nuevamente aparece como recurrente el tema de la imposibilidad de sostener el balance entre el criticismo y la conformidad, o entre lo contestatario y la experiencia. Sin duda, en unos

163 Armando Montenegro, "Presentación", en Malcolm Deas y Fernando Gaitán, Dos Ensayos Especulativos sobre la Violencia en Colombia, Bogotá, Fonade, DNP, 1995. 164 Pio D. Uliasi, "The Princes Counselors. Notes on government sponsored research on international and Foreign Affairs", en Irving L. Horowitz, The Use and Abuse of Social Science, Rutgers University, New Brunswick, NJ, 1975. 165 Ibidem, p. 291.


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espacios intelectuales tan pequeños y frágiles como los colombianos es mucho más fácil ser un experto que un crítico, ya que el experto se puede alinear más fácilmente con los poderes que el crítico necesariamente confronta. Y nuevamente aparece como recurrente el inmenso peligro que este desbalance genera: el predominio de un intelectual burocratizado, con mentalidad de funcionario público, de mandarín. Los funcionarios tienen un impacto sobre el intelectual en la medida en que los primeros lo que quieren son medidas, entonces la mentalidad del intelectual se burocratiza ya que su angustia es que su discurso sea eje-cutable políticamente. El Estado entonces cobra intelectualidad pero la intelectualidad pierde su función crítica166. Siguiendo los planteamientos sobre la intelectualidad colombiana esbozados por Uricoechea167, y buscando localizar la creación y evolución del IEPRI bajo esa perspectiva histórica, el desbalance entre crítica y experticia junto con su resolución a favor de perspectivas instrumentales en torno a la negociación de conflictos puede explicarse, tanto por los vínculos que el Instituto estableció desde su inicio con el Estado, como por la sensación de protección que este último le aporta al primero. En efecto, los vínculos con el Estado han propiciado tanto la concentración en estudios sobre violencia política a costa de la invisibilización de las otras violencias, como el repliegue de la producción intelectual hacia los procesos desarrollados exclusivamente entre el Estado y aquellos actores que se reconocen como actores en conflicto. Por su lado, el sentimiento de pro-tección desarrollado ha facilitado el re-conocimiento del intelectual tanto en las 166 Entrevista a Eduardo Pizarro, IEPRI. 167 Op. Cit.

esferas sociales nacionales, como en los círculos internacionales en los cuales las perspectivas instrumentales tienen un entronque más expedito y suave que el que puedan tener las perspectivas críticas. La evolución de este doble vínculo con el Estado no sólo tiene efectos sobre la viabilidad del intelectual colombiano sino impactos culturales profundos. Yo creo que al final hubo cooptación por parte del Estado; nos hemos ido convirtiendo en intelectuales muy pragmáticos, en muchos casos nuestra preocupación central es proponer fórmulas. El efecto negativo que ha tenido este proceso yo creo que ha sido un debilitamiento de la academia e in-sisto en que va a tener un impacto cultural negativo para el país en los próximos años. Yo hace unos años pensé que iba a ser positivo para el país así fuera negativo para la academia; hoy en día pienso que va a ser negativo para el país y para la academia. Uno hoy en día busca influir en los procesos políticos y no en la construcción cultu-ral, a veces nuestra preocupación es mucho más cómo influimos sobre la Procuraduría, cómo influimos sobre el Congreso, cómo influimos sobre los partidos, y no cómo influimos sobre la cultura. Entonces nuestro pragmatismo nos lleva a influir sobre el proceso de toma de decisiones y nuestra ausencia de postura crítica no nos lleva al proceso de la cultura misma. Yo sí creo que hay un empobrecimiento, y de eso sí somos un poco cautivos, de ese pragmatismo tan acentuado168. Creo útil en este momento resaltar lo que dice Kramer sobre la necesidad de mantener el balance entre crítica y experticia:

168 Entrevista a E. Pizarro.


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A pesar de todas las ambigüedades y hostilidades que rodean la función de los intelectuales en nuestra sociedad, podemos asumir con seguridad que el extender los límites de la experticia será de poco o nulo valor social si no extendemos también los límites del reto de los críticos para con el poder y las verdades reinantes169. INTERSECCIONES En momentos en que existe una per-cepción compartida acerca del agota-miento del tema de la violencia como objeto de estudio, vale la pena detenerse un poco y ubicar los lugares en donde este agotamiento se sitúa. ¿Es un lugar común o son más bien lugares dispersos unidos únicamente por un aparente consenso? ¿Cómo se insertan estas percepciones dentro de un contexto político, social, cultural e intelectual más amplio? El tratar de abordar estas preguntas nos remota a un mapa de intersecciones complejas en donde se entremezclan la crisis política actual; la historia, crisis y fragilidad de la intelectualidad colombiana; las pasiones y convicciones personales; las incidencias de las narrativas de violencia producidas en la academia sobre la configuración de una memoria colectiva. En suma, un cruce de ca-minos que traza no solamente diferentes rumbos a seguir, sino las profundidades de un impasse que invita a replantear los rumbos ya escogidos y quizás a abrirse hacia las posibilidades de unos hasta ahora apenas esbozados. Está en juego pues no solamente un proyecto académico e intelectual sino quizás también un proyecto de futuro. ¿Dónde entonces se localiza el agotamiento? Hacia la perfección del proyecto enciclopédico

169 Lloyd Kramer, op. cit, p. 50.

En los anaqueles de la imaginación en-ciclopédica los estudios de violencia colombiana ya han sobrepasado su primer cometido: la violencia en Co-lombia está sobrediagnosticada, dicen muchos, su comprensión temática está agotada, es hora de moverse hacia el ámbito concreto de lo propositivo. Es cierto que los llamados 'violentólogos' han avanzado en explorar los orígenes, la na turaleza, las modalidades y la geografía del conflicto, lo que significa, por supuesto, avances considerables desde el punto de vista de la comprensión del fenómeno de la violencia pero no es menos cierto que los análisis sobre la negociación como tal no guardan correspondencia con los logros de las investigaciones sobre la violencia, y antes bien la 'violentología' pareciera agotar la utili-dad de su estudio tan pronto entra en el esquivo terreno de las propuestas de solución170. La imaginación instrumental, como culminación de la imaginación enciclo-pédica, se presenta pues como el faro que encauzará la confusión primigenia del diagnóstico mediante la profun-dización de estudios coyunturales que o bien sirvan como mercancías com-petitivas en el mercado de formulación de políticas puntuales, o bien sirvan como referentes de bolsillo para aque-llos encargados del diseño de estrategias para la negociación de conflictos. El intelectual debe quizás parecerse más al mandarín, por ello la necesidad de reformular, según palabras de Bejarano, el nuevo cuadro de preguntas: (las explicaciones académicas) llenan de detalles el cuadro del conflicto, sin que, por otra parte, ello parezca contribuir a

170 Jesús Antonio Bejarano, Una Agenda para la Paz. Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos, Bogotá, Tercer Mundo, 1995, p. 7.


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alterar los contenidos fundamentales del paisaje mismo, esto es, el marco de soluciones posibles y mucho menos a especificar el cuadro de objetivos y procedimientos de una eventual negociación. Pareciera, pues, que el paradigma que informa la 'violentología' (que por otra parte se reduce, y no es una caricatura, a una definición perogrullesca, esto es el estudio de las manifestaciones, causas y consecuencias de la violencia) está llegando a su agotamiento y se requiere por tanto un nuevo cuadro de preguntas... que pudieran ser el puente entre la plétora de investigaciones sobre la violencia y el campo baldío de las investigaciones para la paz171. Corporalidad y Fosilización Así las cosas, la perfección del proyecto enciclopédico hace indispensable la transmutación de las posibilidades que las ciencias sociales pueden ofrecer para el análisis del tema, en enfoques que pierden de perspectiva la complejidad, difusión, descentramiento e itinerancia de las múltiples violencias que, entremezcladas, cruzan la cotidianidad colombiana. Sin duda, una manera facilista de borrarse a esta complejidad está marcada por el entusiasmo súbito de darle predominancia a perspectivas tecnocráticas que en ocasiones rayan con los límites aberrantes del deseo desenfrenado de pretender consumir la realidad y, por si ello fuese poco, perspectivas que ahondan, con los velos de servir de base para la formulación de políticas, la conversión de la violencia en objeto de' estudio en sí mismo 172. Hoy en día parece ser que la fascinación inicial del descubrimiento del tema, vivida hace casi una década por los "violentólogos",

171 Ibid. p. Lo 172 Véase por ejemplo el estudio de Gaitán en Malcolm Deas y Fernando Gaitán, Dos Ensayos especulativos sobre la Violencia en Colombia , Bogotá, Fonade, DNP, 1995.

se trasladó al Estado. Lo preocupante de ello es que con este traslado también se fueron las afiliaciones y afectos de muchos de los "violentólogos". Es ilusorio pensar que el tema ya dejó de ser algo corpóreo y fácilmente fosilizable; quizás la sentencia que sigue sirva para prevenir los riesgos que corre la resolución de conflictos, esa nueva disciplina que se levanta de las cenizas y tragedias de la llamada "violentología" y que quizás lo que la aparta de ella sea su denominación y su ubicación en círculos de poder: Descubrir el tema de la violencia en el país fue como descubrir una nueva disciplina, un nuevo campo del conocimiento, entonces la violencia comienza a tomar cierto carácter corpóreo, todo el mundo quiere rodearla, quiere atraparla, quiere disecarla y ahí vuelve otra vez esa imagen de la anatomía de la violencia. Se convierte ahí mismo en mons truo, en ser misterioso, en ser seductor173. Aperturas En el impasse del agotamiento temático han surgido, casi que a la manera de contra-narrativas opuestas a las per-cepciones anteriores, planteamientos alternos que se distancian del proyecto enciclopédico mediante la ubicación del agotamiento en la perspectiva misma con que se han abordado los estudios de violencia en Colombia durante los últimos diez años: está agotado el tema de la violencia si consideramos la violencia como objeto de estudio en sí mismo; está agotado el tema en la me-dida en que las propuestas de los actores en conflicto están agotadas. Estas contranarrativas, que hasta ahora están emergiendo en el panorama académico, exigen cambios radicales

173 Entrevista a Gonzalo Sánchez.


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tanto en la actitud propia del intelectual como en su misma producción. Del intelectual exigen el hacer visible y explícito su propio posicionamiento con respecto al objeto de estudio; es decir, siguiendo a Haraway174, un compromiso en lograr un conocimiento situado y posicionado cuyas imágenes no son producto de miradas globales, propias del panóptico, sino un conjunto de miradas parciales y voces vacilantes que se unen formando una posición de sujeto colectivo, que se mueve y actúa dentro de los límites y contradicciones propias del "estar hablando desde algún lado". El estudio de la violencia se convierte entonces en un problema no académico sino claramente político -entendiendo lo político como algo mucho más amplio que lo meramente institucional-, y el intelectual en un "activista circunstancia"175 interesado en construir conocimientos parciales pero estratégicos, en visualizar posiciones y en asumir explícitamente agendas políticas concretas que surgen al plantearse la pregunta sobre las violencias invisibilizadas, y la nece-sidad de resignificar el tema como as-pecto fundamental para una construc-ción democrática. Así las cosas, hoy podría hablarse más bien de una necesidad de reinstalar el tema y de empezar a buscar bajo nuevas formas de representación la construcción de nuevos relatos que articulen lo que hasta ahora ha estado invisibilizado. ¿Cuál es el costo para el individuo y para la sociedad cuando no existen marcos de trabajo significativos para explorar públicamente las memorias traumáticas de la violencia

174 Donna Haraway, "Situated Knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective", en Feminist Studies 14, No. 3, Fall 1988. 175 George E. Marcus, "Ethnography in / of the World System: The emergence of multi-sited ethnography" ms. 1995.

política o la existencia de violencias múltiples, descentradas e itinerantes?176 Estas preguntas invitan pues a dirigir nuestra mirada hacia las manifestacio-nes y formaciones culturales en que la violencia se recrea, se transforma, se reinterpreta; se exorciza. TIRANÍA Replicando el aparente consenso sobre el agotamiento temático de la violencia colombiana se percibe un consenso en torno a la tiranía semántica del término, fruto de una separación aguda entre significado y significante. La vio lencia ha seguido el camino del garabato esbozado por Octavio Paz: En todas las civilizaciones el signo es el depositario del sentido pero a veces y en ciertos períodos se produce una suerte de evaporación de los significados. La historia es un cementerio de signos vacíos. En nuestro tiempo, lo mismo en la esfera de la literatura y el arte que en las de la moral, la política y el erotismo, asistimos no tanto a un desvanecimiento de los signos como a su trans formación en garabatos: signos cuyo sentido es indescifrable o más exactamente, intra-ducible. Entre el signo y el garabato se despliegan las artes y letras de nuestros días177. Sin duda la necesidad de "desgara-batizar" la violencia es compartida; no obstante su reconocimiento apunta hacia caminos divergentes. Tiranía por excesos El apuntalamiento de la imaginación instrumental en los estudios sobre vio-

176 Véase por ejemplo Mark J. Osiel, "Ever Again: Legal Remembrance of Administrative Massacre", en University of Pennsylvania Law Review, Vol. 144, No. 2, Diciembre 1995. 177 Octavio Paz, El signo y el Garabato , Seix Barral, Barcelona, 1991.


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lencia ubica la tiranía en un exceso de significado, de manera que se hace ne-cesaria la acotación del término de ma-nera que éste pueda movilizar mapas de significado breves y eficientes, que sienten las bases para la construcción de un lenguaje común ya sea en los procesos de resolución de conflictos, o en los estudios coyunturales y en sus propuestas para la formulación de po-líticas puntuales. Tal como lo reconoce Bejarano citando para ello a Chatelet, esta noción (violencia) -escribe Chatelet- es ahora ocasión de exceso verbal tan confusamente impetuoso que hay que preguntarse si no habrán sido alteradas las cartas desde el comienzo... Tal exceso en el lenguaje de uso común es sin duda justificadamente expresivo, pero mal se puede fundar sobre tales ambigüedades la elaboración de una teoría de la violencia y menos derivar de ellas una teoría sobre la construcción de la paz178. Tiranía por faltantes Bajo el amparo de las contra-narrativas emergentes el reconocimiento de la; tiranía semántica se percibe en la con-solidación de un lenguaje que invisibi-liza la polisemia del término no sólo en sus connotaciones etimológicas (para una ampliación de la etimología: del término véase Williams179, sino en los referentes de la realidad a los cuales éste hace alusión: A veces con el término de La Violencia se pretende simplemente describir o sugerir la inusitada dosis de barbarie que asumió la contienda; otras veces se apunta al conjunto no coherente de . procesos que la caracterizan; esa mezcla de anarquía, de insurgencia campesina y

178 Bejarano, op. cit. p. 11. 179 Raymond. Williams, Keywords. A vocabulary of culture and society , Oxford Press, New York, 1976.

de terror oficial en la cual sería inútil tratar de establecer cuál de sus com-ponentes juega el papel dominante; y, finalmente, en la mayoría de los casos, en el lenguaje oficial, el vocablo cumple una función ideológica particular: ocultar el contenido social, o los efectos de clase de la crisis política. En realidad, cualquier estudio de la Violencia, debería comenzar con una reconstrucción de la genealogía y de las implicaciones de sus múltiples significaciones180. Lenguaje y sociedad La violencia es ese significante que lo dice todo escondiéndolo todo, esa es la gran trampa, para nosotros es una narración histórica colectiva absolutamente clara, es una narración cotidiana, pero para mucha gente la violencia es la vida diaria181. En cualquier contexto las definiciones que se articulan a través del lenguaje van cargadas de consecuencias mucho más amplias que aquellas expuestas en las iteraciones. Cualquier término o concepto moviliza, implícita o explí-citamente, argumentos políticos en me-dio de los cuales se entrecruzan una serie de inclusiones y exclusiones, de potencialidades y de obstáculos, que forman en sí mismos una matriz com-pleja de articulaciones con las prácticas sociales. Así las cosas, cabe entonces preguntarse por las prácticas sociales que están siendo articuladas por los estudios sobre violencia. Sin duda, una pregunta difícil que requiere de una re-flexión profunda, pero por lo pronto permítaseme sólo insinuar que los es-tudios han contribuido a socializar un lenguaje que invisibiliza el sufrimiento de las víctimas haciendo todavía más difícil la construcción de un lenguaje que transforme esas experiencias en 180 Sánchez y Peñaranda, op. cit. p. 22. 181 Entrevista a Carlos Mario Perca, IEPRI.


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algo inteligible para los ámbitos de poder182. FISONOMÍA Es imposible escindir la producción in-telectual de las características de los es-pacios en los cuales ésta es producida. Los estudios sobre violencia responden a una fisonomía particular del IEPRI que se ha moldeado, entre otras razones, por los vínculos históricos de la intelectualidad con el establecimiento, los cuales, como lo sugiere Uricoechea183, han perpetuado la fragi-lidad de los primeros frente a los re-querimientos y demandas del segundo; y por otro lado, por las incidencias que la época de La Violencia tuvo sobre la configuración de centros académicos en las décadas subsecuentes. Legados del mundo real Es bastante sugestivo insinuar que el legado de la época de La Violencia sobre la academia colombiana fue su incidencia en el aislamiento intelectual frente al debate latinoamericano: En el siglo XX las comunidades intelectuales colombianas han sido muy débiles y en parte La Violencia es responsable de eso, digamos que La Violencia es un factor disgregador de las comunidades. La Violencia nos ensimismó, nos introvirtió tenazmente, entre otras cosas porque es que la violencia mata gente, pero también mata centros, mata ideas, mata desarrollos intelectuales, mata tradiciones. Entonces mientras que de los 40 a los 70 se están construyendo los grandes centros latinoamericanos, aquí todo está deshecho, es un período casi muerto

182 Para un análisis sobre los efectos de la invisibilización en víctimas de desastres véase Veena Das "Moral Orientations to Suffering: Legitimation, Powe r and Healing", ms., 1993. 183 Op. cit., 1990.

intelectualmente y ese precio lo pagamos como una ausencia en el debate latinoamericano de los 60 y 70. Hoy tenemos figuras intelectuales reconocidas pero seguimos siendo un país muy metido acá, yo creo que La Violencia es en gran medida res-ponsable de eso y a lo mejor los violentólogos también184. Quizás también podría ser provocador insinuar que las experiencias personales de La Violencia de quienes hoy la piensan y la escriben, tienen incidencias profundas tanto en la configuración de interrogantes que se quieren abordar, como en los exorcismos que se esperan alcanzar. Rasgos de l espacio académico Hay tres rasgos que están profunda-mente concatenados con la consolida-ción de espacios de reflexión académica en áreas de las ciencias sociales -quizás a excepción del derecho y la economía- : en primer lugar la fragilidad de estos espacios repercute sobre las vicisitudes a las que se ve constantemente enfrentado el intelectual: Mantener un enfoque intelectual y tratar de influir como intelectuales, eso tiene un problema que es muy complicado y es que en Colombia los intelectuales tienen pocos medios. Entonces uno tiene dos opciones: o ganar influencia coma actor político ingresando al Estado, con todos los riesgos que ello implica, o la otra opción es la prensa, pero Colombia tiene un nivel de lectura bajísimo. Es muy costoso escribir-en la prensa, es muy costoso ser consejero del príncipe pero, ¿realmente hay otras opciones?185. En segundo lugar, la marginalidad a la que el intelectual es sometido por las 184 Entrevista a G. Sánchez. 185 Entrevista a E. Pizarro.


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élites del país hace que su reconoci-miento y prestigio social sean mínimos, hasta el punto muchas veces de ser considerado o bien un desadaptado o simple y llanamente un fracasado, un profesional de segunda categoría: Yo creo que la cooptación como consejeros del príncipe puede ser por argumentos menos heroicos que los que la gente esboza comúnmente, la gente se va es por salarios, por poder, porque ser consejero presidencial da prestigio social, porque está mamado del desprecio de la élite colombiana hacia el intelectual, porque finalmente el intelectual y el artista son unos fracasados. Finalmente la única opción es la cooptación frente a la élite para que en los resquicios le dejen influir un poco y proyectarse186. Y es que exactamente al tener conciencia de esa margina lidad, estas capas intelectuales que de repente son reconocidas inmediatamente tambalean ideológicamente, entonces ante ese primer halago, ese primer reconoci-miento, olvidan su pasado, se les olvidan sus compromisos con la academia, entonces se meten en un proceso legitimador de una corporación187. Finalmente, el parroquialismo del intelectual colombiano hace que éste se aísle de las corrientes de pensamiento contemporáneas con la doble repercu-sión, por un lado, de tener una mínima exposición a los cambios en perspectiva que, antes de ser meras elaboraciones abstractas, responden a .cambios globales que inciden, de variadas y múltiples maneras, sobre las realidades políticas, sociales, culturales y eco-nómicas locales; y por el otro lado, de cerrarle las posibilidades al intelectual de circular en espacios de debate inter-nacionales. 186 Ibidem, E. Pizarro. 187 Entrevista a G. Sánchez.

Simbiosis Estos rasgos fisonómicos de la acade-mia dan como fruto la configuración de comunidades intelectuales, reducidas, en las que la renovación teórica es mínima, el anquilosamiento se poten-cializa y se corre el riesgo de sólo ser capaz de oírse a sí mismo. Lo anterior por un lado exacerba el sentimiento de agotamiento y lo resuelve, tanto en el énfasis hasta el cansancio sobre el tema, como en el fraccionamiento de intereses: Las personas ya tienen intereses distintos, el papel de los individuos en organizaciones tan pequeñas es muy importante, los intereses, los caprichos, las aficiones; hay otro fenómeno que es indiscutible, que es un rasgo colombiano muy peculiar, y es que nunca ha habido por parte del Estado una actitud de protegerse de los intelectuales y de llevarlos al ostracismo, siempre nos dan empleo, entonces hay procesos de cooptación ahí muy fuertes y permanentes188. Por otro lado, la fisonomía de la academia contribuye a la consolidación de una metanarrativa sobre la violencia, alimentada por un lenguaje excluyente y circular, mediante el cual se establece una especie de Atlas que limita no sólo el cómo se debe ver el problema, sino también cuáles trazos contribuyen a la prolongación de su cartografía y cuáles, por lo tanto, deben dejarse por fuera en tierra incógnita. Es diciente la inexistencia de vasos comunicantes y de circuitos de intersección entre esta metanarrativa y los intentos de acercarse a la violencia desde otros lugares189.

