Una guerra inútil - tni.org · Europa y el Plan Colombia Documento de Debate No.1,abril 2001 ... sentaría unos 3,5 millones de dólares al mes a la banda al mando. El ataque y el

T R A N S N A T I O N A L

DOCUMENTOS DE DEBATE

NOVIEMBRE 2004

no 11

T N I B r i e f i n g S e r i e sNo 2004/8

Prog rama Drogas y Democrac ia

T

N

I

U n a g u e r r a i n ú t i lDrogas y violencia en el Brasil

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 1

T

N

I

I N D I C E

● Editorial 3

● Mapa 6

● El Brasil rural: Cannabis y Violencia 7◆ Recuadro: La ayahuasca◆ Diagrama

◆◆ Incautaciones en las regiones del Brasil◆◆ Tasa de homicidios en el SMSF

● Nueva ley de drogas: avances limitados 17◆ Recuadro: Reducción del Daño

● El Brasil urbano: narcotráfico y violencia 16◆ Recuadro: Escuadrones de la muerte

◆◆ Cárceles y surgimiento de facciones◆◆ Jogo do Bicho◆◆ Incursión militar

◆ Diagrama◆◆ Tasa de homicidios en Río de Janeiro◆◆ Armas incautadas en Río de Janeiro◆◆ Desaparecidos en Río de Janeiro◆◆ Organización del negocio de las drogas en las

favelas

● Conclusión y Recomendaciones 26

● Fuentes y Referencias 27

AUTORESJorge Atilio Silva IulianelliLuiz Paulo GuanabaraPaulo Cesar Pontes FragaTom Blickman

EDITORAAmira Armenta

TRADUCCIONFrancisco Lima

DISEÑOJan Abrahim VosLogo Drugs & Conflict:Elisabeth Hoogland

IMPRENTADrukkerij Raddraaier,Amsterdam

CONTRIBUCIONES FINANCIERASMinisterio de AsuntosExteriores(Países Bajos)

CONTACTOTransnational InstitutePaulus Potterstraat 201071 DA AmsterdamPaíses BajosTel: -31-20-6626608Fax: [email protected]/drugs

Los contenidos de estedocumento pueden ser citadoso reproducidos, siempre que lafuente de información seamencionada. El TNI agradeceríarecibir una copia del texto enel que este documento seausado o citado.Para mantenerse informado delas publicaciones y actividadesdel TNI, le aconsejamossuscribirse a nuestro boletínquincenal, enviando unasolicitud a: [email protected] oregistrándose en www.tni.org

Amsterdam, Noviembre 2004

Europa y el Plan Colombia Documento de Debate No. 1, abril 2001

Fumigaciones y Conflicto en Colombia.Al calor del debateDocumento de Debate No. 2, septiembre 2001

Afganistán, drogas y terrorismo. Fusión de guerrasDocumento de Debate No. 3, diciembre 2001

Desarrollo alternativo y erradicación. Un enfoque desequili-brado Documento de Debate No. 4, marzo 2002

Polarización y parálisis en la ONU. Superando el impasseDocumento de Debate No. 5, julio 2002

Agenda para Viena. Cambio de rumboDocumento de Debate No. 6, marzo 2003

Desarrollo alternativo y conflicto en Colombia.A contraviaDocumento de Debate No. 7, junio 2003

Centros Operativos de Avanzada - FOLDocumento de Debate No. 8, septiembre 2003

Drogas y conflicto en Birmania. Los dilemas de las respuestaspolíticasDocumento de debate n. 9, diciembre 2003

Movimientos cocaleros en el Perú y Bolivia. - ¿Coca o muerte?Documento de Debate No. 10, abril 2004

Todas las ediciones de la serie están disponibles en el sitioweb en inglés y castellano:www.tni.org/reports/drugs/debate.htm

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 2

T

N

I

D r o g a s y C o n f l i c t o n o 1 1 - N ov i e m b r e 2 0 0 4 3

E D I T O R I A L

n la madrugada del viernes santo de2004,un grupo de 60 miembros de unapandilla,vestidos de negro con chalecosantibalas y portando armas automáticas

de asalto salió de la favela de Vidigal en Río deJaneiro en dirección a una de las avenidas másimportantes del centro de Río. Allí se apode-raron de varios carros,pereciendo en la acciónuna mujer que no fue lo bastante ágil en laentrega de su vehículo. A continuación, la pan-dilla se dirigió hacia la favela vecina de la Rocin-ha en donde atacaron a una banda rival con elfin de arrebatarle el control de la boca de fumo– nombre que se da a los puntos de ventas demarihuana y cocaína al por menor - más lucra-tiva de la ciudad. Este punto de venta le repre-sentaría unos 3,5 millones de dólares al mes ala banda al mando.

El ataque y el despliegue policial que se exten-dió hasta el lunes siguiente, cuando más de1.200 policías militares asaltaron las favelas enun intento por interrumpir la disputa,arrojaronun saldo de diez muertos entre observadoresinocentes, miembros de pandillas y policía. Losdisparos entre las pandillas y la policía dividie-ron Río en dos durante la Semana Santa, debi-do a que las dos favelas se encuentran a amboslados,dominando las principales calles que divi-den los barrios más ricos de la ciudad. Mien-tras los bien acomodados habitantes del sur sepreocupaban sobre cómo iban a hacer para ira trabajar la semana siguiente,muchos habitan-tes de la Rocinha – uno de los tugurios más gran-des de América Latina con cerca de 150 milhabitantes – no pudieron ni siquiera llegar a suschabolas ese fin de semana.

Los disparos todavía no cesaban cuando elgobernador adjunto del estado de Río, LuizPaulo Conde,propuso cercar varias favelas conun muro de tres metros de alto, ante el temorde que la violencia se aproximara demasiado alconfort del Río acomodado. La propuesta sus-citó numerosas críticas – lo que se necesitabano era un apartheid social sino inversión en lascomunidades desfavorecidas – debiendo serretirada rápidamente. De todos modos, sirviópara dejar al descubierto una cierta actitud de

parte de las autoridades.Las favelas se encuen-tran simplemente en el abandono,creándose unvacío de poder que ha sido llenado por las pan-dillas que han encontrado una gananciosa fuen-te de financiación en la industria ilícita de lasdrogas.

Los niveles de violencia de Río son compara-bles a los de una zona de guerra. Las muertesanuales de jóvenes menores de 18 años porarmas de fuego superan las que se producen enregiones famosas por sus conflictos, comoSierra Leona o Colombia. En el conflicto isra-elo-palestino, por ejemplo, entre 1987 y 2001murieron 467 menores como resultado de vio-lencia relacionada con armas. En el mismoperíodo, solamente en el estado de Río murie-ron víctimas de armas de fuego 3.937 jóvenes,según un estudio sobre jóvenes involucrados endisputas de facciones en zonas de drogas.1Además,muchos habitantes de las favelas vivende hecho en territorios ocupados, dominadospor auto erigidos jefes de bandas, en medio dela casi total ausencia de un estado que procu-re seguridad y adecuadas condiciones socialesy de vivienda.

Brasil es el segundo país en el mundo en con-sumo de cocaína después de EEUU, y las dro-gas alimentan los problemas sociales, la crimi-nalidad y la violencia que sufre el país. En Ríohabría una diez mil personas dedicadas a la dis-tribución local de drogas. Según un estudio dela Organización Internacional del Trabajo (OIT),muchos de ellos son niños,2 provenientes de lomás pobre de entre los desposeídos. La mayo-ría de ellos entran y se quedan en las pandillaspara obtener prestigio, poder, y ganar dineropara bienes que de otro modo no podrían com-prar. Estos chicos viven como en constanteestado de ebriedad por la adrenalina que lesgenera la práctica cotidiana del narcotráfico,gozando de los disparos con la policía o con lasbandas rivales, y haciendo alardes de fuerza yde valentía. El vínculo con la pandilla es un fac-tor importante,y luego de cierto tiempo,es casiimposible abandonar la red social porque sabendemasiado y porque son identificados por losgrupos rivales y por la policía. Algunos ingre-

1 Child Combatants in Organized Armed Violence, Luke Dowdney, ISER/Viva Rio, Rio: 2002.2 Children in Drug Trafficking:A Rapid Assessment, Jailson de Souza e Silva and André Urani, International Labour Organization, InternationalProgramme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Geneva: 2002.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 3

san a la banda ya desde los ocho años. Lamayoría habrá muerto antes del primer año desu ingreso.

A este problema se le suma el de la ampliacorrupción policial y la colaboración descara-da con las bandas de narcos, así como la exce-siva violencia policial. De acuerdo al sociólogoGT Moreiro Monteiro, la lucha contra la vio-lencia en Brasil se caracteriza por la brutalidade irrespeto a los derechos humanos por partede las fuerzas policiales que operan impune-mente.3 La ‘guerra al crimen’ ha conducido sola-mente a un escalamiento de la violencia, por loque se podría concluir que ésta no deberíadejarse en manos de las fuerzas de seguridad,a menos que se haga una reforma exhaustivadel cuerpo policial. Debi-do al fracaso de la policíafrente a la violencia,ahorase está enviando a losmilitares a las favelas.

Pero no solo los centrosurbanos del Brasil estánpadeciendo altos nivelesde violencia. En lo que seconoce como el ‘polígonode la marihuana’ en losestados de Pernambuco y Bahía, los niveles deviolencia son a veces más altos debido a las bru-tales disputas por la tierra,y a los conflictos rela-cionados con el cultivo ilícito de la marihuana.De acuerdo a cifras oficiales, habría 40 mil tra-bajadores rurales – entre los cuales diez milmenores - en las plantaciones de marihuana,muchos de los cuales forzados por las bandascriminales a hacer el trabajo.

En este número de Drogas y Conflicto, JorgeAtilio Iulianelli y Paulo Cesar Fraga examinanlos antecedentes de la violencia relacionada conlas drogas en las áreas de cultivo de marihua-na en el Nordeste del país, y en las favelas deRío.Luis Paulo Guanabara examina la nueva leyde drogas que se tramita en Brasil.Aunque estanueva ley representa un paso adelante al dis-tinguir claramente entre narcotraficante y con-sumidor, su alcance es todavía bastante limita-do.

Sería un error limitar el problema a la situaciónde pobreza y desigualdad que lleva a algunos arecurrir a la industria ilícita de las drogas. En2000, una Comisión Parlamentaria de Investi-gación (CPI) del comercio de las drogas reve-ló muchos casos en los que había participadogente que bien podría clasificarse como de‘cuello blanco’. El informe recomendó la sindi-cación de tres miembros del Congreso nacio-nal, varios legisladores estatales, hombres denegocios, abogados, jueces y oficiales de poli-cía en retiro, y varios alcaldes.

Brasil se ha dejado arrastrar poco a poco haciala militarizada ‘guerra a las drogas’ de inspira-ción estadounidense. Brasil es un importantepaís de tránsito para la droga producida en

Colombia,Bolivia y Perú,en su camino a EstadosUnidos y Europa.Uno delos grandes capos de ladroga, FernandinhoBeira-Mar, fue capturadoen Colombia en lo quelas autoridades descri-bieron como un canal deintercambio de drogaspor armas en el que par-ticipaban las FARC. Bra-

sil ha terminado por involucrarse en el conflic-to colombiano, compartiendo inteligencia yescalando las actividades policiales y militaresen la frontera con el fin de detener el tráficode armas y drogas, y de prevenir un desborda-miento de la violencia colombiana en el Brasil.

Recientemente ha quedado instalado en sutotalidad el Sistema de Vigilancia de la Amazo-nía (SIVAM) que usa estaciones de radar, reco-nocimiento aéreo y apoyo satelital para moni-torear el tráfico aéreo, marítimo, y la actividaden las fronteras, e interceptar comunicaciones.Originalmente constituido para salvar la selvaamazónica de los abusos a su ecosistema,ahorase usará para impedir a los aviones narcotrafi-cantes su entrada al Brasil, y para proveer infor-mación en tiempo real a las unidades de fron-tera.4 En junio de 2004, fue aprobada en el Sena-do una legislación que le permitirá a las fuer-zas armadas asumir tareas de la policía en la

T

N

I

E d i t o r i a l

4 D r o g a s y C o n f l i c t o n o 1 1 - N ov i e m b r e 2 0 0 4

3 Geraldo Tadeu Moreiro Monteiro,“As forças de insegurança”, O Globo, 23 de julio, 2004.4 “Sivam já abastece a PF com informações”, Folha de São Paulo, 2 de noviembre 2003.

Brasil se ha dejadoarrastrar poco a pocohacia la militarizada

‘guerra a las drogas’ deinspiración

estadounidense

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 4

lucha contra las drogas.En julio se aprobó la lla-mada Lei do Abate que autoriza a la fuerza aéreabrasileña a derribar cualquier avión sin identi-ficar sospechoso de transportar drogas.

La constitucionalidad de esta ley está siendocuestionada. Brasil prohíbe la pena de muerte,y aunque el gobierno tiene otros argumentos,algunos expertos legales y comentaristas man-tienen que el estatuto representa una ejecuciónde hecho de los narcotraficantes.“Los problemaséticos y jurídicos que suscita la regulación de la leydel derribo son mayores que los beneficios que apor-ta esta medida extrema”, según un editorial delperiódico O Estado de São Paulo.“Este castigo seaplicará por fuera del alcance de la justicia, por ladecisión administrativa del comandante de la fuer-za aérea, que tendrá poder para decidir sobre lavida o muerte de los miembros de la tripulación ypasajeros de vuelos irregulares”.5 Las sugerenciasdel ex secretario antidrogas Wálter Fanganie-llo Maierovitch de investigar las compras sos-pechosas de aviones y de decomisar la nave, ladroga, y detener el piloto al aterrizar no fue-ron tenidas en cuenta.

El sistema brasileño para vigilar sus fronteras yla cuenca amazónica tiene un paralelo con lainfraestructura militar que el Comando Sur deEEUU ha construido en la región por medio dela instalación de los Centros Operativos deAvanzada (FOL, en inglés) en Ecuador, Aruba yCurazao, y El Salvador. Aunque el objetivo ini-cial de los FOL era la interdicción del narco-tráfico en la región, su alcance fue ampliado aactividades contrainsurgentes y antiterroris-tas.6 La integración del sistema brasileño y delestadounidense no es sino cuestión de tiempo.

La militarización de la guerra a las drogas,espe-cialmente en los barrios pobres y en las áreasrurales, va a tener repercusiones indeseables,a menos que se diseñen cuidadosamente pro-gramas y políticas que tengan en cuenta lasegregación social y los niveles extremos dedesigualdad en el Brasil. Brasil va a verse cadavez más arrastrado a una guerra a las drogasque hasta ahora no ha logrado todavía arrojarresultados. La cocaína todavía se consigue confacilidad mientras los precios están por el suelo.

Al mismo tiempo su producción ha generadouna devastación ambiental a la que se ha suma-do la contaminación causada por las fumigacio-nes a los cultivos de coca, lo que podría afec-tar el Amazonas brasileño, a la vez que estáencendiendo aún más el conflicto internocolombiano y el malestar social en Perú y Boli-via.

