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Dip. Fed. Claudia Lilia Cruz Santiago
(Coordinadora)
“PREVENCIÓN DEL DELITO Y DISMINUCIÓN DE LA DELINCUENCIA EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES DE ÉXITO”
Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Mesa Directiva
Javier González Garza Coordinador
Francisco Javier Calzada Vázquez Vicecoordinador
Ruth Zavaleta Salgado Vicepresidenta de la Mesa
Directiva de la H. Cámara de Diputados
Mario Vallejo Estevéz Presidente de Debates
Sonia Nohelia Ibarra Franquez Administración Interna
Juan Nicasio Guerra Ochoa Proceso Legislativo
Roberto Mendoza Flores Medio Ambiente y Recursos Naturales
Holly Matus Toledo Equidad Social
Juan Manuel San Martín Hernández Desarrollo Metropolitano
Salvador Ruiz Sánchez Reforma del Estado
Jesús Humberto Zazueta Aguilar Política Internacional
Daniel Dehesa Mora Política Social
Miguel Ángel Solares Chávez Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología
Alliet Mariana Bautista Bravo Derechos Humanos y Justicia Social
Juan Carlos Barragán Vélez Representante ante el IFE
César Flores Maldonado Jurisdicción Interna
Comunicación Social
Aleida Alavéz Ruíz Área Jurídica
Alejandro Sánchez Camacho Desarrollo Económico
Rafael Franco Melgarejo Comunicaciones, Transportes y Turismo
Adriana Díaz Contreras Desarrollo Rural
Hugo Eduardo Martínez Padilla Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación y Contraloría Social
Valentina Valia Batres Guadarrama Finanzas Públicas
Claudia Lilia Cruz Santiago Política Interior
Andrés Lozano Lozano Seguridad y Procuración de Justicia
Irene Aragón Castillo Coordinación de Vigilancia de la
Administración Interna
Camerino Márquez Madrid Coordinador de Comunicación Social
ÍNDICE
PROLOGO
PRIMERA PARTE. “FORO + PREVENCIÓN, - POLICIAS, = A + SEGURIDAD”
“POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO”
Doctor Edgardo Buscaglia. Director del Centro Internacional de Derecho y Economía de la
Universidad de Columbia, EEUU; del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia
A.C. y Profesor Invitado en el ITAM, Departamento de Derecho.
“SISTEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA DISMINUCIÓN DE
FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES DE LA
POBLACIÓN JUVENIL”
Carlos Cruz Santiago. Director General de Cauce Ciudadano, A. C. y Miembro de la Red de
Emprendedores Sociales ASHOKA.
“LOS PRESUPUESTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO”
Hilda Araceli Moreno Acosta. Integrante de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social,
A.C.
“LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PREVENCIÓN DEL DELIT”.
Atro Emilio Álvarez Icaza. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SEGUNDA PARTE. “SEMINARIO HACIA UNA POLITICA EFECTIVA DE PREVENCIÓN DEL
DELITO”
“LAS REFORMAS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE JUSTICIA”
Dip. César Octavio Camacho Quiroz, Presidente de La Comisión De Justicia.
“LAS REFORMAS PENDIENTES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD”
Dip. Fed. Omeheira López Reyna, Presidenta de La Comisión De Derechos Humanos.
“REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LEY DE
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA”
Dip. Fed. Andrés Lozano Lozano, Integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
“CONOCIMIENTO ACTUAL Y ESTADÍSTICO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL Y ADULTO
JOVEN EN MÉXICO”
Lic. Marcos Fastlict Sackler, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR.
“SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO”
Carlos Cruz Santiago, Director General de Cauce Ciudadano A.C. y Miembro de la Red de
Emprendedores Sociales ASHOKA.
“MENOS REPRESIÓN, MÁS SEGURIDAD”
Dr. Irvin Waller, Presidente del Centro Internacional para la Prevención de la Delincuencia en
Montreal y Profesor de Criminología en la Universidad de Ottawa.
“LÍMITE Y COSTO DE LAS ESTRATEGIAS ACTUALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
PARA EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA”
Dr. Edgardo Buscaglia, Director del Centro Internacional de Derecho y Economía de la Universidad
de Columbia, EEUU; del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C. y
Profesor Invitado en el ITAM, Departamento de Derecho.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
TERCERA PARTE
1. DESARROLLO DEL TALLER
Grupo de Trabajo sobre la prevención
2. PRODUCTOS
2.1. Matriz Uno
2.2. Recomendaciones
3. CONCLUSIONES DEL TALLER
4. CONCLUSIONES GENERALES. DR. EDGARDO BUSCAGLIA. Políticas Públicas para la
Prevención de la delincuencia organizada
5. SÍNTESIS CURRICULARES DE LAS AUTORAS Y AUTORES
Doctor Edgardo Buscaglia.
Ciudadano Carlos Cruz Santiago
Licenciada Hilda Araceli Moreno Acosta
Mtro. Emilio Álvarez Icaza
Lic. Marcos Fastlicht
Dr. Irvin Waller
6. ANEXOS
5.1. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 5.2. Lista de Asistencia al Seminario 5.3. Diapositivas
Dr. Edgardo Buscaglia C. Carlos Cruz Santiago Lic. Hilda Araceli Moreno Acosta Dr Irvin Waller
Prologo
Diputada Federal Claudia Lilia Cruz Santiago
Integrante de las Comisiones de Justicia, Equidad y Género
Coordinadora del área de Política Interior de Grupo Parlamentario del PRD.
El incremento en los índices de criminalidad y los niveles escandalosos de impunidad que en los últimos
años hemos vivido, han provocado el reclamo social en todos sus niveles, y la respuesta de los gobiernos
siempre ha sido la misma: más armas, más policía, más represión.
Las políticas represivas que en México se han realizado para combatir la delincuencia a través del
aumento del número de policías, sin capacitación alguna, el aumento de población en las cárceles; el
poco interés para combatir la corrupción en los distintos sectores sociales; solo demuestra que no existe
una estrategia de prevención integral y efectiva para disminuir la delincuencia.
Hemos reducido nuestras políticas de prevención a sólo pretender fomentar la cultura de la legalidad, sin
reducir los índices de impunidad; a revisar la mochila de las y los niños en las escuelas, sin que se tenga
un programa educativo sólido, que asegure altos niveles educativos e inhiba la deserción escolar; a crear
programas de atención a la farmacodependencia, sin ofrecer opciones de vida para las y los jóvenes; es
decir, nos hemos focalizado en sólo algunos aspectos y no en el todo.
No hemos sido capaces de brindar una verdadera atención integral a las víctimas de delitos, no hemos
podido reducir la violencia en los hogares, en especial la que sufren la infancia y las mujeres; tampoco
hemos podido ofrecer a las y los jóvenes habilidades para la vida, que les permitan desarrollarse en todos
los ámbitos y participar en la construcción de su país. Es evidente que la delincuencia nos los esta
arrebatando.
Es por ello, que se requiere la difusión y explicación de programas, acciones o políticas exitosas
implementadas por las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en diversos sectores como
son salud, educación, desarrollo social, trabajo.
Esta participación de los sectores se puede hacer a través de un “Gabinete Político de Prevención del
Delito” en donde coadyuven en la elaboración y aplicación en las acciones tendientes a la prevención.
Las estrategias o acciones que se aplicarán para la prevención de la seguridad, surgen de la necesidad de
atacar los factores de riesgo, a los que se encuentra expuesta la población afectada, principalmente
niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, como son la disfunción familiar, abuso
sexual, bajos niveles de desempeño o abandono, en el ámbito escolar, la pobreza, desempleo,
drogadicción, etc.
A través de las reformas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sé pretende cambiar esa vieja concepción de
prevención del delito y establecer como objetivos la detección y erradicación de los factores de riesgo
que generan la delincuencia, la atención integral a víctimas, la participación ciudadana y la reinserción
social de los transgresores.
El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso efectivo e igualitario a la justicia, a través de un
equilibrio entre la aplicación de las normas y el respeto de los derechos humanos, por lo que se busca
modificar el sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que cumpla con los estándares internacionales
en dicha materia, pero sino existe ese acceso efectivo e igualitario, este sistema no cumplirá con su
cometido, es decir no más impunidad, ni violación de los derechos de las víctimas.
De nuevo estamos ante los resultados desastrosos del paradigma de que la defensa sólo es para el
acusado y no para la víctima, que en el proceso penal los únicos que pueden intervenir son el Juez, el
procesado y el Agente del Ministerio Público, y lo que consideramos más grave, que el acusado debe
siempre tener más derechos que la víctima. Eso es lo que ha ocasionado una constante y sistemática
violación a los derechos de las víctimas, quienes no acceden a su derecho a la verdad, es decir a que se
investigue el delito cometido en su contra, a que no se sancione a quienes lo cometieron y en
consecuencia a que no se le repare el daño.
Además de lo anterior, debemos decir que si el Estado no garantiza un acceso efectivo a la Justicia, las
víctimas de la delincuencia jamás serán atendidas. Lo anterior es así porque el acceso efectivo a la
justicia tiene que ver con la creación de un sistema de defensa de calidad que incluya la orientación,
asesoría jurídica y defensa ante los tribunales, no sólo de las personas que presuntamente cometieron el
delito, sino de todas aquellas que por cualquier razón se encuentren en desventaja con su contraparte, así
como la regulación de los medios alternativos de solución de conflictos que privilegien los arreglos
reparatorios, antes que la contienda ante los tribunales, siempre y cuando se haya conseguido equilibrar
a ambas partes y ninguna tenga ventajas sobre la otra.
Por lo que, el desafío primordial de la prevención, es la canalización de una serie de recursos suficientes,
para que las acciones, estrategias y políticas que se van implementar sean eficaces a un corto y largo
plazo, estando en la posibilidad de bajar las tasas de delincuencia y por consiguiente las tasas de
victimización.
Cambiar paradigmas no es sencillo y no se lleva a cabo de inmediato, la experiencia que tenemos en
materia de la lucha por la igualdad de las mujeres así lo demuestra, por lo que hoy es urgente que
comencemos a realizar este cambio y por ello es que convocamos a este seminario del que se obtendrá
un diagnostico del estado de la prevención del delito en México que nos permita emitir un reporte que
contenga estrategias integrales que requiere nuestro país para tener una efectiva política pública en la
materia.
Por ello, para poder implementar las estrategias necesarias requeridas, se ha invitado a los diputados que
integran las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública, que son ejes rectores de la
prevención del delito y que en esta LX legislatura, se han preocupado por construir una serie de salidas
que ayuden a disminuir la violencia en México, de igual forma, se invito organizaciones de la sociedad
civil, instancias de gobierno que se han preocupado por establecer una serie de acciones y/o estrategias a
lo que actualmente esta pasando en México y que tiene que ver con la inseguridad y delincuencia
organizada.
Es importante señalar que fue fundamental crear, modificar e implementar reformas y estrategias
legislativas que combatieran, lo que hasta hoy, es uno de los problemas más grandes en nuestro país, la
delincuencia organizada, a través de la modificación del Sistema de Justicia Penal Mexicano,
considerado como un sistema inquisitivo, buscando la transformación a un sistema acusatorio, en donde
exista siempre un proceso pronto y expedido, la presunción de inocencia, que la víctima tenga un papel
protagónico dentro del procedimiento, una oralidad en el juicio, que el juez sea el rector del
procedimiento y en su caso de modificaciones a la sentencia, otro juez con el mismo rango judicial
pueda modificarla, así como, la utilización de las figuras de Arraigo y Extinción de Dominio, como
figuras de control eficaz.
La observación e implementación de los derechos humanos, es un tema fundamental en las políticas
tendientes a la prevención del delito, es por ello que se hizo hincapié en este tema, ya que no se puede
entender una política de prevención sin salvaguardar tales derechos, es decir, las condiciones de igualdad
y oportunidad, deben ser garantizadas en todo momento a las personas, sin importar la calidad en la que
se encuentren en un procedimiento, ya sea este penal, administrativo, laboral o civil, ya que esto no
significa que no puedan gozar de ciertas prerrogativas subjetivas que han sido plasmadas en la
Constitución y en Tratados Internacionales.
Las reformas mencionadas en el Sistema de Justicia Penal Mexicano y la observancia de los Derechos
Humanos, no son suficientes para implementar una política de prevención, también se requiere una
cambio radical en la estructura de seguridad pública, por lo que fue de cabal importancia hablar sobre las
reformas realizadas en la Constitución en materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en donde se explica la creación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y tres centros, que tienen como objetivo el control y regulación de los integrantes de las
instituciones de seguridad y de los policías, ya que dentro de este grupo es donde más se da la
corrupción y la inseguridad, generando desconfianza en la ciudadanía.
En cuanto a la población que incide con mayor frecuencia en la delincuencia se encuentra el grupo
infantil y juvenil, es por ello que se hizo referencia al conocimiento actual y estadístico de la
delincuencia juvenil en México, en donde se señala la edad promedio en que los jóvenes empiezan a
delinquir, las causas por las cuales ingresar a dichas actividades, el trato injusto o desigual que se les da
dentro del procedimiento, la ineficiencia del sistema de justicia que existe y la participación de la
ciudadanía como garantía consagrada en la Constitución, con la finalidad de coadyuvar en el
establecimiento de políticas preventivas.
También se dio espacio a las asociaciones no gubernamentales, con la finalidad de que aportarán sus
experiencias en este tema y presentaran el trabajo que vienen realizando, como es el caso de “Cauce
Ciudadano”, el cual, a través promueve estrategias o acciones de prevención eficaces, primero promover
la salud entre los jóvenes, y luego previene a través de identificación de factores de riesgo, en las
distintas etapas de su vida y por último la rehabilitación.
Por otro lado, se habla de establecer como una forma de acabar con la delincuencia en México, un
sistema costo-eficacia, mediante la implementación de los recursos en programas específicos para la
prevención de la seguridad y no en acciones de represión tendientes a aumentar el número de cárceles o
de presos y de policías en las calles, así mismo se hace una serie de comparaciones con programas
implementados en varias ciudades del mundo como Bogotá, Colombia, Boston, EEUU y Canadá, en
donde se ha aplicado el sistema de prevención y que han dado muy buenos resultados.
Se compara el combate de la delincuencia y la prevención con la figura de un automóvil, esto es, las
cuatro ruedas serían la persecución de los delincuentes, la desincorporación financiera y patrimonial de
las empresas criminales, el combate de la corrupción política y la creación e implementación de cuerpos
normativos eficaces y, la prevención que en sentido figurado, es el motor que necesita ese vehículo para
que pueda andar. Esto es, el Estado para desmantelar las organizaciones delictivas, las cuales se
encuentra conformadas por tres bases de organización (social, política y técnica-operativa), en donde se
encuentran inmiscuidos personas físicas y morales, los servidores públicos, partidos políticos, etc., debe
de fomentar políticas preventivas que combatan estas tres bases, la creación de instituciones que
implementen las políticas y la participación de organismos tanto gubernamentales como no
gubernamentales, para que se pueda disminuir las incidencias delictivas que existen en el país.
Es por ello, que la participación integral tanto de la Ciudadanía, como del Gobierno Federal, Estatal,
Municipal y Delegacional, las Instituciones Públicas encargadas a la Seguridad Pública y las
Asociaciones Gubernamentales y No gubernamentales; quienes deberán crear, modificar e implementar
acciones o políticas de prevención capaces de prevenir los delitos y no de coaccionar o reprimir y de
leyes eficaces, pues es de suma importancia para que en México se pueda dar mayor seguridad a la
población en general.
Primera Parte
“Foro + Prevención,
- Policías,= a
+ Seguridad”
“POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO”
Doctor Edgardo Buscaglia1
Director del Centro Internacional de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, EEUU
Director del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C.
Profesor Invitado en el ITAM, Departamento de Derecho
Allá por los años 90, comenzamos a asesorar a jueces y a fiscales, llegando a 107 países, en donde
hemos trabajado con las Naciones Unidas y el Banco Mundial en esa época, nos íbamos dando cuenta
que profundizar en la efectividad de las instituciones dedicadas a la represión del delito, era una
condición necesaria, pero lejísimos de ser suficiente para poder disminuir los índices de delincuencia
organizada y asociaciones delictuosas.
Por lo tanto, como capacitador e instructor de jueces y fiscales, así como consejero de agencias de
inteligencia financiera llegué a la conclusión que además de todo eso faltaba el instrumento básico en la
sinfonía, que era el de atacar el problema de prevención en sus raíces. Cuando digo atacar, no me refiero
a una guerra, me refiero atacar al problema de identificar cuáles son los actores de riesgo, factores de
riesgo, que te generan un ambiente social, familiar, escolar, que hace que un niño que hoy tenga 12 años
en dos o tres años decida formar parte de la delincuencia.
Prevención no es poner más cámaras, prevención no es saber dónde van a estar los delincuentes la
semana que viene robando un banco; prevención es atacar los factores de riesgo social, familiar, escolar,
adicciones, factores de riesgo, que hay que neutralizarlos, para que un niño que hoy tiene 12 años, en dos
años no tome esa decisión de formar parte de un grupo criminal, de una pandilla, de una banda. Por lo
tanto, me puse a investigar a lo largo de estos dos últimos años, cómo habían funcionado los sistemas de
prevención en 107 países.
Por mi lado, les voy a explicar en el ángulo internacional, un poco sobre la prevención y las
organizaciones civiles que trabajan en muchas partes del país y en el DF, aislados, sin fondos y sin el
1 Texto editado de la versión estenógrafo
apoyo adecuado como para trabajar en una red nacional de prevención, como es el caso de Cauce
Ciudadano.
¿Qué es lo que tendría que haber por parte del gobierno? Les voy a dar una síntesis clara, miren, ustedes
en México están en este momento enfrentando uno de los desafíos más importantes de su historia. La
situación de seguridad pública y todavía mas importante amenaza a la seguridad democrática. Nos
tendríamos que remontar a la Revolución Mexicana para encontrar situaciones similares de Estado
fallido o de Estado debilitado.
No se va a salir de este infierno sin o a través de una política nacional de prevención, pero cuando digo
prevención, digo operativamente implementada, donde todas las instituciones del sector público tienen
un rol, para que esta prevención simplemente opere, pero no se puede implementar solamente a través
del Estado, el Estado solo no puede enfrentar este infierno y disminuir los índices de delincuencia
organizada, no únicamente se dedica al narcotráfico, sino a trata de seres humanos, tráfico de seres
humanos, tráfico de armas, secuestros, extorsiones y 22 tipos de delitos adicionales. Necesitan a la
sociedad civil. Ningún país logró disminuir los índices de delincuencia organizada y asociaciones
delictuosas sin acudir a una alianza operativa de campo entre sociedad civil y Estado.
Los norteamericanos descubrieron esto en Irak, hace un año y medio, porque no podían bajar los índices
de violencia; los colombianos lo descubrieron hace tres años, cuando el presidente Uribe tuvo que
empezar a implementar un programa con sociedad civil operativo, y aquí en México lo vamos a
comenzar a implementar a partir de ahora, no hay otra solución. En esto obviamente tiene que estar más
que la Secretaría de Seguridad Pública involucrada, tiene que estar más que la Secretaría de Defensa
involucrada; la Secretaría de Desarrollo Social tiene que estar sentada en gabinetes de seguridad pública
y en cada una de las entidades federativas e identificar los focos rojos, los diferentes factores de riesgo.
Es una introducción la que les estoy haciendo, para que tengamos conciencia de la importancia de este
tema como estrategia en la lucha contra la delincuencia compleja. Entonces, siempre utilizo como
metáfora las cuatro ruedas de un auto, ningún auto puede echarse a andar sin cuatro ruedas y en México,
cuando uno examina la estrategia que está aplicando el Estado, en la lucha contra la delincuencia
organizada, en el mejor de los casos hay una estrategia policial e impulso de causas penales por parte de
fiscales inadecuadas, que permite detener a la persona física.
Lamentablemente, no tenemos tipificado en el Código Penal a la persona jurídica, a la persona moral.
Ése es un dato pendiente que nos queda, para que México lo evalúe como país soberano, es algo que se
tiene que abordar, pero después faltan las otras tres ruedas adicionales: atacar la base patrimonial de la
delincuencia organizada, que no son solamente es “El Chapo Guzmán” o los “zetas”, sino todo el
conjunto de miles de empresas, ONG’s; en algunos países, iglesias, sindicatos, que les sirven de base
patrimonial a la delincuencia organizada.
No les quepa la menor duda de que no se está identificando la delincuencia organizada por lo que es;
estamos combatiendo a un adversario, un enemigo sin realmente tipificarlo en forma adecuada, sin tener
un dibujo del mapa patrimonial con el que cuentan. El empresario que le lava miles de millones de
dólares en Guatemala y en Francia al “Chapo” Guzmán o a los “zetas” y al cartel del Golfo es una
extensión de la misma mano que lanzó las granadas en Morelia y, hay que considerarlo así.
La tercera rueda, es atacar la corrupción a los más altos niveles del Estado y para eso obviamente tendría
que existir una unidad de investigación patrimonial en cada una de las entidades federativas operando en
red, todas juntas, en tiempo real, con la unidad de inteligencia financiera federal para identificar esa base
patrimonial e identificar a los funcionarios públicos que le sirven de base a la delincuencia organizada,
porque el funcionario público corrompido por los grupos criminales forma parte de la delincuencia
organizada y la cuarta rueda, que es la de prevención.
Ningún país pudo bajar los índices de delincuencia organizada y asociaciones delictuosas sin un
Programa Nacional de Prevención Operativo, no me refiero a reuniones en el Palacio Nacional y shows
en el Sheraton, me refiero a programas operativos, donde el Estado actúe como catalizador en la
formación de una red de organizaciones no gubernamentales, como Cauce Ciudadano, que están
trabajando en México para neutralizar los factores de riesgo asociados a que un niño de 12, 14 años
cometa delitos en un año o dos. Obviamente, el Estado no tiene la información para saber en dónde están
los factores de riesgo en las pequeñas colonias, en los pequeños vecindarios, las organizaciones, tienen
esa información, saben quién está robando, quiénes están delinquiendo en su vecindario.
El Estado no puede saber esas cosas, ellos tienen una ventaja comparativa sobre el Estado, por lo tanto
debe haber una alianza entre el Estado y la sociedad civil, porque el Estado necesita esa gente y ellos
necesitan al Estado. Es una relación mutuamente beneficiosa sin fines de lucro, que es lo más
recomendable.
Entonces, eso lo deben estar implementando ya en cada estado, en cada entidad federativa de la
república. Volvemos al ejemplo primordial, Cauce Ciudadano, se dedica a neutralizar los factores de
riesgo asociados a la ausencia de habilidades de vida, qué hacen con un niño que no tenga ninguna
habilidad de vida o un adolescente que se encuentra tentado o expuesto a cometer delitos que otro niño,
que sí tienen habilidades de vida, jóvenes que sí tienen habilidades de vida, que tienen los anticuerpos
necesarios para no estar cayendo en la tentación en el futuro, de formar parte de estas pandillas.
Carlos Cruz, Director de Cauce Ciudadano, les va a comentar cómo es que realizan su trabajo con las
enormes limitaciones que ellos tienen, sin el apoyo del Estado, sin la asistencia técnica de gente como
nosotros, mientras que las organizaciones no gubernamentales que ustedes ven por televisión todas las
noches se dedican a ir al Sheraton a explicarles los observatorios que tienen, con grandes contratos de
cientos de miles de dólares.
Hasta que no salgamos de esta espiral y comencemos a asignarles trabajo a ellos, a los que están en el
campo trabajando, que conocen esa información, que la practican todos los días y el Estado busque esta
alianza operativa con ellos, para que ellos puedan formar una red. Ya que no pueden formar una red con
las 51 organizaciones que el estado, tiene identificadas en el país. ¿Cómo la va a formar si no tiene
capacidad ni técnica ni financiera para hacerlo? Ahí es el Estado el que debe catalizar esa Red Nacional
de Prevención del Delito en lo que compete a los factores de riesgo por falta de habilidades de vida, falta
de trabajo, falta de conocimientos de informática y cuestiones de ese tipo.
La experiencia internacional, nos demuestran el fracaso en que se viene trabajando, con respecto a la
Prevención. En los países de la OCDE, del cual México forma parte, se observa que los niveles de vida
mejoran desde los 60, pero los índices de criminalidad continúan aumentando.
Las políticas represivas, ligadas al Sistema de Administración de Justicia Penal le costó a Estados
Unidos, por ejemplo 220 mil millones de dólares al año, en 2007 y 135 mil millones de dólares a la
Unión Europea.
En México no existen ejemplos de estadísticas sobre las políticas represivas, es por ello que ejemplifico
con Estados Unidos, en donde hay una carencia en sus políticas preventivas, por eso tienen los niveles
de adicción, y de violencia que ustedes observan en el país vecino. Ha focalizado sus recursos en
políticas represivas, que como les dije, es una condición necesaria, pero lejos de ser suficiente.
Estados Unidos paga el doble que Canadá para mantener al Sistema de Administración de Justicia Penal.
Encontramos que tienen más violencia, más adicciones, más delincuencia organizada, que Canadá, que
sí aplica políticas de prevención adecuadas.
Imagínense, ahí tienen un ejemplo de que las políticas represivas, cuando se ponen “todos los huevos en
la misma canasta”, si se aplican todos los recursos solo a las políticas represivas, el caso de México, en
donde hay un jefe de policía llamado Genaro García Luna, que quiere aplicar 39 o 40 por ciento,
normalmente no es la solución al problema de delincuencia que tenemos en el país. Tienen que “ponerse
los huevos” en diferentes canastas y eso es algo muy importante de entender. La policía tiene un rol
importantísimo en el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil con estos grupos, como las
organizaciones civiles.
Lo anterior no quiere decir que la policía no debe intervenir; sino que se demuestra que una política
represiva simplemente da resultados limitados, que es lo que les vengo diciendo hasta ahora y les está
hablando una persona que se dedica a capacitar fiscales.
No toda la solución está en la capacitación de jueces o fiscales, en una política represiva, ni tampoco es
la más efectiva, en términos de resultados y de costos, el mejor resultado está en seguir una solución más
“a lo canadiense”, que ha “puesto los huevos en diferentes canastas”; no solamente en una. A eso va un
poco el mensaje que les quiero lanzar, para que lo tengan claro.
Las tasas de criminalidad per capita con violencia son mayores en Estados Unidos, que en Europa, sin
embargo, las tasas sin violencia son similares. Es algo muy interesante; vean ustedes cómo la prevención
del delito en Europa y en Canadá atacan a aquellos tipos de delitos graves, no los de “cuello blanco”,
pero sí te ataca los tipos de violencia progresiva, que es muy importante entenderlo.
Las tasas de criminalidad per capita con violencia son 2 a 7 veces mayores en zonas urbanas, que en
zonas rurales o suburbanas. Dos tercios de los delitos comunes con violencia son cometidos por menores
de 25 años o menos. Las variaciones intertemporales pueden explicarse en parte por cambios de
distribución de la población. El hecho que Estados Unidos ha experimentado reducción del delito en
Nueva York, en Chicago, en los últimos 15 años, tiene mucho que ver con que ese enorme tsunami de
población que nació en el período 1945, 1953, que ya no delinquen tanto. Hay un factor demográfico
que se debe tener en cuenta también.
Guilianni se adjudicó una gran victoria en Nueva York, en reducción del delito. Cuando hablo con los
policías con los que trabajo, les explico que Chicago, Los Ángeles y otras ciudades, experimentaron
reducción al mismo tiempo que la reducción que empezó con Giulianni, y la cual habia iniciado con el
alcalde anterior.
Le vendieron la idea de Giulianni a los mexicanos pagándoles no se cuántos millones de dólares, que
eran 120 puntos de represión, cuando tendrían que haberle dicho la verdad. Por ejemplo los afro-
estadounidenses representan 13 por ciento de población norteamericana y a la vez representan casi 50
por ciento de población penitenciaria. Hay problema de marginalidad real. No es cuestión de asignarles
puntos a ellos o a los otros, es enfocarse en ver qué está causando esto.
Otros Factores
• Minorías Marginadas (Caso Francia y USA)
• Afro-estadounidenses que representan un 13 % de la población de USA, a la vez representan casi un 50 % de la población penitenciaria estatal y 31% de la federal en USA
• Si uno descuenta a las minorías de la tasas de homicidios en USA, uno se encontraría que las tasas Europeas y de EU son similares.
Si se descuentan las minorías de las tasas de homicidios en Estados Unidos, se encontrará que las tasas
europeas y norteamericanas son similares. Estados Unidos se distingue por tasas de homicidios tres
veces superiores a las europeas. Si se descuentan de la tasa de homicidios los cometidos por
afroamericanos y minorías raciales, hay similares tasas de homicidios. Es muy interesante. Hay un factor
de prevención latente en Estados Unidos, que no se ha implementado adecuadamente.
Mi presentación comienza con críticas al país vecino, que tiene mucho que ver con lo que sucede en
México. Pero tampoco hay que asignarle todo al país vecino; hay que atacar los problemas que tenemos
aquí; el 6 por ciento de los jóvenes cometen aproximadamente el 50 por ciento de los delitos en Estados
Unidos y el 7 por ciento cometen 45 por ciento de los delitos, en países que son integrantes de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
¿Cuáles son las características socioeconómicas, psicológicas y criminológicas, de este 6 por ciento?
Familias disfuncionales, familiares delincuentes, bajo coeficiente emocional o intelectual, mal
desempeño escolar, pobreza con falta de habilidad requerida, falta de entrenamiento en algo, desde
música o lo que sea, uso y abuso de alcohol y drogas.
Factores de riesgo, que solo se abordan con políticas represivas. Si conversamos con una persona que
trabaja en la policía de los estados, te dice: estos factores se pueden abordar con política preventiva.
Esto está probado no sólo por un servidor, está probado por el libro llamado “Menos represión, más
seguridad”. El autor es uno de los tres criminólogos más importantes del mundo, ahí se prueba lo que
acabo de mencionar.
La hipótesis de disuasión, es una forma diplomática para decir hipótesis represiva, nos dice que la
delincuencia reacciona significativamente ante cambios de los costos esperados de cometer un crimen.
¿Qué quiere decir eso? Los que apoyan a Giulianni asumen, que cuando se está pensando en cometer un
delito pondero, con todos los factores de percepción que tengo en la cabeza: desesperación por no tener
trabajo, porque me pagaron muy poco, por tener un vicio como el alcoholismo. Yo pondero los costos y
los beneficios.
Es decir, el costo es el que impone el sistema represivo: policías, jueces, asumiendo que los eslabones
del sistema de administración de justicia trabajan con efectividad; que es un gran supuesto. El índice de
impunidad en México es de 99 por ciento, que de 100 delitos en México, uno en promedio llega con
sentencia final condenatoria, asociada a ese delito. Estoy partiendo del supuesto de que la represión
funciona, cosa que sabemos, no funciona adecuadamente.
Waller (2006) Less Law, More Order
12
Delincuencia Registrada a través del Departamento de Policía de
New York Police: 1980-2000
Esta hipótesis del costo tuvo auge en los años 80 en Estados Unidos, pues se dijo que se experimentó
una disminución del costo esperado de cometer un delito, porque los jueces no aplicaban sentencias con
efectividad y las penas eran muy bajas. Eso quiere decir la hipótesis de Giulianni. Lo que hicieron los
norteamericanos es aumentar la pena muchísimo, 5, 6, 7 veces. El costo esperado se redujo en los años
80, de 22 días en los años 70, a 11 días de prisión en el 82. El costo esperado quiere decir la probabilidad
de que tú cometes un delito y se te sentencie multiplicando la probabilidad por los años de cárcel, la
probabilidad era tan baja que te daba sólo 11 días.
Si hay un 1 por ciento de probabilidad de que a mí se me aplique una sentencia de 50 años, un 1 por
ciento, ¿cuál es el castigo esperado real, 0.01 multiplicado por 50, ¿qué te da eso? 50 días, increíble. El
castigo real esperado de un delincuente mexicano hoy en día es de 50 días a pesar de que el código dice
50 años de prisión. Es interesante ver cómo estos tipos calculan. ¿Qué haces tú? aumentas las penas,
tienes que aumentar la efectividad del sistema de administración de justicia. Eso no es toda la solución, a
los norteamericanos les fracasó; siguen teniendo tasas delictivas mucho mayores. Esto produjo explosión
de criminalidad urbana en Estados Unidos.
De lo anterior, se desprende el porque los papeles demográficos, ayudaron a Giulianni cuando accede a
su posición, ya la delincuencia en New York venía disminuyendo. Esto es lo que no les mostró nadie y
que está en el libro antes mencionado.
Los ejemplos de la delincuencia afectan a todas las personas. Las víctimas tienden a divorciarse del
sistema de administración de justicia, no sólo por falta de atención a víctimas que a veces las hay, sino
por el hecho de que las condiciones psicológicas de una víctima violada, en muchos casos es tan
vulnerable que ni siquiera le permite acudir a las autoridades para denunciar ese hecho. Afecta
negativamente a los contribuyentes. En Estados Unidos es un disparate lo que gastan en el sistema
carcelario, judicial y demás, es difícil obtener resultados a corto plazo con una política de represión,
solamente, dije, uno de cada cuatro canadienses son víctimas de todo tipo de delitos.
Statistics Canada: Victimization -2004
14
Las encuestas de victimización indican que:
• 1 de cada 4 Canadienses son víctimas de al menos un tipo de delito;
• 1 de cada 3 Estadounidenses son víctimas de al menos un tipo de delito
• 1 de cada 2 Mexicanos son víctimas de al menos un tipo de delito
• 1 de cada 6 ciudadanos –en promedio-de la OCDE son víctimas de al menos un tipo de delito
Las encuestas victimológicas, son encuestas de donde se obtienen las cifras negras, es decir el porcentaje
de delitos que no se denuncian. La ONU hace este tipo de encuestas continuamente. Uno de cuatro
canadienses son víctimas de algún tipo de delito. No necesariamente con violencia. De algún tipo de
delito. Uno de cada tres estadounidenses son víctimas de algún tipo de delito y uno de cada dos
mexicanos son víctimas de algún tipo de delito. Uno de cada seis ciudadanos, en promedio en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son víctimas de algún tipo de delito. Esto
incluye los delitos que se reportan y los que no se reportan.
1Waller (2006) Less Law, More Order
Gastos directos del sistema de justicia penal estadounidense en billones de dólares 1982 -2003
Porcentaje Incrementado 1982 -2003
Ajustado a la inflación
En esta grafica muestra lo que se gastó en los sistemas de administración de justicia. Aumentó el
presupuesto de policía, entre el año 92 y el 2003 —esto es para sacarles de la cabeza el tema de que
darle más dinero a la policía, esto va a resolver el problema— aumentó en un 137 por ciento. El aumento
al sistema penitenciario fue del 265 por ciento, en términos reales, el aumento al sistema judicial fue de
un 191 por ciento.
Si analizamos los índices de impunidad en Canadá, vemos que Canadá tampoco es un paraíso. En
Canadá, si tú tomas las cifras de delitos totales que te reportan las víctimas. No las que reportan a las
instituciones, sino las que ellas reportan en las encuestas, ellos y ellas, encontramos que solamente un
cuatro por ciento de todos los delitos que las víctimas reportan que tienen ligada una sentencia final
condenatoria.
Indicies de Impunidad en Canadá
Asaltos Asaltos S
exuales
Robo en c
asa -habita
ción
Robo Otros delitos
Victimización
Cambio de delitos en el código penal
Reporte de policías
Delincuentes detenidos
4 %
7 %
33 %
100 %
El indice de sentencias ejecutadas ligadas a homicidios es del 85 % en Canadáy del 79% en EUA.
En realidad Canadá tiene un 96 por ciento de impunidad, que es algo gravísimo.
Las experiencias ambientales, que rodea a la pobreza con adicción, pobreza con falta de escolaridad,
pobreza con disfuncionalidad familiar, pobreza con violencia, pobreza con falta de habilidades de vida,
el medio ambiente, las experiencias ambientales dentro del entorno familiar y escolar afectan los
comportamientos antisociales de los menores de edad en el futuro. Eso es el foco que debemos abordar y
esta comprobado con los estudios realizados por un Frances y un Canadiense expertos en el tema de la
prevención.
Invertir en el desarrollo funcional del ámbito familiar a través de mentores, por ejemplo, que son
adolescentes que les sirven de guías a niños o a niñas que están ligados a familias disfuncionales donde
hubo abuso físico, abuso sexual y otro tipo de cosas, son experiencias europeas y canadienses que han
dado enormes resultados.
Waller (2006) Less Law, More Order
17
INVERTIR PARA PREVENIR
–Las experiencias ambientales dentro del entorno familiar y escolar afectan los comportamientos antisociales de los menores de edad
• Estudios longitudinales
–Invertir en desarrollo funcional del ambito familiar • Adolescentes –mentores ligadas a escuelas, escolaridad….
–Variar el ambiente escolar para sanearlo de oportunidades y prácticas de violencia
–Invertir en mantener al joven ligado a trabajos comunitarios (habilidades de vida, artes, deportes, etc.)
¿Cómo se sabe que dan resultados? Muy simple. Tú tomas mil niños y niñas que han estado en
situaciones de alto riesgo por las razones que les dije antes. Y los vas siguiendo a través de 10 años, por
eso se les llama “estudios longitudinales”, vas viendo cómo esos niños y niñas reaccionan después de 10
años comparado a otro grupo de control separado, de mil niños y niñas, que no han tenido los beneficios
de ese apoyo de Organismos No Gubernamentales, como Cauce Ciudadano, ves que la reducción de la
delincuencia futura, en ese grupo que recibió apoyo de mentores, es del 74 por ciento. Entonces, esos
niños y niñas que recibieron apoyo de prevención a los 10, 12 años, donde estaban rodeados de
adicciones, violencia familiar, falta de escolaridad, cometen en 10 años 74 por ciento menos delitos.
Por otro lado, la policía en Canadá está íntimamente involucrada en apoyar a esta gente en cada una de
estas ciudades. No hay ningún divorcio entre el Estado y la sociedad en este sentido. La policía puede
dar asistencia técnica. No reprimir en esos casos. Si él te va a decir a ti “mira, acá hay cuatro chicos que
están consumiendo drogas”, obviamente la policía no va a ir a detenerlos y procesarlos. Hay toda una
infraestructura de apoyo a las adicciones en donde la policía se transforma en un elemento coadyuvante
y no de represión en ese sentido es lo que entendemos sobre la Prevención.
Como se demuestra en la siguiente grafica jurimetríca, van a encontrarse que cinco por ciento de los
jóvenes de 14 a 22 años se vincula al 55 por ciento de los delitos en la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, incluyendo México. Este estrato, cinco por ciento de estos jóvenes enfrenta
factores de riesgo específicos que les mencioné antes. Ese cinco por ciento de jóvenes que comete el 55
por ciento de los delitos en México, en promedio, están ligados a factores de riesgos que tenemos que
neutralizar.
Waller (2006) Less Law, More Order
18
Prevención situacional• 5% de los jóvenes (14-22) se vincula al 55% de los
delitos– Este estrato (5%) enfrenta factores de riesgo
específicos: pobreza relativa combinada con ámbitos familiares y de escolaridad disfuncionales
• 4% de las víctimas componen el 44% de la victimización–Por rutinas de vida expuestas al delito–Vulnerabilidad debido a la cercanía a los centro de
oportunidad (es decir, por estar cerca de los que cometen delitos. Por ejemplo, localizadas cerca de los puntos de distribución de narcomenudeo.)
Hussein 2006
19
Focalizarse en Factores de RiesgoFamilia
DisfunciónAbuso
ConflictoBaja Supervisión
Familiares delincuentesFalta de Cohesión
FamiliaDisfunción
AbusoConflicto
Baja SupervisiónFamiliares delincuentes
Falta de Cohesión
IndividualAbuso de Drogas y Alcohol
Baja motivacionAgresividad
Bajo nivel de autocontrolBaja capacidad de Int. social
IndividualAbuso de Drogas y Alcohol
Baja motivacionAgresividad
Bajo nivel de autocontrolBaja capacidad de Int. social
EducaciónBajos niveles de desempenio
AusentismoAbandono Académico
Bajo nivel de motivaciónProblemas de comportamiento
EducaciónBajos niveles de desempenio
AusentismoAbandono Académico
Bajo nivel de motivaciónProblemas de comportamiento
Ambito VecinalDesorganización
Pobreza Drogas y armas de fuegoCondiciones de vivienda
precarias e infraestructura vecinal
deficicitariaBajo capital social
Ambito VecinalDesorganización
Pobreza Drogas y armas de fuegoCondiciones de vivienda
precarias e infraestructura vecinal
deficicitariaBajo capital social
Relaciones Amigos delincuentes
Miembro de asociaciones delic.
AlienaciónFalta de modelos de
vida relevantes
Relaciones Amigos delincuentes
Miembro de asociaciones delic.
AlienaciónFalta de modelos de
vida relevantes
En esta grafica, que es la misma que ocupa el señor Carlos Cruz, se demuestran los factores de riesgo:
familia, educación, individual, abuso de drogas, baja motivación, agresividad y demás, relaciones
sociales que tienen estos chicos con pandilleros con mayor edad, en su vecindario. Entonces se
demuestran todos los factores de riesgo que sintetizan la experiencia mundial en la Organización para el
Desarrollo Económico, en cuanto a factores de riesgo que, Organismos No Gubernamentales en Francia,
Bélgica, Canadá, y Alemania, trabajan en red, con el apoyo técnico del Estado, para que ataquen y
neutralicen los factores de riesgo ligados a delitos futuros.
Una ONG aislada, como la que tienen hoy en la ciudad o en México, no puede hacer absolutamente
nada. Por ejemplo, cuando un chico que está solo en Chiapas, se le murieron los padres, la abuela, no
tiene habilidades de vida, no tiene nada, y tenemos trabajos en red con las ONG, es decir, hay una ONG
en Chiapas que trabaja en red con las ONG ubicados en otros estados del país, pueden encontrarle un
plan de habilidades de vida en otro estado, para el chico, es decir, le pagan el viaje, le dan albergue.
Asumiendo que este chico está solo en la vida. En vez de dejarlo desprotegido en Chiapas, tendríamos
que trabajar en red nacional. Si no, no funciona. ONG’S aisladas haciendo este tipo de trabajo, no
funcionan.
El Estado brinda asistencia técnica. Que quiere decir esto, hay información que el Estado tiene, por
ejemplo la policía, ya encontrándose con grupos de chicos o de jóvenes de 18 a 20 años, podría generar
un cordón sanitario alrededor de los jóvenes que tienen 12, 14, 15 años, para que no sigan atacando,
inclusive, físicamente a estos chicos que se quieren volcar hacia una vida más digna, más segura.
La policía tiene un rol para coordinar con las ONG. No para reprimir a los chicos que tienen adicciones
y demás. Esto es muy importante, plantear una cooperación operativa entre policía y ONG’s que debería
de existir, por ejemplo la Secretaría de Desarrollo, la cual proporcionaría asistencia técnica, y dinero
para que las ONG’s puedan relacionarse en red, intercambiar información, transportar a estos chicos de
un lugar a otro cuando sus vidas se ven amenazadas de muerte. Ahí tiene el Estado que apoyar, catalizar
la formación de esta red nacional. En cada uno de estos factores, no puedes tener 51 ONG’s en el país,
una dedicada a habilidades de vida, otra dedicada a adicciones. En cada factor de riesgo tiene que haber
una red.
Cuando se reduce por ejemplo la deserción en Boston, en Estados Unidos de Norteamérica, en una
ciudad que lo hizo bien, Boston por ejemplo, encontramos que en un 27 por ciento se incrementa la
educación postsecundaria en un 26 por ciento de estos mismos chicos — recuerdan que son estudios de
10 años, se les va siguiendo por 10 años—, disminuyen las detenciones por delitos cometidos en un 71
por ciento comparado a otros grupos que no recibieron ningún tipo de ayuda. Esto te da idea de que la
política de prevención, en este caso disfuncionalidad escolar, funciona adecuadamente. Los chicos que
se ven sujetos a este tipo de apoyo de prevención en escolaridad, cometen un 71 por ciento menos de
delitos que otros grupos que no han estado sujetos a estos beneficios.
Ejemplos de lo mencionado hay muchos, como el caso de Gales, Inglaterra en donde se comprobó cómo
disminuyen los costos.
Entonces, si queremos bajar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la
delincuencia en un 10 por ciento, tenemos que aplicar diferentes tipos de alternativas, como se
demuestra en la siguiente grafica.
Lo que realmente resulta mas EFICIENTE para reducir la Victimización
Para lograr de un 15 hasta un 20% de disminución de la delincuencia, quéaumentos de impuestos son necesarios si se
recurre a una prolongada prisión, libertad condicional, capacitación de los padres y terminación de estudios
• Impuestos
por
•familia
• Extrapolado de las evaluaciones de los programas
Tenemos un menú de políticas represiva —típicamente norteamericana— que te costaría unos 230 mil
millones de dólares anuales, que es la primera columna. Prisión, prisión, prisión, prisión. Todas esas
columnas te dicen cuánto cuesta bajar la delincuencia en la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico. Es decir, Si queremos aplicar libertad condicional, probation, te cuesta unos 100
mil millones de dólares. Si queremos bajar la delincuencia en un 10 por ciento aplicando entrenamiento
y capacitación de padres y madres en ámbitos de disfuncionalidad con pobreza y adicciones te cuesta
Cincuenta mil millones de dólares. Y si queremos aplicar programas de disfuncionalidad escolar para
atraer esos chicos que están dando vueltas en la calle, que no tienen ningún tipo de vinculación al ámbito
formal de educación, te cuesta unos 30 mil millones de dólares. Con cualquiera de esas alternativas me
bajas la delincuencia en un 10 por ciento.
¿Cuál elegiríamos desde un punto de vista de eficiencia? La última, ¿verdad? Pero que es eficiencia. Es
poner menos dinero para obtener los mismos resultados, obviamente no estoy hablando como una
solución total a la delincuencia, estoy hablando de un determinado rango social que tenemos que
identificar.
¿Quién puede ayudar a las ONG’s, como Cauce Ciudadano, para que lo identifique? Pues la Secretaria
de desarrollo social (SEDESOL). Para eso están, para identificar los focos rojos. Es decir, ¿Dónde se da
adicción y pobreza? ¿Dónde se da disfuncionalidad familiar escolar y pobreza? ¿Dónde se dan todos
esos factores de riesgo? El ONG no lo puede saber en toda la república, lo conoce en su colonia.
Entonces, ahí es donde dicha secretaría debe aplicar asistencia técnica a ellos.
A través de lo establecido en la Convención contra la Delincuencia Organizada de la Organización de las
Naciones Unidas, se puede evaluar internacionalmente, que los países que implementan programas de
prevención del delito en los factores de riesgos, a través de redes Nacionales de Organizaciones No
gubernamentales, con recursos financieros de los sectores privados y públicos, lograron bajar la
delincuencia organizada y las asociaciones delictuosas.
La investigación que hice con mi equipo tuvo como objetivo medir en 107 países. ¿Cuántos países
tienen redes como las que yo les propuse trabajando sinfónicamente con el Estado para atacar estos
factores de riesgo?
12 24PREVENTION
-100
0
100O
RG
CR
I ME
Equatorial G
Mexico
Pakistan
East Timor
Ireland
Germany
Liechtenstei
India
Iceland
FinlandDenmarkUnited State
AustriaCanadaIsraelAustralia
Luxembourg
GreeceUnited Kingd
France
Sweden
Hungary
Switzerland
Lithuania
Hong Kong, C
Netherlands
Chile
New Zealand
Saint LuciaSaudi Arabia
SeychellesUnited ArabJapan
QatarSan MarinoSpainCzech RepublColombia
JordanKorea, Rep.Singapore
SloveniaLatviaMalta
Estonia
PortugalSri LankaPuerto RicoBelgium
Andora
Poland
Barbados
Egypt, Arab
Costa RicaUganda
Bahamas, The
Italy
BulgariaSouth Africa
Thailand
Oman
Iran, Islami
China
Slovak Repub
Ukraine
Vanatu
Jamaica
CyprusNauruKenya
Nicaragua
Dominican Re
Norway
El Salvador
UzbekistanMacao, ChinaAlgeria
Namibia
HondurasZimbabwe
Brazil
Malaysia
Ecuador
Peru
Croatia
MongoliaBolivia
BelarusPhilippinesZambia
Panama
Albania
Mozambique
Venezuela, R
Serbia
Argentina
ParaguayRomaniaMoldova
Morocco
GuatemalaRussian FedeYemen, Rep.
Lebanon
Afghanistan
Indonesia
Nigeria
Cote d'Ivoir
Vemos que, cada uno de esos puntos es un país. Alemania tiene 24 redes, redes nacionales de ONG’s
dirigidas a atacar factores de riesgo, México, que está donde está la fechita. No cuenta con ninguna red
nacional. El eje vertical mide el cambio porcentual de la delincuencia organizada del año 2002 a 2007.
México, de 2002 a 2007 experimentó un 130 por ciento de aumento de la delincuencia organizada, razón
que explica por qué estamos como estamos. En la grafica se percibe un efecto tobogán es decir, a medida
que los países van aplicando redes y más redes, bajan la delincuencia organizada. No tenemos que ser
físicos cuánticos para darnos cuenta de que si tú le bloqueas a los grupos criminales el enorme flujo de
jóvenes de 12 a 14 años que están fluyendo como moscas en un tsunami de los grupos criminales, la
base operativa de los grupos criminales —todo policía lo sabe—te va a variar.
“SISTEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA DISMINUCIÓN DE
FACTORES DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES DE LA
POBLACIÓN JUVENIL”
Carlos Cruz Santiago2
Director de Cauce Ciudadano, A. C.
Miembro de la Red de Emprendedores Sociales “ASHOKA”.
Nosotros estamos proponiendo un sistema de implementación de programas para la disminución de
factores de riesgo y fortalecimiento de factores protectores en la población juvenil. Pero, ¿desde dónde
se construye? Pues bien, se construye desde la experiencia de la calle y desde la experiencia de
liderazgo, a aquello que se le ha dicho liderazgo negativo o en las bandas o en las pandillas.
La experiencia que estamos planteando tiene que ver con un proceso de reestructuración y de
transformación de los liderazgos de estos grupos desde hace más de ocho años; pero también
recuperando la experiencia de liderazgo al frente de estos grupos de bandas y de pandillas durante más
de 15 años. Para nosotros es muy importante reconocer esta parte.
No podríamos estar pensando en una transformación del sistema de prevención en México si no estamos
pensando en la historia de vida de muchos jóvenes que han estado dentro de estos grupos y que a lo
largo de estos años han venido transformándose a sí mismos para poder transformar también sus
comunidades y las familias en las que viven.
Empezaremos un poco a poner el panorama que nosotros estamos revisando día con día en la calle, no
solamente en la ciudad de México, sino también en nueve municipios: en Nuevo León, en dos
municipios del estado de Querétaro, y en dos municipios en Quintana Roo.
Nos parece muy importante poder empezar, desde dónde estamos viendo la problemática actual de las y
los jóvenes, sobre todo de los que no se encuentran en la escuela. Hay un alto nivel de deserción y nos
parece que es un sector el cual no se está atendiendo absolutamente en ningún lado. La mayoría de las
2 Texto editado de la versión estenógrafo
atenciones y la mayoría de los programas están focalizadas sólo en el ámbito educativo, me parece que
está muy bien que se puedan quedar los chicos pero también habría que transformar ese modelo que los
está expulsando.
Las y los jóvenes son considerados sujetos de estudio. De repente vemos grandes universidades, grandes
programas, financiamientos, etcétera, para analizar lo que pasa con los jóvenes y son solamente sujetos
de estudio. Muchas investigaciones no terminan siendo una intervención para transformar a las y los
jóvenes. Pero también son objeto de atención, es decir, se desarrollan programas que solamente atienden
a los jóvenes pero no desarrollan ni proponen medidas para el desarrollo integral.
No existen mecanismos de participación de las y los jóvenes para el desarrollo de su política pública.
Las y los jóvenes no son vistos como actores sociales, son vistos solamente como un objeto, entonces
muchas veces no se les toma en cuenta.
La política pública de prevención del delito promueve riesgos y atiende daños. Es decir, cotidianamente
vemos en algunos lugares, cuando las procuradurías en las diversas áreas de prevención del delito
realizan campañas por ejemplo, para prevenir el uso de fármacos y lo que vemos es que se les plantea a
los jóvenes en secundaria, incluso en primaria, cómo usarlos, “eso te genera este tipo de excitación, esto
te pone en un letargamiento, si consumes éste, éste y éste, vas a sentirte de esta manera” y entonces lo
que estamos promoviendo no es el no consumo, sino las sensaciones que provocan justamente estos
fármacos.
Vemos que muchas de esas actividades están inscritas en el área de prevención del delito. Entonces, por
eso decimos que muchas veces en prevención del delito lo que está haciendo es promoviendo riesgos, no
está previniendo estas conductas.
En un asunto de multimarginación. Por un lado vemos pobreza, una pobreza que cada día crece más,
más y más y justamente la población joven entre los 12 y los 18 años en un mundo donde el consumo es
lo único que está gobernando, sí se ven alterados sus mecanismos de participación, sobre todo para
obtener recursos económicos.
Además observamos el asunto de género, no es lo mismo ser joven y ser pobre y ser hombre. La
realidad, ser mujer, ser joven, ser pobre y pertenecer a una banda, a una pandilla, es ser cuatro veces
invisible, porque también habría que decirlo, que dentro de la banda o de la pandilla, muchas veces las
mujeres son invisibles. Entonces lo que estamos viendo es que hay grandes márgenes justamente en que
las mujeres no están siendo visibilizadas y tampoco hay programas dirigidos a este sector. Un ejemplo,
el espacio público. El espacio público está diseñado para los hombres, no está diseñado para las mujeres.
Ahí tenemos que hacer un ejercicio de transformación.
En los últimos meses, con toda la lucha que se está dando a los diversos cárteles de delincuencia
organizada, lo que vemos es una presión excesiva sobre aquellos jóvenes que de repente se organizaban
para delinquir, que decían: “no tenemos más dinero, queremos seguir tomando cervezas, vamos, a
desafinarnos o robamos una cartera con 200, 300 pesos”. Lo que estamos viendo es que en esos grupos
de jóvenes hay una presión por la delincuencia organizada para que se incorporen a la distribución y una
distribución que ni siquiera es suya, es casi a consignación y es todo un mecanismo económico el que se
da.
De igual manera vemos cómo a muchos de estos grupos de jóvenes en los barrios populares de la ciudad
de México y de Nuevo León, estamos encontrando la manera en que se les llega a ofrecer hasta 14 o 16
mil pesos por estar distribuyendo substancias, ganando territorio, cosa que no estaba sucediendo hace
seis meses. Entonces también esta lucha, este asunto de mano dura, lo que nos está generando es que los
otros ven estrategia justamente para estar golpeando a este sector de la población.
Un inefectivo marco jurídico de protección a los derechos de las y los jóvenes, es el caso New´s Divine,
es un caso claro en que no hay mecanismos de exigibilidad para el respeto de las y los jóvenes, no
solamente en la ciudad de México, sino en todo país. No se reconocen estos derechos, no hay un marco
que regule, no hay una manera en que podamos castigar de repente a los funcionarios y nos parece que el
caso New´s Divine es justamente uno de estos casos paradigmáticos que nos tienen que llevar
justamente a construir una nueva manera de relación con las y los jóvenes, no solamente en las ciudades,
también en las zonas rurales.
Y por último, algo que hemos estado viendo últimamente, en la tres o cuatro semanas, dos meses,
platicando y analizando con algunos otros compañeros de la organización, qué es lo que está pasando a
partir de la crisis económica que no tiene una semana o dos semanas en los Estados Unidos, es una crisis
económica que reventó hace dos semanas, pero que está regresándonos a mucha gente de los Estados
Unidos en dos vías.
Por un lado, vemos que su sistema judicial no tiene forma de seguir manteniendo a muchos jóvenes
mexicanos presos en Estados Unidos. Entonces, hay remesas y remesas de 200, 300 jóvenes al mes, que
estaban detenidos en las cárceles, y que la respuesta es “vas a salir libre pero te vamos a regresar”.
Entonces están condonando las penas allá pero están regresando a los jóvenes y no hay ningún
mecanismo que tengamos en México para recibirlos. También habría que prepararnos para recibir a
nuestros migrantes. Y por otro lado vemos en ese mismo tema todo lo que tiene que ver con las familias
que ante la pérdida de empleo van a empezar a regresar, como un mecanismo de decir “al menos acá al
menos frijoles habrá”. Entonces sí es muy complicado y vemos esto como un factor de riesgo
importante.
¿Por qué planteamos o partimos desde ahí? Bueno, parece que esto nos tiene que dar pauta a identificar
realmente qué es la prevención, la prevención no es un término aplicado. Hoy se aplica mucho al asunto
de seguridad pública, pero el término es un término que se aplica en el proceso salud y enfermedad.
Niveles de Intervención en el Proceso Salud Enfermedad
• Promoción de hábitosGenera hábitos de vida saludables, pacíficos, democráticos.• PrevenciónFortalece factores protectores y disminuye factores de riesgo• Atención del dañoAtiende los daños provocados por el impacto de los riesgos y
disminuye la posibilidad de nuevos riesgos.• RehabilitaciónReacondicionadisminuyendoel impactogeneradoporel daño
regularmentequedansecuelas.
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C
.
En ese sentido podemos ver que la promoción de salud, que sería la primera etapa de lo que deberíamos
de estar haciendo y no se hace, porque la realidad es que no se hace promoción de la salud, generar
hábitos de vida saludables.
La promoción de salud genera hábitos de vida saludables pacíficos y democráticos. Estamos hablando de
mecanismos de convivencia, de solución no violenta en conflictos, de construir empatía y
desgraciadamente eso es algo que no se está haciendo con nuestros niños en primaria. Nosotros creemos
que es ahí donde se deberían de estar trabajando estas habilidades y generar nuestras capacidades. O, al
menos esas habilidades para que en secundaria, los jóvenes estén generando competencias, cruzadas con
justamente los deseos y los haberes hacia dónde quieren irse construyendo como ciudadanas y
ciudadanos plenos.
La prevención fortalece factores protectores y disminuye factores de riesgo. Es ahí donde nosotros y
creo que ese es el instante en el que México, debería de estar trabajando, pero por desgracia trabajamos
mucho en el asunto de la atención del daño, somos muy reactivos y la atención del daño desde la
perspectiva de la seguridad pública, tiene que ver con gran número de jóvenes que están siendo
detenidos y colocados en las diversas prisiones. Es decir, no es solamente un asunto de la ciudad.
En días pasados en Topo Chico, por ejemplo o en el penal de Tijuana, realmente son puros jóvenes los
que se están enfrentando, o sea, nuestras cárceles las estamos llenando con el mejor capital de
transformación que puede tener un país, que es su juventud, y esa es una realidad.
Y por último, la rehabilitación. Es muy triste saber que efectivamente hay algo de recursos para
rehabilitar, pero los mecanismos de rehabilitación están dejando mucho que desear. La rehabilitación,
reacondiciona, disminuye el impacto generado por el daño pero regularmente quedan secuelas.
Entonces no vemos que haya un proceso realmente de transformación, incluso hay muchas
organizaciones no gubernamentales que a través de la rehabilitación hacen mucho más daño y podemos
encontrar las diversas granjas que existen en el país, que no rehabilitan y que lo único que generan es
una violencia más profunda contra las y los jóvenes que se encuentran en estos espacios.
¿Por qué focalizarnos en los factores de riesgo?
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C.
La familia. Nos parece muy importante trabajar en torno a la familia, en torno a la educación, en el
ámbito individual, en el ámbito vecinal y en el de las relaciones para identificar estos factores de riesgo,
pero generar factores protectores, porque ese es el punto, o sea, no solamente hay que identificar los
factores de riesgo, sino cómo generamos políticas públicas que transformen estos factores de riesgo en
factores protectores.
Voy a poner un ejemplo que tiene que ver justamente con esta parte de los factores protectores. Tenemos
en el ámbito de lo vecinal, los factores de riesgo podrían ser la desorganización, la pobreza, las drogas,
armas de fuego, condiciones de vivienda precaria, infraestructura vecinal sitiaría y bajo capital social. A
la mejor, de repente, cuando escuchamos, leemos o vemos estos factores, imaginamos rápidamente una
colonia al norte de la ciudad o una colonia en Ciudad Juárez o alguna colonia en Zacatecas, es decir, me
parece que es una cotidianidad.
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C.
Factor de riesgo
Acciones OSC con experiencia
Ventaja Comparativa Área de influencia
DesorganizaciónPobreza Drogas Armas de fuegoCondiciones de vivienda precarias e infraestructura vecinal deficitariaBajo capital social
Transformación de liderazgo Promoción de la actoríasocial juvenil.Recuperación de espacios públicos. Capacitación en perspectiva y aproximación juvenil con policías, construcción y educación para la paz
AVANCEMOS ASHOKA
EMPRENDEDORES SOCIALES
COLECTIVO “MARABUNTA”
CAUCE CIUDADANO
COLECTIVOS JUVENIL
Trabajo y aproximación juvenil directa con jóvenes pandilleros
Recuperación de espacios públicos y generación de habilidades para la vida
Desarrollo de actividades lúdico -artísticas para la generación de capacidades psicosociales (Colectivo Marabunta y RAPEM)
Iztacalco
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Esta condicionante de factor de riesgo vecinal, la vemos hoy rodeando, algo que nosotros decimos en
cause, es que hay cuerpos de miserias y ombligos de opulencia, ya no son cinturones de miseria, sino
que ya son realmente muchas colonias, muchas unidades habitacionales que tienen esta condicionante y
de repente encontramos un punto negro por ahí, que sería alguna colonia que está más o menos
equipada, que tiene buenos recursos, que la gente tiene una entrada económica más o menos estable,
pero no es la regularidad.
¿Qué estamos proponiendo en las acciones? La transformación de liderazgo de bandas y pandillas; la
promoción de la actuaría social juvenil, es decir, los jóvenes pueden ser actores sociales, desde luego
que son actores sociales dentro de comunidad.
La recuperación de los espacios públicos; la capacitación en perspectiva juvenil y aproximación juvenil
con agentes de la policía, no se trata solamente de hacer de la perspectiva juvenil, las acciones de
prevención. No se puede entender la política pública, sin que los funcionarios aprendan y reconozcan
que las intervenciones que realizan, tienen que observar una perspectiva de juventud. Es decir, no es
entendible ver cómo hoy seguimos recuperando espacios públicos, como son kioscos, eso no lo están
buscando los jóvenes, porque no se les pregunta qué es lo que quieren, como actores sociales.
También nos parece que algo que hay que hacer muy fuerte, es la construcción de paz y la educación
para la paz. Hay una gran diferencia entre ambas, la construcción de paz y por eso hablamos de
transformación de la banda y la pandilla en el sentido de que no queremos que desaparezca, si se quieren
seguir llamando Los mugrosos, pues que se sigan llamando Los mugrosos, pero sí que tenga mucha
claridad de que no van a estar cometiendo actos delictivos en la unidad habitacional o en la colonia en la
que viven.
¿Y si son Los mugrosos los que transformaron los espacios públicos? Sí, son Los mugrosos los que
transformaron el espacio público, es parte de su identidad, más adelante, estamos seguros, que podrán
realizar algún tipo de proyecto y vamos a conocer algunas experiencias.
¿Qué estamos proponiendo como organizaciones de la sociedad civil con la experiencia que deberían de
estar transformando justamente eso? Por ejemplo tenemos un programa donde tenemos una alianza, es el
programa “Avancemos”, de la organización “ASHOKA” que coloca recursos de capital social en
proyectos juveniles. Ahí está la actuaría social, porque no solamente es colocar el dinero. Igual, vemos
un montón de proyectos en los estados, que lo que hacen, hay capital pero no hay seguimiento, no hay
formación para los equipos, muchas veces los recursos se les termina entregando a final de año, cuando
fueron dictaminados en marzo o en abril, los jóvenes están desangelados, ya no tienen muchas ganas de
participar, hay una realidad.
Si uno hace un proyecto, inmediatamente lo presenta y es validado, hay que entregar los recursos lo más
pronto posible, si no los jóvenes se retiran de la participación, pierden la confianza en nosotros.
Ejemplos de buenos proyectos hay muchos entre ellos están el colectivo “Marabunto”, “Rapem”, estilos
mexicanos, con colectivos juveniles, pero también deben intervenir las universidades.
¿De qué manera tenemos que articular esto? Por un lado, los recursos que bajamos de algún organismo
de la sociedad civil, que perfectamente ha entendido que el tema no es solamente generar proyectos, sino
lo que hay que generar es capital social, transformar a los jóvenes, pero acompañados de dos proyectos
como Marabunto y Rapem, son jóvenes que vienen justo del proceso de haber sido o de ser, miembros
de una banda, una pandilla, que están transformándola y que justamente aprovechan actividades
culturales, artísticas, para generar capacidades.
Pero también, por ejemplo, tenemos la universidad, una de las cosas que más hace falta en las
organizaciones de la sociedad civil, es la profesionalización, y tener gente que sepa un poco de
resiliencia, desarrollo de habilidades para la vida. La Ciudad de México tiene una carrera que se llama
“promoción de la salud”, donde se da justamente ese perfil, es el que se está buscando en la carrera, pero
encontramos que muchos de los egresados de la carrera de la promoción de la salud, no encuentran
empleo, pareciera que no hay mercado, cuando hay un gran mercado. Tenemos un problema muy serio
enfrente, pero lo que no hay son recursos para vincular a estas cuatro instancias para que transformen
una comunidad mucho más rápida.
¿Cuál es la ventaja comparativa, dentro de los factores de riesgo en un ámbito vecinal?
No son más patrullas, es una aproximación directa con los jóvenes, con los propios códigos de los
jóvenes, ni siquiera es un puente entre las organizaciones o los colectivos juveniles con los jóvenes en
riesgo, que actualmente, se esta llevando a cabo para transformar sus comunidades, sino es transformar
ese puente para que intervenga la autoridad directamente con los jóvenes, lo que queremos es que se
transformen y se construyan nuevos caminos.
En la medida en que se construyen estos nuevos caminos, hay posibilidad de acercarse. Regularmente
los puentes se caen cuando terminan las administraciones y ya no hay forma de articular, por eso
hablamos de que eso tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política que permanezca y no
que se vaya diluyendo conforme la gente va saliendo de sus puestos.
Desarrollo de actividades lúdico-artísticas para la generación de capacidades psicosociales. No se trata
solamente de que los jóvenes vayan a un espacio donde haya música o que vayan a un espacio donde
haya un poquito de teatro, sino que vayamos generando otro tipo de capacidades en ellos. Un ejemplo de
lo anterior es el proyecto que se llama Jóvenes Microemprendedores de Cocina, en donde les enseñan a
los jóvenes a transformar la violencia a través del arte culinario. Es muy interesante ver cómo técnicas
de corte en frutas y verduras implica, construir paciencia y trabajar el nivel de estrés que pueden tener.
Ahí estamos generando capacidades, no solamente el chavo aprende a picar verdura, sino que aprende a
manejar un arma, en el sentido de que no es un arma, es una herramienta. Eso es justamente lo que
estamos queriendo generar.
Dentro de la educación se pueden generar algunas medidas, me parece que hay que hacer un modelo de
competencias a nivel nacional, de habilidades para la vida.
En el área de la salud queremos dos cosas muy claras: la promoción de la salud, la prevención de
riesgos, pero sobre todo la reconversión del sistema de salud. Es decir, el sistema de salud sigue
atendiendo el daño, pero el daño en el sentido del accidentado, el enfermo cardiaco, pero no estamos
haciendo actividades desde el área de salud para jóvenes y adultos mayores.
Dentro de las bandas y pandillas, se debe dar la transformación de Liderazgos. Algo muy importante, es
la red de seguridad juvenil para la disminución de riesgos y delitos en zonas de alta marginación.
Tenemos que darle chance a los jóvenes y reconocer que están ahí.
Hay muchas experiencias exitosas sobre la aplicación de programas para los jóvenes. Por ejemplo, en
América Latina. Nicaragua lo que se hace es reconocer que sus pandilleros son el resultado de las
políticas públicas fallidas y de los modelos económicos fallidos. Esa es una política de Estado. En
relación al Reconocimiento de actores sociales, en el Rosario, Argentina, hasta los callejeros participan.
Existen programas, se invierten 10 millones de pesos argentinos para actividades que tienen que ver con
niñas y niños en situación de calle, los jóvenes participan de cómo ese presupuesto se va a gastar;
presupuestos participativos con perspectiva juvenil. Me parece que a través de estos ejemplos, podemos
ir retomando otras experiencias desde nuestra idiosincrasia como organización civil.
Los espacios juveniles.
A través de la recreación y la cultura urbana, rural y ancestral como herramienta de formación de
capacidades y habilidades. Es decir, si no regresamos y empezamos a retomar, como bien hacen los
cholos que reconocen su esencia, su historia, de dónde vienen, quiénes son. Si me dijeran en ese
instante: tus hijos necesitan una clase de historia, le diría a algún cholo que venga y que les hable de
cómo se formó el México Prehispánico, tienen una lectura muy clara. De repente siempre pensamos que
son negativos. No, hay una realidad. Tienen esas capacidades ya instaladas, hay que desarrollarlas más.
Una herramienta básica para los jóvenes la tenemos en las Tecnologías de la información y la
comunicación, me parece que es muy importante; ya que es una herramienta básica. Hoy los jóvenes no
pueden estar sin tecnologías. Algunas organizaciones nos han dicho, y para qué les dan tecnologías de
punta si nunca van a tener acceso a ellas, pues justo por eso, porque no solamente se trata de acercar la
tecnología, sino darles acceso. Y darles acceso implica; si van a hacer video pues que lo realicen a través
de la “MAC”, si quieren editar audio a través de un “PROTOOLS”, porque una vez que aprenden a usar
dicho programa, pueden usar todos los otros programas de edición de audio.
De lo anterior, podemos decir que estamos pensando como una Red Nacional. Es decir, creemos que la
prevención somos todos y todas. No es un asunto solamente de las organizaciones o del Estado, somos
todos y, al decir somos todos, entonces reconocemos a las y los jóvenes dentro.
Las juventudesOSC e Instituciones Educativas
y de Gobierno Y Organismos Autónomos
Red Nacional
PREVENCIÓN EN TODAS DIRECCIONES
•Constituirse como un espacio autónomo de participación directa de las y los niños y las y los jóvenes.
•Vigilancia del cumplimiento de los programas
•Implementación de los programas diseñados y dirigidos desde la niñez y juventud.
•Integrado únicamente por las y los niños y jóvenes.
Planes y programas desde las Juventudes
•Gestión técnica y operativa.
•Investigación e incidencia en política pública
•Marco normativo jurídico y presupuestal
•Referentes para la formación
•Perspectiva Juvenil en todos los ámbitos de gobierno
•Planes y programas para las y los jóvenes Ca
uce
Ciud
adan
o A
.C.
Las y los facilitadores de procesos
•Reconocimiento de las y los formadores
•Vinculo directo entre la población objetivo y las Organizaciones e Instituciones
•Recuperan de primera mano los hechos cotidianos que modifican hábitos
•Dinamizan el protagonismo de las y los jóvenes
•Planes y programas con y desde las juventudes
Podemos ver en la grafica tres pilares, los cuales sostienen la Red Nacional y la cual esta integrada por:
Las juventudes.
Cuando se habla de las juventudes es porque reconocemos que hay muchas y múltiples en el país. Este
debe construirse como un espacio autónomo, de participación directa de las niñas y los niños, de las
jóvenes y los jóvenes. Decimos las y los niños y las y los jóvenes, porque los jóvenes son el vehículo
más fácil para llegar y acercarnos a los niños.
