PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 1

POR UNA GESTIÓN MÁS EFICIENTE DE LA SANIDAD PÚBLICA

La gestión de la sanidad pública por parte del Partido Popular durante años ha llevado

a que durante la presente legislatura el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se haya

visto sometido a una serie de medidas que, cuando no han fracasado por el rechazo

que han generado debido a la ausencia de justificación, han deteriorado la calidad de

nuestro sistema sanitario.

Existen numerosos ejemplos que lo ilustran: se ha negado el acceso a una atención

sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación irregular; se ha intentado

privatizar la gestión sanitaria de seis hospitales públicos que en conjunto atienden a

uno de cada cinco madrileños, sin un estudio que justificase su conveniencia, que

motivó la reacción de pacientes, profesionales y partidos de la oposición y, a la postre,

fracasó; se ha pretendido convertir el Hospital Universitario de La Princesa en un

hospital de “alta especialización para pacientes mayores”, lo que implicaba un recorte

muy significativo del presupuesto asignado a un centro sin servicio de geriatría; se ha

aumentado el copago farmacéutico por parte del paciente en las oficinas de farmacia

sin valorar suficientemente la renta de los pacientes, su estado de salud y el problema

en el acceso a medicamentos derivado del incremento del coste para el paciente en un

contexto de grave crisis económica, y se implantó la tasa del euro por receta, que tuvo

que ser retirada tras el recurso del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional.

Además, en términos de gestión, se han reducido los recursos humanos en hospitales y

centros de salud, que ha pasado de 75.489 personas en 2010 a 72.824 en 2012, según

la última memoria disponible del SERMAS; se ha aumentado la jornada laboral de los

profesionales sanitarios, lo que no ha supuesto un aumento de la actividad sino un

recorte en sus salarios y una disminución del personal para sustituciones; se han

despilfarrado casi 13 millones de euros anuales desde 2013 para pagar a la empresa

concesionaria por la amortización del Hospital de Collado Villalba, lo que supone

dedicar dinero público para un centro de gestión privada que no atiende a ningún

paciente; y, finalmente, aunque se han inaugurado dos nuevos hospitales, la reducción

de la actividad en los hospitales preexistentes ha provocado un aumento de la lista de

espera quirúrgica que a 31 de marzo de 2014 (última fecha publicada) contaba con

75.184 pacientes, lo que supone un record desde que se recoge este dato, que lleva

aumentando desde junio de 2012. Los pacientes que no desean ser derivados tienen

que esperar 103 días de media para poder ser operados en su hospital habitual.

El deterioro del Sistema Nacional de Salud ha llevado a un aumento de la preocupación

de la población general por nuestro sistema sanitario público, que es uno de los pilares

de nuestro Estado de bienestar.

Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a adoptar las

siguientes medidas:

1.- Solicitar al Gobierno de España la vuelta a un modelo que aspira a la

universalidad de la asistencia sanitaria y que se permita al menos la asistencia

en los centros de salud de Atención Primaria a los inmigrantes en situación

irregular.

2.- Promover una mejora de los instrumentos de gestión de la sanidad pública,

basándose en los principios de transparencia, evaluación de resultados y

rendición de cuentas, que permitan mejorar la eficiencia del sistema sanitario

dentro del ámbito de la gestión pública y sin necesidad de acudir a recortes que

afecten a la calidad de la atención que reciben los pacientes.

3.- Promover una red hospitalaria integrada y la correcta coordinación entre

hospitales y centros de salud.

4.- Evaluar el impacto que el aumento del copago farmacéutico ha tenido en el

acceso a medicamentos de cara a las medidas correctoras necesarias.

5.- Devolver el euro por receta a todos los pacientes a los que se les cobró

dicha tasa ilegalmente en la Comunidad de Madrid.

6.- Aumentar la actividad en los centros hospitalarios de gestión pública para

reducir el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 2

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE RENTAS MÍNIMAS GARANTIZADAS

PARA TODA ESPAÑA

La tasa de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión asciende al 28,2% de

la población española, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida

del INE (2012). En el caso de la Comunidad de Madrid, si bien nos encontramos en un

20,4%, lo cierto es que de 2004 a 2012 el incremento de esta tasa ha triplicado la tasa

nacional (44,7% frente a 12,8%), lo que indica la virulencia de la incidencia de la crisis

en la Comunidad.

La conjunción de una larga e intensa crisis económica y unos sistemas de protección

social insuficientes para dar respuesta a sus efectos han producido una situación de

emergencia que supera con mucho el volumen y perfil de la pobreza y exclusión que ya

soportábamos con anterioridad al estallido de la crisis.

