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1 Texto nº 4. REAL DECRETO DECLARANDO LA VENTA DE BIENES DEL CLERO (19 DE FEBRERO DE 1836). “Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces, que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado (...) conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente: Artículo 1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo (...) Artículo 2. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para conservar los monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública.” 1. Clasificación del texto. Este texto consiste en un fragmento del Real Decreto de venta de bienes del Clero de 19 de febrero de 1836. Se pueden distinguir una primera parte que pertenece al Preámbulo y en el que se lleva a cabo la exposición de motivos para el desarrollo del Real Decreto, y una segunda parte en la que se recogen los dos primeros artículos del mismo. Este documento constituye una fuente primaria, directa y es de naturaleza jurídica, puesto que tiene carácter legal. El autor del texto fue Juan Álvarez Mendizábal (17901853), un político y hombre de negocios español vinculado a la burguesía gaditana, que tomó parte en la financiación y coordinación del Pronunciamiento de Riego (1820). El retorno del absolutismo en 1823 le llevó a exiliarse en Londres. De ideología liberal progresista, a su regreso ocupó la presidencia del Consejo de Ministros y, después, el Ministerio de Hacienda, desde donde puso en marcha el Decreto de Desamortización. Dimitió de su cargo en mayo de 1836, cuando la regente, María Cristina de Borbón, le retiró su confianza, pero tras el Motín de los Sargentos de La Granja (agosto de 1836) volvió al ministerio. Con la llegada de los moderados al poder, en 1844, marchó de nuevo al exilio. Regresó en 1847 y, hasta su fallecimiento, tuvo una gran influencia en el Partido Progresista. El texto fue escrito el 19 de febrero de 1836, en medio de la Primera Guerra Carlista (18331839) en la que se enfrentaron los partidarios de la joven Isabel II, en su gran mayoría liberales contra los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del fallecido rey Fernando VII, y al que apoyaban los sectores más inmovilistas y reaccionarios de la clase política española. El destinatario del Real Decreto es la Nación española, por lo que se trata de un documento público de alcance nacional.

Texto Nº 4 Desamortización de Mendizábal

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Comentario de texto sobre la Desamortización de Mendizábal

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Texto   nº   4.  REAL DECRETO DECLARANDO LA VENTA DE BIENES DEL CLERO (19 DE FEBRERO DE 1836). “Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces, que han venido a ser propiedad de la Nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado (...) conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa hija la reina doña Isabel II, he venido en decretar lo siguiente: Artículo 1. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo (...) Artículo 2. Se exceptúan de esta medida general los edificios que el gobierno destine para el servicio público o para conservar los monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales. El mismo gobierno publicará la lista de los edificios que con este objeto deben quedar excluidos de la venta pública.”

1. Clasificación  del  texto.    Este  texto  consiste  en  un  fragmento  del  Real  Decreto  de  venta  de  bienes  del  

Clero   de   19   de   febrero   de   1836.   Se   pueden   distinguir   una   primera   parte   que  pertenece  al  Preámbulo  y  en  el  que  se  lleva  a  cabo  la  exposición  de  motivos  para  el  desarrollo   del   Real   Decreto,   y   una   segunda   parte   en   la   que   se   recogen   los   dos  primeros   artículos   del   mismo.   Este   documento   constituye   una   fuente   primaria,  directa  y  es  de  naturaleza  jurídica,  puesto  que  tiene  carácter  legal.  

