I n n o va c I o n t e c n o l o g I a s o l u c I o n e s

las experiencias positivas en chile y otros paises de tradicion minera

alberto salas: “no creo que haya una industria para botar proyectos”

En los últimos años se han pro-ducido problemas con las comu-nidades aledañas a proyectos mineros que involucran millones

de dólares en inversión. En 2014, el Observatorio de Conflic-

tos Mineros en América Latina (OLCA) identificó la existencia de 34 conflictos mineros en Chile, mientras que un año antes la Corporación de Bienes de Capital cifró en US$ 9.900 millones

los proyectos mineros congelados por la acción de las comunidades.

Instalada públicamente la idea de que faenas mineras y comunidades no con-viven en armonía, actores de la industria y autoridades se plantean cómo avanzar en este ámbito, sobre todo considerando que la minería todavía es “el sueldo de Chile”.

El estudio “La Minería como plata-forma para el desarrollo: Hacia una rela-ción integral y sustentable de la industria minera en Chile”, realizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco)

en 2013 intentó dar respuesta a esa interrogante al identificar la necesidad de abordar cuatro desafíos principales en materia de minería sustentable: una institucionalidad proactiva, un diálogo simétrico con las comunidades, una vi-sión de largo plazo de insumos críticos como energía y agua, y la legitimidad social para una minería que contribuya al desarrollo del país.

Carlos Gajardo, gerente de Asuntos Internacionales y Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), recuerda que antiguamente las compa-

Crear confianzas con sus comunidades, el gran desafio del sector

Por Marcelo Romero.expertos reconocen que entre las dificultades que han llevado a que millones de dólares en inversión estén postergados o en pausa un lugar primordial lo ocupa el relacionamiento con su entorno, un tema que preocupa a las compañías, autoridades y a los mismos habitantes aledaños.

Esuscon es un proyecto conjunto entre la Universidad de Chile y minera Collahuasi en el poblado precordillerano de Huatacondo, Región de Tarapacá, y que la dotó de una microrred inteligente de energía basada en fuentes renovables.

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ñías mineras tenían autorización para entrar en áreas minera, usaban sus de-rechos y las comunidades dependían del tipo de empresa que eran para mante-ner una buena relación o no. “Eso hoy es impensable. Pensamos y estimulamos la importancia de que las empresas tomen contacto con las comunidades desde el día uno, que incorporen la opinión de la comunidad desde el inicio del proyecto, no después, porque luego es muy tarde”, asevera.

Y es que hoy existe el convencimiento de que las comunidades deben ser “so-cios” en un juego que es de a tres: em-presas, Estado y comunidad. “El Estado tiene que estar presente con planes, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer”, enfatiza.

Gajardo plantea que un punto impor-tante es cambiar la relación de “paterna-lismo” que ha gobernado esta relación, marcada, por ejemplo, en prácticas donde a las empresas se les pedían can-chas de fútbol, capillas, caminos o pla-zas. “Ese ya no es el camino”, afirma, al tiempo que destaca que “debe ser una cancha pareja donde ambas partes asu-mamos responsabilidades, cumplamos lo que convinimos y nos beneficiemos todos. Para ello debiera constituirse un mecanismo común que vele por el cum-plimiento de los acuerdos”.

relacionamiento en evolucion

Aunque el experto de Sonami reco-noce que los últimos años se ha hecho mucho en el tema de desarrollo comu-nitario y ambiental, también reconoce que queda mucho por avanzar en este camino, especialmente en lo relativo a crear confianzas.

Precisamente ese punto se ha trans-formado en uno de los grandes desa-fíos que la minería debe enfrentar hoy respecto de su relación con las comu-nidades, algo a lo que la industria le está dedicando bastante tiempo, tanto a nivel local como internacional. Ello se refleja, por ejemplo, en el trabajo que está llevando adelante el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) para elaborar guías y estándares para que sus asociados puedan arribar a enten-dimientos con su entorno.

Coincide con este diagnóstico Pa-tricio Díaz, encargado de la Unidad de Minería y Sociedad del Ministerio de Minería, quien sostiene que la minería chilena presenta varios retos importantes y estratégicos para su ges-tión y desarrollo, siendo el relaciona-miento comunitario un aspecto crítico de abordar.

