Con factura o sin factura? No consiste solo en un eslogan de la
Agencia Tributaria; sino que la confesin de haber pagado sin
factura amenaz con convertirse en un tema central de la campaa
electoral espaola del ao pasado al ser requeridos directamente los
candidatos Pablo Iglesias y Albert Rivera; y supone un dilema al
que se habrn tenido que enfrentar (seguramente) tanto quienes leen
estas lneas como quien las suscribe. Pagar a la empleada domstica
sin factura o al albail que nos remoza la terraza suponen
comportamientos poco ticos con respecto a la sociedad en la que nos
toca vivir, puesto que de nuestro ahorro se descuentan servicios
sociales, educacin, sanidad, etc.
Sin embargo, no tienen comparacin con el agujero que suponen
para las arcas pblicas: las mordidas por la concesiones de obras o
proyectos pblicos; la financiacin ilegal de los partidos; el
blanqueo de capitales por parte de empresas y polticos; los modelos
clientelares y pseudo-mafiosos con los que algunos gobiernos
pervierten el sistema democrtico corrompiendo y secuestrando en la
prctica las instituciones; o la aceptacin de ddivas de empresarios
para el enriquecimiento particular a cambio de legislaciones ms
favorables de algunos intereses econmicos y en detrimento de los
intereses generales del pas; entre otras prcticas anti-ticas,
anti-sociales y corruptas.
Hace muy poco, sobre todo cuando en Espaa se ataban los perros
con longanizas (a mediados de la dcada pasada), mirbamos por encima
del hombro a nuestros fratelli italianos. En aquella poca del (ms
tarde frustrado) sorpasso nos regocijbamos de las tropelas y
corruptelas del latin lover Silvio Berlusconi, que para nuestro
asombro se las arregl para ser elegido Primer Ministro hasta en
cuatro ocasiones durante tres periodos diferentes. Nos mofbamos de
la paja en ojo ajeno, pero no advertamos la viga en el
nuestro1.
El resto de la historia ya la conocemos. Lleg la crisis y nos
dimos de bruces con la realidad. La tarta a repartir fue mucho ms
pequea, muchos no podan ya vivir como lo venan haciendo y en
ocasiones no haba ya pastel para todos. Entonces camos en la
cuenta. Nos dej de hacer gracia observar como el vecino evada
impuestos o utilizaba recursos pblicos en beneficio particular. Nos
dimos de bruces con la realidad: ramos ms o menos igual de
corruptos que aquellos a quienes atribuamos el magisterio en el
arte de la picaresca.
La agudizacin de los efectos de la crisis econmica en Espaa y el
descrdito de sus instituciones y de la clase poltica vienen
alimentando durante los ltimos aos una visibilidad meditica de la
corrupcin inusitada hasta la fecha. El empacho de corrupcin, que
afecta por igual a diferentes partidos polticos y a la Corona,
resulta insoportable: los casos Nos, Rato-Bankia, Pujol, Pnica,
Taula, Grtel, Brcenas, o los ERE, entre otros, suponen la punta del
iceberg con la que venimos desayunando cada da de este 2016. De
hecho, durante todo el ejercicio los sucesivos barmetros del Centro
de Estudios Sociolgicos han venido indicando, que casi la mitad de
los espaoles sealaba la corrupcin como el segundo problema del pas,
solo por detrs del desempleo.
Pero esta inusitada visibilidad meditica de la corrupcin en
Espaa, supone que sea un pas ms corrupto hoy que hace dos dcadas?;
Cules son los comportamientos constitutivos de corrupcin poltica y
empresarial ms frecuentes en la Espaa actual?; Cmo podemos medir la
corrupcin?; Existe alguna diferencia intrnseca entre nuestra
corrupcin y la internacional? En clave comparada, somos ms o menos
corruptos que los pases de nuestro entorno?; Optamos acaso a la
medalla de oro olmpica en corrupcin en 2016? El presente informe
del OBS pretende arrojar luz sobre estas y otras cuestiones,
ahondando en los factores explicativos y realizando humildemente
algunas propuestas, que pudieran ayudar a mitigar este cncer que
amenaza con gangrenar el crecimiento y el futuro del pas.
Sin pretender aqu efectuar un riguroso anlisis sobre la
etimologa ni la filosofa del concepto de la tica pblica, s que
podemos enmarcarla, a rasgos generales, en torno al concepto de
justicia, o incluso al de los valores que modelan tanto el derecho
como la misma sociedad. Histricamente, una vez que el transcurso de
los siglos hizo perder a las diferentes religiones el monopolio
sobre el concepto de moral, se pretendi establecer una tica comn
destinada a los ciudadanos (fuese cual fuese su credo o ideologa),
inspirada de manera imprescindible en el Derecho y en el Estado.
Con la irresoluble complejidad de dotarla de un contenido comn y
concreto, se ha hecho referencia a la moral universal o al mnimo
comn tico (Palomino, 2008:94).
La tica es la disciplina del conocimiento que tiene por objeto
el estudio de los distintos caracteres, hbitos, costumbres y
actitudes del ser humano, y clasifica las acciones en buenas o
malas, debidas o indebidas, convenientes o nocivas, en virtudes y
vicios, y ensea cules son aquellas acciones dignas de imitar
(Diego, 2004: 9-10). Aplicado estrictamente al campo de la Poltica
y de la Administracin, la tica pblica ser el instrumento a travs
del cual el Estado debe guiar la conducta de sus gobernantes.
Si bien los ciudadanos reclaman a sus gobernantes la satisfaccin
de unas determinadas demandas de la comunidad poltica, en muchos
pases la mencionada satisfaccin no resulta siempre posible, entre
otras causas, por los vicios que impiden la eficiencia en el
funcionamiento de sus administraciones pblicas. La lentitud y la
ineficacia administrativa se ven, con ms frecuencia de la deseada,
retroalimentadas por el descubrimiento de diferentes escndalos de
corrupcin que desacreditan a la vez al personal pblico y a las
mismas instituciones, generando una notable prdida de credibilidad
en las mismas y en el gobierno. Resulta entonces preceptivo el
estudio de la tica pblica como disciplina que contempla la
definicin de la bondad o malicia (para la comunidad) de las
acciones del gobierno y de la administracin. En ese sentido, la
tica pblica puede entenderse como un proceso en el que la
colectividad y los individuos van generando unas pautas de conducta
y un carcter que permiten un mejor desarrollo de la convivencia y
una mayor expansin de la autonoma y de la libertad del ser humano
(Villoria, 2000: 19).
La tica, factor clave para elevar la calidad de la administracin
pblica, promueve que los cargos pblicos sean ocupados por los ms
capaces, por los ms leales a la constitucin poltica y por los que
posean un amplio sentido de justicia para su comunidad poltica; y
no por personas famosas, carismticas, polmicas, o, como ya en su
tiempo explicaba Aristteles, por las que anhelen los cargos de
gobernantes y administradores pblicos. Una correcta implementacin
de la tica pblica pasara por: la promulgacin de leyes ticas que
obligasen tanto a los organismos pblicos como al sector privado; el
establecimiento de un marco normativo de conducta a travs de cdigos
de
Aunque la corrupcin haya acompaado a la humanidad a lo largo de
su historia, la revolucin en el mundo de las comunicaciones ha
permitido, no slo la revelacin de un nmero indecente de casos, sino
el alcance mundial de los propios escndalos. Como denunciaba Caiden
(2001, 244), mientras que la corrupcin poda suponerse en regmenes
evidentemente fraudulentos, era menos previsible en otros pases que
lideran el mundo a escala militar, econmica e incluso moral; y
menos an en el seno de la comunidad internacional, con escndalos
que posiblemente surgieron primero en la UNESCO, y luego en la
propia ONU, los bancos de desarrollo regional, la OTAN, la UE, y
recientemente en las organizaciones no gubernamentales, inclusive
en la organizacin de los Juegos Olmpicos. Si bien la lacra de la
corrupcin se ha expandido por la mayora de los pases y de las
organizaciones supranacionales del mundo, no es menos cierto que
tambin ha crecido la concienciacin y el inters por seguirla,
estudiarla y por tanto combatirla, a travs de organismos como
Transparencia Internacional (TI), la Oficina contra el Soborno de
la Organizacin para el Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE),
la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unin Europea (OLAF), o
el Grupo Multidisciplinario sobre la Corrupcin del Consejo de
Europa (GRECO) (Diego, 2006: 201).
La corrupcin se encuentra ntimamente ligada con la desafeccin
poltica que se experimenta en algunos pases como Espaa durante los
ltimos aos. La visibilidad meditica que conlleva el descubrimiento
de tramas corruptas en las que se han visto inmersos polticos de
larga trayectoria en todos los puntos de nuestra geografa (Madrid,
Catalua, Comunidad Valenciana, Andaluca, Baleares y un largo
etctera), a algunos integrantes dela propia Casa Real,pero incluso
a todo tipo de empresarios, deportistas o personajes de la farndula
manchados por los recientes Papeles de Panam, nos suscita ciertas
cuestiones. Algunas son muy evidentes. Hasta qu punto somos un pas
corrupto?; Lo somos ms o menos que otros?; Se corresponde la
percepcin de la corrupcin con la que realmente existe?; Cmo se
puede medir la corrupcin?; y por ltimo y muy lgicamente En qu
consiste exactamente la corrupcin?
Qu es la corrupcin?Como bien sostienen Manuel Villoria y
Fernando Jimnez (2012: 109), la escandalosa abundancia de noticias
sobre actos corruptos en Espaa no suele venir acompaada de anlisis
rigurosos de su extensin, ni de sus caractersticas tipolgicas o de
sus componentes estructurales, mientras que dicha acumulacin de
informaciones sobre casos de corrupcin pblica podra estar generando
una sensacin de expansin del fenmeno, que acabara afectando a la
propia percepcin existente y reforzando, finalmente, la desafeccin
existente en nuestro pas. Es decir, sostienen los profesores que
corrupcin existe, como veremos con unos ndices concretos, pero
probablemente no ahora ms que durante los aos felices de la primera
dcada de siglo.
Por el contrario, la crisis econmica, las estrecheces y la
visibilizacin meditica de mltiples escndalos de corrupcin que han
involucrado a variadas personalidades de la vida pblica, habran
creado un caldo de cultivo excelente para una percepcin de una
corrupcin superior a la realmente existente. Y dicha percepcin
existe, puesto que casi la mitad de los espaoles la sitan como el
segundo mayor problema del pas, solo por detrs del desempleo. Sin
embargo, los ndices de corrupcin no son tan diferentes a los de
hace una dcada, a los de la Espaa feliz. Probablemente la
diferencia tenga que ver con la sobreexposicin meditica de unos
comportamientos que antes (de una manera u otra) se toleraban y
respecto a los cuales se haca la vista gorda, y que en la
actualidad no se consienten (al menos informativamente) y suscitan
la indignacin de la ciudadana.
Ni que decir tiene, que a ello ha ayudado que la corrupcin
espaola sea mucho ms poltica que administrativa y que en su momento
se propagase muy al calor de la eclosin del boom de la construccin.
