México, D.F., 7 de octubre de 2015.

PANEL 10

“Las Nuevas Obligaciones de Transparencia”

Panelistas:

David Mondragón Centeno, Comisionado del InfoDF Ricardo Jiménez González, Coordinador del Colectivo Ciudadanos por

Municipios Transparentes (CIMTRA) Alejandra Ríos Cázares, Investigadora del Centro de Investigación y

Docencia Económica (CIDE) Guillermo Noriega Esparza, Director de Sonora Ciudadana Jesús Homero Flores Mier, Consejero Presidente del Instituto Coahuilense

de Acceso a la Información Pública Comisionado del INAI Oscar Mauricio Guerra For. Es maestro en Ciencias

Económicas y licenciado en Economía, además de un diplomado en Economía Matemática y estudios de licenciatura en Sociología, todos por la UNAM. Hasta enero de 2004 se desempeñó como asesor de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde desarrolló principalmente trabajos de análisis sobre la evolución y características de las transferencias de recursos federales hacia los estados y municipios. Participó en la elaboración del Diagnóstico para la Convención Nacional Hacendaria sobre el tema de Transparencia y Rendición de Cuentas en materia fiscal. Fue Presidente de 2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. Desde 2007 imparte la cátedra Economía Política de la Transparencia en la Facultad de Economía de la UNAM, la cual tiene por objeto dotar a los estudiantes de los elementos teórico prácticos del valor de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Desde mayo del 2014 es Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública.

Moderador:

Coordinador de Acceso a la Información del INAI, Adrián Alcalá Méndez.

Adrián Alcalá Méndez:

Antes de iniciar, permítame unas cuantas anotaciones. El reconocido doctor Mauricio Merino, quien ha estado en la Semana Nacional de Transparencia

presente con nosotros en la ceremonia inaugural, escribió hace tiempo que las entidades federativas han enfrentado los retos que plantea la transparencia, dando cumplimiento a las leyes y normatividades secundarias por las que cada una se rige.

Con este actuar –prosigue Merino- estaríamos, y cito: “Ante una política pública, claramente diferenciada por el origen local de esas leyes que ha respondido a la mejor lógica del federalismo, pero también estaríamos ante un diseño normativo que ha impedido el cumplimiento igualitario de un derecho fundamental para todos los mexicanos”.

Ante esta situación, lo deseable también es buscar un punto medio que por un lado permita la construcción de un basamento institucional común que sea capaz de garantizar ese derecho, que se cumplen condiciones de igualdad en todo el país, y que por otro lado, haga posible la recuperación del sentido federalista de la política de transparente propiamente dicho. Una expresión en esta situación la encontramos en una de las vertientes del derecho de acceso a la información pública, la referente a la obligación que tienen los poderes públicos de publicitar la información que producen sin que haya necesidad de que esta le sea requerida por algún otro medio que no sea a través de sus portales de transparencia.

Así actualmente los portales de transparencia prevalecen asimetrías notables en la calidad de la información, tanto en un Estado, como entre otro y aún entre los diferentes sujetos obligados de cada entidad federativa.

Construcción también de plataformas para publicitar datos y permitir la libre explotación de los mismos, por otro lado la oferta informativa no siempre atiende a las necesidades de los demandes de la información.

La última reforma constitucional en materia de transparencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de febrero del año 2014, nos ofrece la oportunidad de encontrar el punto medio que preocupa a los especialistas y a quienes nos dedicamos a este tema y subsanar las deficiencias antes referidas.

La Ley General de Transparencia permitirá contar así con criterios comunes sobre la información que los gobiernos en sus diferentes niveles deben ofrecer de forma accesible y gratuita.

Los panelistas que hoy nos honran con su presencia disertarán sobre los diversos aspectos y retos que representa dar cumplimiento a lo establecido por el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Antes de ceder la palabra permítanme finalmente unas pocas anotaciones. El Artículo 70 de la Ley General de Transparencia dispone que los sujetos obligados pondrán a disposición del público la información común que se detalla en 48 incisos.

Del Artículo 71 al 83 de la Ley General detalla un total de 122 obligaciones específicas por cada tipo de sujeto obligado de acuerdo con su naturaleza jurídica. La misma ley en su Artículo 61 indica que el Sistema Nacional de Transparencia emitirá los lineamientos técnicos que establecerá los formatos de publicación de la información para asegurar que la información que se difunda sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable. El mismo numeral 61 de la Ley General abunda en el tema al precisar que los lineamientos técnicos contemplarán la homologación en la presentación de la información a la que hace referencia el mismo Título Quinto.

Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford:

Bueno, la idea de presentar primero, es porque los compañeros que nos acompañan en el panel muchos de ellos conocen el trabajo que hemos venido desarrollando y es una buena oportunidad para hacer un corte de caja cómo están viendo al evolución para cumplir con una de las cuestiones para mí más importantes que tiene la Ley General o en la reforma en la Ley General, que es la parte de obligaciones de oficio, que es la publicación que deberán hacer todos los sujetos obligados en sus portales de internet, con todas las características que ya anunció Adrián, y que tiene un cambio fundamental, y ya lo vamos a ver, y que implica que no debe de haber ninguna solicitud de por medio y esa información debe estar disponible, actualizada, en lenguaje ciudadano, accesible, exportable, etcétera, etcétera, en formatos de documentos abiertos.

Esto es una gran revolución, simplemente doy un dato: a nivel federal tenemos 130 mil solicitudes de información al año, y tenemos alrededor de 48 millones de visitas a los portales de obligaciones de transparencia a nivel federal, que déjenme decirles, todavía dejan mucho qué desear, la información que está ahí disponible.

La Ley General establece concretamente los documentos que habrán de publicarse en los portales de internet y los cuales deberán estar disponibles, aparte de los propios portales de los sujetos obligados, en la Plataforma Nacional. Esto quiere decir que en un solo sitio, van a estar todas las obligaciones de oficio de todos los sujetos obligados federales, estatales y municipales, alrededor de 6 mil sujetos obligados tenemos en el país actualmente.

Pero para eso, también se deberían de desarrollar los lineamientos para la publicación y evaluación de esa información, para tener la garantía que esa

información que se está publicando, tiene las características que la Ley General marca y que son homogéneas a nivel nacional estas publicaciones en calidad y oportunidad.

Y que estos lineamientos tendrán que ser aprobados en el Sistema Nacional a través del Consejo Nacional de Transparencia.

¿Cuál es la situación actual? Muy rápido, ya se dijo, si hoy uno revisa los portales de Internet de las diversas entidades del país, incluida la Federal, lo primero que encontramos son grandes asimetrías en la calidad de la información.

Es decir, existen marcas diferentes entre entidades, a veces entre la propia entidad, en dependencias de la propia entidad; existen todavía formatos que no son exportables, muchas veces no son ni visibles, se nos hacen unos escaneos que hacen que la información no es muy complicada, no traen la explicación de qué significa, por ejemplo, una partida, sino simplemente ponen la clave presupuestaria, etcétera.

Simplemente los estudios del CIDE, el último hay entidades que sacan en una muestra de sujetos obligados que se hace en el país, en todas las entidades, entidades que llegan a tener hasta el 90 por ciento de calificación y hay entidades que traen hasta el 20 por ciento en una escala de cero a 100.

Las plataformas en que se publica esta información, no permiten su explotación, ni su actualización de la información y muchas veces esta información no atiende criterios de las necesidades de información que tienen las personas.

Simplemente una muestra para ver esta disparidad, hoy en las leyes que existen, las que están vigentes en las entidades federativas, tenemos por lo que se refiere al número de obligaciones tanto divididas, comunes, quiere decir aquellas que le tocan a todos los sujetos obligados, y específicas que son obligaciones para cada entidad, o sea, las obligaciones de una Institución universitaria, las obligaciones de un órgano de transparencia, de un Instituto Electoral, de un partido político, etcétera.

Y tenemos una variación enorme, por ejemplo, el estado de Jalisco es el que más obligaciones tiene en su Ley actual, 75 comunes, 183 específicas.

Quiero decir que estas específicas se dividen en diversos sujetos obligados, por lo cual suman esto y su total, y así podemos ir recorriendo todo el país, hasta encontrarnos que la Ley que tiene menos obligaciones de oficio, es la Ley Federal, dado que ésta no ha sido reformada desde el año 2002 y que, su reforma está por venir con la aprobación de la Ley Federal que está en próxima aprobación.

Actualmente sólo se tienen 17 comunes, y cero específicas a nivel federal. Este es uno de los problemas de por qué mucha información que a veces buscamos en los portales o en el POD, no se encuentra porque no están obligados por ley a publicarla.

Como decía, la Ley General trae dos artículos, el 70 que marca todos los documentos e información que deberá ser publicado de manera electrónica para todas las instituciones públicas de todo el país, no nada más federal, y de la 71 a 83 son las obligaciones específicas que nos dan información para todas estas dependencias.

Por ejemplo, Derechos Humanos va a ser para nacional pero para las estatales; la del Instituto Nacional Electoral será para el Instituto Nacional Electoral y los estatales, y así para no irme tan lejos, esas están del artículo 71 al 83 de la Ley General

Si hiciéramos un balance de lo que tenemos en la Ley Federal vigente, o sea, sólo son 17 obligaciones. En la Ley General tenemos 48 obligaciones comunes y 122 específicas que ya suman 170. Este es el piso básico que cualquier ley, ya sea la federal o de cualquier entidad, incluido el Distrito Federal tendrán forzosamente que tener en su ley, adicionalmente a las que ellos quieran poner.

Por ejemplo en el proyecto de ley federal, que les digo está por punto a dictaminarse, trae 149 obligaciones específicas. Esto quiere decir, estaremos pasando a más de 300 obligaciones específicas, digo, obligaciones a nivel federal. Las 170 de la Ley General más 149 específicas. Un cambio importante a las 17 que hoy traía la federación.

Pero cómo homologar la información pública, otra cuestión que pide la Ley General y que mandata: uno, pues obviamente son las disposiciones regulatorias. Estamos trabajando sobre los lineamientos para esta homologación.