“La industria ha ido evolucionado en su relacionamiento comunitario. Ante su praxis, resultados y nuevas deman-das entendió que más de lo mismo no era suficiente y que era necesario

impulsar acciones que fortalecieran las confianzas y la co–creación conjunta de propuestas con las comunidades”, subraya.

En ese contexto, ya no son suficientes –dice– las prácticas cimentadas en una relación transaccional, en la que las em-presas eran los protagonistas y tenían el poder de decisión. Tampoco la mirada donde el trabajo es cortoplacista y la participación de la comunidad principal-mente pasiva.

“Hoy la industria hace esfuerzos para trabajar a través de un enfoque relacio-nal, que incentiva un trabajo asociativo con las comunidades, enfatizando el diálogo y la construcción de confianzas, con soluciones colegiadas que sean per-tinentes a los contextos y necesidades sentidas por la comunidad”, explica.

mirada de largo plazoCon todo, en el escenario actual los

esfuerzos desplegados por las compa-ñías mineras parecen no ser suficientes,

pues no se han logrado disminuir algu-nos conflictos sociales y medioambien-tales que giran en torno a la minería, persistiendo la desconfianza e, incluso, la confrontación, algo que que el repre-sentante de la cartera de Minería cata-loga como “una preocupación relevante y de prioridad ministerial”.

Díaz recalca que la participación y el diálogo en minería dejó de ser un ins-trumento únicamente para obtener una “licencia social” que permita operar a las empresas, sino que se han constituido en herramientas útiles para construir alianzas, convivencia pacífica, equidad, justicia, empoderamiento, capital social, desarrollo sostenible y valor compartido.

Ximena Abogabir, fundadora e inte-grante del directorio de Fundación Casa de la Paz y miembro del Panel de Acceso a la Información del BID, precisa que las grandes compañías mineras fueron pio-neras en impulsar la Responsabilidad So-cial Empresarial, intentando compensar con donaciones a las comunidades por sus inevitables impactos operacionales. Sin embargo, esa mirada evolucionó: “Hoy se está hablando de distribución de los beneficios, a través de un porcen-taje de la propiedad, de las ventas o de las utilidades. Es decir, se plantea que las comunidades aledañas a las grandes operaciones mineras deben ser socias del proyecto”.

El cambio, añade, incluso va unos pasos más adelante, ya que para ser percibidas realmente como “buenos ve-cinos”, las grandes compañías mineras requieren impulsar procesos de desarro-llo territorial, con mirada de largo plazo, que deje a las comunidades mejor de lo que habría sido su calidad de vida sin la explotación minera.

En esa línea, menciona, que una ins-

tancia concreta de acercamiento ha sido el trabajo conjunto que la misma Fundación Casa de la Paz ha llevado a cabo junto a dirigentes sociales, ONG´s, empresas, instituciones públi-cas y universidades como parte de la Secretaria Técnica de la “Plataforma de Diálogo sobre Minería y Desarrollo Sostenible”. Dicha instancia de diá-logo intersectorial sobre la industria minera en Chile nace de la pregunta sobre cómo se puede hacer para que esta industria sea un aporte sustan-tivo al desarrollo sostenible del país y se inserta en una red de Grupos de Diálogos sobre Minería y Desarrollo presentes en siete países, agrupados en otra red, la del “Grupo de Diálogo Latinoamericano”.

“A partir de esa experiencia, los participantes van generando con-fianza y empatía, las bases para pasar de la confrontación a la colaboración, intentando construir acuerdos con los cuales todos estén mejor”, señala.

Sonami es una de las organiza-ciones que ha participado de esos encuentros, donde también asisten líderes indígenas y de algunas co-munidades de zonas mineras. “Nos juntamos periódicamente a conversar y hemos encontrado la mejor buena voluntad. Estos diálogos debiéramos multiplicarlos”, comenta Carlos Ga-jardo.

“Si uno no logra entender el valor que tienen para ellos ciertas cosas, entonces cualquier día le pasan un tractor por encima y le rompen todo, y no habrá una buena relación con esa comunidad. Hay que entender a la contraparte. Y ellos tratan de entendernos a nosotros”, acota el experto.