188 Entrevista a Álvaro Camacho, IEPRI 189 Sobré las preguntas que se plantean desde el arte en relación con la violencia contemporánea en Colombia véase Santiago Villaveces, "Art


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Tensiones Insertada en el corazón de la tensión existente entre la opción crítica y la experticia, está la pregunta sobre la autonomía del intelectual. Los discursos que legitiman la hegemonía de la exper-ticia sobre la crítica entienden el paso de la posición contestataria de los se-tenta y ochenta de los intelectuales a la posición conciliadora de los ochenta y noventa como una redefinición del concepto de autonomía: El concepto de autonomía lo vivíamos como un aislamiento, la torre de marfil para decirlo en términos tradicionales, entonces nosotros estamos aquí y no nos contaminamos, y tenemos una mirada privilegiada de todos los procesos. Comenzamos a entender que la autonomía estaba en la interacción, entonces la fortaleza de la autonomía no residía en el grado de aislamiento sino en la capacidad de incidencia que la universidad con su trabajo pudiera tener sobre la conducción del conjunto de la sociedad. Entonces - la autonomía comenzamos a verla como un vínculo, no como un aislamiento190. Esta definición permite remitirse nuevamente al impasse en que están los estudios de violencia en la actualidad, ya que simultáneamente puede estar apuntando hacia dos lugares distintos: tanto hacia la legitimización y necesidad de profundización de los vínculos de colaboración con el Estado, como hacia la necesidad urgente de plantearse las heterogeneidades propias del Estado como objeto de estudio.

and Mediation: Reflections on violence and representation", en George E. Marcus, Edic., Cultural Producers in Periolious States, Volumen 4, Late Editions Series, The University of Chicago Press, Chicago, 1996. 190 Entrevista a Jaime Zuluaga.

"La esfera pública en el ámbito político evolucionó de la esfera pública en el mundo de las letras" escribió Ha-bermas191. A su entender el logro fundamental de esa nueva clase (los intelectuales) que emerge en el siglo XVIII, es el reto a la autoridad mediante la razón, posición que requería de una autonomía e independencia que hicieran viable el proyecto del intelectual como crítico social. Hoy en día quizás habría que matizar esa apreciación mediante la urgencia de crear vínculos concretos, con sujetos de carne y hueso, a través de los cuales sea viable el proyecto de construcción de sujetos colectivos. La autonomía radicaría más en la capacidad de perfilarse como "activista circunstancial". Posición por lo demás necesaria para permitir tanto una verdadera reinstalación y resignificación del tema de la violencia, como una disposición para enfrentar las ausencias recurrentes en los estudios: En general en Colombia los intelectuales han ido siempre como a la zaga de echarle oxígeno a los actores puestos en la escena pública, nunca los intelectuales en este país hemos tenido autonomía y eso ha impedido que nosotros logremos crear fuertes víncu-los de otra naturaleza, vínculos diferentes a los del intelectual que siempre es militante, sea de la causa que sea192. VISIONES CONFRONTADAS Como es de esperarse, dentro del Insti-tuto existen diversos posicionamientos frente a la complejidad de la realidad estudiada; no es el ánimo de esta sec-ción entrar a disertar sobre ellos, sino más bien resaltar que este posiciona-miento es determinante en la definición

191 Jürgen Habermas, (1962) The Structural Transformation of. the Public Sphere, MIT, Boston, 1989. 192 Entrevista a C. M. Perca.


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del rol que el intelectual cumple al producir estudios sobre violencia y, más aún, determinante para poder dar respuesta a la a veces esquiva pregunta de ¿para qué y para quién son los es-tudios? Sin duda las diversas respuestas nos remiten nuevamente a las tensiones entre experticia y crítica, y a los matices que entre una y otra se presentan al interior del grupo. 1. Orgánico Yo creo que en Colombia la situación nos colocó en el papel de ser intelectuales orgánicos del Estado porque el Estado, a la vez que es el problema, es también la solución del problema de la violencia. La misión histórica de los intelectuales es contribuir a la construcción del Estado y a su fortalecimiento. (A. Reyes). 2. Estadista Hay una visión mucho más institucionalizadora, muchas de esas miradas se trataban de dirigir como a una mirada de estadista, no de personas que están en la oposición, a un margen del Estado, sino de personas que se sienten ya, de alguna manera, desde el Estado, viendo el proceso y eso creo que se refleja claramente en los trabajos del Instituto. U. Zuluaga). 3. Terapeuta Abordar la violencia hoy no es ocuparse meramente de una de las dimensiones de la sociedad colombiana. Su estudio compromete la globalidad de la sociedad... un diagnóstico sobre la violencia y una terapia acertada están cada vez más entrelazados a la formulación y a la capacidad de realiza-

ción de proyectos alternativos de sociedad, de proyectos políticos193. 4. Alquimista Hasta tanto nosotros no podamos coger la violencia y meterla en una multitud de dispositivos de la cultura capaces de producirnos una significación sobre esa experiencia colectiva, hasta tanto no hagamos un ejercicio de resimbolización de la muerte, nosotros vamos a estar necesariamente en-trampados en esa experiencia colectiva, individual, difusa fragmentaria de la muerte. Es necesario en Colombia que reciclemos nuestra experiencia de violencia". (C. M. Perea). ATISBOS Y ENCRUCIJADAS Últimamente se le ha reclamado al IEPRI su falta de contundencia en la producción de referentes acerca de la crisis política por la cual atraviesa la administración Samper. Es comprensi-ble la dificultad que ello conlleva, en especial si lo que se reclama es una posición homogénea y de conjunto. No es éste el espacio para hacer en-juiciamientos rápidos acerca de la actitud del IEPRI, como unidad, frente a esta crisis, pero sí para resaltar lo que ésta devela sobre la intelectualidad colombiana. Sin lugar a dudas la intelectualidad, como muchísimas otras instituciones de la vida nacional, está siendo atravesada por crisis profundas cuyas múltiples facetas se hacen evidentes en coyunturas como la actual. Atisbos Por lo menos cuatro rasgos generales sirven para apreciar los contornos de esta crisis. En primer lugar, el debilita-miento de la capacidad crítica como 193 Gonzalo Sánchez, Guerra y Política en la Sociedad colombiana, Áncora, Bogotá, 199, p. 228.


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reflejo de la inexistencia de expresiones políticas viables y alternativas: La intelectualidad crítica como tal se ha visto enormemente reducida. Yo pienso que quizás la explicación para ver esta debilidad hay que buscarla también por el otro lado, ahí hay un proceso como de doble vía, es decir, no hay oposic ión porque no hay fuerzas intelectuales, ideológicas que alimenten un movimiento diferente y al mismo tiempo las fuerzas intelectuales son débiles . porque no tienen movimientos sociales o políticos, en los cuales apoyarse194. En segundo lugar, las afiliaciones del intelectual, fruto de sus fuertes vínculos con concepciones contestatarias de iz-quierda asumidas valerosamente du-rante los ochenta, se fragmentan a partir de la década de los noventa ali-mentando, de esta forma, la vulnerabi-lidad y fragilidad del intelectual: Hay una crisis de pertenencia en los in-telectuales, una crisis de afiliaciones de los intelectuales; en la medida en que hemos sido parte de todo ese proceso anterior, de haber, estado metidos en militancias, de haberle apostado a mil cosas que de pronto fracasaron, y que a ratos como que se torcieron y que no hemos sido capaces de enderezar o que no se han enderezado por sí solas195. En tercer lugar, la carencia de refe rentes políticos con los cuales afiliarse ha dado lugar a un creciente distanciamiento entre la producción intelectual y la sociedad: Estamos en momentos en que no aparece una alternativa clara, en que no hay un . grupo de oposición consolidado fuerte. Estamos en una crisis de 194 Entrevista a G. Sánchez. 195 Ibidem.

liderazgo y no tenemos ni las conexiones ron la clase política, ni las conexiones con la sociedad civil para poder asumir un papel de liderazgo. En el contexto de una crisis de liderazgo los académicos no tenemos ni la información ni la formación suficiente para que podamos aportar a nuevos grupos de vida; esto hace que el trabajo de uno se quede en un nivel simplemente profético pero no de acción, yo diría que estamos muy débilmente insertos en procesos de acción pública, de acción política colectiva196. Finalmente, según lo anotaba Gonzalo Sánchez en conversación personal, hoy también se percibe una crisis de liderazgo del mundo intelectual: las nuevas generaciones de intelectuales padecen de una doble tragedia, por un lado reclaman con indignación la pér-dida de sentido crítico y de afiliación de sus maestros, pero por el otro lado, no logran consolidar un discurso alter-nativo que articule tanto los redamos como las aspiraciones que ven perdidas en las generaciones anteriores. Encrucijadas Los contornos anteriores tienen sus propios reflejos sobre la construcción de discursos académicos alrededor del tema de la violencia. En términos gene-rales no se reconoce la crisis de repre-sentación por la cual está atravesando la investigación sobre violencia en el país. Los lenguajes que se utilizan y los relatos que se construyen han quedado cortos para la complejidad del tema. Por un lado, la crisis en la lógica y discurso de los "actores en conflicto" conduce a una crisis de representación en la producción intelectual en la medida en que ésta última ha privilegiado las miradas que identifican a estos actores

196 Entrevista a A. Reyes.


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como los sujetos por excelencia de los estudios sobre violencia colombiana. La fragmentación de estas lógicas y dis-cursos lleva a que el intelectual, si-guiendo lo anotado en conversación personal con Carlos Mario Perea, se enfrente a la encrucijada de entender que la escena pública ya no puede construirse por discursos y metanarrativas en las que se confrontan las posiciones de los actores en conflicto. Por otro lado la objetivización de la violencia ha contribuido a borrar el rostro humano de la tragedia: "Lo más dramático de la crisis del intelectual colombiano que está estudiando la violencia es que no se ha dado cuenta de la importancia tan tenaz y tan profunda de cambiar una forma de representación y de tratar de acercarse al sufrimiento, y resulta que lo más ilustrativo que uno ve ahora sobre violencia está en el teatro y en el arte"197. MEMORIA Y NARRACIÓN Esta sección parte del reconocimiento de los estudios de violencia como un conjunto de narraciones que al recons-truir realidades pasadas o presentes afectan la construcción de imaginarios y memorias colectivas. Estas narraciones, como cualesquiera otras, tienen efectos tanto en la forma en que se articula el presente, la manera en que se reconstruye el pasado y, por supuesto, las posibilidades que se abren o cierran para el futuro. Por un lado las narrativas construyen, articulan o recrean imaginarios mediante la puesta en circulación de relatos que se configuran como referentes interpretativos de acontecimientos colectivos. Por otro lado, las narrativas reconstruyen la memoria de los eventos - la cual es, por su misma naturaleza, frágil y volátil- a través de una memoria discursiva que

197 Entrevista a María Victoria Uribe, ICAN.

recompone, ordena y resignifica lo acontecido. Son justamente estos efectos los que urgen explorar el tipo de narraciones que se han construido sobre la violencia en Colombia, y en especial su inci-dencia tanto en la construcción de re-ferentes colectivos, como en la cons-trucción de memoria y olvidos. Reconstrucción narrativa de la realidad Los acontecimientos dan lugar a la construcción y/o invención de historias, cuentos y relatos que terminan por configurarse como intentos de re-construcción narrativa de la realidad. ¿Cómo han sido esos intentos en el caso de los estudios de violencia? La gente elabora historias a partir de acontecimientos... y en lo que a la literatura de la violencia respecta, las historias se han convertido en un fin en sí mismas, prácticamente se estudian como el folclore, y tanto el folclore como su estudio es conservador, no revolucionario 198. Me parece acertada la visión de Deas sobre los estudios de violencia, quizás sería útil para otra ocasión empujar la aseveración un poco más mediante la precisión del tratamiento del folclore en la antropología y las inmensas similitudes que se descubren entre éste y los estudios de violencia en Colombia. La apreciación anterior de por sí sugiere un problema de perspectiva que se complejiza todavía más si se considera la inmensa visibilidad que tiene . el IEPRI dentro del panorama nacional199. Sin duda, las narraciones que el IEPRI

198 Malcolm Deas y Fernando Gaitán, op. cit., 1995, p. 83-84. 199 Véase Gonzalo Sánchez, Memorias: IEPRI 1986-1996, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Edición 1996.


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produce ocupan un lugar predominante, entre otras por el merecido prestigio que el Instituto se ha ganado durante los años, y que en gran medida ha contribuido a consolidar una metana-rrativa sobre la violencia en Colombia. Esta consolidación se ha profundizado con el tiempo ya que no han surgido con" suficiente fuerza contranarrativas que la enfrenten o la relativicen: Quizás es acertado decir que en el 95, y en especial a partir de la publicación de los libros de Bejarano200 y de Deas y Gaitán201, se empieza a vislumbrar la aparición de una contranarrativa dentro de círculos de poder y de tomas de decisiones que tiene la fuerza necesaria para desplazar la anterior. Pero este desplazamiento tendría efectos todavía más nocivos, ya que al desbordarse en retóricas tecnocráticas e instrumentalistas se exacerba la ya existente disociación entre los estudios sobre violencia y la sociedad. Sobre estos nuevos relatos Armando Montenegro escribe desde la dirección de Planeación Nacional: La importancia del trabajo de Gaitán es evidente porque facilita la discusión pública al presentar datos y cifras sobre la evolución de la violencia en Colombia y permite comenzar un proceso de contraste entre las teorías corrientes y los resultados observados en las distintas áreas del país 202. Está pues en juego una competencia sobre la producción de referentes narrativos sobre la violencia en Co-lombia, y con ello también la reconfi-guración de una memoria colectiva que articula no solamente los aconte-cimientos pasados y presentes, sino también la posibilidad de construir fu-turos. 200 Op. cit. 201 Op. cit. 202 Armando Montenegro, op. cit. p. (xviii).

Construcción de memoria y de olvidos Es indudable el vínculo que se establece entre poder y narración, al igual que lo es la utilización de la' memoria como instrumento de poder. Como lo anota Osiel: Cuando una sociedad sufre un trauma a gran escala sus miembros buscan reconstruir sus instituciones bajo las bases de un entendimiento compartido de qué fue lo que pasó. Para ese fin se realizan encuestas, se escriben monografías, se componen memorias, se legisla. Pero sobre todo se cuentan relatos203. Y son justamente esos relatos, com-puestos en la heterogeneidad tanto de lo institucional como de lo marginal, los que los estudios sobre violencia no sólo olvidan sino que también excluyen como fuentes para la construcción de una memoria colectiva. El punto que quiero resaltar aquí es el tipo de memoria discursiva que se está produ-ciendo en las narraciones sobre vio-lencia. Por un lado, las tendencias hacia análisis instrumentalistas, al reducir la violencia a fenómenos compuestos por un conjunto de variables dependientes e independientes que pueden visualizarse mediante proyecciones, tecnifican tanto el fenómeno que quizás aniquilan incluso la posibilidad de recomponer la memoria misma de esos eventos. Por el otro lado, los estudios ligados a la lógica de los "actores en conflicto" privilegian la recomposición de memorias simuladas en la medida en que insisten en construir relatos sobre las lógicas y discursos de sujetos colectivos, sin dar fe de la profunda

203 Mark J. Osiel, "Ever Again: Legal Remembrance of Administrative Massacre", en University of Pennsylvania Law Review, Vol. 144, No. 2, diciembre 1995.


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implosión, fraccionamiento y agotamiento de estos mismos. VISIONES CONGELADAS Paradójicamente la multiplicidad de posiciones dentro del Instituto no ha dado lugar a una diversidad en la di-rección de las miradas con que se han visto las violencias, de manera que ello también ha impulsado la constitución de una metanarrativa sobre la violencia, y no una consolidación más balanceada de discursos en sana competencia. Y ello es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que el IEPRI tiene que soportar, por lo menos así ha sido hasta el momento, la abrumadora carga y responsabilidad de ser el productor de discursos sobre la violencia con mayor visibilidad en el país. Trastiendas No es sorprendente que en un primer momento se ubiquen los estudios sobre violencia tanto en las márgenes como en lo paraestatal o paralegal, lo que sí sorprende es que después de diez años éstos sigan ejerciendo un poder de seducción tan férreo. Las miradas se congelan en las trastiendas de la institucionalidad y algunas veces se argumenta que es que a través de esas trastiendas también podemos ver la intrincada maraña que forman las vi-siones, prácticas y discursos de las pri-meras. No creo mucho en esta argu-mentación. Los estudios de la violencia, así como lo ha hecho la antropología durante la mayor parte de su existencia, han caído en la fascinación del otro y parece que en esa fascinación se han perdido. Lo otro es una construcción que sólo tiene sentido a través de una construcción del Yo, pero cuando las miradas se congelan en lo otro se cae inmediatamente o bien en la satanización del Yo, o bien en su invisibilización. El efecto de ello es

complicado ya que se termina reifi-cando la trastienda como el lugar común a donde a donde deben dirigir su mirada los estudios sobre violencia. Bajo esta perspectiva creo que es ilustrativa la apreciación de Deas: La historia oral en Colombia es sofisticada en más de una manera. Se ha convertido en algo así como el género local por antonomasia, pero sus practicantes son muy selectivos en las preguntas que formulan y a quién se las dirigen. Suelen inclinarse por interrogar antes a liberales, comunistas y guerrilleros que a conservadores, miembros de las Fuerzas Armadas o funcionarios del gobierno, a quienes, por lo tanto, suele satanizarse o por lo menos se los despoja de diversidad y personalidad204. Ausencias Esta curiosa fijación, como ya se insi-núa más arriba, crea unos mundos pa-ralelos, de amplio espectro, de sombras que no se ven. Por un lado las repre-sentaciones que se construyen sobre el otro desde las elites, o desde los dis-cursos institucionalizados o hegemóni-cos, son o menospreciadas o percibidas corno homogéneas y estáticas. No existe una aproximación sistemática que explore el tema de la violencia a través de las instituciones del Estado o de las elites, que explore la polisemia del término dentro de la heterogeneidad institucional y sus efectos sobre las realidades políticas y sociales, que explore los mecanismos de propaga-ción, formal o informal, de discursos y entenderes que limitan qué se entiende por violencia y/o por paz y qué no.

204 Malcolm Deas y Fernando Gaitán, op. cit.,., p. 50.


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Por el otro lado, y aquí literalmente me refiero al otro lado, el acercamiento hacia ese otro marginal, paralegal o paraestatal, en el cual parecen haberse fosilizado los estudios sobre la violen-cia, se hace desde un punto fijo, legiti-mado ya sea por un bagaje conceptual o un lenguaje especializado, que borra en sí mismo las experiencias de la tragedia humana que están en el corazón mismo de cualquiera de las violencias que nos cruzan. Los estudios ahogan las voces, experiencias y memorias propias de aquellos para los cuales la violencia es una realidad cotidiana vivida. La urgencia en volver los ojos hacia estos mundos relegados a las sombras -el institucional y el de las víctimas- no está dada por la vacuidad de que allí podremos encontrar riquezas que estimulen discusiones teóricas, sino más bien porque en estas sombras también se producen historias, también se producen memorias que de una u otra forma inciden sobre la construcción de realidades. Como bien lo dice Watson, haciendo alusión a historias invisibilizadas y su efecto en la construcción de nuevas naciones a partir del resquebrajamiento de Europa oriental: Examinamos cómo pequeños actos, públicos o privados, de recuerdos no vetados mantuvieron vivas memorias e historias que produjeron y que fueron producidas por este mundo de sombras. Nuestro examen de memoria e historias secretas adquiere una mayor significancia al considerar que muchos de estos recuerdos vedados son ahora la sustancia que crea nuevas historias y nuevos Estados205. PLIEGUES 205 Rubie S. Watson, (ed.) Memory, History and Opposition under State Socialism, NM: School of American Research, Santa Fe, p. 4.

Creo que es clara la urgencia de romper con la metanarrativa consolidada, al igual que creo que es claro el impasse al que se enfrentan hoy en día los estudiosos sobre la violencia. En cual-quier cruce de caminos es necesario poder parar y evaluar hacia dónde es conveniente dirigirse: ¿Hacia una pro-gresiva profundización de los vínculos entre producción intelectual y demandas políticas coyunturales? ¿Hacia la producción de contra-narrativas que abran espacios para la creación de nuevos lenguajes, nuevos relatos y nuevas formas de representación? ¿Qué implicaciones tiene cada opción en la. producción de referentes sobre violencia y en la configuración de memorias colectivas? Como lo anotaba al inicio del escrito, mi propio sesgo es el de tratar de visualizar los desbalances y los riesgos que éstos conllevan, y con ello abogar por la necesidad inaplazable de abrirse a un espectro más amplio de perspectivas políticas e interpretativas. RUINAS: "¿Un solo paisaje?" Creo que la profundización del desba-lance existente entre la crítica y la ex-perticia redundaría en la fosilización de una sola visión sobre la violencia, co-rriéndose así el riesgo de disparar la tendencia creciente a identificarse con las narrativas emergentes dentro de los círculos de toma de decisión. Preguntas tan relevantes como el rol del intelectual colombiano frente a la realidad nacional y su función como productor de referentes o como creador / recreador de memoria, quedarían o bien olvidadas o bien relegadas a un segundo plano, y con ellas muy posiblemente anulada la capacidad y versatilidad para poder responder a la profunda complejidad, descentramiento y diseminación de las violencias colombianas.