El gobierno de centro-izquierda del presiden-te Luiz Inácio ‘Lula” da Silva debería intentar unnuevo enfoque para el control de las drogas,tema relacionado con los del hambre y la reduc-ción de la pobreza con los que se ha compro-metido Lula.Durante las negociaciones comer-ciales de la OIC,el Brasil demostró saber ejer-cer el liderazgo para construir coaliciones ten-dientes a reformar el actual orden económicoglobal. En su discurso en la 59 Asamblea Gene-ral de las Naciones Unidas, Lula dijo que un“Poderoso y omnipresente engranaje invisiblecomanda a la distancia el nuevo sistema. Con fre-cuencia, revoca decisiones democráticas, deshidra-ta la soberanía de los Estados, se sobrepone agobiernos electos,y exige la renuncia a legítimos pro-yectos de desarrollo nacional”. Con estas palabrasLula podría estar refiriéndose al actual régimende control de drogas que ha fracasado en hacerfrente al problema de un modo humano y quesólo ha servido para imponer políticas que ali-mentan el conflicto y la miseria.

Brasil debería seguir su propio ejemplo. El paísha resistido exitosamente la oposición de lasgrandes compañías farmacéuticas y del gobier-no de EEUU a sus políticas de reducción deldaño para adictos por vía intravenosa al comer-cializar medicamentos de producción nacionalde bajo costo, contraviniendo con esto laspatentes que impedían una política de saludpública efectiva contra el VIH/SIDA. Si el Brasilorganizara una coalición con otras naciones conposiciones similares a las suyas, podría ayudara construir una política de reducción del dañoen el área del control de drogas desde la pro-ducción hasta el consumo,una política en la queel remedio no fuera peor que la enfermedad.

T

N

I

E d i t o r i a l


5 “A lei do abate”, editorial en O Estado de São Paulo, 21 de junio, 20046Véase: Centros operativos de avanzada – FOL: más allá del control de drogas,TNI Drogas y Conflicto No. 8, Septiembre, 2003.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 5

T

N

I

D r o g a s y C o n f l i c t o n o 1 1 - N ov i e m b r e 2 0 0 4

M A PA

BRASIL

NNoorr tt ee

CCeenntt rrooOOeess ttee

NNoorrddeess ttee

SSuuddeess ttee

SSuurr

Océano Atlántico

6

Submedio San Francisco

Cult ivos de marihuana

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 6

diferencia de los países andino-ama-zónicos como Perú, Bolivia y Colom-bia,el Brasil no tiene antecedentes his-tóricos del cultivo tradicional de coca.En relación con la marihuana, aún

cuando existen registros del cultivo entre algu-nas culturas indígenas, como la tribu de losGuajajara, en el estado de Maranhão, cierta-mente no se trata de un cultivo ancestral ymilenario.Además,el empleo de mano de obrapara el cultivo de la marihuana se hace deacuerdo al modelo agroindustrial, conforme locomprueban nuestras observaciones en laregión del Submédio São Francisco (SMSF). Enefecto, los pequeños productores introducidosen las áreas de siembras o inducidos a cedersus tierras para ese fin, reciben los insumosnecesarios, teniendo al final la garantía de lacompra de la cosecha. Es la estrategia estable-cida por los empresarios y administradores dela actividad agrícola para lidiar con los peque-ños productores y agricultores.Al igual que enel esquema agroindustrial, como es el caso enesa misma región entre los pequeños produc-tores integrados en la fruticultura de exporta-ción, en general los jornales que reciben losagricultores por esta actividad, son superioresa los que se reciben en actividades que no estánintegradas.2

Quizás uno de los mayores problemas del Bra-sil es el que tiene que ver con el alto grado deconcentración de la riqueza y con el abismo dela desigualdad social. En el caso campesino, alo anterior habría que agregar la alta tasa deconcentración de la propiedad agraria.Todo esolleva a la necesidad de consolidar los derechosde las clases subalternas tanto en el campocomo en la ciudad, es decir, los sectores de lapoblación rural y urbana que se ocupan del ser-vicio manual, el trabajo pesado.3

En el Brasil, la explotación de las clases subal-ternas en las zonas rurales tiene su fuerza enla propia concentración de la propiedad,ya seapor medio del latifundio o de la explotaciónagrícola industrial. Ambas formas de explota-

ción, como registra el informe de la ComisiónPastoral de la Tierra4, se han ensañado demanera sangrienta con los campesinos. La vio-lencia en el campo, bajo la forma de asesinatode trabajadores, es una constante en la reali-dad agraria brasileña, presentándose tambiénen las regiones agroindustriales como un hechoincuestionable.Un cuadro representativo de laproblemática del campo en el Brasil, obligato-riamente tiene que incluir estos alarmantesdatos.

El Brasil es un país de 8,3 millones de km2, delos cuales más del 80% es espacio rural. Es elpaís del mundo con la mayor concentración depropiedad agraria:el 1% del total de inmueblescatastrados ocupa el 45% de las tierras catas-tradas,y el 89,1% de los inmuebles catastrados,se encuentra en apenas el 20% de las tierrascatastradas. Ese alto grado de concentraciónexplica además el gran número de conflictossociales agrarios.Por otro lado,existe la explo-tación del trabajo infantil y juvenil en el campoy, más impresionante aún, en inicios del sigloXXI, en muchas haciendas brasileñas aún exis-te el trabajo forzado.

El siguiente es un análisis somero acerca de lascondiciones que caracterizan el circuito eco-nómico relacionado con la explotación de lassustancias calificadas como ilícitas en los espa-cios rurales del país. Comenzaremos con unvistazo a la trayectoria histórica de la presen-cia de las sustancias calificadas como ilícitas enel Brasil.

Una historia breve

Existen antecedentes históricos sobre la pre-sencia de sustancias consideradas actualmen-te ilícitas en las áreas rurales del Brasil. En elcaso de la marihuana,por ejemplo, los registrosdatan del siglo XVIII.Ahora bien, la informaciónsobre cómo algunas sustancias nativas fueroncalificadas como estupefacientes, es de origenaún más ancestral, como es el caso del santo

T

N

I

E L B R A S I L R U R A L : C A N N A B I S Y V I O L E N C I AJ o r g e A t i l i o S i l v a I u l i a n e l l i 1


1 Filósofo, investigador del CAPES, profesor de filosofía de la educación en la universidad Estácio de Sá, coordinador del Programa Traba-jadores Rurales y Derechos de KOINONIA – Presencia Ecuménica y Servicio.2 En el caso de la marihuana, en comparación con los jornales que se pagan para el cultivo y recolección de la cebolla, la diferencia es muysignificativa: mientras la cebolla paga R $ 7,00/10,00 (2,00/3,30 dólares), la marihuana paga entre R $ 20,00/100,00 (6,60/33,00 dólares).3 Marques, Maria Inês Medeiros.“O conceito de espaço rural em questão” In Terra Livre 18 (19), SP: USP, jul./dez. 2002, pp. 95-112.4 Comissão de Pastoral da Terra (CPT), Relatório Anual da Violência no Campo. Goiás: CPT, 2004.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 7

daime (ayahuasca), una raíz amazónica con lacual se prepara un té alucinógeno,cuyo uso reli-gioso contemporáneo tiene un origen bastan-te curioso. En lo que a la coca se refiere, exis-ten informaciones bien fundamentadas acercade su presencia en la región amazónica en épo-cas muy anteriores al siglo XVI.

El cannabis (marihuna) se encuentra en el Bra-sil íntimamente vinculado al propio proceso decolonización, y a la institución de la esclavitud.En primer lugar, se sabe de la utilización delcáñamo en los acordonados y velas de lasnaves, carabelas y galeones, que condujeron alos ibéricos en su travesía desde Europa haciala conquista de América y de los pueblos nati-vos. Por otro lado, el plantío del cáñamo enEuropa -traído de la India y diseminado para lautilización de sus fibras en la fabricación de teji-dos resistentes -, hace parte de una etapa delmercantilismo y de la industrialización.Es nece-sario considerar igualmente, el uso recreativodel cannabis entre los pueblos de origen afri-cano, sobre lo cual también existe anteceden-te histórico. Consideraremos toda la informa-ción relevante para la comprensión del circui-to de las sustancias calificadas actualmentecomo ilícitas, en las zonas rurales del Brasil.

El cultivo se estableció principalmente en elNordeste de Brasil, extendiéndose desde elNordeste septentrional, en especial deMaranhão, hacia el Nordeste central, y demodo significativo en la región que más tardepasó a ser conocida como Submédio São Fran-cisco (SMSF), que incluye los actuales estadosde Bahía, Pernambuco, Sergipe y Alagoas. Esaextensa área mantuvo cultivos y practicó el usorecreativo y medicinal mucho antes de penali-zarse la planta y su cultivo.Es pertinente haceresta observación para que se note su impor-tancia en el seno de las sociedades rurales nor-teñas. Hay también registro histórico del usode la planta por parte de, por lo menos, unatribu indígena que vive en el actual estado deMaranhão: los Guajajara.Existe asimismo infor-mación sobre el cultivo del cannabis entre losTuxá, en Bahía. Sin embargo, respecto a este

último no hay datos que permitan argumentaren contra o a favor de la tesis del cultivo y usoancestral de la hierba.

Por otro lado, abundan los vestigios de planta-ciones de marihuana entre los pueblos de ori-gen africano, los afro-brasileños. Los informesmédicos del inicio del siglo XX,tenían una con-notación eminentemente racista y elitista. Iden-tificando, entre otras conclusiones, el uso delcannabis como el elemento responsable por elatraso de las poblaciones del sertão norteño.De cualquier modo,es evidente la presencia delcultivo de cannabis mucho antes de su penali-zación. Igualmente ha quedado registrada lacontinuidad del cultivo en la misma área,a pesarde haberse implantado una política pública deerradicación5. Pues, en efecto, el objetivo deerradicar el cultivo, que es el aspecto promi-nente de la política que se viene aplicandodesde 1940 hasta nuestros días, no se ha podi-do alcanzar.

El uso del cannabis en el Brasil no se ha res-tringido a la recreación individual y colectiva.

T

N

I

E l B r a s i l r u r a l : c a n n a b i s y v i o l e n c i a


5 En el Brasil, la erradicación se hace de acuerdo a acciones sistemáticas de búsqueda, decomiso y quema de la producción. Hasta dondese sabe, nunca ha habido operaciones de destrucción de plantaciones por medio de fumigación. Las acciones de quema se hacen con manode obra local, reclutada por la Policía Federal. Según los trabajadores rurales del SMSF, la Policía Federal recluta a los labradores por mediode coerción física violenta, haciendo de éste un trabajo forzado y degradante.

La planta ayahuasca (daime) es tradicio-nalmente usada en cultos religiosos delos pueblos amazónico-andinos. En elBrasil, fue calificada como estupefacien-te por el Confen, en 1984, e incluida enla lista de la Dimed (División Nacionalde Vigilancia Sanitaria de Medicamen-tos). En 1986, fue retirada de la lista des-pués de un primer dictamen, ratificadoen 1992. Los dictámenes liberaron el usodel daime para fines religiosos. En 2002,hubo un nuevo dictamen que prohíbeinclusive en cultos religiosos, la bebidade la ayahuasca a menores de 18 años,aun cuando estén acompañados por suspadres. En EEUU la planta era conside-rada estupefaciente hasta 2002. A partirde entonces comienza a permitirse suuso religioso en ese país.

La ayahuasca

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 8

Existen también usos medicinales y rituales enla región del SMSF para el tratamiento del asma,y según datos antropológicos, la tribu Guajaja-ra, lo usa con fines rituales6. Además del can-nabis, hay también registros de presencia decocaína en los años setenta, especialmente enla Amazonía. Se sospecha en los años ochen-ta, los agricultores de caña del interior de SãoPaulo, en las regiones de Ribeirão Preto yBauru consumían cocaína.En cuanto a los opiá-ceos, no hay muchos datos sobre su presen-cia, no obstante, en 1997, una comisión parla-mentaria externa sobre la zona que se cono-ce como el Polígono de la Marihuana, informósobre la posible presencia de heroína en laregión del SMSF.Todo lo cual requeriría de unestudio más amplio acerca de la presencia delas sustancias calificadas como ilícitas en laszonas rurales del Brasil.

Las sustancias calificadas comoilícitas en las zonas rurales

Tanto en lo relativo a la producción (cultivo)como en lo que tiene que ver con el circuitocomercial del tráfico (transporte y consumo)propiamente dicho, los asuntos pertinentes alproceso de comercialización son significati-vos.Como veremos,estos procesos económi-cos se combinan con elementos de las cultu-ras locales, causando muchas veces dramas ytragedias para la vida de las poblaciones subal-ternas. Es importante notar que en ese proce-so las poblaciones rurales se ven afectadas porun doble orden de factores. El primero prove-niente de la organización de la industria agrí-cola ilícita,que nace precisamente,con la pena-lización.Y el otro, como resultado de los pro-cesos represivos conducidos por el aparatopunitivo del Estado, las fuerzas policiales y elsistema judicial.

Cuando hablamos de cultivo, nos referimosprincipalmente al cannabis sativa, cuya produc-ción está orientada casi exclusivamente para elconsumo nacional. Existen, sin embargo,dudasrazonables al respecto.Analizando los datos de

la Policía Federal referentes a los decomisos demarihuana se puede deducir que, o la mayorparte de la marihuana consumida en el Brasilproviene de fuera del país – específicamente delParaguay, según se sabe desde 2002, sobretodo en lo referente al consumo en la ciudadde São Paulo -,o la notificación de erradicacio-nes registrada por la Policía Federal no corres-ponde con las áreas de plantaciones devasta-das, como alardean las autoridades. Según elDepartamento de Policía Federal, el área másgrande de cultivo se encuentra todavía en laregión Nordeste, y entre 2000 y 2003 se apre-ció una reducción constante en la cantidad deplantas destruidas.

En otro estudio incluimos algunos datos refe-rentes al área plantada en la región de Bahía yPernambuco7.No existen estudios específicosque cuantifiquen las áreas cultivadas conmarihuana en el Nordeste brasileño.Entretan-to, en la región del SMSF, considerando única-mente los cuatro estados limítrofes (Bahía,Pernambuco,Alagoas y Sergipe), las estimacio-nes de la Policía Federal acerca de la existen-cia de un área cultivable de 3.500 hectáreas,aparentemente no coinciden con los datos enpoder del Ministerio Público del Trabajo delestado de Pernambuco,8 según los cualeshabría 40 mil agricultores dedicados a ese cul-tivo, de entre los cuales diez mil niños y jóve-nes.Con base en las proporciones del Progra-ma de las Naciones Unidas para la FiscalizaciónInternacional de Drogas (PNUFID) relativas alproducto incautado, y a la producción y áreacultivable, hemos estimado la existencia deunas 118 mil hectáreas cultivadas en la región.Esta estimación fue descalificada por el Supe-rintendente de la Policía Federal, Dr. WilsonDalmázio, en un seminario de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT).

En 2003, se incautaron 7.630 kg de marihuanaen el Nordeste,especialmente en las capitales,y se erradicaron 1,8 millones de plantas, par-ticularmente en el SMSF, aunque también enMaranhão, Río Grande do Norte y Paraíba. LaPolicía Federal y la Secretaría Nacional Antidro-

T

N

I



6 Henman,Anthony (org.). Diamba, saramamba. RJ: Ground, 1986.7 Iulianelli, Jorge Atilio Silva. Por uma sociologia da cannabis. In Mama Coca, www.mamacoca.org, 28 El Ministerio Público del Trabajo es un órgano de la Unión que actúa en diferentes regiones del Brasil. Aquí – y en próximas referencias– se trata del Ministerio Público del Trabajo de la 5a. Región.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 9

gas – que por presión del Ministerio de Saludy de sectores de la sociedad civil, cambió sunombre por el de Secretaría Nacional de Polí-tica de Drogas –,argumentan que las operacio-nes de erradicación del cultivo de marihuanahan sido exitosas. En efecto, como se puedeobservar en el Diagrama 1,entre 1999 y 2003,las plantas de marihuana pasaron de 3 millo-nes a 1,8 millones.