En la implementación de formatos para estandarizar la información, con el uso de una plataforma única que sea la plataforma nacional de transparencia donde estará publicada toda esta información con estos formatos, obviamente, evaluando que se cumplan con estas disposiciones.

Así es como quedó la Ley General. Les digo, las 48 que son obligatorias para todos los órganos, ejecutivo, legislativo, judicial, autónomos, etcétera, y las específicas, por ejemplo, resalta los partidos políticos traen 30 obligaciones específicas; por ejemplo, legislativo trae 15; las autoridades laborales, ocho; los sindicatos, cuatro; los fondos y fideicomisos, ocho. Estas son las que suman las 122, específicas.

¿Cómo estamos planeando el trabajo en el INAI y en el Sistema Nacional de Transparencia para poder cumplir y tener estos lineamientos aprobados y publicados antes del 5 de mayo del próximo año? Es lo siguiente. Ya hemos ido avanzando. Primero, ya se elaboraron la primera propuesta de todos los criterios de publicación de las 48 obligaciones comunes. Ya éstos fueron comentados y analizados por expertos de las organizaciones de la sociedad civil y académicos. Esto se realizó hasta el mes de octubre.

A partir del lunes estaremos enviando estas 48 obligaciones con sus criterios, a todas las entidades del país, a todos los órganos garantes, así como a todos los sujetos obligados a nivel federal que son 840 sujetos obligados, para recibir sus comentarios y observaciones en términos de estos criterios para la publicación. Estamos también haciendo un proceso de consulta externa que a partir del lunes estará en el portal del INAI, para que cualquier persona pueda opinar sobre los criterios que se están presentando.

Asimismo, estamos ya terminando los criterios específicos, que estos los hechos hecho con especialistas de cada uno de los temas en derechos humanos, en el Poder Judicial, en partidos políticos, etcétera.

La idea es tener listos los lineamientos para su presentación y aprobación en los meses de enero y febrero, pero sería imposible llegar en enero y febrero y enseñarles un documento que tiene una dimensión más o menos amplia, digamos, de alrededor de unas 200, 300 cuartillas para su aprobación.

Y por eso, desde este lunes estamos con aproximaciones sucesivas dándoles a conocer este documento para irlo mejorando y ya en el próximo año pues simplemente se hagan los últimos ajustes para estar siendo aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia, por su Consejo Directivo quienes hacen la aprobación en el mes de marzo y estar listos para el 6 de mayo para su publicación en el Diario Oficial.

Quiero decir que sólo vamos a publicar el acuerdo y obviamente no todos los lineamientos, porque digamos, sería aparte de costoso y muy oneroso, creo que no tiene mucha utilidad. Estarán públicos evidentemente.

¿Qué tienen los lineamientos técnicos que hemos desarrollado? Bueno, tienen políticas generales las bases metodológicas con las que se construyen estos criterios y la evaluación de los mismos, la generación ya de los criterios como tal, los formatos en que se hace la copia o la información, las tablas de actualización y las tablas de aplicabilidad.

Esta es muy importante, porque hay obligaciones que aunque son genéricas no todos los sujetos obligados hacen esas funciones, por ejemplo, de programas sociales. No todos los sujetos obligados tienen programas de padrones sociales. Y entonces se le dice a cada sujeto: ¿De esas 48 obligaciones comunes, cuáles le son aplicables según su misión y su normatividad?

Esto es lo que llevamos hasta ahora, tenemos ya construidas las 48 obligaciones comunes, de las cuales estamos proponiendo mil 039 criterios sustantivos. Esto es, ya la información como tal, el contrato, el nombre del contrato, el objeto del contrato, la fecha del contrato, etcétera, el monto, etcétera.

¿Y los criterios adjetivos que son 392 qué tiene que ver con la fecha de actualización, con el área encargada de la actualización, el formato?

Finalmente nosotros estamos proponiendo para esta primera aproximación, ya con los sujetos obligados y los órganos garantes, para 48 obligaciones mil 431 criterios.

Quiero dejar claro qué es un criterio. Por ejemplo, un directorio –dice la ley- “Deberá publicarse el Directorio de Servidores Públicos de la dependencia”.

Bueno, pues el Directorio todo mundo lo vamos a entender igual y en todas las páginas va a ser igual, va a ir el nombre del servidor público, el cargo del servidor público, el domicilio exacto, con número y oficina del servidor público, su teléfono oficial del servidor público, el correo electrónico del servidor público y la síntesis curricular en un hipervínculo del servidor público”.

Cada una de estas cosas es un criterio. En ese sentido, para entender lo que estamos diciendo y hay un formato en el cual, digamos, se vacía esa información y será homogénea y lo cual las hace comparables de todas las obligaciones en todo el país.

Las personas y las organizaciones que nos han ayudado, y quiero dejar claro que nos han dado comentarios y criterios.

La responsabilidad del documento que se entregará al Sistema Nacional es del INAI y la aprobación final con los ajustes es responsabilidad del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia.

Estos son Microinfórmate a través de Gabriela Morales, México Evalúa Etna Jaimet, FUNDAR a Haydeé Pérez, Artículo 19 Darío, del CIDE Alejandra Ríos, que nos acompaña hoy; de la UNAM Kervin Puente; de Transparencia Mexicana

Eduardo Bohórquez y también vamos a tener o hemos tenido el acompañamiento del representante del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Jesús Peña, quienes nos han ayudado.

En las obligaciones específicas quiénes son las personas que nos han venido trabajando y que estamos a punto ya de finalizar, el Poder Ejecutivo lo hizo Ricardo Jiménez, de CINTRA, que está aquí. El Instituto Nacional Electoral y los órganos locales, Fernando Díaz Naranjo. Los indicadores que tienen que ver con las obligaciones de oficio del Artículo 70, pero que tienen que ver con indicadores de rendición de cuentas, los hizo JESOC. El Poder Legislativo Luis Carlos Ugalde. De Educación Superior Issa Luna, de Organismos Garantes Miguel Castillo, de Derechos Humanos Luis González Placencia, del Poder Judicial José Caballero, de Partidos Políticos María del Carmen Nava, de Visión Legislativa y Autoridades Laborales y Sindicatos Carlos del Buen.

Estas son las personas con las que hemos venido trabajando, y que son altos conocedores en materia de transparencia, pero también en la materia específica y que nos permitirá tener mejores criterios y sobre todo mejor calidad de la información a publicar.

Este es un poco, no me voy a detener, los tiempos que tenemos para la conformación. Tenemos muy claro en el INAI que este proceso tenemos que irlo haciendo paulatinamente a través de las comisiones del Sistema Nacional, a través del Sistema y del Consejo. No podemos llegar a mayo teniendo un documento, digamos, que se conozca una semana previa y que sea muy difícil su análisis, su discusión y su aprobación.

Por eso, como les digo desde el lunes tendrán, todos los sujetos obligados y todos los órganos la primera parte que tiene que ver con las 48 obligaciones y el 30 de octubre todas las obligaciones específicas.

¿Cuál es la utilidad de tener estos lineamientos? Pues uno permitirá la evaluación del cumplimiento de las mismas, también para el asunto de las denuncias de los ciudadanos que hoy está presente, y obviamente nos permitirá detectar áreas de oportunidad.

También estos lineamientos haremos transitorios que permitan ir paulatinamente incorporando la información, y por ejemplo, en el Poder Ejecutivo estamos diferenciando la información, aunque es la misma que publicará el Ejecutivo de la Federación o el Presidente de la República, el de un gobernador y al de un presidente municipal. Y estamos diferenciando en los municipios un municipio de más de 70 mil habitantes o municipios de menos de 70 mil habitantes.

No podemos tratar igual a desiguales, aunque las obligaciones son las mismas, los criterios para la publicación podrán ser distintos sin perder la calidad.

Termino con las recomendaciones para los sujetos obligados a nivel nacional. Hay que continuar con la actualización de las obligaciones de transparencia que marcan las leyes vigentes, mientras se aprueban estos lineamientos.

Pero algo que es muy importante, y la Ley General lo marca, es que la información que se publique a partir de mayo del 2016 deberá de tener la información desde mayo del 2015, o sea, de este año, y de los años por correr.

A partir de aquí se irá dando la acumulación de esta información en esos términos, y también en los criterios está el tiempo que la información debe de estar presente en estos portales y qué pasará con la información anterior.

Esta obviamente seguirá estando ahí, y estará resguardada, pero no podemos hacer una línea continua, porque son obligaciones distintas, son más obligaciones, son criterios de publicación distintos.

Nosotros estamos haciendo en el INAI y lo hemos entregado a varios estados, un comparativo de las obligaciones que tienen actualmente, con las que marca la Ley General para ver qué obligaciones son comunes o pueden ser comunes, cuáles faltan y cuáles sobran, cuáles están de más y obviamente si han funcionado, pues quedarse, porque la Ley General marca el mínimo, más no el máximo en ese sentido.

Hay que identificar aquellas obligaciones en las que no se tenga información disponible y cuáles serían los mecanismos para poder generar esta información, realizar reuniones internas para generar, organizar y preparar la información. Algo que es muy importante y está en los lineamientos, es que la información la van a subir, no las unidades de transparencia, ellas van a checar; quien los va a subir, son las unidades responsables de información, a través de la Plataforma, a través de lo que se llama un administrador de contenidos.

Hemos obviamente checado mucha normatividad, para que dentro de lo posible, por ejemplo en la parte de contabilidad gubernamental, asumimos y tomamos los formatos de la Ley de Contabilidad Gubernamental, los que ha creado el Consejo Nacional de Armonización Contable, para ser compatibles, pero hay otro y lo digo sinceramente que tendrán que generarse los formatos y los flujos de información para poder satisfacer estas obligaciones de transparencia, tal como las marca la Ley.

Esto es la ruta que hemos marcado; estamos trabajando a marchas forzadas, pero tenemos la convención, tanto en el INAI con la comparación de los órganos y del sistema, de que podremos y debemos llegar a tiempo para que el 6 de mayo podamos tener listos todos estos criterios y podamos empezar a subir la información que requieren y que merecen todos los ciudadanos de este gran país.

