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Visiones y recomendaciones sobre derechos, restricciones y oportunidades para la solución de conflictos socioambientales en áreas del Sistema de Parques Nacionales

Naturales de Colombia habitadas por comunidades locales y campesinas1.

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2018

1. PROPÓSITO GENERAL DEL CONVERSATORIO

Propiciar un espacio para el intercambio de ideas y criterios técnicos-científicos y políticos sobre los conflictos socioambientales derivados del Uso, Poblamiento y Tenencia de las comunidades campesinas y locales en áreas protegidas (UPT) que nutra la construcción de la política pública para la minimización, gestión o solución de las tensiones y conflictos entre distintos intereses y derechos.

2. PROPÓSITOS PARTICULARES a. Obtener opiniones calificadas, científico- técnicas y políticas, acerca de las características y fuerzas motrices de los conflictos de UPT. b. Identificar argumentos y aspectos controversiales. c. Contribuir con elementos y pautas orientadores para la construcción de la política pública de solución de conflictos UPT.

3. RESULTADOS A ESPERAR: Insumos para la construcción de la política pública: sugerencias y lineamientos en materia de acciones, medidas y uso de instrumentos disponibles y necesarios. Inicialmente se dio lugar a exponer por parte de la moderadora el contexto de conflictos territoriales y socioambientales en el que se enmarca este conversatorio. A continuación, la moderadora enuncia la metodología y los dos bloques de preguntas los cuales espera los invitados pueden referirse. primera pregunta para los panelistas:

1 Documento elaborado por Jorge Humberto Granados y Liliana Rodríguez-S., con base en el audio generado en el conversatorio del 22 de agosto de 2018.

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PRIMERA PARTE

POLÍTICA PÚBLICA PREGUNTA GUÍA: En su concepto ¿cuáles serían las alternativas de política pública y cuáles las acciones y medidas a tomar, así como los instrumentos necesarios para la solución de los conflictos socioambientales relacionados con el poblamiento y uso de las comunidades campesinas en el SPNN? ALEJANDRA VEGA2: Inicia su presentación mencionando la realización de una evaluación sobre las ZRC junto con la ANT. Los conflictos que mencionó Carmen son básicamente los que existen en todas partes pues los territorios “están vivos”, están llenos de gente, llenos de relaciones, y están llenos de conflictos. Éstos han ido mutando, cambiando de nombre y de actores, pero permanecen en los territorios. En algunos lugares, los picos del conflicto han ido bajando con la desmovilización de las FARC, en otros han ido subiendo. En otros lugares los actores del conflicto han cambiado de nombres y de estrategias; ya no hablamos de las FARC o de grupos insurgentes en todas partes, sino que empezamos a hablar de clanes, de rutas de narcotráfico y sin embargo los conflictos evidentemente permanecen en los territorios. Yo voy a hablar desde la posición de la cooperación y no es la posición de quien debe ejecutar la política. En tal sentido, los análisis que hacemos desde los distintos grupos de la FAO Colombia toman como referencia las Directrices Voluntarias de la Gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, especialmente los conceptos sobre la tenencia y las distintas relaciones en los territorios que se deben regular y que de no hacerlo se debe manejar desde el enfoque de los derechos de uso, que ya con la ANT se ha avanzado en ese tema y que no necesariamente son derechos de propiedad o en derechos de ocupación tratándose de áreas protegidas. En este caso es importante la reglamentación de las áreas colindantes o las áreas amortiguadoras porque son la “entrada” a las áreas protegidas. ALEXANDER RIVERA3 Frente al tema de la afectación en áreas protegidas yo creo que es necesario devolvernos un poco en el tiempo y conocer ¿por qué se dio esa ocupación? En su momento, incluso las FARC, eran quienes daban el aval en el territorio para que muchas de estas poblaciones se asentaran en las áreas protegidas. Ese es el inicio de la dinámica de poblamiento, sumado a unos altos niveles de vulnerabilidad de las poblaciones en estos territorios. A lo anterior, se agrega lo que tiene que se ha identificado desde el Ministerio de Justicia: el tema de los cultivos ilícitos pues implementar un cultivo ilícito dentro de un área protegida, de cierta forma “protegía” el cultivo porque ahí no entraba la aspersión.

2 Especialista Senior en Tenencia de Tierras – FAO Colombia. Reflexión basada en la experiencia reunida en la elaboración del informe sobre zonas de reserva campesina 3 Subdirector Técnico Administración de Tierras de la Nación - Agencia Nacional de Tierras

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Estos fenómenos y variables dan como resultado lo que tenemos hoy: muchas poblaciones asentadas en áreas protegidas, específicamente en parques nacionales naturales. Hace la claridad de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha avanzado en el acuerdo de derechos de uso en ley segunda, categorías B y C, que va a facilitar mucho la vida a algunos campesinos que llevan mucho tiempo esperando una oportunidad o un instrumento jurídico que les permita adelantar acciones en esas áreas. Son instrumentos que no tenían y ahora lo tienen. Sin embargo, en parque no aplica ese tema de derechos de uso. Frente a la pregunta sobre qué instrumentos y políticas públicas se necesita para resolver los conflictos en parques nacionales, para la ANT es claro que, para aquellos que estaban antes de la declaratoria de los parques, hay que buscar alternativas e instrumentos para reubicarlos en algunas zonas, ya sea con derechos de uso o que tengan derecho a algún baldío dentro de lo que se tiene en el Fondo de Tierras. Pero, los que llegaron después de la declaratoria, es algo que se ha discutido, sería un mensaje equivocado reubicar a las personas que llegaron después de la declaratoria, aun sabiendo que ya era área protegida; porque es el mismo mensaje que se envía al dar incentivos a quienes siembran coca. Es decir, si yo le doy un incentivo a quienes ocupan un parque después de la declaratoria, el mensaje que va a llegar es: si nos metemos a las áreas protegidas nos van a dar un predio para nosotros trabajar y eso incentivaría la ocupación. Estas son algunas acciones que se podrían tomar con esas personas, a no ser que parques nacionales tenga una política distinta de trabajo con ellos al interior con proyectos de aprovechamiento de productos forestales no maderables u otro tipo de iniciativas. Lo otro que es pertinente, en términos más de política pública, es el robustecer la capacidad operativa de parques nacionales naturales en cuanto a monitoreo y seguimiento al interior de las áreas protegidas, pues se sabe que hace falta presupuesto, personal, para garantizar el monitoreo al interior de esas áreas. Yo lo viví como guardaparques en el PNN El Tuparro y los mismos funcionarios del parque no conocíamos el área, eran 548.000 ha para cuatro personas y no tenían en qué moverse. Todas esas dinámicas, incluso de cultivos ilícitos, de tala de bosque tropical no había cómo controlarlas porque no había como llegar. Y donde hay cómo llegar, no tenemos las herramientas jurídicas para intervenir de forma que logre disminuir la problemática, pues generalmente el funcionario de parques no conoce ni sabe cuales son las herramientas para intervenir. Esto es especialmente crítico en zonas como el Guaviare, Caquetá, Putumayo donde el conflicto está creciendo. CONSTANZA ATUESTA4 Hace referencia al análisis jurídico realizado por ella, en el marco del proyecto Gobernanza en áreas protegidas, y que busca aportar un poco a la pregunta que plantea Carmen, sobre la política, las acciones, los instrumentos, las entidades y pues eso es lo que toca hacer, y llevamos cerca de cinco años haciendo. Con miras a contestar esa pregunta, de una manera muy general, retomo varias de las consideraciones que planteaba ayer.