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ESPERANZAS: "... y lo lejano vuelve a ser próximo" El regreso hacia un punto más equili-brado entre la crítica y la experticia impulsaría tanto la necesidad de cons-truir y consolidar contra-narrativas que retomen los mundos hasta ahora mantenidos en las sombras, como la redefinición del intelectual como "activista circunstancial", interesado o bien en buscar y fomentar visibiliza-ciones que potenciación las capacidades progresistas existentes dentro de la diversidad y heterogeneidad del Estado, o bien en visualizar el sufrimiento de las víctimas a través de la articulación de éste a lenguajes por un lado, inteligibles para los círculos de poder, y por otro, que renueven o redimensionen el posicionamiento y visibilidad política de las víctimas. En ambos casos se estaría asumiendo conscientemente el inmenso com-promiso que conlleva el producir y poner a circular representaciones sobre la violencia en períodos en que la vida se ha convertido en un bien transable y devaluado, y el sufrimiento humano en un testigo mudo y anodino de nuestra propia tragedia. Creo profundamente en la urgencia de explorar estos caminos, no porque puedan ser "retos teóricos interesantes" que le den un segundo aire a los estudios sobre violencia, sino porque son posicionamientos políticos que se nos exige asumir en un contexto tan hondamente convulsionado como el que nos ha tocado vivir. No resta más que invitarlos a ver y escribir este país también desde otros lugares. ENTREVISTAS • CAMACHO, Álvaro. IEPRI • GÓMEZ, Juan Gabriel. IEPRI • GONZÁLEZ, Fernán. CINEP • OROZCO, Iván. IEPRI • PEREA, Carlos Mario. IEPRI

• PIZARRO, Eduardo. IEPRI • RAMÍREZ, William. IEPRI • REYES, Alejandro. IEPRI • SÁNCHEZ, Gonzalo. IEPRI • URIBE, María Victoria. ICAN • ZULUAGA, Jaime. IEPRI

EL RINCÓN INTELECTUALES …

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INTELECTUALES... PODER...Y CULTURA NACIONAL

Gonzalo Sánchez Gómez** Los intelectuales constituyen una categoría social de difícil precisión. Seymour Martin Lipset intenta algún tipo de agrupamiento 206 y considera intelectuales a los creadores, intérpretes y distribuidores de cultura, es decir a los articuladores del mundo simbólico del hombre. No obstante, la heterogeneidad manifiesta los asemeja en realidad a una corporación o a una federación de productores culturales. Pero más allá de cualquier definición, el tema de los intelectuales es un tema esencialmente político. De hecho, su instauración como categoría analítica y como actor colectivo, está asociada precisamente a un Manifiesto fundador y de ruptura, dirigido a la opinión pública francesa en los albores del prolongado `àffaire Dreyfus'' (1894-1914). Se trata, como se recordará, del famoso Manifiesto de Emilio Zola (1898) `Yo Acuso...", publicado en el periódico L'Aurore , seguido inmediatamente de una adhesión colectiva, el Manifiesto de los Intelectuales, que incluía entre sus signatarios a artistas, escritores y * *. Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. **. Una primera versión de esta trabajo se discutió en el Primer Coloquio Franco-Colombiano de Ciencias Sociales, ENLACES (RED CALDAS), realizado en Paris, mayo de 1994. Tengo una gran deuda con el grupo de trabajo ``Cultura Política” del IEPRI, y muy especialmente con Francisco Gutiérrez, Mario Aguilera y Carlos Mario Perea por los enriquecedores comentarios que me hicieron en la reunión de septiembre 1997. 206 Seymour Martin Lipset, El Hombre Político. Las bases sociales de la política, Editorial Tecnos-Rei, Buenos Aires, Argentina, p.272.

maestros , convencidos todos ellos de la inocencia del oficial francés de origen judío, Dreyfus, acusado de espionaje. El Manifiesto tomaba partido por Dreyfus, frente a quienes invocando la razón de Estado se negaban a reconocer el error judicial y sus consecuencias. Fue, pues, un debate decisivo en la lucha por la democracia el que constituyó a los intelectuales como ``hombres públicos", como actor colectivo que se expresa no sólo a través de la escritura y la representación, sino a través de la movilización. Por primera vez en aquella fecha y a raíz de aquel episodio, hombres de letras, científicos e ideólogos, hablaron en representación de heterogéneas fuerzas sociales y de valores históricos de la cultura occidental, como los derechos del hombre, la verdad y la democracia. En Alemania, el término tiene igualmente sabor moderno. Se institucionalizó al despuntar el siglo XX , en un congreso celebrado en Dresden en 1903 y a raíz de un agudo debate, también político, sobre el papel de los académicos en el seno del Partido Obrero Socialdemócrata. Su sentido de identidad y pertenencia se desarrolló tan rápidamente que por los días de la Revolución rusa de Octubre y de la República de Weimar circuló en Alemania la idea de crear un soviet de intelectuales, un ``Consejo de los Trabajadores Intelectuales'', con un programa propio207. Independientemente , entonces, de cualquier definición normativa o sociológica que se adopte, tres serían , de acuerdo con lo anterior, los elementos constitutivos de la relación originaria: la interpelación a la opinión pública, el 207 Anthony Phelan, El Dilema de Weimar. Los intelectuales en la República de Weimar, Ediciones Alfons el Magnánim, Valencia(España), 1990,p. 40.


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distanciamiento o ruptura frente al poder estatal, y el recurso a la acción colectiva , todo ello con el propósito bien definido de restablecer la justicia quebrantada, por encima de cualquiera otra consideración....208 En Europa, de otro lado, el protagonismo del intelectual comprometido de los años cincuenta y sesenta ( a la Sartre, Marcuse o Franz Fanon) ha entrado en crisis. Ese ideal originario de intelectual comprometido ( con la revolución, con los ``condenados de la tierra") ha quedado atrapado por las incertidumbres de la llamada sociedad postmoderna, que se expresa a la vez como crisis de las utopías y como crisis de los modelos interpretativos holísticos, que habían dominado al pensamiento occidental desde la Ilustración.. Las perspectivas globales parecerían refractarse en múltiples visiones parciales. Recientemente el sociólogo francés Pierre Bourdieu, uno de los vicepresidentes del llamado Parlamento Internacional de Escritores, advertía cómo en el pasado próximo la intervención colectiva de los intelectuales había tenido muchas veces el sabor a oblación religiosa, o a simple abdicación de las exigencias propias de la vida intelectual. En contraste con ello, hoy tiende a reinstalarse más bien la visión weberiana de separación de las esferas del saber y de la política. El temor a la contaminación de la academia por la política, que la izquierda había resuelto a su manera en los años sesenta, vuelve a plantearse con nuevos ropajes y renovado vigor hoy. En los Estados Unidos se habla del destronamiento e incluso de la

208 Para una genealogía del concepto, véase: Christophe Charle, Naissance des <<intellectuels>> 1880-1900, Editions de Minuit, París, 1990; Humberto Quiceno, Los intelectuales y el saber, Centro Editorial Universidad del Valle, Cali, Colombia, 1993, pp. 9-16, especialmente.

desaparición de los intelectuales de la escena pública. Premisas Generales En Colombia, y en América

Latina en general, la preocupación reciente pero también creciente en torno a los aspectos culturales de la política o a la intervención política de los intelectuales, se produce justamente en un momento de enormes tensiones en la redefinición de su papel, en la búsqueda de su identidad. Como lo ha señalado Jesús Martín-Barbero209, los macrosujetos a partir de los cuales hablaba el intelectual, - la Nación, el Estado , el Pueblo -, han entrado en crisis y han dejado al intelectual en una especie de suspenso. Esta es una primera constatación. En parte esa sensación de suspenso surge de las nuevas formas de visibilidad del papel de los intelectuales. En América Latina, incluida Colombia, se advierte en efecto una creciente demanda, gubernamental principal aunque no exclusivamente, de los servicios profesionales e incluso del personal de los grandes centros de investigación , cuya significación está por establecerse. De hecho, los intelectuales,- los que se consideran y son reconocidos como tales por la comunidad cultural -, han acrecentado sus acciones colectivas en muy diversas direcciones: carta de unos deslindando campos con la guerrilla; cartas de otros en algún momento adhiriendo a los diferentes candidatos presidenciales en 1994; debate público sobre las relaciones entre los centros universitarios y el Estado, que desemboca en debate sobre las estructuras universitarias y educativas y

209 Jesús Martín-Barbero, Conferencia en el Instituto de Estudios Políticos, Bogotá, 1997


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sobre las jerarquías internas; controversia sobre las razones o sinrazones de un Ministerio de la Cultura y, en fin, transacción de un renovado prestigio de la cátedra y la investigación por cargos de dirección política , etc. El punto de quiebre habría que

situarlo, empero, a fines de los años setenta, durante el gobierno de Turbay y su Estatuto de Seguridad, a cuyo amparo, y por primera vez de manera generalizada, capas intelectuales fueron sometidas a la represión, a los allanamientos, a los interrogatorios bajo tortura y al exilio. Hubo entonces importantes pronunciamientos de los intelectuales y artistas colombianos ; proliferaron las protestas por las violaciones a los derechos humanos; las marchas de rechazo al encarcelamiento o al atropello de alguno de los suyos, incluyendo a figuras tales como: el cineasta Carlos Álvarez, el poeta Vidales, el Nobel García Márquez; se generalizó la denuncia e incluso la movilización internacional. Segunda constatación y premisa de orden metodológico: cada momento histórico desarrolla formas características de intervención de los intelectuales y criterios de validación propios de esa intervención. Esto quiere decir que la participación y el compromiso del intelectual depende no sólo de la ubicación de éste como categoría social, sino también del tipo de sociedad en la cual se materializa su intervención , y de su entronque con la organización de la cultura. Su historia es parte de la historia social de la cultura. Tercer presupuesto: vamos a asumir, para efectos de este artículo, que cuando hablamos de “intelectuales" nos estamos refiriendo a los intelectuales

públicos210, es decir, a aquellos cuyo quehacer opera como referente en el debate y en la formación de opinión ciudadana . Retomando los elementos enunciados, se puede afirmar que la categoría intelectual integra lo siguientes componentes: una definición intrínseca a la propia comunidad de intelectuales (la autopercepción de tales); una organización para la acción colectiva; y una relación específica con el poder-Estado. Es la conjunción de los tres la que permite diferenciar al intelectual del simple académico, científico o artista. Dentro de las anteriores premisas

generales, voy a proponer un esquema muy tentativo de lectura del papel de los intelectuales en la centuria que va desde la Constitución de 1886 a la del 1991, es decir, un esquema ( y nada más que un esquema) histórico de la relación de los intelectuales con la política, o que provea elementos para su elaboración. Nuestro punto de partida se sitúa entonces en un período ya avanzado de secularización , lejos del clérigo como prototipo y articulador del campo intelectual que había caracterizado la sociedad colonial211. Este arbitrario punto de partida está precedido, desde luego, de un largo proceso histórico, cuyos primeros jalones se remontan por lo menos hasta las postrimerías del periodo colonial y en particular al fallido intento (articulado al

210 Jacoby Russell, The Last Intellectuals, New York, The Noonday Press, 1987, p.221. 211 Ver Renán Silva Universidad y Sociedad en el Nuevo Reino de Granada, Banco de la República, Santafé de Bogotá, 1992, pp. 16 y 45. Véase también de Hans-Joachim Konig, En el camino hacia la Nación, Banco de la República, Bogotá, 1994


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plan reformista de Moreno y Escandón) de fundar una Universidad Pública, inmediatamente después de la expulsión de los jesuitas en el último cuarto del siglo XVIII 212 Como se ha establecido en un trabajo notable213 , la gran trilogía del saber, filosofía, teología y gramática, fue la que jugó el papel determinante en la formación de la alta burocracia civil y eclesiástica y en la orientación político-cultural de la sociedad colonial, aunque en las postrimerías del siglo XVIII el ápice lo alcanzó, valga la pena subrayarlo, la jurisprudencia y su correlato el tribuno republicano, ilustrado o popular. I. EL PODER DE LOS LETRADOS Y LOS LETRADOS EN EL PODER El proceso de diferenciación de la intelectualidad nativa - el intelectual patriota- que se había iniciado desde los tiempos de las reformas borbónicas y de la Revolución Comunera; que se fortaleció con el movimiento cultural de la Expedición Botánica; y que se socializó con la creación de tertulias, de Sociedades Patrióticas y de nuevos periódicos como espacios de construcción de una identidad americana y de una conciencia emancipadora , ese proceso avanzó tímidamente con la Universidad republicana de Santander. Se inspiraba ésta en el benthamismo que era a su vez la expresión de los precarios espacios ideológicos que ganaba la cultura anglosajona , antes de que el sistema educativo y toda la atmósfera intelectual recayeran en el teocratismo hispánico de la década de los años cuarenta del siglo XIX. Pese al carácter innovador de empresas como la 212 Jaime Jaramillo Uribe, `Èl Proceso de la Educación", en Manual de Historia de Colombia, Instituto Colombiano de Cultura , Bogotá, 1980, t.III, p. 293). 213 213 Renán Silva, , op.cit.

Comisión Corográfica en la segunda mitad del XIX, ni el radicalismo, tan sensible al tema de la instrucción pública, ni la propia Universidad Nacional(1868), cuna de la élite intelectual de su tiempo, fueron capaces de consolidar un modelo cultural alternativo hegemónico. Y como se puso en evidencia en las dos últimas décadas del siglo, pese a la expansión económica, la restauración de los viejos esquemas mentales era posible. Durante el período de la Regeneración -tal como se ha podido señalar en varios estudios recientes 214- se logró tejer, en este país todavía agrario y pastoril, una estrecha relación entre los letrados dedicados a las lenguas y a la cultura clásicas, la filología y la gramática en particular , y el ejercicio del poder y el prestigio social . En sus anotaciones sobre las letras colombianas, Andrés Holguín ha podido constatar tajantemente cómo en la literatura del período 1886-1930, y sobre todo en el mundo de los gramáticos políticos, pudiéramos agregar, la realidad del país no aparece por parte alguna 215 . Del bien decir y del bien escribir, debe fluir de manera natural el buen gobernar, parecía ser la concepción de esta mirada elitista sobre la sociedad , la cultura y la política. Salvo contadas y notables

excepciones de una orientación positivista en la interpretación de los procesos políticos y sociales, como sería el caso de Rafael Núñez y del reputado secretario de Hacienda Salvador Camacho Roldán, la gramática y el estudio de la lengua en general, sumados a una visión católica y jerarquizada de la

214 Véase de Malcolm Deas, El Poder y la Gramática, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1993; y de Marco Palacios Estado y Clases Sociales, especialmente el primer capítulo ``La Clase Más ruidosa”, Procultura, Bogotá, 1986 215 Andrés Holguín, en Nueva Historia de Colombia , Editorial Planeta, Bogotá, l989, t.VI, p.12


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sociedad y al culto cachaco de las buenas maneras, eran un componente esencial del poder, cuando no el criterio de reordenamiento del mismo. El punto no merecería constatación si no fuera porque ello ocurría precisamente en un país que debía tener entonces cifras de analfabetismo superiores al 70%. Los ejemplos son contundentes:

Santiago Pérez, dirigente radical , presidente entre 1874 y 1876, escribió un Compendio de Gramática Castellana; Miguel Antonio Caro, el gran jurista artífice de la Constitución de 1886, es también autor de un Tratado del Participio, traductor de la Eneida, las Geórgicas, y las Eglogas de Virgilio; José Manuel Marroquín, escribió un Tratado de Ortología y Ortografía Castellana; el presidente Marco Fidel Suárez es autor de un libro que le hubiera causado grandes desvelos a Freud , los Sueños Gramaticales de Luciano Pulgar; y, lejos del paradigma de un Gramsci que escribió lo mejor de su obra en prisión, el afamado dirigente liberal Rafael Uribe Uribe redactó en la cárcel un Diccionario de Galicismos. El ciclo lo cierra Miguel Abadía Méndez, el último presidente de la hegemonía conservadora, escribiendo unas Nociones de Prosodia Latina. Daba la impresión de que estos

personajes, mientras más distantes , evasivos e incomunicados se presentaran frente a la sociedad real, tanto más exitosos resultaban en sus pretensiones políticas . En los albores del siglo XX y en esta Colombia de guerras y de fragmentaciones mil, el gran poeta (y también político) por antonomasia era Guillermo Valencia , quien con sus cantos a especies raras o inexistentes en nuestro suelo como las garzas y los camellos, reafirmaba su ideal parnasiano de ruptura con la realidad de su país y de su tiempo. Era la demostración más contundente del elitismo del poder y de

la política. El Poder de los Letrados y los Letrados en el Poder eran las dos caras de la misma moneda. O como lo señala Gutiérrez Girardot, literatura y política, político e intelectual, eran términos gemelos. Lo que equivale a decir también que no había un espacio cultural autónomo. La importancia del idioma,

sugiere Deas, estaba dada por el hecho de que éste constituía para la visión conservadora el vínculo directo con el pasado hispánico y colonial . La Iglesia podía encargarse de hacer el resto. En efecto, a las restricciones y al elitismo que imponía el culto al idioma, se sumaba otro factor de selección cultural: el que la Iglesia realizaba a través del fatídico Índice , uno de los más poderosos y abusivos instrumentos de control ideológico, pariente de la Inquisición, y mediante el cual se decidía sobre lo que podía o no leerse, almacenarse en las bibliotecas o exhibirse en las librerías. La Regeneración, y a la larga la

República Conservadora, significaban por consiguiente una incuestionable interrupción en el proceso de acercamiento al mundo experimental que se había iniciado desde los tiempos de Mutis y de Caldas, y reafirmaban una característica disociación, la de modernización económica y política, por un lado, y tradicionalismo cultural, por el otro. Saberes exegéticos (gramática y derecho), pasado hispánico y estructuras clericales, conformaban el sustrato básico de las jerarquías y el poder en la sociedad finisecular. La crisis del discurso liberal

radical y anticolonialista (Florentino González, José María Samper), de buena parte de la segunda mitad del siglo XIX, ``con su ética ciudadana y democrática", le abría el paso a una verdadera transición


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regresiva, que se manifestaba en el intento de refundar la nación a partir de la cultura hispánica. Fue un intento en gran medida exitoso que podría catalogarse con toda propiedad como el contragolpe cultural de la Regeneración . Parafraseando a Núñez, pudiera decirse que el nuevo movimiento político-cultural sometía la república laica y positivista a la tutela de la república espiritual y neotomista que pregonaba el obispo Rafael María Carrasquilla, Secretario de Instrucción Pública del Presidente Miguel Antonio Caro 216. Era el regreso a una visión tiránica y homogeneizadora de la cultura y de la sociedad. Un corolario de lo anterior fue la

demostrada hostilidad de la Regeneración a las ciencias , a las incipientes organizaciones científicas217 y en general a la libertad de opinión , como lo atestiguan, entre otras cosas, la tristemente célebre Ley 61 de 1888, que don Fidel Cano bautizara con el nombre de ``Ley de los Caballos"; la censura a obras de teatro, como la antimilitarista El Soldado de Adolfo León Gómez; o el forzado exilio de Vargas Vila a Venezuela, punto de partida del largo peregrinaje del autor por América y por Europa. La erudición clásica que

ostentaban los más connotados exponentes de la Regeneración no era una emulación al humanismo sino una manifestación de sus ataduras a las estructuras mentales de inspiración eclesiástica. De hecho, con la firma del Concordato, Colombia se había convertido en un país ideológicamente encarcelado. Y los intelectuales

216 R. Silva, ``La Educación en Colombia 1880-1930”, en Nueva Historia de Colombia, Editorial Planeta, Bogotá, 1989, t.IV, p.70 217 Diana Obregón, Sociedades Científicas en Colombia. La Invención de una Tradición 1859-1936, Banco de la República, Bogotá, 1992

gramáticos eran los guardianes de esa prisión. Los fundamentos materiales de ese tipo de visión , que se vieron reforzados por el formalismo y la retórica de los hombres de leyes, sobrevivieron con el cambio de siglo. Gramaticalidad y formalidad jurídica eran componentes indisociables del mismo universo mental. Había desde luego opciones estéticas, idiomáticas y culturales alternativas que se concretaban, por ejemplo, en los destellos modernistas de la poesía de José Asunción Silva ( Nocturno, 1894); en la prosa de Tomás Carrasquilla ( Frutos de mi Tierra, 1896; La Marquesa de Yolombó, 1926-28) que universaliza lo local y regional, quebrando el centralismo político y cultural de Bogotá; y luego en el ensayo crítico del más internacionalizado de los escritores colombianos en el tránsito de los siglos XIX y XX, Baldomero Sanín Cano (La Civilización Manual y otros Ensayos, 1925; Indagaciones e Imágenes, 1926; Crítica y Arte, 1932)218. Pero , repito, eran destellos, atisbos, sin continuidad estructural. Para entender qué tan poco había cambiado al quiebre del siglo baste recordar que la propia capital nacional, Bogotá, no llegaba siquiera a los ciento cincuenta mil habitantes entrado ya el siglo XX, y a juzgar por sus calles, sus edificaciones, sus medios de transporte y comunicación, sus borrosas fronteras con el mundo rural de la sabana, y el ritmo de su vida cotidiana, todavía conservaba un cierto aire semicolonial. Apenas se insinuaba un pequeño rincón para la bohemia intelectual, conocido precisamente como la ``Gruta 218 Véase de Rafael Gutiérrez Girardot, ``La Literatura Colombiana en el Siglo XX”, en Manual de Historia de Colombia, t. III., Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1978-1980, p. 448 y ss.