Una de las características del sistema español de protección social de índole asistencial

es su desigualdad territorial, consecuencia del desarrollo autonómico iniciado a

principios de la década de los 90 del siglo pasado. Esto ha provocado un conglomerado

heterogéneo de rentas mínimas, con diferente denominación y, sobre todo, cuantías,

tasas de cobertura y criterios de acceso, muy dispares.

En lo que se refiere a la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, hay

que destacar como dato positivo su reconocimiento como derecho subjetivo y que

tenga carácter indefinido. Pero también tiene sus debilidades, que son

fundamentalmente dos:

A pesar de que Madrid es una comunidad autónoma con una de las rentas más

altas del país y con un coste de vida muy elevado, es también una de las CCAA con

una de las cuantías de la renta mínima más bajas de España.

La tasa de cobertura de la renta mínima en personas por debajo del umbral de

pobreza es muy baja. Según datos publicados por el Ministerio de Sanidad en 2011,

Madrid tiene un índice de cobertura del 5,1% cuando una comunidad con nivel de

renta similar, como el País Vasco, la tiene del 66%.

Esta realidad tan dispar territorialmente requiere la puesta en marcha de un Sistema

de rentas mínimas común para toda España, con carácter estructural y voluntad de

permanencia, con garantía de derecho a percibir unos ingresos mínimos y el

reconocimiento de este derecho con carácter subjetivo.

Para ello es necesario establecer unas condiciones legales básicas iguales para todas

las personas, sea cual sea su lugar de residencia, en materia de derechos, deberes,

cuantías, duración, nivel de protección, etc.

Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de la Nación a la aprobación de una

renta mínima básica de igual acceso para todos los ciudadanos que reúnan los

requisitos exigidos, vivan donde vivan, como derecho subjetivo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 3

POR LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO

Se ha demostrado, en múltiples y recientes estudios, que la educación infantil es muy

útil para mejorar los resultados educativos futuros, sobre todo de aquellos niños que

viven en un entorno socioeconómico y cultural con menos recursos. Por tanto, dado

que el nivel educativo es determinante de los niveles de conocimiento y económico de

los ciudadanos, el acceso a esa educación es un instrumento para garantizar la

igualdad de oportunidades y, a la postre, la igualdad real y efectiva de los ciudadanos.

La ley Orgánica de Educación establece que la educación infantil, que abarca desde los

cero a los seis años, no es obligatoria. Esta fase de la educación tiene dos ciclos: el

primero: de los cero a los tres años, y el segundo: de los tres a los seis. El segundo ciclo

es gratuito y las administraciones educativas tienen que garantizar una oferta

suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en su

caso, para cumplir ese objetivo.

El artículo 29.1 del Estatuto de Autonomía establece que la Comunidad de Madrid

tiene competencias en materia de desarrollo legislativo en educación y en su

ejecución. La Comunidad de Madrid, en relación con el primer ciclo de educación

infantil, ha fijado unos precios públicos relativamente elevados y concede becas con

criterios discriminatorios. Para garantizar que haya una verdadera igualdad de

oportunidades, en esta Comunidad debería establecerse la gratuidad de la educación

de cero a tres años.

Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid a que adopte las medidas precisas para garantizar la

gratuidad del primer ciclo de educación infantil en la Comunidad de Madrid, en un

periodo máximo de cuatro años.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 4

POR UNA JUSTICIA MÁS ÁGIL, EFICAZ Y UN AUTÉNTICO SERVICIO PÚBLICO AL

CIUDADANO

La imagen que la ciudadanía tiene de la Justicia es, y lleva siendo desde hace años,

negativa. El Consejo de Europa, en su informe anual sobre el estado de la corrupción,

alerta sobre la mala imagen de la justicia española y la percepción de poca

independencia que tiene la ciudadanía en torno al órgano de gobierno de los jueces.

Existe una amplia, preocupante y, sobre todo, creciente mayoría de ciudadanos que

considera que, en conjunto, la Justicia funciona en la actualidad mal o muy mal; que

confía cada vez menos en ella, tanto por su lentitud como por su politización; y que,

además, ve con creciente alarma la ineficacia de la Justicia como mecanismo correctivo

de las conductas delictivas, y en especial de aquellas más reprobables, como la

corrupción política.

La crisis que mancha la imagen de la Justicia no es económica, sino institucional.

Proviene de las reformas del Gobierno, tanto de la Nación como de la Comunidad de

Madrid. No sólo no han atajado los problemas que ya se perciben, sino que ha

acrecentado la fractura con el ciudadano, dificultando su acceso a la justicia y

rechazando toda medida propuesta en aras a la reducción de su politización.

La actuación eficaz, imparcial y en un tiempo razonable de los tribunales castigando

estas conductas, es un instrumento imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico

para luchar contra la corrupción. El acceso a la Justicia, por su parte, es un derecho

universal de todo ser humano. Es además el derecho que protege y ampara todos los

demás derechos de nuestra Constitución. Debe, por ello, incluir la gratuidad de

prestaciones básicas, como la asistencia letrada –orientación jurídica- previa al proceso

judicial en todo caso, asistencia a los presos condenados, designación de abogados

para la acusación particular, intervención de mediador y de intérprete o traductor.