4 Abogada. Consultora independiente

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Lo primero es preguntarse ¿cuál es el alcance de esa política? O ¿de qué tipo de política estaríamos hablando? Efectivamente desde el análisis que hicimos, la recomendación es que se trate de una política de Estado y no simplemente de una política de Gobierno; es decir no es una política que se planee para cuatro años y que se planee con un enfoque de cual es la prioridad de determinado gobierno; sino que sea una política donde además del Gobierno, ejecutivo, además de parques, además del Ministerio de Ambiente, además de las instituciones gubernamentales, participen otros actores que tienen que ver en la solución de esta problemática. Para mi lo clave en el alcance de esa política de Estado es que precisamente parta del reconocimiento de la tensión existente entre derechos de rango y contenido constitucional. Cuando entendemos que lo que tenemos que resolver es un conflicto de derechos igualmente protegidos por la Constitución, le damos la magnitud que realmente tiene el problema y no nos quedamos en cómo modificamos un artículo del 622 o cómo modificamos la resolución 247, o cómo hacemos un instrumento jurídico que nos permita resolver alguna situación. Realmente estamos ante un conflicto de rango constitucional, y en ese mismo sentido todas las instituciones del Estado tienen que confluir en resolver ese conflicto. Obviamente, la política es la que tiene que definir cuáles son los lineamientos para resolver este tema. Es además una política de Estado que busque la armonización de esos derechos que están en conflicto y que obviamente sea diferencial porque como lo mencionábamos las diferentes formas en las que están habitadas las áreas del sistema pues hacen que yo no pueda tener un solo derrotero para la atención de la problemática. Tampoco es tan fácil como distinguir quiénes estaban antes y quiénes estaban después. Efectivamente, mucha gente que ha llegado después tiene unas condiciones que las hace particulares, gente que estaba antes también tiene otras condiciones. Por eso yo no puedo, simplemente trazar una línea, sino que esa política tiene que diferenciar y aportar en ese proceso de construcción de paz. Si estamos en ese camino de aportar en ese proceso de construcción de paz pues precisamente la política nos debe permitir retomar instrumentos que ya se han venido trabajando. Aquí está en Dr. Juan Carlos Riascos quien nos podrá contar más en detalle, pero instrumentos como los de la política de participación social en la conservación que se planteaban no solo fuera de las áreas sino también dentro de ellas. Ese tipo de instrumentos, ayudan a la armonización entre derechos en conflicto, ayudan a no sacrificar la conservación de las áreas, ayudan a generar procesos productivos en las comunidades, y también los grupos técnicos han venido avanzando en estos años en otros tipos de alternativas que en ese entonces no se veían. Por ejemplo, el tema de los lineamientos de restauración, lineamientos de ecoturismo, temas de aprovechamiento de no maderables; entonces hay una cantidad de instrumentos que desde lo técnico se han venido desarrollando y que podrían aportar en esa política. En cuanto a las entidades, yo creo que aquí, si nosotros entendemos que esto es un tema de tierras y un tema ambiental, pues estamos hablando de que tiene que estar el sector agropecuario y el sector ambiental, pero esto va más allá. Aquí estamos hablando de la vida entera de gente que está adentro y eso implica que la política involucre no solo las entidades del orden nacional, sino las entidades regionales, departamentales y municipales y que no se limite a estos dos sectores. Aquí tiene que ver educación, salud, vivienda; y creo que los

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instrumentos que se han venido discutiendo en el marco del posconflicto como los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) pueden llegar a integrar las intervenciones para atender esa problemática con esa política clara. ALEJANDRA OSEJO5 Gracias por la invitación a participar en este espacio, lo que vengo a compartir son algunas ideas sobre el trabajo institucional de investigación y de apoyo técnico a la toma decisiones del sector ambiental. En el tema específico de la gobernanza nos interesa mucho los procesos de toma de decisiones y los de participación y de inclusión de las personas en esas deliberaciones sobre los recursos naturales. Al respecto de lo que nos convoca hoy les voy a comentar algunas ideas sobre las comunidades en la gestión y manejo de la biodiversidad que nos pueden oriental en el diseño, la reelaboración o en el ajuste de algunos arreglos institucionales relacionados con uso, ocupación y tenencia en los parques nacionales. Existe una necesitad de repensar esta dicotomía o esta aparente contradicción entre la conservación y la producción y que, generalmente, subyace en las actuaciones en los territorios pensando en el rol que tienen las comunidades, no solamente hoy, sino a través del tiempo y su presencia histórica en el manejo de la biodiversidad donde podemos entender que muchas veces esa diferencia no es tan radical o no son siquiera dos caras de una misma moneda sino que son, en muchos casos, parte de un mismo proceso. La invitación es a pensar sobre las alternativas que generamos para estos temas de uso y ocupación pueden estar fundamentadas en una manera diferente de como se concibe la conservación y la producción entendiéndolos como un mismo proceso. Si pensamos de esa manera, muchas de las intervenciones en el territorio podrían ser diferentes, sin desconocer los retos que por esto implica; es una invitación a pensar de una manera innovadora. En términos concretos ¿de qué tipo de instrumentos o alternativas estamos hablando? Al respecto me quiero remitir justamente a un caso que Constanza ya menciona y que seguramente Juan Carlos Riascos, que está aquí, nos podrá explicar en más detalle, y es sobre las experiencias previas en parques nacionales, en los cuales se ha intentado tener una trascendencia en cuanto a la política. El proceso de parques con gente que se desarrollo hace ya más de una década tiene seguramente aprendizajes muy interesantes de cómo vincular la producción y la conservación pensando esta última de manera distinta. Igualmente, los procesos con comunidades indígenas en parques seguramente tienen experiencias relevantes que pueden aportarle a resolver las tensiones que actualmente existen. Parte de lo que analizamos en el Instituto es que, aunque entendemos la diferencia de arreglos institucionales y de la legislación que determina la relación con los grupos indígenas y otras comunidades étnicas, consideramos que retomar algunas prácticas que han sido exitosas en fortalecer y mejorar las relaciones

5 Línea de gobernanza, derechos sociales y participación. Instituto Humboldt.

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entre las autoridades ambientales con estos grupos pueden ser un punto de encuentro para plantear alternativas que ayuden a solucionar los conflictos. En términos concretos, es volver a pensar ese tema de sistemas productivos sostenibles, las metodologías que se implementaron, las intervenciones que se hicieron, los indicadores que se construyeron, los diagnósticos que se hicieron en ese momento pueden ayudar a entender, en gran parte, cuales han sido los errores que se han cometido, que nos podría inspirar en este momento. En el tema de las instituciones insistir nuevamente en que pensarnos como sectores diferentes, como tradicionalmente se ha hecho (sector ambiente, sector agropecuario) genera unos problemas en el territorio que son los que nos debe hacer pensar a cómo enfrentarlos. Específicamente me refiero a la imposibilidad que tiene el sector agropecuario de trabajar e intervenir en estos territorios que hace que los problemas que tienen que ver con la producción no estén debidamente atendidos en las áreas protegidas y no solamente en ellas sino también en el caso de los páramos que enfrenta unas tensiones y situaciones similares a las que ocurren en las áreas protegidas. Esa imposibilidad o esa falta de articulación, o esa falta de intervención del sector agropecuario en estos temas, hace que muchas situaciones estén aun sin resolver y que, si no se aborda de una manera diferente, seguirán pendientes. Finalmente me remito al rol que pueden jugar los institutos de investigación y la academia quienes están en capacidad de aportar al diseño de política pública, al monitoreo de las acciones que se planteen, así como ayudar a mediar en las tensiones existentes en los territorios, a partir de la información, de la investigación seria, responsable, actualizada y contextualizada. También es importante entender el rol de las Universidades quienes tienen un papel importante en la formación de las nuevas generaciones de investigadores y profesionales que puedan ver este tema de la conservación y la producción de una manera diferente. Todo esto, por supuesto, dependerá de los recursos y medos que se tengan disponibles. CAROLINA JARRO6 Inicio contextualizando sobre el Sistema de Parques que actualmente cubre aproximadamente 17 millones ochocientas mil hectáreas del país, de las cuales cerca de 500.000 ha., tienen la problemática asociada a la ocupación, al uso o a diferentes formas de tenencia en estos territorios. Esos usos y esa ocupación son la mayor presión que en este momento tiene el SNPNN por las altas tasas de transformación de coberturas, alrededor de 25.000 ha/ año, en todas las 57 áreas que hacen parte del Sistema de parques. No obstante, desde el año pasado, registramos tres Distritos de Manejo Integrado; estas son áreas que permiten el uso sostenible, y que obviamente son un reto interesante de asumirlo y que seguramente nos dejarán muchos aprendizajes para el manejo de las situaciones que tenemos al interior de las áreas del SPNN.

6 Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. Parques Nacionales Naturales

