Artículo para la Conferencia IAMCR 2010

Ecuador reaviva el debate, en el área andina, sobre las políticas y órganos de regulación de la comunicación

ABEL SUING y FRANCISCO CAMPOS

ABSTRACT

Varios países latinoamericanos, especialmente del área andina, han abierto en los últimos años nuevos espacios de políticas de regulación de la comunicación y de sus respectivos órganos de aplicación.

La nueva constitución política de Ecuador, de 2008, determinaba la elaboración de una ley de comunicación, que se presentó a finales de 2009 y que abrió un debate sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Se establece la creación de un órgano regulador denominado Consejo de Comunicación con competencias sobre medios impresos y audiovisuales. Su capacidad sancionadora ha sido el centro de un intenso debate.

La ponencia estudia comparativamente el nuevo marco regulador ecuatoriano del ámbito de la comunicación con respecto tanto a los modelos tradicionales europeos y americanos como a otras emergentes tendencias latinoamericanas

Partiendo del modelo clásico de los sistemas mediáticos comparados que proponen D.C. Hallin y P. Mancini (2008), se establece la taxonomía de la estructura y organización prevista

Palabras clave: políticas de comunicación, órganos reguladores, ley de Comunicación de Ecuador, Consejo de Comunicación de Ecuador, libertad de expresión

MARCO CONSTITUCIONAL ANDINO

PROYECTOS Y LEYES DE COMUNICACIÓN

ARTICULACIÓN DE LEYES DE COMUNICACIÓN

Sections' Programmes.

Session 12. Communication policy and regulation (1)

Tuesday, July 20. 16:30-18:00, Room 2202

Chair: Brian Shoesmith. Edith Cowan University, Western Australia

Imágenes

Conclusión.

El análisis de las reformas constitucionales y de las leyes de comunicación de los países americanos del área andina confirma la caracterización híbrida de los modelos mediáticos desarrollados por Daniel C. Hallin y Paolo Mancini, con un notable avance de la intervención dirigista protagonizada por las políticas de reinspiración bolivariana, tanto por lo que se refiere a la regulación normativa como al desarrollo de empresas de capital público (televisiones y periódicos) sin los suficientes instrumentos de control democrático independiente que validen su credibilidad frente a las tentaciones de instrumentalización gubernamental.