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Simbólica", fundada al despuntar del siglo, en 1900219 . Por otro lado, resulta apenas lógico pensar que , si las letras ( a menudo asociadas a las leyes) eran la fuente del poder, el medio más idóneo para contrarrestarlo era también educarse...``paz, instrucción y progreso material bajo la Constitución de Rionegro" , fue uno de los slogans de la era radical. Como lo ha señalado el historiador Jaime Jaramillo Uribe, la creencia en el poder rectificador de la educación se manifestaba, por ejemplo, en el hecho de que después de cada guerra se formulara frecuentemente una reforma educativa 220 , y si posible, para guardar el culto a las formas, una nueva Constitución, desde luego. Educación para la democracia, es una consigna típicamente republicana, y como instrumento de promoción y nivelación compite con, o se constituye en alternativa a, la fortuna y el linaje. Instrucción pública, gratuita y obligatoria es quizás la bandera más consistentemente agitada durante el período radical, y con una ardentía tal que una investigadora norteamericana caracterizó la controversia generada por el Decreto Federal de 1870 que la institucionalizaba como la ``guerra de las escuelas"..221 De hecho, muchos veían las escuelas como simples escenarios de adiestramiento político, y semilleros de reproducción partidista. Correlativamente, la educación, como motor civilizatorio, jugará un papel 219 Patricia Londoño/Santiago Londoño, ``Vida diaria en las ciudades colombianas", en Nueva Historia de Colombia, Editorial Planeta, Bogotá, t.IV, p.313-399. 220 Jaime Jaramillo Uribe, Manual de Historia de Colombia , Colcultura, Bogotá, 1980, t.III., p.260 221 Jane M., Rausch, La Educación durante el Federalismo, Instituto Caro y Cuevo\Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 1993, p.15.

central no solo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX sino también en las primeras décadas del XX entre los sectores populares y revolucionarios, incluidos los anarquistas. Y desde el punto de vista de las élites modernizantes la fuerza integradora (y destructora) de la educación debía extenderse incluso a los ya casi diezmados grupos aborígenes. El paradigma latinoamericano de la transición de la hegemonía cultural francohispana a la anglosajona será el Ariel (1900) de José Enrique Rodó222. En Colombia es apenas un larvado movimiento que no logra sobreponerse con sellos distintivos. II. LOS INTELECTUALES MAESTROS (La lucha por la autonomía cultural) Subterráneamente a la cultura

elitista y dogmática de las postrimerías del siglo XIX hay dos corrientes que van a comenzar a diferenciar y a cambiar de manera decisiva el panorama cultural colombiano, los sistemas de representación y las sensibilidades. La primera corriente cultural es la que el historiador norteamericano Frank Safford hace remontar a los esfuerzos borbónicos por introducir en la Nueva Granada los llamados ``conocimientos útiles". Se trata, en el esquema de Safford, de la consolidación de un `ìdeal de lo práctico", cuyos valores y condiciones económicas sólo vinieron a cristalizarse, inicialmente, con la creación de la Universidad Nacional (1867) y, luego, con la fundación de la

222 Para una visión panorámica de estos temas, véase el libro de la historiadora suiza Aline Helg, La Educación en Colombia 1918-1957, Fondo Editorial CEREC, Bogotá, 1987. El título en francés es más diciente: Civiliser le peuple et former les élites.


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Escuela de Minas de Medellín (1888). Esta última, sobre todo, crea bases firmes para la formación de una élite técnica y empresarial (no necesariamente teórica, científica o intelectual) opuesta al ideal libresco, político y cachaco de las élites bogotanas, aunque estrechamente asociada a los patrones culturales de la Iglesia católica. Conjuga, pues, de manera muy original, invención empresarial con tradición religiosa. El culto a la Escritura y a la Palabra siguen latentes, pero comienzan a verse competidos por una nueva racionalidad y por el culto a la producción material y a la gestión administrativa. La Escuela de Minas, ``semillero para la socialización de los cuadros dirigentes de aquel proceso económico", según apunta Alberto Mayor, su más agudo analista, marcaba un desplazamiento hacia las nuevas influencias culturales (norteamericanas), puesto que se creó bajo el modelo de la School of Mines de la Universidad de California, Berkeley, en donde habían estudiado sus primeros directores, Pedro Nel y Tulio Ospina 223. El papel de los ingenieros, de los técnicos y de los economistas comenzó a ser cada vez más notorio en las altas esferas político-administrativas del país, en el análisis mismo de la realidad nacional (Alejandro López), y se afianzó con las rápidas transformaciones de la vida material de la nación en las primeras décadas del siglo XX. Ingeniero fue Laureano Gómez; ingeniero y rector de la Escuela de Minas fue Ospina Pérez; economista fue López Pumarejo. Perfiles muy distintos a los letrados del siglo XIX.

223 Frank Safford, El Ideal de lo Práctico, Empresa Editorial Universidad Nacional/Ancora Editores, Bogotá, 1989 (primera edición en inglés, University of Texas Press, 1976), p.306; y Alberto Mayor Mora, Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1984

La segunda corriente innovadora es la que se insinúa, a comienzos de los años treinta del presente siglo con la creación de la llamada Universidad Popular, la cual pese a su nombre, no pasaba de ser un programa de conferencias sobre temas económicos, jurídicos y artísticos pero que operaba de todas maneras como una forma de sociabilidad de figuras intelectuales modernizantes con renombre nacional224. Posteriormente, y esta es otra manifestación de la misma corriente, se materializa la fundación de la Facultad de Ciencias de la Educación cuyos efectos fueron mucho más profundos y duraderos en la cultura nacional y en la formación de las nuevas comunidades científicas (antropólogos, sociólogos, historiadores...). Adscrita dicha Facultad a la Universidad Nacional, es casi inmediatamente relevada por la Escuela Normal Superior (1936-1951), inspirada en su homónima de París, surgida de la Convención de 1794. La idea subyacente a esta propuesta intelectual era la de concentrar en dicha Normal Superior los mejores cerebros del país y formar las nuevas generaciones en ese nuevo espíritu de la época, cuyo momento inaugural para el efecto suele ubicarse, internacionalmente, en el movimiento reformador de Córdoba (Argentina) en 1919, y nacionalmente en la Misión Alemana contratada por la Administración de Pedro Nel Ospina en 1922, y cuyas recomendaciones orientadas hacia una formación más

224 Carlos Uribe Celis incluye dentro de la nómina docente de este experimento democratizador a: Guillermo Nannetti(profesor de economía nacional); Eliseo Arango (economía nacional);Carlos Lozano y Lozano (derecho penal); Jorge Eliécer Gaitán (sociología criminal); Francisco Socarrás (sicología experimental); Luis López de Mesa (vulgarización cultural); Rafael Maya (historia del arte); Otto de Greiff (historia de la música). Véase, Uribe Celis, Carlos, Los Años Veinte en Colombia, ediciones alborada, 2a.edición, Bogotá, 1991, p.126


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pragmática de los bachilleres fueron bloqueadas por la convergencia de fuerzas de dispares procedencias ideológicas y doctrinarias225. A la Normal Superior se la concibió, pues, como cúspide del sistema educativo, incluso en competencia con la Universidad Nacional. Se trataba por lo demás de una gran empresa cultural, coetánea de otros movimientos militantemente innovadores, como el de ``Los Nuevos" en las artes plásticas, llamados también los Bachués, (Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo- Los Comuneros-, Rómulo Rozo -la escultura a la diosa Bachué , El Zipa- Luis Alberto Acuña- Retablo de los dioses tutelares de los Chibchas- , entre otros) caracterizados por sus búsquedas, individuales y no institucionales, de los fundamentos nativos de la cultura latinoamericana, al igual que ya lo había hecho el muralismo mexicano, aunque los colombianos difícilmente emularon con la proyección y el monumentalismo de este último; coetánea también de las múltiples variantes del vanguardismo literario que incluyen a figuras tan dispares como el rítmico y enigmático León de Greiff de Variaciones alrededor de nada, 1936; a Luis Vidales (Suenan timbres, 1926); a Fernando González( Viaje a pie); a José Eustasio Rivera (La Vorágine, 1924); al errabundo Porfirio Barba-Jacob de la ``Canción de la vida profunda", 1914 ; al cosmopolita Baldomero Sanín Cano (Crítica y arte, 1932) y al prolífico Germán Arciniegas , notable líder estudiantil en la década del veinte y promotor desde distintos escenarios (dirigente estudiantil, parlamentario y ministro) de la tarea de reforma educativa de la República Liberal, reforma que en su conjunto debía apuntar

225 Jaime Jaramillo Uribe, ``La Educación durante los gobiernos liberales 1930-1946”, en Nueva Historia de Colombia, t. IV, pp. 99-101

a democratizar la cultura, formar ciudadanos, crear consciencia nacional y responder al desarrollo económico y social del país226. En otras palabras, y desde la perspectiva que estamos analizando el tema omnipresente en las décadas del treinta y cuarenta era el de pedagogía y construcción de Estado, con los intelectuales como mediadores de esa construcción. Todas estas búsqueda y expresiones eran coetáneas , finalmente, de un proceso general de ampliación de la ciudadanía en el plano político que se ha hecho posible gracias al tránsito ahora perceptible del modelo hispanizante de integración de la Regeneración, a un esquema incipiente, pero también detectable, de pluralismo cultural, étnico y social, en expresa reacción contra las exclusiones y sectarismos de la Generación del Centenario. Como en muchos otros países latinoamericanos, y dentro de las más variadas vertientes ideológicas, fue este el período en que los grandes temas del debate intelectual, como la cuestión social (campesina, obrera e indígena); la pluralidad cultural ; la diversidad regional y las formas y socios impuestos o acordados para la explotación de los recursos energéticos, aparecían dominados por la cuestión nacional, cuya centralidad en la agenda de los intelectuales ya se había hecho patente desde el siglo XIX227. Tal fue la atmósfera intelectual que acompañó la irrupción de la Escuela

226 Para un examen más detallado del pensamiento y acción de Arciniegas, véase de Ángela Rivas Gamboa "Pasiones de la Razón: Cuatro intelectuales reformadores y el suño de la República Liberal", Monografía de grado, Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá, 1997. 227 Fernando Uricoechea, ''Los intelectuales colombianos: pasado y presente", en Análisis Político, No.11, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,1990,p.62.


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Normal Superior. Su objetivo declarado era la profesionalización de la educación universitaria en las diferentes ramas del saber, con todo lo que profesionalización implica ( monopolización, segregación, pero también cualificación de conocimiento) dentro de esquemas pedagógicos alternativos a la hasta entonces dominante pedagogía católica. Esta acababa de recibir un segundo aliento con la refundación de la jesuita Universidad Javeriana(1931) del padre Félix Restrepo y la fundación de la Pontificia Bolivariana de Medellín (1936), como contrapeso no sólo a la Universidad Libre, que había comenzado a operar el 13 de febrero de 1923 , por iniciativa de Benjamín Herrera , sino también al Externado de Colombia, relanzada también en los veinte como baluarte liberal-republicano al igual que la Libre. Como resultado de todo ello , y como lo muestran Martha Cecilia Herrera y Carlos Low228, se pasaría en la década siguiente de la formación de hombres cristianos a la formación de ciudadanos, en una perspectiva liberal y laica que habría de contar, valga la pena subrayarlo, con el apoyo, desde el Ministerio de Educación, de dos notables figuras: la primera de ellas el humanista formado en Harvard Luis López de Mesa ( Introducción a la historia de la cultura Colombiana (1930); De cómo se ha formado la Nación colombiana y Disertación sociológica) y la segunda Darío Echandía, este último con su lema ``Tierra y Cultura", eco tardío del programa postrevolucionario del Ministro de Educación mexicano, de proyección continental, José Vasconcelos. Subrayamos este punto porque la gestión de Echandía representa precisamente uno de los raros intentos 228 Martha Cecilia Herrera/Carlos Low, Los Intelectuales y el despertar del siglo(El caso de la Escuela Normal Superior), Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 1994, p.20

de asignarle al Estado un papel protagónico en la organización y promoción de la vida cultural, en un país en donde también en este campo la iniciativa la han tenido en buena medida los diversos actores privados. Es , en todo caso para Colombia , el momento de la crítica social y de la sustitución del literato por el pedagogo, por el Profesor, llámese Nieto Caballero, López de Mesa o Germán Arciniegas. Los indígenas , los campesinos y los trabajadores del petróleo - redescubiertos o reconocidos ahora como protagonistas de la construcción nacional- eran quizás también el eje de la naciente crítica social que encontraba su eco literario en la obra de autores como Eduardo Caballero Calderón (Tipacoque,1941) José Antonio Osorio Lizarazo (La cosecha, 1935) y César Uribe Piedrahita ( Mancha de aceite,1935). En el campo jurídico, una nueva legislación, secundada por la llamada ``Corte Admirable” le abrió paso a significativas innovaciones en el campo de las costumbres reguladas por el llamado derecho de familia, y en el de las relaciones Iglesia-Estado: el reconocimiento de los derechos civiles a las mujeres, cambios en la legislación matrimonial y en el status de los ``hijos naturales”, renegociación del Concordato , y otras que desafiaban imposiciones seculares de la iglesia en la vida pública y privada229. En todo caso , el intelectual de esta generación y de los perfiles que hemos ilustrado, era cada vez más autónomo de los partidos y del poder estatal, y tenía obviamente mayores vínculos orgánicos con la sociedad que los letrados, pero centraba su mirada en la perspectiva de la transformación, no de la sociedad en su conjunto, sino de uno de sus mecanismos de reproducción, el

229 Ángela Rivas G., Op. cit.


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aparato educativo, como punto estratégico para la transformación de la sociedad. La Escuela Normal Superior formaba maestros, Intelectuales-Maestros. No era función exclusiva pero sí distintiva de la Escuela. A la Normal se vincularon Maestros y Maestros de Maestros de varias generaciones. Recordemos algunos ejemplos: entre los docentes nacionales cabría señalar, en primer lugar, a Germán Arciniegas, quizás el más cosmopolita de los escritores colombianos de entonces, conocido ya por obras como Los Comuneros (1938), El Estudiante de la Mesa Redonda (1932) y quien en los años cincuentas habría de ser profesor de Columbia University. También se destacaba y prolongaría su influencia más allá de aquellos años, el pedagogo Agustín Nieto Caballero, quien fue, entre otras cosas, fundador del prestigioso Gimnasio Moderno de Bogota(1914), una de las más exitosas alternativas laicas al cuasimonopolio religioso de la educación privada230. Nieto Caballero, fundador con Gustavo Santos, de la revista Cultura, fue el promotor en Colombia y América Latina del movimiento pedagógico Escuela Nueva, de origen suizo, que transformó las prácticas educativas, y uno de los inspiradores y artífices de la reforma educativa de 1932, en el despuntar de la República liberal, aunque él desde el sector privado preconizaba una perspectiva distinta a la de Arciniegas: transformar la estructura educativa sí, democratizar y modernizar los contenidos también, pero a partir de la formación de una élite cultural, preparada para dirigir y gobernar. Concepciones que seguramente no tendrían la misma receptividad en el sector público de la educación, y en la 230 Para un examen novedoso y sistemático de ese complejo "proyecto cultural" que es el Gimnasio Moderno, remito al estudio citado de Ángela Rivas.

Universidad Nacional en particular, de la cual Nieto Caballero fue Rector. A esta misma élite intelectual, para incluir un perfil diferente, pertenecía Luis Eduardo Nieto Arteta, el influyente ensayista redescubierto tardíamente por los historiadores y economistas marxistas en las décadas del sesenta y setenta. Entre los Maestros extranjeros , algunos de ellos fugitivos del Nazi-fascismo-franquismo europeo, hay que mencionar al historiador español José M-a Ots Capdequí, experto en la historia del régimen de tierras y del Estado Español, durante la época colonial; al etnólogo francés Paul Rivet, fundador del Museo del Hombre, en París; al geógrafo alemán Ernesto Guhl, que prácticamente introdujo una disciplina social, la geografía, al país; al británico (jamaiquino) profesor de literatura inglesa, Howard Rochester. La Normal aspiraba a combinar en la práctica , y no sin conflictos, `ìmportación” de tradiciones científicas y conocimiento aplicado a la realidad social y cultural del país231. Los alumnos de estos Maestros fueron no menos notables: Los historiadores Jaime Jaramillo Uribe y Darío Mesa; el filólogo Luis Flórez; la antropóloga Virginia Gutiérrez ,fundadora del tema de La Familia en Colombia, y el arqueólogo Luis Duque Gómez. Por tanto, entre maestros y alumnos, la Escuela Normal albergaba a la mayor parte de las grandes figuras de las ciencias sociales contemporáneas en el país. Sólo unos pocos, igualmente influyentes, formados en otras escuelas y

231 Anotaciones útiles sobre los choques de tendencias pueden verse Marcela Echeverri, ``La Institucionalización de la Antropología durante la República Liberal 1935-1950, Tesis de grado, Universidad de los Andes, Bogotá, 1997, p.120 y ss.


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en otras latitudes, quedaban por fuera de esta lujosa nómina: los filósofos Rafael Carrillo y Danilo Cruz Vélez de la recién creada (1945) Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional; los historiadores Guillermo Hernández Rodríguez y Luis Ospina Vásquez; el arqueólogo Gonzalo Correal, y el economista Antonio García, entre los colombianos; entre los extranjeros, que vinieron por otro camino a quedarse, figuraban, por último, Juan Friede y Gerardo Reichel-Dolmatoff. Hay que insistir, se trata , en general, y a diferencia de los letrados, de figuras más bien esquivas a la política, y en cambio muy receptivas y propensas a la indagación científica y a la secularización. En los de vocación filosófica se advertía palmariamente el viraje: el dominante pensamiento escolástico, que había tenido en monseñor Rafael María Carrasquilla a su más característico exponente, empezaba a ser competido por un racionalismo moderno, que privilegiaba la relación de la Filosofía con las Ciencias. La Escuela Normal tenía , por otra parte, como anexos, dos Institutos: el primero, asociado a la ya mencionada figura de Paul Rivet, el Instituto Etnólógico Nacional(1941), fundado bajo el gobierno de Eduardo Santos y cuyas actividades investigativas fueron criminalizadas en los años cincuenta 232.

232 Rivet tuvo el coraje de desafiar públicamente (en el periódico Le Monde )las versiones oficiales del 9 de abril. Véase de Renán Vega Cantor y Sandra Jauregui González "La Percepción de la Crisis Política en Colombia 1945-1951 por parte de los Diplomáticos Franceses", 1997, (inédito). Rivet sostenía tesis que ofendían el credo nazi-fascista europeo y el de sus epígoneos colombianos (v.gr. Laureano Gómez), como ésta de 1942 en el primer número de la Revista del Instituto : "es una equivocación absurda, si no una mentira desvergonzada, hablar de raza pura y querer establecer sobre esta base anticientífica una teoría

El segundo, el Instituto Indigenista Colombiano, con una visión militante del saber antropológico, asociado , entre otros, a Gregorio Hernández de Alba y a Antonio García, ideólogo este último del movimiento gaitanista de la década del cuarenta y una de las figuras más notables del pensamiento económico colombiano del siglo XX. A estos Institutos (es el momento de los Institutos) habría que agregar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1935), el Instituto de Ciencias Naturales, el Instituto Caro y Cuervo (1942), el Instituto de Economía(1945) , adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional; el Instituto de Filosofía (1946)adscrito también a la Facultad de Derecho de la misma Universidad, muy influído por la fenomenología alemana y acusado por el clero de proscribir el tomismo; el Instituto Colombiano de Antropología (ICAN, 1951), que hizo el relevo al Instituto Etnológico Nacional y, finalmente, el fallido Instituto Colombiano de Sociología(1951).... El movimiento de renovación

cultural, parcialmente conducido ahora desde la Universidad Nacional, y el esfuerzo de transformación del mundo jurídico desde la Libre y el Externado, son abruptamente interrumpidos el 9 de abril, que es también un hito en la confrontación de mentalidades: los insurrectos la emprenden entre otros, contra los centros educativos de inspiración religiosa, incluida la Universidad Javeriana, y el gobierno a su vez se representa la revuelta como una materialización combinada , por un lado de las ideas disociadoras preconizadas por los reformadores de la República Liberal y propagadas por los ``guerrilleros imperialista de la hegemonía y de superioridad étnica. Los europeos actuales (...) no son más que mestizos y desde tiemp os inmemoriales." Citado en Marcela Echeverri, op. cit. 139.


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intelectuales" y , por otro lado, de la barbarie del inepto vulgo, que sólo podría ser detenida mediante una recristianización conservadora `à sangre y fuego"233. La intemperancia política y cultural de la Violencia, como se sabe, obliga al cierre de centros de debate intelectual y de prestigiosas publicaciones, como la Revista de Indias, asociada a la intelectualidad reformista de la Revolución en Marcha, y del quincenario Crítica, dirigido por Jorge Zalamea. La Violencia induce también al exilio, más o menos voluntario, a hombres de letras como Jorge Zalamea quien desde Argentina escribe su memorable El gran Burundún-Burundá ha muerto(1952); a Germán Arciniegas, quien escribe entonces su Entre la Libertad y el Miedo (1952). Asimismo, la Violencia provoca el retorno a sus sitios de origen de algunos de los migrantes extranjeros que en décadas precedentes habían llegado a Colombia perseguidos por los gobiernos de sus propios países .... Despejado `à sangre y fuego”el

campo de la confrontación ideológica, la dirección de la Escuela Normal se le confía en 1952 a dos educadores alemanes, Julius Sieber y Franziska Radke, llegados al país a fines de la década del veinte, y al parecer ambos de inclinaciones nacional-socialistas (nazis). Para la cultura, que no podía expresarse en toda su vitalidad, La Violencia representa, en términos de cronología intelectual, y de ``lucro cultural cesante", una generación perdida, o al menos una ``generación invisible". Ella es , si no la muerte, un borrón en la 233 Véase de Luis Antonio Restrepo Arango, ``Literatura y Pensamiento" 1958-1985, Nueva Historia de Colombia, Editorial Planeta, t.VI,p.89 y ss..

memoria cultural del país, con efectos muy similares a los de las dictaduras coetáneas o posteriores del subcontinente. No había ningún estímulo a la crítica social y mucho menos a la disidencia o a la oposición política. Si alguna literatura logra imponerse y encontrar oxígeno durante el período es precisamente una literatura de evasión, el Piedracelismo, con sus ataduras explícitas al catolicismo y a la hispanidad 234 . Quizás a un instintivo deseo de fuga deba atribuirse también el frenesí colombiano de aquel entonces por actividades deportivas, como el football(es la época de El Dorado), y el ciclismo. Hay incluso desde el poder un intento expreso de matar la memoria de este período, de hacer de ella un muerto más. En efecto, por una Orden Administrativa del Ministerio de Gobierno, el 4 de enero de 1967 se declaró como "archivo muerto" un conjunto de ´´79 sacos que contienen el archivo de los años de 1949 a 1958”235. La precisión de las fechas deja ver claramente que el problema no era el àmbiente de olor insoportable” y el estado `horrible” de la oficina, como se arguyó, sino la pestilencia de la época que había que suprimir. Desde dondequiera que se lo mire, el problema de los intelectuales colombianos en el decenio del cincuenta, salvo excepciones muy contadas, como la del escritor Jorge Zalamea y la pintora Débora Arango, es que no logran encontrar su ubicación histórica. De hecho, lo que se observa es que salvo

234 Luis Antonio Restrepo A., op. cit. p.79 235 Los ejecutores de esta determinación fueron : la Jefe del Grupo de Archivo Elvira de Chaparro; el Jefe de División Administrativa Gerardo Vesga Tristancho y el Secretario General del Ministerio, Jacobo Pérez Escobar, entre otros.