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Frente al tema de la política hay que seguir avanzando en la generación de los insumos y en la construcción de esa política pública que nos lleve a dar una solución de fondo a la situación que se viene presentando en los parques. Pero, para poder llegar a esa política es necesario tener un ejercicio de caracterización de qué es lo que está sucediendo en esas hectáreas que tienen esa ocupación. ¿Por qué? Porque uno podría plantear: no es que toda la ocupación es campesina y no. No toda la ocupación es campesina, y no todos los campesinos que están allí son vulnerables; eso da obviamente una connotación y una tipificación diferente de manejo. Lo mismo sucede con gente que está al interior en un proceso de acaparamiento de tierras y de distribución de tierras, en donde en un foro reciente también y es que allí hay gente cuidando tierra de otros. El proceso de caracterización nos debe llevar precisamente a tener claridad de qué es lo que pasa en las áreas para poder abordar una política pública que sea diferencial, participativa, ajustada a las condiciones de ocupación de esos territorios porque es totalmente si hablo de la región Andina, a la región del Caribe, a un parque como Paramillo o Catatumbo, o La Macarena o si hablo de un santuario como puede ser Iguaque. Los contextos de ocupación son totalmente diferentes y por eso debemos tener ese enfoque territorial. Esto hace parte de lo que hemos hecho en los últimos cuatro años, donde hemos podido afinar mucho más el ejercicio de la caracterización pero que nos hace falta aterrizar mucho mas. Retomando un poco lo que plantea Constanza respecto a que la solución la puede dar, no solo el sector ambiente sino también el sector agricultura; aquí efectivamente hay una población en condiciones de vulnerabilidad, pero hay otro tipo de población que no está en condiciones similares y que también requiere un tratamiento y un manejo frente a la ocupación que han tenido este territorio. Incluso existe población campesina ocupando resguardos indígenas; esto implica en algún momento vincular al Ministerio de Interior por el rol que tiene frente a los grupos étnicos. Esto será parte de lo que tendrá que definir ese instrumento general marco de política pública. No obstante, hay otros instrumentos de política pública que se han venido diseñando e incluso como parte del ejercicio de la Mesa y del trabajo con el grupo técnico de los campesinos existen algunos lineamientos de manejo en las áreas protegidas que se han ajustado precisamente para hacer ese ejercicio de involucrar mucho más a la población que está allí. De hecho, al comienzo, hace cuatro años, recuerdo la discusión que se daba especialmente sobre el nombre que tenía la política de parques con la gente; si era parques con la gente adentro o era parques con la gente afuera. Hoy en día, se ha planteado que, si la gente está adentro, voy a retomar las palabras del señor Rafael Zavala Representante de la FAO en Colombia, utilizó un término que nos llamó mucho la atención, el decía “los campesinos que están dentro de los parques que no tienen la misma connotación de los campesinos que están afuera y eso los debe llevar a ser “parquesinos”; y el ser “parquesinos” implica efectivamente hacer un uso adecuado de ese territorio y un comportamiento diferencial, porque están dentro del área protegida, sin que eso llegue a un proceso de vulneración de derechos. En esto es en lo que necesitamos trabajar y avanzar.

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Para esto incluso, se han desarrollado algunos instrumentos de política que tenemos que implementar para ver qué funciona y hacer los ajustes para optimizar y generar esos insumos para esa política marco. Por otro lado, se ha hablado de acuerdos asociados a la transicionalidad, en donde es necesario hacer una gestión conjunta para que esto se traduzcan en actividades reales en el territorio y ver qué es efectivo y aportó en la conservación pero que también aportó en temas de mejorar la calidad de vida. ¿Si se da en un marco de transición? Pues, puede darse una parte en un marco de transición; pero puede haber otra población que definitivamente plantea el no querer estar ahí (muchos nos dicen: ayúdenme a salir de acá, yo quiero relocalizarme). Por esta razón la política no puede ser del Gobierno, sino una política de Estado, como lo planteaba anteriormente Constanza. Manuel Rodríguez, hace poco en una columna escribía que una de las políticas exitosas del Estado había sido precisamente las áreas del sistema de parques nacionales, que también sea una política de Estado la atención a las problemáticas que éstas tienen; en donde como Estado, integrado, se den soluciones. Si una solución puede ser la relocalización, que efectivamente haya la opción de tierras, la opción de que la gente pueda iniciar un proyecto productivo fuera del área. Si otra opción es que realicen actividades permitidas al interior de los parques, que efectivamente puedan realizarse pero que eso no desmejore su condición. Eso es parte de lo que tenemos que trabajar y mostrar que funciona. Retomando lo mencionado por Alejandra del Instituto Humboldt, con el Sinchi se ha venido trabajando en eso. Precisamente, abordando el tema de los Acuerdos que se generaron se planteó que la intervención en los parques tenía que tener un enfoque diferenciado. Este enfoque iba a ser trabajado para la Amazonia y parque de la Orinoquia por el Instituto Sinchi ya que precisamente ellos han realizado una investigación que permite generar otras alternativas que recuperan el área protegida y generan una economía legal y diferente que permite mejorar la calidad de vida a la población. Es hacia este tipo de experiencias que tenemos que ir avanzando y mostrando que si funciona. JUAN CARLOS RIASCOS7 Su primera intervención se relaciona con mencionar que no es claro si lo que se está tratando en este conversatorio y se hablará es algo nuevo o desconocido. Como invitado a un espacio como este, uno puede tener una propuesta o mejor hablar de las experiencias. En los distintos trabajos que se han realizado (GTZ y FAO) se ha insistido en el planteamiento de retomar las experiencias que muestran que si funcionan. Tal es el caso de la política para la detención de la deforestación en la cual se ha insistido en identificar las experiencias que han mostrado ser exitosas en lugar de traer nuevos planteamientos que no han sido probados o parecen no haber funcionado. Con este contexto es pertinente analizar tres tendencias: La primera, es que las necesidades y exigencias de la población en áreas protegidas e incluso en áreas de páramo (área protegida, ley páramos) y otros ecosistemas estratégicos, la gente tiene necesidades, conciencia y capacidad de aprender lo que nosotros sabemos como

7 CEO Programa Páramos y Bosques - USAID

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también nosotros tenemos la capacidad de aprender lo que ellos saben. Es una realidad, un país que reconoce derechos étnicos y territoriales diferenciados reconocidos incluso por los jueces. Lo segundo es que el país tiene un contexto de ilegalidad e informalidad infranqueable, pero se atiende como una característica a la que hay que “pararle bolas”; las entidades sectoriales responden “esto no es conmigo” pues es responsabilidad de la fuerza pública o de las autoridades ambientales. No obstante, la informalidad e ilegalidad es más que eso; es una condición de vida para sobrevivir en ciertas zonas en donde la gente considera que lo legal puede llegar a ser muy ilegítimo. Nosotros no tratamos la ilegalidad e informalidad como algo con lo que hay que competir; por ejemplo, el oro se vuelve legal en un garaje informal en Antioquia, alguien tiene mucho dinero y entonces todo lo que era ilegal ambientalmente se volvió “legal” y el sector financiero simplemente lo admite porque eso es productividad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de formular cosas; abstraerse de esa realidad es imposible. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos estrategias coercitivas y sancionatorias? Los jefes de las áreas saben lo que pasa cuando lo hacen y todo lo que implica. ¿Funciona? Pues la realidad muestra que funciona porque por ejemplo los límites de los parques de alguna manera han protegido los ecosistemas; en donde no hay un límite se acaba con todo. Otra realidad es el punto 1 del Acuerdo de Paz y su implementación a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Preocupa si hay suficientes recursos para la compra de tierras, en la llamada bolsa de tierras. Hay que preguntarles además a las autoridades responsables de tierras sobre ¿de qué manera habría que hacer el saneamiento? Lo que uno ve es que no hay dinero para compra de tierras. A esto hay que añadirle el proceso de deforestación que sigue avanzando. Adicionalmente, es necesario darle continuidad a la política restitución de tierras, que puede generar el reposicionamiento de poblaciones excluidas. Surge entonces la pregunta de ¿si dar tierras es un problema o es una estrategia de conservación? ¿un modo de vida? Se le ha temido a la titulación porque la historia es que la ampliación de la frontera agrícola se da a costa de los bosques, de los bienes libres, de las tierras que están libres. Uno pensaría ¿cómo así que dar tierras es parar la deforestación? Pues se puede. Otro tema que no se puede desconocer es el tema de la economía ilícita del narcotráfico, el reordenamiento de los actores en conflicto donde hay unas geografías liberadas donde se ve, no solo en parques nacionales sino en áreas privadas con acuerdos de conservación, y que son afectados por acaparadores de tierras, selva adentro, para abrir campo para que crezcan hierbas y luego acceder a unos derechos de propiedad. En cuanto al tema de páramos, la demografía se ha incrementado; con la nueva ley de páramos y las sentencias lo que se ve es la gente que se había asentado dentro de los páramos tendrán que salir de ellos e incluso se les ha otorgado a los páramos, en la jurisprudencia, que sean sujetos de derecho. Otro contexto es el cambio del clima, y se sabe que efectivamente los páramos “se están subiendo”; lo que era impensable hace 40 años, el kikuyo se da por encima de 3.500 msnm sin problema, antes se mantenía amarillo, no se daba pues es una especia africana, no resiste