Si tenemos cuadros, si tenemos una formación de cuadros muy clara en esa etapa entre los 12, 14, 15 y
18 años; es mucho más fácil empezar a atender a nuestros niños y estar generando otro tipo de valores.
Este pilar, vigila el cumplimiento de los programas y hace una implementación de programas diseñados
y dirigidos desde los propios jóvenes. Al final de cuentas esta parte es una de las acciones que menos se
hace en México. Son planes y programas desde la juventud, desde los jóvenes, y ésa es la mejor medida
preventiva, cómo sentamos, sistematizamos la idea de los jóvenes y después lo echamos a andar con
ellos.
Las y los Facilitadores de Procesos.
Este pilar es muy importante y en muchas ocasiones es muy invisible por las organizaciones de la
sociedad civil; los que facilitan el proceso, los que capacitan, son muy invisibles, de repente. Pero hay
que reconocer que sin ellos no se podía hacer el trabajo. Recuperan de primera mano los hechos
cotidianos que modifican los hábitos, eso es lo más importante, es decir, cómo se están modificando los
hábitos de vida en una comunidad, ya sea para bien o ya sea para mal, y muchas veces estos no están
integrados en los procesos de red, a final de cuentas ellos siempre están en los procesos de trabajo
Entonces hay qué integrarlos claramente en los procesos de red, y, dinamizan el protagonismo de las y
los jóvenes, y ahí los planes y programas son desde y con las juventudes. Ésa es otra parte de la política
pública.
Las y los Directores Fundadores de Organismos de la Sociedad Civil e Instituciones Educativas y
de Gobierno y Organismos Autónomos.
Aquí es donde está la gestión técnica y operativa de las dos opciones previas. Se investigan los procesos
de investigación la incidencia política pública, un marco normativo jurídico y presupuestal. Es donde se
tendría que estar construyendo la formación; ésa es la parte más clara.
Hoy las y los jóvenes necesitan empezar a construir otro tipo de referentes, ya que los referentes que
tenemos hoy en los medios de comunicación están muy desgastados. Por lo que también es aquí en
donde debemos aplicar políticas públicas para las y los jóvenes.
Estos tres pilares nosotros los tejemos como si fuera una trenza. La principal manera de prevenir es
construir desde la vida cotidiana y de la experiencia de vida de las y los jóvenes. Hablamos de la trenza,
porque la trenza no se deshace, la trenza es muy complicada de deshacerla. Pero la trenza también tiene
una cualidad, que no tiene que lastimar a la persona que la trae puesta. Creo que el sistema tampoco
tiene porque salir lastimado si generamos una trenza como ésta. Va a ser muy difícil que la deshagan, va
a costar trabajo tejerla. Es cierto, pero éste es el momento de hacerlo, no solamente pensamos de estos
actores que he mencionado, creemos que tienen que participar también los sindicatos, las centrales
campesinas, por ejemplo; el flujo de migrantes que están regresando, etcétera. Es muy importante
empezar a atenderlo, tenemos mucha claridad que hay que tejerlo con las organizaciones populares, pero
con los organismos de la sociedad civil, con los nuevos, con los históricos, y con dos cosas muy claras;
con fibra ética y con innovación.
De esa manera creo que podemos estar generando un nuevo sistema de atención para esto. Un Sistema,
que en la medida de lo posible vamos construyendo en la Ciudad de México, con muchos problemas,
pero que va dando resultados.
“LOS PRESUPUESTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO”
Licenciada Hilda Araceli Moreno Acosta.3
Integrante de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C.
Algo que me llama mucho la atención es que justamente hay ya toda una documentación y un
diagnóstico de dónde están los problemas de la delincuencia, y sin embargo no se refleja esto en
políticas públicas integrales y sólidas para combatir realmente las causas de la delincuencia.
Como vemos, sigue siendo el paradigma punitivo el que prevalece en este reforzamiento de castigar a
los delincuentes y sigue siendo ése el paradigma que siguen las políticas de seguridad pública, cuando se
ha visto ampliamente que hay todo un paradigma preventivo, que es el que ataca las causas de la
delincuencia pero que, para poder derivar de ahí políticas y acciones que realmente ataquen la
delincuencia, tenemos que asumirlo con todo lo que esto implica.
PARADIGMAS DE LA SEGURIDAD PARADIGMAS DE LA SEGURIDAD PPÚÚBLICABLICA
PREVENTIVO Causas que originan delincuencia
PUNITIVO Castigo a los delincuentes
Las políticas de seguridad se han centrado en lo punitivo
3 Texto editado de la versión estenógrafo
Empezaré por conceptualizar qué significa asumir un paradigma preventivo. El marco conceptual de este
paradigma es reconocer que la violencia y la delincuencia son fenómenos sociales de origen
multifactorial. Intervienen muchos aspectos: las familias, la situación individual, las comunidades. Hay
factores económicos, sociales que intervienen y de ahí resultan las opciones para que los individuos o los
grupos opten por la vía delincuencial.
De este marco conceptual se tiene que partir para diseñar las políticas. Identificar que son justamente
familias específicas, comunidades, los ámbitos donde se generan e interactúan los factores causales de la
violencia y la delincuencia. También, como marcos conceptuales tenemos que asumir lo que se ha
mencionado “Los adolescentes y los jóvenes corren el mayor riesgo, no solamente de ser víctimas, sino
también de caer en actos delictivos”. Por lo tanto, se requiere actuar en múltiples frentes y asegurar la
participación efectiva de la población.
Algunos hechos claves los podemos comentar como botones de muestra de cómo es nuestro
comportamiento.
1. La principal causa de asesinato en los hombres son las riñas originadas y provocadas muchas
veces por un insulto, por una cosa pequeña y, sin embargo, podemos llegar hasta a matar a
alguien por nuestra intolerancia, por un insulto.
2. En las mujeres el principal riesgo de asesinato se da en el ámbito de la propia familia, causada
muchas veces por los celos, por la violencia familiar, lo que provoca estos problemas de
asesinato en las mujeres. Estamos hablando de una conducta autoritaria.
3. La muerte por accidentes automovilísticos, por atropellamientos de personas adultas mayores de
60 años. Esto significa que tampoco tenemos un respeto por la vida, que lo estamos perdiendo.
4. Por último, el homicidio y las lesiones dolosas, que son ya el pan nuestro de cada día y es lo que
está mostrando el deterioro social más fuerte.
Hay una descomposición social. Eso es lo que nos está caracterizando en esta época de violencia; por lo
tanto, es una invitación a actuar en los factores que lo están provocando.
También los factores económicos tienen una fuerte influencia en la conducta delictiva. Podemos ver que
hay una correlación entre los índices de delincuencia y la crisis económica que ha generado la
marginación y la pobreza.
Entre los factores econEntre los factores econ óómicos que propician la micos que propician la violencia se observa:violencia se observa:
Una correlación entre los índices de delincuencia y las crisis económicas que han generado marginación, empobrecimiento, desempleo e informalidad
Como demuestra en la grafica, la línea de arriba nos está marcando el comportamiento del PIB y la de
abajo el comportamiento de los índices delictivos. Claramente se puede ver que con la crisis del 97, cayó
mucho el crecimiento de la economía y aumento de manera significativa la delincuencia. Por lo tanto,
hay una correlación muy estrecha entre la delincuencia y las condiciones económicas.
Como mencionábamos, entre los factores culturales de riesgo, se encuentra el autoritarismo como un
elemento muy importante. Esto significa la ausencia de participación ciudadana, diálogo y respeto al
derecho y opinión ajenas, además de que genera prepotencia, corrupción, impunidad, cinismo y trampas.
Otro factor cultural de riesgo es la relación tolerancia-trascendencia. Somos muy tolerantes a falta de
reglas de convivencia básica, las vemos normales, como ejemplos están el tirar basura, fumar en
espacios prohibidos, faltas administrativas de tránsito; somos muy tolerantes a todo esto, sin tomar en
cuenta y sin estar conscientes de que esto puede ser el origen de estas actitudes, de estar contra la ley,
contra las normas. Por otro lado, se acepta la impunidad para las personas que están en el poder.
Algunos de los factores sociales que consideramos de riesgo es el deterioro de la calidad de vida, de las
reglas de convivencia y de la comunicación; también la reducción de espacios, tanto públicos como
privados para la convivencia. Se han intensificado los problemas como la violencia familiar, las
adicciones y los conflictos psicosociales. Hay toda una transformación de valores.
En las familias también hay factores de riesgo. Podemos mencionar los aspectos culturales que justifican
la violencia como una forma natural de vida, de relaciones, de subordinación al interior de las familias.
Hay una incitación, incluso hasta recompensas para actitudes violentas que se fomentan mucho en los
menores varones: el que sean fuertes, el que se defiendan, el que luchen, el que ganen peleas callejeras,
todo esto es muy festejado a veces al interior de las familias. Hay problemas de alcoholismo y otras
adicciones. También hay una serie de insatisfacciones en la vida de pareja, en la vida sexual,
desintegración familiar ocasionada por divorcio, por muerte o por abandono y muchas veces no se
prepara a las personas para asumir estas realidades de sus tipos de familia sin que les causen agresión o
enojo.
También, hay cambios forzados en los roles de los miembros de la familia. Un ejemplo de esto es que
muchas veces la mujer es la que tiene un trabajo formal y el hombre tiene un trabajo informal y esto a
veces genera tensiones y enojo por parte de los miembros, que no están entrenados para enfrentar sus
nuevas realidades. Existen, de igual forma factores de hacinamiento, de trabajo excesivo, trabajo infantil,
en donde los menores dejan de asistir a la escuela, en fin, muchos factores en la familia que están
promoviendo el enojo de las personas y muchas veces es lo que las hace ir hacia actitudes evasivas que
pueden causar las adicciones, la violencia.
EN LAS COMUNIDADES CON NIVELES
ALTOS DE RUPTURA FAMILIAR
COMUNIDADES CON BAJOS NIVELES DE RUPTURA FAMILIAR
LA TASA DE VICTIMACIÓN VIOLENTA ES 3 VECES MAYOR
QUE EN :
• Fuente primaria de seguridad y afecto
• Provisión de techo, comida y vestido
• Transmisión de valores
• Socialización yrelaciones de solidaridad
FUNCIÓN DELAS FAMILIAS
Estamos viendo que la familia está dejando de jugar el rol que tenía como principal fuente de los afectos
y de la seguridad de las personas, la que brindaba el techo, la comida, donde se transmitían los valores y
donde se aprendía a socializar. Estas funciones de la familia están dejando de operar y por lo tanto están
teniendo una repercusión en la actitud violenta de las personas. Está visto que en las comunidades con
niveles altos de ruptura familiar la tasa de victimización es tres veces más alta que en zonas donde no
hay tanta ruptura familiar.
Entre los factores educativos que destacan como factores de riesgo, está todo lo que es la inasistencia,
reprobación y deserción escolar. El aceptar como natural e inevitable la reprobación contribuye a un
círculo vicioso de baja autoestima y limitadas expectativas. Algunas escuelas, incluso, tienen estándares
de calidad muy altos porque tienen un alto índice de reprobación, lo que están haciendo realmente es
dejar a jóvenes sin ningún quehacer, sin ninguna oportunidad.
Los sistemas educativos no se han adecuado a las condiciones actuales de la juventud y de la niñez.
Muchos de ellos tienen que contribuir al ingreso familiar, trabajan, tienen horarios distintos, y sin
embargo no hay una intención mínima de que las escuelas puedan ofrecer alternativas de que los jóvenes
continúen con sus estudios en los horarios que ellos requieren.
La formación escolar precaria afecta la capacidad para trabajar. Esto que se hablo sobre las habilidades
para la vida, de poder ser productivos, de poder tener una opción de vida digna. Los horarios reducidos
originan, sobre todo en la educación básica, tiempos de ocio, de vagancia, en donde no hay ni siquiera la
supervisión por parte de los padres, ya que ellos tienen que trabajar.
También se encuentra en los factores de riesgo en la educación la limitada cobertura y la ausencia de
estímulos para que los jóvenes continúen cursando sus estudios. Vemos cómo año con año salen en ocho
columnas cuántos estudiantes que presentaron el examen de Admisión en la UNAM fueron rechazados,
no pasaron el examen y muchas veces te dicen: bueno, es que no pasaste el examen, cuando en realidad,
de fondo, hay una falta de cobertura adecuada. No han crecido en la magnitud que se requieren las
ofertas educativas para los jóvenes.
La escuela, junto con la familia, son pilares fundamentales del desarrollo de
las personas; sin embargo...
Ha sufrido modificaciones en el contenido humanista y de habilidades para la vida
Hay un proceso de segmentación creciente
Pandillas y conductas violentas se dan tanto al interior como en su entorno
• Carácter formativoy de ampliación de oportunidades
•Ofrece espacio seguro en su interior
•Genera una comunidad
FUNCIÓN DE LAESCUELA
Es decir:
La escuela se estáconvirtiendo en un espacio de vulnerabilidad
Entonces, la función de la escuela, que era hacer un espacio de convivencia, un espacio donde generaba
una comunidad, que tenía un carácter formativo de ampliación de oportunidades para la vida, pues ahora
se está viendo afectada, ha sufrido modificaciones en el contenido humanista y de habilidades para la
vida. Hay un proceso de segmentación creciente, y las pandillas y las conductas violentas se dan, tanto al
interior como en los alrededores de la escuela, es decir, la escuela se está convirtiendo en un espacio de
vulnerabilidad.
Otros factores de riesgo a los cuales están expuestos los jóvenes, son a través de los medios de
comunicación que están interviniendo mucho en la formación de ellos, en donde se les muestran muchas
alternativas éticas, en fin, de comportamiento, que les causa una confusión, es decir, tienen mucha
libertad para entrar a toda clase de información, sin ninguna conducción familiar, sin ningún
conocimiento de lo que ahora están enfrentando los jóvenes en los medios de comunicación.
Por otro lado, hay una influencia del individualismo que se basa en la autorrealización y la expresión y
remodelación del yo, sin reconoce valores, como: solidaridad, tolerancia, apoyo mutuo, como valores
existenciales de la vida.
Un aspecto tentador para los jóvenes es el dinero fácil y rápido, sin importar el riesgo, como puede ser
todo esto del crimen organizado, del narcotráfico, que mientras no son capturados les reditúa en buena
cantidad de dinero.
5 de cada 10 mexicanos son menores de 30 años
Son quienes tienen mayor riesgo de ser víctimas de la violencia, la delincuencia y el deterioro social
Las/os jóvenes corren el riesgo adicional de convertirse en delincuentes
• Grupo mayoritario de la población
• Etapa de independencia, autoafirmación y rebeldía
• Búsqueda de oportunidades y de aceptación por los
pares
JÓVENES
Vemos que en sí mismo los jóvenes representan un riesgo, porque es un grupo muy amplio de la
población. Se encuentran en una etapa de independencia, de autoafirmación y búsqueda de
oportunidades y de aceptación por sus padres. Sin embargo, no hay una política que los oriente
adecuadamente y por tanto, se convierten en el grupo que tiene mayor riesgo de ser víctimas de la
violencia, de la delincuencia, corriendo el riesgo de convertirse en delincuentes.
Entonces, concluimos que la violencia se aprende en el hogar, en la escuela, en la comunidad y a través
de los medios de comunicación. Por lo tanto, no solamente basta con el compromiso del gobierno, sino
que es necesario que todos en conjunto sumemos nuestra responsabilidad, que la sociedad asuma lo que
le compete en estos aspectos de prevención de la violencia y el delito, y que también es necesario
revertir el crecimiento de las deudas sociales con grupos estratégicos, como vemos especialmente el de
los jóvenes que no tienen una política integral.
Para responder a estas necesidades se requiere implementar acciones simultáneas sobre las causas que
generan las conductas antisociales y violentas, la participación ciudadana en las acciones de prevención
y protección. Es necesario contar con bases para reconstruir el tejido social, para que el respeto a la vida
y el derecho a gozarla saludablemente sean la regla y no la excepción.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓÓNNEl diseEl diseñño de estrategias de intervencio de estrategias de intervencióón debe ser a n debe ser a nivel local, comunitario, y contemplar las siguientesnivel local, comunitario, y contemplar las siguientesactividades:actividades:
Contar con un diagnContar con un diagnóóstico detallado sobre la presencia stico detallado sobre la presencia de factores de riesgo que generen conductas de factores de riesgo que generen conductas antisociales y violentasantisociales y violentas
Identificar Identificar ááreas de oportunidad para la accireas de oportunidad para la accióón n coordinada del gobierno y la sociedadcoordinada del gobierno y la sociedad
Distinguir entre zonas:Distinguir entre zonas:
Donde
habitan
delincuente
s
Reconstrucción del tejido social
Donde se
cometen delitos
Desarrollo de fortalezas comunitarias
Encontrar respuestas posibles y deseables a nivel de espacios muy concretos de las manzanas, las
colonias, las comunidades, es decir, las estrategias de intervención tienen que ser implementadas a nivel
local.
Para esto, es indispensable que se cuenten con políticas por cada uno de los factores de riesgo, pero
independientemente de que se desarrollen esas políticas, no se trata de aplicarlas universalmente, sino
contar primero con un diagnóstico preciso de cuáles son los factores de riesgo que se encuentran
presentes en determinadas comunidades para poder intervenir ante ellos.
Segundo, identificar las áreas de oportunidades en donde pueden combinarse las acciones del gobierno y
las acciones de la sociedad, de las redes, de las ONG, para que puedan tener más efecto las
intervenciones. Es decir, tener muy clara la distinción entre aquellas zonas donde viven los delincuentes
y aquellas en donde se requiere intervención de tipo de reconstrucción social, de tejido social, donde se
recuperen valores, distinguirlas muy bien de las zona en donde actúan los delincuentes.
Para ello, se requiere una intervención de fortalezas de las comunidades de los individuos. Entonces, se
debe diseñar las intervenciones específicas de acuerdo al diagnóstico que se tiene. Como un ejemplo de
aspectos que consideramos para determinar cómo se debe de ir diseñando la política es: Identificar el
factor de riesgo y frente a este factor de riesgo cuál sería el factor protector o la acción para reducir o
eliminar este factor de riesgo.
Ante las pocas oportunidades o la inexistencia de las mismas, se pueden promover las siguientes
acciones:
Opciones de uso positivo del tiempo libre, en los espacios comunitarios y públicos disponibles,
muchas veces vemos que hay escuelas que en la tarde están cerradas y no se les da ningún uso,
bueno, pues incorporar ahí actividades en las que puedan participar especialmente los jóvenes,
implementar servicios que sean de su interés, actividades lúdicas, espacios de acceso a la
información, a los jóvenes les gusta meterse a Internet, meterse a esto, oír música, entonces,
ofrecer este tipo de servicios que a ellos les llama la atención. Tener programas culturales, igual
preguntándoles y viendo con ellos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones
Establecer programas deportivos y recreativos con monitores, con facilitadores.
Esto es muy importante, ya que estamos hablando de acciones de política social que dan servicios para
personas desde las mismas personas. Es necesario tener muy en cuenta que no solamente basta echar a
andar un proyecto y darles el dinero; No, se requiere darle seguimiento, acompañamiento, evaluación,
ver si está funcionando, y eso requiere personas. Para ello hay que tener mucho cuidado cuando se habla
de esta constante presión del gasto corriente del sector público, tener cuidado en las políticas sociales, si
queremos que sean efectivas, necesitamos personal quién las aplique, quién las evalúe, quién les dé
acompañamiento, para que tengan buenos resultados.
Otras opciones, por ejemplo, los jóvenes les gusta mucho bailar, convivir entre ellos, bueno, a lo mejor,
seguramente si ponemos un antro libre de alcohol, a lo mejor sí se va a llenar, ¿porque pensar que el ir a
los antros, es que a fuerza tienen que beber y consumir bebidas alcohólicas?
Un factor de riesgo que he mencionado es el abandono escolar. Bueno, entonces que programas,
acciones o actividades vamos a hacer frente a ese abandono escolar, podemos:
Apoyar para que permanezcan en las escuelas, como otorgar becas escolares, pero también se
debe apoyar de manera económica a las familias, porque muchas veces los jóvenes se ven
obligados a trabajar para contribuir al ingreso familiar. Entonces, no solamente es darle la beca a
él, sino también una compensación a la familia para que permita que el joven continúe
estudiando.
La participación corresponsable de la comunidad educativa para resolver los problemas de
decepción, de reprobación, de violencia en las escuelas, para todo esto se requiere de actividades
de tutelaje, de observar a las personas que está teniendo estas actitudes y de cómo podemos
revertirlo.
Incorporar programas de prevención en los programas de estudio, todos aquellos temas que les
ayuden a manejar sus emociones, su ira, las técnicas para la solución pacífica de conflicto, cómo
hacer negociaciones, cómo llegar a acuerdos. Se podría incorporar todos estos temas en la
currícula de estudios.
Frente a la actitud violenta, se puede ofrecerles a los jóvenes, las siguientes acciones:
Técnicas de solución pacífica de conflictos, haciendo énfasis en identificar cuáles son las causas,
cuál es el origen de la actitud violenta de las personas, y romper todos estos mitos que permiten
legitimar estas actitudes violentas.
Información y certezas sobre qué va a pasar si ellos delinquen; ya que actualmente, tenemos un
1% por ciento de posibilidades de que alguien sea juzgado por un delito. Entonces, igual pueden
optar por la vía más fácil. Por lo que tenemos que dar certezas y consecuencias de una acción
delictiva.
Identificar a los jóvenes que han estado en los reclusorios y efectivamente ofrecerles una
rehabilitación. Estas personas cuando salen se incorporan nuevamente a las familias, entonces
vemos comúnmente que el tener familiares delincuentes es un factor de riesgo para la actitud
delincuencial. Entonces, qué tenemos que hacer con los que están saliendo de las cárceles; que
han tenido una escuela de delincuencia; bueno, pues revertir esta situación y demos realmente
tener acciones de atención a este grupo de jóvenes.
Estos son algunos ejemplos de lo que pensamos que pueden ser acciones de factores de protección frente
a los de riesgo para los jóvenes.
Lo mismo hay que hacer para las familias. Por ejemplo:
Fortalecer y ampliar sistemas de prevención y atención a la violencia familiar;
Asistencia directa con la familia para detectar cuáles son los factores de riesgo que hay con sus
miembros y poder ofrecerles alternativas para que los atiendan;
Ofrecerles alternativas para cuidar a los miembros que requieren de cuidados como enfermos,
como menores, como personas adultas mayores, para relajar la tensión que se genera en los
ambientes familiares.
Hablar sobre los efectos de la violencia familiar y las alternativas que pueden construirse, como ofrecer
paquetes de actividades y servicios como escuela para padres, crianza y estimulación temprana, solución
pacífica de conflictos, atención a la depresión, ludotecas, libro clubes, talleres de tareas, deporte,
recreación, laboratorios de teatro, en fin, una serie de actividades.
También trabajar con el entorno, a través de la recuperación de los espacios públicos. Es decir, ¿Cuáles
van a ser nuestras políticas para disminuir los factores de riesgo que existen en nuestros espacios de
nuestra comunidad? Es básicamente el aspecto de seguridad, entre las que se encuentra:
Trabajar más la línea del policía comunitario, de la supervisión de los ciudadanos sobre este
policía comunitario,
Fomentar la denuncia,
Proteger a los denunciantes.
Por ejemplo, algunas veces las condiciones de oscuridad favorecen los actos delictivos. Ver por qué hay
calles oscuras, inseguras; hacer operativos específicos en esas zonas. Tener un diagnóstico y frente a ese
diagnóstico ir tomando de nuestras políticas, acciones de atención a la violencia y a la delincuencia, ir
tomando cuáles son las que se deben aplicar en cada ámbito específico.
Entonces básicamente en lo que quiero concluir es en decir que el problema, es un problema
multifactorial, en donde tiene sus orígenes principalmente en los aspectos sociales. Por tanto, la política
social debe fortalecerse y debe tener todos los instrumentos y todas las herramientas para que realmente
se tengan los efectos favorables contra la delincuencia. Mientras no rompamos con la crianza de
delincuentes, pues vamos a seguir teniendo delincuentes y todos los días nos van a seguir informando
sobre la captura de delincuentes, pero nunca se acaban.
Por tanto es prioritario actuar sobre los factores de riesgo que destapan esta violencia, que destapan la
actitud delincuencial.
Son muchos los factores que interactúan y son muchas las condiciones que propician que las personas
opten por delinquir. Entonces hay que atender y fortalecer a las familias, a las escuelas y a la comunidad,
ya que son los ámbitos en donde se están generando las personas que tienen estas actitudes.
La atención, por tanto, debe tener dos características fundamentales: Contribuir al desarrollo de las
capacidades individuales y colectivas; y ser adecuada a las condiciones dinámicas de las comunidades,
los barrios y las colonias.
Quizá muchos aspectos que se están retomados se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo.
Lamentablemente no esta articulado. No hay, por ejemplo, una política integral para jóvenes que
abarque todos estos problemas que enfrentan; sin embargo, a la hora que se revisa la estructura
presupuestal, encontramos que no hay una correspondencia con la estructura programática que se
propone.
El crecimiento del presupuesto para el desarrollo social es mucho menor, es como la quinta parte del
crecimiento que va a tener el apoyo al orden, a la seguridad y la justicia, entonces tiene que haber más
congruencia con todos estos factores de riesgos y con los ámbitos en los que se desarrollan las personas.
Está identificado claramente en dónde está el origen de los problemas; sin embargo no hay una
correspondencia en las propuestas presupuestarias para atender los problemas que nos están llevando a la
situación que tenemos actualmente.
“DERECHOS HUMANOS EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO”
Maestro Emilio Álvarez Icaza.4
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Los problemas que hoy estamos viviendo en materia de inseguridad, en materia de violencia, si bien
tienen una extraordinaria espiral, no es la primera vez que los estamos enfrentando. La medicina que nos
estamos recetando me parece que es parte de la enfermedad. Tenemos que revisar si las dosis y el
tratamiento que nos estamos dando nos ayudan a curarnos o es parte de la enfermedad.
Llevamos 15 años, al menos, donde hemos optado por la ruta de incrementar las penas, del
autoritarismo, de la severidad, y no sería malo que revisáramos si eso no se parte del problema.
¿Qué pasó en los noventa con el catálogo de delitos graves? ¿Cómo era en los noventas y cómo es
ahora? ¿Qué pasó con la participación del ejército en los noventa en la lucha contra las drogas? ¿Dónde
está el señor Rebollo?¿Qué pasó con las instituciones que se crearon a principios de la década de los
diez, que nos prometieron con una eficacia vietnamita y japonesa, un combate ejemplar, y hace tan solo
unas semanas tuvimos que irrumpir con otra fuerza pública en sus instalaciones?¿Qué pasó con el Plan
Nacional de Seguridad que nos vendieron hace años?
Cuando hacemos cualquier revisión de los instrumentos de toma de opinión pública en este país, se
determina que las instituciones en las que menos creemos son: las instituciones que diseñan las leyes y
las instituciones que aplican las leyes. En quien menos cree la gente de este país es en los diputados, en
los partidos políticos, en los congresos, ésos son los que diseñan las leyes y en los policías y jueces;
estamos depositando el centro de nuestra acción para resolver el problema de la seguridad en ese
conjunto.
Tenemos una serie de estructuras policíacas que nos están mandando de manera constante mensajes; o
vamos a decir, un aparato de justicia para hacerlo más integral y lo que no está funcionando, y repetimos
la dosis que nos dimos hace algunos años, vamos a darle más atribuciones a las instituciones de
4 Texto editado de la versión estenógrafo
seguridad pública. Porque ahora ese es remedio infalible. Entonces, estamos regresando con la cantaleta
de la pena de muerte, de la reducción de la pena, de incrementar los delitos. Es un aparato de justicia que
no está funcionando, sino solo se les da más poder. No se nos ha ocurrido pensar lo que va a pasar en
materia de extorsión. Si le damos a este aparato de justicia esas armas, además contradictorias con lo que
esta soberanía ha hecho en materia de derecho internacional y derechos humanos.
En diciembre del año pasado firmamos dos instrumentos contra la pena de muerte. Uno en el sistema de
Naciones Unidas, y otro en el sistema interamericano. Hace un par de años hicimos una reforma
constitucional, lo menos que nos van a decir en la comunidad internacional, es que están
esquizofrénicos. Eso sin mencionar que estamos litigando en las instancias internacionales contra el
gobierno de Estados Unidos por la pena de muerte de mexicanos en Estados Unidos.
Entonces, entiendo y acompaño, el legítimo reclamo de la gente de este país en materia de seguridad.
Pero me parece extraordinariamente peligroso que recorramos un camino que ya recorrimos y ha
demostrado sobradamente sus ineficiencias, y me parece extraordinariamente peligroso y casi
irresponsable, que esa legítima agenda se asocie con agendas electorales, y que se utilice de manera
perversa el legítimo reclamo de la ciudadanía por la seguridad a través de perversas ofertas electorales.
Es extraordinariamente peligroso.
Pocos análisis se han hecho sobre las causas y pocos análisis se han hecho de manera integral en una
política de seguridad que ubique de manera integral lo que hoy está pasando.
El avance de los derechos humanos es un triunfo ético de la gente y un triunfo político de quienes
apostamos al estado democrático de derecho. Hay quienes lo ven como un freno para la seguridad, hoy
hay quienes creen que el respeto a los derechos humanos es una desventaja en la acción de la seguridad,
hoy hay quienes creen que la mejor manera de actuar desde el estado, es que regresemos a un viejo
debate que al menos hace 200 años habíamos ganado, donde se reconoce que unos tienen derechos y
otros no tienen derechos. Ante la desesperación dicen: oigan, y qué tal si le quitamos los derechos a los
delincuentes y ¿porqué les reconocemos derechos a los delincuentes?
Nos están llevando a un debate que ganamos hace 200 años en materia de la igualdad jurídica, de
reconocer, al menos lo que hace 60 años firmamos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, “reconocer a todas las personas como depositores de la misma dignidad”.
Sin hablar del extraordinario riesgo que implica que servidores públicos encargados de hacer cumplir la
ley, tengan esos supuestos en el cumplimiento de su responsabilidad. Sin hablar del peligro que
significa, que quien está encargado de presentar a la ley, fíjense que la mejor manera de hacer cumplir la
ley, es violando la ley.
Entonces, el falso dilema que se presenta a la opinión pública y lamentablemente algunas instancias de
la legislación acompañan, es que la mejor manera de combatir el delito es cometiendo delitos. Eso es
gravísimo. No sólo para el estado democrático de derecho, sino para la civilidad. Eso suponiendo
eficacia, eficiencia, honradez, en el desempeño de la función pública.
Entonces, cuando se legitima ese tipo de cosas y pasan los abusos, nos extrañamos, nos indignamos, nos
azoramos. Como hechos ocurridos al caso del joven Martí, en donde servidores públicos realizaron un
retén ilegal y se lo llevan. Y cómo llegamos a la idea de esos retenes, pues es que hace años dijimos,
oiga no lo hagan por que miren, en esta ciudad la Comisión tuvo que emitir una recomendación por toda
esa fauna, tigres, mantis, religiosos, osos y toda ese especia con nombres bravos, para que se pudieran
ordenar, porque resulta que la autoridad generaba esas actuaciones contra narcotráfico. Es decir, los
policías llegaban encapuchados y sin nombres, y no, no, estamos combatiendo delitos, sí puedes; pero
los mismos muchachos en la noche se iban de compras con el uniforme, con el arma, con las patrullas
para combatir a sus enemigos, a otras bandas, a otros grupos y era la misma autoridad, con los mismos
procedimientos y las mismas personas. Entonces, desaparecimos esos grupos porque creíamos que
estamos regresando a esas cosas.
En la ciudad de México, en el 2003 decidimos que era muy bueno, como sociedad, incrementar las
penas. Entonces modificamos el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, porque se supuso
que el delito más común era y grave, era el robo. Y además se suponía, bajo la doctrina de las ventanas
seguras o probablemente conocida como “tolerancia cero”, que eso afectaba muchísimo la percepción de
inseguridad, y entonces incrementamos las penas para robo. El resultado se dio unos años después, ya
que han pasado por el sistema de reclusorios del Distrito Federal, más de 200 mil personas, de los que
estuvieron unas horas, “el típico sabadazo, donde un problema mercantil se resuelve a través de derecho
penal y era una lana judicial y lo guardan el fin de semana y entonces negocian en otros términos,
ahora sí nos vamos a entender o te quedas. No, pues sí lo vamos a entender”. Nunca en la historia
penitenciaria de este país había pasado eso. Nunca. Actualmente, tenemos 38 mil personas en reclusión,
más del doble y si seguimos igual vamos rumbo al triple con paso sostenido.
Tenemos los dos reclusorios más poblados de América Latina. El reclusorio norte y el reclusorio oriente,
y a final de cuentas el impacto social de esa política pública, ha creado una enorme proporción, es decir,
por cada interno que tenga cuatro miembros de familia, por los 200 mil que han pasado, es un millón de
personas que en los últimos años han pasado por el sistema o el eslabón más débil, por no decir más
corroído y corrupto, de la cadena de prevención, procuración, administración e impartición de justicia de
la ciudad de México.
Si al final del proceso dijéramos que salieron ciudadanos mexicanos que los suizos miran con envidia,
oigan, vale la pena, Pero francamente no, ése tema se ha planteado en distintas ocasiones al titular de la
ciudad, al titular del Ejecutivo, a los responsables de la seguridad pública y más allá de un debate de
derechos humanos, planteábamos hasta en términos de eficacia y eficiencia, que los policías de la ciudad
de México van a ser víctimas de su éxito, porque están metiendo muchachos por robos menores, que no
hay duda que se tienen que castigar, pero la pregunta es: ¿cómo se tienen que castigar? Ya que esos
muchachos muy probablemente van a salir, dependiendo de una droga, y como consecuencia, muy
probablemente van a salir a matar por drogar. O bien, muy probablemente vinculados con la alta
delincuencia, muy probablemente con un agravio en términos de lo que significó el costo económico y
social, porque en el reclusorio todo cuesta, a las visitas le cuesta, a la familia le cuesta. No sólo
socialmente, eso sin contar cómo va a salir esa persona para encontrar trabajo. ¿A poco va a conseguir
trabajo saliendo del reclusorio?
Entonces, estamos apostando en ese caso a lo contrario que sugiere el derecho internacional de los
derechos humanos en cuanto a la pena privativa de libertad, la cual debe ser la última racha, y lo
convertimos en la primera. Entonces hoy tenemos que más del 50 por ciento de los internos de los
reclusorios de la ciudad de México, están ahí por delitos menores a 3 mil pesos. Francamente no es muy
eficaz ni eficiente. En promedio la pena para ése delito es de cuatro años y medio. Nos va a costar casi
152 mil pesos la estancia de ése muchacho, sin contar gastos alternos. ¿La víctima recuperó algo? No.
Tenemos que hacernos cargo del costo económico, en los reclusorios cada vez más sobrepoblados. He
contado 48 personas en celdas diseñadas para 4. La gente tiene que dormir amarrada porque no cabe en
el piso. Por eso les llaman los vampiros. El reclusorio oriente mide 17 hectáreas. Lo cuidan 110
custodios por turno. En un día de visita hay 30 mil personas. Y los administran 60, 70, siendo generosos.
Entonces, nuestro sistema de justicia se está desmembrando porque seguimos pensando en un sistema
político, no en un sistema integral, una de las mejores demostraciones, es que en esta Cámara no se
reúne con la Comisión de Educación, con la Comisión de Desarrollo Social, con la Comisión de Grupos
en Situación de Vulnerabilidad, ¿porque debemos entender que la seguridad pública es un tema sólo a
nivel de países y no a través de generar un especio de intercambio de saber cómo pensamos sobre la
política de seguridad pública, sobre la prevención?.
No ven un concepto básico como lo es la seguridad ciudadana y entender que el tema no es sólo de
policías y bandidos, porque además, tenemos algunos policías que juegan del otro lado. Es decir, la
ecuación esta complicada, porque hay unos que roban con placa y otros sin placa.
El tema es extraordinariamente desafiante, ni siquiera en los espacios del diseño de la política pública se
generan los cruces, para que los responsables de diseñar la reasignación de presupuesto se junten con los
que trabajan la política para jóvenes, con los que trabajan la política en materia de desarrollo social, ni
siquiera en esta Cámara, se da ese cruce, menos los habrá en las entidades.
Entones eso es uno de los mejores indicadores de la visión estrecha de política pública y seguridad que
existe. La prevención, dentro del presupuesto de las secretarias de Seguridad Pública, es algo simbólico
e insignificante. ¿Porque la policía no considera que para ese trabajo se debe hacer alianzas estructurales
con actores de la sociedad civil de la cooperación internacional y con la política de desarrollo?. La
policía se auto-repiensa y se auto-regenera, entonces la prevención del delito es dar cursos a las escuelas.
Hay un grupo de gentes valiosísimas, que están literalmente picando piedra, literalmente como esclavos
romanos, mal pagados, sin recursos, ellos hacen sus presentaciones, no tienen folletos, no tienen carteles,
no tienen materiales, dependen de su capacidad de gestión, porque la secretaría no los acompaña.
El problema es una parte sustantiva, es que no acabamos de entender que la política publica de seguridad
tienen que tener componentes estructurales, nosotros no podemos competir con el sistema de
organización delictiva, mas aun cuando se habla en materia de dinero, por ejemplo, cuando le ofrecen a
un militar que está en un puesto de mando, vigilando el paso de camiones, una suma fuerte de dinero y
lo condicionan a aceptarlos porque si no matan a su esposa, entonces, lo involucran en un delito al saber
que los camiones van de ida y de regreso con drogas y armas. Entonces, no podemos competir con eso,
lo que si podemos hacer es la revaloración social de la policía, lo que si podemos hacer es la función
social de política.
Hacer es una alianza estratégica para que los hijos de los policías no tengan vergüenza de decir “mi
papá es policía”. Lo que la sociedad puede hacer es darle reconocimiento y valoración a las policías y
no podemos competir con el dinero, eso no se va a dar sí los policías se refundan en sí mismos y no
hacen una alianza con la sociedad en términos de corresponsabilidad y prevención.
Porque la sociedad es la que dota de este conocimiento. El problema es que el termino de relación de la
sociedad y la política esta fundada en la desconfianza, esta muy lejos de reconstruir ese tejido social
fracturado, por eso el New’s Divine fue tan emblemático, porque los jóvenes no habían hecho
absolutamente nada, nada más se estaban divirtiendo. Que hubiera pasado si hubiera sido producto de un
conflicto con la policía. Después del manejo pésimo de la tragedia, cinco horas tardaron en presentar a
los muchachos y en ese recorrido los golpearon, los robaron, los amenazaron, los vejaron, algunas las
desnudaron, les pidieron que las que tuviera tatuajes los enseñara, porque si no era peor, los registraron y
eso que los estaban defendiendo. Imagínense que no los estuvieran defendiendo.
Esto trajo consigo la evidencia en que en muchas ocasiones estos servicios públicos sancionan al actor,
no sancionan el acto y ahí tenemos peligrosísimos estereotipos discriminadores en la policía, es urgente
que gente activista en la prevención, como lo es el Señor Carlos Cruz, les de cursos a la policía para
saber como se relacionan con los jóvenes.
Porque en muchas ocasiones, la policía, sanciona por la apariencia, tiene una capacidad para detectar,
ahora les voy a decir como le llaman: “delincuentómetro”. Es un policía que ve a la gente y califica el
grado de delincuencia, pero este instrumento tiene fallas para los delitos de cuello blanco, no los detecta,
porque es gente muy decente, cómo van a robar, pero los pelones me los traen en friega sólo con subirse
al metro ese es delincuente clavado, trae un jersey, trae un arete, ese es delincuente y si no lo es seguro
lo será. Por eso les tomamos fotos cuando los detuvimos porque ya los tenemos registrados para cuando
sean delincuentes los agarramos. Es decir, la presunción de inocencia que dirigió esta Cámara, tienen
que trabajar más o tiene que hacer realidad las cosas. Debemos pensar en conceptos de seguridad
ciudadana, en conceptos donde le invirtamos y entendamos.
Por ejemplo, como dice la Ley de Fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil, que esta soberanía
aprobó que los organismos de la sociedad civil son entidades de interés público y que pongamos
recursos y que trabajemos en prevención, en construcción de ciudadanía donde los jóvenes son sujetos
del derecho, no objetos del derecho, donde tengamos los incentivos para que ese joven de 12 años, en 3
años, tenga menores exposiciones a la droga.
Actualmente, para ese grupo de población, cuatro de cada 10 dicen que es muy fácil conseguir droga, la
Secretaria de Educación Pública, nos ha venido diciendo sistemáticamente que está reduciendo la edad
de prueba a la droga, en los últimos 6 años se ha reducido casi dos años y medio. Uno de cada 10
estudiantes de secundaria de esta ciudad ya probó una droga. Uno de cada tres de bachillerato. Y esos
son los casos exitosos, los muchachos y muchachas que están en el sistema educativo, no hablamos de
los casos no exitosos, que son los que están afuera, que nadie se preocupa por ellos, esos son los que
están en más riesgo.
Tenemos que hacer políticas de largo plazo que nos ayude a disminuir la exposición de riesgo, las
familias mexicanas tienen que entender que el asunto de las drogas también les corresponde a ellos y
cuando vemos el tema, ¿cuál es la respuesta?, Mochila segura. Vamos a revisar las mochilas de los
jóvenes son peligro y afuera de la escuela, ah no ahora se llama escuela segura, pero en las colonias se
sabe dónde se venden las drogas, la gente lo sabe y porque no se va ahí y se detienen a los responsables.
El problema no esta en los jóvenes, entonces aplicamos políticas de seguridad que encaminen a los
jóvenes por este entendimiento no verlos como sujetos de derecho y eso que los estamos protegiendo.
Me llegó una carta de un profesor, de la Delegación de Iztapalapa, en donde expone el acuerdo a que
llegaron los padres, por votación, señalando que los muchachos no tenían una serie de derechos. Perdón
pero hay una cosa que se llama Constitución, en donde los derechos no están a votación, son
interdependientes, personales, es decir, el papá no puede votar por quitarle los derechos al hijo, eso no se
puede hacer, pero esas cosas están pasando producto de la desesperación.
Claro, muchos papas están desesperados de lo que está pasando, de ver que sus hijos caen en la droga, de
que venden droga, que no tienen trabajo. No desacredito, al contrario, me fundo con el más claro respeto
a la preocupación de los padres y madres de familia por ver lo que esta pasando.
Para el próximo presupuesto de seguridad, no sé como le van a hacer, porque vamos a tener una fuerte
crisis económica, pero por el contrario se la pasaron diciendo que no iba a pasar nada, tal parece que sí
nos va a pasar. Decían que estábamos económicamente estables, pero, regresamos al tema de la
psicología inversa, me acuerdo cuando decían: “no va a subir la gasolina” y todo mundo se iba a la
gasolinera a formarse a llenar el tanque. ¿Se acuerdan de esas épocas? “nos dijeron que no iba a subir la
gasolina y unas colas para comprarlas”. Hoy resulta, que sale en los periódicos con que eventualmente la
recaudación fiscal cae.
Ahora, en ese marco nos presentan un incremento extraordinario, otra vez más policías, más rifles, más
armas. Yo no dudo que tengamos que hacer una revisión a eso, pero por qué no vemos el incremento a
los otros tipos de presupuesto, a los que tengan que ver con atención a población a riesgo, con jóvenes,
con desarrollo social, con generación de sinergias.
Y eso también reflejado a los estados. En muchas ocasiones los gobiernos estatales no tienen ni siquiera
un programa fundado en ley para desarrollar proyectos de co-inversión. Y muchas veces ese tipo de
inversión, cuando exigen, está a la luz de discrecionalidad, de opacidad del secretario, del gobernador o
del amigo, del hermano del señor, o bien de la ONG que se lleva la lana. Eso me parece que no es la
mejor inversión.
Es estrictamente indispensable entender que en el tema de seguridad necesitamos un enfoque de
direcciones, entender que el derecho básico es el derecho a la seguridad. Si seguimos pensando como
ejes contrapuestos vamos a seguir pagando muy caro nuestras acciones. Tenemos que revisar las
decisiones que hemos tomado en estos últimos 15 años y que hoy se presentan nuevamente como
opción.
Como solución hay que revisar con lupa algunas de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y alguno
de los partidos políticos. Hay algunas propuestas que preocupan a la luz de los derechos humanos, me
parece gravísimo, por ejemplo, que se haya constitucionalizado el arraigo. Es contrario a todo el
precepto de derechos humanos, hay algunos elementos peligrosísimos en materia de derechos humanos
que la armonización legislativa tendría que resolver. Que las leyes intermedias tendrían que garantizar.
Creo que es el momento para que este tipo de decisiones tomen lugar. Por supuesto que, no quiero
banalizar, estaremos en deuda con los buenos servidores públicos que arriesgan su vida por nosotros. A
esa gente la tenemos que apoyar, a esa gente la tenemos que respaldar. Estamos en deuda con los buenos
policías. Pero para que puedan hacer mejor su trabajo, tenemos que atender el ataque a la corrupción y
tenemos que fortalecer proyectos territoriales, tenemos que evitar que la delincuencia tenga cada vez
más adeptos porque el tema no es nada más de policías. Y eso requiere una política pública integral en
materia de seguridad, con enfoque de derechos humanos.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
1. PREGUNTAS
Ciudadano Álvaro Cabrera.
Secretario técnico de la senadora Lázara Nely, de Tamaulipas.
La propuesta va en ese sentido en pedirles su opinión ya que se va a presentar una iniciativa en el sentido
de retirar a las policías municipales y dejar que las entidades federativas se hagan cargo de todo este
esquema de prevención. Y también de la policía preventiva en el ámbito federal, pues que sea el
gobierno federal el que se haga cargo de los delitos federales. En ese sentido de sacar del sistema de
seguridad pública a las policías municipales porque evidentemente están rebasadas, no pueden. Como se
dijo, el problema no son las 100 ciudades más grandes del país, que seguramente tienen recursos, sino
son los municipios pequeños de las sierras que están alejados, donde el presidente municipal gana 20 mil
o 30 pesos. Llega el narcotráfico, son muy vulnerables.
La pregunta va en ese sentido, ¿qué opina de esta iniciativa?
Licenciado Emilio Serrano Jiménez.
Director general de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
¿Qué derechos humanos puede tener un asesino que mutila, que masacra, que viola, que secuestra? ¿De
qué derechos humanos estamos hablando, si no tienen sensibilidad.
Licenciada Minerva Bautista Gómez.
Directora de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad
Pública en Michoacán.
Mi pregunta se refiere a lo siguiente. Después del atentado del 15 de septiembre en Morelia, el panorama
y el trabajo que se venía haciendo en materia de prevención cambiaron totalmente. La gente a través de
los comités vecinales, en las escuelas, en los municipios, estaban convenciéndose de que el trabajo a
través de la participación ciudadana, de que ellos se involucraran con la Secretaría de Seguridad Pública
para la prevención ere efectivo. Sin embargo, a partir de los hechos del 15 de septiembre damos varios
pasos atrás en el sentido de justificar, la presencia militar y policial que ha habido. Obviamente también
ha habido bastantes quejas, denuncias sobre el abuso del que han sido los ciudadanos. Definitivamente
me gustaría que pudieran comentarme qué estrategia se puede implementar ahí, porque es un caso
especial en donde la gente deja de confiar en la participación, bajan mucho las denuncias anónimas
ciudadanas y hay un encierro nuevamente de la gente y una apatía a seguir participando en las tareas
de prevención.
Ciudadano Alberto Padilla Navarro:
Segundo inspector retirado de Policía y Tránsito Alberto Padilla Navarro.
Presidente de los jefes policíacos en retiro del DF.
Dos cuestiones.
1.- La inseguridad pública en el DF es consecuencia de que la policía del DF no tiene capacidad? El
problema no es que falten policías, el problema es en la calidad de policías que tenemos. Siepre han
llegado por equis circunstancia a un puesto de jefe policiaco y no por los conocimiento que se tengan.
Ahí está el factor indiscutible de la inseguridad que prevalece actualmente.
2.- En la medida del número de migrantes que vuelvan a México, va a aumentar el índice delincuencial,
sobre todo por la cantidad de antisociales que saldrán de las cárceles de Estados Unidos y que al regresar
a México se van a ver si perspectiva de mantenimiento elemental.
Ciudadano Miguel Barrera.
Coordinador de la colectiva marabunta. Nosotros veníamos haciendo periódicamente un evento desde
nuestras posibilidades que se llama “juguemos sin violencia”. El cual consiste en cambiarles juguetes
didácticos por los juguetes bélicos que tienen los niños. A consecuencia de los hechos ocurridos en
News Divine. Ya no existe ningún apoyo. No contamos con dinero ni apoyo para juntar y cambiar
juguetes a los niños.
Creo que los que están arriba, quiénes están en el mando, coordinando, destinando todas estas lanas que
en nuestro caso ya no tenemos acceso a ellas, ya no podemos seguir trabajando aunque tengamos toda la
intención, la motivación, la vocación. Somos nativos de allí y tenemos necesidad de cuidarnos y cuidar a
nuestros jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? Para que los que están en lado del gobierno, preocupados por
implementar programas de prevención para los jóvenes, se puedan acercar a nosotros y viceversa.
Diputado Gerardo Priego Tapia.
Diputado Federal por el PAN, integrante de las Comisiones de Desarrollo Social, Equidad y Genero y
Gobernación. Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y
Medios de Comunicación.
Mi pregunta va dirigida al titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, pero en este esfuerzo
que se está tratando de hacer en contra de la delincuencia organizada en nuestro país, particularmente el
narcotráfico, yo soy de los convencidos de que el Ejército tiene que entrarle, aunque hay un área ya de
derechos humanos en el Ejército, mi pregunta es, si hay una forma de ir mucho más cerca del Ejército en
el tiempo en el que van a estar en la calle, deben estar mucho más cerca del Ejército a la hora de hacer
esta batalla en contra del narcotráfico, pero al mismo tiempo, garantizarnos a los ciudadanos que no va a
haber exceso, como alguno de los que desafortunadamente ya vimos.
Diputado Salvador Ruiz Sánchez
Diputado Federal por el PRD y Coordinador en la Mesa Directiva de la Comisión de la Reforma del
Estado e integrante de las comisiones de Económica, Gobernación y Puntos Constitucionales.
Me interesa saber, legalizar las drogas, ¿Es posible un acuerdo político y toda la fuerza de México para
combatir el asunto de la inseguridad? Y finalmente, México se está haciendo como Colombia o ya
estamos como Colombia y la experiencia internacional que está comentando.
2. RESPUESTAS
Doctor Edgardo Buscaglia.
La primera pregunta se relaciona mucho con lo que el presidente de la Comisión de Derechos Humano
ha compartido con ustedes, para calcular el 63 por ciento de las jurisdicciones municipales de este país,
que ya están infiltradas, corrompidas o federalizadas. Hicimos simplemente un análisis objetivo de
infraestructura criminal dirigida a la presencia o ausencia de infraestructura criminal asignada a
explotación sexual de menores y la venta de drogas. Me puedo acordar que en Michoacán hay 16 mil
tiendas y en Morelia hay 1520, Esta información es un trabajo que debería estar haciendo la policía pero
lo estamos haciendo nosotros como investigadores. Además, estamos calculando también los municipios
donde hay personal policial con alguna responsabilidad, por estar involucrados en conductas criminales.
Simultáneamente, todas las jurisdicciones municipales.
El otro día el procurador de la república dijo en el Senado que este índice era muy difícil de calcular, se
los estoy explicando en dos minutos. No es difícil de calcular, simplemente hay que tener el personal
adecuado para hacerlo, también incluyo al Distrito Federal en este estudio.
Lo que quiero dar entender es que hay una estructura criminal abierta y notoria para los ojos de las
autoridades, se debe presumir que hay corrupción a nivel del estado para poder justificar las operaciones
en la infraestructura criminal, por largos periodos de tiempo que sea abierta y notoria en los ojos de las
autoridades.
Es un índice que calculamos, en la que de alguna manera se intenta monitorear cómo va expandiéndose
la delincuencia organizada y las asociaciones delictuosas.
Creo que es importante explicar que las instituciones federales en un estado de derecho no han sido
diseñadas para ser respetadas bajo condiciones normales nada más, no todo el estado de derecho da
verificación de que una ciudadanía y un estado se apeguen al estado de derecho. La verificación de eso
normalmente se da durante situaciones de extrema gravedad en la vida de la república.
Uno se tiene que sentir muy avergonzado, que bajo una situación de gravedad el gobierno
norteamericano sancionó la tortura extrajudicial además, seres humanos detenidos en diferentes puntos
del país.
Lo mismo deberíamos decir, cuando hicieron la pregunta de federalizar la seguridad pública, debemos
centralizar la seguridad pública, deben los federales, tomar las riendas de aquellas atribuciones, de
aquellas funciones que normalmente le son asignadas por la constitución de un país a las autoridades
locales, mi respuesta seria, No.
Lo primero que le diría como diagnóstico es que ustedes en México no tienen a un secretario de
seguridad pública para todos los fines prácticos y técnicos. Lo que ustedes tienen es un jefe de policía
federal y no lo digo por faltar al respeto a los jefes de policía, es otra función.
Como no hay un secretario de seguridad pública, por lo tanto, las autoridades ni locales, ni estatales ni
federales pueden llevar adelante un programa estratégico y táctico de aplicación de seguridad pública y
prevenir que estas tiendas y estas infraestructuras de explotación sexual, sean erradicadas.
La corrupción policial, no se puede explicar en ningún país, en ningún lugar, solamente por corrupción
policial y defectos de la policía. La corrupción policial en todos los países donde yo he trabajado, emana
de la corrupción política. Hay una percepción de la policía en los lugares que yo he visitado, mal o bien
percibida, en donde los grupos políticos están apoyando a un grupo criminal y por tanto, ellos mismos
también desarrollan alianzas. No me estoy refiriendo a la corrupción de un solo policía aislado, que
puede existir en Suecia o en cualquier lado. Sí no a la corrupción sistemática de grupos, que se dediquen
a hacer estas cosas.
Por tanto, para atacar muchos de los problemas mencionados. Sí se requiere un pacto político de amplio
alcance, pero no un pacto político show que no normalmente no llama la atentación de los actores
políticos en Perú, en Bolivia y ahora en México sino un pacto político real, como el que también está en
Chile, con la concordancia, que es un gobierno de simple izquierda e implementó Bolivia en su propio
país con problemas mucho más graves que el de México, que ojalá no lleguemos a esa situación de
escala de violencia como la colombiana en los años ochenta y noventa.
Ese pacto político, se traducen en medidas técnicas, que son muy difíciles de implementar, salvo que
todos los actores políticos se pongan de acuerdo. Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para neutralizar la
lana de los grupos criminales mexicanos que tienen presencia operativa en 47 países? ¿Cómo se hace?
¿Lo puede hacer el estado de Jalisco solito? No pueden.
¿Lo puede hacer el gobierno federal solo con apoyo del UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera?
Tampoco puede.
Los gobernadores tienen que sentarse con el presidente, y de alguna manera ya sea unitario o federal
deben ponerse de acuerdo, que la cosa ya no da más y no da más porque se está desmembrando el país.
Hay versiones del territorio mexicano sujeto a lo que denominamos estado fallido.
En este momento ustedes tienen grupos criminales cobrando impuestos a través de padrones fiscales
criminales en 15 estados de la república. Es decir, que están cobrando impuestos a personas morales y
físicas de manera sistemática todos los días. O sea, que el estado para todos los fines prácticos, de
protección de alguna propiedad es inminente, no es relevante en la vida de los ciudadanos. Eso es un
síntoma de estado fallido.
Las autoridades de Colombia y de Rusia, que también vieron esto, tuvieron un incentivo
extremadamente rápido asentarse y decir, bueno, vamos a establecer un lugar de investigación
patrimonial en cada una de las entidades federativas y recomendar inteligencia financiera y vamos a
empezar a ver las raíces de la base patrimonial de los grupos criminales. Obviamente, exige cooperación
internacional para 47 países involucrados.
Los gobiernos municipales no han tenido la oportunidad de implementar políticas preventivas, porque no
existe una política preventiva. Por tanto, yo les diría que no desmantelen el sistema federal, el sistema
federal tiene muchas ventajas, centralizar los controles de confianza en manos del jefe de policía sería un
error en un país tan complejo como México. Tiene que descentralizarse de acuerdo a la naturaleza propia
de este país.
La constitución de este país, elaborada por las fundadoras y fundadores de este país, no concibe que un
jefe de policía tenga un centro de control de confianza y decida cuáles son los mandos en cada entidad
federativa con base en un control de confianza discrecional, que él o ella decida como jefe de policía.
Eso no se debe hacer, debe haber controles de confianza estatales trabajando en red con la Secretaría de
Seguridad pública federal, con indicadores claramente establecidos y acordados políticamente,
técnicamente con la sociedad civil y estos centros de controles de confianza que deben estar
conformados por personal de la policía, pero también por sociedad civil. Determinando cuál es el
nombramiento, los ascensos, las instituciones haciendo el monitoreo que estoy haciendo yo con este
país. Ése es el mecanismo federal.
Legalizar las drogas, no es efectivo por tres razones:
Primero, necesitamos un marco regulatorio adecuado, como en cualquier industria farmacéutica
que México no posee.
Segundo, debe haber un programa de prevención, operando por lo menos diez años antes de que
legalices alguna droga, porque si no, te aumenta la demanda y a mí la escala de producción. Si no
tienes un programa preventivo a nivel nacional bien financiado con asistencia técnica y con
nuestros amigos de las asociaciones civiles, si legalizamos las drogas se aumentan la escala
operativa y la política se eleva, así mismo, se aumenta la demanda y los problemas de salud.
Tercero. Para legalizar drogas hay que hacerlo en una región internacionalmente, porque no
puedes concebir que se legalicen las drogas acá y que no se legalicen en Estados Unidos ni en
Guatemala, porque estás generando una catástrofe internacional al mismo tiempo.
Es un disparate hablar de legalizar las drogas, no porque lo hayan preguntado, está bien la pregunta, pero
los que están proponiendo eso trabajan en un gabinete aislado con una curva de oferta y de demanda. Yo
soy economista también, o sea que puedo decirles que hay razones que hacen que Holanda, con un
programa de prevención, un marco regulatorio y muy restringido a determinadas drogas, pueda llegar a
experimentar con ese programa y así nada más tuvieron incrementos de demanda o bajos de demanda.
Así que no estemos ensayando cosas que van a causar un desastre.
No estamos al nivel de Colombia todavía, pero podemos llegar a estarlo si la expansión de los bolsones
territoriales de estados fallidos continúa avanzando. Si el año que viene, las elecciones de 2009, y esto lo
dije por CNN el 16 de septiembre, en un programa local, llega a tener a títeres de la delincuencia
organizada apoderándose por ejemplo hipotéticos, no acuso a nadie, de Sinaloa, Campeche y Tijuana,
ustedes van a tener a tres grupos criminales disputándose el territorio nacional, con gobernadores títeres
en esos lugares, y si eso sucede tienen los principios de una guerra civil.
Tienen que prevenir a toda costa blindar, pero blindar partidos, que hasta ahora es una frase política,
tiene que transformarse en una frase técnica. Hay siete u ocho medidas para blindar los partidos de su
infiltración.
Carlos Cruz.
Me quedé con la pregunta que tiene que ver con lo de Michoacán. Independientemente de todos los
hechos, la muestra de fuerza posterior es igual a la muestra de fuerza de los hechos de la bomba, es
decir, si por un lado ponemos una bomba y después hacemos un desfile donde representamos a las
fuerzas armadas, es igual, es la misma actitud.
A mí me parece que deberían de estar trabajando mucho más en generar resiliencia con la comunidad y
al menos nosotros experimentamos los mismos hechos en el New’s Divine, en otras condiciones, pero sí
nos pusimos a trabajar para reconstituir el tejido social a través del arte, del arte callejero para que la
gente tuviera confianza otra vez.
Por un lado el asunto religioso de las veladoras y todo eso, me parece que hay una parte de tradición y
una parte de que ésos son los valores morales que tiene la gente y hay que permitirlo, pero hay que darle
otro sentido y hay que hacer que la gente empiece a caminar en el mismo espacio. Eso es por un lado.
Por el otro lado, me parece que en el ámbito de la comunidad, si bien ya estaba un tejido ahí, ese tejido
lo que hay que hacer es volver a cohesionarlo, pero no lo podemos volver a cohesionar a través del
discurso del uso de la fuerza. El uso de la fuerza no va a resolver nada, tenemos que cohesionarlo a partir
del desarrollo de otras capacidades comunitarias.
La resiliencia no solamente es individual, la resiliencia, también es comunitaria creo que hay muchos
contactos que nosotros tenemos, igual podemos ahí facilitar la Facultad de Psicología tendría que estar.
Hay que ir a escuchar a la gente en colectivo y en lo individual.
Antier presentamos un diplomado por la Comisión de Derechos Humanos del DF y veíamos un montón
de pinturas que hicieron niños, jóvenes, los pusimos a pintar a ver cómo se sentían y cómo querían ver el
espacio. Entonces me parece que ésas son las cosas que hay que hacer.
Yo no estoy de acuerdo con que a un hecho como lo sucedido en Morelia, tenemos ahí que salir a hacer
una muestra de fuerza, yo sí creo que la muestra de fuerza tendría que ser en que esa plaza hoy esté llena
de mesas de trabajo, cultural, artístico, donde la gente diga: ésta es mi comunidad, la voy a reconstruir,
voy a salir de la adversidad, pero voy a compartir en la adversidad para poder construir una nueva
manera de relacionar. Creo que es por ese lado y además retomaría algo. Si realmente este país se
hubiera hecho un trabajo de prevención, esas tres personas detenidas por haber tirado esa granada quizás
nunca hubieran tenido la capacidad de hacerlo. Eso es el resultado justamente de nunca haber trabajado
con esa gente. Si revisamos la historia de vida de ellos vamos a encontrar justamente que lo que
necesitaban era espacios públicos, ser escuchados, tomar decisiones, generar empatía, que se conocieran
a sí mismos; tener un pensamiento crítico sobre los mensajes televisivos. Eso hubiera facilitado mucho
más y me parece que es justamente lo que habría que estar haciendo en Michoacán y en otros muchos
lugares.
Tenemos decapitados y nadie trabaja nada en contra o a favor de la comunidad ante los hechos. Vemos
operativos policiacos en los que se detiene a mucha gente, pero nadie interviene en la comunidad
posterior. Ésas son intervenciones que hay que estar haciendo, no solamente decir: bueno, ahora van a
ver otras cincuenta patrullas en la comunidad, sino cómo hacemos para establecer mecanismos socio-
fectivos que reconstruyan el tejido social y que cambien la mirada ante la crisis de las y los ciudadanos,
principalmente de dos sectores: los niños, la niñez y la juventud, porque si no entonces sí se vuelve muy
facineroso el asunto, entonces se vuelve facineroso y así uno quiere ser, o la tira o el delincuente.
Entonces hay que construir otra cosa, y ahí me parece que es donde deberían de estar trabajando en este
instante, si no lo están haciendo, hay que empezar a hacerlo urgentemente.
Algo que aprendí en el caso del News Divine, es que para reconstituir el tejido social se hace todo, y a la
acción está en todos los días. Hoy hace uno una cosa que se da uno cuenta inmediatamente que no va a
funcionar, pero tiene uno que tener la habilidad de construir sobre esa cosa otra acción que vaya a
funcionar.
Licenciada Hilda Araceli Moreno Acosta.
Nada más comentar que justamente para aplicar las estrategias y las formas de intervención no debemos
esperar a ver quién nos las dice, a ver cómo las intervenimos, cómo alguien viene y nos resuelve. Ahí en
Morelia qué está haciendo esa sociedad que fue agraviada también, no se vale decir: ya me desincentivé
de participar y ya no participo. Las propias personas que están en las comunidades tienen un mejor
diagnóstico, necesitan los recursos para poder ayudar a reconstruir sobre lo destruido.
Entonces no es zafarse de la responsabilidad social que tenemos inherentemente con nuestros vecinos,
con nuestra comunidad. Los delincuentes tienen papá, mamá, seguramente tienen alguna familia, a lo
mejor no muy estructurada o algo, pero ahí hay una responsabilidad también, una corresponsabilidad,
entonces es invitar a esa participación y hacer estos diagnósticos a ver cómo están los jóvenes de esta
comunidad, qué pasó aquí, cuántos jóvenes en edad escolar están realmente en la escuela, cuántos no lo
están, los que no lo están, qué están haciendo, no tienen trabajo tampoco, no tienen obligaciones en casa.
Entonces tenemos jóvenes que no tienen nada y qué políticas o qué recursos o qué opciones brinda la
sociedad y brinda el gobierno, brinda el Estado, es decir, brindamos todos. Yo creo que entonces las
estrategias no es esperar que alguien nos diseñe una estrategia, sino es decir: vamos a trabajar, vamos a
ver cuáles son nuestros factores de riesgo, cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es la contribución
que vamos a hacer como sociedad, como comunidad para poder efectivamente dar alternativas a los
problemas que estamos teniendo.
Entonces es exigir que las políticas tengan los enfoques que aquí se mencionaron, por un lado el enfoque
de juventud, por otro lado el enfoque de los derechos humanos. No es posible que estemos pensando que
a los asesinos hay que castigarlos haciendo lo mismo, siendo asesinos con autorización. Son personas
también y tienen sus derechos, y hay que respetarlos y hay que hacerlos que tengan consecuencias de sus
actos, pero no reproduciendo la misma conducta que queremos castigar, porque entonces cuál es el
aprendizaje.
¿Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a localizar asesinos para asesinarlos, a localizar gente
violenta para ser violentos con ellas?, yo creo que no. Entonces es tener muy claro cuáles son las
responsabilidades sociales que tenemos para con nosotros mismos y para con los demás, con los que
estamos conviviendo, y en ese sentido la estrategia debe ser territorial, respaldada con una política
pública que haga bajar los recursos a donde realmente se pueden resolver los problemas, tener un
seguimiento claro de que efectivamente esos recursos están sirviendo para inhibir, para corregir, para ir
buscando una convivencia pacífica, una convivencia con valores nuevamente.
Maestro Emilio Álvarez.
Debo comentar con cierta sorpresa y con un tono de alarma su reflexión. Conozco su trayectoria, yo fui
diputado local y diputado federal y me inquieta, una persona con esa trayectoria haga una formulación
como la que usted está haciendo.
En mi tierra se dice que hay comentarios que son algo más que una confesión, porque pareciera ser que
en la ecuación que usted nos plantea los derechos humanos son parte del problema y no parte de la
solución, y el tema sustantivo tiene que ver con la justicia, ese es el tema, no con nuestro régimen de
derechos.
Apostar a la reducción de derechos es aceptar la derrota y el estado democrático de derechos.
Venimos de ahí, no sólo hicimos las comisiones para evitar los abusos policíacos, porque hace 40 años
hablar de derechos humanos era subversivo, peligroso, sinónimo de comunista, porqué nos costó tantas
vidas, por qué en un término de relación entre el poder y la sociedad, y por qué hoy hay instituciones en
materia de derechos humanos y muchos más avance y esencialmente es un triunfo ético, esencialmente
es un término de relación político distinto, no sólo contra la lucha a la delincuencia, todavía estamos
pagando los costos del uso indebido del poder, todavía estamos pagando, todas esas heridas.
Entonces, me parece, el tema principalísimo es la justicia, don Emilio, porque lo que pasa en realidad y
ahí hay un pésimo entendimiento, es que hay una altísima probabilidad de que quien comete un delito no
pague por ello. Eso no tiene nada que ver con derechos humanos, al contrario, el Estado está abdicando
de su responsabilidad de tutelar la seguridad. Construimos el Estado para procurar justicia.
Una de las hipótesis que está detrás del planteamiento que yo entre veo y leo, que digo que es mi lectura
la que usted dice, es el peligrosísimo riesgo de que el Estado admite venganza, en lugar de procurar
justicia vamos a administrar venganza.
Díganme una cosa, ¿cómo vamos a quitarles los derechos a esas personas? Podemos entrar a una
discusión constitucional, ahorita es muy pensable, es un ejercicio retórico, eso más allá del marco legal,
sino los supuestos que se le implica.
Yo insisto que esto es un falso dilema, don Emilio, porque lo que necesitamos justamente no sólo es un
flujo ético, sino la acción de la eficacia en la justicia. Además, los temas tan peligrosos que tienen que
ver con la corrupción de las fuerzas policíacas, que es dramático.
Por supuesto, además de los problemas que señaló don Alberto, en términos de capacidad, de cantidad.
La Ciudad de México tiene 80 mil policías, en números redondos por las distintas corporaciones,
números redondos. La policía auxiliar tiene una capacitación de un mes para ser policías auxiliares y
tenemos más de 30 mil; la policía preventiva, se les capacita seis meses y la judicial un año y son la
primera división.
Entonces, me parece que tenemos que voltear a ver a otros lados antes de sacar conclusiones de
reducción de derechos.
Entiendo el escenario de riesgo que vivimos, pero yo a ese tipo de propuestas le llamo la tentación
autoritaria, la reducción de derechos, y lo que quisiera es justamente la acción implacable de la justicia
para que ese asesino, ese secuestrador esté en la cárcel pagando su pena. Y lo que quisiera es un Estado
que atendiera a la víctima y que acompañara solidariamente a la víctima, que en muchas ocasiones deja
en el absoluto abandono. Lo que quisiera es un Estado que pudiera acompañar la certeza de que una niña
que pierde a su padre, producto de un delito, tenga la certeza que va a llegar a la universidad. Eso es lo
que yo quisiera y eso no existe.
Entonces, no podemos sólo pensar con la salida fácil de reduzcamos derechos, eso no puede pasar en los
que apostamos al Estado democrático de derecho, eso no puede pasar ahí y es por eso que me parece,
además, haciéndonos cargo de lo que significa la discusión de la espiral de violencia.
No hay discusión del monopolio del uso exclusivo de la fuerza por parte del Estado, pero hagámonos
cargo de que si el Estado piensa que al resolver a la violencia sólo va a responder con más violencia,
hagámonos cargo del peso que necesita; entonces, vamos a poner más presupuestos a la policía, al
Ejército más armas, etc.
Ahí está Estados Unidos. La respuesta estratégica ha sido más violencia, violencia desde el Estado.
Yo creo que hay muchos temas que hablar sobre los derechos humanos, no es el freno de mano de la
acción de la policía. La policía muchas veces me dice no, lo que pasa es que ustedes no nos dejan
trabajar, ¿y por qué me dice usted eso? No, es que mire, vamos y nos reciben a balazos y ¿los derechos
humanos?. Ah, entonces, lo que usted quiere es cartera abierta para hacer lo que quiera, administrar
venganza y no administrar justicia. No, ¿entonces?, entendámonos; si su función es tutelar el derecho a
la seguridad y generar la certeza a la intervención, somos su aliado, somos aliados del Ejército.
Ahora, si lo que usted quiere es actuar igual que los criminales, porque eso es lo que me están
proponiendo, utilizar la fuerza, balazos. Pero si lo que usted me está proponiendo es démosle bandera
blanca a la fuerza pública para que actúe como los delincuentes, ahí sí le voy a decir francamente no lo
voy a acompañar, francamente no, y haré todo lo posible para que eso no pase. Lo que no podemos
permitir es que el Estado cometa delitos para combatir el delito. Eso es la derrota absoluta del Estado
democrático de derecho.