Adrián Alcalá Méndez:

El Comisionado Guerra nos habló sobre los antecedentes y el proceso de construcción; primero las asimetrías, si existen las diferentes leyes locales y desde luego en la Ley Federal; el balance de 17 obligaciones en el orden federal con las 48 obligaciones comunes que establece la Ley General de Transparencia y las 122 específicas, dando un total de 187 obligaciones a publicar.

También hace una invitación desde el INAI a la consulta pública que estará a partir del próximo lunes en el banner del Instituto, en el portal del Instituto, donde toda la comunidad podremos participar y opinar sobre estos proyectos que tenemos. Así también habló de la misma manera del proceso que se está realizando desde el INAI para llevarlo justo a la aprobación al seno del Sistema Nacional de Transparencia.

También nos habló de la definición de un criterio y emitió recomendaciones para los sujetos obligados, donde yo me permitiré destacar brevemente la de seguir publicando y actualizando la información de oficio en los términos que establecen las respectivas leyes, así como prever que toda la información que se genere a partir del día 5 de mayo del 2015, deberá estar por lo menos esa información publicitada en la Plataforma Nacional de Transparencia, a partir del próximo año, del 5 de mayo de 2016, y bueno, la importancia que tiene para la transparencia tener la información homogénea en todos los portales y en la Plataforma Nacional del Sistema.

David Mondragón Centeno:

Pasando a la tabla de contenido, lo que les voy a exponer son tres aspectos: uno, la métrica de la transparencia del CIDE, que es para ver cómo estamos en obligaciones de transparencia; después, en segundo lugar, algunos datos del IDAIN, que es un referente en mejores prácticas para ver también cómo estaríamos, cómo ponderaríamos nuestras capacidades institucionales para lograr llegar a un referente de buenas prácticas como es el IDAIN, y al final, en el tercer punto voy a abordar la dimensión de los retos que nos plantea la Ley General de Transparencia, todo esto en la materia, insisto, para que nos concentremos en la parte de obligaciones de oficio, obligaciones de transparencia, de eso se trata la ponencia y todos los números que voy a dar, tratando de hablar cómo estamos,

que es un diagnóstico de ver un referente y medir los retos, pues obviamente, esto tiene que estar envuelto en algunos índices y estadísticas.

Para empezar con lo de la métrica del CIDE, muestra las dimensiones que ha abordado la métrica de la transparencia del CIDE, así como sus resultados en las tres ediciones 2007, 2010 y 2014.

En 2014, la dimensión de portales que son las obligaciones de transparencia resultó la mejor evaluada con 0.845; la dimensión prevaluada, como pueden ver, fue la del usuario simulado que es la calidad de respuestas.

Aunque este panel trata de las obligaciones de oficio, las obligaciones de transparencia, pues al paso tenemos que decir que tenemos también un enorme reto con la calidad de las respuestas a las solicitudes de información.

Entre la métrica de 2007 y 2010, la dimensión de portales aumentó un 35 por ciento, en tato que entre 2010 y 2014, sólo se incrementó un 8.5 por ciento. En todo el periodo de 2007 a 2014, su calificación aumentó en un 46.5 por ciento, casi la mitad.

En el semáforo de resultados, siete entidades y la federación se encuentran con un cumplimiento de obligaciones de oficio por arriba del 90 por ciento, que son los que están en color verde; 17 entidades federativas se encuentran con un cumplimiento de obligaciones de transparencia por arriba del 80 y por abajo del 90 por ciento los que están en color amarillo, y ocho entidades federativas se encuentran con un cumplimiento por debajo de un 80 por ciento, los que están en color rojo.

Hasta aquí, los anteriores datos nos habla de cómo está el cumplimiento de las obligaciones de oficio en el país, con el estándar de las leyes con que estas obligaciones fueron evaluadas en cada métrica.

Si nos quedamos con esos resultados, podríamos concluir que no andamos tan mal.

Veamos, tenemos recientemente en 2014, un promedio nacional de cumplimiento de obligaciones de transparencia del 84.5 por ciento y entre 2007 y 2014, hemos aumentado ese cumplimiento en 46.5 por ciento.

Pero las cosas no son lo que parecen a primera vista, porque a cada estado y a la federación se les evaluó con el estándar de su respectiva ley vigente en cada métrica. Estándar que ha sido demasiado heterogéneo y que ha venido registrando áreas de oportunidad que son muchísimas y muy grandes.

Es por ello, entre otras razones, que debemos de congratularnos con la Ley General, porque además de homologar ese estándar en contenidos, a la gran mayoría de las leyes se nos va a elevar muy significativamente en términos de calidad.

Así ya que vimos cómo hemos sido evaluados con el estándar del profesor barco de nuestras leyes, como un breve ejercicio para medir el tamaño de los retos que tenemos en lo inmediato y antes de pasar al análisis con el referente de la Ley General, veamos cómo nos iría con el estándar de un profesor exigente, que es en este caso para el ejercicio, el IDAIN, que ha sido desarrollado por FUNDAR. De las tres variables o dimensiones que contempla el IDAIN, la mejor evaluada al igual que en la métrica de la transparencia es precisamente la del procedimiento de acceso a la información y obligaciones de transparencia, 6.053 en 2014 y 6.254 en 2015.

Como pueden ver aquí cambia el semáforo que nos brindaba la evaluación de cada Estado o la Federación de acuerdo al estándar de su respectiva ley en la métrica de la transparencia, que nos daba ocho en verde, 17 en amarillo y ocho en rojo.

Aquí sólo un Estado, Coahuila, se encuentra en verde, cumple con los 34 criterios que contempla este indicador del IDAIN, cuatro Estados en amarillo y los demás 28 en rojo.

Esta parte es muy importante para los resultados del ejercicio que les quiero mostrar.

En la primera columna tenemos a los Estados y la Federación; en la segunda columna de este cuadro vemos la evaluación del IDAIN que califica la calidad en contenidos de las obligaciones de oficio que contiene cada ley.

Como pueden ver, la Ley de Coahuila que está en la primera fila con calificación de uno, es la única que cumple con el 100 por ciento de los criterios y obligaciones de transparencia del IDAIN, en tanto que la Ley de Baja California Sur, que veremos al final de la siguiente lámina, con calificación de 0.5 sólo cumple con el 50 por ciento de los criterios del IDAIN.

Por otra parte, en la tercera columna tenemos los resultados de la Métrica 2014 que califica el grado de cumplimiento, no califica la calidad en contenidos, ni los contenidos, sino el grado de cumplimiento de esos contenidos.

Esto es importante tenerlo en cuenta.

La situación ideal de este ejercicio con referente de buenas prácticas, sería que los estados tuvieran buena calidad en las obligaciones de transparencia en su ley, calificación de uno en el IDAIN, como en el caso de Coahuila y que también tuvieran un buen cumplimiento de esas obligaciones. Es decir, calificación también de uno en el Índice de Portales de la Métrica en los contenidos que realmente publicamos.

De nada serviría un buen cumplimiento de una mala ley, que es lo que hemos visto muy a menudo y tampoco serviría un mal cumplimiento de una buena ley. No hay que hacer cosas malas que parezcan buenas. Nos urge un buen cumplimiento de una buena ley.

Para averiguar cómo andaríamos con ese objetivo de cumplir bien con una buena ley, en la cuarta columna mostramos los resultados de combinar calidad en contenidos con cumplimiento en la publicación de esos contenidos.

Creamos un índice compuesto multiplicando el IDAIN, calidad de contenidos por la métrica, cantidad de cumplimiento.

Así los resultados de este índice compuesto de la cuarta columna nos mostrarían la situación real para cada Estado y la Federación. Es decir, nos mostraría nuestro desempeño real, el que efectivamente estamos realizando.

De alguna manera, esto es como deflactar el efecto de un buen cumplimiento de una mala ley para saber cuánto nos falta realmente, de qué tamaño es el esfuerzo que debemos realizar.

La bondad de este índice compuesto, es que pondera calidad en contenidos, con grado de cumplimiento de esos contenidos.

De esa manera al multiplicarse, sólo quien tenga uno en calidad y uno en cumplimiento, uno por uno, tendrá uno en el índice compuesto y, por ejemplo, quien tenga .5 en calidad y .5 en cumplimiento tendrá sólo .25 en este índice. La quinta columna nos muestra lo que nos falta para llegar a uno en el índice compuesto, y la sexta y última columna nos muestra el porcentaje del esfuerzo que esto significa.

Es decir, lo que no falta en relación a lo que hemos logrado hasta ahora. Hasta ahora, hay que tomar en cuenta, toda la pasada década y lo que va de la presente.

Como pueden ver el promedio nacional de ese esfuerzo respecto a lo que tenemos ahora es de 91 por ciento. El rango va desde 15 por ciento para Coahuila hasta 216 para Baja California Sur.

No es menor el reto que tenemos enfrente y debemos de ser conscientes de ello. En estos momentos varios pueden estar pensando que este ejercicio sobreestima el tamaño de los retos, puesto que pondera nuestras obligaciones contra un ideal de mejores prácticas.

Veamos entonces qué es lo que sucede ahora con las obligaciones que realmente nos plantea la Ley General. Antes de pasar al ejercicio demos primero unos datos. Hay 29 leyes locales que incluyen obligaciones de oficio de contenido, obligaciones de oficio sustantivas, que no están contempladas en la Ley General, y hay también tres leyes locales que contemplan obligaciones de oficio, de calidad, adjetivas y que tampoco están contempladas en la Ley General.

Aplicándole el IDAIM la Ley General sólo cumple con el 84 por ciento de los criterios que establece este índice en su indicador de lista de información de oficio, y en su indicador de reglas para la publicación y difusión de obligaciones de transparencia.

Pero a cambio la ley general establece un total de 155 obligaciones, 116 de contenido y 39 de calidad, que el IDAIM no contempla. En este compromiso con el IDAIM los legisladores, excepto por los siete faltantes, rebasaron al IDAIM.