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la temperatura. Pero por ejemplo en Cumbal, Nariño, existe un encadenamiento productivo con la empresa lechera más grande del país, donde compran leche en zonas que están aumentando y la gente tiene la necesidad y les va muy bien. Hay que reconocer que hay un incremento en la conciencia de la ciudadanía en general entorno a los temas de la conservación. Son muchas las iniciativas existentes sobre conservación en la que participa la gente, pero la política ambiental no necesariamente es consistente con esto, no hay una respuesta institucional positiva o del Estado que estimule su implementación o réplica de iniciativas civiles de conservación. Alguien que tenga una finca y quisiera “portarse bien ambientalmente” ¿qué ofrece el sector agricultura? Ni siquiera los gremios tienen claridad sobre ¿qué pueden aportar o como explorar otros tipos de actividades? Por su parte la iniciativa privada convencional si tiene apoyo, quien tenga una iniciativa tiene créditos, instrumentos, encadenamientos, pero entonces ¿quienes son los empresarios de la conservación en Colombia? Se tiene la idea de que el uso de suelo para conservación no conlleva a ninguna ganancia económica y eso no es cierto. Por ejemplo, el GEF Small Program en Colombia en noviembre de 2006 sacó una convocatoria sobre pequeñas áreas indígenas y comunitarias de conservación y en un mes y medio le llegaron 480 propuestas y hoy hay 35 de ellas financiadas. Esto demuestra que la percepción sobre la conservación si ha cambiado, pero esto no necesariamente lo asume la política ambiental del país. El tercer elemento de la realidad es la limitación de los recursos. En estos temas se trabaja con lo que tiene, no se puede legislar con lo que no se tiene, ni avanzar con lo que no tiene. El segundo contexto es el de la conservación y la gestión ambiental. ¿Qué pasa allí? Que la conservación está avanzando hacia un concepto de paisaje y esto no es nuevo. El enfoque de paisaje y de resiliencia, donde un ecosistema no vuelve a ser prístino, sino que se adapta es consistente con la habitabilidad humana como ha crecido la población y el enfoque de ecosistemas se ha ido ampliando al de gestión del riesgo y hay una meta en la conservación (Aichi), que no solo habla de áreas protegidas sino de otras estrategias de conservación, que abren la puerta a otras vías que no necesariamente son áreas protegidas. En este tema de la conservación hay un problema y es el enfoque de los recursos y de los instrumentos; si bien por fuera de los parques se avanza en el instrumento de pago por servicios ambientales (PSA), en el decreto de impuesto al carbono (reforma tributaria) donde el que acumula carbono le pueden pagar lo que le tocaba pagar por lo correspondiente a una empresa que consuma combustibles fósiles. Si embargo, el PSA es considerado como un subsidio y eso no le gusta a ningún economista en Hacienda; no le hemos trasladado el costo de la conservación a la sociedad, sigue siendo un impuesto que se traslada a unas entidades para la conservación. Este mismo enfoque de la conservación se amplió a los páramos. En cuanto a la legislación y jurisprudencia, dice la jurisprudencia que va más allá de los parques. Expone el caso de un pescador de una cooperativa de Gairaca (PNN Tayrona) que dice tiene un derecho y que no le pueden decomisar una red, algo muy común en el oficio que cumple una autoridad ambiental. Lo que dice la jurisprudencia es que no, está diciendo ustedes tienen un problema y están yendo a la consecuencia que es el pescador que no puede seguir haciendo una pesca artesanal, sino que deben solucionar los problemas de la

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contaminación aguas arriba del río Magdalena con todos los municipios y las entidades que tienen ese problema. Otro elemento del cual habla la jurisprudencia es sobre la participación como derecho fundamental y no es como se ha concebido antes y es que es exclusiva de los grupos étnicos sino extensivo a cualquier persona porque es un derecho fundamental de todos. Es necesario llegar a un consenso y no simplemente informar a la gente; así mismo como los temas de compensación para efectivizar las reglas, por ejemplo, en el caso de las autoridades ambientales que no pueden actuar en tanto no puedan compensar al sujeto de esos derechos mínimos vitales. Hay muy poco del tema de la transicionalidad en la jurisprudencia, y casi que no hay nada sobre uso sostenible, son temas tangenciales, y por ahí es donde pueden estarlas soluciones. Cosas que han funcionado han sido la planeación predial, el seguimiento a predios en planes de reconversión, el manejo sostenible de los sistemas agropecuarios. En conclusión, gobernanza podemos avanzar a que sea casi como una ciencia, para hablar metafóricamente con la gente de la conservación. La gobernanza es una ciencia en la medida en que entendamos cómo funciona y que la podamos meter en indicadores y le probemos a quienes demanden que es posible trabajar en los ecosistemas que se quieren defender con presencia humana. Pero tiene que haber una ciencia de la gobernanza. La participación es fundamental para llegar a consensos, y perderle el miedo a la participación, hay que anticiparse y no ser reactivos. Y en cuanto al uso sostenible, pienso que, en parques nacionales, con la declaratorias de distritos, tienen que crear una división y empezar a crear, más allá de una doctrina con técnicos, esos conceptos de qué es lo sostenible. Lo anterior tendrá que estar integrado a las acciones de Gobierno y de la Cooperación. Ya Constanza lo mencionó. Esto no se puede hacer sin las otras entidades de Gobierno o sin la Cooperación. Es necesario también diferenciar objetivos de manejo de objetivos de conservación; eso está hacer rato en parques, se ha discutido con expertos; si uno tiene el objetivo de preservar un ecosistema y en objetivo de gestión usted tiene que trabajar con poblaciones humanas, ¡hágalo! Pero después de que se defienda el objetivo de conservación. Igualmente se requiere transferir los costos de la conservación a la sociedad en términos de provisión y recepción; si los parques son de verdad la cuna del 80% del agua del país no es posible que no se cobre por ello. Solo existe una resolución del Ministerio de Vivienda en donde dice que se puede cobrar para poder invertir en la cuenca. Este tipo de instrumentos hay que desarrollar para salirle adelante al Ministerio de Hacienda cuando hablen ellos de subsidio; nadie quiere pagar subsidios, sino que funcione francamente en una economía en donde si yo consumo un recurso pues pago y puedo beneficiarme de eso. Interesante también crear un laboratorio técnico-jurídico, sería mi última recomendación en donde de verdad se puedan discutir estas concepciones a un nivel jurídico con un enfoque claro. CESAR JEREZ8 Efectivamente aquí ya se ha dicho todo; el Dr. Riascos ha hecho un resumen casi de todas las propuestas que hemos realizado. Seguimos diciendo lo mismo: el camino está por el

8 ANZORC

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reconocimiento de los campesinos que están en esas áreas, que no son tan poquitos como está en la estadística que presentan, como sujeto de derechos. Y volver ese campesino como sujeto de derechos un sujeto de la conservación. Hay experiencias en este país y en otras latitudes que así lo demuestran. Pero hay que tener claro que el problema está casi que diagnosticado y están las propuestas que lo solucionan, pero el problema real está es en la gobernanza. Un campesino del Yarí, don Carlos, decía “¿y eso de la gobernanza qué es? Y yo le dije “no pues lo mismo que usted ha hecho toda la vida, pero ahora con el Estado y con derechos, o sea que no se preocupe por el término”. Y creo que ahí es donde está el problema. Una vez después de un paro bien cruento, en el Palacio de Nariño hablando con el presidente Santos, nosotros le dijimos “vea hay que hacer esto en el campo, la solución estructural es esto, esto y esto, y después todo lo de economía campesina, la armonización con la conservación. Y nos dijo “es que hay un problema, yo fui el que gané las elecciones, y aquí es donde se formulan las políticas públicas”. Esto resume de la “insolución” en que se ha vuelto este problema. Y es el origen también de la manera como nos tensionamos. Fíjense, si nosotros lo decimos, entonces suena más agresivo, pero el profesor Riascos acaba de decir casi todo lo que hay que hacer y no se ve tan mal. Hay un problema y es que no nos escuchamos, y la gobernanza en esta solución como política pública es fundamental. Si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo creyendo que vamos a solucionar las cosas desde aquí arriba, el problema allá abajo continuará, a sabiendas de que nunca funcionó y tal vez empeoró. Si revisamos por ejemplo el acuerdo de voluntades, resulta que estamos de acuerdo y todo eso se puede hacer, pero no se hace porque no hay política pública. ¿Cómo se compran predios? ¿Cómo se reubica la gente? ¿Cómo incluso se caracteriza? Una vez incluso pregunté ¿cuánta plata hay para las caracterizaciones? No había. ¿Cómo está todo esto amarrado a un plan nacional de desarrollo? ¿O a unas propuestas concretas en unos documentos? Y que los funcionarios tengan que seguir esa orientación sin cuestionarlo, porque a veces toca aplicar el pensamiento que dice que así usted no esté de acuerdo, pero la mayoría lo está, todos lo asumen. Es posible avanzar, el camino puede estar por los lados de los usos sostenibles, y que esos usos sostenibles nos permitan en el corto plazo tener un régimen especial porque si hay experiencias positivas de campesinos en ese tipo de áreas pues por qué no ir pensando en un régimen especial posible. ¿Por qué ese régimen especial no puede ser el traslape de una figura que está en la ley como las zonas de reserva campesina con esas áreas? ¿Por qué los resguardos y los territorios colectivos si lo pueden tener, pero los campesinos no? Ahí se necesita un cambio, doctrinario e ideológico, y es que mientras pensemos que el campesino es el enemigo pues aquí no va a haber ninguna solución. Por eso el camino si está por la gobernanza. Luego de las intervenciones de los invitados, la moderadora realiza una breve síntesis acerca de los planteamientos presentados. Subraya elementos que tiene que ver con el carácter constitucional del asunto que nos convoca (los derechos a un ambiente sano, pero también los derechos de una población vulnerable); la necesidad de armonizar metodologías

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innovadoras para hacer que estos dos elementos confluyan; tomar las directrices voluntarias de la gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques que trabaja FAO, y la articulación entre los actores alrededor de un interés común. Se abre el espacio para responder preguntas de los asistentes a los panelistas.