El Ejército tiene un importantísimo rol en la lucha contra el narco, pero me parece que su rol tiene que
ser hoy día la seguridad nacional. Voy a poner sólo un ejemplo. Los soldados están entrenados bajo el
paradigma del uso extremo de la fuerza; los policías están entrenados bajo el principio del uso
proporcional de la fuerza, ¿qué implica eso, por ejemplo? Si un ciudadano pasa y un policía le marca el
alto y ese ciudadano, por la razón que usted considere no se detiene, el policía lo va a alcanzar o avisa a
otro para intentar alcanzarlo. En el caso de un soldado, si un militar le marca el alto y este ciudadano no
se para, el militar le va a disparar, porque tiene un principio del uso extremo de la fuerza, entonces, es
muy probable, con independencia del servidor público, que por sólo ese principio en el uso de la fuerza,
donde usted ponga militares en la función de seguridad pública vaya a haber este mismo acontecimiento.
Ya llevamos varias tragedias, familias baleadas. Y Además, luego de baleadas, la administración de la
tragedia. Entonces, eso va a pasar, don Gerardo, por el principio del uso de la fuerza del Ejército, no
están entrenados para eso.
Ahora, eso no quiere decir que el Ejército no tenga un importantísimo rol. Salen y salen camiones con
droga y entran y entran camiones con armas. Las granadas en Morelia, esas no se hacen en este país, los
lanzacohetes, los cuernos de chivo, los R15 y toda esa industria, y eso también tiene que ver con la
cooperación internacional.
Estados Unidos tiene la capacidad para decir dónde hay salmonela en unos tomates y no encuentran los
camiones con armas, nos detienen exportaciones e importaciones de tomate y no encuentran los tráilers,
vagones, contenedores, submarinos, que pasan, entran con droga y se regresan con armas. Eso lleva años
pasando.
Por eso a veces digo, es que ahora queremos que el Ejército resuelva, y entonces, pongámosle un
visitador atrás para que se contenga, para que el militar no se porte mal. Lo que va a pasar es que al
visitador hay que darle un chaleco y le da un balazo, eso no va a inhibir el Ejército.
Por supuesto que hay franjas de la seguridad nacional, donde llega en la frontera, los narcos y amenazan
a la policía municipal, que son cinco policías, les dicen “o copelas o cuello”, —citando los clásicos de la
teoría política mexicana reciente— y hay que intervenir, claro, es un tema de seguridad nacional, pero
creo que tenemos que discutir con más cuidado las esferas de la seguridad nacional, la seguridad pública
y la seguridad ciudadana. Me parece que están absolutamente trastocadas, el Ejército es una institución
indispensable en este país, es una institución pública que más confianza tiene y es una institución a la
que tenemos que cuidar y si nos falla el Ejército, qué nos queda. Tengamos una discusión política de otra
naturaleza sobre el uso de las fuerzas armadas, porque de la manera más humilde, le digo que creo que
hay un abuso. El uso de la fuerza del Ejército y de la Marina y no se está midiendo la consecuencia que
esto implica.
Eso no quiere decir que yo no esté atento y vigilante de la capacidad de fuerza del narco, pero hay
esferas de la seguridad y el problema es que en este país las esferas se sobreponen y se mueve cada
quien por su cueva y acompaño el comentario del doctor Buscaglia sobre la política de Estado en
materia de seguridad y lo que eso significa. Ahí tenemos retos principalísimos.
Acerca del atentado de Morelia es un hecho que nos conmueve profundamente, pero no se explica por sí
mismo. En Michoacán han venido pasando cosas muy graves y es un paso más; en Michoacán y en
muchos lugares de la república se han venido dando casos dramáticos de la intervención de la
delincuencia, como por ejemplo, la ausencia del Estado en materia de secuestros.
Como por ejemplo, la participación del narco para designar a los jefes de seguridad de los municipios o
como por ejemplo, que cuando se va a ver un secuestro, de un rapto, de algún grupo delincuencial no
hay policías, porque antes pasan a limpiar la zona y ¿cómo limpian la zona?, pues a los policías les dan
dinero y se van, entonces, no podemos entender sólo el granadazo, sin entender lo que venía pasando
antes.
Lamentablemente, a la luz de este escenario, claramente tenemos que intervenir y es dramático lo que
está pasando, que la industria del secuestro, de la amenaza es un duprapoder, poderes de facto,
criminales que determinan hasta vinculaciones con la industria de la piratería, con muchas conexiones
delincuenciales.
Entonces, es muy difícil pedirle a la sociedad que crea en las instituciones, cuando el Estado aplicó en su
responsabilidad la seguridad; es muy difícil convocar a la seguridad si no trabajamos en la
reconstrucción del tejido social, pero el Estado garantiza que va a hacer lo que tiene que hacer. La
sociedad no puede sustituir a la fuerza pública, no puede, el Estado tiene que dar señales de eficacia y
eficiencia, no con desfiles.
Un caso paradigmático donde tuvimos la “Operación Michoacán”, de los primeros lugares de la
república donde se hizo y respondemos con mensajes simbólicos de ese tipo de acciones, pero no va por
ahí. Creo que ahí sí le toca la reconstrucción del tejido social, pero mientras el escenario sea de tal
inseguridad, mientras el médico reciba amenazas a su celular, mientras el ingeniero reciba amenazas
porque lo están viendo de una constructora. Esas cosas están pasando; tengo un amigo en Morelia y cada
que lo veo es un asunto dramático y no es sólo Morelia, no quiero tipificar, pero por el caso.
Hay que atender lo que pasó atrás, entonces se fueron pasando señales, señales, señales, señales y tiene
que ver con temas dramáticos del encuentro de las bandas y carteles y me parece que hay que hacer una
profunda revisión de cómo llegamos a eso.
Entonces, me parece que lo que puso en evidencia es una escalada gravísima, es un nuevo nivel de
violencia hacia la población civil, ya había pasado que mataron a niños y niños que estaban en una
fiesta; ya había pasado que sabíamos que los carteles estaban matando a sus familias, lo que antes no
pasaba, ya habíamos escuchado antes, que estaban matando a periodistas, ya habían matado antes y
estaban llegando a niveles extremos de violencia con decapitados. Esas señales ya se habían dado es una
lógica circunscéntrica, hay una lógica expansiva y cada vez estamos en una lógica mayor.
Esas señales ya se venían dando, ya no era un problema del norte de la república, ya era un problema
distinto. Es que llevamos años viendo en el tablero cómo se están prendiendo las luces, las luces, las
luces, las luces y sigue eh, es una lógica circunscéntrica cada vez más grave, por eso se necesita no sólo
empezar la prevención sino que también se necesita atender, en el mejor sentido.
En Colombia hay experiencia y capacidad instalada para la construcción de la paz. Experiencias de la
construcción de civilidad, también podemos apelar a las buenas estrellas de Colombia, porque aquí el
asunto nada más de la colombianización y no vemos las experiencias de la sociedad colombiana para
construir la paz y enfrentar la violencia, tenemos que aprender también de Colombia y de Centroamérica
lo que han vivido.
A veces hay un fenómeno de soberbia en este país de no querer voltear a ver a los otros; tenemos mucho
que aprender de la sociedad civil colombiana, sí, poder sentarnos como representantes de la autoridad y
de la familia: “oigan, pues qué tal si le…” y qué hacemos con el miedo de los niños, cómo procesamos
el temor. Eso requiere un trabajo comunitario de reconstrucción del tejido social muy profundo.
Diputado Juan Manuel del Río Virgen
Diputado Federal de la fracción de CONVERGENCIA
Integrante de las Comisiones de Citricultura y Daño Ecológico y Social Generado por PEMEX.
Los actos terroristas de Morelia, en Colombia, en España y aún en Rusia justificaron que el Estado
solicitase al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la inclusión de esos grupos criminales en la
lista de organizaciones terroristas.
No solamente tiene una consecuencia ética y obviamente de condena moral. Todo lo que estábamos
hablando antes es muy relevante, pero además, el hecho de estar incluido en una lista de organizaciones
terroristas le pondría la lupa a más de 55 agencias de inteligencia internacionales y órganos de
investigación, de seguridad internacional para desmantelar los delitos de “cuello blanco” que sustentan a
los carteles mexicanos. Ésa es una medida concreta que he venido sugiriendo cuando uno ve estos actos
que se observan ahí.
Con respecto a la represión, yo le llamo política represiva hay un punto interesante, cuando la gente en
México me propone la pena de muerte como una medida disuasiva, yo siempre les comento una sola
cosa, les digo: “a ver, tú estás a favor de una política sistemática de aplicación de tortura”, entonces, los
abogados me miran y me dicen: “no, por supuesto que no”, ¿cómo me dices que estás a favor de la pena
de muerte?
Es una contradicción ético-jurídica; si te opones a la tortura como mecanismo sistemático de extensión
de información, cómo me puedes proponer la pena de muerte, cuando la experiencia internacional en
China y en Estados Unidos te indica que sistemáticamente se han determinado a través de exámenes de
ADN, que seres humanos han sido sometidos a la pena capital, cuando se determina ex post,
posteriormente su inocencia.
Los sistemas de control de calidad procesales nos distinguen de nuestros antepasados de hace 10 mil
años. Los sistemas de control de calidad de la decisión judicial nos distinguen de la época en que
vivíamos en cavernas, ¿saben por qué?, simplemente porque todos los sistemas judiciales del planeta son
falibles y por lo tanto, tenemos que establecer sistemas de control de la decisión bajo la premisa de que
son falibles.
Todos, los sistemas judiciales del planeta lo son, en Suecia, aquí y en todos lados. No podemos permitir
caer en la tentación de que el Estado de derecho solamente prevalece cuando las cosas son normales.
El verdadero test de la sociedad y el Estado mexicano es el de fortalecer el Estado de derecho, cuando
los desafíos son ciclópeos, no cuando las cuestiones son normales. Eso nos distingue entre la civilización
y la barbarie.
Segunda Parte
“Seminario Internacional
Hacia una Política
Efectiva de Prevención
del Delito en México”
“REFORMAS Y ESTRATEGIAS LEGISLATIVAS PARA EL COMBATE CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA.”
Diputado Federal César Octavio Camacho Quiroz5
Presidente de la Comisión de Justicia de la H. Cámara de Diputados
Integrante de la Com. de Gobernación, Com. de Relaciones Exteriores
¿Cómo será el fenómeno vinculado con la seguridad y la justicia? ¿Qué tan grave será que a pesar de
una crisis económica tan grande que estamos padeciendo hoy, y que es en el centro de atención popular
de la ciudadanía, sigue estando el tema de la seguridad y la justicia? es decir, nos preocupa la pérdida de
poder adquisitivo, nos preocupa la generación de empleo, pero más nos preocupa recuperar una paz que
estamos perdiendo y que es por supuesto invaluable.
Pues bien, a grandes males, grandes remedios. Por eso es que el Legislativo en su momento se dio a la
tarea de modificar la Constitución. Esta carta magna, que es un cuerpo normativo, se dice por los
especialistas, un cuerpo normativo rígido que para modificar necesita un procedimiento especial, pues
fuimos capaces, todos los partidos, las legislaturas de los estados, los senadores, los diputados, de
ponernos de acuerdo y modificar 10 artículos de la Constitución.
Las reformas de seguridad y justicia pretenden mantener la visión integral en este fenómeno. Entiendo
que lo integral, es lo que trata de comprender todo, que el fenómeno no es visto de manera aislada, que
en sentido figurado pudiéramos decir que es una cadena integrada por eslabones y que si sólo
fortalecemos a la policía pero no a los jueces o sólo al Ministerio Público, pero nos olvidamos del
sistema penitenciario, entonces las cosas no estarán caminando bien; si sólo el gobierno federal pone el
énfasis en el tema pero los gobiernos locales se desentienden de él, no podríamos tener éxito en esta
enorme empresa social y política. De tal suerte que, con esta visión integral de la que hoy se habla, se
quiso dar un giro de 180 grados al sistema de justicia penal mexicano.
El gran dilema que se planteó cuando se acometió el reto de modificar el sistema de justicia penal
mexicano, fue ¿Reformar el sistema penal para hacer que el Estado mexicano sea más eficaz, a pesar de
5 Texto editado de la versión estenógrafo
que esa eficacia entrañe el atropello de algunos derechos, estableciendo una especie de estado de
emergencia que requiere una mano muy dura o la tendencia garantista que sugería “hay que respetar los
derechos de las personas”?
Un sistema que respetara los derechos de las personas parecía un lujo, parecía algo que hoy no nos
podríamos o no valdría la pena hacer y sé acordó en establecer un sistema acusatorio y garantista, que al
mismo tiempo que respeta los derechos de las personas, trata de darle al Estado mexicano instrumentos
modernos y eficaces para cumplir su deber con todo sentido de oportunidad.
El sistema inquisitivo o preponderantemente inquisitivo que es el que prácticamente sigue en vigor hasta
ahora, tiene como piedra angular o elemento constructivo, una especie de presunción de culpabilidad, es
decir, las personas son culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Pero esto no tiene un efecto
solamente declarativo; las cárceles, en más del 40 por ciento, están ocupadas por gente cuya
responsabilidad no ha sido totalmente acreditada, es decir, son presuntos responsables, sometidos a una
investigación, no sabemos si al final les van a decir el clásico usted disculpe y váyase a su casa o si la
pena, que ya de manera práctica están cumpliendo, porque llevan meses o incluso años (el promedio de
duración de un proceso penal es de 26 meses) son una cantidad de meses o de reclusión superior a la que
eventualmente, a la privación de la libertad un juez les podría imponer.
Entonces, los efectos de esta presunción de culpabilidad práctica son perniciosos desde cualquier punto
de vista. Se le hace daño a la familia; a la persona se le estigmatiza y quien era un primo delincuente o
no era un delincuente, acaba siéndolo después de haber estado prácticamente dos años en la cárcel,
vinculado con redes de criminales que sí lo son.
Enfrente de la presunción, esta que yo llamaría presunción de culpabilidad opera la presunción de
inocencia, que parte de la base que la persona es considerada culpable hasta de mostrárselo, hasta que
haya suficientes pruebas y las indagaciones hayan llevado al juez a concluir que así es.
Con el nuevo modelo de justicia penal, las personas tendrán que vivir el proceso de investigación desde
la libertad y no desde la prisión, salvo algunos delitos en los cuales los legisladores y el propio
Constituyente Permanente, consideró que no podíamos llegar tan lejos en este garantismo. Dicho de otro
modo, la investigación de ciertos delitos obligará a la persona investigada a estar en prisión mientras se
le investiga sólo en casos de delitos contra la salud, narcotráfico, homicidio doloso, secuestro, violación,
trata de personas, esto es todos aquellos delitos que más agravian a la sociedad.
De suerte que los demás podrán vivir el proceso desde la libertad y eventualmente, entrar a prisión
cuando sea suficientemente demostrada la responsabilidad por parte de un juez.
Adicionalmente a esta cuestión, se ha tratado, de darle importancia a la víctima, ya que en el sistema
acusatorio se le ha dado preferencia al imputado; es decir, a la persona que está involucrada en la
eventual Comisión del delito, dejando a la víctima como un testigo distante y desplazado del centro.
No obstante que el representante social, el ministerio público se supone que representa a la víctima, la
víctima está hecha a un lado, la idea es que tenga un papel protagónico, al punto que se puede establecer
la acción penal privada; es decir, que para la investigación de un delito, la persona, el agraviado no vaya
necesariamente al ministerio público, sino arme su propia investigación y la lleve al juez. Es decir, se
rompe un principio tradicional con el que fuimos educados en las escuelas de derecho, llamado el
monopolio de la acción penal a cargo del Estado.
Algunas otras cosas que se reformaron, tienen que ver con la celeridad de los procesos, con la rapidez
con la que se lleven a cabo, con la necesaria presencia del juez en las audiencias. Hoy mismo los jueces
tienen la obligación de estar, pero no están y la ausencia de los jueces en una diligencia no trae consigo
prácticamente o no tiene ningún efecto.
El planteamiento nuevo es que la ausencia de un juez en la diligencia que él tendría que presidir, trae
consigo la nulidad de la actuación de esa audiencia; es decir, esto obligará a los jueces, por supuesto, a
estar presentes.
La oralidad en los juicios, lo que pretende acarrear es llanees a sencillez y la invaluable oportunidad que
da el contacto con las personas involucradas en la investigación, desde un perito, un policía, la persona
imputada, los testigos, etcétera, ya que nunca será igual la valoración directa que la valoración
documental de aquello que se consigna en un acta, por bien redactada que esta esté o en la diligencia
llevada a los papeles.
El exceso de formalismo ha hecho que hoy los expedientes, las causas penales, se cuenten por fojas y
por kilos y que la característica sea el común y corriente diferimiento de las audiencias de pruebas en
perjuicio de las personas.
En relación al ministerio público, en el sistema inquisitivo, es decir, en el sistema tradicional, es el gran
conductor de la averiguación. La idea es que sea centralista, este protagonismo del ministerio público
pase a las autoridades judiciales; es decir, que el rector del proceso penal sea el juez, ante quien hoy, por
cierto, se repiten las diligencias que se llevaron a cabo ante el ministerio público y que haya un juez
desde el arranque, un juez de control, que verifique la legalidad de la actuación del ministerio público,
pero que al mismo tiempo lo apoye; es decir, si el ministerio público necesita una autorización para
catear un domicilio, esta autorización se dé en horas y no en días, como tradicionalmente ocurre; si el
ministerio público pide un arraigo, porque hay razones fundadas para suponer la evasión de una persona,
sea autorizado el arraigo inmediatamente por el juez, bajo su responsabilidad, por supuesto y también
obligando a la competitividad del ministerio público en el ejercicio de su tarea.
Este juez de control será el juez del arranque del proceso penal, tendrá a cargo prácticamente la
instrucción y algo muy importante, la ejecución de sentencias o de sanciones penales.
De igual forma se busca que las modificaciones a las sentencias producto de una investigación judicial,
en un asunto penal que fueron resueltas como cosa juzgada, o como una sentencia definitiva inapelable o
bien, en un amparo directo o en una sentencia de segunda instancia inamovible, dictada por los
magistrados. Sean modificadas por otro juez, con el mismo arbitrio judicial y bajo reglas específicas,
acotadas y definidas.
Toda vez que en la actualidad el 42 por ciento de esas sentencias inamovibles, por lo menos en el ámbito
federal, son modificadas por la autoridad administrativa; es decir, las personas de las cárceles tienen la
prerrogativa con una liberalidad peligrosa, porque las reglas que rigen la actuación de las autoridades de
una penitenciaría o de un centro de reclusión son reglas laxas y caprichosas de aplicación que puede
modificar la sentencia que judicialmente era inapelable, inamovible, cosa juzgada, ejecutoriada.
Por otro lado, el reto para combatir a la delincuencia organizada en un sistema acusatorio, que es
garantista y en el cual se tendría un gran número de quejas en las instancias de derechos humanos, es que
existiera el respeto a las personas, es decir, hasta el peor de los delincuentes tienen derecho elemental a
contar con una defensa o a defenderse por él mismo o argumentar lo que a su juicio convenga. El hecho
es que haya respeto de los derechos humanos y no que haya privilegios o se generen situaciones de
excepción o privilegiadas para que el respeto a los derechos humanos no se convierta en impunidad.
Entonces, primeramente para combatir la Delincuencia Organizada, se tuvo que definir a la delincuencia
organizada en la Constitución, para evitar confusiones, México tiene que honrar compromisos
internacionales, la Convención de Palermo, en donde se define qué es delincuencia organizada, valga la
expresión, traducida a la cultura jurídica y mexicanizada; es decir, es una expresión que aterrizamos en
el lenguaje jurídico y en la tradición jurídica mexicana y así es como se escribe.
Como medida para hacer más eficaz el sistema acusatorio, se encuentra el arraigo. No es una figura
típicamente acusatoria, en un sistema acusatorio a las personas se les investiga para detenerlas, en un
sistema inquisitivo se les detiene para investigarlas.
El arraigo es la única excepción a esto, porque aquí sí se le detiene para investigarla. Pero esta figura no
está dada en forma indiscriminada, sólo procede en materia federal y en delincuencia organizada. Es
decir, para evitar justamente abusos contra las personas. Esto hace que haya un instrumento más a cargo
del Ministerio Público Federal, pero un instrumento que consideramos que la situación que priva en
México lo justifica. No es una institución que se convierta en un regalo de impunidad o de ejercicio
arbitrario del poder. El Ministerio Público dentro del sistema acusatorio, tiene que justificar ante el juez
por qué necesita el arraigo y después tiene que decirle al juez qué pasó, cómo ejerció el arraigo.
Una figura que también pudiera ser eficaz en el sistema acusatorio y que es difícil de aplicar es la
extinción de dominio, que es la adjudicación por parte del Estado de bienes que son producto,
instrumento u objeto de los delitos. Sería un procedimiento paralelo al de carácter penal, la idea es que el
Estado mexicano tenga un instrumento para socavar, uno de los factores que más fuerza le dan al crimen
organizado, ¿Cuál? el dinero, los bienes, que al final son una manera de aceitar esta compleja
maquinaria.
La institución está constitucionalmente establecida, pero nadie olvida que si esta institución no se aplica
o no se aterriza, no se desarrolla, legislativamente de manera inteligente queriendo hacer bien, se puede
hacer mucho daño. ¿Cómo? Haciendo que una persona pueda perder sus bienes sin deberla ni temerla,
hay aquí derechos de terceros, derechos de personas, que no se pueden atropellar.
Como ejemplo, de la dificultad de la figura de extinción de domino es que en un principio se decía que
el particular tenía que demostrar el origen lícito de cuyos bienes eventualmente pudieran ser extinguidos,
en este caso la obligación de probar estaría a cargo del particular. Otra opinión era que la autoridad tiene
que justificar sobradamente el origen mal habido de ese bien. Es decir, la carga de la prueba va al otro
lado: a la autoridad.
En principio estando de acuerdo en que se puede socavar al crimen quitándole sus cosas o a los que
están asociados a los criminales, que acaban siendo sus cómplices, el Estado mexicano no se puede
convertir en un Estado autoritario, absolutista y atropellador de derechos reales de los particulares.
Esto evidencia dos cosas: Por un lado la necesidad de contar con una figura eficaz aunque sea dura, y
por el otro la necesidad de contar con un medio de control que evite que la autoridad actúe
arbitrariamente atropellando los derechos del particular, sobre todo aquellos casos en que este ultimo
tenga la mala fortuna de estar en un lugar y momento equivocados
“LAS REFORMAS PENDIENTES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD”
Diputada Federal Omeheira López Reyna6
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados
Integrante de la Com. de Justicia, Com. de Población Fronteras y Asuntos Migratorios
Com. Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia vinculada a los Feminicidios del
País.
La seguridad se ha constituido en uno de los temas de mayor atención y preocupación permanente. En
las últimas sociedades y sobre todo en las últimas dos décadas, en particular en América Latina, la
delincuencia común y los homicidios en algunos países se han hecho presentes generando en sus
habitantes un enorme sentimiento de preocupación, tanto a sus personas como en sus bienes.
Los instrumentos de tasas de criminalidad han generado en los habitantes en diversas ciudades tanto a
nivel local como a nivel nacional, se sientan cada días más inseguros, expresando una enorme
insatisfacción con respecto a la respuesta del gobierno que nos ha dado en relación al crimen o a la
delincuencia.
En México esta preocupación derivada de la incidencia delictiva y validada por las propias estadísticas
oficiales, indican que en una sola década el número de delitos denunciados casi se duplicó o triplicó, así
como la insuficiencia de la respuesta judicial del delito, en donde suele haber consenso en que alrededor
del 90 por ciento de los delitos queda sin castigo y ha generado la idea compartida de que las autoridades
no han tenido la capacidad de dar respuesta adecuada para enfrentar, disuadir y, en su caso, castigar a los
delincuentes.
La política preventiva es parte sustancial del combate contra el crimen, por eso es necesario dar impulso
a programas y acciones integrales a nivel nacional, regional, estatal, municipal y delegacional, a fin de
evitar que haya más mexicanos que se conviertan en delincuentes que sufran violación a su integridad y
a su patrimonio o que queden atrapados por el consumo de drogas.
6 Texto editado de la versión estenógrafo.
Los países desarrollados privilegian la prevención sobre la persecución de los delitos. La reforma que
eleva a rango constitucional la prevención del delito, faculta a la federación, a los estados y a los
municipios para implementar las medidas necesarias para la prevención del delito. Así tendrán
obligación de generar políticas públicas que permitan una disminución.
La prevención del delito es tarea de todos. Por ello, la participación de la sociedad es fundamental, tanto
en la denuncia del hecho delictivo como en la implementación de estrategias comunitarias para prevenir
conductas ilícitas.
La evaluación de políticas preventivas en niveles municipal, estatal y federal; así como la calificación de
desempeño de instituciones de seguridad pública, con la finalidad de lograr una mayor transparencia y
disminución de índices delictivos, también resultarían tareas que pueden ser decisivas de la sociedad.
Trabajar para prevenir el delito y la violencia, presenta una serie de dificultades que eventualmente
pueden generar frustraciones, retroceso y convertir el trabajo en una tarea ingrata. A pesar de las
retribuciones que ellos implica con los beneficiarios directos de proyectos locales.
La seguridad ciudadana es más que la relativa ausencia de delitos, es un círculo virtuoso donde el estado
de convivencia respetuosa entre los habitantes, genera un sentimiento de seguridad que aumenta las
posibilidades de que sea la misma comunidad la que se movilice en pro de mejorar su propia seguridad.
Es decir, tomar nuestra justicia por nuestra propia mano.
Sin embargo, mientras la seguridad trae consigo mayor seguridad, la inseguridad trae consigo mayor
inseguridad. Un único evento violento puede echar a tierra el trabajo de años. En este sentido, la
seguridad es una situación de equilibrio muy precario, donde la precariedad de la pobreza tiene mayor
potencia en lo anterior.
Trabajar en pro de la seguridad no es una tarea necesaria para lidiar el sistema penal, sino que es
fundamental para asegurar la persistencia de las normas de convivencia, no olvidemos que la experiencia
ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito,
no tendría éxito sino se cuenta con la participación de la ciudadanía. Es por ello que con un nuevo
esquema, la formulación de programas y realización de acciones del quehacer público deben
establecerse con la participación de la sociedad.
Uno de los grandes desafíos para el estado en materia de seguridad, es que ante los hechos delictivos
tendrá que transitar un modelo reactivo, centrado en la persecución y el castigo, hacia un modelo
preventivo, basado en evitar las causas que lo originan. Sin embargo, es necesario afrontarlo
conjuntamente para revertir esta situación e ir devolviéndole a la comunidad lo que le corresponde, su
seguridad.
La problemática de la seguridad que padecen muchas ciudades de nuestro país, se denota, entre otros
aspectos, el abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria, la desconfianza ciudadana
hacia las autoridades, el consumo de drogas ilícitas y la ausencia de valores cívicos.
Por primera vez la prevención del delito es parte fundamental en una estrategia de seguridad, ahora el
combate al delito no sólo se enfrenta desde la parte punitiva y reactiva, sino desde el mismo entorno
social, a través del análisis de factores sociales, comunitarios y situacionales que inciden para que se
cometan actos fuera de la ley.
En cuestión de derechos humanos, se tiene un asunto pendiente y se ha implementado un combate y una
lucha ante un crimen organizado en que puede ser considerado una fuerte violación a derechos humanos.
La racionalización de una política criminal en materia de instrumentos para la prevención del delito,
detonándose inmediatamente la existencia de una estrecha relación entre la prevención del delito y el
respeto y protección a los derechos humanos. Debe afirmarse que el fenómeno delictivo no debe ser
prevenido, violándose los derechos humanos, sino que más bien es necesario su respeto y tutela para
contribuir en dicha labor de prevención. No puede haber seguridad sin derechos humanos.
Es necesario postular la salvaguardia de los derechos humanos para contener la violencia punitiva y la
violencia del delito, puesto que cuando tales derechos resultan infringidos, se crean más conflictos y
menos tolerancia. Deseos de venganza y no de justicia. Lo cual contribuye a la proliferación de
conductas criminales, muy vinculada con el tema de derechos humanos y su capacidad de contribuir a la
prevención del delito, se encuentra la llamada racionalización de la política criminal.
Es que en este texto la política criminal puede optar por legitimizar la violencia penal y no el respeto a
los derechos humanos, o no, por denunciar esa situación y fijar lineamientos y directrices a las que habrá
de acogerse la actividad del poder penal en su combate contra la criminalidad de manera racional.
Todo sistema de justicia, debe ser respetuoso en materia de derechos humanos, de esta forma se puede
contener la violencia y no su reproducción, no pudiendo convertirse en un mero instrumento para calmar
la histeria punitiva de la sociedad. Un sistema de justicia penal eficaz, entonces debe entenderse por ser
respetuoso de los derechos humanos, si quiere tildársele de racional.
Por lo cual se ha afirmado que las estrategias en materia de justicia penal tienen que pasar por la
necesidad del cedazo de los derechos, sin que este criterio de justicia pueda quedar suplantado en aras de
las razones pragmáticas. De esta manera ha de someterse que no pueden sacrificarse los derechos
fundamentales de las personas para mostrar una imagen de éxito ante la delincuencia.
Los derechos humanos son parte integral de una cultura jurídica de estado constitucional avanzado. Es
imposible para cualquier sociedad que aspire a mejores niveles de vida, no reconocer la existencia de los
derechos básicos que aplican a toda persona como países, como uno de los pilares de convivencia
armónica y de bienestar social. Toda comunidad política que aspire a ser un estado constitucional de
derecho debe cumplir dos requisitos: Por un lado, delimitar constitucionalmente y legalmente, así como
de un modo estricto las atribuciones de los órganos gubernamentales que poseen el ejercicio de sus
facultades, y por otro, reconocer un cúmulo de prerrogativas subjetivas públicas a las personas para que
éstas hagan posible toda una vida en la comunidad con gobernabilidad misma.
Todo régimen y toda Constitución deben garantizar las condiciones de igualdad y de oportunidad para
todos los ciudadanos y para considerarse democrático debe, a su vez, garantizar en todo momento y sin
distingo los derechos fundamentales. En este sentido es que diputados federales en diversos proyectos de
este Congreso hemos propuesto iniciativas integrales en reformas a la Constitución en materia de
derechos humanos. Si en algo hemos coincidido, es que debe de haber un respeto integral a los derechos
humanos.
Los derechos humanos son una de las dimensiones constitucionales del derecho internacional
contemporáneo, son una prerrogativa inherente a la dignidad de la persona, reconocidas por el estado a
través de sus leyes, su vigencia, promoción y respeto, es una responsabilidad intrínseca del estado, no
sólo hacia su ciudadanía y sus ciudadanos, sino ante la comunidad internacional que se ha comprometido
a través de tratados internacionales, a establecer pautas para garantizar una serie de derechos que son
universales, inalienables, imprescriptibles e inderogables.
Es menester de los derechos humanos que estén establecidos a nivel constitucional. Reformar la
Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos es un eje fundamental de la misma,
reconocer los tratados es indispensable, puesto que uno de los aspectos y que más se ha derivado, es esta
reforma de justicia penal, esta reforma en materia de seguridad, donde hemos analizado mucho el tema
de derechos humanos.
Es necesario consagrar en materia de derechos humanos, una disposición que sea favorable a la persona,
que si un tratado favorece mucho más que una ley local, debe implementarse la que más le favorezca al
ciudadano, porque mientras no nos sumerjamos en un debate infértil en México, miles de personas serán
y continuarán siendo agraviadas en sus prerrogativas más esenciales, todos los días, a pesar de que la
situación persistente y cotidiana de graves violaciones a derechos humanos, se han logrado importantes
avances en este sentido.
México ha avanzado, ha firmado, tratados internacionales, ha ido a la vanguardia a nivel exterior, pero
falta armonizar nuestras propias legislaciones, necesitamos dar el primer paso, ya lo hicimos en nuestra
reforma de justicia penal, lo estamos haciendo en materia de seguridad y leyes complementarias, pero
nos falta dar el segundo paso en materia de derechos humanos para así pedir después a todos, esta
armonización, a todos los congresos locales que puedan dar el paso de respeto en esta materia.
Tenemos un compromiso firme de que se cree una visión de pleno respeto de derechos humanos, y que
el régimen de libertades ciudadanas que se ha logrado a base de muchos años en este país, sea enfatizado
a la igualdad entre hombres y mujeres, en el goce y disfrute de sus propios derechos fundamentales,
como persona humana.
Por ello, haremos todo lo necesario para integrar los mecanismos internacionales de protección de
derechos humanos en nuestra legislación mexicana, para eso necesitamos que todos estemos
comprometidos, la sociedad en general, las autoridades y este Congreso, para que esto pueda ser posible.
Pretendiendo llegar a una conclusión es necesario advertir que, para prevenir el delito, en cualquier caso
debe de subrayarse que no existe una formula mágica, que además de que se trata de un problema social
muy complejo, es decir en el que intervienen muchos factores. No obstante, se considera que tanto el
derecho de la promoción de los derechos humanos, como dotar aun sistema de justicia penal de
racionalidad, pueden ser vistos como instrumentos, para la prevención de los hechos delictivos.
Especialmente importante resulta concluir, que la prevención del delito a de prevalecer ante la represión
ya que como es sabido, el recurso penal no es más que el ejercicio institucional de la violencia, por lo
que debe de preferirse antes que el castigo, la prevención de las conductas que sean verdaderamente
lesivas a los bienes, y necesidades más fundamentales de la persona humana, con el respeto de las
garantías propias de un sistema jurídico, en el que predomine una seguridad jurídica.
“REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA LEY DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA”.
Diputado Federal Andrés Lozano Lozano7
Integrante de la Com. de Justicia, Com. de Puntos Constitucionales y Com. de Seguridad Pública
Coordinador de Seguridad y Procuración de Justicia del Grupo Parlamentario del PRD
Mientras en el país, única y exclusivamente se determine como parte fundamental de la política en
materia de seguridad pública, el escenario de persecución de los delincuentes, difícilmente vamos a
poder generar mejores condiciones respecto de la seguridad pública nacional.
La simple detención de los delincuentes, no trae por sí mismo una mejor condición en materia de
seguridad pública, y este tiene mucho que ver con una política prácticamente ausente, respecto del
concepto que tenemos de prevención en materia de seguridad pública. De tal manera, que puede haber la
detención de 10 capos, y ya habrá otros 30 o 40 que lo quieran sustituir, y esto no nos va a generar
mejores condiciones en materia de seguridad pública, se tiene que trabajar también en una parte
preventiva, que es fundamental.
Este tema tiene que ver con dos puntos primordiales:
Primero, una reforma constitucional que fue aprobada hace más de un año y que fue publicada en el mes
de junio de 2008, y que para el asunto específico del tema de seguridad pública, fueron reformados los
artículos: 21, 73 fracción XXIII, 115, fracción VII y 123 de nuestra Constitución.
Estas reformas permiten dentro de otras cosas, la coordinación de las acciones, con una visión tanto
federal, estatal y municipal, como también, establecer los elementos básicos de control por parte de un
sistema nacional del cual expondré más adelante.
Para estas reformas se valoró el estado bajo el cual operan los sistemas, las policías, en los tres niveles
de gobierno, y también reconocer que existen diferentes características, condiciones de cada una de las
7 Texto editado de la versión estenógrafo.
policías del país. Es decir, no tienen las mismas condiciones de capacitación, profesionales, de desarrollo
y económicas las policías que existen en el país; evidentemente esto habría que contemplarlo desde el
ámbito constitucional.
Por tanto, estábamos ante la necesidad de revisar en su conjunto a todo este sistema de seguridad
pública, a efecto de que fuese congruente con la realidad que vive nuestro país, dotando a las
instituciones de atribuciones necesarias, para pode cumplir su cometido y también por su puesto generar
un equilibrio indispensable, que evite cualquier abuso o peor aun la violación de los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Es decir, contar con policías mejor preparadas, de darles mejores condiciones, atribuciones, elementos,
pero al mismo tiempo, estos sistemas debe tener un equilibrio también respecto de la participación
ciudadana, y respecto de los derechos humanos, porque si no entonces, entramos ante un escenario
donde caemos en la necesaria e importante posición de tener mejores policías, pero también ante una
posibilidad de que con ellas se cometan abusos de poder.
Lo que estamos viendo en la realidad de nuestro país, es que tenemos policías, que están involucradas de
manera directa con el crimen organizado, y que prácticamente, todos los días aparecen policías
involucrados en las instituciones de seguridad pública. Entonces, no es únicamente un asunto del
fortalecimiento de las policías en el país, si no de los controles, que se deben de tener en las policías de
este país, bajo este sistema nacional de seguridad pública, un sistema en el cual nosotros determinemos
que las policías deben de ser capacitadas, que el policía debe de ser certificado, que debemos tener
también bajo este principio de desarrollo profesional y de honradez, cuáles son las características que
deben tener todas las policías en nuestro país.
Parte fundamental de esta reforma, precisamente que refiere estos temas, es la que se menciona en el
artículo 21 de nuestra propia Constitución. De tal manera, que es ahí donde se prevé la regulación del
servicio de carrera policial; esto es, la selección, el ingreso, la formación, la permanencia, evaluación y
certificación de todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, esto no lo determinaba
antes la propia Constitución. Con las modificaciones, actualmente ninguna persona pueda ingresar a
estas instituciones de seguridad, si no ha sido debidamente certificado y registrado. Con la finalidad de
poder llevar un control de las personas que ingresan a dicha profesión. Porque es muy común escuchar
en nuestro país, “es que un policía que es dado de baja en algún estado de la república, con
posterioridad aparece dado de alta en otro estado de la república”. Y uno se pregunta: ¿y esto por qué
sucede? Porque no hay un sistema que logre concentrar toda la información que se requiere en la
operación del país.
No se trata de invadir las esferas de competencia de un estado con otro, ni de un estado con la
federación, sino de algo que me parece que es elemental, es que alguien que ha sido servidor público y
que a cometido una serie de conductas ilícitas en cualquier nivel del gobierno, no pueda después
aparecer dado de alta en algún otro estado. Es decir, hay la detección de repente de un policía o se ve
involucrado en un delito, en un secuestro, en narcotráfico, y entonces empieza el historial: no, es que
éste ya en tal año había formado parte de tal institución y en el 96 fue dado de baja en tal u otra
institución, y después fue contratado por alguna otra y luego apareció. Ah, es que no teníamos la
posibilidad de darnos cuenta.
Es decir, aquí hay algo en lo que hay poner un énfasis muy importante. No se puede plantear ninguna
política en materia de seguridad pública, si no se cuenta con lo mínimo indispensable que es la
información.
Si no contamos con información en nuestro país, no podemos tener lo segundo que es un análisis sobre
cuál es la situación en la que se encuentran nuestros policías en el país. Primero requerimos información
y luego decimos la información, ¿para qué la queremos? Para tener un diagnóstico real. ¿Porque no se
sabe en nuestro país actualmente lo que sucede? No. Sí se sabe. Lo que no tenemos son los mecanismos
para que se pueda acreditar con toda precisión una política integral en materia de seguridad pública.
Esto es algo elemental. No requiere de grandes estudios. Es hasta de sensibilidad de quienes están al
mando de las instituciones, y es algo de gran sentido común, que me parece que eso es lo que la gente
nos está diciendo: “apliquen el sentido común”. No el asunto genérico de cómo viene dándose una
interpretación tradicional.
Otra situación, en esta reforma constitucional es la tiene que ver con los propios recursos. Es decir, que
los recursos en materia de seguridad pública sean destinados a la seguridad pública.
En relación a la reforma al artículo 115, fracción VII, tiene que ver precisamente con que exista un
mínimo de homologación hacia el interior de cada estado, es decir, cuáles son las características
mínimas que se deben de requerir respecto de la operación de todas las policías en nuestro país.
Otra reforma fue la relacionada con el 123 constitucional, que tiene que ver precisamente con un
mecanismo más eficiente para separar, o para aquellos elementos que han sido separados de una función
policial, cualquiera que haya sido el motivo, que si estos recurren ante tribunales para que después sean
reinstalados en su encargo, no exista la obligación más que el pagarles su liquidación, el que sean
indemnizados, pero no necesariamente el que sean reinstalados en el cargo. Y esto obedece también a
otra realidad por la que está atravesando nuestro país.
El crimen organizado ha penetrado a las policías, y en esa penetración del crimen organizado, un policía
tiene un precio para el crimen organizado, un comandante tiene otro precio para el crimen organizado y
así sucesivamente en la escala jerárquica superior de cada una de estas instituciones, de tal manera que
hay un número importante de elementos que lo que pretenden no es únicamente su percepción laboral,
sino su reinstalación, lo que menos les interesa es lo que ahí ganan, es decir lo que ellos quieren es estar
adentro del ejercicio de alguna función para poder seguir sirviendo a la delincuencia organizada. Ésa es
otra realidad. Sí hay una parte de un régimen de excepción laboral y sí hay una parte que nos preocupa
en ese sentido, pero también importante es determinar con toda claridad en qué escenario se encuentra
nuestro país.
Creo que vale la pena correr ese riesgo, porque finalmente no se estarían violando derechos respecto a lo
que les corresponda económicamente, pero no que volvamos a meter a las instituciones de seguridad
pública a personas que ya están acreditados sus vínculos con el crimen organizado desde hace tiempo.
Segundo. Esta reforma constitucional obligó a tener una nueva Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. En uno de los transitorios de la reforma constitucional se determinaba que entrando
en vigor debería, a más tardar en seis meses, haberse discutido una Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
La importancia de esta ley es Generar un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que sea presidido por
el presidente de la república en turno, con una conformación horizontal de los tres poderes de la unión, y
también vertical entre los tres órdenes de gobierno, que opere a través de un consejo nacional.
Aquí es importante decirlo, el riesgo que se corría en el Sistema Nacional de Seguridad Pública es que
no generáramos a través de esta ley la desconfianza, que debe de existir entre los estados de la república
y la federación para integrar lo que hace un momento ya nos referíamos, que es la información.
Es común escuchar a los gobernadores de los estados, de todos los partidos políticos, cualquiera que
representen o que los haya llevado al ejercicio de su gobernatura, decir que es fundamental nutrir de
información a la federación y que a su vez también la federación pueda proporcionarles elementos
indispensables a los estados.
Pero la realidad es que esto no sucedía en los hechos, porque los estados no tenían la garantía de qué es
lo que iba a suceder con esa información, porque estaba totalmente controlada por las autoridades
federales. Entonces los gobernadores decían: si yo nutro de información al sistema, cuando yo requiero
de información no me la dan, y por otro lado no sé exactamente qué es lo que van a hacer con esa
información.
Entonces un reto fundamental en esta Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública tenía que ver con
generar confianza. ¿Y cómo generas confianza, cuando hay gobernadores que son de un partido político,
otros de otro y la federación de otro y que se pasan por en medio la situación de una realidad que tiene
que ver con eso?
Entonces nosotros determinamos que era necesario que este Sistema Nacional de Seguridad Pública no
estuviera adscrito a ninguna de las entidades federales, porque si no entonces no íbamos a generar la
confianza que se requiere. Sino que necesitábamos que este sistema fuera, de alguna manera, autónomo
e independiente, y para eso se determinó. Algo que me parece que es fundamental la creación de tres
centros, un Centro Nacional de Información, que va a tener toda la información relacionada con un
Centro de Certificación y Acreditación; un Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y
también, un Centro que concentre toda la información relacionada con los policías del país y con el
registro y el armamento. Es decir, necesitamos saber algo que ya comentábamos, quiénes son nuestros
policías, cuándo entraron, cuál es su evolución patrimonial; que esto sea constante y permanente y que
esto integre una base de datos. Necesitamos que la participación ciudadana sea real.
Lo que estamos viviendo en nuestro país, es una preocupación más fuerte de organizaciones civiles por
su cuenta, y casos sobran para poder señalar lo anterior, casos que han evidenciado que si no hay un
interés de la sociedad, las autoridades no investigan y tenemos lamentables sucesos recientes, como lo
ha sido el esfuerzo que encabezó y sigue encabezando la señora Wallace, por ejemplo, Miranda de
Wallace, el caso de Martí, de Fernando Martí, el caso de Nelson Vargas y por supuesto, contamos con la
presencia del Lic. Marcos Fastlicht. Esto determina también que hay una sociedad que quiere ir más allá
de lo que como obligación le corresponde al Estado, y que si esto ha surgido es porque la sociedad ha
determinado que no son suficientes los esfuerzos y que si no hay una participación ciudadana constante
y permanente, difícilmente vamos a poder lograr un objetivo.
Así es que me parece que éstos son ejes fundamentales que han sido aprobados, tanto en la reforma
constitucional, como en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por último quisiera
comentar que no es a través de una reforma constitucional como vamos a tener mejores resultados en
materia de seguridad pública y que no es a través de una aprobación de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, como vamos a tener resultados en este país.
La visión integral tiene que ver con aprobar otros ordenamientos jurídicos, que ahí están pendientes,
como es el caso de la Ley de Extinción de Dominio que no se ha aprobado y que esta Ley tiene que ver
con el debilitamiento de la estructura financiera del crimen organizado.
Mientras no entendamos que el crimen organizado es un negocio ilícito, pero finalmente negocio, no
requerimos únicamente de la detención y persecución, sino que requerimos de debilitarlos en donde más
les duele, que es en sus ingresos, y entonces, que saquemos esto de la causa penal y que lo hagamos
como un procedimiento autónomo e independiente, y entonces podamos apoderarnos como Estado, de
casas, edificios, hoteles, ranchos, casas de cambio, porque lo que sucede actualmente con los bienes que
se incautan es que al paso de cinco o seis años hay que regresárselos. Y si eran bienes que tenían
productos hay que regresarles los bienes y lo que dejaron de ganar, y si eso no lo entendemos como un
debilitamiento fundamental, creo que no vamos a poder sacar adelante. Hay otros ordenamientos
jurídicos, como lo es el de la Responsabilidad Civil, la Ley de la Responsabilidad Civil que debe de
darse por parte de la delincuencia organizada, es decir, cómo aquéllos bienes deben de destinarse para
reparar ese daño.
Tenemos pendiente la discusión sobre la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que
es uno de los temas fundamentales, la Ley de la Policía Federal y que estos, dentro de otros
ordenamientos jurídicos, tiene que ver en materia legislativa, pero que también y fundamentalmente
tiene que ver con cómo rescatar el deterioro del tejido social en nuestro país.
Si los jóvenes no tienen oportunidades, si no hay creación de universidades, preparatorias; si son
excluidos de una posibilidad de un empleo, de estudios ven al crimen organizado como un nicho en el
cual pueden desarrollarse; si son excluidos de la cultura, si seguimos viviendo en una hacinamiento, y si
seguimos viviendo en estas condiciones, seguirá prevaleciendo la delincuencia. Todo esto tiene que ver
también con el tema fundamental de este foro, que es la prevención del delito.
Así es que, la seguridad pública debe de tener una visión general y amplia que se requiere en nuestro
país para que verdaderamente hagamos frente a este combate, no solamente desde una trinchera y desde
una persecución, sino también, en todos los elementos que refieren a esta seguridad pública.
“CONOCIMIENTO ACTUAL Y ESTADÍSTICO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL Y ADULTO
JOVEN EN MÉXICO.”
Licenciado Marcos Fastlicht Sackler.8
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR
Es difícil buscar y más difícil encontrar soluciones a un problema cuando no se conocen las causas que
origina ese problema. ¿Por qué la violencia en los jóvenes? ¿Qué mecanismos se dan en su psicología
para verse inclinados a ella? ¿Qué resortes se conjugan para sentirse atraídos en esa dirección? Voy a
enumerar los principales motivos que predisponen y desencadenan la tendencia a la violencia.
La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en el ámbito de Latinoamérica, dentro de un contexto
social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza,
desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o incluso analfabetismo; agresiones
sexuales y desintegración familiar.
A estos grupos sociales se les han negado todos los derechos humanos, tales como el derecho a la vida,
la salud, la educación, la vivienda; en fin, el derecho al desarrollo y a las demostraciones de amor y
cariño.
Desafortunadamente, la mayoría de los niños actuales busca la identificación de lo mediático,
especialmente en la televisión. Es fácil entender por qué las personas de la televisión son más bellas,
más listas, más ingeniosas, más sanas y más felices que cualquiera de nuestro vecindario; pero, por
desgracia, ésas no son reales.
Siempre me sorprendo de la cantidad de estudiantes que se frustran al descubrir el gran esfuerzo que
supone la carrera que han elegido, esto no ocurre en la tele. Más tarde, descubren que los trabajos que
realizan no son tan creativos ni satisfactorios como esperaban; una vez más, no es como en la televisión.
No debería, entonces, sorprendernos el que muchos chicos y adultos jóvenes busquen el camino más
corto: el crimen, la violencia, la drogadicción parecen ofrecer la vida fantástica que esto les promete.
8 Texto editado de la versión estenógrafo.
Profesionales de salud mental afirman que la personalidad se forma al ir avanzando el individuo a través
de diversas etapas psicosociales durante toda su vida. En cada etapa existe un conflicto que tiene que
enfrentar y resolver, cada dilema tiene una solución positiva y otra negativa. Todos los conflictos están
presentes en el momento de nacer, pero se destacan de una manera prominente en momentos específicos
del ciclo de vida de esa persona.
En muchos sentidos y por la misma inexperiencia que tienen en su vida, son fácilmente víctimas de este
círculo de conducta que puede ser destructiva y violenta, al aliarse a grupos delictivos, pandillas, mara
salvatrucha, guerrilla urbana, etcétera y que, lamentablemente, puede influirlos para el resto de sus
vidas.
Por descontado está que los adolescentes son conocidos por su idealismo y por su tendencia a ver las
cosas en blanco o negro, éstos envuelven a otros alrededor de ellos, promocionando sus estilos de vida y
creencias sin importarles el derecho de los demás a estar en desacuerdo. La falta de identidad es bastante
más problemática y se refiere a esta tendencia maligna como repudio.
Algunos adolescentes se permiten a sí mismos la fusión con un grupo, especialmente aquél que le pueda
dar ciertos rasgos de identidad: sectas religiosas, pandillas, organizaciones militaristas, grupos
amenazadores; en definitiva, grupos que se han separado de las corrientes dolorosas de la sociedad.
Pueden embarcarse en actividades destructivas como la ingesta de drogas, alcohol, robo, narcotráfico e
incluso adentrarse seriamente en sus propias fantasías sicóticas. Después de todo, ser malo o ser nadie es
mejor que no saber quién soy.
Sumado a este contexto, hay que agregar que la sociedad actual se caracteriza por un debilitamiento de
los sistemas tradicionales de apoyo para el desarrollo de la niñez y de la adolescencia. Quisiéramos
mencionar, por lo menos, tres medios de apoyo que con los cambios sociales se han debilitado como
para dar una respuesta efectiva al desarrollo de la niñez y de los adolescentes.
En primer lugar, tenemos que mencionar a la familia, los medios de comunicación, sobre todo la
televisión, han suprimido la jerarquía y hegemonía que la familia tenía como formadora de costumbres
sociales. Otro aspecto importante que contribuye es la incorporación de la mujer al sistema laboral, por
necesidad o por oportunidades de desarrollo, y otros cambios en la estructura familiar, como la ausencia
generalizada del padre, replanteando las relaciones del niño y del joven.
La escuela, por su parte, se caracteriza por un marcado énfasis academicista y por la competitividad
feroz, borrando el sentido comunitario y la promoción del desarrollo integral de los jóvenes. Además, los
sistemas de asistencia y recreación como apoyos alternos son mínimos y siempre insuficientes para la
satisfacción de las necesidades de la población juvenil.
Por último, quisiéramos manifestar que la delincuencia juvenil es el resultado de la combinación de
diversos factores de riesgo y respuesta social. Se presenta en toda sociedad, en donde los antivalores de
violencia, agresividad, competencia salvaje y consumo, se imponen a los valores supremos de la
sociedad como la tolerancia, la solidaridad y la justicia.
Una pandilla es un grupo de adolescentes y/o jóvenes que se junta para participar en actividades
violentas y delictivas, dando el siguiente paso a la delincuencia organizada. Las pandillas están
constituidas comúnmente entre niños y/o jóvenes de 13 a 20 años.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó casos graves de violaciones a las garantías básicas
en la mayoría de los Centros para Menores Infractores del país, sobre todo respecto a sobrepoblación,
abusos, golpes, malos tratos, hacinamiento, pues en lugar de dormitorios se les envía a celdas que tienen
como paredes mallas metálicas que semejan jaulas de animales. Además, se mantienen los mismos
lugares a niños de siete u ocho años con jóvenes de dieciséis o diecisiete, y niñas embarazadas; creo que
debemos empezar por cambiar esto, por educar con valores, con la no violencia.
La creación de un sistema de justicia especial para jóvenes infractores de ley aparece como una
necesidad ampliamente debatida por nuestra sociedad.
La delincuencia es una de las preocupaciones centrales para la ciudadanía, más aún, cuando el infractor
es una persona joven, debido tanto a las circunstancias en que el hecho ocurre como al alto impacto que
apropiadas respuestas pueden tener en su vida futura.
La inadecuada reacción que el actual sistema ofrecer, basado en medidas de protección y en un sistema
de justicia para adultos, según exista o no discernimiento en el obrar el joven a puesto de manifiesto la
necesidad de su reformulación.
El análisis estadístico de las tendencias que muestran la participación de niños y jóvenes en infracciones
a la ley penal, su importancia relativa en relación con los delitos cometidos por adultos y el tipo de
infracción más común entre los jóvenes, resulta fundamental para comprender los alcances y efectos de
una realidad altamente expuesta, tanto en los medios de comunicación como en el debate académico y
jurídico.
Ante la ausencia de una encuesta de victimización nacional, son las estadísticas sobre denuncias y
aprehensiones, la única fuente de información con la que se cuenta para realizar dichos análisis, así el
INEGI nos informa de una disminución de presuntos delincuentes entre los 16 y 29 años, de 80 mil 853
en el 1977 a 78 mil 788 en el 2007 en hombres, y en las mujeres un aumento de 5 mil 862 en 1977 a 6
mil 977 en 2007.
En la Encuesta Nacional sobre Inseguridad que nos presenta el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la
Inseguridad, Incesi, encontramos una disminución en los delitos cometidos por jóvenes entre 12 y 17
años, y un aumento para los de 18 a 25 años; esto entre los años 2003 y 2005.
El sistema tutelar que rige nuestro derecho y que ha generado los modelos existentes se basa en entregar
amparo, protección y orientación a aquel niño joven que lo necesita, ya sea porque sus derechos no han
sido respetados o porque ha cometido lo que la ley califica como delito, pero, por lo cual, no puede ser
responsable debido a su edad.
Los sistemas de protección se basan, de esta forma, en una mirada del niño o joven como un objeto de
protección y no como sujeto de derechos. Esta doctrina cambia cuando surge en el ámbito internacional
la teoría de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, que da origen a la concepción del
joven como sujeto al que le corresponde en garantías y que, por tanto, debe responder por las
infracciones y delitos que cometa ante un sistema jurídico especial, que permita al Estado reaccionar,
teniendo en consideración el interés superior de ese niño joven y el respeto irrestricto de sus derechos.
La discusión con respecto al actual sistema, se ha centrado en la edad, desde la cual los jóvenes son
imputables de responsabilidad penal; los menores de 16 años y los de 16 y 17 que hayan actuado sin
discernimiento están exentos de responsabilidad penal. En el caso de constar que el joven de 16 o 17 ha
obrado con discernimiento, le es aplicado el procedimiento penal de adultos con algunas atenuantes
establecidas en consideración a juventud.
En el primer caso, el juez de menores puede aplicar en su favor medidas de protección que la práctica ha
demostrado tienen un carácter claramente punitivo, por tanto, se ha generado la contradicción de que ese
joven al que la ley busca proteger se ve enfrentando a medidas que pueden llegar, incluso, a la privación
de libertad sin que cuente con las garantías del debido proceso.
Por otra parte, se argumenta que el trámite en el que se debe calificar el discernimiento con que un joven
actuó, no satisface las necesidades de retribución ni responsabilidad necesarias para lograr que ese
adolescente no vuelva a cometer un delito. Debido a esto último, la opinión pública entiende que al ser
declarado sin discernimiento, aquel joven infractor no recibe sanción alguna por el delito que cometió.
Otro aspecto relevante del sistema actual y que el conjunto de reformas pretende solucionar es la forma
en que operativamente se ejecuta la privación de libertad de niños y jóvenes, ya sea, mientras esperan el
trámite de discernimiento cuando son privados de libertad como medida de protección o cuando son
declarados con discernimiento y se encuentran a la espera de una condena.
Pese a que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño señala como aspiración básica que
la detención y encarcelamiento debe proceder siempre como última opción y, en todo caso, por el menor
tiempo posible, ésta parecer ser la norma que presentan una de las más graves contradicciones respecto a
la realidad nacional.
Encontramos como principales deficiencias del sistema vigente:
La inexistencia de una justicia especial para jóvenes que han cometido un delito, los que al haber
obrado con discernimiento son procesados y condenados en un sistema de adultos;
Confusión en los procedimientos y medidas aplicados a los niños, niñas y jóvenes que han
infringido la ley penal y los que necesitan asistencia y protección.
Lo anterior se traduce en que no existe una respuesta adecuada para personas menores, que han sido
vulnerados en sus derechos ni para aquellos infractores que necesitan medidas efectivas que les permitan
enfrentar su conducta con responsabilidad y posibilidades de reinserción social.
En el caso de los niños y jóvenes inimputables, la privación de libertad es utilizada como medida
de protección, sin que existan los derechos y garantías del debido proceso, tales como derecho a
defensa, limitación en el tiempo o posibilidad de acceso a beneficios;
Inexistencia de elementos de justicia restaurativa que podrían beneficiar tanto a infractores como
a las víctimas.
La ineficacia del trámite de discernimiento produce en la opinión pública una sensación de impunidad,
en relación con los delitos cometidos por jóvenes, por lo que tenemos como principales desafíos: la
necesidad de crear un nuevo sistema de justicia para jóvenes que generen las respuestas adecuadas y
logre garantizar a niños y jóvenes un desarrollo pleno, que requiera un sistema integrado y público de
información y estadística. Esta información debe ser completa e integral, respecto de los ingresos y sus
causales, por lo que las personas menores se vinculan tanto con el sistema de protección a la infancia
vulnerada en sus derechos, como con la justicia penal.
Resulta fundamental, conocer cuántos de los aprehendidos fueron puestos a disposición de la justicia,
cuántos recibieron una medida de protección o una sanción penal y cuáles son los programas específicos
con los que se vincularon. De esta forma, se podrán formular y evaluar las políticas tanto en relación con
la prevención como con las respuestas que aseguren la reinserción social del joven.
También es necesario lograr la aprobación de leyes que permitan contar con tribunales especializados en
materia de familia o un adecuado marco de financiamiento de aquellas instituciones especializadas que
trabajan con los jóvenes. Vinculado con lo anterior, debe crearse un sistema adecuado de ejecución de
penas, sobre todo, respecto a las penas no privativas de libertad. Este último punto es quizá el desafío
más importante que enfrenta el sistema.
Esta reforma no presentará en la práctica cambios sustanciales respecto a la situación actual, si al mismo
tiempo no se generan las condiciones que permitan un adecuado control de las medidas de ejecución y la
atención de los jóvenes que queden sujetos a algún tipo de sanción.
La creación e implementación de un servicio de ejecución de sanciones para adolescentes es primordial
si se decide iniciar una reforma al sistema criminal juvenil. La importancia de este servicio radica, en
que si éste no se crea, ningún cambio real o sustancial se podrá producir. Quienes ejecuten las penas
impuestas a los jóvenes, sean estas privativas o no de libertad, deben estar formados y dedicados en
forma exclusiva a esta labor y mantener, como objetivo fundamental, el promover y apoyar la
reintegración social del joven a la sociedad.
Este nivel de formación, capacidad y compromiso, requiere de un profundo conocimiento del mundo
juvenil.
La integración social de un joven que ha infringido la ley, sólo se producirá si la respuesta del Estado y
los particulares es integral, tanto desde un punto de vista jurídico y de garantías como social y de
reinserción.
¿Cuál es la posición del joven y la sociedad?
En la actualidad, la juventud de los países desarrollados occidentales ha crecido en un marco político
democrático y plural; han disfrutado de unas posibilidades educativas como nunca se han tenido en el
pasado, las tasas de escolarización son más largas y las posibilidades de acceso a la educación menos
dependientes del origen social de la familia.
La oferta en el ámbito recreativo del ocio, es muy amplia y muy diversa, pero la sociedad del bienestar
puede producir efectos perversos; por un lado, hay una excesiva delegación de responsabilidades en el
Estado, los jóvenes sienten que esa amplia oferta educativa, cultural, de ocio, les viene dada, que no
tienen por qué esforzarse, lo que conlleva a una cierta acomodación.
La cultura consumista crea artificialmente necesidades y practica un hedonismo insaciable, capaz de
postergar la satisfacción del placer o de planificar con sensatez el futuro a mediano plazo.
Ausencia de referencias globales dentro de la sociedad. Hemos pasado del pluralismo al relativismo, del
todo vale, lo que conduce a un individualismo absoluto.
La distancia intergeneracional entre padres e hijos es menor que en generaciones anteriores; la familia se
ha democratizado y flexibilizado, pero también se ha vuelto más irresponsable respecto a su misión de
educar e instruir; es una débil transmisora de contenidos, debido a los cambios profundos que se están
operando en la estructura familiar y a los nuevos papeles del hombre y de la mujer, lo que puede
repercutir desfavorablemente a la integración social de los hijos.
Los jóvenes encuentran graves dificultades para acceder al mundo laboral, lo que dificulta su
emancipación de la familia; el desempleo afecta fundamentalmente a los jóvenes dentro de 16 y 24 años,
jóvenes que realizan las peores clases de trabajo, que ven su futuro como una realidad incierta.
Uno de los componentes más importantes entre la multitud de causas que exacerban las violencias
sociales es efectivamente el desempleo. Los niveles altos de desempleo crónico son, en sí mismos, una
forma de violencia social, violencia dirigida directamente contra hombres y mujeres que están en
condiciones de trabajar y además, necesitan hacerlo.
El desempleo no es meramente un juego de variables económicas, es además, un alto violento que
padecen quienes no consiguen trabajo.
Es por esto que la participación de la ciudadanía en los procesos de evaluación de la prevención del
delito y de las instituciones de seguridad pública en nuestro país deben ser una garantía constitucional,
toda vez que los legisladores incluyeron en el artículo 21, párrafo décimo, inciso D, la obligación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública que se deberá determinar la participación de la comunidad, que
coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como
de las instituciones de seguridad pública.
Esta garantía consagrada en el texto constitucional abre las puertas a todas las distintas organizaciones
no gubernamentales y para otros actores sociales no gubernamentales para tener un rol más activo y
sobre todo, con voz frente a las instituciones del Estado mexicano.
Los mexicanos hemos entendido de una manera cada vez más convincente, que este derecho debemos
ejercerlo para lograr el cambio y la transformación de la realidad nacional y de las instituciones en
materia de seguridad pública y de justicia.
Sabemos por experiencia propia que tenemos que participar en la evaluación de esas instituciones para
lograr lo que la propia Constitución establece como un derecho: la seguridad pública.
Para desarrollar esas acciones, la sociedad civil tiene que aprender a manejar instrumentos técnicos de
medición y propuestas claras para la evaluación. Se trata de lograr que las acciones que el gobierno toma
en los tres niveles: federal, estatal y municipal, generen un producto que aumente la seguridad pública de
los mexicanos, así que premiando las acciones correctas y denunciando las acciones incorrectas se puede
provocar el cambio y la transformación de instituciones en nuestro país.
La reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación,
establece una idea amplia de la seguridad pública, que se interrelaciona con la procuración de justicia,
las acciones de la justicia en cuanto a la determinación de pena y lo relativo a la ejecución penal.
Así en la Constitución la seguridad pública es producto de la prevención general y especial del delito y
estas, son consecuencia de una correcta investigación de los delitos, de su persecución y sanción,
procurando que el culpable no quede impune y que el daño ocasionado por el delito se repare, todo esto
en el marco del debido proceso que en términos Constitucionales y en materia penal es el producto de la
aplicación de las reglas del proceso penal que se contiene en el artículo 20 apartado A de la Constitución
y que lo señala como un proceso acusatorio y oral.
Todas estas fases deben ser vistas de manera sistémica, para lograr una conjunción de acciones
coherentes que refuercen todo el sistema de seguridad y de justicia.
En cuanto a la prevención especial, esta es producto de los términos de la Constitución, del sistema
penitenciario para reincorporar a la sociedad a la persona que ha delinquido. Esta es una tarea muy
importante que tiene el gobierno federal, ya que debe asegurar a su sociedad, que las personas que han
estado recluidas en algún centro penitenciario, transcurrido el tiempo de su pena, deben estar listos para
ser reincorporados a la vida social, sin que estos generen nuevamente un peligro para la sociedad, pero
también es necesario trabajar desde afuera, para que nuestra sociedad esté preparada para recibir a estas
personas, que necesitan apoyo para incorporarse de nuevo y ello implica, entre muchos elementos, un
trabajo seguro y un apoyo continuo a través de instituciones públicas o privadas para lograr esta acción
con éxito.
La presente Legislatura del H. Congreso de la Unión, durante la pasada sesión ordinaria aprobó la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta ley contiene elementos fundamentales para el
funcionamiento de las instituciones de seguridad pública; sin embargo, desde nuestra perspectiva es muy
relevante el enfoque de prevención y el centro de prevención y participación ciudadana que la ley
contempla.
El enfoque de prevención y el centro de prevención y participación ciudadana considero que es un gran
avance para México, ya que antes de la publicación de esta ley las instituciones que buscaban evaluar u
opinar sobre las políticas de prevención no tenían un marco constitucional y legal adecuado.
Esta visión, de conformidad con la misma ley en materia de conductas de represión se dará según el
artículo tercero de la propia ley general, a través de la función de la seguridad pública que se realiza por
conducto de las instituciones policiales, del ministerio público, de las instancias encargadas de aplicar
las sanciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las
autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como de las demás autoridades que
en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de la ley.
La ley también prevé la especialización de la policía en un sentido amplio, ya que ahora todas las
policías del país deberán cubrir ciertos perfiles y aptitudes para desempeñar sus funciones, dando como
resultado que en los próximos años contaremos en cada municipio, estado y en la federación, con una
policía preventiva calificada que cumpla con esta función de forma efectiva, ya que no podemos
considerar que todos los policías son iguales o que cumplen o deberían de cumplir la misma función.
Como puede observarse, esta ley no sólo tiene en cuenta una visión relacionada con acciones represivas
del Estado, ya que, desde una perspectiva amplia ordena al Estado el desarrollo de políticas en materia
de prevención social del delito, con carácter integral sobre las causas que generan la comisión de delitos
y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales
y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Estos programas deberán ser desarrollados desde todas las áreas con que cuenta el gobierno federal, por
lo que el espíritu de esa ley es no limitar a considerar a la prevención como una tarea más de las
instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública.
La prevención del delito puede y debe realizarse con base a la ley, desde cualquier otra secretaría o
instituto, todos tenemos la obligación de realizar programas que fomenten la prevención de conductas
antisociales, como ejemplos podemos mencionar las áreas de educación, trabajo, seguridad social, salud,
en fin, toda dependencia tiene posibilidad y obligación de prevenir la sociedad y más aún, en su área de
competencia, conductas que dañan a nuestra sociedad y que dañan a sus trabajadores.
Es importante subrayar que como fruto de diversas ideas y propuestas de distintos sectores políticos se
determinó en esta ley y por primera vez, el establecimiento de un centro nacional de prevención del
delito y participación ciudadana. Este centro representa una institución que de una perspectiva nacional
puede aportar elementos para lograr una prevención, no sólo en el sentido represivo, sino de prevención
del delito en sentido amplio.
Como los demás centros integrantes del sistema nacional, su director será nombrado por el Presidente de
la República, pero tendrá una participación de los gobernadores de los estados y en las comisiones del
Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Dentro de las funciones de este centro nacional de prevención tenemos que podrá proponer lineamientos
de prevención social del delito a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones
tendrán el carácter de permanentes y estratégicas, promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a
los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia, también emitir opiniones
y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las instituciones de
seguridad pública en los tres órdenes de gobierno para prevenir la violencia infantil y juvenil, promover
la erradicación de la violencia, especialmente ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas,
adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar, prevenir la violencia generada por el uso de armas, el
abuso de drogas y alcohol y garantizar la atención integral a las víctimas, porque estas son acciones que
se deben observar muy de cerca desde los municipios, ya que serán estos los encargados de
implementarlas, al igual que los gobiernos estatales. Sin embargo, el programa con mayor impacto es el
municipal por estar en contacto permanente con la sociedad y por ende necesita una mayor supervisión.
Es evidente que el papel que jugará este centro nacional será muy activo y con resultados directos a las
áreas de su competencia. Antes, en México no contábamos con organismo alguno de esta naturaleza, que
tuviera la fuerza y la obligatoriedad de sus recomendaciones y acciones.
La fuerza de este centro nacional radica en que sus integrantes son gobernadores de las distintas
entidades federativas. Hablamos que los ejecutivos de cada estado, estarán relacionados de manera
estrecha con esta materia tan importante para la seguridad pública. Serán ellos quienes promuevan todo
tipo de evaluaciones a las instituciones de seguridad pública.
Así también, apoyará este centro a las organizaciones no gubernamentales en este tipo de evaluación y
seguimiento de acciones, ya que los beneficiados de un buen cumplimiento y aplicación de los
programas y acciones serán las propias entidades federativas y los municipios.
Es importante subrayar que en las comisiones del Consejo Nacional, según el Artículo 16 de la misma
Ley señala que podrá invitar a participar a expertos de instituciones académicas, de investigación y a
asociaciones del sector público y privado, que dará a estos Centros una visión técnica y especializada de
los programas, acciones y problemas que surjan en el desarrollo de sus actividades.
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, está obligada a establecer
mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta participación se realizará en coadyuvancia y
corresponsabilidad con las autoridades a través de la comunidad, tenga o no estructura organizativa y la
sociedad civil organizada.
Lo que representa que se hace efectiva la relación entre el Estado y los ciudadanos, nos permite entrar en
comunicación directa sobre las denuncias y de este modo podemos saber que todo municipio y estado
siempre tendrá un área que escuchará a la sociedad.
Sobre el mismo tema, dicho centro nacional será el encargado de promover que las instituciones de
seguridad pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad para alcanzar los
propósitos ya mencionados.
En cuanto a la participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones,
contempla el desempeño de sus integrantes, el servicio prestado y el impacto de las políticas públicas en
la prevención del delito. Estos resultados deberán ser entregados a las instituciones de seguridad pública,
así como a los consejos del sistema según corresponda y servirán para la formulación de políticas
públicas en la material.
Nos orgullece decir que México está cambiando, pero también debemos ser conscientes que los cambios
que esperamos no pueden darse sin que la sociedad, que somos nosotros, no se involucre. Hoy en día
contamos con infinidad de medios para involucrarnos en las actividades para mejorar la seguridad
pública, y lo más importante es que nuestra participación está contemplada directamente desde la
Constitución, hecho histórico en nuestro país.
No debemos olvidar que nuestras participaciones en la construcción de mejores y más sólidas
instituciones deben ser siempre responsables y tener como objetivo y fin último el beneficio de nuestra
sociedad en forma directa. Es importante destacar que todas estas acciones representan un avance
verdaderamente importante en la materia, que junto con los otros elementos que se encuentran en la
reforma constitucional mencionada y en otros aspectos de la propia ley, son importantes para
transformar la realidad de violencia que está sufriendo México.