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contadas excepciones LOS MAESTROS, perplejos, CALLAN. La tardía intervención propiciada por la revista Mito a través de la ``Declaración de los intelectuales colombianos durante el paro general” (mayo 1957) que condujo a la caída de Rojas aparecía demasiado subordinada a los intereses de las capas dirigentes y a los propósitos del naciente Frente Nacional. En general, atrapados por la confrontación partidista, los intelectuales en la década del 50 perdieron, o carecían de, la autonomía que les hubiera permitido ejercer una función orientadora en medio de la crisis. Se limitaron a ser, como en el Cono Sur bajo las dictaduras, una especie de ``conciencia cautiva” (la expresión es de Delich), seguramente inconforme pero al mismo tiempo pasiva y resignada236. Por ello también quizás, y a diferencia de los intelectuales mexicanos que llevan a sus espaldas el mito integrador de la Revolución y el nacionalismo, los colombianos arrastran la evidencia disolvente de la tragedia, que para ponerlo en términos de Annick Lempérière analizando otro contexto , les quita toda capacidad de ``capitalización cultural". Quizás no haya que sorprenderse tanto. De hecho, como lo muestra también la Revolución Mexicana, las grandes figuras intelectuales no surgen en el curso de la guerra sino después de la misma.237 III. LOS INTELECTUALES CRÍTICOS (La misión profética) Cerrado el paréntesis de la Violencia, se inicia en los sesenta-setenta un proceso de modernización de la

236 Hebe M.C. Vessuri, `Èl Sísifo sureño: Las Ciencias Sociales en la Argentina” (Mimeo),s.f.;s.l.. 237 Daniel Cossio Villegas, `Èl Intelectual Mexicano y la Política", en Ensayos y Notas , t. II, Editorial Hermes, S.A., México, 1966

sociedad (educación, secularización, clases medias) y del aparato productivo, que se encuentra muy bien descrito , entre otros, en la Crónica de dos Décadas, de Daniel Pecaut y en el texto de Marco Palacios, Entre la Legitimidad y la Violencia.. Dichos procesos están acompañados a su vez de por lo menos tres grandes signos de renovación: 1. - Una ampliación de las

instituciones, de los productores y de los intermediarios culturales...(Universidades, bibliotecas, Museos, editoriales, revistas especializadas, centros de investigación, academias, asociaciones profesionales, redes de centros, radio y televisión cultural...). Y estrechamente asociado a lo anterior una expansión considerable del público lector , productor y consumidor. Un dato ilustrativo: en la Educación Superior, mecanismo de legitimación de ejercicio del poder para nuevas capas dirigentes, el número de estudiantes que en 1958 apenas llegaba a 20.000, en 1980 sobrepasaba los 300.000. y en 1992 superaba el medio millón. 2. - Una ampliación del

mercado de bienes simbólicos (libros, prensa cultural, galerías,

cineclubes, discos...) 3. - Una ampliación de la

demanda de analistas sociales y políticos En este contexto, los Intelectuales-Maestros crean el espacio para la institucionalización de nuevas disciplinas en la Universidad....Las ciencias sociales rompían su cordón umbilical con su matriz jurídica. Una notable profesionalización de la historia, enriquecida con los métodos de disciplinas vecinas, y una creciente


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historización de las ciencias sociales, particularmente de la sociología y la economía, son características de esta nueva fase. La Universidad empieza por lo menos a indagarse sobre su papel en la producción de ciencia, cultura y tecnología. De este modo, después del eclipse de la Violencia, los años sesenta restablecen la continuidad perdida con la Normal Superior, con los Maestros. Además, las artes y las letras son testigos del despuntar de las más notables figuras contemporáneas: Obregón, Negret, Ramírez Villamizar, Botero, García Márquez. Simultáneamente, se abre paso un tercer tipo de Intelectual, el Intelectual Crítico, independiente de los partidos y del Estado. Dos publicaciones jugarán un papel capital en esta nueva etapa de apertura a las innovaciones culturales: la revista Mito, de inspiración sartriana , husserliana y freudiana(fundada a principios de 1955 por el escritor Jorge Gaitán Durán), que con una mezcla de cosmopolitismo y cierto distanciamiento de la realidad nacional ( de hecho hostil a temas como el arte y la literatura autóctonos, la identidad y la cultura nacional, tan en boga en América Latina) es la revista que facilita la transición generacional e intelectual con los Maestros. En ella èl país interesa como contexto de un diálogo cultural con referentes universales”, y su labor `àntes que pedagógica es crítica”, dice un excelente estudio reciente sobre esta publicación238 . Hay en los intelectuales a

238 Luis Humberto Arboleda Monsalve / Edgar Horacio Ruales Urresta, ``Mito: Una Revista de Cultura? “, Tesis de grado, Departamento de Historia, Universidad Nacional-Sede Medellín, 1994, p. 15. Belisario Betancur diría en 1955 que ``Mito...podría editarse en inglés o en chino y sería exactamente igual...”, citado en Ibid.

partir de los años cuarenta redescubrimiento del país (Osorio Lizarazo, Jorge Zalamea), pero al mismo tiempo ( y es el sesgo de Mito) sensación de extrañamiento frente una realidad que los choca y desconcierta, y que ven en buena medida como barbarie. Vendrá luego la revista Estrategia, esta sí con una explícita vocación contestataria, que recibe su sello de dos nombres, de gran ascendiente en los medios universitarios, Mario Arrubla y Estanislao Zuleta, heraldos de una nueva visión de la historia y la sociedad colombiana. Se trata, desde luego, en uno y otro caso , de minorías, de influyentes minorías, cuyo magisterio se extiende hasta nuestros días.. En el caso concreto colombiano, el intelectual crítico es el intelectual que ha asimilado la experiencia histórica de la Violencia, que la ha vivido como barbarie cultural, y que se propone en cierto modo disecarla. Simultáneamente a la gestación

de la serie Genocidio del pintor Alejandro Obregón, o de la película El río de las tumbas, de Julio Luzardo(1964), desde la Facultad de sociología de la Universidad Nacional se inicia lo que podríamos llamar la anatomía de la Violencia... Y - es preciso recordarlo- en su momento la sola descripción tenia una fuerza demoledora, subversiva. Sociólogos, antropólogos y

geógrafos confluyen en la Violencia...: disecan, diagnostican y proponen, en general, recordémoslo, para un Instituto estatal, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria: por allí

p.44. Para una visión complementaria de los aportes, ambigüedades y tensiones de la revista, véase también de Carlos Sánchez Lozano ``Revista Mito: Otro Prólogo al Frente Nacional”, Revista Foro, NO. 7, octubre de 1988, pp.111-114.


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pasarían Fals Borda, Milcíades Cháves, Ernesto Gulh, el cura Camilo.. Idéntica función nucleadora de grupos interdisciplinarios habría cumplido la Contraloría General de la República en los años treinta y el Ministerio del Trabajo en los años cincuenta..A este respecto, como lo ha señalado Gonzalo Cataño, Colombia siguió el patrón latinoamericano de crecimiento de las ciencias sociales, es decir, un desarrollo de las mismas en estrecha relación con las instituciones públicas 239. Muy tempranamente la sociología, por ejemplo, asignó en gran medida al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tareas como la tecnificación de datos censales, demográficos, análisis de opinión y de estratificación social. Desarrollo agrario y desarrollo industrial, movimiento campesino y movimiento obrero, fueron los ejes del diálogo más o menos fecundo de economistas, sociólogos e historiadores. Desde luego que hay un notable pensamiento crítico identificable en períodos anteriores: piénsese en Carlos Arturo Torres, en Luis Tejada, en Sanín Cano y, sobretodo en el más latinoamericano de todos en su tiempo, el polemista e iconoclasta Vargas Vila, a quien más que a nadie cabe el calificativo de `ìntelectual nómada''. Pero eran más bien fenómenos aislados, con impactos sectoriales, y no un verdadero movimiento de ideas. A diferencia pues de las décadas anteriores, se trata en este caso de un tipo de intelectual cada vez más ligado a los centros académicos universitarios, y que mezcla más o menos productivamente desarrollismo, marxismo y cepalismo ; que tiene sus ritos de iniciación, como

239 Gonzalo Cataño, ``Historia de la Sicología en Colombia”, en Nueva Historia de Colombia, Editorial Planeta, t. IV, p. 236

tesis, títulos, concursos y publicaciones, y que por razones tanto de desarrollo cultural como urbanístico, se encuentra cada vez más lejos de la vieja bohemia, de la tertulia y del café, como determinantes de la producción e intercambio de ideas en las nuevas generaciones.. Cafés como el Molino, el Windsor y el Automático comienzan a ser ya reliquias del pasado, objetos de interés, si acaso, para los historiadores de la sociabilidad cultural y política. Por la vía de la aproximación crítica a la Violencia, este intelectual se encuentra y choca con la realidad externa al mundo universitario, al sistema educativo. Se encuentra con partidos, con campesinos, con hacendados, con guerrilleros, con clases, con estructuras sociales, con un poder político. Su blanco y también su reto es la sociedad global. Su compromiso político es una simple prolongación de sus actividades intelectuales. Es el momento de surgimiento de una nueva conciencia política de los intelectuales , de la crítica política del orden existente, y de la aspiración a erigirse, como lo quería Wright Mills, en conciencia moral de la sociedad. Es también, para ponerlo en términos de Jack Newfield, el momento de las ``minorías proféticas", que hablan a nombre de los desheredados, llámense obreros, campesinos, indígenas o pobladores de las barriadas. El intelectual de los años 60 está ligado, mucho más que hoy, a una intensa vocación de poder, de poder alternativo, incluso en su manifestación más descarnada de poder armado. Es pues en esta atmósfera cultural de la época en donde, casi sin advertirlo, se encuentran el intelectual y el guerrillero. Pero no es, desde luego, la única forma de compromiso o de fusión de la teoría y la práctica. El compromiso asume también variantes inéditas como la de ``los pies descalzos" (los


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intelectuales que se unen a las masas) y la de la `ìnvestigación-acción". En Colombia , las fronteras entre el pensamiento crítico del académico y la acción revolucionaria del guerrillero llegan a su máxima tensión precisamente en la vida y obra de Camilo Torres, el cura al mismo tiempo profesor de la Universidad Nacional, analista de la Violencia y combatiente. Tal tipo de desarrollo no dejó de tener su efecto perverso: la debilidad de una intelectualidad de derecha, la ausencia de una intelectualidad orgánica de la derecha, en la Universidad afectó profundamente la maduración de la intelectualidad de izquierda. La intelectualidad de izquierda no tenía contendores en los estrados universitarios. En consecuencia no había debate. Y en consecuencia la intelectualidad de izquierda hablaba para sí misma, aunque su pretendido interlocutor era el ``pueblo’’. A diferencia de los años treinta, el intelectual de esta generación está preocupado más por la internacionalización seguidista del pensamiento, por la universalización de las diferentes expresiones culturales, que por la búsqueda de las raíces autóctonas de la historia nacional, por un mayor profesionalismo de su saber y por una mayor fundamentación empírica de sus análisis. IV. INTELECTUALES PARA LA DEMOCRACIA El tipo de intelectual, crítico de la sociedad y deliberadamente marginado de la actividad estatal, que era el que había campeado en el panorama cultural desde los años sesenta, comenzó a ser desplazado desde comienzos de los años ochentas, a raíz de algunos virajes importantes en la política nacional y en el

contexto internacional240. El principal de ellos en el plano nacional, tiene que ver , por supuesto, con el replanteamiento de las relaciones entre la insurgencia y el Estado (iniciación del proceso de reconciliación) que llevó también a los intelectuales a establecer nuevas representaciones de la sociedad, nuevas representaciones de las relaciones entre los intelectuales y el Estado, y nuevas alternativas para enfrentar la crisis de legitimidad de las elites y las instituciones vigentes. Fue, en efecto, la iniciación del proceso de reconciliación política durante el gobierno de Betancur el que permitió que se aflojaran los vínculos orgánicos, las colaboraciones o las simpatías, de numerosos núcleos intelectuales con la insurgencia. Aquí está probablemente el meollo de muchas de las recientes transformaciones en nuestra cultura política: el comienzo de un Nuevo Pacto político de la Insurgencia con el Estado, preparaba un Nuevo Pacto cultural, el de los Intelectuales con el Estado, sin que el primero , el de la insurgencia con el Estado implicara renuncia a las pretensiones de transformación de la sociedad por parte de los antiguos insurgentes, ni el segundo, el de los intelectuales con el Estado, implicara una abdicación de la función crítica o de sus vínculos orgánicos con proyectos alternativos por parte de los intelectuales. Tanto en los ámbitos universitarios como en los llamados centros privados e independientes se empezó a aceptar de alguna manera que distanciarse críticamente no era necesariamente marginarse, quedarse a la deriva, o asumir cómodamente la función de `èxpertos en legitimación", que alguna

240 Retomo aquí algunas de las ideas esbozadas en la sesión inaugural del Simposio ``Democracia y Reestructuración Económica en America Latina”, celebrado en Villa de Leyva en abril de 1994, y convocado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.


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vez Gramsci le asignara al menos a una fracción de los intelectuales. En este contexto, muchos intelectuales empezaron a ejercer su poder simbólico de manera muy distinta a como lo habían hecho en las décadas precedentes e incluso entraron a jugar un papel, no de mediadores, pero sí de facilitadores informales de la comunicación entre el Estado y la insurgencia, o de actores comprometidos con la consolidación de los procesos ya formalizados . Desde este punto de vista, no disimulan ellos su pretensión, por limitada que sea, de incidir en las políticas estatales , en los actores políticos y en la construcción de instituciones democráticas, sin menoscabo de la autonomía que les confiere su pertenencia al campo cultural. Es decir, reivindicando una calculada distancia entre su intervención en los procesos de decisión y los intentos de su utilización en los procesos de legitimación; entre la autonomía y las nuevas formas de mecenazgo económico y político241 Por estos caminos, los nuevos intelectuales tienden a monopolizar el debate público y , adicionalmente, vuelven a tropezar con el problema de su identidad y de su papel en el proceso de construcción nacional. En refuerzo de lo anterior , el proceso de transformación institucional que antecede y sigue a la Constituyente de 1991 ha vinculado, por diversos caminos, a otros sectores intelectuales a 241 Tal ha sido el papel de colectivos como la Comisión de Estudios de la Violencia en su informe de 1987 Colombia: Violencia y Democracia o el de la Comisión de Superación de la Violencia Pacificar la Paz (1992), y las otras comisiones posteriores. Véase también de Emilio Tenti Fanfani, , <Del intelectual orgánico al analista simbólico>, en Revista de Ciencias Sociales, No.1, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, 1994, pp. 19-29.

la acción estatal, especialmente en campos que tienen que ver con las relaciones internacionales, la planeación económica, la administración distrital, la vigencia de los derechos humanos, la justicia, el proceso de paz , los organismos de fiscalización, la abolición de los privilegios del bipartidismo, es decir, con la mayor parte de actividades y temas derivados de las urgencias nacionales de hoy en un contexto de virtual expansión de la democracia formal , no obstante las diversas violencias , incluida la política. Este replanteamiento de las relaciones Estado-Intelectuales-Universidad que ha facilitado el reencuentro de la academia con la política, trata de escapar del dilema: intelectual crítico, versus panegirista o consejero del príncipe, y opta más bien por un concepto abierto de Intelectuales para la Democracia, o de `ìntelectuales ciudadanos", como diría Chomsky, (ligados ya sea al Estado, a la política o a los movimientos sociales) que piensan que la actividad de diagnóstico de un programa o gestión gubernamental, e incluso la vinculación a una función pública, no presupone la renuncia a una posición contestataria. Se trataría de una perspectiva en la cual no importa exclusivamente el lugar de su actuación (Estado, Academia, sociedad...) sino, y de manera decisiva, su función. Porque , contra toda visión esencialista, es preciso reconocer que desde el Estado se pueden cumplir tareas democratizadoras (en Procuraduría, Consejerías de Paz y de Derechos Humanos), que por lo demás no implican abandono de los quehaceres intelectuales, y a la inversa, desde la insurgencia se pueden alimentar y de hecho se alimentan actitudes, prácticas y visiones despóticas de la sociedad. Sobre la base de este reconocimiento se diversifica enormemente el abanico de posiciones intelectuales.


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Lo que realmente sorprende en el caso colombiano es que todas estas variaciones en el papel social de los intelectuales se hayan producido como un deslizamiento natural, sin perturbar sus viejas pertenencias y sin un gran debate entre ellos mismos sobre su devenir en la sociedad colombiana contemporánea, es decir, sobre la resignificación de su intervención política. El intelectual de los 90 adopta en cierto sentido una pose desencantada frente a su mundo circundante, una especie de melancolía más que una definición teórica o ideológica frente a las posibilidades reales o potenciales de cambio de la sociedad. Asimismo, la nueva visibilidad de los intelectuales se ha producido sin que, desde la fundación de la Escuela Normal Superior hasta hoy, se haya vuelto a plantear seriamente una política de formación , ampliación y renovación de las élites intelectuales que el país requiere afanosamente, máxime en el contexto actual de rápida internacionalización de los saberes y las tecnologías. El problema queda apenas tímidamente planteado en las recientes misiones de origen estatal: la Misión para la Modernización de la Educación Superior, y la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. V. QUE HACER? CONCLUSIÓN ABIERTA...UN PROBLEMA Quisiera concluir estas notas exploratorias con una reflexión general. Es cierto que existe una situación claramente diferenciable de los intelectuales en los diversos contextos nacionales. Para ello podría introducirse una distinción muy simple: -Hay, primero, países con formaciones culturales densas , amplias,

cosmopolitas, con tradición, articulación internacional (migraciones, anarquistas, polos culturales), y hasta podría decirse que con intelectuales `èxcedentes", exportables, tales como México y Brasil. -Y hay, segundo, países con

formaciones culturales débiles, reducidas, recientes, muy locales y hasta provincianas, tales como Colombia. Pues bien, la irrupción de los intelectuales en la política, en lo público, tratándose de los países del primer tipo, es decir, de los de densa formación cultural, expresada en personal científico calificado, títulos universitarios, publicaciones, prestigios adquiridos, tradiciones incorporadas, no hace sino redimensionar la presencia de los mismos en la sociedad global (Cardozo, en Brasil; Octavio Paz en México). Su intervención aparece como una ampliación de su terreno, de su campo de acción. Hay un poder simbólico acumulado y un capital cultural para invertir , reproducir o diversificar sin que se vea afectada la empresa colectiva. Es no sólo el caso del Cono Sur, sino también de México en donde desde los tiempos de la Revolución los intelectuales, pese a su subordinación a los caudillos militares, primero, o a la ideología del partido oficial después, han operado como un verdadero bloque dentro del poder242. Por eso, también, salvo en el caso argentino, las capas intelectuales tienen una gran capacidad de resistencia a la represión, a las Dictaduras, a los regímenes autoritarios. Los intelectuales juegan a menudo papeles decisivos en la defensa de los derechos humanos y en la restauración de los regímenes civiles. Hay casos incluso en que , bajo la

242 Annick Lempérière, , Intellectuels, Etat e société au Mexique. Les Clercs de la Nation. Editorial L'Harmattan, París, 1992, pp.42-50


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Dictadura misma, los núcleos intelectuales y las redes institucionales logran expandirse (Brasil) y el Estado se ve obligado a negociar algún modo de convivencia con ellos, eventualmente con una simple modificación de los escenarios de acción, por ej., con el traslado de cierto número de intelectuales de los Centros Universitarios a los Centros Independientes. Estos reacomodos conllevan a veces algunas dificultades en el largo plazo. Se trata en efecto de intelectuales que se van de la Universidad a formar Centros, y a producir, a menudo con alta calidad, pero sin el compromiso de formar gente joven y nueva (no hay posgrados)... creando así un límite previsible a la reproducción. El momento crítico aquí no es tanto durante la guerra sucia y la Dictadura, sino después de ella. En contraste con lo anterior, la solicitación pública (entendida como vinculación al Estado...a los partidos...a la empresa privada) en los casos de actores sociales y formaciones culturales débiles , e incluso de desestructuración institucional, como Colombia, es bien distinta. La intervención política de los intelectuales en este caso se encuentra atada a una casi insoluble contradicción: por un lado, se hace imperioso salir de la marginalidad y del retiro voluntario o forzoso... Se hace igualmente irrenunciable asumir tareas como la de - construcción de Estado- construcción de Nación- construcción de convivencia- construcción de democracia, tareas todas que requieren un largo proceso de maduración de proyectos colectivos. Contrariamente a lo que sugiere Jorge G. Castañeda243 , los intelectuales latinoamericanos no montan su protagonismo en el vacío de los partidos

243 Castañeda, Jorge G., `Èl Intelectual y el Estado en América Latina", en revista Ciencia Política, No. 34, Bogotá, I semestre de 1994.

y de las organizaciones sociales, sino sobre la proyección de éstas y aquellos. La debilidad orgánica de la sociedad civil va pareja con la debilidad orgánica de las capas intelectuales. Hasta podría decirse más bien

con Hernando Gómez Buendía que los intelectuales se constituyen como tales en lo público. Pero, al mismo tiempo, dada la debilidad del punto de partida (``la delgada corteza de nuestra civilización”244), la intervención o el desplazamiento hacia lo público puede resultar autodestructora, suicida, autoanuladora de los pequeños gérmenes intelectuales en formación...de la reproducción .Es un tema que trascendió en la Universidad de los Andes, a partir de la crisis en el CEDE y sobre el cual se ha advertido sin el debate necesario en varios centros de la Universidad Nacional (CID, IEPRI). En suma, los intelectuales como colectivo que procesa o define las grandes preocupaciones de una sociedad en un momento dado, y en un contexto precario como el nuestro, se realizan y se suprimen simultáneamente en lo público, en la política. Si se observan estas transformaciones recientes, se estaría aparentemente cerrando el ciclo centenario esbozado en este ensayo, con un reencuentro del intelectual y la política. Pero, quizás, esta vez se trate de una ilusión. No hay , en efecto, como en el siglo XIX, intercambiabilidad y refuerzo mutuo del rol intelectual y el rol político. Hoy, en Colombia, el desplazamiento a la política y a las funciones públicas equivale casi a asumir la anulación como intelectual. Las urgencias inmediatas de la política

244 La expresión es de Marco Palacios


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parecerían devorar las tareas del largo plazo de los intelectuales. En este contexto, la principal tarea de los intelectuales hoy no puede ser otra que la de luchar por seguir siendo intelectuales, seguir ejerciendo como acividad principal y permanente la cátedra, la investigación, la producción de cultura, la producción de opinión y desde luego la producción de política, pero no a partir del Estado , sino de la sociedad misma.