Uno de los puntos que ha levantado controversia y marcado los últimos años la relación minería–comunidades fue la rati-ficación por parte de Chile del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que los pro-yectos de inversión deben someterse a un proceso reglado de consulta y tomar en cuenta las demandas de los pueblos ori-ginarios cuando amerite, todo como parte de su proceso de aprobación de impacto ambiental.

Un estudio del ingeniero Matías Abo-gabir estableció que desde que este me-canismo comenzó a operar en el país en 2009 y hasta septiembre de 2014 habían sido 29 los proyectos por US$ 15.000 millones de inversión llevados a consulta, de los cuales apenas 6 habían pasado a fase de construcción. Los otros 23 con-tinuaban en consulta, se entramparon en trámites administrativos o cayeron en

ConvEnio de la oitjudicialización.

“El Convenio 169 no es el único mo-delo para desarrollar una relación con las comunidades indígenas. Hay países que no lo han aprobado, pero tienen una excelen-te relación, como Canadá o Nueva Zelan-dia”, destaca Carlos Gajardo, de Sonami.

Para el representante ministerial, sin embargo, “el Convenio 169, así como también, el cambio a un modelo más rela-cional que asistencial con que la industria enfrenta su relacionamiento comunitario, abre nuevas oportunidades para la coexis-tencia de las empresas y las comunidades indígenas”.

En la actualidad son numerosas las compañías mineras, sobre todo las gran-des, que se están haciendo asesorar de consultoras especializadas en el relaciona-miento comunitario. Una de ellas es Dialo-ga Consultores, donde uno de sus socios, Andrés Cortés, detalla que la metodología

que plantea el Reglamento General de Consulta contenido en el Decreto Supremo 66 y la consulta establecida en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con-tenida en el Decreto Supremo 40 entregan herramientas que permiten desarrollar procesos de consulta que cumplen con los estándares, con garantías tanto para los pueblos indígenas como para el Estado.

En concreto, ello implica que los titu-lares de los proyectos deben considerar la participación y el acercamiento temprano a las comunidades indígenas para gene-rar confianzas y vínculos que permitan un desarrollo socialmente sustentable del proyecto.

“La consulta indígena contenida en el Convenio 169 de la OIT es uno más de los mecanismos de participación con las comunidades, pero no podemos agotar nuestra relación con los pueblos indígenas en la consulta”, asegura.

41 41 mesas de trabajo se constituyeron en 2014 con comunidades priorizadas, según datos del ministerio de minería.

34 conflictos mineros habían en chile el año pasado, de acuerdo con el observatorio de conflictos mineros en américa latina.

“no creo que haya una ‘industria para botar proyectos mineros’, sino ciertas acciones de personas que tienen un interés más bien económico que de defensa de las comunidades o de los legítimos derechos de los ciudadanos. eso me parece, por cierto, preocupante”, comenta el titular de la sociedad nacional de minería.

Para la industria minera, la relación con las comunidades se ha trans-formado en uno de los factores

esenciales para que los nuevos proyectos y aquellos que ya están en ejecución sean sinónimos de confianza y beneficios mutuos.

No ha sido fácil avanzar en los últimos años en este tema, y aunque se han pro-ducido progresos, también hay claridad entre las autoridades y la industria de que falta mucho por hacer para acercar posiciones, tal como lo reconoce el presi-dente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) Alberto Salas.

–¿Advierte un deterioro real con las comunidades aledañas a las fae-nas mineras?

–No advierto un retroceso, pero sin lugar a dudas la relación con las comuni-dades se ha convertido en un factor clave a la hora de llevar adelante una iniciativa de inversión. Hoy ya no basta con tener todos los permisos al día y resueltos todos los aspectos técnicos de una ope-ración, sino también es fundamental el desarrollo de relaciones comunitarias que permitan llevar adelante la iniciativa de inversión, lo que hoy se denomina “licencia social”.

El carácter estratégico de esta indus-tria en el crecimiento del país hace, por cierto, necesario considerar también sus impactos socioambientales y, desde ese punto de vista, creemos que la minería ha desarrollado herramientas de desa-rrollo comunitario que le han permitido enfrentar el desafío de involucrar a las comunidades.

–¿Es factible hoy que un proyecto se desarrolle sin el apoyo de las co-munidades?