Sin embargo, en el Consejo Ciudadano de la Procuraduría General de la República, que es una
institución autónoma, tenemos muy claro que será sólo a través de la supervisión y evaluación por parte
de todos los mexicanos que podremos lograr resultados. Es decir, debemos premiar cuando la autoridad
hace bien su trabajo, pero recriminarla cuando no lo hace.
La criminalidad, muy especialmente la juvenil, es un fenómeno complejo que no cabe reducir a una sola
causa. Antes bien, nos hallamos ante un panorama típicamente característico de una situación de
poligénesis que desafía las interpretaciones simplistas. Las investigaciones actuales no han sido todavía
capaces de identificar todos los factores, de evaluar su interrelación recíproca y, menos aún, elaborar un
modelo predictivo de validez universal.
Sólo alcanzaremos resultados satisfactorios si gozamos de la suficiente amplitud de miras para desechar
nuestros prejuicios y analizar científicamente la realidad circundante. A este ambicioso objetivo, el
Consejo de Participación Ciudadana de la PGR quiere contribuir a concebirlo antes posible.
“SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO”
Ciudadano Carlos Cruz Santiago.9
Director de Cauce Ciudadano A.C.
Miembro de la Red de Emprendedores Sociales “ASHOKA”
Empezaré con una frase que desde hace algún tiempo me da vueltas en la cabeza, que es “lo peor que
podemos hacer es no hacer nada y hacer lo mismo de siempre”. A final de cuentas, en materia de
prevención no distamos mucho de estar haciendo lo que se ha hecho siempre. Parto desde ese punto
porque el lenguaje que más hemos estado escuchando tiene que ver con acciones punitivas y tiene que
ver con el ejercicio de la policía.
Se señaló anteriormente que en materia de justicia lo que más había que trabajar era el tema de la
protección de los derechos. Por lo que no podría entender ninguna acción de prevención si no es una
acción que trabaja con una perspectiva de derechos humanos. Es decir, las acciones de prevención
trabajan en el ejercicio de los derechos humanos. Si hacemos una lista de las acciones que se pudieran
estar construyendo, nos damos cuenta que la prevención justamente lo que hace es el ejercicio de los
derechos humanos: derecho a la educación, derecho a la recreación, derecho a la salud, y por ahí
empezaría mi presentación.
El trabajo de la prevención se da a través de una serie de fases del proceso salud-enfermedad. No
entendemos la prevención desde la materia de la justicia o desde la materia de seguridad pública, sino
desde la prevención en materia de salud.
La promoción de hábitos o la promoción de salud, que es la primera etapa del proceso salud-enfermedad,
es algo que nadie trabaja o pocos somos los que estamos intentándolo trabajar en el país, porque
regularmente lo que se promueven son riesgos cuando se dice “no a las drogas”, y ya sabemos que los
chicos lo que más están intentando es asumir el riesgo de probarlas y saber si les gustan o no les gustan y
quedarse incluso enganchados.
9 Texto editado de la versión estenógrafo.
Cuando pasamos al área de prevención, estamos hablando no solo de factores de riesgo sino de factores
protectores. En ese sentido, tenemos que entender el proceso de que hay jóvenes que a pesar de que
viven situaciones adversas no terminan cometiendo delitos. Al contrario, generan algo que se llama
“resiliencia”, y es una resiliencia natural; y otros, una resiliencia adquirida.
Analizando el cuadro de factores de riesgo asociados a delitos y delincuencia juvenil, vamos a encontrar
en los diferentes medios en donde se desenvuelven los jóvenes los siguientes factores de riesgo:
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C
.
Ámbito Familiar.
Disfunción, abuso sexual, conflicto, baja supervisión, familiares que delinquen, falta de cohesión.
Ámbito Académico.
Bajos niveles de desempeño, ausentismo, abandono académico, bajo nivel de motivación, problemas de
comportamiento.
Ámbito Interno.
Baja motivación y autoestima, agresividad, bajo nivel de autocontrol, baja capacidad de interlocuciones
social.
Ámbito Social.
Encontramos desorganización social, nuestras comunidades lo que más tienen hoy desde la perspectiva
de la atención política, es una desintegración política.
Tenemos el asunto de la pobreza, drogas y armas de fuego. En todos los barrios es conocida la forma de
distribución, no solamente en los barrios pobres, también en los barrios ricos.
El asunto de las viviendas precarias. Vemos programas y programas de vivienda en las zonas urbanas
que no contribuyen en absolutamente nada para transformar la vida de los jóvenes y la vida de la gente
que habita esas unidades habitacionales. Regularmente estamos viendo que en un territorio, encontramos
que la tasa de población está creciendo muy ampliamente, pero no cuentan con los servicios ni
educativos ni de recreación que se necesitan.
Ámbito Laboral.
Bajo capital social, corrupción y empleo mal remunerado. Sólo como un dato, los empleos para muchos
de estos jóvenes no pasan de los 2 mil o 2 mil 200 pesos; cuando tienen la oferta del sector criminal,
donde los jóvenes por distribuir droga están ganando entre 12 y 16 mil pesos o por ser parte de la
seguridad, ganado 16 mil pesos, es mucho más fácil incorporarse.
Ámbito Personal.
Amigos que delinquen, noviazgo con violencia, relaciones sexuales sin protección y bajo presión,
miembros de asociaciones delictivas, falta de modelos de vida relevantes, me quisiera centrar en este
último, el modelo de vida relevante en este instante para las poblaciones juveniles, no estamos hablando
de los liderazgos sociales o liderazgos políticos, no estamos hablando de los deportistas, que
francamente dejan mucho que desear. La reflexión de los jóvenes tiene que ver más con aquellos que
logran el poder de una manera más rápida, pronta y expedita, que la propia justicia que los podía asistir
a estos jóvenes.
Regularmente se señala a los jóvenes de los barrios como parte de los grupos criminales. Esa es una
parte importe. Pero en el proceso, sobre todo del asunto financiero, no están los jóvenes de los barrios
populares, están los estudiantes de la Anáhuac, del ITAM, de las universidades, los cuales se incorporan
al asunto criminal, por que también es un negocio y es una parte muy fácil de acceder al poder lo
tenemos que decir, porque cuando se señala solamente a la gente de los barrios pobres, se piensa que en
la pobreza es en donde está el problema.
Si analizamos el problema de consumo, volvemos a hacer víctima a aquel que consume demasiado. Si
los productores o los mercadólogos de las grandes tiendas departamentales o de las grandes marcas
tuvieran otra visión del consumo, entonces los jóvenes no estarían teniendo esta exigencia de tener los
tenis de moda y por lo tanto robar para obtenerlos.
Ya empezamos a hacer un análisis de qué tendría que ser un sistema de prevención. Hay que dejar claro
que el sistema de prevención tiene que ver con atender las primeras tres fases de procesos de alguna
enfermedad: la promoción de la salud, la prevención de riesgos y la atención del daño.
En ese sentido podemos encontrar, en el ámbito de la comunidad, la desorganización social, la pobreza,
las drogas, armas de fuego, etcétera. Pero tenemos acciones que se están haciendo desde la sociedad
civil. Entonces tenemos: transformación de liderazgos, promoción de la actoría social juvenil,
recuperación de espacios públicos, capacitación en perspectiva y aproximación juvenil con policías; los
policías también son víctimas de la mala capacitación. No me pondría en contra de los policías, sino el
problema de los policías para no poder trabajar con los jóvenes, es que nadie les enseña a trabajar
justamente con el mayor número de población que tenemos, toda vez que este país es un país de jóvenes
y nadie lo está viendo demográficamente.
Factor de riesgo Acciones OSC con experiencia Ventaja Comparativa Área de
influencia
Desorganización
Pobreza
Drogas
Armas de fuego
Condiciones de vivienda
precarias e infraestructura
vecinal deficitaria
Bajo capital social
Transformación de liderazgo
Promoción de la actoría social
juvenil.
Recuperación de espacios
públicos. Capacitación en
perspectiva y aproximación
juvenil con policías,
construcción y educación para la
paz
AVANCEMOS ASHOKA
EMPRENDEDORES
SOCIALES
COLECTIVO
“MARABUNTA”
CAUCE CIUDADANO
COLECTIVOS JUVENIL
Trabajo y aproximación
juvenil directa con jóvenes
pandilleros
Recuperación de espacios
públicos y generación de
habilidades para la vida
Desarrollo de actividades
lúdico - artísticas para la
generación de capacidades
psicosociales (Colectivo
Iztacalco
Cuauhtémoc
Gustavo A.
Madero
Iztapalapa
Marabunta y RAPEM)
Por otro lado, construcción y educación para la paz en estos ámbitos de trabajo. ¿Por qué decimos
construcción de paz y educación para la paz? Porque hay barrios y comunidades donde los jóvenes sí
están viviendo una guerra, donde están armados y se enfrentan cotidianamente, ahí hay que hacer
construcción de paz, en las escuelas habría que hacer muy fuerte el asunto de la educación para la paz,
como medida preventiva.
Podemos encontrar organizaciones de la sociedad civil que están haciendo trabajo, un ejemplo de ello es
en el norte de la ciudad, a través de un organismo internacional “ASHOKA”, que son redes de
emprendedores sociales colocando capital semilla, para que los jóvenes puedan realizar sus propios
proyectos y emprendimientos sociales.
Pero no solamente eso, sino que se pueden generar movimientos juveniles, porque los movimientos
juveniles que existen, están vinculados a la actividad política de las diversas posiciones ideológicas. Se
tendría que crear un movimiento juvenil que no solamente tendría que tener una posición ideológica,
pero sobre todo tendría que tener procesos formales desde las instituciones para poder crear el
movimiento juvenil. Podemos encontrar, entonces, colectivos juveniles y podemos encontrar
organizaciones de jóvenes que trabajan para otros jóvenes que Desarrollen actividades lúdico-artísticas
para la generación de capacidades psicosociales para los jóvenes, con ello se estaría realizando la
promoción de la salud.
El tema es cómo vamos construyendo un mapeo, de manera tal que sepamos cuál es el espacio de
influencia de estas organizaciones. En este caso tenemos cuatro delegaciones en las cuales hay un área
de influencia, es decir, si imaginamos la Delegación Gustavo A. Madero, en la ciudad de México, lo que
creamos es la posibilidad de que las instituciones gubernamentales apoyen a organismos de la sociedad
civil que pueden hacer este trabajo de prevención y no ser necesariamente los organismos
gubernamentales que realicen esta actividad.
En los últimos ocho años hemos intentado encontrar organizaciones que trabajen desde los jóvenes, no
hay organizaciones que trabajan desde los jóvenes, hay muchas organizaciones que trabajan de los
jóvenes, y cuando digo de los jóvenes es que viven de ellos. Esa es la diferencia. Si los jóvenes fueran
los que dinamizan el proceso, estaríamos generando con estas actividades un proceso “resiliente” en la
población; pero se prefiere contratar a otros sectores, sobre todo a los sectores adultos para que hagan
estas actividades, que les organizan sus actividades a los jóvenes limitándose así la participación de
muchos hombres y mujeres jóvenes.
Otro ejemplo del sistema es en el ámbito de la familia, conflicto familiar, disfunción, abuso sexual, baja
supervisión, familiares que delinquen; ahí se tiene que establecer acciones de trabajo intergeneracional y
formación de adultos funcionales; entendiendo estos como aquellos adultos que regularmente solo se les
ve como una categoría a la cual hay que entregarle recurso para que después se pueda volver un voto.
Nos interesa, dentro del sistema, que estos adultos mayores se vuelvan realmente un acompañante de los
sectores juveniles, y cuando hablamos de los sectores juveniles estoy diciendo que un adulto tenga que
cargar con la vida de 200 jóvenes, pero tranquilamente se puede cargar con la vida de 5, 6 jóvenes
creando metodológicamente un proceso de Salud-enfermedad, y desde ahí poder construir acciones para
la prevención.
Si vemos la ventaja comparativa con relación a estos problemas, podemos encontrar organizaciones
como “APIS”, que trabaja con madres solteras, para que no generen lo que otras madres han generado
con sus hijos, el abandono, la baja supervisión, sino que les dan herramientas para que puedan hacer
excelentemente bien, el trabajo como madres.
Factor de riesgo Acciones OSC con experiencia Ventaja Comparativa Área de influencia
Conflicto Familiar
Disfunción
Abuso sexual
Conflicto
Baja Supervisión
Familiares delincuentes
Falta de Cohesión
Trabajo intergeneracional y
formación de adultos
funcionales
CAUCE CIUDADANO
AC
APIS
CASA LAS MERCEDES
Trabajo con madres solteras
(APIS)
Trabajo con mujeres en
situación de calle (Casa de Las
Mercedes)
Trabajo con familias de jóvenes
pandilleros y en situación de
riesgo (CAUCE)
Álvaro Obregón
Coyoacan
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Por otro lado, el trabajo con mujeres en situación de calle. Es un factor que esta sucediendo en las
ciudades urbanas, en donde las mujeres se salen de casa pero no para asumir una autonomía, sino por
problemas de embarazo. Es por ello que las organizaciones puedan sostener este trabajo por ellas.
El trabajo con familias de jóvenes pandilleros en situación de riesgo. Es muy importante como los
jóvenes que ya están incorporados en una pandilla, pueden reflexionar sobre lo que tendrían que estar
haciendo con sus hijos, para que sus hijos no atraviesen esos estados de violencia.
Por último, con la red nacional “prevención en todas direcciones”, las juventudes se podrán constituir,
como un espacio autónomo de participación directa de niños, niñas, las y los jóvenes. Los jóvenes tienen
que empezar a hacer ejercicios de supervisión de los programas que regularmente tienen que ver con
ellos, implementar programas diseñados y dirigidos desde la niñez y la juventud. Se piensa que ni los
jóvenes, ni los niños tienen capacidades de crear modelos de intervención; la educación popular y
América Latina, nos han demostrado durante muchos años, que la acción participativa justamente lo que
crea son modelos en los que la gente puede participar, entonces si utilizamos estos esquemas, solamente
con la integración de niños y jóvenes implicaría que estaríamos generando planes y programas desde las
juventudes.
Hay un eslabón que regularmente no se ve o nadie lo quiere trabajar, que son los que educan o los que
facilitan los procesos en las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, siempre vemos a la población
beneficiaria y a los directores, hay que ver al otro sector, el que está en medio, las y los facilitadores de
los proceso, ya que es vínculo directo entre la población objetivo y las organizaciones e instituciones,
por que recuperan de primera mano los hechos cotidianos y modifican hábitos, es decir, el que está ahí
en el trabajo diario, directo, son los que más rápido pueden modificar los hábitos, dinamizan el
protagonismo de las y los jóvenes. Se estaría entonces inclinando por generar planes y programas con y
desde las juventudes.
Cuando hablamos de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones educativas, de gobierno,
los organismos autónomos, las comisiones de derechos humanos, estamos hablando de que tendríamos
que tener la gestión técnica y operativa, la investigación e incidencia en política pública, el marco
normativo jurídico y presupuestal que puede regir a los planes de prevención. Todo lo que tiene que ver
con los referentes para la formación. Por ejemplo, el arte, el cine, el teatro, esos artistas que hoy tienen
una conciencia social, pueden ser, un referente para estos jóvenes, perspectiva juvenil en todos los
ámbitos de gobierno, es algo que tendría que estar haciendo esta área de la red, para generar a las y los
jóvenes planes y programas.
Con esto, se marcarían grandes posibilidades de transformación desde la base con las organizaciones
civiles, con los colectivos juveniles, con los propios jóvenes que se están involucrando en temas de
delito, con aquellas mujeres que también están pasando por procesos de embarazos no deseados, jóvenes
que han sido expulsados de la escuela y que la frustración los lleva a generar violencias mas invisibles
con su familia.
Por todo lo anterior, es importante identificar que los jóvenes que tienen daño por estos riesgos, son
potencialmente transformadores de la realidad en la que están viviendo, por eso no solamente es
importante hablar de la resiliencia individual que pueden tener esos grupos de jóvenes. Sino también, es
fundamental hablar de la resiliencia comunitaria que permitiría verdaderamente transformar la realidad
en la que estamos viviendo, fortalecer a las instituciones, pero sobre todo reconstruir el tejido social que
cada día se nos deteriora más.
“MENOS REPRESIÓN MAS SEGURIDAD”
Dr. Irvin Waller.10
Presidente del Centro Internacional para la Prevención de la Delincuencia en Montreal
Profesor de Criminología en la Universidad de Ottawa
Lo más importante de este tema, es la disminución de la violencia. Para poder llevar acabo dicha
disminución falta crear una nueva política criminal.
Los debates de los abogados y legisladores sobre el sistema inquisidor, la pena de muerte o pena
comunitaria, fue un debate de los siglos pasados. El debate de este siglo, el siglo XXI, se basa en la
prevención de los delitos a través de estrategias internacionales que buscan la disminución del número
de las victimas, mediante formas de inversión en los diferentes ámbitos de la sociedad es decir, invertir
en el futuro de los jóvenes o las mujeres, básicamente en aquellos o aquellas que se encuentran en
riesgo, en los hogares o en los barrios; evitando así la necesidad de utilizar medidas de represión como
poner el ejercito sobre las calles o sobre poblar las cárceles.
Es importante entender que la estrategias internacionales para la prevención y disminución de violencia,
no solo se da en los países como Inglaterra o Canadá, en donde existe la promesa de prevención con una
posibilidad de disminuir la violencia; en América Latina, específicamente en Bogotá, se a dado uno de
los mejores ejemplos de éxito en la disminución de victimas, en la reducción de la tasa hasta por un 50
por ciento en los de homicidios en un lapso de 3 años; esto, sin llegar a la necesidad en debates de leyes,
sin hablar de las policías, jueces o cárceles. En México la disminución de la violencia en las calles, casas
o escuelas se pueda dar a través de una serie de estrategias eficaces de prevención del delito.
En mí libro “Menos Represión, Mas Seguridad” publicado en el 2006, se concentró de manera accesible
para la gente que puede ser victima de algún delito; las estrategias sobre los límites del sistema penal y
de proponer una ley que ayude al cambio del sistema antiguo, ineficaz y costoso, por un sistema eficaz
de protección a las victimas.
10 Texto editado de la versión estenógrafo.
En este sentido, el objetivo primordial en México es establecer estrategias eficaces que disminuyan la
violencia, respetando los derechos humanos, tanto de la victima como del sujeto activo del delito; pero,
¿cómo disminuirla? se necesita cambiar la política criminal, de una manera costo-eficaz que respeten los
derechos humanos. Esto es posible, ya que se cuenta con un sistema policial y una serie de sistemas de
prevención de otros países a ejemplo a seguir, como es el caso de Bogotá.
La teoría vieja de reacción penal, trae consigo una discusión en México sobre la reacción retributiva; por
otro lado, las políticas populista que promueven el sistema de represión, como es el caso de Nueva York,
con la estrategia de cero tolerancia y un aumento de policías, hacen que la población pierda la confianza
al estado, ya que no resuelve la disminución de la violencia y por el contrario ocasiona una menor
incidencia de denuncias por parte de las victimas.
LA TEORÍA ESTÁNDAR Y VIEJA
DE REACCIÓN PENAL
1. El desafío es la proporción de la reacción retributiva
– la disuasión general
– la disuasión individual
– la rehabilitación
2. Los sentimientos de políticos populistas
– Policías y cero tolerancia
– Castigos y ¨3 strikes¨
– La victima como herramienta de justicia penal
3. Falta de confianza en el gobierno y justicia – muchos hombres en los cárceles
– Muchos impuestos gastados
– Victimas no utilizan el sistema penal
– Costo en derechos humanos de victimas
La visión del libro, que es la misma planteada en México se refiere a la reducción del número de
victimas; por ejemplo, disminuir la violencia en Juárez, disminuir los secuestros en la Ciudad, disminuir
la violencia en las casas, etc. Lo anterior es posible si existen estrategias para hacerlo, pero falta una
nueva gobernación, falta probablemente una ley federal, una ley en cada estado, una ley en acción a
nivel municipal en México para hacerlo.
La nueva gobernación es un asunto de lanzar a nivel nacional un centro de responsabilidad, un centro de
liderazgo, con las herramientas para desarrollar una política estratégica para disminuir la violencia. Esto
fue el ingrediente secreto de Bogotá. Es decir, el secreto esta en establecer un sistema de gobernación,
no de reacción, toda ves que el sistema penal es de reacción al evento de gobernación.
LA VISIÓN NUEVA Y PRACTICA DE MENOS REPRESIÓN, MÁS SEGURIDAD, (WALLER Y IPC)
1. El desafío es como reducir los números de victimas
• Violencia en la calle y la casa y las escuelas
• Daños a las víctimas y comunidad
• Costos de policía, cárceles y cortes, y la seguridad privada
2. La promesa de prevención es la pericia de reducción de la victimización y normas
internacionales
• Reconocidos par las organizaciones prestigiosas
• Ejemplos exitosos ilustran más costo eficaz y como implantar
• Garantizar también los derechos humanos de victimas
3. La (nueva) gobernación de la seguridad
• Ley y plan de acción con oficina central de reducción del delito
• Inversión permanente en la prevención – equivalente de 10%
• Inversión en los jóvenes en riesgo y las mujeres
¿Cómo poner en acción los programas que ataca a los factores de riesgo para los jóvenes? ¿Cómo poner
en acción las acciones para disminuir la cultura de violencia de los hombres contra las mujeres? ¿Cómo
poner en acción un programa para disminuir los secuestros?
Para poder llevar acabo todas las estrategias o acciones en prevención a la violencia se necesita un
centro de responsabilidad, de liderazgo, capaz de diagnosticar información, datos, encuestas de
victimización, llevar estadísticas de la violencia, de identificar los factores de riesgo y de activar las
acciones; todo esto se puede hacer a través de una ley de disminución, reducción de la violencia y no a
través de una ley de justicia penal.
Con respecto a la cantidad de víctimas, creo que en México es claro que hay un desafío, un desafío en el
número inaceptable de víctimas que falta disminuir de una manera eficaz.
Los límites del sistema penal.
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Una reducción en tasas de violencia explicada principalmente por las tendencias socio-económicas
no por más policías y mano dura
Tasa de delitos violentos por cada 100,000 en la Ciudad de Nueva York, 1980-2000
En Nueva York, para mucha gente Giuliani fue el hombre que eliminó a gran escala la violencia a través
de su política de cero tolerancia, lo cual no es verdad, ya que la disminución de la violencia empezó
cuatro años antes. Las razones para esta disminución fue el cambio en la distribución de la edad, es
decir, la disminución de la edad de riesgo en los jóvenes, el aumento importante en el empleo. Hay un
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Uno de cada cuatro ciudadanos es víctima de un crimen común cada año
Esta cifra muestra la porcentaje de adultos victimados:5 años anteriores
Latinoamérica
África
Nuevo Mundo
Europa del Este
EuropaOccidental
Asia
robo e intento cr ímenes de contacto
cambio en la utilización de droga, hay un aumento en los emigrantes en los países del norte. Son las
buenas noticias, porque disminuye la violencia. Esta visión aumenta de manera increíble los costos para
los ciudadanos que pagan impuestos en Estados Unidos.
Más o menos desde los ochentas, como se demuestra en la grafica, se ha aumentado al doble el impuesto
para el sistema de policía en Estados Unidos. Esta cifra es increíble para un país que reclama que no hay
confianza en su gobierno. Es importante cuidar las políticas que pretenden aumentar las policías y las
cárceles en el país, porque esas estrategias solo aumentan los gastos además de provocar reacción a la
violencia sin eficacia.
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Una reducción limitada pero a un costo grande a los contribuyentes y oportunidad costadas a las víctimas
Porcentaje de incremento 1982-2003
Gastos directos del sistema de justicia penal estadounidense en billones de dólares 1982 -2003
Porcentaje Incrementado 1982 -2003
Ajustado a la inflación
Es una oportunidad desperdiciada porque el dinero que se ha invertido en las cárceles, es dinero que se
ha dejado de invertir en los programas que buscan incluir a los jóvenes excluidos, es dinero que no es
invertido en programas para cambiar las actitudes de los hombres frente a las mujeres y que tampoco se
ha invertido en programas para evitar que los jóvenes ingresen a las bandas.
Un sistema penal que deja a la víctima sin ayuda, representa un sistema de políticas ineficaces para
disminuir la victimización ya que tampoco existe una inversión en programas para ayudar a quienes han
sido objeto del delito; es decir, falta pensar en la víctima y en establecer programas que la ayuden.
Aunque los populistas se refieran a una política como buena para las víctimas por el hecho de existir una
punición alta; esto resulta falso, ya que no favorece a las mismas, además de que aumenta los costos y
no disminuye la violencia.
Otro problema lo constituye la denuncia, como ejemplo tenemos el caso de Inglaterra, en donde de un
100 por ciento de víctimas tan solo el 45 por ciento lo denuncia con la policía. En mi país (Canada) en el
caso de las mujeres que son víctimas de asaltos sexuales, tan solo el 8 por ciento son denunciados con la
policía. Esto limita la posibilidad de actuar de la policía y del sistema penal para controlar el delito.
Debe entenderse que en México dicha situación no es fácil de cambiar a corto tiempo.
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La policía y la justicia penal son ineficaces reduciendo la victimización y respondiendo a
las victimas porque pocas alcanzan las cortes¡la impunidad!
Fuente: Gobierno de Reino Unido
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Condenas 3%
Resueltas 5%
Enregistradas24%
Denunciadas 45%
Victimas 100%
La juventud es un poco compleja, pero no al grado que no podemos llevar a cabo una política
encaminada a disminuir la violencia entre los hombres jóvenes, entre las bandas y en aquellos casos en
que los jóvenes se salen de las bandas. Existen infinidad de ejemplos, como el caso de Bogotá y que
pueden servir en las acciones actuales.
En 1996, Inglaterra crea una Comisión de investigación para la distribución del dinero en el ámbito de
prevención de violencia en los jóvenes. Esta comisión llamada Comisión de Auditoria Británica
concluyó que el sistema estándar de reacción es la Juventud mal gastada, es decir, se invertía el dinero
en la vigilancia, juzgamiento y encarcelamiento de los jóvenes; establece un cambio en los recursos; no
encaminado a la abolición del sistema penal, sino de equilibrar el dinero con el sistema penal para
establecer acciones o programas de prevención de la violencia.
En 1998 Blair, el Primer Ministro visionario de Inglaterra, crea una ley denominada Crime and disorder
Act—Crimen en desorden— en donde se implementa la Comisión de Justicia Juvenil. Esta comisión
tiene como fin la creación de proyectos de inclusión de los jóvenes que se encuentran dentro de un
círculo de violencia. Con esta estrategia se ha disminuido la violencia juvenil del 50 al 60 por ciento. La
idea fundamental de la creación de esta estrategia era identificar los 50 jóvenes más conflictivos en un
barrio, buscarlos con educadores de calle y convencerlos de participar en los programas de prevención
de violencia. Esta estrategia no costo mucho para el Estado, por el contrario dentro del sistema penal
hubo una disminución importante de violencia. Esto sería un buen ejemplo para ilustrar la promesa de
prevención en México.
México como Estados Unidos, manejan un política de represión y utilización de cárceles, con ello se da
un poco la disminución de la violencia, esto es un 20 o 25 por ciento, no un 50 por ciento como se da en
Bogotá que no utiliza este método. Ahora bien, si esto lo traducimos en el método costo –eficaz, se
estaría utilizando recursos superior en este sistema y no en programas y estrategias para la prevención de
la violencia, por el contrario si esos recursos son utilizados en programas como supervisión de los
jóvenes en escuelas, para evitar el abandono; la formación de padres, incentivos para los jóvenes, se
estaría disminuyendo la violencia.
En Canadá existe prevención de violencia en contra de las mujeres, este programa es dirigido a los
jóvenes entre los 10 y 11 años, es obligatorio para las escuelas, en donde les enseñan los jóvenes sobre
respeto entre las mujeres y los hombres y sobre la solución de conflictos sin violencia. Es posible que en
México se pueda establecer dicho programa.
En México existe un grande problema en cuanto a las bandas (delincuencia organizada), actualmente se
combate con la política Giulianesca “Cero Tolerancia”, es eficaz pero las bandas son aún más eficaces
para atacar el sistema penal.
Otro ejemplo de sistema eficaz, es el establecido en Boston, donde se combinaron las acciones de la
policía sagaz, como la movilización de las madres e incluirlas en los programas para que tengan un
futuro mejor, acciones de cambios en las escuelas, incluir la cultura de no violencia, trabajar con los
jóvenes que abandonaron las escuelas y las actitudes de los jóvenes frente al sistema penal; son acciones
de programas de inclusión de los jóvenes, que puede ser eficaz, sin mucha inversión y pueden dar
resultados a corto plazo.
Por qué no en México, se adoptan las estrategias de Bogotá o Boston, dos ejemplos eficaces. Son
programas eficaces que no costaron mucho a los estados y sí disminuyeron el número de las víctimas.
La violencia está concentrada en algunas zonas de la ciudad, por lo que se debe establecer focos de
acciones en esas zonas y planificar, cómo intervenir; es decir, no es un asunto de reaccionar, es un
asunto de identificar y focalizar sobre estas zonas peligrosas o de alta incidencia delictiva.
El secreto de la eficacia de la prevención es un centro de liderazgo de diagnóstico de seguridad que
establezca un plan de acciones de educación, salud, vivienda, policía, etc; implementándolo en las zonas
de alta incidencia delictivo y estableciendo una evaluación de la implementación de estas estrategias o
acciones.
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Oficina de liderazgo y proceso para reducir el delito
Ahora bien, la Ley de Seguridad Pública en México, es para mí una ley sobre la policía, sobre el control
de la policía, pero no es una ley sobre la Seguridad Pública, es decir, no focaliza sobre como mover
diferentes sectores sobre los factores de riesgo y no hay un diagnostico que se obtenga con los datos del
plan de acción, por que los presupuestos son limitados. No regula ni fomenta la “seguridad pública”,
esto es, faltaría una comisión que establezca diagnósticos sobre la seguridad, reagrupe los sectores con
las acciones y las implemente.
Un ejemplo de estas acciones es Bogotá. Si fue posible en Bogotá, por qué no en México, ¿por qué no en
Guadalajara?, ¿por qué no en Monterrey?, ¿por qué no en Chihuahua?, ¿por qué no en cada uno de sus
estados? Es un asunto de utilizar a la pericia internacional de la misma forma que Bogotá utiliza esta
pericia.
¿Cómo deberían ser tratadas las víctimas?
En 1985 la ONU establece una serie de estándares en la Declaración de los Derechos Humanos sobre los
derechos de las víctimas del delito, como son: la facilitación de información y servicios de apoyo,
indemnizaciones por parte del estado, reparación del daño por los autores y seguridad personal.
En México, se incorporó en la Constitución algunos de los derechos establecidos en la Declaración, pero
este instrumento es pobre, faltan una serie de acciones para regular sobre este tema. Por otro lado,
México ha adoptado el Estatuto de Roma, el cual da los ejemplos de cómo poner en acción estos
derechos humanos de las víctimas, si es posible al exterior de su país, ¿por qué no, en su país?
¿Cómo aprovechar el conocimiento de los estándares para transformar una sociedad de violencia en una
sociedad de paz?, ¿cómo transformar un sistema de ley reactivo y limitado a un sistema de disminución,
de reducción de la violencia eficaz, costo-eficaz, con los beneficios para la gente?
Las respuestas a estas preguntas, las enumero en los siguientes puntos que son los más importantes.
1. Crear una comisión permanente para disminuir la violencia y proteger a las victimas, que
dependa del presidente del estado, de la oficina del gobernador, del alcalde en un municipio,
como se estableció en Bogotá;
2. Realizar una planificación mancomunada de escuelas, viviendas recreaciones, procuraduría,
policía.
3. Hacer un diagnostico de los factores de riesgo, plan estratégico, prioridades y evaluación.
4. Implementar acciones a corto y mediano plazo en los jóvenes, en los sectores donde exista
violencia familiar, en las vecindades, con las victimas, etc.
5. Realizar una capacitación de los policías, de la gente que trabaja para diagnosticar y de las
personas que trabajan con los jóvenes, con las bandas.
Por otro lado, es importante la creación de un presupuesto que sea suficiente para que de resultados este
sistema de prevención. Estos recursos pueden ser equivalentes al 10 por ciento del dinero que se
concentra en la administración de justicia o en el sistema judicial; es un dinero adicional, que deberá ser
distribuido en los programas para los jóvenes; en los programas para evitar la violencia contra las
mujeres; en acciones para disminuir la incidencia de los delitos como el robo de autos y casahabitación;
para mejorar el ambiente; para la indemnización a las víctimas; para la readaptación social de los
victimarios; para la protección de los derechos humanos de las víctimas y un porcentaje más alto para el
sistema de cambio, el sistema de información, de capacitación, como se demuestra en la siguiente
grafica:
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Propuesta de asignación de recursos presupuestales con objeto de disminuir la
victimización y los impuestos
PROGRAMAS DE PREVENCION1.1. Delitos juveniles y de pandillas $11.2. Violencia contra mujeres y niñas/os $11.3. Violencia relacionada con robo de autos; armas y abuso de sustancias $11.4. Desorden en las colonias y robo a casas $11.5. Diseño ambiental $1Subtotal $5 5%
APOYO A VÍCTIMAS Y JUSTICIA PENAL2.1. Centros de atención $12.2. Reparación del daño $1.52.3. Hacer realidad los derechos $0.5Subtotal $3 3%
FORMAS DE SUSTENTAR LA PREVENCIÓN Y EL APOYO A VÍCTIMAS3.1. Amplia planificación entre la Ciudad y la Comunidad $0.53.2. Una policía orientada a los factores de riesgo y la víctimas $0.53.3. Entrenamiento en Prevención y Profesionales en Atención $0.53.4. Bases de datos locales de delitos y victimización $0.5Subtotal $2 2%
TOTAL $10 10%
El problema sería al igual que en muchos países que creen cambiar el sistema que existe de siglos al
sistema eficaz de prevención sin prevenir dicha transformación, a través de la capacitación a la gente, la
planificación de actores del sistema y el establecimiento de bases de datos.
Por último, ojala que se puedan establecer recomendaciones prácticas para que México adopte leyes
integrales en los sectores de vivienda, educación, escuelas, policías, etcétera e inviertan en programas
proyectados a 10 años a nivel federal, estatal y municipal, utilizando la pericia internacional como
Bogotá ha hecho, otorgando una nueva esperanza para la población permitiendo la posibilidad para el
gobierno mexicano de disminuir las tasas de victimas.
“LÍMITE Y COSTO DE LAS ESTRATEGIAS ACTUALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
PARA EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA”
Dr. Edgardo Buscaglia.11
Director del Centro Internacional de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, EEUU
Director del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C.
Profesor Invitado en el ITAM, Departamento de Derecho
México se ubica en el lugar número 5, en las estadísticas internacionales en cuanto a escala operativa de
la delincuencia organizada; y en el lugar número 13 del planeta en cuanto a escala operativa de la
delincuencia común, y entonces la pregunta que me hice, teniendo como prioridad delincuencia
organizada, fue ¿como abordar la instalación del motor, del automóvil, en mi teoría de las cuatro ruedas
y el motor?
Las cuatro ruedas, están constituidas, por una persecución física de la persona que presuntamente comete
un delito; por el desmantelamiento patrimonial de las empresas criminales, y financieras que es la
segunda rueda; un combate frontal a la corrupción política y, obviamente, con los instrumentos
legislativos que es la cuarta rueda que puedan cumplir con las convenciones internacionales que México,
como país soberano, ha ratificado. Entonces, tenemos las cuatro ruedas, pero necesitamos el motor que
es la prevención.
Para explicar lo anterior, expondré el primer resultado de un estudio empírico que hemos publicado hace
unos meses. Los países que abordan la delincuencia organizada en sus 24 tipos de delitos, contemplados
en nuestros estudios, en los cuales México está contabilizado en los grupos criminales que cometen,
frecuentemente, 23 de los 24 tipos de delitos; o sea que el que no cometen, hasta donde sabemos es,
tráfico de material radioactivo; el resto hay una gran y alta frecuencia de 23 tipos de delitos.
.
Observamos que de los 107 países que hemos examinado, los países que focalizan el abordaje de lucha
contra la delincuencia organizada con mecanismos represivos y no con preventivos, termina sufriendo
11 Texto editado de la versión estenógrafo.
incrementos de la delincuencia, en estos 23 o 24 tipos delictivos que hablaba antes, y cada vez es más y
más y más costoso reprimir. Por el contrario, los países que abordan la lucha contra la delincuencia
organizada, con mecanismos represivos, sustentados previamente en mecanismos preventivos, logran
disminuir la delincuencia organizada y reducir los costos para el Estado, de luchar contra esta
delincuencia organizada.
En uno de los estados de México los jueces nos mencionaron que en las causas penales en donde se
encuentran involucrados menores de edad, no se cuenta con un sistema preventivo, para resolver estas
causas.
Por otro lado, cuando hablamos de los 23 tipos de delitos que se cometen en México vinculados a los
grupos criminales, como son: trata y tráfico de personas, extorsión, contrabando, piratería, narcotráfico,
prostitución infantil, pornografía, intercambio de mujeres y niños por drogas, etc; nos encontramos con
que existe una base social de apoyo a los grupos criminales, bien complementados que van más allá de
esconder a los miembros de dichas asociaciones; una base política de la delincuencia organizada y una
base operativa que involucra a los funcionarios públicos, en sus diferentes niveles; jueces, fiscales,
policías hasta funcionarios de los estados en el orden administrativo, que conforman la parte técnica
operativa.
En cada una de estas bases, la social, la política y la operativa, se requieren políticas preventivas.
La base social, obviamente involucra la demanda de los bienes y servicios ilícitos, que ofrecen los
grupos criminales. Al combatir por parte del Estado esa demanda, no con represión, si no con
prevención, obviamente se estaría afectando los ingresos de los grupos criminales,
Por lo tanto, el Estado debe establecer mecanismos y políticas de prevención adecuadas ya que todavía
no existe un sistema capaz de disminuir los indicies delictivos.
En cuanto a la logística de apoyo operativo de los grupos criminales, se encuentra integrado además de
los funcionarios públicos, por personas morales y físicas de nuestro país. Un ejemplo de ello, son las
empresas que no solamente les lavan dinero, sino que a través de sus mecanismos y de sus
infraestructuras de transporte están llevando seres humanos a la frontera con Estados Unidos, o bien, los
están trayendo desde Guatemala hacia el norte.
Podemos nombrar varias empresas involucradas en ese proceso, hay una base operativa, que solamente
con mecanismos preventivos se puede llegar a desaparecer; esto no quiere decir que el presidente de
Coca Cola, o de Bimbo estén al tanto de lo que esta sucediendo, muchas veces a través de mecanismos
extorsivos pueden llegar a utilizar infraestructura de estas empresas, para poder realizar sus operaciones.
Hay un elemento de protección social, para estos actores involucrados en la base social de los grupos
criminales, que están cometiendo estos tipos de delitos, pero aún cuando existe esta protección, hay que
brindarles alternativas socialmente deseables a las personas jurídicas o alternativas de vida a las personas
físicas, para que no se presten a estos tipos de comportamientos. Es decir, a las empresas y a las personas
físicas, se les tiene que brindar un marco de actuación, una interacción entre el Estado y las personas
físicas y jurídicas preventivo, no como parte de una causa judicial, en donde por ejemplo, simplemente
las autoridades federales vayan a explicar a las empresas mexicanas, cuál es el modus operandi más
común y corriente que utilizan los grupos criminales, para infiltrar la infraestructura de transporte de
cada una de estas empresas, sino como partes activistas que establezcan políticas o estrategias de
prevención.
La unidad de inteligencia financiera, en vez de dedicarse a buscar quien está cometiendo este delito,
simplemente se tendría que dedicar a explicar el modus operandi del lavado de dinero, a los bancos, a las
casas de cambio, remesas, esto también es prevención.
Por lo anterior, no hay un activismo del gobierno federal, en interactuar con las personas físicas y
jurídicas, para prevenir cierto tipo de comportamientos que apoyan como base social a los grupos
criminales.
Hay una base política, que es la segunda base que mencionaba de la delincuencia organizada.
Esta base política existe porque los mecanismos de entrada al mercado político y de inclusión en listas
de los partidos son corruptos, son cerrados, no están abiertos, no son transparentes y están sujetos a
cacicazgos, cacicazgos que tienen un enorme impacto en el aprendizaje que el político hace, que luego le
sirva a la delincuencia organizada como base política.
Una reforma al código electoral, a la ley electoral, sería un mecanismo preventivo, que posteriormente se
tendría que implementar a través de las instituciones federales y estatales correspondientes. Es decir,
tienen que abrirse las listas, cambiarse el modus operandi de interacción entre un potencial candidato o
candidata y el partido al cual quiere acceder, porque si el aprendizaje que se le da a un ciudadano o
ciudadana mexicano o mexicana, al entrar al sistema político en una edad joven de manera corrupta,
¿qué le estamos pidiendo?, que después sea capturado por la delincuencia organizada, cuando le ofrecen
400 mil dólares.
Por lo tanto, la base política también debe formar parte de un sistema preventivo, ahí deberíamos
nuevamente brindarle a los potenciales candidatos y candidatas, a los cargos estatales, federales y
municipales alternativas de vida política honestas. Cosa que no se está haciendo tampoco, porque si uno
observa el funcionar de nuestros partidos y nuestra región con excepción de Chile y Colombia, uno
observa una ausencia de transparencia procesal, en el acceso de la vida política de los potenciales
candidatos del país.
Entonces, es una política preventiva, de evitar que en el futuro, una joven o un joven político tome la
decisión de apoyar a un grupo criminal, ya sea en el estado, municipio, o gobierno federal.
¿Existen escuelas de liderazgo en lo político en México, como para poder plasmar los valores de
grandeza? ¿Se tiene conciencia del privilegio que significa ser un servidor público, una servidora
pública?, ¿Existen escuelas de liderazgo, financiadas por el gobierno federal, donde se seleccione
políticos o políticas mexicanos, no importando la clase social, el género, el origen étnico, no como un
semillero de un partido, si no como una escuela de liderazgo federal?, ¿existe eso? no, si existieran sería
mecanismos preventivos, que de alguna manera permitirían a sus hijos o hijas en el futuro a un acceso
institucional a la vida política.
Por ultimo, en la delincuencia organizada existe una base técnica operativa, como ya se había
mencionado anteriormente, integrada por los funcionarios ya existentes en la administración pública, que
ingresaron a los cargos de manera corrupta, excepcional o discrecional, aún cuando exista una ley que
regule el servicio civil de carrera.
En muchos sectores de la vida social y económica existe excepciones en el desarrollo del servicio civil
de carrera; un ejemplo de ello son los maestros. ¿Por qué los maestros están exceptuados de la Ley de
Servicio Civil de Carrera en México? ¿Cuál es el mecanismo preventivo que opera con respecto a las
personas que ingresan a una función pública, estando sujeto a un horizonte de carrera, premios y
castigos, indicadores de desempeño? No existe ningún mecanismo preventivo, no se ha abordado en la
política pública mexicana para su regulación.
En relación al servicio civil de carrera, tenemos un trabajo en donde hicimos un estudio de la ley del
2000, la ley federal de 2000, en donde vemos todas las excepciones que se dan y las abordamos a nivel
del Poder Judicial y del sistema judicial en general; policía, fiscalía y jueces.
Nos hemos dado cuenta que en la medida, por ejemplo, que los empleados judiciales no estén sujetos a
un servicio civil de carrera sin excepciones. Cuando decimos servicio civil de carrera nos referimos no
solamente a horizontes de carrera, a criterios de admisión, a criterios de ascensos, a criterios de despidos,
sino también a indicadores de desempeño que estén asociados a bonos salariales, bonos de
compensaciones. Eso inyecta todo un incentivo de transparencia y de buen desempeño que en este
momento no se está dando en muchas áreas del Estado mexicano y de la región, de los países donde
nosotros provenimos. Entonces en la medida que eso se haga, vas a tener menores incentivos a
corrupción y vas a tener mejor desempeño de las autoridades.
En el área del DF propiamente dicho por usted, ahí también debe haber un mecanismo de introducción
de un instrumento jurídico de una Ley de Servicio Civil de Carrera que incluye a todos los empleados
judiciales sin excepción. No solamente a jueces y a fiscales, sino a todos los empleados judiciales, con
criterios de ascenso, criterios de nombramiento, criterios de evaluación de desempeño claros y con un
mecanismo de evaluación que sea confiable, porque una de las quejas más grandes que escucho de los
empleados es que hay mucha discrecionalidad en la evaluación de los empleados judiciales. Eso es algo
que hay que resolverlo también como un mecanismo de prevención, para prevenir la captura de
funcionaros judiciales, como se está viendo en los periódicos en los últimos tiempos
Para poder establecer acciones o políticas preventivas en las bases de la delincuencia, primero se tiene
que generar leyes de prevención. No existen leyes de prevención del delito en México que abarquen
explícitamente los factores de riesgo que han sido mencionados por el criminólogo Irvin Waller; que
asignen roles institucionales a determinados actores en el área de salud, educación, trabajo, desarrollo
social; por lo que se debe crear una ley de prevención que contenga los aspectos anteriores y que sea por
cada estado de la unión mexicana, es decir, 32 ley federales y una ley en el DF, estableciendo en total 33
leyes de prevención. Esto no significa que se estaría previniendo, pero sé estaría dando el primer paso en
el Poder Legislativo para el combate de la delincuencia.
El segundo paso sería el marco institucional de implementación del instrumento jurídico de prevención
creado. Es decir, un mapeo de cómo se va implementar dicho cuerpo normativo para que se asegure su
efectividad. Se estaría hablando de la creación de Gabinetes Políticos de Prevención. Integrados por las
altas autoridades de Salud, Educación, Desarrollo Social, Trabajo, Jueces, Fiscales, Poder Legislativo,
Sociedad Civil. Este Gabinete emitiría estrategias, políticas y acciones de prevención.
Debajo de este Gabinete Político, estaría el Gabinete Operativo, integrado con funcionarios, asesores
técnicos–operativos, encargados de implementar las estrategias que el Gabinete Político genere.
Nuevamente se estaría hablando de funcionarios obligados a través de la ley de prevención en cada uno
de los ámbitos federal, estatal y municipal de las áreas de Salud, Trabajo, Educación, Desarrollo Social,
Policía, Jueces, Fiscales, Poder Legislativo que implementarían las políticas, acciones o estrategias de
prevención.
Cada ley de prevención de cada estado debería contener exactamente las identidades de cada sector del
Estado, mencionadas, que deberían de estar en este gabinete operativo de prevención. Todavía no existe
eso. Se sigue concibiendo la prevención como un problema de policías y ladrones.
Pero ese gabinete operativo de prevención, deberá contar con un mapeo de las organizaciones no
gubernamentales, que hasta ahora han realizado trabajos de prevención menores porque no tiene ningún
tipo de apoyo de las autoridades federales, estatales, municipales, ni tampoco forma parte de una red
nacional de prevención. Si a las Organizaciones no gubernamentales localizadas se ingresan a la red
Nacional de prevención, sus trabajos operativos se multiplicarían por cientos.
El tercer paso sería el diálogo entre esas ONG, y los gabinetes operativos en cada estado, porque el
Estado no le va a imponer la tarea a una ONG, por definición tiene que haber una asignación
consensuada de tareas a través de proyectos operativos. Es decir, un diálogo técnico operativo con esas
ONG una vez que sean localizadas. Todavía eso no se ha hecho, no hay ningún tipo de diálogo técnico
operativo entre gabinetes operativos en cada estado y ONG que han sido mapeadas con anticipación.
Ahora, para todo eso se requiere presupuesto. Esto es, tiene que haber una asignación presupuestaria,
que se puede obtener de la Secretaría de Seguridad Pública y empezar a asignársela a cada secretaría del
Estado mexicano que debería estar involucrada en esta área. Actualmente existen cuantiosas partidas
discrecionales en el área de supuesta prevención de la Secretaría de Seguridad Pública, que en realidad
no es prevención. Todo ese dinero debería reasignarse a estas áreas lideradas por el gobierno federal,
pero obviamente necesitamos primero la creación de esas leyes de prevención para poder echar andar
toda la maquinaria.
Para ser mas operativo este sistema, por último se debe de entrenar y capacitar técnicamente a las
Organizaciones No Gubernamentales para que puedan trabajen en redes; no les vamos a enseñar lo que
ya están haciendo, deben de ser capaces de dialogar con el Estado, de generar propuestas de proyectos y
aplicarlos; para todo ello, se necesita un entrenamiento y capacitación operativa para trabajar en esa
área.
Un ejemplo de lo anterior es la Comisión de Feminicidios del Poder Legislativo del Congreso de la
Unión. En dicha comisión se han liderado en el trabajo de entrenamiento de ONG en todo el país. Se
comenzó el año pasado con seis estados. Este año se ha avanzado a seis estados adicionales y así se
seguirá avanzando generando una red nacional de Organizaciones No Gubernamentales que se dediquen
a trabajar en temas de prevención de la violencia contra las mujeres. Pero esto lo tenemos que hacer, no
solamente en el tema de violencia contra las mujeres, sino alargando todos los factores de riesgo ya
mencionados con anterioridad. Entrenar y capacitar al Estado para que interactúe con las ONG y de ahí
surjan proyectos comúnmente operativos para que se puedan implementar, lleva tiempo, pero se puede
hacer.
Esta propuesta de política de prevención es una nueva filosofía de gobierno, que los países como el de
Estados Unidos, se han estado apegando en el sentido de establecer las políticas de Estado Federal, en
acciones comunitarias con organizaciones no gubernamentales. Se terminaron las políticas federales en
Estados Unidos de arriba hacia abajo, comienza desde ahora, una política de abajo hacia arriba donde el
dinamismo se origina desde las bases operativas de la sociedad civil.
Es una filosofía de gobierno, de apertura democrática en serie, en el sentido de que realmente las
preferencias sociales se traduzcan en acciones de Estado a través de mecanismos consensuados. Es decir,
es una nueva filosofía de relación entre Estado y Sociedad que tiene que abarcar no solamente las bases
sociales a las cuales se hicieron alusión, sino a las bases políticas y las bases técnico-operativas del
Estado. Hasta que la prevención no sea operativa, la delincuencia organizada en México no va a bajar, es
el motor de la lucha contra la delincuencia organizada.
En colaboración con las Naciones Unidas, se comprobó jurimétricamente con estadísticas de
inteligencia, policiales, judiciales y de sociedad civil, que en 107 países que implementaron programas
operativos de cooperación entre el Estado y Sociedad Civil, fue disminuyendo más rápidamente la
delincuencia organizada.
Dado que en este momento México está enfrentando uno de los más duros desafíos de su historia, en la
lucha contra los grupos criminales, no podemos tomar, esta lucha, como una actividad represiva en sí
mismo.
El populismo jurídico que enfrenta la lucha contra la delincuencia organizada con penas de muerte y más
años de cárcel, trae consigo un aumento de costos que no son efectivos, además de que incrementa la
delincuencia.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. PREGUNTAS.
Ciudadana María de la Luz Lerma López:
Directora de la sesión de periodistas e investigadores México. Ha sido muy interesante el proceso que
ustedes han dado.
Actualmente existe un mapeo de la problemática que tienen la gente que trabaja en el sexo servicio en la
Ciudad de México y en todo el país. A través de grupos de investigación que no están organizados como
una asociación civil, pero que han realizado el trabajo de apoyar a los menores de las “prostitutas” para
que no se vean en situación de riesgo sus hijos. Mediante guarderías como la casa de las mercedes donde
los cuidan. Estos grupos tienen relación con las distintas autoridades municipales, estatales y federales.
Ciudadano Raúl Ramírez Cortés:
Analista político. Propongo que en las mesas de trabajo se fomente, el esfuerzo de ustedes, a través de la
creación de una cultura de la seguridad que mucho se establece desde la educación, la economía y la
migración. Tiene mucho que ver todo esto porque estamos atacando un efecto, hoy como observador lo
digo, cuando no sabemos que ya hay programas pero están sueltos todos.
Dentro del programa implementado en el Instituto de Psicología Nacional, hubo una capacitación para
tratar como enfermedad toda la cuestión de drogadicción y el delito. Lo que prevalece aquí en México,
es que no estamos organizados para unir los esfuerzos de los diferentes grupos, y la otra, que no nada
más sea en estas mesas de trabajo, se aplique lo de los derechos, también hay que darle una divulgación
a las sociedad en cuestión de sus obligaciones, porque se comete un delito cuando no se le dice qué es lo
que no debes de hacer.
Eso es lo primordial, primero hay que ver claramente qué es lo que tengo que hacer, de acuerdo a mis
usos y costumbres y cuál es lo que me permite la ley. Que se establezca eso en las mesas de trabajo,
porque sí es un tema de discusión muy fuerte y ahí sí quiero trabajar en ellas. Gracias.
Ciudadano Ociel Ochoa:
Secretaría de Seguridad Pública del DF. Mi pregunta es para el doctor Edgardo Buscaglia. Muy
acertadamente nos comentó que el Servicio Profesional de Carrera está aceptado en todo lo que es el
sistema de seguridad pública, cuyo objetivo era preservar puestos claves y de libre nombramiento de los
titulares que forman el sistema. ¿Cuáles serían las ventajas de meterlo al Servicio Profesional de
Carrera?
Ciudadano Francisco Villa:
Estudiante de ciencias políticas en Estados Unidos, en Texas. Mi pregunta, mi intervención es: creo que
es increíble que todos estemos aquí sentados escuchando estas opiniones, en particular, la última, la del
señor Buscaglia, muy acertadas acerca de lo que pasa en México.
Mi pregunta sería: ¿qué pasa con todas las masas en nuestro país que no están recibiendo esta
información de lo que está realmente sucediendo en este país? Y creo que esto es muy necesario
preguntarlo, ya que en nuestro país las autoridades se van a seguir tardando los años, los sexenios, no lo
sé. Estamos saliendo de 70 años de sueño y mi pregunta sería: ¿qué debemos intentar para que las masas
realmente exijan esto que ellos están proponiendo y que haya acción inmediata? Como sucedió y está
sucediendo en otros países. Ésa sería mi pregunta. De todos modos creo que todas las acciones y lo que
está haciendo la Cámara de Diputados en este sexenio es muy acertado, ya que en los otros dos Poderes
de la nación no existe una respuesta contundente. Gracias.
2. RESPUESTAS
Doctor Edgardo Buscaglia.
Una de los procesos más bonitos y que más me entusiasman cuando doy estos seminarios en muchos
países es la discusión apasionada, pero con fundamento técnico, ante todo.
Hace unos meses, en septiembre, hice una declaración en México y en varios países de la región donde
empezamos a intentar abordar el tema, por ejemplo, de Estado fallido, la probabilidad de que México
avance hacia un Estado fallido. Eso me hacía recordar a un colega mío al que le decíamos: “No fumes
porque te va a dar cáncer”. Nos contestaba apasionadamente: “No tengo cáncer”. Dije: “Si sigues
haciendo lo mismo, te puede dar cáncer”.
Hay un problema. Primero, yo he trabajado con todas las autoridades mexicanas que me han invitado.
Soy un invitado en México por las autoridades mexicanas y por la sociedad civil mexicana. Como
invitado que soy, supongo que me habrá invitado porque tengo algo que aportar.
Entonces, como me han invitado funcionarios de PGR, del Poder Judicial, de la Secretaría de Seguridad
Pública, de organizaciones no gubernamentales, estoy acá por algún motivo que seguramente mis
colegas mexicanos le van a explicar.
Lo que sí le quiero decir es que tengo correos electrónicos en la Secretaría de Desarrollo Social que dan
testimonio de que no están aplicando lo que yo propuse. Se los puedo mostrar, no tienen un mapeo
operativo de todas las ONG en cada factor de riesgo; lo estaban tratando de hacer el año pasado. No hay
una asignación de tareas operativas a través de proyectos para abordar los factores de riesgo de manera
operativa en cada estado de la unión, se los puedo comprobar con correos electrónicos de funcionarios
federales mexicanos, no mi palabra nada más.
No se está implementando una política de prevención a nivel nacional y no se está haciendo todo lo que
estábamos, no solamente diciendo yo, sino todos mis colegas: el colega Marcos Fastlicht, el colega Irvin
Waller; no se está haciendo.
Ahora, nosotros podemos patalear y decir: sí, sí se está haciendo. Pero no se está haciendo. Quizá haya
una lista en algún cajón de ONG, que no la han utilizado dinámicamente para poder asignar tareas,
presupuestos.
La diputada Claudia Cruz, da pruebas de que no se están asignando presupuestos a prevención, a las
áreas de salud, educación, trabajo y desarrollo social. Ahí está la diputada, ella está en la comisión que
se encargaba de asignar presupuesto. No nos gusta lo que yo dije, a mi tampoco me gusta, me gustaría
que la realidad fuese diferente. Les estamos planteando un mapeo operativo para comenzar a trabajar.
Me disculpo por ser extranjero pero le voy a decir una cosa, lamentablemente, nuestras hijas y nuestros
hijos en el país del que yo provengo están siendo traficados e intercambiados por grupos criminales
mexicanos. Éste no es un problema mexicano, es un problema continental y mundial. Por tanto, si mis
hijos y mis hijas están siendo traficados por grupos criminales mexicanos, yo voy a venir a México y
voy a apoyarlo. Es un problema de captura del Estado y captura de la sociedad, no solamente en México,
sino en todas las sociedades de la región.
Yo los invito a ir a Guatemala, vayan a la frontera como fui yo, con autoridades guatemaltecas, a Piedras
Negras, hacia Miramar, y vean cómo ciudadanos guatemaltecos están siendo traficados e intercambiados
por drogas por grupos criminales mexicanos.
Eso es algo que a mí no solamente me interesa desde un punto de vista intelectual y técnico, sino que
además me responsabilizo éticamente, moralmente, por estar frente a ustedes y decirles: claro, la
sociedad obviamente no tiene la culpa, ustedes están trabajando y en buena hora que estén trabajando y
las felicito; pero hay un problema que tenemos que decir, ya no es un problema solamente mexicano,
estamos exportando delincuencia hacia otros países.
México ha firmado convenciones internacionales de manera soberana, donde no se están cumpliendo las
cláusulas que México ha ratificado, tenemos que ir de país en país invitados por nuestras anfitrionas, que
son las autoridades, a decir lo que nos han llamado a decir; siempre fundamentado técnicamente.
Las políticas de prevención que nosotros estuvimos explicando no se están implementando en México,
se puede comprobar técnicamente como lo hemos hecho por escrito con los diputados, que no se está
haciendo. En la medida que no se esté haciendo, hay que hacerlo para que nuestros hijos e hijas no sean
traficados, para que nuestra calidad de vida no sea cercenada como lo vienen haciendo.
Lamentablemente en la medida que esto no se aborde operativamente, como hemos propuesto, que el
gobierno federal no catalice estas políticas públicas a través de la sociedad civil de manera consensuada
y abierta, sin discriminaciones, esto no va a tener fin y la delincuencia organizada y los grupos
criminales van a seguir invadiendo su vida y su calidad de vida se va a disminuir.
El estado fallido en este momento en México, es una posibilidad significativa, debido al hecho de que
tenemos ahora ciudadanos y ciudadanas que están buscando protección de su vida y propiedad a través
de mercenarios, a través de mecanismos violentos que no conciben el marco de derechos humanos que
nosotros estamos promulgando.
En relación al servicio civil de carrera, tenemos un trabajo en donde hicimos un estudio de la ley del
2000, la ley federal de 2000, en donde vemos todas las excepciones que se dan y las abordamos a nivel
del Poder Judicial y del sistema judicial en general; policía, fiscalía y jueces.
Nos hemos dado cuenta que en la medida, por ejemplo, que los empleados judiciales no estén sujetos a
un servicio civil de carrera sin excepciones, cuando decimos servicio civil de carrera, nos referimos no
solamente a horizontes de carrera, a criterios de admisión, a criterios de ascensos, a criterios de despidos,
sino también a indicadores de desempeño que estén asociados a bonos salariales, bonos de
compensaciones.
Eso inyecta todo un incentivo de transparencia y de buen desempeño que en este momento no se está
dando en muchas áreas del Estado mexicano y de la región, de los países donde nosotros provenimos.
Entonces en la medida que eso se haga, vas a tener menores incentivos a corrupción y vas a tener mejor
desempeño de las autoridades.
En el área del DF, también debe haber un mecanismo de introducción de un instrumento jurídico de una
Ley de Servicio Civil de Carrera que incluye a todos los empleados judiciales sin excepción. No
solamente a jueces y a fiscales, sino a todos los empleados judiciales, con criterios de ascenso, criterios
de nombramiento, criterios de evaluación de desempeño claros y con un mecanismo de evaluación que
sea confiable, porque una de las quejas más grandes que escucho de los empleados es que hay mucha
discrecionalidad en la evaluación de los empleados judiciales. Eso es algo que hay que resolverlo
también como un mecanismo de prevención, para prevenir la captura de funcionaros judiciales, como se
está viendo en los periódicos en los últimos tiempos
Ciudadano Carlos Cruz Santiago.
No estamos diciendo que lo que se hizo anteriormente sobre el trabajo realizado por las organizaciones
civiles y el mapeo de estas en el país no valga, lo que estamos diciendo es que muchas de las cosas que
se hicieron anteriormente no funcionan. Eso es una realidad, y lo digo con toda certeza.
Voy a poner un ejemplo de vida, en las parroquias, la pastoral social, nosotros como pandilleros éramos
objeto de señalamiento y de solicitud, ni siquiera de aprehensión, lo que se decía era: a ésos hay que
matarlos, nosotros no tuvimos esa oportunidad y esa parte que no tuvimos es algo que se sigue
construyendo de esa manera.
En los últimos ocho años hemos intentado encontrar organizaciones que trabajen desde los jóvenes. No
hay organizaciones que trabajan desde los jóvenes, hay muchas organizaciones que trabajan de los
jóvenes, y cuando digo de los jóvenes es que viven de ellos. Ésa es la diferencia. Ése sería un primer
punto.
Nos interesa mucho que esas organizaciones que trabajan, de los jóvenes, en este nuevo pacto social, en
este nuevo pacto político, lo que hagan y que hacen muy bien, que es armar proyectos, sean el apoyo
técnico de estas organizaciones que estamos trabajando desde abajo, en la base, porque las
organizaciones que hacemos trabajo de base tenemos que estar en el trabajo de base, en la obtención de
recursos, en la sistematización, etcétera, etcétera, y lo hemos aprendido a hacer bien, pero eso no implica
que no reconozcamos que podemos hacerlo mejor, en la medida en que se puedan incorporar más
organizaciones y delimitemos cuáles son las funciones de cada uno de nosotros en el espacio público.
Eso por un lado.
Por otro lado, mencionar a Casa de las Mercedes para mí es un ejemplo de brillantez, de emprenderismo,
ex compañera, Claudia Colimoro compañera mía en la Red de Ashoka, sabemos lo que le ha costado
porque yo cada vez que veo lo que hacen, me veo reflejado de lo que me ha costado y lo que hago,
porque así como ella viene de esa historia, yo vengo de la historia de ser hoy orgullosamente un
pandillero constructor de paz. Ese soy, así me defino, y así me decían, y me da mucho orgullo decirlo.
Con relación a lo otro, no me señalaron a mí, pero yo comparto mucho mi experiencia en América
Latina. Doy talleres, me meto a las comunidades en los barrios populares en Argentina, en Bolivia, en El
Salvador, en Lima, en Perú, y me parece que lo más enriquecedor que podemos identificar hoy es la gran
posibilidad que tiene el pueblo latinoamericano de unirse y de trabajar en conjunto, para modificar
justamente las otras visiones que no han aportado mucho para transformar la vida de la gente.
Una de mis grandes preocupaciones son las futuras generaciones, me dicen: qué ganas con todo lo que
haces. Lo que gano es justamente que mis hijos no vivan en los ambientes en los que yo viví, y si para
eso le tengo que preguntar a un latino ecuatoriano que vive en Chicago, cómo están haciendo para
revolver el problema de violencia juvenil, voy y se lo pregunto y estoy tejiendo, junto con él, una red de
información y una red social que modifique los hábitos, las costumbres y que recuperemos
ancestralmente la sabiduría para poder transformar más rápido el mundo en el que vivimos. Y la
realidad, en el caso concreto, conozco la realidad de Bogotá, conozco la realidad en concreto de una
comunidad en la ciudad de Bello, en Antioquia.
Los que hicieron la intervención son uruguayos israelitas, ellos hicieron una transformación y trabajaron
con grupos criminales, jóvenes de 13, 14 y 15 años que tenían 20, 25 homicidios en su haber cuando
tenían esa edad.
Yo recupero mucho de esa experiencia, porque a final de cuentas en este mundo lo que hay que tejer es
la gente que está preocupada por cambiar al mundo, y no simplemente tejer con los que aparentemente
podemos hacer las cosas diferentes.
Licenciado Marcos Fastlicht.
Nada más para terminar, parte del arreglo que este país pueda tener en adelante debe estar basado en la
ciudadanía. Ni el gobierno puede ni quiere ni debe de hacer todo, no está capacitado para ello ni
económica, ni física, ni intelectual, ni moralmente. Entonces la participación ciudadana es muy
importante.
Como parte del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, tenemos muchos proyectos, dentro de la
organización civil y ciudadana que manejamos, y es muy difícil recibir apoyo de las autoridades. Las
autoridades en nuestro país no están acostumbradas a que una organización ciudadana esté atrás de ellos,
a que las supervise, a que las revise, a que les exija. No nada más no están preparadas, no les gusta
hacerlo y a veces, por las buenas y a veces por las malas, nos tratan de hacer un lado o nos tratan de
corromper para que nos pasemos de su lado. Entonces es muy difícil porque, por lo menos en los
organismos que hoy trabajo, somos económicamente autónomos, no por que tengamos todo el dinero, no
lo tenemos, pero no recibimos el apoyo que deberíamos.
Puedo dar tres ejemplos importantes.
Soy un firme creyente que no toda la policía de este país es corrupta ni impune, hay un porcentaje alto,
pero asimismo, creo que de los cuatrocientos mil policías que hay en este país, donde el sueldo base de
ese policía es lo más mínimo que puede haber, con los riesgos inherentes que su profesión le exige, para
ello estamos creando una fundación para dotar de vivienda a las viudas de los policías muertos en
servicio, y dotar a sus hijos de becas.
Esto se ha presentado, personalmente al Presidente de la República, y el único apoyo que hemos recibido
ha sido: “qué bien, sigan adelante”, o sea, no hay apoyo de ningún tipo.
Otro Ejemplo es el programa de las casas de atención a víctimas, dentro de la Procuraduría General de la
República, y después de muchísimos esfuerzos en seis años hemos logrado 10 casas de atención a
víctimas. O sea, que hay estados en los que habrá que decirle a la víctima que se espere, porque todavía
no tenemos la casa de atención a víctimas. Entonces es un proceso difícil.
Propusimos a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, a Gobernación y a
la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública, la producción de un video de 30 minutos para
adicciones, para mostrárselos a los jóvenes y a los niños de las primarias y secundarias de todo el país, y
recibimos una felicitación por la idea, ningún tipo de apoyo.
Estamos ya en producción de ese video, vamos a hacer 11 millones de copias para darle una copia a cada
estudiante de primaria y de secundaria de este país, y también el apoyo del gobierno federal ha sido nulo.
Entonces yo incito en el buen sentido de la palabra, a la ciudadanía, a trabajar con nosotros.
El Consejo Ciudadano está abierto, la Asociación de Consejos Ciudadanos está abierta para toda la gente
que quiera participar. Necesitamos de todos. El país no se puede dar el lujo de caer más.
Doctor Irvin Waller.
No tengo mucho qué agregar. Creo que es muy importante aceptar que las tasas de víctimas de violencia
no son aceptables en México o en Argentina o en Canadá, y que el paradigma de ley penal del papel
exclusivo de la policía, de los tribunales y las cárceles, no es una solución, que falta absolutamente que
hay un equilibrio en la acción del gobierno con su dinero y con sus leyes.
Apoyar una acción eficaz de prevención es focalizar los resultados y sí, faltan un diagnóstico mexicano
del problema, de las soluciones y cómo construir sobre actividades actuales, pero es claro que falta un
nuevo paradigma en inversión suficiente en las acciones que atacar a los factores de riesgo en su país y
con un liderazgo a todos los niveles de gobierno para llevar a cabo esta acción.
TERCERA PARTE.
1. DESARROLLO DE TALLER.
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PREVENCIÓN
Con la finalidad de aclarar las grandes confusiones que se tienen con respecto a lo que es la Prevención
del Delito, ya que pareciera que solamente es un asunto y objetivo de las secretarías de seguridad pública
en nuestro país y no de un asunto que tiene que ver con una red social y una red de instituciones, sobre
todo relacionados con los sectores de la educación, salud, desarrollo social, el trabajo de nuestro país, se
crea un grupo focal a través de la participación de personas que trabajan en favor de la Prevención del
Delito dentro de la sociedad civil internacional como los Doctores Irvin Waller y Edgardo Buscaglia, y a
nivel nacional como el Licenciado Marcos Fastlicht, Carlos Cruz, y diversos legisladores y legisladoras,
los cuales han establecido una serie de posturas, visiones y herramientas en el desarrollo de sus
ponencias sobre este tema.
El presente taller busca la creación de insumos suficientes para establecer acciones y programas
tendientes a implementar una serie de medidas que puedan ser eficaces para la prevención de la
delincuencia organizada, de la violencia hacia las mujeres, del abuso hacia niñas y niños, así como
reducir las tasas de victimización, con la finalidad de ayudar a la sociedad y a las victimas, sobre todo
aquellos que no cuentan con un fácil acceso a la justicia.
Doctor Irvin Waller.
Empezaré con unos comentarios al artículo 20 de la nueva Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la cual fue adoptada en enero.
Es claro que en el principal objetivo de México en la realización de la Ley General de Sistema Nacional
de Seguridad Pública, es la disminución de las tasas de víctimas, a través de la creación del Centro
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el cual constituirá una herramienta para
dar liderazgo en la batalla contra la delincuencia.
Este Centro Nacional es muy parecido al Centro de Diagnóstico de Bogotá, el cual fue el ingrediente
principal para dar la herramienta de liderazgo en tres alcaldías, esté tiene como función la realización de
diagnósticos y de propuestas para atacar los factores de riesgo.
Un ejemplo de éxito de este Centro de Diagnóstico de Bogotá, es la utilización de las estadísticas de
salud pública sobre las características de los homicidios, ya que se encontró como factor dominante en
los homicidios alcohol en la víctima y/o alcohol en el victimario, además de que gran parte de los
homicidios fueron cometidos los días viernes y sábados por la noche. Entonces una de las acciones para
disminuir los homicidios fue limitar el acceso al alcohol los días viernes y sábado por la noche,
disminuyendo así este tipo de delitos. Otra característica importante para que esta acción en Bogotá de
prevención del delito fuera eficaz, es la participación ciudadana. Es decir, el apoyo de los ciudadanos.
Con respecto a las atribuciones del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana,
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, establece las siguientes:
Proponer lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas
de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas.
El manejo de diseño transversal, no es más que el involucramiento de los distintos sectores para la
prevención, como son: el educativo, de salud, de vivienda, de instituciones como el DIF, de la policía,
etc. Es decir, una participación multisectoriales.
Por ejemplo, en el caso del aumento de la violencia en los niños, por los factores de riesgo a los cuales
se encuentra expuesto, con padres inconsistentes, violencia intrafamiliar o falta de existo en la escuela
llevándolos al abandono de la misma, mediante una política de prevención transversal, se disminuirá la
violencia en este grupo social, es decir, la movilización de los sectores que trabajan sobre la niñez en
México como DIF, los servicios sociales y de salud, posiblemente la participación de las escuelas, etc.