LUZ MARINA ARÉVALO – UPRA: ¿Qué posibilidad potencial ven ustedes, en las zonas de reserva campesina, mirando no tanto el problema dentro de parques sino fuera de ellos? ¿Cómo visualiza eso, por ejemplo, Alejandra Vega que ha trabajado el tema? ¿Y también ahora con la frontera agrícola, qué impactos positivos ven como parte de la solución a este conflicto? La moderadora abre la opción de hacer otra pregunta pues la anterior se relaciona con la siguiente pregunta que responderá el panel.

TITO RODRÍGUEZ - JEFE DEL PNN SNSM Quisiera conocer la opinión de alguno de ustedes, teniendo en cuenta el contexto del Acuerdo de Paz, y pensar si de pronto nosotros (PNN) nos estamos cargando la responsabilidad de resolver la problemática histórica que ha tenido el Estado en cuanto a la reforma de tierras en contextos en los que productivamente las áreas protegidas no son las más ideales pero donde hay una realidad que se debate entre “parques con gente” o “parques sin gente”; tierras productivas que nos se utilizan para potencializar su vocación de uso.

DANILO HERNÁNDEZ - REPRESENTANTE CAMPESINO Hace un comentario sobre lo que se acaba de decir por parte de los expertos, es algo que como organizaciones campesinas lo hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo atrás; en este escenario llevamos tres o cuatro años hablando de este tema. Simplemente nosotros nos sostenemos en esta lucha esperando a ver si de pronto alguien nos quiere escuchar porque esa es la solución a la problemática de los PNN y los campesinos. Seguiremos esperando a que “alguien le ponga el punto a la i” y salgamos de esta situación.

HERNADO IBAÑEZ – EXPERTO LOCAL PNN EL COCUY Me gustaría hacerle una pregunta a la señorita sobre la política de Estado. Si la política del Estado es la que nos tiene en todos estos problemas, porque el Estado es el que montó una política para crear un parque sin tener en cuenta nunca a los campesinos que estaban dentro del parque. La política de Estado fue la que aprobó ahorita una ley de páramos desconociendo también a todos los campesinos que viven también dentro de esos páramos, entonces ¿cómo vamos a trabajar esa política de Estado?

PREGUNTA ASISTENTE Mi pregunta es si ¿será necesario o qué perspectivas hay de tener una definición de campesino? ¿Qué se entiende por campesino para formular una política de Estado como se propone?

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MARLENY LEYTON - REPRESENTANTE PLANADAS TOLIMA

Yo quiero hacer unos comentarios, y es con respecto a lo que decía el señor (Juan Carlos Riascos), que los campesinos nos metimos allá dentro del páramo, dentro del parque. Sucede para conocimiento de ustedes yo soy de Bilbao, Planadas Tolima, donde el conflicto para nosotros si fue duro; nosotros nacimos y casi morimos dentro del conflicto, entonces nosotros allí no nos metimos al páramo cuando conocimos el parque. Los primeros estudios del parque se hicieron en 1976 y resulta que nosotros llegamos por ahí a la parte alta hacia el año 1993 a trabajar por la situación económica que teníamos, no podíamos dejar morir de hambre a los hijos y mucho menos nos íbamos a venir acá a sacar basura de lo que botan los ricos aquí en Bogotá. Hasta ese momento se habían hecho estudios y eso no era parque y pusieron una carpa que incluso muchos nos fuimos saliendo porque pensábamos que era la insurgencia que estaba por ahí, pero no supimos quien era el que la había puesto. Nunca tuvimos conocimiento de que eso fuera parques u otra entidad, si sabíamos de unos estudios de unos límites que se hicieron con fotografía aérea, pero nada mas. Por el tema del conflicto, nosotros nunca supimos que eso hacía parte del que se llama hoy Parque Nevado del Huila. Y lo otro de sobre si parques sin gente o parques con gente, yo creo que lo que aquí se tiene que mirar es la necesidad de la gente, porque es que las cosas se han hecho desde un escritorio, nunca se le ha preguntado a los campesinos, y por eso es como muy fácil sacar una política, adjudicar derechos a instituciones y no se va al territorio y en esto de los parques no ha habido presencia del Estado, es el olvido absoluto. Allí el único Gobierno que nosotros conocimos fue a guerrilla, fueron ellos por los que tuvimos acceso por ejemplo a la educación. Por eso aquellos campesinos que tenemos predios por el sector Tolima, ahí nos quedamos o allí nos morimos. Hay que mirar los derechos que tenemos como campesinos quienes sostienen la alimentación a un país entero y muchas partes en el mundo. Lo otro es aclarar el comentario de que por estar en una zona de parque esas tierras no son aptas para actividades agrícolas, eso no es así porque la zona es muy extensa y no conocen allá, si son tierras productivas tanto en ganadería como en otros productos. Luego de las intervenciones de los asistentes, la moderadora da paso a los panelistas para responder las preguntas. Específicamente la pregunta de Luz Marina Arévalo se responderá al final cuando se formule la segunda pregunta definida al panel.

CONSTANZA ATUESTA

Quiero arrancar primero con lo que planteó Tito (en cuanto a la pregunta relacionada con la política de Estado), y es que cuando hacemos una distinción entre el sistema de parques y la entidad que lo administra y lo maneja podemos empezar a contestar esa pregunta. El sistema de parques está ahí y está en el territorio, ha vivido todo lo que en términos de conflictos agrarios y de tierras conocemos, entonces no es que le carguemos al sistema de parques que está en ese territorio con unas dinámicas distintas. Se trata precisamente de reconocer esa dinámica existente y que al pretender desconocerla o no cargar al sistema de parques lo que hacemos es desconocer unos derechos de una población que está allí asentada, que tiene unas condiciones y unas características distintas, sin duda buena parte del conflicto que se vive es por la tierra y en la tierra está el sistema de parques. Desde esa

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perspectiva y aceptando esa realidad se puede construir una solución integral que no venga solo de parques nacionales como entidad encargada de la administración del sistema. Cuando hablamos de una política de Estado nos referimos efectivamente a que, estando de acuerdo o no, hay un arreglo institucional que todos hemos hecho en esta sociedad. Y ese arreglo institucional de alguna manera parte, al arreglo institucional prevista en la constitución de 1991 (no a los gobiernos de turno). En ese arreglo, las decisiones no se limitan al Gobierno sino también al Congreso y los representantes que también nosotros elegimos. Que participen también los jueces, quienes son los que garantizan el ejercicio efectivo de los derechos. No me refiero a que ellos tengan que redactar la política pública; hay unas instancias, y en los esquemas de gobernanza la construcción de esas políticas tiene que ser participativas y diferencial con la finalidad de armonización de derechos. Pero efectivamente donde tenemos que ir a refrendar esa política pública es en la institucionalidad existente y desde el Congreso de la República. No creo necesario tener una definición de campesino para el efecto, pero si es pertinente tener una caracterización de las diferentes situaciones en las que nos encontramos para poder atender de manera diferencial y justa cada una de las situaciones de permanencia de los diferentes habitantes. Fíjense lo que ha costado la definición de la declaración de los derechos campesinos de las Naciones Unidas o la definición en el marco del censo; pero cuando empezamos a mirar las tipologías y tratamos de identificar esos derechos y esas condiciones de vulnerabilidad que buscamos proteger y salvaguardar igualmente, creo que podemos encontrar mayores acuerdos que desacuerdos.

CESAR JEREZ Frente a la definición de campesino, yo creo que si es una necesidad que tiene que ver con el mismo reconocimiento de los derechos campesinos. Así lo planteamos durante el paro agrario al Gobierno, de cara al censo agropecuario. En ese momento el Gobierno respondió que no se podía, pero que en el siguiente que estamos en curso (censo nacional) que se realizaría, el Gobierno incumplió nuevamente, entramos en una puja, y el resultado de esa puja es que tampoco se incluyó al campesino en este censo. Sin embargo, se avanzó en que el Gobierno solicito un concepto sobre lo que es un campesino y ese concepto se formuló un grupo de expertos, el ICANH y es un documento que por primera vez hace referencia a ese sujeto. Es un instrumento que sirve para que en su momento se haga cumplir el compromiso que desafortunadamente no se ha cumplido. Frente a la frontera agrícola hay que decir que a las organizaciones campesinas se sorprendieron mucho cuando conocieron el documento de la UPRA, en un evento sobre zonificación ambiental. Conocer que las escasas siete ZRC constituidas quedan por fuera de la frontera agrícola. Ese ejercicio que en parte surge del proceso de la reforma rural integral se vuelve un problema también, como lo es también la delimitación de los páramos y la ley de páramos. Por eso yo decía en mi anterior intervención que no debemos seguir haciendo más de lo mismo. Pretender solucionar un problema que es estructural y que tiene que ver con los conflictos territoriales que atraviesan los campesinos en parques, en zonas de páramos, en zonas de ley 2ª con mas instrumentos de ordenamiento que no van a tener ninguna función es empeorar más la situación y eso no tiene sentido. Considero que la frontera agrícola y su delimitación, se vuelve un problema más para los campesinos del país.