–Los proyectos deben desarrollarse de manera sustentable, siempre de acuerdo a la legalidad vigente y considerando a las comunidades y el medio ambiente.

Sin embargo, observamos con preocu-pación fallos judiciales que respetamos, pero cuestionan instancias institucionales y técnicas previas, y eso nos parece que pone una cuota de incertidumbre res-pecto del desarrollo de una iniciativa de inversión.

Beneficios compartidos–¿Hay una “industria para botar

proyectos”?–No creo que haya una “industria para

botar proyectos mineros”, sino ciertas ac-ciones de personas que tienen un interés más bien económico que de defensa de las comunidades o de los legítimos dere-chos de los ciudadanos. Eso me parece, por cierto, preocupante.

–Desde la óptica privada ¿qué se está haciendo por mejorar la relación con el entorno de sus operaciones?

Alberto Salas, presidente de Sonami:

que genera beneficios sostenidos en el tiempo para todos.

convenio 169–¿Cómo ha influido el Convenio

169 en esta relación?–El Convenio 169 no es el único modelo

que permite a las comunidades indígenas obtener el grado de participación que les corresponde en el desarrollo nacional.

Existe un alto grado de participación indígena en países como Canadá y Nueva Zelandia, por ejemplo, que no han sus-crito el Convenio 169 y que han aplicado modelos muy exitosos.

En Chile, el Convenio 169, que impone obligaciones al Estado y no directamente a los privados, no ha logrado hasta hora niveles de éxito comparables a los países antes mencionados.

Por Marcelo Romero.

a dicho concepto, sino, por el contrario, lo ha llevado a la práctica de manera muy concreta.

La responsabilidad social de la mine-ría se expresa contribuyendo activamente al desarrollo sustentable del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes mediante una gestión ética, eficiente y participativa, facilitando el acceso de la comunidad a los beneficios socioeconómicos derivados de las opera-ciones mineras.

–¿Qué espera la industria de las co-munidades?

–Las empresas mineras han logrado un importante avance en materia de respon-sabilidad social. No obstante, igualmente relevante es que las comunidades donde operan no vean esto como asistencialismo, sino con algo compartido, donde empresa y comunidades construyen un modelo

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–¿Cómo reaccionó Sonami y sus asociados respecto del reciente alu-vión que afectó al norte?

–Sonami y sus socios están fuerte-mente comprometidos en ir en ayuda de la Región de Atacama, una zona con alta presencia minera de pequeña y mediana escala. Las empresas mineras y la misma Sonami han desarrollado una serie de ini-ciativas para ir en ayuda de los sectores afectados por los aluviones.

Desde el punto de vista productivo, hemos lanzamos el programa “La minería ayuda a la minería”, una iniciativa de la industria minera privada en conjunto con Enami para reactivar la actividad produc-tiva de la minería, en especial de la de pequeña escala.

La Región de Atacama concentra más del 50% de la actividad minera de peque-ña escala y, en muchas zonas, como El Salado o Diego de Almagro, se constitu-

AlUvion: ayuda a la actividad de pequeña escala

“La relación con las comunidades es un factor clave al invertir”

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ye en la principal actividad productiva. Es necesario reactivar esas operaciones, para lo cual es vital rehabilitar las faenas y los caminos, de tal modo que los pequeños productores puedan volver a su trabajo.

–¿Cómo abordan las denuncias de escurrimiento de relaves?

–Sernageomin, que es el organismo es-

tatal encargado de supervisar el tema, ha señalado claramente que no hubo daños en tranques de relaves activos del norte del país tras la lluvia y los aluviones, por tanto, no hubo riesgos en la estabilidad física de los principales relaves. Esto habla muy bien de la ingeniería y construcción en Chile.

En visita a Copiapó, el presidente de Sonami Alberto Salas, junto al intendente regional, Miguel vargas; el subsecretario del MoP, Sergio Galilea, y el vicepresidente de Enami, Jaime Pérez de Arce, lanzaron el plan “la Minería ayuda a la minería”.

–Las empresas mineras han incorporado el tema comunitario como un elemento central de sus actividades y decisiones.