Pero no solo se trata de establecer lineamientos integrales de prevención social, sino de establecer
acciones con la policía. Por ejemplo, el caso para limitar el acceso al alcohol los días viernes y sábados
por la noche en Bogotá no solo a través de una prevención social sino a través de una ley para la policía,
donde le otorgue la facultad de supervisar todas las tiendas que vendan alcohol para que se abstengan de
hacerlo entre las 7 de la noche hasta la mañana siguiente, y para verificar que haya una aplicación de
ésta, falta una acción de la policía. Es al igual una acción de la policía de prevalecer que la gente utilice
el cinturón de seguridad en los coches. Entonces se estaría hablando de una combinación de aplicación
de represión sagaz e inteligente de la policía y los programas sociales.
Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación
ciudadana y una vida libre de violencia.
Con respecto a promover la cultura de la paz, Bogotá implementa una serie de acciones para emprender
la importancia de evitar la violencia en el país, a través de políticas del gobierno, en donde se involucran
los ciudadanos haciendo una campaña de participación ciudadana que trata concientizar a la sociedad de
reconocer que la violencia no es buena para la población. Entonces, faltaría en el caso de México la
participación de la gente, no pueden ser observadores, sino deben participar para establecer acciones
desde la ciudadanía.
En México la legalidad no se da, un ejemplo que puede ser utilizado es en la ciudad de Sicilia, ya que ha
sido un éxito de legalidad las acciones utilizadas en contra de la mafia. Para el alcalde de Palermo, es
importante apegarse a lo establecido en las normas para la prevención de la delincuencia.
Emitir opiniones y recomendaciones en las acciones, dar seguimiento y evaluar los programas
implementados por las instituciones de Seguridad Pública, en los tres ordenes de gobierno para:
A. Prevenir la violencia infantil y juvenil;
B. Promover la erradicación de la violencia especialmente ejercida contra niñas, niños,
jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;
C. Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y
D. Garantizar la atención integral de las victimas.
Es probablemente la frase más importante para establecer una política eficaz de prevención del delito en
México. Es fácil emitir opiniones, lo difícil es que estas opiniones tengan un diagnóstico. Los
epidemiólogos de Bogotá establecen que un diagnostico de la información es el resultado del análisis
realizado de los datos adquiridos sobre un problema.
Otra manera de llegar a un diagnóstico es establecer una mesa de discusiones en donde se generen datos
entre las diferentes perspectivas de la gente de la escuela, de los barrios, del sistema penal, para ver si
hay un consenso sobre el problema, estableciéndose explicaciones del mismo, es importante que con el
diagnóstico se de una recomendación concreta. Un ejemplo de ello, es el caso de Bogotá, donde existe
un sistema para evitar una reacción, es decir, si una persona de una banda mata a otra, no exista la
reacción de venganza por parte de algún familiar del difunto. Para ello, dicho país establece acciones de
ayuda a la o las víctimas activas para buscar y obligar a estas de pensar en la venganza y así evitar una
reacción.
Dar seguimiento a los programas establecidos en las instituciones de seguridad pública para prevenir y
radicar la violencia, esto se refiere a capacitar e informar y ayudar a la gente, es decir, pero creo que es
un asunto de mejorar la calidad de implementación de los programas.
En México existen programas en algunas áreas, donde se da el intercambio de información. Es
importante pensar en la participación de expertos de otros países, por ejemplo Bogotá o Brasil, que
pueden aportar al país mayor información para la prevención de la delincuencia.
No solamente seria la cuestión de implementar dicha información a estrategias de prevención, sino
también de verificar que esa información se cumpla con éxito, normalmente para ello se necesita dinero.
Para que exista un prevención eficaz, es deben de invertir los recursos suficientes, el problema es que la
gente cree que no es costosa, pero para que exista un beneficio a corto y largo plazo y que sea eficaz se
necesita invertir en ella.
En lo que se refiere a la evaluación de los programas de prevención, estos deben ser evaluados no solo
en la implementación del mismo, sino deben ser evaluados en la calidad de dicho programa y en los
tiempos en que se darían los resultados finales, esto es, los tiempos utilizados para empezar a planear las
acciones, el tiempo para capacitar sobre la implementación y por último el tiempo en que se lleve las
acciones para otorgar resultados favorables dentro de una visión sobre 10 años para que haya un éxito en
dichos programas y no como se viene haciendo de 1 a 2 años.
Un ejemplo de programas eficaces a largo plazo es en Waterloo, Canadá. Donde se estableció un plan de
prevención de la violencia en un plazo de 40 años, en el diagnostico se señaló que no era posible
justificar un plan tan largo en el presupuesto, a lo que se determino que ese plan iba a disminuir poco a
poco la violencia en esa ciudad, es decir, la violencia en ese país se ira disminuyendo en los primeros
dos o tres años próximos a la implementación, aún más en cinco años, mucho más en 10 o 20 años y
hasta llegar a los 40 años, en donde se obtendrían resultados permanentes.
En México existen programas de prevención para disminuir la violencia hacia las mujeres, con una
visión de dos o tres años, pero falta tener una visión de más años para que exista resultados permanentes,
por lo que cuando se habla de evaluar los programas implementados para la prevención de los delitos, se
tendría que hacerse en tres, cinco y posiblemente en diez años para obtener resultados exitosos en las
políticas de prevención, como fue en el caso de Bogotá, donde los resultados de la evaluación de los
programas se dieron en dos o tres años, pero los resultados espectaculares fueron en un lapso de diez
años.
El reto del Centro Nacional de Prevención del Delito es implementar de manera permanente y con éxito
las estrategias o acciones, con una visión a largo plazo; así como, realizar pequeñas acciones que den
como resultado una disminución a corto plazo, en la violencia de los diferentes factores de riesgos, para
poder así alcanzar en un lapso de 10 años resultados de prevención eficaz.
Es importante para este Consejo Nacional establecer encuestas en los diferentes sectores de la población
(jóvenes, niños, adultos mayores, mujeres, indígenas, etc.), sobre los factores de riesgos, como por
ejemplo en las escuelas sobre el consumo de la droga y del alcohol, la intimidación, causas o motivos de
la deserción de jóvenes en las escuelas, participación en bandas delictivas; así como, la violencia contra
las mujeres, violencia intrafamiliar, violencia generada por el uso de armas para su protección, entre
otros. Con la finalidad de identificar y estimar costos actuales de victimización del país y poder ser
invertidos estos costos en la disminución de la delincuencia en esos sectores.
El desafío número uno de México con relación a la prevención de la violencia contra las mujeres es la
creación de encuestas de victimización de las mujeres, un ejemplo de encuestas sería la que se realiza en
mi instituto, en Canadá, donde existe un grupo de mujeres especialistas encargadas en la mediación de la
violencia contra las mujeres, otorgando una posibilidad de ayuda para estas mujeres en situación de
riesgo y estableciendo soluciones preventivas.
En relación de prevenir la violencia por el uso de armas de fuego, esta se da por que no existe una
política de prevención que asegura la protección de las personas en la sociedad. Es decir, es un asunto de
delimitar y crear poco a poco una situación de paz, no es posible delimitar la utilización del arma de
fuego cuando la persona tiene el arma de fuego para protegerse.
En relación al consumo de drogas y de alcohol, en las escuelas de México existen programas para
disminuir la demanda de droga, por ejemplo, en Nuevo León, existen un programa de reducción de la
droga denominado DARI; este es completamente ineficaz y ha aumentado la utilización de droga. Todas
las evaluaciones realizadas a este programa demuestran la ineficacia para disminuir el exceso de droga,
pero sí aumenta la buena opinión de la gente de la policía.
Con respecto a los programas que garanticen la atención integral de las víctimas. Estos no son muy
específicos. Un ejemplo de lo contrario es en Brasil, donde existen Centros de Policías Femeninas que
dan la confianza a las mujeres de decir “No a la violencia Sexual” y la posibilidad de llevar acabo
programas de ayuda específicamente para la mujer y los niños.
Realizar Estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva,
estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de
comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad
pública nacional.
Este párrafo se refiere un poco sobre el diagnóstico de las causales estructurales del delito, en México no
existen encuestas longitudinales sobre el desarrollo del niño para empezar a delinquir, es común en
muchos otros países en Europa, América del Norte y Sur, como en Argentina, Brasil, los estudios que
muestran las experiencias de la vida que son entes de desarrollo de los infantes para empezar desde
temprana edad a delinquir, antes de que se incluyan a una banda.
La distribución geodelictiva es la identificación de regiones en el país donde hay una mayor incidencia
delictiva. La violencia es distribuida de una manera que es importante entender, hay factores que
influyen sobre la incidencia delictiva, es decir, la conducta de robo con violencia se da por la existencia
de pobreza, por la desintegración familiar o madres solteras y no existe una colaboración vecinal.
Entonces, cuando se desarrolle un plan de prevención ante el delito, se tendría que pensar en que parte
de la ciudad se concentraran los recursos, por ejemplo: los recursos de prevención social, los recursos de
prevención situacional, los recursos para la utilización de la policía sagaz, los recursos focalizados para
la resolución de problemas.
Realizar encuestas victimológicas de fenómenos delictivos que coadyuven a la prevención del
delito.
Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas
educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las
dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios en esta misma materia.
Esta atribución es muy fácil de decir pero muy difícil de hacer, en relación a la educación, es muy difícil
integrar un programa de prevención del delito en el sistema escolar. Porque los recursos no son
suficientes para cubrir las necesidad básicas de enseñanza como es el aprender a leer o escribir. Además,
de que existen en muchas escuelas problemas de control de conducta en los alumnos. Entonces, sí el
Centro Nacional de Prevención al Delito llega a decir a las escuelas que agreguen un programa de
prevención, estás se resisten, porque prefieren cubrir las necesidades fundamentales de la impartición de
educación.
En otros países, la gente que quiere entrar a influir en las políticas de las escuelas, empiezan con la
intimidación o bien con la violencia entre los alumnos, siendo un problema para las escuelas, otra
controversia que se da mucho en las escuelas son las pandillas o las bandas y no hay forma de
desintegrar o combatir dichos grupos. Existen programas muy eficaces para reducir la intimidación, lo
que hace falta es aplicarlos, un ejemplo de programa eficaz es el llamado Full Fight, es un programa de
relación implementado con los jóvenes de 10, 11 y 12 años, en donde lo que se busca es el cambio de las
actitudes entre los jóvenes, los resultados de dicho programa han sido buenos aunque no se ha eliminado
la violencia en este sector.
Con respecto a la salud, el Secretario de Salud, ha logrado establecer acciones para la prevención de la
violencia, una de esas acciones fue crear un Congreso Internacional en Mérida en 2008, en donde hubo
una sección importante acerca de llevar a cabo la política del organismo mundial de salud, para la
prevención de la violencia.
El sector salud tiene un gran interés en la prevención, ya que al existir estadísticas tan grandes sobre
personas lesionadas o muertas por delitos, provocan un costo mucho mayor para el sistema de salud, un
ejemplo de ello son las estadísticas de personas muertas por asaltos ya sea con arma de fuego o con
cuchillos, en las que se señalan que de 100 personas 14 son muertas.
El Sistema de Salud contempla también a las mujeres que son víctimas de violencia en la casa. Focalizar
la importancia de multiplicar la presencia de enfermeras públicas con las familias más difíciles y
violentas, genera un costo al sistema de salud. Entonces, es importante que haya una movilización de
salud en atención a la prevención.
Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito.
Esta ley tiene mucha estrategias para la prevención del delito, como la formación de policías, la
certificación, pero hace falta que exista capacitación, es decir, acciones de formación suficientes para la
eficacia de estas estrategias, por lo que faltan seminarios, conferencias, ponencias, en donde haya una
movilización de voluntad acerca de la prevención, a través de un intercambio de experiencias con
algunas personas de otros países de América Latina posiblemente, o de otros países que puedan ayudar a
establecer acciones que den un resultado eficaz en la prevención.
En conclusión, para poder disminuir la violencia en el México se debe manejarse un centro de liderazgo
que, conforme a esta Ley General de Seguridad Pública sería el Centro Nacional de Prevención del
Delito y la implementación de acciones concretas en las escuelas, en los barrios, etc., para así disminuir
la violencia contra los niños, las mujeres, los jóvenes, los jóvenes adultos, los adultos mayores y en
general contra toda la sociedad, así como, la falta capacitación de las personas que se encargas de llevar
a cabo las acciones y sobre todo, lo más importante para la implementación de estas, es la falta la
inversión de recursos suficientes que puedan ser distribuidos en los distintos niveles de la administración
para la aplicación y funcionamiento de los sistemas de prevención del delito y la evaluación de las
mismas para saber si han sido eficaces esas acciones a corto y largo plazo.
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¿Quédebe hacer un gobierno latino americano para reducir la violencia
1. Una comisión permanente para disminuir la violencia y proteger las victimas
2. Planificación mancomunada de escuelas, vivienda, recreaciones, procuraduría, policía
3. Diagnóstico de los factores de riesgo, plan estratégico, prioridades …evaluación
4. Acciones a corto y medio plazo • adolescentes, violencia familiar, vecindades, armas del
fuego, transito, victimas …
5. Capacitación de los recursos humanos y datos• estadísticas de policía, de victimización, de planificación
social y económica …
La importancia de reducir las tasas de victimización, se refleja en el control del presupuesto, ya que al no
dirigir esos recursos a la policía, a las cárceles, a un sistema penal de represión, se pueden invertir en
diferentes partidas para la implementación de acciones a la salud, al sistema educativo, etc., creándose
así un sistema de prevención costo-eficaz, es decir, focalizar la reducción, el precio, las pruebas de
inversión en la prevención dan como resultados más beneficios a menos costos.
Por otro lado, cuando se habla de los límites sobre reprimir, faltaría la conclusión sobre esta, no es un
asunto de abolir el sistema actual, sino de implementar dentro de los sectores de población, en las
escuelas, en los centros de trabajo, con la familia, acciones de prevención de la violencia más sagaces
como el aumento de sueldos, de empleos, la disminución de la pobreza, etc.
La promesa de prevención en el país no se verifica, por lo que se debe de observar documentos
explicativos de la promesa de Organismos Internacionales, como es el caso del Organismo Mundial de
Salud, en donde en su libro establece una serie de acciones de prevención que pudieran ser aplicados en
México.
En esta Ley de Seguridad Pública se manejan conceptos de diagnostico, capacitación y evaluación en los
programas de prevención del delito, pero no de planificación de los mismos, por lo que se debe realizar
una serie de proyectos a corto plazo sobre las acciones a seguir para que se den buenos resultados en la
prevención.
La captación de los recursos para la implementación de acciones nuevas como es el caso de la
prevención, es muy difícil que se dé, por que se estaría quitando recursos en otros sectores para la
represión, como es el caso de la policía, la aplicación de la justicia y el aumento de las cárceles,
existiendo un rechazo por la gente que aplica este sistema, se debe de establecer debates a favor de la
prevención para convencer sobre el beneficio de la implementación de la prevención en el sistema
judicial .
Por otro lado, el Estado Mexicano puede observar los argumentos dados por los organismos
internacionales como son la Organización Mundial de Salud, la Organización de las Naciones Unidas en
donde han señalado que falta avanzar más en el tema de la inversión en la prevención.
Ciudadano Raúl Ramírez Cortés.
Analista político, reportero ABC radio y todos los medios de comunicación. Lo más interesante de todo
esto, es que no tenemos una cultura de seguridad, ni en México, ni en ningún país. Los medios de
comunicación están efectuando algo indebido, dándole salidas a la violencia que no se puede controlar
desde el hogar con programas de policías y ladrones, con programas de drogadicción, con películas,
hasta por Internet que todavía no está legislado.
El problema fundamental del delito, es el regreso a una cultura cívica, desde las escuelas y que a su vez
esto implica un ingreso, muy costoso, como lo ha señalado el Doctor Irvin Waller, hemos perdido la
parte de valores y de respeto al ser humano, todos se aplican con base en los derechos, pero no en sus
obligaciones.
Lo que nos hace falta, si fuera un sistema de represión, sería aplicar un Estado de derecho, y un Estado
de derecho es rígido, la ley se cumple. Por el contrario, tenemos un sistema flexible, en otros países,
como es España, Italia, Francia, Cuba, y no se puede hacer lo que hacemos aquí en México, no sabemos
lo que estamos perdiendo por la falta de moral y de respeto, no soy fundamentalista, sino que
simplemente no se ha adecuado a la gente en su ubicación real económica, cuesta mucho dinero, la
cultura social cuesta demasiado dinero.
Los programas implementados, por ejemplo, el Plan-Mérida está mal enfocado porque también trata de
problemas de migración, a nosotros nos utilizan como puente. Bien decían un refrán, en donde yo nací,
hace muchos años… un segundo para rezar, un segundo para morir. Yo soy originario de la frontera, de
Laredo.
Lo bonito del caso es que debemos de tener la conciencia, cada uno de nosotros para poder desarrollarlo
desde nuestras familias, desde nuestros vecinos, desde nuestros compañeros de trabajo, si no se crea ese
sentimiento y ese objetivo, por mucho dinero que se invierta y por muchos estudios que se hagan, van a
fracasar.
Por otro lado, necesitamos aprovechar, la Cámara de Diputados, de coordinar todo lo que se ha hecho en
México, porque nadie une, hay programas que ya están trabajando, pero dispersos. Cuando se llegue a
concretar, por ejemplo, el delito contra la salud, por ejemplo, ustedes saben cómo nació en México la
droga y el consumo, muy brevemente les puedo explicar.
En la Segunda Guerra Mundial, se firmó un convenio internacional, que todavía no se ha abrogado de
presidentes mexicanos y norteamericanos, pusieron a los soldados, a nuestra guardia nacional, a
supervisar la heroína y la marihuana que existía en el país, y se crearon laboratorios para llevar a los
soldados la droga, la morfina, para bien morir
Posteriormente, se vuelve a firmar otro convenio internacional que no se ha abrogado, con la guerra de
Vietnam, y los laboratorios se van a Tijuana, por eso es el problema fundamental, es muy largo de
explicar, pero sí tenemos que hacer conciencia en que los problemas fundamentales es educación,
economía, porque se necesita presupuesto y dinero, migración y la cuestión laboral. El problema
fundamental de que cuando no hay trabajo, la ociosidad es la madre de todos los vicios, decimos los
mexicanos.
La criminalidad se obliga a que no haya respeto a sí mismo del ser humano. La conciencia del ser
humano no es la defensa de los deshechos humanos como aquí se aplica, porque no son derechos
humanos, son deshechos humanos lo que aquí se aplica.
Para otro tema después, podríamos aplicar más, yo ahorita estoy presentando un proyecto para la
Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl, para la superación de la policía y la capacitación en
diplomados.
Ciudadana Imelda Bojorges.
Asesora de la diputada Sonia Ibarra y tengo la cartera de una organización social a nivel nacional de la
mujer.
No estoy descubriendo el hilo negro, pero por más que hacemos hincapié, lo recalcamos y lo calcamos y
lo decimos, no se hace nada. Yo creo que es el escenario donde tiene que salir lo que voy a decir.
Desde mi experiencia como regidora, deberían supervisar a los presidentes municipales, porque siempre
en los cabildos, cada año se les aprueba el presupuesto para seguridad y por ejemplo en el municipio del
que vengo, siguen con las mismas armas desde hace ochos años y hay que estarles regalando los tiros
para que nos vigilen las calles, porque los presidentes no les compran nada y para una región donde
estamos hablando de 248 policías, manda 10 chalecos antibalas, a nivel estatal, de los municipales,
obviamente ni tienen.
Como en el municipio donde estoy esta toda la región, la región es el distrito cinco, a nivel federal,
Teotihuacan, y los policías estatales, están ganando 3 mil 300 pesos al mes y los municipales ganan,
algunos 3 mil 600 y otros 4 mil 600 pesos al mes.
Me pregunto, y ellos me lo dijeron, porque hemos estado platicando, quieren hacer un movimiento —eso
es muy peligroso para todos—, me dicen: “profesora es un grito de desesperación, ayúdenos, usted que
esta en la Cámara”, —no soy diputada, afortunadamente estoy aquí y puedo canalizarlo con ustedes—,
ellos me lo dicen, es un grito de desesperación, perdón, voy a decir las palabras textuales “ como carajos
no nos vamos a corromper si no me alcanza para comer y llevar a mis hijos a la escuela” y tienen razón,
que hacen con 3 mil 600 pesos al mes. Me pregunto, incurren en todo.
Pero, además, ellos tienen que ponerle gasolina a las patrullas, pagar su uniforme y reportarse con el
jefe. La raíz es o les pagamos bien a los policías o no nos estemos quejando, eso es un asunto
sumamente viejo y nadie quiere ver para atrás.
Veo los presupuestos que se aprueban a nivel federal, estatal y dentro del cabildo en el municipio y
siguen igual.
Por otro lado, me gustaría mucho que los diputados de alguna manera tomaran acciones en relación a
detener a la televisión, porque la televisión ha sido la escuela. Díganme de 10 programas cuántos son
violentos, ocho y la cultura cero. La cultura es un recurso que vamos a invertir a largo plazo, no es lo
mismo repavimentar una calle que se va a ver rápido, porque queremos el voto, que sí se invierte en
evitar que los jóvenes estén emborrachando en las tiendas y las niñas salgan embarazadas..
Entonces, recuerdo que en algunos otros tiempos, la televisión si tenía que seguir algunos cánones de no
violencia y poner un poco más de cultura en la televisión, porque la escuela ha sido violencia nada más.
Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago.
Las sorpresas que nos estamos llevando cuando decimos: Prevención del Delito es simplemente que
tenga, —como dice la señora—, mejor me pongo mí arma y con eso me defiendo y con eso creemos que
es prevenir el delito.
Lo que estamos diciendo, es que necesitamos una serie de medidas políticas y estratégicas que tengan
que ver con el sector público para prevenir el delito y que todo lo que teníamos estructurado en nuestra
cabeza que era las policías, como decían aquí, policías y ladrones, no tienen nada que ver. Si no que hay
una serie de elementos que tienen que ver con la educación, con la salud pública, con el empleo y con
desarrollo social de las personas y por tanto tiene que ver una legislación pertinente y una política
pública pertinente para que podamos construirla.
Hay quienes la construyen de sus diversos sectores, por ejemplo, las mujeres en México, hemos
construido para todo el tema de violencia una serie de acciones que hoy ya estamos midiendo, que es lo
que esta pasando con las acciones que hemos colocado, por ejemplo, tenemos una Ley de General de las
Mujeres a una Vida libre Violencia, hemos hecho la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres,
legislamos a favor de que las mujeres tuviéramos una cuota entre los partidos para poder estar en la
representación política en los Congresos Federal y locales.
Hemos colocado una serie de recursos, incluso etiquetados, es decir, los gobiernos no pueden usarlo
nada más que para fortalecer la propia ley, decir cuáles son las acciones que están ahí, hay un sistema
incluso nacional que esta colocado en la Secretaría de Seguridad Pública, que no tiene nada que hacer
ahí, que lo tendría que tener en todo caso Desarrollo Social o Secretaría de Salud.
Las mujeres si hemos hecho cosas para el asunto de la prevención del delito, digamos no en esa visión,
sino de la prevención contra la violencia, pero que al final de cuentas consta para poder con la finalidad
de la prevención del delito, pero hasta ahorita vemos que el asunto de la violencia contra las mujeres
siguen creciendo y hoy estamos midiendo que no nos ha servido, eso es lo que informo de lo que he
hecho y lo que hemos elaborado las mujeres aquí.
En el sistema de salud, por ejemplo, hemos capacitado médicos y enfermeras, tenemos toda una tabla y
todo un curso con la Secretaría de Salud, para que los médicos identifiquen que una mujer llegue
lesionada no diga “es que me caí”, sino que ellos mismos identifiquen porque viene deprimida o si esta
recibiendo hostigamiento sexual o que si hay un golpe o una serie de violencia dentro de su casa o fuera
de ella.
En relación con lo anterior, existe una norma nacional, la norma 199, que obliga a que los médicos
reporten a los ministerios públicos, solamente reporten a estos, que una mujer haya sido victima de
violencia, cosa que todavía no lo hace porque los médicos piensan que se van a involucrar en un asunto
judicial, tienen temores o dicen que es una carga más de trabajo y nadie se las va a pagar.
En fin, así como esas acciones, hemos hecho muchas más en ese terreno y que, precisamente, por eso
vimos que hay que ir a otros sectores para que se vaya incluyendo en un gran programa que nos permite
colocar el asunto de prevención de delito en México, pero, también, que repercuta, precisamente en las
mujeres, por lo menos es la preocupación de esta legislación, pero sobre todo de las organizaciones
civiles.
Ciudadano Adolfo Miranda.
Presido una pequeña asociación civil y también soy parte del staff de aquí de la Cámara. Creo que en ese
cuadro tenemos un problema concreto que tiene que ver con la Administración Pública, es la ausencia o
debilidad, muchas veces más ausencia que debilidad en la calidad de los indicadores. Es decir, puede
haber programas más o menos interesantes como el de Recuperación de Espacios Públicos, este año se le
dio una cantidad importante de dinero, pero no tenemos unos buenos indicadores, ojalá tuviéramos
indicadores como los que propone el Doctor Irvin en su libro, donde tienes dos grupos, donde hay un
grupo que recibe atención y un grupo que no recibe atención, entonces hay una prueba piloto, eso
permite contrastar y ver el nivel de avance.
Lamentablemente, creo que la inmensa mayoría de los programas tienen pésimos indicadores de
desempeño, por ley deben de tenerlos, pero tenemos muy malos. Creo que esa es una de las batallas que
tiene que ver no exactamente con un sector en lo particular, sino con un problema general, no tenemos
buenos indicadores, entonces no tenemos manera de saber qué es lo que está funcionando y lo que no
está funcionando, no solamente en materia de seguridad pública o de prevención del delito, sino en
general con desarrollo social, educación, salud.
Tenemos gasto creciente, pero no hay una forma real de saber si hay una relación racional de costo-
beneficio. Ese es un problema concreto que sugeriría que abordáramos y que se nos quedara como una
de las tareas, para que esto tenga pies.
Dos. Aprovechando la experiencia de Irvin y viendo los ejemplos de su libro, yo lo que veo es que
tenemos un problema para sensibilizar a la clase política tradicional, populista, le dice él. ¿Cuál es?
Necesitamos demostrar a la clase política que invertir en la prevención es eso, es inversión, no es un
gasto, para eso tenemos identificar algunos programas que puedan funcionar como ejemplos, como
piloto para demostrarles, es decir, invertir en educación de esta forma, invertir en salud de esta forma,
permite una disminución efectiva de los índices.
Leí su libro, vi algunos de los ejemplos validados por algunas instituciones americanas, sobre esto
quisiera preguntarle sí él pudiera sugerir, además de la lista de los cinco temas que ya presentó,
preguntarle al Doctor Irving lo siguiente: De ese conjunto de programas que están en el libro, ¿cuáles
consideras que pudieran ser de mayor utilidad demostrativa, como ejemplo, para convencer a la clase
política? es decir, es difícil que nos levantemos de esta mesa, vayamos y les digamos: “necesito
financiamiento para un programa de 15 años”, es muy complicado, hay mucha resistencia, es más
fácil…—yo sé que a final de cuentas son programas longitudinales—, es más fácil si pudiéramos
identificar dos o tres ejemplos concretos, decir, mira, en prevención de jóvenes, en prevención de
violencia intrafamiliar necesito adoptar un modelo o una propuesta que internacionalmente pensamos
que funcione en un plazo un poco más corto, porque tenemos un problema, hay que motivar, hay que
empujar, hay que jalar a la clase política para que suelte dinero y es más fácil, si les planteamos
proyectos de tres años, de cuatro años, que proyectos de 15. No estoy diciendo que no hay que hacer la
evaluación de 15, sino que estoy diciendo que es un problema de inmediatez práctica de conseguir
dinero para proyectos.
Tercero. Con esto termino. La parte última de las cinco recomendaciones, era la parte de la formación.
Si ustedes ven, en el mundo académico no hay especializaciones en materia de prevención, es más,
cuesta trabajo encontrar instituciones que trabajen eso.
Mi pregunta es, ¿sería posible que a través de Naciones Unidas o a través del respaldo de algún convenio
con alguna universidad del extranjero, recíproca o con algún tipo de intercambio, se pudiera desarrollar
un programa académico de formación en prevención del delito? es decir, las universidades mexicanas no
tienen, difícilmente hay algunas que trabajan temas a nivel de maestría, hay algunos centros que trabajan
criminología, pero ese es otro tema, porque una cosa es ser criminólogos que estudian el problema y otra
cosa es pasar a la acción de la prevención.
Mi pregunta es, ¿habría posibilidad, Doctor Irving, de desarrollar una línea de intercambio, de desarrollo
académico para formar investigadores y profesionistas en este tema de la prevención del delito, porque
identifico que en el mundo académico no hay esto como una circunstancia general?.
Ciudadano Félix Castillo de Jesús.
Vengo de la Secretaría de Seguridad Pública, del Gobierno Federal, específicamente del área de
vinculación y participación ciudadana, es un área que se ha venido transformando, nace en el 2001, con
la Secretaría de Seguridad Pública. En un primer momento, se empezó a manejar un concepto de
atención a la comunidad, de ahí se derivan varios programas, muchos quizá a la mejor no los conocen,
porque la propia Secretaría ha tenido limitantes en cuanto a sacarlos a la opinión pública.
Desde el 2001 venimos operando el programa Juvenil de prevención integral, a nivel nacional se
desarrollaron dos encuentros nacionales con jóvenes en materia de programas de prevención del delito,
en donde a través de convocar a jóvenes de todos los estados representantes de organizaciones, de
universidades, infinidad de grupos, se congregaron en estos dos encuentros, de ahí deriva acciones
estratégicas a nivel nacional de prevención del delito, a través de la formación de promotores.
Como todos sabemos la historia, año con año que transcurrió durante el sexenio pasado, hubo diversos
cambios en la Secretaría de Seguridad Pública, cambios de secretario, etcétera. Esto ha generado en gran
medida un poco la descoordinación que se tuvo en un inicio, ¿por qué? Se había formado una mesa nivel
nacional, interinstitucional, donde convergían más de 30 instituciones a nivel federal, que buscaban en
un primer momento la coordinación nacional de todo lo que existiera en programas de prevención del
delito.
Se llevó este proceso, estos cambios diluyeron este gran esfuerzo que se venía haciendo hasta el 2003,
posteriormente en os años del 2004, 2005, 2006, se llevaron a cabo por parte de nuestra institución,
acciones en estados y municipios que iban enfocados a trabajos en escuelas con jóvenes, desarrollando
talleres con temáticas sustantivas para los jóvenes en materia de prevención de adicciones, del delito,
prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de conductas antisociales, prevención del
consumo de bebidas con alcohol, todo esto enfocado en la prevención.
En este último año, 2008, desarrollamos acciones coordinadas que desembocaron en activar esta
temática en las escuelas y tuvimos un impacto más o menos entre 40, 45 mil jóvenes atendidos con esta
temática. Aunado que también se trabaja no nada más con niños, desde preescolar, primaria, secundaria,
universidad y con comunidad y atención a la violencia familiar.
Quizás es información que no sale a los medios, pero en plan estratégico, nuestra visión institucional es
la de generar multiplicadores de la prevención y hay un trabajo muy rico, que lo invito a que lo
conozcan, porque si hay, en cierta medida, políticas nacionales en materia de prevención.
Por lo que, propondría que también se incluyera la Secretaría de Seguridad Pública, en el área específica
de prevención vinculación, con la participación ciudadana.
Ciudadana Alma Duran Espinoza.
Vengo de Juzgados Cívicos, este comentario va dirigido a lo que se señalaba en cuanto a la promoción
de valores y derechos que no se hace.
En juzgados cívicos, a parte que somos una instancia de procuración de justicia de tipo administrativa,
tenemos también dentro de la ley una obligación que es la promoción de una cultura de valores y de
derechos, esta la hacemos llegar a la comunidad a través de cursos impartidos a escuelas, a la población
o incluso hacemos diario una junta de coordinación con todas las autoridades que integran la impartición
de justicia a nivel de Distrito Federal, integrada por el Ministerio Público, Juzgados Cívicos,
Representante de Jefe de Gobierno, Policía Judicial, Médico Legista, Participación Ciudadana.
En relación con participación ciudadana, nos apoyamos, precisamente, para promover estos valores,
estos derechos y sobre todo para dar a conocer lo que es la Ley de Cultura Cívica que es lo que nosotros
manejamos y que difícilmente las personas tienen acceso a ella, porque nos hemos dado cuenta que
todas las personas que llegan a un Juzgado Cívico por una falta administrativa, niegan haber tenido
algún conocimiento acerca de esta ley y que es la base principal para la prevención de lo que
eventualmente se vería reflejado en un delito.
Entonces, creo que sería importante, también tomar en cuenta estas instancias administrativas, como son
los Juzgados Cívicos para que pudiéramos apoyarnos en ellos e impartir estos valores, estos derechos y
con ello prevenir el delito.
Ciudadana Iliana Luna Pérez.
Soy Juez Cívico. Me llama mucho la atención que pareciera que nada más se está abordando el problema
como delincuencia en los pobres. Estamos hablando de educación, salud, trabajo. Si bien es cierto es un
problema multifactorial, también nos hemos olvidado de los delincuentes de cuello blanco que han sido
los que más han flagelado esta sociedad. Si es cierto, la gente de los estratos sociales más bajos si
necesitan educación, otro tipo de esperanzas para tener una vida mejor, pero el gobierno, realmente, no
se avoca a ningún tipo de programa social, pareciera mejor tener a la gente ignorante, con programas que
en la tele se difunden, como esa campaña que me llama mucho la atención que dicen: “El día de la
Familia”, realmente hay calidad o nada más estamos haciendo más mercadotecnia.
¿Realmente hay calidad o nada más estamos haciendo más mercadotécnica? Eso me llama mucho la
atención del gobierno, porque en lugar de hacer una conciencia y un criterio a la gente, porque esta
permeada de su esfera donde se desenvuelve, dice tengo pocas expectativas posiblemente la persona
delinque.
Pero el que seas pobre, el que vivas en una comunidad marginada eso no quiere decir que vayas a hacer
un delincuente, eso es lo que me llama la atención, que no se esta abordando delincuencia, pues están los
grandes delincuentes de cuello blanco.
Ciudadano Rubén Frutis.
Soy asesor externo de la fracción parlamentaria del PRD. Obviamente nos dedicamos a los cálculos
proyectivos hacia un futuro. Debo medir numéricamente los efectos que pueden causar la reforma o la
modificación a una ley.
México tiene cierta tolerancia indebida con los delitos de cuello blanco, además de que tenemos
regidores que bien sabemos vienen a meterle mano al Código Penal Federal.
Otro problema es que en México no se persiguen de oficio los delitos cometidos por funcionarios
públicos, no todos, algunos sí cuando hay asociación delictuosa y esta mal tipificada, se requieren otros
criterios, pero de ahí en fuera no tocamos funcionarios públicos de oficio y debería de ser por salud
pública.
Es cierto, también hay ignorancia en la clase de escasos recursos, pero esta ignorancia, ya después de los
años que llevó como asesor, es porque hay grupos que salen ganando con esa ignorancia en las clases
bajas y que les permiten mantener el sistema.
La otra situación, si hay metodología concreta y formulas matemáticas que nos cuantifican, los avances
o los retrocesos sociales en materia de delincuencia, lo hay, se calculan y se proyectan, no entre otras
cosas, pero tenemos otro problema, el año pasado hubo una reforma al INEGI, en el cual el Instituto
Nacional de Geografía e Informática ya no es generador y captador de la información que esto incluye,
también delincuencia. Entonces con esta reforma, en donde el Poder Ejecutivo nos corto el acceso a las
bases de datos directas o a la generación, no podemos calcularla.
No necesitamos hacer consultas a universidades extranjeras, tenemos centros de investigación en
matemáticas avanzadas y en sistemas, que es de la UNAM y podemos hacerlo, se hacen simuladores,
tenemos toda la mecánica, nada más que ¿quien nos va a dejar entrar a las bases de datos? no a los
metadatos, ni a los datos personales, porque esos ya están protegidos, pero si a los datos cuantificables.
Sí lo podemos hacer en México, tenemos todo el personal, el problema es porque el Ejecutivo Federal y
algunos diputados, nos cortaron el acceso a esos datos.
La otra situación, es más estratégica, no hemos tocado el control en reclusorios, de hecho en México y
casi en la mayoría de los países de Latinoamérica, la retroalimentación de la delincuencia esta en los
reclusorios, no esta afuera, nada más exceptuamos la corrupción de cuello blanco, pero de ahí en fuera
las bandas, los cárteles, todo esto tienen su origen en los reclusorios, ahí es donde se da toda la compra
venta de drogas, estupefacientes, hay un mundo de corrupción y se requiere de un sistema de vigilancia
y control, de reducir la población carcelaria, no es cierto aumentando las penas, se va a reducir la
criminalidad, eso es nada más un blog electoral, pero que cause unos daños, ya causados los daños
tremendos, ha sido peor el remedio que la enfermedad. Lo único que están haciendo con eso es
retroalimentar las bandas y los cárteles de la droga y de otros delitos, pero básicamente eso. Este es el
asunto.
Recordemos que el examen que se le aplicó hace uno meses a los Ministerios Públicos del Distrito
Federal, no sé porqué, no fue aplicado en el Estado de México y otros estados con alta densidad de
población, pero bueno, es un avance conocer la triste realidad, el 51 por ciento de los ministerios
públicos reprobaron.
El otro problema es que se van casi la mayoría de las consignaciones en el presupuesto de flagrancia y
no llevan la investigación pericial, revisen, hagan un arqueo y no llevan periciales. Las periciales se
hacen, o las perfecciona el ministerio adscrito a juzgado, ya cuando el presunto delincuente no tiene
medios de defensa, la Constitución establece que debe haber equidad en los juicios. Aquí tenemos que
meternos en un criterio sistemático, pero en síntesis, hay intereses que nos impiden, aquí en la Cámara,
poder avanzar.
Ciudadana Lourdes Rodríguez Castello.
Particular. El diputado Andrés Lozano mencionaba el asunto de los niños y los jóvenes que tienen que
ingresar a los reclusorios porque cometieron algún delito, cuando salen de esos reclusorios ya
perfeccionaron posiblemente el delito, mi preocupación es, si existen dentro de los reclusorios para niños
y jóvenes, programas educativos, que los acerquen a la educación, a la cultura, al arte, porque me parece
que el acercamiento al arte y a la cultura es de las pocas medidas eficientes que hay para detener la
barbarie, en términos generales. Esa es una preocupación.
Los programas educativos para los policías, en nuestro país, no respetamos a la policía, hay otros países
donde se respeta la policía. En la procuraduría, los salarios de los policías son verdaderamente
miserables, trabajan en condiciones de inseguridad brutales, quizá más que el resto de la población,
porque ellos se enfrentan a delincuentes bien armados. Esa es una parte donde me preocupa, porque a mí
sí me gustaría respetar a los policías, considerarlos que son verdaderamente protectores de la sociedad.
En Corea hay una experiencia, según la entrevista que le hicieron a un jefe de la policía en Corea, se
llevó 25 años para poder recuperar esa policía con mejores salarios, con educación, actualmente para que
un persona sea policía en Corea, requiere una especialización universitaria. Este es un camino largo por
recorrer.
Otra cosa que me preocupa, es que un joven que se mete en el problema de la drogadicción sea
considerado de antemano un delincuente. Yo creo que calificarlo como delincuente nos mete en una
posición verdaderamente grave, si ese joven se metió al problema de las drogas es porque la sociedad le
falló. Entonces tendríamos que tener políticas públicas, eso posiblemente sí pueda salir de un Poder
Legislativo, que permitiera mejores posibilidades para los jóvenes, o mejores programas de prevención.
Si uno ve los anuncios de prevención de la delincuencia son aterradores, un ejemplo de estos es
Maradona, Maradona en las olimpiadas le hacen una entrevista cuando está en los juegos de fútbol, él
dice: Consideren ustedes lo que yo podría haber sido, si no me hubieran metido en las drogas. Eso sí es
una campaña en contra de la drogadicción.
Ciudadano Félix Ochoa.
Vengo de la Seguridad Pública del Distrito Federal. Es por todos sabido que las políticas y la cultura de
prevención del delito en nuestro país han estado abandonadas, hace una década, se empezó a trabajar y a
mencionar un poco y hasta ahora se han empezado a implementar.
Todos sabemos mucho de este dicho que dice: Mas vale prevenir que lamentar. Claro que para nuestra
sociedad y para nuestras instituciones es muy costoso estar reaccionando solamente sobre la
delincuencia, que el tratar de prevenirla. La juventud hay que allegarla de lo que es educación, cultura y
deporte, ya que ellos son los principales que van a abatir esta invitación hacia la delincuencia, como lo
mencionaban en el foro, ahora ser delincuente es más atractivo que tener educación, que tener una
carrera. Eso es muy importante.
Les voy a mencionar dos de los casos que nosotros estamos trabajando en nuestra institución, ya
llevamos muchos años y hemos tenido resultados verdaderamente alentadores. Uno de ellos se llama la
Unidad de Seguridad Escolar y está enfocado a todos los alumnos de las escuelas del Distrito Federal.
Tenemos una unidad cuya función es atender la seguridad de todos nuestros alumnos, desde nivel
preescolar hasta nivel media superior. Esto no nada más concierne al hecho de poner una patrulla afuera
de las instalaciones para que vigile al entorno escolar, es muy importante la venta de drogas, la venta de
material pornográfico, muchas veces se da afuera de las propias instituciones educativas. Si tú pones una
patrulla lo va a alentar, pero no nada más concierne a eso, va más allá, están llevando a cabo una serie de
teatro guiñol, visitas, pláticas, los policías están capacitados para crear un escenario, un pequeño
escenario y hacen teatro, ¿por qué? porque mediante actividades lúdicas es la mejor forma de llegar a los
niños y a los estudiantes. Esto ha sido muy alentador y ha tenido muy buena respuesta, tanto que se está
fortaleciendo en nuestra institución.
Desafortunadamente los medios de comunicación prefieren una mala nota, de un policía que hizo
corrupción, que de un policía que fue y dio una muy buena plática, con ello puede haber cambiado a lo
mejor, que alguno de los alumnos tenía en su idea el delinquir y a lo mejor lo previno, le esta diciendo,
este no es el camino.
El segundo programa tiene que ver con todo esto de la cultura del graffiti. Existe una unidad que se
llama La unidad graffiti, cuya función es igualmente orientar a los jóvenes hacia la cultura del graffiti.
Los jóvenes entienden el graffiti como cultura, siempre y cuando no dañe propiedad ajena. Lo que busca
esta unidad es buscar espacios, donde los vecinos digan, saben qué, yo tengo esta pared, la pueden
utilizar, porque si el vecino tiene consentimiento y autoriza, no es pandillerismo, se confunde, pero si
llega alguien y lo raya sin ese previo permiso, es algo que está trasgrediendo a su similar.
Entonces buscan crear espacios para que esos jóvenes no caigan en esas cuestiones ilegales, todo lo
hacen de forma legal. Llevamos dos años donde se ha hecho un concurso en toda la ciudad de graffiti,
incluso el año pasado fue muy mencionado el graffiti en el Estadio Azteca, se llegó a un convenio con el
Azteca y se autorizó pintar una de las paredes de dicho estadio. El concurso tuvo resultados muy
alentadores y bueno eso dos programas son algunas de las cosas que hemos estado trabajando y que
desafortunadamente los medios de comunicación no lo dan a conocer y si lo dan a conocer es en una
nota de 8 segundos pero por el contrario, le dan 45 segundos, un minuto al decapitado o al asaltado.
Creo que debe de haber un balance en esto de los medios de comunicación, pero es una de las pequeñas
cosas que estamos nosotros haciendo en esta institución.
Ciudadana Erika Llanos.
Trabajo con jóvenes en situación de riesgo en una organización civil denominada “Cauce Ciudadano”.
En el tema de prevención, uno de los programas en el cual hemos tenido mucho éxito, o bueno uno de
los varios que tenemos, es programa Ocúpate, desarrollo y habilidades de para la vida, que justamente
es una intervención de educación no formal, donde logramos sensibilizar y entrar a las escuelas, la cual
sabemos que es un espacio cerrado, rígido, sobre todo a nivel secundario, porque hay una especie de red,
donde también solamente lo que dicen los docentes es lo bueno, es lo positivo y, regularmente a las
organizaciones nos cuesta mucho trabajo entrar, logramos poder entrar, a través de una negociación de
poder trabajar en los horarios que no afectarán la currícula, es decir, trabajábamos en el caso del turno
matutino, en las tardes, en horas después de la escuela y en el turno vespertino trabajábamos horas antes
de que ingresaran a la escuela.
Con este programa se trata de trabajar desde una perspectiva, donde pudieran trabajar el desarrollo
personal, familiar, social, como en esos grandes círculos de desarrollo, justamente trabajando desde la
persona, desde el circulo de la familia, sus relaciones interpersonales, sobre todo ir reforzando los
círculos de desarrollo. Posteriormente la escuela, también como un área de socialización muy importante
y en general la comunidad, la sociedad.
Como parte de las experiencias, les puedo decir que justamente desde los jóvenes, a través de un trabajo
lúdico no formal, no solamente como una actividad recreativa, sino donde los jóvenes pueden aprender
de sí mismos, aprender a hacer empáticos, a relacionarse, ha resolver los problemas de manera no
violenta, ha desarrollar su pensamiento creativo, a generar, también un pensamiento critico, para que no
tengan esas posibilidades de poder resistir principalmente en esa etapa o en esa edad, la presión de
padres que es muy fuerte, la presión hacia los medios de comunicación.
De la parte anecdótica que puedo decir y que justamente este tipo de programas de educación normal, sí
tienen éxito con los jóvenes, a pesar de lo que regularmente se piensa, es que encuentran espacios donde
las personas que les brindan confianza, que los escuchan y donde aprenden jugando, con diferentes
técnicas de abordaje, con la finalidad de ir desarrollando cada una de estas habilidades, reflexionando y
de una u otra manera pudiendo aplicar en su vida cotidiana; nosotros decimos que es más sencillo
realizar estos ejercicios en los espacios de las aulas, lo difícil y donde empieza es justamente el poder
aplicarlo a la vida cotidiana.
Entonces, mucho de lo que tuvimos, teníamos que llevar un control de asistencia, lo que ocurrió nos
fuimos dando cuenta ante la verificación de nuestras listas de asistencia en relación con las listas de las
escuelas, es que, los que iban al curso por la mañana y que estaban en turno vespertino, no se quedaban
en la escuela, si iban al curso, y tuvieron el 100 por ciento de asistencia, pero no se quedaban en la
escuela. Y en el caso de que los jóvenes no se iban a querer quedar después de terminar sus cursos en la
escuela, los jóvenes se quedaban, invertían horas de su tiempo libre o de otras actividades.
Es justamente lo que tenemos que generar, con los jóvenes, encontrar esas formas de acercamiento de
comunicación y sobre todo de generar confianza con ellos, que es lo que tenemos que empezar a
aprender a trabajar y a visualizar también como un factor de prevención y de protección.
Doctor Irvin Waller.
Quisiera retomar la intervención de Adolfo Miranda. Mencionaba la importancia de evaluación, para mí
el Consejo Nacional de Prevención del Delito debe agregar una columna con todas las ideas sobre la
probabilidad de tener éxito, si existe una expansión de los programas en el país.
Es claro que en otros países hay muchos programas que se llaman prevención, que no son eficaces, son
atractivos pero no son eficaces.
Un obstáculo para los programas que son prometedores para difundirlos en todo el país, es el dinero
delimitado. Por el contrario en Canadá, cuando decide reinvertir en un programa de prevención, el
criterio es la eficacia de esté, e invierten una cantidad considerable, cuando solamente se quiere verificar
la eficacia de los programas que vienen de otras partes de Canadá o de otras partes del mundo también
invierten. Entonces, con un dinero limitado, la eficacidad de los programas de prevención es muy
importante para que se puedan aplicar en el resto del país.
La idea de Adolfo de identificar los programas que pueden ser reeficaces, y que pueden mostrar una
eficacia en corto tiempo es importante. Un ejemplo de ello es en Bogotá, para mí es el país número uno
de la utilización de programas de prevención eficaces y a corto plazo; en una ciudad o dos ciudades en
México que implementen programas eficaces, existirá una disminución de la violencia a nivel de esas
ciudades.
Mostrar la posibilidad de prevención es bueno, pero también se pueden agregar programas como la
incorporación de jóvenes a de centros de prevención, esto no cuesta mucho y los resultados son
increíbles, En Inglaterra existe un programa similar con recursos necesarios para ser aplicado en 100
barrios diferentes; México no cuenta con los recursos como Inglaterra, pero puede ser aplicado en
algunos barrios sin que se gaste demasiado y utilizando el programa como esta sin las modificaciones
que probablemente se hicieron en Inglaterra.
La primera intervención de esta mesa de trabajo, fue que no hay una cultura de seguridad pública en
México, no hay una cultura para cumplir los programas preventivos, como ejemplo el de no fumar en
lugares cerrados, ya que hay 20 años de diferencias entre los países que han cambiado su cultura de
prevención y de opinión pública. Por lo que en México para poder cambiar la opinión pública se necesita
una acción entre los jóvenes de 10, 11 y 12 años, en donde se hable de cómo resolver los conflictos
violentos de una manera pacífica, en donde se hable de la importancia de evitar la violencia, utilizando
los datos sobre los homicidios para convencer a los padres de la importancia de llegar a su casa ya que
hay alguien que los espera, de no utilizar el tabaco por que hay alguien que para él, es importante que no
lo consuma.
Es necesario convencer al sistema de educación de incluir en el programa obligatorio, acciones sobre la
importancia de la prevención, es decir, sobre la importancia de evitar la violencia, la explotación del
género femenino, el consumo de alcohol y drogas, entre otros.
En muchos países, han aplicado dentro del sistema de educación básica programas de prevención, como
los ya expuestos, y han resultado exitosos. Por lo tanto, en México falta implementar y verificar con tres
o cuatro años si estos tipos de programas son exitosos para el país.
En la lista de ámbitos de prevención existe la educación, la salud, el trabajo, el desarrollo social, pero
falta incluir los niveles en donde se van aplicar, es decir no nada mas a nivel federal, sino a nivel local,
esto es, en los municipios, en las vecindades o en los barrios o pueblos. Es claro que en muchos otros
países, como Bogotá, cuando hay una acción local, la movilización de la población y la coordinación
entre las autoridades, generan una disminución de la violencia,
Ciudadana Silvia Quintanar.
Vengo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Nada más para completar lo que mencionó Félix
Ochoa. Se está trabajando dentro de los programas de prevención dirigido a la juventud, lo que es
prevención del delito cibernético, aquí iniciamos con una dignificación del policía.
En general, en todos nuestros proyectos y trabajos, se esta involucrando directamente a la policía
municipal y estatal. Los programas que se implementan en la comunidad y en las colonias se fomentan
la cultura, la prevención de la legalidad y sobre todo de la denuncia.
Así mismo, se está trabajando con la capacitación de policía de proximidad, se dio el primer programa
en la Academia Nacional de Seguridad Pública, con policía de proximidad, donde se tocó, atención a
víctimas, sobre todo de violencia familiar, la intervención de la policía con perspectiva de género, el
acercamiento del policía directamente con la comunidad; se buscó con ello, recuperar esa confianza que
se debía de tener con la policía y ese respeto que mencionaban generando, sobre todo, una comunidad
segura, tomando como factor principal de prevención y de protección a la familia.
Ciudadano Carlos Cruz Santiago.
Integrante de la organización civil, Cause Ciudadano. ¿Desde dónde estamos abordando en ese instante?
Un poco lo que presentamos por la mañana es un pedacito de lo que hacemos en red, pero tenemos otras
siete áreas un poco más definidas.
Una de las áreas tiene que ver, con todo el trabajo con bandas y con pandillas, que permite establecer
mecanismos de intervención socioeducativa para dotarlas de capacidades psicosociales. Otra área, tiene
que ver con el protagonismo social comunitario, que implica mejorar la calidad de vida en el entorno
social, mediante la reconstrucción del tejido social directamente en las comunidades, esto nos parece que
es muy importante desde la perspectiva del uso y goce del espacio público, desde la promoción de
protagonismo juvenil y de la formación de actores sociales jóvenes.
Algo que nos parece que es muy importante en los espacios públicos, es la articulación comunitaria para
la construcción de paz. Otras de las cosas que estamos haciendo, es la formación de promotores de
derechos humanos, desde la perspectiva juvenil, nos parece que siempre se visualizan a los jóvenes
como objetos de atención y no como sujetos de derecho. Entonces en la medida en que se puedan ir
fomentado los derechos de estos jóvenes, hay posibilidades de participar con mayor apertura. Un
ejemplo de esto es lo que estamos haciendo antes en la zona norte de la Ciudad, pero con mucha más
fuerza a partir de los hechos lamentables de la discoteca en la que por un operativo mal elaborado, mal
intencionado, resultaron muertos nueve jóvenes y tres policías.
Nos parece que es muy interesante, como hoy los jóvenes pueden empezar a llevar un diagnóstico, cómo
estamos trabajando con la utilidad delegacional y con los funcionarios públicos para que puedan
transformar la mirada y la atención que tienen con relación a los jóvenes.
Dentro de este mismo programa, existe la formación de capital social hacia dentro de las propias
instancias de seguridad pública y las instancias de trabajo con juventud. En el caso concreto de la Ciudad
de México, si bien contamos con instituto de la juventud, tienen pocas herramientas para poder hacer
intervención comunitaria. Lo que estamos haciendo es capacitar a esta gente en un diplomado que se
llama Derechos humanos, juventud y actuaría social juvenil.
Una de las intervenciones que iniciamos ya desde hace tres años es un modelo que se llama capaz, es el
desarrollo de habilidades para la vida en adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, principalmente
para la salud sexual, reproductiva y la equidad de género, es decir, la prevención de la violencia en el
noviazgo.
El año pasado tuvimos una participación de casi cinco mil jóvenes en esta iniciativa, nos parece
interesante el número, pero también nos parecen interesantes los mecanismos de evaluación, porque
justamente una de las cosas que más encontramos con los jóvenes, es que la equidad, ellos no la miran
como un ejercicio solamente de respeto entre hombres y mujeres, sino que la elevan, los lleva justamente
a que la equidad tiene que ver con la capacidad que tienen los estados o el estado de generar las
condiciones de vida en materia de justicia y en materia educativa. Nos pareció sorprendente que hubiera
jóvenes que plantearan eso en el ejercicio de trabajo.
También se están dando prácticas culturales para la atención, la cultura es muy importante para las y los
jóvenes, es un vehículo. Curiosamente, por ejemplo, yo respeto mucho el trabajo que se hace en El Faro
de Oriente, en la Ciudad de México, sin embargo, cuando salimos del Faro de Oriente, sigue habiendo
delitos alrededor de las colonias del Faro de Oriente. Entonces lo que está sucediendo es que el Faro de
Oriente no está saliendo a la calle, se concentra hacia adentro del propio centro y no hay un mecanismo.
Pongo ese ejemplo, pero igual puedo poner un ejemplo en el norte de la ciudad de Monterrey, donde
igual existen ese tipo de casas de cultura, pero sigue habiendo delitos en la calle. Es decir, que se
concentra la actividad sólo como actividad cultural y no como un espacio formativo que desarrolle
verdaderamente a los jóvenes.
Por último, me parece que es importante decir, que desde hace tres años venimos haciendo la escuela
Latinoamericana para la Actuaría Social Juvenil, donde estamos trabajando con jóvenes en riesgo de
siete países, lo que se está generando son justamente actores jóvenes, actores sociales jóvenes y
movimiento juvenil. Nos parece que en los últimos años, la única opción de participación, para las y los
jóvenes, era el ámbito político, los partidos políticos y las universidades, dista mucho que desear de los
valores que debería tener hoy un líder ante la adversidad social que se está presentando cotidianamente.
Entonces esas son algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo, indagando como una cosa nueva,
no hemos encontrado quién lo esté haciendo en serio, nos parece interesante todo el tema de nutrición, se
habla mucho de desórdenes alimenticios, son alimentarios realmente, pero pocas intervenciones de
campo que generen fortalezas a las y los jóvenes para enfrentar los desafíos que está poniendo el
mercado, sobre todo la publicidad nociva en televisión.
Todas estas intervenciones tienen una columna vertebral, que es el desarrollo de habilidades para la vida,
no podemos entender el desarrollo de las y los jóvenes sino generan competencias psicosociales que les
fortalezcan sus factores protectores a los que están en riesgo, por un lado, y que generen residencia, que
es la capacidad ante la adversidad, por parte de los jóvenes que han tenido daño en su proceso de vida.
Ciudadano Raúl Ramírez Cortés.
Les quiero informar que el director de universidades y tecnológicos del Estado de México generó una
instrucción para crear el diplomado a los policías en capacitación, lo estamos haciendo, ya lleva dos
periodos, en la Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl, da cursos de capacitación a policías para
que sean mejores. Este programa se va a ampliar, para septiembre se piensa actualizar la licenciatura
policial que fracasó en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
El otro es el Instituto Nacional de Psiquiatría, que considera todas las adicciones como una enfermedad,
pero no nada más se atiende al adicto, sino también se dan pláticas a su familia. He tomado dos cursos, y
lo que decía anteriormente es cierto, el adicto no es un delincuente, se hizo un enfermo, también lo decía
el señor Carlos Cruz, en la mañana, que es una enfermedad, pero no nada más enfermo es el alcohólico,
sino también enferma a la familia, deben tener pláticas y capacitación, el acercamiento.
Eso fracasó porque el Instituto Nacional de Psiquiatría nos certificó, hace dos años para dar esas pláticas
de divulgación en los centros de trabajo y en las familias, pero fracasó porque una cosa es el Instituto de
Psiquiatría, y quien lo tenían eran los centros de trabajo, los centros de trabajo estaban ya bloqueados e
infectados por la drogadicción que imperaba por cuestiones de seguridad, en empresas grandes, no les
puedo mencionar, pero hay una estadística muy grande.
¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Trabajé para la PGR en 1993, fui supervisor de bienes
asegurados, se me quedo muy claramente, lo que decía el artículo 222 del Código Penal, la juez no me
dejará mentir. El 222 del Código Penal dice que tanto es corrupto el que ofrece, como el que recibe.
Quiere decir con esto, que el que tiene la capacidad potencial y económica es el que envuelve al policía
para que sea corrupto; defiendo al policía, es mentira que los ministerios públicos no están actualizados,
reprobaron. No es cierto, hasta el polígrafo se capacita para hacerte fallar, se dice que es lo que
resultados pretendes y esos resultados te dan. Es igual que las encuestas, quien paga la encuesta es
favorable para el que paga la encuesta.
Por eso se acabó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, porque los mejores estadistas los tenía
el IFE, es imposible, para eso también hay que ver que se han abortado por las Legislaturas porque los
dejan, terminan, no concluyen, como decía el Doctor Irvin Waller, no hay continuidad de programas, de
proyectos a 10 años, a cinco años, a 20 años, ¿por qué? Porque nada más termina su Legislatura y ya se
abortó, quién le va a dar continuidad. A mí sí me gustaría que aquí se diera una continuidad a eso.
Para finalizar, que hubiera programas ocupacionales para la juventud y buscar la reacomodación y la
rehabilitación de cualquier tipo de delincuencia o presunta delincuencia. Yo recuperé del sistema de
seguridad de la PJ y de la PGR, recomendaciones actualizadas contra el robo de autos, robo a
transeúntes, de secuestro, todo eso, son recomendaciones actualizadas nada más, para que lo ponga a su
disposición.
Ciudadano Adolfo Miranda.
Propuestas concretas.
Uno. Lo que decía nuestro amigo actuario, es perfectamente claro, fue una batalla que perdimos, el
principio de transparencia no está en la Constitución, no porque no la hayamos peleado, sino porque
hubo resistencia, entonces una tarea pendiente es, tenemos que pelear que el principio constitucional de
máxima publicidad que está en el artículo sexto, no sea burlado en los sistemas de seguridad, está en la
Constitución y nosotros lo que tenemos que hacer es pelear una vez y volver a pelear, volver a pelear.
Cada vez que se solicite información el IFAI la niega, la PGR es la instancia que menos información
entrega y la más opaca, la menos transparente. No nos queda más que insistir que aunque se acabe de
aprobar la ley, tenemos que presentar un proyecto para reformar esa ley para incluir una cosa que no
logramos incluir en su momento, en el debate, que era el principio de máxima publicidad y los criterios
de transparencia. Esa es una tarea que queda del lado del Legislativo, es una tarea que tenemos que hacer
desde el lado de la sociedad también, porque a final de cuentas ese es el sentido de reunirnos y platicar,
es ¿qué podemos hacer como sociedad para empujar la política de prevención y para modificar y
cambiar el modelo policial vigente? el modelo policial actual no funciona y queremos cambiarlo por un
nuevo. Entonces una cosa concreta es que necesitamos información para poder trabajar.
Segundo. En el asunto del dinero, no resistí la tentación de dar el siguiente dato, más o menos el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el año pasado traía 28 mil millones, yo calculo que este año va a cerrar
arriba de 32 mil millones de pesos. Si lográramos y nos fijáramos como meta, yo creo que tenemos que
fijarnos una meta común como sociedad, peleemos el uno por ciento, el uno por ciento son para México,
300 millones de pesos. Durante muchos años peleamos porque se estableciera un porcentaje para
educación, un porcentaje para investigación, ahora nuestra tarea es pelear, yo quiero llegar al 10 por
ciento, pero empecemos por el uno, fijémonos como meta que desde donde estemos, fijémonos como
meta ganar ese uno por ciento, son 300 millones de pesos.
Me imagino si los programas de visitas a las escuelas, conozco el trabajo que se ha hecho en algunos
estados, es artesanal, es milagroso. Los compañeros que habían sido funcionarios en esas áreas de
prevención del delito, tienen que andar consiguiendo que les den dinero para hacer unos cuantos
programas, si tuvieran 300 millones, se tendría un impacto mejor.
Entonces quiero que nos fijemos esa meta como sociedad, para esa obtención de recursos, fijémonos
como meta cambiar los indicadores de los programas de prevención. Algunos de ustedes lo saben, me
toco participar en el presupuesto de este año y los últimos dos. Los indicadores de prevención son muy
malos, dicen: “Meta programada contra meta realizada, es decir es un indicador administrativo”, la
tarea es que nuestros indicadores permitan demostrar que los programas de prevención son más
eficientes, tienen mejor costo, relación costo beneficio.
Me gustaría que cambiaran los indicadores de muchas otras cosas, pero por lo menos cambiemos los
nuestros, hay que fijar como meta, tomando los ejemplos del método que propone el Doctor Irvin
Waller, tener indicadores que nos digan, en esta escuela trabajamos con prevención y en esta escuela no,
en esta escuela los niños terminaron en el juzgado cívico y en esta escuela se redujo la mitad.
Eso es lo que nos permite pelear dinero, pero eso no podemos hacerlo sino tenemos indicadores de
calidad, indicadores de impacto, de que se logró con el aumento del presupuesto y que no, solamente lo
que se establece es el número de visitas que se aumentaron, o el numero de folletos que se imprimieron,
o la cantidad de propaganda que repartiste, así se están construyendo los indicadores.
Entonces digo, podemos fijarnos un horizonte de que los 30 programas que se tiene identificados, que
existe en la federación, y que tienen que ver con prevención del delito, los cuales deben tener
indicadores de calidad, fijémonos eso como meta, para que dentro de un año en el próximo presupuesto
podamos pelear con eficiencia, dinero para esas áreas y podamos demostrar estadísticamente a largo de
tres, cuatro, cinco años, que ese es un dinero mejor invertido, porque fue un dinero que bajo y que
capacito educadores de calles e hizo cosas útiles y no “compro balas”. Entonces, esas son las cosas que
en concreto tendríamos que ir empujando asumiendo.
Tenemos una limitante mayor que es un poco lo que explicaba, el Doctor Buscaglia por la mañana, y esa
es una tarea que nos rebasa en la Cámara de Diputados, que es el asunto de la corrupción policial. Sí
tenemos autoridades policiales y de seguridad de las cuales sospechamos con muchos elementos de que
trabajan para el cartel es muy difícil convencerlos de que ayuden en la prevención del delito.
Una de las primeras cosas que hay que hacer es empezar por barrer la escalera de arriba para abajo y esa
es una tarea que creo que muchos estamos comprometidos, algunos están en gobierno, otros no están en
gobierno, otros están en partidos, otros son sociedad civil. Tenemos que insistir que no puede avanzarse
mucho en la renovación de la seguridad, si el aparato de seguridad esta infiltrado. Entonces, esos son
temas, tareas que pudieran anexarse en la lista.
Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago.
Hay una parte que tiene que ver con la reconstrucción de tejido social y aunque sé que hay una serie de
elementos que hay que utilizar para esto, me parece que hay que colocarlo como una parte de los temas
como objetivo. Si no, también pareciera que nada más estamos haciendo acciones pero cual es el
objetivo que queremos establecer.
El otro asunto es, las políticas públicas que hoy se realizan por ejemplo, a nivel de educación, desarrollo
social, pero sobre todo desarrollo social y de salud son más políticas publicas que no son para la
construcción de capital humano, son políticas asistenciales, es decir, son inmediatas, son para cubrir una
necesidad inmediata y tiene muchos recursos; esto que tú planteas de cómo vas ponderando a la
población que significa construir capital humano, generalmente cuando es una política asistencial
meramente te da para dar, por ejemplo a las mujeres, se les dice: “hay recursos para mujeres madres
solteras y/o jóvenes embarazadas”, les dan para que sigan estudiando.
Supuestamente las acompañan con un programa, pero cuando revisas el programa vemos que están
ligadas a la religión, dependiendo del partido además, porque si son del PAN, están ligados a la religión,
al tema de no abortar, de como tienen que cuidar al niño y nada más. No hay tampoco un asunto de
cómo sacar a las y los jóvenes de todos los procesos que hoy están viviendo. Es verdad que esta el
asunto de la pobreza y no en balde estamos hablando, no dejamos del lado del cuello blanco y demás.
Estamos hablando de cómo hacemos una política, masivamente, te pueda captar y cortar sobre todo a la
población mayoritaria que están en la pobreza y que son los más vulnerables, el asunto del cuello blanco
tiene que ver con la impunidad, no con el asunto de cómo planteamos políticas públicas para esto.
Por ejemplo, ahorita que decían cuantos recursos repartimos, nosotros por ejemplo, en el asunto de
evaluación y observatorios metimos: un observatorio de violencia, otorgando 10 millones de pesos, un
millón por estado para que se hiciera un punto focal en cada uno de ellos a través de Desarrollo Social,
que finalmente quedo en la Secretaria de Salud, y ellas son las que van a ver este observatorio. Por otro
lado, sé pusó otro observatorio en la Secretaría de Seguridad Pública para que revisaran y dieran
seguimiento a las políticas públicas y todo lo que habíamos etiquetado para los programas de mujeres,
cinco programas, los más grandes, Otro observatorio, es el proyecto que se tiene en la cámara, a través
de la comisión de Feminicidios, que es revisar expedientes hacer evaluación con visiones públicas y
magistrados que son tres millones de pesos. Son 23 millones, no hay más.
No se están colocando esos recursos y, la sociedad civil que es a la que le corresponde, tampoco viene a
demandar al Congreso que haya recursos para hacer seguimiento y evaluación de la política pública y de
cómo se aplican los presupuestos, ese es el otro asunto, la sociedad civil hoy esta interviniendo más en el
rescate directo del daño que en un asunto de evaluación y de monitoreo de lo que hacen los funcionarios
públicos. Eso es lo que esta pasando en México, son pocas las organizaciones civiles que realmente dan
seguimiento a este tipo de asuntos de evaluación y como tampoco son asuntos de evaluación, pierdes
una legislación como la que decía hace rato el actuario en el asunto de la transparencia y el acceso a la
información, porque no tienen una masa critica que realmente te permita construir hacia allá.
Entonces, cuando te sientas para hacer la Ley del Sistemas de Seguridad Pública, pues somos tres locas
las que estamos ahí, peleándonos con los otros diputados que es importante que pongan un artículo que
diga, si va a ver una unidad de participación ciudadana, tiene que ver en la ley algo que les diga, tienen
la obligación de bajar la información a esta unidad de participación ciudadana, porque si no para que la
pone. Por ejemplo.
Entonces, ése es el caminito y en cada una de ellas podemos encontrar lo mismo, en educación lo
mismo, no hay ingreso para los jóvenes a la escuela, cada vez que se inscriben o son rechazados hay un
movimiento que se hace, desaparece, no pasa nada.
Hay una demanda, pero al mismo tiempo se canaliza a los jóvenes a una serie de trabajos totalmente
mermados de derechos laborales, igual a las mujeres, pero otra vez no hay masa critica, no hay
organizaciones que se pongan al asunto de hacer una contrapartida ante los gobiernos para todo este
asunto y tampoco al Congreso, entonces es muy complicado si no tienes una masa critica.
Por último, el asunto que dice Adolfo, de la no confianza entre los gobernados y los que nos gobiernan.
Esto es fundamental, no existe para nada, como tu ves se sentaron los funcionarios en un lado, en otro la
sociedad civil y de este lado los compañeros que vienen de universidades; así lo hemos trabajado, al
igual que los feminicidios, así de complicado es reunir a las autoridades, incluso que las autoridades les
entregan la información a la sociedad civil, y aunque sea el Congreso quien intervenga y, sea un asunto
de investigación para el Congreso, no dan la información, porque esta parte de la desconfianza sigue
prevaleciendo y más bien es una parte del camino que habría que ir viendo, cómo vamos construyendo
para implementar todo esto, porque en la primera etapa yo estoy segura que va a ser muy complicado
que yo pueda sentar a los compañeros de Cauce Ciudadano con la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal. Entonces sí ir tendiendo puentes, pero poco a poco, donde se vayan construyendo este
tipo de corresponsabilidades de cada uno de ellos.
Ciudadana Ibet Estrada.
Trabajo como secretaría técnica en la oficina de la diputada Claudia Cruz. Nada más respecto de la
información resguardada por el Centro Nacional de Información, en relación al artículo 133, lo único
que se pudo lograr para que se estableciera, en los términos en los que señala la Constitución, como un
derecho de la ciudadanía, el poder evaluar las políticas públicas en materia de prevención y las
instituciones de seguridad pública”, fue la obligación de esté Centro para “proporcionar la información
necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana”, pero
después nos metieron la cláusula de “no se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la
seguridad pública o personal”, entonces esto quiere decir que la autoridad va a dar la información a la
sociedad civil, que considere que deba tener la sociedad civil, de discrecionalidad.
Incluso la propuesta que hicimos contenía una parte de corresponsabilidad de la sociedad civil, y que
tenían que ofrecer garantía de resguardo de la información y de no distribución pública, cuando así se
estableciera con la autoridad, e incluso se le daba a la autoridad la facultad de establecer cuáles eran los
criterios de confidencialidad que debería respetar la sociedad civil, pero evidentemente eso no se
consiguió.
Doctor Irvin Waller.
En relación al negocio del presupuesto es esencial adopta estrategias como la establecida por Blair, que
fue un combinación de represión con prevención. Es decir, evitar que haya confrontaciones entre la
represión con la prevención.
En relación al desarrollo social y prevención social, las políticas de educación, salud, empleo, en general
todas las políticas pueden disminuir la violencia, pero estas políticas deberán seguir una misión mucho
más amplia que la prevención de violencia.
