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LOS SOFISMAS DEL TERRORISMO EN COLOMBIA José Obdulio Gaviria Vélez

“En Colombia no hay guerrillas sino bandas armadas. (�) No puedo imaginar a un país con un gobierno comunista que se dedicara al secuestro, al asesinato, a la violación de derechos. Ellos no son comunistas. Quizás en un principio lo fueron, ahora no””. José Saramago. “Terrorismo es el uso sistemático del asesinato, de la violencia y de la destrucción, o la amenaza de estos actos, con el fin de lograr una meta política”. Walter Laqueur

I. EL CONFLICTO INTERNO ARMADO 1. DE POR QUÉ SE CREÓ EL PANDEMONIUM GUERRILLERO En la segunda mitad del siglo XX, muchas organizaciones revolucionarias consideraron que, por fin, la guerra iba a ser la “solución final” contra el capitalismo. En aquellos días se predicó mucho sobre las bondades del uso de la fuerza bruta pues se decía que la violencia, cuando la aplicaban los pobres contra los ricos, era una actividad humanitaria, igual que la acción de las parteras que aunque sangrienta tiene fines compasivos y redentores. Eso, por lo menos, fue lo que enseñó Marx en su evangelio cumbre, El Capital. Con el surgimiento del marxismo, por primera vez una corriente de pensamiento decidió dejar a un lado los eufemismos y hacer de frente la apología de la muerte o del sometimiento violento del contrario: “Los comunistas (�) abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia, todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista”. Así, sin rodeos, hablaron Marx y Engels en su folleto-panfleto conocido como Manifiesto Comunista. La declaración de amor de Marx a la violencia, “partera de la historia”, produjo todo un destape intelectual. Georges Sorel, por ejemplo, escribió su Reflexiones sobre la violencia, que según Jean Jacques Chevallier, es un libro con tan gran potencia explosiva que tuvo la singular fortuna de inspirar a la vez el bolchevismo de Lenin y el fascismo de Mussolini. Por la misma época apareció otra apología de esa malévola partera, escrito por un desinhibido revolucionario ruso, Boris Savinkov, quien no tuvo empacho en llamar a su libro Memorias de un terrorista. Pol Pot, el tirano comunista de Camboya le dio a la idea su expresión más cruda, con el agravante de que la aplicó en masa. Dijo así: “Violencia y muerte son dos imperativos revolucionarios”.

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El Partido Comunista bolchevique ganó el poder en Rusia en 1917 y mediante subsiguientes operaciones de conquista creó un anillo de gobiernos satélites que se conoció en la historia como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Segunda Guerra Mundial fue ocasión propicia para extender el dominio de la II Internacional o partido bolchevique internacional. Entre 1945 y 1948 se creó el Bloque Soviético, integrado por un grupo de países encerrados por muros y alambradas que Churchill llamó “Telón de Acero”. La URSS y el Bloque fueron simbolizados por aquel esperpento político-arquitectónico conocido como Muro de Berlín. En Asia, el Partido Comunista de China, después de una guerra prolongada logró hacerse al poder en 1949. El grupo del Kuomintang con el apoyo de USA creó la República de Taiwan y mantuvo hasta 1974 la ficción de que China no existía como país soberano. Mao, presidente de la China, tampoco estuvo quieto: apoyó las luchas de liberación de las colonias de Indochina y, en alianza con Moscú, hizo un pulso violento con Washington en dos países que quedaron partidos a la mitad: Vietnam y Corea. La guerra fría incendió países como Filipinas, Camboya o Birmania; dividió a la India, precipitó conflagraciones en los países árabes y guerras de liberación y civiles en África, Continente que quedó partido con divisiones tan arbitrarias como las de un rompecabezas. ¿Qué ocurría mientras tanto en América Latina? Las democracias estaban en minoría, y al amparo de la doctrina de la Seguridad Nacional (la defensa del hemisferio contra la expansión comunista), muchos sátrapas terminaron cobijados por la sombrilla protectora del los Estados Unidos y la OEA. A la justa lucha por la libertad, por la democracia, por la equidad y por la implantación del Estado de derecho, se la estigmatizó como actividad comunista e intrínsecamente peligrosa para la estabilidad hemisférica. Las cárceles, los cementerios y los centros de refugiados políticos se llenaron de dirigentes liberales, nacionalistas, socialistas y comunistas latinoamericanos perseguidos por causa de sus ideas reformistas. Pero meter a todos en una sola colada hizo que se produjera un círculo vicioso y una confusión política de padre y señor mío: la imagen de un dirigente liberal que luchara por la libertad y la democracia (cualquiera y en cualquier parte: Bosch en República Dominicana; Arbenz en Guatemala; Joao Goulart en Brasil; López y el MRL en Colombia) quedaba destruida con las campañas macartistas del anticomunismo. Los verdaderos comunistas, en cambio, que sí luchaban por la implantación de una dictadura proletaria, una tiranía de clase, fueron adquiriendo ante el público los ribetes románticos de luchadores por la libertad, lo que les permitía mimetizarse entre las huestes de los dirigentes democráticos. En ese escenario se produjo el triunfo de Castro en Cuba y nació una tercera Meca para el comunismo internacional.

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La Guerra fría creó en América Latina un pandemónium, que asignó arbitrariamente las sillas de la izquierda o de la a derecha política, según se tuviera o no proclividades violentas. Si una persona progresista se proclamaba enemiga del uso de las armas, de terror o del ejercicio de la violencia política, aseguraba sus pergaminos de derechista. En cambio, cualquiera que dijera ser partidario de la ‘lucha armada’ contra el régimen, era ipso facto socio de la izquierda, sin importar su talante ni su pensamiento. Ese esquematismo sirvió también para definir mal o incorrectamente a los gobernantes democráticos y a los candidatos a serlo. Si ellos aplicaban, o simplemente proponían aplicar la fuerza legítima del Estado para reprimir la violencia política, ganaban automáticamente el mote de dictadores o tiranos. En cambio, los gobernantes débiles, conciliadores, contemporizadores o cobardes quedaban con la fama de progresistas o de izquierda, genéricamente denominados por los comunistas como ‘personalidades democráticas’. En esta obra se habla del nacimiento, pasión y muerte de las organizaciones que ejercieron la lucha política armada en Colombia hasta 1991; y cómo quienes han persistido en mantenerse en ella ya no actúan propiamente dentro de la política sino que sobreviven como organizaciones dedicadas a la actividad económica ilegal. Obvio que su accionar parece una gestión política puesto que blanden un discurso legitimador de su causa que apabulla, asombra o convence a la gente común. Es una diatriba facilista, sectaria, dogmática y ante todo feroz contra el “régimen de las clases dominantes” y contra sus “naturales” lacras: pobreza, desigualdad, injusticia y represión, que le ha dado frutos provechosos a los demagogos desde los remotos tiempos de Pericles. Un propósito inicial de este libro es explicar porqué las guerrillas colombianas actuales no son ni se parecen a las que combatieron contra el régimen social, jurídico y político hasta 1991. Tendemos al auto engaño y a creer lo contrario, dado que todavía se usan las mismas siglas y siguen militando en sus filas algunos fundadores que ya rondan los setenta años de edad. Pero es un hecho notorio que en el seno de las organizaciones guerrilleras ya no sobrevive nada de lo que les dio origen. Si se hace un examen conjetural sobre cómo las calificaría el padre Camilo Torres Restrepo si regresara a la vida, es muy probable que también él suscribiría el Manifiesto de los intelectuales y periodistas al que pronto haremos referencia. El otro tema es el estudio de la política de Seguridad Democrática adelantada por el gobierno del presidente Uribe. Igual que al presidente, a su política no es fácil de encasillarla en una ideología. Uno de los problemas de la política actual es que tendemos a hacer simplificaciones y clasificaciones arbitrarias. Uribe es un presidente de derecha, dicen, por ejemplo. No parece que a él le quite el sueño que los jefes de las FARC y del ELN –o algunos populistas, o los marxistas irredentos-, le coloquen ese mote. De hecho, cuando las cúpulas de las FARC y

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del ELN lo definen como su antípoda política, le hacen un homenaje. Pero, como los guerrilleros se autoacomodan en la ‘izquierda’, algunos analistas distraídos, o periodistas y politólogos, con ignorancia supina sobre el debate ideológico actual, aceptan ver en Uribe la encarnación del pensamiento de la derecha. La incorrecta ubicación de Uribe en la derecha del espectro político se debe tal vez a que él, marchando en contra de una corriente deslegitimadora del Estado que hizo carrera en Colombia, predica y practica el ejercicio firme de la autoridad estatal. De Uribe puede decirse lo que Manuel Sánchez Sarto dijo de Hobbes:

- “Quiere la paz a toda costa ¿quién vería en ello una afirmación totalitaria?; siente una ferviente pasión por el orden, y cualquier manifestación de fuerza legal que sea necesaria para mantenerlo, le parece justa”.

Uribe traduce esa idea, diciendo que el orden es un valor fundante de la libertad. Con respecto a las FARC y al ELN, la política de los apaciguadores y predicadores de la solución política negociada en abstracto, los ha hecho padecer el “síndrome del avestruz”. A los estudiosos colombianos ya les son familiares nombres de protagonistas europeos con comportamientos históricos similares, como Chamberlain y el embajador Anderson frente a Hitler: creyeron apaciguarlo, otorgándole todas las concesiones que exigía. Entre los sectores que pretenden representar a la sociedad civil colombiana, no son de recibo –por el contrario, escandalizan-, las afirmaciones de Fernando Savater sobre su respuesta al terrorismo de la ETA:

- “En el País Vasco hay gente convencida de que es incompatible ser vasco y español, y que está legitimada para asesinar a sus convecinos, siempre que no se plieguen a esa decisión. Y yo soy de los que se deciden a defenderse contra ellos y a pensar que, puesto que las razones no tienen forma de convencerse unas a otras, pues lo mismo que a Luis XVI hubo que convencerlo a la fuerza de las ventajas de la revolución, a otros hay que convencerlos también del mismo modo (�) si la minoría es una minoría fanática (...) pues entonces no habrá más remedio que hacerles desistir de su actitud. Los seres humanos resuelven sus problemas o por las buenas o por las malas. Entonces, si se están defendiendo los derechos y las garantías de las mayorías, y hay un grupo irreductible, que no ve las ventajas que tienen esos derechos..., pensemos que la democracia ha llegado por la vía revolucionaria. A Luis XVI nadie le preguntó si quería democracia o no”.

Durante muchos años el presidente Uribe ha luchado contra la corriente. Mantuvo una total coherencia frente a los mal llamados “Procesos de Paz” porque él, como aconseja el Acta de Independencia de los Estados Unidos, trata siempre a las

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fuerzas insurgentes “como se debe considerar a todas las colectividades humanas: enemigos en la guerra, en la paz, amigos”. El presidente Uribe no negocia con el enemigo la propia legitimidad del Estado, porque siempre tiene entre ceja y ceja un principio esencial del liberalismo: defender intransigentemente el monopolio estatal de la fuerza. “El Estado no hace la guerra, impone la Constitución y la ley y persigue a quienes se levantan contra ellas”, repite una y otra vez. No acepta despejes que sean utilizados por los enemigos del Estado para desplegar sus fuerzas y para abrir nuevos frentes de terror. Pero nunca cierra las puertas a la paz. Si la quieren los insurgentes, deberán decretar primero el cese de hostilidades para acordar los mecanismos de deposición definitiva de las armas. Uribe recuerda en todo momento que es el depositario de la suprema comandancia de las Fuerzas Armadas, y que debe dirigir la ofensiva tendiente a neutralizar los frentes terroristas, requisito previo para restaurar la paz. Esa tarea en una sociedad democrática no es un asunto que incumba sólo al Estado: “Sin una alianza entre sociedad civil y fuerza pública, será imposible reinstaurar en Colombia el imperio de la ley”, dice. En el proceso de lograr la paz, el gobierno está adelantando un amplio programa de concordia, reencuentro, perdón y olvido, para que los millares de hombres y mujeres enrolados en las fuerzas irregulares vuelvan a sus hogares y reingresen a sus tareas constructivas lo más pronto posible, sin temor a posteriores persecuciones. Ese es un aspecto de su programa de seguridad democrática para todos los colombianos, idéntico al que, con toda energía, han aplicado los socialdemócratas europeos en España e Inglaterra frente al terrorismo y la anarquía.

La política de Seguridad Democrática no milita en la derecha ni de centro ni de izquierda. Es una política humanitaria, basada en los más elevados principios del constitucionalismo moderno que establece como fin esencial del Estado otorgar seguridad a los asociados. En estas páginas se entabla una polémica enérgica pero respetuosa con los difundidos conceptos deslegitimadores del Estado colombiano, que justifican la acción armada como presunta respuesta al carácter tiránico de nuestro régimen político. -Caracterización que si se analiza con las herramientas de la ciencia política es absolutamente ridícula pero que, ridícula y todo lo que se quiera, es tomada en serio por juristas, defensores de derechos humanos y políticos de todas las corrientes en Europa y los Estados Unidos-. Este libro pretende participar en una lucha ideológica que ya se dio con éxito en España, y que entre nosotros apenas comienza a tomar empuje con el discurso político del presidente Uribe. Edurne Uriarte, profesora y escritora vasca que se ha

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consagrado a la lucha contra el conformismo frente a la violencia de la ETA, demostró que “fanatismo, comprensión, indiferencia, cobardía y rebeldía”, eran los cinco sustantivos y las cinco actitudes que resumían las posiciones iniciales de los españoles ante el terrorismo. La Uriarte cuestionó en sus libros la ambigua postura de la sociedad civil frente a la violencia de ETA y “desmanteló sistemáticamente muchos de los cómodos postulados sobre los que se afianzaba la conciencia ciudadana para justificar su pasividad y caer en las trampas del pacifismo y del miedo”, como lo reconoce hoy la mayoría de los intelectuales españoles. El filósofo Fernando Savater, ha cuestionado también con reciedumbre a los ‘justificadores’. Dijo:

“No volvamos a repetir que este último secuestro y crimen de ETA es absurdo, irracional, etcétera. No: tiene su lógica. Se trata de una agresión odiosa a los derechos humanos de una persona y a los derechos políticos de toda una comunidad. Pero no por ello deja de tener su lógica. Veamos. ETA y quienes la secundan han optado por la lucha armada como modo de imponer sus puntos de vista minoritarios a la sociedad vasca que los rechaza cada vez con mayor ahínco. La última baza que le queda a ETA para justificar la lucha armada ante su menguante clientela son los propios etarras presos, cada uno de ellos rodeado de familiares y amigos lógicamente preocupados por su suerte.

Algunos pueden pensar que el primer líder colombiano que abrió un frente de lucha contra el conformismo con las acciones guerrilleras fue Álvaro Uribe Vélez. Pero no es así. Seguramente se sorprenderán con este dato: hace muchos años, los líderes de la izquierda colombiana clamaron por el aislamiento político de la guerrilla, llamaron a sus líderes a cesar su lucha y les previnieron sobre el abismo al que se estaban dirigiendo en caso de persistir en sus actividades criminales. Francisco Mosquera, fundador y secretario General de MOIR, escribió un artículo en 1985 con este título categórico y definitivo: El problema social no determina la insurrección. Es un alegato contra la teoría de la existencia de causas objetivas que impelen al pueblo a practicar la violencia, y contra la presunta obligatoriedad de una transacción política con los jefes o promotores de las organizaciones armadas. Dice Mosquera:

- “Desde finales de la década del cincuenta los anarquistas criollos vienen imputando sus frustradas rebeliones a las agudas diferencias económicas que prevalecen en la sociedad. El argumento suena muy sabio; sin embargo, resulta profundamente falso. En cualquier época y lugar, al margen de cuán extremada sea la miseria de las gentes, el requisito indispensable de cualquier guerra civil del modelo que entre nosotros se pregona consiste en el concurso eficaz de la población. Y en Colombia, por lo menos desde el surgimiento del Frente Nacional, el pueblo se ha

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mostrado apático a la solución violenta. Seguir justificando las aventuras terroristas con los desajustes sociales, como suelen hacerlo los políticos astutos y los clérigos piadosos, significa simplemente que nunca habrá “paz”, pues las transformaciones históricas no se coronan en un santiamén ni brotarán de los arreglos de tregua. Los insurgentes continúan supeditando cualquier compromiso verdadero con el régimen a un entendimiento previo sobre los proyectos de desarrollo, el reparto de la riqueza y aun la inclusión en la nómina oficial. A los colombianos les consta que bajo semejantes premisas la llevada y traída reconciliación no deja de ser una entelequia, cuando no un engaño.

En mayo de 1992, los intelectuales y periodistas de la izquierda colombiana dirigieron un Manifiesto-requisitoria a la guerrilla, a fin de que dieran por terminada, de inmediato, su acción violenta:

- “Ponemos en tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción que ustedes sostienen desde hace años (�) Su guerra, comprensible en sus orígenes, va ahora en sentido contrario de la historia (�) Su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica, y reconocerlo de buen corazón será también una victoria política”.

Ni tuvieron nuestros intelectuales la persistencia y combatividad de Savater y Uriarte ni los medios de comunicación captaron la trascendencia política e histórica de tamaña declaración proveniente de las más respetadas mentes de la izquierda colombiana. Su publicación apenas mereció un corto espacio en páginas interiores y nadie tomó como bandera de lucha sistemática poner en tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción de la guerrilla. Al contrario, las corrientes legitimadoras de la lucha política armada volvieron a la carga, coparon todos los espacios y entronizaron durante otra década la sinuosa y traicionera consigna de solución negociada del conflicto interno armado (más adelante explicaré detalladamente por qué, en mi opinión, es sinuosa y traicionera). Si hubiésemos llevado hasta las últimas consecuencias el debate sobre el Manifiesto de 1992 o sobre la tesis de Francisco Mosquera, Colombia habría acelerado el proceso de desmonte de la guerrilla y de su contra cara el paramilitarismo. Si los apaciguadores hubiesen tomado como suyos esos textos, no se habrían dedicado a darle largas y a buscarle ‘peros’ a la consigna de hacer un armisticio definitivo. Álvaro Uribe Vélez, en cambio, como candidato y luego como presidente nunca dejó de apreciar como válidos los textos de los intelectuales y de Mosquera. Además, desde hace tiempo mantiene presente el Manifiesto por la Paz que redactó Rafael Uribe Uribe en 1901 y que condujo a la firma del Tratado que puso fin a la Guerra de los Mil Días:

- “El objetivo de la apelación a las armas no es la guerra por sí misma sino el triunfo. No se trata de ejecutar hazañas sino de vencer (�) hemos

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llegado a un punto en que se impone la cesación de la lucha. (�) Hace muchos meses que esta campaña está limitada a un infructuoso tejer y destejer de operaciones, y a un tomar y dejar territorios, que a nada conduce”.

Esa claridad conceptual y su indeclinable propósito de hacer que los colombianos de hoy, ¡ya!, vivamos libres de los dos lastres infames, la guerrilla y el paramilitarismo, es lo que ha permitido al presidente mantener cubiertos exitosamente todos los flancos y hacer los movimientos estratégicos que conducirán a Colombia a una paz que ha de ser perpetua. A la vez que mantiene una fuerte presión militar, llama a los dirigentes guerrilleros a que recojan las tesis del Manifiesto de 1992 y firmen una declaración de este o semejante tenor:

- “Militamos durante décadas en el ELN, porque creíamos que las armas eran la única garantía para el logro de nuestras aspiraciones políticas (...) Ya no estamos convencidos. Al contrario, seguir ejerciendo la fuerza y la violencia es inútil, y sume en el dolor y la ruina a miles de compatriotas. (�) Llamamos a nuestros camaradas a hacer un alto en el camino; a decretar cese inmediato de hostilidades e iniciar el diálogo que conduzca a la firma de un armisticio con el gobierno nacional”.

Mientras los dirigentes se convencen de que esa es la salida, por la puerta de atrás se les han desertado más de siete mil unidades que hoy están dentro de los programas de reinserción o que simplemente, han tomado las de Villadiego.

2. JUANA DE ARCO VERSUS EL TIRANO

En septiembre de 2002, recibí tarjeta de invitación para asistir a un simposio en FESCOL -capítulo colombiano de la Fundación alemana, Friefrich Ebert-. El tema: “la viabilidad de una salida negociada al conflicto social y armado que vive Colombia (U) y un posible escenario del posconflicto”. Que una entidad de semejante influencia intelectual utilizara ese lenguaje para referirse al tema crucial de la función estatal -la política de seguridad-, demostraba que en el pulso por el dominio del espacio verbal, el Estado colombiano estaba siendo derrotado -con un marcador abultado-, por el equipo de las FARC – ELN – PARAS. Continuamente le llegaban también al Presidente de la República otras invitaciones a eventos muy relevantes y con títulos y contenidos parecidos: Juventud y Conflicto armado; la Urbanización del Conflicto armado; ¿Guerra o solución negociada?; ¿Se está ganado la Guerra?, etcétera.

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Pretendo demostrar -con objetividad, sin caer en el macartismo ni en la seducción y el embrujo del sofisma violento-, que en el terreno del Verbo se dan los más trascendentales combates de la confrontación de los violentos contra el Estado colombiano. En Colombia, ciertos conceptos y un lenguaje popularizados durante prolongado lapso, ya están convertidos en tópicos y muletillas de las conversaciones, cartas, conferencias, o discursos. Por ejemplo, de la aceptación sin discernimiento del concepto Guerra civil y de su equivalente técnico, Conflicto interno armado, se hizo un trasbordo inadvertido a otras páginas del diccionario. El léxico se fue volviendo más comprometido -y comprometedor- ideológicamente: al secuestro se le llamó retención; al pago de la extorsión, canje (de un valor o de un bien por otro); a la negociación de la libertad de los secuestrados, acuerdo humanitario; al secuestrador, actor; a matanzas ignominiosas, ajusticiamientos; a la destrucción de poblados y al desplazamiento forzado, se les llamó “el Conflicto”, así, con toda la neutralidad, tal como suena, como una palabra genérica -igual a como ocurrió en los años cincuenta y sesenta cuando se llamó “Violencia” a las matanzas que produjo el sectarismo partidista-. Quienes cayeron embrujados por ese lenguaje obstruyeron o neutralizaron, consciente o inconscientemente, la acción estatal. A quienes reclamaron presencia de la fuerza pública, ellos les respondieron: ¡No! ¡Qué tal un escalamiento del conflicto! ¡Busquemos una salida negociada! A quienes hablaron de gobernar con mano firme las riendas del Estado, los llamaron fascistas. Aunque estaban a la mano todos los elementos teóricos y prácticos para prender alarmas y dar la batalla crucial por el vocabulario, los cooptados por la terminología guerrillera y paramilitar no agradecieron que alguien les hiciera señales de peligro para evitarles que cayeran en el abismo de la propaganda violenta. No hubo remedio: las frases típicas de los documentos y comunicados de las organizaciones armadas contaminaron a la prensa nacional, se trasladaron a los eventos internacionales y llegaron hasta los académicos, sacerdotes, líderes comunales, gobernadores, embajadores, ministros y, asómbrense, hasta a los militares, a los candidatos presidenciales y, ¡quién lo creyera!, a los propios presidentes de la República. Volvamos a la tarjeta de FESCOL y teoricemos un poco sobre ella. En su redacción está sugerida una posible asociación de ideas: “Conflicto armado – visión europea sobre Colombia - Solución negociada”. Me explico: muchos estudiosos europeos -y americanos del Norte- creen que Colombia es un “Estado – Nación en formación”; ahí está la génesis de la teoría sociopolítica que nos introdujo de lleno en el “negociacionismo” o la prédica de la negociación política como decisión voluntaria y unilateral del Estado.

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Como ocurrió en todo el mundo, también en Europa los procesos fundacionales fueron violentos. Hubo guerras dinásticas o de sucesión; campesinas -como las de Alemania-; de religión; guerras limítrofes; guerras por caprichos amorosos o por codicia. Y, claro, como allá hablan de su pasado remoto, ven románticamente los conflictos armados. Incluso, los bautizan para la historia con nombres heroicos o juguetones: de las Dos Rosas, de la Oreja de Jenkins, de la Reina Ana, de los Cien años, de las Naranjas (una guerra entre España y Portugal que hace poco se hizo revivir imaginariamente en un informe de la CIA, como si estuviera cobrando vida el personaje de Nuestro Hombre en La Habana, el libro de Graham Green). Cuando tantos observadores extranjeros y funcionarios de países amigos intervinieron en los llamados ‘Procesos de Paz’ que se intentaron entre los años 1994 y 2002, muy seguramente estaban convencidos de que Colombia vivía una de aquellas guerras propias de naciones en formación, como las que alguna vez estudiaron en sus lejanos textos escolares de, ¿qué sé yo?, Suecia, Francia, Irlanda... “En Colombia están sumidos en un conflicto fundacional”, pensaron esos extranjeros. Tomas Fischer, en su estudio sobre la “Guerra Civil en Colombia”, sintetizó esa creencia:

- “El problema de Colombia es consecuencia del incompleto proceso de formación de la nación (�) el problema real de Colombia no son la guerrilla ni la mafia ni los paramilitares ni la delincuencia cotidiana, sino la estructura que los engendra”.

Y nuestros intelectuales no se han quedado atrás. Marco Palacios, actual rector de la Diversidad Nacional de Colombia, citado en Enfoques desde la pluralidad, dejó sentado para una publicación de Fescol que:

- “Acaso tales fenómenos (de violencia en Colombia) no sean otra cosa que la expresión de una Nación y un Estado que aún no se han constituido plenamente”.

Pero, como además del prejuicio teórico, los observadores nacionales e internacionales tuvieron ocasión, un 19 de mayo de 2001, de ver y oír en la televisión estatal a un guerrillero que fusil en mano presentó la ponencia de las FARC “Sobre Distribución del Ingreso y Desarrollo Social”, debieron quedar convencidos:

-Estas gentes son unos Robin Hood, Clodoveos, Juanas de Arco. Por la vía del prejuicio, del icono, del santoral europeo que hizo ascender a los altares a tanto guerrero primitivo, muchas personas dentro y fuera del país, comenzaron a tener consideraciones con los comandantes. Si el agredido no

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responde rápido y claro, la gente se va soliviantando. Eso pasó con las audiencias del “proceso de Paz”: como nadie reviró, los observadores pensaron seguramente que se callaba porque se otorgaba. Aquel 19 de mayo, por ejemplo, ninguno de los altos funcionarios del Estado presentes en las audiencias públicas con las FARC, contradijo la afirmación rotunda del guerrillero de marras quien, muy orondo, dijo:

-“Estamos por la construcción de un Estado muy distinto al que tenemos ahora: excluyente, corrupto, señorial, clientelista, mafioso, y terrorista”.