Además, es verdad que las ciudades que con-centraban una alta tasa de muertes por homi-cidio, como era el caso de Floresta (Pernam-buco), han conseguido reducir los índicescorrespondientes.9 En 2001, la situación volvióal nivel en que se encontraba en la segundamitad de la década de los ochenta,con una tasade homicidios de hombres de cerca de 50 por100.000 habitantes. Estos números no sonnada despreciables. Así como tampoco lo sonlos datos sobre utilización de una mano de obraestimada en 40 mil personas, ni el desempleoabierto en la región, ni los pagos para la acti-vidad del cultivo ilícito.Todo lo anterior hacepensar que el cultivo del cannabis permanece-rá en la región del SMSF y demás regiones delNordeste, alimentado por una tradición histó-rica y por demandas de consumo, igualmentenada despreciables.Según una investigación de2001 del Observatorio de Drogas, 6.9% de lapoblación brasileña de las principales capitalesdel país consume marihuana.10

Además del cultivo, es necesario señalar otrasmodalidades de existencia de las sustancias cali-ficadas como ilícitas en otras zonas rurales bra-sileñas. Consideramos tres áreas geográficas:

Primero, la región Norte que es de particularimportancia, tanto por tener zonas fronterizascon algunos de los principales productores decoca,como Perú y Colombia,como por la natu-raleza estratégica de la región amazónica.

Segundo, la región Centro-Oeste,escenario de

un aumento de los índices de violencia contralos campesinos que tiene relación con unnuevo factor social, la industria agrícola. Segúnel estudio antes citado de la CPT,aunque el sis-tema latifundista sigue siendo marco de violen-cia, ahora es el modelo agroindustrial el queinterfiere de modo violento y asesino contrael campesinado. En esa región, según el profe-sor Carlos Walter, hubo un aumento en laintensidad de las agresiones y de los homici-dios cometidos contra los campesinos dentrodel esquema agroindustrial. Fuera de que tam-bién en esa región surgieron problemas por laapertura de vías clandestinas para el transpor-te de las sustancias provenientes principal-mente del Paraguay, según lo confirman datosde la Policía Federal sobre importantes indiciosde consumo de esos productos.

Existen registros sobre cultivos de marihuanaen la frontera con el Paraguay, en la región deMato Grosso,Centro-Oeste del Brasil. Esta esun área de intenso monocultivo,sobre todo desoya, y es también la región en donde se supo-ne que hay un nuevo aumento en la produc-ción de marihuana. La Policía Federal identifi-ca la procedencia de la producción como para-guaya. O sea, en la región en donde se ha pro-ducido un incremento de la violencia debidoal esquema agroindustrial en el campo,confor-me lo indica el informe de la CPT, también haaumentado la producción y circulación demarihuana.

Tercero, de acuerdo a ciertas fuentes, en laregión Sudeste, al interior de São Paulo, en lasregiones de Ribeirão Preto y de Bauru, seestarían usando algunas sustancias calificadascomo ilícitas,como estimulantes para la obten-ción de una mayor productividad entre los peo-nes que trabajan en la recolección de caña.11

Es importante notar que conforme a datosdivulgados por los propios dueños de ingeniosazucareros, la productividad en esa región seha más que triplicado en los últimos diez años.

T

N

I


9Ver Diagrama II.10 Levantamiento realizado por el Cebrid en 2001 y divulgado por la Senad en 2002, en su sitio electrónico http://www.senad.gov.br -Diagrama II. Según ese estudio, la población de la región Nordeste, es la segunda mayor consumidora de marihuana en el país: 1.2% con-sume marihuana.11 Para este último caso, incluimos entrevistas con tres fuentes: un profesor de una universidad pública de Río de Janeiro que hizo estu-dios en la región (feb. 2003); una persona vinculada a la Pastoral dos Migrantes (agosto, 2003); y un líder sindical rural de la región (mayo,2004). Las tres fuentes informaron sobre la existencia de consumo de crack y de cocaína entre plantadores de caña, y sospechaban la inge-rencia de los hacendados en la distribución de esas sustancias con el fin de aumentar la productividad de los campesinos.


D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 10

En el caso de la Amazonía, hay dos estudiosrelevantes. El primero, de autoría de Argemi-ro Procópio,profesor de la Universidad de Bra-silia, indica la existencia de rutas del narcotrá-fico por todo el interior de la Amazonía, eincluye pistas clandestinas de aterrizaje,y diver-sos laboratorios de procesamiento y transfor-mación de la coca. De acuerdo al estudio, lasactividades relacionadas con el narcotráfico sonmucho más lucrativas que las actividades eco-nómicas lícitas disponibles en la región.El estu-dio no ofrece muchos datos pero señala queactualmente el Brasil ya sería el segundo mayorconsumidor de cocaína en el mundo.12

La otra investigación se titula Globalisation,Drugs and Criminalisation, y es el resultado deltrabajo realizado por un grupo de expertos,bajo la coordinación del economista MichelSchiray (2002). Este grupo realizó un análisiscomparativo entre Brasil, China, India y Méxi-co. En Brasil participaron las profesoras AlbaZaluar (UERJ), Lia Osório Machado (UFRJ) ySandra Goulart,y los profesores Ronaldo Araú-jo (Goeldi,Belém-Pará) y Christian Geffray.Lasinvestigaciones sobre el Norte del Brasil, en laregión amazónica, fueron conducidas en parti-cular por Osório,Araújo y Geffray,quienes ana-lizaron diferentes regiones y temáticas.Osórioevaluó el estado de Acre y los impactos eco-nómico-financieros de la existencia allí delcomercio de sustancias calificadas como ilíci-tas. Araújo y Geffray analizaron la formaciónorganizativa de la operación comercial, el pri-mero en Acre, y el segundo en Rondonia yAmapá.

Los análisis de la profesora Osório revelan laexistencia de una red de altas inversiones finan-cieras, indicando el divorcio absoluto entre larealidad de las actividades agrícola y silvícola delas ciudades estudiadas,en comparación con elvolumen de dinero circulante y la cantidad deagencias bancarias existentes en la región. Loque demuestra y deja en evidencia la existen-cia de algún tipo de aceptación o complicidadde parte del sector financiero, para el funcio-

namiento de la actividad económica de lo ilíci-to. Al final, los bancos no cuestionan la proce-dencia de los montantes depositados, aunquela realidad económica de la región no corres-ponda al volumen de los mismos.

El profesor Araújo, por su parte, hace un aná-lisis de las operaciones delictivas de dos de lospersonajes investigados en los procesos de laComisión Parlamentaria de Investigación sobreel Narcotráfico - Hildebrando Pascoal y Came-li – establecida a fines de los años noventa. Susargumentos procuran aclarar el misterio de laintensidad de la violencia aplicada por esos gru-pos criminales.El professor Geffray,entre otrascosas,manifiesta la necesidad de una investiga-ción más exhaustiva de los diferentes ciclos dela economía de las drogas.Para una mejor com-prensión del proceso, el profesor habla de‘ciclo de abajo’ para referirse al negocio al pormenor o detallista, y de ‘ciclo de arriba’ para elde los financistas.13

Las condiciones de trabajo en lasáreas de cultivo de la marihuana

Entre 1997 y 2003, realizamos algunas investi-gaciones sobre la situación de los trabajadoresrurales relativas a la plantación de marihuanaen el SMSF. Ofrecemos aquí algunos datos deesos estudios. Los trabajos fueron conducidosen diferentes momentos y con diferentesmetodologías:entrevistas abiertas con agricul-tores que plantaban cannabis y sufrían el efec-to de la oleada de violencia, tanto la estatalcomo la ejecutada por los administradores dela plantación; entrevistas abiertas con jóvenesque habían sido convencidos o que conocíana alguien que lo había sido; grupos enfocadosen campesinos y jóvenes.14 En esta secciónsuministraremos algunas indicaciones sobrelas condiciones de trabajo de esos campesinos,tal como quedó evidenciado en las investiga-ciones.

En la región del SMSF, los cultivos se escalaron

T

N

I



12 Procópio,Argemiro. O Brasil no mundo das drogas. RJ:Vozes, 1998.13 Schiray, Michel & Fabre, Guilhem (orgs.). Final Report on Brazil, China, India and México Globalisation, Drugs and Criminalisation. Gene-va: Unesco-Undcp. CD-Rom, 2002.14 Se trata de un método de entrevista que utiliza un espacio apropiado, un abordaje soft con el grupo, y mantiene al entrevistador enla condición de facilitador del diálogo exploratorio.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 11

a partir de la segunda mitad de los ochenta,especialmente a partir de 1986.Ese fue casual-mente el período de recrudecimiento de larepresión a la siembra de marihuana en el esta-do de Maranhão, y que afectó principalmentea la tribu de los Guajajara. En el mismo perío-do, se presentó también la crisis del precio deuno de los principales productos de la región(la cebolla), y el llamado escándalo de la man-dioca, un caso serio de corrupción financieradescubierto durante el gobierno de Collor deMello. A este conjunto de factores que empo-brecieron a los campesinos, se sumaron lasguerras de familias, sobre todo en la región dePernambuco (Belém do São Francisco y Flores-ta),que fueron verdaderas batallas por el domi-nio y la ocupación territorial.15

Hay otro elemento que necesita ser estudia-do. Esa región fue escenario de considerablesinversiones gubernamentales durante losgobiernos militares para la construcción dehidroeléctricas. La construcción de Sobradin-ho significó la expulsión de cerca de 70 milfamilias de la región,generando profunda mise-ria entre el campesinado. La construcción deItaparica desalojó a cerca de siete mil familias.En este último caso, los campesinos se organi-zaron alrededor del polo sindical, consiguien-do de esa forma conquistar un nuevo terrenoirrigado.Pero durante 18 años el gobierno fede-ral le negó a esa población el resultado de suconquista.

En esos 18 años, la mayor parte de los desalo-jados fue reinstalada,aunque en tierras sin irri-gación, con la consecuencia de que estas per-sonas quedaron impedidas de mantener unaactividad agrícola formal. Por esta razón, elgobierno les dió apoyo durante ese tiempo bajola llamada ayuda temporal de mantenimiento.Hasta 1997 solamente el 32% de los nuevosterrenos concedidos estaban operando, y en2004, el 15% de los proyectos todavía no estáen funcionamiento. Uno de los resultados detodo el proceso es que en las áreas irrigadastambién es posible encontrar algunos casos desiembra de marihuana.

Esta es una de las razones del crecimiento aescala comercial del cultivo del cannabis en elSMSF. Existen otras, como la presencia histó-rica del cannabis allí, la crisis en los precios delos productos locales (como la cebolla, en1987), el escándalo de la mandioca en elgobierno de Collor de Mello, el desempleo dela masa campesina,que propició la creación deuna mano de obra para esa actividad,especial-mente entre los más jóvenes, que no teníanuna tradición de trabajo agrícola y estaban dis-puestos a asociarse a la nueva actividad lucra-tiva. Además, otro ingrediente que explicaríael escalamiento comercial de los años noven-ta, es la asociación en red de los empresariosde la plantación. Según una Comisión Parla-mentaria del Congreso Nacional, de 1997,existiría una asociación entre los responsablesde la explotación de la plantación,en la regióndel SMSF y el Comando Vermelho16, de Río deJaneiro.

Las áreas de cultivo de marihuana en esa regiónson por lo general pequeñas propiedades rura-les ocupadas por los administradores de laplantación, quienes ofrecen los insumos agrí-colas y el financiamiento para la siembra,y man-tienen un grupo armado para su protección.Esta protección está a cargo de hombres queno son originarios de la misma área donde serealiza el trabajo. Los labradores son adultos,jóvenes e incluso niños no mayores de doceaños.Por el momento no tenemos datos sobreparticipación de mujeres como mano de obra.

Los labradores son reclutados de dos mane-ras. En algunas regiones, se contrata a perso-nas que voluntariamente buscan el trabajo, oporque algún conocido (amigo o pariente) lasintroduce.Los más jóvenes, - a partir de los 12años de edad - son llevados generalmente porlos padres. En otras regiones ha habido casosde incorporación violenta.Sabemos del caso deun labrador que pasaba en su bicicleta y quehabría sido prácticamente secuestrado paratrabajar en la plantación de la droga. La siem-bra dura en promedio 90 días y tiene que serregada tres veces al día.

T

N

I



15 Aunque los conflictos no eran propiamente agrarios, hubo ocupaciones de territorios. Eran conflictos generados por ‘cuestiones dehonra’, que todavía en la actualidad pueden provocar asesinatos recíprocos entre familias.16 Importante facción del crimen organizado que llegó a extenderse por otros Estados del Brasil.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 12

Las condiciones de trabajo de esos labradoresson precarias. La alimentación se hace en elpropio campo, calentando la comida con losmedios disponibles o alimentándose con lacaza de animales. El agua es un bien raro en laregión y se consume en condiciones muy pocosaludables.Los trabajadores viven en la insegu-ridad de que otro grupo quiera ocupar en cual-quier momento el área,o bien pueda haber unaoperación policial en la que, como mínimo,corren el riesgo de ser detenidos. Es, no obs-tante,en estas condiciones que los campesinosvienen produciendo desde hace décadas lamarihuana del Brasil.

Hay informes de siembra en la región de Petro-lina, según los cuales, además de esta precarie-dad e inseguridad, existeotro tipo de explotacióndel trabajo infantil: laexplotación sexual. En elcaso de Petrolina, deacuerdo con el MinisterioPúblico del Trabajo dePernambuco, la violenciaes el método más usadopara la obtención de lamano de obra. Es necesa-rio considerar que, en lamayoría de los casos, la participación de loslabradores responde a una cuestión de nece-sidad económica. Fuera de que hay presenciade trabajo forzado en esos cultivos.

Procesos de socialización

La socialización de los labradores en la regióndel SMSF es de tres tipos: un primer tipo es lasocialización laboral.El trabajo es consideradocomo un valor social,una forma de integración.Esto coincide con el hecho de que la agricul-tura familiar es una tradición en el campo. Laactividad del cultivo de marihuana, aunque ile-gal, se vuelve de esa manera una acción legíti-ma. La legitimidad queda caracterizada en lasafirmaciones de los labradores, que manifies-tan sentirse humanizados por el trabajo enaquella labor,pero humillados cuando son dete-nidos, porque pierden la legitimidad de la red

de relaciones con los amigos, los vecinos y consus compañeros o compañeras: “somos hômi(hombres) en el trabajo,homilhados (humillados)cuando presos”.

Un segundo tipo sería el de la socialización pormedio de la violencia. En la medida en que elorden legal lo penaliza, el labrador en este tra-bajo se ve enredado en una actividad quesupone la existencia de sistemas de seguridady de represión de parte del aparato policial delEstado. Para comprender mejor este fenóme-no,habría que destacar aspectos como el reclu-tamiento forzado, la corrupción policial, elpapel que juegan los conflictos de familia, etc.El problema que esto genera es de tres órde-nes:el primero es el de la subordinación de los

trabajadores. El cultivodel producto calificadocomo ilícito, acentúa lasubordinación caracte-rística en la explotaciónde los empresarios delagro y de la explotacióncampesina (que incluyeel trabajo infantil). Elsegundo tiene que vercon la violencia en elcontrol de la logística

(transporte y distribución) de la producción,relacionado también con los dominios territo-riales de grupos armados.17 Y el tercero es elde la represión policial que implica dos formasde violencia: la represión armada,con la deten-ción o eliminación del labrador, y la coacciónejercida sobre el labrador para que trabaje enlas actividades de erradicación de la marihua-na.