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JUAN CARLOS RIASCOS

Quiero mencionar que mientras no haya diálogo y un acercamiento e intercambio de conocimientos siempre un planteamiento de una entidad del nivel central es un conflicto frente al planteamiento o el enfoque de vida en el nivel territorial. Pero el camino está en el diálogo y en entender las lógicas de cada uno. Simplemente les digo a quienes están en el nivel territorial: la sociedad en este país está vinculando poblaciones antes excluidas con poblaciones que tienen acceso a bienes y servicios de una manera confortable como cualquier ciudadano “civilizado” por llamarlo así, pero son estas nuevas consideraciones ambientales los que los están enlazando y eso es una oportunidad a sabiendas de todo el conflicto que hay encima. Pero es una oportunidad porque si yo vivo en un páramo y en razón al agua que ya no se infiltra y que ya no nace o al carbono que no se acumula en el páramo (en fin) y tengo una cantidad de gente que puede estar dejando de percibir un beneficio, como enlazo mi necesidad (como productor, padre, madre de familia) con una población que abajo está consumiendo agua y que necesita de los servicios ambientales de un páramo. Allí es donde debe resolverse el asunto. Claro, en la mitad hay un conflicto, y es que, si no hay una transicionalidad, si no hay un diálogo, si no hay un propósito acordado pues las cosas van a ser difíciles, pero es una realidad innegable que hay cosas en tensión, entre una población que ha crecido tanto en las zonas donde se ofrecen estos recursos naturales como en las zonas en donde se reciben, pero no hay una conexión. La conexión siempre han sido los impuestos, la política, una política desconectada, por ejemplo, una política agropecuaria en el páramo que está completamente desconectada de las políticas ambientales que tienen que ver con el agua; o el instrumento específico, ya se están dando los primeros pasos para crear unos instrumentos diferentes. Pero ha sido por esto, por cerrar la frontera agrícola, por trabajar en beneficio de las poblaciones que surten de los recursos a los que están en los páramos pero que no vemos y entender eso como habitante territorializado es muy útil. Yo quiero entender que yo no solo me estoy beneficiando aquí con mi finca, sino qué impacto tengo y abajo el que está recibiendo en la llave simplemente porque paga una cuenca también entenderse cómo está viviendo la gente arriba. Ahí hay una oportunidad que en otros países ha sido muy desarrollada pero aquí en Colombia estamos dando los primeros pasos.

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SEGUNDA PARTE: TEMA ZONAS DE RESERVA CAMPESINA.

La moderadora retoma la conversación haciendo referencia a la siguiente pregunta, y pide a Alejandra Vega de la FAO y a Alexander Rivera de la ANT iniciar con la respuesta a la pregunta que lee textual. Pide a los demás invitados, complementar las respuestas si lo consideran necesario. ¿Cuáles podrían ser los aspectos más relevantes y el rol que jugarían las ZRC en el propósito de convertirse en instrumentos adecuados (acceso a tierras y ordenamiento territorial) que permitan coadyuvar en la solución, mitigación o gestión de los conflictos socio-ambientales generados por la presencia de comunidades campesinas o locales en áreas del SINAP? En tal sentido, ¿qué recomendaciones concretas pondrían formular? La moderadora aclara que las ZRC como áreas con función amortiguadora es parte de los acuerdos de la Mesa de Concertación Nacional; por ello esta pregunta va dirigida a la ANT y la FAO que acaban de producir una publicación sobre el tema, ALEJANDRA VEGA Es una pregunta un tanto difícil de responder. Antes de contestar voy a contextualizar un poco el trabajo realizado con la ANT sobre las ZRC en donde respondemos, de alguna manera, a esa pregunta, pero que además nos articulamos muy bien a lo que los demás invitados a este panel han estado expresando. Lo primero que tengo para decirles es que este proceso de evaluación de ZRC comenzó a finales de 2016 y fue un proceso arduo, de mucha concertación que se realizó de manera conjunta con ANZORC, la ANT y FAO en donde hubo muchos espacios de diálogo y concertación para definir cómo se iba a hacer esa evaluación. Se hizo una propuesta para realizar dicha evaluación desde un enfoque ecosistémico dado que, como mencioné en mi primera intervención, los territorios “están vivos” y llenos de relaciones y no podemos pensar que el territorio es abstracto y solo lo vemos cartográficamente, sino que allí hay un montón de gente con un montón de relaciones, que no son solo entre ellos, sino también con las autoridades del nivel central y a nivel nacional. En ese enfoque ecosistémico analizamos básicamente la figura de ZRC con las seis zonas constituidas en el momento en el que se firmó el convenio de cooperación técnica, las directrices voluntarias de gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques y la reforma rural integral. Estos fueron los pilares del análisis. Se planteó realizar una evaluación de tipo plural, porque queríamos que todos los actores estuvieran ahí; de tipo intermedio porque no es una evaluación final de la figura, sino es una evaluación de una figura que todavía está en curso y que puede tener muchos aportes a partir de este ejercicio para la política de Estado de la que ha hablado Constanza anteriormente. Este estudio fue planteado en términos formativo, ¿por qué? Porque más allá de los ríos de tinta que corrieron en esto, lo más interesante para nosotros era saber desde los territorios cuales eran las experiencias significativas de cada una de las ZRC y esas experiencias significativas hablan de esos mecanismos de ordenamiento del territorio.

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En este estudio se analizaron normas, las competencias, la articulación interinstitucional, los temas de formalización y los temas productivos. En el tema normativo encontramos la dispersión de competencias que existen no solo en materia de planificación y ordenamiento del territorio; muy interesante lo que plantea la ANT con los planes de ordenamiento social y productivo de lo rural, pero también están los planes que plantea la UPRA, pero también están los planes de ordenamiento territorial que se tienen que plantear en cada municipio y todos están vigentes, jugando un papel en los territorios, además están los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) encontrados en el análisis de la reforma rural integral. Hay una dispersión en materia de planificación, de intervención en los territorios que persiste y es interesante hacer el balance para saber cuánto hay, dónde está, quiénes tienen las competencias, pero el planteamiento que hace Constanza es interesante para plantear en el escenario de una política pública como se recogen competencias o hasta dónde se puede participar en procesos en los mismos territorios. Y allí hablamos de las entidades del nivel nacional, pero también de los inspectores de policía que tienen competencias, también de los jueces municipales y los jueces promiscuos que tienen competencias y que muchas veces quieren realizar titulaciones vía sentencia judicial con los bienes del Estado incluidos los parques nacionales. Encontramos diversidad de instrumentos y una expedición normativa abundante, asociada a contextos internacionales, que luego no se cumplen o que no se articulan. Por eso el llamado que hace Constanza, en el marco de la nueva política pública, que se articule todo a una acción. Lo que más encontramos fue la desarticulación de las decisiones que se toman en el nivel central y los territorios. Muy importante el llamado que hace el sr. Riascos sobre la participación, no es un tema menor ni formal de listas de asistencia; es un tema que hay que desarrollar. A partir del trabajo realizado en las seis ZRC, encontramos que lo más significativo para ellos, en muchos de los casos, es que han estado solos en los territorios, arrinconados por el conflicto y en otros lograron su articulación con los municipios y con las formas de gobernanza municipales. Por ejemplo, en el caso de Cabrera (Cundinamarca), encontramos que el plan de desarrollo sostenible había hecho parte de los planes de gobierno de uno de los alcaldes. Para el caso de la Asociación Campesina del valle del río Cimitarra y del Pato Balsillas, que ellos a partir de cuidar su propio territorio se han convertido en una frontera contra la deforestación y han logrado cerrar la frontera agropecuaria; todo esto a partir de sus propios acuerdos para vivir en los territorios. Específicamente para el valle del río Cimitarra tienen la experiencia de la “línea amarilla” una especie de delimitación hecha por la misma comunidad de 60.000 hectáreas para conservación de la comunidad donde han logrado involucrar a los jóvenes a través de campamentos de memoria para reconstruir su memoria histórica pero además para proteger su territorio. Estos procesos han sido acompañados, en algunos momentos, por parques nacionales naturales. En este territorio, se encontró una capacidad para ejecución de recursos internacionales muy importante y que han llegado proyectos a la zona logrando financiación y cofinanciación con administraciones locales de muchos de los proyectos productivos que hoy tienen.