La mayor percepcin actual y la espiral que ella genera debido a una
menor transigencia, pudiera apuntar a una eclosin de las prcticas
corruptas desde hace diez aos a esta parte en Espaa. Sin embargo y
sin nimo alguno de exoneracin, lo nico que ha eclosionado ha sido
la indignacin, la percepcin y la intransigencia con
respecto a unas prcticas que estaban latentes y que sin idntica
visibilidad se sucedan con una frecuencia muy similar en el pasado.
Es decir, probablemente Espaa no sea mucho ms corrupta que hace una
dcada, sino tristemente tan corrupta como entonces. Lo que ha
variado ha sido (esencialmente) la percepcin. El problema es que
vivamos entonces en la ignorancia. Al menos la crisis econmica habr
servido para quitarnos aquel tupido velo de los ojos.
De otra parte, resulta indispensable acotar cules son las
prcticas a las que nos referimos como corruptas. En definitiva, Qu
es y qu no es corrupcin? Acaso toda trasgresin legal puede ser
considerada como corrupcin?; Qu sucede entonces con las actitudes
legalmente factibles pero moralmente reprobables? No se trata de
una cuestin balad, puesto que no existe un concepto de corrupcin
capaz de acoger en s todas sus modalidades y, al tiempo, ser
suficientemente riguroso (Villoria y Jimnez, 2012: 114)
La nocin de corrupcin que vienen manejando tanto los estudiosos,
como la prensa y la ciudadana espaolas, es una nocin inclusiva,
extensiva y amplia. La corrupcin sera todo abuso de poder para el
beneficio privado, ya sea ste directo o indirecto. Es decir la
corrupcin no se reduce a la mera comisin de sobornos, sino que
ampliamente es percibida como toda distribucin inequitativa de los
recursos pblicos. Cuando a una persona se le otorga poder para que
lo use en beneficio del grupo que se lo cede fiduciariamente y,
traicionando la confianza, lo utiliza para beneficiarse directa o
indirectamente, estamos ante un supuesto de corrupcin. Esto puede
permitirnos considerar como corruptos actos realizados tanto en el
sector privado como en el pblico (Villoria, 2016).
Es decir, consideramos igualmente corrupta la ocultacin de la
situacin financiera y el fomento de la venta de las acciones de
Bankia por parte de su presidente, que la aceptacin de sobornos
(del 3% del montante de la licitacin) por parte de cualquier
poltico o director de compras de una empresa. En los anteriores
existira un beneficio directo. Sin embargo, no son menos corruptas
las prcticas que implican un beneficio indirecto. Hablamos de
realidades tristemente tan extendidas como la concesin de proyectos
o contratas a cambio de promesas de empleo en favor de familiares o
amigos, o la misma promulgacin de una ley o regulacin que beneficia
indebidamente a un grupo de inters, que por su parte, figura entre
los financiadores del partido en el gobierno, muy frecuentemente al
margen de la Ley de Financiacin de Partidos.
Pero las anteriores no son las nicas. El intercambio
discrecional y particularista de favores, por el cual los decisores
polticos conceden privilegiada o ilegalmente derechos y
prestaciones a cambio de apoyo electoral o econmico a quienes
forman parte de sus redes. El denominado clientelismo que ha
permitido la sucesin reiterada de gobiernos monocolores en algunos
territorios espaoles, como la Comunidad Valenciana o Andaluca,
entre otros. As pues, el clientelismo, entendido como: la concesin
de beneficios o favores exclusivos; la adjudicacin de contratos,
subvenciones o concesiones administrativas; la exencin de impuestos
o requisitos; o la mera facilitacin de informacin privilegiada,
tanto a unos beneficiarios, como a unas reas
geogrficas especficas; a cambio bien de dinero, bien de votos
suponen unas frmulas de clientelismo, tristemente muy conocidas
ltimamente en Espaa (Noos, ERE, Grtel, Pnica, Taula, Pujol, entre
otras reseables o mediticamente relevantes durante 2016).
Igualmente, no podemos obviar el despilfarro y el abuso de
privilegios pblicos como otra forma de corrupcin. Nos resultan
sobradamente conocidos aquellos comportamientos, lamentablemente
permitidos y solo desde inicios de la crisis econmica socialmente
rechazados en Espaa, con los de los altos cargos que utilizan
coches oficiales o taxis pagados con recursos pblicos para
desplazamientos particulares, disfrutan de opparas comilonas en
restaurantes de lujo a cargo del erario pblico, servicios de
prostitucin o compaa, o regalan costosas joyas esposas/os o
amantes. Todos los anteriores, que tenemos tan en mente, por
ejemplo a causa del denominado caso de las tarjetas black, suponen
evidentes conductas antiticas, corruptas y abusos de poder en
beneficio privado.
Especialmente dainas son ese tipo de conductas de abuso de
privilegios pblicos en conexin con la faranica eclosin urbanstica
padecida por Espaa durante la primera dcada de siglo. Nos referimos
a todas aquellas obras suntuosas e innecesarias (aeropuertos sin
aviones, radiales sin coches o proyectos de depsitos de gas en
zonas ssmicas en el Mediterrneo iniciados, comprometidos y
clausurados), en las que los gestores pblicos despilfarran (a
sabiendas) ingentes cantidades de recursos pblicos, como si de una
donacin se tratase a unas empresas adjudicatarias, en el mejor de
los supuestos slo simpatizantes del partido poltico en el poder, en
el peor de los casos proclives a pagar mordidas (el 3% del montante
fue muy usual en algunos gobiernos regionales), sobornos o realizar
generosos regalos o descuentos en propiedades inmobiliarias,
incluidos preciosos ticos con vistas en Marbella.
No suponen las prcticas anteriores, casos anecdticos o
macroeconmicamente intrascendentes, sino que segn la Comisin
Nacional del Mercado de Valores, la contratacin pblica despilfarra
en torno al 4,5% del PIB por sus deficientes mecanismos de control
e ineficiencia. Para el ltimo ejercicio computado (2015) el 4,5%
del PIB espaol super los 48.600 millones de Euros, cifra nada
despreciable y que excede de los 40.000 millones de Euros del
importe del Rescate Bancario que Espaa recibi en 2012 (que deber
ser devuelto con dinero pblico) y que supone un saqueo anual de
unos 1.100 Euros por habitante.
Como bien denuncia recientemente el especialista en la materia
Manuel Villoria (2016), una tipologa de corrupcin muy preocupante
es la que denomina como corrupcin legal. Es decir, la que consiste
en capturas de ciertas polticas pblicas o, al menos de decisiones
fundamentales en el marco de dichas polticas por poderosos grupos
de inters. La captura puede realizarse a travs del estratgico
aterrizaje en puestos importantes del Gobierno, en rganos
regulatorios o en comits asesores clave; tambin mediante el
reclutamiento de polticos bien relacionados y poderosos para su
incorporacin a consejos de administracin bien remunerados; o
mediante la presin meditica, dado el control de los grandes grupos
multimedia. Ni que decir tiene la actualidad de la que goza en la
Espaa actual el debate acerca de las puertas giratorias y el
creciente nmero de ex presidentes, ministros o altos ejecutivos de
la administracin pblica que pasan a ocupar relevantes puestos
ejecutivos en compaas privadas, sobre las que anteriormente
hubieron de legislar, con el evidente conflicto de intereses y en
claro detrimento de los intereses pblicos.
Cmo se mide la corrupcin?Tras haber tratado de explicitar en qu
consiste la corrupcin y detallar algunas de sus tipologas ms
evidentes en Espaa, entendemos necesario ahondar sobre la
problemtica de la medicin de la corrupcin. Por su propia naturaleza
nos referimos a prcticas obscuras, sobre las cuales sus
practicantes no suelen tener el mayor inters en dar publicidad. Es
por ello que las dificultades para obtener datos fiables acerca de
las frecuencias de las prcticas corruptas, sean prcticamente
insalvables. Motivo a su vez por el que los ndices internacionales
comparados (Transparencia Internacional o EY)2 se realicen
(preferentemente) mediante datos subjetivos de percepcin, en lugar
de gracias a datos objetivos de prcticas corruptas
contabilizadas.
De cualquiera de las maneras, los diferentes estudios y anlisis
de la corrupcin vienen, hasta la fecha, tratando de medirla de tres
formas diferenciadas: a) objetivamente por medio de los datos de
las denuncias de corrupcin y de las investigaciones abiertas por el
ministerio pblico o los jueces de instruccin; b) gracias a
encuestas de percepcin de corrupcin realizadas a inversores
nacionales y extranjeros, expertos o a la ciudadana en general; y
c) a travs de las denominadas encuestas de victimizacin en las que
se pregunta a los ciudadanos por sus experiencias directas en pago
de sobornos o en las extorsiones que pueden llegar a sufrir por
parte de los funcionarios del Estado.
Sea cual sea la metodologa de medicin elegida no debemos obviar
que la cuantificacin precisa de la corrupcin es un reto
prcticamente inalcanzable y que los datos obtenidos siempre debern
ser analizados con precaucin y en perspectiva. La dificultad de
obtener mediciones precisas deriva de un conjunto de factores que
pivotan sobre la clandestinidad intrnseca de las prcticas
corruptas.
De una parte, la corrupcin (esencialmente la poltica), forma (lo
queramos o no) parte del propio juego poltico y electoral, motivo
por el que muchos de los casos de corrupcin poltica emergen durante
los periodos electorales, utilizados (sin duda) como armas
arrojadizas entre adversarios polticos. De otra parte, la percepcin
social de la corrupcin est fuertemente determinada por la
visibilidad y la relevancia meditica de su cobertura, con lo que
una mayor o menor presencia en los medios de escndalos de corrupcin
no implica directamente unos mayores o menores niveles de
corrupcin. Asimismo, existe un problema de lag times o retraso en
los efectos, cuando como consecuencia de una rigurosa persecucin de
la corrupcin (ya sea por el gobierno o por los medios de
comunicacin de un territorio) se visibilizan tramas y escndalos,
que pueden generar la sensacin de que la corrupcin es ms elevada,
que cuando no se persegua o se miraba hacia otra parte.
Paradjicamente puede suceder que se incrementen los ndices de
percepcin de la corrupcin, cuando, de facto, la misma se reduce
(Villoria y Jimnez, 2012: 117).
Precisamente, no cabe duda de que en la Espaa actual de 2016,
tal y como podr comprobarse en los ndices aportados en las dos
prximas secciones del presente informe, confluyen los tres fenmenos
antes descritos. Dentro de un modelo meditico Pluralista y
Polarizado, tpico de los pases de la Europa meridional (Hallin y
Mancini, 2004; Patterson, Fullerstone y Tun, 2016), la prensa de
partido (muchas veces como consecuencia de la inaccin gubernamental
tanto a escala nacional como regional) se ocupa de dar visibilidad
meditica a la corrupcin poltica generada por los rivales
electorales, tal y como resulta palmario durante la campaa
electoral continua que padece Espaa desde el otoo de 2015.
Igualmente, los ndices de percepcin de la corrupcin en la Espaa
actual son los ms elevados de Europa (campeones continentales), lo
cual no indica necesariamente que sea el pas ms corrupto de Europa,
sino el reciente hartazgo y la novedosa indignacin de la sociedad
espaola por la visibilidad meditica de unas prcticas corruptas, que
antes, bien desconoca, bien toleraba.