 El   autor  del   texto   fue   Juan  Álvarez  Mendizábal   (1790-­‐1853),   un  político  y  

hombre  de  negocios  español  vinculado  a  la  burguesía  gaditana,  que  tomó  parte  en  la  financiación  y  coordinación  del  Pronunciamiento  de  Riego  (1820).  El  retorno  del  absolutismo   en   1823   le   llevó   a   exiliarse   en   Londres.   De   ideología   liberal  progresista,  a  su  regreso  ocupó  la  presidencia  del  Consejo  de  Ministros  y,  después,  el   Ministerio   de   Hacienda,   desde   donde   puso   en   marcha   el   Decreto   de  Desamortización.  Dimitió  de  su  cargo  en  mayo  de  1836,  cuando  la  regente,  María  Cristina  de  Borbón,  le  retiró  su  confianza,  pero  tras  el  Motín  de  los  Sargentos  de  La  Granja   (agosto  de  1836)  volvió  al  ministerio.  Con   la   llegada  de   los  moderados  al  poder,   en   1844,   marchó   de   nuevo   al   exilio.   Regresó   en   1847   y,   hasta   su  fallecimiento,  tuvo  una  gran  influencia  en  el  Partido  Progresista.  

 El  texto  fue  escrito  el  19  de  febrero  de  1836,  en  medio  de  la  Primera  Guerra  

Carlista  (1833-­‐1839)  en  la  que  se  enfrentaron  los  partidarios  de  la  joven  Isabel  II,  en   su   gran   mayoría   liberales   contra   los   partidarios   de   Carlos   María   Isidro,  hermano   del   fallecido   rey   Fernando   VII,   y   al   que   apoyaban   los   sectores   más  inmovilistas  y  reaccionarios  de   la  clase  política  española.  El  destinatario  del  Real  Decreto   es   la   Nación   española,   por   lo   que   se   trata   de   un   documento   público   de  alcance  nacional.  

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2. Análisis  del  texto.    En  cuanto  al  análisis  de  este  documento,  destacamos  en  primer  lugar  que  la  

idea  principal  que  subyace  en  el   texto  es   la  necesidad  de  decretar   la  venta  de   los  bienes  amortizados  eclesiásticos  que  han  sido  expropiados  por  el  Estado,  pues  con  los  ingresos  resultantes  se  podría  hacer  frente  a  la  deuda  pública.    De  esta  manera,  el  Estado  conseguiría  reducir  la  deuda  pública  consolidada  y  beneficiar  al  conjunto  de  la  agricultura  y  del  comercio  del  país.  Como  idea  secundaria  y  relacionada  con  la  anterior,  está  el  deseo  de  crear  una  masa  de  propietarios  que  fuesen  adeptos  a  las  instituciones  liberales  y  mantuviesen  el  nuevo  régimen.  Además,  hay  que  tener  en   cuenta     que   los   liberales,   tanto  moderados   como  progresistas,   tuvieron   como  enemigos  a  la  mayoría  de  los  eclesiásticos,  especialmente  desde  el  comienzo  de  la  Guerra  Carlista.  

 Por  esta  razón,  como  se  refleja  en  el  Artículo  1,  se  ponen  a  la  venta  todos  los  

bienes  raíces  (amortizados)  de  las  corporaciones  religiosas  extinguidas.  En  el  año  1834   se   inició   el   proceso   de   expulsión   de   los   religiosos   y   su   disolución   como  órdenes,  conocido  como  exclaustración.  El  ministro  Mendizábal  amplió  el  proceso  y,  en  marzo  de  1836,  extinguió  las  órdenes  religiosas  y  las  órdenes  militares.  Este  decreto  se  elevó  a  categoría  de   ley  en   julio  de  1837.  Aproximadamente  otros  mil  conventos  que  aún  quedaban  en  España   fueron   cerrados  y   se   exclaustraron  algo  más   de   30.000   religiosos.   Con   los   beneficios   obtenidos   de   su   venta   en   subasta  pública  de   los  bienes   expropiados   se  utilizarían  para   saldar   la  deuda  del  Estado.  Para  ello,  se  permitió  que  se  pagaran  dichos  bienes  con  títulos  de  deuda  pública.  

 El  segundo  artículo  hace  referencia  a  las  excepciones  del  Real  Decreto,  que  

consisten  en  determinados  edificios  que  puedan  resultar  de  utilidad  pública  o  que  tengan   un   importante   valor   histórico   o   cultural.   Para   ello,   se   deja   para   una  normativa  futura  la  regulación  de  dichas  excepciones.  