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Encontramos también en el caso de Pato Balsillas una relación muy interesante entre los diferentes grupos de población con asociaciones de jóvenes de mujeres que están en los territorios y que han logrado también detener el fenómeno de la deforestación Para el Guaviare, que es un territorio muy grande, con diversas figuras ambientales, que hay una relación muy interesante entre las asociaciones de jóvenes que hacen parte del área manejo especial y del distrito de manejo integrado, quienes han hecho un ejercicio muy interesante de protección de su territorio a partir de sus propias experiencias. Con estos hallazgos en el estudio realizado si le encontramos muchas posibilidades de ser una figura de ordenamiento social de la propiedad rural, incluso desde su misma fuente normativa (Ley 160) para no irnos muy atrás, solamente pensando en esta ley y su decreto reglamentario y luego en el Acuerdo 24 pues allí hay muchos elementos para que la figura sea una figura de ordenamiento social de la propiedad, porque además es creada en zonas específicamente pensadas en colonización, en zonas donde hay ya suficiente disposición de terrenos baldíos, pensada como una figura que además iba a hacer freno a la concentración de tierras y por eso su gran potencial para poder cerrar la frontera agropecuaria. ALEXANDER RIVERA Complementando un poco lo que plantea Alejandra, efectivamente las ZRC han tenido una lucha importante desde el movimiento campesino, pero ha sido estigmatizada en algunos aspectos, muchos de ellos ciertos, esto no obedece a la generalidad del territorio. Cuando iniciamos el estudio encontramos situaciones; por ejemplo, 1) que en algunas de las ZRC hay cultivos de coca, pero en las otras zonas, por fuera, también hay cultivo de coca; 2) que en las ZRC había una presencia fuerte de las FARC, pero cuando uno revisa dónde están las ZRC, éstas también se encuentran en esa zona “oscura” del país, donde el Estado no llegó, donde no ha llegado y donde esperamos que llegue. Pero aparte de encontrar esto, también uno encuentra un potencial social muy importante, de una base social organizada, cohesionada, que tiene claro para dónde quiere ir. Cuando uno revisa los planes de desarrollo sostenible de estas áreas, uno encuentra que las comunidades campesinas tienen claro hacia dónde quieren ir como sociedad, como grupo, como movimiento y tienen unas políticas internas muy arraigadas frente a la conservación también, y no como muchos piensan y es que el campesino es enemigo, es el destructor de la conservación. Este tipo de documentos tiene claramente definidos dónde son las zonas de conservación, sus zonas de producción, su movimiento social, su imparcialidad aciertas discusiones política. Tal como lo menciona la ley, estos instrumentos, desde la ANT, los hemos impulsado en el marco del Decreto 2363 de 2015 donde tenemos la función de delimitar y constituir ZRC. Hace poco en el un conversatorio con Alejandra Vega planteamos que esto no es suficiente; podemos delimitar, constituir, incluso hemos hecho unos esfuerzos en formalización de estas zonas de reserva, pero no es suficiente. Estamos a la espera de pasarle a alguien “la posta” porque hay que desarrollar esos territorios, equiparlos porque los índices de vulnerabilidad al interior de las ZRC siguen siendo muy altos en términos de conectividad, de salud, de

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educación, de productividad, de encadenamientos productivos, de modelos de producción sostenibles, ellos ya lo tienen escrito, pero están esperando eso de nosotros, pero no ha llegado el Estado. Frente a lo que plantea la pregunta de qué tan estratégico son las ZRC frente a las áreas protegidas cuando uno revisa la cartografía para ver donde están, hay algunas de estas zonas que incluso se convierten en la franja amortiguadora de los parques. Ahí, hemos estado trabajando, los planes de desarrollo sostenibles se acoplan perfectamente a lo que uno espera de una zona de amortiguamiento; ya hay alguna experiencia con PNN y hacia allá debemos avanzar. El tema del conflicto, como lo mencioné hace un momento, vuelve a hacer presencia, vuelve a estar con una dinámica importante y seguramente va a estar en el territorio de las ZRC, pero como figura de ordenamiento creo que tiene todas las connotaciones y variables para convertirse en un buen instrumento de planificación territorial, pero es necesario que el Estado llegue de forma articulada, no ha pasado, no está pasando y esto impide que se puedan desarrollar dinámicas diferentes a lo que plantea un plan operativo del nivel nacional. Todas las entidades saben lo que tienen qué hacer, pero a la hora de definir quién es el responsable de ejecutar las acciones y qué recursos hay para eso, hasta ahí llega la planificación, no hay quien se haga responsable porque hay un plan diseñado desde el nivel central o a un POA que tiene que cumplir y que de ahí no se pueden salir. Cuando uno interactúa con un campesino o un líder social, la respuesta es “no nos diagnostiquen más, estamos sobre diagnosticados” todos saben qué pasa en el territorio, pero no se llega al accionar articulado. Las zonas de reserva campesina si puede ser un aliado permanente para las áreas protegidas de Colombia porque hay una base social comprometida con una claridad de hacia dónde quieren ir, incluso en temas ambientales, pues colindan con las áreas protegidas. CAROLINA JARRO Frente al planteamiento de las ZRC, así como de los territorios agroalimentarios y las zonas de reserva natural que existen en las zonas de parques para nosotros son una apuesta totalmente interesante y una propuesta que ayuda en el ordenamiento del territorio para frenar las presiones de la producción intensa que vienen hacia las áreas del sistema de parques. Eso lo hemos planteado. Por ejemplo, en el caso del Pato Balsillas, es interesante ver cómo efectivamente la misma gente regula y controla la entrada a la cordillera de los picachos, pero también como la gente ha logrado una gestión interesante para conservar su territorio y mantener la conectividad y realizar apuestas claves desde la parte de la producción agrícola y pecuaria. Finalmente, eso es lo que se espera de las áreas que funcionan como amortiguadoras, que cumplan esa función de buffer, que ayude a frenar buena parte de las presiones sobre las áreas protegidas. Frente a las recomendaciones es muy importante pasar del ejercicio de la reclamación al ejercicio de construcción; un ejercicio de construcción que nos permita mostrar que efectivamente es posible construir una política de Estado, teniendo en cuenta que el Estado también es la sociedad civil, en donde todos deben estar involucrados en la solución del

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problema que tienen las áreas del sistema de parques nacionales y también esa población campesina que está allí. Eso nos debe llevar a que, incluso, a partir de las diferencias podamos construir soluciones alternativas que permitan en un tiempo no tan largo mostrar resultados y que la conservación con las poblaciones es posible y que la conservación también genera mecanismos económicos que le permiten a esa población en las áreas tener una vida digna. ALEJANDRA OSEJO Lo primero es que en términos generales estoy de acuerdo con las dos intervenciones anteriores, y sobre la posibilidad de vincular a las ZRC como una oportunidad en términos generales para la gobernanza ambiental de territorios campesinos. Junto con ANZORC el Instituto Humboldt ha venido trabajando precisamente en unos ejercicios de análisis de cómo las ZRC funcionan como contención de la expansión de la frontera y de control a la deforestación. Gran parte de este ejercicio se basó más en identificar cuáles eran esas experiencias, más allá de aquellas que están constituidas, y que sirven como una alternativa de conservación. Se encontraron a la fecha de este trabajo 64 zonas de reserva campesinas propuestas, que incluye aquellas que están constituidas (6), siete que están en trámite y el resto que son iniciativas y experiencias organizativas campesinas que se proponen o que se plantean entre sus objetivos algún día ser constituidas y reconocidas por el Estado. Para el Instituto, éstas pueden plantearse como oportunidades de conservación y de uso sostenible de la biodiversidad y gran parte del análisis que hicimos lo que quiere resaltar es que estas ZRC están definitivamente estrechamente vinculadas tanto con ecosistemas estratégicos como con áreas de parques nacionales u otras áreas protegidas. Los datos que les puedo compartir hoy es que al menos 13 de esas 64 ZRC colindan con parques nacionales, al menos otras seis colindan con áreas protegidas de carácter regional y ocho están relacionadas directamente con páramos. Esto para nosotros es una oportunidad de gobernanza en estas zonas que vincule la participación de manera efectiva en la toma de decisiones y una potencialidad muy grande que tiene esta figura para enfrentar algunos conflictos asociados al uso y al manejo. Lo anterior no quiere decir que no reconozcamos los retos que implican estos planteamientos, sabemos las dificultades que ha tenido la constitución de estas figuras en los últimos años, desde 1994 cuando se promulga la ley 160 hasta ahora se han logrado solo seis constituciones y muchas han batallado y siguen batallando por lograr esa constitución con retos hoy bastante graves como aquellas seis que están relacionadas directamente con páramos y que se enfrentan al tema de la delimitación de las áreas y la limitación de actividades. Hay mucho por hacer al respecto, pero también es importante reconocer algunos instrumentos que se empiezan a vislumbrar como posibilidades como la resolución de zonificación que abre unas oportunidades muy importantes para el trabajo con comunidades campesinas en páramos, partiendo del diálogo de saberes y de la búsqueda de alternativas comunes para esa zonificación y la ley de páramos que aunque tiene algunos puntos que