Particularmente en Espaa se acenta la cuestin del retraso en los
efectos, con motivo del estallido de la crisis econmica y
financiera en 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, sector
muy ligado a las prcticas fraudulentas. En efecto, muchas de ellas
bien se circunscriben, bien hunden sus races en aquel periodo de la
Espaa feliz, si bien tienen relevancia meditica y se juzgan en la
actualidad. No se pretende ni mucho menos exonerar
responsabilidades o minusvalorar el problema que tiene Espaa con la
corrupcin, puesto que suponemos que si bien algunas de esas
prcticas que ahora los medios de comunicacin revelan como
escandalosas, pertenecen al pasado, las que se estn urdiendo y
practicando en la actualidad, solo se conocern en el futuro.
Por mucho que parezca que hayamos estado haciendo innumerable
mritos ltimamente, el oro olmpico en corrupcin no parece sencillo
de alcanzar. No se trata de una lacra especfica, consustancial e
intrnseca a la realidad espaola sino que, como bien subrayaba Diego
(2010) se trata de una pandemia mundial que afecta a los distintos
gobiernos y a las administraciones pblicas de todo el mundo. El
desvo de recursos pblicos hacia intereses privados repercute
negativamente en la eficiencia de las instituciones, genera un
incumplimiento de metas y objetivos en los programas pblicos,
impide la resolucin de demandas ciudadanas, genera una prdida de
credibilidad de los gobiernos con la consiguiente desconfianza de
la ciudadana en los mismos.
La corrupcin como problema pblico no es un fenmeno nuevo, sino
que ha venido acompaando al hombre a lo largo de la historia. Sin
embargo, lo que s resulta novedosa es su eclosin como pandemia
global hasta alcanzar una dimensin alarmante a partir de la ltima
dcada del siglo pasado. Entonces y a partir de la repeticin de
diferentes casos, organizaciones internacionales como el Consejo de
Europa, la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico
(OCDE), el Banco Mundial, la Organizacin de Estados Americanos
(OEA) o la propia Unin Europea (UE), decidieron tomar cartas en el
asunto disponiendo de mecanismos, grupos de trabajo u oficinas
ad-hocpara mitigar los crecientes efectos de la lacra.
Solo desde entonces se tiene conciencia de que la problemtica no
solo se limita a los pases subdesarrollados (como incluso hoy en da
se puede escuchar todava), sino que supone tambin un grave problema
de hondas races en pases desarrollados. Es decir, los ricos, por el
mero hecho de serlo no dejan de corromperse, sino que lo hacen por
igual o an ms que los menos favorecidos. Igualmente, se ha tomado
consciencia de que la corrupcin no se reduce tan solo al mbito
gubernamental o a la esfera poltica, sino que comparte complicidad,
y en muchas ocasiones se relaciona y se entremezcla con el sector
privado, motivo por el que involucra igualmente a empresas de
carcter nacional o multinacional.
A la citada eclosin de la corrupcin, se han opuesto diferentes
esfuerzos. Algunos de carcter local o nacional, pero tambin otros
de alcance internacional. Es por ello que diferentes estados y
organizaciones supranacionales han suscrito acuerdos
internacionales, refrendado legislacin internacional en la materia,
creado organismos ad-hoc al efecto3. En efecto y en tanto en cuanto
la corrupcin no conoce de fronteras sino que trasciende de la vida
interna de los Estados, para alcanzar a sus relaciones
internacionales en aspectos de ndole: poltica, econmica, comercial
o incluso cultural; desde la
ltima dcada del siglo pasado se han venido creando y
perfeccionando diferentes organismos para combatirla. No son sino
la consecuencia de una preocupacin, que no solo ocasiona perjuicios
injustificables sino que ofende la dignidad humana. Preocupacin
ante la cual, los Estados han convenido la necesidad de analizar
sus causas y combatirla por medio de la cooperacin interestatal y
en el marco de una visin de conjunto que no solo se cie al mbito
pblico sino que tambin alcanza al social y al privado. Por tanto,
los organismos creados responden a la necesidad de incorporar
elementos externos de control al individuo, entre los cuales debe
incluirse, por su carcter disuasorio a la vez que moralizante, a la
participacin ciudadana.
A pesar de todos los esfuerzos (cada vez ms precisos)
anteriormente descritos, resulta innegable que la corrupcin sigue
creciendo segn se desglosa de los resultados que publica
peridicamente Transparencia Internacional, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF), la Oficina de Lucha contra el
Soborno de la OCDE, o diferentes consultoras privadas. Como
veremos, no queda ms remedio que admitir que existen mltiples
rincones donde se tejen corruptelas, lugares a los que no hay ley,
auditora o instrumento de supervisin o/y control que alcancen a
desenmascararlas.
Por mucho que algunas compaas o partidos polticos puedan obtener
unos indudables progresos particulares pagando o recibiendo un
soborno, el efecto global de la corrupcin en el desarrollo econmico
es negativo. De hecho, cuanto ms corrupto es un pas ms lentamente
crece, puesto que existen diferentes disfuncionalidades aparejadas
a las prcticas corruptas que entorpecen el desarrollo econmico: la
reduccin de la inversin extranjera directa; el incremento
desequilibrado del gasto pblico; o la distorsin del propio gasto
pblico en detrimento del bien general y en beneficio de proyectos
menos eficientes pero de oportunidades ms elevadas de manipulacin y
obtencin de sobornos.
Supone por tanto la corrupcin uno de los ms grandes retos a los
que se enfrentas las sociedades contemporneas. Ante la
imposibilidad de erradicar esta lacra, al menos ser necesario
persuadir la concienciacin de la sociedad internacional de la
necesidad de reducirla, en base a los perjuicios que puede
producir, no solo a los pases en vas de desarrollo, sino al
conjunto de los Estados y al sistema econmico y comercial
mundial.
No se tratan las anteriores de afirmaciones gratuitas o brindis
al sol sino que vienen refrendadas por la 14 Encuesta Global sobre
Fraude publicada en 2016 por la Consultora EY4, que apuntando
principalmente al sector comercial y privado, coincide en que
combatir la corrupcin es hoy una prioridad global.Concretamente
hace hincapi en la necesidad de incrementar la cooperacin por medio
de agencias reguladoras y aplicadoras de la legislacin
internacional, que incrementen la presin sobre las empresas,
mitigando as fraudes, sobornos y riesgos de corrupcin. Puesto que
aunque se han advertido los esfuerzos y los progresos de muchas
compaas a escala global, todava es detectable un importante nivel
de conductas poco ticas.
Los datos obtenidos por la ltima Encuesta Global de EY refrendan
lo anterior. De una parte, existe un nivel sin precedentes de apoyo
del combate de la corrupcin, desde los gobiernos y las
instituciones multilaterales, que alcanza al 91% de los encuestados
(puede comprobarse su desglose por regiones geogrficas en el Grfico
1), quienes afirmaron creer importante el conocimiento de la
titularidad de las empresas con las cuales mantenan relaciones
comerciales. De otra parte y a pesar de lo anterior, el 39% de los
encuestados confirmaron que tanto los sobornos como otras prcticas
corruptas son habituales en sus pases, sin que la situacin haya
mejorado desde la encuesta precedente; el 21% afirm que dichos
comportamientos estaban muy extendidos en los pases desarrollados,
lo que supona un aumento del 4% respecto a quienes afirmaron lo
mismo en la encuesta anterior; mientras que el 32% confes
preocupacin personal en su entorno laboral al ser preguntado sobre
sobornos y prcticas corruptas.
Resulta muy reseable, segn se desprende tambin de la citada
encuesta (2016), que globalmente, el soborno y la corrupcin son
todava percibidos como prcticas muy extendidas, sin que pueda
advertirse una mejora con respecto a los datos de la edicin
anterior (2014). Concretamente y a escala global, el 39% (como
veremos en sucesivos apartados, salimos malparados puesto que dicha
proporcin se eleva hasta el 50% para el caso espaol) de los
encuestados perciban en 2016 los sobornos y la corrupcin como
prcticas extendidas en sus pases por el 38% que as lo hacan en
2014. Y para confirmar aquella mxima de que la corrupcin no es una
disfuncionalidad de los pases en vas de desarrollo respecto a los
ms desarrollados, mientras que la mencionada percepcin decreci de
un 53% a un 51% en los denominados mercados emergentes; por el
contrario aument (preocupantemente) del 17%al 21% en los mercados
desarrollados, tambin entre 2014 y 2016. Dicho aumento bien podra
atribuirse al elevado perfil meditico de algunos casos de corrupcin
que han venido afectando a corporaciones norteamericanas y europeas
muy relevantes, durante los ltimos ejercicios.
La misma encuesta subraya, por lo que respecta a los casi tres
millares de directores de finanzas o ejecutivos de diferentes
empresas consultados que, casi la mitad de ellos, concretamente un
42% llegara a justificar comportamientos no ticos para alcanzar los
objetivos de resultados previstos, porcentaje incluso superior al
36% que toleraran dichas conductas para asegurar la supervivencia
de la empresa en momentos de crisis econmica. Por si no fuera
suficiente, no es que los integrantes de sus equipos financieros
demostrasen conductas muy diferentes. De hecho, el 16% de los
mismos justificaba la realizacin de un pago en efectivo (eufemismo
para referirse a un soborno), si de ello dependa obtener o retener
un negocio; mientras que el 7% de los mismos tambin justificaran
falsear balances contables con idnticos objetivos.
conducta que identificasen los valores deseables para los
servidores pblicos; y la ponderacin de especialistas encargados de
la formacin en tica pblica (Diego, 2006b). Todo ello debilitara el
fenmeno que permite que en la actualidad se puedan identificar con
ms frecuencia de la deseable en el seno de la administracin pblica,
personas no slo incompetentes para su cargo, sino desleales para
con el pas y los ciudadanos a los que deben servir, adems de
carecer de espritu de dignidad y justicia. En el marco de la crisis
financiera, uno de los factores que lastra las posibilidades de
recuperacin econmica, es tambin la falta de virtud y tica que
exhiben algunos de nuestros conciudadanos, particularmente aquellos
que ocupan relevantes cargos pblicos.
Como resultado del descuido al que ha sido cercenada la tica en
el mbito pblico, la mayor y ms importante de las consecuencias ha
sido la aparicin de anti-valores y prcticas negativas, que han
invadido cada esfera de la vida pblica de las sociedades
contemporneas. Efectivamente, estamos hablando de un fenmeno de
alcance mundial, la corrupcin, que ha dejado de tener tintes
locales y es un problema verdaderamente global, pues la magnitud
alcanzada en las ltimas dcadas no es ya slo un problema moral de
pases pobres, sino tambin, y sobre todo, de los ricos. Es ms que
nunca un problema cambiante e intersectorial (Pamplona, 2006). Y es
que los anti-valores y las prcticas corruptas han invadido cada
mbito de la vida pblica en las sociedades contemporneas, desde el
poltico hasta el social, pasando por el econmico y el cultural,
segn coinciden intelectuales del prestigio de Habermas, Sartori, o
Kng, entre otros.