Al jugar un rol trascendental en el desarro-llo del país, la minería claramente ha puesto de manifiesto que no es en absoluto ajena

60%de las operaciones mineras en australia se desarrolla en regiones habitadas por comunidades indígenas.

los conflictos entre las comunidades locales y las grandes compañías no son nuevos en la minería mundial. ante eso, la industria ha tomado conciencia de la importancia de cambiar el enfrentamiento por colaboración y respeto mutuo, algo que ya está dando buenos frutos en varios países, como australia.

Las tensiones han sido en distintos puntos del mundo y por muchos años una constante en la relación entre las empresas mineras y las

comunidades. Pero en las últimas déca-das diversas organizaciones y compañías han asumido el desafío de transformar el “conflicto” en “cooperación”. Una labor nada fácil, pero que en varios paí-ses ya entrega buenos frutos.

Según un informe del Business and Human Rights Resource Center (BHRRC), en 2013 se reportaron 52 incidentes de conflictos entre compañías mineras y comunidades locales. En ese estudio, Chile aparece como el único país sud-americano donde se registraron más de cuatro incidentes de este tipo, mientras que en Perú y Colombia se observaron entre dos y tres. En Argentina se denun-ció uno.

Paralelamente, en estudios llevados a cabo por el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), organismo que reúne a las empresas mineras más importantes del mundo, así como a asociaciones regionales, nacionales y de commodi-ties, entre las que se cuenta Sonami, se revela que desde 2010 se ha incremen-tado el número de incidentes en opera-ciones mineras que se han traducido en protestas o el uso de la fuerza.

En vista de estos antecedentes, el ICMM se ha dedicado a entregar ca-pacitación y herramientas prácticas a sus asociados, como talleres, estudios o documentos respecto de la relación de las comunidades locales, intentando aportar directrices para un nuevo trato entre estos actores sociales y económi-cos relevantes.

Como resultado, los miembros de esta asociación internacional han acordado implementar un marco de desarrollo sustentable y elaborado diez principios que rigen su labor. Un de ellos, el prin-cipio rector número 3, reza: “Defender los derechos humanos fundamentales y respetar las culturas, costumbres y valo-res en las relaciones con los empleados y otras personas que se ven afectadas por nuestras actividades”.

fueron medioambientales, económicas y de uso de la fuerza. Una clave subyacente del problema incluyó preocupaciones acerca de salud y seguridad”, asegura.

A modo de recomendación, un reciente in-brief publicado por el ICMM concluye que, aceptando que estas disputas son in-evitables, el foco de las compañías debería estar en la prevención de los conflictos. Para ello el documento propone a las mineras mantener una “abierta comunicación y enfoques claros sobre el manejo eficaz de las críticas”, algo que considera vital para asegurar la estabilidad, colaboración y me-jorar las confianzas entre las compañías y las comunidades.

Y es que para la ICMM las situaciones de conflictos tienen altos costos: para las em-presas, éstas puede resultar en una baja de productividad, pérdida de oportunidades y/o tiempo productivo y un negativo impacto en la reputación empresarial. También pue-den minar o dañar sus estructuras formales o informales de toma de decisiones, ero-sionar las confianzas y dañar la relación interna de la comunidad.

Para evitar esos escenarios, el trabajo de ICMM con sus asociados no se detiene. “En 2014 realizamos un taller con una alerta in-ternacional para mejorar el entendimiento de las causas de los conflictos entre las comunidades y las compañías mineras. En 2015 nuestro foco está en equipar a nues-tros miembros a nivel operacional con una serie de habilidades necesarias para mane-jar una variedad de cuestiones de relaciones comunitarias”, detalla White.

el caso australianoUn actor que conoce de cerca las pre-

ocupaciones de las grandes mineras en este sentido y el difícil, pero necesario cambio de mentalidad en su relación con las comunidades es el ex presidente del Consejo de Minería de Australia (2002-2013), Mitchell H. Hooke, quien acota que al comenzar el milenio, la industria minera global, y específicamente en Aus-tralia, estuvo con un serio riesgo de per-der su licencia social para operar.

“La industria tenía un desempeño bas-tante malo en relación a la protección de los activos medioambientales que tenía bajo su cuidado y había poca interacción con las comunidades locales. Era arro-gante, casi irrespetuosa de las inquietudes de la sociedad. Sentía que la comunidad simplemente tenían que aceptarla por la contribución económica que hacía a la so-ciedad. Eso tenía que cambiar”, recalca.