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pueden generar tensiones, también puede abrir la posibilidad para relacionarse de forma diferente. CONSTANZA ATUESTA Yo solo quiero plantear una reflexión que surge, no he revisado la evaluación, me parece muy interesante conocer los resultados, pero cuando uno mira los orígenes de esas zonas de reserva campesina y mira la reglamentación inicial creo que si nos dan una lección no solamente para el tema de los conflictos que tenemos en las áreas del sistema de parques nacionales, sino una lección que nos deja y nos debe llevar a reflexionar frente al tema de los instrumentos de planificación y ordenamiento que tenemos. Cuando uno revisa el decreto que hoy regula las ZRC primero hablaba de “un instrumento de ordenamiento” y el decreto lo firmaban Ambiente y Agricultura es decir siéntense juntos; y una de las causas en las que podemos identificar que incrementan los conflictos es la cantidad de instrumentos de ordenamiento que hay en un territorio. Cada uno de los sectores, crea su propio instrumento; entonces hablamos por ejemplo del ordenamiento ambiental del territorio, del ordenamiento minero, del ordenamiento social y productivo y cada uno está generando sus planes sobre el mismo territorio. De alguna manera eso implica que la comprensión de las dinámicas territoriales se enrede en los ejercicios de articulación de cuanto instrumento de ordenamiento tenemos. Y esta reflexión debe arrancar desde el mismo sector ambiental que es el que creo más instrumentos tiene, solo 65, y aquí el planteamiento tiene que ser “sentémonos a hacer el planeamiento juntos” y no cada uno desde su visión parcializada donde cada uno dice “entrégueme su mapa y yo hago mi mapa” y terminamos haciendo “mapas” que cuando bajan al territorio pues no funcionan. Esta es una lección interesante de las ZRC, no quiere decir con ello que el planteamiento inicial no se haya ejecutado o que tengamos los planes de desarrollo de estas zonas perfectos, pero si en el espíritu filosófico de siéntense y definan el ordenamiento de un territorio juntos y no desde visiones totalmente distintas. ALEXANDER RIVERA Aprovecha para hacer una acotación sobre la ZRC del Pato Balsillas, en la incoherencia que se da en términos interinstitucionales de las decisiones que se toman en el territorio. Cuando uno dice que Pato-Balsillas es un ejemplo en términos de conservación es porque hay unas coberturas boscosas que a pesar del tiempo de las zonas de reserva campesina se han mantenido, y eso tenía un polígono, una resolución que deja en firme la constitución de esta zona de reserva campesina; pero ahora después de muchos años, se toma la decisión desde el Ministerio de Ambiente de revocar esa resolución y darle otro alcance al polígono afectando a la comunidad que no porque la resolución estuviera distinta el bosque estaba o no estaba. Esas incoherencias de las instituciones frente a lo que pasa en los territorios y está afectando mucho porque se afectó casi la mitad del polígono, donde ya existían algunos procesos de formalización, de subsidios, de otros temas que se estaban dando allá pero con la modificación del polígono esto se complica y la comunidad, con toda la razón, dice no es justo

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que ahora nos quiten casi 54.000 ha., porque “se acabaron de dar cuenta que habían bosques tipo A”. Es urgente que lo que menciona Constanza de sentarse a construir y a pensar juntos, a revisar esos instrumentos de planificación pues de no hacerse, sucede lo que acabo de mencionarles en el territorio. JUAN CARLOS RIASCOS Yo solamente quería celebrar que si, si la titulación de tierra contribuye a cerrar la frontera agrícola, a cerrar la expansión como tal, pues hay que revisar el estudio, pero si en el Pato-Balsillas eso funcionó, la pregunta es ¿por qué funcionó? La titulación ¿qué papel jugó, como zona de reserva en conjunto? Y también ¿qué otros instrumentos se adicionaron o se integraron que hicieron que allá si funcionara? Miremos lo de Guaviare, miremos las otras, pero ahí funcionó, entonces ¿por qué funcionó? Estábamos diciendo, ¿será que la titulación de la tierra frena frontera agrícola? Si, pero no solo por eso. Eso solo no funciona. Hubo un proceso que se culmina en el año 97 en parques, y luego ustedes acaban de probar que eso si funciona; luego hay que seguir por ese camino. Pero ¿qué fue lo que si funcionó y lo que no funcionó? Pues hay que mirar otras experiencias donde quizás eso no haya funcionado. Y la otra cosa es que dicen que hay 60.000 ha., en Cimitarra, porque los campesinos tomaron una decisión. Este es otro aliciente, optimista, de que por más que haya una conciencia productiva de eficiencia productiva en grupos campesinos, que los hay, la pregunta es ¿por qué tomaron la decisión de dejar 60.000 ha.? Ese es el optimismo que nosotros necesitamos aquí para avanzar. Por pequeñas que parezcan las cosas, si uno mira desde la gobernanza ¿qué fue lo que pasó? Eso ilustra, relaja a las preguntas que hacía Tito, de si de verdad la reforma rural integral del punto 1 del Acuerdo de Paz va a ir en parques, o no va a ir, cómo va a contribuir. Volvemos al tema del principio ¿se puede hacer algo con sistemas sostenibles? ¿Se puede hacer algo con conservación involucrando la población? Claro que se puede. Ya no es solo un asunto impensable de una política de arriba para abajo, sino que hay iniciativas que están funcionando de abajo para arriba. Y esto para decir, y culmino, que el mismo desafío que tiene lo que llamamos hoy “sector ambiental” también está en agricultura. Hay ejemplos de productores orgánicos que quisieran tener una política de producción orgánica y no existen instrumentos diferenciados y es un caso y digamos 500 de 4.000 toneladas de arroz salen orgánicas, pero examinen ¿por qué? ¿Por qué están trayendo aviturismo a los cultivos de arroz? y si está funcionando. O un cultivador de caña que a la vez tiene un sistema silvopastoril y el día que uno vea la imagen pensaría que eso está en la mitad del Vaupés y resulta que está en la mitad de Valle del Cauca y tiene 4 animales por hectárea debajo de árboles, y tiene un bosque con biodiversidad al lado de una carretera Panamericana. O sea, la gente tiene iniciativas, hoy, la ganadería sostenible es un término que llegó a un Plan de Desarrollo; eso era algo impensable hace 30 años, como así que ganadería “sostenible” con todos los defectos, está en un Plan de Desarrollo ya hay una NAMA de cambio climático en ganadería, hay todo un proyecto del Fondo Biocarbono con el tema de ganadería en la Orinoquia; luego el uso sostenible que era impensable para el tema de ganadería hoy está en un Plan de Desarrollo, hay indicadores, por el cual sancionan

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funcionarios que no hayan avanzado en ese plan. Entonces hablar del uso sostenible en la conservación no es una utopía, se puede lograr y ojalá se progrese con eso.

CONCLUSIONES DEL CONVERSATORIO Muchas gracias a los panelistas, estas últimas experiencias nos llenan de esperanza al conocer lo que está sucediendo en otros lugares y que esta política podría tener como referente para reflexionar y analizar las diferentes posibilidades. En este último tema, las ZRC, por las investigaciones que han hecho tanto en el estudio de FAO y la ANT se identifican como una posibilidad. La Dra. Carolina lo ratifica porque también reitero que fue tema de discusión en la MCN de trabajar alrededor de las ZRC por la contribución que hacen a los dos propósitos: la conservación y el bienestar de las comunidades. Estas zonas también reclaman atención por parte del Estado y representan retos en cuanto al ordenamiento y las figuras de ordenamiento y definitivamente son un buen ejemplo para revisar más a fondo e incorporar en los desafíos que se tienen. No todas las ZRC están en las mismas condiciones, hay unas que ofrecen unas alternativas que vale la pena considerar. Los aportes de los invitados han permitido establecer que una política de Estado no es una política de Parques Nacionales o de un sector, sino que es del Estado con todos las partes que lo componen; ella debe asimilar la realidad como lo expresaron varios de los panelistas. Es fundamental armonizar esos conflictos que hay entre la conservación y los derechos de las comunidades, en este caso de los campesinos. Debe además tener un enfoque diferencial por todas las dinámicas de los territorios, dicho enfoque se puede obtener a partir de la caracterización de las realidades para atender de manera justa y equitativa los intereses que se presentan. Otro aspecto relevante es la vinculación de la academia y los institutos de investigación que pueden apoyar la generación de información y conocimiento, capacidad porque como se mencionó reiterativamente, mantener el diálogo es importante. Igualmente, la interlocución entre los distintos niveles (local, departamental, nacional) que se viene abordando no solo desde las organizaciones sino también entre instituciones. Instrumentos como el PSA, compensaciones son avances importantes, pero se requiere pensar en otros mecanismos que compensen beneficios para retribuir a las poblaciones o a quienes resguardan los servicios ambientales. Finaliza retomando el término mencionado por la Dra. Carolina “parquesinos”, como a través de esta figura se puede avanzar en los lineamientos de manejo dentro de las áreas protegidas. Lo anterior tiene que ver en considerar aquellas experiencias tanto dentro de los parques, como fuera de ellos, de poblaciones campesinas que aportan a la conservación en distintas figuras de protección.