¡Así como lo oyen!, así describieron al Estado colombiano por la televisión pública, propiedad de ese Estado, ante altos funcionarios del mismo y de delegados internacionales. Por eso, ¿con qué cara podría un embajador, un intelectual, un ciudadano cualquiera de Colombia decir en Dinamarca, o en Suecia, que la lucha de la guerrilla de Colombia no era justa? Recordemos que si un Estado no es reconocido como Estado de derecho, como Estado que respete los derechos humanos; que si el gobierno es una tiranía opresiva, el hombre se verá “compelido al supremo recurso de la rebelión”, tal como se expresa en el preámbulo a la Declaración Universal de derechos humanos, adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Para que aprendamos a la valorar las palabras y los silencios, he de decir que los funcionarios, con su mutismo frente a los guerrilleros, otorgaban legitimidad a la existencia de una oposición armada que ejercería con justicia el supremo recurso de la rebelión contra el Estado mafioso y terrorista. A esos funcionarios gubernamentales mudos, les hubiera bastado consultar los mismos textos que leyó el profesor Alfonso Monsalve Solórzano para componer su libro Legitimidad y soberanía en Colombia, 1958 – 2003. De esa manera habrían sabido que el Estado colombiano es legítimo y habrían explicado porqué es improcedente e ilegítima cualquier agresión interna o externa contra él. Explica el profesor Monsalve, que existe un modelo normativo para saber si un Estado puede ser incluido y aceptado, o no, en la sociedad internacional. Y trae la propuesta de Rawl de incluir estos aspectos: un Estado es legítimo si: (a) no es expansionista ni agresor y cumple con los tratados internacionales que firma con otros Estados; (b) respeta los Derechos Humanos de su población según los tratados internacionales que haya firmado; (c) cumple con la legalidad internacional y no es un Estado criminal. Desde una perspectiva empírica, dice Monsalve, la legitimidad internacional de Colombia está dada por el reconocimiento por parte de la sociedad internacional (ONU – OEA) de la condición de miembro de pleno derecho.

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Como para que dejemos de ir por ahí descalificando a toda hora los procesos electorales colombianos y no nos sigamos devanando los sesos intentando explicar lo inexplicable, es decir, “las razones de existencia de la insurgencia” -tal como lo intentan hacer muchísimos comentaristas de nuestra política-, entendamos que en Colombia, como en España o en Argentina, hay procesos legítimos que otorgan el derecho de gobernar a quien en franca lid obtuvo la mayoría. Colombia, en los términos del libro Entrevista sobre el pluralismo, un ameno diálogo sostenido por dos cumbres de la ciencia política, Robert Dahl y Giancarlo Bosetti, es un Estado pluralista, en el que hay variedad de opiniones, libertad de expresión y de oposición, organizaciones, asociaciones, partidos, iglesias, grupos de interés y de opinión, en los cuales se generan las condiciones decisivas para la democracia. Monsalve nos recuerda que en la evaluación de la legitimidad de origen, la soberanía popular es la fuente en las democracias liberales: se produce y reproduce el poder legítimo de los gobernantes sobre la base de la aceptación de los gobernados. Si los representantes y funcionarios son elegidos mediante procedimientos institucionales, poseen legitimidad de origen. El mecanismo de aceptabilidad de un Estado es la participación en los procesos de elección de las autoridades. Todos los otros mecanismos son suplementarios y no decisivos. Por eso, la estipulación de las condiciones normativas para que un proceso electoral sea legítimo, es crucial. Para decirlo de una manera afirmativa, sintética y muy comprensible, mis argumentos parten de la definición teórica y práctica del Estado colombiano como un Estado democrático legítimo. De allí se desprenden todas las afirmaciones y conclusiones. Quienes crean sinceramente lo contrario, seguirán defendiendo su tesis de la legitimidad y justicia contraria: la de la lucha armada y su corolario, la solución política negociada entre guerrilla y Estado (vía una Constituyente), para que deje de haber en Colombia esa tiranía opresiva cuya existencia predican. Parece una perogrullada, pero hay que decirlo: o creemos que Colombia es un Estado legítimo, o no lo creemos. Si lo primero, no hay derecho a que alguien se alce violentamente contra la existencia del Estado o contra una determinación legítima tramitada dentro del Estado de derecho; y la respuesta natural del Estado a esos comportamientos ilícitos es la que está dada en la Constitución y el Código Penal. Recordemos que ya en los países avanzados, usar la fuerza para obtener resultados políticos no es una causal de atenuación de la pena, sino de lo contrario, de agravamiento. Los intelectuales colombianos, como ya lo hicieron los españoles, tienen que dar la batalla para demostrarle al mundo que aquí nadie está compelido “al supremo derecho de la rebelión”. Que al contrario, los “rebeldes” intentan destruir un Estado

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de derecho, para construir una tiranía atrabiliaria, como la que describió José Saramago: dedicada al secuestro, al asesinato, a la violación de derechos. Ahora, que nadie piense que oponerse a que la seguridad interna de Colombia se defina como Conflicto Interno Armado, en los términos de la técnica jurídica internacional, quiere decir que se niega la existencia de un grave conflicto o confrontación con los violentos, o que no hay problemas políticos, sociales y económicos en Colombia. Creer que un gobierno desconoce esos hechos es pensar que está compuesto por mentecatos u oligofrénicos. ¡Pues claro que hay graves conflictos! Basta ver por televisión los Consejos Comunales de Gobierno para saber que tenemos un mundo de problemas cuya solución está aplazada desde los tiempos de la colonia. La paz no es la ausencia de conflictos sino la posibilidad de tramitarlos pacíficamente, como podemos hacerlo en Colombia. Un Estado no niega los conflictos, porque son inevitables cuando hay vida en sociedad. Lo que hace el Estado de derecho, la sociedad pluralista, es construir cauces institucionales adecuados. ¿Quién dijo que la función del régimen constitucional es suprimir los conflictos? Es regular su trámite. 3. ¿POR QUÉ NOS EMBRUJA LA PALABRA CONFLICTO? Los estudios históricos y sociales en Colombia han tenido como texto guía uno que escribió Indalecio Liévano Aguirre a finales de la década de los cincuenta del siglo XX: “Los Grandes Conflictos sociales y económicos de nuestra historia”. Releyendo esa obra memorable, encontramos dos guerras de verdad, grandes y justas, originadas o causadas por controversias sobre asuntos sociales, políticos y económicos de jerarquía: una, el levantamiento de los Comuneros a finales del siglo XVIII, y la otra, la Guerra de Independencia de comienzos del siglo XIX. Avanzando en el siglo XIX, hubo en Colombia guerras civiles en las que se enfrentaban concepciones sobre la definición del tipo de régimen constitucional, de la organización territorial y hasta del modelo económico, en particular en lo atinente al comercio internacional y a la propiedad de la tierra. Y hubo también otras muchas guerritas que fueron simple expresión del sectarismo religioso o político. Todas ellas se estudian prolijamente en la obra de Álvaro Tirado Mejía Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia y, últimamente, en el tratado escrito por Rafael Pardo Rueda, en Historia de las Guerras en Colombia. A mediados del siglo XX, el sectarismo nos involucró en un conflicto armado, que es origen remoto de la actual violencia: en 1949, el Presidente Ospina cerró el Congreso, conculcó libertades públicas y se inició una razzia contra el liberalismo -partido que contaba con una evidente mayoría electoral-, y contra el comunismo,

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un pequeño partido que entre los de Latinoamérica era el más ortodoxo epígono de la línea política del Partido Comunista de la Unión Soviética. A Ospina lo sucedió Laureano Gómez, quien actuó dentro del esquema de dictadura civil (restricción de los derechos públicos y ausencia de la representación democrática). Su régimen y el del presidente encargado, Roberto Urdaneta Arbeláez, fue acusado de actuar represivamente (Cartas clandestinas, de Luis Eduardo Nieto Caballero, es el mejor compendio de las acusaciones). Esta situación generó como respuesta un masivo levantamiento en armas del campesinado liberal -que se concentró en el llano- y la formación de autodefensas comunistas. La guerrilla liberal de los años cincuenta fue, para usar una metáfora que gustaba a los chinos, una chispa que incendió los llanos orientales de Colombia. Los comunistas tampoco se quedaron quietos. Sus guerrillas se asentaron en la cordillera con el nombre de ‘autodefensas campesinas’. Y valga esta aclaración: las FARC sólo confiesan 40 años de edad o de lucha. La evidencia histórica es otra: Jacobo Prías Álape y Manuel Marulanda, el primero conocido como Charro Negro, el segundo como Tirofijo, firmaron en 1949 un comunicado redactado por los activistas del Partido Comunista, que titularon “Política de autodefensa armada contra la violencia oficial de los bandidos falangistas”. Esa guerrilla o autodefensa del 49 deviene en la que se enfrentó en 1953 con la guerrilla liberal por la definición de la preeminencia y control en ciertos territorios; luego aparece en Marquetalia en los años sesenta y tomó posteriormente el nombre de FARC. También hay continuidad subjetiva con la guerrilla que en los ochenta le añadió el EP (ejército del pueblo) a la sigla original, puesto que ahí siguen personajes como Manuel Marulanda y alias Nariño, recientemente fallecido de muerte natural.

-¿Era legítimo el levantamiento del 49? Claro que sí, si se le considera desde el punto de vista liberal y comunista. Hubo un verdadero conflicto armado en el que terminó involucrándose el campesinado, guiado por las dirigencias liberal y comunista. El Plebiscito y el Frente Nacional le dieron una salida definitiva a aquel conflicto entre el gobierno militar -conservador y los liberales en armas. Pero los comunistas, en cambio, miraron hacia otra estrella y aplicaron una política que, parodiando a Marco Fidel Suárez cuando predicó mirar hacía Washington, llamaremos respice Moscú. Pasemos por alto la descripción de la guerra fría Washington – Moscú – Pekín porque es bien conocida por los lectores. Pocos países, pobres y ricos, se zafaron del encarte de tener gobiernos satélites del uno, o insurgencia armada patrocinada por el otro. En Colombia, fue tan evidente el origen internacional del conflicto interno, que a medida que el polo moscovita se dividía y subdividía, la guerrilla

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hacía lo propio: FARC, fue la representación ortodoxa de Moscú; EPL, de Pekín; ELN, de La Habana. Cuando Albania se separó de Pekín, el PLA se separó del EPL. Y cuando el marxismo universal comenzó a tener su aggiornamiento, a las FARC se les ‘abrieron’ los aperturistas del M-19, instigados por la izquierda de la Anapo. Fue tanta la subdivisión de la insurgencia de izquierda colombiana por razones de afinidades externas, que el listado de sus organizaciones parecía, avanzadas las décadas de los setentas y ochentas, un libro de fórmulas algebraicas. Una de las evidencias de que existía y se expandía un conflicto armado, fue la amplia vinculación de los intelectuales, profesionales y sobre todo de los universitarios, a las tareas de apoyo ideológico, logístico y de reclutamiento para las organizaciones armadas. Pulularon los Centros de Estudio y circularon masivamente libros, revistas y películas provenientes de cada uno de los polos: Moscú, Pekín, La Habana y Tirana. Se entonaba el himno de la Internacional en las asambleas de los sindicatos, de las asociaciones campesinas y de los estudiantes y en los paseos de las células de los movimientos de izquierda. Había música y teatro revolucionarios, la moda universitaria incluía gafas trostkistas, gorra maoísta, botas mamertas, barba guevarista, mirada foucoliana y abandono de utensilios y menjurjes consumistas como lociones, desodorantes y cremas de afeitar. En el caso de las mujeres, el único maquillaje ‘correcto’ era el jabón. Aunque a los jóvenes de les pueda parecer increíble, esa guerrilla que hoy asocian a noticias de desapariciones, secuestros, asesinatos a mansalva y tráfico de drogas, fue fundada y nutrida por profesores y estudiantes de las mismas universidades en las que ellos estudian ahora. 4. ¡CLARO QUE HUBO CONFLICTO INTERNO ARMADO! ¿Cuáles eran las causas subjetivas de ese conflicto político armado entre 1964 y 1989? ¿Fue, acaso, que hubo un robo o que murieron unas gallinas y marranos en Marquetalia? ¿Era la reivindicación del pluralismo y de la libertad? ¿Estaba en peligro la vida de quien perteneciera a la oposición política? ¡Que hablen los protagonistas!: En un libro de Arturo Álape, La Paz, la Violencia (1985), el ELN se autodefinió así al responder a la pregunta:

- ¿Qué expresa ideológicamente el Ejército de Liberación?

- “Nuestra concepción ideológica tiene dos vertientes fundamentales: una, la experiencia de lucha de los pueblos de todo el mundo, que se sintetiza en el marxismo-leninismo, que es la síntesis de esa experiencia. La otra, la historia de las luchas de nuestro pueblo y su situación concreta actual, a la misma luz del marxismo-leninismo”.

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Y, ¿el EPL? En el mismo libro de Álape, William Calvo, comandante de la organización, dijo:

- “Para hablar de la historia de la fundación del Ejército Popular de Liberación, necesariamente tenemos que remitirnos a su ubicación ideológica y política. Esto por cuanto el EPL es el brazo armado del Partido Comunista de Colombia Marxista-Leninista, de allí que su fundación, su origen, el desarrollo está íntimamente ligado al origen y desarrollo del PCC-ML. El partido nace de un rompimiento que se da en la primera mitad de la década del 60 en el seno del partido Comunista Colombiano. El rompimiento parte de fenómenos de incidencia en la problemática nacional y también de la acción de los fenómenos internacionales, dentro del contexto de la lucha de clases en el panorama colombiano”.

Luego de la consabida retahíla marxista sobre lucha de clases, Calvo entró de lleno a hablar del tema de las causas objetivas del conflicto en Colombia:

- “Esto se conjugaba con dos fenómenos internacionales que tienen hondas repercusiones en estas definiciones al seno de los partidos comunistas, no sólo en Colombia sino a nivel mundial. El uno tiene que ver con el trigésimo (sic) Congreso del PCUS, en el cual se marca un derrotero político, que es acogido por la mayoría de los partidos, lo que a su vez provoca una confrontación en el seno del movimiento comunista internacional, en torno a problemas esenciales del desarrollo de la lucha de clases y de la perspectiva de la revolución proletaria mundial”.

Como se puede observar, Calvo no dice una sola palabra sobre los problemas colombianos. Todo lo inscribe en la estrategia del movimiento comunista internacional. Cuando más se acerca, llega apenas hasta el Caribe, hasta la Cuba revolucionaria, la del documento de la Tricontinental:

- “Un hecho que adquiere particular influencia en Latinoamérica es el triunfo de la Revolución Cubana, que confrontado con la experiencia de los años 50 en el desarrollo de la violencia en Colombia, va a tener una influencia en cuanto a las posiciones políticas y a las definiciones sobre el papel y la importancia de la lucha armada, para la conducción de la preparación de la lucha revolucionaria en el país”.

Por su parte, a Gilberto Vieira, Secretario General del partido comunista, le preguntaron -para el mismo libro de Álape-:

- ¿Cuál ha sido el papel real de influencia del partido comunista en el proceso de luchas armadas en Colombia?

Respondió:

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- “Es difícil de medirlo. El Partido Comunista se ha comprometido desde el primer momento en que surgió la lucha armada en Colombia, tomando parte en ella, proclamando su solidaridad con la guerrilla, política y prácticamente. Desde luego hay una gran parte de la historia del partido que no está escrita, revelada, exactamente cuándo comienza el movimiento guerrillero”.

Cualquier observador internacional pensará que semejantes declaraciones del líder indiscutido del Partido Comunista, tuvo que hacerlas en medio de la clandestinidad más extrema. Pero no, en ese momento (1984), el Partido tenía una amplia representación parlamentaria y presentó candidatura presidencial. Con toda la tranquilidad del mundo, Vieira le dijo lo siguiente a Arturo Alape:

“El partido comunista está directamente mezclado con la lucha guerrillera que conduce a la creación de las FARC. Y aunque este es un movimiento que creció y se desarrolló enormemente en todo el país y que el partido comunista no acepta que sea su brazo armado, porque considera que es una ofensa contra las mismas FARC y contra el propio Partido Comunista, tampoco oculta sus nexos políticos con las FARC y desde luego trata de influir políticamente en las FARC. Cosa que se ha visto en el reciente 14 Congreso del partido, cuando se han recibido directamente saludos de las FARC. Hay una extraordinaria coincidencia, como dice el comandante Marulanda, entre el partido comunista y las FARC”.

Las FARC, el EPL y el ELN se autodefinieron desde sus inicios como organizaciones marxistas y actuaron como tales dentro del contexto de la guerra fría. Ellos eran los partidos políticos armados dentro del hiperdividido marxismo criollo. La situación no era, propiamente, que esos partidos estuvieran “compelidos al supremo recurso de la rebelión”, sino que el movimiento internacional comunista, liderado en Moscú, Pekín y La Habana, tenía su guerra que llamaba de liberación; y Washington, a su vez, tenía sus movimientos por la “seguridad nacional” o de defensa de la democracia. Y cuando hablo de movimiento internacional es en serio. Aunque los jóvenes de hoy no lo puedan creer, en Italia y Alemania, por ejemplo, hubo guerrillas maoístas, guevaristas y propalestinas; en Argentina las hubo trotskistas; en Chile comunistas ortodoxas; en Venezuela maoístas y trotskistas. En 1731, Benjamín Franklin escribió que observando la historia, se había enterado de “que los grandes asuntos del mundo, las guerras, las revoluciones, etcétera, son llevados a cabo e influenciados por partidos políticos y que el punto de vista de estos partidos está en su interés general presente o en el que ellos toman por tal”. Evidentemente, las FARC, el EPL y el ELN, en el contexto de la revolución socialista mundial, se autodefinían o se tomaban a sí mismos como los partidos

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políticos y la vanguardia revolucionaria del pueblo colombiano, cuyo interés general decían representar. Esa fue la situación hasta los albores de una década fundamental: la de los noventa del siglo XX. Porque desde 1989 y, particularmente en 1991, las cosas cambiaron diametralmente, en Colombia y en el mundo. Según el documento de las Naciones Unidas Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, desde 1992 comenzaron a desaparecer aceleradamente los conflictos armados internos, aunque se acentuó el fenómeno de la criminalidad transnacional como grave peligro para la estabilidad de los Estados. El estudio de la Naciones Unidas remite a dos fuentes estadísticas: el Departamento de Estudios sobre la Paz y los Conflictos de la Universidad de Uppsala, y al Instituto Internacional de Oslo de Investigaciones sobre la Paz.

Poco ha reflexionado el país sobre este hecho histórico: que desde el 29 de diciembre de 1996, en asuntos de violencia Colombia quedó sola, íngrima, en el hemisferio occidental. Se convirtió en un caso raro y de museo. ¿Por qué? Aquel día -en acto solemnísimo-, con presencia de presidentes y ministros de todas las latitudes, la guerrilla y el gobierno de Guatemala firmaron un tratado de paz. Desde esa fecha no hubo más ‘tomas’ de pueblos ni destrucción de locales públicos ni más secuestros ‘políticos’ ni más muertos ‘políticos’. En 1996, en Guatemala terminó la guerra, desapareció una guerrilla que supo reconocer que estaba en tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción que sostenían desde hacía años. Que su guerra, comprensible en sus orígenes, iba ahora en sentido contrario de la historia. Que su guerra, había perdido hacía tiempo su vigencia histórica. Fue una guerrilla que, de buen corazón, supo reconocer ese hecho.

Afirmo que Colombia, desde ese 29 de diciembre de 1996, quedó completamente sola en América Latina. Para decirlo de alguna manera, aquí están los únicos seres del Continente que continúan peleando violentamente por razones relativamente prosaicas y pasadas de moda: por política, más concretamente por poner en vigencia la ideología marxista. Incluso, es posible que los violentos colombianos hayan quedado solos en el Universo Mundo. En el centro de África, los tutsis y los hutus siguen peleando, pero no por política, sino por un odio que llevan en la sangre, que los impele a matarse como si fueran gallos de pelea –es su guerra étnica-. En el cercano Oriente los árabes y los judíos pelean igual a como lo hacían en los tiempos bíblicos –es su confrontación religioso-geo-política-. En Europa los bosnios, los servios, los servio-bosnios, los croatas, los chechenos y, quién sabe quiénes más, podrán fácilmente reiniciar la lucha por destruirse, porque los separa el color de la piel, la religión y la historia. Pero por política,

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propiamente por motivos políticos, nadie en el mundo distinto de los violentos colombianos, se toman la molestia de disparar un simple revólver calibre 22.

La respuesta al por qué de la lucha de los guerrilleros colombianos hoy, no está en la política. Si allí estuviera, sería arrevesada, puesto que las FARC y el ELN intentan hacer una guerra que declararon hace décadas sus antepasados, cuando existía un movimiento revolucionario mundial que ya no existe –quedan activos muy pocos líderes fundadores: unos han muerto, otros están en la cárcel y, los más, viven su madurez en un retiro solitario y anónimo-. Y, lo que es más paradójico, esos grupos están guerreando para que se hagan cambios políticos internos que ya se hicieron.

El proyecto de comunicado que propuso el presidente Uribe a Felipe Torres y Francisco Galán para que cesaran la lucha -cuyo texto se presenta unas páginas más delante-, tiene un antecedente extraordinario al cual ya me he referido en las primeras páginas y que, lamentablemente, poco se ha utilizado como propaganda o como referencia histórica y política. Se trata del Manifiesto de 1992 firmado por la intelectualidad colombiana que milita en las ideas que, genéricamente, han sido conocidas como de “izquierda”.

Es un texto en el se intentó -en vano- hacer caer en cuenta a los guerrilleros de las nuevas circunstancias nacionales y universales. La misiva fue dirigida al conjunto del movimiento guerrillero, reunido en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y, aunque apareció publicada en el periódico El Tiempo, el 22 de noviembre de 1992, los destinatarios hicieron como que nunca les hubiese llegado. Ni ellos ni los pocos, poquísimos intelectuales que mantienen su apoyo, o que justifican la persistencia en la lucha armada, o su combinación con la política legal, respondieron a los argumentos de los viejos líderes de la izquierda.

El asunto no es de poca monta, porque se trata de un manifiesto redactado y firmado por quienes soportaron con altura intelectual, con un programa político, argumentos, y propaganda, al movimiento revolucionario colombiano hasta la caída del Muro de Berlín y la Constituyente de 1990 - 91. La revista Alternativa, en donde se reunía aquella pléyade de pensadores, fue el medio de comunicación mejor escrito y de mayor circulación que haya tenido la izquierda colombiana. Por lo demás, no circunscribían su tarea a las letras. Era gente de acción: en la década de los ochenta fundaron el Movimiento Firmes que en alianza con el Partido Comunista (pro FARC) y la Anapo Socialista (pro M.19) y con ex militantes del EPL y del ELN, logró llevar al Congreso de la República, a las asambleas y a los concejos, la vocería del pensamiento socialista. El Movimiento Firmes atrajo a casi toda la izquierda colombiana para que rodeara la candidatura presidencial de una de las más altas cumbres del pensamiento socialista y democrático en Colombia, el maestro Gerardo Molina. Y, antes de que

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la lucha guerrillera degenerara en lo que es desde 1991, los intelectuales de izquierda, el partido comunista, los frentes legales del EPL y del ELN, gentes de movimiento sindical, estudiantil, representantes del movimiento campesino, las incipientes ONG de aquella época, miembros del clero y sectores disidentes del liberalismo y del conservatismo, fundaron el Comité Nacional de Derechos Humanos que protegió, ante todo, la integridad y los derechos y garantías procesales de los guerrilleros presos y de los dirigentes políticos y sociales de la izquierda, acusados (justa o injustamente) de militar en la causa guerrillera. También apoyaron la fundación de colectivos de abogados de presos políticos, y de solidaridad con ellos, a fin de hacerles lo menos penoso posible su paso por la prisión. De manera que una carta firmada por tan respetables plumas, debió, en condiciones normales, ser equivalente al Manifiesto por la Paz que escribió noventa años atrás Rafael Uribe Uribe. Es una coincidencia curiosa que sea Uribe Uribe quien haya inspirado la obra de Gabriel García Márquez, según lo narró el maestro en una crónica para la Revista Cambio, porque fue precisamente García Márquez quien inspiró el Manifiesto de 1992. Las otras firmas tienen, también, cada una, peso específico dentro de la tradición del movimiento político de la izquierda en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. En consecuencia, la Coordinadora Guerrillera reunida en México, y que por las circunstancias políticas del momento podía actuar en la legalidad, debió, de inmediato, hacer contactos para dar paso a la constitución en Colombia de un frente de la izquierda. Esa era la manera cuerda de intervenir en la política colombiana, para estar al día con los nuevos vientos universales. ¡No! Hicieron lo contrario: se engolosinaron con el hierro y el plomo (“el poder nace del fusil”, siguieron predicando). Perdieron todo contacto con el pensamiento político, que es esencial para que exista movimiento político. Esa pérdida los condujo (Lenin se los hubiera anticipado si hubiera estado vivo) a que se disolviera el mando conjunto y que sus frentes se convirtieran en grupos aislados de la política, unidos por una caja común representada en arcas o caletas llenas de dólares provenientes del secuestro y del negocio de la droga. Fue una gran frustración para Colombia, para García Márquez, para sus compañeros firmantes del Manifiesto, como Antonio Caballero, Enrique Santos, Nicolás Buenaventura, Eduardo Pizarro, Hernando Corral, Álvaro Camacho, María Jimena Dussán, Carlos Vicente de Roux, y tantos otros.

-“Ponemos en “tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción que ustedes sostienen desde hace años”.

Así, sin contemplaciones, comenzaron el Manifiesto, que continúa diciendo:

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- “Estamos en contra de esa forma de lucha en el momento actual. Creemos que ella, en lugar de propiciar la justicia social, como parecía posible en sus orígenes, ha generado toda clase de extremismos, como el recrudecimiento de la reacción, el vandalismo paramilitar, la inclemencia de la delincuencia común, y los excesos de sectores de la fuerza pública, que condenamos con igual energía”.