RESEÑAS PODER Y EMPODERAMIENTO …

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PODER Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Magdalena León (Compiladora) Tercer Mundo Editores Facultad De Ciencias Humanas, Bogotá, 1997 A mí, como a muchas y muchos otros, la palabra "empoderamiento" me resulta difícil de aceptar y no creo que ese rechazo inicial tenga que ver nece-sariamente con una herencia "androcéntrica", sino que está relacionado, también, con la dificultad para palpar la realidad a la que se refiere el concepto. Algo similar, por ejemplo, sucede con diversas traducciones que se hacen al español del término "accountability", un concepto que está de moda en el debate teórico sobre la democracia. En medio de esa extraña y simbiótica relación que se teje entre las palabras y las realidades que ellas nombran -que sólo los semiólogos y lingüis tas se han atrevido a rasguñar- yo me pregunto por qué no existen o no se usan esas dos palabras en español... ¿Será porque no existen las realidades que ellas nombran? En el caso de "accountability", es el hábito de exigir y rendir cuentas; y el de "empowerment" (empoderamiento), es la capacidad de las mujeres (o de cualquier otro sector subordinado) para tomar en sus manos su destino y operar una redistribución del poder tanto en el ámbito de lo privado como en el de lo público. Acostumbrados a pensar que las transformaciones del lenguaje sim-plemente ocurren como reflejo de las transformaciones en la realidad, la lectura de este libro nos abre a una nueva posibilidad, siguiendo la estrate-gia implícita de quienes lo escriben y más explícita en la introducción de Magdalena León: la de operar

transformaciones en el lenguaje, para producir transformaciones en la conciencia, en las percepciones, en las formas de ver y de nombrar, y así, finalmente, producir transformaciones en las relaciones de poder. Se trata, sin duda, de una apuesta optimista, pero bienvenida. Como lo resalta Nelly Stromquist en su capítulo sobre el empoderamiento y la educación, "la discusión del empoderamiento trae a las mujeres a la esfera política' (pág. 77). Yo añadiría que esto sucede no sólo con las mujeres y los movimientos de mujeres, sino con los demás movimientos sociales, rurales y urbanos que, durante las últimas décadas, rechazaron la política como el campo de la dominación y lo corrupto, hasta llegar a ignorarla. No se trata de volver a la sobrepolitización de la acción colectiva. Se trata, más bien, de que las mujeres y otros movimientos sociales vuelvan de nuevo su mirada a un contexto más amplio que el de sus reivindicaciones particulares, al campo de fuerzas en el que se inscriben sus luchas, al campo de las limitaciones que ofrece la estructura política. La discusión sobre el empoderamiento rehace los vínculos entre lo personal y lo político, lo privado y lo público, la`', esfera de las relaciones interpersonales y la de las instituciones de la sociedad. Me atrevería a decir que con la adopción del concepto de empodera-miento se repolitiza el debate feminista. Pero no se trata de recuperar intactos los viejos conceptos "patriarcales", heredados de la teoría y la práctica políticas hechas por y para los hombres. Se trata, como lo afirman varias de las autoras, de redefinir la noción misma de poder. A la noción tradicional del "poder sobre", entendido como dominación, como la capacidad de


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imponer decisiones sobre otros, estas mujeres, cargadas con su experiencias suman otras definiciones mucho más matizadas y sutiles del concepto del poder. El "poder con" nos habla de la solidaridad y las alianzas; el "poder para" invoca a la movilización para el cambio; finalmente el "poder desde dentro" - la noción de poder que se ubica en el núcleo del concepto de "empoderamiento"-, nos remite a la capacidad para transformar la conciencia propia y reinterpretar la realidad en que nos movemos. Además de redefinir el poder, las autoras del libro redefinen también las estrategias para acceder a él y ejercerlo. Desprovistas ya del voluntarismo, el mesianismo y el inmediatismo revolucionario de otras épocas, reconocen que su proyecto actual consiste en mirar gradualmente el poder tradicional y redefinirlo, a través de un proceso lento y difícil, llevado a cabo desde lo micro, desde la vida cotidiana. Debo decir, para concluir, que extrañé a lo largo del libro una referencia más clara y explícita al problema de la democracia. Con dos o tres excep-ciones, la mayor parte de las autoras de este libro provienen del llamado Primer Mundo, allí donde se puede dar por sentada la existencia de un marco político- institucional de carácter democrático dentro del cual se dan las luchas por el empoderamiento de las mujeres. Las referencias frecuentes a los derechos en general y a los derechos de las mujeres en particular, así como los llamados a la participación en el espa-cio público, indican que las autoras dan como un hecho que esos derechos existen o pueden llegar a existir, y que la esfera de lo público no sólo existe sino que está legalmente protegida y garantizada.

En casos como el colombiano resulta obvio que las luchas por el em-poderamiento de las mujeres -y de los demás grupos o sectores excluidos-, se dan simultáneamente con la lucha por la democratización a secas o, en el mejor de los casos, por la consolidación de-mocrática. La relación entre democratización y movilización social resulta más compleja y no existe nada que pueda darse por sentado. Es por eso que para futuras investigaciones sobre este tema, sería deseable profundizar en la relación entre empoderamiento y democracia desde una doble perspectiva: en primer lugar, valdría la pena explorar cómo afecta la ausencia de un marco democrático las perspectivas de empoderamiento de las mujeres y otros sectores excluidos; en segundo lugar y en sentido inverso, sería importante indagar acerca de cómo contribuyen las estrategias de empoderamiento de las mujeres y de tantos otros sectores a la lucha por el establecimiento y profundización de la democracia.


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PARTICIPACIÓN POPULAR: RETOS DEL FUTURO PEOPLE'S PARTICIPACIÓN. CHALLENGES ANEAD ORLANDO FALS BORDA (COMPILADOR Y AUTOR) TERCER MUNDO, BOGOTÁ, 1998 Para quien sea amante de los libros, de su textura, tanto como de su contenido, las dos ediciones reseñadas reflejan cambios notables (portada, diseño, papel, tipo de letra, márgenes, espacios) frente a los dos tomos en ediciones más bien rústicas que condensaron los re-sultados del Simposio Mundial de Cartagena, como se denominó a lo que retrospectivamente sería el primer congreso de una serie que el año pasado llegó a la octava edición en la modalidad más "clásica" o a la cuarta en otra serie paralela y nueva. Y no obstante, aquellas ediciones rústicas (Crítica y política en Ciencias Sociales. El debate teoría y práctica. Bogotá, Punta de Lanza, dos tomos, 1978) tendrían hoy el valor de los "incunables",por el significado que encierran los comienzos. En este caso se trató del comienzo de un paradigma alternativo, lo demuestran los libros que hoy resumen en español y en inglés las tramas y las redes urdidas en dos décadas de trabajo en las raíces de muchísimos movimientos sociales locales, regionales o transnacionales. Comienzo que, pese a su novedad, cuenta ya con pioneros fallecidos (Freyre, Pearse y otros, cuya semblanza se traza en el libro); con cierta his toria escrita que rememora las trayectorias múltiples (de ella hay muestras y re-ferencias en el libro); con libros teóricos que ensayan ordenar la episteme y los métodos, inclusive en aproximaciones antes inimaginables, pero posibles

(como las teorías de sistemas y la Investigación Acción Participativa, IAP); con filiaciones y variaciones que en el congreso dialogaban para explorar convergencias (como se indica en el balance que hace Orlando Fals Borda); con aliados cercanos que hoy discurren con una conciencia lúcida desde el poder (caso del Presidente del Brasil); con aplicaciones en "campos" tan di-versos como la educación y la ecología; y, aun, como en el libro se indica con cierta mezcla de orgullo y de preocupación, con una cierta benevolencia de entidades políticas (Estados u organizaciones inte-restatales) que hace dos décadas miraban por lo menos con manifiesta suspicacia, si no con abierta hostilidad, el pensamiento entonces emergente. Para el país que ha sido sede, anfitrión y, aun, ánima de una visión teórico -práctica de un saber de vida -el de la IAP-, el cual, como se refleja en el libro, es hoy ecuménico y reúne, con un espíritu de afinidad admirable (pese a las diferencias), posiciones como la de Wallerstein (presidente de la Asociación Mundial de Sociología), Agnes Heller y otros que han sido más teóricos que prácticos (aunque nunca podría decirse mejor que ahora, que no hay nada más práctico que una buena teoría), el acontecimiento de este congreso, animado por un sano eclecticismo, re-fundido empero en el sentido inigualable de una ética de convicción y de responsabilidad (el empoderamiento de quienes carecen de poder), es ilumi-nador, porque habrá que recordar (y Alfredo Molano lo subraya muy bien en el mensaje introductorio) que hace dos décadas, al amparo del Estatuto de Seguridad expedido entonces, se abría la caja de Pandora con toda suerte de males que no han permitido vislumbrar aún lo que en medio de ellos se encierra, según el mito: la esperanza.


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Y no obstante, ¿quién pudiera negar que si hay hoy horizontes ciertos para la superación„de tales males, ellos se deben más que todo a quienes han combatido con el solo poder de las ideas el agonismo y el antagonismo propios de milicias enfrentadas? Algún día se verá clara la trayectoria, cuando los fantasmas se disuelvan a la luz del me-diodía y el poder de las armas ceda, como quería Cervantes, al propio de las letras. Pero para hacer honor al subtítulo del libro ("Retos del Futuro"), considérese por un momento el tiempo y el espacio de lo que bien pudiera ser el Simposio de Cartagena dentro de veinte años, es decir, en el año 2017. Ya adentrados en el nuevo milenio, más allá del fin de la historia, que de modo irónico, por referirnos a Fukuyama, será el caos de esa imprevisibilidad posmoderna cifrada en el problema telemático del año 2.000, Colombia, epicentro de la que fuera La Gran Colombia, transitará entre dos conmemoraciones cruciales: la del año 2010, bicentenario de la proclamación de la Independencia, y la de 1919, bicentenario de la Constitución del Estado. Tiempo para pensar en una efemérides distinta a las tradicionales, por versar entonces sobre la reconciliación entre la emancipación política y la emancipación intelectual, tan aplazadas, pese á la promesa de los manifiestos anteriores a la independencia. ¿Podrá ser la urdimbre de la I(A)P o de las I(A)Ps la que proporcione el hilo de Ariadna para salir del laberinto de un destino nacional mimético, parroquial, parco, pobre que, aminorado en lo colectivo, disminuye en lo personal a todos, y con mayor razón, a las mayo-rías?

Veinte años de crecimiento de la I(A)P en la adversidad y en los márgenes (incluso, lo confesamos con el debido conocimiento de causa, por ser corresponsables, tan mal comprendida por la academia, aún hoy, pese a todo), podrían amparar una respuesta positiva, siempre que su radicalismo ético persista tanto como su apertura dialógi-ca al otro o a lo otro y, por ende, no naufrague en las pragmáticas e ine-vitables transacciones que mañana, o pasado mañana, o tras pasado mañana seguirán a la negociación política conducente a una paz duradera en Colombia. GABRIEL RESTREPO Sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia


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INSURGENCIA URBANA EN BOGOTÁ MARIO AGUILERA PEÑA PREMIOS NACIONALES COLCULTURA, BOGOTÁ, 1997 Cuando un libro ofrece una rica narrativa histórica que no se presta bien para el resumen, es difícil pasar de la evaluación de la anécdota - las protestas artesanales y convulsiones políticas entre 1893 y 1895- a un plano más ge-neral. Con el riesgo de simplificar, diría que el texto de Aguilera se mueve sobre tres ejes: el artesanado, Bogotá y el partido liberal. Los artesanos son el gran protagonista de esta obra. Cualquiera que esté familiarizado con la literatura sobre su participación política en el siglo XIX -un corpus en el que todavía hay baches enormes- quedará sorprendido con la continuidad evidente entre los motivos retóricos, las prácticas y las visiones de lo político de estos artesanos de fin de siglo que nos describe Aguilera y los que encontramos, por ejemplo, en las transformaciones de la década del 50. La misma convicción republicana: una voz que se expresa en términos de indignación, la noción clara y distinta de que se pertenece a un tramado de instituciones y distinciones (se es respetable y trabajador, se ha sido protagonista de la construcción de la ciudad y sus instituciones), un espíritu ecuménico común. La misma "ideología del ultraje": el combustible de la protesta es la sensación de ser agredidos y humillados desde arriba. Dinámicas similares: una deriva hacia la radicali-dad, a medida que el protagonismo lo van tomando los artesanos más pobres, aparecen ideólogos familiarizados con la guerra y el gobierno endurece su posición. Incluso a veces motivos idénticos en el debate político: aquella discusión sobre la singularidad

colombiana -no hay ni proletarización ni aristocracia, la gente no se muere de hambre- que recoge Rafael Núñez (p. 200), "para restarle importancia a los factores precipitantes del motín", nos dice Aguilera, tiene una tradición venerable que se remonta por lo menos a finales de la década de los 40, cuando era motivo casi obligado para. los principales escritores públicos. Un buen material, en todo caso, para reflexionar sobre el tema de la distancia histórica. A pesar de las diferencias, también clarísimas, entre digamos 1853 y 1893, podrían ser dos eventos de un mismo mundo; un mundo que en todo caso ya no es el nuestro. Como tampoco es reconociblemente nuestra esa Bogotá pequeña, con la centralidad de su plaza de mercado y su economía tradicional, sucia ya pero ensimismada en un orden del que hoy apenas se pueden reconocer algunas huellas. Pero con todo y eso, la reconstrucción minuciosísima que nos ofrece Aguilera de aquella Bogotá produce una sensación extraña de déja vu. Es que 1891 estaba a la orden del día la propuesta de "reordenación de la sociedad con principios moralistas", de la cual el autor concluye: En Bogotá, la actividad de la policía fue disruptora del orden urbano tradicional en la medida en que su distribución por la ciudad ejerció un incómodo control sobre una población que no se acostumbra a obedecer ciertos compor-tamientos (p. 123). Interesante notar que hoy el programa de reordenación moral es también el primer punto en la agenda pública de la capital. ¿Simple coincidencia? ¿tarea histórica inconclusa? ¿o trasplante de estructuras temáticas de una clase de mundo a otro, al tenor de tradiciones y necesidades históricas que encuentran en las "partes inferiores de la ciudad" un estorbo para su desenvo lvimiento? De


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ser cierta, esta última opción implicaría que el actual programa de reordenación moral tiene un claro vínculo con el tradicionalismo y patrimonialismo (pasadismo, diría Mariátegui), aspecto al que a mi juicio se le ha prestado mucha menos atención de la que merece. El tercer eje es el partido liberal. No son muchos los países de América Latina que cuenten con una organización política que deja su impronta sobre toda la vida republicana. Los liberales colombianos han mostrado una poco común continuidad; han sido protagonistas durante un siglo y medio. Dado su permanente faccionalismo, sus aparatosos fracasos en el gobierno (que no son nuevos), su tumultos desorden, no deja de ser sorprendente que hayan cumplido 150 años. El detalle de este fresco histórico que nos ofrece Aguilera -la fractura entre pacifistas y guerreristas liberales durante La Regeneración revela un aspecto poco estudiado: los liberales en la oposición. Aunque el libro sólo toca el tema lateralmente, el período vivió el apogeo de algunos de los más brillantes pole-mistas políticos que haya tenido el país (el Indio Uribe, el Nito Restrepo, Santiago Pérez, para sólo nombrar a algunos). Encontraron un lenguaje convincente para nombrar la libertad y denunciar la represión, en ocasiones lograron acompañar (ambiguamente) las protesta populares, construyeron un diseño intelectual común -con ideologías referentes compartidos para discutir sobre su táctica y su estrategia. Al mismo tiempo, como l, muestra Aguilera, alguno de ellos se enredaron e mezquinos episodios d corrupción; y se había convertido ya -desde 1 aparición del radicalismo en realidad- en blanco d las iras populares que de anunciaban "la oligarquía, radical". Aguilera pone a dialogar sus tres motivos temáticos -artesanos, Bogotá liberales- y produce un narrativa

histórica cuy actualidad quizás debería resultarnos preocupante. FRANCISCO GUTIÉRREZ S. Antropólogo y politólogo, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales Universidad Nacional de Colombia

BIBLIOGRAFÍA POBLACIÓN DESPLAZADA …

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POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA COLOMBIA Y OTROS PAÍSES* Flor Alba Romero** ACNUR, IIDH, Coloquio Internacional 10 años de la Declaración de Cartagena sobre refugiados y desplazamiento forzado, ACNUR, IIDH, Gobierno, de Costa Rica, San José de Costa Rica, 1995. ACNUR, "Memorando de intención entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, para la promoción y desarrollo del derecho de los refugiados y el Gobierno de la República de Colombia Santafé de Bogotá, 1997, 19 h. ________, Informe de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el norte de América del Sur y el Caribe, "Los derechos humanos y el fenómeno de los refugiados en América Latina", Seminario sobre Derechos Humanos y nueva evangelización del fenómeno migratorio en América Latina, ACNUR, Santafé de Bogotá, 1993, 4 h. ________, La situación de los refugiadas en el mundo, Alianza Editorial, Madrid, 1995, 266 p. ADORNA, Cecilio, "Niños y niñas en el conflicto armado en América Latina y el Caribe", UNICEF Cartagena 1998, 11 p.

* Agradezco la colabora ción prestada por Nohora Ochoa, del Comité Internacional de la Cruz Roja, y Juan Manuel Bustillo, del Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados. ** Antropóloga, especialista en Derechos Humanos, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

ALCALDÍA de Santiago de Cali, Desepaz, et. al., El suroccidente colombiano debe comprometerse con la solución integral del desplazamiento forzoso, Santiago de Cali, 1997, 8 p. ÁLVAREZ G., Alejandro y Torres Cárdenas, César. "Desplazamiento", en Apostando por la Vida, Fundación Social Colombiana, Cedavida, Santafé de Bogotá, si, 42 AMERICAN Council for Nationalities Service, Feeding the Tiger: Colombia's Internally, Displaced People, Committee for Refugees, Washington D.C, 1993, 28p. AMNISTÍA Internacional, Informe 1997, EDAI, Madrid, 1997, 426 p. _________, En busca de un refugio. Colombia, ¿qué debemos hacer para seguir viviendo? Amnistía Internacio-nal, Santafé de Bogotá, 1997, 33 p. _________,"Refugiados: retorno seguro?" En Revista Amnistía Internacional No. 23 EDAI, Madrid, Febrero-Marzo, 1997. _________, Respeten mis derechos. Los refugiados hablan, Amnistía Internacional, Madrid, 1997. ARDILA G., Constanza, "Política gubernamental de Derechos Humanos y desplazamiento interno", en Ave fénix, Vol. l, No. III, Fundación Social Colombiana, CEDAVIDA. Santafé de Bogotá, Diciembre, 1994, 56p. ARENDT, Hannah, La situación de los refugiados en el mundo, ACNUR, Ginebra, 1996. ARIAS Fundation for Peace Human Progress, Desmovilízation: reintegration and pacification in El Salvador, Fundación Arias, San José de Costa Rica, 1997. ARQUIDIÓCESIS


127

de Bogotá y CODHES, Alerta Temprana, Santafé de Bogotá, 1998. ________, Desplazados por la violencia y el conflicto social en Bogotá, Editorial Kimpress, Santafé de Bogotá, 1997, 92p. ARQUIDIÓCESIS de Cali, Desplazados en Cali: entre el miedo y la pobreza. Comisión Vida, Justicia y Paz, Cali, 1997, 91 p., il., Gráficos. ASAMBLEA General de las Naciones Unidas y Comité Internacional de la Cruz Roja, Resoluciones, Comité Internacional de la Cruz Roja y Naciones Unidas, Ginebra, 1951, 15 p. ASOCIACIÓN Colombiana de Asistencia Social, Conflicto interno, guerra sucia y desplazamiento en Colombia, Memorias, ASCODAS, Santafé de Bogotá, 1991. _________, Violencia y desplazamiento: casos Meta y Putumayo, ASCODAS, Santafé de Bogotá, 1994. ASOCIACIÓN de Coordinadores Nacionales de Organizaciones no guber-namentales que trabajan con refugiados, desplazados y retornados, Las migraciones forzadas en Centroamérica: una visión regional. Consejo Superior Universitario de Centroamérica, San José de Costa Rica, 1991. ASOCIACIÓN Nacional de Desplazados, ANDE, "Traslado y manutención de sesenta (60) familias desplazadas por la violencia política a reubicarse en la finca El Porvenir, municipio de Roncesvalles, depar-tamento del Tolima", ANDE, Santafé de Bogotá, 1997, 4 h.

ASOCIACIÓN Suyasun, Construyendo una esperanza: Trabajo social y sicológico con familias desplazadas, Lima, 1997. BARBOSA, Mario, "Desplazados en Colombia: víctimas del conflicto interno y de la problemática de tierra"; Santafé d, Bogotá, 1997. BELTRÁN, Harvey, Urabá la verdad de cada cual, Castillo Editorial, Santafé de Bogotá, 1996, 224p. BENAMAR, Mohamed, "Conclusiones de la; jornadas sobre desplazados interno y refugiados en el sur de América Latina', ACNUR, Santiago de Chile, 1993, 5p. . BERMÚDEZ, Lilia, La guerra de baja intensidad en Centroamérica, Siglo XXI Editores, México, s.f. BOTERO B. Reinaldo, "Derechos de la población desplazada y obligaciones correlativas del Estado colombiano", CICR, Santafé de Bogotá, s.f, 5 h. _________, "Alcances y límites del derecho a no ser desplazado", CICR, Santafé de Bogotá, si, 14 p. _________, "Comentarios generales y previos al proyecto de Ley sobre desplazamiento forzado de personas que cursa en el Senado de, la República", CICR, Santafé de Bogotá, 1997, 13p. _________, "Comentarios sobre la Ley de desplazamiento forzado de personas en Colombia', CICR, Santafé de Bogotá, 1997, 4p. _________, Tr. Mauricio, Duque, "Desplazamiento forzado: Proyecto de Intervención', CICR, Santafé de Bogotá, 1997, 2p.