Prueba de lo anterior, es que en 2004 el entonces ministro de
Justicia chileno, Luis Bates, estimaba que el componente econmico
de la corrupcin, entre sobornos, malversacin de fondos pblicos,
licitaciones corruptas y lavado de dinero, generaba el equivalente
anual al 5% del producto interior bruto mundial (Bates, 2004). Pero
esta estimacin, de difcil comprobacin dada la naturaleza de la
materia, puede quedarse corta ya que el desvo de fines y recursos
econmicos es una realidad latente no slo en los gobiernos
nacionales sino incluso en organizaciones internacionales como la
OTAN, la ONU o a la mismsima UE. La corrupcin se manifiesta
igualmente tanto en pases pobres o en vas de desarrollo como en
pases desarrollados y en muchas ocasiones exportadores de valores
como EE.UU, Reino Unido, Francia, Italia o Espaa, entre otros.
En base a todo lo anterior, se puede concluir que en el marco de
un entorno global cambiante, con una creciente cooperacin
interestatal, los reguladores se encuentran cada vez mejor
informados y precavidos acerca de las posibles conductas corruptas
o falta de tica. Lo cual no quiere decir, que las mismas puedan
llegar a extirparse en un plazo relativamente corto de tiempo, en
tanto en cuanto las encuestas vienen sosteniendo que resulta
inasumible que los individuos (incluidos los ejecutivos de las ms
destacadas corporaciones globales) acten con completa integridad,
en tanto en cuanto todava para ellos, el fin justifica los
medios.
por los artculos 274 y 280 del Tratado de la Comunidad Europea,
la Comisin instituy (como servicio de investigacin independiente
pero en su propio seno) la OLAF mediante la Decisin
1999/352/CE/CECA, de 28 de abril de 19995.
Igualmente, la mayor parte de los estados miembros de la UE,
pertenecen o han suscrito ciertos acuerdos internacionales de lucha
contra la corrupcin, que incumben tambin a otros pases, bien
europeos, bien del resto del mundo. En ese sentido ya citamos la
Convencin contra la Corrupcin de las Naciones Unidas (que entr en
vigor en 2005), o la misma Convencin contra el Soborno a los
Funcionarios Pblicos Extranjeros (en vigor desde 2006). Muy
relevante resulta tambin el trabajo de algunas reconocidas ONGs,
como Transparencia Internacional, que lleva ms de dos dcadas
realizando plausibles esfuerzos anticorrupcin, dando visibilidad a
las prcticas corruptas, aconsejando cmo atajarlas y promoviendo la
movilizacin al respecto. No se pueden obviar tampoco: a) ni la
primigenia instauracin en 1999 del Grupo de Estados Europeos contra
la Corrupcin (GRECO), que incluye a todos los miembros del Consejo
de Europa, adems de Bielorrusia y Estados Unidos; ni tampoco la ms
parcial Iniciativa Regional Anti-Corrupcin, enfocada a los pases
del sudeste europeo, que engloba a aquellos ms a los de la UE,
junto a algunas organizaciones internacionales, con el propsito de
fomentar las reformas institucionales, que refuercen la lucha
contra la corrupcin en esa zona geogrfica.
Todos los esfuerzos e iniciativas de la UE (directos o
indirectos) para luchar contra la corrupcin, no ha sido bice para
que: la corrupcin no slo sea una prctica ms o menos habitual (en
funcin de su frecuencia) dentro de los pases miembros de la UE;
sino que las mismas instituciones se hayan visto salpicadas por
distintos escndalos. Aparte de cuestiones tan significativas como
que el edificio buque insignia de la Comisin Europea en Bruselas
denominado Berlaymont estuviera varios aos inutilizado tras
descubrirse que haba sido construido con un material prohibido por
la propia Comisin Europea, o los tradicionales escndalos relativos
a sobornos millonarios para conseguir licitaciones de la Comisin;
el caso de corrupcin ms trascendente fue el que protagoniz la
Comisin Santer en 1999. Tras un informe interno se vio obligada a
dimitir en pleno, por las evidencias de favoritismos y prevaricacin
(en 2006 fue condenada expresamente la Comisaria de Educacin entre
1995 y 1999, la francesa dith Cresson) en el seno de la misma,
causando una de las mayores crisis y prdidas de credibilidad de la
historia de la Unin Europea. Aparte del nombramiento completo de un
nuevo Colegio de Comisarios, la UE trat precisamente de recuperar
la credibilidad perdida creando ese mismo 1999, la OLAF.
ciudadanos, as como parte de la reputacin por cuanto se refiere
a la eficacia y a la justicia de su gobernanza. No en vano, segn el
Informe Anticorrupcin de la Comisin Europea de 2013 , tres de cada
cuatro europeos, pensaba que los sobornos y la utilizacin de
conexiones conformaban frecuentemente la manera ms sencilla de
acceder a algunos servicios pblicos en su propio pas. De ser
cierto, Europa bien podr olvidarse de volver a ser campeona mundial
en la lucha contra la corrupcin.
Confianza en las Instituciones NacionalesDe un tiempo a esta
parte, viene siendo recurrente en el marco del debate sobre la
crisis financiera, culpar a la corrupcin preexistente dentro de la
banca, los reguladores financieros, o al conjunto del establishment
poltico. Sin embargo, tambin han calado aquellas posiciones que
vienen sosteniendo que la crisis solo ha visibilizado problemas de
gobernanza intrnsecos. El deterioro de la confianza en las
instituciones de gobierno y el aumento en los diferentes ndices
desagregados de percepcin de corrupcin en pases como Chipre, Grecia
o Espaa es tan importante que haran pensar en estados prcticamente
semi-fallidos en los que la corrupcin campa a sus anchas y afecta a
cada uno de los sectores y de las instituciones. Cabe sealar, que
la confianza tanto en los gobiernos como en las instituciones
polticas son muy subjetivas, y que la corrupcin es un fenmeno
informal y parcialmente invisible, con lo que pretender realizar
una exhaustiva y precisa evaluacin de la misma es poco menos que un
desafo inviable.
De cualquiera de las maneras, las diferentes encuestas sobre
corrupcin en Europa bien pueden aportarnos datos o tendencias muy
relevantes acerca de la confianza institucional y de la percepcin
de la corrupcin tanto en el conjunto de la UE, como de manera
desagregada en cada uno de sus estados miembros, pudindose as
realizar comparaciones y manejar series.
As pues, en la tabla 3 podemos advertir la confianza en las
instituciones nacionales de los pases de la UE en 2008 y 2013, as
como la variacin en ese periodo. Ms all de un evidente declive en
la confianza que los ciudadanos de todos los pases depositan en sus
autoridades nacionales; bien puede advertirse que mientras que a
escala europea la confianza en los gobiernos y los parlamentos
nacionales presenta unos ndices, declinantes pero similares (no
alcanzan el 30% tras haber sufrido descensos de un 7 y un 8% entre
2008 y 2013), la confianza en los partidos polticos se encuentra
mucho ms laminada, puesto que no llega al 20%.
Igualmente pueden advertirse notables diferencias regionales,
siendo los pases nrdicos aquellos que demuestran una mayor
confianza en sus instituciones (63% y 48% respectivamente), muy por
encima de la demostrada, tanto por los pases de la Europa
Occidental, como por los de la Europa Central y del Este o los de
la Europa del Sur, quienes tienen unos niveles de confianza en sus
instituciones muy bajos, muy alejados no solo de la de los pases de
la Europa del Norte, sino tambin de la media europea. Por ejemplo,
y con motivo de unos descensos muy significativos, la confianza en
los pases de la Europa Meridional en los Parlamentos Nacionales
(19%), Gobiernos Nacionales (19%) y Partidos Polticos (14%),
resulta muy limitada. No se escapa Espaa de esta tendencia (7%; 8%
y 5%), que con unas excepcionales variaciones negativas en un
periodo de solo cinco aos (-32%; -37% y -25%), se sita no solo muy
lejos de la media europea (29%; 19% y 19%), sino a la cola en cada
uno de los tres indicadores. Es decir medalla de oro europea en
cuanto a desconfianza en las propias instituciones y los partidos
polticos.
Particularismo y Corrupcin en la UEMuy conectadas con las
anteriores, podemos advertir en el Grfico 4 las percepciones acerca
de los Particularismos y la Corrupcin en Europa, segn el ltimo de
los Euro barmetros especficos en la materia, el 79.1 de 2013. Dicho
Euro barmetro no hizo sino confirmar los ltimos ndices sobre
Corrupcin tanto de Transparencia Internacional como del Banco
Mundial para Europa.Entre las principales tendencias que deben ser
subrayadas al respecto, cabe sealar que mientras que los pases
nrdicos y los de la Europa Occidental tienen unos ndices muy
elevados (escasa corrupcin) tanto a escala europea como mundial,
los pases de la Europa Central y del Este (casos especiales de
Rumana y Bulgaria), junto a los meridionales de Grecia e Italia, se
encuentran a la cola por cuanto a corrupcin (elevados niveles de la
misma) se refiere. Resulta digno de estudio el caso espaol, pas muy
golpeado por la crisis, con una elevada desafeccin poltica pero que
no demuestra unas dinmicas de percepcin de la corrupcin semejantes
a las de pases de su entorno (ERCAS-Hertie, 2015: 13).
Muy reseable resulta el amplio margen que existe en Europa entre
la percepcin de la corrupcin y su experimentacin por parte de la
ciudadana. Mientras que segn el mencionado Euro barmetro el 75% de
los europeos entendan la corrupcin como un fenmeno arraigado en sus
pases, entre esas tres cuartas partes de la poblacin el 94% confirm
que no haban recibido u ofrecido sobornos durante el ltimo ao, es
decir slo el 6% haba experimentado prcticas corruptas durante los
anteriores doce meses. Resulta evidente, que el amplio margen que
separa el 75% y el 6%, debe ser cuidadosamente analizado. En la
prctica dicha diferencia se debe a la percepcin de la sucesin de
frecuentes prcticas de particularismo, incluso en el mbito de
aquellos estados de integridad intachable, por unas amplias mayoras
de europeos que entienden que el xito en el sector pblico es
consecuencia directa de las conexiones en lugar del trabajo duro
(hasta el 58%en la Europa meridional pero tambin un 38% en los
pases nrdicos), mientras que la percepcin solo mejora parcialmente
en el sector privado (ERCAS-Hertie, 2015: 15).
De otra parte y de media, los polticos (52%) son considerados
como mucho ms corruptos que los servidores pblicos (35%) en el
conjunto de Europa. De hecho, la serie tendencial indica que
mientras que la reputacin de corrupcin de los polticos europeos
aumenta, la de los servidores pblicos disminuye. Las estadsticas
vienen a demostrar que la percepcin de los ciudadanos europeos no
apunta a una corrupcin menor, sino a la prevaricacin y al nepotismo
de los reguladores. Tal y como puede comprobarse en el cuadro 4,
las cifras de percepcin de corrupcin de polticos y servidores
pblicos son relativamente homogneas, a excepcin de los pases
nrdicos con unos ndices ms reducidos.
En ese sentido, tal y como viene siendo descrito en anteriores
pargrafos, el caso espaol resulta paradigmtico puesto que casi tres
de cada cuatro ciudadanos (72%) considera que sus polticos son
corruptos, muy por encima de la media europea, que se sita un poco
por encima de uno de cada dos habitantes (52%). Igualmente, alguno
del resto de indicadores explicitados, reconfirman la crisis en la
percepcin de la corrupcin en Espaa, casi siempre muy por encima de
las medias europeas. As, tres de cada cinco espaoles reconocen que
la corrupcin afecta su vida diaria frente a uno de cada cuatro
europeos. Igualmente casi cuatro de cada cinco espaoles consideran
que las prcticas corruptas y los favoritismos suponen un obstculo
para la competencia y la transparencia en el mundo de los negocios.