El tercer tipo de socialización es lo que se llamade resistencia creativa (o alternativa a la ilega-lidad). Esa socialización es promovida por losmovimientos sociales, especialmente por elsindicalismo rural y por las comunidades ecle-siásticas de la región. En ambos casos, hay unempeño en la construcción de una cultura depaz, y de mecanismos sociales para la supera-ción de la violencia. Ese modelo de socializa-ción genera, en el seno del sindicalismo rural,sectores favorables a un debate público para

T

N

I



17 Esta noción de dominio territorial de los grupos armados está siendo desarrollada por Jailson Silva, con relación a los grupos que con-trolan territorios en las favelas en Río de Janeiro. Lo utilizamos aquí de forma libre y análoga.

Es necesario considerarque, en la mayoría de loscasos, la participación delos labradores responde auna cuestión de necesidad

económica

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 13

alterar la legislación que penaliza a los campe-sinos. Lo que orienta esa discusión es la soli-daridad a favor de los derechos sociales y eco-nómicos de los trabajadores del campo.

Finalmente, el efecto letal tanto de la violenciacriminal como de la represión policial, es bas-tante semejante. El hecho fue que entre 1997y 1999, durante y después la Operación Man-dacaru y Operações Asa Branca, aumentó latasa de homicidios en las ciudades de la región.La situación de la ciudad de Floresta es para-digmática. En esa ciudad, los asesinatos dehombres aumentaron dentro del período cita-do, y la disminución de las tasas de homicidiosen esa misma ciudad en el período siguiente,representó un aumento de las mismas tasas enlos alrededores, como se puede apreciar parala ciudad de Petrolândia. Las principales vícti-mas de los homicidios fueron hombres jóve-nes, con edades entre 15 y 24 años.

Conclusiones y recomendaciones

En relación con la mano de obra empleada enel cultivo de la marihuana, es necesario llamarla atención en el hecho de que, conforme arelatos de los propios trabajadores rurales delSMSF,una gran parte de esos labradores ingre-sa en el cultivo por necesidad económica de sub-sistencia. Pero se han denunciado casos derapto de labradores por parte de los jefes deltráfico, manteniéndolos durante meses en lasáreas de cultivo y cosecha.Esto caracteriza unacondición de trabajo forzado, aunque sea porun período determinado y con una remunera-ción por encima del promedio local. Hay queseñalar igualmente las denuncias hechas por lostrabajadores rurales del SMSF sobre las accio-nes conducidas por la Policía Federal para rea-lizar la erradicación forzada de la marihuana.

En cuanto a las repercusiones de la presenciadel cultivo, comercio y consumo de las sustan-cias calificadas como ilícitas en las zonas rura-les, se podrían sintetizar así:18

Aumento de la muerte de jóvenes entre 15-24 años, en el campo y la ciudad.19

Incriminación de campesinos en las áreas decultivo de marihuana o aprehendidos vendien-do al detalle el producto, aún cuando hayansido forzados a hacerlo. La detención puededurar hasta 15 años.

Participación de niños y jóvenes en el cultivode la marihuana y en el comercio de drogasen el campo. Según el Ministerio Público delTrabajo de Pernambuco, solamente en el SMSFhabría 40 mil trabajadores rurales dedicadosa la siembra de la marihuana,de los cuales diezmil serían niños y jóvenes.

El trabajo para el cultivo de la marihuana esanálogo al trabajo forzado. Además de laacción de los jefes criminales (administrado-res de plantaciones), está la acción de la Poli-cía Federal para la erradicación de las áreasplantadas.20

Muerte de líderes sindicales: en los añosochenta fue asesinado Manequinha (Juazeiro),y en 1997, Fulgêncio Manoel da Silva, líder delMovimiento de los afectados por los diquesy del Pólo Sindical de los Trabajadores Rura-les del SMSF.

Es una falacia afirmar que el aumento del deli-to vinculado a la cadena productiva de las sus-tancias calificadas como ilícitas, obedece a laausencia del Estado. El Estado está presente,por un lado en forma de represión, y por elotro, en la corrupción de sus agentes. El Esta-do también está presente en la medida en queel sistema financiero actúa y crece en lasregiones rurales en donde hay transporte,comercio y consumo de drogas. Este tipo depresencia estatal también es notorio en lasáreas de cultivo de marihuana.

La principal política pública del Estado enrelación con esa actividad agrícola ha sido larepresión y las operaciones de erradicación

T

N

I



18 Este es parte del esquema utilizado por el autor para exponer el tema en la XVII Asamblea Nacional de la Comisión Pastoral de la Tie-rra, Goiânia, mayo de 2004.19 En el diagrama, la tabla de la incidencia de muertes de jóvenes de 15-24 años, referente a algunas ciudades del SMSF.20 Los abogados Rogério Rocco y Erika Macedo fueron los primeros en investigar la posibilidad del uso de la exclusión jurídica para lostrabajadores rurales de la marihuana. Erika Macedo, asistente del Programa Trabajadores Rurales y Derechos, de KOINONIA, ha hecho unareflexión sobre el trabajo forzado del cultivador de cannabis en el SMSF.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 14

del cultivo. Son pocas y tímidas las accionesde carácter educativo y preventivo realizadas.Además, cuando hay propuestas de este últi-mo tipo, son formuladas con un discursopunitivo y poco esclarecedor del problema.Prácticamente no se consideran accionesalternativas de orden económico para loslabradores.

En 1998, durante una operación de la Secre-taría Nacional Antidrogas, denominada Ope-ración Mandacaru, hubo una acción económi-ca. Se ofreció, para la región del SMSF, un plande desarrollo alternativo. Para tal efecto, seabrió una línea de crédito para los pequeñosproductores. Sin embargo, la burocracia ban-caria del acceso al crédito volvió esa accióninocua. Ni uno solo delos labradores obtendríael crédito. El objetivo deldesarrollo alternativo esel acceso a la alternativa,así como el proceso pormedio del cual se generala alternativa.

En la legislación brasileñahay un mecanismo quepermite la expropiaciónde tierras usadas para el cultivo de la marihua-na o de cualquiera otra sustancia ilícita, parafines de reforma agraria.Pero la situación exis-tente en las regiones en donde hay cultivos demarihuana, con pequeños productores conproblemas de catastro agrario, así como la vio-lencia en torno de esa actividad económica,ha imposibilitado esta alternativa, que casi noha sido aplicada por el gobierno federal.

La construcción de alternativas depende demedidas mucho más profundas, las cualespasan, necesariamente, por una alteración dela legislación para las drogas y por un ampliodebate nacional sobre la velocidad de la refor-ma agraria. Una centralización del debate enel aspecto de la cadena productiva no es sufi-ciente. En el caso del campesinado, en los paí-ses latinoamericanos y del Brasil en particu-lar, el problema central al que hay que hacer-le frente es el de la desigualdad social. Sinmedidas que reduzcan el abismo existenteentre los más ricos y los más pobres, que

construyan posibilidades de inclusión socialpara todos, no habrá procesos sociales acor-des con el estado democrático de derecho.

Es imposible construir alternativas socialmen-te viables sin una discusión sobre las posibi-lidades del control social en la cadena produc-tiva. La hipocresía y el temor que el prohibi-cionismo ha generado en el imaginario social,tienen que ser superados. Para los campesi-nos, la despenalización de los que se encuen-tran en situación de trabajo forzado (esclavo),o en extrema necesidad, y la despenalizacióndel cultivo, son medidas que podrían disminuirla violencia social a la que están sometidos. Adiferencia de lo que sucede con los cocalerosen Perú y Bolivia, los cultivadores de marihua-

na en el Brasil y loslabradores usados en elproceso comercial deotras sustancias califi-cadas como ilícitas, noposeen ninguna organi-zación formal. Esoslabradores no pleiteanderechos personales ocolectivos inherentes ala ciudadanía. Para ellosla ley es apenas algo a lo

que se le teme, y no una herramienta para laconstrucción de sus derechos.

A los labradores que están siendo víctima dela violencia tanto de los que financian comode los que reprimen el cultivo de la marihua-na, hay que garantizarles su derecho a la vida.Ya existen sectores entre esos labradoresque identifican en la acción represiva y puni-tiva del Estado un elemento desencadenadorde más violencia social. Es necesario que setome en consideración la violencia que gene-ra el proceso productivo de la marihuana y surepresión, frutos ambos de una política dedrogas prohibicionista. Finalmente, es la polí-tica prohibicionista misma la que debe serdebatida. Hasta que eso no ocurra, es nece-sario tomar medidas a favor de la superviven-cia de los campesinos, en especial de los másjóvenes, tendientes a la despenalización deltrabajador agrícola, por elsimple ejercicio desu actividad laboral.

T

N

I



Es necesario que se tome enconsideración la violencia

que genera el procesoproductivo de la marihuanay su represión, frutos ambos

de una política de drogasprohibicionista

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 15

T

N

I


Fuente: Data SUS, elaboración de la tabla Prof. Paulo César Pontes Fraga, UESC-BA.• El sistema DataSus no ofrece los registros de los últimos tres años. Esto dificulta una captación de la situación más reciente.• Las ciudades escogidas en la muestra son las más importantes de la región, así como las más importantes en relación con las operacio-nes de la Policía Federal en la erradicación de cultivos de marihuana.• En 1997 hubo en algunas ciudades un aumento de la incidencia de muertes por homicidio, en relación con los años anteriores.• En 1997 hubo en la ciudad de Floresta un aumento de muertes violentas. En 1998, la tasa continuó creciendo para descender posterior-mente. El aumento de muertes por homicidio en Petrolândia es una evidencia de que la región pasó a ser más violenta. Sólo hubo modi-ficaciones en las áreas de disputa territorial.• Las mayores ciudades, Paulo Afonso, (Bahía) y Petrolina (Pernambuco), ubicadas en la periferia de la región, poseen índices diferenciados.En Bahía, los efectos de la violencia son menores.

* 01/01à 01/03/04 Fuente: Sitio Electrónico de la Policía Federal, www.dpf.gov.br .Tabla establecida por Érika Macedo y Jorge Atilio S. Iulianelli• Nótese la fuerte erradicación de plantas de marihuana en el Nordeste.• Considérese el hecho del aumento de la erradicación de las plantas de marihuana durante los años de 2000, 2001 y 2002. Obsérveseque, en ese período, hubo fuerte represión al cultivo en la región del SMSF (Nordeste).• Considérese también la disminución de las incautaciones en el año de 2003. Según la Policía Federal, esto indica una reducción en la inten-sidad de esa actividad económica. Ahora bien, ¿por qué no suponer que eso podría significar una diseminación de las áreas de cultivo, enlugares menos conocidos por la Policía y, consecuentemente, de menor acceso a la represión?• En todas las regiones la droga más decomisada es la marihuana, seguida de la cocaína.• Obsérvese la elevada tasa de decomisos de cocaína en el Norte. Estos decomisos son una indicación de su origen.

Diagrama I: Incautaciones en las regiones del Brasil

Cocaína (kg)

Pasta base (kg)

Marihuana (kg)

Plantas de marihuana (Unidad)

CENTRO-OESTE

NORDESTE

Cocaína ( kg)

Pasta base ( kg)

Marihuana (kg)


SUDESTE

Cocaína ( kg)

Pasta base ( kg)

Marihuana (kg)


SUR

Cocaína ( kg)

Pasta base ( kg)

Marihuana ( kg)


NORTE

Cocaína ( kg)

Pasta base ( kg)

Marihuana (kg)


Diagrama II: Tasa de homicidios en el SMSF

Municipio 1980 1985 1990 1995 1997 1998 2000 2001

Paulo Afonso 4,21 6,39 19,97 22,78 40,01 21,84 18,65 13,31

Petrolina 11,50 9,51 36,81 57,59 51,40 56,24 53,53 51,06

Salgueiro 19,78 22,98 19,33 28,49 42,22 57,85 31,02 26,87

Floresta 24,82 58,86 43,31 92,20 112,63 114,73 68,74 55,63

Petrolândia 21,09 17,91 59,60 43,67 31,08 52,87 80,52 71,58

2000 2001 2002 2003 2004*

85 176 204 482 524 19

23 7 8 18 15 X

6.844 7.332 8.202 8.203 7.630 643

3.452.196 3.080.496 2.807.320 2.259.103 1.858. 340 117.102

1999 2000 2001 2002 2003 2004

1.782 1.152 4.499 2.095 1.304 277

77 13 35 10 10 19

40.785 123.034 97.210 102.294 66.016 27.790

X 309 1.542 X X X

1999 2000 2001 2002 2003 2004

2.231 1.696 2.478 4.780 5.099 418

X X 64 5 3 X

12.939 18.221 15.490 48.028 50.531 4.128

10.006 X 321 289 X X

1999 2000 2001 2002 2003 2004

899 689 497 825 1.257 230

0,5 X 4 12 3 X

8.616 10.630 25.639 33.709 40.786 7.406

4 12 5 18 X X

1999 2000 2001 2002 2003 2004

1.837 1.068 629 991 853 19

535 677 565 339 247 56

---- 169 132 507 853 5

12 618.844 1.014.658 61.980,00 10 -

1999

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 16

ara hablar de política de drogas en elBrasil es necesario,en primer lugar,defi-nir cuáles son las drogas a que nos esta-mos refiriendo. Como en el resto del

mundo,aquí también existe la dimensión tabú dela droga ilícita que reúne, en una única catego-ría,substancias psicoactivas muy diferentes entresí. Uno de sus dogmas es que todas las drogasque caen dentro de esta categoría son igualmen-te nocivas para la salud.En los años setenta,cuan-do el fenómeno del consumo de esos produc-tos en el Brasil se volvió más visible, el concep-to ‘droga’ se refería indistintamente al cannabis,la cocaína, los opiáceos, los alucinógenos, asícomo también a algunos productos farmacéuti-cos, tales como las anfetaminas.

Bajo la dictadura, el 21 de octubre de 1976 sepromulgó la Lei de Entorpecentes 6386, que sus-tituía legislaciones anteriores menos represi-vas. En su artículo 12, esta ley establece la penamínima de tres años y la máxima de quince añosde detención, para los individuos percibidoscomo traficantes de drogas.Y en su artículo 16,determina de seis meses a dos años de prisiónpara los consumidores de drogas prohibidasaprehendidos in fraganti. Esta ley, por otro lado,obedeció a intereses internacionales en la mate-ria, principalmente de Estados Unidos. Cuandoen 1973, una comisión de conferencistas esta-dounidenses viajó a América Latina para discu-tir con las autoridades locales el problema de lasdrogas, el grupo de trabajo formado en aquellaoportunidad, se dividió en cuatro áreas princi-pales: prevención, tratamiento, rehabilitación, yfiscalización y represión. Exactamente de esaforma como quedó dividida la Ley 6368,con baseen las ideas de esta comisión, con el agravantede haber sido elaborada durante la vigencia deun estado de excepción,en plena dictadura mili-tar.

Mientras las fuerzas de represión perseguíansubversivos de izquierda, la policía perseguíatoda una nueva gama de criminales de la droga,definidos en la citada Lei de Entorpecentes, de1976.