Ahora habría que aplicarle al IDAIM el Índice de la Ley General de Transparencia, el ILG.

Para dimensionar el tamaño del reto que nos plantea la Ley General en el rubro de obligaciones de transparencia en el INFODF realizamos un ejercicio comparativo para ver con cuánto cumple cada ley de transparencia, cada una de las 33 leyes con los contenidos de obligaciones de oficio que establece la Ley General.

El Índice Global o Promedio General de Cumplimiento resultó de 0.23. Esto significa que solamente el 23 por ciento de esa información se cumple a nivel nacional. El rango de cumplimiento va desde 48 por ciento para Sonora, que está en primer lugar con este cumplimiento, hasta el cuatro por ciento para Tamaulipas. Como ven aquí hay más exigencias en este momento que las que había en el IDAIM.

Por Artículo de la ley general el mayor cumplimiento es para el Artículo 70, 0.43, menos de la mitad y el menor es para el Artículo 78, con sólo 0.002, que significaría el .2 por ciento.

Adicionalmente hay que señalar que existen 29 rubros de información en la Ley General, que en este momento no están contempladas en ninguna ley estatal, ni tampoco en la federal.

Ya que expusimos el índice compuesto del IDAIM o del de Portales de la Métrica 2014 haremos el mismo ejercicio, pero ahora con los resultados de qué tanto cumple cada ley con lo que establece la Ley General.

Esta última parte, con ella concluyo, va a resultar más ágil, porque tiene la misma lógica.

Tenemos en la segunda columna el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de cada ley respecto a la Ley General. En la tercera columna está el grado de cumplimiento de cada ley por parte de los sujetos obligados, es decir, el porcentaje de información que finalmente se publicita en los portales de internet de acuerdo al índice de portales de la métrica de la transparencia.

No hay que confundir, la segunda columna trata de lo que tenemos en nuestras leyes, y la tercera columna trata del grado en que cumplimos con lo que tenemos en esas leyes.

La cuarta columna es donde está el índice compuesto, resulta de multiplicar la segunda y la tercera columna, así se pondera lo que tenemos en nuestras leyes, con lo que realmente publicamos.

Los resultados de este ejercicio nos deben de prender focos del color que gusten, el que mejor resultado tiene en esta valoración, que es Sonora; tiene un índice compuesto de 0.42, le falta 0.58, más de la mitad para llegar al uno. Pero para llegar al uno, igual que todos los demás casos, las demás leyes, tendrán que incorporar a su ley el 100 por ciento de las obligaciones de transparencia que establece la Ley General y después tarea más difícil y de mucho más largo plazo, lo sabemos por experiencia en los órganos garantes que llevamos años y años trabajando esto y solamente logramos un cumplimiento del tamaño que se ha mostrado en el índice de la métrica de la transparencia.

También se requiere, por supuesto, una labor muy importante de capacidades institucionales para que los entes logren realizar las evaluaciones exhaustivas, integrales con oportunidad y también se requiere que los órganos garantes, tengan la capacidad institucional de asesorar, de dar la mejor capacitación, la orientación y muchas reuniones de trabajo para lograr subir este índice. En relación a lo que Sonora hasta ahora, de acuerdo con la metodología de este ejercicio, le significará un esfuerzo del 138 por ciento.

Veamos nada más el último caso, que es el de Tamaulipas, lo que está medido ahí es 2 mil 238 por ciento, 2 mil 286, ese es el esfuerzo y el promedio nacional, pues como ya lo había mencionado es del 413 por ciento.

Creo que el reto no es menor, estos ejercicios han sido realizados con mayor rigurosidad, son datos que ha aportado FUNDAR con su índice de acceso a la información en México, son datos que ha aportado el CIDE, ya en tres evaluaciones y con muchos años de desarrollo de su metodología, en las métricas de la transparencia de 2007 a 2014 y es un análisis muy sencillo donde se ven los contenidos que tiene cada ley local respecto de la ley general y para que quede clara la metodología, para muchos de los órganos garantes que seguramente revisarán estos datos, pues hay que decir que quien cumple completamente, es una metodología que ya se ha venido generalizando y aceptando, el que cumple totalmente se le pone un uno, el que no cumple se le pone cero y el que cumple parcialmente se le pone .5 y de ahí se saca simplemente el porcentaje con el que cumple, y de ahí resultan estos números.

Como ven, finalmente pues, ahí están los números; creo que ellos hablan del reto que tenemos enfrente y de la circunstancia en que estamos.

Creo que debemos de estar muy a gusto, muy satisfechos con lo que se ha aprobado en la Ley General, pero tampoco debemos de echar las campanas al vuelo, porque el reto en términos de trabajo y de trabajar para lograr las capacidades institucionales que necesitamos, pues es muy grande todavía.

Adrián Alcalá Méndez:

Nos habló brevemente, creo que un estudio muy interesante en tres dimensiones: la métrica, la transparencia y el IDAIM y la dimensión que plantea la Ley General, los retos, el análisis de cada ley, el análisis compuesto; nos compartió también el análisis de la calidad de las leyes con las cuales se hicieron estas mediciones, y bueno, la situación en la cual estamos y a la cual nos vamos a enfrentar.

Ricardo Jiménez González:

Quisiera señala de principio que bueno, como CIMTRA, nosotros desde un inicio, una vez que fue aprobada esta Ley General de Transparencia la vimos con buenos ojos.

Me parece que tiene enormes alcances pero también, como ha señalado David, requerirá de un enorme esfuerzo para su cumplimiento, me parece que parte de los retos que quisiera de alguna manera abordar, pues van encaminados hacia estos aspectos.

Es decir, la pregunta que tenemos que hacernos es, particularmente como CIMTRA que nos hacemos es: ¿Cómo le vamos a hacer, precisamente para cumplir con los requerimientos y las obligaciones de transparencia?

Quisiera señalar simplemente que CIMTRA lleva un poco más de 10 años trabajando a escala local, escala delegacional, municipal y hemos trabajado sobre la línea de solicitar aquella información, que no necesariamente está colocada dentro de los marcos legales, sin que medie solicitud alguna, además.

Es decir, pues no nos ven muy bien en los municipios, pero esto ha servido de ejemplo para señalar lo difícil que es construir, digamos, proceso de transparencia a favor de la ciudadanía.

Quisiera señalar tres aspectos: primero, los elementos de integralidad que tiene que tener estos aspectos de transparencia, en el sentido de me parece que tiene que ver un replanteamiento integral, en este caso quisiera hablar simplemente del ámbito municipal, pero me imagino que esto también tendrá que ocurrir en los otros ámbitos de Gobierno, pues una reconfiguración, un rediseño institucional enorme.

Por otro lado, quisiera hacer énfasis sobre los espacios de participación ciudadana que de alguna manera están contemplados en la Ley General, y que también habría que bordar en ellos, y un tercero, sobre la incidencia ciudadana, precisamente en el Sistema Nacional de Transparencia. Es decir, qué campos, qué espacios nos está señalando la ley para poder abonar a favor de procesos de transparencias.

Bueno, entendemos que de alguna manera esta Ley General de Transparencia apuesta y apostó a cubrir aquellos vacíos de información, ampliando y homologando el catálogo de obligaciones de transparencia y acotando las salidas a las autoridades y funcionarios que no quieren cumplir con este derecho.

Esto, me parece que servirá como punto de partida pero, sumado a ello tenemos que ir construyendo, diría yo, cambios y proceso de manera paralela. Es decir, esperar a que las cosas van a cambiar de manera mágica, me parece que estamos equivocados.

Por ejemplo, la Ley General de Transparencia incluye, además de las obligaciones de transparencia comunes, el capítulo 2, artículo 70, otras obligaciones de transparencia específica.

El capítulo 3, artículo 71, para los Poderes Ejecutivo federal, de las entidades federativas y municipales, más otras dos en el caso de los municipios. En total, nueve obligaciones específicas para éstos, para los municipios.

La mayoría de estas obligaciones específicas resultan de suma importancia, me parece que son muy interesantes, pero algunas de estas no aplican a todos los municipios, por ejemplo, el inciso c) o de plano no aplican como el inciso e).

Por su parte el inciso f) es de suma importancia, porque habla del uso de suelos, cambios de uso de suelos, ordenamiento territorial, etcétera. Son muy importantes, pero su exposición, su forma en que fueron expuestos puede dar elementos de mucha confusión.

De alguna manera, quienes estamos a cargo de esos criterios tenemos ahí un enorme reto sobre un proceso que está siendo muy claro en muchos de los municipios del país.

Uno de los retos presentes y futuros en los municipios, me parece en materia de transparencia por lo menos, es la necesidad de construir institucionalidad. Esto significa dar continuidad, trabajar sobre marcos regulatorios y profesionalizar a los funcionarios a cargo, por lo menos.

El diseño institucional municipal ya no da de sí, es un diseño caduco, vertical y muchas veces opaco.

Este aspecto será pendiente. Es decir, yo no estoy apelando, como en otros muchos foros lo hacía, a una reforma municipal, no hay condiciones. En realidad parecería que es más un sueño, pero entonces tenemos que trabajar con lo que hay y con lo que se puede ir construyendo en la gestión local.

Esto significa entonces que esperaremos de la Ley General de Transparencia cambios, si bien nos va a mediano plazo, opero que desde su origen, y esas es la ventaja en este proceso, son objetivos precisos, estratégicos y genéricos.

La experiencia de CIMTRA nos ha indicado que deben existir intereses e innovación de las autoridades y de la ciudadanía para construir marcos de diálogo e interlocución a favor de la transparencia.

La transparencia es una construcción social, lleva su tiempo, pero si se abona a esta, sí hay cambios. Así lo demuestra nuestro ranking nacional. Pueden entrar a la página www.cimtra.org.mx ahí está el ranking e identificarán aquellos primeros lugares como un proceso de largo aliento.