Las reformas del legislador estatal no han hecho sino empeorar la situación, pero la

Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, tampoco garantiza un pago

"digno y puntual" a los abogados del turno de oficio, ni incluye esas prestaciones

básicas, y además burocratiza innecesariamente la tramitación de las solicitudes de

justicia gratuita, lo que disuade al ciudadano de solicitar la justicia gratuita por los

obstáculos que tiene que sortear.

No se trata de hipotecar a los ciudadanos madrileños durante 30 o 40 años con la

implementación de obras faraónicas de dudosa utilidad práctica, sino de adoptar

medidas decididas para atajar los verdaderos problemas de que lleva adoleciendo la

justicia durante años y que reclaman los ciudadanos, aprovechando los recursos ya

disponibles.

Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid a adoptar las siguientes medidas:

1.- Instar al Gobierno de la Nación a que derogue la Ley 10/2012, de 20 de

noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la

Administración de Justicia, así como a paralizar la tramitación del proyecto de

Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.- Impulsar las medidas oportunas a fin de recuperar el Servicio de Orientación

Jurídica o el de Asistencia Psicológica, conquistas del Estado de Derecho que no

se pueden eliminar sin quebrar los derechos básicos que la Constitución

reconoce a todos los ciudadanos.

3.- Gestionar de forma eficaz la Justicia Gratuita; lo que, entre otras cuestiones,

significa el abono de forma puntual e íntegra de las actuaciones de los

profesionales.

4.- Realizar una auténtica labor preventiva de los casos de corrupción, tal y

como insta la memoria del TSJ, estableciendo, a través de la máxima

transparencia en la gestión pública, los mecanismos eficaces para evitarla. Ello

evitaría la saturación de los Juzgados con macrocausas que ralentizan aún más

si cabe la Administración de Justicia.

5.- Dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios personales y materiales

necesarios, realizando una adecuada y eficaz gestión de personal que incluya el

redimensionamiento de plantillas o el replanteamiento de las hasta ahora

inadecuadas medidas de refuerzo.

6.- Reconfigurar las sedes de los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid

conforme a un proyecto racional y eficiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 5

POR UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN SOLIDARIO Y TRANSPARENTE

El modelo vigente de financiación autonómica, así como también los anteriores, han

carecido de una configuración institucional que permita un buen funcionamiento del

llamado “Estado Autonómico”. A este respecto, el propio Presidente del Gobierno de

la Comunidad de Madrid afirmó ayer en el discurso que abrió el debate de orientación

política general del Gobierno que: “Los datos hechos públicos recientemente sobre las

balanzas fiscales han ratificado la contundencia de nuestros argumentos: Madrid es

hoy la región con el saldo más negativo, recibimos 16.723 millones de euros menos de

lo que aportamos: una cantidad equivalente, señorías, al presupuesto de un año de la

Comunidad de Madrid; equivalente, señorías, al 8,87 por ciento de nuestra riqueza, de

nuestro PIB. Cataluña, señorías, aporta la mitad que Madrid; Valencia, 8 veces menos;

Baleares, 16 veces menos; el resto, señorías, no solo no aportan sino que reciben más

de lo que aportan, entre ellas, el País Vasco y Navarra”.

Es preciso modificar el modelo, justo ahora que procede reformar el instaurado en el

año 2009, pero corrigiéndose los defectos del mismo para garantizar el cumplimiento

del principio de igualdad y los de rendición de cuentas con transparencia y

responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos.

En lo que respecta a la igualdad, hay que tener en cuenta que en España, junto al

régimen común, existen los regímenes forales. Estos regímenes especiales de las

provincias vascas y Navarra, en su aplicación práctica, conllevan que la financiación por

habitante a iguales competencias sea de un 160 por ciento de la media española, de

forma que sus ciudadanos gozan de un claro privilegio sobre el resto y no contribuyen

a la solidaridad como el conjunto de los españoles, ni al sostenimiento del resto de los

gastos comunes en la medida que les correspondería.

Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid a que defienda un nuevo sistema de financiación autonómica

solidario y transparente en el que los ciudadanos de País Vasco y Navarra

contribuyan a la solidaridad nacional y el sostenimiento del Estado como el resto de

los españoles.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 6

POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA TRANSPARENCIA, Y CONTRA LA

CORRUPCIÓN

En un momento en el que la crisis económica nos está mostrando la crudeza de sus

efectos -a pesar de los intentos del Gobierno por hacernos ver una recuperación

económica que los ciudadanos todavía no notamos-, ya nadie duda que en ella han

tenido mucho que ver los fallos institucionales del sistema, y las malas prácticas y

costumbres políticas. Éstos permitieron, por poner algún ejemplo, el saqueo de las

cajas de ahorro que nos llevó a ser rescatados por Europa; o innumerables casos de

corrupción, sobre los que además ni se ha actuado rápidamente ni se ha reaccionado

de forma severa, pudiendo incluso decir que estas prácticas, en algunos casos, hasta se

han amparado.