Con la nueva ley en vigor, aumentaron las apre-hensiones por drogas realizadas por la policía,así como su oferta y demanda.Es curioso obser-var cómo una mayor represión contra las dro-

gas terminaría generando más oferta y consu-mo en todas partes en donde se ha implemen-tado. Pero, ¿de qué drogas se trataba? No debe-mos olvidar que, el criterio de las leyes brasile-ñas para la prohibición de determinadas drogas,es su capacidad de causar dependencia. Portanto, la única diferencia entre las drogas lícitasy las ilícitas radica en el hecho de haber catalo-gado estas últimas como ilícitas. Se debe consi-derar, además, que los mayores problemas desalud pública asociados al uso de drogas en elpaís están relacionados con las bebidas alcohó-licas y el cigarrillo.Toda ley sobre drogas que notome en cuenta este factor resulta irrealista.

La realidad nacional nos permite afirmar que estees un país en el que se consumen dos plantascatalogadas como ilícitas: el cannabis y la coca.Todos los productos derivados de esas dosplantas también son prohibidos, inclusive el té decoca y las ropas hechas de cáñamo o medica-mentos producidos con cannabinoides. En cuan-to a la falta de aprovechamiento del cáñamo parausos industriales, lo que prevalece es más bienel prejuicio y una falta de visión económica delproblema. En relación con el uso medicinal delcannabis, podemos decir, por otro lado, que lafalta de investigación en el Brasil es más una cues-tión política e ideológica que científica, ya queen otros países, inclusive en EEUU,se utilizan loscannabinoides para fines terapéuticos.

Cuando el usuario va a comprar ‘drogas’ en lascalles y favelas del Brasil hoy en día, lo queencuentra a la venta son básicamente marihua-na y cocaína. En otras ciudades diferentes a Ríode Janeiro, es probable que se encuentre elcrack,pero esta sustancia también es un subpro-ducto de la coca.El crack no se vende en Río pordeterminación de quienes controlan el comer-cio local de drogas,que no quieren ver a su genteinvolucrada en su uso.

En lo que se refiere a las drogas sintéticas,éstasson consumidas por un pequeño grupo,por logeneral de las clases media y alta, y la dinámi-ca económica de la oferta es diferente a la delcomercio en las regiones y comunidadespobres: sus vendedores también son de clasesmedia y alta y hacen parte de grupos y tribusurbanas, que acostumbran frecuentar los cir-cuitos de fiestas (raves) y shows.En relación con

T

N

I

N U E VA L E Y D E D R O G A S : AVA N C E S L I M I TA D O S


D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 17

la heroína, prácticamente no existe demanday solamente, muy de vez en cuando, se oyehablar de pequeñas incautaciones de estadroga.

El hecho de que la violencia que se origina en eltráfico de drogas esté asociada al comercio dedos drogas, nos hace suponer que una divisiónde ese mercado podría resultar en un importan-te debilitamiento del poder del narcotráfico. Laadopción de un sistema tolerante semejante alde Holanda,que regula el consumo de cannabis,dejaría en las manos del crimen organizado, unaúnica sustancia ilícita: la cocaína (y derivadoscomo el crack). Con eso también se corregiríala distorsión que hay en no diferenciar entre dro-gas suaves y duras. No debemos olvidar quevarias de las drogas, hoy prohibidas, fueron per-fectamente legales alguna vez en el pasado.Hasta1938,por ejemplo, la cocaína podía ser compra-da en las farmacias.Pero las autoridades no pare-cen tener la visión ni la voluntad política paraexperimentar nuevas vías para abordar el pro-blema de las ‘drogas’.

La nueva Ley de Drogas

El proyecto de actualización de la Lei de Entor-pecentes fue tramitado por más de diez años enel Congreso antes de transformarse en la Lei Anti-drogas 10.409, sancionada el 11 de enero de 2002por el entonces presidente Fernando HenriqueCardoso. Al sancionar la ley, el presidente vetó,total o parcialmente, 33 de sus 59 artículos,haciendo necesaria la elaboración de un nuevodocumento. El 20 de enero, nueve días después,el gobierno envió al Congreso un proyecto pro-poniendo cambios en la que se llamaría Lei Anti-drogas PL 7134/02. Mientras tanto, la ley 10.409creaba el Sistema Nacional de Políticas Públicassobre Drogas (SISNAD); prescribía medidaspara la prevención del uso indebido, y la aten-ción y reinserción social de los usuarios y adic-tos a las drogas;establecía normas para la repre-sión a la producción no autorizada y al tráficoilegal de drogas;definía delitos,y establecía otrasestipulaciones.

El objetivo era endurecer el combate al crimenorganizado, dándole un carácter acumulativo alas penas.La pena mínima para el tráfico de dro-

gas pasó de tres a cinco años, y se mantuvo lapena máxima en quince años. Este delito tieneahora varios agravantes: financiación de la acti-vidad delictiva; tráfico practicado por policías oservidores públicos; involucramiento de meno-res en la actividad delictiva; formación de cua-drilla para la venta de drogas. Cada una de esastipificaciones acarrea penalidades diferentes,y elnarcotraficante puede ver su pena máximaaumentada por acumulación de infracciones,una fórmula que no ha funcionado en ningúnlugar del mundo.

Por otro lado, este proyecto de ley propone untratamiento diferenciado para el consumidor dedrogas. No se le detendrá pero será sometidoa medidas de carácter educativo y penas alter-nativas - como prestación de servicios a lacomunidad, y pago de multas. Al ser aprehendi-do in fraganti, el delegado de la policía enviaráinmediatamente comunicación al juez competen-te y al órgano del Ministerio Público correspon-diente, para la conducción del infractor. En casode que esto no sea posible, el detenido deberáfirmar una declaración de compromiso en la cualse le obliga a comparecer al tribunal en una fechafutura.El usuario,sin embargo,podrá recibir sola-mente una advertencia del juez en el tribunal alque haya sido consignado por la autoridad poli-cial.

A pesar de lo anterior, la relación entre usuarioy policía permanece oscura pues, si es el comi-sario de policía quien tiene la autoridad paraenviar ante el juez a la persona capturada condrogas, ésta tendrá que ser conducida a unacomisaría.Allí, después de asumir el compromi-so de comparecer ante el tribunal, el portadorserá puesto en libertad. Pero, si se mantiene elcontacto entre consumidor de drogas y policía,ciertamente va a continuar existiendo la mismacorrupción policial que ocurre hoy en día:el poli-cía o comisario extorsiona al individuo para sol-tarlo inmediatamente después, con la intenciónde evitar que tenga que cumplir las penas alter-nativas previstas en la nueva ley y de esa forma,también evitar que sus parientes o colegas detrabajo se enteren de que ha sido detenido pordrogas. En caso de que haya un proceso judicial,después de que las penas alternativas hayan sidocumplidas, la infracción no constará en su fichacriminal.

T

N

I

N u e v a L ey d e D r o g a s : a v a n c e s l i m i t a d o s


D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 18

Pero, ¿cómo puede determinar el juez con todaseguridad, si la sustancia ilícita incautada tienecomo destino el consumo personal o el comer-cio? La ley no establece cantidades para diferen-ciar el consumo del tráfico. Es así que se debe-rán considerar otras variables: el lugar y las cir-cunstancias en que se hizo la detención, las con-diciones sociales del detenido,su conducta y per-sonalidad, y la existencia o no de antecedentespenales. Esos criterios pueden, sin embargo, sermuy subjetivos y contribuir de algún modo almantenimiento del actual sistema punitivo,en loque se refiere a las infracciones a las leyes sobredrogas:por lo general solamente se detiene a lospobres.

El texto mantiene la posibilidad de que el con-sumidor sea sometido atratamiento compulsorio,confundiendo justicia conterapia y sin distinguirentre usuarios y adictos.Los debates sobre esteasunto vienen mostrandoque ésta no es una buenasolución: el adicto a lasdrogas casi nunca se bene-ficia del tratamiento forza-do.Cuanto más el usuariode drogas se encuentre lejos de la justicia,mejorpara él y su familia, y para la sociedad en gene-ral. El encarcelamiento se aplica, sin embargo,cuando la persona se niega a cumplir la penaalternativa determinada por el juez.Por lo tanto,la pena de prisión no quedó abolida del todocomo lo informaron los medios de comunica-ción.

La nueva ley que está en debate desde mayo de2002, fue retirada de la pauta de la Cámara enabril de 2003, época en que recibió una opinióncontraria por parte del Ministerio de Salud, porincluir diversos componentes que entran enconflicto con la política del actual gobiernosobre consumo de alcohol y otras drogas, sobreaspectos tales como el mantenimiento de lapenalización del consumo de drogas y el impe-dimento del uso de sustancias ilícitas en unambiente terapéutico.

Otro gran problema de esta ley está relaciona-do con la línea divisoria entre usuarios y trafi-cantes, pues es considerado traficante quien“importa, exporta, entrega, prepara, produce, fabri-ca, adquiere, vende, expone a la venta, ofrece, tieneen depósito, transporta, trae consigo, guarda, pres-cribe, suministra, entrega para el consumo o elsuministro,aún gratuitamente, sin autorización o endesacuerdo con la determinación legal, un produc-to capaz de causar dependencia física o síquica”.Al incluir la expresión “aún gratuitamente”, eltexto prácticamente deja de hacer distinciónentre usuario y traficante,ya que el consumo dedrogas ilícitas en el Brasil es, en su mayor parte,realizado en grupo,así como las personas se reú-nen para consumir bebidas alcohólicas.O sea, lanueva ley puede ser considerada todavía más

severa y represiva que laley actual, que responsa-biliza apenas al dueño dela sustancia ilícita,en casode que la detención enflagrante ocurra engrupo. Por la nueva ley,todos los miembros delgrupo podrán ser sospe-chosos de tráfico.

El proyecto tampoco fueconsiderado adecuado por los ministerios deEducación y de Justicia, por la Secretaria Nacio-nal de Derechos Humanos y por el Gabinete deSeguridad Institucional (Secretaría NacionalAntidrogas).Se constituyó entonces un grupo detrabajo para presentar propuestas de enmiendaal documento. En febrero de 2004, el diputadoAloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), en discursoen la Cámara de los Diputados1, afirmó que senecesitaba una actitud más decidida para que elproyecto atendiese aquello que, según él, daríatratamiento adecuado al fenómeno del consu-mo de drogas en nuestro país:“Soy de la opiniónde que el mero consumo de drogas no debe estarsometido al tratamiento del Derecho Penal”. Ense-guida, el mencionado diputado parece haberresumido el pensamiento de una parte impor-tante de los profesionales de esa área, al decirque:“El tratamiento represivo al consumo obedecea la estrategia inspirada por la política criminal nor-teamericana y es más una manifestación de la hege-

T

N

I



Cuanto más lejos de lajusticia se encuentre el

usuario de drogas, mejorpara él y su familia, y

para la sociedad engeneral

1Aloysio Nunes Ferreira, discurso del diputado ante Cámara de Diputados, 11 de febrero de 2004.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 19

T

N

I



La reducción de daños surgió en el Brasil debido a la gran propagación del virus HIV entre la pobla-ción usuaria de drogas por vía intravenosa. Sus primeras acciones ocurrieron en la ciudad de San-tos, São Paulo, en 1989. Se buscaba implementar la medida sanitaria del cambio de jeringuillas yagujas utilizadas, con miras a la contención de la epidemia entre usuarios de drogas inyectables(UDI) y la promoción de su salud. Sin embargo, el Ministerio Público de Santos consideró que elprograma propuesto por el gobierno municipal era delictivo, con base en una interpretación deun artículo de la Lei de Entorpecentes que considera delito cualquier forma de suministro de dro-gas para su consumo. Los médicos participantes en el programa pasaron entonces a realizar susacciones preventivas y educativas de forma clandestina, ya que, en esos momentos el 60% de losUDI de Santos estaba infectados con el VIH. Más que una cuestión sanitaria, era una cuestiónhumanitaria.

A lo largo de la década de los noventa, la reducción de daños se fue confirmando como políticagubernamental de salud pública. El Ministerio de Salud financia hoy los más de 200 programasdiseminados por todo el país, con el inusitado apoyo de la ONUDC que en general se opone a lasestrategias de reducción de daños. Existen dos cadenas principales de reductores de daños: la Aso-ciación Brasileña de Reductores de Daños (ABORDA) y la Cadena Brasileña de Reducción de Daños(REDUC). La nueva Ley de Drogas incorpora la reducción de daños como una de sus políticas. Alestablecer las atribuciones del Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), laley especifica en su artículo noveno, que cabe a ese Sistema “reglamentar las actividades que ten-gan por objeto la reducción de daños y riesgos sociales, y la salud”. Y, en su artículo vigésimo, esta-blece que “constituyen actividades de atención al usuario y dependiente de drogas y sus respecti-vos familiares, para los efectos de esta Ley, aquéllas que persigan la mejora de la calidad de vida yla reducción de los riesgos y de los daños asociados al uso de drogas”.

El Brasil podría jugar un rol importante a nivel internacional para cuestionar el enfoque represi-vo que se le da al consumo de las drogas, y para ayudar a conformar una base de apoyo a una polí-tica basada en los principios de la reducción del daño. En lo que va corrido de 2004, el Ministeriobrasileño de la Salud ha demostrado voluntad para promover esta estrategia, incluso al interiorde medios políticamente difíciles como son los de la Comisión de Estupefacientes (CE) de la ONU,y el de la Comisión Interamericana de Control al Abuso de Drogas (OEA-CICAD).

En la sesión de la CE en Viena el pasado marzo, Brasil presentó una controvertida resolución sobreVIH/SIDA y reducción del daño, que generó tensos debates. Un detalle importante es que Brasilhabía conseguido que todos los países latinoamericanos y del Caribe (el grupo GRULAC) apoya-ran esta iniciativa. El texto de la resolución se vendría posteriormente a tierra, particularmentedebido a la presión de EEUU, Rusia y de varios países asiáticos. Las diversas referencias a la impor-tancia de los programas de intercambio de jeringuillas y a otros servicios para la reducción deldaño, así como el pedido de apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones de consumido-res de drogas, quedaron por fuera de la versión adoptada finalmente.

Un mes más tarde, en la Trigésimo Quinta sesión de la CICAD en Washington, el Ministerio de Saludpresentó un informe sobre cómo el enfoque de reducción del daño en Brasil había logrado unadisminución significativa de nuevos casos de infección por VIH entre los drogadictos por vía intra-venosa. La delegación explicó las intenciones del gobierno de ampliar los programas de reduc-ción del daño a las prisiones, y subrayó la necesidad de garantizar la participación del consumi-dor en el diseño e implementación de políticas públicas.

De continuar Brasil manteniendo una posición activa internacionalmente, podría contribuir demanera significativa al fortalecimiento de la tendencia hacia la reducción del daño, visible ya enpaíses latinoamericanos como Argentina y Uruguay, lo que, en general, ayudaría a mejorar el climadel debate global sobre políticas de drogas.

Reducción de Daños

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 20

monía de los Estados Unidos en el mundo. Pero lasestadísticas sobre ese mal que afecta a la sociedad,muestran que en las últimas décadas, ha habido unaumento del consumo de drogas y del poder del nar-cotráfico, con todas los consecuencias que eso pro-duce, inclusive la corrupción policial. Por lo tanto, soyfavorable a la idea de la despenalización del uso delas drogas”.