El Consejo Nacional de Prevención del Delito, debe realizar políticas para mejorar la educación y con
ello habría menos violencia, dándole mayor importancia al nivel de secundaria, focalizando políticas
sobre las situaciones de riesgo en ese nivel. Esto es muy importante porque costearía mucho menos.
Sobre el asunto del aumento de los recursos en materia de prevención, es decir, 2%, 10%, la importancia
es observar los datos que se tengan sobre el sistema costo-eficaz, en este momento existe en otros países
sobre los programas diferentes y eficaces, por lo que podemos subrayar los datos eficaces que se tengan.
Entonces sería importante que el Consejo Nacional tenga la capacidad de analizar los programas que
sean menos costos pero con mayor eficacia y utilizar los argumentos de los activistas de la prevención y
sobre el conocimiento internacional.
Es claro que falta invertir, en la prevención eficaz, para que exista una disminución en la violencia, falta
negociar ese 1% para el primer año, es un compromiso, pero falta hacer los argumentos necesarios para
que exista una inversión en un tiempo mayor.
Falta negociar la posición de fuerza y evitar a través de una política maestra la disminución los costos
del sistema penal, es decir, limitar el número de personas en las cárceles, no sé si es posible en México
pero puede ser un argumento. En Canadá, en un lapso de 10 años se recorto el 20 % de todas las camas
en los hospitales, sí fue posible recortar el número de camas en los hospitales, ¿porque no? disminuir la
población en las cárceles, con el argumento de prioridades, es decir, ingresar a dichos centros de
rehabilitación a los hombres más peligrosos.
Un aspecto importante y que no se ha mencionado, para que el sea eficaz el Centro Nacional o el
Consejo Nacional debe estar fuera del gobierno; en Canadá, el Instituto es un centro independiente, pero
hay colaboración con todos los municipios y provincias más importantes para las políticas de
prevención.
Doctor Edgardo Buscaglia.
Lo que normalmente hacemos con el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión y con otras autoridades
mexicanas, es que una vez que ustedes escuchan los insumos que pueden llegar a aportar el doctor
Waller y un servidor; una vez que ustedes tienen los insumos, ustedes, en el proceso de discusión que
están generando, fabriquen una matriz de reformas.
La matriz de reformas esta integrado por: insumos, acciones, objetivos. Esa matriz de reformas es un
mandato que el Congreso recibe como producto de discusiones, que surgen en este seminario. De esa
matriz van a surgir las acciones, en donde el Poder Legislativo va a tener un liderazgo en proponerla
formalmente ante las demás autoridades. Por lo tanto, esa matriz es muy importante, porque es de donde
se van a agarrar las autoridades legislativas para proponer, no solamente leyes, sino para proponerles
iniciativas a otros órganos del Estado.
Entonces es muy importante que se focalicen las propuestas en esa matriz, si sé proponen acciones, sería
muy bueno que surgieran también con qué insumos llevamos adelante la acción, es decir, para llevar
adelante la acción necesitamos una ley , es decir, necesitamos un gabinete político para llevar adelante la
acción. Se necesitan insumos, los insumos somos nosotros: dinero, personas, edificios.
Entonces si tienen alguna sugerencia que hacerle al Poder Legislativo, por favor, focalicen. Y si tienen
en cuenta los objetivos de la acción, es aún mejor, porque la acción se justifica con un objetivo que
ustedes tengan en mente. El objetivo de la acción, es lo que quiere que la acción tenga como impacto,
como objetivo, al fin y al cabo.
Es muy importante hacer mención que los factores de riesgo, señalados por el doctor Irvin Waller, que
explican el aumento de la delincuencia común y organizada, que abarcan lo sectores de salud, educación,
adicción, etc. Por cada uno de esos factores de riesgo hay una acción, por lo menos una acción en cada
uno, en salud hay una acción, en educación hay una acción que ustedes podrían debatir y definir. En la
medida que se definan la acción, en salud, en desarrollo social, educación y luego se pregunten ¿quiénes
la deben de implementar?, ahí entraría el gabinete político y el gabinete técnico abajo, eso sería una
enorme contribución de este panel, porque de alguna manera el poder legislativo tendría ya un consenso
por parte de todas las instituciones presentes para poder avanzar.
Simplemente piensen en los factores que van más allá de la policía, del ejército, de los fiscales, todo eso
es represivo; lo preventivo, factores de riesgo que el Estado mexicano no ha estado focalizando para
poder sugerir acciones específicas.
Por ejemplo, en este momento no existe un gabinete técnico que esté relacionando el factor salud,
educación, violencia intrafamiliar, disfuncionalidad intrafamiliar. No hay una relación, no se han hecho
trabajos en donde se traduzcan esas relaciones que existen en el medio ambiente de los jóvenes en una
política pública.
¿Qué propondrían para poder de alguna manera trabajar en eso?, bueno, en Canadá, en Inglaterra y en
Colombia en menor medida, tienen todo un ejército (utilizando la palabra ejército no en un sentido
represivo, sino preventivo) de consejeros sociales, de expertas que están continuamente trabajando en
focos rojos donde existen familias en estado de disfuncionalidad donde la pobreza, la adicción, la
violencia intrafamiliar, se fusionan en unas zonas de focos rojos. Pero primero, tiene que haber un
mapeo de esas zonas para que el Estado pueda focalizarse en él, tiene que haber una coordinación entre
políticas federales, estatales y municipales para poder hacer lo anterior.
Vayamos pensando en acciones de este tipo para que podamos focalizarnos, luego en qué insumos
necesitamos y aquí el Congreso tiene un gran rol y así avancemos hacia la implementación a través de
proyectos diferentes.
El señor Carlos Cruz, de Cauce Ciudadano, ha tenido iniciativas muy buenas que sería bueno comentar
como ejemplos en la promoción de alternativas de vida para las y los jóvenes. Aquí tenemos ejemplos
prácticos del DF, no importados de Canadá, que están haciendo en Cauce Ciudadano, que puede llegar a
darles un ejemplo, debe haber más, obviamente ustedes pueden darlos, pero sería bueno que los colegas
compartan ejemplos en donde se les entrena a los jóvenes a hacer playeras, se les enseña a las jóvenes
habilidades de vida.
Entonces con acciones concretas que puedan surgir de México, inclusive ya se está haciendo, pero el
problema es que en Cauce Ciudadano trabajan sin apoyo oficial. No tienen un apoyo ni financiero ni
logístico del Estado Federal o Municipal. Es ahí donde viene un poco el rol del Estado. Por supuesto,
ustedes pueden comentar todo eso bien concreto, bien operativo. Sería muy bueno si pueden empezar a
hacer esa difusión.
Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago.
Una parte sustancial que tiene que ver con la prevención del delito, no tiene que ver con las policías,
sino con el sistema administrativo, con la colaboración de un gabinete político con un gabinete técnico
sustancial en donde se pueda realizar acciones de prevención del delito. Pero fundamentalmente los que
forman esta columna vertebral son los sectores administrativos, de educación, de trabajo, sector salud,
desarrollo social. Además, para llevar acabo las acciones, los sectores se tiene que apoyar en los
instrumentos como las leyes, los presupuestos, y todo lo que tiene que contener para que se puedan
llevar a cabo estas acciones, conformándose así cambios estructurales dentro de nuestro sistema para
poder entender entonces lo que es la prevención del delito.
Doctor Irvin Waller.
Para mí las recomendaciones específicas deben darse en tres capítulos.
Uno, sobre el desafío. El desafío es en relación al número de las víctimas, de los diferentes tipos penales,
como son actos sexuales, robos, homicidios, etcétera y las tendencias en éstas, porque creo que en
México hay tendencias para aumentar las tasas de victimización, pero no es solamente un asunto de
desafío el aumento o disminución de víctimas, es también un desafío los gastos invertidos en la
represión que va a aumentar mucho en los próximos años, sin cambiar el paradigma.
Si México continúa sobre su camino actual, la reacción del Estado frente a la violencia, sería una
amenaza a la democracia. Es claro que en otros países, como en América Latina o en África, cuando hay
un aumento de la violencia, el estado, impone una acción de represión sobre todo si se involucra al
Ejército, por lo que con ello, pone en peligro la democracia.
Un capítulo segundo es la gobernancia. Cómo implementarla de manera practica en el Consejo Nacional
de Prevención del Delito y su acción de como promoverla en los consejos estatales y municipales de
prevención del delito. Aquí es importante hablar de un diagnóstico, de un plan de movilización de la
gente, de un presupuesto, de cómo promover los datos, de la información y cómo involucrar al público
en esto.
El capítulo número tres son las acciones concretas de los programas que se pueden implementar, por
ejemplo, de los programas en las escuelas para promover la cultura de seguridad pública, para reducir la
violencia, para resolver los conflictos violentos entre hombres y mujeres, limitar la demanda de las
adolescentes en el consumo de la droga, para la focalización de los jóvenes excluidos, trabajar con los
jóvenes que abandonan la escuela, que son muy conocidos y eficaces en otros países y todas aquellas
acciones que en poco tiempo dan los resultados en la disminución de violencia.
Un ejemplo de lo anterior, es en Bogota y en el Centro de Boston. En Bogotá a través de acciones
concretas, fue posible disminuir los casos de homicidios hasta por un 50% en 10 años; en Boston hubo
una combinación de la policía sagaz, que participa en los programas sociales para ayudar a los jóvenes
excluidos y para la movilización del público. ¿Por que no?, si fue posible en otros países, por que no en
el Distrito Federal, en Guadalajara, en Monterrey. Entonces, son algunos ejemplos importantes que se
pueden agregar a la lista, de todas formas la lista debe ser evaluada sobre la eficacia que han tenido en
otros países y la probabilidad de ser estos programas eficaces en México, ya que la experiencia que he
obtenido al conocer otros países de América Latina o en otras partes del mundo, me hace señalar que es
importante la existencia de una evaluación externa de los resultados de la aplicación de los programas
implementados.
Retomando, el desafío de la reducción de las tasas de victimas y de la utilización de los impuestos de los
ciudadanos de una manera más eficaz, es decir, es una consideración de costo-beneficio, por que cuando
hay una inversión, por ejemplo en la vida de un joven, cambia su probabilidad de ser victimario,
cambiando su futuro como padre o como empleado.
En Estados Unidos, desde 1982 hasta 2003, hay un aumento en los gastos para la policía, para las
cárceles y para el sistema de cortes y tribunales. Este sistema va hacia la bancarrota, porque cuando un
gobierno gasta de más, limita su posibilidad de invertir en educación, en salud, en los programas de
prevención. Es por ello que actualmente el gobierno de Estados Unidos ha empezado a sacar a los presos
de las cárceles, porque no hay dinero para pagarle a la gente que trabaja en las cárceles o para invertir en
escuelas, o en otras cosas. Cuidado, México esta expuesto a una tendencia equivalente, una vez que la
maquinaria empieza funcionar en el aumento de los recursos, para las cortes, para las cárceles, continúa
en el futuro y es muy difícil evitarlo.
Por otro lado, la política de solo represión no impacta en las tendencias de las tasas de victimización. Un
ejemplo de ello, son las tasas comparativas de los delitos de homicidio en los Estados Unidos y Canadá,
en los años del 1961 a 1997; estos países impusieron la pena de muerte para castigar estos delitos, sin
haber una disminución en las tasas, con la sola excepción de que en Estados Unidos es más alta la
incidencia que en Canadá.
2Waller 2006
Índice de homicidios por cada 100,000 habitantes en Canadáy Estados Unidos, con el cambio del año de la pena de muerte en 1976
Fuente: BJS. Tasas de Homicidio de estadísticas mortales; estadísticas de Canadá; estadísticas de Homicidio
La pregunta importante es cuáles son las explicaciones de estas tendencias. No son los gastos sobre la
policía, sobre los tribunales ni sobre las cárceles. Sino factores como la edad en la población, cuando hay
mucho más hombres jóvenes hay más violencia; el desempleo, sobre todo para los hombres jóvenes
quines cometen muchos más delitos contra la propiedad y con más violencia; la utilización o consumo
del alcohol, etc.
En relación a la utilización de las cárceles hay una influencia por parte de Estados Unidos, porque hay
un gran número de personas en las cárceles. La tasa de México es más o menos 200 por 100 mil; en
Estados Unidos es 700 por 100 mil, una diferencia enorme. En Canadá es 100 por 100 mil, en Europa es
de 100 por 100 mil y en China es 100 por 100 mil. México no es un desastre como Estados Unidos, pero
va en camino hacia un desastre similar al de Estados Unidos. El número de policías no marca influencia
sobre las tasas.
Un ejemplo de programa de prevención que puede ser utilizado en México para evitar las cárceles, es el
establecido en Boston, un programa que no necesita un aumento de recursos. Se tomó las acciones de
emplear a la policía mejor, de movilizar a los ciudadanos, a las madres sobre todo, ampliación en los
programas para los jóvenes, acciones de cambios en las escuelas, en donde se incluya la cultura de
violencia, trabajar con los jóvenes que abandonaron las escuelas y las actitudes de los jóvenes frente al
sistema penal; son acciones de programas de inclusión de los jóvenes, que puede ser eficaz, sin mucha
inversión y pueden dar resultados a corto plazo.
El parlamento de Washington, al noroeste de Estados Unidos, tiene una oficina para evaluar la eficacia
de los programas, los costos invertidos y la eficacia obtenida en dichos programas.
Oferta y demanda de prisioneros adultos en Washington 2008-2030Predicción actual y el efecto alternativo de la evidencia basada en
documentación
Inst. de Políticas del Edo. De Washington Proyección de inversiones en programas
probados para adultos jóvenes y menores (NB no otherprevention)
Esta grafica demuestras los resultados a futuro de una inversión en la política de Washington, donde se
señala los costos de las cárceles en una política basada en programas de prevención que continuará hasta
el 2030,
La importancia para México es saber controlar los gastos tanto para la policía como para las cárceles, en
visión de algunos años, más o menos de diez años, para poder aprovechar la inversión de la prevención.
Esto es solamente el asunto de gastos sobre el sistema penal, claro que, sí hay una inversión en los
programas eficaces como en Bogotá, en los programas preventivos de inserción de los jóvenes, en cuatro
o cinco años, será posible demostrar en México las disminuciones importantes.
La propuesta 36 en California, establecida en mi libro de menos represión, más seguridad, es
exactamente la misma aplicación para este país, es decir, un conocimiento para evitar los gastos, evitar
la construcción de cárceles, como se hizo en California.
7www.prevention-crime.ca
Control de escenarios de Crimen (Netherlands -países bajos)
Proceso de cambios registrado de acuerdo a cuatro escenarios: Escenario Referente: cambios independientes de la Política de Intensificación; Escenario de Policía:
Incremento del % de crímenes resueltos; Escenario de Sanciones: incremento en las medidas punitivas; y, Escenario de Prevención: Intensidad de los problemas y agresores
en orientación preventiva.
En esta grafica se demuestra, los gastos que los países bajos pueden alcanzar, si cambia su paradigma
del sistema de represión a un sistema de prevención.
www.prevention-crime.ca
Vista de los módulos del modelo de simulaciónMódulo 1: Legislación y polícias
Módulo 2:Proceso sociodemografíco:
DemografiaEconomicosPoliticas sociales
Módulo 3:Estrategias de prevención:
FederalProvincialMunicipal
Módulo 4:Crimen y
Victimización Grado y Costo
del Crcimen
Violencia
Propiedad
Otro
Módulo 5:Patrullaje
RCMP
Provincial
Municipal
Módulo 6:Cortes y
sentencias
Pruebas
Fines
Ordenes de Servicio Comunitario
Cortes Especializadas
Etc.
Módulo 7:Castigos
CSC
Provincial
8
Esta grafica demuestra un modelo de sistema desarrollado en Canadá, con la idea de mostrar las ventajas
de inversión en prevención, utilizando como instrumentos las leyes, las tendencias sociodemográficas
que puede cambiar los costos en el sistema.
Mí sugerencia, es hacer el régimen de acciones en tres capítulos: un capitulo sobre el desafío, un
capitulo sobre la gobernancia y un capitulo sobre las acciones, estas deben ser concretas, en un periodo
de 2 o 3 años, con una inversión sobre 10 años. El argumento de lo anterior, es que la inversión en
proporción pequeña del gasto en el sistema de represión, no trae resultados positivos, en cambio, una
acción en dinero concreta con desafíos, con gobernabilidad eficaz y con las acciones concretas eficaces,
trae consigo resultados positivos.
Ciudadano Juan Carlos López.
Vengo de Cauce Ciudadano. Ejemplos de programas de prevención en materia de educación, hay un
proyecto en puerta para la reinserción escolar de miembros activos de bandas y pandillas, ya que en
Cauce se dan habilidades para la vida.
Comento mi experiencia. Tengo un proyecto que se llama rapem. Esto nació con Emprendedores
Sociales Ashoka. La idea era generar recursos para hacer un estudio de música. Nosotros hacemos rap.
El colectivo se llama rapem y es estilo mexicano. Tenemos tres años con este proyecto. Tenemos siete
discos, hemos alcanzado algunas entrevistas y hemos beneficiado alrededor de 30 pandilleros activos
que ya no están ahorita activos en violencia.
Se beneficia a las familias de estos mismos estando ya un poco más tranquilas de que no están en las
calles; a los pandilleros se les están dando oficios que puede ser editar música, ser un rapero, enseñarles
a grabar. A la comunidad también se le impacta. Para empezar, ya hay 30 pandilleros violentos menos en
la calle. Se les están dando habilidades para la vida. Muchos de ellos generan sus propios proyectos.
Eso es más o menos lo que estoy haciendo en Cauce de cultura. Por ahí hay más compañeros. También
estamos realizando un diplomado de Derechos Humanos que se llama Derechos humanos, juventud,
desarrollo y actoría social. Esto es en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal; la UACM y el Instituto de la Juventud trabajamos este diplomado con funcionarios públicos,
educadores populares y jóvenes también.
Doctor Irving Waller.
En relación a lo anterior, creo que es un ejemplo importante de un programa mexicano. Es un programa
que, en el conocimiento internacional, hay resultados para mostrar que es eficaz en reducir la violencia.
Es un programa bien entendido que puede ser multiplicado en México y en otros estados. Es un
programa concreto y hay evidencia que ataca un factor de riesgo.
Lo único que Falta en México, es que exista una evaluación en algunos programas, para convencer a los
poderes políticos que deben invertir en el futuro. La evaluación es muy importante. Es la razón del éxito
en Bogotá porque con ello se demuestran resultados. Sí vamos a multiplicar, si ustedes van
multiplicando un programa como éste, lo único que les faltaría las evaluaciones para mostrar su eficacia.
Ciudadana Alma Y. Esqueda García.
Vengo de Cauce Ciudadano. Todas nuestras metodologías de intervención están basadas en habilidades
para la vida. Es una serie de 10 habilidades que buscan detonar en las y los jóvenes un conocimiento de
sí mismo, empatía, comunicación efectiva, relaciones interpersonales, manejo de sentimientos y
emociones, manejo del estrés, entre otras.
Lo hemos combinado con más actividades lúdicas y participativas que tienen que ver con el grafiti, con
la música, con la pintura, con la construcción de zancos, con la elaboración de máscaras, que esa es la
parte interesante. Otra parte interesante del proceso es que se trabaja directamente con jóvenes.
Como verán, Juan Carlos no tiene más de 25, 26 años. En mi caso somos de los más grandes: 26, 27
años los que trabajamos directamente con los chicos. Eso nos da, no nada más una entrada, sino la
confianza de poder trabajar con ellos y ser un referente.
Un ejemplo de las acciones implementadas por Cauce Ciudadano, fue en Querétaro, en donde existía el
problema de grafiti, declarándose en el Bando municipal “prohibido el grafiti”. Entonces, una delegada
quería hacer, un concurso de grafiti, pero era una competencia salvaje. Los chicos se inscriben por el
premio, por ser el mejor, no por trabajar por su comunidad, no por hacer trabajo colectivo. Por lo que se
le propuso y lo que vamos a hacer en futuras fechas, es una galería, un proceso de trabajo en habilidades
para la vida, con jóvenes grafiteros, que de ahí pueda detonar un trabajo colectivo, que resulte en una
galería urbana, que no nada más beneficie a uno o a dos o a tres o a los que resulten ganadores sino que
pueda generar una dinámica distinta al interior de su comunidad y que pueda impactar también a la
misma. Esto es un poco también, a ejemplos de la metodología, de lo que hemos estado realizando en
Cauce Ciudadano.
Ciudadano Giovanni Xochipa Cano.
Vengo también de Cauce Ciudadano, Asociación Civil, soy miembro fundador. Lo que realizo en Cauce
Ciudadano es la vinculación con grupos juveniles.
Escuché que dijeron ¿Cuánto cuesta? el proyecto de rapem. Pues realmente cuesta el esfuerzo de ellos y
nosotros un capital semilla, que les damos 10 mil pesos. Diez mil pesos en estas épocas, no es nada.
Ellos realmente, con esos 10 mil pesos ponen a funcionar su idea, no necesitamos ni 100 mil pesos para
poner un estudio de grabación ni 200 mil pesos, que es lo que cuesta realmente eso, pero con proyectos
que estén bien realizados, bien fundamentados los podemos realizar.
En Monterrey tengo el proyecto de grafitti, desde el 2007 tengo esa galería urbana, con gente del
municipio. Nada más les pedimos un pequeño presupuesto para comprar nosotros las latas, ellos, ahora
sí que proporcionaron el espacio, nosotros gestionamos el espacio, que es un canal de desagüe.
Entonces, ahí es perfecto para poner la galería urbana. La galería urbana ahorita tiene dos años y se ha
ido, renovando con ellos. Nosotros llegamos, les dejamos la semilla, para que ellos tengan la inquietud
de realizar actividades y el acuerdo, con la CRIU, fue de ya no grafitear toda la comunidad sino de
realizar ahora sus pintas cada dos meses, cada tres meses en el canal.
Entonces, ellos los van renovando, ellos mismos son los que ahora se han estado organizando y aparte
hacemos acción comunitaria, desde la parte de donde empieza la colonia y más para allá que ya no hay
casas, hicimos la acción comunitaria, que es la limpia del canal, sacar la basura. Lo único que llevó el
municipio y que le costó fue llevar la camioneta para nosotros sacar la basura de ahí, del canal.
Es lo que estamos haciendo como rescate, recuperación, habilitación de espacios públicos. Todo esto lo
hacemos a través de lo ya mencionado, lo que es nuestra columna vertebral de Cauce Ciudadano, que
son las habilidades para la vida. Y sabemos, que todos estos jóvenes tiene alguna otra actividad en la
que ellos pueden estar activos.
Ciudadano Adolfo Miranda.
Tenemos una deficiencia macro para este análisis de salud, de educación, violencia, desintegración
familiar. Mi impresión es que el espacio privilegiado es el nivel de las alcaldías, el nivel de los
municipios. No veo un modelo de análisis y de valoración de este conjunto de problemas a nivel
municipal y yo siento que mientras no tengamos este modelo de intervención municipal, local, no vamos
a poder tener una integración, le han llamado integral, le han llamado intersectorial, como le queramos
poner el apellido, pero la idea es que se analizan los distintos factores de riesgo a nivel de la comunidad.
No conozco un modelo eficiente, por lo menos novedoso, sé que hay casos en Querétaro, sé que hay
casos en algunas ciudades del interior que han intentado hacer cosas de este estilo, pero no sé si sobre
este tema es una de las necesidades, de desarrollar un modelo que permita esta valoración integral.
Doctor Irvin Waller.
Existen los buenos ejemplos a nivel municipal en otros países de esta acción intersectorial o integral.
Bogotá fue un observatorio, sin involucrar los sectores de educación y salud, pero es un modelo que ha
tenido éxito. Así mismo, los organismos de las Naciones Unidas, específicamente Hábitat, trabajan con
estrategias que se basan en las movilizaciones intersectoriales, las cuales son también utilizadas de
forma constante en las grandes ciudades de África, habiendo un gran interés de Hábitat de trabajar con
los municipios en América Latina.
En otros países, por ejemplo, en Bélgica, toda la política de prevención del delito es concentrada sobre la
acción de los municipios. Existen muchos ejemplos muy concretos de cómo movilizar a los sectores
diferentes cerca de los problemas locales.
En Canadá hay un interés, en los municipios, para aprovechar la experiencia de Hábitat y la experiencia
de Bélgica. Mi ciudad, que es una ciudad de un millón de habitantes, hay una comisión que agrupa a los
organismos más importantes, para establecer programas como la edificación de vivienda, la protección
de los jóvenes. Con algunos grupos no gubernamentales han desarrollado un plan estratégico con los
éxitos importantes a corto tiempo. Por ejemplo, hay una disminución importante de violencia en un
barrio de la ciudad de Ottawa. Al nivel estatal, la provincia de Alberta, que es una provincia de más o
menos la misma población que Guanajuato o Querétaro, de 3 millones de habitantes, tiene una estrategia
muy clara de movilización de los sectores. Entonces, es nuevo este proceso, pero existen ejemplos,
existe estrategias, existe una ayuda, por lo que, el asunto es de cómo adoptar o aprovechar, los ejemplos
mencionados aquí.
Ciudadano Félix Castillo.
Haciendo referencia al comentario que hizo Adolfo, en cuanto a modelos. La Secretaría de Seguridad
Pública, en la parte que nos corresponde a nosotros, que es la operativa en trabajo preventivo, hemos
venido desarrollando a través de la práctica y teoría, un modelo, el modelo integral, que lo sustentamos
en cuatro ejes fundamentales que van hacia la persona, la salud. Primero en cuanto a nuestro trabajo, que
es el de sensibilización, orientación, información para poder llegar a una concientización del
autocuidado de la salud, que involucra el que el joven, la persona tenga conciencia y cultura de
prevención.
Generalmente acudimos al doctor o al dentista cuando la muela ya no sirve, por ejemplo, cosas tan
elementales que este proceso nos permite ir sensibilizándolo a través de talleres de prevención de la
violencia, prevención del delito, prevención de la violencia en el noviazgo, prevención de conductas
antisociales, así como el último tema que manejamos, que es prevención del delito cibernético. Todo
esto va generando que el joven, que el estudiante, el niño aprenda a cuidarse en medidas preventivas.
Así también, lo que corresponde a la familia, que es la comunicación asertiva, los valores, el rescatar los
valores cívicos. Todo esto en un marco integral.
Posteriormente viene la parte de la comunidad, cómo formamos a ciudadanos responsables a través de
esta cultura, y que estos talleres permiten ir generando esa visión de ser ciudadanos integrales.
La otra parte, que es la escuela o el trabajo, porque hay niños y jóvenes que trabajan y que también cómo
ellos a través de tener esa responsabilidad cívica, pueden tener o buscar mejores condiciones laborales,
estudiantiles, y en ese círculo permitimos que la integralidad ubique esa cultura de prevención.
Hay modelos que quizás no son conocidos, hace falta difundir esta información, que permita llevar hacia
un seguimiento. Lo que sucede aquí es que en el caso de la prevención es difícil darle un seguimiento,
porque es a largo plazo. Entonces eso lo tenemos bien enfocado, pero sí hay instrumentos, que por
ejemplo, a nivel institucional hacemos auto evaluaciones, de estos programas, para dar algunos cambios
y tomar decisiones, qué es lo que nos está funcionando o lo que no nos está funcionando. Porque
finalmente también recogemos esta temática de los jóvenes para poder hacer cambios, actualizaciones,
temas que a lo mejor ni nos imaginamos que los jóvenes requieran ser fortalecidos en esos temas.
Entonces eso es lo que hace nuestra institución. Hay un trabajo muy rico que sería importante conocerlo
y que hay diagnósticos que quizás a lo mejor hay que actualizarlos, pero estamos en la mejor apertura
para poder enrolarnos a este proceso.
Doctor Irvin Waller.
Se ha mencionado que hay puntos de evaluación en los programas realizados por la Secretaría de
Seguridad Pública; Ahora bien, la experiencia que he obtenido al conocer otros países de América
Latina o en otras partes del mundo, me hace señalar que es importante la existencia de una evaluación
externa de los resultados.
Si el Consejo Nacional de Prevención del Delito, el Consejo Nacional del Distrito Federal quiere obtener
mucho más dinero para un cierto programa, o si hay un interés a multiplicar ese programa en otras
ciudades, se deben realizar evaluaciones constantes, como en Bogotá que fue un éxito las estrategias
implementadas porque hay posibilidad de permanecer, porque cada año o cada elección fue posible
demostrar resultados, concretos en disminución de homicidios.
No sé cual será el indicador de éxito en su programa, pero probablemente falta una encuesta de
victimización, una manera de entrevistarse con el público adulto para verificar si hay menos victimas, si
hay menos desorden, y en su caso si hay mucha más confianza a salir a las calles.
Las encuestas de victimización a nivel local no cuestan mucho, pero falta tecnología, falta un
cuestionario que pueda ser útil en este caso.
Ciudadano Adolfo Miranda.
Un caso concreto que a mí me tocó vivir en la región centro-norte del país, Guanajuato, Michoacán,
Querétaro; fue que en una reunión de funcionarios locales estatales en materia de prevención del delito
se acordó realizar encuestas, para saber cómo estamos, y el único que tuvo éxito en conseguir dinero
para hacer encuestas fue el estado de Guanajuato. Al siguiente año le dijeron que ya no las podía hacer,
porque lo que nosotros queríamos es que esas encuestas fueran públicas y nosotros sabíamos,
entendíamos claramente, que una encuesta nos iba a decir cómo estábamos en un año, y la idea era ir
midiendo cómo íbamos a trabajar a 10 años, pero el presidente municipal de Guanajuato quería ser
candidato a gobernador, y como quería ser candidato a gobernador no le gustaron los resultados de la
encuesta y entonces puso como condición que ellos ya no volvían a financiar ninguna encuesta, a menos
de que se acordara que fuera secreta, que solamente él conociera los resultados.
Creo el tema es, cómo le hacemos para que la clase política acepte y vaya dándole entrada a este tipo de
evaluaciones, este tipo de ponderaciones, porque la verdad ellos están muy cómodos en la auto
evaluación, en la auto evaluación en la cual las mismas instancias de gobierno, la decisión política de sus
jefes es auto evaluarse, fijarse las metas y ponerse 10 cada año. Entonces de esa forma ellos piden dinero
cada año, pero sin que los congresos locales, que son los que autorizan los presupuestos, o el Congreso
Federal, tengan la posibilidad de tener una medición real del impacto.
Entonces, en el caso concreto de México, una de las cosas que tenemos que empujar es en la parte de las
auditorias, tomando un poco alguno de los ejemplos del libro del Doctor Irvin Waller, las auditorias
federales y las auditorias locales hagan ese trabajo de evaluación que los Ejecutivos no están dispuestos
a hacer por sí mismos. La única forma por la que podemos abrir un poco el camino, es que en las
auditorias se contemple este tipo de evaluaciones de impacto, secuencias de largo plazo.
Entonces uno de los temas que nos faltaría anotar, en la parte de cómo le hacemos para que la calidad de
la gestión sobre la seguridad pública mejore, necesitamos hacer auditorias en serio y pronto.
Doctor Irvin Waller.
Es un desafío muy importante la evaluación de las acciones o programas que se apliquen. Actualmente
la manera de evaluar a la política penal es a través del número de arrestados, el número de personas en
las cárceles, el número de policías, por ello la realización de este foro es muy importante por que se
pretende establecer una propuesta de reducción del número de víctimas.
Una vez establecida la propuesta, tenemos que establecer la evaluación de los resultados, la cual pudiera
ser a través de las encuestas de victimización, claro que no es en un año o dos años que vamos a cambiar
a la cultura, pero es importante observar los ejemplos concretos donde la utilización de las encuestas de
victimización ayudan a los gobernadores, a los poderes políticos a multiplicar los éxitos en el país.
Además, falta un debate sobre los resultados de las encuestas de victimización en la prensa, ya que la
gente no sabe en realidad la cantidad de víctimas que existen. Entonces falta una acción para que el
Estado utilice las encuestas de victimización, pero sobre todo, falta una visión para convertir la reacción
de la gente de creer en la represión como una forma de solución.
Entonces, falta la confianza en la prevención como una manera eficaz de solución de conflictos, aunada
a la inversión para dar los resultados necesarios y, falta que la prensa informe la realidad de los
resultados de las evaluaciones de las acciones.
Diputada Claudia Cruz.
Las experiencias que por lo menos algunos grupos de mujeres tuvimos, en los casos de las mujeres
asesinadas en Ciudad Juárez, con los distintos Gobernadores fueron; primero con el Gobernador Barrio,
quien decía que eran prostitutas o que eran hijas de familias desintegradas, las mujeres que estaban
siendo asesinadas, posteriormente, pusieron carteles, en el sentido de evitar salir de las casas a
determinada hora además de no usar un determinado tipo de ropa, en fin, una serie de conductas que
empezó a lanzar el gobierno panista, donde empezó más bien a colocar a las mujeres como provocadoras
de los delitos que ahí estaban sucediendo.
Después, con el Gobernador Patricio Martínez, ya había una serie de movilizaciones, tanto de familiares
como de organizaciones de protesta sobre lo que estaba sucediendo.
Por la parte de la Coordinación Nacional de Mujeres “Por un Milenio Feminista”, que es una red de
ONG que está en todo el país, en Chihuahua, empezaron a implementar, junto con otras organizaciones
la captura de información de lo que estaba sucediendo, en los medios de comunicación, y es una parte
importante, ya que tiene que ver con la profesionalización de las organizaciones.
Las únicas que se pudieron sentar como organizaciones, con el Gobernador Patricio Martínez fueron
Milenio Feminista y otras organizaciones de la Campaña Nacional “Alto la Impunidad, Ni una Muerta
más”, quienes estaban presentando, un reporte de una realidad que sí existía y no de inventar cifras y
números. Porque pareciera que poner más muertas de lo que es, es lo que le da vista a la prensa, pero no
a los gobiernos, los gobiernos se cierran cuando la sociedad empieza a mentir o inventar sobre
informaciones de sucesos y acontecimientos que están sucediendo.
Esto lo menciono por dos asuntos. En términos de lo que significa que las organizaciones en efecto
tengan una profesionalización de sus acciones; de tener metodologías, técnicas, prácticas y
capacitaciones para poder colocar información verídica y exacta de lo que está sucediendo con la
información que es pública, que eso también es bueno, para poder acercarse a los gobiernos y colocar
ante ellos información que obligue a los gobernantes al diálogo, digamos, informaciones más serias y
creíbles.
Por el otro lado también funciona el asunto de la corresponsabilidad, porque lejos de lo que sucedió en
Ciudad Juárez durante los primeros años, que era, aumentar el número de muertas para que alguien nos
hiciera caso, nos empezamos a cerrar más bien las puertas, tanto de los partidos políticos como, sobre
todo, de las autoridades, y cuando nos sentamos de manera corresponsables a dar seguimiento no de una
manera partidista, sino como un asunto de justicia para las mujeres, de justicia, tanto desde sociedad
civil como desde el gobierno, empezamos a generar una serie de acciones. Entonces, se empezaron a
realizarse, por ejemplo, una mesa de trabajo en Ciudad Juárez con el Gobernador, donde se sentaron las
autoridades estatales, federales y municipales con las familias para buscar soluciones y justicia.
Lo que estoy contando es un ejemplo de como se van realizando los objetivos cuando empiezas a hacer
una serie de acciones que tienen de manera corresponsable, cada uno. Salir nada más a la prensa a gritar
que tengo una demanda, sin tener una propuesta tampoco ayuda; o la otra, como las autoridades; es
decir, cierro la puerta y no resuelvo el asunto, finalmente la víctima sigue siendo la víctima, cuando ya
tienes el objetivo como el desafío de bajar el índice de violencia y bajar el índice de homicidios en
México. Esa es la prevención que nosotros queremos colocar, entonces, más bien tenemos que ver si el
asunto es nada más, que te den los datos y que tú golpees a la autoridad, cuando no tienes
organizaciones con este tipo de perfiles profesionales, ¿ayuda realmente a las víctimas o realmente lo
único que ha hecho es acrecentar una problemática y un distanciamiento entre la sociedad civil y los
gobiernos perdiéndose la corresponsabilidad de ambas partes?.
Por lo menos a nosotras en dos estudios que realizamos en la Com. de Feminicidios sobre un análisis
Jurimétrico prospectivo del impacto de las políticas públicas en materia de protección a los derechos
humanos de las mujeres, nos está funcionando por ejemplo colocar la confidencialidad de los resultados
y manejo de datos, porque lo que nosotras queremos resolver es que a las mujeres no les sigan
golpeando en su casa y que la autoridad, el ministerio público, el juez, sí las atienda y que se les haga
justicia.
Lo dejo como ejemplo, porque ese es un asunto que tenemos que ver aquí, el cómo vamos construyendo
estrategias y cuál es el comportamiento desde los organismos de cada uno de ellos, desde las
instituciones, qué tiene que hacer el Poder Legislativo que no es solamente hacer leyes, sino que dar los
presupuestos a los gobiernos para que junto con las organizaciones de la sociedad civil, organismos de la
sociedad civil, se puedan aterrizar todo este tipo de estrategias.
Ciudadana Cecilia Licona Vite.
Investigadora del CEDIP, doctora en derecho.
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación quiero mencionar que la facultad para realizar
auditorías de desempeño la tiene desde una reforma constitucional, publicada en el mes de julio de 1999,
o sea, los elementos para realizar ese tipo de auditorías ya lo tiene.
En el año 2008, el siete de mayo, se publicó otra reforma, donde se reforzó la posibilidad de realizar ese
tipo de auditoría de desempeño. Desafortunadamente se señaló que solamente pudiera hacer
recomendaciones, lo cual implica que podrían ser no vinculatorias a diferencia de lo que ocurría en
1999, en donde sus facultades y sus recomendaciones eran vinculatorias. En este sentido, hubo un cierto
retroceso, pero se volvió a hablar de esa posibilidad.
De tal manera, que las auditorías que únicamente realizaba de regularidad y financieras, ahora se han
complementado con las de desempeño en un pequeño porcentaje, ¿por qué razón? Porque les ha costado
trabajo realizar las matrices de indicadores.
Entiendo que han avanzado bastante por los últimos informes y comentarios que he leído, los informes
de resultados de la revisión de la Cuenta Pública de los últimos años y los mensajes e informes que ha
rendido el auditor superior de la Federación en los últimos años. Ha aumentado, pero todavía no es lo
suficiente.
Lo que dice sí, es que a nivel del Ejecutivo, a nivel tanto federal como local, como municipal, no tienen
el conocimiento suficiente para realizar matrices de indicadores y ha costado trabajo saber cuál es el
resultado de los programas, pero en realidad, el aspecto constitucional y el aspecto legal ya lo tenemos,
las reformas se hicieron.
Se reformó entre otros el artículo 134 constitucional, también relacionado precisamente con quién podía
hacer las evaluaciones, porque en 1999 solamente las podía hacer la Auditoría Superior de la
Federación, las de desempeño, y para programas de desarrollo social el Coneval y para educación hay
una Comisión intersecretarial; entonces, el punto es quién iba a hacer las demás auditorías.
Pero la Auditoría Superior de la Federación trabaja a toro pasado, porque a diferencia de otros
organismos de fiscalización internacionales,, como la OIT en Estados Unidos de América, que trabajan
sobre ejercicios actuales, la Auditoría Superior de la Federación únicamente trabaja sobre cuenta pública
anterior, lo cual significa, que aun con el mejoramiento que hubo ahora en 2008 para que haya mayor
velocidad en la revisión de la cuenta pública, que se entregue en el mes de abril y que la Auditoría
Superior de la Federación, entregue el informe de resultados en febrero del año siguiente, aun así todavía
trabaja a “toro pasado”.
La cuestión es que los organismos locales, de acuerdo con la reforma que se hizo al artículo 134
constitucional publicado el 7 de mayo del año pasado, y que a más tardar, el 8 de mayo de este año
tendrán que hacerse reformas a las legislaciones secundarias, lo importante es que en esas legislaciones
secundarias se determine exactamente quién tiene que hacer esas evaluaciones de desempeño.
Por lo demás, quiero recordar que a nivel federal se hacen aportaciones a las entidades federativas y a
municipios a través del Ramo 33 y uno de esos ramos es el de seguridad pública; quizás por ahí podrían
canalizarse algunos recursos, quizás estoy pensando o quizás podría crearse un ramo más, un ramo más a
los del Ramo 33, que sería una magnífica acción; exactamente, crear un ramo más al Ramo 33, para
canalizar recursos para ese tipo de programas y que los fiscalizara directamente la auditoría.
Con la gran ventaja de que con la reforma del 7 de mayo de 2008 se estableció a nivel constitucional que
la Auditoría Superior de la Federación directamente auditara ese tipo de ramos, lo cual había creado
mucha discusión, porque incluso había una controversia constitucional, porque el estado de Oaxaca no
se quería dejar fiscalizar en esos ramos.
Entonces, sí hemos avanzado, la cuestión está quizás en esa propuesta: Un nuevo ramo en el Ramo 33;
aplicarás en esa propuesta: Un nuevo ramo en el Ramo 33; aplicarse en la elaboración de matrices de
indicadores para llevar a cabo todo este tipo de programas, desde el nivel de abajo.
Ciudadana Iliana Luna.
Creo que nos hace falta información, nos hace falta crear conciencia y también nos hace falta dar
opciones de vida, porque realmente estoy escuchando que hay actividades de las ONG, pero ese tipo de
información no llega a las autoridades, de primera mano, llámese Ministerio Público, llámese sector de
policía, llámese Juzgado Cívico, para que uno pueda canalizar debidamente a la gente.
Hay muchas actividades que se están realizando en el Distrito Federal, pero hay muy poca información,
hay muchos casos que llegan y la gente realmente llega desesperada, pero uno no cuenta con la
información, creo que a través de la ley debería de dotarse a las autoridades que atienden de primera
mano a la gente con esa información.
Por otro lado, sí hacen falta actividades recreativas, deportivas, artísticas, pero también de oficio. Hay
muchas casas de cultura que se deben de rescatar o de crear; también sería bueno supervisar en las
escuelas primarias, las actividades deportivas y artísticas, ver qué tipo de actividades se están dando, si
realmente son actividades que tienen un buen nivel o que nada más se está cumpliendo con el requisito
que marcan.
Por otro lado, también en las secundarias hay actividades y talleres; muchos de estos talleres ya están en
desuso, hay que checar ese tipo de situaciones para darles opciones a los jóvenes para que puedan
aprender un oficio y que puedan salir como técnicos.
Diputada Claudia Cruz.
En la educación de la que están hablando, hoy se debe de integrar no nada más por la impartición de loa
misma, sino colocar también la cultura, recreación, deporte; ya que es toda la parte que tiene que ver con
educación, ciencia y tecnología, que es un área en la que no hay recursos, que es donde bajaron este año
los recursos y el otro asunto es el gabinete, que a mí me parece el gabinete tiene que ir soportado
precisamente, por estas áreas de educación, salud, desarrollo social y trabajo aunado con los temas de
jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, para ir creando esa
idea de que Prevención del Delito no tiene que estar en las secretarías de Seguridad Pública. Más bien,
aquí tendría que estar invitada la Secretaría de Seguridad Pública; es decir, sería al revés, como parte de
lo que está sucediendo; las SSP debería de reportar, si esta bajando o no la violencia, ya más en
concreto.
También el asunto de las procuradurías ver qué esta sucediendo ahí, pero ésas más bien tendrían que ser
invitadas por este gabinete político, digamos, que es más en un entorno social.
Doctor Irvin Waller.
Es importante que se integre el gabinete dentro de las áreas de salud, educación, trabajo, desarrollo
social, en relación a los temas de los grupos de jóvenes, mujeres indígenas, etc., pero falta ser un poco
más explícitos, sobre con qué acción se va a implementar. Entonces, el asunto de diagnosticar, de
planear, de implantar evaluación es para este grupo y el segundo punto que es importante es sobre los
índices indicadores, pero falta una acción importante sobre la información a este nivel. Falta dinero para
ayudar a la modificación para la información de la gente que trabaja sobre la prevención, y otro punto
importante a este nivel, es que falta una estrategia de comunicación y de involucrar al público.
Hemos hablado mucho de que todo el mundo crea que la represión sola es suficiente. Mi opinión es un
poco contraria, los ciudadanos tienen más avance que la clase política y que la gente cree en la
prevención, pero falta fortalecer esta visión, falta comunicar a los estados, falta utilizar los ejemplos,
falta hablar del resultado importante acerca de distribución de los impuestos que deben ser utilizados
para disminuir la violencia.
Hay muchos ejemplos de programas concretos, pero es muy importante evitar la multiplicación de
programas ineficaces, para evitarlo, existe mucha literatura acerca de evaluación de programas de
prevención que muestran que muchos no son eficaces. Entonces, no es un asunto solamente de etiqueta,
que es un programa de prevención. Falta establecer la posibilidad de demostrar los resultados concretos
o que hay una lógica de que este programa es muy útil y esto es muy importante para atraer el dinero.
El dinero sigue a los resultados, no sigue a la etiqueta. Hay ejemplos de programas de prevención que no
fueron exitosos porque no hay dinero, entonces, el argumento es importante que haya dinero, que es
profesional, que hay formación, que hay resultados.
No hemos hablado mucho del desafío, seria importante establecerlo en las conclusiones, se puede
establecer una sección para el desafío, esto porque la tendencia de los países en el mundo es de invertir
en la promesa de prevención, hablar de la sección de gobernabilidad y establecer programas concretos,
para la disminución de la violencia. Es posible que se deba agregar un capítulo IV que hable de la
importancia de la interacción en la prevención; las conclusiones del desafío, debe existir la gobernanza y
los programas concretos.
La conclusión con la ley, es que debe de haber una inversión suficiente en la gobernación y recursos
suficiente para multiplicar los programas eficaces en el país e insistir en la importancia de una visión a
largo plazo sobre la implementación de los programas a corto plazo, es decir, llevar a cabo los resultados
en un lapso de cuatro años, pero con una inversión de 10 años. Para mí Bogotá es el país a seguir, porque
ha llevado a cabo programas que son permanentes y que han disminuido en mucho las tasas de violencia.
Ciudadana Imelda Bojorges.
Quiero comentar una experiencia que tuve en Montreal justamente con los jóvenes tanto latinos como
canadienses, había un fenómeno ahí, cuando expulsaron a los salvadoreños de Nueva York, los
refugiados, más los canadienses, había conflictos raros en los parques, asaltos, como nunca se había
dado en Montreal.
Después de sondeos ellos se dieron cuenta, aparte de otras disciplinas que implementaron, se dieron
cuenta que les interesaba mucho la cultura latinoamericana, entonces, empezaron a dar clase de danza,
del folklore latinoamericano, música y aprovecharon que los latinos tenían como algo más que aportar,
y tuvo mucho éxito porque finalmente de esas clases salieron grupos de danza, un ballet y se hizo un
coro, una banda de música latinoamericana y todo lo que les inquieta a ellos, porque muchas veces los
muchachos que andan perdidos, a la mejor por disfunción familiar, nadie les había preguntado ¿qué es lo
que les gustaría hacer? a la mejor quieren ser actores. Entonces si fallamos con un maestro de actuación,
siempre va a haber alguien dispuesto a enseñar. Y como esa disciplina, cualquiera. La música en general
al ser humano es lo que más lo va a mover y creo que ese fenómeno está desde hace como 20 años atrás
que todo mundo quiere ser músico.
Eso es un ejemplo que ví en Montreal, muy exitoso. Se rescató a los jóvenes de los parques y como les
digo, surgieron grupos muy importantes, representativos inclusive en drama o festivales mundiales de
folklore.
Ciudadano Adolfo Miranda.
Creo que falta recuperar la línea del control de las armas. Tenemos un problema serio en el control de las
armas y es una de las tareas concretas, no solamente en la zona fronteriza, sino en las aduanas y en las
ciudades. De verdad, tenemos que desarrollar toda una línea de trabajo sobre el control de las armas.
Quizás alguna sí sea muy estadísticamente el caso de las pistolas, de las armas cortas, pero también
tendríamos que pensar en el asunto de lo que tiene que ver con el tráfico de delincuencia organizada en
materia de armas largas, ahí sí creo que ese sería un tema.
Otro tema, creo que tendríamos que trabajar sobre el asunto de la saturación en las cárceles. México
tiene números gruesos, como 200 mil personas en las cárceles y nuestras instalaciones son como por ahí
de 70, 80 mil, o sea, tenemos el doble de presos de los que deberíamos de tener y tenemos un problema
de saturación en las cárceles, producto de esta política punitiva. Entonces, lo que estoy planteando ahí es
que tengamos medidas de justicia alternativa, de medicación de conflictos, de preliberaciones donde no
necesariamente de reparación del daño, o sea, qué gana una víctima de un robo con que el responsable
del robo esté seis años en la cárcel o como el caso del D. F., que ni siquiera alcanza fianza.
Entonces lo que necesitamos es medidas de justicia para que cuando los jueces resuelvan los casos, no
tengan como único expediente, la sanción en la cárcel, haya trabajo comunitario, haya alternativas de
reparación del daño, haya mecanismos de mediación, es decir, para evitar que la acción del sistema de
justicia sature las cárceles y eso nos sea fuente de nuevos problemas, es más que pensar en un límite
numérico, es diseñar instrumentos de carácter jurídico para que la parte de procedimientos y en los
códigos sustantivos penales, haya alternativas y no todo sea que termine necesariamente con una
sentencia de privación de la libertad.
Ciudadano Juan Carlos López.
Me gustaría aportar algo más como joven, creo que para que todo esto de la prevención funcione bien,
hablo un poquito así de los ámbitos de la delincuencia juvenil que yo creo que tiene que ver con dos
cosas: el desempleo o la manera de generar recursos, porque la gente que delinque, bueno, los jóvenes
que delinquen, delinquen por dinero y muchos otros como por respeto, así está, como porque está de
moda ya ser delincuente. Creo que con resolver estas dos cosas, se pueden resolver, yo siento, que
ocupándolos, dándoles oficios, como decían, o dándoles talleres o con deportes, pero creo que sí es bien
importante que esto lo delimite alguien que esté en la calle, o sea, que sepa de la problemática, porque
muchas veces llegan y dicen: necesitan hacer deporte, ponles unas canchas de fútbol y en realidad a
nadie le gusta jugar fútbol”, a la mejor quieren jugar muchas otras cosas.
Es como en Estados Unidos, la población negra, por ejemplo dice: “o soy delincuente…” Pero también
tiene dos opciones más, ser músico o ser deportista. Creo que se deben de ofrecer estas opciones.
En cuanto a lo que decían desde la información que no tenemos las ONG, nada más así como un dato,
nosotros sí trabajamos con el Instituto de la Juventud, ellos están más o menos al tanto de lo que
hacemos y creo que ya sería todo.
Ciudadano Manuel Meyen.
Efectivamente no hay que llegar al punto de las cárceles, si es prevención del delito, ahorita hay que ver
un corto hasta antes de la cárcel, porque actualmente hay muchos gobernantes haciendo presupuesto
para construir más cárceles, entonces esto va a ser una pirámide invertida que nunca va a acabar.
Otro punto que no se ha tocado, es el ámbito familiar, ¿cómo nace el delincuente? No lo han
mencionado. Yo menciono brevemente que cuando un elemento empieza a desordenarse, la familia tiene
que buscar un ámbito, que los hermanos jueguen un papel, que la familia no se desintegre, que se le
proponga siempre, por ejemplo, si se separó de la escuela, exactamente lo que están diciendo, volverlo a
integrar a la escuela, es básica la escuela, ahí puede disipar cualquier proyecto, cualquier machismo,
cualquier ímpetu de imperialista que se tuviera en la mente, que si llega a delinquir, que la familia lo
visite, lo ayude, que en el momento en que él muestra una cierta sensibilidad, si está detenido, en ese
momento el miembro más cercano de su familia, la madre, el hermano, la hermana, lo trate de convencer
a que tome, él por sí solo, un compromiso con la familia, de reintegrarse en una forma, estudiando,
trabajando, que si quiere salir, con un pariente se vaya fuera. Que se le rompa el ámbito vicioso que se
está creando.
Ciudadana Erika Llanos.
Nada más como un ejemplo, en el asunto de la prevención Cauce ciudadano inicia sus actividades hace
ocho años, principalmente con jóvenes, bandas y pandillas, haciendo trabajos para la vida.
Pero una vez que estamos trabajando con ellos, vemos que podíamos intervenir con 20 y llegaban 30,
entonces se fue moviendo la prevención a otros ámbitos, como el ámbito de la secundaria, formalmente,
con chicos que estaban en secundarias, cercanos a preparatorias, a CCH, a institutos politécnicos, que lo
que ellos querían era entrar a esas escuelas, para pertenecer a esas bandas, o para entrar a esas bandas.
Entonces el ámbito de la prevención fue justamente hacer el trabajo de habilidades y de algunas otras
actividades culturales, tanto en instituciones secundarias, en el ámbito de educación media, como de los
jóvenes que están fuera de este sistema escolar, que lamentablemente en el Distrito Federal es alrededor
del 50 por ciento.
¿Cómo lograr que de esos 30 que nos llegaban o que llegaban a las bandas y pandillas, lleguen 10,
lleguen 15 o se pueda dar una disminución en este sentido?
Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago:
Hay una parte que tiene que ver con el asunto de la familia, como también la responsabilidad del estado
para generar una serie de recursos para la integración familiar. Por ejemplo, se han estado otorgando
recursos para jóvenes, en varios lugares del país, no son muchos, por cierto, en el Distrito Federal se
otorgaron recursos directamente para que los jóvenes no deserten de la escuela, en preparatoria. Lo que
generó en las familias, es otra vez el asunto de la responsabilidad de los padres en los asuntos
educativos, mientras no estaba el asunto del dinero en la mesa, los padres si iba a la escuela, sino iba, si
iba bien, igual, ya nada más lo dejaban como una responsabilidad del estado.
Hoy lo que se está generando, por lo menos en los programas del Distrito Federal, que nos han estado
reportando, es que la mamá y el papá están al pendiente de que el hijo y la hija mantengan un nivel
educativo alto, para que la beca siga llegando a la casa, porque hay una necesidad económica, digamos,
eso ayuda, en un determinado momento, a la propia familia en el asunto de esa responsabilidad. Pero al
revés también nos pasa con el asunto de recursos económicos para personas adultas mayores, en algunas
sí ayudó para que los adultos mayores también se les da un recurso directamente a ellos, después de los
65, 70 años, 70 años, los adultos se presentan ante el gobierno y él les da un recurso para medicinas y
alimentos.
Ahí lo que nos sucedió fue al revés, porque el incrementó de la violencia, más bien, empezó a haber un
incremento a la violencia para adultos mayores, porque los familiares ya no los ven con un respeto, los
ven como un estorbo o como una carga, entonces ahora los obligan que entreguen sus recursos para la
familia, cuando en realidad son recursos que ellos son los que tienen que decidir.
Digamos, hay una serie de ventajas y desventajas también en esto, que crean en el asunto de la
integración o desintegración familiar. Lo que sí es verdad es que también el estado ha retirado toda una
serie de apoyos que existían antes como las guarderías, el asunto de las becas, había más becas para los
estudiantes, había un asunto de integración entre los maestros y los propios padres de familia y madres
de familia para involucrarse en las tareas de los cuidados de los hijos en el ámbito educativo, esa parte se
ha perdido y hoy se está con este programa, tratando de recobrar y darle unas directrices para dar un
programa paralelo, digamos, a madres y padres y familia, por ejemplo.
Doctor Irvin Waller.
Mi sugerencia en los programas prácticos, hay una clarificación sobre este punto, es claro que los
estudios en otros países han mostrado que es posible dar un formación, un apoyo a los padres, sobre todo
a las madres solteras, disminuyendo mucho el abuso del niño y la delincuencia adolescente. Para mí es
un apoyo y formación. Los ejemplos en otros países, son ejemplos de enfermeras públicas que ayuda a la
madre, sí habla de los programas de formación en la televisión, pero no es en control del estado, de la
formación del padre.
En otro punto, es el asunto de las cárceles. Falta agregar un punto sobre la justicia restaurativa es
prevención. Los resultados ahora es que este programa disminuye la delincuencia y ayuda a la víctima.
Sobre la prisión, es para mí una decisión política de ustedes. Pero una sugerencia es poner el punto,
delimita el número de antenas en las cárceles en la inversión suficiente, no en los programas de
prevención mostrar que si hay una inversión aumentada en las cárceles, no hay dinero para la
prevención. Es para mí un poco la solución.
Es claro aquí que hay opiniones diferentes sobre las prisiones. En todas las sociedades hay opiniones
fuertes sobre las penas, sobre la pena de muerte, sobre las cárceles.
Sobre la prevención no se discute mucho, pero una vez que sé habla de la prisión, podemos ver una
reacción diferente, es claro que es mal gastado el dinero del ciudadano, al ser este invertido en la
construcción de prisiones, hay en México demasiada gente en las cárceles, por lo que, les falta ser más
cuidados sobre la estrategia. Puede ser una manera de mencionar a las cárceles sin tomar una posición
muy fuerte, pero es claro que la prisión no es eficaz a disminuir; sí no solo da un poco de protección
cuando las gentes más peligrosas están en las cárceles, hay un poco de protección, y falta aceptar ésta,
pero no es el momento de entrar en debate sobre el aumento de las presiones, falta promover el sistema
positivo de la prevención.
Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago.
Cuando las mujeres son víctimas de violencia y los hijos ven, o ellos mismos son víctimas de violencia,
reproducen todo un asunto de violencia hacia fuera, no sé si las cárceles son un asunto de prevención,
en realidad, para el asunto de cuando la gente sale y va otra vez a ingresar a la comunidad. No hay una
serie de programas, que realmente fortalezcan no solamente la condena o el pago del delito a lo que
están sometidos, por eso la prisión; sino que en el transcurso de lo que están ahí, no existe este tipo de
políticas públicas que realmente generen un cambio de la conducta de las personas; ése es el problema
de lo que está surgiendo allí en la cárcel. Más bien son los programas a realizar para realmente
transformar las conductas de las personas.
Doctor Irving Waller.
En relación de que el aumento de la población en las cárceles es un factor de riesgo que se tiene que
prevenir, mi sugerencia es una expresión, más o menos como ésta; de limitar la construcción, la nueva
construcción de cárceles para corregir los presupuestos para la prevención y establecer las prioridades
sobre la utilización de las cárceles, que sí hay mil camas en las cárceles es un asunto de utilizar las mil
camas para las personas más peligrosas.
[Hasta aquí los comentarios de los participantes del Taller. Las subsecuentes intervenciones, fueron
encaminadas a desarrollar los siguientes productos.]
2. PRODUCTOS
2.1. MATRIZ
Generales Insumos Acciones Objetivos Eficacia
Gabinete especializado en
materia de prevención del
delito que este integrado
por los Secretarios de
Estado de Salud,
Educación, Trabajo y
Desarrollo Social
incluyendo temas como:
jóvenes, mujeres,
indígenas, adultos
mayores.
Ley General del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública
Elaborar diagnóstico
Realizar la planeación
Evaluar los programas
Apoyo para los programas
exitosos.
Estrategias para la
participación ciudadana.
Enfoque en la disminución
de las víctimas
Coordinar acciones
para la implementación
de una política eficaz
de prevención del
delito que involucre de
manera directa a los
responsables de la
Secretarias de Estado
Federales y Locales en
la toma de decisiones
Este Gabinete en el
Reino Unido a
demostrado su
eficacia para el diseño
implementación y
evaluación de la
política de prevención
del delito.
Indicadores de medición
en los programas de
prevención del delito
implementados
Estadísticas e
información
relativa a la
implementación de
los programas
Generar indicadores que
midan el impacto de los
programas para conocer sus
niveles de efectividad o
ausencia de la misma
Identificar las buenas y
malas acciones
implementadas por
parte de la
administración
pública(costo-
Beneficio)
La medición de los
programas a permitido
mejorarlos,
impulsarlos u en su
caso desecharlos
cuando se detecta un
impacto negativo de
los mismos.
Evitar la multiplicación de
programas ineficaces
Programas
implementados en
otros países,
ciudades o
municipios.
Realizar el análisis de los
resultados de de Programas
implementados en otros
países, ciudades o
municipios
Conocer la efectividad
de los programas, así
como, las mejores y
peores practicas
La no repetición de
programas de los
cuales se ha
demostrado su
ineficacia permite un
ahorro en el
presupuesto asignado
y la reasignación de
recursos a programas
eficaces.
Etiquetar recursos
federales para la
prevención en jóvenes y
niños
Presupuesto de
egresos de la
Federación, Ley de
Ingresos y Ley de
egresos.
Realizar una redistribución
de los recursos asignados a
la prevención del delito que
permita el acceso a recursos
suficientes para la
implementación de
programas.
Tener recursos para la
implementación de
programas dirigidos a
jóvenes y menores
teniendo como meta
final hasta que se
destine el 5% del
presupuesto destinado
a la seguridad publica,
procuración de justicia,
impartición de justicia
y centros de
readaptación.
Se ha demostrado que
el presupuesto
invertido en
programas eficaces de
prevención del delito
tiene mayor impacto
en la disminución del
índice delictivo que el
aumento en más
policías, más jueces y
más cárceles.
Liderazgo municipal en
programas de prevención
(Desarrollar un modelo
para implementación en
México)
Ley General del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública.
Implementar las medidas
necesarias para que los
consejos municipales de
seguridad pública cuenten
con los insumos necesarios
para la implementación de
programas de prevención
del delito y compartan
mejores prácticas.
Convertir a las
comunidades en las
principales
protagonistas en la
implementación,
evaluación y
supervisión de los
programas de
prevención de l delito.
Ejemplos como el de
Bogotá, Boston y
Ottawa han
demostrado que
cuando la prevención
del delito comienza en
comunidades
pequeñas es más
efectiva la
implementación de
programas de
prevención.,
Encuestas locales de
victimización
Ley General del
insumo.
Información proporcionada
por victimas y sus familiares
Diseño de metodología
para la encuesta,
elaboración de
disposiciones legales
que obliguen a las
autoridades a
proporcionar
información estadística
relativa a las víctimas.
Contar con
información relativa a
quienes son las
victimas, frecuencia y
tipo de delitos y como
son atendidas por el
sistema.
Auditorías Superiores
(Federal y Locales)
evalúen los resultados de
los programas (evaluación
que debe incluir,
objetivos, metas e
impacto).
Auditorias
Superiores y su
regulación.
Realizar las modificaciones
legislativas reglamentarias y
presupuestales necesarias
para fortalecer a estos
órganos de vigilancia
Fortalecer la vigilancia
en el ejercicio de los
recursos destinados a
la prevención del
delito para prevenir,
evitar y sancionar
desvíos o ejercicio
indebido de los
mismos. Así como
establecer un sistema
de evaluación del
desempeño e impacto
de los programas
La evaluación
permanente del
correcto ejercicio de
los recursos públicos
genera transparencia y
eficiencia en su uso.
Educación Insumos Acciones Objetivos Eficacia
Programa de
especialización en materia
de prevención del delito
Presupuesto de
organismos
internacionales
Cursos de capacitación y
especialización a través de
institutos
Tener personal
capacitado en materia
de prevención del
delito
La especialización de
los operadores de los
programas de
prevención del delito
permite y a
demostrado la mejora
en su implementación
Talleres de Prevención del
Delito
Población o grupos
de población en
zonas con altos
niveles de
criminalidad
Impartir cursos relacionados
con la erradicación de la
violencia, el consumo de
drogas y de respeto a la
legalidad.
Proporcionar
información la
población que sirva
prevenir la comisión
de delitos.
Estos talleres son
autoevaluados por la
institución que los
imparte por lo que
para conocer su
eficacia se requiere de
una evaluación
externa.
Reuniones entre los
diversos funcionarios de la
demarcación o zona
Cursos en los que
se promueva la Ley
de Cultura Cívica
Impartir los cursos a
escuelas para realizar la
función de la prevención a
través del conocimiento de
la Ley
Dar a conocer a la
sociedad las Leyes que
deben respetar.
Se ha demostrado que
el fortalecimiento de
la cultura cívica es un
elemento importante
en la disminución del
conflicto social.
Reinserción Académica de
las y los Jóvenes
Pandilleros integrantes de
Bandas o Pandillas
Presupuesto para
las organizaciones
de la sociedad civil
dedicadas a la
implementación de
estos programas.
Apoyo institucional
para la permanencia
de estos programas.
Detección o identificación
de la población que puede
ser beneficiaria del
programa
Brindar a la población
juvenil la posibilidad
de tener un proyecto de
vida.
Un programa similar
en Boston esta
demostrando su
eficacia
Diplomado en Materia de
Derechos Humanos,
Actoría Social Juvenil y
Desarrollo. (Galería
Urbana)
Personas
interesadas en el
trabajo para la
prevención del
delito en la
población juvenil.
Impartir el diplomado Desarrollar capital
humano que sea capaz
de replicar en sus
comunidades los
programas efectivos d
prevención del delito.
Los programas que
trabajan directamente
en la atención a las
necesidades de las y
los jóvenes, han
demostrado una alta
eficacia para alejarlos
de la deserción
escolar, la violencia y
el uso de drogas y
alcohol
Acciones comunitarias
(Limpia de un canal para
instalar la Galería Urbana)
Población juvenil
de la comunidad en
que se
implementara el
programa
Proporcionar a las y los
jóvenes las herramientas y
recursos necesarios para que
lleven acabo acciones que
beneficien a su comunidad
Crear un vínculo de
pertenencia a la
comunidad y
proporcionar espacios
para que las y los
jóvenes realicen sus
actividades.
Los programas que
trabajan directamente
en la atención a las
necesidades de las y
los jóvenes, han
demostrado una alta
eficacia para alejarlos
de la deserción
escolar, la violencia y
el uso de drogas y
alcohol
Actividades culturales,
recreación y oficios
Población juvenil
de la comunidad en
que se
implementara el
programa.
Proporcionar a las y los
jóvenes las herramientas
para la administración del
tiempo libre.
Crear espacios para el
desarrollo
extraacadémico de las
y los jóvenes
El estimulo de los
intereses culturales,
deportivos y de
recreación de las y los
jóvenes les
proporcionan
habilidades para su
desarrollo.
Salud Insumos Acciones Objetivos Eficacia
Generar programas para
prevenir la violencia a
nivel nacional, estatal y
municipal con un enfoque
integral.
Programas exitosos
de prevención de
enfermedades
físicas y
psicológicas
Desarrollas programas que
acerquen a las comunidades
información para prevenir la
violencia así como, realizar
visitas a los hogares para
detectar violencia familiar e
implementar medidas de
protección sobre todo en lo
que se refiere a niñas, niños,
adolescentes y mujeres
Disminuir los índices
de violencia
Se ha demostrado que
el programa Blueprins
para la prevención de
la violencia en el
estado de colorado,
Estados Unidos, ha
tenido un alto impacto
en la disminución de
la violencia y por
tanto del delito.
Trabajo Insumos Acciones Objetivos Eficacia
Programas de trabajo para
habilidades para la Vida.
Población juvenil
de la comunidad en
que se
implementara el
programa
Impartir cursos, talleres y
programas en áreas
laborales del interés de los
jóvenes.
Proporcionar a las y los
jóvenes oportunidades de
desarrollo laboral y
profesional.
Se ha demostrado que
facilitación de
opciones de vida para
las y los jóvenes son
eficaces de la
prevención del delito.
Los participantes del taller propusieron observaciones y acciones concretas que el Gobierno debe
considerar para implementar una prevención del delito eficaz, las siguientes:
Compromiso y objetivada por parte del Estado para los programas de desarrollo social.
Impunidad en delitos cometidos por funcionarios públicos
Falta de transparencia en el control de penales
Programas educativos en reclusorios de menores
Programas enfocados al respeto de la figura del Policía por parte de la sociedad
Implementación de políticas públicas que permitan un futuro para los jóvenes
Implementación de campañas efectivas para prevenir la drogadicción
Programas enfocados a escuelas para resguardar su seguridad
Concientizar el uso del grafiti en las zonas permitidas sin dañar la propiedad de terceros
Implementar programas de prevención en la que jóvenes se sientan con confianza y que los
programas sean aplicadas a su vida cotidiana
Importar mejores prácticas de países con buenos resultados en programas de prevención
Implementar programas para la solución pacifica de conflictos
Implementación de cursos en programas escolares sobre la prevención de actividades ilícitas
Formación de actores sociales jóvenes
Construcción de la paz
Visualización de jóvenes como sujetos de derechos
Diagnóstico elaborado por los jóvenes
Formación de capital social dentro de las instancias de seguridad pública y las de juventud.
Prevención de la violencia en el noviazgo.
Prácticas culturales
Actores Sociales Jóvenes
Desarrollo de liderazgo de jóvenes
Diplomado en capacitación para policías.
Programas de tratamiento de las adicciones
Principio de máxima publicidad incluya los temas de seguridad
Revisar los indicadores
Combinación de la prevención y la represión.
Analizar resultados de medición de costo beneficio de programas de prevención que demuestran
eficacia.
Centro de expertos autónomo del gobierno.
2.2. RECOMENDACIONES.
1. Desafío:
Reducción del número de víctimas, violencia y homicidios Incremento en el gasto de la prevención y disminución del mismo para la represión
2. Gobernanza Promover los Consejos Estatales y Municipales para la Prevención del Delito Creación de un Gabinete Político de Prevención del Delito (Integrado por Secretarios y
Secretarias de Estado) Creación de un Gabinete Operativo con funcionarios y asesores técnico operativos Proceso de diagnóstico, planeación, implementación y evaluación Formación y Capacitación Desarrollo de datos de victimización y diagnósticos. Participación ciudadana en la Evaluación y seguimiento (de las acciones y del
diagnostico) Ley General en materia de Prevención del Delito (Leyes estatales en materia de
prevención del delito)
3. Acciones concretas Programas en las escuelas para promover el concepto de prevención del delito (reducir la
violencia, respeto entre hombres y mujeres) Focalizarse para la inclusión de las y los jóvenes y la transformación de liderazgo de bandas y
pandillas. Programas para trabajar con la infancia cuyo objetivo es evitar el abuso sexual de los niños, las
niñas, las y los jóvenes Realizar acciones para la prevención de la violencia en niños, niñas, adolescentes, así como en
las y los jóvenes Programas para evitar que los niños, las niñas, las y los jóvenes abandonen la escuela y, en su
caso, fomentar su reinserción a la misma. Apoyo y Formación de madres y padres Justicia restaurativa Utilizar las estrategias exitosas de prevención del delito en los municipios y demarcaciones
territoriales (por ejemplo Bogotá, Colombia y Duoderma, Brasil) Realizar una evaluación de la eficacia y pertinencia de la aplicación de los programas en México
y de aquellas prácticas internacionales que pudieran ser aplicables. Para ello los gabinetes arriba propuestos se reunirían y realizarían una serie de acciones concretas para saber antes de aplicarlas si pueden ser eficaces, así no se desperdiciaría un aserie de recursos humanos, económicos y materiales )
Garantizar los derechos de las víctimas (atención, protección, representación y reparación del daño)
Reducir en número de las armas disponible, y control de armas
4. Inversión suficiente para la Prevención del Delito (Planeación de cuando menos a 10 años) Realizar un plan de acción a tres años con visión de resultados de 3 a 10 años. (para que la gente
y los gobiernos no se desesperen ) Comenzar con un 2% del presupuesto total destinado a la represión (Seguridad pública, poderes
judiciales y sistema penitenciario), el cual deberá aumentar año con año hasta alcanzar el 5%. Limitar la construcción de cárceles y establecer las prioridades sobre la utilización de las
cárceles. Cada uno de los rubros de la matriz, han sido analizados y discutidos por los Doctores Irwin Waller y Edgardo Buscaglia, así como todas aquellas personas que participaron en el taller. Así mismo,
3. CONCLUSIONES DEL TALLER
El Estado, en la actualidad, ha buscado inhibir la comisión de delitos como la delincuencia organizada,
la violencia contra las mujeres, el abuso físico, sexual y emocional de las personas más vulnerables, el
consumo de drogas y el alcohol en edad temprana, la corrupción de los servidores públicos, entre otros, a
través de un sistema de seguridad pública que se basa en la Represión; esto ha traído como consecuencia
el constante incremento en el presupuesto destinado a la seguridad sin que hasta ahora se haya logrado
eficacia en los resultados, y en cambio solo ha traído un aumento en las tasas de victimización y una
mayor desconfianza de la sociedad hacia las autoridades que la encabezan. Es por ello que este
seminario se abocó al estudio del por qué de la falta de resultados y estableció una serie de conclusiones
que proponen un cambio al sistema actual de tratamiento del delito, de un Sistema en dónde predomina
la Represión a un Sistema encaminado a fomentar la Prevención -entiendo por ésta todas aquellas
acciones, políticas y programas tendientes a evitar la comisión del delito-, como principal estrategia que
permita disminuir eficazmente las tasas de victimización, dejando en segundo término a la Represión.