Por lo menos el primer lugar de nuestro ranking lleva 10 evaluaciones. Se ha planteado en otros momentos la reelección de autoridad, la ampliación del periodo del gobierno, se ha planteado la profesionalización de los funcionarios municipales, del servicio civil de carrera, algunos han fructificado, otros no tanto, pero cabe señalar que estas iniciativas han surgido desconectadas muchas veces entre sí, incompletas y muchas veces partidizadas, pero me parece que resultan sustantivas.

Pensemos en la profesionalización y posible permanencia de los equipos encargados de las oficinas de transparencia.

Me parece que podría ser un elemento que detonaría de alguna manera esto que les estoy tratando de señalar.

Quizá uno de los métodos que puede asegurarnos entonces un mayor alcance de los contenidos de la Ley General de Transparencia, es precisamente pensar de manera integral e ir generando procesos continuos en sistemas interconectados, con el objeto de mantener lineamientos generales de gobernanza en materia de transparencia.

Esto es un momento clave donde un enorme reto es cómo deberán presentarse el amplio Catálogo de Obligaciones de Información.

El reto de CIMTRA además es construir en paralelo nuevas formas de exponer la información, a fin de dejar claro a la ciudadanía que hacen, por ejemplo, los gobiernos locales.

Es decir, apostar a que estos coloquen a la vista de la ciudadanía información socialmente útil.

Con ello se dejará en claro, por ejemplo, qué hace delegado, cuáles son sus funciones principales. Se trata de eliminar en los portales el escaparate de fotos, ya sea del alcalde o del delegado, y precisar sobre sus funciones y obligaciones. Ahora uno de los retos centrales es el proceso de armonización de la Ley General de Transparencia a las leyes locales. Lograr que se plasme la esencia de la Ley General e incluso ir más allá. Pero para eso se requiere de una sociedad organizada y en red que se involucre en el tema de manera muy fuerte.

Es una oportunidad excelente pero también existen amenazas de colocar candados, fortalecer nudos de opacidad y continuar con la cultura de la apariencia. Como saben algunos de ustedes CIMTRA se ha abocado a preguntarse, por ejemplo, qué tan transparentes son los espacios de toma decisiones como los cabildos, los consejos, los comités.

Precisamente este es uno de los campos más opacos de la evaluación de CIMTRA, donde solicitamos información respecto al trabajo del cabildo, así como de los comités, su integración, si tienen reglamentos de funcionamiento, si tienen una institucionalidad.

En ese sentido, creo yo, habría que aprovechar lo señalado en el Artículo 2 de la Ley General de Transparencia, donde señala que uno de sus objetivos es propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.

Y también retomar el Artículo 31, en su inciso 9, cuando habla del Sistema Nacional de Transparencia, que este sistema tiene, entre sus objetivos, promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia. O, el Capítulo 2, estoy señalando los únicos tres, no hay más.

Sobre el Capítulo 2, sobre las obligaciones de transparencia comunes, el famoso Artículo 70, donde en su fracción 37, señala que hay que poner a disposición del público información sobre los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos.

Lo que nosotros advertimos como CIMTRA es que no solamente hay que advertir sobre los mecanismos sino sobre los espacios de participación, que son cosas distintas.

Creemos que estos aspectos deben de ser aprovechados para empoderar a la ciudadanía, además en ese sentido consideramos que es necesario abundar sobre la transparencia de los espacios de participación, como he señalado, y con ellos abonaremos a esta posibilidad de involucrar a más actores, y por tanto generar o por lo menos intentar alcanzar estos estándares nuevos.

Para finalizar la Ley General de Transparencia refiere a la existencia de un Consejo Consultivo de los Órganos Garantes, esto se señala en el Capítulo Quinto.

En el Artículo 47 se señala que el Consejo Consultivo estará integrado por consejeros que serán honoríficos y que por un plazo que no exceda a los siete años.

Se señala que la ley federal y de las entidades federativas contemplarán lo relativo a la integración, funcionamiento, procedimientos, etcétera.

En la integración del Consejo Consultivo, señala la ley, se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con experiencia en materia de esta ley, y en derechos humanos provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia. Es decir, en esencia debe ser una instancia ciudadanizada.

Me parece que debemos apostar a que verdaderamente estos consejos consultivos sean espacios para que la ciudadanía incida en la materia y coloque muchas de sus inquietudes sobre los asuntos públicos de su interés.

Estos Consejos deben de ser corridas de transmisión de las inquietudes de la sociedad, incluso contrapesos.

Queda como ejemplo positivo, el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública del estado de Jalisco, el ITEI, integrado por representantes de las organizaciones civiles y ciudadanas, universidades y cámaras empresariales interesadas en la temática.

Su forma de trabajo y agenda resulta por demás interesante y habría que echarle una ojeada.

CIMTRA seguirá apostando la existencia y la construcción de grupos locales proactivos a manera de contrapesos, con carácter autónomo, que generan agenda y planteen las más diversas acciones de vigilancia y Contraloría Social.

Para ello aprovecharemos los alcances de la Ley General de Transparencia, apostando además a crear nuevas rutas, a favor de este derecho ciudadano.

Adrián Alcalá Méndez:

Habló de la importancia y la trascendencia de las obligaciones con especial énfasis a los municipios.

También se habló de que se esperan cambios a la luz de la Ley General, con objetivos y metas específicos.

También habló de cómo visualizan desde CIMTRA la generación de las nuevas políticas públicas y la necesaria participación de la sociedad en la cocreación de estas políticas públicas para que tengamos mejores espacios de convivencia.

Alejandra Ríos Cázares:

Yo lo que quisiera profundizar fundamentalmente es, más que las características específicas de las nuevas obligaciones, una serie de retos que vienen acompañados con la implementación de estas nuevas obligaciones.

Creo que la pertinencia de la Reforma y las características de las nuevas obligaciones de transparencia, tanto las generales como las específicas, no puede ser más evidente hoy en día.

Hoy en la mañana El Universal publicaba un artículo de una evaluación sobre transparencia de partidos políticos y destacaba la serie de problemas que tienen los ciudadanos para poder conocer exactamente qué es y cómo los partidos políticos realizan su trabajo y hacen uso de los recursos públicos.

Al final el artículo mencionaba en ocho meses, con mucha probabilidad, vamos a ver resuelta esta situación, los expertos lo veían con cautela, pero en términos generales, digamos, se preveía que estas nuevas obligaciones podían estructurar un poco más estas obligaciones de transparencia.

Y en este sentido creo que este es un gran ejemplo, no solamente de la potencialidad que tiene la legislación, sino de las expectativas que genera.

Y ese es un punto que me gustaría mantener sobre la mesa. La exposición de motivos de la Ley General, fue clara en advertir que la inclusión de las 48 obligaciones comunes, en el artículo 70 y las obligaciones específicas que se incluyen en los artículos 71 al 83, responden justamente a la necesidad de dar certeza a la ciudadanía.

Lo anterior, para no abundar ya más en el tema, porque si bien las normatividad tienden a converger en las entidades, como lo explicaba David, como lo explicaba Oscar, hay ciertas divergencias, no solamente en el contenido, sino en muchas ocasiones en la operación.

Entonces, estábamos ante una heterogeneidad que la Ley General estaba buscando resolver.

Entonces, en ese sentido no se puede más que aplaudir que el Poder Legislativo haya resuelto de una manera tan contundente las demandas que venían de sociedad civil y que venían de la academia.

Sin embargo, creo que estas nuevas obligaciones de transparencia imponen varios retos al Sistema Nacional de Transparencia, todos los miembros que lo conforman, a la ciudadanía también, y a los propios sujetos obligados.

Yo quisiera aprovechar los minutos que me quedan para detallar, más bien, no detallar más las características de las obligaciones de transparencia, sino para compartir con ustedes una reflexión sobre el vínculo que debe de unir el espíritu de la norma con la efectiva implementación de la norma.

Entonces, comparto tres consideraciones principales. El primero es que las nuevas obligaciones de transparencia no deben de leerse de manera aislada, porque su total impacto está determinado con su articulación, con las demás disposiciones de la Ley General.

A qué me refiero. Las nuevas obligaciones deben considerarse en armonía con las distintas especificaciones que determina la Ley General. Venturosamente Óscar ya hizo toda esa explicación necesaria para entenderlo. Yo solamente reitero que la Ley General no se termina, que la información debe de cumplir con principios de calidad y accesibilidad que define la propia ley.

Sobre la calidad, solicita que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable.

Toda la información publicada además debe tener atributos de veracidad, de confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, comprensibilidad y verificabilidad.

Que cuando así sea viable esta información, debe publicarse con perspectiva de género y discapacidad, que no es un asunto menor. Que la información debe actualizarse con una periodicidad trimestral, a menos que se establezca alguna periodicidad distinta.

Que deberá publicarse en los portales electrónicos de los sujetos obligados y en la plataforma nacional de transparencia. Y lo importante, que la información no será publicada al leal entender de cada sujeto obligado. Sino que debe de respetar ciertos lineamientos y formatos que va a establecer el propio Sistema Nacional de Transparencia, que como explicaba Adrián, el objetivo de esta disposición del artículo 62, es que la información de los sujetos obligados cumpla con los principios que acabo de mencionar y con los atributos que también he mencionado.

Ahora, el objetivo de estos lineamientos y formatos es que se promueva la homogeneidad y estandarización de la información presentada.

Como podrá verse, entre los retos de cumplimiento de las nuevas obligaciones, no sólo se encuentra que los sujetos obligados dispongan de esta información, sino que además logren realizar los ajustes necesarios para cumplir con las

características que la propia legislación les va a exigir en cuanto a calidad y presentación de la información.

La ley es contundente al solicitar formatos específicos que permitan esta estandarización de la información. La idea es evitar que el ciudadano pase por el viacrucis y hacer sentido de datos que supuestamente aluden a la misma situación pero que en realidad presentan una información diversa.

Sin embargo, la homologación de la presentación de la información es un tema no menor, pues incide en los procesos cotidianos de gestión de información ya establecidos en los sujetos obligados.