El 11 de marzo de 2004, la Cámara de Diputa-dos aprobó la Ley 7134/02, que ahora se trami-ta en el Senado, donde probablemente tambiénserá aprobada sin grandes modificaciones. Eldiputado Paulo Pimenta (PT-RS),relator del pro-yecto aprobado, afirmó que “la gran virtud de lapropuesta es la eliminación de la posibilidad de pri-sión para el usuario y dependiente”, pero con lareserva de que el usuario no está siendo despe-nalizado,pues “el Brasil es signatario de convencio-nes internacionales que prohíben la eliminación deese delito”. El relator explica que el nuevo docu-mento solamente modifica los tipos de penas aser aplicadas al usuario, excluyendo la privaciónde la libertad como pena principal.“Para que elcondenado no pueda sustraerse del cumplimientode las penas restrictivas de derecho, previstas en elproyecto que ahora presentamos, establecemos laposibilidad de condenar al usuario en las penas delartículo 330,del Código Penal en vigor.” O sea que,en caso de que el usuario no cumpla las penasrestrictivas alternativas, se le aplicarán nuevasmedidas penales, las cuales pueden incluir suencarcelamiento, como ya mencionamos.

A pesar de que un parlamentario llegó al extre-mo de afirmar que esa pseudo despenalizacióndel usuario era “prácticamente la liberación de lasdrogas”, en el fondo, la nueva ley no es muy dife-rente de la vieja Lei de Entorpecentes de la épocade la dictadura: el maquillaje ha sido retocado,pero no se ha alterado el mismo énfasis en elsistema jurídico-policial como forma principal detratar la problemática de las drogas.Al hacer unacrítica a ese proyecto, en el Editorial del perió-dico O Globo, del 21 de febrero de 2004, el abo-gado Rogério Rocco afirmó que, “El Legislativotiene unas virtudes curiosas, una de ellas es la degarantizar grandes cambios en textos legales que,de hecho, no cambian casi nada”.2

En relación con el hecho de que el Brasil no tieneautonomía para despenalizar al usuario, hay querecordar que, en verdad, el país es signatario delas Convenciones de Drogas de las NacionesUnidas. Sin embargo, es necesario considerarque,entre los principios fundamentales de nues-tra Constitución está el respeto a la privacidady a las libertades individuales, ámbitos que nodeberían sufrir intervención del Estado.La puni-ción del usuario de drogas es contraria al prin-cipio de la no-imputabilidad del derecho penal,que consiste en no castigar actos que no pon-gan efectivamente en riesgo un bien jurídicotutelado.Son los llamados ‘crímenes sin víctima’,como por ejemplo la auto-lesión, la prostitucióny el suicidio que en general no están sujetos acualquier tipo de castigo por parte de la legisla-ción penal del mundo. O sea, la incriminación openalización del usuario de drogas hiere la Cons-titución brasileña.

En segundo lugar,el Supremo Tribunal Federal hareconocido que las normas contenidas en lostextos de las convenciones internacionales seanincorporadas en el derecho interno con el esta-tuto de ley ordinaria.Por tanto,pueden ser alte-radas por decisión de la instancia legislativacompetente, en este caso, el Congreso Nacio-nal.

Desgraciadamente, la nueva Ley de Drogas nose fundamenta en esas directrices y sustenta unasituación de vigilancia sobre los usuarios dedrogas ilícitas que cuando sean sorprendidos enflagrante por la policía, serán penalizados de unaforma u otra. De este modo, el autoritarismo yla intolerancia presentes en la Ley 6368 de1976,continúan en la base de la nueva ley.Comodice Rocco en su artículo mencionado antes,“Porno atreverse a tratar de la legalización de la pro-ducción y del comercio de drogas,después de la apro-bación final de este proyecto, el Brasil continuaráintentando sobrevivir al aumento de la violencia gene-rada por el narcotráfico, y los usuarios seguirán sien-do el blanco predilecto de los policías corruptos”.

T

N

I



2 Rocco, R.“Nada de muito novo”, O Globo, 21 de febrero de 2004.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 21

urante los años ochenta, el Brasil pade-ció lo que se conoció como una transi-ción epidemiológica. Las enfermedadesinfecto-parasitarias, que al comienzo dela década eran el principal motivo de

mortalidad de la población, pasaron a ser el segun-do motivo al final de ese período. El liderazgo enmortalidad fue asumido por las denominadas cau-sas externas,es decir, las muertes ocurridas por vio-lencia.Al inicio de esa misma década, las causas vio-lentas representaban el cuarto motivo de reducciónde la expectativa de vida. Más allá de un problemade salud pública, la alteración de esos indicadoressignificó cambios en el comportamiento de la pobla-ción y en las relaciones interinstitucionales, cultu-rales y sociales. En el contexto de la sociedad bra-sileña la violencia ha ido asumiendo una mayor visi-bilidad.

El aspecto paradójico de ese fenómeno es la cons-tatación del incremento de la violencia, particular-mente la criminal, que se intensificó con el fin de ladictadura militar y el inicio de la llamada transicióndemocrática.En 1989,coincidencialmente el año delas primeras elecciones libres para presidente de larepública desde 1960, las causas externas se convir-tieron en la principal razón de mortalidad. O sea,los índices de mortalidad violenta del período queabarca el régimen militar – en el que el poder eramantenido por medio del uso constante e indiscri-minado de la violencia extrema,persecuciones y pri-siones arbitrarias e ilegales, torturas de presos polí-ticos y comunes, asesinato de líderes políticos deizquierda y/o opositores al régimen - fueron supe-rados en las gestiones de los gobiernos civiles quelo sucedieron. Como veremos más adelante, en losaños noventa hubo, inclusive,un agravamiento de losindicadores.

En cuanto a los aspectos institucionales, esta para-doja se explicaría por el hecho de que al final, tantolos gobiernos militares como los civiles que sesucedieron fueron la expresión de un mismo siste-ma de dominación de élites, y se dieron en un con-texto en que el restablecimiento de las eleccioneslibres no fue capaz de generar instituciones efecti-vamente democráticas estables, que gozaran deconfiabilidad y pudieran estar sometidas al control

de la sociedad.2 Los análisis realizados a este res-pecto demuestran que, más allá del uso legítimo dela violencia y de la construcción de un consenso, losorganismos de contención y represión utilizabanampliamente,como recurso de control,el abuso delpoder y las prácticas de tortura dirigidos a deter-minados sectores de la población, volviéndose ele-mentos característicos de la acción policial. Estasprácticas ya existían en el período autoritario, perose intensificaron después de la dictadura3, represen-tando de este modo una continuidad institucional.

En su dimensión criminal, la ampliación de los indi-cadores de violencia posee un elemento que se des-taca: hay una coincidencia entre el aumento de loshomicidios y la presencia cada vez mayor del tráfi-co de drogas en el medio urbano (y rural) brasile-

T

N

I

EL BRASIL URBANO: NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIAPaulo Cesar Pontes Fraga1


1 Profesor e investigador de la Universidad Estadual de Santa Cruz/BA.2 Pinheiro, P. S.“Violência, Crime e Sistemas Policiais em Países de Novas Democracias.Tempo Social”, Rev. de Sociologia da USP, 9(1): 43-52, mayo de 1997.3 Coimbra, C.“Operação Rio: O mito das classes perigosas”. Intertexto/Oficina del Autor: Niterói/Ro de Janeiro, 2001.

Desde 1958 se viene registrando la pre-sencia de grupos de exterminio quetenían como objetivo “disminuir” losíndices de criminalidad, asesinandodelincuentes. A partir de 1964, con lacreación de la Scuderie Le Cocq, ungrupo policial de élite, se intensificaronlas acciones de eliminación de bandi-dos, generalmente personas pobres de laperiferia. En determinadas circunstan-cias, los miembros de ese grupo se uníana los órganos de represión de la policíapolítica para colaborar en la persecu-ción de los militantes de izquierda. Sevolvieron, con eso, intocables por la jus-ticia, y quienes denunciaran sus accio-nes o los incriminaran pasarían a servistos como enemigos del régimen. Esegrupo sirvió de inspiración para otrosgrupos, paramilitares o no, que en lasdécadas siguientes proliferarían en lasperiferias de los principales centrosurbanos, principalmente de Río deJaneiro y São Paulo, con apoyo de laprensa conservadora y de parte de lapoblación. Además de matar, chantaje-aban a asaltantes y traficantes.3

Escuadrones de la muerte

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 22

ño. En el período comprendido entre fines de losaños ochenta hasta hoy,el tráfico de drogas se incor-poró gradualmente a la vida cotidiana de varias ciu-dades del país,principalmente en las regiones metro-politanas, destacándose como la actividad criminalde mayor crecimiento. São Paulo,Recife,Belo Hori-zonte y, principalmente Río de Janeiro, se caracteri-zan por la presencia cada vez más notoria del tráfi-co de drogas en sus territorios.

Es importante destacar, por otro lado, que los índi-ces de homicidio y de criminalidad,asociados al trá-fico de drogas, han aumentado en un contexto degrave crisis económica.Después de un enorme cre-cimiento durante los años setenta, los años ochen-ta fueron llamado la década perdida, debido al débildesempeño de la economía brasileña, las altas tasasde desempleo, el recorte significativo de inversio-nes públicas, y la extinción de programas públicosen el área social4. No se trata aquí de hacer unacorrelación inmediata entre tasas de desempleo oaumento de la pobreza con el incremento de la cri-minalidad,pero sí de señalar que esa coyuntura,alia-da a otros factores culturales, políticos y sociales,generó un ambiente propicio para el aumento de laviolencia.

En este marco, merece destacarse el caso muyespecífico de Río de Janeiro, por la forma como seorganizó allí el narcotráfico, por fuera de los reduc-tos tradicionales e inherentes a las actividades ilíci-tas,extendiendo su influencia sobre áreas que hastaentonces estaban fuera de sus dominios, y promo-

viendo conflictos en esas áreas. Los homicidiosrepresentan, a partir de 1998, la principal causa dedisminución de los índices de vida en el municipio,en el amplio margen de edades que va de los 10 alos 49 años.Los indicadores revelan que entre 1983y 2002, en la ciudad de Río de Janeiro las tasas dehomicidio crecieron 444% (Diagrama I).

Diversos índices de criminalidad aumentaron tam-bién su incidencia, destacándose la incautación dearmas y las desapariciones.En los últimos diez años,la incautación de armas por la policía de la capitalfluminense creció considerablemente. Mientras en1994 se incautaron 745 armas, en 2003 la cifra fuede 6.068, un aumento de 714% (Diagrama II).

En el período 1994-2003 la policía confiscó en total25.490 armas, un número suficiente para equipar elefectivo total de la corporación en la ciudad. Ofre-cemos también una cifra poco estudiada por analis-tas y especialistas del área de seguridad pública,peroque merece atención: el número de desaparecidosen la ciudad entre 1993 y 2002. En ese período, seregistraron 16.426 casos de desapariciones (Diagra-ma III), en su mayoría de personas jóvenes. Granparte todavía continúa desaparecida, y se sospechaque un número considerable de esos desaparecidos,fue muerto por grupos vinculados al narcotráfico,o en acciones ilegales de miembros de la policía y /o grupos de exterminio.

El aumento de homicidios,desapariciones e incauta-ciones de armas no es una mera coincidencia y tiene

T

N

I


E l B r a s i l u r b a n o : n a r c o t r á f i c o y v i o l e n c i a

4 Datos recientes divulgados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo revelan que, entre 2001 y 2003, hubo en elmunicipio de São Paulo, la ciudad brasileña más grande e importante, una correlación entre el porcentaje de aumento del desempleo y laincidencia de 33 tipos de casos policiales. Para cada porcentaje de aumento en la tasa de desempleo se da el mismo porcentaje de aumen-to de esos hechos.

Diagrama I: Tasa de homicidios (100.000) en Río de Janeiro 1983-2002

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 23

estrecha relación con el narcotráfico. Las armas uti-lizadas por los traficantes en sus puntos de venta sonde alto poder de destrucción, y algunas son de usoexclusivo de las fuerzas armadas, por configurarsecomo armas de guerra (fusiles, granadas, sub-ame-tralladoras,ametralladoras y hasta minas terrestres).Estas armas no son en su mayoría de fabricación bra-sileña, sino introducidas de contrabando de paísescomo EEUU,Israel,Rusia y Suiza,siendo utilizadas porel narcotráfico para defensa del territorio de susnegocios. Entretanto, ya se están observando casosde desvío de armamento de las fuerzas armadas paragrupos de narcotraficantes, como quedó claro en lareciente incautación de minas terrestres que teníannumeración del mismo lote de minas adquiridas porla Fuerza Aérea brasileña5.

La presencia de armas poderosas,el constante con-flicto entre facciones que se disputan los puntos deventa de drogas, el enfrentamiento entre faccionesy la policía, el traslado de parte de esas armas paraotras actividades criminales, y la misma eliminaciónde personas vinculadas al narcotráfico, son algunasde las razones del aumento sustancial de homicidiosen la ciudad.

Es importante, entretanto, entender por qué la ciu-dad de Río se convirtió en la principal metrópoli bra-sileña del tráfico de drogas.Ya en la década del vein-te, Río de Janeiro registraba la presencia de ventade marihuana.6 Ahora bien, una mayor represión aese tipo de actividad y un aumento significativo delconsumo se dio sólo en los años sesenta, a pesar

T

N

I



5 Según datos de la División de Fiscalización de Armas y Explosivos (DFAE) de la Policía Civil, entre 1950 y 2001 fueron identificadas, entrelas más de 200 mil incautaciones realizadas en Río, cerca de 35 mil armas de guerra de uso exclusivo de la policía y de las Fuerzas Arma-das. Según un levantamiento de la policía, a partir de 1995, cerca de un tercio de esas armas (unas diez mil armas) salió de los cuartelesdirectamente a las favelas. En muchos casos se trata de lotes enteros de granadas, fusiles, sub-ametralladoras y pistolas automáticas, quehan sido encontrados, en los últimos siete años, en manos de narcotraficantes.6 Misse, M. Os Malandros, Marginais e Vagabundos & a Acumulação Social da Violência no Rio de Janeiro.Tese de Doutoramento, IUPERJ.Río de Janeiro, 1999. Misse, M.“O Movimento: redes de mercado de drogas”.Tempo e Presença, nº 323. Pág. 7-12: Mai/Jun, 2002. // Souza,

Diagrama III: Desaparecidos en Río de Janeiro - 1994-2003

Diagrama II: Armas incautadas en Río de Janeiro - 1994-2003

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 24

de que desde la década del cuarenta el Código Penalbrasileño considera como delito el consumo y ventade determinadas substancias psicoactivas, como lamarihuana.

El consumo, hasta entonces restringido a las áreaspróximas a los puntos de venta (bocas de fumo),barrios pobres o ‘franjas’ de los bajos fondos,e inclu-so zonas de prostitución,7 se extendió a los secto-res de la clase media, impulsado por un movimien-to contracultural, como forma de expresión y derebeldía de intelectuales y artistas ante la dura rea-lidad del país, bajo la dictadura militar. Eso le daríaa la actividad ilícita relacionada con las drogas mayorstatus en el mundo criminal, debido además alaumento de dinero que pasó a movilizar.