 3. Comentario  o  contexto  histórico.  

 A   principios   del   siglo   XIX,   el   sector   agrario   seguía   siendo   la   base   de   la  

Economía   española.   Continuando   por   el   camino   abierto   por   los   ilustrados,   los  liberales  pensaban  que  su  modernización  pasaba,  necesariamente,  por  un  cambio  en   la   estructura   de   la   propiedad   de   la   tierra.   Se   trataba   de   pasar   del   antiguo  régimen  señorial  a  la  propiedad  privada,  característica  del  régimen  liberal.    

 En   consecuencia,   los   gobiernos   liberales  modificaron   la   estructura   agraria  

mediante  una   serie  de   leyes  que   afectaron  a   las  propiedades  de   la  nobleza  y  del  clero   y   a   los   bienes   colectivos   (de   propios   y   comunales).   La   desamortización   de  Mendizábal   (1836-­‐1851)   supuso   la   ruptura   de   relaciones   diplomáticas   con   el  Vaticano  hasta  la  firma  del  Concordato  de  1851,  afectó  a  las  tierras  e  inmuebles  de  las  corporaciones  religiosas  extinguidas  por  el  Decreto  de  19  de  febrero  y  del  clero  regular,   por   medio   del   Decreto   del   8   de   marzo.   En   1837   se   extendió   al   clero  secular.      

De   este   modo,   por   medio   de   varias   disposiciones   legislativas   aprobadas  entre   1835   y   1837,   se   acabó   con   las   tierras   y   propiedades   eclesiásticas  

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amortizadas.   En   1836   se   ordenó   la   supresión   y   venta   de   los   monasterios   y  conventos   de   las   órdenes   religiosas  masculinas   y   femeninas   del   clero   regular,   a  excepción  de  los  edificios  destinados  a  la  beneficencia  y  a  la  educación.  El  Estado  se  incautó  de  tierras,  casas,  monasterios,  conventos,  etc.  Todas  las  fincas  rústicas  y  los  bienes  inmuebles  urbanos  desamortizados  fueron  subastados,  en  presencia  del  juez,   en   los   locales   de   los   distintos   ayuntamientos.   Los   compradores   pudieron  efectuar   los   pagos   en   plazos   de   ocho   años   y   abonar   el   precio   en   metálico   o   en  títulos   de   deuda.   En   realidad,   únicamente   el   15%   de   las   compraventas   fueron  pagadas  con  dinero.  

 En  definitiva,  la  desamortización  de  1836  fue  la  pieza  maestra  del  programa  

de  Mendizábal  para  financiar  la  guerra  contra  los  carlistas,  para  sanear  las  cuentas  de   la  Hacienda  y  para  favorecer   la  creación  de  una  clase  de  propietarios  afín  a   la  causa  liberal.  

 Estos  tres  objetivos  se  fueron  concretando  de  la  siguiente  manera:    El   objetivo   prioritario   era   de   carácter   financiero,   se   trataba   de   conseguir  

ingresos   extraordinarios   para   pagar   las   deudas   contraídas   por   el   Estado   con   los  bancos  extranjeros  y  con  los  ciudadanos  españoles  que  habían  adquirido  títulos  de  deuda   pública.   Con   el   dinero   recaudado   se   aspiraba   a   resolver   los   graves  problemas   hacendísticos   y,   además,   se   obtenían   nuevos   fondos   para   costear   la  guerra  contra  los  carlistas.  

 El   objetivo   político   consistía   en   ampliar   el   número   de   simpatizantes   del  

liberalismo,   ya   que   los   compradores   de   bienes   desamortizados   perderían   las  tierras  adquiridas  en  caso  de  una  victoria  del  bando  carlista  porque  estos  habían  anunciado  su  disposición  a  devolver  las  propiedades  al  clero.  