Por ello, no es de extrañar la lejanía de las instituciones y de los políticos que los

ciudadanos manifiestan periódicamente a través de las encuestas del CIS. Muchos han

perdido la confianza que tenían depositados en ellos, no les resultan creíbles ni útiles

para solucionar sus problemas. Es crucial, por tanto, para la propia recuperación

económica y para salir realmente de la crisis económica, dar a los ciudadanos una

alternativa, que no es el populismo, pero tampoco puede consistir en mantener lo que

hay a toda costa, como pretende hacer el PP con la elección directa de alcaldes y otras

reformas electorales autonómicas.

La alternativa es una democracia de calidad con instituciones que funcionen.

Para ello, hay una herramienta que es esencial: la transparencia. Y en eso al Gobierno

de la Comunidad de Madrid le queda mucho camino por recorrer. En el último índice

publicado de transparencia de las comunidades autónomas (INCAU), la ONG

Transparencia Internacional señala a Madrid como la comunidad más opaca de

España, no llegando ni a la media global de las 17 autonomías. Por tanto, es ineludible

para la Comunidad que su gobierno sea transparente, favoreciendo así la confianza en

el sistema y promoviendo la participación.

Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a adoptar las

siguientes medidas:

1.- Que en el plazo de un mes impulse un pacto de los principales partidos

políticos con representación en las instituciones de la Comunidad de Madrid

por la regeneración democrática y contra la corrupción en el ámbito

autonómico y local, debiéndose encontrar entre ellas la prohibición de integrar

en candidaturas electorales a los acusados formalmente por un delito de

corrupción.

2.- Que impulse, en un plazo máximo de tres meses, las reformas legales

necesarias a fin de suprimir en el ámbito de sus competencias todos y cada uno

de los supuestos de aforamiento de la Comunidad de Madrid.

3.- Que en el plazo de un mes publique, al menos, todos los indicadores

evaluados por Transparencia Internacional en el índice de Transparencia de las

Comunidades Autónomas (INCAU).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 7

POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA MODERNA, TRANSPARENTE Y

EFICAZ

Entrando en el último año de la presente Legislatura, un asunto que llama

poderosamente la atención es la ausencia de medidas reales de racionalización de la

administración de la Comunidad de Madrid. El coste de la perpetuación de un modelo

ineficaz, redundante y altamente politizado, tanto en términos económicos como de

calidad en la gestión pública, lastra la capacidad de la Administración de impulsar la

recuperación económica de la Región.

Es necesario reducir el número de consejerías, viceconsejerías, direcciones generales y

cargos de confianza de los gabinetes, de forma estable y planificada, así como

continuar con la reducción de entes duplicados, ineficientes, superfluos o

insostenibles, así como de las empresas y fundaciones que huyen de un control

administrativo más riguroso.

Igualmente, una Administración moderna y eficaz necesita de unos mecanismos de

provisión de puestos abiertos a toda la ciudadanía y que sigan los criterios de mérito y

capacidad, reduciendo al mínimo imprescindible los denominados cargos de confianza

y suprimiendo el enchufismo de personas afines al partido político que en cada

momento ostente el poder.

Por todo ello, la Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a la adopción de

las siguientes medidas:

1.- La aprobación de una ley que fije el número máximo de consejerías y su

estructura departamental, estableciendo la reducción sustancial de las

viceconsejerías, direcciones generales y subdirecciones generales, en el plazo

de seis meses, y reduciendo a una única Secretaría General Técnica común para

todas las consejerías.

2.- La supresión de todos los órganos duplicados o redundantes con la

Administración General del Estado, entre los que destacan la Cámara de

Cuentas y el Consejo Consultivo, y con la propia administración de la

Comunidad de Madrid.

3.- La simplificación del entramado institucional y prohibición de la forma

fundacional en la administración de la Comunidad de Madrid.

4.- La supresión de la libre designación para todos los puestos, excepto -pero

con limitaciones-, los niveles superiores al 29.

5.- Reducir drásticamente el exceso de cargos de confianza o puestos “a dedo”

en la Administración.

6.- Establecer criterios y procedimientos de selección objetivos de todos los

cargos públicos, para que los nombramientos atiendan a criterios de

profesionalidad, rigor técnico, probidad, honestidad y no a criterios de

confianza.

7.- Mejorar la formación y movilidad de los empleados públicos.