No parece haber quin nos discuta el cetro europeo.
Los datos revelados por el Euro barmetro 79.1 no dejan de ser
significativos. Tres de cada cuatro europeos entienden que la
corrupcin es una prctica extendida en sus pases; el 62% que el
favoritismo y la corrupcin amenazan la libre competencia en un
mundo de los negocios; y ms de la mitad de los europeos considera
que se encuentra regido por unas necesarias conexiones polticas
imprescindibles, que sugieren que el favoritismo comercial es
todava una prctica demasiado arraigada en la UE.
Muy particular es el caso espaol, estado de elevados ndices de
percepcin de la corrupcin y el particularismo, en el que la polica
e incluso el poder judicial (sobre todo cuando se trata de los
niveles inferiores) gozan de una buena reputacin; mientras que su
modelo de medios de comunicacin basado en la prensa de partido,
condiciona en muchas en ocasiones la denuncia y el tratamiento de
la corrupcin poltica7.
Si algo no puede negarse como evidente mrito de la Unin Europea
(UE) ha sido su tradicional defensa de unos valores muy concretos.
La democracia, el estado de derecho y la economa de mercado
continan siendo principios fundamentales que no slo ha buscado
expandir fuera de sus fronteras, sino que ha exigido como
requisitos de elegibilidad imprescindibles, tanto para aquellos
pases que han negociado y negocian su posible adhesin a la Unin,
como para aquellos que pretenden beneficiarse de algunas de las
polticas comunitarias, como la de vecindad. Por ms que pueda
criticar a la UE que estos valores no son sino unas meras
declaraciones de intenciones y que est por ver y resulta mucho ms
complicado demostrar la eficiente aplicacin de los mismos, lo
cierto es que la Unin se preocupa no slo por su publicidad y
promocin, sino que tambin hace proselitismo de los mismos.
Particularmente, la aproximacin de la UE al concepto de la tica
es de ndole negativa, a travs de la ms importante manifestacin de
ausencia de tica, la corrupcin (Tun, 2010a y 2010b)). ste ltimo
concepto, s que detenta, cada vez ms, las mayores atenciones de la
UE. Tal vez por la mayor facilidad y el alcance global con el que
ltimamente salen a la luz supuestos de fraude, tanto en el seno de
la UE como en el de sus estados miembros, la Comisin Europea ha
venido diseando, durante los ltimos tres lustros, la que ha
bautizado como Poltica Global de la UE contra la Corrupcin (Unin
Europea, 2003, COM 2003 317 final). En la actualidad, esa poltica
encuentra su anclaje legal a escala internacional en la Convencin
de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, firmada en octubre de
2003 en Mrida (Mxico) y ratificada tambin por la UE en 2005 al
objeto de: reforzar la eficacia de la lucha contra la corrupcin;
promover la integridad, la rendicin de cuentas y la buena gestin de
los asuntos y los bienes pblicos; y fomentar la cooperacin
internacional (Unin Europea, 2003, COM 2003 751 final).
Dentro de este contexto, el objetivo de la UE consiste en
reducir toda clase de corrupcin, a todos los niveles, en todos los
pases e instituciones de la UE e incluso en otras partes (Unin
Europea, 2003, COM 2003 317 final), tomando precisamente como
definicin de corrupcin la establecida por la Convencin de las
Naciones Unidas: abuso de poder para obtener ganancias privadas. En
este sentido, aparte de las medidas y mejoras penales dispuestas en
el mbito de la cooperacin judicial y policial en la UE, para la
Comisin Europea el problema esencial radica en una legislacin, que
debe conceder una mayor importancia a la prevencin, la
investigacin, el procesamiento y la resolucin de los actos de
corrupcin.
En respuesta al mayor escndalo de corrupcin hasta el momento
descubierto en el seno de las instituciones comunitarias (la
dimisin de la Comisin Santer en 1999), la propia Comisin decidi
crear ese mismo ao la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF). Ante la necesidad de proteccin de los intereses financieros
y econmicos de la UE, as como para la lucha contra la delincuencia
organizada transnacional, el fraude y otras actividades ilegales
que puedan perjudicar al presupuesto comunitario, todo ello
amparndose en lo dispuesto
Asimismo y para comprobar esa percepcin de que la corrupcin es
un fenmeno todava demasiado presente en la UE, no tenemos que
retrotraernos a los pases menos desarrollados de la misma o
aquellos recientemente adheridos a los que se les supone unas tasas
ms elevadas, sino que bien podemos acudir a algunos ejemplos
acaecidos, bien en los pases ms desarrollados, bien en aquellos de
nuestro entorno ms inmediato.
Si bien durante el ltimo ao vienen siendo noticia en Espaa
numerosos casos de corrupcin (Noos, Taula, Pnica, Pujol, Grtel,
Brcenas, ERES, entre otros), muchas veces ligados al sector
urbanstico y con implicaciones a distintos niveles de gobierno por
diferentes lugares de la geografa nacional y consecuencia directa
del denominado periodo de la Espaa feliz (primera dcada de siglo);
durante los aos noventa escndalos de corrupcin masivos y
generalizados relativos a las subvenciones procedentes de la UE,
como los del PER (Peonadas falsas), o el lino, y algunos otros
relacionados con familiares directos de miembros del gobierno,
coparon durante aos el inters de los medios de comunicacin.
Por mucho que nos pueda parecer, los escndalos de corrupcin no
son una prctica exclusiva en Espaa (los Juegos Olmpicos de la
Corrupcin estn muy competidos) sino que tambin, a una inusitada
altura poltica, se repiten en algunos de los ms importantes pases
europeos. Muy significativo en ese sentido es el caso italiano, pas
que todava entiende la mafia como una disfuncionalidad intrnseca al
sistema, y que eligi hasta en cuatro ocasiones a Silvio Berlusconi
como Primer Ministro, quien, incluso en el ejercicio de su cargo,
no tena reparos de jactarse en pblico, de tener siete decenas de
causas abiertas en distintos tribunales y mantener su cargo. Pero
Berlusconi no ha sido el nico Presidente o Primer Ministro europeo
acusado de corrupcin. Ni siquiera dirigentes (algunos de ellos de
reconocido prestigio y carisma) de otros pases tradicionalmente
menos proclives tericamente a la corrupcin, salen indemnes. Helmut
Kohl, que fue durante 16 aos (1982-1998) canciller alemn, se vio
obligado a reconocer al final de su mandato haber aceptado
financiacin ilegal para su partido. Asimismo, despus de la muerte
del Presidente francs Franois Miterrand (catorce aos en el cargo
entre 1981-1995), se airearon todo tipo de corruptelas en relacin a
los servicios de espionaje, cuestiones urbansticas, adems de otras
derivadas de su vida personal.
Se ha tratado de hilvanar un discurso por medio del cual sea
posible entender cmo a pesar de que en tiempos el continente
europeo fuese visto como el campen de la buena gobernanza, el
inventor de la cultura administrativa moderna, o el lder de la
integridad pblica, la justicia y la igualdad; sin embargo, desde
comienzos de la crisis econmica y financiera (a finales de la dcada
pasada) ha perdido una parte importante de la confianza de sus
propios
Confianza en la lucha gubernamental contra la corrupcin Al
tratarse acerca de la confianza depositada en los propios gobiernos
nacionales para combatir la corrupcin, puede advertirse una clara
diferencia entre aquellos estados en los que los particularismos
resultan habituales, respecto a aquellos en los que el denominado
universalismo tico es la norma. Mientras que en los primeros, los
ciudadanos confan ms en la prensa o incluso en la propia sociedad
civil para denunciar prcticas corruptas, en los segundos la polica
o el poder judicial resultan los ms indicados. Precisamente esto
sucede en los pases en los que la polica y el poder judicial no son
considerados como actores esenciales de un modelo de favores
particulares, en el que lejos de intentar combatir la corrupcin, se
constituyen en adalides de la misma.
La problemtica implcita y derivada del anlisis anterior afecta a
la percepcin del grado de inters y eficacia con el que los propios
gobiernos nacionales de los estados miembros de la UE intentan
atajar la corrupcin, segn los datos proporcionados por el Euro
barmetro 72.2 (2009) y 79.1 (2013), que de manera comparada pueden
advertirse en la doble tabla que compone el Grfico 5 del presente
informe.
Tal y como se advierte en el mencionado cuadro, los datos
generales europeos apenas se modificaron entre 2009 y 2013, por
medio de un leve incremento de la percepcin de eficacia en la lucha
contra la corrupcin de un 28 a un 29%. Como de costumbre dicha
percepcin es muy elevada en los pases nrdicos (45%), en la media en
los pases de la Europa Occidental, y por debajo de la misma en la
Europa Central y del Este, as como en la Europa del Sur (con cifras
en torno a diez puntos porcentuales por debajo de la media). Muy
reveladoras son las cifras espaolas, dentro del conjunto de pases
de la Europa Meridional, pero marcando el farolillo rojo en la
ltima de las series (poco ms de uno de cada diez espaoles considera
que el gobierno combate con eficacia la corrupcin), suponiendo el
tercer peor intervalo en Europa, con una prdida de un diez por
ciento de confianza entre 2009 y 2013, solo empeorado por Bulgaria
y Chipre.
Haberla, hayla corrupcin en Espaa y los datos lo demuestran En
efecto y por mucho que sea necesario (en base a todo lo comentado)
relativizar los resultados de percepcin de la corrupcin y por tanto
el valor de esas medallas conquistadas muy recientemente por Espaa,
lo que no resulta aceptable es mirar hacia otra parte. Aunque muy
probablemente la situacin no sea mucho peor a la de hace algunos
aos (a pesar de la visibilidad meditica de los innumerables
escndalos de corrupcin poltica y del hartazgo e indignacin que en
la sociedad producen), ello no quiere decir, como desde la clase
poltica y preferentemente desde la que ocupa cargos de gobierno,
que Espaa no tenga, un problema y muy serio con la corrupcin, los
favoritismos, el nepotismo, el clientelismo y otras prcticas de
similar factura.
As lo atestiguan los principales estudios e ndices confianza y
percepcin consultados a escala comparada, entre ellos el ltimo
ndice de Percepcin de la Corrupcin de Transparencia Internacional9
con datos referidos al ao 2015 o al de la Consultora EY (2016) en
su 14 Encuesta Global sobre Fraude10, cuyas respectivas
clasificaciones comparadas pueden consultarse en los grficos 6 y 7,
de la presente seccin.
En el primero de ellos, el ms general ndice de Corrupcin de 2015
de Transparencia Internacional11 Espaa obtuvo 58 puntos, en una
puntuacin que si bien descenda con respecto a informes anteriores
(ligera mejora de la percepcin de la Corrupcin), todava sita a
Espaa en el puesto 36 del ranking de percepcin de corrupcin formado
por 167 pases, es decir, muy lejos del pdium que copan los nrdicos,
Dinamarca, Finlandia y Suecia an lejos de pases de nuestro entorno
como Reino Unido, Francia y Portugal, y solo al nivel de pases como
Eslovenia o la Repblica Checa.