Pero en la última década se registró lo que Hooke llama “un despertar” de la industria minera global. “Las operaciones modernas definen el éxito más allá de los dividendos financieros; deben incluir los dividendos medioambientales y los locales”, afirma.

¿Cómo se logra esa nueva mirada? Para el experto, quien recientemente vi-sitó Chile para participar en la última Se-mana Cesco, lo primero es un cambio de mentalidad donde predomine la empatía. “Para lograr empatía ellos tienen que tener igualdad, participación, que puede ser directa como involucramiento directo en la actividad de la mina, educación, capacitación, infraestructura, etc., pero también puede tomar la forma de tener voz”, afirma el experto australiano, quien recuerda que las empresas de su país descubrieron que podían aprender de las comunidades, beneficiarse de “la enorme riqueza” de conocimiento que guardan. Por eso hace años que comenzaron a abandonar las luchas legales por la pose-sión de la tierra y a negociar directamente, cara a cara con las comunidades.

Eel Consejo Minero de Australia, asi-mismo, impulsó varias iniciativas como cursos de capacitación para población indígena que deseaba trabajar en las actividades mineras, como también para los profesionales del rubro, de modo que conocieran más de estas comunidades, aprendieran sobre su historia, su legado y sus costumbres.

Hook recalca que la intensión era que se abandonara la actitud soberbia por respeto y colaboración. Ello, unido a re-glas claras y trabajo colaborativo con los gobiernos, parecen ser la clave del actual éxito de la minería australia y de otras industrias mineras en el mundo.

Por María Eugenia Durán.

la experiencia internacional

enfasis en prevencion de conflictos

Para el ICMM, las relaciones empresas mineras-comunidad son una “prioridad”.Así lo confirma Claire White, gerenta de Desarrollo Social y Económico de dicha entidad, quien reconoce que “la capacidad de nuestros miembros para operar depende del apoyo de las comunidades aledañas a sus operaciones”.

Varios estudios han buscado identificar las razones de los conflictos. “En 2013, algunas de las causas primarias prevalentes

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Por Carolina Miranda.

En la actualidad, las compañías ya no son solo entes económicos, sino actores sociales, por lo que han debido tomar conciencia de

la necesidad de hacerse cargo de los impactos que generan en clientes, tra-bajadores, proveedores y la comunidad en general. Y en una sociedad cada vez más empoderada, es indispensable para sus sostenibilidad que las empre-sas logren una buena vecindad con sus comunidades aledañas.

Así lo asumió Anglo American, com-pañía que desarrolla desde 2006 el Programa Emerge. Esta iniciativa surge tras la aplicación, dos años antes, del SEAT (Socio–Economic Assessment Tool), sistema utilizado para gestionar los aspectos sociales de las operaciones y proyectos que concluyó la necesidad de fortalecer las capacidades de ges-tión de los pequeños negocios de las comunas cercanas a las operaciones de la multinacional.

En concreto, respalda a micro y pe-queños emprendedores por medio de la entrega de distintas herramientas para potenciar sus negocios y tiene dos líneas de acción: Emerge Microem-presario, que apoya con microcréditos y educación, y Emerge Potenciando Negocios, dirigido a micro y peque-ños emprendedores que han alcanzado cierto nivel de ventas y tienen el deseo de potenciar sus negocios. A ellos se les entrega capacitación, asesoría técnica y, en algunos casos, la opción de un financiamiento a través de un crédito blando.

Ursula Weber, gerente de Desarrollo Social Cobre de Anglo American, con-sidera que la iniciativa es ampliamente valorada por las comunidades, porque permite no solo que los emprendedo-res mejoren su calidad de vida, sino que se produzca “un efecto multipli-cador”; es decir, que los pequeños negocios generen nuevos puestos de trabajo y vínculos con otras pequeñas empresas de la zona.

collahuasi: apoyo a la agricultura

Doña Inés de Collahuasi es otra de las mineras que ha impulsado acciones en favor de las comunidades. Una de ellas ha tenido lugar en Pica, Región de Tarapacá, donde se desarrollaba una agricultura que utilizaba acequias, es-

tanques de almacenamiento y canales de regadíos muy antiguos y dañados. Como consecuencia, se producían infiltraciones que generaban, en promedio, pérdidas del 50% del caudal, alcanzando incluso en los más críticos una pérdida del 100%. Los agricultores culpaban de ello a la ac-tividad minera.