Fue una gran expresión de rebeldía democrática contra el terrorismo. Por una parte, se incorporaron los intelectuales al rechazo del terrorismo y, por la otra, el Estado recibió de los intelectuales la legitimación y el impulso que eran necesarios para desarrollar una actitud de mayor firmeza y para avanzar en las políticas antiterroristas.

Entonces, ¿por qué la obstinación y el empecinamiento en usar las armas para hacer política? En realidad, como se ha dicho tantas veces, es imposible encontrar la explicación en el ámbito de la política. De hecho, si ya era difícil sustentar la justicia de la rebelión antes de 1991, explicarla en 2004 es un enredo de padre y señor mío.

Se los dijo un dirigente comunista universalmente reconocido, el premio Nóbel de Literatura, don José Saramago. En una entrevista a Yamid Amad, publicada por el periódico El Tiempo el 28 de noviembre de 2004, con un título sugestivo y demoledor: 'En Colombia no hay guerrillas sino bandas armadas'.

El entrevistador le preguntó al Nóbel:

- “Usted conoce bien la situación colombiana. ¿Se justifica la guerrilla?”.

Saramago respondió con el abecé, con los argumentos que se han expresado en este capítulo:

- “La guerrilla tiene toda la justificación cuando la situación es la de un país ocupado por un invasor y la gente tiene que organizarse para resistir. Lo que pasó en Francia en la Segunda Guerra Mundial o lo que ocurre hoy en países como Irak. El concepto de guerrilla tiene algún sentido de nobleza, es decir, ciudadanos que se organizan para resistir al invasor. No creo que ese sea el caso de Colombia. Aquí no hay guerrilla, sino bandas armadas”.

Yamid ripostó:

- “Usted es comunista y la guerrilla se ha identificado con el comunismo...”

Saramago le quitó la palabra y no lo dejó hacer la pregunta:

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- “No puedo imaginar a un país con un gobierno comunista que se dedicara al secuestro, al asesinato, a la violación de derechos. Ellos no son comunistas. Quizás en un principio lo fueron, ahora no”.

Yamid Amad hizo enseguida una pregunta muy a la colombiana, porque lleva implícito el discurso sobre la justificación de la existencia de de la guerrilla y el paramilitarismo: - “Frente a los graves problemas sociales del país, ¿cuál es la alternativa?”. Como es lógico, Saramago que no ve ni pizca de legitimidad a la lucha guerrillera actual, terminó enredándose en una disquisición sobre la democracia y su particular concepción de ella –disquisición muy cercana a la doctrina anarquista prevaleciente en toda la Península Ibérica por los años 30 del siglo XX, conjugada con el discurso un poco más moderno sobre los derechos humanos-.

La izquierda que ha seguido en el cuento violento devino en reaccionaria, como lo demuestra Horacio Vásquez-Rial en un libro magistral, La izquierda reaccionaria. Síndrome y mitología. Dice el autor que tuvo ocasión de conocer la medida real de ese reaccionarismo con un seguimiento de lo dicho entre el 11 y el 20 de septiembre de 2001: “No fueron únicamente los niños y los adolescentes palestinos, impulsados por sus mayores, como es obvio, los que celebraron la acción de los suicidas de Ben Laden, sino toda una gama de personajes y personalidades que va desde miembros del mismo Parlamento de Escritores que poco después visitó devotamente a Yasser Arafat, hasta un sector de las históricas Madres de Plaza de Mayo, liderado por Hebe de Bonafini, quien no se corta a la hora de elogiar a ETA, y que tampoco se cortó esta vez al decir que se alegraba de lo sucedido”.

Vásquez-Rial cita afirmaciones de un dirigente socialdemócrata de Cataluña, Pasqual Maragall, quien “no se atrevió a decir que se alegraba del ataque terrorista a Estados Unidos, ni mucho menos a vociferar que era la justa venganza de los pobres del mundo contra el imperio, porque es demasiado político para eso, pero sí dijo que tras la acción de Al Qaeda había un elemento muy importante de rencor con base real, que es una forma decorosa y taimada de expresar que se lo tenían merecido”. Cualquier parecido con las frases de los justificadores colombianos es una coincidencia. Un señor Mahler, quien tiene página en de Internet, declaró que “los ataques de 11 de septiembre, aunque crueles debido a sus daños colaterales, eran justificados y eficaces para combatir a EE.UU. y el poder del dinero”. Recuerda Vásquez-Rial que también la famosa Rossana Rossanda, otra radical de la izquierda europea, declaró que los norteamericanos merecían morir porque nadie es inocente de lo que hace su gobierno. 5. LOS ABAJO FIRMANTES

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En un artículo que publicó poco antes de que apareciera, Antonio Caballero quiso explicar los alcances del Manifiesto. “No voy a hablar del texto de la carta, que está ahí para ser leído, sino de los firmantes, y de sus motivos. Todos son –somos– gente de izquierda, o lo que ha sido, y que apoyó o al menos comprendió la acción y las razones de la guerrilla en Colombia (U) Los que comprendieron o apoyaron a la guerrilla o militaron en ella ¿por qué la censuran hoy? Porque han cambiado ellos (quiero decir nosotros), cada cual a su modo. Pero, sobre todo, porque ha cambiado la guerrilla. No me refiero al pretendido derrumbe de la ideología de izquierda ni a los fracasos prácticos de su aplicación en muchas partes del mundo: hablo de la guerrilla en Colombia, de sus métodos y de sus objetivos. También ella ha cambiado de sitio. Ha dejado de ser (o de pretender ser) un agente de la transformación positiva del país para convertirse en una rémora y en un estorbo para el cambio deseable y posible. Ya no es una “vanguardia armada” (no hay que tenerles miedo a las palabras, aunque estén manoseadas), sino un aparato armado autónomo y autosuficiente que sólo sirve para autoperpetuarse. Durar no es un propósito político, y la misma duración de la guerrilla colombiana es la demostración de su inutilidad. Si hay un fracaso más grande que el durar sólo echando tiros en el monte, como duró el Che en Bolivia, es el de durar 30 años, y que todo siga igual. “O peor. Pues los resultados obtenidos en 30 años por la guerrilla colombiana no son sólo nulos, sino además perversos. En primer lugar, su propia degeneración: su bandolerización, su dedicación casi exclusiva al secuestro –para seguir durando- y al terrorismo – para que se sepa que todavía dura- y su hundimiento en los ajustes de cuentas internos. En segundo lugar, la aniquilación del papel político de la izquierda, confiscado por una función exclusivamente militar: la guerrilla, tanto como la extrema derecha militarista, es responsable de la militarización creciente no sólo de la vida política, sino de la vida cotidiana del país. Y no hablo de los resultados puramente estadísticos: muerte y destrucción, huérfanos y empobrecimiento. El único efecto positivo al que contribuyó la presión armada de la guerrilla, que fue la apertura política cuajada en la Constituyente, ha sido rápidamente absorbido y anulado por la propia persistencia de la guerrilla: la nueva izquierda electoral ha decrecido vertiginosamente, y el tímidamente recortado poder militar ha retoñado con más fuerza que nunca: ahora vemos al Congreso a punto de obtener el retiro de la Procuraduría de las “zonas de orden público”, que son medio país, para que los militares puedan actuar a sus anchas (es posible que cuando esto se publique ya haya sido aprobada la iniciativa). “Pues decía que han cambiado los firmantes de la carta de censura a la guerrilla, y que ha cambiado la guerrilla. Pero no ha cambiado el país, que sigue igual, o pero, que hace 30 años. En resumen: los mismos niños muertos de hambre. ¿Culpa de la guerrilla? No. Pero sí demostración de sus 30 años de inutilidad. Ni ha sido protagonista del cambio –no ha tomado el poder, no ha hecho revolución-, ni ha servido de catalizador de la reforma del sistema. Al revés: le ha dado los pretextos para no reformarse y hacerse, por el contrario, más represivo. Y eso, hasta en la

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inversión: los gobiernos se gastan en brigadas móviles lo que podrían gastarse en hidroeléctricas. Sí, ya sé que también se roban las brigadas móviles, como se roban las hidroeléctricas. Pero por lo menos podríamos “los abajo firmantes” estar censurando a los ladrones, y no a los guerrilleros. Aunque también entonces estuviéramos perdiendo el tiempo”. 6. VOLVAMOS A LOS ANTECEDENTES Vayamos a antecedentes remotos de nuestra violencia y a las afirmaciones de líderes con amplia perspectiva y discurso. Jaime Bateman, por ejemplo. Él perteneció a las Farc y luego fundó el M-19, en una alianza con los jefes de la Anapo Socialista. En entrevista concedida en 1981 a Germán Castro Caicedo, le dijo el porqué de su rebelión:

- “...en Colombia no hay democracia. El estado de sitio nos está asfixiando desde hace treinta años, los canales democráticos están, cerrados...”.

Bateman, después de calificar como ‘mentiroso’ al Presidente de Colombia, ‘cínico’ al Ministro de Gobierno, ‘pequeño Hitler’ al de Justicia y ‘asesino a sueldo’ al de Defensa, explicó así el objetivo de su lucha armada:

- “Democracia y libertad, ese es el programa nuestro”. Es decir, para Bateman y el M.19 aparentemente no había reivindicaciones o un pensamiento que no pudieran suscribir también los conservadores, los liberales o los independientes de todas las tendencias: búsqueda de democracia y libertad. Hasta 1989, antes de la caída del Muro de Berlín -como se conoce el episodio de la disolución del mundo soviético o socialista-, mantenía su vigencia en Colombia -con relativa importancia y presencia política-, un conflicto armado interno creado por el fantasma que recorrió el universo durante el siglo XIX y que se personificó en el XX: El Comunismo. Los armados colombianos eran parte de un conflicto histórico y universal. Marx, con algo de ingenuidad decimonónica, había pronosticado que todos los seres humanos arribarían al comunismo, como conclusión mecánica de una especie de proceso genético que llevaría a la humanidad, indefectiblemente, de un estadio de comunismo primitivo, al esclavismo, al feudalismo, al capitalismo, al socialismo, hasta arribar al paraíso comunista, presunta meta final de la historia. Hasta 1989, la guerra de guerrillas enmarcada dentro de la guerra fría, tenía como contenido y propósito la implantación del comunismo en Colombia. Y el comunismo suponía la

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desaparición del Estado, es decir, la muerte de las ideologías –incluida la marxista-. Disuelta la órbita soviética, derrotados los partidos comunistas, y convertida la ideología marxista en un objeto de museo, los rebeldes colombianos no tenían más camino que negociar un armisticio. Los que no lo hicieron a tiempo, fueron perdiendo su unidad de mando, que provenía de la existencia de un centro político mundial al cual estaban afiliados. Sólo actuaron en consecuencia con los nuevos hechos el M.19, el EPL, una parte del ELN, el Quintín Lame y unas pequeñas fracciones marxistas disidentes de los grandes movimientos. En los anexos de este libro el lector encontrará la versión final de dos acuerdos de paz, el del M.19 y el del Quintín. Leyéndolos podrán sopesar mis argumentos sobre si eran o no inanes los pretextos para mantenerse en armas, y el porqué agotados esos pretextos y derrumbada la fuerza internacional que aupaba a la lucha armada, los que persistieron en ella terminaron sin política, se convirtieron en una rueda suelta dentro del concierto mundial. ¿Por qué su empeño en mantener la acción violenta? Debe buscarse en la economía de expoliación y arrebato de rentas (coca, amapola, petróleo, secuestro y extorsión de ganaderos y otros empresarios, robo de cosechas, etcétera) como veremos en un capítulo posterior. Desde la política, he dicho, no parece que haya explicación. Tal vez se trate de un comportamiento romántico: las Farc y el Eln siguen en combate porque creen tener una obligación moral con sus “héroes caídos en la lucha”, como se trasluce en un comunicado de los comandantes del ELN, Torres y Galán, en respuesta a la oferta de libertad que les hizo el gobierno si abandonaban la militancia guerrillera. Los marxistas colombianos se resisten a aceptar la muerte del marxismo; quieren insistir en confirmar su teoría del materialismo histórico y se empeñarán, por siglos si es necesario, en comprobar esa teoría intentando llevar a Colombia al Comunismo. Eso equivale a decir que los guerreros colombianos han caído en un ámbito distinto a la política y estarían, más bien, en un campo propio de la psiquiatría política forense. Porque por razones de política interna, nada justifica persistir en el uso de las armas para lograr objetivos políticos, aun uno tan radical como la implantación del comunismo. En el Manifiesto de los intelectuales de la izquierda de 1992, también se dijo:

- “Su guerra, comprensible en sus orígenes, va ahora en sentido contrario de la historia. El secuestro, la coacción, las contribuciones forzosas, que son hoy su instrumento más fructífero, son a la vez violaciones abominables de los derechos humanos. El terrorismo, que estuvo siempre condenado por ustedes mismos como una forma ilegítima de la lucha revolucionaria, es hoy un recurso cotidiano. La corrupción, que ustedes rechazan, ha contaminado sus propias filas a través de sus negocios con el narcotráfico, haciendo caso omiso de su carácter reaccionario y de su contribución al deterioro social. Las incontables muertes inútiles de ambos lados, los

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atentados sistemáticos a la riqueza nacional, los desastres ecológicos, son tributos muy costosos e inmerecidos para un país que ya ha pagado demasiado”.

En Colombia se produjo en 1991 una revolución institucional de la que surgió la nueva Constitución. En su redacción llevaron voz cantante los antiguos guerrilleros del M-19 y del EPL. Los de las Farc y el Eln se negaron a participar en ella. Por eso, aquellos intelectuales les dijeron a todos los guerrilleros de Colombia:

- “Es la hora de una reflexión patriótica profunda, de una rectificación radical de años de equivocaciones, y de la búsqueda seria de nuevas y novedosas formas de creación política, acordes con las realidades del mundo actual. Su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica, y reconocerlo de buen corazón será también una victoria política”.

Los generales y coroneles del intelecto revolucionario colombiano no tuvieron quien les respondiera. 7. ¿FUERZAS BELIGERANTES? ¿MANDO UNIFICADO?

En la perspectiva del derecho internacional, reconocidas las realidades producidas en 1989 y 1991, ¿cuáles, pues, son las fuerzas beligerantes en Colombia? Aunque el gobierno, para efectos prácticos y para atender las recomendaciones del embajador Frûhling, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, quisiera aceptar la existencia de tales fuerzas, le quedaría imposible identificarlas -como tampoco son capaces de hacerlo los intelectuales de la izquierda o el Nóbel Saramago-.

El concepto “Fuerza Beligerante” se desprende de la definición de una confrontación violenta como “Conflicto Armado Interno”. Antes del Protocolo II de Ginebra, ya regía una normatividad que regulaba ciertos comportamientos de los Estados en beligerancia. Dado que en el interior de algunos Estados se daban guerras civiles, la comunidad internacional decidió intervenir, declarando aplicable el derecho de la guerra a los conflictos internos cuando tuvieran cierto relieve. Por eso, definir una confrontación interna como Conflicto Interno Armado, es darle categoría de fuerzas beligerantes a unos grupos a los que seguramente antes se maltrataba de palabra y obra, mientras no obtuvieran el poder. Con el Protocolo II, un rebelde respetable puede ser visto como tal: con jerarquía política y vocación

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de poder como fuerza beligerante. Incluso se autorizó su reconocimiento por los Estados y la posibilidad de recibir representaciones diplomáticas rebeldes.

Pero, no basta que un movimiento se autodefina como beligerante, ni que se diga, sin más ni más, que protagoniza un conflicto interno armado. Se deben dar ciertas circunstancias: (a) que la fuerza puede realizar operaciones militares concertadas bajo un mando responsable, (b) en un territorio dominado por ella, y (c) que esa fuerza esté dispuesta a cumplir los preceptos humanitarios. Amén la reconocida ilegitimidad o ilegalidad del poder contra el cual se enfrentan las fuerzas en rebelión.

¿Existe en Colombia un Conflicto armado interno? ¿Existe en Colombia una o varias fuerzas que realicen operaciones militares concertadas bajo un mando responsable y en un territorio dominado por ella? ¿Existe una fuerza insurgente dispuesta a cumplir los preceptos humanitarios?

Un mando responsable unificado existió hasta los primeros años de la década del noventa. Los intelectuales de izquierda se lo recordaron a la guerrilla en su Manifiesto. Por las palabras del camarada Vieira se puede colegir, sin estar haciendo macartismo, que el Partido Comunista era quien daba la pauta política e ideológica a las FARC. La desaparición de la Unión Soviética, la muerte de Viera y la de Jacobo Arenas -un veterano miembro de la dirección del Partido-, el asesinato, el exilio o la lucha interna de los fundadores de la Unión Patriótica, y el alejamiento de los cuadros con cierta formación, que aceptaron la validez de las tesis del Manifiesto de los intelectuales, dejaron políticamente acéfalas a las FARC.

Igual ocurrió con el EPL: sus cuadros dirigentes pasaron a formar parte importante de la cúpula de la política colombiana, de la academia, de la diplomacia, de las artes y de las ciencias, y sólo pervivió como organización rebelde una pequeña fracción orientada por el comandante Francisco Caravallo, recluido desde hace años en una cárcel.

El armisticio y acuerdo político del M.19 con los gobiernos Barco y Gaviria, sacó del escenario armado a decenas de líderes políticos, que pasaron de inmediato y con éxito a la Constituyente, o a un ministerio, o al Congreso, o a la dirección de importantes gobiernos locales.

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También los líderes políticos y sociales del ELN, particularmente algunos intelectuales de la izquierda que terminaron desencantados por la falta de perspectivas de su organización (el grupo Replanteamiento, primero; la CRS, luego; más decenas de intelectuales y dirigentes sociales que se fueron separando individualmente de la militancia), dejaron huérfana su estructura política.

8. ¿FUERZAS BELIGERANTES? ¿CONTROL DE TERRITORIO?

Hablemos de territorio dominado por las Farc o el ELN. Hay que reconocer que el proceso de negociaciones de las FARC y el Gobierno Nacional entre 1998 y 2002, dejó la sensación de que Colombia estaba partida en dos territorios, y que tenía dos gobiernos distintos. De esa manera, quienes observaban al país desde el exterior, fundados en las informaciones de prensa, en las páginas web y en la evidencia de que el Estado abandonó gratuitamente 42 mil kilómetros en el sur, o casi todas las carreteras troncales y varias porciones de territorio en las grandes ciudades -tales como las Comuna 13 y Nororiental de Medellín-, tendrían razón en pensar que las FARC dominaban un territorio.

No es lo mismo que alguien abandone un espacio a que otro lo domine. Tanto es así, que basta que quien hizo el abandono manifieste luego que va a regresar, para que el ocupante irregular salga despavorido. Varias señales del propio Estado colombiano, dieron pábulo para creer en el dominio territorial de las FARC. Veamos:

1. La firma de un acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la mediación en el “Conflicto Interno Armado” (del que haremos una referencia detallada)

2. La cesión voluntaria de una zona de distensión con las FARC que les

permitió actuar con total impunidad en el ámbito de 42 mil kilómetros cuadrados, ejercer una autoridad arbitraria -previa extorsión al gobierno para que retirara toda forma de presencia armada del Estado-, arrebatar sus bienes a los habitantes de la región y de las zonas aledañas (el robo de vehículos costosos y su uso como flota oficial por los comandantes de las FARC, perturbó la conciencia de la nación). Las FARC llevaron

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secuestrados a la zona, hicieron fusilamientos, citaron como profesores a técnicos extranjeros en uso de explosivos y fabricación de bombas.

3. El abandono a su suerte de más de 340 alcaldes de todos los

departamentos del país, lo que obligó a muchos a huir de sus sedes, con lo que dieron la falsa apariencia de que la guerrilla y los paramilitares controlaban sus territorios.

4. El retiro de presencia policial de centenares de municipios.

5. El abandono de la fuerza pública de las principales carreteras.

6. El acuartelamiento del ejército, la armada y el mantenimiento en tierra de las unidades de la fuerza aérea.

7. La comisión impune de todo tipo de delitos: toma violenta de municipios y carreteras y secuestro masivo de transeúntes, desplazamiento forzado de comunidades “poco colaboradoras” con la guerrilla y los paramilitares, o sospechosas de cooperar con el Estado.

El control territorial de las FARC se convirtió entonces en una “verdad” indiscutida. Nadie quiso intentar disputarles esa verdad en el terreno de las palabras y tampoco en el territorio real, en el terreno físico. A donde ellos llagaban con sus amenazas, la gente salía despavorida. Su verdadero control territorial estaba en los cerebros, era el imperio del miedo. Luchadores contra el discurso de los terroristas como los consagrados escritores Vásquez Rial y Robert Dahl, cayeron en la trampa de creer que las autoridades colombianas no controlaban el territorio. O el ministro alemán, Schmidbauer, quien cierta vez habló sobre “una banda de narcotraficantes que controla medio país”. Nadie contradecía tamaña exageración.

En alguna ocasión se exponía la tesis de la falacia de un control territorial de buena parte de Colombia por la guerrilla y, alguien hizo esta observación:

- Si las FARC no controlan territorio, ¿cómo pueden mantener en su poder, durante años, a los secuestrados? ¿Por qué, además, no los capturan?

Evidentemente, mantienen secuestrados a oficiales del ejército y la policía, a senadores, representantes, diputados, a tres contratistas americanos, a la ex candidata presidencial Ingrid Betancur y a cientos de ciudadanos anónimos. Pero, ¿puede decirse que por tenerlos en su poder durante meses, las Farc dominan 14 o 15 mil kilómetros de selva? ¡Están escondidos allí!, que es cosa distinta. Y,

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quien se esconda en la selva, mientras no salga de ella, nunca será encontrado. Allí pueden permanecer por milenios como los Nukak Makú del Amazonas; o por décadas como ocurrió con los soldados japoneses de la segunda Guerra Mundial en las selvas de Filipinas, que salieron a “rendirse” en 1974.

A una fuerza beligerante se le podría dar la pelea en un punto determinado, como lo hizo Bolívar con Barreiro en la finca de los Vargas o en el Puente de Boyacá. A las Farc no hay en dónde encontrarlas –a no ser en la Internet-. Pero el mundo no ha avanzado tanto como para que la autopista electrónica sea declarada dominio territorial aceptable para los efectos de darle carácter de fuerza beligerante a quien esté allí.

Los pequeños frentes de la guerrilla, según afirman las únicas personas que recientemente han tratado con ellos a fondo (una comisión de la iglesia católica, los ex secuestrados y los periodistas invitados), parecen bandas errantes, sin dirección político-militar única –que es elemento sustancial de la definición de beligerancia-. Esas bandas sólo se muestran interesadas en sus “comisiones de finanzas”, es decir, en el dinero. Algunos llaman la atención y aconsejan que se interprete la exigencia de control territorial de manera amplia, y no de acuerdo al paradigma de la guerra clásica entre los Estados. Uno de los intervinientes en la audiencia de la Corte Constitucional sobre la aprobación del Protocolo de Ginebra decía que podía ser un “dominio territorial nómada (U) edificado sobre la libre conservación de las vías de circulación y sobre el control social –ejemplo, sobre la consolidación de un adentro y un afuera sociales”. Que pongan un solo ejemplo para creerles. Huir en un territorio con 700 mil kilómetros cuadrados de selva no parece una labor difícil, máxime si hay unos dineros que garanticen el flujo de comida y medicinas. Pero, ¿cuál municipio de Colombia tiene un control social de la guerrilla?, ¿cuál? ¿O, control social es ‘boletiar’ a un alcalde?

9. “NO LES RECONOZCO LA CONDICIÓN DE COMBATIENTES”

El 19 junio de 2003, en San José de Costa Rica, el Presidente Uribe dijo ante nueve expectantes magistrados de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

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- ¡No reconozco en los grupos violentos de Colombia, ni a la guerrilla ni a los paramilitares, la condición de combatientes; mi gobierno los señala como terroristas!

Como hubo señales de duda, o de curiosidad, se hizo esta pregunta:

- ¿Por qué lo digo?

Y, de inmediato, se enfrascó en esta respuesta:

- Lo digo por las condiciones propias de la democracia colombiana. Lo digo por los métodos de estos grupos. Lo digo por sus resultados; y lo digo por sus recursos. Colombia es una de las democracias más antiguas del continente. Con una continuidad sorprendente en medio de las dificultades. Muchos politólogos internacionales se preguntan sorprendidos: ¿cómo ha habido tanta continuidad democrática en medio de este desafío terrorista? ¡Pero la ha habido!

En aquella intervención de Costa Rica, el Presidente Uribe desarrolló la tesis de que Colombia es una democracia que todos los días se perfecciona más, “porque cuando quiera que se haya detectado una talanquera al ejercicio democrático, se ha superado”. ¡Es una democracia sin límites; sin ni siquiera veniales hostilidades a la expresión del pensamiento democrático!, espetó con voz sonora y firme.

La Corte internacional, tan familiarizada con los denuestos, las acusaciones, los cargos contra el Estado colombiano; contra sus jueces, soldados y policías; oyó por primera vez a alguien que en cambio hacía su apología. Es obvio que el presidente, se proponía desmontar con su discurso, el aura de legitimidad de quienes piden a gritos, en los escenarios internacionales, justicia para unos presuntos “luchadores populares”, injustamente perseguidos por proclamar el “legítimo y sagrado derecho a la insurrección” contra “el régimen despótico y antidemocrático” de Colombia.

-Cuando hay un Estado constituido institucionalmente para garantizar el ejercicio pleno de la democracia, sentenció Uribe, no se puede admitir la legitimidad de la oposición armada. Nuestra resistencia a ella es total.

Al magistrado que pudiera estar pensando que tan malo es el terrorismo de los particulares, como el terrorismo de Estado –del cual se ha acusado a todos los gobiernos colombianos desde hace años-, se le anticipó con esta respuesta:

- Diría yo que el reto del mundo contemporáneo es derrotar el terrorismo ejercido por los grupos opositores o por el Estado o grupos paramilitares. Y cuando el Estado está comprometido con la transparencia, nada implica ni justifica el terrorismo de los grupos opositores, sus acciones violentas.