 El   objetivo   de   tipo   social   era   la   creación   de   una   clase   media   agraria   de  

campesinos  propietarios.    Durante  la  Regencia  de  Espartero  se  elaboró  una  nueva  norma  fundamental  

por   la   que   se   incluían   los   bienes   del   clero   secular   como   bienes   nacionales.   A   lo  largo  de  estos  años,  se  vendió  el  equivalente  a  tres  quintas  partes  de  los  bienes  de  la   Iglesia.   No   obstante,   con   la   llegada   al   poder   de   los   moderados   se   paralizó   el  proceso,   aunque   se   confirmaba   la   propiedad   de   los   que   ya   habían   adquirido   los  bienes  desamortizados.    

 Sin   embargo,   la   desamortización   eclesiástica   sólo   sirvió   para   aliviar  

parcialmente   el   abultado   déficit   público   estatal.   Además,   los   liberales  contemplaron   cómo   aumentaban   sus   enemigos   dentro  del   sector   católico,   por   lo  que   se   amplió   todavía  más   el   distanciamiento   entre   el   clero   y   el   nuevo   régimen  liberal.  

 Aunque  la  desamortización  tuvo  consecuencias  positivas  para  la  agricultura  

-­‐como   el   incremento   de   la   superficie   cultivada,   el   mejor   abastecimiento   del  mercado,  la  expansión  del  cultivo  del  viñedo  y  el  crecimiento  de  las  exportaciones–  no  puede  ser  confundida  con  una  verdadera  reforma  agraria.  Entre  los  campesinos,  

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sólo   los   más   acomodados   pudieron   comprar   tierras   y   la   mayoría   de   las  propiedades  fueron  a  parar  a  manos  de  la  alta  nobleza  y  de  la  burguesía,  dispuesta  a  vivir  de  las  rentas  de  la  tierra.  Además,  muchos  labradores  vieron  empeorar  su  situación   económica,   al   endurecer   los   nuevos   propietarios   las   condiciones   de  arrendamiento  (menos  duración,  mayores  rentas)  o  preferir  la  explotación  de  sus  latifundios  utilizando   jornaleros,   verdadero   “proletariado”   rural   cuyo  número  no  dejó  de  crecer.  

 Hay   que   recordar,   por   último,   las   repercusiones   negativas   que   la  

desamortización  tuvo  desde  un  punto  de  vista  cultural,  al  perderse  buena  parte  de  nuestro  patrimonio  (algunas  obras  de  arte  acabaron,  incluso,  en  el  extranjero).  

 4. Conclusiones.  

 Para   concluir,   hay   que   resaltar   la   trascendencia   histórica   de   este   texto,  

puesto   que   el   Real   Decreto   que   ponía   a   la   venta   los   bienes   del   Clero   fue   un  instrumento  clave  en  la  política  económica  del  gobierno  liberal  de  Mendizábal  con  el   objetivo   de   allegar   recursos   a   la   Hacienda   Pública   para   financiar   la   guerra   y  ampliar  su  apoyo  social  con  los  nuevos  propietarios.  

 Sin   embargo,   la   situación   financiera   del   Estado   liberal   era   precaria   y   las  

urgencias  hacendísticas  no  permitieron  aprovechar  adecuadamente  la  venta  de  los  mismos,   ya  que   la   eficacia   recaudatoria  no   fue  muy  grande.  Además,   aumentó   el  número  de  enemigos  entre  los  sectores  católicos.  

 Por  último,  quienes   resultaron  más  beneficiados  de   las  desamortizaciones  

fueron  los  grupos  sociales  más  ricos,  que  aumentaron  su  patrimonio  y,  desde  ese  momento,  vincularon  sus  intereses  a  los  de  la  aristocracia  terrateniente,  formando  la  nueva  oligarquía  agraria  que  sería  la  base  social  del  Estado  liberal.