Por ejemplo, y ustedes lo saben, existen instituciones que han generado sistemas de gestión de recursos humanos que de manera automatizada permitirían actualizar los directorios, de acuerdo a la normatividad estatal, o instituciones u organizaciones que habían creado sistemas internos que respondían a lo que la norma local les pedía, y como David nos ha explicado, hay una distancia entre lo que las normas locales exigen y lo que la Ley General también mandata.

Ahora, no estoy sugiriendo con esto que lo idóneo es avalar que en aras de la particularidad de los sujetos obligados seamos laxos y que a la vuelta de los años regresemos a situaciones de simulación.

Simplemente quiero llamar la atención de que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia va a exigir un esfuerzo mayúsculo a los sujetos obligados, porque les va a exigir un ajuste de procesos internos que en ocasiones ya estaban automatizados o no, pero ciertamente procesos que ya estaban institucionalizados.

Como bien nos han explicado los teóricos de las organizaciones, ayer lo mencionaba David Arellano, las organizaciones son entes vivos, están conformadas por individuos y por relaciones individuales.

Los cambios en las rutinas y los patrones no son inmediatos, sino son paulatinos y suelen implicar costos.

Tenemos ejemplos palpables de lo que implica la homologación en materia de información y formatos justamente con los procesos de armonización contable. En este tema aplaudo mucho que se puedan incorporar transitorios que permitan justamente este ajuste paulatino.

Ahora, el reto no sólo es de los sujetos obligados, sino también de los integrantes del Consejo Nacional de Transparencia y de los miembros del Sistema, pues la

elaboración de estos lineamientos y formatos debe permitir la estandarización de la información, pero también ciertos márgenes de flexibilidad.

Entonces la historia de los transitorios me parece que es profundamente atinada. Segunda consideración. Los objetivos de la Ley de Transparencia demandan acciones innovadores y también mucha paciencia.

Los miembros del Sistema Nacional seguramente están conscientes de esto, pero nosotros los ciudadanos debemos de estar conscientes de esto también.

El cumplimiento cabal de las nuevas obligaciones con las nuevas características y disposiciones no va a ser inmediato. Esta justa va a depender mucho de las capacidades de cada sujeto obligado para adaptar procesos y es aquí donde la disparidad de las capacidades va a jugar un papel relevante.

El horizonte, sin embargo, creo que no es tan oscuro, o al menos así lo quiero pensar, porque dependerá también mucho de la vigilancia que hagan los órganos garantes sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

Pero –y aquí es donde está la innovación- también salirnos del aspecto vigilante y punitivo y meternos en el aspecto de acompañamiento de los sujetos obligados, porque el propósito fundamental es hacer que el valor de la transparencia pueda ser internalizado por los propios sujetos obligados.

Esto no es retórica. Los órganos garantes deben contribuir a que todos los sujetos obligados descubran, y lo digo exactamente así, en las obligaciones de transparencia un elemento estratégico, una herramienta de gestión que identifiquen su utilidad para los procesos internos de las organizaciones y aquí es donde deben de innovar.

Y esto lo menciono porque en los análisis empíricos que se han hecho sobre ¿cómo cumplen los sujetos obligados las obligaciones de transparencia?

La opinión recurrente es que se trata de una loza, una carga pesadísima que distrae a las unidades administrativas de las obligaciones cotidianas de la parte sustantiva del sujeto obligado.

Si no logramos transformar las obligaciones de transparencia de serias obligaciones y la convertimos en usos estratégicos, va a ser muy complicado que podamos reducir el costo de la vigilancia. Y el costo de la vigilancia es alto hoy en día.

¿Cómo se puede hacer eso?

Creo que está enfrente de nosotros, lo mencionaba Ricardo también, que las unidades de información son elementos estratégicos en este sentido.

Conocen a profundidad el funcionamiento de las instituciones, conocen a profundidad las áreas que tienen mayores complicaciones y conocen a profundidad la demanda de información que se le hace a los sujetos obligados.

Tenemos que convertir a estas unidades como instrumentos estratégicos. Último punto, los lineamientos de las nuevas obligaciones de transparencia y los ajustes que se lleven a cabo para su cumplimiento, deben considerar no sólo las estrategias para garantizar la veracidad y todos los atributos que hemos mencionado, sino también los criterios para la generación de la información. Y esto lo reduzco a algo muy sencillo, la Ley General de Transparencia, las nuevas obligaciones y los lineamientos deben de estar alineados y en concordancia con los criterios para producción y para la regulación de la gestión documental de los sujetos obligados, y aquí estoy haciendo alusión a la Ley General de Archivos, que invariablemente tiene que estar, tienen que ser compatibles, porque si no vamos a someter a los sujetos obligados a dos demandas que puedan ser divergentes y que deberían de converger para poder fortalecer el principio de transparencia. Y cierro, las nuevas obligaciones de transparencia responden a las demandas sociales y en eso se reconoce que el Poder Legislativo, por fin, haya reaccionado con contundencia.

Ahora toca iniciar el proceso más complicado, que es hacer que estas obligaciones se conviertan en estrategias de cambio.

La transparencia, la gestión documental, son políticas o legislaciones regulatorias del actuar de los sujetos obligados.

Creo que estamos ante una oportunidad de oro, a lo mejor exagero, pero creo que no, casi histórica, para poder transformar cómo funciona la administración pública de este país.

Ojalá podamos montarnos en esa ola y convertir a la transparencia y a la gestión documental eficiente y efectiva en los motores del gobierno mexicano en todos sus niveles.

Adrián Alcalá Méndez:

Nos habló y reflexionó sobre el espíritu de la norma que para hacer efectiva se tiene que analizar de manera sistemática y no de manera aislada todas las obligaciones de transparencia, que es un reto no solamente de los sujetos

obligados, sino también de todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.

Habló también de los ajustes que establece la Ley General de Transparencia a todos los sujetos obligados dependerá también de las capacidades institucionales, que justo son en las dimensiones que mide o que medía la métrica de la cual nos comentó el Comisionado Mondragón Centeno.

También habló del acompañamiento necesario de los órganos garantes a nivel federal y los estatales, hacia los sujetos obligados que debemos de ver a las unidades de transparencia como instrumentos estratégicos en la construcción de la transparencia, y finalmente que tenemos, que está por iniciar el paso más importante, que consiste en que las obligaciones de oficio sean estrategias de cambio.

Guillermo Noriega Esparza:

No es un tema que podamos ver aislado y al respeto creo que voy a tratar de desarrollar también tres ideas, que no distan mucho de lo que han dicho aquí mis colegas. Pero me interesaría empezar con una serie de consideraciones que iban a ser finales, pero más bien creo, me las traje al inicio, y en el primer lugar, es decir, que esta legislación no es una legislación de mínimos, como bien lo señaló el Comisionado Guerra, sí fue una legislación de construcción exhaustiva para evitar retrocesos e interpretaciones dolosas por parte de los Congresos Estatales que se obtienen ellos sí doctorado en sacarle la vuelta a la ley, pero lo que en esa lógica me interesa decirles es la homologación normativa en la Ley Federal y en los estados es el reto que nos debe de integrar muy pronto a todos, y pues en general hay riesgos diversos, los cuales no voy a mencionar, por una cuestión de tiempo, pero sí creo que esta vigilancia de la comunidad, tanto de los órganos garantes, como de las organizaciones de que la homologación sea positiva y progresiva, es fundamental.

Segundo, decir que tiene esta legislación un efecto positivo en el reordenamiento de las administraciones públicas y ahí también coincido con los colegas.

Por el nivel de su desagregación y el reto que implica para todos los sujetos obligados, se estará reorganizando las administraciones públicas estatales, municipales y federales.

Y por último, la importancia de la demanda, la demanda de información hemos construido y lo he dicho en distintas ocasiones, una autopista normativa y burocrática de ocho carriles, de concreto hidráulico, de una calidad, creo, envidiable para que circulen tres bochitos y dos Tsurus diarios.

Entonces, creo que me interesa destacar esa parte de la importancia de que exista demanda de información y que ésta sea útil para la población en su día a día.

Y bueno, quisiera decir muchas cosas, pero como sea, el reto después de esta homologación normativa, se centra en una palabra y ésta es la implementación. Primero, no es solamente destacar el incremento de obligaciones, sino la importancia fundamental de las unidades de transparencia, unidades de enlace, o como se le ha llamado en distintas maneras, en distintos estados, pero estas unidades de transparencia son las más vulnerables, regularmente en todo este sistema.

Y de hecho en la práctica tienen el último lugar en la cadena alimenticia de las administraciones públicas, especialmente en la municipal. Si son ellas la Unidad Administrativa que debe inocular al interior de su organización este paradigma de transparencia, vale la pena destacar su importancia, el éxito o fracaso de las políticas públicas en mucho tendrá que ver con estas unidades y que realicen sus funciones con pulcritud y con la preparación debida.

Y aquí cobra relevancia un tema en el que he insistido mucho y que vale la pena seguir insistiendo, es la necesidad, urgencia y pertinencia de un Sistema Profesional de Carrera de los órganos garantes y aunado a ello, que estas unidades de transparencia dependan de los órganos garantes.

Es decir, replicar un tanto el modelo de los órganos internos de control, de los OIC’s, de las Contralorías, para que los mismos órganos garantes tengan la profesionalización y la remoción o no de estas personas en sus manos.

Y esto lo traigo, porque no lo vemos nada más en las Secretarías, pero lo vemos muy seguido en los municipios, en que los órganos garantes invierten cuantiosos recursos que no tienen, para desfilar por municipios y sensibilizar y capacitar a los encargados de las unidades de transparencia, para que cuando apenas empiecen a realizar con suficiencia su trabajo, son removidos o por un capricho del alcalde o porque se acabó la administración municipal y pues es un puesto que debe de ocupar alguien más.

Esta realidad, pongamos por ejemplo, Sonora con 72 municipios, con más, con alrededor de 10 años de existencia de este sistema, pues los tres, lo que son tres gobiernos municipales, aproximadamente nueve años, pues ha cambiado muchísimo estas unidades de enlace y están constantemente los Comisionados desfilando por el segundo estado más grande del país, yendo del tingo al tango, precisamente para poder mantener más o menos capacitadas a estas Unidades

de Enlace. Casi, casi son itinerantes nuestros Comisionados. Tienen que regresar además a resolver los recursos de revisión y demás.