Uribe hizo luego declaraciones enfáticas:

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- Total compromiso con el pluralismo democrático. Los métodos de los grupos que algunos llaman de oposición, y su contracara, el paramilitarismo, son atroces: no combaten la Fuerza Pública sino que plantan el territorio con minas antipersonales. Por eso hay decenas de policías, soldados y población civil -sobre todo niños-, lisiados por sus acciones terroristas.

El presidente insistió ante los magistrados que la principal fuente de financiación de la tal “oposición”, así como de los mal llamados grupos paramilitares, eran la droga y el secuestro:

- La droga amenaza con acabar con la ecología, con la ética, con la democracia del continente, sentenció.

10. NO ACEPTEMOS LA EXISTENCIA DE “OPOSICIÓN ARMADA”.

Hizo una pausa, como tomando impulso, y dijo algo que contradecía a la mayoría de los analistas en la caracterización y definición de las FARC y el ELN:

- ¡No se puede admitir dar legitimidad a una oposición armada! ¡No se puede reconocer en esa falsa oposición armada la calidad de combatiente, cuando su financiación principal es la droga, y su segunda financiación es la más repugnante conducta contra la libertad humana: el secuestro!

Es bien sabido que en los informes de Naciones Unidas y en los trabajos de muchas ONG's internacionales sobre la violencia en Colombia, se aduce como causa de ella, nuestra pobreza e inequidad. El Presidente Uribe les dijo a los magistrados:

- No niego la existencia de tales lastres, pero, ¿cuál es su causa? ¿Vamos a seguir creyendo que los males que ellos mismos crean son la razón de ser de su ‘alzamiento liberador’?

E hizo esta reflexión:

- Cuando yo era estudiante universitario, creía, como tantos, que en Colombia no íbamos a lograr la paz hasta que no tuviéramos pleno desarrollo de la justicia social. ¡Qué realidad tan distinta la que me han hecho ver los años! La violencia ha destruido las familias y la confianza inversionista; ha eliminado las raíces de millones de colombianos en su Patria y producido una diáspora nacional; no deja crecer la economía ni permite que haya recursos para el empleo. La violencia impide que haya recursos para la equidad social. ¡Los resultados sociales de la violencia no tienen escenario peor comparable!

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El presidente hizo una pausa, y miró fijamente al grupo de periodistas internacionales que cubrían la solemne sesión:

- ¡Y los resultados democráticosU! dijo, como si pensara en voz alta. - ¡Qué cinismo el de los grupos violentos de Colombia! ¡Todavía insisten en buscar audiencia internacional para engañar, como han engañado históricamente! Le han mentido al mundo por 40 ó 50 años. Ellos han ejercido como terroristas y han hablado como políticos sociales. ¡Que se decidan! ¡Que dejen esa hipocresía! ¡Que dejen esa doble moral! ¡Que no le hablen al mundo como políticos mientras actúan en Colombia como terroristas!

El auditorio estaba perplejo y mudo. Hasta hacía pocos meses, las FARC, con anuencia y benevolencia de los gobiernos colombianos, se autodefinían en los eventos internacionales -con soberbia- como estadistas condescendientes, dispuestos a amnistiar y permitir la reeducación de la humilde y derrotada oligarquía. Las FARC habían explicado así el porqué firmaron con el Gobierno Pastrana una Agenda Común para el Cambio. (Común, en el sentido de que se creía que la sociedad, el Estado y las FARC se podían poner fácilmente de acuerdo en reformas constitucionales y legales):

- “La Agenda no puede ser entendida sino como el reconocimiento solemne por parte del Estado colombiano, de la necesidad de implementar profundas transformaciones en todos los campos enumerados en ella, que vienen a ser, prácticamente, todas las materias de importancia en la vida nacional”.

Como quien dice, obligaban al Estado a reconocer la necesidad de los cambios y a las FARC como la fuerza con propósito y capacidad de hacerlos:

-“Unos persigue el propósito de hallar una solución por la vía del dialogo, por la vía de los acuerdos al conflicto armado que desangra al país”.

Luego, las FARC habían repetido la tesis de la justicia de su causa, una tesis a la que lograron arrastrar a tantos analistas, a funcionarios gubernamentales y a muchos observadores internacionales:

- “� hay conflicto porque existen en nuestro país profundas desigualdades e injusticias, cuya solución no ha sido posible por las vías pacíficas. El conflicto armado no es más que la expresión concentrada de los graves conflictos económicos, sociales, culturales y políticos que integran la realidad colombiana”.

Por eso, Uribe afirmó ante aquella Corte que las limitaciones de la democracia en Colombia no eran limitaciones derivadas del Estado, sino limitaciones impuestas por los violentos.

- Colombia, dijo, durante 100 años luchó por la elección popular de alcaldes, de gobernadores, por ampliar la democracia de base, la democracia local,

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la democracia regional. En esas épocas, la guerrilla decía que para hacer la paz se requería que el pueblo pudiera elegir sus autoridades inmediatas. Eso se concretó en Colombia en 1988 y posteriormente con la Constitución de 1991. Y, la guerrilla, en lugar de deponer sus armas para dar una lucha ideológica y política y buscar el poder local o regional, comenzó a destruirlo por la vía armada. – No es por el Estado que los alcaldes amenazados en Colombia no pueden oficiar su mandato desde los municipios donde fueron elegidos o los gobernadoresU - ¡Es por los grupos violentos!

11. DEVELANDO LA REALIDAD

En el auditorio se oyó un murmullo de aprobación. Era como si alguien develara la realidad que todos habían presentido. El Presidente no bajó el tono. Por el contrario, aprovechó el clímax oratorio para introducir un concepto muy sensible para aquella calificada audiencia de expertos internacionales: el de que si no se les reconoce como interlocutores políticos, como los combatientes en un conflicto interno armado, como fuerza beligerante, entonces, ¿cómo los va a combatir?

- ¡Los vamos a combatir como lo tiene que hacer un Estado de Derecho respetableU! ¡De acuerdo con la tradición colombiana, limpiamente, de la mano de la Constitución, con ajuste total a los Derechos Humanos! ¡Estos cínicos de los grupos violentos que siguen pidiendo audiencia internacional para hablar como políticos cuando son miserables terroristas, son los que han limitado la democracia colombiana! ¡La falta de gobernabilidad en muchas municipalidades no es por el Estado, es por los grupos violentos!

Era lo que los magistrados querían oír. En sus rostros se notó, de inmediato, que las palabras del presidente estaban calando. Sin darles respiro, remató así la idea:

- ¡Colombia tiene un desafío! ¡El desafío de derrotar el terrorismo y simultáneamente de poder mirar al mundo con la conciencia tranquila, por haberlo hecho con total ajuste a los Derechos Humanos!

Como hay cierta desconfianza internacional sobre la legitimidad con la que los Estados latinoamericanos han enfrentado el terrorismo, el respeto por las libertades y derechos de los ciudadanos, Uribe se preguntó:

- ¿Va Colombia a restringir sus libertades para desafiar el terrorismo?

- ¡No!, respondió con énfasis.

Y continuó:

- Quisiera repetir esto ante ustedes: quien examine bien el curso cotidiano de Colombia, encuentra que es el país democrático que tiene el mayor y el más injusto desafío terrorista en el mundo y simultáneamente la mayor

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libertad de prensa. Muchos países, en otra época todavía reciente, han tenido que enfrentar el terrorismo. Entre las primeras medidas que han tomado para ser eficaces en esa lucha, han incluido la limitación a la libertad de prensa. Esto no ha pasado por la mente del Estado colombiano. Nosotros vamos a derrotar el terrorismo con cumplimiento de los derechos humanos y sin restringir las libertades públicas.

Al terminar el malhadado “proceso de paz” que se intentó desarrollar entre 1998 y 2002, las FARC se apresuraron a repetir su tesis:

- “La oligarquía colombiana impide que por la vía del diálogo se hagan los cambios estructurales, económicos, políticos, sociales y militares que requiere Colombia para salir de la profunda crisis en la que la han sumido históricamente los gobiernos liberal y conservador”.

Por su parte, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con un voluntarismo algo ingenuo y dando al Gobierno un tratamiento de igual a igual con la guerrilla, hizo esta recomendación:

“Al Gobierno, a los grupos armados ilegales y a la sociedad civil (recomendamos) no escatimar esfuerzos para establecer acercamientos dirigidos al diálogo y a la negociación que permita la superación del conflicto armado interno y el logro de una paz duradera”.

El presidente sabía que el auditorio de Costa Rica se estaba preguntando si la caracterización como terroristas de los grupos armados excluía las posibilidades de paz. Por eso dijo:

- ¡Claro que hay posibilidades de acuerdos de paz! En el momento que estos grupos se definan y abandonen la doble moral, la actitud sibilina, la actitud de engaño al mundo, de querer en el día ante las cámaras y ante los micrófonos hablar como políticos, para proceder en la noche como terroristas. El día que quieran sentarse a dialogar en medio de un cese de hostilidades y a buscar sinceramente la paz, en Colombia estamos listos para hacerlo con gran serenidad.

Uribe no quiso dejar por fuera el tema del papel de la Comunidad Internacional frente a la violencia en Colombia:

- ¡Necesitamos de la Comunidad Internacional! Colombia ha estado abierta a su crítica y ansiosa de su apoyo. Hemos pedido que permanezca en el país la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, mantenemos un fluido diálogo con esa Oficina. En ocasiones hay desacuerdos que hay que manejar fraternamente, con las cartas sobre la mesa. Tenemos la presencia de todas las organizaciones de derechos humanos que quieren estar en Colombia y de todas las ONG's. La instrucción nuestra es protegerlas. Se mantiene el debate con el Gobierno y

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a nosotros nos parece que eso es sano para la democracia y elemental, cuando se ha dado de por medio el engaño de los grupos violentos a la Comunidad Internacional.

12. PRIMERA TESIS CONTRA EL DISCURSO DEL PRESIDENTE URIBE: ¿Y, EL PROTOCOLO II DE GINEBRA, QUÉ?

Era evidente que la enfática declaración de Costa Rica tendría repercusiones a todos los niveles. La contra argumentación vendría en dos direcciones fortísimas: ¿Por qué la adhesión de Colombia al Protocolo II de Ginebra?, y ¿Por qué la firma del Acuerdo entre el gobierno colombiano y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos?

Hablemos de la primera. Mediante Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, el Congreso incorporó a nuestra legislación interna el Protocolo II. La Corte Constitucional, que de oficio revisa la ley aprobatoria, la declaró exequible. La providencia es una de esas piezas a las que se puede llamar, sin hipérbole, magistrales. El ponente, un intelectual con formación y talante de izquierda, el magistrado Alejandro Martínez Caballero, no hizo una sola concesión a las escuelas justificativas de la lucha armada, o de su combinación con la lucha política. Demostró que el Protocolo II se incorporaba a nuestra legislación como norma abstracta, hubiese guerra civil o no, en la misma forma como podían hacerlo o habían hecho España, Chile o Burundi.

En muchos debates académicos se objeta la tesis de Uribe -la de que el carácter de la inseguridad o criminalidad en Colombia es distinto, en los términos del Protocolo, a un Conflicto Interno Armado-. Y se hacen estas preguntas y afirmaciones que para muchos tienen todos los visos de contra argumentos demoledores:

- ¿Cómo que no hay un conflicto interno armado? ¿Entonces para qué Colombia adhirió al Protocolo II de Ginebra que consagra el respeto al DIH?

- O, ¡si no reconocemos la existencia del Conflicto Interno Armado, violamos las normas internacionales, en particular el Protocolo II y nos deshacemos de un instrumento valioso como es el DIH!

El simple sentido común les respondería con una contra pregunta: ¿Entonces los 181 países firmantes del Tratado reconocen tener un conflicto interno armado? ¿España con ETA? ¿Estados Unidos con Osama Bin Laden? Dejemos que sea la propia Corte Constitucional la que les quite definitivamente las dudas:

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- La vigencia del Protocolo II “no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un reconocimiento de beligerancia de los grupos insurgentes. Es pues equivocada la apreciación (�) según la cual implicaría la legitimación, por el Estado colombiano, de los grupos armados irregulares (�)”.

La Corte retomó los argumentos de la exposición de motivos de la ley aprobatoria, que desbarataron la suposición de que aprobar el Tratado era reconocer que el país estaba sumido en un Conflicto Interno Armado, o de que vendrían otros países a intervenir en nuestro problema de seguridad interna:

"No hay ningún ejemplo conocido de que un Estado que haya adherido al Protocolo empiece a ver cómo terceros Estados se apoyan en este hecho para entrar a reconocer como beligerantes a grupos subversivos que operen en el territorio del primero. Es más, con o sin el Protocolo II, el reconocimiento de la beligerancia se puede producir en cualquier momento, sin importar si el Estado en el cual operan dichos grupos es o no parte en dicho instrumento”.

A quienes argumentaban que la aprobación del tratado daría paso al reconocimiento como fuerzas beligerantes de las organizaciones subversivas por parte de otros Estados, la Corte les recordó que eso era un asunto político, independiente de la vigencia del tratado:

- “Si uno o varios Estados perciben en un momento dado que está dentro de sus intereses estratégicos o políticos reconocer a un grupo guerrillero operando en otro Estado, son libres de hacerlo en cualquier momento, asumiendo las consecuencias que ello generaría en sus relaciones con el Estado territorial”.

Para muchos, la ley aprobatoria del protocolo y la sentencia de la Corte suponen que se acepta que en Colombia hay causas objetivas para adelantar una rebelión, o que Colombia es un Estado ilegítimo en los términos del derecho internacional. La sentencia da un mentís anticipado a cualquier afirmación de ese tenor:

- “En manera alguna el Protocolo II esté legitimando la existencia de los conflictos armados internos o el recurso a los instrumentos bélicos por grupos armados irregulares, como equivocadamente lo sostiene uno de los intervinientes (�) la aplicación del derecho internacional humanitario no menoscaba la responsabilidad del Gobierno de preservar el orden público, por lo cual se mantiene el deber del Estado colombiano, y en particular de la Fuerza Pública, de garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y asegurar la paz”.

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13 LA SEGUNDA TESIS. Y, ¿YO QUÉ HAGO AQUÍ?

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Michael Frûhling, máxima expresión y personificación de la comunidad internacional en el debate que está sobre el tapete, puso el grito en el cielo cuando supo del discurso de Costa Rica. Era un encontrón predecible y explicable dado que existe, como lo recordó el presidente, un acuerdo entre el Gobierno colombiano y la ONU (1996) para establecer una oficina de observación de la situación de los derechos humanos en todo el país, y el cumplimiento del derecho internacional humanitario “por las partes en el conflicto armado interno colombiano”.

En el acuerdo se dice que “la Oficina ofrece significativas posibilidades para la promoción y protección de la vida, la integridad, la libertad y los demás derechos fundamentales de las personas en el contexto de violencia y conflicto armado interno que padece Colombia”.

Es seguro que muchos analistas colombianos y extranjeros hayan pensado, con algo de suspicacia, que la respuesta del Alto Comisionado se podía interpretar como

- ¿Y, entonces, yo que hago aquí? ¿Para qué sirve mi oficina? Porque, si no hay conflicto interno armando, la oficina sobra...

El Embajador Frûhling y en general todos quienes han ocupado su cargo, llegaron a Colombia convencidos de que tendrían en sus manos, ante todo, la aplicación del Protocolo II de Ginebra, que incluye los conflictos no internacionales que tienen lugar en el territorio de un Estado en el que se enfrentan las fuerzas armadas de ese Estado con insurrectos o fuerza armada disidente que actúan bajo un mando responsable y controlan parte del territorio nacional. Con la tesis del presidente, su oficina quedaba reducida a funciones aparentemente prosaicas o, por lo menos, no tan ‘históricas’ como lo es mediar en una Guerra Civil. Me explico: con la invitación del gobierno, en 1994, los funcionarios venidos de la oficina de la ONU en Nueva York, eran poco menos que unos nuevos Mcarthur o los agentes de una misión sagrada: poner orden en un infierno arrasado por la conflagración, por la “guerra civil”; buscar negociaciones entre las partes; arbitrar para que los combates se dieran con el respeto debido a las reglas humanitarias. Porque la función, si técnicamente hablando hay conflicto interno armado, es actuar como árbitro imparcial entre las partes enfrentadas. Es curioso cómo en las sociedades, un error, repetido con convicción íntima, crea las condiciones para que aparezcan los síntomas de la situación imaginada. Los analistas sociales y políticos también pueden caer en la hipocondría y, en

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consecuencia, interpretar cualquier evento como síntoma de la grave enfermedad ‘diagnosticada’. Si un funcionario viene de Nueva York convencido de que en Colombia hay el más grave conflicto armado interno del hemisferio, cualquier hecho que observe se le convertirá en la demostración automática y fehaciente de que sí, que en Colombia hay una fuerza beligerante que tiene “control de territorio”. Es el síndrome de los Molinos de Viento que sufría el pobre don Quijote: cualquier barbaridad que ocurra en la autopista Medellín - Bogotá, por ejemplo, o si el alcalde de Murindó sale despavorido porque recibió una amenaza, se interpreta, ya metidos en el falso diagnóstico, como síntoma y expresión inconfundible del conflicto interno armado que se viene a desfacer. Por eso, también, si a las manos del observador internacional llega una boleta que contenga una extorsión o una amenaza, pero que lleva el sello, entre bucólico y esotérico: “desde las Montañas de Colombia”, interpretará que efectivamente en esas montañas hay un “mando unificado” de la fuerza armada disidente. Así, ¿cómo no iban a llegar con cierto envanecimiento (por la altura histórica de su misión) los funcionarios de la ONU? Máxime si el propio gobierno, en 1996, firmó un documento que, de entrada, decía cosas exageradas. El título dice:

“ACUERDO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO EN COLOMBIA DE UNA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS

DERECHOS HUMANOS”. Y en el cuerpo del documento hay aseveraciones como estas:

“El Gobierno de la República de Colombia (�) y la Organización de las Naciones Unidas (�) establecerán la oficina, “reconociendo (�) el respeto de las normas humanitarias internacionales aplicables a los conflictos armados, y teniendo en cuenta la complementariedad entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para mejorar la protección de las personas y el respeto de su dignidad en situaciones de conflicto armado”.

El documento enfatizó que el Presidente de Colombia era quien los había llamado, dentro del marco de vigencia del Protocolo II de Ginebra:

“Considerando la invitación formulada por el Presidente de la República de Colombia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (�) y la entrada en vigor para Colombia del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (�) y considerando que la Oficina ofrece significativas posibilidades para la promoción y protección de la vida, la integridad, la libertad y los demás derechos fundamentales de las

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personas en el contexto de violencia y conflicto armado interno que padece Colombia”.

Ese lenguaje en 1996, más los hechos protagonizados por el gobierno entre los años 1998 y 2002, pusieron a Colombia patas arriba. Porque si los propios gobiernos reconocían que estábamos en una guerra civil de cuarenta años, ¿qué debían hacer los funcionarios de la ONU? Pues obvio: mediar entre las partes en conflicto, bregar a que esas partes hicieran las paces. Y así, casi como sin darnos cuenta, terminamos metidos en el más grande zaperoco que conozca la historia de América Latina: el llamado proceso de paz que se intentó entre 1998 y 2002, es decir, durante todo un período gubernamental.

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El discurso del Estado colombiano era, a mi juicio, contraevidente. Colombia no estaba ni está en guerra civil. Había -y sigue habiendo- unos altos índices de criminalidad, muchos secuestros, homicidios y amenazas a funcionarios públicos. Pero una razón para que se hablara así fue ante todo que la alta jerarquía civil del Estado descuidó la primera de las funciones de la organización estatal: brindar seguridad. Dos ejemplos lo dicen todo: cientos de municipios estuvieron varios años sin fuerza policial, y de la zona de distensión desaparecieron todas las funciones del Estado, porque expulsaron a ciencia y paciencia del mismo Estado a cualquiera que lo representara. Por eso, en los lugares “despejados”, los secuestrados podían salir a la calle a tomar el sol y conversar entre ellos, como si estuvieran de paseo o en una clínica de reposo. No había la menor esperanza de que los rescataran. Hubo fusilamientos, despojo de bienes; fue una zona sin Dios ni ley. Cuando el Estado no actúa, la sociedad va regresando -poco a poco en unos casos, abruptamente en otros-, al estado de naturaleza. Ocurre en cualquier país del mundo, sea cual sea el grado de civilización de sus gentes. Incluso, en caso de accidentes que pongan a la fuerza pública en estado de impotencia para actuar, la violencia se desborda: el apagón de Nueva York de noviembre de 1965 fue el mejor ejemplo. Los funcionarios de la ONU no debieran resentirse por la nueva caracterización de la situación que hace el gobierno del presidente Uribe. Si el Protocolo II no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados: pues así será; es del abecé. Y nadie tiene porque sentirse mortificado si un gobierno, racional y conscientemente, basado en hechos, estadísticas y testimonios comprobables, determina enfrentar una grave situación de seguridad como “actos de violencia” y no como una guerra civil. ¡Claro que aplicará la ley, respetará estrictamente los derechos y garantías consagrados en la Constitución!, y lo hará tan exigentemente o más que si se lo impusieran las normas del derecho de guerra. ¿Quién dijo que es necesario crear la ficción de que hay un conflicto interno armado para poder aplicar el DIH? Y muy bueno que una oficina de la ONU especializada en derechos humanos observe y haga recomendaciones sobre ese asunto específico, no importa que no haya guerra civil o Conflicto Interno Armado. Lo único que cambia es que la Misión no tiene dos contrapartes sino una: el Estado. Y que los ciudadanos no podrán ser visto por esa oficina de la ONU como terceros, sino como las víctimas de la guerrilla y los paramilitares (los ciudadanos individualmente considerados, más su organización estatal legítima, constituida mediante contrato social, más el gobierno que esos ciudadanos han elegido libremente).

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14 HOMO HOMINI LUPUS Hobbes fue el primer tratadista que explicó, coherentemente, el porqué los hombres dieron forma a algo que él llamó Leviatán y que conocemos como Estado. Su estudio es indispensable para comprender los alcances del debate que el gobierno del presidente Uribe ha propuesto sobre el carácter de los padecimientos que ha soportado Colombia y el nombre que debe darse a quienes se los han infligido. En el libro de JEAN JACQUES CHEVALLIER, LAS GRANDES OBRAS POLÍTICAS. Desde Maquiavelo hasta nuestros días, está resumida la tesis. Y la voy a transcribir en este libro (remito al lector a los anexos), para que los estudiantes de hoy, dirigentes de la Colombia del mañana, la sepan completa. El que los dirigentes de hoy, malos estudiantes del ayer, no la hubiéramos aprendido, fue lo que nos perdió por tanto tiempo. Esta es una apretada síntesis de la tesis hobbesiana en la versión de Chevallier: En naturaleza, la vida es guerra perpetua de “todos contra todos”. El hombre es un lobo para el hombre: homo homini lupus. Sin Estado la vida es “solitaria, pobre, grosera, embrutecida y corta”. En semejante guerra nada es injusto ni puede serlo. “Allí donde no hay poder común, no hay ley; allí donde no hay ley, no hay injusticia. La fuerza y la astucia son, en guerra, las dos virtudes cardinales”. Bajo pena de destrucción de la especie humana, es menester que el hombre salga de este estado. En consecuencia, “poneos de acuerdo para renunciar a ese derecho absoluto y tened la voluntad de observar este acuerdo de renunciación”. Pero dada la naturaleza humana, ese acuerdo no será observado, a menos que un poder irresistible, visible y tangible, armado del castigo, no constriña a los espantados hombres. Pues los pactos “sin la espada no son más que palabras” ¿Quién será este poder irresistible? El Estado o cosa pública, el hombre artificial. “Tal es el origen de este gran Leviatán, o, por mejor decir, de este dios mortal, al cual debemos, con la ayuda del Dios inmortal, nuestra paz y nuestra protección. Pues, armado del derecho de representar a cada uno de los miembros de Estado, posee, por ello, tanto poder y fuerza que puede, gracias al terror que inspira, dirigir las voluntades de todos hacia la paz en el interior y hacia la ayuda mutua contra los enemigos del exterior.” Para que reine la paz, bien supremo, todos han abandonado, a favor del soberano, su derecho natural absoluto sobre todas las cosas. La renuncia a un derecho absoluto no ha podido ser sino absoluta. HOBBES, no por el gusto del absolutismo, como puede pensarse, sino porque sabía “un poco de lógica elemental”, rehúsa el compromiso, que un LOCKE adoptará, según el cual los hombres no habrían sacrificado más que una parte de su derecho natural.

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Es preciso elegir entre la guerra perpetua de todos contra todos, fruto de la ausencia del poder absoluto; y la paz, fruto del poder absoluto. Los hombres se han unido voluntariamente en sociedad política para vivir también en ella felices, o lo menos desdichados que lo permita la condición humana. 15. Y, ¿EL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN?

Unos días después del discurso de Costa Rica, el lunes 30 de junio de 2003, Michael Fruhling hizo esta advertencia al gobierno:

- Desconocer el conflicto pone en peligro el DIH y el principio de distinción entre combatientes y civiles. En caso de conflicto armado interno el DIH impone, por igual, claras obligaciones a todos los que en él toman parte directa. Esas obligaciones tienen como destinatarios tanto a los miembros de las fuerzas armadas del Estado como a los miembros de los grupos armados ilegales, sea cual sea la denominación que a estos últimos se les dé.

En un comunicado, el embajador Fruhling se abstuvo de retomar los argumentos de Uribe para contradecirlos. Sin hacer un análisis concreto de la situación de Colombia, para intentar demostrar que nuestros hechos político-militares de hoy encajan en la definición internacional de conflicto interno armado, el Comisionado repitió una teoría impecable sobre cómo se definen, en abstracto, los conflictos internos armados y los comportamientos de las partes que intervienen en él. Habló como un teórico, no como un observador.