128

_________, "Normativa y jurisprudencia en Colombia sobre el desplazamiento interno: Comentarios a la Ley de desplazamiento forzado", CICR, Santafé de Bogotá, 1997, 10 h. _________, "Proyecto de evaluación sobre el desplazamiento forzado en Colombia"; CICR, Santafé de Bogotá, 1997,6 h. _________, "Desplazados y Emplazados", CICR, Santafé de Bogotá, 1998. BOTTINELLI, Cristina. (Coord.), Migración y salud mental. Manual para promotores y capacitadores, ILEF México y Rädda Barnen de Suecia, Ciudad de México, 1995. CALDERÓN, Mario, "La guerra del despiste”, en Cien Días vistos por el CINEP Vol. 4 No. 16, Santafé de Bogotá, Octubre - Diciembre, 1991. CALLE, Luis Alirio y Sepúlveda, Mónica, Arrancados, Instituto Popular de Capacitación, Video 25 min.- VHS, Medellín, 1997. CÁMARA de Representantes, "Informe de la ponencia para segundo debate de los proyectos de Ley 033-095, 066-95 y 016-95", Santafé de Bogotá, 1995, 17p. _________, "Proyecto de ley sobre desplazados internos'; Santafé de Bogotá, 1996, 16 p. CANCELADO, Esteban, "Informe sobre la visita a varias repoblaciones de desplazados y repatriados de El Salvador'', Comisión Nacional de Derechos Humanos y de Solidaridad con Damnificados y Desplazados, Santafé de Bogotá, 1991, 6 p.

CARDOZO Rodríguez, Jorge Enrique, "Experiencia en la receptación de una comunidad desplazada por la violencia en Ibagué", Seminario Mujer y Desplazamiento Forzado, Girardot, 1997, 15 p. CARRIGAN, Ana y CELAM y ACNUR, Weiner, Robert O., As its civil war intensifies. Colombia Emerges as the Bosnia of South America, ACNUR, Washington, 1997, 5h. CASTAÑO, Bertha Lucía, "El desplazamiento y su problema psico-social", Seminario Desplazamiento Forzado y Conflicto Social en Colombia, Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá, 1997. ________, "El desplazamiento y sus consecuencias emocionales". Corporación AVRE, Santafé de Bogotá, 1991. ________, Violencia sociopolítica en Colombia: repercusión en la salud mental de las víctimas, Corporación AVRE, Santafé de Bogotá, 1994, 73p. CASTRO, Jorge A. y García, Mauricio, "Porque era forastero y me acogísteis... una lectura biblicoteológica del desplazamiento por la violencia", Santafé de Bogotá, 1996, 34 p. CEAA, INTI, Cabalgando por el futuro: Huancavelica: violencia y desplazamiento. PCS. Ayacucho, 1997. CELAM y ACNUR, "Derechos Humanos y el fenómeno de los refugiados y de las migraciones en América Latina", s.f. 14 p. CENTRO Pastoral Indígena, 'Autonomía y Autodeterminación de los


129

Pueblos Indígenas', en Jaibia, Quibdó, No. 16, Diciembre, 1997,55 p. CEPAL, "Mujeres refugiadas y desplazadas en América Latina y el Caribe", CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo No. 4, Unidad de Mujer y Desarrollo, División de Desarrollo Social, CEPAL, Santiago de Chile, 1990, 27 p. CICR e IIDH, Seminario interamericano sobre la protección de la persona en situación de emergencia - Santa Cruz de la Sierra, San José de Costa Rica, 1995. CICR, Consejo De Delegados, CICR, Ginebra, 1993, p. 48. CINEP, "Informe de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Norte de América del Sur y el Caribe: los Derechos Humanos y el fenómeno de los refugiados en América Latina", en Cien días vistos por el CINEP Vol. 10, No. 40, Santafé de Bogotá, Enero -Marzo, 1998, p.27-29. ________, "Las Convivir, un proyecto social", en Cien días vistos por el CINEP, Vol. 10 No. 40, Santafé de Bogotá, Enero-Marzo, 1998, p. 22-23 ________, "Los desplazados internos, el personaje del año". En Cien días vistos por el CINEP, Vol. 10 No. 40, Santafé de Bogotá, Enero-Marzo, 1998, p.20-21. ________, "Éxodos y protestas campesinas". En Cien días vistos por el CINEP, Vol. 10 No. 40, Santafé de Bogotá, Enero-Marzo, 1998, p. 39. ________, "Masacres y amenazas: la dupla del terror". En Cien días vistos por el CINEP. Vol. 10 No. 40. Santafé

de Bogotá, Enero-Marzo, 1998, p. 18-19. ________, "Los muertos invisib les". En Cien días vistos por el CINEP Vol. 10 No. 40, Santafé de Bogotá, Enero-Marzo, 1998, p.24-25. ________, "Nos quitaron la patria". En Campo Adentro No. 16, CINEP, Santafé de Bogotá, 1997, p. 27. ________, "La Población civil, el objetivo militar'. En Cien días vistos por el CINEP Vol. 10 No. 40, Santafé de Bogotá, Enero-Marzo, 1998, p. 16-17. ________, Urabá. CINEP, Serie Colección Papeles de Paz, Santafé de Bogotá, 1995, 83p. ________, Urabá: el mayor éxodo de los últimos años. CINEP, FEDES, ILSA, Santafé de Bogotá, 1995, 24 p. ________, Fundación Social, "Testimonio. El éxodo paso a paso, Comunidades de paz" en Revista Alternativa No. 18, CINEP, Fundación Social, Alternativa (Separata especial), Santafé de Bogotá, Enero-Abril, 1998. ________, Hacia una estrategia integral para el retorno de las comunidades desplazadas por la violencia en el Municipio de Riosucio. Santafé de Bogotá, [s.n.], [s.f.]. CLAVIJO, Claudia y Patiño, Clemencia, Estudio exploratorio sobre los desplazados a Bogotá por motivos de violencia política. Urbanos, Santafé de Bogotá, 1993. CODHES, "Colombia en busca de refugio en Panamá', en Boletín No. 5 de Consultoría para los Derechos


130

Humanos y el Desplazamiento, Santafé de Bogotá, Noviembre de 1997, p. 1-8. CODHES - SISDHES. "CODHES Informa", en Boletines Nros. 1 al 6, Santafé de Bogotá, 1997. COLOMBIAN Committee for Human Rights, "Convivir: Colombia's Death Squads", Londres, 1997, p. 17. COMISIÓN Andina de Juristas, Seccional Colombiana, Putumayo, CCJ, Serie Informes Regionales de Derechos Humanos, Santafé de Bogotá, 1993, p. 178. COMISIÓN Colombiana de Juristas, "Comentarios de la Comisión Colombiana de Juristas a la Ley sobre Desplazamiento Forzado", CCJ, Santafé de Bogotá, 1997. _________, Desplazamiento forzado en Norte de Santander, CCJ, Santafé de Bogotá, 1995. COMISIÓN de Conciliación Nacional, Hacia la estructuración de una política nacional permanente de paz: aportes para un debate, Santafé de Bogotá, 1997, 72 p. COMISIÓN de justicia y Paz, Seccional Sincelejo (Sucre), "Contexto Departa-mento de Sucre". CJP. Sincelejo, s.f. 9 p COMISIÓN Europea, "Proyecto de decisión de financiación con arreglo al Artículo B7-310 del presupuesto", Dirección General, Bruselas, 1997, 11 p COMISIÓN Intercongregacional de justicia y Paz, Informe general de la visita al Departamento del Caquetá, 25-28 de agosto de 1996. Editorial Somos, Santafé de Bogotá, 1996. COMISIÓN Intercongregacional de Justicia y Paz, "SOS. Solidaridad con

los desplazados del medio Atrato", CIJP, Proyecto Deache, Santafé de Bogotá, 1997, 12 p. COMITÉ Departamental de Atención a la Población, "Causas y agentes del desplazamiento en Sucre”; Sincelejo, s.f, p. 16. COMITÉ Departamental de Atención Integral al Desplazado, "Propuesta piloto de un plan de contingencia". Sincelejo, sí, p. 8. COMITÉ Departamental de Vivienda, "Desplazamiento forzoso en Cali y en el Valle del Cauca", Santiago de Cali, 1998, 10p. COMITÉ Internacional de la Cruz Roja, "Censo de los desplazados de Los Brasiles - Cesar". CICR, Valledupar, 1997, 12 h. _________, Réponses à vos Questions, CICR, Ginebra, 1996, p. 42. _________, Código de Conducta. CICR, Video 65 min. Ginebra, s.f. _________, Proyecto: formación y prevención del desplazamiento forzoso en Colombia, propuesta de elaboración. CICR, Santafé de Bogotá, s.f., 12 p. _________, Comentarios del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II). CICR, Ginebra, 1986, 180 h. ________, Desafíos de los 90. Informe especial de actividades 1990-1995. CICR, Ginebra, 1995, 29 p. ________, Internally displaced persons, CICR, Ginebra, 1996, 134 p.


131

________, "Note de dossier: A L'Attention des responsables", CICR,' Ginebra, 1997,9 h. ________, "Otros Asuntos: Consejo de Delegados", Federación Internacional, Ginebra 1-2 Dic 1995, 24 p. ________, Personnes dépacées á 1'intérieur de leur pays, CICR, Ginebra, 1996, p. 148. _________, Tr. Mauricio, Duque, Personas desplazadas dentro de su país, Simposio CICR. Ginebra Oct. 23-25, 1995, p. 140. ________, y Naciones Unidas, "Prevención del desplazamiento forzoso y protección de los desplazados". Seminario Taller, CICR, Naciones Unidas, Caracas, 1997, 10 h. ________, Principios e intervención en la asistencia internacional humanitaria y las actividades de protección: Conferencia Internacional. CICR, Federación Internacional, Ginebra, 1995, 68 p. ________, "Programmes existant en Colombie pour les personnes déplacées", CICR, Santafé e Bogotá, 1996, 3p. ________, "Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra", CICR, Ginebra, 19 p. ________, "Relatoría del Proyecto de Ley No. 15", CICR, Santafé de Bogotá, 1997,2p. ________, Tr. Mauricio, Duque, "Repatriación forzada de refugiados colombianos que han encontrado refugio en Panamá: nota entre delegaciones". CICR, Santafé de Bogotá, 1996, 3 p.

________, "Resoluciones del Consejo de Delegados, aprobadas en su reunión del 29-30 de Oct. 1993 en Brimingham" en Revista Internacional No.120, CICR, Ginebra, Nov-Dic. 1993, p. 1-16. ________, Tr. Mauricio, Duque, "Resumen de las deliberaciones", CICR, Santafé de Bogotá, s.f. 23 p. ________, Signe de vie, Video 30 min., CICR, Ginebra, 1995. ________, Spots: No somos indiferentes. Vídeo 1 h. 30 min., CICR, Ginebra, 1994. ________, y Naciones Unidas, "Resoluciones", CICR, N.U., Ginebra, 1991, 15 p. _______, "Informe de la Comisión 11: Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja', Ginebra, 1995. COMMITTEE for Refugees, Home, stay put tough options for displaced peruvians. Washington, 1996, 38p. COMUNIDADES desplazadas ubicadas en Ciudad Bolívar, "A Ciudad Bolívar llegamos y a construir nos quedamos, Iniciativa económica con familias desplazadas", Santafé de Bogotá, 1995. CONADHES, "Seminario taller sobre desplazados en Bogotá y sus alternativas: ponencias", Santafé de Bogotá, 1993, 5 h. CONFERENCIA Episcopal de Colombia, Derechos Humanos. Des-plazados por violencia en Colombia. Investigación sobre Derechos Humanos y desplazamiento interno en Colombia, Editorial Kimpres Ltda, Santafé de Bogotá, 1995, 160p. ________, "Derechos Humanos y desplazamiento interno en Colombia",


132

Resumen Ejecutivo, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección de Movilidad Humana, Santafé de Bogotá, 1995, 22 h. ________, "Desplazados", Secretariado Nacional de Pastoral Social, Sección Movilidad Humana, Santafé de Bogotá, 1994, 50 h. CONFERENCIA Internacional sobre Refugiados Centroamericanos, " Princi-pios y criterios para la protección y asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados centroamericanos en América Latina'. Evaluación de la puesta en práctica de la disposición de dicho documento. CIREFCA, ACNUR, Of. Regional para Centro América y Panamá, San José de Costa Rica, 1994. CONSEJERÍA en proyectos para Refugiados Latinoamericanos, 'Programa de acogida de los refugiados y migrantes colombianos en los países vecinos". Memoria Taller. CPRL, Panamá, 1997,52 p. ________, "Los nicaragüenses en Costa Rica', enfoque de una problemática, CPRL, San José de Costa Rica, 1996. ________, "Ejes estratégicos de trabajo frente al desplazamiento interno en Colombia", Memorias del Taller con las contrapartes, CPRL, Cachipay, 1995. ________, "Ejes estratégicos de trabajo frente al desplazamiento interno en Colombia", Memorias Taller, Contrapartes, CPRL, Cachipay - Cundinamarca, 1995. ________, "Comunicación pública a entidades gubernamentales y agencias multilaterales de Cooperación Internacional", CPRL, Santafé de Bogotá, 1997, 3 h. ________, Del tiempo verde al tiempo azul (luego de la pesadilla del rojo).

Huancavelica: mujeres desplazada, CPRL. Lima, 1997. CONSEJERÍA para la Paz y los Derechos Humanos. "Descripción de las condiciones socioeconómicas de la población desplazada detectada o reconocida, residente en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bucaramanga, de 1993 a 1996". Fondo Municipal de Paz y Reinserción, Alcaldía de Bucaramanga, Consejería para la Paz y los Derechos Humanos, Corporación Nuevo Arco Iris, Bucaramanga, 1998, 47p. CONSEJERÍA Presidencial para la Atención Integral a la población desplazada por la violencia. "Comunidad desplazada del municipio de Riosucio, Depto. del Chocó, asentados provisionalmente en el corregimiento de Pavarandó". Santafé de Bogotá, 1997, 6 h. _______, "Desplazados. Esta Colombia que no podemos ignorar", Presidencia de la República, Santafé de Bogotá, 1997, 29 h. _______, "Sistema nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia", Serie: Documento CONPES No. 2924, CONPES, Santafé de Bogotá, 1997, 19 p. _______, "Vivienda de primer nivel para el proyecto de reubicación rural en el predio Nuevo Oriente', Santafé de Bogotá, 1998, 14 p. CONSEJERÍA Presidencial para los Derechos Humanos, "Programa Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la violencia", Serie Documento CONPES 3804, Santafé de Bogotá, 1995, 37p. CONSEJO de Instituciones de Desarrollo, Diagnóstico sobre refugiados, retornados y desplazados


133

de Guatemala, COINDES, Ciudad de Guatemala, 1993. ________, Los proyectos de impacto rápido -PIR- en Guatemala. COINDE, Guatemala, 1994. CONSULTA Permanente sobre el Desplazamiento interno en las Américas, "Informe de la misión in situ", Santafé de Bogotá, 1994. ________, "Informe final misión "In Situ" a Guatemala", CPDIA, Secretaría Técnica, Ciudad de Guatemala, 1996, 47p. ________, "Informe final misión "in situ" de asistencia técnica sobre desplazamiento interno en Colombia 1997, UNICEF y CPDIA, Santafé de Bogotá, 1997, 138 p. ________, "Memoria de la presentación a sus miembros en Colombia, de la segunda misión "in situ" sobre desplazados internos". CPDIA, Santafé de Bogotá, noviembre de 1996, 10 h. CONSULTORÍA Desplazados: entre la violencia y el miedo, en Boletín CODHES Informa No.6, Santafé de Bogotá, Marzo, 1997, 8 h. CONSULTORÍA para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, "Desplazados: descertificación en su propia patria" en Boletín CODHES Informa No.1, Santafé de Bogotá, Agosto, 1996. _______, "Desplazamiento rural: violencia y pobreza", en Boletín CODHES Informa No. 3, Santafé de Bogotá, Octubre, 1996), 19p. _______, "Niños y niñas en situación de desplazamiento: violencia y desarrollo"

en Boletín CODHES Informa No. 9, Santafé de Bogotá Marzo, 1998. CORPORACIÓN Betancí, "Hacia una estrategia participativa de atención integral al niño desplazado. Programa Atención Integral al Niño Desplazado", Cereté, 1993, 15 h. CRUZ Roja Colombiana, "Desplazados del Tolima". CRC Tolima, Ibagué, 1997,8 h. _______,"Misión Instituciona l"; CRC, Santafé de Bogotá, 1996. CUELLAR M. Roberto. "Bases juridicopolíticas de Cartagena: ante los nuevos retos de la protección integral de los Derechos Humanos de las poblaciones migrantes". ACNUR, Montevideo 1993,15 h. DEFENSORÍA del Pueblo. "Derechos Humanos". En Su Defensor No. 47, Santafé de Bogotá, Dic. 97 - Mar. 98, p. 1-51. ________, Contra viento y marea. Conclusiones y recomendaciones de la ONU y la OEA para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en Colombia: 19801997. Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, 1997, 246 p. ________, Cuarto Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia 1997 Santafé de Bogotá, 1997, 690p. ________, Derechos Humanos: A la vida, a la igualdad, a la libertad, a no ser desplazados, video 42'02" min., Santafé de Bogotá, s.f. ________, "Lo que usted debe saber sobre el Derecho Internacional Humanitario'; Santafé de Bogotá, s.£, 17 p.


134

________, "Niñez y sus Derechos" en Boletín No. 1, Santafé de Bogotá, s.f. ________, "Niñez y sus Derechos" en Boletín No. 3, Santafé de Bogotá, 1997, 31 p. ________, El desplazamiento forzado, notas sobre los derechos de los desplazados internos, seguridad y protección de la comunidad despla-zada", Defensoría del Pueblo, Año 5, No. 47, Santafé de Bogotá, Dic. 97 - Mar. 98. _______, Testimonio de ausencia: derecho de libertad desplazados, video VHS, Santafé de Bogotá, s.f. DEPARTAMENTO Administrativo de Salud del Cesar, "Perfil epidemiológico: Población desplazada por la violencia", Valledupar, 1997, 13p. DEPARTAMENTO Nacional de Planeación, "Programa nacional de atención integral a la población desplazada por la violencia". Serie Documento CONPES 2804. DNP, Ministerio del Interior, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Santafé de Bogotá, 1995, 37p DÍAZ M. Antolin, Temas concretos: ejemplos geopolíticos de Derecho Internacional Humanitario, Ediciones Angular Ltda, Santafé de Bogotá, 1992, 135 p. DIÓCESIS de Quibdó. "Crónica y análisis de la violencia en el Chocó en los años 1996-1997", en Por la Vida, Quibdó, 1997,46 p. DIÓCESIS de Santa Marta, "Programa para la reinserción. Censo de la población desplazada en el Magdalena", Fondo Departamental de Reinserción y Paz del Magdalena, Santa Marta, 1998, 37 p.

ESCUELA Nacional Sindical e Instituto Popular de Capacitación, "Por la vida", Serie Boletín de Derechos de los Pueblos y Derechos Humanos 12-13. IPC y ENS, Medellín, 1997,16 p. _______, "Por un desarrollo sin desplazados y víctimas de la guerra", Serie Boletín de Derechos de los Pueblos y Derechos Humanos 12-13, IPC, ENS, Medellín 1997, 16 p. FEDERACIÓN Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, "XXVI Conferencia Internacional. Principios e intervención en la asistencia internacional humanitaria y las actividades de protección", CICR, Ginebra, 1995. FONDO Departamental de Reinserción y Paz del Magdalena, "Censo de la población desplazada en el Magdalena, Programa para la Reinserción Diócesis de Santa Marta, Santa Marta, 1998.37p. FUNDACIÓN Progresar, "Proceso de incorporación legal del EPL: Informe sobre Derechos Humanos", Departamento de Derechos Humanos, Santafé de Bogotá, 1997,39p. FUNDACIÓN Social, CINEP y Alternativa, "Desplazamiento Forzado en Colombia. No tenemos más que la vida y para nosotros eso es todo", CINEP, Fundación Social, Alternativa, (Separata Especial), Santafé de Bogotá, 1997. FUNDACIÓN Social Colombiana CEDAVIDA, "Desplazados y el conflicto que tuvimos que vivir. Cedavida, Santafé de Bogotá, s.f., 48 p. GARCÍA S. Antonio, "Desplazados del norte del Chocó y Apartadó", Antioquia. CICR, 1997,8 h.


135

GEARY, Bárbara. "Salud comprende todo", en Revista Cruz Roja, Media Luna Roja, Ginebra, Ene-Abr, 1991, 14p. GIRALDO, Carlos Alberto, Colorado, Jesús Abad y Pérez, Diego, Relatos e imágenes. El desplazamiento en Colombia. CINEP, Santafé de Bogotá, 1997, 236 p. GOBERNACIÓN de Bolívar, "Situación de orden público y desplazamiento de población en el departamento de Bolívar", Secretaría del Interior, Cartagena, 1997. GOBERNACIÓN de Córdoba, "Desplazamiento forzoso en y hacia Córdoba", Secretaría de Gobernación Departamental. Programa Víctimas de la Violencia, Red de Solidaridad Social, Montería, Mayo de 1995. GROBET Thierry y Roquero, Ángeles. "Transporte para asistencias masivas", CICR, Valledupar, 1997, 5 h. GROUP of Support Organization for the Internally Displaced, "Report on the situation of internal displacement in Colombia", GAD, Santafé de Bogotá 1996, 29p. GRUPO Comunidad Educativa, "Convenio interadministrativo para distribuir recursos del Fondo Educativo de Compensación suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Sucre", Sincelejo, 1997. GRUPO de Apoyo a Organizaciones de Desplazados, GAD, " "Desplazamiento interno en Colombia". En Boletín Informativo Nos: 2, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19 y 20, Santafé de Bogotá, 1997-98.