Con frecuencia se les ha otorgado a otras unidades administrativas, ya lo comentaba, la función adicional. Es decir, el Jurídico además de amparos, problemas laborales y demás, se le endilgó una nueva facultad y esta nueva facultad, con ausencia de recursos, sin mayor personal se terminó generando en un peso adicional para estas unidades administrativas.

Y el resultado ha sido un tratamiento jurídico, exclusivamente del tema, por una parte y por otra, muchos enemigos de la transparencia porque se quejan de qué pregunta la población, se quejan de “n” cantidad de cosas, y la verdad ese tratamiento legaloide y de no aceptar o abrazar esta función es, digamos, algo que se ha hecho muchas veces mal y de malas.

Así que, insisto pues, que las unidades de transparencia se deben de profesionalizar, hay experiencias, incluso en Sonora, a mí me gustaría destacar por ejemplo, a la licenciada Alicia Solano quien es tanto órgano garante como organizaciones, como solicitantes de información, tiene 10 años siendo la Unidad de Transparencia, la Unidad de Enlace del DIF estatal, y es una verdadera campeona al interior de su organización en materia de transparencia.

Es decir, hay experiencias en las cuales señalan que si tú no remueves de esa manera las unidades de transparencia, se te permitirá cumplir, profesionalizarte, adquirir conocimiento y, además, ponerte el traje o más bien, adoptar de manera positiva el paradigma de la transparencia.

Por eso mi insistencia de que las y los titulares y el personal de eso, no nada más debe dejar de ser el último lugar de la cadena alimenticia de la administración pública, sino no nada más dejar de ser vulnerables sino estar protegidos, fortalecidos y otorgarles las suficientes capacidades.

Insisto en mi conclusión adelantada, pues es plausible, deseable y positivo que haya nuevas obligaciones de transparencia. Ahorita David nos ha dejado a todos, creo que asustados frente al reto y de la manera tan pulcra en la que lo hizo, frente al reto en el que nos encontramos y no por nada, la palabra, implementación es fundamental.

Me voy a apurar un poquito. Dos, me interesa mucho insistir que el incremento de nuevas obligaciones en materia de transparencia, no necesariamente significa el incremento del costo del funcionamiento de todo el sistema. Se tiene que ver desde una perspectiva distinta.

El incremento de las obligaciones en materia de publicación de oficio apuesta la reducción de las solicitudes de información y que no tenga que un ciudadano ingresar una solicitud de información y echar a andar el aparato burocrático, recursos de revisión y demás. Es decir, a mayor información disponible, entendible, usable, reutilizable que exista y tenga la sociedad en sus manos y en el ambiente, pues menos se echará a andar esta burocracia.

Y también en esto existen muchos límites y barreras. Y esto es que no se requiera tener una especialidad en Administración Pública, como ciudadano, como solicitante para saber en dónde encontrar un formato para solicitar una beca escolar.

Esto es fundamental porque hasta el momento es una práctica muy arraigada en los gobiernos diseñar sus portales para encajar en las exigencias de los grandes indicadores nacionales en materia de transparencia, a facilitarse lo más a los evaluadores de estos indicadores que los mismos ciudadanos y suben pues su información no centrada y no pensando en los ciudadanos, sino pensando en esta organización, en este indicador o dependencia que les va a evaluar.

Así esos clásicos largos, chorizos, listados de fracciones y fracciones, con hipervínculos que se puedan descargar, realmente limitan a que la población pueda acceder a este formato para poder obtener una beca escolar o saber si su calle va a ser pavimentada por lo menos en este año o si por lo menos está contemplada o no dentro de los planes de los gobiernos municipales.

Todo esto lo que puede generar, y es lo que me preocupa mucho, es que si no se observan estos principios que ya están incluso en la misma Ley General, la sociedad en el mejor de los casos les echará a andar la burocracia en las solicitudes de información, y lo digo en el mejor de los casos.

En el peor de los casos, terminará regresando a las ventanillas de las dependencias a preguntarle a alguien y obviamente todo esto anulará y anula los beneficios de todo este sistema que nos ha costado tanto, abriendo incluso espacios para la corrupción y todo lo que precisamente hemos buscado combatir. Por ello insisto, la palabra clave es la implementación, información de calidad, dirigida a la atención de la demanda de información de la sociedad, con políticas de transparencia focalizadas sí, pero con portales gubernamentales que sean en sí mismos portales de transparencia, no nada más un micrositio con este largo chorizo de fracciones normativas, que la verdad, asustan más de lo que atraen a la población.

Quien haya enseñado a alguien a usar una computadora para hacer una solicitud de información entenderá que esta parte es fundamental.

Necesitamos más gestores de la información, necesitamos traductores de la información, organizaciones, las mismas unidades de transparencia, académicos. La Red de Bibliotecas. La experiencia en la Red de Bibliotecas que nuestro colega Samuel Bonilla que allá en San Luis Potosí ha echado a andar, para que sean personas de la misma comunidad que les ayuden a las personas a encontrar esta información, es fundamental empezar a echar a andar esto.

La parte de la información en lenguas indígenas y de personas con discapacidad, creo que es un reto que valdría mucho la pena no olvidar.

Termino. La legislación obliga a los órganos garantes a realizar inspecciones y evaluaciones del cumplimiento de todas estas obligaciones.

Las experiencia nos decía, que si no le dábamos al órgano garante o a los órganos garantes la capacidad de ajustar a cuentas a quien no cumpla, pues simplemente no iba a pasar nada.

Y también, si no se le permitía al ciudadano denunciar a un sujeto obligado por desobligado y no tener la información disponible en internet, pues obviamente tampoco iba a pasar nada.

Nosotros allá en el 2005 presentamos el primer recurso de revisión en Sonora y fue precisamente porque el Instituto Sonorense de la Mujer no tenía su Portal de Transparencia puesto.

O sea, vale la pena poner y vale la pena señalarlo. Si la información será cargada en una Plataforma Nacional, con criterios que han estado siendo sujetos a revisión por organizaciones de especialistas como lo acaba de señalar Oscar, aun cuando existan dichas previsiones la voluntad política y la independencia política de los órganos garantes va a ser fundamental y determinante para la aplicación de las medidas de apremio establecidas en la ley o las sanciones administrativas.

En otras palabras podemos tener un trabajo normativo, pulcro, detallado y consistente, pero que se tope con la inconsistencia de la realidad humana y de las fallas en la implementación.

Vale la pena decir que los sujetos obligados desde mucho tiempo en Sonora han estado obligados a mandar informes al órgano garante, sus índices de información reservadas y demás, y simplemente eso nunca ha sucedido y no necesariamente el órgano garante se ha defendido de esa situación.

Me importa mucho insistir que es no nada más lo normativo, no nada más… Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿No?

No nada más lo normativo -le sigo entonces- sino además la voluntad política y muchos ojos vigilando ante esto. La implementación es la clave de todo.

Es por ello que es de mi interés insistir que por más pulcritud normativa, si no existe voluntad política de los gobernantes, si no existen órganos garantes comprometidos y unidades de transparencia que habiliten y que crean en su función, y que estén protegidos pues, digamos, las obligaciones de transparencia que son muchas, terminarán siendo una gran frustración y volveremos otra vez a tener indicadores negativos, a acostumbrarnos a la mediocridad, y creo que vale la pena no acostumbrarnos a esa mediocridad.

Adrián Alcalá Méndez:

Una anotación para la publicación o carga de la información, de la información pública de oficio deberá preverse un periodo genérico o un periodo general. Hacemos esta puntualización y la aproximación que ahorita se tiene es que sea un periodo aproximadamente de seis meses a partir de que entren en vigor estos lineamientos, para que se esté cargando la información.

Desde luego que habrá a lo mejor casos específicos, pero la aproximación ahorita que se tiene es de que sean seis, fueron seis meses y es la información que vamos a empezar a cargar, es justo la que mandata el transitorio de la Ley General del 5 de mayo del 2015, a la que se esté generando a partir del 5 de mayo del 2016.

Muy brevemente también el licenciado Guillermo Noriega habló de que el reto es que la información, además de que la publicación de la información además de que sea publicada en formatos homologados es que sea útil. Y requerimos también de más gestores de la información, requeriremos de una independencia total de los órganos garantes, una mayor voluntad política, que eso se traduce en mayor voluntad política y también una ciudadanía que sea participativa.

Jesús Homero Flores Mier:

Primero que nada quiero agradecer la invitación del INAI y de los comisionadas y comisionados que integran el Consejo, gracias por la invitación. A los colegas de los estados, también que están los órganos garantes, que tenemos muy palpable y muy de todos los días este tema, que es el tema de la información.

Hoy en México estamos viviendo nosotros una crisis, una crisis de derechos humanos, dada la inseguridad que existe, la corrupción.

Y el gobierno ha estado buscando cómo abrir esos canales para que la ciudadanía pueda ir recuperando la confianza perdida. Por eso yo creo que es muy importante esta información pública que tengamos que hacer, subir.

Yo creo que ahorita ya con lo que nos dijeron de la Ley General nos queda claro cuáles son las obligaciones. Yo les voy a platicar de la ley de Coahuila, qué hemos estado haciendo para fortalecer las unidades de atención, y qué obligaciones e innovaciones hemos tenido.

Ahorita los ciudadanos tenemos unas herramientas, que son las redes sociales, donde con este tipo de tecnologías podemos evaluar, podemos criticar, podemos exigir a las autoridades todas las acciones que se vayan realizando y que nos abran también el camino para la mejora de políticas públicas.

Ustedes saben que México es heterogéneo, multicultural. Entonces, nosotros no teníamos una base para poder homologar todo este tema de la información y la transparencia.

Entonces, ya la Ley General nos va a marcar la pauta, junto con estos lineamientos, para que podamos nosotros ya exigirle a todos los estados por parte del INAI a que cumplan con esto.