La esencia de la actuación de los armados colombianos es cometer actos sistemáticos de terrorismo y protagonizar acciones deliberadas de violencia cuya finalidad es aterrorizar a la población. No protagonizan combates leales o acciones armadas de una fuerza beligerante. La constante de sus actos -no la excepción-, es el crimen atroz, reprochable en toda circunstancia. En consecuencia, la manera de proteger a la población de sus desmanes, no es predicarles a los terroristas que por favor recuerden aplicar el principio de distinción. Lo que debe hacer el Estado es impedir que se realicen sus acciones (consistentes en poner una bomba aquí, secuestrar allí, amenazar acá, matar acullá), connaturales a su esencia y existencia como banda. ¿Por qué la insistencia en catalogar como acreedores de un estatus moral especial a los autores de los actos terroristas en Colombia? ¿Por qué decirles “actores armados” y no asesinos o secuestradores como los caracteriza el Nóbel Saramago? ¿El principio de distinción tiene por objeto crearles a los terroristas un

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marco legal que atenúe su responsabilidad cuando asesinan a policías y soldados? Según el Comisionado, entonces, –o perdón si lo interpreto mal- si la guerrilla mata a un civil en el intento de la toma violenta de un municipio, viola el DIH (principio de distinción). Pero si mata a un policía, no lo viola, puesto que fue en combate. Uribe responde a esa consideración, diciendo que en una democracia, cualquier muerte de un policía en ataques guerrilleros es un asesinato. Por eso, definida Colombia como un Estado de derecho, ese acto violento no es violatorio específicamente del DIH, sino del Código Penal colombiano (aunque los efectos prácticos de esa distinción sean pocos e, incluso, algunos de los actos sean tan graves que puedan ser objeto de persecución por Cortes Internacionales). A contario sensu, si un policía colombiano comete algún desmán contra los civiles, incluidos entre esos civiles los guerrilleros y los paramilitares, no está desconociendo el principio de distinción y violando el DIH sino, simple y llanamente, contraviniendo el derecho penal que protege los derechos humanos de todos los residentes en Colombia (sean ellos unos pacíficos y honrados ciudadanos o, también, los peores delincuentes). Recordando a los cientos de incinerados en la capillita de Bojayá, a los indigentes muertos de El Cartucho en Bogotá, a los miles de niños secuestrados y mutilados, a los indigenistas norteamericanos, al ciclista ruso, a los campesinos desplazados, a la familia Turbay Cote, los colombianos leyeron sorprendidos y escépticos la buena voluntad ingenua implícita en el comunicado del Comisionado Fruhling. Era como decir:

- “Hábleles suavecito a tales sujetos, como a los niños malcriados, y verá que se manejarán bien, que se tomarán la sopa”.

Estas fueron las palabras del Comisionado Fruhling:

- “Desconocer la existencia de un conflicto armado interno (U) podría dar lugar a que los integrantes de los grupos ilegales se creyeran, equivocadamente, liberados de cualquier deber jurídico con respecto a la observancia de los principios internacionales de distinción, limitación y proporcionalidad y ajenos a cualquier exigencia internacional sobre el cumplimiento de los mismos”.

En su sentencia sobre la ley aprobatoria del protocolo II de Ginebra, la Corte Constitucional redactó un párrafo que bien puede ser considerado la respuesta anticipada, concisa y definitiva a las dudas del embajador Fruhling:

“Las exigencias del artículo 1º (del Protocolo) podrían dar lugar a largas disquisiciones jurídicas y empíricas destinadas a establecer si es aplicable o

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no en el caso colombiano. La Corte considera que (U) frente al derecho constitucional colombiano, tal discusión no es necesaria (porque) la Constitución colombiana establece claramente que en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. El Protocolo II, (U) se aplica en Colombia en todo caso, sin que sea necesario estudiar si el enfrentamiento alcanza los niveles de intensidad exigidos por el artículo 1º estudiado”.

Por lo demás, ¿qué tal lo del miedo a que los guerrilleros queden “liberados de cualquier deber jurídico”? ¡Si ya lo están desde hace años, tal como se los dijo Saramago! Más aún, como ellos mismos lo proclaman cuando dicen que no se sienten vinculados, obligados, al cumplimiento del DIH. El propio Comisionado lo reconoce, aunque se consuela diciendo que “tenemos elementos para pensar que sí las están leyendo (sus recomendaciones)”. ¿Por qué fue tan desgastador el proceso del Caguán para la mayoría de los extranjeros que intervinieron en él? Porque se equivocaba al creer que cuando hablaban con las FARC estaban interactuando con comandantes de una “fuerza beligerante en un conflicto armado interno”. Por esa falsa apreciación todo el mundo esperó de los guerrilleros un comportamiento elevado, como el de un Rafael Uribe Uribe en la Guerra de los Mil Días, que siempre actuó dentro de las normas morales y jurídicas de la guerraU Cuando a los guerrilleros los reconvenían para que se comportaran bien en la zona de distensión, respondían con nuevas baladronadas y protagonizaban nuevos secuestros y matanzas. Su verdadera naturaleza se reveló como la antípoda de la de los actores políticos civilizados. En todas partes se cuecen habas. La escritora vasca, Edurne Uriarte, en su extraordinario libro, Cobardes y rebeldes. Por qué pervive el terrorismo, trae una reflexión sobre el uso del lenguaje en ciertos círculos de intelectuales españoles, equivalente al que se oye entre nosotros. Dice ella que, a veces, son muy útiles los detalles aparentemente secundarios, para entender la incapacidad de establecer una clara demarcación ideológica frente el terrorismo. Trae este ejemplo: en 2003, la estantería dedicada al terrorismo en la biblioteca de la Universidad del País Vasco, no tenía una que se anunciara por el epígrafe “Terrorismo”, sino “Persecución política y terrorismo”. Con lo que Edurne quiso hacer notar que el terrorismo es, para los codificadores de la biblioteca, una respuesta a la persecución política; y que si existe terrorismo, es porque hay una violencia previa que lo genera, o una situación de injusticia que lo explica.

16. LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE

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No es que se le quiera negar caprichosamente a nadie el carácter de combatiente en una fuerza beligerante. Pero, caramba, la guerra fue siempre un asunto que se trató con caballerosidad, que tuvo sus reglas: de cortesía, primero (“lo cortés no quita lo valiente”, se dijo) y, más adelante, avanzado el siglo XIX, reglas del derecho de gentes, de humanidad. La guerra no es la carnicería atrabiliaria que practican las bandas terroristas.

Antiguamente la guerra solía tener un carácter relativamente noble, era el escenario de la contienda muscular, de la fuerza, de la valentía. Los campos de batalla eran como los escenarios deportivos de hoy. Roma y Alba Longa resolvieron una guerra enfrentando a los tres mejores guerreros (¿deportistas?) de cada nación –evitando así millares de muertes inoficiosas-”. Los héroes de esa jornada fueron los Horacios y los Curiasios, que dan hoy el nombre al salón de la nueva Constitución en la sede de la Unión Europea. (Maquiavelo intentó una demostración teórica de lo inconveniente de tal estrategia, cuando dijo que “no se debe poner a riesgo toda la fortuna sin emplear toda la fuerza”).

Las batallas antiguas eran precedidas de fiestas y de eventos culturales. Los guerreros llevaban servidumbre y se hacían visitas. Los ejércitos competían por tener la mejor presentación, los mejores ropajes, las banderas más vistosas.

El gran poeta alemán L. W. Goethe estuvo en la campaña europea contra los revolucionarios franceses. En su diario (publicado con el título Campaña de Francia y Cerco de Maguncia), se entrelazan la vida y la muerte como la cosa más natural del mundo. Esto cuenta sobre la vida durante algunos pocos días de junio de 1792:

Sobre la muerte:

- “El 2 de junio fue ahorcado un aldeano de Oberolm que, en la sorpresa, había servido de guía a los franceses que, sin el más mínimo conocimiento del terreno, no hubiesen podido acercársenos... El mayor La Viére fue enterrado ante las banderas con todos los honores militares. Falleció el capitán von Voss”.

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Describe la actividad social en el teatro de operaciones:

- “El príncipe Luis, el general K y otros varios comieron a la mesa del duque”.

Otra vez la muerte:

- “Por la noche, fuego en la punta del Rin”.

Ahora la actividad Social y la muerte:

- “El 3 de junio gran comida dada por Herr von Stein en la casa de caza; tiempo magnífico, inapreciables vistas, goces del campo turbado por escenas de muerte y perdición. Por la noche, el capitán von Voss fue seputado junto con La Viére”.

Sobre muerte y destrucción:

- “El 5 de junio prosíguese trabajando seriamente en atrincherar el campamento. Gran ataque y cañoneo en la punta del Main”.

Nuevamente vida Social:

-“El 6 de junio estuvieron los generales prusianos y austríacos invitados a la mesa de Su Alteza Serenísima. Un teniente coronel del regimiento de Wagner sentado frente a mí, mirome fijamente, acaso más de lo conveniente...”

Nuevamente la muerte:

- “El 9 de junio los franceses tuvieron buen éxito en una salida contra la Santa Cruz; lograron incendiar la iglesia y la aldea, a poca distancia de las baterías austríacas”.

Sobre actividades ornamentales:

- “El 11 de junio. El campamento de Su Majestad El Rey estaba establecido en la pendiente que se haya al término de la gran llanura en que se asienta

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Maguncia, entre arcillosas alturas y colinas; esto dio ocasión para las más lindas disposiciones. El suelo mostrábase propicio a las manos de hábiles jardineros, los cuales, con poco trabajo, trazaron los más agradables cuadros del parque. La parte inclinada fue tallada en taludes y cubierta de hierba y alistáronse los llanos, donde podía mostrarse lo militar en todo su esplendor y magnificencia...”

Sobre derechos humanos a la manera premoderna:

- “El 24 de junio. Los franceses y los socios de clubes revolucionarios, para detener la carencia de subsistencias resultante del cerco, dispusieron una despiadada expulsión a Castel de los ancianos, enfermos, mujeres y niños, los cuales con igual crueldad fueron devueltos a la plaza por nosotros. La miseria de aquellas criaturas inermes y desvalidas, maltratadas por los enemigos interiores y exteriores, excede todo lo que pueda pensarse. No dejó de oírse la retreta austriaca, que descollaba entre todas las de los otros ejércitos aliados...”.

A veces en la antigüedad se daban batallas que no eran tales sino espectáculos en los que actuaban gladiadores, malhechores y hasta voluntarios, para la diversión del público. El emperador Claudio (según nos lo cuenta Tácito) ordenó la construcción de un canal para disecar el Fucsino, un lago apestoso e insalubre.

- “A fin de que las masas visitaran obra tan colosal, organizó una batalla naval en el mismo lago. Armó trirremes y cuatrirremes y diecinueve mil hombres, rodeando el perímetro del lago con balsas, para que no quedara escapatoria alguna. Se delimitó bien el espacio para las maniobras de los remos, las artes de los pilotos, los ataques de las naves y las demás acciones propias del combate. Una multitud innumerable llenó las riveras, las colinas y las partes elevadas de los montes, como si se tratara de un teatro”.

No obstante que se peleó con espíritu propio de guerreros, fueron pocos los muertos, no así los heridos, que fueron muchos.

Colombia también ha tenido sus escenas caballerescas, Bolívar visitó a Barreiro después de la Batalla de Boyacá y departieron como dos amigos. Cuando supo que había sido fusilado (Barreiro) por orden de Santander, calificó el hecho como un crimen. Bolívar estableció una respetuosa y amigable correspondencia con el Pacificador Morillo con quien firmó un “tratado de regulación de la guerra" con el fin de "economizar la sangre cuanto sea posible". Y no lo firmó como letra muerta, sino que dirigió una proclama a sus soldados, ordenándoles respetarlo: “Aún cuando nuestros enemigos lo quebranten, nosotros debemos cumplirlo, para que

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la gloria de Colombia no se mancille con sangre". Uribe Uribe llenó páginas de señorío y sensibilidad frente al enemigo herido o prisionero.

Cuando llegaron los grandes (y fatales) inventos: las ametralladoras, los tanques, la aviación, los misiles y las armas nucleares, la guerra perdió toda esa emoción –que sólo vino a recuperar un poco con las transmisiones de CNN en vivo y en directo-. O, también, podríamos decir que la guerra está involucionando hacia la antigua gesta de los Horacios y los Curiasios, porque cuando la humanidad quiere ver una buena batalla, se sienta en la silla, mueve un control electrónico y, comiendo productos fabricados por empresas multinacionales, ve enfrentarse a muerte a Francia contra Inglaterra, a España contra Alemania, a Camerún contra Nigeria. No son guerras de 30 o de 100 años, sino de 90 minutos. Algunos guerreros de la infantería, enloquecidos por la cerveza, intentan matarse entre sí: son los Hooligans, único remanente de aquellos viejos combatientes herederos de Carataco, el héroe de la Britania semisalvaje que enfrentó a los romanos en las épocas del Cesar.

Es obvio, entonces, que si el Presidente de Colombia no reconoce la existencia de la dicotomía combatientes y civiles colombianos, no lo hace por capricho o ignorancia, sino porque no hay tal dicotomía. La Fuerza pública colombiana hace parte de la sociedad, tal como nos lo ayudó a entender la explicación tomada de Hobbes. La fuerza pública está inmersa en la vida de los civiles colombianos, entre quienes, según todas las encuestas, es la institución más confiable y respetada. La Fuerza Pública colombiana es la principal garantía de protección de las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. La Fuerza pública de ninguna manera es parte en un conflicto interno y los civiles no son unos terceros. ¡No! Los civiles colombianos dirigen la fuerza pública por intermedio de dignatarios cuyo mandato tiene un limpio y legítimo origen popular. Descubrir eso es descubrir el agua tibia. Tener que explicar tal perogrullada, máxime al embajador Frühling, Alto Comisionado de la ONU, muestra que hay un grave error de apreciación sobre el Estado y la sociedad colombiana. Qué tal que alguien fuera a decirle al Presidente de España:

- ¡Mucho cuidado con la población civil! ¡Cuando se enfrente a los de la ETA tenga presente el principio de distinción!

Seguro que lo mandarían a freír espárragos. Es obvio que cuando actúa la fuerza pública española, la población está con ella, ‘sapea’ a los miembros de las bandas criminales, se asocia con los funcionarios de la policía sin estar pensando que no, que los civiles españoles son ajenos “al conflicto interno armado”, que son terceros no combatientesU Es evidente que cuado ETA mata a un policía, no mata a un combatiente, a un actor del conflicto. Simplemente comete un asesinato

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que llorarán y repudiarán los ciudadanos y los policías, es decir, la sociedad en su conjunto. Pues bien, aunque se diga lo contrario, la fuerza pública colombiana tiene la misma legitimidad y respetabilidad que la de cualquier otro país del mundo, España, Suecia, Dinamarca, cualquiera; y un crimen contra enuestra fuerza pública merece el repudio nacional e internacional. Edurne Uriarte, en el mencionado libro, Cobardes y rebeldes. Por qué pervive el terrorismo, ordena con claridad meridiana las razones teóricas que hacen legítimo -moral, jurídica y políticamente- el uso de la fuerza por parte del Estado, cosa que es el verdadero fondo teórico del debate entre el Presidente y el embajador Frühling. Según la pensadora vasca, la definición y diferenciación de terrorismo y violencia legítima en los Estados democráticos es enormemente sencilla. La violencia legítima que ejerce el Estado se ha establecido democráticamente en las normas de esos Estados, y se aplica con todas las garantías de defensa de los derechos de las personas. Es la violencia necesaria para mantener el orden, para defender los derechos de las personas que sufren agresiones en manos de otras personas. Edurne recuerda que Max Weber definió al Estado como poseedor del monopolio de la violencia física legítima. Y que Giovanni Sartori define el concepto de “uso legítimo” como la subordinación de la fuerza y/o de la violencia al Estado de derecho. Si el Estado me impone sus leyes, me arresta si las violo, me somete a juicio y me condena (con procedimientos judiciales correctos): hay “fuerza”. Si un agresor me clava un cuchillo en el vientre, un asesino me mata, o una muchedumbre me lincha: hay “violencia”. Y hay otro aspecto para valorar el papel de la fuerza física del Estado, que no parece recordar el embajador Frühling: la necesidad y significado de esa fuerza. ¿Por qué esa fuera del Estado?, ¿a quién beneficia?, ¿es posible la pervivencia de la sociedad sin el uso de esa fuerza? Bobbio escribió que “el poder político se sostiene en última instancia en la fuerza”. La diferencia entre democracias y dictaduras es que en las democracias las relaciones de mera fuerza se transforman en relaciones de derecho, o en relaciones reguladas por normas generales, seguras, constantes y preestablecidas. Cuando la fuerza pública se ejerce con las garantías y con los límites propios de un Estado democrático, es menos grave que el choque, sin reglas y sin límites, entre violencias privadas: es un mal menor; tanto que se le da otro nombre, poder. El Estado, en las democracias, no es una entidad con vida propia y con mecanismos para garantizar su propia perpetuación. Es un instrumento de organización social creado por los ciudadanos y gestionado por éstos. El Estado no tiene vida propia sin los ciudadanos que le dan forma y que eligen a las elites políticas que gestionan sus estructuras. En las democracias, la perpetuación del Estado a través de la fuerza es la perpetuación de una vida social en la que los

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derechos y libertades de los ciudadanos estén garantizados. El Estado es el instrumento utilizado por los ciudadanos para la perpetuación de esa vida social y para la defensa de esos derechos y libertades. La fuerza es necesaria en las sociedades democráticas. La teoría de que los comportamientos antisociales o violentos están determinados por la injusticia social o por unas condiciones de vida difíciles y desfavorables; la teoría de que hay causas sociales que explican la violencia, desconoce la realidad de que no hay conexión entre mejora de las condiciones sociales y políticas y disminución de la violencia. Si durante el siglo XX se observó con desconfianza lo que se consideraba la peligrosa fuerza del Estado; la experiencia de las últimas décadas ha llevado a concebir esa fuerza cada vez más como un instrumento de defensa de los ciudadanos. Edurne remata su extraordinario alegato recordando que la violencia legítima del Estado en las sociedades democráticas, no es un mal menor sino un instrumento imprescindible para la defensa de una sociedad, de la que no han desaparecido ni desaparecerán las agresiones de unas personas contra otras. El Estado no es el poder abstracto, incomprensible y lejano, que se reproduce a sí mismo y que basa su pervivencia en la posesión de la violencia. Es el conjunto de instrumentos políticos que los ciudadanos gestionan, entre otras cosas, para defenderse de quienes no respetan los derechos y libertades de los demás, en particular del terrorismo. Más si tenemos en cuenta que el terrorismo afecta con mayor gravedad a los Estados democráticos, porque, se beneficia de los derechos fundamentales y las libertades públicas inherentes a las democracias liberales -perturbándolos gravemente-. Fundado en esas tesis planteadas por lo más lúcido de la intelectualidad europea, el presidente de Colombia es un batallador incansable por la conducción de nuestro Estado hacia sus fines evidentes, y se ciñe rígidamente a los límites que fijan las normas positivas y la ética política. Tarde o temprano, el mundo se lo reconocerá. 17. UN TERRIBLE CONFLICTO INTERNO ARMADO

Ni el embajador Frühling ni los observadores extranjeros, dicen las cosas que dicen por simple mala voluntad. Son los mismos colombianos quienes llevan al exterior la sensación de que hay un espantoso conflicto armado interno, cuando lo que en realidad hubo fue un grave abandono de las funciones estatales por aquellos a quienes el pueblo se las encomendó en elecciones libres. Por eso, porque nuestros dirigentes dan informes de que estamos como Europa en 1942, los extranjeros hablan en consonancia. Recuerdo, por ejemplo, que el Parlamentario Europeo dijo en un comunicado oficial (1996):

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- “En Colombia, el gobierno manifiesta una negligencia criminal frente al delito”.

Y en el Parlamento Alemán (1997), el ministro Schmidbauer, el amigo del inefable señor Mauss, aunque se refirió en términos destemplados a la guerrilla:

-Son “bandas de la peor clase de criminales”, dijo.

Justificó sus tratos con dichas bandas, porque

- “Dominan la mitad del territorio”.

Y, gentes tan duras contra el terrorismo, como HORACIO VÁZQUEZ-RIAL, autor de LA IZQUIERDA REACCIONARIA, Síndrome y mitología, extraordinaria requisitoria contra el lenguaje ‘comprensivo’ con el terrorismo, cayó en el cuento que nuestros propios dirigentes han difundido: que perdimos el territorio y que tenemos un Estado mafioso. Dijo él:

- “El problema de las guerrillas es uno de los temas candentes para la izquierda real. ¿Es posible mantener esa mitopatología después de Guatemala, Pol Pot, el Frente Moro, Al Fatah? ¿Durante las FARC en Colombia, una banda de narcotraficantes que controla medio país y que sirve para que, cuando el presidente Álvaro Uribe intenta su liquidación con la única ayuda a la que puede acudir, la ayuda americana, ya que cuenta sólo con una parte de su corrupto ejército, que tiene negocios con las guerrillas desde los años sesenta, se le tilde de traidor y agente del imperialismo?”.

Fuimos los propios colombianos quienes nos pusimos a hablar de Colombia como si fuera un teatro de guerra civil; que no nos quepa duda. Si bien los funcionarios de la ONU se tomaron en serio eso de la “solución política negociada”, quienes comenzamos a hablar de ella fuimos los colombianos. Recuérdese cómo en las campañas presidenciales del 94 y del 98 lo que ‘daba puntos’ era ofrecer suavidad con los violentos; y lo que sonaba a ‘descache’ era la idea de ejercer la autoridad con firmeza, poner orden en el uso de las armas, recuperar su monopolio para el Estado. Son memorables las señales contradictorias que enviaron los gobiernos colombianos al mundo. En el interior ofrecían en anuncios de televisión sumas millonarias por la captura de los “cabecillas” –palabra con la que se denomina a los simples malhechores y no a los rebeldes políticos-. Pero se referían a ellos en los mejores términos en las cartas y pronunciamientos tendientes a promover algún encuentro dialogador o negociador.

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Durante ocho años, no sólo las Farc y el Eln se consideraron a sí mismas “fuerzas beligerantes”, sino que los gobiernos corrieron espontáneamente a acreditarlas como tales. Las buscaban para conversar, aunque no las encontraran. Les mandaban cartas que no respondían. Les enviaban mensajeros extranjeros –quienes terminaban encantados con la simpatía de las partes, pero desesperados por su capacidad para perder y para hacer perder el tiempo-. Los gobiernos eran como un novio a quien la novia le hace todo tipo de desplantes pero que sigue enamorado de la ingrata. Las Farc y el Eln se referían en sus comunicados al “enemigo”. Los gobiernos (el “enemigo”), en cambio, hablaban con suavidad como se ve en esta carta que dirigió el presidente Samper al Canciller alemán Helmut Kohl:

- “Su excelencia: La actividad de la guerrilla en el país continúa ofreciendo las mayores dificultades, sin que las propuestas gubernamentales de reconciliación hayan sido consideradas. Estimaríamos de conveniencia (...) se pueda iniciar un procedimiento que acordaríamos conjuntamente, dirigido a propiciar un diálogo útil y constructivo (con las Farc y el Eln) que permita alcanzar un sano entendimiento y la paz duradera en nuestro país”.

18. LO QUE FUE Y YA NO ES

El que las Farc no hayan podido mantener el carácter de fuerza política beligerante –por las razones dichas y por las que más adelante expondremos- no quiere decir que no tengan un despierto sentido de la diplomacia internacional. Hasta el punto de que entre los años 1994 y 2002, estuvieron a la ofensiva en ese frente, ¡y con éxito! Tomaron secuestrados a unos soldados, por ejemplo, y en lugar de ser criminalizados -por mantener en vilo a sus familias al negarse a dar los nombres e información sobre su estado de salud, y al privarlos de cosas elementales, consagradas en el derecho de gentes como por el ejemplo su comunicación con el mundo exterior-, en lugar de ser criminalizados, digo, el gobierno, por intermedio nada menos que de la Canciller, gestionó con otros gobiernos, a través de las embajadas, la liberación de los soldados. Las Farc, ni cortas ni perezosas, le cogieron sus palabras en el aire y dijeron al Presidente:

- “...esta decisión nos parece muy importante, porque por primera vez somos reconocidos oficialmente como fuerza beligerante ante el mundo; comprobándose así, la existencia de un conflicto social armado desde hace 32 años con las Farc. Este hecho, contribuye bastante al (sic) despejar el panorama político, que nos embarga (sic) para el futuro del país”.

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Entre 1994 y 1998, el lenguaje del gobierno –liderado por el sacrificado Ministro de Defensa, el doctor Gilberto Echeverri- fue de apaciguamiento con el enemigo. Se volvieron comunes las frases pacifistas y de reconciliación. El grave problema, lo que la dirigencia estatal y civil no captó, es que era un lenguaje unilateral: contra toda evidencia el gobierno y los medios se refirieron durante cuatro años a un “proceso de paz”, mientras que las Farc mantuvieron la estrategia de “generalizar la guerra popular prolongada”.

Fue tan sincera la actitud del doctor Echeverri, su bonhomía, su creencia en la innata bondad humana –incluida la de los jefes de las FARC-; creía tanto en la necesidad de ser comprensivos con ellos; que perdió la perspectiva del peligro y el instinto de defensa. Voluntariamente acompañó al Gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, en una marcha para predicarle a las FARC la No Violencia y manifestar su solidaridad con la prédica de la “solución negociada” en abstracto.

La respuesta de las FARC fue calamitosa.

-¡Queremos dialogar con ustedes!, les dijo un guerrillero.

Todos cayeron en la trampa. Dejaron separar al gobernador y al ex ministro de sus miles de compañeros de marcha. Todos, obnubilados o descuidados por la convicción de que sus consignas sobre la inconveniencia del uso de la fuerza por parte del Estado iban a ser debatidas civilizadamente por las FARC, cayeron en la trampa. A pesar de que pudieron reaccionar y evitar un crimen que se estaba cometiendo ante sus propios ojos, no lo hicieron. La marcha pudo haber dicho:

-¡O vamos todos, o no va ninguno!

El problema estaba en la mente de los marchantes: creían que la palabra era suficiente para tratar con las FARC.

El ex ministro y el gobernador vivieron con dignidad y estoicismo el prolongado secuestro. Cuentan que intentaron mejorar a sus propios verdugos, enseñándoles las primeras letras y predicándoles su mensaje pacifista. El sargento Guarnizo, sobreviviente de la masacre con la que respondieron las FARC al intento de rescate del gobernador y del doctor Echeverri, informó sobre un diálogo que tuvieron el ministro y el Paisa, jefe del grupo de carceleros en el campo de concentración. El ex ministro le dijo:

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- ¿Ustedes por qué tratan así a quienes hemos sido sus amigos; hemos predicado la “solución negociada” con las FARC; y aceptamos que hay que hacer cambios sociales y políticos como los que ustedes proponen?