No se trata en ningn caso de ndices de percepcin para estar
orgullosos. Y es que si comparamos las series de los ltimos tres
lustros, la percepcin de la Corrupcin en Espaa ha empeorado
sensiblemente, especialmente durante el periodo 2009-2013. El
declive es evidente desde 2004, cuando en plena expansin econmica,
los resultados nos situaban en vigsimo puesto a escala mundial en
ndice de menor percepcin de corrupcin. Entre 2013 y 2015 Espaa se
ha ubicado en una posicin de percepcin de la corrupcin de entre 58
a 60 puntos en una escala de cien, lo que equivale a una posicin
entre la 36 y la 40 en el ndice de Corrupcin Mundial.
Tal y como se sostuvo en los pargrafos anteriores, en los pases
de la Europa Meridional, de los que la misma Espaa constituye un
paradigmtico ejemplo, el fuerte impacto de la crisis econmica y
financiera est muy directamente relacionado con la prdida de
confianza en las instituciones, la desafeccin poltica y el aumento
de los ndices de percepcin de corrupcin. Ello tambin ha venido
motivado por la sucesin de toda una serie de casos de corrupcin
poltica al mximo nivel que han puesto muy en entredicho la
integridad del conjunto de la clase poltica, factor decisivo para
el declive de la confianza en la Administracin Pblica y las
instituciones.
El propio Informe sobre Integridad Pblica y Confianza en Europa,
realizado por el Hertie School of Governance en 20158, bajo
encomienda de la presidencia holandesa de la UE, refera el escndalo
de Caja Madrid & Bankia, como paradigmtico y explicativo de la
situacin en la Europa del Sur y en Espaa, por lo que respecta en
trminos de elevados niveles de percepcin de la corrupcin y prdida
de confianza en las instituciones y la administracin. Por ejemplo
en uno de los casos, la prensa espaola inform que en los doce meses
anteriores al rescate por parte de las autoridades espaolas, los
ejecutivos de Caja Madrid cobraron un total de ms de un milln de
euros en dietas y recibieron 1.200 regalos. Se revel que todos los
consejeros estaban vinculados tanto a los principales partidos
polticos como a los sindicatos, generando dudas sobre la integridad
de las instituciones pblicas. En 2010, Caja Madrid se haba
fusionado con una serie de pequeas cajas de ahorro para conformar
Bankia, que en mayo de 2012 inform de unas prdidas de 4.3 billones
de euros, que alcanzaron un ao despus los 19 millones de euros. Se
trat de la mayor prdida corporativa de la historia espaola, y el
gobierno espaol rescat a Bankia con dinero de los contribuyentes
(ERCAS/Hertie: 2015: 28)
Efectivamente, Rodrigo Rato, ex director del Fondo Monetario
Internacional (FMI) por otra parte, en calidad de punta del
iceberg, ser la cabeza visible de quienes se habrn sentado en el
banquillo durante 2016 por el caso Bankia. Pero desafortunadamente,
no constituye una excepcin, sino precisamente todo lo contrario
entre los casos de elevada visibilidad meditica, que ponen de
relieve la connivencia y las prcticas fraudulentas generalizadas de
la clase poltica espaola, con el consiguiente deterioro de las
instituciones democrticas a las que representan y la consiguiente
prdida de confianza de la ciudadana, as como su elevada percepcin
de los niveles de corrupcin en el pas. No cabe duda, de que al
estar constituyendo 2016 una campaa electoral continua (por
encontrarnos con un ejecutivo en funciones desde las elecciones del
20 de diciembre de 2015), la visibilidad meditica de los diferentes
casos de corrupcin poltica (Noos, Pnica; Grtel; Taula; ERE, Pujol,
o los Papeles de Papeles de Panam; solo algunos de amplia
repercusin en 2016) amenaza con terminar por aburrir hasta al
hartazgo a la opinin pblica espaola, lo que amenaza con anestesiar,
vacunar y de alguna manera terminar por legitimar por la va de los
hechos esas deleznables prcticas corruptas.
No demasiado alejados de esta realidad se encuentran los
resultados comparados ofrecidos por la 14 Encuesta Global sobre
Fraude, de la consultora EY, que con un perfil ms empresarial que
poltico (segn se puede advertir en el grfico 7), ubicaba a Espaa en
este mismo ao 2016 en el puesto 22 sobre prcticas corruptas en el
mbito de los negocios, empeorando sensiblemente su trigsimo primera
posicin obtenida en la edicin de 2014 de la misma encuesta.
Al contrario que el ndice de Transparencia Internacional, el de
EY premia a las malas y no a las buenas prcticas, con lo que slo 21
de los pases objeto de estudio, mostraron indicadores peores, es
decir, ms corruptos que los espaoles. Eso s cabe apuntar que la
Encuesta de EY solo alberga a 62 pases (lo que con una simple resta
nos permite comprobar que hasta 40 estados obtuvieron mejores
resultados).
Muy significativo resulta igualmente que en esta encuesta, uno
de cada dos encuestados reconozcan que el soborno y la corrupcin
estn generalizados en Espaa; el 28% de los directivos consultados
se demostrasen dispuestos a efectuar pagos en efectivo o regalos
(14%) para conseguir un negocio, o incluso a maquillar informacin
financiera (12%); adems de que casi uno de cada dos, avalasen al
menos una de las tres prcticas anteriores reseadas.
En definitiva y a pesar de los problemas de medicin y de otras
consideraciones extensamente analizadas en apartados anteriores del
presente informe, queda meridianamente claro (desde una perspectiva
comparada), que corrupcin en Espaa la hay, que la situacin es
preocupante y que la percepcin de la corrupcin es bastante
alarmante. Siendo cierto que la percepcin de la corrupcin se est
viendo deteriorada por la visibilidad meditica de los grandes
escndalos (muchas veces originados hace ya algunos ejercicios), y
en muchas ocasiones de un mayor celo en su persecucin (tambin
derivado de la inquietud social y de la novedosa fragmentacin del
arco parlamentario espaol), en connivencia con las todava muy
importantes consecuencias de la crisis y el deterioro de la
situacin econmica del pas, no puede servir lo anterior como excusa
o exoneracin de la misma.
Un pas que se jacta de que su economa est entre duodcima y la
decimocuarta del mundo, no puede permitirse unos ndices de
percepcin de corrupcin que sealan que entre 35 y 40 pases padeceran
menos prcticas corruptas que Espaa en 2016. Por mucho que la
corrupcin sea difcil de medir y que los ndices no supongan
corrupcin en s misma, son una variable de medicin tan relevante
como inaceptable para el caso espaol.
Geopoltica de la Corrupcin en Espaa La visibilidad meditica de
los variados escndalos de corrupcin que asolan el pas de norte a
sur viene llevando a la ciudadana espaola a un estado de hasto e
indignacin permanentes en 2016. La confluencia con un irresoluble y
eterno proceso electoral hace de la corrupcin un autntico trending
topic, nacional que de hecho y segn los ltimos barmetros del Centro
de Investigaciones Sociolgicas, supone la mayor preocupacin para en
torno a un 45% de la poblacin espaola, constituyendo la segunda de
las mismas desde hace tiempo, por detrs del desempleo.
La citada visibilidad provoca que se pretendan cuantificar los
escndalos, sus repercusiones econmicas o se distribuyan por
regiones o/y por principales partidos polticos afectados, todo ello
con evidentes intereses electoralistas. No cabe duda, por tanto, de
que la citada cuantificacin diverge enormemente, no solo por el
modelo de medios de comunicacin en Espaa, tpico de los pases
mediterrneos y que responde a la denominada prensa de partido, sino
porque el mismo fenmeno de la corrupcin es intrnsecamente obscuro,
clandestino y difcilmente cuantificable. Asimismo, la nocin de
corrupcin no es unvoca, motivo por el cual segn el tipo de prcticas
que incluyamos, los recuentos pueden ser muy divergentes. Es por
ello, que igual el diario ABC sostena en febrero que la corrupcin
nos cuesta 800 euros a cada espaol por ao (cifra refrendada por La
Sexta el 6 de mayo segn fuentes del Ministerio de Hacienda,
haciendo referencia al fraude fiscal y situando la cifra en la
horquilla de 800 a 1.000 euros), el diario El Economista, cifraba
el coste de la corrupcin en la Espaa democrtica en los 7.500
millones de Euros, lo que supone unos 4.700 Euros anuales por
ciudadano12.
As que ms all de las divergencias del recuento, ya no se tratan
de meras percepciones sino de cifras, casos, o detenidos
perfectamente cuantificables. En ese sentido se puede constatar (ms
all de que ahora se pueda perseguir ms que antes) los delitos
relacionados con la corrupcin se han disparado de forma alarmante a
lo largo y ancho del territorio nacional (). As se desprende de las
2.442 detenciones practicadas durante 2015 por este motivo. Ello
supone que en el transcurso del pasado ao fueron arrestadas cada da
7 individuos. Los datos hablan por s solos porque los detenidos por
corrupcin se multiplicaron por ms de seis en cinco aos. A cada
espaol, el saqueo de los delincuentes de guante blanco les ha
costado, en un ao, alrededor de 800 euros. No en vano en relacin a
la corrupcin, desde el ao 2010, las Fuerzas de Seguridad han
detenido a un total de 8.321 personas y han iniciado 4.091
investigaciones relacionadas con esta modalidad delictiva, mientras
que durante 2015 se conocieron 1.108 hechos delictivos relacionados
con la corrupcin. Un dato que contrasta con los 366 detectados en
2010. El incremento es inquietante. (Pagola: 2016)
Tal como refera el diario El Economista, haciendo referencia al
Diario de la Corrupcin, escrito por los periodistas Eva Daz, Joaqun
Vidal y Francisco J. Castan: la corrupcin est grabada a fuego en la
Marca Espaa. Desde 1978 el pas ha sufrido 175 casos de corrupcin
poltica a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos
autonmicos y estatales, y de todas formas y colores; en botes de
Cola-Cao, en sobres bajo el colchn y en coches de lujo que pasean
por pueblos de apenas 5.000 habitantes () Las manzanas podridas de
los distintos partidos no estn tan solas y ya son legin entre los
dirigentes de las Administraciones pblicas. Ninguna de las
diecisiete Comunidades Autnomas se salva, aunque media docena de
ellas encabeza la lista de la corrupcin en el pas (Castan, Daz y
Vidal: 2016).
Efectivamente, si realizamos una diseccin geogrfica de la
corrupcin espaola, ninguna de ellas se salva, pero sin duda algunas
compiten por el pdium de la corrupcin poltica en Espaa. Suelen
coincidir con aquellas Comunidades que han experimentado un elevado
nivel de path dependency,es decir de continuidad en el cargo de las
elites polticas regionales; en muchas ocasiones coincidentes con
las ms pobladas y por tanto dnde ms recursos a gestionar y por
tanto a corromper existen. Hablamos de la Andaluca del PSOE, la
Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana del PP, o la Catalua
de la antigua Convergencia I Uni. Igualmente se sita en posiciones
de preminencia las Islas Baleares del PP y llama la atencin la
falta de casos de relevancia meditica en el Pas Vasco, que salvo
ciertos lapsos, ha tenido una elevada continuidad poltica, marcada
por el liderazgo del Partido Nacionalista Vasco.