Las bocas de fumo estaban durante el mismo perío-do localizadas en su mayoría en favelas y barrios peri-féricos, y como se sabe, según relatos de morado-res más antiguos de esas comunidades, era muycomún la presencia de consumidores de los barriosde clase media en esos locales,que llegaban allí paracomprar la sustancia. La policía empezó entonces aejecutar acciones represivas en las bocas de fumo,que terminaron propiciando un tipo de conductacorrupta y delictiva que no solamente se volvería unapráctica difundida en la policía, sino que tambiénsería fundamental para el crecimiento de la activi-dad ilícita.

En la segunda mitad de los setenta, la cocaína entróen el mercado a través de la venta en forma directaal consumidor, volviéndose la actividad más lucrati-va8. La mayor adhesión a la cocaína por los consu-midores obedeció más a la disminución del preciode este producto, en un período en que existía unagran oferta en el mercado, que al aumento de sudemanda. Sin embargo, el gran impulso de la activi-dad delictiva y la acentuación de su carácter letal,ocurriría con una mejor organización del narcotrá-fico, que pasó a tener una estructura empresarial:contratación asalariada de los participantes, entrada

masiva de personas en la actividad, fuerte organiza-ción jerárquica y un mayor esquema de seguridad.9

T

N

I



M. J. L.“O tráfico de drogas no Rio de Janeiro e seus efeitos negativos sobre o desenvolvimento sócio-espacial”. Cadernos IPPUR/UFRJ, anoVIII, n.° 2/3, set/dez, 1994. // Fraga, P. C. P.“Da Favela ao Sertão: Juventude, Narcotráfico e Institucionalidade”. En: Fraga, P.C.P. & Iulianelli, J.A.“Jovens em tempo real”, Río de Janeiro: DP&A, 2003.7 Misse, op cit., 20028 La mayor presencia de drogas y, en especial, de cocaína en el mercado brasileño a partir de ese período, se debe aparentemente, a lainiciativa de productores de coca de menor porte de Bolivia, que buscaban mercados regionales como los de Río de Janeiro y de SãoPaulo, para la distribución de su producto de calidad inferior, ello debido principalmente, a la fuerte competencia con los carteles de Caliy de Medellín. Río de Janeiro también ha sido usada como base de venta de drogas para otros países. Hay controversia en cuanto alvolumen de cocaína que pasa por tierras brasileñas. Según la Policía Federal, el volumen nunca ha sido muy significativo. La mayoría de lacocaína del narcotráfico en Río se destina al consumo interno. Pero hay investigadores que creen que el 8% de toda la droga producidaen los países andinos pasa por el Brasil (Misse, 2002).9 Fraga, Misse, op cit. // Peralva,A.“Violência e Democracia: O Paradoxo Brasileiro”, São Paulo: Paz e Terra, 2001.

A fines de los años setenta, los presos dela cárcel de Ilha Grande, en Angra dosReis, Estado de Río de Janeiro, se orga-nizaron para reivindicar mejores condi-ciones en las cárceles y para oponerse alas torturas y a los malos tratos practica-dos por agentes penitenciarios. La ideaera evitar choques entre los presos, pro-moviendo entre ellos sentimientos desolidaridad, todo con miras al alcance deun objetivo común: salir de la prisión ymejorar la vida al interior de ésta. Eléxito de ese grupo, autodenominadoFalange Vermelha, se sobrepuso al siste-ma y tuvo influencia sobre actividadescriminales, como los asaltos a bancos y,principalmente, el próspero negocio dela venta de cocaína. El grupo inicial fuedetenido y desmantelado por los orga-nismos de represión en el gobierno deMoreira Franco, entre 1987 y 1990. Sinembargo, hubo una reorganización delmismo, en el inicio de la década delnoventa. Los nuevos grupos se mostra-ron más violentos y poco comprometi-dos con las comunidades, imponiéndo-se cada vez más por la fuerza de lasarmas. Solamente el carácter de organi-zación empresarial del crimen fue man-tenido, aún cuando se subdividieron enotros grupos. Hoy las favelas de Río sonrifadas y divididas entre las diversas fac-ciones. Las facciones más importantesson: el Comando Vermelho, el TerceiroComando y Amigo de los Amigos. Perohay un proceso de constante fragmenta-ción de dichos grupos.

Cárceles y surgimiento de facciones

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 25

T

N

I



Tal organización se hizo efectiva gracias a gruposque, a partir de reivindicaciones por mejores con-diciones de vida en las penitenciarías de Río de Janei-ro, le aportaron a la vida criminal un mejor planea-miento y la consecuente posibilidad de mayoreslucros y éxitos.La estructura de la organización tienela forma de un oligopolio con una cúpula de nego-cios, como sucedía anteriormente con el jogo dobicho. Es decir, los grupos se dividen el territoriourbano, monopolizando cada uno de ellos las ven-tas en determinados barrios o favelas. Es bastantecomún, que los grupos rivales se acosen y hostili-cen entre ellos, buscando conquistar los puntos deventa ajenos para ampliar sus lucros y su radio deacción. Esas hostilidades resultan generalmente enla muerte de muchas personas envueltas o no en laventa, y amplían sus efectos más allá de los límitesde los puntos de venta. Fue lo que sucedió recien-temente, en junio de 2004, en la favela de la Rocin-ha, cuando un grupo rival intentó invadirla paratomar los puntos de venta ahí situados. En loshechos murieron unas diez personas.A los habitan-tes se les impidió entrar y salir de la favela,y los refle-jos de estas verdaderas acciones de guerra se sin-tieron incluso en las calles adyacentes, en un radiohasta de 4 km, desde donde se podían ver y oír losintensos tiroteos con fusiles y sub-ametralladoras.Tales acciones constituyen una práctica bastantecomún. En el mes de agosto de 2004, hubo variastentativas para tomarse bocas de fumo en diversasfavelas, tales como el Complexo da Maré, el Morro dosMacacos y el Complexo do Alemão, donde murieroncerca de veinte personas. La acción de la policía enestos casos se limita generalmente a la ocupaciónde la favela después de que el conflicto ya se ha esta-blecido.

Las actividades proliferan en los montes o cerroscariocas en donde se encuentran muchas de las fave-las, en barrios de la periferia, así como en otras ciu-dades de la Región Metropolitana e incluso delestado de Río de Janeiro. Se estima que de las 704favelas existentes en la ciudad, hay sólo dos en lasque no está presente el narcotráfico. Esta presen-cia ha cambiado completamente a través de los añosla rutina de la ciudad y la vida en las favelas.En deter-minados períodos de conflicto entre los grupos riva-les, los traficantes imponen un verdadero ‘estado desitio’ o ‘toque de queda’,en el cual,a partir de deter-minada hora, los moradores deben permanecer ensus casas con las luces apagadas y nadie debe circu-lar por las calles, bajo el riesgo de ser agredido de

alguna forma.Cuando algún integrante del bando esdado de baja por la policía o en enfrentamiento congrupos rivales, se obliga a la población a guardar un‘luto’ en el que incluso los establecimientos comer-ciales y las escuelas en el interior de las favelas y enlas calles adyacentes deben cerrar las puertas.La lista

El jogo do bicho es un juego de azar, unaespecie de lotería, cuya explotación es con-siderada una contravención o falta penal, esdecir, un delito de menor gravedad. Creadoa comienzos del Siglo XX, el juego consisteen apostar de acuerdo con una numeración(decena, centena o millar), que correspon-de a determinados animales. Se inició en laciudad de Río de Janeiro, pero hoy en díaexiste en casi todo el Brasil. Su explotaciónla realizan personas cuyos recursos tienenun origen, en general, asociado a otras acti-vidades ilícitas, como el contrabando. Fun-ciona de acuerdo a la división de la ciudaden varias regiones, debiendo cada dueño deuna determina región o punto respetar elespacio del otro. La violación de esta regladesencadena una serie de conflictos y muer-tes que, generalmente, resultan en una rede-finición de áreas, de puntos de explotacióny hasta de los propios responsables de suoperación. Aunque continúa existiendo,este tipo de actividad ha perdido espacio enlas últimas décadas en el gusto popular, y suexplotación no rinde ya tanto dinero comoen otras épocas. Los bicheros o banquerosde bicho, denominaciones usualmente uti-lizadas para definir al jefe de un área, tienenbastante poder e influencia en las regionesen que actúan, pues realizan acciones decuño paternalista en beneficio de los habi-tantes más pobres. Tradicionalmente hanestado siempre vinculados a los desfiles delas escuelas de zamba, prácticamente patro-cinados por ellos. La policía tiene una rela-ción bastante ambigua con ese tipo de acti-vidad ilícitas: en algunos períodos reprime,no tomando en otros ninguna medidarepresora. Esa oscilación se da por cuenta delos acuerdos realizados entre los bicheros ylas autoridades policiales, logrados pormedio de propinas y amenazas.

Jogo do Bicho

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 26

T

N

I



de arbitrariedades y abusos es grande, y abarcaacciones tales como ‘la intervención’ de teléfonos yla confiscación de casas consideradas estratégicaspara el negocio,entre otros,buscando el control delterritorio de sus negocios.

El hecho más notable perpetrado por los narcotra-ficantes, fue la paralización que se produjo un día,en el segundo semestre de 2002, de prácticamentetodos los municipios situados en la Región Metro-politana de Río.De acuerdo con la versión más fide-digna, una orden proveniente de los presidios, endonde están encarcelados traficantes influyentes enla jerarquía del narcotráfico, impuso bajo amenaza,la paralización durante un día entero de todas lasactividades de los establecimientos comerciales eindustriales, y escuelas.A pesar de los ruegos de lasautoridades y de la presencia de efectivos de la poli-cía en la calle para que las personas desempeñaransus funciones normalmente, parecía más un díaferiado. Quedando demostrado con eso que lapoblación conoce los códigos del narcotráfico,y queno cree que las autoridades o los agentes de segu-ridad pública tengan la capacidad para ofrecerlesprotección.

A pesar de la extrema violencia con que se mani-fiesta y actúa, el narcotráfico de Río no conformauna mafia de acuerdo a los moldes conocidos.El nar-cotráfico no está subordinado directamente ni agrandes mayoristas, ni a organizaciones verticalesextranjeras, ni a organizaciones de familia, como lasmafias neoyorquinas e italianas. Aún cuando puedatener una base familiar local,ésta difícilmente extra-pola al ‘dueño’ o al ‘gerente’ de la boca de fumo.Otracaracterística importante tiene que ver con la orga-nización de las redes que sustentan el narcotráfico,que son bastante fragmentadas y vulnerables.El ‘capi-tal inicial’ empleado para la compra de drogas(cocaína y marihuana) proviene en su mayor partede robos a bancos y del intercambio del productopor carros robados dentro del Brasil, y negociadosen el Paraguay.

El narcotráfico en Río de Janeiro es hoy, sin duda, elmayor desafío para la seguridad pública del país. Susacciones se reflejan principalmente en el área de laRegión Metropolitana, a través de situaciones tandiversas como: la entrada masiva de jóvenes en susfilas; los constantes tiroteos entre facciones,y entre

éstas y la policía, que atemorizan a la población; lacorrupción de las instancias del poder constituido;la institucionalización del modelo autoritario quecrea toda una nueva escala de valores, en donde lavida es un elemento precario y la imposición de lafuerza bruta y del consumismo de masas ganan rele-vancia;el debilitamiento de las redes de solidaridad;el aumento de la violencia policial; y el mayor gastode los recursos públicos para contraponer los efec-tos de esa situación, como es el caso de las emer-gencias hospitalarias.

Sus causas más profundas y posibles soluciones seencuentran más allá de los límites metropolitanos.El combate a la corrupción en diversos organismos,como la policía Civil,Militar y Federal,es fundamen-tal para evitar la entrada de armas por las fronterasy su infiltración a través de aeropuertos, carreterasy puertos. Es urgente un mayor control sobre elestamento Judicial, para impedir que jueces y pro-motores faciliten habeas corpus para los traficantes

10 Coimbra, C.“Operação Rio: O mito das classes perigosas”. Intertexto/Oficina del Autor: Niterói/Ro de Janeiro, 2001.

En noviembre de 1994, luego de presio-nes de sectores de la prensa y de empre-sarios, así como de una campaña paradesmoralizar a la policía civil y a la mili-tar, el Ejército ocupó las favelas de Río deJaneiro con acciones denominadas comoOperaciones Río I y II. Las operaciones sevolvieron ineficientes en sus propósitos,deshaciendo el mito de la incorruptibi-lidad del Ejército y de su disponibilidadpara cualquier acción. Se produjerondenuncias, como desvíos de armas,señalamiento de oficiales circulando encarros robados, y la muerte misteriosa dealgunos oficiales que investigaban casosno divulgados por la prensa.10 Las ope-raciones quedaron marcadas tambiénpor casos de tortura practicados poragentes del ejército. Recientemente, conel enfrentamiento entre narcotraficantesen la favela de la Rocinha que dejó oncemuertos entre traficantes, habitantes ypolicías, se volvió a solicitar el apoyo delejército, esta vez en forma de una misiónespecial armada.

Incursión militar

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 27

y funcionarios públicos comprometidos con actosde corrupción y prevaricato. Es necesario, además,sacar a las favelas - que representan el 40% de lapoblación carioca - del aislamiento en que fueronhistóricamente colocadas, como si no pertenecie-ran a la ciudad,excluidas de políticas públicas de edu-cación, salud, empleo y renta, promoción social yseguridad. Con ello se evitaría que el único órganoestatal presente en las favelas sea la policía, cuyaactuación siempre se ha caracterizado por la incom-petencia, el desprecio y la falta de respeto hacia sushabitantes.

Las políticas para la juventud son urgentes,pues éstees el sector de la población más afectado por la vio-lencia y la criminalidad.Varios programas ya existen-tes en diversas favelas cariocas,han demostrado quelo que lleva a los jóvenes a ingresar a las filas del nar-cotráfico, es sobre todo el abandono en que seencuentran en cuestión de políticas culturales y edu-cacionales que valoricen su creatividad, antes que lapura necesidad de supervivencia.En el ámbito inter-

nacional, el sistema de la ONU necesita revisar lapolítica prohibicionista expresada en las convencio-nes sobre estupefacientes,buscando formas más efi-cientes de desmantelamiento de las redes de delin-cuentes, sin criminalizar a los pequeños agriculto-res y usuarios.

La situación es compleja. Los gobiernos que se hansucedido en las últimas décadas no han sido capa-ces de enfrentar el problema de manera competen-te.Han insistido solamente en la solución armamen-tista y bélica, aumentando el contingente policial,equipándolo con armamentos más poderosos, yrecurriendo al auxilio de las fuerzas armadas comoforma de mayor represión. Sin embargo, cada añolos resultados revelan una mayor ineficiencia. Nohabrá solución o disminución de la criminalidad sinun amplio esfuerzo en la reforma de las institucio-nes de seguridad pública con miras a incrementarsu eficacia, en la mejora de las condiciones de tra-bajo y, principalmente, en la transparencia de susacciones y respeto a los preceptos constituciona-

T

N

I


Mandadero (Prestadores de Serviço) - No posee un vínculo fijo con el tráfico. Hace los llamados ‘man-dados’ o bicos, (trabajos ocasionales) que van desde la compra de comida para los integrantes de laboca (punto de venta) hasta la entrega de drogas en otras localidades.Vigía (Olheiro/ Fogueteiro) - Avisa, a través de radio transmisores o de fuegos artificiales la llegada de lapolicía o de grupos rivales.Guarda / Soldado (Seguranças/ Soldados) - Hace la guardia armada del punto de venta.Patrulla de seguridad (Bonde do Dono) - grupo fuertemente armado que se encarga de la seguridadparticular del dueño. Encargado de vender la droga (Vapor) – El que vende las cargas y su servicio.Abastecedor - Encargado de abastecer a los ‘vapores’ con la droga ya empaquetada para la venta. Embalador (Endolador) - Prepara la droga para el consumo, colocándola en recipientes propios ymezclándolas a otras sustancias para la obtención de mayor rendimiento. Administrador de la marihuana y de la cocaína (Gerentes da Maconha e do Pó) - Administra el empaquetado y venta de la mercancía de la que es responsable. Normalmente hayadministradores para cada tipo y precio de droga. Se arreglan con el administrador general.Administrador general - Es el brazo derecho del jefe. Administra todo el proceso de venta. Algunosviven en la propia comunidad, otros aparecen apenas para recoger el fruto de las ventas.Jefe - Individuo que comanda toda la estructura de la boca.