El Paisa le respondió con dos piedras en la mano:

- Usted, doctor Echeverri, es mi enemigo de clase. No se haga ilusiones, nosotros vamos a acabar con usted y con todo lo que representa.

19. EL ESTADO VA A SER DERROTADO EN CINCO AÑOS

La confrontación armada supone la existencia de un Estado Mayor de cada parte contendiente. Como hubo el lenguaje derrotista de quienes debían guiar el Estado hacia el cumplimiento de sus funciones, los comentaristas internacionales comenzaron a dudar sobre la viabilidad de ese Estado. En mayo de 1998 el Washington Post editorializó:

-“el Estado colombiano va a ser derrotado en cinco años”.

Dado que el propio ministro colombiano de la Defensa insistía en repetir que la “guerra” no podía ser ganada por el Estado, ¿qué otra cosa podían pensar los norteamericanos? Lo peor es que los hechos parecían darle la razón a los derrotistas: el Estado no ganaba una sola batalla de las que se le planteaban; no había voluntad de lucha. El Estado colombiano se humilló en muchas oportunidades y comenzó a mostrar profundas fisuras.

Finalizando el período de gobierno 1994 - 1998, tomó cuerpo una política de preocupación internacional por la suerte de Colombia. Incluso se alcanzó a mencionar una intervención humanitaria conducida por la ONU. El coctel era explosivo: derrotas de los agentes del Estado, mala calificación en los temas más sensibles de la política internacional (Derechos Humanos y narcotráfico), matanzas continuas, casi diarias, en todos los polos de la geografía, rehenes extranjeros en manos de las Farc (sobre todo norteamericanos y alemanes), ataques a la inversión extranjera (petróleo y carbón principalmente), destrucción de las selvas amazónica y chocoana, desplazamientos masivos en zonas de frontera con Panamá y agresiones a empresarios venezolanos.

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Alguien dijo, refiriéndose al discurso apaciguador de las autoridades colombianas en el cuatrienio 1994 -1998, que esas buenas gentes habían tomado el papel de los violinistas que, según un difundido mito, se dedicaron a interpretar el bello himno religioso, Más cerca oh Dios de ti, mientras esperaban la muerte con el hundimiento del Titanic. Es evidente que la guerrilla utilizó el pacifismo de la dirigencia colombiana para zarandearla a fondo y como quiso. Por ejemplo, se multiplicaron los secuestros masivos o ‘pescas milagrosas’ (horrible práctica de salir a las carreteras a tomar rehenes) que terminaron convirtiéndose en una especie de evento social con transmisión por la televisión y declaraciones en directo del jefe de la banda de secuestradores sobre una ominosa ley 002 que le autorizaba a hacer semejantes cacerías humanas.

¿Quién que haya leído El Quijote no recuerda con una sonrisa aquel capítulo en el que el Ingenioso Hidalgo decide realizar una ‘asperísima penitencia’, internándose en la Sierra Morena, desnudo y sin alimento, para esperar la respuesta al mensaje amoroso enviado con Sancho a su Dulcinea? La carta del Quijote, casualmente, termina con una frase construida con palabras muy comunes en el lenguaje guerrillero colombiano: Tuyo hasta la muerte. Fecha en las entrañas de Sierra Morena a veinte de agosto... No hemos tenido hasta ahora un escritor que se consagre literariamente narrando las extrañas contorsiones románticas de este país, en el que los dirigentes anduvieron ‘encarretados’, enamorados, de una guerrilla que decidió, desde hace más de cuatro décadas irse, como el Quijote, a vivir entre las culebras y los mosquitos, poner bombas antipersonal a cada tantos metros y visitar a la brava las cabeceras de los pueblos. Fue una etapa en que los dirigentes nacionales enviaron cartas amistosas a la guerrilla, y hasta intrigaron las invitaciones a una reunión con ella en Maguncia, Alemania, o en Caguán, Caquetá. Los dirigentes hablaron con los jefes guerrilleros en vivo y en directo en las emisoras, e intentaron el rescate de los secuestrados a punta de discurso y no con las pesquisas policiales que se utilizan en todas partes del mundo. Un gobernador, hablando con uno de los jefes del ELN, le dijo por una emisora:

- ¡Comandante, acuérdese de soltarme también a la ingeniera!, ¿oyó?

¡Sí! Fueron años de una especie de comprensión (igual que el del masoquista por su verdugo) de la dirigencia estatal y civil colombiana con la guerrilla y el paramilitarismo. Ese fue el origen del discurso derrotista. Si, habiendo una situación de confrontación contra el Estado por fuerzas que utilizan irregularmente las armas, los funcionarios del Estado aseguran que nadie puede ganar, ahí hay derrotismo.

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En la tradición cristiana, aceptar la derrota –incluso desearla, disfrutarla, poner la otra mejilla- es un precepto, del que Nietzsche solía renegar porque al equiparar la mansedumbre con la bondad, el cristianismo justifica, aunque indirectamente, la inacción y la mediocridad. Como táctica política, el derrotismo ha sido predicado y ensayado con éxito para ciertos intereses. En plena Guerra Mundial, cuando Rusia enfrentaba a Alemania, Lenin –el jefe de los bolcheviques rusos- predicó la necesidad de la derrota de Rusia para crear las condiciones que permitieran su propio ascenso al poder y la instauración de la dictadura proletaria. Utilizó un tren y un salvoconducto de los alemanes, los peores enemigos de Rusia, para regresar a San Petesburgo; predicó el retiro ruso de la guerra y ya instalado en el poder firmó de inmediato un tratado de paz humillante pero necesario para la conservación de su propio poder.

18. 1994 - 2002

El derrotismo colombiano, en cambio, ¿qué diablos se proponía? Curiosamente, mientras más se exacerbaba la violencia entre los años 1994 a 2002, las autoridades colombianas insistieron en la existencia de un “proceso de paz”, dictaron normas para regularlo, y mantuvieron un Alto Comisionado para aquellos quiméricos menesteres. (Instalaron, incluso, un parlamento pequeño, o Consejo Nacional de Paz, para que esa fuera “una política de Estado y no de gobierno”). Tanto se empeñaron las autoridades colombianas en negarse a sí mismas la existencia de una crisis, que el ministro de Defensa informó al Congreso en agosto de 1998, sin signos de ruborizarse, que de cada nueve militares, uno atendía frentes de lucha y ocho permanecían en oficinas en labores burocráticas.

Por eso, por el abandono del territorio por parte del Estado, la guerrilla, jugando sola en la cancha, pudo dar la sensación de que controlaba la mitad de Colombia. Hacía reclutamientos forzados masivos, reunía jóvenes y niños en un determinado lugar y daba verdaderas batallas campales. En Las Delicias, Caquetá, en 1997, murieron unos sesenta soldados, hubo decenas de heridos, y las Farc pudieron tomar una gran cantidad de secuestrados. Coincidencialmente, el mismo día en que se conoció esa terrible noticia, el candidato oficial del liberalismo, Horacio Serpa, publicó en El Tiempo un artículo en el que planteó esta tesis derrotista:

- “La Paz nace del convencimiento de que nadie tiene la victoria militar... El conflicto armado interno no tiene vencedores a la vista... Siempre será mejor una opción negociada que la militar”.

En ese escrito, Serpa se ofreció

- “Como el camino hacia la paz, mediante un contrato social y democrático con Colombia”.

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Desde la otra orilla las FARC pensaron que si el presidente de la República, el ministro de la Defensa y el posible futuro Presidente, creían que nadie tendría la victoria militar, ellos tenían que esforzarse para aprovechar el derrotismo de su enemigo y consolidar sus logros. Comenzaron a redoblar acciones y a demostrar un admirable entusiasmo. Se inundaron de triunfalismo y hablaron de la inminencia de la formación de un gobierno revolucionario. Gracias a Dios, los altos mandos militares y la tropa no cayeron en tal actitud y hubo una evidente incongruencia entre las palabras derrotistas de las autoridades gubernamentales y del candidato, con el comportamiento de los soldados y los policías. Combatieron con tal entusiasmo, que parecía como si los estuviera dirigiendo José María Córdova. Los resultados mostraron que una cosa decían en Bogotá los funcionarios y otra muy distinta pensaban y hacían los soldados, quienes en los ataques a las poblaciones preferían morir antes que rendirse.

Como la dirigencia política colombiana era derrotista, la violencia se prolongaba indefinidamente y se extendía por los municipios. No habían querido aprender de la historia... De la Guerra de los mil días, por ejemplo; una confrontación civil con la que Colombia terminó el siglo XIX y arribó al XX. Aquella guerra tenía claros propósitos políticos en el bando gobiernista (conservador) y en el de los insurrectos (el liberal). Y ambos bandos tenían una dirección política y militar entusiasta. Uribe Uribe, el verdadero jefe militar y político del liberalismo (hay que recordar que, formalmente, el Supremo Director de la guerra era el general Vargas Santos, un anciano muy complicado), se movía incansablemente de un lugar a otro. En la Guerra de los mil días, a Uribe se le vio en las batallas de Peralonso, de Palonegro, en Cúcuta, en el Río Magdalena, en Riohacha... Pero también viajaba a Venezuela, hacía acuerdos en Caracas con el Presidente Castro, estaba en Centro América, en el Caribe, o lo encontramos en Nueva York discutiendo un tratado de paz con el Ministro Carlos Martínez Silva. A toda hora Uribe Uribe escribe, se pronuncia, expresa el porqué de su guerra. Por ejemplo, en 1901, en Nueva York –a donde ha llegado para comprar armas-, lanza su famoso Manifiesto de Paz. Qué bueno que los comandantes guerrilleros de hoy lo leyeran. Dijo el general rebelde:

- “El objetivo de la apelación a las armas no es la guerra por sí misma sino el triunfo. No se trata de ejecutar hazañas sino de vencer. Reconocido está por el mundo entero nuestro arrojo, maravillados están todos de nuestra entereza heroica y gallardía caballeresca; nuestros generales han dado pruebas de pericia militar y de valor personal. Pero hemos llegado a un punto en que se impone la cesación de la lucha. El gobierno es impotente para debelar la Revolución, pero la Revolución es impotente para derribar al gobierno. Hace muchos meses que esta campaña está limitada a un

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infructuoso tejer y destejer de operaciones, y a un tomar y dejar territorios, que a nada conduce”.

Así hablaba y actuaba el Comandante del Liberalismo en armas.

El gobierno, por su parte, andaba también en lo suyo: combatiendo, moviendo tropas, gastando plata para destruir físicamente a los ejércitos liberales. Los hechos de Panamá (la inminencia de un ataque norteamericano, que llevó al general Herrera a pronunciar su famosa frase el día de la firma del armisticio, “La patria por encima de los partidos) y el realismo de un sector del Ejecutivo, llevaron a los tratados firmados por Uribe en la Hacienda Neerlandia (cerca de Ciénaga), y ratificados por el general Herrera en Panamá a bordo del buque “Wisconsin”.

Los políticos colombianos, entre 1994 y 2002, creyeron poder frenar la expansión de la criminalidad con un discurso apaciguador y derrotista. Eso constituyó el peor desgaste moral y un arrasamiento de la juventud y de la dirigencia del país. En Colombia nadie quería conducir la lucha por la recuperación del monopolio estatal de la fuerza. Tanto que el gobierno (un ser concreto: el presidente y los ministros, según dice la Constitución) quería echarle encima las responsabilidades, como una papa caliente, a un ente abstracto: el Estado (es decir, a nadie en concreto). La dirección de la fuerza pública quedaba expósita, vacante.

Los presidentes se peleaban la conducción personal del proceso de paz; pero, ¿conducir a la fuerza pública en la tarea de brindar seguridad?, ¡ni de vainas! Y, si desde la Casa presidencial no se conduce la tarea de máxima prioridad político administrativa (la seguridad), desde ninguna otra parte se hará.

Una batalla producida en Tamborales, en el Urabá chocoano (agosto de 1998), mostró con claridad las consecuencias de que el gobierno dejara solitario al mando militar, mientras alegaba estar conduciendo un proceso de paz inexistente. El saldo oficial de la batalla fue de 47 militares muertos, 25 heridos y 20 secuestrados. Tamaño desastre fue presentado por el Comandante de la XVII Brigada como una victoria:

- “Fue una operación ofensiva que nos permite mostrar que estamos buscando a los guerrilleros, con el fin de impedir uno de sus planes estratégicos, el cual es apoderarse de la región de Urabá”.

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A renglón seguido, el Gobernador de Antioquia, Alberto Builes, informó que los combates habían cesado y, comentó optimista:

- Hay tranquilidad en la región.

Al existir la ilusión de que había un proceso de paz y no uno de violencia, los partes y comentarios oficiales terminaban pintando de blanco lo negro y de negro lo blanco. El verdadero peligro para el gobierno era que los combates cesaran, que se quisiera aparentar tranquilidad en la región, puesto que ello implicaba reconocer que se iba a dejar en paz a una fuerza de mil hombres de las Farc cuya tarea estratégica era recuperar a Urabá para revivir los desmanes de anteriores épocas. Las Fuerzas armadas, habiendo tenido al frente a los mil hombres de las Farc, les permitieron una retirada masiva, sin intentar cortarle el paso en los dos o tres únicos puntos estratégicos por donde podían realizarla. Así, detrás de una quimérica e inexistente paz, se estaba prolongando indefinidamente una guerra contra la sociedad y el Estado.

Sin conducción del Estado, todo es caos. Edwin Morgan, en uno de los cuentos recopilados por Borges y Bioy Casares, nos demuestra con una cruel metáfora, que la conducción estratégica de las fuerzas es la guerra misma:

-“...dos reyes enemigos juegan al ajedrez, mientras en el valle cercano sus ejércitos luchan y se destrozan. Llegan mensajeros con noticias de la batalla; los reyes no parecen oírlos; e inclinados sobre el tablero de plata, mueven las piezas de oro. Gradualmente se aclara que las vicisitudes del combate siguen las vicisitudes del juego. Hacia el atardecer, uno de los reyes derriba el tablero, porque le han dado jaque mate y poco después un jinete ensangrentado le anuncia:

- Tu ejército huye, has perdido el reino.

Entre 1994 y 2002, la política de abandono de la función estatal creó un lenguaje lleno de eufemismos apaciguadores. Así, por ejemplo, los presidentes y sus ministros de defensa hablaron siempre de “actores armados” cuando se referían a los terroristas. Por lo demás, el alto gobierno arrastró a los periodistas, a los académicos y a los diplomáticos a ese lenguaje. El individuo peligroso que bien podría matar o secuestrar, ya no era un asesino o un secuestrador, sino un actor armado. No eran un Clint Eastwood, o un Schwarznegger, con sus cananas de utilería, sus pistolotas de aluminio, sus balas de salva. Eran guerrilleros, paramilitares, secuestradores, que cuando actuaban, mataban de verdad,

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secuestraban de verdad, explotaban bombas de verdad. A ellos les dijeron ‘actores’, como si pertenecieran a una fanfarria y sus escopetas fueran de icopor. Si el gobierno llamaba “actores” a los enemigos, ¿por qué la opinión pública habría de creer que no eran tales? Y, claro, como los actores son simpáticos, aparentemente eran también inocuos.

20. POLÍTICA DE GOBIERNO; POLÍTICA DE ESTADO

La otra idea de los gobiernos apaciguadores fue hablar de que “la política de paz no debe ser gubernamental, sino estatal”. Se pensó que ese era un gran avance teórico y más de uno quedó deslumbrado.

-¡Qué descubrimiento!, pensaron, ¿cómo no se nos había ocurrido?

La verdad es que la idea era realmente un adefesio. Política de paz es política de paz. El artículo veintidós de la Constitución, establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Pero, una política de paz es para mantener, sostener, hacer perdurable la paz que existe. Y ¿si no existe? Pues en ese caso hay lo contrario: uso de la fuerza. La idea del ministro Echeverri, como encargado de la defensa, era convertir en política permanente (“que no sea para un cuatrienio”, dijo), una política para una situación que no existía: de seguridad y orden.

Por eso el programa de los gobiernos para sus procesos de paz fue la antípoda de un programa de gobierno para recuperar la seguridad. (Lo había dicho hace siglos Tucídides: “si se quiere la paz, hay que prepararse para la guerra”). La idea de la “política estatal” partió del presupuesto de que podemos convivir indefinidamente con la “oposición armada” y de que la guerra “no puede, ni debe ser un problema del presidente de turno”. La idea del ministro era formar un organismo –el Consejo Nacional de Paz- que considerara la llamada “guerra civil” como un mal necesario y que se intentara convertir ese mal en una especie de evento folklórico nacional.

La paz es larga, pausada, tramitadora, burocrática, prolongada, compleja. La guerra, en cambio, como pensaba Napoleón, es “un arte sencillo y todo ejecución”. Siendo un jovencito apenas, Napoleón recibió el mando de las fuerzas en Italia. Desde ese momento cambió completamente el panorama de la guerra. Napoleón se hizo célebre por la rapidez de sus decisiones. De una tropa abandonada, sin zapatos, sin víveres, sin ropa (como llegaron a estarlo las nuestras en las Bases militares), hizo en muy pocos días un poderoso ejército cuya táctica pasó de disparar por salvar el honor –pero sin avanzar nunca-, a ser más fuerte que el enemigo en un punto y atacar en ese punto, como enseña la magistral táctica desarrollada por Guibert. Así venció, uno por uno, a diferentes ejércitos rivales, abriendo el camino del Piamonte y obligando a un armisticio al rey Víctor Amadeo.

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Colombia es un país con tradición militar. Tanta, que a pesar de nuestra corta historia independiente, Editorial Planeta se dio el lujo de publicar seis densos tomos con la “Historia de las Fuerzas Militares de Colombia”. Entre 1994 y 2002, el apaciguamiento de los gobernantes impidió enfrentar el problema de la violencia con celeridad. Los caudillos militares hacen que las guerras sean cortas; los burócratas, en cambio, las prolongan indefinidamente. En medio de la conflagración, se inventan una “política estatal de paz” que sacrifica la iniciativa de la fuerza pública. En el Tomo I de la colección Planeta –Ejército-, se lee cómo Bolívar y Girardot, también unos imberbes, dirigieron la que, posteriormente, se ha dado en llamar la “Campaña Admirable”. Les dieron una muenda a los españoles de padre y señor mío; sin contemplaciones. De aquella marcha supersónica, que atravesó a Colombia y a Venezuela y puso contra el mar a Monteverde en menos de seis meses, es la famosa proclama de Guerra a muerte. Ser español o canario se castigaba con pena de muerte, a no ser que el chapetón renegara expresamente de su nacionalidad. Los tratadistas describen la política de Bolívar (el triunfador) como de celeridad y decisión. La de los españoles (los derrotados) como de repliegues y retiradas.

El general Reyes, en la campaña de 1895 contra un alzamiento liberal, resolvió el asunto en 15 días. Por algo Rafael Reyes fue tan admirado y respetado por el general Uribe Uribe, caudillo liberal, tan enérgico y audaz como su contendor –también él resolvió, acompañado de sólo trece hombres, la batalla de Peralonso-. En épocas de Bolívar, de Reyes, de Uribe Uribe, la guerra y la paz dependían, claro, del gobierno y de los alzados en armas, de ambas partes, no de una sola.

Crear un organismo que “no dependa de quién sea el Presidente”, para que dirija una “política estatal” de “paz” en medio de un desorden inconmensurable, infinito, es condenar a un país a la violencia perpetua, a la desaparición de los principales atributos del Estado. Por eso se intentó delegar la solución de la existencia del terrorismo a lo que pudiera buenamente hacer la reunión de corporaciones llamada “Sociedad civil”. Es decir, el abandono de sus obligaciones por parte del gobierno hizo que la seguridad no quedara en manos del gobierno de turno, ni del Estado, sino vía diálogo en manos de los empresarios, los sindicalistas, los intelectuales, los periodistas, en fin, en manos de las primeras víctimas de los violentos.

Para los ciudadanos, no contar con un Estado fuerte que esté presente en todo el territorio es estar solos y sometidos a mil peligros. Si ocurre un secuestro en Estados Unidos o en Europa, de inmediato se oye el ulular de sirenas, hay invasión de investigadores a todos los sitios frecuentados por la víctima, control

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masivo de líneas telefónicas, acoso de una masa de periodistas a la familia afectada, primeras planas en la prensa, extras en la radio y la televisión. Y, cuando termina la tragedia, se produce, indefectiblemente, una película con Harrison Ford. En esas zonas del universo, el Estado existe, es solidario con los asociados, retorna con servicios de seguridad y de justicia los impuestos pagados por los ciudadanos. En Colombia, en la época de la predicación del apaciguamiento, ante el secuestro de un ciudadano no pasaba nada. Ningún periodista lo consideraba tema para una notícula, la policía investigaba rutinariamente, o no investigaba. La víctima y su familia quedaban solas, negociando el rescate y pagando con lo que pudieran recoger con la venta urgente de sus bienes. A veces, los funcionarios del Estado, si la víctima tenía algún relieve, salían a “hacer un llamado a los secuestradores para que respeten la vida del secuestrado”, o a recomendar que le compraran una determinada droga para el corazón o los riñones.

¿Cómo caracterizar el comportamiento del grueso de la clase dirigente colombiana en ese oscuro período que va de 1994 a 2002? Cualquier verbo se queda corto. La competencia electoral, por ejemplo, no tenía como objetivo demostrar al pueblo quién era el más idóneo para realizar los fines del Estado consagrados en el artículo segundo de la Constitución. Al contrario, el debate político se dirigía a definir quién era capaz de ganar más “confianza” del enemigo, quién podía llevar más dócilmente al pueblo al matadero. La competencia en la campaña presidencial de 1998 terminó siendo definida por las FARC en medio de unas escenas como para ripley, narradas con todos los detalles en una obra periodística magnífica, Diario íntimo de un fracaso, escrita por Tellez, Montes y Lesmes. Como lo que comienza mal, termina mal, el período de transición entre los presidentes, entre junio y agosto de 1998, tuvo escenas que iban de lo trágico a lo cómico y viceversa.

Durante la primera semana de agosto de 1998, las Farc y el Eln desarrollaron una terrible campaña de terrorismo en las ciudades, y de combates masivos en el sur. El presidente saliente, entonces, dijo en público que la arremetida militar de las Farc y el Eln durante los últimos días de su gobierno era un gesto de saludo al nuevo Presidente. El presidente electo respondió que esa arremetida era una despedida a su antecesor. Ni una cosa ni otra: las Farc y el Eln no pensaban en saludos y despedidas –que en su esquema no son más que cortesía burgués-terrateniente-. ¡No! Estaban aprovechando esa extraña lucha entre los dos jefes de Estado por aparecer cuál más apaciguador y partidario de la “salida negociada”, mientras que ellos avanzaban en su designio de tomar el poder a la brava.

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Fue el momento en que más nítidamente la guerrilla colombiana expresó su consigna de instaurar un Estado colombiano bajo una dictadura del “pueblo” (tipo Kim Il Sun o Pol Pot) con implantación del sistema de Partido único y la consagración de la propiedad estatal de los medios de producción. El ideal era la sociedad comunista, perfecta, en la que habitara el Hombre Nuevo, el de la sociedad sin clases.

Los comentaristas, muy reflexivos, muy pensadores, muy en la línea apaciguadora y de la “solución negociada” en abstracto, dijeron que el ataque masivo y contundente realizado por las Farc y el Eln durante los últimos días del gobierno que terminaba en agosto de 1998 era simplemente una maniobra para llegar a la mesa de negociación en una “posición de fuerza”.

No hay peor ciego que el que no quiere ver. No había tal, y así quedó demostrado con el fracaso de los intentos de negociación de ese gobierno. Las FARC estaban en lo que estaban y les importaban un comino las Mesas, los acuerdos, las ‘Maguncias’, los gremios y el Consejo Nacional de Paz. El Estado, bajo la égida de los apaciguadores, en lugar de fortalecerse se acomodaba a esperar negociaciones, “soluciones negociadas” en abstracto; abandonaba a su suerte a la población que tenía que correr enloquecida de un pueblo a otro como desplazada.

A los administradores del Estado ni siquiera se le ocurrió que si -como dijeron los analistas-, las Farc y el Eln querían llegar fortalecidos a una imaginaria mesa de negociaciones, el Estado debiera haber hecho lo mismo: atacar las posiciones enemigas. No lo hicieron y las consecuencias fueron desastrosas y terribles. La necesaria confrontación terminó en una bipolaridad en la que el Estado no apareció y por eso el paramilitarismo le ganó muchos espacios abandonados.

Si un Estado obra como un simple espectador, a la larga termina siendo un Estado en disolución. Y cuando un Estado se disuelve, viene primero el caos y luego la fuerza bruta: de derecha o de izquierda; fascista o comunista, pero fuerza bruta. Ese es el verdadero peligro, no el ejercicio de la fuerza por parte del Estado.

¡No! Las Farc y el Eln no tenían simpatías (“química”, decían) con el presidente saliente ni el entrante. ¡No! El terrorismo de los últimos días del uno, no tenía el propósito de hacer despedidas o saludos. Para ellos ha sido tan indiferente el nombre del gobernante, que hasta lo confunden, igual que un protestante que entra a una iglesia católica no distingue si el San Francisco que está en el altar es el de Asís, el de Padua o el de Sales. Las FARC estaban en lo que estaban y no en jueguitos de salón.

El presidente Uribe, en cambio, entendía muy bien ese asunto, y cuando llegó el momento, actuó en consecuencia.

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II. EL POSCONFLCTO 21. FUSILAR CUATRO PALABRAS Once días después de su discurso en Costa Rica, el 30 de junio de 2003, el Presidente propuso a Francisco Galán y a Felipe Torres (miembros de la dirección central del ELN, organización fundada en 1964 y cuyo procedimiento o “forma” de acción política es la violencia) que firmaran una declaración del tenor del Manifiesto de los intelectuales y periodistas (1992). ¡Salgan a hacer política!, los retó, basta que firmen este documento:

A LA OPINIÓN PÚBLICA

1. Militamos durante décadas en el ELN, porque creíamos que las armas eran la única garantía para el logro de nuestras aspiraciones políticas.

2. Ya no estamos convencidos. Al contrario, seguir ejerciendo la fuerza y la violencia es inútil, y sume en el dolor y la ruina a miles de compatriotas.