Por mucho que dependa de quin haga la cuenta, de cmo la haga y
de qu considere como corrupcin, motivo por el que el nmero de
escndalos siempre puede variar, lo cierto es que las anteriores
Comunidades Autnomas se disputan el cetro nacional. A modo de
ejemplo, segn El Economista en su versin digital del pasado 9 de
febrero: (El Economista, 2016), en Andaluca se han revelado un
record de 38 tramas de corrupcin poltica (destacando el de
La fiesta de la Corrupcin: Espaa 2016Si nos ceimos al presente
ao 2016, la permanente campaa electoral espaola nos ha venido
brindando una visibilidad meditica de la corrupcin, desconocida
hasta la fecha. Programas en directo, periodistas o/y tertulianos
especializados en corrupcin poltica o incluso en casos concretos de
corrupcin. Lo nunca visto. Por mucho que algunos de los escndalos
hundan sus races evidentemente hace algunos aos, los siguientes son
los casos de corrupcin de mayor repercusin y visibilidad meditica
en un ejercicio en el que hemos tenido: a la Infanta Cristina y a
su marido Iaki Urdangarn sentados en el banquillo por el caso Nos;
al ex presidente de la Generalitat de Catalua, Jordi Pujol,
declarando como imputado en la Audiencia Nacional; al ex
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados
declarando desde la crcel de Estremera; los expresidentes andaluces
Manuel Chaves y Jos Antonio Grin imputados por el caso de los ERE;
la ex alcaldesa de Valencia Rita Barber, aforada en el Senado y
fuera del PP ante la apertura de investigacin por parte del
Tribunal Supremo por blanqueo y financiacin ilegal; el ex ministro
de Industria, Jos Manuel Soria fuera del gobierno por su implicacin
en los Papeles de Panam; o el desarrollo de diferentes piezas de
tramas como la Grtel, Pnica, o las ms recientes Aquamed y la mega
operacin Taula. Y eso que todava nos queda casi un cuarto de la
temporada.
Efectivamente, 2016 comenz con el juicio por el caso Nos, en el
que por primera vez una Infanta de Espaa se sent en el banquillo de
los acusados. Durante semanas se baraj la hiptesis de que la
Infanta no se sentase en el banquillo y se le aplicase la doctrina
Botn, algo que finalmente no sucedi. Muy comentada fue la defensa
de esta posibilidad, por parte de la Fiscala Anticorrupcin y el
Fiscal Pedro Horrach. El horizonte penal de los principales
encausados, Iaki Urdangarn (esposo y padre de los hijos de la
Infanta) y el de su ex socio, Diego Torres, parece ms que
comprometido, mientras que sera sorprendente que la Infanta
Cristina recibiese algo ms que una condena simblica.
Muy significativo resulta el gusto del que fue en su da
Vicepresidente del Gobierno de Espaa entre 1996-2004, y aos ms
tarde director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, por
bordear la legalidad y prueba de ello son las diferentes causas por
las que viene siendo noticia en 2016. El de las tarjetas black o
tarjetas opacas por el que se sienta en el banquillo junto a Miguel
Blesa y otras 64 personas ms por gastar 15 millones de euros, sin
pasar curiosamente por Hacienda en incrementos de sueldo
encubiertos e ilegales; la investigacin de la que es objeto por las
irregularidades cometidas en la creacin y la salida a bolsa de
Bankia, por el que est imputado junto a otros 32 consejeros; y el
derivado del fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupcin entre
particulares, cometido supuestamente con su grupo de empresas; caso
del que deriva su implicacin en los famosos Papeles de Panam.
Muy ligada a la causa Grtel, y derivada de la misma, su ltima
versin es la que ha venido ocupando portadas de peridico durante
2016 en el marco de la denominada Operacin Taula, encargada de
terminar de desenmascarar todo el entramado de corrupcin sistmica
en la Comunidad Valenciana, tras la macro-redada policial del 25 de
enero. La prdida tanto de la alcalda de Valencia como del gobierno
de la Comunidad por parte del PP, destap la caja de los truenos y
permiti que se hiciesen pblicas las prcticas supuestamente
corruptas de varios cargos del PP e instituciones y entidades bajo
su control. En el punto de mira est la ex alcaldesa de Valencia,
Rita Barber, todava aforada en el Senado, el ex presidente de la
Comunidad Francisco Camps (retratado en una sub-realista
conferencia de prensa en la que retaba tanto a la propia Guardia
Civil, como igualmente haba presionado al periodista de la Cadena
Ser especialista en corrupcin valenciana que haba desenmascarado
sus actividades, Miguel ngel Campos), y otros diferentes cargos
como el antiguo alcalde de Xativa y presidente de la Diputacin de
Valencia, Alfonso Rus (el que contaba los dos millones de pelas),
hasta un total de ocho decenas de encausados.
Los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y Jos Antonio Grin,
fuera del partido socialista y de la poltica activa a causa del
acuerdo de gobierno que encumbr a la sucesora de ambos, Susana Daz
a la presidencia de la Junta de Andaluca, sern procesados junto a
otros 18 ex altos cargos por el fraude en los Expedientes de
Regulacin de Empleo subvencionados por la Junta de Andaluca, que
incluan a prejubilados que nunca trabajaron en las empresas
beneficiarias. El Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves
y luego por Jos Antonio Grin, habra reservado entre 2001 a 2011 un
fondo de 855 millones de euros para ayudas a regulaciones de
empleo, que habran sido gestionados sin control por la Direccin
General del Empleo, a travs de organismos de la Administracin
paralela. Los ex presidentes andaluces habran cometido delitos de
prevaricacin administrativa y malversacin de fondos pblicos.
Los anteriores son los casos estrella que vienen poblando los
banquillos y las parrillas televisivas durante 2016, pero no los
nicos. De otra parte, todos aquellos de una enjundia o visibilidad
meditica algo menor a los descritos. Y no son pocos: las diferentes
conexiones polticas con los Papeles de Panam; la dimisin/cese
encubierto del antiguo Ministro de Industria en funciones, Jos
Manuel Soria por los mismos; el tico en Marbella del anterior
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzlez; el escndalo
de Aquamed, que implicara al antiguo ministro y actual Comisario
espaol de Clima y Energa, Miguel Arias Caete (quin tambin hubo de
dar cuentas a la Eurocmara por su aparicin en los Papeles de
Panam); o el Fraude en los Cursos de Formacin en Andaluca, por
citar solo algunos de los entrantes a los anteriores platos
principales. De otra parte, todos aquellos actos de corrupcin que
todava estn por venir, o que ya cometidos, vern la luz a final de
2016 o en adelante, preferentemente con motivo de la pertinente
indagacin de los medios de comunicacin.
ha vuelto a instalarse en una narracin social clsica que nos
identifica como un pas de pcaros, gobernado por elites corruptas e
incompetentes (ahora las llamaramos extractivas): un pas en el que
las reformas institucionales no llegan nunca a su trmino feliz.
Precisamente a la teora de las elites polticas extractivas (los
polticos de profesin, aquellos llegados para servirse de las
instituciones y no para servir a las mismas) se apuntaba ya
Lapuente en 2009, cuando denunciaba que en Espaa toda la cadena de
la decisin de una poltica pblica est en manos de personas que
comparten un objetivo comn: ganar elecciones, lo que provoca que se
toleren con ms facilidad comportamientos ilcitos, motivo a la vez
por el cual, al haber mucho ms en juego en unas elecciones (ms all
del servicio a la ciudadana:, el secuestro de un modelo de
particularismos, favoritismos, prebendas y prcticas clientelares),
las tentaciones por otorgar tratos de favor a cambio de
financiaciones ilegales de los contendientes polticos, sean tambin
mucho ms elevadas.
No cabe duda de que como coinciden Lapuente (2009 y 2016) y
Villoria (2016), el angustioso e intolerable nivel de corrupcin de
la Espaa de 2016 es consecuencia directa de unas elites partidistas
profesionalizadas que, salvo muy escasas y honrosas excepciones, en
lugar de servir a la ciudadana han buscado y (tristemente) logrado
una captura clientelar, tanto de instituciones de control como de
fondos pblicos, todo ello con una voracidad desmedida. Solo as
puede colegirse la expansin de la corrupcin por todas aquellas reas
en las que se advierte un monopolio en la toma de decisiones as
como una evidente discrecionalidad en el uso del poder, adems de
unos prcticamente infantiles sistemas de control; todo ello dentro
del marco de la gangrena que supone para el pas la extensin del
tumor de las redes clientelares, en colusin con la siempre polmica
cuestin de la financiacin de partidos.
Para ilustrar lo anterior queremos traer aqu a colacin el
acertado ejemplo de Lapuente (por cierto profesor en Gotemburgo y
no en Espaa, tal vez por las irrisorias y mermadas tambin por la
corrupcin- partidas en Educacin e I+D+I pblicos) en su artculo del
diario El Pas del 27 de marzo de 2009 Por qu hay tanto corrupcin en
Espaa?, tristemente de total vigencia siete aos ms tarde: Y aqu, el
contraste entre Espaa y los pases europeos con niveles bajos de
corrupcin es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a
500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres
personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las
elecciones. En Espaa, el partido que controla un gobierno local
puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez,
tejer una red de agencias y fundaciones con plena discrecin en
poltica de personal. En total, en una ciudad media espaola puede
haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido
X gane las elecciones.
pasado 12 de febrero (Corrupcin y Partidos), abogaba por La
supresin de mbitos de decisin como las diputaciones provinciales, o
en algunos casos las comarcas, contribuira a sanear reductos que en
muchas ocasiones escapan a la fiscalizacin de los rganos de control
autonmicos o estatales. En esta lnea, hay que ser absolutamente
beligerante con la creacin por parte del poder poltico de empresas
dedicadas a objetos sociales redundantes o etreos.
Tampoco descubrimos nada nuevo si incidimos en la necesidad de
una mayor transparencia por parte de los partidos polticos en lo
que respecta a la publicacin de sus cuentas, incluso de manera
trimestral, as como de la auditora semestral de las mismas por
parte de firmas auditoras internacionales y externas, que puedan
verificar, no solo la veracidad de las mismas, sino tambin el
estricto cumplimiento de la Ley de Financiacin de Partidos y dems
legislaciones vigentes, como bien sabemos permanentemente violadas
durante los ltimos aos.
De igual manera, tampoco los partidos polticos, viendo las
orejas al lobo, han querido tomarse en serio la necesidad de
establecer una duracin mxima de los mandatos y los cargos pblicos,
incluso en el seno de los partidos, evitando la acumulacin de los
mismos. De una parte, al ciudadano no le quedara ese regusto amargo
de comprobar que la Ley de Incompatibilidades solo se les aplica a
ellos y no a sus polticos. De otra nos evitaramos ejemplos
grotescos, como el reciente del famoso Alfonso Rus, el que contaba
los dos millones de pelas, por entonces veinte aos alcalde de
Xtiva, once de presidente del Partido Popular valenciano y ocho de
presidente de la Diputacin de Valencia. Toda una estampa
paradigmtica de la corrupcin poltica en Espaa, que tristemente no
se trata de un caso aislado. La path dependency o perpetuacin en el
poder poltico (el Partido Popular en Valencia y Madrid, el Partido
Socialista en Andaluca o la extinta Convergencia I Uni en Catalua),
determinan la correlacin directa entre la ausencia de alternancia
poltica y la corrupcin.