El pasado mes de mayo se promulgó la Ley General de Transparencia, nosotros en Coahuila presentamos ya la iniciativa de armonización del pasado mes de agosto, misma que se presentó por parte del Ejecutivo del Estado y por parte del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y ya entró en vigor, nos convertimos en el primer estado que entró en vigor esta Reforma, entró en vigor el pasado 11 de septiembre y quisiera platicarles algunas cosas o puntos que me gustaría destacar con alguna innovación.

De entrada con las unidades de atención, ya dependen directamente de los titulares, me pareció muy buena la propuesta de Guillermo, pues habrá que valorarlo, pero ya dependen de los titulares, de los Secretarios o de los Presidentes Municipales, las unidades de atención para que tengan un contacto directo con ellos.

Se iniciaron una maestría y una especialidad en gobierno abierto y transparencia para todos los enlaces del Ejecutivo del Estado para efectos de que estén mejor preparados y más profesionalizados.

Referente a la legislación, las páginas deben de contar, no solamente con un acceso a través de computadoras, sino tienen que ser adaptables, que tengan una adaptabilidad a las tabletas y a los teléfonos celulares, esto para facilitar la consulta de información.

El trabajo de adecuación, incluimos por ejemplo el tema de parlamento abierto. Vimos en qué tema, aparte de las 15 obligaciones que ya tenía el Legislativo, qué podíamos incluir.

Por ejemplo, ella tiene la obligación de tener una ficha técnica por cada diputado, donde vengan la asistencia del Pleno, las iniciativas, un mapa georreferenciado e interactivo donde el ciudadano pueda ver de qué distrito o de qué calle a qué calle es el diputado para que pueda, en su caso, acudir con él para hacer gestiones. La descripción del proceso legislativo, ya las demás obligaciones que marca la Ley.

Un registro de juicios políticos y de responsabilidad penal. En el aspecto de rendición de cuentas, incluimos ya un listado de los servidores públicos que no hayan presentado su declaración patrimonial.

No solamente la versión pública es obligación de todos los sujetos obligados y de todos los titulares y todos los empleados, sino también ya los que no la suban, se deberá de publicar esta información.

El tema de los viáticos, no solamente de los titulares, sino ya es de Jefe de Departamento hacia arriba; el listado de los servidores públicos que tengan sanciones, asimismo el motivo y cuál es la sanción que tienen; el parque vehicular, el proceso para el Poder Judicial, el proceso de selección de jueces y magistrados que es como lo marca la Ley.

En el padrón de proveedores quisimos ampliar la información, no solamente con los datos generales, sino el inicio de operaciones, la fecha de registro y de vigencia, así como la copia del acta constitutiva y las modificaciones que esto tenga.

Esto para conocer quién la está vendiendo o quién está prestando servicios al gobierno, que es algo yo creo que muy importante y que nos dejaría muy claras las ventanas a esta información.

La declaración patrimonial como lo había, la georreferenciación de todas las obras públicas, actualmente hay un sistema a través de Google, donde puede uno ir directamente a cada obra, viene el monto, cuándo se auditó y bueno, pues con eso ya se está cumpliendo esta obligación.

Un tema que incluimos después de una tragedia que pasó en Coahuila hace unos meses, que fue un tornado que hubo en Ciudad Acuña, vimos que faltaba mucha transparencia en el tema del apoyo que se le brindaba a las comunidades o a los municipios por parte de empresas internacionales y el mismo gobierno.

Entonces, ya se pusieron un rubro de Protección Civil, por ejemplo. Los sujetos obligados que participen en el auxilio de las comunidades en emergencia o desastre deben de dar un informe, difundir un informe de acciones realizadas durante los 30 días siguientes, esto, pues para conocer qué hicieron, cómo lo hicieron, etcétera.

Publicar las aportaciones en dinero o en especie que reciben las diversas entidades, ya sean de personas físicas o morales, y los centros de acopio también, las listas y qué es lo que se recaba.

Nos pasó un tema que después de un mes, todavía seguían las cuentas abiertas después del desastre, y bueno, pues ya la emergencia había cerrado.

Entonces hablamos con el Alcalde y decía: “bueno, pues en 15 días cerramos ya la cuenta de Estados Unidos”, pero bueno, ya nos llevó a estas determinaciones. El domicilio de los albergues. Un directorio internacional de centros que puedan prestar ayudar y auxilio, los planes de Protección Civil, las infografías. Algo muy extraño. No había una infografía a nivel nacional sobre tornados, entonces ya pusimos por cada región de Coahuila, vamos a tener infografías en caso de inundaciones, de tornados, o de los casos que se vayan presentando. Así como las constancias de factibilidad en materia de Protección Civil para la instalación de establecimientos que por su funcionamiento o naturaleza representen algún riesgo para la población, en el caso de los Imaris, o estos centros de acopio de residuos tóxicos.

Referente al tema de los municipios, también hemos avanzado, creo yo, y algunas de las obligaciones específicas para los municipios son los empréstitos a corto y mediano plazo.

Muchos municipios no reportaban al Congreso las deudas, sacaban créditos quirografarios, entonces ya tienen esta obligación de actualizarla al mes.

El catálogo de las infracciones. Un listado de personas físicas o morales y la ubicación del predio, que cuenten con constancia de uso de suelo o licencia de funcionamiento, o sea, desarrollen actividades de sector energético y de explotación y exploración en beneficio de minerales o sustancias.

Tenemos el caso de la región carbonífera, donde hay varios pocitos que no cuentan con los requisitos legales, entonces los mismos trabajadores tienen condiciones infrahumanas de trabajo y así los podemos detectar para saber si están legal o ilegalmente trabajando.

El Atlas municipal de riesgos; la información catastral que consiste no sólo en la cartografía, sino también las tablas de valores específicas hasta el nivel de calle. Y respecto a las licencias y permisos y autorizaciones de bebidas alcohólicas se deberá publicar además, el número de licencia, una georreferenciación del lugar, el giro, la dirección y ubicación, la fotografía del mismo, los horarios de venta, el número de multas y las clausuras que tenga en su caso, los uso de suelo para que tengamos también la certeza de que en un área pública no nos van a construir alguna gasolinera o algún centro nocturno, etcétera, de acuerdo a las regiones. Y, por ejemplo, hay información muy sencilla que es de beneficio para los ciudadanos, las rutas de transporte público deberá de estar no solamente en la página de internet, sino también en lugares visibles; los horarios de recolección de basura, con el teléfono del celular del camión que le toque en cada región pues para poder en caso inmediatamente llamar y que den el servicio.

Hay un tema que yo siempre he hecho alusiones, de que aquellos municipios que tengan debajo de 70 mil habitantes hemos hecho alguna diferenciación y yo creo que al final de cuentas siguen recibiendo recursos públicos.

Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en los lineamientos para obligarlos también a que cumplan con estas obligaciones y veamos esa transparencia.

En la ley también tenemos un apartado de sujetos obligados indirectos. Es el caso de las empresas de seguridad privada y las organizaciones de la sociedad civil que reciban arriba de un millón de pesos o tengan un presupuesto preponderantemente estatal o municipal.

Tenemos el caso, por ejemplo, del CRIT o del Teletón allá en Coahuila, donde es un sujeto obligado directo, tiene su unidad de atención y le podemos hacer inclusive solicitudes de acceso a la información vía InfoCoahuila. Entonces yo creo que es un ejemplo. Ya tienen ellos una campaña que arrancaron a nivel nacional y ha dado muy buenos resultados y más confianza a la gente. Tenemos el caso de los notarios públicos también, que los tenemos como sujetos obligados indirectos, donde entre otras cosas, tienen que poner los servicios, el costo, la plantilla de personal.

Aquí se detectaron algunos casos de conflicto de intereses, ya que en la nómina de los notarios estaban también en la nómina del Registro Público de la

Propiedad, lo cual ayudó a detectar estos casos y se abrieron los procedimientos de responsabilidad pertinentes.

Las versiones públicas de las actas fuera de protocolo, entre otros. Ya la obligación de los sindicatos, ahorita esta semana nosotros vamos a imponer ya una multa a dos sindicatos que no llegaron al 80 por ciento de la información pública de oficio.

Y bueno, es un acuerdo que tomamos nosotros para ir presionando que cumplan con la información pública no solamente de los sindicatos, sino todos los sujetos obligados.

Las empresas de seguridad privada tienen algunas obligaciones también. Muchas veces cometen o realizan actos de autoridad o violan derechos humanos y no tenemos la información de estas mismas.

Por lo tanto, también están como sujetos obligados indirectos. Actualmente acabamos de firmar el mes pasado un convenio con el Gobierno del Estado, donde están de forma proactiva publicando información en los medios de comunicación y en los medios impresos de información pública de oficio.

Por ejemplo, los proveedores de carbón que se estén surtiendo a la CFE, todos aquellos lugares que tengan arrendados a nivel estatal, el listado de quiénes son los proveedores de este servicio y el monto total.

Y asimismo, estamos difundiendo y haciendo una campaña de InfoCoahuila, para que también soliciten información.

Yo creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo conjunto, no va a ser fácil la implementación de esta ley.

¿La mejor ley? Es la ley que se cumple. Tenemos que ver otros frentes, no solamente el legal o las sanciones, sino, por ejemplo, también estamos viendo a través del Consejo Promotor de la Transparencia, con las universidades públicas y privadas de Coahuila, capacitamos a 62 maestros y estamos impartiendo la materia en las diferentes universidades.

Entonces yo creo que con estas acciones podemos ir impulsando el tema y estaremos dispuestos también a tomar en cuenta las observaciones que nos realicen o que se hagan para mejorar la ley.

Adrián Alcalá Méndez:

Sin duda, muy positiva la experiencia del caso Coahuila. Por razones de tiempo los panelistas responderán las preguntas a los correos electrónicos que han dejado en las papeletas correspondientes y las presentaciones de los Comisionados Guerra y Mondragón ya están en sus respectivas páginas, también en la página, en sus páginas de Twitter, perdón, y también estarán en la página de internet.

--oo0oo--