El problema fundamental radica en que el Gobierno y la sociedad en general entienden el tratamiento de
los delitos como una función exclusiva de las instituciones policiales y de procuración e impartición de
justicia; el propio artículo 21 de nuestra Carta Magna señala que la policía y el Ministerio Público deben
coordinarse entre si para cumplir los objetivos de la seguridad pública que comprenden la prevención, la
investigación y persecución de los delitos, excluyendo la participación de otras instancias. Luego
entonces es aquí, precisamente en este punto, donde debemos empezar a trabajar, pues se requiere de
desde una reforma constitucional integral hasta la modificación o creación de leyes secundarias que
permita incluir a otros sectores como el de la educación, el de la salud, el del trabajo, el del desarrollo
social y a la ciudadanía, para con ello lograr el cambio en el tratamiento de las conductas delictivas que
ofrezca mejores resultados y a menores costos.
Para que esta estrategia de Prevención funcione adecuadamente, también se deben elaborar una serie de
diagnósticos sobre los factores que motivan la criminalidad en los diferentes sujetos activos del delito,
por lo que se debe contar con información y estadísticas veraces relativas a las causas que motivan
realización de conductas delictivas. En seguida, se deberá efectuar la planeación e implementación de
Programas Piloto de Prevención que deberán incluir acciones concretas cuyo objetivo sería su aplicación
en determinadas zonas o municipios identificados como zonas de riesgo, debiendo quedar sujetos a
mecanismos de evaluación que permitan calificar su eficacia, para luego multiplicarse en las distintas
zonas que ofrezcan la misma problemática hasta alcanzar su establecimiento como un Programa, cuya
proyección sería a nivel nacional, que ofrezca resultados definitivos a mediano y/o largo plazo en un
lapso de tiempo de 10 o más años con resultados parciales a 3 años que permitan que la sociedad vea
prontos resultados y no sea sujeta de la decepción o desesperación, pues de fracasar el programa
concreto como medida de prevención no solo no contribuiría al tratamiento del delito sino que además
provocaría un gasto infructuoso. De ahí que los mecanismos de evaluación se deban incorporar en las
leyes, para que su aplicación sea ineludible y no discrecional por parte de las autoridades encargadas de
ejecutar los programas de prevención, obligándolos a generar las fuentes de información necesarias que
permitan conducir las políticas de prevención.
Otro aspecto fundamental en el tema sería la participación activa y comprometida de los tres niveles de
gobierno, cada uno de los cuales habrán de generar acciones, en el ámbito de sus respectivas
competencias, encaminadas a lograr la instauración del Sistema de Prevención como una solución eficaz
en el tratamiento de la criminalidad, lo cual además se alcanzaría a través de una coordinación nacional
dirigida por un Gabinete Político de Prevención del Delito cuyas funciones básicas deberán ser la
elaboración de diagnósticos, la planeación y evaluación de los programas, así como el desarrollo de
estrategias para la participación ciudadana tendientes a la prevención, y que deberá apoyarse en un
Gabinete Operativo y en Consejos Estatales y Municipales cuya función directa sería la ejecución de
dichas acciones.
Además, se deberá realizarse el cruce de información relativa a la eficacia de los programas de
prevención aplicados por las entidades y dependencias públicas así como por las Asociaciones Civiles u
Organismos No Gubernamentales, con la finalidad de evaluar experiencias y en su caso desarrollar
nuevas acciones sustentadas en resultados fundados en Programas que en materia de Prevención han
sido aplicados por éstas, a fin de considerarlas e implementarlas en los programas que atiendan zonas
geodelictivas con identidad de riesgos, o bien evaluar y considerar las estrategias exitosas que en materia
de prevención del delito han sido implementadas por otros países con las misma finalidad.
Adicionalmente, se deberá contar con una instancia capaz de concentrar un directorio de las instituciones
encargadas de la Prevención, sean públicas o civiles, que brinden servicios directamente a la sociedad y
que sea capaz de canalizar a quienes soliciten apoyo para tratar las diversas problemáticas sociales.
En un esfuerzo común deberá incluirse la participación ciudadana, siendo la primera encomienda de la
sociedad el de la detección de los factores de riesgo, evaluación externa y seguimiento de la eficacia de
los programas de prevención.
Como se planteo en líneas anteriores, evidentemente no se puede realizar un transformación tan
trascendental de un día a otro; el cambiar de una estrategia de Represión acostumbrada a aplicar
acciones violentas a otra de Prevención de acciones incluyentes y de desarrollo personal, implica tiempo
(proyectos a mediano y largo plazo como se dijo) y dinero, el cual no se tiene previsto en el presupuesto
actual, pero que sin embargo se podría obtener de la partida destinada a Seguridad en una proporción tal
que no afecte ni el gasto destinado a seguridad ni el de la estrategia actual, como podría ser un 2% inicial
cuyo aumento gradual se daría hasta llegar al 5% por lo menos, para comenzar a realizar las acciones
más básicas tendientes a obtener los primeros resultados.
La aplicación de la Prevención como táctica para disminuir la criminalidad conlleva también a limitar la
construcción de cárceles y a establecer prioridades sobre quiénes son los que realmente deberían ocupar
estos espacios, además de fortalecer los mecanismos de impartición de justicia o de crear nuevos
aparatos que garanticen en todo tiempo la reinserción social del sujeto activo del delito, la protección de
los derechos de las víctimas, atención a las mismas, representación jurídica y reparación del daño.
Las matrices o recomendaciones propuestas en este seminario habrán de ser el eje rector de los cambios
en el actual sistema penal mexicano. Las estrategias que se deben plantear en la prevención deben ser
tales que permitan al Estado mexicano obtener resultados eficaces no solo en el tratamiento de los
infractores, sino además en la disminución de los índices de victimización, en el aprovechamiento del
presupuesto en materia de seguridad y en la obtención de la confianza de la sociedad en sus
instituciones, mediante la detección oportuna de los factores de riesgo que motivan la comisión de actos
criminales.
4. CONCLUSIONES GENERALES. DR. EDGARDO BUSCAGLIA. Políticas Públicas para la
Prevención de la Delincuencia Organizada12
La experiencia internacional nos indica que ningún país ha sido capaz de contener el fenómeno de la delincuencia organizada sin apoyarse en el Programa de Prevención contemplado en las Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción. Por tal motivo, durante el desarrollo del presente documento se expondrán los aspectos más relevantes del Artículo 31 de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, en atención a su idoneidad para la elaboración de programas que efectivamente combatan el fenómeno que nos ocupa. La elaboración de este tipo de medidas preventivas debe hacerse bajo un esquema de red de programas gubernamentales y no-gubernamentales, en virtud del cual, su financiamiento se logre por la acción conjunta del sector privado, público y/u organismos internacionales y que concentra su actividad en la asistencia técnica tanto al sector privado, por ejemplo, bancos y empresas diversas de alto riesgo o bien, al área educativa, laboral, familiar, así como en programas de entrenamiento y rehabilitación de menores en zonas de mediano y alto riesgo, es decir, con altos índices delictivos, de desempleo y pobreza. Estas medidas preventivas deberán contemplar los ámbitos político, empresarial, sociedad civil y jóvenes, de tal suerte que sea posible explicar por qué es que son infiltrados por los grupos criminales. Ahora bien, la OCDE ha dado cuenta de que los países que la integran han registrado desde la década de los sesenta, que a medida que los niveles de vida mejoran, los índices de criminalidad siguen aumentando. En Estados Unidos, las políticas ligadas al Sistema de Administración de Justicia Penal tuvieron un costo aproximado de $ 220,000 millones de dólares en el 2007, mientras que en la Unión Europea el costo fue de $ 135,000 millones; por otra parte, se tiene el dato de que el contribuyente estadounidense paga el doble que el canadiense para mantener dicho sistema.
Sin embargo, es notorio que las Tasas de Criminalidad per-capita con violencia son mayores en Estados Unidos que en Europa y, si se descontaran las minorías de las tasas de homicidios en Estados Unidos, se podría verificar que las tasas de Europa y de Estados Unidos son similares. Esto indica que, si bien los afro-estadounidenses representan un 13 % de la población de Estados Unidos, éstos a la vez representan casi un 50 % de la población penitenciaria estatal y 31% de la federal, si se descontaran esas tasas de homicidios, Estados Unidos y de Europa mostraran similitud en sus niveles en esas tasas de criminalidad per-capita, no obstante de que una de cada cinco personas de la población carcelaria mundial está en Estados Unidos
12
Dr. Edgardo Buscaglia, Asesor, Instituto de Entrenamiento para los Cuerpos de Mantenimiento de Paz, Profesor Visitante de Derecho y Economía, ITAM (México) e Investigador en Jefe, Universidad de Columbia, Director, Centro Internacional de Desarrollo Económico y Derecho Internacional
Es de resaltar que las tasas de criminalidad per-capita con violencia son de dos a siete veces mayores en zonas urbanas que en zonas suburbanas. Los efectos de la delincuencia afectan a todas las personas, pero conviene detenerse a estudiar el papel de las víctimas, éstas normalmente tienden a divorciarse del Sistema de Administración de Justicia Penal, además de que son victimizadas en el mismo Sistema de Administración de Justicia. Como resultado de una encuesta de victimización realizada por la Organización de las Naciones Unidas, se obtuvo como resultado que: • 1 de cada 4 Canadienses son víctimas de al menos un tipo de delito • 1 de cada 3 Estadounidenses son víctimas de al menos un tipo de delito • 1 de cada 2 Mexicanos son víctimas de al menos un tipo de delito • 1 de cada 6 ciudadanos – en promedio- de la OCDE son víctimas de al menos un tipo de delito Lo anterior sirve para exponer por qué es difícil obtener los resultados deseados si el Sistema de Administración de Justicia Penal no se focaliza en las causas subyacentes que explican a la delincuencia y demuestra que una política represiva simplemente da limitados resultados a un alto costo. De igual forma, resulta evidente que ese tipo de medidas afectan negativamente a los contribuyentes, ya que el tener más policías, más juzgados y más fiscales, resulta ser una medida ineficiente. PREVENCIÓN PARA LOS JÓVENES Y SOCIEDAD CIVIL El papel que tienen los jóvenes en los datos antes señalados resulta de particular importancia, el 75 % de los delitos comunes con violencia son cometidos por menores de 25 años. Lo cual revela que las variaciones inter-temporales delictivas pueden explicarse en parte por cambios en la distribución de población por edad (ver pirámide demográfica). Un 6 % de los jóvenes cometen aproximadamente el 50 % de los delitos en Estados Unidos, pero ¿cuáles son las características socioeconómica, psicológica y criminológica de este porcentaje? Como resultado del análisis realizado en Estados Unidos, se obtuvieron las siguientes características:
– Familias disfuncionales – Familiares delincuentes – Bajos coeficientes emocional e intelectual – Mal desempeño escolar – Pobreza – Alcoholismo y drogadicción
Si nos referimos a la hipótesis de disuasión para este segmento de población, sabemos que de acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos, se ha demostrado que la delincuencia reacciona
significativamente ante cambios de los costos esperados de cometer un crimen, por ejemplo, durante los años ochenta, Estados Unidos experimentó una disminución del costo esperado de cometer un delito entre estos jóvenes menores de 25 años, reduciéndose de 22 días (años setenta) a 11 días de prisión (1982), lo cual tuvo como consecuencia, una explosión de criminalidad urbana. Diversos estudios se han realizado al respecto confirman lo anterior. A continuación se destacan los siguientes: Isaac Ehrlich en Estados Unidos, verificó la hipótesis de disuasión en robos entre 1940-1969, verificando que cuando aumentan las probabilidades de detención, condena y ejecución, disminuyen los robos. Bullmstein y Nagin confirmaron que cuando aumentan las penas y su certeza, bajan las tasas de evasión de conscripción. Wolpin, en Reino Unido, tomó los delitos más frecuentes entre 1894 y 1967, concluyendo que la certeza y la severidad (ambas) tienen un impacto en las variaciones de los índices delictivos Ann Witte monitoreó por 3 años el comportamiento de 64 ex reclusos y encontró que el 80 % fue nuevamente arrestado. Después, verificó que entre esta muestra de ex reclusos, los aumentos de la certeza de castigo y aumentos de severidad de la pena tendió a disminuir la reincidencia. Finalmente, Murray Cox examinó el comportamiento de 317 ex-reclusos con un promedio de 16 años de edad y observó que 18 meses después de aumentadas la probabilidad de sanción y la sanción en los libros, el índice de reincidencia disminuyó en dos tercios. Por otra parte, existe poco apoyo empírico que permita sostener la viabilidad de la hipótesis socioeconómica. James Q Wilson argumenta que dos tercios de los delincuentes comunes están empleados. Como preámbulo a las medidas que se pueden recomendar con la finalidad de evitar que los grupos de jóvenes sean infiltrados por los grupos de delincuencia organizada, es pertinente anotar que las experiencias del entorno familiar y escolar afectan los comportamientos antisociales de los menores, haciéndolos proclives a unirse a pandillas o a asociaciones delictuosas
Estudios longitudinales
En atención a lo anterior, resaltamos la necesidad de invertir en programas destinados al desarrollo funcional del ámbito familiar de jóvenes que se encuentren en riesgo de unirse a pandillas o asociaciones delictuosas.
Adolescentes (mentores ligados a escuelas, etc.) En este mismo sentido, es menester transformar el ambiente escolar para sanearlo de oportunidades y prácticas de violencia de jóvenes en riesgo de unirse a pandillas o asociaciones delictuosas, asimismo, es indispensable invertir en programas que ayuden a mantener a la juventud ligada a
trabajos comunitarios que les permitan desarrollar habilidades de vida, participación en las artes, la práctica de actividades deportivas, etc. Las recomendaciones de prevención mencionadas están sustentadas en un estudio en del que se desprende que, por una parte, un 5% de los jóvenes con un rango de edad entre los 14 y 22 años, está vinculado con el 55% de los delitos. Este estrato (5%) se encuentra expuesto a factores de riesgo específicos como pobreza relativa combinada con ambientes familiares y de escolaridad disfuncionales y, por la otra, con el dato que reporta que un 4% de las víctimas componen el 44% de la victimización, ya sea por rutinas de vida expuestas al delito o por la vulnerabilidad que tienen debido a la cercanía con los centros de oportunidad, es decir, por estar cerca de quienes cometen delitos, por ejemplo, jóvenes que se desenvuelven en áreas localizadas cerca de los puntos de distribución de narcomenudeo. Es necesario focalizarse en los factores de riesgo de jóvenes de la siguiente manera con la finalidad de materializar las medidas de prevención contra la delincuencia organizada: Familia: en lo referente a disfunción, abuso, conflicto, baja supervisión, familiares delincuentes y falta de cohesión. Educación: En lo referente a bajos niveles de desempeño, ausentismo, abandono académico, bajo nivel de motivación y problemas de comportamiento. Individual: En lo referente al abuso de drogas y alcohol, baja motivación, agresividad, bajo nivel de autocontrol y baja capacidad de integración social). Ámbito Vecinal: En lo referente a desorganización, pobreza, drogas y armas de fuego, condiciones de vivienda precaria e infraestructura vecinal deficitaria, así como bajo capital social. Relaciones: En lo referente a amigos delincuentes, miembros de asociaciones delictivas, alienación y falta de modelos de vida relevantes. Con objeto de poder exponer los beneficios que acarrean este tipo de medidas, podemos relatar que en cinco ciudades de Estados Unidos se realizó una evaluación de su impacto y se obtuvo como resultado que cuando se reduce el abandono escolar en un 27% y se incrementa la educación post secundaria en un 26%, se reducen las detenciones de estos jóvenes en un 71% a lo largo de 48 meses.
Programa de inclusión juvenil (OCDE). En Inglaterra y Gales se implementaron 72 programas preventivos en red y se obtuvieron los siguientes resultados:
Reduce la expulsión de escuelas en un 27% Reduce los delitos entre estos jóvenes en un 65% Reduce la criminalidad total en las colonias urbanas entre un 16% y 27%
PREVENCIÓN EN LOS ÁMBITOS POLÍTICO Y EMPRESARIAL
Siguiendo con los factores de prevención ya desarrollados respecto de los jóvenes y la sociedad civil, a continuación se exponen los factores ligados a personas morales y a la clase política, a la luz de las siguientes consideraciones: Para lograr un efectivo esquema de contención a la criminalidad, la experiencia internacional muestra que en otros países fue necesario adoptar un plan de reforma del Estado fundamentado en un pacto político de amplio alcance, el cual tuvo como objetivo principal el de democratizar al poder político a través de un sólido mecanismo de pesos y contrapesos que permitiera tener control efectivo de la decisión política en todos los órdenes, situación que implicó un vuelco de la cultura política reinante. Las variables que impactan la dinámica, riesgos y oportunidades de la delincuencia organizada son: • La introducción de la delincuencia organizada, como tercer actor en el mercado de oportunidades
de corrupción altera los resultados en la lucha contra la corrupción. • Como bien ha sido descrito en los reportes de la Comisión Antimafia de Italia (Commissione
Parlamentare d'inchiesta sulla mafia, 1993), la delincuencia organizada y la clase política intercambian menores niveles de violencia y apoyo financiero por un mayor control de los mercados ilícitos y protección; asimismo, la delincuencia organizada compra consenso político para protegerse contra investigaciones judiciales y fomenta la captura posterior de las políticas públicas.
• La delincuencia organizada le ofrece beneficios a empresas lícitas, por ejemplo: la protección contra competencia potencial o deudores morosos, por su parte, la delincuencia organizada tiene, de esta forma, acceso a mercados lícitos como mecanismos de lavado de dinero.
• La corrupción y la delincuencia organizada son generadas por motivaciones económicas pero estas motivaciones se activan a través de catalizadores provistos por una pobre gobernabilidad en altos niveles del ámbito político y una ausencia de prevención social;
Por las razones expuestas, a continuación se describen aquellas innovaciones que deben adoptarse legalmente y de manera práctica. • Se requiere la tipificación homogenea de ciertas conductas delictivas, ligadas a la corrupción
pasiva y activa. • Definir jurídicamente y estandarizar la tipificación y la aplicación de ciertas conductas ligadas a
la corrupción (por ejemplo, un conflicto de intereses, el desvío de fondos públicos y abusos de funciones.
• Se requiere la implementación políticas de prevención de la corrupción en el sector público y privado.
• Alcanzar un efectivo nivel de cooperación judicial internacional a través de la extradición, asistencia legal mutua e investigaciones conjuntas.
• La implementación práctica de mecanismos institucionales para la recuperación de activos ligados a la corrupción.
• El entrenamiento adecuado a sus funcionarios en la aplicación de estas mejores prácticas plasmadas en la Convención, a efecto de que conduzcan y apoyen programas de investigación académica aplicada, así como el establecimiento de medidas prácticas para compartir información con la sociedad civil.
Una vez que hemos considerado lo anterior, se recomienda para la debida adopción de la Convención Contra la Delincuencia Organizada, ejecutar un plan de acción que contenga lo siguiente:
Una reforma constitucional que permita la tipificación penal ligada a personas morales. Expandir la definición de lavado de activos (reforma al artículo 400 bis). Requerir investigaciones patrimoniales de los ámbitos social y familiar de los funcionarios
públicos y/o del sector privado vinculados a casos de corrupción, asociaciones delictuosas o delincuencia organizada. Estas investigaciones patrimoniales deberán abarcar a organizaciones de la sociedad civil.
Establecer Escuelas de Liderazgo (tipo ENA en Francia) como pre-requisito al acceso a posiciones de alto rango en el sector público.
Requerir un análisis de situación patrimonial de amplio alcance social y familiar a todo candidato político de todos los niveles del Estado.
Establecer un estricto sistema de servicio civil de carrera sin excepciones en la Ley. Como complemento a lo anterior, conviene enumerar las principales causas que bloquean la correcta implementación de mejores prácticas Contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción, las cuales son, a saber: • Vínculos financieros entre los actores políticos y las organizaciones criminales que, por acción
u omisión, se benefician de un ámbito de impunidad en, por ejemplo, abusos en el financiamiento de campañas y precampañas electorales.
• Vínculos financieros entre empresas lícitas y empresas criminales sujetos a un ámbito de impunidad (lavado);
• Falta de un sistema implementado que asegure equilibrio entre independencia del juez y una rendición de cuentas a través de sistemas de controles disciplinarios efectivos (por ejemplo, Consejos de la Judicaturas) conjugados con un más efectivo control interno de la decisión judicial.
• Falta de un sistema meritocrático aplicado a nombramientos, ascensos y destituciones de policías y fiscales (a través de un servicio civil de carrera que reduzca drásticamente el ámbito de excepciones).
• Ausencia de un rol operativo de la sociedad civil en la misma aplicación de políticas preventivas, en la recuperación de espacios públicos, en la derivación de denuncias y en la obtención de material probatorio (dentro de una denominada “cultura de la legalidad”).
• Delineación e implementación de programas de prevención social ligados a la pobreza rural y urbana, con amplia participación de la ciudadanía en el esfuerzo (Índice de Desarrollo Humano- ONU).
• Falta de Entrenamiento a Jueces en la obtención y evaluación de pruebas de alta complejidad en casos que involucran a asociaciones delictuosas o delincuencia organizada.
• Ausencia de efectivas Unidades de Inteligencia Financiera y de Investigación Patrimonial federales trabajando proactivamente en red con unidades de investigación patrimonial en cada una de las entidades federativas.
• Ausencia de coordinación operativa en la obtención de evidencia entre policías/fiscalías y las unidades de inteligencia financiera que llevan adelante tareas de inteligencia preventiva con vistas a “judicializar” material obtenido una vez iniciado el proceso judicial.
• Falta de protección a informantes anónimos (“whistleblowers”) en el sector público; • Ausencia de instrumentos jurídicos para la “Extinción del Dominio” de la propiedad asociada a
la delincuencia; • Ausencia de aplicación de instrumentos jurídicos para recuperar activos asociados a la
corrupción a través de la vía civil. • Falta de un control efectivo de las Unidades de Inteligencia Financiera (en coordinación
interinstitucional con los fiscales electorales e Instituto Federal Electoral), para asi monitorear los orígenes, niveles y usos de contribuciónes monetarias a actividades electorales de actores políticos y de partidos políticos.
5. SÍNTESIS CURRICULARES
Doctor Edgardo Buscaglia
Director del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y Democracia A.C., Profesor invitado del Departamento de Derecho del ITAM. Director del Centro International de Derecho y Economía, en la Universidad de Columbia (Nueva York) y en el Instituto de Hoover, Universidad de Stanford (California), en los Estados Unidos; es asesor del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e Investigaciones (UNITAR, por sus siglas en inglés). Desde 1998 ha participado como asesor del Banco Mundial, de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales y bilaterales (como el Departamento de Estado de Estados Unidos y órganos de cooperación de la Unión Europea), en la provisión de asistencias técnicas a reformas judiciales/legales en 91 países de Asia, África, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente, y en las regiones del Cáucaso y los Balcanes. Miembro del Gabinete de Gobernabilidad (1997-2000) de Transparencia Internacional (Berlín, Alemania) y coeditor de “Law and Economics of Development”, JAI Press. Ha publicado más de cien artículos científicos y libros focalizados en el análisis económico del derecho aplicado a países en desarrollo, y sus obras han sido plasmadas y servido de marco a las asistencias técnicas que la ONU ha venido implementando en 92 países de todas las regiones del planeta. Ha participado como jefe de misiones en reformas judiciales y entrenamientos a jueces y fiscales en países tan diversos como Afganistán, Colombia, Jordania, Nigeria, Pakistán, Paraguay, República Checa, Eslovenia y Zimbabwe. Ha recibido su doctorado en Derecho y Economía y postdoctorado en Jurisprudencia y Política Social de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign y de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos). Es cofundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía y miembro de la Academia Mexicana de Derecho y Economía.
Ciudadano Carlos Cruz Santiago Egresado del Instituto Histraduth de Israel en materia de Prevención de la Violencia Juvenil. Socio fundador y actualmente presidente de Cauce Ciudadano A.C.; organización civil, con 9 años de experiencia en trabajo con jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad a través de la prevención y la atención del daño en adolescentes y jóvenes. Se desempeño como director del Centro de Desarrollo Comunitario Aprendiendo a Vivir. Es capacitador y promotor de la iniciativa internacional Habilidades para la Vida, Promoción de la Salud y Prevención de Riesgos, ha especializado el trabajo de violencia y delito juvenil trabajando con pandillas y bandas estudiantiles en la Ciudad de México, Impulsa el trabajo con habilidades para la vida y generación de resiliencia, trabajo que le permitió ser seleccionado como FELLOW de ASHOKA Emprendedores Sociales con el proyecto Desarrollo de Habilidades para la Vida, Generación de Resiliencia y reclasificación de escala de valores con miembros de pandillas y bandas estudiantiles en el norte de la Ciudad de México”. Coordinador del programa “La Justicia Restaurativa vs. Justicia Punitiva y la Coerción Positiva y habilidades para la vida Maras, bandas y pandillas una Metodología para la Inserción Social de Jóvenes en Riesgo” México- El Salvador 2005-2007 Asesor del programa de Recuperación de espacios públicos “Uso y goce del Espacio Publico” Una intervención para la Actoría Social Juvenil. 2007-2009 Es asesor en el tema de juventud y habilidades para la vida de diversas organizaciones de la sociedad civil, participando en diversas mesas y proyectos de atención a adolescentes y jóvenes. Integrante de la RIE “Red de Instituciones Especializadas en desarrollo y juventud”, fundador de la Escuela Latinoamericana para la Actoría Social Juvenil. Fundador de la Escuela de Habilidades para la Vida “Escuela del Futuro” en alianza con Danone México. Conferencista en el tema Construcción de Paz y Juventud, Gernika Bilbao. Integrante-Fundador de la Red Nacional “Prevención en todas direcciones” Actualmente coordina la Escuela de Reinserción Acadêmica para integrantes de bandas y pandillas en siete entidades federativas de México.
Licenciada Hilda Araceli Moreno Acosta Licenciada en Economía, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 1974–1978. Miembro fundadora de Incide Social en 2003. Participación en la elaboración de los documentos constitutivos de la asociación y participación en proyectos como La realidad social de Ciudad Juárez, capítulo de Retos de Seguridad Pública y apoyo en otros capítulos. Diseño e impartición del módulo sobre Política y desarrollo social en México del diplomado de profesionalización de las OSC del Indesol. Taller de Política social a nivel municipal como parte del curso para presidentes municipales, alcaldes y síndicos en el Estado de México. Cd. Nezahualcoyotl, 2003, entre otros. Amplia experiencia en la administración pública, en niveles ejecutivos, estratégicos, de planeación y operativos. Puestos desempeñados recientemente: Directora de Operación y Seguimiento de Desarrollo Productivo de la Mujer, en FONAES, Directora de Evaluación y Subdirectora de Coordinación con delegaciones federales en Indesol. Directora de Información Social y Coordinadora de Apoyo a Programas de la Secretaría de Desarrollo Social en el GDF. Directora de orientación telefónica en el Instituto Federal Electoral. Algunos logros son: el desarrollo del concepto e instrumentación del servicio IFETEL, la integración del Programa de Prevención del Delito y la Violencia en la Ciudad de México con un enfoque de desarrollo social y su aplicación en la delegación Iztacalco, diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de proyectos sociales de OSC apoyados por Indesol y de proyectos productivos de mujeres y personas con discapacidad apoyados por FONAES, Sistema de Oferta de Servicios Sociales (SOSS) y Sistema Geoestadístico Social de la Ciudad de México, cursos de capacitación diversos que he impartido a la población, especialmente sobre aspectos de desarrollo social.
Mtro. Emilio Álvarez Icaza Obtuvo el grado de maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Sede México), es también licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y diplomado en Diseño y Análisis de comunicación política por la Universidad Iberoamericana, platel Santa Fe. Fue académico e investigador, en la Universidad Iberoamericana (UIA-Santa Fe), en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) de la sierra norte de Puebla, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), así como de la fundación Javier Barrios. Actualmente es profesor en el Posgrado de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experto consultor y asesor en temas de comunicación popular y civil, participación ciudadana, derechos humanos y sociedad civil; en ese tema es de mencionar que fue fundador de la organización ciudadana Alianza Cívica. Su trabajo de investigación, en instituciones civiles, académicas y públicas, abarca de manera relevante temas en materia de derechos humanos, movimientos sociales, sociedad civil y democracia. Igualmente ha consolidado una trayectoria en asuntos relacionados a organismos civiles y temas de comunicación. Sus investigaciones han derivado en varias publicaciones en revistas especializadas y académicas. Integrante de la Red de Mundial de Emprendedores Sociales de la Fundación ASHOKA. Destaca en su trayectoria laboral, que fue Director General del Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS), Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Presidente de la Comisión Provisional de Evaluación de las Unidades Técnicas de Comunicación Social, Contraloría Interna, Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados y Documentación. Además fue integrante de las Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas y Organización Electoral Desde 01 de octubre de 2001 a la fecha, ocupa la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
Licenciado Marcos Fastlicht Sackler.
Egresado de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1963. Ha destacado como uno de los empresarios más importantes en el desarrollo de la construcción de viviendas de interés social, conjuntos habitacionales, parques industriales, cadenas de restaurantes, cines, supermercados en el país. Incursiona en el sector empresarial en 1965, como Co-Director General en la Constructora Alfa S.A., posteriormente Funda las Galerías de Arte Sagitario S.A. y de Arte Marcos Fastlicht S.A. En 1970 funda la Inmobiliaria y Constructora K S.A. de C.V., dedicada al desarrollo de vivienda de interés social, participando en la construcción y venta de 3000 viviendas de interés social. Posteriormente, se asocia con el licenciado Daniel Liwerant para crear la empresa denominada Grupo K S.A de C.V., con el mismo fin, la construcción de de vivienda, llegándose a edificar más de 17000 viviendas en diversos puntos de la República Mexicana, entre los años 1973 a 2002, las cuales se han creado viviendas de proyecto habitacional en la zona de Vallejo S.C.T., y están en proceso la creación de tres torres Departamentales de interés medio. Participó en una serie construcciones y remodelaciones para el desarrollo económico, comercial, turístico y social en Acapulco, Guerrero, como son, el desarrollo de condominios en cuatro Torres en la Bahía y una Torre Departamental de lujo; la remodelación del parque acuático CICI, la construcción del Centro Comercial La Plaza de Acapulco, la construcción de 6 bodegas, talleres y oficinas para industria Yoli S.A. de C.V., actualmente se encuentra en proceso la construcción de un Desarrollo Residencial ubicado en Punta Diamante de 122 casa incluyendo áreas verdes, albercas y circulaciones en Acapulco. Con respecto al sector industrial, realizó el desarrollo de un Parque Industrial, dentro del cual se edificaron más de 80000 m2 de Naves Industriales en Tijuana, Baja California. En el sector comercial, ha realizado la construcción de un Supercenter denominado “Ávila Camacho” (Estructura metálica, obra civil, acabados, terracerías y jardines para servicios administrativos Wal Mart, S. de R.L. de C.V. ubicada en Zapopan, Jal.), de un local Comercial para Pollo Campero en Puebla, un Centro Comercial “Plaza San Marcos” en Cuautitlán, Izcalli, funda una cadena de tiendas de Foto acabado en una hora llamada “Foto Pronto S.A. de C.V., tiendas de videocentros, construye sucursales de la cadena de restaurantes Mc Donald´s, el edificio FORUM en Polanco y un edificio Torre del Bosque, en Polanco-Lomas, Corporativo que consta de 21000 m2. de espacio rentable. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 1994, le otorga una concesión para operar como Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL), por lo cual se constituye Fincasa Hipotecaria, S.A. de C.V. Especializada en el ramo Hipotecario, la cuál sigue operando, otorgando créditos a Desarrolladores de Vivienda de Interés Social y Vivienda Media. En el mismo año fue Presidente del Consejo de Administración de la Empresa CINEMEX. En años siguientes construye y remodelan a rededor de 20 complejos y 46 salas de cines de dicha empresa, en el Distrito Federal y en la República Mexicana, entre las que destacan Cinemex Aragón, Misterios, Tenayuca, Exhibimex. Siendo su empresa impulsora en el crecimiento en la industria del cine.
Crea el Instituto Mexicano de Investigación Clínica S.A.; siendo el primer Centro en Latinoamérica autorizado por la F.D.A (Federal Drug Administration), para llevar acabo estudios clínicos de nuevos medicamentos a nivel mundial, autorizado por la Secretaria de Salud. Participa activamente como Presidente del Consejo de Administración. Entre los proyectos inmobiliarios están la construcción de los siguientes Bosque Real, Campos de Golf en Cancún, Villas en Tijuana, B. C., Construcción de Naves Industriales, 20 Complejos Cinemex y un Desarrollo del Conjunto Puerta Alameda Desde 1990, es vicepresidente del Instituto Cultural México-Israel; es fundados y tesorero de la organización de Amigos de la universidad de Tel Aviv en México, y Consejero de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Dentro del sector público fue Consejero del Banco Mexicano en el Sureste, miembro del Consejo Consultivo de la Ciudad de Acapulco de 1990 al 2000, presidente del Patronato del Museo Nacional de Antropología. En ámbito de la Seguridad Pública, a participado como Consejero Titular de la Comisión de Atención a Víctimas del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, fundador y presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica. Actualmente es Presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la Republica.
Doctor Irvin Waller
Conferencista estimulante y controvertido, invitado en todo el mundo para explicar la verdad acerca de la prevención de la violencia y la protección a víctimas del delito. Descrito como un hombre común cuya pasión es detener la violencia.
La Organización Nacional de Estados Unidos para Asistencia a las Víctimas de los EUA, le otorgó su reconocimiento en política pública en 1985, por su liderazgo en conseguir el reconocimiento por parte de la ONU, de las víctimas de delitos y de los principios generales de justicia para su atención, cuidado y protección en cualquier parte. Esto premió su contribución a uno de los movimientos más significativos, de derechos sociales en los EUA “el movimiento de los derechos de las víctimas”. El Centro Nacional de Justicia Alternativa en Estados Unidos lo designó comisionado en 1994, en la primera comisión nacional desde 1968, para proveer una evaluación independiente, del sistema de justicia penal americano.
El Ministro de Seguridad Pública de Mandela lo incluyó, en 1996, en una fuerza de tarea especial para proveer de una visión distinta para reducir los delitos violentos en Sudáfrica. Irvin ha asesorado a procuradores generales y líderes políticos en más de 40 países sobre cómo prevenir en vez de reaccionar contra la violencia. Fue el Director Ejecutivo Fundador del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, instituto afiliado a la ONU. Sus logros en la prevención del delito alrededor del mundo, han sido reconocidos en Bélgica, Canadá, Inglaterra, Francia y los Países Bajos.
Irvin nació en Inglaterra y obtuvo su grado de Doctor en la Universidad de Cambridge. Ha enseñado política criminológica en los EUA, Francia y Canadá. Trabajó como oficial experto en el Ministerio del Abogado General en Canadá en los 70's, en la abolición de la pena de muerte y en el mejoramiento del control de armas, en la legislación para delincuentes de alta peligrosidad, y en la prevención de la violencia en contra de las mujeres. Ha publicado ampliamente en inglés, francés y español, idiomas que domina.
Hoy en día, es el director fundador del Instituto para la Prevención de la Criminalidad de la Universidad de Ottawa, y vicepresidente de la Organización Internacional para la Asistencia a Víctimas, con sede en Portland, Oregón.
El último proyecto de Irvin es su libro “Menos represión, Más seguridad”. Un libro con fuertes argumento de autoridad que resume la ciencia y el conocimiento sobre qué previene la violencia, y provee a los políticos de recomendaciones concretas para la acción. Está convencido de que la tarea más importante es informar, educar y retar a los votantes para que piensen acerca de qué funciona en la prevención, y se limite el uso de la prisión de tal manera que obliguen a sus políticos (populistas) a hacer lo correcto. Menos represión, Más seguridad, tiene tan sólo 189 páginas y está escrito para el público en general.
6. ANEXOS
5.1. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.
Artículo 2.-
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Artículo 3.-
La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.
Artículo 4.-
El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública. La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 5.-
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización
Policial; II. Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de datos nacionales y la
información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema.
III. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial; IV. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial; V. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial; VI. Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley; VII. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública; VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia,
del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;
IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél;
X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;
XI. Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial;
XII. Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente;
XIII. Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública;
XIV. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal; XV. Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema; XVI. Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 6.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.
Artículo 7.-
Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:
I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines; II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y
estrategias, en materia de seguridad pública; III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las
instancias previstas en esta ley; IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa
Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;
V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;
VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;
VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas; VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización
tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública; IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal; X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública; XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los
términos de esta ley y demás disposiciones aplicables; XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en
coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;
XIII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y
XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.
Artículo 8.-
La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema.
Artículo 9.-
Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema, observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional. En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias, el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer.
TÍTULO SEGUNDO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 10.-
El Sistema se integrará por: I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y
definición de políticas públicas; II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema.
El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.
Artículo 11.-
Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional. El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley.
CAPÍTULO II
Del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Artículo 12.- El Consejo Nacional estará integrado por:
I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; II. El Secretario de Gobernación; III. El Secretario de la Defensa Nacional; IV. El Secretario de Marina; V. El Secretario de Seguridad Pública; VI. El Procurador General de la República; VII. Los Gobernadores de los Estados; VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema.
El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente. El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo.
Artículo 13.-
El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas.
Artículo 14.-
El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones: I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y
evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública; II. Emitir acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema; III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de
Seguridad Pública; IV. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito; V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar
seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan; VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las
Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;
VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;
VIII. Resolver la cancelación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los Acuerdos Generales del Consejo o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia;
IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;
X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de gobierno;
XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales; XIV. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en
las Instituciones de Seguridad Pública; XV. Recomendar la remoción de los titulares de las instituciones de Seguridad Pública, previa
opinión justificada del Secretariado Ejecutivo, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley;
XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Pública;
XVII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;
XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y XIX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias
para el funcionamiento del Sistema.
Artículo 15.- El Consejo Nacional podrá funcionar en Pleno o en las comisiones previstas por esta ley. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar. El quórum para las reuniones del Consejo Nacional se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes del Consejo. Corresponderá al Presidente del Consejo Nacional, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema. Los miembros del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.
Artículo 16.-
Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes: I. De Información; II. De Certificación y Acreditación, III. De Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas. En las Comisiones podrán participar expertos de instituciones académicas, de investigación y agrupaciones del sector social y privado relacionados con su objeto. Los Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán designar por oficio a sus representantes permanentes ante el Secretario Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser servidores públicos con un nivel jerárquico igual o superior a Director General en las Secretarías competentes en la entidad federativa respectiva, para la aplicación de esta Ley.
CAPÍTULO III
Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 17.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros. El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno
goce de sus derechos civiles y políticos; II. Tener más de treinta años de edad; III. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado; IV. Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en
las áreas correspondientes a su función, y V. No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.
Artículo 18.- Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su
Presidente; II. Impulsar mejoras para los instrumentos de información del Sistema; III. Formular propuestas para el Programa Rector de Profesionalización; IV. Coordinar la realización de estudios especializados sobre las materias de Seguridad Pública
y formular recomendaciones a las instancias de coordinación previstas en el presente ordenamiento;
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;
VI. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades; VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el
cumplimiento de los fines del Sistema; VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y
específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional;
IX. Proponer al Consejo Nacional las políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública;
X. Verificar que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las Conferencias Nacionales, se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;
XI. Proponer los criterios de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública en los términos de la ley;
XII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones del Sistema en los términos de ley;
XIII. Presentar al Consejo Nacional los informes de las Conferencias Nacionales, para el seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas;
XIV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional; XV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran el Sistema, para fortalecer
y eficientar los mecanismos de coordinación; en especial en el impulso de las carreras Ministerial, Policial y Pericial;
XVI. Integrar los criterios para la distribución de los fondos de seguridad pública y someterlos a la aprobación del Consejo, en términos de las disposiciones legales aplicables;
XVII. Gestionar ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos de seguridad pública, de conformidad con los criterios aprobados por el Consejo y las demás disposiciones aplicables;
XVIII. Someter a consideración del Consejo Nacional el proyecto de resolución fundado y motivado de cancelación y, cuando proceda, la restitución de la ministración de aportaciones, a las entidades federativas o, en su caso, municipios;
XIX. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta Ley;
XX. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;
XXI. Elaborar y someter a consideración del Consejo Nacional, opinión fundada y razonada por la que se recomiende la remoción de los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública;
XXII. Presentar quejas o denuncias ante las autoridades competentes por el incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones aplicables, así como por el uso ilícito o indebido de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, e informar al respecto al Consejo Nacional;
XXIII. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema; XXIV. Coordinar la homologación de la Carrera Policial, la Profesionalización y el Régimen
Disciplinario en las Instituciones de Seguridad Pública, y XXV. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que
le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente.
Artículo 19.- El Centro Nacional de Información será el responsable de la operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:
I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos criminalísticos y de personal del
Sistema en términos que señale el reglamento; II. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes
del Sistema; III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de estas bases de datos;
IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;
V. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia, y
VI. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos.
Artículo 20.-
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:
I. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas;
II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;
III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para: a) Prevenir la violencia infantil y juvenil; b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas,
niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar; c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y d) Garantizar la atención integral a las víctimas.
IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;
V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;
VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;
VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito; VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus
funciones; IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos
de esta Ley, y X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.
Artículo 21.- El Centro Nacional de Certificación y Acreditación será el responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Este Centro contará con un órgano consultivo integrado por las instituciones públicas y privadas que se determinen en el Reglamento de este ordenamiento.
Artículo 22.-
Corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. Para tal efecto, tendrá las facultades siguientes:
I. Establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos, tomando en consideración las recomendaciones, propuestas y lineamientos de las conferencias.
II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos;
III. Determinar los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
IV. Evaluar y certificar la correcta aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
V. Evaluar y certificar los procesos de evaluación y control de confianza que en el ámbito de Seguridad Pública operen instituciones privadas que así lo soliciten y cumplan con la normatividad correspondiente;
VI. Verificar periódicamente que los Centros de referencia apliquen los procesos certificados, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca;
VII. Apoyar a los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública;
VIII. Promover la homologación, validación y actualización de los procedimientos y criterios de Evaluación y Control de Confianza;
IX. Establecer los requisitos que deben contener los certificados Ministerial, Policial y Pericial y aprobar sus características, y
X. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones.
CAPÍTULO IV De la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Artículo 23.-
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estará integrada por los titulares de las Instituciones de Procuración de Justicia de la Federación, el Distrito Federal y los Estados, y será presidida por el Procurador General de la República. Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.
Artículo 24.-
El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia podrá invitar a personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar.
El Procurador General de Justicia Militar será invitado permanente de esta Conferencia.
Artículo 25.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:
I. Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;
II. Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales;
III. Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;
IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;
V. Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia;
VI. Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones; VII. Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los
ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;
VIII. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
IX. Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
X. Promover la homologación de los procedimientos de control de confianza de los Integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XI. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de procuración de justicia, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;
XII. Promover mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos con la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;
XIII. Impulsar las acciones necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;
XIV. Determinar las políticas y lineamientos sobre datos de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que intervenga el Ministerio Público, que se integren a las bases de datos que establece el presente ordenamiento;
XV. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de indiciados, procesados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;
XVI. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y garantías reconocidas en la legislación vigente;
XVII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas, atención a víctimas y ofendidos de delitos;
XVIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de procuración de justicia;
XIX. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de extradición y asistencia jurídica;
XX. Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito;
XXI. Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones de Procuración de Justicia;
XXII. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento; XXIII. Promover la uniformidad de criterios jurídicos, y XXIV. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 26.- La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se reunirá cada seis meses de manera ordinaria. El Presidente de dicha Conferencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime necesario.
CAPÍTULO V
De la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública
Artículo 27.- La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública estará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal y será presidida por el Secretario de Seguridad Pública Federal. La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma. Los titulares de las dependencias u órganos en que se integren los cuerpos de policía de los municipios, podrán participar en la Conferencia, de conformidad con las reglas que la misma establezca.
Artículo 28.-
El Presidente de la Conferencia podrá invitar a personas e Instituciones por razón de los asuntos a tratar.
Artículo 29.-
Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública: I. Impulsar la coordinación de las actuaciones de las dependencias encargadas de la seguridad
pública; II. Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las
Instituciones Policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización;
III. Elaborar propuestas de reformas a leyes en materia de Seguridad Pública; IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de
Profesionalización de las Instituciones Policiales, cualquiera que sea su adscripción; V. Proponer medidas para vincular el Sistema con otros nacionales, regionales o locales; VI. Proponer la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación internacional
sobre Seguridad Pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes; VII. Promover criterios uniformes para el desarrollo policial en términos de la presente Ley; VIII. Integrar los Comités que sean necesarios en la materia; IX. Desarrollar las especialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de
impacto nacional e internacional; X. Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter
preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federal, local y municipal;
XI. Impulsar las acciones necesarias para que los integrantes del Sistema establezcan un servicio para la localización de personas y bienes;
XII. Promover el establecimiento de un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre emergencias, faltas y delitos;
XIII. Procurar que en las Instituciones Policiales se aplique homogénea y permanentemente, el protocolo de certificación correspondiente, aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
XIV. Proponer los requisitos que debe contener el Certificado Único Policial; XV. Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información
por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación; XVI. Proponer al Centro Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases
de datos criminalísticos y de personal de las Instituciones Policiales y para el manejo de información;
XVII. Proponer mecanismos de coordinación, en materia de investigación de delitos, a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
XVIII. Proponer reglas para coadyuvar en la vigilancia y realización de acciones conjuntas para proteger las instalaciones estratégicas del país, en los términos de la legislación aplicable, y
XIX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.
CAPÍTULO VI De la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario
Artículo 30.-
La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría. Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.
Artículo 31.-
Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:
I. Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional; II. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en
los centros penitenciarios de reinserción social; III. Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción
social; IV. Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de
reinserción social; V. Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en
las legislaciones aplicables; VI. Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
VII. Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y
VIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.
CAPÍTULO VII De la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal
Artículo 32.-
La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, estará integrada por los Presidentes Municipales y titulares de los órganos político-administrativos del Distrito Federal que participarán de conformidad con las siguientes reglas:
I. Dos Presidentes municipales, de cada Estado, designados por el Consejo Local de Seguridad Pública correspondiente, y
II. Dos titulares de los órganos políticos administrativos del Distrito Federal serán nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública.
Dicha Conferencia Nacional contará con un Presidente, que será designado de entre sus miembros por el pleno de misma.
La Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el Presidente de la misma.
Artículo 33.-
La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes funciones mínimas:
I. Emitir sus reglas de organización y funcionamiento; II. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en materia de Seguridad
Pública; III. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad
pública municipal; IV. Elaborar propuestas de reformas a las normas de aplicación municipal en materia de
Seguridad Pública; V. Intercambiar experiencias y apoyo técnico entre los Municipios; VI. Proponer políticas públicas en materia de Seguridad Pública;
VII. Colaborar con las instituciones publicas y privadas, en la ejecución de programas tendientes a prevenir el delito;
VIII. Promover en el ámbito Municipal, la homologación del Desarrollo Policial; IX. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre la materia de Seguridad Pública
Municipal, y X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales o el consejo nacional.
CAPÍTULO VIII
De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación
Artículo 34.- En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia. En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Estos Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico. Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del Consejo Nacional. Los Consejos Locales determinaran su organización y la de las Instancias Regionales de Coordinación correspondientes en términos de esta Ley.
Artículo 35.-
Los Consejos Locales se integrarán por las Instituciones de Seguridad Pública de la entidad de que se trate y de la Federación. Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.
Artículo 36.-
Cuando para el cumplimiento de la función de Seguridad Pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, en las que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes. Del mismo modo, podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbanas entre dos o más entidades federativas, se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de los municipios respectivos y de los órganos políticos administrativos, tratándose del Distrito Federal.
Artículo 37.-
Los Consejos Locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al Consejo Nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la Seguridad Pública, en sus ámbitos de competencia.
Los miembros del Consejo designarán a uno de sus servidores públicos como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa. Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada.
Artículo 38.-
Los Consejos Locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.
CAPÍTULO IX
De la distribución de competencias
Artículo 39.- La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:
A. Corresponde a la Federación, por conducto de las autoridades competentes: I. Proponer las acciones tendientes a asegurar la coordinación entre la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios; II. Respecto del Desarrollo Policial:
a) En materia de Carrera Policial, proponer al Consejo Nacional: 1.- Las políticas relativas a la selección, ingreso, permanencia, estímulos,
promoción, reconocimiento y terminación del servicio de los Integrantes de las Instituciones Policiales, de acuerdo al Modelo Policial, conforme a la normatividad aplicable;
2.- Los lineamientos para los procedimientos de Carrera Policial que aplicarán las autoridades competentes;
b) En materia de Profesionalización, proponer al Consejo Nacional:
1.- El Programa Rector que contendrá los aspectos de formación, capacitación, adiestramiento, actualización e investigación académica, así como integrar las que formulen las instancias del Sistema;
2.- Los procedimientos aplicables a la Profesionalización; 3.- Los criterios para el establecimiento de las Academias e Institutos, y 4.- El desarrollo de programas de investigación y formación académica.
c) En materia de Régimen Disciplinario, proponer al Consejo Nacional los lineamientos para la aplicación de los procedimientos respectivos.
III. Coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las Instalaciones Estratégicas, y
IV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. B. Corresponde a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias:
I. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que deriven de ésta;
II. Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema; III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial,
Profesionalización y Régimen Disciplinario; IV. Constituir y operar las Comisiones y las Academias a que se refiere esta Ley; V. Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de personal; VI. Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la información
a que se refiere esta Ley; VII. Integrar y consultar en las bases de datos de personal de Seguridad Pública, los
expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales; VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no
cuentan con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo;
IX. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial;
X. Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable;
XI. Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad Pública;
XII. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración;
XIII. Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país, y
XIV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.
Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un Estado y sus Municipios.
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO I
De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública
Artículo 40.-
Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución;
II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho;
IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de
una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación
técnica y científica de evidencias; XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las
Instituciones de Seguridad Pública; XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad
Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables
hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de
permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o
constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica; XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del
desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables;
XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones;
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;
XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda;
XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente;
XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones;
XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes;
XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;
XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y
XXVIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:
I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice;
II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes;
III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones
de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior
jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando; VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio;
X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y
XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.
Artículo 42.-
El documento de identificación de los integrantes de las instituciones Seguridad Pública deberá contener al menos nombre, cargo, fotografía, huella digital y clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. Todo servidor público tiene la obligación de identificarse salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.
Artículo 43.-
La Federación, el Distrito Federal y los Estados, establecerán en las disposiciones legales correspondientes que los integrantes de las Instituciones Policiales deberán llenar un Informe Policial Homologado que contendrá, cuando menos, los siguientes datos:
I. El área que lo emite; II. El usuario capturista; III. Los Datos Generales de registro; IV. Motivo, que se clasifica en;
a) Tipo de evento, y b) Subtipo de evento.
V. La ubicación del evento y en su caso, los caminos; VI. La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y lugar, entre otros datos. VII. Entrevistas realizadas, y VIII. En caso de detenciones:
a) Señalar los motivos de la detención; b) Descripción de la persona; c) El nombre del detenido y apodo, en su caso; d) Descripción de estado físico aparente; e) Objetos que le fueron encontrados; f) Autoridad a la que fue puesto a disposición, y g) Lugar en el que fue puesto a disposición.
El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y resaltando lo importante; no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación.
Artículo 44.-
Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las sanciones aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley, los procedimientos y los órganos competentes que conocerán de éstos. Las sanciones serán al menos, las siguientes:
a) Amonestación; b) Suspensión, y c) Remoción.
CAPÍTULO II
De los Sistemas Complementarios de Seguridad Social y Reconocimientos
Artículo 45.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 46.-
Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en esta Ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.
CAPÍTULO III
De las Academias e Institutos
Artículo 47.- La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán Academias e Institutos que serán responsables de aplicar los Programas Rectores de Profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema; II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos; III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial,
pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la Profesionalización; V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones; VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos; VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los
servidores públicos a que se refiere el Programa Rector; VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de
Profesionalización; IX. Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización; X. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y
selección de aspirantes y vigilar su aplicación;
XI. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos y proponer los cursos correspondientes;
XII. Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e Institutos;
XIII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante las autoridades competentes;
XIV. Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan; XV. Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y extranjeras,
públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos;
XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los manuales de las Academias e Institutos, y
XVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 48.- En materia de planes y programas de Profesionalización para las Instituciones Policiales, la Secretaría tendrá la facultad de proponer a las Instancias de Coordinación de esta ley lo siguiente:
I. Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales;
II. Los aspectos que contendrá el Programa Rector; III. Que los integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a los programas
correspondientes a las Academias y de estudios superiores policiales; IV. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de
candidatos a las Instituciones Policiales y vigilar su aplicación; V. Estrategias y políticas de desarrollo de formación de los integrantes de las Instituciones
Policiales; VI. Los programas de investigación académica en materia policial; VII. El diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de
candidatos a las Instituciones Policiales; VIII. La revalidación de equivalencias de estudios de la Profesionalización en el ámbito de su
competencia, y IX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.
TÍTULO CUARTO
DEL SERVICIO DE CARRERA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 49.- El Servicio de Carrera en las Instituciones de Procuración de Justicia, comprenderá lo relativo al Ministerio Público y a los peritos.
Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su estructura orgánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial. Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la policía ministerial, serán aplicados, operados y supervisados por las Instituciones de Procuración de Justicia. Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del Ministerio Público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento.
Artículo 50.-
El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:
I. El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;
II. El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera, y
III. La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones aplicables.
Artículo 51.-
El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes: I. Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos,
evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende; II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
III. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los miembros de las Instituciones de Procuración de Justicia logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
IV. Contará con un sistema de rotación del personal; V. Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos; VI. Contará con procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno
respeto a los derechos humanos; VII. Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia
en el desempeño de sus funciones; VIII. Buscará generar el sentido de pertenencia institucional;
IX. Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, y X. Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal.
CAPÍTULO II
Del Ingreso al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia
Artículo 52.- El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.
Los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán cumplir, cuando menos, con los requisitos siguientes:
A. Ministerio Público.
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; II. Contar con título de licenciado en derecho expedido y registrado legalmente, con la
correspondiente cédula profesional; III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; IV. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable
como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; V. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como
servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
VI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
VII. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan, y
VIII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables.
B. Peritos.
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos; II. Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza
media superior o equivalente; III. Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte
para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
IV. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la
materia en la Federación o en las entidades federativas que correspondan; VI. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; VII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como
servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
VIII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y
IX. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza. Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezca la legislación federal y la de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 53.-
Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros de las Instituciones de Procuración de Justicia. Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.
Artículo 54.-
Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán cumplir con los estudios de formación inicial. Corresponderá a las autoridades competentes regular en sus legislaciones los términos en que la formación inicial se llevará a cabo. La duración de los programas de formación inicial no podrá ser inferior a quinientas horas clase. En todo caso atendiendo a los lineamientos aplicables.
CAPÍTULO III
Del Desarrollo del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia
Artículo 55.- Son requisitos de permanencia del Ministerio Público y de los peritos, los siguientes:
I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio; II. Cumplir con los programas de profesionalización que establezcan las disposiciones
aplicables; III. Aprobar las evaluaciones que establezcan las disposiciones aplicables; IV. Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere esta Ley; V. Cumplir las órdenes de rotación; VI. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas, y VII. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. Lo dispuesto por este artículo aplicará sin perjuicio de otros requisitos que establezcan las leyes
respectivas.
Artículo 56.- Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable. Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.
Artículo 57.-
Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que establezcan las leyes respectivas, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.
CAPÍTULO IV
De la Terminación del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia
Artículo 58.- La Federación y las entidades federativas establecerán en sus respectivas leyes los procedimientos de separación y remoción aplicables a los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia, que cuando menos, comprenderán los aspectos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 59.-
La terminación del Servicio de Carrera será: I. Ordinaria, que comprende:
a) Renuncia; b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones, y c) Jubilación.
II. Extraordinaria, que comprende:
a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, o b) Remoción por incurrir en causas de responsabilidad con motivo de su encargo.
Artículo 60.-
En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente. Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.
CAPÍTULO V
De la Profesionalización
Artículo 61.- El Programa Rector de Profesionalización es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las Instituciones de Procuración de Justicia.
Artículo 62.-
Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.
Artículo 63.-
En materia de programas de Profesionalización y planes de estudio, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:
I. Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia;
II. Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su caso, aplicación en las Instituciones de Procuración de Justicia;
III. Acordar los contenidos del Programa Rector de Profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de Procuración de Justicia, a propuesta de su Presidente;
IV. Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas correspondientes en los Institutos de Capacitación;
V. Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes a las Instituciones de Procuración de Justicia y vigilar su aplicación;
VI. Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial; VII. Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito
de su competencia para su incorporación al programa rector de profesionalización, y VIII. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales.
Artículo 64.- Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución respectiva, los cuales deberán cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.
CAPÍTULO VI
De la Certificación
Artículo 65.- Los aspirantes que ingresen a las Instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por esta Ley. Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia sin contar con el Certificado y registro vigentes.
Artículo 66.-
Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución de que se trate. El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Artículo 67.-
El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.
Artículo 68.-
Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes. La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 69.-
La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente. Las Instituciones de Procuración de Justicia reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a las disposiciones de esta Ley y demás aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación. En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.
Artículo 70.-
La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia procederá:
I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables;
II. Al ser removidos de su encargo; III. Por no obtener la revalidación de su Certificado, y IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables.
Artículo 71.- La Institución de Procuración de Justicia que cancele algún certificado deberá hacer la anotación respectiva en el Registro Nacional correspondiente.
TÍTULO QUINTO
DEL DESARROLLO POLICIAL
CAPÍTULO I Disposiciones Generales
Artículo 72.-
El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.
Artículo 73.-
Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.
Artículo 74.-
Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización. Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse. Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.
Artículo 75.-
Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:
I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información;
II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y
III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.
Artículo 76.-
Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, o bien, en las Instituciones Policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones. Las policías ministeriales ubicadas dentro de la estructura orgánica de las Instituciones de Procuración de Justicia, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Título, quedando a cargo de dichas
instituciones, la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial.
Artículo 77.-
Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación que podrán ser, entre otras, las siguientes:
I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;
II. Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informará al Ministerio Público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;
IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.
IX. Proponer al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;
X. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá: a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en
peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia; d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el
momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y
e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos. XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y
jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, y XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
De la Carrera Policial y de la Profesionalización
Artículo 78.- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.
Artículo 79.
Los fines de la Carrera Policial son: I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un
esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales;
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las Instituciones;
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios, y
V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley.
Artículo 80.- Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán la organización jerárquica de las Instituciones Policiales, considerando al menos las categorías siguientes:
I. Comisarios; II. Inspectores; III. Oficiales, y IV. Escala Básica.
En las policías ministeriales se establecerán al menos niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en esta Ley.
Artículo 81.-
Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías: I. Comisarios:
a) Comisario General; b) Comisario Jefe, y c) Comisario.
II. Inspectores: a) Inspector General; b) Inspector Jefe, y c) Inspector.
III. Oficiales: a) Subinspector; b) Oficial, y c) Suboficial.
IV. Escala Básica: a) Policía Primero; b) Policía Segundo; c) Policía Tercero, y d) Policía.
Artículo 82.-
Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos. Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía. Las instituciones estatales y del Distrito Federal, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica. Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones.
Artículo 83.-
El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones con relación a las áreas operativas y de servicios será:
I. Para las áreas operativas, de policía a Comisario General, y II. Para los servicios, de policía a Comisario Jefe.
Artículo 84.- La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las
cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno. De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones. Para tales efectos, la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas, en los diferentes ámbitos de competencia.
Artículo 85.-
La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:
I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el
Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas; II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único
Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo; III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente
certificado y registrado en el Sistema; IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e
integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y profesionalización;
V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;
VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas;
VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo;
VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales;
IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;
X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia, y
XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.
La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección. En términos de las disposiciones aplicables, los titulares de las Instituciones Policiales podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las
instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y derechos inherentes a la Carrera Policial.
Artículo 86.-
La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales. Dicho proceso comprende el periodo de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en la ley sobre los aspirantes aceptados.
Artículo 87.-
El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en las Academias o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley.
Artículo 88.-
La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:
A. De Ingreso:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan
las disposiciones aplicables; VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares; IX. No padecer alcoholismo; X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como
servidor público;
XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma;
XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. B. De Permanencia:
I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial; III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u homologación por desempeño, a partir de bachillerato;
b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente;
c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica;
V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; VII. Aprobar las evaluaciones del desempeño; VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las
disposiciones aplicables; IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares; X. No padecer alcoholismo; XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como
servidor público; XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días
consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 89.-
Las instancias responsables del Servicio de Carrera Policial fomentarán la vocación de servicio mediante la promoción y permanencia en las Instituciones Policiales para satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de sus integrantes.
Artículo 90.-
El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.
Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del elemento y en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.
Artículo 91.-
La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones legales aplicables.
Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista
una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado. Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la
expedición de la constancia de grado correspondiente. Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos
establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables. Artículo 92.- Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los
integrantes de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.
Artículo 93.- Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán
que la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:
I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales, y II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado
correspondiente. La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.
Artículo 94.-
La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias: a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya
participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables, y
c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o
III. Baja, por: a) Renuncia; b) Muerte o incapacidad permanente, o c) Jubilación o Retiro.
Al concluir el servicio el integrante deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega recepción.
Artículo 95.-
Los integrantes de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones.
Artículo 96.-
La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su centro de control de confianza respectivo. La presente disposición será aplicable también al personal de los servicios de migración.
Artículo 97.-
La certificación tiene por objeto: A.- Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para
desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional; B.- Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el
desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales: I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que
exijan las disposiciones aplicables; II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden
adecuada proporción con sus ingresos; III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u
otras que produzcan efectos similares; IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito
doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, y
VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley.
Artículo 98.- La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales. Los planes de estudio para la Profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública, a propuesta de su Presidente.
CAPÍTULO III
Del Régimen Disciplinario
Artículo 99.- La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de esta Ley. Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los Estados establecerán sus regímenes disciplinarios, sobre las bases mínimas previstas en el presente capítulo. La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos. La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética. La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados.
Artículo 100.-
Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Artículo 101.-
El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución Federal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.
Artículo 102.-
Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en los artículos 40 y 41 de esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.
Artículo 103.-
La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.
La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 104.-
El procedimiento ante las autoridades previstas en las leyes de la materia, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad encargada de los asuntos, dirigida al titular o presidente de la instancia correspondiente, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor. Los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.
Artículo 105.-
La Federación, las entidades federativas y los municipios establecerán instancias colegiadas en las que participen, en su caso, cuando menos, representantes de las unidades operativas de investigación, prevención y reacción de las Instituciones Policiales, para conocer y resolver, en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario. Para tal fin, las Instituciones Policiales podrán constituir sus respectivas Comisiones del servicio profesional de carrera policial y de honor y justicia, las que llevarán un registro de datos de los integrantes de sus instituciones. Dichos datos se incorporarán las bases de datos de personal de Seguridad Pública. En las Instituciones de Procuración de Justicia se integrarán instancias equivalentes, en las que intervengan representantes de los policías ministeriales.
TÍTULO SEXTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
Artículo 106.- El sistema nacional de acreditación y control de confianza se conforma con las instancias, órganos, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. Integran este sistema: El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales de la Federación y de las entidades federativas.
Artículo 107.-
Los certificados que emitan los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública o Instituciones Privadas, sólo tendrán validez si el Centro emisor cuenta con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en cuanto a sus procesos y su personal, durante la vigencia que establezca el Reglamento que emita el Ejecutivo Federal. Cuando en los procesos de certificación a cargo de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de las Instituciones de Seguridad Pública intervengan Instituciones privadas, éstas
deberán contar con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. En caso contrario, el proceso carecerá de validez.
Artículo 108.-
Los Centros Nacional de Acreditación y Control de Confianza aplicarán las evaluaciones a que se refiere esta Ley, tanto en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública; para tal efecto, tendrán las siguientes facultades:
I. Aplicar los procedimientos de Evaluación y de Control de Confianza conforme a los criterios expedidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
II. Proponer lineamientos para la verificación y control de Certificación de los Servidores Públicos;
III. Proponer los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, socioeconómicos y demás necesarios que se consideren de conformidad con la normatividad aplicable;
IV. Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes;
V. Verificar el cumplimiento de los perfiles médico, ético y de personalidad; VI. Comprobar los niveles de escolaridad de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad
Pública; VII. Aplicar el procedimiento de certificación de los Servidores Públicos, aprobado por el
Centro Nacional de Certificación y Acreditación; VIII. Expedir y actualizar los Certificados conforme a los formatos autorizados por el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación; IX. Informar a las autoridades competentes, sobre los resultados de las evaluaciones que
practiquen; X. Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los Integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones;
XI. Detectar áreas de oportunidad para establecer programas de prevención y atención que permitan solucionar la problemática identificada;
XII. Proporcionar a las Instituciones, la asesoría y apoyo técnico que requieran sobre información de su competencia;
XIII. Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y que se requieran en procesos administrativos o judiciales, con las reservas previstas en las leyes aplicables;
XIV. Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública, y
XV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios implementarán medidas de registro y seguimiento para quienes sean separados del servicio por no obtener el certificado referido en esta Ley.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 109.-
La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos. El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre Seguridad Pública. Las Instituciones de Procuración de Justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos. La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables. El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen.
Artículo 110.-
Los integrantes del Sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables. La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.
Artículo 111.-
La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del Sistema, previstas en la presente Ley. El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la homologación de los servicios.
SECCIÓN PRIMERA
Del Registro Administrativo de Detenciones
Artículo 112.- Los agentes policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Centro Nacional de Información, de la detención, a través del Informe Policial Homologado.
Artículo 113.-
El registro administrativo de la detención deberá contener, al menos, los datos siguientes:
I. Nombre y, en su caso, apodo del detenido; II. Descripción física del detenido; III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención; IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de
adscripción, y V. Lugar a donde será trasladado el detenido.
Artículo 114.- Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán actualizar la información relativa al registro, tan pronto reciba a su disposición al detenido, recabando lo siguiente:
I. Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión; II. Clave Única de Registro de Población; III. Grupo étnico al que pertenezca; IV. Descripción del estado físico del detenido; V. Huellas dactilares; VI. Identificación antropométrica, y VII. Otros medios que permitan la identificación del individuo;
El Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos tecnológicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere este artículo, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.
Artículo 115.-
La información capturada en el Registro Administrativo de Detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro sólo podrán tener acceso:
I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables, y
II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.
Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna. Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Artículo 116.-
Las Instituciones de Seguridad Pública serán responsables de la administración, guarda y custodia de los datos que integran este registro; su violación se sancionará de acuerdo con las disposiciones previstas en la legislación penal aplicable.
SECCIÓN SEGUNDA
Del Sistema Único de Información Criminal
Artículo 117.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente.
Artículo 118.-
Dentro del sistema único de información criminal se integrará una base nacional de datos de consulta obligatoria en las actividades de Seguridad Pública, sobre personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, donde se incluyan su perfil criminológico, medios de identificación, recursos y modos de operación. Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se conformará con la información que aporten las Instituciones de Seguridad Pública, relativa a las investigaciones, procedimientos penales, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.
Artículo 119.-
Las Instituciones de Procuración de Justicia podrán reservarse la información que ponga en riesgo alguna investigación, conforme a las disposiciones aplicables, pero la proporcionarán al sistema único de información criminal inmediatamente después que deje de existir tal condición.
Artículo 120.-
El Sistema Nacional de Información Penitenciaria es la base de datos que, dentro del sistema único de información criminal, contiene, administra y controla los registros de la población penitenciaria de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 121.-
La base de datos deberá contar, al menos, con el reporte de la ficha de identificación personal de cada interno con fotografía, debiendo agregarse los estudios técnicos interdisciplinarios, datos de los procesos penales y demás información necesaria para la integración de dicho sistema.
SECCIÓN TERCERA
Del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública
Artículo 122.- El Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, conforme lo acuerden las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos:
I. Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública;
II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, y
III. Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron.
Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al Registro.
Artículo 123.-
Las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios inscribirán y mantendrán actualizados permanentemente en el Registro los datos relativos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley. Para efectos de esta Ley, se consideran miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad competente. La infracción a esta disposición se sancionará en términos de la presente Ley.
SECCIÓN CUARTA
Del Registro Nacional de Armamento y Equipo.
Artículo 124.- Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras leyes, las autoridades competentes de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios manifestarán y mantendrán permanentemente actualizado el Registro Nacional de Armamento y Equipo, el cual incluirá:
I. Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del vehículo, y
II. Las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación.
Artículo 125.-
Cualquier persona que ejerza funciones de Seguridad Pública, sólo podrá portar las armas de cargo que le hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se le hubiesen asignado en lo particular y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezca, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las instituciones de Seguridad Pública mantendrán un registro de los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. Dicha huella deberá registrarse en una base de datos del Sistema.
Artículo 126.-
En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Nacional de Armamento y Equipo y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.
Artículo 127.-
El incumplimiento de las disposiciones de esta sección, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.
TÍTULO OCTAVO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
CAPÍTULO ÚNICO De los Servicios de Atención a la Población
Artículo 128.-
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables. Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:
I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y II. La sociedad civil organizada.
Artículo 129.- El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.
Artículo 130.-
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento. El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.
Artículo 131.-
Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:
I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública. II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública; III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función; IV. Realizar labores de seguimiento; V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las
Instituciones;
VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las
actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.
Artículo 132.-
El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior. La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:
I. El desempeño de sus integrantes; II. El servicio prestado, y III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.
Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las Instituciones de Seguridad Pública, así como a los Consejos del Sistema, según corresponda. Estos estudios servirán para la formulación de políticas públicas en la materia.
Artículo 133.-
El Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.
Artículo 134.-
Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:
I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita; II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada; III. Medidas de protección a la víctima, y IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
TÍTULO NOVENO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 135.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, locales y municipales por el manejo o aplicación ilícita de los recursos previstos en los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes. Serán consideradas violaciones graves a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, las acciones u omisiones previstas en el artículo 139, que se realicen en forma reiterada o sistemática.
Artículo 136.-
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales, estatales y municipales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 142 de la presente Ley, serán determinadas y sancionadas conforme a las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.