Conscientes de la situación, en 2008 se formó una mesa tripartita de trabajo in-tegrada por Doña Inés de Collahuasi, los agricultores y el municipio de Pica, dando origen al “Programa de Mejoramiento de Canales de Regadío” de las comunida-des de agua de “Resbaladero”, “Altillo Chico” y “Alto Grande”.

La iniciativa, que fue aprobada por la Comisión Nacional de Riego, significó la construcción de 5.491 metros lineales de canales de regadío con un costo de 28.448 UF –49,1% financiado por el

organismo estatal y 50,9% cubierto por la minera– y el impacto es claro: se ha re-cuperado el 50% del agua que se perdía por infiltración.

Luciano Malhue, gerente de Relaciones con la Comunidad de Collahuasi, explica que este tipo de proyectos “aportan al desarrollo de la comuna, incorporando en la cadena de valor de la compañía la actividad comercial más relevante de Pica: la agricultura”.

Como resultado, la iniciativa ha sido valorada por la comunidad, toda vez que da solución a un problema relevante planteada por ellos mismos, que además participaron en la elaboración de la pro-puesta y controlan su ejecución.

Como es un proceso gradual, detalla el ejecutivo, “hoy seguimos trabajando en conjunto para mejorar canales que aún mantienen pérdidas de agua de riego, además de mejorar detalles de las obras ya ejecutadas”.

lomas Bayas: empoderar a la ciudadania

Lomas Bayas opera en Sierra Gorda, a 36 kilómetros de Baquedano, y ha de-finido tres círculos de acción en pos de una buena relación con sus comunidades aledañas.

Baquedano es el primero. Ahí desarro-llan, en conjunto con la Municipalidad de Sierra Gorda y Aramak, el programa “Súbete al Tren de la Vida”, que pro-mueve estilos de vida saludables en la comunidad. En paralelo, impulsan el plan “Emprende Lomas” que financia empren-dimientos sustentables, y en la Escuela G–130 se construyó el “Rincón Minero”,

que apunta a acercar la minería a los niños y fortalecer conductas sustenta-bles.

En Calama, en tanto, trabajan con la Asociación de Agricultores de Ca-lama en tres programas –“Oasis Lomas Sustentable”, “Agricultura Lomas Eco-lógica” y “Emprende Lomas”– que persiguen generar sustentabilidad y desarrollo de la agricultura en la zona. Además, en alianza con Conaf, tienen el “Parque Explora Lomas”, que sig-nificó la forestación de más de 100 hectáreas de algarrobo y otras especies autóctonas.

A nivel regional llevan adelante en alianza con organismos estatales y las municipalidades de Antofagasta, Ca-lama y Baquedano el programa “Yo quiero ser minero/a”.

De esta manera, la compañía entrega herramientas a la comunidad para de-sarrollarse de forma autónoma y no de-pendan de la existencia de la minera.

Pabla Orellana, superintendente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de esta empresa, destaca que estas inicia-tivas “generan un lazo entre la empresa y la comunidad para trabajar en con-junto, compartir nuestras preocupacio-nes y avanzar en lo que consideramos prioritario mutuamente”. Añade que también les han permitido “empoderar y comprometer” a los habitantes con la tarea de mejorar su situación.

“Lo gratificante es ver que mu-chas personas han aprovechado los programas y, a través de éstos y su esfuerzo personal, han mejorado su calidad de vida”, sentencia la ejecu-tiva de Lomas Bayas.

Los esfuerzos de las compañías para apoyar a sus vecinos

en una sociedad cada vez más empoderada, donde las personas están dispuestas a luchar por sus derechos sociales, económicos y ambientales, las empresas han asumido que relacionarse positivamente con sus comunidades aledañas es indispensable para su sostenibilidad. aquí tres compañías describen el camino que están tomando.

los vecinos de Baquedano participan activamente en el programa Súbete al Tren de la vida, desarrollado por minera lomas Bayas.

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