_______, Éxodo, Boletín sobre Desplazamiento Interno en Colombia Nos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, Santafé de Bogotá, 1995-98, 20 p. _______, "Mecanismos de Protección para la población desplazada en Colombia" Taller GAD, Santafé de Bogotá, 1996. _______, "Tierra para los desplazados". Seminario-taller, Memorias. GAD, Santafé de Bogotá, 1996. _______, "Aportes para la posible reglamentación de la Ley 387 de 1997 sobre el Desplazamiento forzado", GAD, Santafé de Bogotá, 1997, 10 h. _______, "Informe anual sobre el desplazamiento interno en Colombia - 1997". GAD, Santafé de Bogotá, 1997. _______, "Informe de la situación del desplazamiento interno en Colombia". GAD, Santafé de Bogotá, 1996. GUERRERO C. Fernando, Rodríguez J. Lourdes, Molina N. César. Inmigrantes colombianos en el Ecuador y Derechos Humanos, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Quito, 1995, 154 p. HACIENDA San Marino, Cambao (San Juan de Rioseco - Cundinamarca), "Proyecto para la población desplazada", San Juan de Rioseco, 1998. ICVA, "Informe misión ICVA a Colombia: Desplazamiento interno". ICVA, Ginebra, 1991. ILSA, Cepecs y Cinep, "Derechos Humanos". En Actualidad Colombiana No. 209, Santafé de Bogotá, Mar.-Abr., 1997.p. 1-7.


136

INCORA. "Acuerdo No. 18 de 1995, por el cual se establece el Reglamento Especial de Dotación de Tierras para las personas que tengan la condición de desplazados forzosos por causa de la Violencia", Santafé de Bogotá, 1995. _______, "Acuerdo No.08 de 1996, por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo No. 18 del 17 de octubre de 1995, que establece el Reglamento Especial de Dotación de Tierras para las personas que tengan la condición de desplazados forzosos por causa de la violencia en Colombia", Santafé de Bogotá, 1996, 15 p. INSTITUTO Colombiano de Bienestar Familiar. "El restablecimiento de los derechos de la población desplazada", ICBF, Santafé de Bogotá, 1996. _______, "Reunión preparatoria para la organización de la red de atención a familias desplazadas por la violencia en el municipio de Ciénaga", ICBF, Centro Zonal Ciénaga, Ecosocial Ltda., Ciénaga, 1998. 48 p. _______, "Consecuencias de la violencia política y social en las familias en Montería, período 1993-1996". Centro de Investigación, Fundación Sinú, Montería, 1997.66 p. INSTITUTO de Defensa Legal, "Desplazados. Consulta sobre desplazamiento y refugio en la Región Andina", ICVA, Lima, 1995, 250p. INSTITUTO Interamericano de Derechos Humanos. "Refugiados". IIDH, Serie Boletín Documental No. 1-4, San José de Costa Rica, 1993, 91 p. _______, "Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas". En Revista IIDH No. 20, San José de Costa Rica, Jul.-Dic., 1994, p.513-522.

_______, "Seminario Foro Nacional: el desplazamiento interno en Colombia", ILSA, Santafé de Bogotá, 1992., 168 p. INSTITUTO Popular de Capacitación, IPC, Desplazados internos en Antioquia, IPC, Área de Derechos Humanos y Solución de Conflictos, Medellín, 1995, 94 p. _______, "Desplazamiento Forzado", IPC, Medellín, 1997,9 h. _______, ¿Hacia dónde va Colombia? Una mirada desde Antioquia: violencia. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Antioquia durante 1996. Diagnóstico y Recomendaciones, IPC, Área de Derechos Humanos, Medellín, 223p. _______, "Desplazados internos en Colombia", Informe sobre la investigación de los desplazados internos en Antioquia, IPC, Medellín, 1995, 94 p. _______, Investigación: violencia y Derecho Humanitario en Antioquia, 1996, IPC, Medellín, 1997. JUNOD, Sylvie-Stoyanka. Assemblée Générale de l’Organisation des Etats Américains, OEA, Ginebra, 1997, 100 h. LAVOYER, Jean-Philippe, Protección de los desplazados internos en el Derecho Internacional Humanitario, CICR, Santafé de Bogotá, s.f. _______, Tr. Mauricio, Duque, Protección de los desplazados internos en el Derecho Internacional Humanitario. CICR, Santafé de Bogotá, s.f 90 h. _______, "Refugiados y personas desplazadas: Derecho Internacional


137

Humanitario y cometido del CICR". En Revista Internacional de la Cruz Roja No. 128, CICR, Ginebra, Mar.-Abr., 1995, p. 182-202. MADRID-MALO GARIZÁBAL, Mario, Estudio sobre los Derechos Fundamentales, Tercer Mundo Editores, Serie Textos de Divulgación 11, Santafé de Bogotá, 1995, 166p. MARÍN CÁRDENAS, César Augusto, Trabajo de campo sobre población infantil desplazada por la violencia. Convenio Defensoría del Pueblo-UNICEFFES, Barrancabermeja 1995, 30p. MCNAMARA, Denis. "Personas desplazadas dentro de su país: el punto de vista del ACNUR". CICR, Santafé de Bogotá, Lsf, 17 p. MAURICE, Frederic y Courten, Jean de, 'Acción del CICR a favor de los refugiados y de las personas civiles desplazadas". En Revista Internacional de la Cruz Roja No. 103, CICR, Ginebra, Enero-Febrero, 1991, p.9-22. MERTEENS, Donny, "Género y conflicto armado en Colombia: aproximación a un diagnóstico", PNUD, Consejería Presidencial para la Política Social, Santafé de Bogotá, 1996. _______, "Mujer y violencia en los conflictos rurales". En Revista Análisis Político No. 24, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1995. _______, "Las mujeres y la violencia: conflictos rurales y sus efectos diferenciados por género". En La Paz, miradas de esperanza. Memorias del Seminario Estrategias y Acciones para la Paz. Programa por la Paz, Pontificia Universidad Javeriana, Santafé de Bogotá, 1995.

MINISTERIO de Agricultura, "Decreto No. 182 de 1998, por el cual se reglamenta la Ley 333 de 1996, en lo relativo a la destinación definitiva de los bienes rurales con caracterizada vocación rural a favor del Instituto Colombiano de Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones relacionadas con su adjudicación". Minagricultura, Santafé de Bogotá, 1998. _______, "Decreto No. 2217 de 1996, por el cual se establece un programa especial de adquisición de tierras en beneficio de la población campesina desplazada del campo por causa de la violencia, la que tenga la condición de deportada de países limítrofes y la afectada por calamidades públicas naturales y se dictan otras disposiciones', Minagricultura, Santafé de Bogotá, 1996,5p. _______, "Desplazados: Propuesta del sector rural". Minagricultura y Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Social, Santafé de Bogotá, 1997. MINISTERIO de Gobierno, "Propuesta de políticas integrales relacionadas con el desplazamiento interno en Colombia: Memorias", Seminario - Taller, Santafé de Bogotá, 1994., 223 p. MINISTERIO del Interior, 'Área de protección de testigos y personas amenazadas", Dirección General Unidad Administrativa Especial para la Protección de los Derechos Humanos, Santafé de Bogotá, 1997, 7 h. _______, "Decreto No. 173 de 1998, por el cual se adopta el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, Santafé de Bogotá, 1998, 7 p.


138

MORENO Llanos, Julio César, Derechos Fundamentales y la función policial. Policía Nacional, División Derechos Humanos, Santafé de Bogotá, s.f., 76 p. MOROTTI P., Sergio, Los itinerantes en Colombia, Conferencia Episcopal de Colombia, Sección Movilidad Humana, Santafé de Bogotá, 1995. NACIONES Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Huma-nos en Colombia. "Comentarios frente a la reglamentación de la Ley sobre los Desplazados". N.U., Santafé de Bogotá, 1997. ________, Promoción y protección de los Derechos del niño: repercusiones de los conflictos armados sobre los niños. N.U., Nueva York, 1996, 106 p., anexos. ________, "Desplazados internos en Colombia", Informe del Representante del Secretario General Sr. Francis Deng, presentado en cumplimiento de la resolución 1993-95. Consejo Económico y Social. Nueva York, 1994.51 p. ________, "Derecho a una vivienda adecuada. Informe sobre la marcha de los trabajos presentados por Rajindar Sachar, Relator Especial", ECOSOC, Comisión de Derechos Humanos, Ginebra, 1994. _______, "Consecuencias del traslado de población incluida la implantación de colonos", Awn Shawkat Al-Khasawneh, Relator Especial, ECOSOC, Comisión de Derechos Humanos, Ginebra, 1994. _______, "Situación de los derechos humanos en el territorio de la exYugoslavia", Tadeusz Mazowieela, Relator Especial, ECOSOC, Comisión de Derechos Humanos, Ginebra, 1996.

_______, "Nuevo orden humanitario internacional", Asamblea General, Nueva York, 1996. _______, "Seminario de expertos sobre la práctica de los desalojos forzosos", ECOSOC, Comisión de Derechos Humanos, Ginebra, 1997. NEGRETE B., Víctor, Desplazados por la violencia en el Departamento de Córdoba. Editorial Antillas, Barranquilla, 1995, 179p. OFICINA Regional de Costa Rica, Reflexiones sobre la crisis centroamericana y las posibles contribuciones al proceso de paz a través de la labor humanitaria, San José de Costa Rica, s.f, 6 p. ONG Grupo Sur, Resolución de las ONG’s Europeas del Grupo Sur, Santafé de Bogotá, 1998. 3p., ORGANIZACIÓN Internacional para las Migraciones, OIM, "Política y programa de la OIM para personas desplazadas internamente". Santafé de Bogotá, s.f., 29 p. OSORIO, Flor Edilma, Pobladores rurales en situación de desplazamiento: condiciones y perspectivas. CODHES, Santafé de Bogotá, 1995. _______, La violencia del silencio: desplazados del campo a la ciudad. CODHES, Pontificia Universidad Javeriana, Santafé de Bogotá, 1993. OTERO, Yuli y Tobón, Gloria, "Diagnóstico urbano y primera interpretación de los cambios socioculturales de las mujeres desplazadas en la ciudad de Montería", Corporación María Cano, mimeo, Montería, 1995. PEÑA Jaramillo, Carlos Mario y Álvarez Villegas, Andrés, Desplazados,


139

Gobernación de Antioquia, Medellín, 1997. 128p. PÉREZ, Diego y Giraldo, Carlos Alberto. Desplazamiento en el Urabá, CINEP, Santafé de Bogotá, 1997. PÉREZ, Diego. Desplazados en las zonas fronterizas. Conferencia Episcopal de Colombia, Sección de Movilidad Humana, Barrancabermeja, 1996. Informe sobre el desplazamiento forzado en Colombia, CINEP, Santafé de Bogotá, 1997, 26p. ________, "La realidad del desplazamiento interno en Colombia: documento elaborado para la consulta sobre desplazamiento interno y refugio en la Región Andina", CINEP, Lima, 1993. _______, "Dejamos todo... hasta nuestros muertos", en Cien Días vistos por CINEP, Vol. 6, No. 22, Santafé de Bogotá, Abr.-Jun., 1993. PERSONERÍA Municipal Santiago de Cali, "Desplazamiento forzoso de personas. Una realidad en Cali", Alcaldía de Santiago de Cali, 1997. PONTIFICIA Universidad Javeriana, "Propuestas en torno al proyecto de ley sobre desplazamiento forzado que cursa en la Comisión Primera del Senado de la República". Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Santafé de Bogotá, 1996, 200 h. POSADA S., Miguel. "Landless people: free at last. The enviroment, an unknown victim analysis new and probably false hopes for peace. Colombia". CIDEC, Santafé de Bogotá, 1996, 13 h. PRESIDENCIA de la República, "Decreto No.976 de 1997, por el cual se

reglamenta el artículo 70 del Decreto Ley 919 de 1989"; Santafé de Bogotá, 1997. ________, ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, la protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia". Santafé de Bogotá, 1997, 11 p. _______, "Protocolo de atención para los desplazados", Consejería Presiden-cial para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia, Santafé de Bogotá, 1998, 27 p. PRODERE, Informe: Evaluación externa del programa de desarrollo para desplazados, refugiados y repatriados en Centroamérica, PRODERE, [sf.] PROGRAMA de Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio, "Barrancabermeja ", Documento elaborado para la consulta de la unidad de convivencia y paz del PDPMM sobre desplazamiento interno en el Magdalena Medio, CINEP, SEAP, Santafé de Bogotá, 1996. PROGRAMA de Reinserción, Cómo la vio la prensa, Artículos de Prensa, Santafé de Bogotá, 1998, 80 h. PROGRAMA por la Paz Compañía de Jesús. Informativo 1995, Santafé de Bogotá, 1995, 165p. PROGRAMA por la Paz Compañía de Jesús, Informativo 1996-1997, Editorial Kimpres, Santafé de Bogotá, 1997, 249p QUIROZ, Nidya, 'Aportes para la creación de una metodología de recuperación psicosocial de niños afectados por el conflicto armado. Desplazamiento forzado y derechos de la infancia", Seminario Desplazamiento


140

Forzado y conflicto social. UNICEF, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, noviembre de 1997. _______, y UNICEF, "Rescate de la sabiduría popular: una estrategia para la recuperación psico afectiva de poblaciones desplazadas", UNICEF, Santafé de Bogotá, 1997. RANGEL S. Alfredo, "Irregular warfare in Colombia", CIDEC, Serie Ciencia Política No. 41, Santafé de Bogotá, 1995. RED de Solidaridad Social, "Lineamientos para 1998", Santafé de Bogotá, 1998. . "Programa de vivienda rural: Red de Solidaridad Social'; Santafé de Bogotá, 1998. _______, "Propuesta de la Delegación Departamental del César a la Red de Solidaridad Social para Inversión 1998", Valledupar, 1997. REINICIAR, et. al., Informe general de la visita al Caquetá, Editorial Somos, Santafé de Bogotá, 1996. REYES P. Alejandro, "Compra de tierras por narcotraficantes. Conflicto social y guerrillas, compra de tierras y grupos paramilitares". En Drogas Ilícitas en Colombia. PNUD, Santafé de Bogotá, 1997. RINCÓN P. Rafael Alberto. "Desplaza-dos", Personería de Medellín, Medellín, 1996,4 h. RIVERA, José Manuel, "Informe final de misión a la zona de Urabá". CRC, Santafé de Bogotá, 1996, 10 h. RODRÍGUEZ, Dilia. "Factores terapéuticos en los grupos de ayuda mutua". Seminario Taller: Familias afectadas por la violencia. Memorias. ICBF, Santafé de Bogotá, 1995.

ROJAS, Jorge Enrique (Compilador), Desplazamiento, Derechos Humanos y conflicto armado. CODHES, Santafé de Bogotá, 1993. _______, Sistema de información sobre desplazamiento y derechos humanos departamentos expulsores y receptores. CODHES, Santafé de Bogotá, 1997.ç _______, "Desplazamiento Forzado, conflicto social y Derechos Humanos", Seminario Desplazamiento forzado y Conflicto Social, CODHES, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1997. ROQUERO, Ángeles, "Reunión de asistencia humanitaria CICR-CRC", Cruz Roja Colombiana, Valledupar, 1997 _______, "Sugerencias de cara al convenio CRC-CICR'; Cruz Roja Colombiana, Santafé de Bogotá, 1997,3 p., anexo. RUEDA B. Rafael, Desplazados por la violencia en Colombia: entre el miedo... la soledad... y la esperanza, CEHAP, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 1997, 89p. SALAZAR B. Albeiro y Rojas, Jorge Enrique, "Colombianos en diáspora: los desplazados por la violencia", en Su Defensor, Año 2, No. 21, Santafé de Bogotá, Abril de 1995, p. 7-11. SANDOZ, Yves. Tr. Mauricio, Duque, Establecimiento de zonas de seguridad para personas desplazadas al interior de su país de origen, CICR, Doha (Qatar), 1994,p.30. _______, "A propósito del desplazamiento. XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja". En Revista


141

Internacional de la Cruz Roja No. 109, CICR, Ginebra, Ene-Feb., 1992, p. 5-12. SANTACRUZ, Luis Antonio, "Programa de asistencia humanitaria", Trabajo previo, Cruz Roja Colombia, Mocoa, 1997, 6 h. SANTORUM, Claudio y Botero B. Reinaldo, "Comentarios al proyecto de Ley Especial sobre desplazados internos en Colombia y recomendaciones sobre su armonización con los Códigos Penal y de Justicia Militar", CICR, Santafé de Bogotá, si, 16 h. SARMIENTO, Libardo, "Violencia y acumulación capitalista en Colombia". En Revista Ensayo y Error No. 1, Santafé de Bogotá, 1996. SCHIAPPA-PIETRA, Oscar, 'Apuntes sobre el Desplazamiento Violento de Pobla-ciones en el Perú: 1980-1990", Serie Éxodos en América Latina, IIDH, San José de Costa Rica, 1991, 48p. SEGURA, Nora y Merteens, Donny, "Desarraigo, género y desplazamiento Interno en Colombia", Santafé de Bogotá, 1996. _______, "Género, violencia y desplazamiento", Programa por la Paz y Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Santafé de Bogotá 1996. SEGURA, Nora, "La mujer desplazada y la violencia", Informe final de investigación presentado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Santafé de Bogotá, 1996. SERVICIO Nacional de Aprendizaje Sena, Bolívar. "Proyecto de capacitación, asesoría y asistencia técnica para la generación de talleres-empresas para mujeres y jóvenes desplazados por la violencia", Cartagena, 1997, 22 p.

SERVICIO Universitario Mundial, "Colombia, violencia, derechos humanos y refugio", Comité Nacional, SUM Colombia, mimeo, Bogotá, 1989. Sin autor, "Los afectados por la violencia en Córdoba: Qué está pasando en la Ciénaga de Lorica? Informe Parcial de Coyuntura", Montería, 1994. Sin autor, "Propuesta general a la atención de los desplazados por la acción de la violencia asentada en Quibdó", s.f. Sin autor, "Retorno y reubicación. Propuesta de las comunidades de desplazados del municipio de Riosucio (Chocó), asentadas provisionalmente en Turbo y Bocas del Atrato", s1, febrero de 1998. Sin autor, "Taller para la coordinación del plan de asistencia a los desplazados por la violencia en Urabá", Apartadó 28-29 de agosto - 1995. FOBÓN O. Gloria y Otero V Yuli, "Mujeres y desplazamiento: una realidad en la ciudad de Montería". Corporación María Cano, Montería, 1997, 130 p. il. TOLFREE, David, La alegría: diferentes enfoques de asistencia a la niñez psicológicamente afectada por la guerra o el desplazamiento, Rádda Barnen, Suecia, 1996. TORRES, César, "Desplazados: una apuesta por la vida". En Ave fénix, Vol. 1; No. 11. Fundación Social Colombiana, Cedavida, Santafé de Bogotá, Abr. 1993, 40p. U.S. Committe For Refuges, "Colombanns silent crisis: one million displaced by violence", USCR, Wasghinton, 1998, 44p.


142

________, "Displacement intensifying in Colombia: 1 millon people affected". En Monday Developments, USCR, Washington, 1998. ________, "Go home/stay put. Tough options for displaced peruvians", Issue paper, USCR, Washington, 1996. UNICEF Colombia, Informe final: Misión "In Situ" de asistencia técnica sobre desplazamiento interno en Colombia, Noviembre de 1993 y Abril de 199, Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas, CPDIA, Santafé de Bogotá, 1997, 192 h. ________, y Defensoría del Pueblo, Impacto de los conflictos armados en la infancia: Memoria de la consulta para la región de América Latina y el Caribe, Editorial Presencia, Santafé de Bogotá, 1996, 138p. UNICEF, "Recomendaciones de la Quinta Consulta Regional sobre el impacto de los conflictos armados en la infancia: América Latina y el Caribe". UNICEF, Santafé de Bogotá, 1996,29p. UNIJUS e ICBF, Estructura familiar, niñez y conflicto armado, Unijus - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Colombia, ICBF, Santafé de Bogotá, 1997. UNITED Nations, "Referente guide in the field of Human Rights". Center for Human Rights, New York, 1993. UNIVERSIDAD Nacional de Colombia, Mujeres desplazadas y violencia, Santafé de Bogotá, 1996, 150p. URIBE, María Teresa, "La territorialidad de los conflictos y

violencia en Antioquia". En Realidad Social No. 1, Medellín, 1990. VALENCIA Villa, Hernando, "Conflicto armado y éxodo interno en Colombia". En Éxodos en América Latina, IIDH, San José de Costa Rica, 1991, p. 19. _______, "Conflicto armado y éxodo interno en Colombia", en Ave fénix Vol. 1, No. l, CEDAVIDA, Santafé de Bogotá, 1993. _______, "Desplazamiento interno en Colombia". Comisión Colombiana de Juristas, Santafé de Bogotá, s.f, 26 p. _______, "La protección internacional de los desplazados internos a la luz del derecho cosmopolítico de Kant", en Revista Análisis Político No. 17, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1992. VARGAS, Alejo, "Conflicto armado interno en Colombia y desplazamiento forzado", Seminario Desplazamiento forzado y conflicto social, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1997. _______, y González, José Jairo, "Procesos migratorios y violencia". Corporación Centro Regional de Población, Santafé de Bogotá, 1992. VÉLEZ, Germán Alonso y Valencia, María del Pilar, "Comunidad Zenú del Volao: de las cenizas del desplazamiento forzoso, resurge la vida y la esperanza". En Semillas en la economía campesina, Grupo Semillas, Serie Surcos Comunitarios, Santafé de Bogotá, 1997, 15p. VIDAL L. Roberto, "Políticas públicas en frente del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. Soluciones jurídicas en medio del conflicto armado". Pontificia


143

Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Santafé de Bogotá, 1997, 13p. VIEIRA, Constanza, "Mil persecuciones a un hombre solo". CEDAVIDA, En Ave fénix. - Bogotá: Vol. 1, No. IV, Fundación Social Colombiana, Santafé de Bogotá, Abr.-1996, p. 1-48 VIVANCO, José Miguel, "Human Rights Watch – Américas se opone a regreso forzado de 4500 campesinos de Pavarandó, Human Rights Watch"; . Washington, 1997. WALKER, Peter, Perspectivas en cuanto a la ayuda a los desplazados internos, CICR, Santafé de Bogotá, s.f, 66 p. ZÁRATE, Gustavo, "Conflicto sociopolítico y desplazamiento de la población en el Departamento de Bolívar", Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, Seminario Desplazamiento Forzado y Conflicto Social, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1997. ZURITA, Nilson, "Conflicto social indígena y desplazamiento forzado, Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento", Seminario Desplazamiento forzado y conflicto social, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1997.

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Análisis político 34 1998