Artículo 137.-
La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos federales que ejerzan la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en materia de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
De los Delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Artículo 138.- Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y de cien a seiscientos días multa, a quien dolosa, ilícita y reiteradamente se abstenga de proporcionar al Secretariado Ejecutivo la información que esté obligado en términos de esta Ley, a pesar de ser requerido por el Secretario Ejecutivo, dentro del plazo previsto en el artículo 37 de esta Ley. Se impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en cualquier orden de gobierno.
Artículo 139.-
Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien: I. Ingrese dolosamente a las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública
previstos en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan;
II. Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas informáticos a que se refiere esta Ley.
III. Inscriba o registre en la base de datos del personal de las instituciones de seguridad pública, prevista en esta Ley, como miembro o integrante de una institución de Seguridad Pública de cualquier orden de gobierno, a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita, y
IV. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.
Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las instituciones de seguridad pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además, la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público en cualquier orden de gobierno, y en su caso, la destitución.
Artículo 140.-
Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.
Artículo 141.-
Las sanciones previstas en este capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos previstos en los ordenamientos penales federal o de las entidades federativas, según corresponda. Las autoridades del fuero federal serán las competentes para conocer y sancionar los delitos previstos en este capítulo, conforme las disposiciones generales del Código Penal Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales, en atención a que la Federación es el sujeto pasivo, de conformidad con el artículo 50, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
TÍTULO DÉCIMO
DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL
CAPÍTULO I Disposiciones Preliminares
Artículo 142.-
Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal. Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Las autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública. Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los recursos comprometidos, devengados y pagados. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 143 los convenios generales o específicos establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
Artículo 143.- Para efectos de control, vigilancia, transparencia y supervisión del manejo de los recursos previstos en el artículo que antecede, así como para determinar si se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 139, compete al Secretario Ejecutivo:
I. Requerir, indistintamente, a las autoridades hacendarías y de seguridad pública, entre otras, de las entidades federativas y de los municipios, informes relativos a: a) El ejercicio de los recursos de los fondos y el avance en el cumplimiento de los
programas o proyectos financiados con los mismos; b) La ejecución de los programas de seguridad pública de las entidades federativas
derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública; II. Efectuar, en cualquier momento, visitas de verificación y revisiones de gabinete de los
documentos, instrumentos y mecanismos inherentes o relativos al ejercicio de los recursos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios, a fin de comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como de las obligaciones a su cargo; de igual forma, podrá requerir la información que considere necesaria indistintamente a las autoridades hacendarias o de seguridad pública locales correspondientes, y
III. Las demás acciones que resulten necesarias para la consecución de lo dispuesto en este artículo.
De manera supletoria a lo previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Civil Federal.
CAPÍTULO II
De la Cancelación y Suspensión de Ministración de los Recursos
Artículo 144.- El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:
I. Incumplir las obligaciones relativas al suministro, intercambio y sistematización de la información de Seguridad Pública, o violar las reglas de acceso y aprovechamiento de la información de las bases de datos previstas en esta Ley;
II. Incumplir los procedimientos y mecanismos para la certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública;
III. Abstenerse de implementar el servicio telefónico nacional de emergencia; IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que
disponen las disposiciones jurídicas aplicables; V. Aplicar criterios, normas y procedimientos distintos a los establecidos por el Centro
Nacional de Certificación y Acreditación; VI. Establecer y ejecutar un Modelo Policial básico distinto al determinado por el Consejo
Nacional; VII. Establecer servicios de carrera ministerial y policial sin sujetarse a lo dispuesto en esta Ley
y las disposiciones que de ella emanan; VIII. Abstenerse de constituir y mantener en operación las instancias, centros de control de
confianza y academias a que se refiere esta Ley, y
IX. Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública.
La cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, supone la pérdida de los mismos, por lo que no tendrán el carácter de recuperables o acumulables y deberán, en consecuencia, permanecer en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad.
Artículo 145.-
El procedimiento al que se sujetarán las visitas y revisiones a que se refiere el artículo 143, fracción II, y sobre las causas de cancelación de los recursos a que se refiere el artículo 144, se sujetará a las reglas siguientes:
I. En la orden de visita o revisión correspondiente se señalará el servidor público que la practicará, la institución, así como el periodo u objeto que haya de verificarse o revisarse;
II. La visita se practicará preferentemente en las oficinas principales de la institución o dependencia visitada; en caso de no ser posible por cualquier causa, se realizará en cualquier domicilio de la propia institución o dependencia o, en caso necesario, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo; estando obligados los servidores públicos de las instituciones o dependencias visitadas a proporcionar todas las facilidades necesarias y atender los requerimientos que se les formulen;
III. En caso de advertirse incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, los acuerdos generales o los convenios, el Secretariado podrá decretar la suspensión provisional de las aportaciones subsecuentes. La suspensión de ministración de fondos subsistirá hasta que se aclare o subsane la acción u omisión que dio origen al incumplimiento.
La suspensión en el otorgamiento de los recursos no implica la pérdida de los mismos por parte de las entidades federativas o municipios, por lo que podrán aclarar o subsanar la acción u omisión que dio origen al incumplimiento, mientras no se emita la resolución que declare la cancelación;
IV. En un plazo no mayor a quince días hábiles, posteriores a la terminación de la visita, el Secretariado Ejecutivo presentará al Consejo el informe correspondiente al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones sujetas a verificación, así como toda la información que resulte necesaria para el efecto;
V. El Secretariado dará vista a la institución o dependencia visitada o revisada, para que en un plazo de veinte días hábiles, aporte la información pertinente para desvirtuar las imputaciones que, en su caso, se formulen en su contra;
VI. Transcurrido el plazo antes mencionado, en caso de incumplimiento, el Secretariado presentará al Consejo Nacional un proyecto de resolución, en que se contengan las conclusiones de la visita o revisión practicadas, y
VII. En el proyecto de resolución señalará si la institución o dependencia revisada o visitada se hace acreedora a la cancelación de los fondos o, en su caso, que procede requerir la restitución de los mismos;
El Consejo Nacional resolverá en forma definitiva e inatacable sobre la existencia del incumplimiento y determinará, en su caso, la cancelación y, cuando proceda, la restitución de los recursos, con independencia de las responsabilidades que otras leyes establezcan. De la suspensión o cancelación se dará cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos correspondientes. Cuando el Consejo Nacional resuelva que procede requerir la restitución de los recursos utilizados en forma indebida o ilícita, las entidades federativas o, en su caso, municipios contarán con un plazo de 30 días naturales para efectuar el reintegro; en caso contrario, los recursos podrán descontarse de las participaciones o aportaciones que le correspondan para el siguiente ejercicio fiscal. Las entidades federativas estarán representadas por los titulares de los poderes ejecutivos a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 12 de esta Ley, o por quien ellos designen, sin que pueda recaer dicha representación en un servidor público de menor jerarquía a la de titular de una de las secretarías competentes en la entidad respectiva para la aplicación de esta Ley.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS
Artículo 146.- Para efectos de esta Ley, se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.
Artículo 147.-
El Distrito Federal, los Estados y los Municipios coadyuvarán en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación.
Artículo 148.-
El resguardo de las instalaciones estratégicas queda a cargo de la Federación, que se coordinará con las Instituciones locales y municipales correspondientes por razón del territorio en el ejercicio de esta función, las cuales garantizarán la seguridad perimetral y el apoyo operativo en caso necesario. El Ejecutivo Federal constituirá un Grupo de Coordinación Interinstitucional para las Instalaciones Estratégicas, que expedirá, mediante acuerdos generales de observancia obligatoria, la normatividad aplicable en la materia.
Artículo 149.-
El Consejo Nacional establecerá los casos, condiciones y requisitos necesarios para el bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para los fines de seguridad pública. Las decisiones que en ese sentido emita el Consejo Nacional, deberán ser ejecutadas por las distintas Instituciones de Seguridad Pública que lo integran.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
Artículo 150.- Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaría, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el territorio de una entidad. En el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares autorizados, además deberán cumplir la regulación local. Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.
Artículo 151.-
Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.
Artículo 152.-
Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se regirán en lo conducente, por las normas que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información.
Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes. SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal contará con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor
de este Decreto para crear e instalar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual deberá acreditar a los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de Seguridad Pública y sus respectivos procesos de evaluación en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en operación del citado Centro Nacional.
TERCERO.- De manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor
de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y
control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional.
CUARTO.- Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el
certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.- Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha
de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes estatales, en la rama correspondiente, en un plazo no mayor a un año.
SEXTO.- Los servidores públicos que obtengan el certificado y que satisfagan los requisitos de
ingreso y permanencia que se establecen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los ordenamientos legales federales y estatales aplicables, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.
SÉPTIMO.- Las referencias realizadas en la presente Ley a la reinserción social, quedarán
entendidas al término vigente readaptación social, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el párrafo tercero del artículo 21 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el articulo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
OCTAVO.- El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en
un plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de este Decreto. NOVENO.- El Consejo Nacional y las Conferencias que prevé la presente Ley, deberán expedir
las disposiciones a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a nueve meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO.- Por única ocasión, el Secretario Ejecutivo emitirá la convocatoria para la integración
de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos humanos, materiales y financieros con que cuente el
Secretario Ejecutivo de conformidad con la abrogada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables, se transferirán al Secretariado Ejecutivo previsto en esta Ley, a la brevedad posible.
Lo mismo sucederá con los asuntos en trámite del Secretario Ejecutivo, salvo que pudiera
causarse algún daño o menoscabo al servicio o a los intereses del Sistema. Los derechos del personal del Secretario Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto en el presente
Decreto, sea transferido, se respetarán conforme a la ley aplicable. DÉCIMO SEGUNDO.- Se abroga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.
México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.-
Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Renan C. Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Jose Manuel del Rio Virgen, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de diciembre de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
6.1.LISTA DE ASISTENTES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL “HACIA UNA POLÍTICA EFECTIVA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN MÉXICO”
NOMBRE Dependencia y/o Cargo
Lic. Mariana A. González Acosta Asesora del GPPAN
Pedro Ruiz Vega Comisión de SP Cámara de Diputados
Lic. Imelda de L. Bojorges A. Asesora de la Dip. Sonia Ibarra
Lic. Carlos Rodolfo Sánchez Aguilar Asesor Cámara de Diputados
B. Alejandra Arce Olmos Asesora de la Diputada Ruth Zavaleta
Cecilia Licona Vite Cámara de Diputados
Adolfo Miranda Castillo Centro de Estudios en SP
Juan Manuel Hernández Licona Cámara de Diputados
Ma. Guadalupe Hidalgo Cámara de Diputados
Juan Ramírez Cámara de Diputados
Jesús Daniel Morales Juárez Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
Jorge Santillán Albor GPPRI
Irazema Morales Cámara de Diputados
Lic. Verónica Muñoz García Secretaria Técnica de Comisión de Derechos Humanos del DF
Lic. Graciela Galvany Pescador Sria. Técnica Comisión de Derechos Humanos del DF
Lic. José Luis Sánchez Barragán Comisión de Desarrollo Social
Lic. José Luis Trujillo Sotelo Comisión de Seguridad Pública
Lic. Miriam Miranda Miranda Comisión de Seguridad Pública
Lic. René Capetillo Zamora Asesor de la Dip. Margarita Arenas
Lic. Iván Juárez Estrada Secretario Técnico del GPPRD
Lic. Sergio Arias Asesor del GPPRD
Manuela de Jesús Zavala Castro Cámara de Diputados
Ruben Frutis G. Asesor de la Dip. Raciel Pérez en la Cámara de Diputados
Sergio Bernal Gómez Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
Diego Zaldo Ayala Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados
Gabriel Minj Asesor de la Dip. Maria del Carmen Pinete
Ricardo Salazar Vital Asesor regidor del municipio de Aguascalientes
Ana I. Campuzano Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados
Sonia García Millán Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
Lic. Francisco Morales Ramírez Asesor del Dip. Jesús Alcántara Núñez
Gustavo González López Comisión de Seguridad GPPRD
Lic. Luis Garate Coordinador del Consejo de Participación Ciudadana PGR
Lic. José Luis Andrade A. Consejo de Participación Ciudadana PGR
Lic. Silvia Guadalupe Quintanar
Martínez
Departamento de Orientación y Atención Ciudadana de la SSP-
FEDERAL
Lic. Claudia Brondo Morales Directora de Prevención del Delito SSP- Coahuila
Lic. Ricardo Martorell Caballero Subsecretario de Prevención de la SSP-Coahuila
José Carlos Quiroz Jiménez JUD Programas Territoriales de la SSP-DF
Lic. Jorge Rodríguez Norberto Subdirector de la SSP-DF
Lic. Pablo Domínguez Valencia JUD de Vinculación con Org. Empresariales de la SSP-DF
Dr. Germán Sergio Marino Conde Subdirector de Análisis de Atención a Grupos Vulnerables de la
SSP-DF
Alberto Padilla Navarro Jef. del Grupo de Jefes Policíacos de la SSP-DF
Emilio Serrano J. Director Gral. de Prevención del Delito de la SSP-DF
Mtro. Aldo Muñoz Ortiz SSP-DF
Ociel Ochoa Gama SSP-DF
Lic. Félix Castillo de Jesús SSP-Federal Área de Vinculación y Participación Ciudadana
Lic. Diana A. Fernández Wong SSP-DF
Federico Robles C. SSP-DF
Lic. Germán Merino Subdirector de Análisis en Prevención del Delito de la SSP-DF
Lic. Ricardo Acuña Subdirector a Grupos Vulnerables de la SSP-DF
Lic. Felipe Martínez Consejero Distrital Electoral del IEDF
Karina Jiménez Rojas Cauce Ciudadano
Erika Llanos Hernández Cauce Ciudadano
C. Miguel Ángel Mendoza Sánchez Cauce Ciudadano
Ángel Uriel Ojeda Herrera Cauce Ciudadano
Mtra. Claudia Peña Paredes Cauce Ciudadano
Giovanni Xochipa Cano Cauce Ciudadano
Juan Carlos López Fernández Cauce Ciudadano
Alma Y. Esqueda García Cauce Ciudadano
Grisel Serrano Vázquez Cauce Ciudadano
Rodolfo Acosta GRAFI MRX
Ma. Del Carmen Lerma López APIXAC
Ma. De la Luz Lerma López APIXAC
Lorenza Gutiérrez M. Ayuda y Servicio al Desamparado A.C.
Manuel Meyer Orellana Agrupación Nacional de Militares Retirados A.C.
Lic. Iliana Luna Pérez Juez Cívico
Lic. Anaccely Madrigal Ortega Juez Cívico
Lic. Javier Rojas Rojas Juez Cívico
Lic. Karina Azalea Vega Parra Juez Cívico
Lic. Fernando Alberto Vilchis Leija Juez Cívico
Lic. Alma Iveth Duran Espinosa Juez Cívico
Lic. Omar Rico Morales Juez Cívico
Lic. Josefina Castro Mendoza Secretaría Cívica
Lic. Brenda Hernández Hernández Secretaría Cívica
Edgar López Ramos Particular
Lourdes Rodríguez Castello Particular
Leonardo Cortés Particular
Adriana V. Álvarez Espinosa Particular
Hugo M. Cruz Cruz Particular
Verónica Martínez Solares Particular
Celene Yazmín Alvarado García Particular
Jorge Luís Zavala Medina Particular
Ileana Jiménez Naranjo UNAM FES – ACATLAN
Alda Flores López UNAM
Lic. Luis Emmanuel Cortez Ávalos UNAM
Edgar Martín Padilla SEP
Luis Elizondo Paredes Profesor de la Universidad del Mar
Christian del Moral S. Universidad del Mar
Jorge Eduardo Tomasini Del Castillo BNA
Francisco A. Villa García “ECUZ” Relaciones Públicas
Lic. Karla Tavera Velázquez Dirección General de Procesos Legislativos
José Guillermo Moreno FEUAA
Carlos Alberto Villalobos C. Director del Bille Entretenimient
6.2.DIAPOSITIVAS.
Dr. Edgardo Buscaglia.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO
Dr. Edgardo BuscagliaAsesor, Instituto de Entrenamiento para los Cuerpos de Mantenimiento de Paz
Profesor Visitante de Derecho y Economía, ITAM (México) e Investigador en Jefe, Universidad de Columbia
Director, Centro Internacional de Desarrollo Económico y Derecho Internacional
Waller (2006) Less Law, More Order
2
Introducción:El sentidocomúnperosin Giuliani• Paísesde la OCDE observanquea medidaquelos
nivelesde vidamejorandesdelos 60s, los índicesde criminalidadcontinuanaumentando
• Las políticasligadasal SAJP le cuestanaprox. $220,000 millonesde USDsen el 2007 y 135,000 millonesa la UE. El contribuyentede EUA pagael doblequeel de Canadáparamanteneral SAJP …perounade cadacincopersonas de la poblacióncarcelariamundialestánen EUA
• Se desmuestraque una política represiva simplemente da limitados resultados a un alto costo.
Tasas de criminalidad y sus explicaciones
• Las Tasas de Criminalidad per-capita con Violencia son mayores en USA que en Europa
• Sin embargo, las tasas sin violencia son similares
• Las tasas de criminalidad percapita con violencia son dos a siete veces mayores en zonas urbanas que en suburbanas
• Dos tercios de los delitos comunes con violencia son cometidos por menores de 25 años
• Las variaciones Inter-temporales delictivas pueden explicarse en parte por cambios en la distribución de población por edad (por la pirámide demográfica)
Otros Factores
• Minorías Marginadas (Caso Francia y USA)• Afro-estadounidenses que representan un 13 %
de la población de USA, a la vez representan casi un 50 % de la población penitenciaria estatal y 31% de la federal en USA
• Si uno descuenta a las minorías de la tasas de homicidios en USA, uno se encontraría que las tasas Europeas y de EU son similares.
Otros Factores
• Un 6 % de los Jóvenes cometen aprox. Un 50 % de los delitos en USA. ¿Cuáles son las características socioeconómicas, psicológicas y criminologiítas de este 6 %?–Familias disfuncionales–Familiares delincuentes–Bajo Coeficiente Emocional e Intelectual–Mal desempeño escolar–Pobreza–Alcohol y Drogas
• HIPÓTESIS DE LA DISUACIÓN• Nos dice que la delincuencia reacciona
significativamente ante cambios de los costos esperados de cometer un crimen
• En los años 80, USA experimento una disminución del costo esperado de cometer un delito entre estos jóvenes menores de 25 años
• El costo esperado se redujo de 22 días (años 70) a 11 días de prisión (1982).
• Esto produjo una explosión de criminalidad urbana
Hipótesis de Disuasión
• El estudio de Isaac Ehrlichen USA verifica la hipótesis de disuasión en robos entre 1940-1969 verificando que cuando aumentan las probabilidades de detención, condena, y ejecución, disminuyen los robos
• Bullmsteiny Naginconfirman que cuando aumentan las penas y su certeza, bajan las tasas de evasión de conscripción
HIPOTESIS DE DISUASION cont.
• El estudio de Wolpinaplicado en UK toma los delitos mas frecuentes entre 1894 y 1967 concluyendo que la certeza y la severidad, ambas, tienen un impacto en las variaciones de los índices delictivos
• Ann Wittemonitoreo por 3 años el comportamiento de 64 ex reclusos y encontróque el 80 % fue nuevamente arrestado. Luego verifica que entre esta muestra de ex reclusos, los aumentos de la certeza de castigo y aumentos de severidad de la pena tiende a disminuir la reincidencia.
HIPOTESIS DE DISUASION cont.
• Finalmente, Murray Cox examina el comportamiento de 317 ex-reclusos de edad promedio 16 años y observa que 18 meses después de aumentadas el p y la m, el índice de reincidencia disminuye en dos tercios.
HIPOTESIS SOCIOECONOMICA
• EXISTE UN DEBIL APOYO EMPIRICO
• JAMES Q WILSON argumenta que dos tercios de los delincuentes comunes están empleados
Waller (2006) Less Law, More Order
12
Delincuencia Registrada a través del Departamento de Policía de
New York Police: 1980-2000
Waller (2006) Less Law, More Order
13
Políticasde Represiónreprimena la ciudadanía
–Los efectosde la delincuenciaafectana TODAS LAS PERSONAS
• Las víctimasnormalmentetiendena divorciarsedel SAJP• Se victimizaa la víctimaen el SAJP
–Afectanegativamentea los contribuyentes• Máspolicía, másjuzgados, másfiscalesresultaineficiente
–Difícilobtenerresultadosy el SAJP no se focalizaen lascausassubyacentesqueexplicanla delincuencia
Statistics Canada: Victimization -2004
14
Las encuestasde victimizaciónindicanque:
• 1 de cada4 Canadiensesson víctimasde al menosun tipode delito;
• 1 de cada3 Estadounidensesson víctimasde al menosun tipode delito
• 1 de cada2 Mexicanosson víctimasde al menosun tipode delito
• 1 de cada6 ciudadanos–en promedio-de la OCDE son víctimasde al menosun tipode delito
15
Gastos directos del sistema justicia penal estadounidenses (1982-2003)
Porcentaje de incremento
1982-2003
Indicies de Impunidad en Canadá
Asaltos Asaltos S
exuale
s
Robo en ca
sa-habita
ción
Robo Otros delitos
Victimización
Cambio de delitos en el código penal
Reporte de policías
Delincuentes detenidos
4 %
7 %
33 %
100 %
El indice de sentencias ejecutadas ligadas a homicidios es del 85 % en Canadáy del 79% en EUA.
Waller (2006) Less Law, More Order
17
INVERTIR PARA PREVENIR
–Las experienciasambientalesdentrodel entornofamiliar y escolarafectanlos comportamientosantisocialesde los menoresde edad
• Estudioslongitudinales
–Invertiren desarrollofuncionaldel ambitofamiliar • Adolescentes –mentores ligadas a escuelas, escolaridad….
–Variar el ambiente escolar para sanearlo de oportunidades y prácticas de violencia
–Invertir en mantener al joven ligado a trabajos comunitarios (habilidades de vida, artes, deportes, etc.)
Waller (2006) Less Law, More Order
18
Prevenciónsituacional• 5% de los jóvenes(14-22) se vinculaal 55% de los
delitos– Este estrato(5%) enfrentafactoresde riesgo
específicos: pobrezarelativacombinadacon ámbitosfamiliaresy de escolaridaddisfuncionales
• 4% de lasvíctimascomponenel 44% de la victimización–Porrutinasde vidaexpuestasal delito–Vulnerabilidaddebidoa la cercaníaa los centrode
oportunidad(esdecir, porestarcercade los quecometendelitos. Porejemplo, localizadascercade los puntosde distribuciónde narcomenudeo.)
Hussein 2006
19
Focalizarseen Factoresde RiesgoFamilia
DisfunciónAbuso
ConflictoBaja Supervisión
FamiliaresdelincuentesFaltade Cohesión
FamiliaDisfunción
AbusoConflicto
Baja SupervisiónFamiliaresdelincuentes
Faltade Cohesión
IndividualAbusode Drogasy Alcohol
Baja motivacionAgresividad
Bajonivelde autocontrolBaja capacidadde Int. social
IndividualAbusode Drogasy Alcohol
Baja motivacionAgresividad
Bajonivelde autocontrolBaja capacidadde Int. social
EducaciónBajosnivelesde desempenio
AusentismoAbandonoAcadémico
Bajonivelde motivaciónProblemasde comportamiento
EducaciónBajosnivelesde desempenio
AusentismoAbandonoAcadémico
Bajonivelde motivaciónProblemasde comportamiento
AmbitoVecinalDesorganización
PobrezaDrogasy armasde fuegoCondicionesde vivienda
precariase infraestructuravecinal
deficicitariaBajocapital social
AmbitoVecinalDesorganización
PobrezaDrogasy armasde fuegoCondicionesde vivienda
precariase infraestructuravecinal
deficicitariaBajocapital social
RelacionesAmigos delincuentes
Miembrode asociacionesdelic.
AlienaciónFaltade modelosde
vidarelevantes
RelacionesAmigos delincuentes
Miembrode asociacionesdelic.
AlienaciónFaltade modelosde
vidarelevantes
Waller (2006) Less Law, More Order
20
Evaluarlos Impactosen CincoCiudadesde EUA
Cuandose reduce el abandonoescolaren un 27% y se incrementala educaciónpost secundariaen un 26%, se reducenlasdetencionesde estosjóvenesen un 71% a lo largo de 48 meses.
Waller (2006) Less Law, More Order
21
PROGRAMA DE INCLUSIÓN JUVENIL (OCDE)
En Inglaterray Gales dondese implementaron72 programaspreventivosen red.
Reducirla expulsiónde escuelasen un 27% Reduce los delitosentre estosjóvenesen un
65% Reduce la criminalidadtotal en lascolonias
urbanasentre un 16% y 27%
Lo querealmenteresultamasEFICIENTE parareducirla Victimización
Para lograr de un 15 hasta un 20% de disminución de la delincuencia, quéaumentos de impuestos son necesarios si se
recurre a una prolongada prisión, libertad condicional, capacitaciónde los padres y terminaciónde estudios
• Impuestos
por
•familia
• Extrapolado de las evaluaciones de los programas
Evaluando la Implementación del Art. 31 de la Convención de la ONU contra la Delincuencia
OrganizadaNúmero de Programas gubernamentales y no-gubernamentales en RED (financiados por el sector
privado, sector público, y/o organismos internacionales) focalizados en la asistencia técnica al sector privado (e.g. bancos y empresas diversas de alto riesgo), óen el area educativa, laboral, familiar óen programas de entrenamiento y rehabilitación de
menores en zonas de mediano y alto riesgo (es decir, con altos índices delictivos, alto desempleo, y altos
niveles de pobreza)
12 24PREVENTION
-100
0
100
OR
GC
RIM
E
Equatorial G
Mexico
Pakistan
East Timor
Ireland
Germany
Liechtenstei
India
Iceland
FinlandDenmarkUnited State
AustriaCanadaIsraelAustralia
Luxembourg
GreeceUnited Kingd
France
Sweden
Hungary
Switzerland
Lithuania
Hong Kong, C
Netherlands
Chile
New Zealand
Saint LuciaSaudi Arabia
SeychellesUnited ArabJapan
QatarSan MarinoSpainCzech RepublColombia
JordanKorea, Rep.Singapore
SloveniaLatviaMalta
Estonia
PortugalSri LankaPuerto Rico
Belgium
Andora
Poland
Barbados
Egypt, Arab
Costa RicaUganda
Bahamas, The
Italy
BulgariaSouth Africa
Thailand
Oman
Iran, Islami
China
Slovak Repub
Ukraine
Vanatu
Jamaica
CyprusNauruKenya
Nicaragua
Dominican Re
Norway
El Salvador
UzbekistanMacao, ChinaAlgeria
Namibia
HondurasZimbabwe
Brazil
Malaysia
Ecuador
Peru
Croatia
MongoliaBoliviaBelarusPhilippinesZambia
Panama
Albania
Mozambique
Venezuela, R
Serbia
Argentina
Paraguay
RomaniaMoldova
Morocco
GuatemalaRussian FedeYemen, Rep.
Lebanon
Afghanistan
Indonesia
Nigeria
Cote d'Ivoir
Ciudadano Carlos Cruz Santiago.
Sistema de implementación de programas para la disminución de
factores de riesgo y fortalecimiento de factores
protectores en la Población Juvenil.
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C
.
Niveles de Intervención en el Proceso Salud Enfermedad
• Promoción de hábitosGenera hábitos de vida saludables, pacíficos, democráticos.• PrevenciónFortalece factores protectores y disminuye factores de riesgo• Atención del dañoAtiende los daños provocados por el impacto de los riesgos y
disminuye la posibilidad de nuevos riesgos.• RehabilitaciónReacondicionadisminuyendoel impactogeneradoporel daño
regularmentequedansecuelas.
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C.
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C
.
Problemática actual• Las y los Jóvenes son considerados sujetos de estudio y objetos de
atención• No existen mecanismos de participación de las y los jóvenes en el diseño de
su política pública.• La política pública de prevención del delito promueve riesgos y atiende
daños.• Multimarginación: Pobreza, Juventud y Género.• Traslado de organización para delinquir a delincuencia organizada• En el proceso salud y enfermedad la política pública las intervenciones son
de atención del daño y rehabilitación. • Inefectivo marco jurídico de protección a los derechos de las y los jóvenes• Estigmatización de las y los jóvenes• Migración y crisis económica en EUA y retorno de familias con procesos de
transculturización.
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C.
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C.
Factor de riesgo Acciones OSC con experiencia
Ventaja Comparativa Área de influencia
DesorganizaciónPobreza Drogas Armas de fuegoCondiciones de vivienda precarias e infraestructura vecinal deficitariaBajo capital social
Transformación de liderazgo Promoción de la actoríasocial juvenil.Recuperación de espacios públicos. Capacitación en perspectiva y aproximación juvenil con policías, construcción y educación para la paz
AVANCEMOS ASHOKA
EMPRENDEDORES SOCIALES
COLECTIVO “MARABUNTA”
CAUCE CIUDADANO
COLECTIVOS JUVENIL
Trabajo y aproximación juvenil directa con jóvenes pandilleros
Recuperación de espacios públicos y generación de habilidades para la vida
Desarrollo de actividades lúdico -artísticas para la generación de capacidades psicosociales (Colectivo Marabunta y RAPEM)
Iztacalco
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C
.
Factor de riesgo Acciones OSC con experiencia
Ventaja Comparativa Área de influencia
Conflicto FamiliarDisfunciónAbusosexualConflictoBaja SupervisiónFamiliaresdelincuentesFaltade Cohesión
Trabajo intergeneracional y formación de adultos funcionales
CAUCE CIUDADANO
AC
APIS
CASA LAS MERCEDES
Trabajo con madres solteras (APIS)
Trabajo con mujeres en situación de calle (Casa de Las Mercedes)
Trabajo con familias de jóvenes pandilleros y en situación de riesgo (CAUCE)
Álvaro Obregón
Coyoacan
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Habilidades para la vida
Educación
Salud
1. Modelo de competencias psicosociales y educadores populares.2. Vinculación con egresados de la Carrera de Promoción de la Salud UACM
1. Formación de facilitadores y educadores.2. Formación de personal de gobierno vinculado al trabajo con jóvenes. 3. Atención a jóvenes en situación de riesgo para la resiliencia individual y
comunitaria.
1. Promoción de la salud 2. Prevención de riesgos y fortalecimiento de factores protectores 3. Reconversión del sistema de salud en adolescentes, jóvenes y adultos mayores
Bandas y Pandillas
1. Transformación de liderazgos.2. Bandas y pandillas como unidad productiva económica y social .3. Red de Seguridad Ciudadana Juvenil para la disminución deriesgos y delitos en zonas de alta marginación4. Formación de Colectivos Juveniles Constructores de Paz Ca
uce
Ciud
adan
o A.C
.
Espacios Juveniles
Recuperación de Espacios
1. Uso y goce del espacio público con perspectiva juvenil e intervención intergeneracional e intrageneracional, desde la base de la pirámide.
2. Política pública de protagonismo comunitario para la recuperación de los espacios públicos.
3. Protagonismo juvenil, actores sociales jóvenes con formación pluricultural, costumbres comunitarias, intergeneracional y género.
4. Protagonismo social comunitario como mecanismo de articulación comunitaria y construcción de paz.
1. Recreación y cultura urbana, rural y ancestral como herramienta de formación de capacidades y habilidades
2. Tecnologías de la información y la comunicación
3. Desarrollo de emprendimientos que promuevan el asociacionismo juvenil
4. Voluntariado para la formación y vinculación nacional e internacional
Cooperativas Juveniles1. Industrias culturales desde y con los jóvenes
2. Industrias tecnológicas y de servicios
3. Industria de la construcción para la recuperación de espacios públicos
4. Turismo alternativo y educativo en todo el país
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C
.
Las juventudesOSC e Instituciones Educativas
y de Gobierno Y Organismos Autónomos
Red Nacional
PREVENCIÓN EN TODAS DIRECCIONES
•Constituirse como un espacio autónomo de participación directa de las y los niños y las y los jóvenes.
•Vigilancia del cumplimiento de los programas
•Implementación de los programas diseñados y dirigidos desde la niñez y juventud.
•Integrado únicamente por las y los niños y jóvenes.
Planes y programas desde las Juventudes
•Gestión técnica y operativa.
•Investigación e incidencia en política pública
•Marco normativo jurídico y presupuestal
•Referentes para la formación
•Perspectiva Juvenil en todos los ámbitos de gobierno
•Planes y programas para las y los jóvenes Ca
uce
Ciud
adan
o A
.C.
Las y los facilitadores de procesos
•Reconocimiento de las y los formadores
•Vinculo directo entre la población objetivo y las Organizaciones e Instituciones
•Recuperan de primera mano los hechos cotidianos que modifican hábitos
•Dinamizan el protagonismo de las y los jóvenes
•Planes y programas con y desde las juventudes
GOBIERNO ANTE EL SISTEMA DE PREVENCIÓNSE DEBE COMPROMETER :
1. APOYAR AL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DEINSUMOSDE INFORMACIÓN
2. APOYO LOGISTICO Y FINACIERO PARA QUE LAS ORGANIZACIONESPOSEANINSUMOS DE TRABAJO Y APLICACION DE MEDIDAS QUE SURGAN DEL SISTEMA MISMO.
EL SISTEMA DE ORGANIZACIONES SE COMPROMETE A:
1. CAPACITAR A FUNCIONARIOS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS TRES PODERES.
2. PROPONER MEDIDAS OPERATIVAS. 3. IMPLEMENTAR ACCIONES SUSTANTIVAS 4. ESTABLECER UN MARCO FORMALDEINTERACCION CON EL GOBIERNO
EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.
EL SISTEMA DESDE LAS Y LOS JOVENES1. FOMENTAR EL PROTAGONISMO DE LAS Y LOS JOVENES2. TRABAJO ENTRE PARES CON UNA MIRADA INTRAGENERACIONAL3. CONSTRUCCION DE PAZ y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS4. ESTABLECER MINIMOS DE FORMACIÓN PARA LA ACTORIA SOCIAL
JUVENIL
Cauc
e Ci
udad
ano
A.C
.
Licenciada Araceli Moreno.
FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIPROTECCIÓÓN N DEL DELITODEL DELITO
PARADIGMAS DE LA SEGURIDAD PARADIGMAS DE LA SEGURIDAD PPÚÚBLICABLICA
PREVENTIVO Causas que originan delincuencia
PUNITIVO Castigo a los delincuentes
Las políticas de seguridad se han centrado en lo punitivo
1.La violencia y la delincuencia son fenómenos sociales de origen multifactorial.Los factores causales son económicos, sociales, culturales y educativos; de su interacción resulta que grupos e individuos opten por la actividad delincuencial.
2. La familia, la escuela y la comunidad son los ámbitos donde se generan e interactúan los factores causales de la violencia y la delincuencia.
MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL
3.Adolescentes y jóvenes corren con el mayor riesgo de ser víctimas o caer en conductas delictivas.
4.Se requiere actuar en múltiples frentes y asegurar la participación efectiva de la población.
MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL
HECHOS CLAVEHECHOS CLAVE
La principal causa de asesinato en los hombres La principal causa de asesinato en los hombres son las rison las riññas, casi siempre provocadas por un as, casi siempre provocadas por un insulto insulto (intolerancia)(intolerancia)
En las mujeres el mayor riesgo de asesinato se da En las mujeres el mayor riesgo de asesinato se da en la familia. Las principales causas son celos y en la familia. Las principales causas son celos y maltrato infantil maltrato infantil (autoritarismo)(autoritarismo)
Es mEs máás probable la muerte por un accidente de s probable la muerte por un accidente de trtráánsito que por homicidio. La principal causa es nsito que por homicidio. La principal causa es atropellamiento, con mayor probabilidad en atropellamiento, con mayor probabilidad en personas mayores de 60 apersonas mayores de 60 añños os (no respeto a la vida)(no respeto a la vida)
El homicidio y las lesiones dolosas representan la El homicidio y las lesiones dolosas representan la violencia extrema violencia extrema (descomposici(descomposicióón social)n social)
Entre los factores econEntre los factores econóómicos que propician la micos que propician la violencia se observa:violencia se observa:
Una correlación entre los índices de delincuencia y las crisis económicas que han generado marginación, empobrecimiento, desempleo e informalidad
Entre los factores culturales que propician la Entre los factores culturales que propician la violencia estviolencia estáán:n:
El autoritarismoEl autoritarismoes la ausencia de es la ausencia de participaciparticipacióón ciudadana, din ciudadana, diáálogo y respeto al logo y respeto al derecho y opiniderecho y opinióón ajenas; ademn ajenas; ademáás genera s genera prepotencia, corrupciprepotencia, corrupcióón, impunidad, cinismo n, impunidad, cinismo y trampasy trampas
RelaciRelacióón tolerancian tolerancia--trascendencia.trascendencia.Tolerancia para faltas a reglas de Tolerancia para faltas a reglas de convivencia bconvivencia báásica (tirar basura, faltas de sica (tirar basura, faltas de trtráánsito, apropiacinsito, apropiacióón de espacios pn de espacios púúblicos). blicos). Se acepta impunidad para quienes estSe acepta impunidad para quienes estáán en n en el poder y se piden sanciones fuertes para el poder y se piden sanciones fuertes para quienes estquienes estáán fueran fuera
Deterioro de la calidad de vida, de las reglas Deterioro de la calidad de vida, de las reglas de convivencia y de la comunicacide convivencia y de la comunicacióónn
ReducciReduccióón y deterioro de los espacios y n y deterioro de los espacios y tiempos de convivencia ptiempos de convivencia púúblicos y privadosblicos y privados
IntensificaciIntensificacióón de problemas como violencia n de problemas como violencia familiar, adicciones, conflictos familiar, adicciones, conflictos psicosocialespsicosociales
TransformaciTransformacióón de valoresn de valores
Algunos factores sociales:Algunos factores sociales:
Aspectos culturales que aceptan la violencia como Aspectos culturales que aceptan la violencia como forma de convivencia, promueven relaciones de forma de convivencia, promueven relaciones de subordinacisubordinacióón y autoritarismo.n y autoritarismo.
IncitaciIncitacióón y recompensa a conductas agresivas y n y recompensa a conductas agresivas y violentas, especialmente de los menores varones.violentas, especialmente de los menores varones.
Problemas de alcoholismo y de otras adicciones.Problemas de alcoholismo y de otras adicciones. InsatisfacciInsatisfaccióón y relaciones sexuales dominantes.n y relaciones sexuales dominantes. DesintegraciDesintegracióón familiar ocasionada por situaciones n familiar ocasionada por situaciones
de divorcio, viudez o abandono.de divorcio, viudez o abandono. Cambios forzados en los roles tradicionales de los Cambios forzados en los roles tradicionales de los
miembros de la familia.miembros de la familia.
Factores en las familias:Factores en las familias:
Hacinamiento.Hacinamiento. Bajo nivel educativo de la familia en general.Bajo nivel educativo de la familia en general. Desempleo, informalidad, trabajo infantil y juvenil.Desempleo, informalidad, trabajo infantil y juvenil. Insuficiente ingreso familiar, a pesar de que todos Insuficiente ingreso familiar, a pesar de que todos
los miembros trabajan fuera.los miembros trabajan fuera. Menores y jMenores y jóóvenes que no asisten a la escuela.venes que no asisten a la escuela. Ausencia de reglas claras y consistentes en la Ausencia de reglas claras y consistentes en la
dindináámica familiar.mica familiar. Falta de respeto y comunicaciFalta de respeto y comunicacióón entre los n entre los
miembros de la familia.miembros de la familia. Movilidad y desarraigo comunitario.Movilidad y desarraigo comunitario.
Factores en las familias:Factores en las familias:
EN LAS COMUNIDADES CON NIVELES
ALTOS DE RUPTURA FAMILIAR
COMUNIDADES CON BAJOS NIVELES DE RUPTURA FAMILIAR
LA TASA DE VICTIMACIÓN VIOLENTA ES 3 VECES MAYOR
QUE EN :
• Fuente primaria de seguridad y afecto
• Provisión de techo, comida y vestido
• Transmisión de valores
• Socialización yrelaciones de solidaridad
FUNCIÓN DELAS FAMILIAS
Entre los factores educativos destacan:Entre los factores educativos destacan:
Inasistencia, reprobaciInasistencia, reprobacióón y/o desercin y/o desercióón escolar, n escolar, promueven frustracipromueven frustracióón y actitudes evasivas como n y actitudes evasivas como adicciones o actividades ilegales y peligrosasadicciones o actividades ilegales y peligrosas
Aceptar como natural e inevitable la reprobaciAceptar como natural e inevitable la reprobacióón n contribuye al ccontribuye al cíírculo vicioso de baja autoestima y rculo vicioso de baja autoestima y limitadas expectativas. Algunas escuelas creen limitadas expectativas. Algunas escuelas creen tener esttener estáándares elevados por sus altos ndares elevados por sus altos ííndices de ndices de reprobacireprobacióón.n.
Sistemas educativos que no se adecuan a las Sistemas educativos que no se adecuan a las actuales circunstancias de niactuales circunstancias de niññas/os y jas/os y jóóvenesvenes
ContinContinúúa factores educativos :a factores educativos :
La formaciLa formacióón escolar precaria afecta la capacidad n escolar precaria afecta la capacidad para trabajar en forma productivapara trabajar en forma productiva
Los horarios reducidos originan ocio y vagancia asLos horarios reducidos originan ocio y vagancia asíícomo falta de proteccicomo falta de proteccióón y vigilancia de los padres n y vigilancia de los padres mientras trabajan.mientras trabajan.
La limitada cobertura y la ausencia de estLa limitada cobertura y la ausencia de estíímulos mulos para que los jpara que los jóóvenes continvenes continúúen cursando sus en cursando sus estudios. Aestudios. Añño con ao con añño miles quedan fuera de la o miles quedan fuera de la matrmatríícula de la educacicula de la educacióón pren pre--universitaria y universitaria y universitariauniversitaria
La escuela, junto con la familia, son pilares fundamentales del desarrollo de
las personas; sin embargo...
Ha sufrido modificaciones en el contenido humanista y de habilidades para la vida
Hay un proceso de segmentación creciente
Pandillas y conductas violentas se dan tanto al interior como en su entorno
• Carácter formativoy de ampliación de oportunidades
•Ofrece espacio seguro en su interior
•Genera una comunidad
FUNCIÓN DE LAESCUELA
Es decir:
La escuela se estáconvirtiendo en un espacio de vulnerabilidad
Otros factores de riesgo en los jOtros factores de riesgo en los jóóvenes:venes:
Los medios de comunicaciLos medios de comunicacióón intervienen en la n intervienen en la formaciformacióón, incluso desplazando a la familia y a la n, incluso desplazando a la familia y a la escuela, con diversas propuestas escuela, con diversas propuestas ééticas y morales ticas y morales a las que tienen libre acceso. a las que tienen libre acceso.
La influencia del individualismo que se basa en la La influencia del individualismo que se basa en la autorrealizaciautorrealizacióón, la expresin, la expresióón y remodelacin y remodelacióón del n del yo; no reconoce la solidaridad, la tolerancia y el yo; no reconoce la solidaridad, la tolerancia y el apoyo mutuo como valores esenciales de la vida.apoyo mutuo como valores esenciales de la vida.
La tentaciLa tentacióón del dinero fn del dinero fáácil y rcil y ráápido sin importar pido sin importar el riesgo (narcotrel riesgo (narcotrááfico, venta de autos y mercancfico, venta de autos y mercancíía a robada, lavado de dinero, asalto a bancos, robada, lavado de dinero, asalto a bancos, especulaciespeculacióón financiera, secuestros y piratern financiera, secuestros y pirateríía, a, entre otros).entre otros).
5 de cada 10 mexicanos son menores de 30 años
Son quienes tienen mayor riesgo de ser víctimas de la violencia, la delincuencia y el deterioro social
Las/os jóvenes corren el riesgo adicional de convertirse en delincuentes
• Grupo mayoritario de la población
• Etapa de independencia, autoafirmación y rebeldía
• Búsqueda de oportunidades y de aceptación por los
pares
JÓVENES
La violencia es aprendida La violencia es aprendida en el hogar, en la escuela, en el hogar, en la escuela, en la comunidad y a traven la comunidad y a travéés s
de los medios de de los medios de comunicacicomunicacióónn
Entonces:Entonces:
No basta el compromiso del gobiernoNo basta el compromiso del gobierno
Se requiere que la sociedad asuma Se requiere que la sociedad asuma como propias las tareas de prevencicomo propias las tareas de prevencióón n que por naturaleza le pertenecenque por naturaleza le pertenecen
TambiTambiéén es necesario revertir el n es necesario revertir el crecimiento de las deudas sociales con crecimiento de las deudas sociales con grupos estratgrupos estratéégicosgicos
Responder a esas necesidades con:Responder a esas necesidades con:
Acciones simultAcciones simultááneasneas sobre las causas que sobre las causas que generan conductas antisociales y violentasgeneran conductas antisociales y violentas
ParticipaciParticipacióón ciudadanan ciudadanaen acciones de en acciones de prevenciprevencióón y proteccin y proteccióónn
Bases para Bases para reconstruir el tejido socialreconstruir el tejido socialpara para que el que el respeto a la vidarespeto a la viday el derecho a gozarla y el derecho a gozarla plena y saludablemente, sea la regla y no la plena y saludablemente, sea la regla y no la excepciexcepcióónn
Respuestas posiblesRespuestas posiblesy deseables a nivel de y deseables a nivel de manzana, escuela, colonia y delegacimanzana, escuela, colonia y delegacióónn
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓÓNNEl diseEl diseñño de estrategias de intervencio de estrategias de intervencióón debe ser a n debe ser a nivel local, comunitario, y contemplar las siguientesnivel local, comunitario, y contemplar las siguientesactividades:actividades:
Contar con un diagnContar con un diagnóóstico detallado sobre la presencia stico detallado sobre la presencia de factores de riesgo que generen conductas de factores de riesgo que generen conductas antisociales y violentasantisociales y violentas
Identificar Identificar ááreas de oportunidad para la accireas de oportunidad para la accióón n coordinada del gobierno y la sociedadcoordinada del gobierno y la sociedad
Distinguir entre zonas:Distinguir entre zonas:
Donde
habitan
delincuente
s
Reconstrucción del tejido social
Donde se
cometen delitos
Desarrollo de fortalezas comunitarias
Ante la falta de oportunidadesAnte la falta de oportunidades
Opciones de uso positivo de tiempo libre en espacios Opciones de uso positivo de tiempo libre en espacios ppúúblicos y comunitarios con oferta de actividades y blicos y comunitarios con oferta de actividades y servicios en horarios vespertino y nocturno:servicios en horarios vespertino y nocturno:
ACCIONES PARA JACCIONES PARA JÓÓVENESVENES
LudotecasLudotecasadecuadas para jadecuadas para jóóvenesvenes
Espacios con acceso interactivo a informaciEspacios con acceso interactivo a informacióón de n de su intersu interéés: Internet, video, ms: Internet, video, múúsica y esparcimiento.sica y esparcimiento.
Programas culturales, talleres, iniciaciProgramas culturales, talleres, iniciacióón artn artíística, stica, formas de expresiformas de expresióón propias de la juventud. n propias de la juventud.
Programas deportivos y recreativos.Programas deportivos y recreativos.
““AntrosAntros”” nocturnos libres de alcohol y tabaco, asnocturnos libres de alcohol y tabaco, asíícomo deportivos y centros comunitarios con como deportivos y centros comunitarios con operacioperacióón nocturna de fines de semana.n nocturna de fines de semana.
Ante el abandono escolarAnte el abandono escolar
Apoyos escolares que contribuyan a la permanencia en Apoyos escolares que contribuyan a la permanencia en la escuela y a la conclusila escuela y a la conclusióón de niveles tn de niveles téécnicos, medios cnicos, medios y profesionales de los jy profesionales de los jóóvenesvenes
ACCIONES PARA JACCIONES PARA JÓÓVENESVENES
Becas y apoyos econBecas y apoyos econóómicos a las familias. micos a las familias.
ParticipaciParticipacióón n coco--rresponsablerresponsablede la comunidad de la comunidad educativa en la solucieducativa en la solucióón de problemas de desercin de problemas de desercióón, n, reprobacireprobacióón e inasistencia escolar, tutelaje.n e inasistencia escolar, tutelaje.
AmpliaciAmpliacióón de opciones de educacin de opciones de educacióón media y superior, n media y superior, con horarios flexibles para jcon horarios flexibles para jóóvenes que trabajan.venes que trabajan.
Incorporar a los programas de estudio temas sobre Incorporar a los programas de estudio temas sobre ttéécnicas para resolver conflictos sin violencia, cnicas para resolver conflictos sin violencia, mediacimediacióón, autocontrol de la ira y las emociones, n, autocontrol de la ira y las emociones, autoestima y autoestima y autocuidadoautocuidado, inhibici, inhibicióón del consumo de n del consumo de drogas, alcohol y tabaco.drogas, alcohol y tabaco.
Ante la actitud violentaAnte la actitud violenta
TTéécnicas para la solucicnicas para la solucióón pacn pacíífica de conflictos.fica de conflictos.
PrevenciPrevencióón con n con éénfasis en la identificacinfasis en la identificacióón de n de relaciones y espacios de violencia y formas de relaciones y espacios de violencia y formas de enfrentarla, rompiendo mitos y creencias que la enfrentarla, rompiendo mitos y creencias que la legitiman.legitiman.
InformaciInformacióón y certezas sobre las implicaciones de n y certezas sobre las implicaciones de cometer delitos.cometer delitos.
IdentificaciIdentificacióón de jn de jóóvenes que han estado en venes que han estado en reclusorios, a fin de brindarles los programas de reclusorios, a fin de brindarles los programas de readaptacireadaptacióón social que reduzcan la probabilidad de n social que reduzcan la probabilidad de que vuelvan a delinquir: empleo eventual, atencique vuelvan a delinquir: empleo eventual, atencióón n integral, seguimiento, control y evaluaciintegral, seguimiento, control y evaluacióónn
ACCIONES PARA JACCIONES PARA JÓÓVENESVENES
ACCIONES PARA FAMILIAS Y COMUNIDADACCIONES PARA FAMILIAS Y COMUNIDAD Fortalecer y ampliar el sistema de prevenciFortalecer y ampliar el sistema de prevencióón y atencin y atencióón a la n a la
violencia familiarviolencia familiar Asistencia directa con las familias para prevenciAsistencia directa con las familias para prevencióón y n y
deteccideteccióón temprana de factores de riesgosn temprana de factores de riesgos Cuidado de menores solos, enfermos y ancianosCuidado de menores solos, enfermos y ancianos DiscusiDiscusióón pn púública sobre efectos de la violencia familiar y blica sobre efectos de la violencia familiar y
alternativas que puedan construirsealternativas que puedan construirse Paquetes de actividades y serviciosPaquetes de actividades y servicios
Escuela para padresEscuela para padres Crianza y estimulaciCrianza y estimulacióón tempranan temprana SoluciSolucióón pacn pacíífica de conflictosfica de conflictos AtenciAtencióón a la depresin a la depresióónn LudotecasLudotecas, , LibroclubesLibroclubesy talleres de tareasy talleres de tareas Deporte y recreaciDeporte y recreacióónn Laboratorio de teatroLaboratorio de teatro
PolicPolicíía comunitario, supervisia comunitario, supervisióón de los n de los ciudadanos, buzones de denunciasciudadanos, buzones de denuncias
Programas de iluminaciProgramas de iluminacióón especializada de n especializada de acuerdo a las actividades y horarios de las acuerdo a las actividades y horarios de las comunidadescomunidades
Reordenamiento del comercio en vReordenamiento del comercio en víía pa púúblicablicaOperativos en puntos de delincuencia y giros Operativos en puntos de delincuencia y giros
negrosnegros Fomento y protecciFomento y proteccióón de la denuncia ciudadanan de la denuncia ciudadana
RECUPERACIRECUPERACIÓÓN DE ESPACIOS PN DE ESPACIOS PÚÚBLICOS BLICOS Seguridad
Para tener efectos realmente favorables en contra de la delincuencia, es prioritario actuar sbrelos factores de riesgo que la desatan
Los factores son múltiples y de su interacción resultan los grupos e individuos que optan por la actividad delincuencial.
Hay que atender y fortalecer a las familias, las escuelas y la comunidad que son los ámbitos donde se generan e interactúan los factores causales de la violencia y la delincuencia.
LA POLLA POLÍÍTICA SOCIAL SE DEBE FORTALECERTICA SOCIAL SE DEBE FORTALECER
LA ATENCILA ATENCIÓÓN DEBE TENER DOS N DEBE TENER DOS CARACTERCARACTERÍÍSTICASSTICAS
Contribuir al desarrollo de las capacidades Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivasindividuales y colectivas
Ser adecuada a las condiciones y dinSer adecuada a las condiciones y dináámica mica de las comunidades, los barrios y las de las comunidades, los barrios y las
coloniascolonias
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C.
Dr. Irvin Waller.
www.irvinwaller.com1
Menos represión, más seguridad:
Verdades y mentiras acerca dela lucha contra la delincuencia
Irvin Waller
www.irvinwaller.com(en español)
www.lesslawmoreorder.com(en ingles)
La Nueva Política Criminal para Reducir el Crimen y Violencia que Protege a las Víctimas
www.irvinwaller.com2
El delincuente es responsable del daño causado, pero todos nosotros también lo somos por no utilizar las
mejores prácticas para evitarlo.
El libro popular comparte la pericia internacional y mostrar los gastos, los éxitos y la gobernación de la seguridad
•Encarcelando 2.3 millones de ciudadanos es costoso a las víctimas y contribuyentes.•La inversión sagaz en la juventud, mujeres, policía y vecindades previene el crimen. •Los políticos tienen las recomendaciones practicas
www.irvinwaller.com3
La teoría estándar y vieja de reacción penal
1. El desafío es la proporción de la reacción retributiva– la disuasión general – la disuasión individual – la rehabilitación
2. Los sentimientosde políticos populistas– Policías y cero tolerancia – Castigos y ¨3 strikes¨– La victima como herramienta de justicia penal
3. Falta de confianzaen el gobierno y justicia –muchos hombres en los cárceles• Muchos impuestos gastados• Victimas no utilizan el sistema penal• Costo en derechos humanos de victimas
www.irvinwaller.com4
La visión nueva y practica de Menos Represión, Más Seguridad, (Waller y IPC)
1. El desafío es como reducir los numérosde victimas• Violencia en la calle y la casa y las escuelas• Daños a las víctimas y comunidad• Costos de policía, cárceles y cortes, y la seguridad privada
2. La promesa de prevención es la periciade reducción de la victimización y normas internacionales• Reconocidos par las organizaciones prestigiosas• Ejemplos exitosos ilustran más costo eficaz y como implantar• Garantizar también los derechos humanos de victimas
3. La (nueva) gobernaciónde la seguridad• Ley y plan de acción con oficina central de reducción del delito• Inversión permanente en la prevención –equivalente de 10%• Inversión en los jóvenes en riesgo y las mujeres
www.irvinwaller.com5
Modulo 1
Uno de cada cuatro ciudadanos es víctima de un crimen común cada año
Mas de una sobre tres mujeres es victima de un asalto sexual en su vida y mas que una vez
www.irvinwaller.com6
Uno de cada cuatro ciudadanos es víctima de un crimen común cada año
Esta cifra muestra la porcentaje de adultos victimados:5 años anteriores
Latinoamérica
África
Nuevo Mundo
Europa del Este
EuropaOccidental
Asia
robo e intento crímenes de contacto
www.irvinwaller.com7
Modulo 2
La policía y la justicia penal son limites y costosos reduciendo la victimización y
respondiendo a las victimas
www.irvinwaller.com8
Una reducción en tasas de violencia explicada principalmente por las tendencias socio-económicas
no por más policías y mano dura
Tasa de delitos violentos por cada 100,000 en la Ciudad de Nueva York, 1980-2000
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Una reducción limitada pero a un costo grande a los contribuyentes y oportunidad costadas a las víctimas
Porcentaje de incremento 1982-2003
Gastos directos del sistema de justicia penal estadounidense en billones de dólares 1982 -2003
Porcentaje Incrementado 1982 -2003
Ajustado a la inflación
www.irvinwaller.com10
¡AUXILIO!
¿Y QUÉHAY
SOBRE MÍ?
www.irvinwaller.com11
La policía y la justicia penal son ineficaces reduciendo la victimización y respondiendo a las victimas porque pocas alcanzan las cortes
¡la impunidad!
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Condenas 3%
Resueltas 5%
Enregistradas 24%
Denunciadas 45%
Victimas 100%
Fuente: Gobierno de Reino Unido
www.irvinwaller.com 41Waller 2006
Índice de homicidios por cada 100,000 habitantes en Canadáy Estados Unidos, con el cambio del año de la pena de muerte en
1976
Fuente: BJS. Tasas de Homicidio de estadísticas mortales CanadáY Estados Unidos
www.irvinwaller.com 42
See PottieBunge et al. 2005 for Canada as well as Waller, 2006; Blumstein et al, 2000; Karmen,
2000; Zimring, 2007
Factoresrelacionadoscon el índicecriminal
a. Edad(AdultosJóvenes), Género(masculino), y (menos) imigración
b. Desempleo, bajosrecursos, y desigualdadeconómicac. Consumode drogasy alcohol, y mercadode nárcoticosd. Cambiosperninentesa la eduaciónescolar, abandonoe. Cambiosen patronesmatrimoniales, violenciay estructura
familiarf. Valoresy posiciónsocial ( igualdadde género, conductor
alcoholico)g. Númerode policiasy políticapolicialh. Nivelesde encarcelados(incapacidades)i. Cambioslegislativosy registroppolicial(stalking, YCJA)
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Modulo 3
El conocimiento y las normas existen para reducir la victimización de 50% y
mas
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Las pruebas científicas acumuladas –comisiones prestigiosas
• Internacionales–Organización Mundial de la Salud/PAHO (2002)–Naciones Unidas ECOSOC (2002) –Centro Intl. Prevención de Criminalidad (1999)–Congresos de alcaldes de Norte América y Europa
(1989/1991)• Nacionales
–EE.UU. -Procuraduría General/Consejo médico/ Consejo Nacional de Investigación (2004)
–Reino Unido -Comisión de Auditoria de Gobierno local/Jefes de la Policía (1996)
–Francia –Comisión de alcaldes (1982)
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Hagamos florecer a la juventud, no al delito
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De vuelta a la realidad de Comisiones de gran prestigio: De acuerdo con estudios longitudinales, la
delincuencia juvenil aumentarási…
• Se vive en relativa pobreza• Se crece siendo testigo de violencia familiar• Existe exclusión o deserción escolar• Hay frecuente desempleo• Se vive en una cultura de la violencia• Hay utilización excesivo de alcohol• Hay disponibilidad de armas• No hay respuestas frente a la victimización
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La Comisión para la Justicia Juvenil ( Inglaterra y Gales)
• Comisión de Auditoria británica –Juventud malgastada (MisspentYouth) (1996) –Los gastos en vigilar, juzgar y encarcelar a los
jóvenes: dinero malgastado• La Comisión para la Justicia Juvenil creada por Crime
andDisorderAct(1998) –Un cuerpo público permanente, independiente de
policías, cortes y correcciones–Impulsa para persuadir a las escuelas, mientras aloja
a los servicios sociales y vigila la colaboración–Comprometido en usar la evidencia en la práctica
eficaz y planea para lograr objetivos específicos como un 10% de reducción en las ofensas juveniles.
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Programa de inclusión de jóvenes (Inglaterra)
• Programa exitoso de prevención antes el delito de la Comisión de Justicia Juvenil–Enfoque en los 50 adolescentes (13-16 años) con
mayor riesgo en cada uno de los 70 barrios más difíciles.
–10 horas por semana de actividades, incluso deportes, entrenamiento en la tecnología de información, mentores y ayuda con la alfabetización
• Resultados confirmados por la evaluación científica–65% de reducción en los arrestos juveniles–20% de reducción del crimen en la zona
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Las pruebas científicas acumuladas –Atacar los raicesde la delincuencia es 7 contra
1 más costo-eficaz que las cárceles
0
50
100
150
200
250
impuestos por hogar en
$
¡Aumentoen los impuestos!
prisión
supervisión
Formación de padres Incentivos
para jóvenes
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Los programas escolares para prevención de la violencia
Un comparición: Relaciones y Raíces de Empatía
Curriculum sobre relaciones (4th R) Raíces de Empatia(RootsofEmpathy)
Edad de los estudiantes
14 y 15 años . 4 a 13 años
Los resultados esperados
Las relaciones saludables desarrollando, habilidades sociales y capacidad entre la juventud un daño reducción acercamiento en focalizando las formas múltiples de violencia.
La figura nivela de empatía para producir más las relaciones respetuosas y afectuosas; para reducir los niveles de intimidar y agresión; y a romper el ciclo de violencia y la educación parental pobre.
los elementos importantes
Las habilidades de la relación saludables enseñando a través de las unidades de plan de estudios de centro. Involucra a los estudiantes, la escuela, padres y la comunidad más grande. El Ministerio de las reuniones de Educación que Aprende las Expectativas; primero llevado a cabo en el Distrito Escuela de Thames Valleyen LondonOntario
Las visitas del aula con un infante del barrio y padre para aprender de y actuar recíprocamente con un bebépromover la alfabetización emocional. Endosado por EN la Asociación de Tablas de Escuela Pública y Servicios del Plan de estudios Canadá, pero no es una parte oficial de plan de estudios.
Evaluación Los término resultados cortos incluyen informado más saludable los comportamientos y actitudes. El término más largo, los resultados de ensayo de mando aleatorizadosesperaron 2007.
Los término resultados cortos incluyen la comprensión emocional y social aumentada, y reducido nivela de intimidar y agresión. La evaluación longitudinal ser completado en 2007.
www.irvinwaller.com21
¨laefectividad de la policía¨Academia nacional de investigaciones
(2004 -EE.UU.)
• 65% de recursos reaccionaban a 911 llamadas –la mayoría 911 llamadas no son ningún trabajo
urgente o policíaco (ver 311)
• necesite un cambio masivo de recursos policíacos hacia –la policía orientada hacia los problemas–la reducción de muertes de tráfico –los datos compartiendo -planeando–la colaboración con les barrios –Chicago
www.irvinwaller.com22
La policía más sagaz: Los socios orientados a resolver los problemas:
La experiencia de Boston para Prevenir Violencia
1.El análisis de problema• La policía de Boston, Kennedy y Escuela de Salud Pública (Harvard)
2.El plan para resolver el problema–Socio de acción fuerte contra causas y para aplicar el ley que existe
3.Las soluciones –Confrontar a los miembros de bandas que persisten en violencia. –Reduzca la disponibilidad de armas y rompa los mercados del arma–Comunique un mensaje fuerte a los delincuentes y las familias que
violencia arma-relacionada es inaceptable y peligroso–Proporcione la educación adulta para terminar la escolaridad,
entrenamiento para el trabajo y creación de oportunidades del trabajo
4.Los resultados • 71% reducción en los homicidios de jóvenes dentro de 12 meses• 70% reducción en los ataques del arma
www.irvinwaller.com 43Waller, 2006; www.prevention-crime.ca
Ejemplos de Programas de prevención exitosos en la reducción criminal
• Más acción en las escuelas, tutorías (Oportunidades cualitativas), (USA)
• Mas inclusión de la juventud en los proyectos (YIPS, UK)
• Más prevención curricular en las relaciones (4th R, Canadá)
• Mas servicio social y política inteligente combinados (Boston, USA)
• Mas lideres municipales (Bogotá, Columbia)
www.irvinwaller.com
Para lograr de un 15 hasta un 20% de disminución de la delincuencia, quéaumentos de impuestos son necesarios si se recurre a una prolongada prisión, libertad condicional,
capacitaciónde los padres y terminaciónde estudios
• Impuestos
por
•familia
• Extrapolado de las evaluaciones de los programas
www.irvinwaller.com
Oferta y demanda de prisioneros adultos en Washington 2008-2030Predicción actual y el efecto alternativo de la evidencia basada en documentación
Inst. de Políticas del Edo. De Washington Proyección de inversiones en programas probados para adultos jóvenes y menores
(NB no otherprevention)
www.irvinwaller.com 46www.prevention-crime.ca
Control de escenarios de Crimen (Netherlands -países bajos)
Proceso de cambios registrado de acuerdo a cuatro escenarios: Escenario Referente: cambios independientes de la Política de Intensificación; Escenario de Policía:
Incremento del % de crímenes resueltos; Escenario de Sanciones: incremento en las medidas punitivas; y, Escenario de Prevención: Intensidad de los problemas y agresores
en orientación preventiva.
www.irvinwaller.comwww.prevention-crime.ca
Vista de los módulos del modelo de simulaciónMódulo 1: Legislación y polícias
Módulo 2:Proceso sociodemografíco:
DemografiaEconomicosPoliticas sociales
Módulo 3:Estrategias de prevención:
FederalProvincialMunicipal
Módulo 4:Crimen y
Victimización Grado y Costo del Crcimen
Violencia
Propiedad
Otro
Módulo 5:Patrullaje
RCMP
Provincial
Municipal
Módulo 6:Cortes y
sentencias
Pruebas
Fines
Ordenes de Servicio Comunitario
Cortes Especializadas
Etc.
Módulo 7:Castigos
CSC
Provincial
8
www.irvinwaller.com23
Modulo 4
Los factores múltiples de riesgo se resolverán a través del trabajo
multisectorial mancomunado entre las escuelas, del gobierno local y la policía
www.irvinwaller.com24
Los delincuentes y las víctimas están concentrados
• En un grupo de varones nacidos en un año, el 5% es responsable del 70% de los delitos de este grupo de edad–Investigaciones longitudinales que siguen las
muestras desde el nacimiento hasta la edad adulta (varios países)
• El 4% de las víctimas representa el 44% de los incidentes y estáconcentrado en las áreas de vivienda–Encuestas de victimización (Reino Unido)
www.irvinwaller.com25
ONU -¿Cómo planificar para que la violencia y la delincuencia disminuyan?
• Oficina permanente para la Reducción del Delito • Un sistema de información en las tendencias y
causas de violencia y el análisis del hueco (gap)
• Planificando mancomunada entre las escuelas, salud, policía y más
• Atacando los factores de riesgo : –Abandono escolar, Violencia en el hogar, Uso de alcohol y de
droga, Las armas de mano, La resolución del conflicto violenta
• La información pública
www.irvinwaller.com26
Oficina de liderazgo y proceso para reducir el delito
www.irvinwaller.com
Alcance en la reducción del delito Comparación de tasas de homicidio entre Bogotáy el 13.5 % del índice
nacional de Colombia
Oficina permanente de prevención de violenciaSistema de información en el progreso y causas de violenciaCoalición preventiva entre la salud, policía y másfactores de riesgo a atacarControl de consumo de alcohol y drogasSacar de circulación las armas de fuego personalesResolución pacífica de conflictosInformación pública
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¡Es también un asunto legal!¨Governance(gobernación) de la seguridad
• CrimeandDisorderAct(Inglaterra –1998)• Comisión municipal de planificación de la
reducción de la violencia–Trabajo mancomunado entre las escuelas, la
vivienda, los servicios sociales y la policía
• Comisión de justicia juvenil
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La nueva política criminal de la Provincia de Alberta (Canadá) sobre Reducción del Crimen y
las Comunidades Seguras
1. Establecen una estrategia para reducir y prevenir el crimen que es comprensivo, a corto e a largo tiempo, y que es coordinado y apoyado por un centro de responsabilidad especializado dentro del gobierno (prioridad suprema)
Entre 30 recomendaciones con 3% mas de dinero, hay a. Animan todo las municipalidades para desarrollar y llevar a cabo
una estrategia de las comunidades seguras.b. Implementar -para la juventud en riesgo y sus padres/familias -los
proyectos modelos comprensivos y con resultados exitosos probados que atacan a los raíces de violencia.
c. Identifican y trazan (mapas) áreas del crimen altas y apoyo proyectos modelos enfocando (targeted) a mejorar la seguridad en aquéllos “hot spots”(barrios de alto riesgo).
d. Acción enfocado para aumentar el porcentaje de crímenes que se señalan a la policía.
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Modulo 5
Respeto a las victimas
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La justicia es ciega para las víctimas del crimen
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¿Cómo Deberían Ser Tratadas Las Víctimas? -Estándares Internacionales
• La Declaración de la ONU en 1985 establece estándares como servicios, indemnización, información y reputación (siguiéndose por las otras convenciones y normas)
• El progreso parcial logrado por algunos Estados Miembros en:–Facilitando a las víctimas del delito mejor información y servicios
de apoyo,–Reparación a cargo de los autores, indemnización por el Estado–Un papel más activo en los procedimientos penales, incluyendo la
seguridad personal y reparación;–Legislar en el derecho interno sobre los Principios Fundamentales
de Justicia.
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El Tribunal Internacional Criminal
–Estatuto de Roma
–Ratificación de +100 países
• El apoyo
• La protección
• La sensibilidad a los grupos vulnerables
• La representación y la participación
• La indemnización y la reparación
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WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY
Proyecto de Convención de las Naciones Unidas sobre Justicia y Apoyo a
Víctimas del Delito …• Acceso a la Justicia y a un trato justo• Protección de las víctimas, testigos y expertos • Información• Asistencia
–Inmediata–Mediano Plazo–Largo Plazo
• Justicia Restaurativa• Restitución por parte del Ofensor• Compensación por parte del Estado• Representación
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Modulo 6
Como aprovechar del conocimiento y los estándares para transformar una
sociedad de violencia en una sociedad de paz
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¿Quédebe hacer un gobierno latino americano para reducir la violencia
1. Una comisión permanente para disminuir la violencia y proteger las victimas
2. Planificación mancomunada de escuelas, vivienda, recreaciones, procuraduría, policía
3. Diagnóstico de los factores de riesgo, plan estratégico, prioridades …evaluación
4. Acciones a corto y medio plazo • adolescentes, violencia familiar, vecindades, armas del
fuego, transito, victimas …
5. Capacitación de los recursos humanos y datos• estadísticas de policía, de victimización, de planificación
social y económica …
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Propuesta de asignación de recursos presupuestales con objeto de disminuir la
victimización y los impuestos
PROGRAMAS DE PREVENCION1.1. Delitos juveniles y de pandillas $11.2. Violencia contra mujeres y niñas/os $11.3. Violencia relacionada con robo de autos; armas y abuso de sustancias $11.4. Desorden en las colonias y robo a casas $11.5. Diseño ambiental $1Subtotal $5 5%
APOYO A VÍCTIMAS Y JUSTICIA PENAL2.1. Centros de atención $12.2. Reparación del daño $1.52.3. Hacer realidad los derechos $0.5Subtotal $3 3%
FORMAS DE SUSTENTAR LA PREVENCIÓN Y EL APOYO A VÍCTIMAS3.1. Amplia planificación entre la Ciudad y la Comunidad $0.53.2. Una policía orientada a los factores de riesgo y la víctimas $0.53.3. Entrenamiento en Prevención y Profesionales en Atención $0.53.4. Bases de datos locales de delitos y victimización $0.5Subtotal $2 2%
TOTAL $10 10%
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El delincuente es responsable del daño causado, pero todos nosotros también lo somos por no utilizar las
mejores prácticas para evitarlo.
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La Nueva Política Criminal para Reducir el Crimen y Violencia que protege a las Víctimas -La utilización de la pericia acerca de reducción de violencia –La solidaridad y la justicia, también para las víctimas
Menos represión, Más seguridad: Verdades y mentiras acerca de la lucha contra la delincuencia
![Prevencion Situacional Del Delito[1]](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/557201a44979599169a2052a/prevencion-situacional-del-delito1.jpg)