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 28

os análisis precedentes permiten señalar quela situación del Brasil es el resultado de múl-tiples factores generados por las políticas rela-cionadas con el problema de drogas. Desde elpunto de vista de la producción de sustancias

ilícitas, Brasil no se encuentra en la misma situaciónque los países andino-amazónicos, pero no por ellodeja de ser un país productor. De alguna maneratodos los países pertenecen al circuito económico delas drogas. Por otro lado, en Brasil, la violencia rural yla urbana se incrementaron significativamente con elsurgimiento del problema de las drogas.

En Brasil existen tres tendencias relativas a la políti-ca de drogas. La primera es la del discurso guberna-mental, represivo y militarizado. Sus principales voce-ros son la SENAD, y los Ministerios de RelacionesExteriores, de Defensa y de Justicia. Esta políticaimplementa el refuerzo legal cuyo objetivo es cohibirla oferta y la demanda.La segunda tendencia está rela-cionada con la reducción de daños, cuyo principalagente es el Ministerio de Salud.Esta política surge enrelación con el éxito de las acciones de contencióndel VIH/SIDA, especialmente con la sustitución dejeringas. Una conquista de esta postura fue la altera-ción del nombre de Secretaría Nacional Anti-Drogas,por el de Secretaría Nacional de Política de Drogas.La tercera tendencia, la más débil, tiene que ver conel debate sobre el control social de las drogas.Sus prin-cipales voceros son el Ministerio de Justicia y la Secre-taría Especial de Derechos Humanos. Esta última hallegado a formular la posibilidad del uso terapéuticodel cannabis. De hecho en 2003, en el Seminario delCebrid (Centro Brasileiro de Informações sobre DrogasPsicotrópicas) se recomendó que el cannabis fueraretirado de la Lista 1, de estupefacientes, y colocadaen la Lista 4 de la DIMED del Brasil para fármacos con-trolados.

Las consecuencias de las políticas de drogas y de laorganización empresarial de su cadena productiva,hansido nefastas para la sociedad brasileña. Son muchoslos motivos de inquietud: el alto índice de homicidiosde jóvenes, pobres, y negros, entre 15 y 24 años; en elámbito rural, el efecto nefasto que provoca el encar-celamiento de trabajadores rurales que construyenestrategias posibles de supervivencia; la marginalizaciónde los jóvenes en las comunidades urbanas, queencuentran en el narcotráfico estilos de vida que lesproducen sentimiento de superioridad; finalmente, eltratamiento de delincuente dado a los usuarios de dro-gas. Es necesario tomar medidas para modificar este

les. De la misma forma, no será posible mejorar lascifras en la lucha contra el consumo de drogas, sinla inclusión de la población en general, y en parti-cular, de los habitantes de las favelas, en la formula-ción e implementación de políticas públicas queefectivamente representen una inversión en accio-nes a favor de su inclusión social y, finalmente, suintegración a la vida de la ciudad.

A pesar de los graves problemas que el tráfico dedrogas trae para la población de Río de Janeiro, laciudad no está en guerra,como quieren hacer creerlos sectores conservadores, la propia policía y partesignificativa de los medios de comunicación. Lacuestión del narcotráfico debe incluirse en el ámbi-to de la seguridad pública, y no hacer de éste enforma alguna un problema de seguridad nacional.Alinsistir en que se trata de un problema de seguri-dad nacional, se está dando un salvoconducto alaumento de las violaciones, ya bastante alarmantes,a los derechos humanos de parte importante de lapoblación más desfavorecida de la ciudad. Las dro-gas se han vuelto un pretexto para realizar asesina-tos masivos, prisiones arbitrarias, y para culpar adeterminadas personas. La persecución a los ene-migos del régimen militar parece haber sido susti-tuida, en estos tiempos neoliberales, por el estigmadel traficante.

Las instituciones estatales han transformado la ile-galidad del tráfico de drogas en una práctica delin-cuente. Su institucionalización en las favelas cario-cas, la práctica violenta de sus principales actores,y su capacidad de volverse un elemento de sociali-zación en la vida de millares de niños, adolescentesy jóvenes, no representan acciones paralelas alpoder,no se constituyen tampoco en extrañas arti-mañas del poder, sino que hacen parte de su conti-nuum, que envuelve la justicia penal y los órganosde detención y represión. En fin, para usar unaexpresión consagrada por Foucault, es una delin-cuencia útil. El delincuente no es simplementealguien que infringe la ley,sino alguien que hace partede un grupo cuya sola existencia implica ilegalidad,y que opera dentro de un sistema en el que la apli-cación de la ley y la acción delictiva se funden enuna relación recíproca en la que la una presuponela otra.De ahí que una política capaz de reducir losniveles de la delincuencia relacionada con las dro-gas requiere de una revisión del sistema penal apli-cado.

T

N

I

C O N C L U S I Ó N YR E C O M E N D A C I O N E S


D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 29

panorama. A favor de una profundización del debate,presentamos las siguientes recomendaciones:

1. En un país de desigualdades sociales tan profundascomo es el Brasil, no se podrán realizar avances signi-ficativos en cuestión de políticas de drogas,sin una pre-via implementación de políticas sociales. Es necesariohacer una Reforma Agraria - políticas agrícolas, pro-piedad de la tierra y crédito rural; implementar pro-gramas educativos y formativos de la población, espe-cialmente orientados a los jóvenes marginados; accio-nes tendientes a corregir el déficit habitacional, espe-cialmente en los centros urbanos; y una política cultu-ral seria.

2. En relación con los agricultores involucrados en laproducción de sustancias ilícitas, es necesario prestaratención a la precaria situación económica que losempuja a tal actividad. Antes que un debate sobre lavalidez de la producción de tales sustancias, es impe-rioso que se discuta la legitimidad de la detención ypenalización de los agricultores en áreas de cultivo.Hayjuristas que proponen el uso de la excepción jurídicao de la aplicación de reglas atenuantes que tengan encuenta las degradantes condiciones de trabajo a las queestos trabajadores están sometidos.

3. Respecto a los jóvenes que participan en el circui-to de las sustancias ilícitas en las áreas rurales y urba-nas, se debe promover,como en los demás campos dela actividad laboral, la erradicación del trabajo infantil,y en consecuencia, la creación de actividades educa-cionales y formativas para los jóvenes en edad esco-lar, y la formación cultural y ciudadana integral. Ade-más, hay que construir alternativas de generación deempleo y renta.

4. El problema de la violencia urbana debe ser trata-do con la especificidad necesaria. Debe poder identi-ficarse el tipo de crimen cometido,y separar las activi-dades vinculadas al porte y consumo de drogas, deotros actos delictivos que les son relacionados.De esaforma, a un homicida se le juzgará por homicidio, y nopor el hecho de ser también portador o usuario dedrogas.

5. En el marco del estado de derecho, la seguridad esun asunto prioritario.Es necesario que se lleven a cabocampañas y se aprueben leyes para el desarme. Esimportante que se debatan las repercusiones de unalegislación menos represiva en el tratamiento de la pro-ducción de sustancias ilícitas. Hay que estimular las

experiencias de miembros de comunidades que hanlogrado alcanzar soluciones pacíficas con ayuda deactores locales, como escuelas, iglesias, rompiendo laley del silencio. Finalmente, es necesario una reformadel cuerpo policial para combatir la corrupción y laexcesiva violencia policial.

6. Asimismo, es importante que los legisladores exa-minen en la propuesta de ley que todavía se encuen-tra en tramite en el Senado, la creación de la figura delusuario difusor, la cual resulta imputándole al usuarioel delito de narcotráfico que,conforme a la actual legis-lación,conlleva penas de detención de 3 a 15 años.Nose debe permitir que salgan aprobados tanto éste comootros aspectos nocivos de la legislación en estudio.

7. El conjunto de los temas referentes a las drogasdebería ser tratado en el marco de la reducción dedaños y el control social.Deberían realizarse estudiosmás cuidadosos sobre los procesos productivos y decirculación, sus efectos en las comunidades campesi-nas y urbanas,así como políticas públicas de reducciónde daños para las más afectadas.Sin un tratamiento másobjetivo del tema, continuaremos aplicando políticasrepresivas de dudoso impacto para los propósitos dereducción de la oferta y la demanda.

8. Es necesario estimular la discusión sobre la coo-peración internacional y regional en el tema, en elmarco de los derechos humanos, especialmente losrelativos a los derechos económicos, sociales, cultura-les y ambientales.Un proceso político regional le per-mitiría al Brasil jugar un papel significativo en el trata-miento del tema a partir del desarrollo sostenido. ElBrasil podría contribuir a reducir los daños sociales yambientales que la actual política de drogas produceen América Latina. Sería conveniente promover larealización de estudios sobre los efectos nefastos delas fumigaciones para la salud y el medio ambiente enla Amazonía y solicitar al gobierno colombiano queinterrumpa esa acción.También se podría discutir enel ámbito latinoamericano posibles usos industriales yterapéuticos – bajo el estricto control del Estado –de plantas tradicionalmente cultivadas en el continen-te, para beneficio de las poblaciones.

9. El Ministerio de Salud,en su grupo de Trabajo sobrePolítica de Drogas vinculado a la Secretaría de Reduc-ción de Daños, debería ampliar la discusión, dándoleespacio y voz a los usuarios, a las víctimas de la vio-lencia, a los trabajadores rurales, así como a los espe-cialistas en esas áreas.

T

N

I

C o n c l u s i ó n y r e c o m e n d a c i o n e s


D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 30

WEBSITES

http://www.aborda.org.br Associaçao Brasileira de Redutores de Danos (ABORDA)

http://www.ibgf.org.brInstituto Brasileiro Giovanni Falcone

http://www.koinonia.org.brKoinonia

http://www.psicotropicus.orgPsicotropicus - Movimento Antiproibicionista

http://www.senad.gov.brSecretaria Nacional Antidrogas (SENAD)

http://www.unodc.org/brazilUnited Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Brazil Regional Office

FUENTES Y REFERENCIAS

● Arantes, E “Considerações sobre a Lei Anti-Drogas”. Revista do Conselho Federal de Psicología,mayo de 2004.

● Emenda Substitutiva Global ao Proyecto de Ley n 7.134, de 2002 Senado Federal PLS115/2002.

● Foucault, M. Vigiar e Punir. Petrópolis. Ed.Vozes, 1997.

● Fraga, P. C. P.“Juventude,Violência e Narcotráfico no Brasil, Para Além do Rural e do Urbano.En: Iulianelli, J. A. & Mota. A. M. Narcotráfico e Violência no Campo. Río de Janeiro: DP&A, 2000.

● Fraga, P. C. P.“Violência no Brasil e vínculos com a organização criminal”. Tempo e Presença, nº323. Pág. 13-17: Mai/Jun. 2002.

● Proyecto de ley sobre drogas. Sigue el modelo americano y no trata del lucro delnarcotráfico. Brasilia, página web (http://noticias.correoweb.com.br) 14 de enero de2004.

● “Repressão, Descriminalização e Legalização”, Revista Crítica. Publicación del Centro AcadémicoCándido de Oliveira. Editora Forense, octubre/noviembre de 1993.

● Sustitutivo ao Projeto de Lei n 7.134, de 2002, Senado Federal PLS 115/2002

● Tema em Discussão: Consumo de Drogas. O Globo, 21 de febrero de 2004.

● Sergio Seibel,“Uma grande mudança que nada altera”. Folha de São Paulo, 11 de mayo de 2004.

T

N

I

31

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 31

La industria de las drogas ilícitas alimenta lostremendos problemas sociales y la violenciaen el Brasil. Los niveles de violenciarelacionada con el narcotráfico en los centrosurbanos son comparables a los de una zonade guerra. En Río de Janeiro mueren másmenores de edad por armas de fuego que enColombia. En el Nordeste rural brasileño, enel llamado ‘polígono de la marihuana’, losniveles de violencia pueden ser a vecesincluso más altos debido a las disputas por latierra y por los conflictos relacionados conel cultivo ilícito de marihuana.

Este número de Drogas y Conflicto describeel contexto de la violencia relacionada con lasdrogas en las áreas de cultivo de marihuanaen el Nordeste, y en las favelas de Río.Examina también la nueva ley de drogas quese tramita en el Congreso. Aunque esta leyrepresenta un paso adelante al diferenciar eltraficante del consumidor, persiste lainquietud sobre si la ley logrará efectivamentehacer frente al problema dado su limitadoalcance.

El problema no comenzó con las drogas, perolas actuales políticas de control de drogasestimulan la violencia que acompaña losconflictos sociales en Brasil. Este es un retoenorme para el gobierno del presidente Lula.En coalición con otras naciones deseosas dever una reforma, Brasil podría ayudar aconstruir una política de reducción del dañoen el área del control de drogas que abarquela cadena completa desde la producción hastael consumo, una política en la que el remediono sea peor que la enfermedad.

T

N

I

Fundado en 1974, el TNI es unared internacional de activistas einvestigadores comprometidosa analizar críticamente los pro-blemas globales presentes yfuturos. Tiene como objetivoproporcionar apoyo intelectual alos movimientos sociales preo-cupados por conseguir unmundo más democrático, equi-tativo y sustentable.

El programa Drogas y Democraciadel TNI analiza, desde 1996, lastendencias de la economía ilegalde las drogas y de las políticas glo-bales sobre drogas, sus causas yefectos en la economía, la paz y lademocracia.

El programa realiza investigacio-nes de campo, promueve el deba-te político, provee información afuncionarios y periodistas, coordi-na campañas internacionales yconferencias, produce artículos ydocumentos de análisis, y mantie-ne un servicio electrónico de infor-mación sobre el tema.

El objetivo del programa y de laserie Drogas y Conflicto es promo-ver una reevaluación de las políti-cas actuales y presionar a favor depolíticas basadas en principiosacordes con la reducción del daño,el comercio justo, el desarrollo, lademocracia, los derechos huma-nos, la protección de la salud y elmedio ambiente y la prevenciónde conflictos.

El proyecto Criminalidad y Globa-lización estudia la relación entre laglobalización y el delito, y sus efec-tos criminogénicos como la mar-ginalización y el incremento deeconomías informales que obligana la gente a caer en la ilegalidad.El proyecto examina también losacuerdos multilaterales y conven-ciones sobre lavado de activos, cri-men transnacional organizado yterrorismo, así como su impactosobre las libertades civiles, losderechos humanos y la soberaníanacional.

T R A N S N A T I O N A L

D&C 11 esp5 08-11-2004 15:29 Pagina 32

Documents

Una guerra inútil - tni.org · Europa y el Plan Colombia Documento de Debate No.1,abril 2001 ... sentaría unos 3,5 millones de dólares al mes a la banda al mando. El ataque y el