3. Llamamos a nuestros camaradas a hacer un alto en el camino; a decretar cese inmediato de hostilidades e iniciar el diálogo que conduzca a la firma de un armisticio con el gobierno nacional.

4. Que no haya rencores ni retaliaciones. Asumimos nuestros errores, y pedimos que los demás hagan lo propio.

5. Aceptamos con dignidad la libertad que nos ofrece el Estado, cuya legitimidad reconocemos sin condiciones. Desde hoy no militamos en la guerra y nos enrolamos como soldados de la concordia.

6. Individualmente hemos firmado un pacto de paz que sólo a nosotros compromete; pero ofrecemos nuestro concurso como facilitadores y negociadores, si el ELN o un sector de él lo considera conveniente.

7. Agradecemos y aceptamos la invitación que nos ha hecho el Gobierno del Reino de los Países Bajos (también lo hacían Francia, Canadá y, de pronto, Brasil u otro) para residenciarnos allí y ejercer nuestro oficio de trabajadores por la paz.

La pregunta que salta a la vista es la siguiente:

-¿Hay una contradicción entre la reiterada afirmación del Presidente: “en Colombia no hay un conflicto social y político armado ni una guerra civil,

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sino una amenaza terrorista contra un Estado democrático pluralista”; y ese ofrecimiento tan generoso, que suponía otorgar libertad a dos miembros de la cúpula de una de las organizaciones que representan esa amenaza?

Un columnista, convencido de que sí, que había contradicción, comentó con un tono profesoral:

- “El Presidente no entiende el contexto en el que se mueven los guerrilleros colombianos”.

Pocos lo entienden, talvez ni los mismos guerrilleros. Muchos estudiosos insisten en definir la vida colombiana con una variable ampliada de “conflicto interno armado”. Lo expresan así: es un grave “conflicto social y político armado”. No será fácil que se recojan, de buenas a primeras, los densos tratados ya publicados o que están en preparación, en los que hay consideraciones, análisis, descripciones, búsqueda de causas, y presentación de propuestas para “salidas negociadas” al conflicto que se ha dicho existe y que, además, se ha convertido en la razón de ser de sus extensos trabajos intelectuales o académicos. Por eso, ¡claro!, quien ponga en tela de juicio esa caracterización está, necesariamente, “fuera de contexto”. Volvamos a la tesis inicial: el presidente Uribe ha propuesto desterrar del léxico gubernamental colombiano y, ojalá académico y periodístico, las palabras Conflicto interno y sus adláteres: Social, Político, Armado. Puede que sea una pequeña escaramuza lexicográfica, pensarán algunos. Pero, ¡Ave María si es trascendental! Muchas batallas libradas en el azaroso terreno del diccionario han determinado que millones de hombres vayan o no a un campo más azaroso aún: la trinchera. Borges es el más célebre paladín de las razzias verbales. En Inquisiciones, propuso la idea poética de pasar por las armas -ejecutar, dijo- tres palabras o vocablos “horros de contenido sustancial”: inefable, misterio y azul. Años después, Sábato propuso extender la condena a la palabra Parámetro. ¿Por qué, entonces, no puede el Gobierno Uribe proponer, humildemente, la interdicción o confinamiento de dos, por ser horras de sentido político en la Colombia de 2004? Me refiero a Guerra y Conflicto, palabras de elevado estatus académico, histórico, jurídico y diplomático. Esa pretensión ‘extirpatoria’ tiene enormes consecuencias jurídicas que, insisto en declarar, el gobierno del presidente Uribe conoce.

- ¡Declaración algo fastidiosa!, pensarán algunos críticos.

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- ¡Pero necesaria!, hay que responder. Resulta que los propagandistas de la idea de buscar una “solución negociada” abstracta y unilateral desde el Estado, al “conflicto social y político armado” -que alegan, existe-, creen necesario que los escépticos frente a la prédica apaciguadora tomen un curso de nivelación sobre historia de la violencia en Colombia, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Insisto en que muchas personas se hacen la pregunta de que por qué, si no hay conflicto, se firmó el acuerdo para establecer la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; o se hace también la reflexión de que si no se no se acepta la categoría de conflicto interno armado, se violará el principio de distinción. Es una duda razonable y tienen toda la razón en estar sorprendidos con la tesis del No Conflicto Armado Interno. Como se está intentando establecer en las páginas de este libro, con excepción de unos pocos analistas y académicos, y de Álvaro Uribe -candidato y presidente-, Colombia aceptó como probada la tesis de que estábamos inmersos en un conflicto social y político armado. Las consecuencias prácticas de esa caracterización fueron tales, que, como se ha dicho, los gobiernos, entre 1994 y 2002, quedaron sumidos en el atolladero que supuso caer conscientes unos inconscientes los más, en tamaña trampa conceptual.

- ¡Discusión bizantina!, pensarán otros críticos.

- ¡No! Es trascendental. Y lo es tanto, que bajo la concepción de ‘Conflicto’ fue común que se reunieran en San Vicente del Caguán, el Gobierno nacional, representado por el Presidente de la República o por el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, con jefes de las FARC-EP, concretamente su Comandante en Jefe, Manuel Marulanda Vélez. Y, por eso, también, firmaron el Acuerdo de San Francisco de la Sombra, cuyo texto comienza así:

- “La solución política negociada al conflicto social y armado es la vía adecuada para resolver la crisis por la que atraviesa el país y constituye el más grande anhelo nacional”.

Y, ¿cuál era la crisis, según dijeron las FARC en esa reunión con el gobierno?

- “El mal de fondo está en un régimen político excluyente, intolerante, democrático tan sólo en apariencia. Cuando en Colombia se alzan voces en favor de transformaciones profundas para el beneficio de todos, y ellas tocan los intereses de la minoría privilegiada enquistada en el poder, esas voces son segadas con la siniestra mano terrorista del Estado. Por esa razón estamos levantados en armas”.

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Con el Gobierno Uribe, no por capricho, envalentonamiento, guerrerismo o intransigencia ultraderechista como lo han dicho algunos y piensan –sin decirlo- otros, esa amable reunión no sería viable y el comunicado, imposible. ¿Por qué? La razón es sencilla: porque hay dos concepciones diametralmente diferentes de la realidad colombiana de hoy. Paradójicamente, ambas concepciones gubernamentales tienen idéntico propósito: la paz para Colombia. Pero la primera, la de los apaciguadores o ‘pacifistas’, no funcionó; la segunda, la de la Seguridad democrática, está dando señales de funcionamiento. ¿Cuál es la primera concepción? ¿Por qué muchos llegaron a las tesis apaciguadoras, las de la solución negociada? Y, ¿cómo y por qué se denominó “Proceso de Paz” a la mayor exacerbación de la criminalidad que haya conocido nuestra historia? 22. VOLTEAR LA TORTA: PREDICARLE EL DERROTISMO A GUERRILLA Y PARAS

Fue en un contexto contrario: creer en la derrota política definitiva del ELN, que el presidente decidió probar con una oferta de libertad a los comandantes guerrilleros Francisco Galán y Felipe Torres. No es que el Presidente “no entendiera el contexto” en el que se mueven los guerrilleros colombianos. Al contrario, porque lo conoce y piensa como los intelectuales y periodistas del Manifiesto de 1992, o como Saramago en su entrevista a Yamit Amad en noviembre de 2004, fue que hizo el intento.

- ¿Si los de la Corriente de Renovación Socialista, militantes históricos del ELN, pudieron dar el paso, porqué no pueden hacer lo propio Galán y Torres?, se preguntó el presidente Uribe.

En octubre de 2003, el presidente habló públicamente de la propuesta formal que había hecho a Galán y Torres. El debate nacional llenó titulares y fue objeto de todo tipo de comentarios. Incluso, como lo reconocieron los propios destinatarios del proyecto de desmovilización individual, el asunto puso a trastabillar a todo el mundo. En un comunicado de ese mismo mes, los jefes guerrilleros aclararon:

- “Hemos conocido de la indignación de miles de compañeros de la Organización por el contenido de la propuesta de excarcelación, también supimos de muchos interrogantes que se han hecho al interior de nuestras

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filas sobre si nosotros seríamos capaces de desertarnos o desmovilizarnos, como se ha entendido la propuesta del Presidente.

“Desde muchas organizaciones con quienes hemos trabajado construyendo una estrategia de paz, nos han llegado diversas opiniones que van desde insistirnos en renunciar a la lucha armada y a la militancia del ELN como hasta los que nos alientan a resistir y a seguir el ejemplo de Nelson Mandela en Sur África, quien estuvo preso durante 27 años y desde la prisión construyó su libertad, la unidad de su país y una nueva nación”.

Los dos dirigentes quisieron tranquilizar a sus compañeros de la dirección nacional del ELN.

- “(U) Seguimos aquí, dignos como desde el comienzo, fieles a la línea política de la Organización (U) comprometidos con la solución política del conflicto”.

Pero, por primera vez mostraron cierto desfallecimiento frente a los métodos terroristas entronizados en la actuación elena:

- “Les confesamos, eso sí, que nos hiere en lo profundo de nuestras convicciones cuando en la Organización se cometen injusticias contra el pueblo (U) y así lo hemos planteado en varias ocasiones al Comando Central”.

Pero la respuesta de los comandantes no dejaba duda sobre su persistencia en la militancia guerrillera. Para nada se citaba el Manifiesto de los intelectuales y periodistas, aquel que fue inspiración remota del comunicado redactado por el presidente. Al contrario, reivindicaron el hecho de que ya habían pasado más de la mitad de sus vidas ejerciendo la violencia política:

- “Somos militantes de mas de 30 años de lucha y de pertenencia al ELN, conjuntamente con los miembros del actual Comando Central (U) en todos esos años fuimos construyendo el ideario político e ideológico, las estructuras orgánicas, la base social y la plataforma de nuestras propuestas políticas (U) ¿Cómo renunciar al ELN o a uno se sus componentes si todos hacen parte de un solo objetivo: la Paz con Justicia Social? (U)”.

Sin decirlo explícitamente, los comandantes dejaron entrever que el proyecto de comunicado del presidente había hecho que algunos camaradas dudaran de su lealtad. Seguramente recordaron antecedentes como los de Medina Morón, Ricardo Lara Parada, Jaime Arenas y el grupo de activistas antioqueños conocidos como los “bertulfos”, líderes históricos condenados a muerte por sus propios camaradas. Por eso, la situación ameritó hacer mucha claridad, no fuera que a algunos fundamentalistas les diera la ventolera de ordenar el “ajusticiamiento” de los encarcelados:

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- “Ustedes nos conocen, para muchos somos sus compañeros, para otros somos cariñosamente los "cuchos" y para los más nuevos somos los viejos que desde la cárcel representamos su Organización. Para nosotros, ustedes hacen parte de nuestra razón de vivir y luchar; por eso somos uno solo y no podemos darles mal ejemplo”.

El Presidente Uribe cree conocer al ELN y sabe que tarde o temprano su gobierno estará sentado con su cúpula para redactar un armisticio. Mientras tanto, sigue dirigiendo personalmente la lucha contra los pocos frentes supérstites. Es una conducción político militar sin odio personal, sin espíritu retaliativo. Sus referencias a ellos son más bien de pastor comprensivo con las ovejas descarriadas, y cada que habla con los miembros de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, fundada por él cuando ejercía la gobernación, les pregunta por Torres y Galán y si tienen ganas de avanzar en algo serio para abandonar las armas.

Cuando Felipe Torres obtuvo su libertad en los últimos meses de 2003, el propio presidente se interesó en su suerte personal y dio instrucciones para que se le ayudara a ubicar laboralmente o se le consiguiera una beca en Europa o Canadá. Y cuando la Comisión Facilitadora insinuó una reunión de Torres con el Presidente, inmediatamente dio su consentimiento.

La gente que no conozca la Casa de Nariño, pensará que sus oficinas son espaciosas. No, son más bien pequeñas e incómodas. Una noche estaba la esposa del Presidente Uribe, Lina, en la minúscula antesala del despacho presidencial hablando sobre sus peripecias para movilizarse por las calles del barrio en que, por gajes del oficio, es una habitante más.

-Los de seguridad no me dejan salir de esta casa. Ni siquiera puedo ir a conocer a los vecinos, dijo.

Al poco rato estaban de pies en la antesala, en plan de tertulia, el presidente, el Alto Comisionado, Lina y algún otro funcionario. En medio del ‘raneo’ salió a colación el tema de la visita de Torres, y el presidente dio instrucciones para que pudiera entrar sin que hubiera molestias con las requisas.

-Presidente, Torres prefiere reunirse con usted en otra parte. Dice que quisiera no tener que venir a la Casa de Nariño, le informó el Alto Comisionado.

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- Muy inteligente, comentó Lina, como sacándose un clavo con sus escoltas. Seguramente sabe lo fácil que es entrar aquí y lo difícil que es salir.

El encuentro con Torres fue programado para Medellín. La Comisión Facilitadora tomó una habitación en el Hotel Intercontinental e instaló allí al guerrillero, quien tuvo que pasar encerrado durante toda la tarde. Sólo sabían de su presencia los miembros del esquema de seguridad del Presidente y dos integrantes de la Comisión Facilitadora, Jaime Jaramillo Panesso y Jorge Ignacio Castaño. Supongo que Torres debió sentir algo de rencor con los encargados de preparar el encuentro, porque tomaron el tipo de habitación más pequeña del hotel, parecida a una celda de lujo.

Como es su costumbre, el Presidente dio instrucciones para que la agenda permitiera atender una buena cantidad de compromisos en Medellín. Pero esa instrucción resultaba contradictoria con otra decisión anterior que modificó completamente el protocolo de la presidencia. El caso fue este: era costumbre inveterada que la Secretaría Privada reuniera en un solo evento la imposición a varias personalidades nacionales de las distinciones que otorga la presidencia: Cruz de Boyacá, Orden de San Carlos, Medalla al Mérito, etcétera. Por eso, antes era normal que se reunieran tres o cuatro grupos heterogéneos para acompañar a los respectivos homenajeados. La primera vez que eso ocurrió durante la presidencia de Álvaro Uribe, fue también la última. Estuvo echando chispas un buen rato:

-¿A quién se le ocurre juntar estos homenajes? Es un irrespeto con cada invitado, dijo.

En consecuencia, cuando concurren en el tiempo la entrega de medallas a varias personalidades, cada acto se programa en el mismo recinto, pero en salones individuales. El día de su reunión con el presidente, Torres tuvo que armarse otra vez, pero de paciencia. Primero, el presidente visitó la Casa Museo de Débora Arango. Allí fue en donde habló de la paloma de la paz y del fusil, declaración que sirvió para que una columnista le endilgara, por enésima vez, el remoquete de ‘guerrerista’.

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El caso fue éste: el 21 de noviembre de 2003, cuando salía para Medellín, el presidente quiso despedirse de su esposa, quien mantiene en su despacho un dibujo pequeño, al carbón, que pintó especialmente para ella la Maestra Débora. Es una paloma de la paz con la ramita de olivo en el pico. Como todo el mundo sabe, ese es símbolo, desde los tiempos bíblicos, de la paz y la reconciliación.

- En la cabecera del escritorio de Lina, está expuesto un bello dibujo suyo que preludia la llegada de la seguridad y la paz para el pueblo de Colombia, le dijo el presidente al condecorarla. Esa paz brillará, Maestra Débora, con toda la fuerza, como la del sol cuando nace. Usted ha hecho brillar el sol de la Patria. Le pido que pinte también un fusil para que esté en mi oficina. Para alcanzar la paz, hay que motivar a los que portan las armas de la patria. El suyo, Maestra, va a ser el único fusil no oficial que se admita en Colombia.

La Maestra prometió hacer su idea pictórica de un arma, “monopolio de la fuerza pública”. Pocos días después, con sorpresa, leímos la versión de que el presidente estaba azuzando para ganar a la causa del ‘guerrerismo’ hasta a la Maestra Débora Arango.

23. REUNION DEL PRESIDENTE CON FELIPE TORRES

El presidente llegó al hotel Intercontinental a las cuatro de la tarde. Cumpliendo sus instrucciones, los encargados de la agenda programaron actos separados para las condecoraciones de don José María Acebedo, fundador de industrias Haceb, y para los directivos de Industrias Estra, una fábrica de productos de plástico y de aluminio. Apenas a las siete de la noche, muy pasadas, casi a las ocho, comenzó otro acto que tenía especial trascendencia tanto para el Presidente como para el Gobernador encargado, Eugenio Prieto Mesa: la presentación de las conclusiones de la Primera Constituyente de Antioquia.

Los discursos fueron numerosos y largos. Comenzando por el del Presidente, quien se explayó en consideraciones políticas ante una asamblea que en su mayoría era partidaria de la llamada “solución negociada”, y en la que algunos de sus líderes eran francos contradictores de la política de Seguridad Democrática. Recuerdo que en aquella ocasión dijo ante un numeroso grupo de funcionarios del departamento y miembros de las ONG, que una cosa que distinguía los procesos democráticos de los actos de los gobiernos de facto, es que estos interrumpen los procesos sociales o los producen con precipitud. Que los procesos democráticos hacen ajustes diariamente, y que aunque parecen imperceptibles, finalmente se expresan en mejoramientos sociales sustanciales. Por eso, dijo, celebraba la ebullición democrática que se había estimulado con la Constituyente de Antioquia.

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Felicitó al Gobernador y le expresó que había sido grato trabajar con él en momentos tan difíciles.

-“Hemos encontrado en usted un coequipero prudente, laborioso, abnegado, con responsabilidad, con espíritu de sacrificio, con patriótica honradez. Hemos encontrado para la Fuerza Pública la oportuna, la diligente cooperación”.

Sólo a las once de la noche se pudo atender el compromiso con Felipe Torres. El presidente fue hasta la cocina del hotel, tomó uno de los ascensores de servicio y llegó hasta el pequeño cuarto en donde lo esperaba el dirigente guerrillero. En la puerta quedaron los miembros de la escolta. Con Torres estaban Jaime Jaramillo Panesso y Jorge Ignacio Castaño. El saludo fue cordial:

-¡Q’iubo, Felipe!

-Buenas noches, señor Presidente

-¿Ha estado bien? He pedido que le den toda la protección.

-Gracias, Presidente. La alcaldía de Medellín, el doctor Luis Pérez, me han ayudado muchoU, mientras logro salir del país.

- Mire a ver cómo podemos colaborarle. Lo hacemos con todo el gusto. El Estado tiene la obligación de proteger a todo el mundo. A propósito, ¿cómo quedó el asunto de su hermana?

- Viajó al exterior, está muy bien. Gracias por toda la colaboración, presidente.

La escena era bien curiosa. El presidente, a la manera peripatética, recorría la estrecha habitación mientras hablaba u oía a Torres. Este, en cambio, estuvo sentado todo el tiempo en una pequeña cama. Los testigos se mantuvieron de pies. Los protagonistas no se conocían entre sí, pero sus vidas, en cierta manera, estaban entrelazadas, porque al conformar Uribe la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, creó un estrecho vínculo entre su administración y la cúpula del ELN. Uribe, ni como gobernador ni como presidente, había hablado directamente con la jefatura guerrillera; no obstante, Galán y Torres, presos en la cárcel de alta seguridad de Itaguí, tuvieron contacto directo con miembros de la administración Uribe. Los guerrilleros supieron, de primera mano lo que pensaba el gobernador acerca de ellos, y viceversa.

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- Alguna vez hablé por teléfono con su jefe, el padre Manuel Pérez, comentó el presidente.

- No me diga, ¿eso cómo fue?

- Un Alto comisionado de Paz me contó que el padre se había referido a mí

como una persona en la que se podía confiar. -Es duro, pero leal, había dicho el jefe guerrillero. Autoricé al Comisionado para que le diera mi teléfono al padre Manuel, y unas semanas después, un domingo, mientras desayunaba con Lina y los muchachos, sonó el teléfono. –Doctor Uribe, habla Manuel Pérez, comandante del ELN. -Hola padre, ¿Cómo está? Hablamos más de treinta minutos. Se interesó por conocer algunos temas de la seguridad social y la coyuntura política. Recuerdo que la despedida fue afable de parte y parte, pero sin melosidad.

- Nunca supimos de ese contacto, dijo con asombro Torres.

- ¡Para que vea!

A todos les pareció que la conversación con Felipe terminaba ahí y quedaba reducida a un simple encuentro social. Era la medianoche, la jornada había sido intensa y seguramente el Presidente estaría cansado. Además, le esperaba el largo viaje por carretera hasta Rionegro. Pero mientras todos se disponían para la despedida, el Presidente pensaba que la cosa apenas comenzaba. Miró a los ojos a Torres y le dijo:

- Felipe, ¿por qué no han aceptado ustedes el cese de hostilidades que les ha ofrecido el gobierno? ¡Hagan su Convención Nacional, no me opongo, pero con cese de hostilidades! El gobierno les da todas las garantías.

- ¡Imposible, Presidente! Si nosotros entramos en cese de hostilidades, el

Gobierno aprovecha y nos mata.

- ¡Qué tal Felipe! Yo soy un combatiente leal, yo no voy a maltratarlos deslealmente, matreramente, a la mansalva. Con la misma determinación que he asumido la política de seguridad democrática, asumo la defensa de decisiones que se adopten en un proceso de paz.

- ¿Cómo sería aquello del cese de hostilidades? ¿Habría que entregar las

armas?

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- ¡No! Mantengan sus armas todo el tiempo dentro del sitio de concentración. Tendremos toda la paciencia para hablar y negociar. Pero eso sí, suspenden hostilidades. Hablen con la Iglesia, ella ha ayudado mucho. Reúnanse con los países amigos, Cuba ha puesto todo su empeño en mantener una línea de contacto. Cualquier cosa hágamela saber por intermedio de la Comisión Facilitadora. Este país ha sufrido mucho, Felipe.

Felipe miraba asombrado al presidente.

- ¿Usted está diciéndome que no exige entrega inmediata de armas? - Exacto. No le exigimos al Eln desarme, no le exigimos desmovilización,

esos son puntos de llegada de los procesos. Para que empiece el proceso, lo único que le exigimos es cese de hostilidades.

Ahora Torres era quien quería hablar largo. Pero el presidente dejó las cosas ahí.

-Tengo agenda desde la madrugada, Felipe. Estoy arrendando un potro y voy a aprovechar para montarlo siquiera una hora a ver si lo centro, que no tire ni para la izquierda ni para la derecha.

Hubo sonrisas y despedida cordial. El grupo se disolvió sin mencionar para nada el documento del 30 de junio de 2003.

Cuando se dirigía al carro, el presidente comentó:

- Les doy todas las garantías, pero ellos ni siquiera se atreven a decir cuáles condiciones ponen para hablar de paz. Me da la impresión de que les da miedo hablar del tema, les da miedo que les paremos la cañaU Creo que se sienten muy dominados por las Farc. Por eso no se atreven a abrir la posibilidad de un proceso de paz. Ojalá lo abrieran, para demostrarle al país que hay el mismo entusiasmo para esos procesos de paz, como el entusiasmo que ha habido para la política de seguridad. Yo podría firmar la paz en cinco minutos, si ellos la quieren en serio. La cosa está biche para acuerdos... Esperemos a ver hasta dónde soportan la acción diaria, de día y de noche, de la fuerza pública.

En ambos casos, cuando se conoció el comunicado insinuado por el Presidente y la reunión con Torres, hubo el consabido alboroto periodístico. Comentarios iban y

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venían. La gente no podía creer que el Presidente rompiera con todos los paradigmas: mientras que la oposición a Uribe, los apaciguadores, los miembros de la fracción de la “solución política negociada unilateral” cuestionaban el ‘guerrerismo’ y la falta de voluntad de diálogo; el presidente, songo zorongo, hacía dos movimientos estratégicos inéditos, que demostraban que podría llegar a ser tan exitoso en el propósito de lograr diálogos fructíferos, como lo era en alcanzar resultados operacionales de la fuerza pública.

Los apaciguadores habían hecho reuniones casi diarias con el ELN sin avanzar un milímetro: temían molestarlos, buscaban “crear confianza” entre los “actores”, les reconocían la justicia de su causa e incluso hasta llegaban a darles la razón en aquello de que mientras hubiera pobreza habría guerra. Uribe, en cambio, les estaba hablando con toda la crudeza que él sabe utilizar, sin hacer una sola concesión ideológica o verbal al terrorismo, y cosechaba resultados. Basta leer algunas frases del comunicado que firmaron Galán y Torres en octubre, para darse cuenta de que, mientras los trabajadores profesionales por la paz no dieran la pelea doctrinal y programática con la guerrilla, los comandantes no se moverían un ápice de su posición de intransigencia:

- “Para nosotros es un imposible ético, político, histórico, filosófico y humano renunciar al proyecto revolucionario que colectivamente hemos construido entre todos los Elenos, y no es porque nos hayamos enamorado de la guerra o nos gusten las armas, es porque estamos dispuestos a dar la vida y la libertad por un país en paz, sin hambre, justo y soberano”.

Pero algo se avanzaba poniéndoles retos y exigiéndoles compromisos, si de verdad querían avanzar hacia la pacificación. Tan lo entendían, que alcanzaron a revirar así en su comunicado:

- “Señor Presidente, construimos desde aquí un puente entre la Comandancia del ELN y el Gobierno Central. (U) ¿Porqué no replicar este espacio desde nuestra libertad sin renunciar, como jamás lo hemos hecho ni se nos ha exigido, a la integralidad de la política del ELN?”.

El Presidente, con su proyecto de comunicado y con las palabras en la reunión con Felipe Torres, les dio a entender a los elenos que seguir en la pelea era una locura, como se los había dicho también el Manifiesto de los intelectuales y periodistas. Que era comparable lo que hacen las FARC y al ELN con la ya mencionada loca historia de los soldados japoneses que quedaron varados en Filipinas desde 1945 hasta 1974.