Especialmente dainas vienen resultando todo ese tipo de
conductas de abuso de privilegios pblicos en conexin con la
faranica eclosin urbanstica padecida por Espaa durante la primera
dcada de siglo. Todas aquellas obras suntuosas e innecesarias
(aeropuertos sin aviones, radiales sin coches o proyectos de
depsitos de gas en zonas ssmicas en el Mediterrneo iniciados,
comprometidos y clausurados), en las que los gestores pblicos
despilfarran (a sabiendas) ingentes cantidades de recursos pblicos,
como si de una donacin se tratase a unas empresas adjudicatarias,
en el mejor de los supuestos slo simpatizantes del partido poltico
en el poder, en el peor de los casos proclives a pagar mordidas (el
3% del montante fue muy usual en algunos gobiernos regionales),
sobornos o realizar generosos regalos o descuentos en propiedades
inmobiliarias, incluidos preciosos ticos con vistas en
Marbella.
No suponen las prcticas anteriores, casos anecdticos o
macroeconmicamente intrascendentes, sino que segn la Comisin
Nacional del Mercado de Valores, la contratacin pblica despilfarra
en torno al 4,5% del PIB por sus deficientes mecanismos de control
e ineficiencia. Para el ltimo ejercicio computado (2015) el 4,5%
del PIB espaol super los 48.600 millones de Euros, cifra nada
despreciable y que excede de los 40.000 millones de Euros del
importe del Rescate Bancario que Espaa recibi en 2012 (que deber
ser devuelto con dinero pblico) y que supone un saqueo anual de
unos 1.100 Euros por habitante.
Ni que decir tiene la actualidad de la que goza en la Espaa
actual el debate acerca de las puertas giratorias y el creciente
nmero de ex presidentes, ministros o altos ejecutivos de la
administracin pblica que pasan a ocupar relevantes puestos
ejecutivos en compaas privadas, sobre las que anteriormente
hubieron de legislar, con el evidente conflicto de intereses y en
claro detrimento de los intereses pblicos.
Igualmente, los ndices de percepcin de la corrupcin en la Espaa
actual son los ms elevados de Europa (campeones continentales), lo
cual no indica necesariamente que sea el pas ms corrupto de Europa,
sino el reciente hartazgo y la novedosa indignacin de la sociedad
espaola por la visibilidad meditica de unas prcticas corruptas, que
antes, bien desconoca, bien toleraba. Particularmente en Espaa se
acenta la cuestin del retraso en los efectos, con motivo del
estallido de la crisis econmica y financiera en 2008 y el pinchazo
de la burbuja inmobiliaria, sector muy ligado a las prcticas
fraudulentas. En efecto, muchas de ellas bien se circunscriben,
bien hunden sus races en aquel periodo de la Espaa feliz, si bien
tienen relevancia meditica y se juzgan en la actualidad. No se
pretende ni mucho menos exonerar responsabilidades o minusvalorar
el problema que tiene Espaa con la corrupcin, puesto que suponemos
que si bien algunas de esas prcticas que ahora los medios de
comunicacin revelan como escandalosas, pertenecen al pasado, las
que se estn urdiendo y practicando en la actualidad, solo se
conocern en el futuro.
y con motivo de unos descensos muy significativos, la confianza
en los pases de la Europa Meridional en los Parlamentos Nacionales
(19%), Gobiernos Nacionales (19%) y Partidos Polticos (14%),
resulta muy limitada.
No se escapa Espaa de esta tendencia (7%; 8% y 5%), que con unas
excepcionales variaciones negativas en un periodo de solo cinco aos
(-32%; -37% y -25%), se sita no solo muy lejos de la media europea
(29%; 19% y 19%), sino a la cola en cada uno de los tres
indicadores. Es decir medalla de oro europea en cuanto a
desconfianza en las propias instituciones y los partidos
polticos.
B) Particularismo y Corrupcin en la UE
El caso espaol resulta paradigmtico puesto que casi tres de cada
cuatro ciudadanos (72%) considera que sus polticos son corruptos,
muy por encima de la media europea, que se sita un poco por encima
de uno de cada dos habitantes (52%). Igualmente, alguno del resto
de indicadores explicitados, reconfirman la crisis en la percepcin
de la corrupcin en Espaa, casi siempre muy por encima de las medias
europeas.
As, tres de cada cinco espaoles reconocen que la corrupcin
afecta su vida diaria frente a uno de cada cuatro europeos.
Igualmente casi cuatro de cada cinco espaoles consideran que las
prcticas corruptas y los favoritismos suponen un obstculo para la
competencia y la transparencia en el mundo de los negocios. No
parece haber quin nos discuta el cetro europeo.
C) Confianza en la lucha gubernamental contra la corrupcin
Muy particular es el caso espaol, estado de elevados ndices de
percepcin de la corrupcin y el particularismo, en el que la polica
e incluso el poder judicial (sobre todo cuando se trata de los
niveles inferiores) gozan de una buena reputacin; mientras que su
modelo de medios de comunicacin basado en la prensa de partido,
condiciona en muchas en ocasiones la denuncia y el tratamiento de
la corrupcin poltica16.
En perspectiva comparada, los datos generales europeos apenas se
modificaron entre 2009 y 2013, por medio de un leve incremento de
la percepcin de eficacia en la lucha contra la corrupcin de un 28 a
un 29%. Como de costumbre dicha percepcin es muy elevada en los
pases nrdicos (45%), en la media en los pases de la Europa
Occidental, y por debajo de la misma en la Europa Central y del
Este, as como en la Europa del Sur (con cifras en torno a diez
puntos porcentuales por debajo de la media).
Muy reveladoras son las cifras espaolas, dentro del conjunto de
pases de la Europa Meridional, pero marcando el farolillo rojo en
la ltima de las series (poco ms de uno de cada diez espaoles
considera que el gobierno combate con eficacia la corrupcin),
suponiendo el tercer peor intervalo en Europa, con una prdida de un
diez por ciento de confianza entre 2009 y 2013, solo empeorado por
Bulgaria y Chipre.
los ERE, as como los Cursos de Formacin); en Baleares y con
motivo del gobierno de Jaume Matas, ascendi vertiginosamente hasta
las 24(destacando adems del simblico caso Noos, los de Andratx,
Palma Arena o Cola Cao, entre otros); mientras que Madrid con 22
casos, en su calidad de capital del estado resulta otro epicentro
evidente de la corrupcin poltica, albergando escndalos denominados
nacionales, de gran relevancia y visibilidad meditica (Grtel,
Barcenas, Bankia, Pnica o aquellos del final del ltimo gobierno de
Felipe Gonzlez, entre los ms llamativos).
Fuera de las medallas de este triste podio de la corrupcin
espaola, quedara con un meritorio diploma y una veintena de casos,
Catalua. Desde aquel famoso de la Banca Catalana, hasta los que se
estn juzgando recientemente, pero ligados a los sucesivos gobiernos
de Jordi Pujol, por su enriquecimiento ilcito y evasin fiscal; as
como la corrupcin sistmica del 3% en mordidas a cambio de
licitaciones o/y contratos pblicos (Palau, ITV, Treball, Pretoria,
Innova o Mercurio, por citar algunos). No podemos obviar, el premio
a la mejor progresin para la Comunidad Valenciana, que si en
febrero contaba con 13 casos y lleva al menos un lustro en la
palestra desde las primeras revelaciones de la Grtel, lleva todo el
2016 en una posicin preferente por todas las tramas y sub-tramas de
corrupcin sistmica a escala tanto regional como local en sus
capitales, derivadas de la denominada Mega trama Operacin
Taula.
Al margen de por Comunidades Autnomas, la corrupcin se puede
medir en Espaa por los principales partidos polticos involucrados.
Incluso mapas de corrupcin poltica han sido confeccionados para
ilustrar hasta dnde tristemente llegan los tentculos de las
diferentes tramas de corrupcin. Como no poda ser de otra forma,
dado el bipartidismo que ha venido imperando hasta hace bien poco,
son el Partido Popular y el Partido Socialista, aquellos que
acumulan un mayor nmero de tramas de corrupcin.
Tal y como sostiene el Diccionario de la Corrupcin y reflejaba
el diario El Economista en febrero (a falta de contabilizar el
ltimo semestre), por partidos polticos el campen de la corrupcin es
el Partido Popular. La formacin protagoniza 68 casos, la mayora de
ellos en pequeos ayuntamientos, aunque est sealado en las
principales tramas a nivel nacional. El PSOE le sigue muy de cerca,
con 58 operaciones corruptas, el grueso de ellas, acontecidas en
Andaluca. Dentro del Campeonato B, el que juegan los partidos de
mbito no estatal, la campeona sera la extinta Convergencia I Uni
con hasta 9 tramas de corrupcin13.
Tambin hemos podido ver desfilar por la Audiencia Nacional al
expresidente de la Generalitat de Catalunya entre 1980 y 2003,
Jordi Pujol, quien junto a su esposa, Marta Ferrusola y a sus siete
hijos, ha venido siendo investigado en diferentes tribunales.
Concretamente el Juez Jos de la Mata ha sostenido que Pujol y su
esposa se beneficiaron en Andorra de fondos de origen presuntamente
criminal. El magistrado retrat a la familia como una organizacin
que se dedicaba al cobro de comisiones para blanquearlas y
repartrselas entre todos los integrantes14. Al parecer el clan de
los Pujol podra (de esta manera) haber amasado un inmenso
patrimonio, ubicado preferentemente en parasos fiscales fuera de
Espaa.
Tambin ligada a la figura del expresidente cataln, durante 2016
ha tenido tambin su cuota de visibilidad meditica la denominada
trama del 3%, que como corrupcin sistmica del gobierno regional,
vena a funcionar como un grupo criminal en los que cada implicado
-entidades pblicas, empresas, CatDem y Convergncia Democrtica de
Catalunya (CDC), con el tesorero de esta formacin Andreu Viloca en
el centro- jugaba un rol determinado para conseguir los objetivos
buscados: en unos casos la adjudicacin de obra pblica y en otros la
de financiar al partido de Artur Mas (Chicote y Muoz, 2016).
Con motivo de la trama Pnica, el otrora respetadsimo y
posteriormente denostado Vicepresidente de la Comunidad de Madrid
de Esperanza Aguirre, Francisco Granados ha debido participar desde
la crcel en la que se encuentra en prisin desde octubre de 2014, en
diferentes comisiones de investigacin de la Asamblea de Madrid.
Entonces el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco orden la
detencin de 51 polticos, funcionarios y empresarios que formaban
una trama corrupta para la adjudicacin de suelo y contratos de
servicios pblicos. Adems del ex lder popular, cayeron seis alcaldes
madrileos, un alto cargo del Gobierno murciano, un ex alcalde de
Cartagena y el presidente de la Diputacin de Len (Chicote y Muoz,
2016).
Igualmente, la macro-causa Grtel, que debido al tamao de la
misma y al nmero de i