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Todo el que no esté embrujado por la teoría de las causas objetivas, la pobreza y la inequidad, cuestiona a los guerrilleros porque quieran seguir enmontados, cometiendo tropelías reales con el pretexto de que luchan contra tropelías imaginarias de un Frente Nacional que se acabó hace años. Para completar el mapa del horror, la existencia de las fuerzas de destrucción y secuestro que se escudan en el discurso y las ceremonias marxistas, hizo expandir durante años la fuerza de los “CONTRAS”, que en lo formal son iguales a las fuerzas de la izquierda: están dedicadas a aplicar fuego terrorista para apagar fuego terrorista. Los Contras o Paras resultaron mucho más inteligentes y pragmáticos. Después de mucho pensar y de largas consideraciones, hicieron algo insustituible ordenado por el gobierno: comenzaron a desmovilizarse. Está por verse quién sabe más sobre “el contexto en el que se mueven los guerrilleros colombianos”: si los analistas neutrales, condescendientes con el ELN y justificadores de su existencia como organización armada; o el Presidente, quien les desconoce de plano su derecho a existir como organización ilegal, pero les reconoce todo el derecho a arrepentirse y ejercer la digna y noble profesión de la política dentro de la democracia. Los primeros llevan años tratando de entenderlos; de llevarlos a una negociación “sin exigirles nada” y ofreciéndoles todo. El Presidente, con energía, con golpes certeros y con argumentos, los va a hacer firmar un armisticio mucho más pronto de lo que cualquiera podría soñar. El tiempo es el juez único que puede determinar quién tiene o tuvo la razón. Por lo pronto, y como constancia histórica, o para que se casen apuestas, resumo las tres posiciones:

1. ELN: “Nos gustaría hablar de paz sin renunciar, como jamás lo hemos hecho ni se nos ha exigido, a la integralidad de la política del ELN”.

2. Uribe: Tienen que renunciar a su pasado. La primera muestra de ello, es decretar el cese unilateral de hostilidades y la concentración en sitios en los que se les respetará su integridad.

3. Analistas de oposición: Uribe sólo negocia con los Paras y nunca lo hará con el ELN o las FARC.

24. LO QUE PASÓ EN MÉXICO

El 30 de Mayo de 2004, en Méjico, Uribe volvió a desbaratarles la estantería teórica a ciertos analistas de la realidad colombiana. En el exterior ha hecho carrera la ingenua y arrevesada tesis difundida por las FARC y el ELN de que la “sociedad civil” pide a gritos un dialogo entre las partes en conflicto; que la guerrilla, muy ‘aconductada’, está presta a sentarse a la mesa; pero que el gobierno, fascinado por el ‘guerrerismo’, obnubilado por la intransigencia política y por el deseo de venganza, se niega a la “solución negociada”. En un comunicado de noviembre de 2004, el ELN lo dijo de la siguiente manera:

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- “Los caminos hacia la paz exigen del Gobierno una modificación sustancial de sus políticas, pues de lo contrario toda tentativa de paz será vana (U) El Gobierno colombiano no está preparado para asumir una política de paz, por cuanto está montado y comprometido en una estrategia de guerra. (U) No podemos hacernos ilusiones que los caminos de paz sean posibles en este gobierno".

Por eso, cuando un periodista puso el tema de un posible dialogo con el ELN, lo que esperaba era un portazo, un arrebato verbal del presidente Uribe. Éste, en cambo, demolió sus prejuicios. Comenzó retomando las palabras del presidente Fox:

- "México ha cerrado las puertas al terrorismo pero abrirá las puertas a la paz cuando así lo solicite el Gobierno de Colombia” Eso nos parece muy afortunado y nos ayuda muchísimo, dijo Uribe. La claridad de México y de su Gobierno en la lucha contra el terrorismo, en el afianzamiento del pluralismo democrático, constituiría una magnifica garantía para un eventual proceso de paz. Quiero repetirle mi oferta de negociación ayer en México al Eln. Y le agregaré el punto de la garantía de una verificación internacional por parte de México”.

El presidente Fox habló con el mismo talante enérgico:

- "El Presidente Uribe sabe que puede contar con nosotros para cualquier iniciativa. Sabe que cuenta con nuestro respaldo total".

A los pocos días estaba en Colombia el embajador mexicano Andrés Valencia, con todas las credenciales necesarias para intentar un acercamiento con el ELN. Luego de los primeros contactos, comenzó la retahíla de descalificaciones porque el gobierno “no conoce el entorno en el que se mueven los guerrilleros” y en cambio los analistas sí lo conocen. En su columna del periódico El Tiempo (18 de junio de 2004), el profesor Alfredo Rangel expresó las siguientes dudas y temores: 1. El diálogo con el ELN tiene mucho de alharaca. No hay posibilidad real de reinicio de los diálogos de paz.

2. Para que esos diálogos tuvieran alguna posibilidad de éxito, el Gobierno o el Eln, o ambos, deberían cambiar de manera radical las posiciones que hasta ahora han mantenido frente a la eventualidad de reiniciar conversaciones de paz.

3. Esto implicaría estar dispuestos a asumir inmensos costos políticos ante sus propias tropas y sus respectivos públicos, lo cual ninguna de las dos partes parece, por ahora, inclinada a hacer.

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4. El Gobierno, desde sus inicios, ha establecido como requisito previo, cuyo cumplimiento es indispensable para iniciar diálogos de paz, que el grupo irregular declare de manera unilateral e incondicional un cese total de hostilidades.

5. Por su parte, la guerrilla no acepta una tregua en estos términos por considerarla como una rendición deshonrosa en momentos en que considera que está lejos de haber sido derrotada.

6. Para el Gobierno, las conversaciones deben girar exclusivamente en torno a la desmovilización y el desarme sin incluir ningún tema relacionado con reformas políticas, económicas o institucionales.

7. Por el contrario, para la guerrilla la agenda de negociación debe incluir un amplio espectro de reformas y cambios en el país.

8. ¿Aceptará Uribe negociar con el Eln reformas políticas e institucionales, o la política económica y de recursos naturales?

9. ¿Aceptaría el Eln solamente algunos auxilios económicos para sus combatientes a cambio de su desmovilización, y echar por la borda todas sus aspiraciones políticas enarboladas durante decenios como justificación de la lucha armada?

10. No habrá conversaciones si no hay acuerdo previo sobre esos temas. Alguna de las partes tendría que dar un giro de 180 grados con respecto a sus posturas iniciales, o ambas partes cambiar radicalmente, al menos, una de sus exigencias.

11. ¿Estaría el gobierno dispuesto a aceptar un alto el fuego bilateral en momentos en que las Fuerzas Militares adelantan acciones ofensivas contra la guerrilla, en zonas donde las Farc y el Eln actúan conjuntamente? Esto implicaría que se suspendieran también las acciones contra las Farc en esas zonas, con lo cual este grupo saldría beneficiado de manera colateral y gratuita, lo que sería inaceptable para la opinión nacional y para las Fuerzas Militares.

12. El gobierno ha obtenido mucha ganancia con el solo hecho de poner a volar el globo de unas improbables negociaciones de paz, porque se está quitando de encima el señalamiento de que solo le interesan los diálogos con los paramilitares, a los que, dicen sus detractores, busca beneficiar con dichas conversaciones y con los acuerdos que de allí resulten. Incluso de cara a la posibilidad de la reelección, una nueva imagen de un Gobierno dispuesto a negociar también con la guerrilla no deja de aportarle puntos a favor.

12. La alternativa viable para que el Estado aceptara un alto el fuego bilateral sería exigir al Eln concentrar sus tropas en algunos lugares del país. Pero si el Gobierno no ha logrado esta concentración con los paramilitares después de año y medio de acercamientos, mucho menos lo podrá exigir y alcanzar con el Eln, que no estaría

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dispuesto a concentrarse, al contrario de los paramilitares que, al menos en teoría, sí están inclinados a hacerlo.

13. Si ambas partes saben que lo anterior no es posible, deberían dejar de manipular a la opinión con tanta alharaca sobre diálogos por ahora imposibles.

Rangel cae en el embrujo de los violentos del ELN, se mete inconscientemente en sus argumentos “irreconciliables” con los de la “contraparte” y concluye que no hay nada que hacer. Claro que las exigencias actuales del ELN son irreconciliables con su contraparte. Pero, ¿cuál es esa contraparte? ¿El gobierno? ¡No! La contraparte del ELN es la sociedad, la civilización, el Manifiesto de los intelectuales y periodistas, Saramago, el mundo entero que se horroriza con las muertes violentas.

¡Quienes tienen que cambiar de agenda (y hay que exigírselo) son los del ELN, no el gobierno, que es un simple mandadero de la sociedad! La sociedad habla de diálogos de paz con el Eln pensando exclusivamente en acordar un cronograma de desmovilización, desarme y reinserción, sin ningún tipo de negociación política -asunto para el cual hay escenarios naturales: las elecciones libres y el Congreso-. Por ahora el Eln rechaza de plano esta posibilidad, en buena parte porque hay tanto escéptico que les da cuerda con eso de hacer su revolución en la Convención Nacional.

Uribe ha estado haciendo solitario una cosa en la que deberían acompañarlo todos los hombres y mujeres civilizados de Colombia: recordarles a los armados que está en “tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción que (U) sostienen desde hace años”, como se los dijo el Manifiesto de 1992; o que ya “en Colombia no hay guerrillas sino bandas armadas”, como se los gritó José Saramago.

25. JUSTIFICAN LA LUCHA POLÍTICA ARMADA Puede decirse, sin exagerar, que la relativa inacción o las dudas del Estado durante el largo período de ochos años, le dieron aire e ínfulas a diversas expresiones teóricas justificativas de la lucha armada en Colombia. No digo que ese pensamiento milite necesariamente al lado de las armas. Pero sus tesis sí les vienen de perlas a los violentos. La tesis justificativa, que va en contravía del Manifiesto de los intelectuales de la izquierda y del Nóbel Saramago, supone la creencia de que existe un conflicto interno armado en el que una de las partes intenta resolver los problemas sociales y económicos de Colombia. La existencia de ese conflicto impone la

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aplicación del llamado principio de distinción. Como según esa tesis, la población “es un tercero ajeno al conflicto”, el resultado práctico es que la población queda aislada de su fuerza pública. Se matan así dos pájaros con un mismo tiro: (a) se desprotege a la población y (b) se debilita a las autoridades de policía. Con lo primero se desprestigia al Estado como “violador de los derechos humanos”, porque hay desplazamientos, masacres, secuestros, desaparecimientos. No importa que quien ejecute esos crímenes sea la “fuerza armada de oposición” o “beligerante”, porque, al fin y al cabo la responsabilidad final recae en la existencia del conflicto. Y el conflicto existe por la negativa del Estado a “aceptar una solución política negociada”. Con lo segundo, los policías –la otra fuerza “beligerante”- quedan como si fueran unos extraños, unos forasteros en los pueblos, unos invasores a los que la gente ni puede saludar ni las muchachas aceptarles piropos ni los tenderos venderles una libra de panela. En un caso como el colombiano, hasta allá llegan los efectos del principio de distinción. Es absurdo, porque nuestro estado de cosas no se parece, para nada, a una guerra civil. Según la tesis justificativa, la guerrilla y la policía son actores de un conflicto en el que los ciudadanos no tienen arte ni parte, son ajenos. ¡Que mueran los “actores”, que se maten entre ellos, pero que no toquen a los terceros no combatientes! Pongamos otra vez el ejemplo de las repetidas ‘tomas’ guerrilleras de pequeños pueblitos que ocurrían con frecuencia en el departamento de Cauca hasta agosto de 2002. Si se enfrentaban la guerrilla y la policía en Caldono, la muerte de un policía era legítima para los justificadores, siempre y cuando se hubiere producido dentro de los límites que impone el Derecho Internacional Humanitario a las fuerzas beligerantes: que no lo rematen con un tiro de gracia, que lo atiendan si está herido, que no lo torturen (aunque sí podrán ‘retenerlo’ por ser combatiente en una unidad enemiga). La tesis de Uribe, en cambio, es que cualquier enfrentamiento de la guerrilla con la policía en Caldono, es siempre un acto ilegítimo de la guerrilla contra los ciudadanos de Caldoso; un crimen contra sus vidas, sus casas, sus animales, su derecho a la tranquilidad. La policía actúa legítimamente, y su suerte y la de los ciudadanos están unidas, porque son el mismo cuerpo político y social. Su suerte es la de la Constitución, de la ley, de la bandera, del himno que todos -menos el grupo de los agresores-, respetan y aman. ¿Qué neutralidad va a caber, qué distinción, si en cualquier ataque guerrillero, por esencia, la primera víctima es el ciudadano? En las sociedades democráticas no hay neutralidad de los ciudadanos frente al delito, no hay “distinción” entre policía y ciudadanos, sino cooperación natural entre todos para evitar muertes,

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secuestros, desplazamientos; en fin, para mantener vigente el artículo segundo de la Constitución de Colombia. Dentro de unos años, cuando en la sociedad colombiana los problemas sean menos complejos, la cooperación entre población y policía se va a circunscribir a recibir denuncias porque alguien tiró papeles a la calle, masticó chicle, fumó en lugar público, o hizo sonar el pito de su carro. Secuestrar a alguien o quemar un camión en la carretera, sólo ocurrirá en las películas o en la literatura de ficción. III. CUATRO TESIS FILOSOFICO POLÍTICAS Las expresiones teóricas justificativas –inicialmente voy a esquematizar; después trataré en detalle sobre los matices-, van desde la militancia radical en la guerrilla, pasando por la neutralidad y desembocando en la crítica comprensiva. Las Cuatro tesis filosóficas y políticas justificativas, son: 1. Primera tesis: la militante. Se resume en la frase -ya citada- de Bateman, con las variables de hoy: en donde diga “estado de sitio asfixiante”, se debe decir “autoritarismo”, “guerrerismo”, “estatuto antiterrorista”. Bateman dijo: -“...en Colombia no hay democracia. El estado de sitio nos está asfixiando desde hace treinta años, los canales democráticos están, cerrados...”. Por eso, porque así piensan, están alzados en armas. 2. Segunda tesis: la de quienes no militan de frente, pero apoyan de palabra la acción guerrillera, y atacan, también de palabra, la acción del Estado. Está muy concentrada en sectores de la academia y en ONGs internacionales y nacionales. Tiene expresiones que van, desde el radicalismo extremo, hasta las asépticas aseveraciones profesorales del como que sí, como que no. 3. Tercera tesis: la de quienes definen la violencia como un conflicto interno político y social armado, y se declaran neutrales entre las dos “fuerzas beligerantes”, que son: -el Estado -representado por las entidades gubernamentales, particularmente por la fuerza pública-; y la guerrilla. -Las AUC, generalmente son definidas como miembros del Estado que, solapadamente, hacen la tarea sucia-. En este grupo de neutrales caben los que tienen cierta propensión a ver con simpatía o antipatía a uno u otro “actor”, según sean “neutrales de derecha” o “neutrales de izquierda”; y los “neutrales neutrales”, capaces de hablar del Estado y de la guerrilla, como lo hacen los médicos cuando se trata de diagnosticar enfermedades ajenas: sin tristeza ni alegría. 4. Cuarta tesis: la de las justas causas objetivas de la guerra. La exponen miembros ‘progresistas’ del mal llamado “establecimiento”, sobre todo empresarios y funcionarios, en general autodefinidos como sociedad civil. Los funcionarios entran y salen del Estado (le “prestan su servicio”) como miembros del gobierno,

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legisladores, jueces, agentes de los organismos de control o profesores en entidades públicas; pero aclaran y reconocen a cada rato, ante propios y extraños, que el Estado al que sirven sí es injusto, criminal y antidemocrático:

-Por eso “nos merecemos lo que nos pasa”, piensan. Lo que hay que hacer para redimirnos, es buscar una solución política negociada al justo levantamiento de los pobres, representados por la guerrilla. La solución es cambiar, en una negociación con los rebeldes, la actual estructura estatal, social y económica, introduciendo en la Constitución las ideas sociales y democráticas de los combatientes de la libertad y la justicia.

1. LOS MILITANTES DE OBRA Y LOS MILITANTES DE PALABRA 1- La primera tesis, la de los militantes, es clara y no requiere de más ilustración: están en armas, ¡y punto! 2. La segunda tesis es la de quienes no militan en la guerrilla, pero apoyan su acción y en cambio atacan sistemáticamente la del Estado colombiano. Unos, con cierto espíritu investigativo, desarrollan un discurso de franca simpatía por la acción política armada en los países atrasados en general, con el fin de que los pueblos logren su liberación. Su discurso se expresa en constantes declaraciones y libros. De estos podemos referenciar muchos; pero como esta obra no es una enciclopedia sobre el “conflicto” sino un ensayo ilustrativo sobre el problema, me circunscribiré a tres:

2.1. Sistemas de guerra (La economía política del conflicto en Colombia) de Nazih Richani. 2.2. Plan Colombia, Ensayos críticos, recopilación de ensayos hecha por el profesor Jairo Estrada Álvarez. 2.3. Colombia: ¡Nunca Más!, escrito y editado por miembros de Asfades, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y otras ONG.

Cuando se escribe sobre las posiciones doctrinarias con respecto al llamado Conflicto en Colombia, se corre el grave peligro de caer en el ‘macartismo’ -o, de ser malinterpretado y llegar a pensarse injustamente que quien habla es ‘macartista’-. Alguien puede decir, por ejemplo:

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- “En su obra, Sistemas de guerra (La economía política del conflicto en Colombia), Richani no oculta su simpatía por la lucha reivindicativa de las FARC-EP y del ELN”.

Eso suena a acusación peligrosa o a censura. Pero efectivamente ¡ese autor es pro FARC y pro ELN! Quien lo dice es el profesor de la Universidad de los Andes, Álvaro Camacho Guizado, vacunado desde siempre contra el ‘macartismo’. Por lo demás, la afirmación no parece fastidiar para nada a Richani, puesto que aparece en el prólogo a su libro de la edición en español de marzo de 2003. El autor estuvo en Colombia entre 1994 y 2002. Su trabajo fue enjundioso; recogió información en el terreno y entrevistó a más de 200 personas -de lo más representativo de la sociedad colombiana-. Su tesis central es esta:

- “Un sistema de guerra se forma bajo tres condiciones clave, todas presentes en Colombia: (a) el fracaso de las instituciones, de los canales y de los mecanismos políticos prevalecientes para mediar, arbitrar o tramitar conflictos entre grupos sociales y políticos antagónicos; (b) el nivel de éxito de los antagonistas para adaptarse al conflicto mediante el establecimiento de una “economía política positiva”; y (c) un equilibrio de fuerzas entre los grupos o actores en conflicto que resulta en un impase cómodo”.

Como se entenderá fácilmente, Richani dice -en lenguaje elevado- lo mismo que en lenguaje llano y para el grueso público, predicaron el ex candidato Serpa y el ministro de defensa Echeverri (exponentes de la cuarta tesis). Richani, en las 290 páginas de su texto insiste, tercamente, en queU

- “las instituciones colombianas son incapaces de tramitar el conflicto social”. Los “actores”: fuerza pública, guerrillas y paramilitares, están adaptadas a la situación de guerra. Como hay un equilibrio de fuerzas, nadie “está en capacidad de establecer una hegemonía”.

La ausencia de voluntad de poder de los propios detentadores del poder, sumidos como estaban en el derrotismo, el ‘apaciguacionismo’, en la difusión de la cuarta tesis, y en el clientelismo; su decisión no confesada de ir retirando la presencia de la fuerza pública de más y más regiones, hizo creer a Richani que se estaba dando unaU

- “Consolidación victoriosa de su poder (de la guerrilla) en zonas locales, en donde pudo lograr una base importante para la lucha armada”.

El autor calculó en 255 los municipios en los que la guerrilla teníaU

- “un alto grado de autoridad”, porque, “en lugar de tomar el poder político mediante la toma de los aparatos e instituciones del Estado central,

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decidieron deconstruir el poder del Estado en pueblos y municipios, y desde ahí ascender”.

Mientras que el gobierno habló de su proceso de paz con las FARC; los simpatizantes de las FARC, como Richani, calificaban el asunto como un gran éxito de guerra, no de paz. Estaban utilizando la generosidad del gobierno en Colombia, no para construir la paz sino para aprovechar sus ganas (del gobierno) de una paz fácil, sin esfuerzos y sacrificios militares, para avanzar ellos y derrotar al gobierno:

- “El éxito de las FARC al obtener del Estado una zona desmilitarizada de 42

mil kilómetros cuadrados (dos veces el tamaño de El Salvador) (U) ha logrado que este grupo se aproxime más que nunca al logro de su proclamado estatus de beligerancia, acelerando así su proceso de construcción estatal”.

En las circunstancias de hoy (enero de 2005) decir lo que dijo un autor como Richani, sonaría a enajenación mental. La política de seguridad democrática desbarató en pocos meses cualquier creencia sobre la inminente destrucción del Estado colombiano, o que las FARC eran un Estado en construcción, o que eran imbatibles. Pero en 1997 eso era lo que creía, pensaba, aceptaba y predicaba casi todo el mundo. Era normal que coincidieran en sus declaraciones los representantes de cada una de las cuatro tesis justificadoras, con la propaganda de las FARC. Hagamos grafica la idea comparando lo dicho por Richani (exponente de la segunda tesis) con lo que pensaba y decía la doctora Cecilia López, ministra de Agricultura (representante de la cuarta tesis). Comparemos: Richani:

-“Los grupos guerrilleros responden a los fracasos del Estado para mitigar los conflictos rurales y llenan un vacío hegemónico dejado por el Estado. Estos grupos lograron, con relativa facilidad, establecer su hegemonía en partes del país durante prácticamente dos décadas. En muchos casos, coexistieron con una presencia mínima del estado, por ejemplo una estación de policía, con el entendimiento de que la guerrilla detentaba el poder”.

Ministra de Agricultura: (palabras pronunciadas en un debate con Rudolf Hommes, trasmitido el domingo 2 de septiembre de 1996 por RCN, y en otras declaraciones que merecieron amplio espacio en los periódicos). Dijo, palabras más, palabras menos:

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- En Colombia hay dos fuerzas enfrentadas en el campo: la guerrilla y los paramilitares. La primera es el ejército de los pobres, la segunda el de los ricos. El sector financiero es enemigo del campo y de los campesinos. El Banco les niega créditos a los campesinos alegando que no es entidad de beneficencia, mientras que la guerrilla les presta plata con intereses dos puntos por debajo de los bancarios y con plazos superiores.

Como se puede ver, los aspaviento de las FARC sobre su presunto carácter de Estado en formación (recordar a Simón Trinidad –representante de la primera tesis- en una declaración que mereció inmenso despliegue nacional e internacional), tenían un amplio respaldo entre los intelectuales y analistas -de adentro y de afuera, representantes de la segunda y la tercera tesis-, y eran tomados en serio por la clase política colombiana (cuarta tesis). Richani sintetizó magistralmente lo que se pensaba y se decía:

- “A finales de 1998, el Estado aceptó la desmilitarización de esta zona para llevar a cabo los diálogos de paz con las FARC. La incesante exigencia de las FARC por una zona desmilitarizada desde la pérdida de Casa Verde (1990 - Meta) finalmente dio fruto. Este es indudablemente el punto culminante de los 40 años de combate de las FARC, lo que confirma nuestro análisis de que la lucha de las FARC por consolidar su control en una serie de departamentos cae dentro de su proyecto de construcción estatal”.

Como los aprendices de brujo, las fuerzas externas (de la segunda y la tercera tesis) que desataron las ideas derrotistas en el seno de varios gobiernos colombianos (los de la cuarta tesis), tomaron proporciones monstruosas entre 1994 y 2002. Richani lo deja entrever en su libro:

- “El autoproclamado estatus de beligerancia ganó espacio, como el caso de la carta de los 25 intelectuales europeos, hombres políticos y activistas (unos de la segunda, otros de la tercera tesis) que solicitaron al presidente Pastrana el reconocimiento de beligerancia para las FARC, así como el caso de Venezuela, que ha considerado esta acción sin ratificarla oficialmente”.

Como puede deducirse de las tesis de Richani, el proceso de paz del gobierno entre 1998 y 2002, fue un triunfo político de las FARC (traducido en que lograron generalizar la creencia en la segunda, tercera y cuarta tesis) y llevaron a la mayoría de los colombianos a apoyar la política derrotista, a hacer que casi todo el mundo se comprometiera con ella.

En su Pleno de abril de 2000, el Estado Mayor hizo aspavientos sobre sus éxitos:

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- “Felicita a los guerrilleros, a los milicianos y a los integrantes del partido clandestino que están forjando la Nueva Colombia (por llegar) a este Pleno con unas FARC fortalecidas en lo político y lo militar. La zona de despeje, la mesa de diálogo, la lucha por el canje de prisioneros de guerra, la gira europea por la beligerancia, las audiencias públicas como instrumento de lucha de los colombianos, las importantes entrevistas sostenidas con ex presidentes, parlamentarios de diversos países, empresarios, Naciones Unidas etc., son una gran conquista política de las FARC-EP que le otorgan en la práctica el status de fuerza beligerante. En este período hemos realizado grandes acciones militares exitosas que han contribuido a forjar conciencia entre la población que ya identifica a las FARC-EP como una real alternativa de cambio y de poder”.

El proceso de paz fue para decirlo de alguna manera, un proceso que visto desde la perspectiva de las FARC, se apoyaba en la teoría. En cambio los apaciguadores, los inmersos en las tesis tres y cuatro, los predicadores de la salida negociada unilateral, tenían ganas, amor a la paz, sentimiento humanitario, pero no tenían teoría. Y sin teoría revolucionaria o contrarrevolucionaria, no puede haber proceso revolucionario ni contrarrevolucionario ni pacificador.

Curiosamente no es mucho lo que se avanza en evaluación y crítica de aquel “proceso de paz”. Quienes lo apoyaron no quisieran autoflagelarse o detestan la autocrítica. Los pocos que lo contradijeron, y hoy son gobierno, tampoco se han puesto en el plan de ir por ahí molestando a los apaciguadores, puesto que su propia estrategia de seguridad democrática tiene mil escollos qué sortear; o, incluso, porque muchos ‘apaciguadores’ de ayer, colaboran hoy con el gobierno de la seguridad democrática.

Otro efecto político de la militancia en una de las tesis justificadoras, es que no se veía a las FARC desde la perspectiva de su carácter de organización nacida en la época de la guerra fría, y último reducto del fundamentalismo marxista en el mundo. Por eso se creía que la “salida negociada” con las Farc estaba de un cacho, como llegó a decir Juan Manuel Santos en 1997. Cuando alguien respondía: -¡no hay tal!, le llovían toneladas de papel y nubes de microondas para apabullarlo.

La doctrina de la existencia de “factores objetivos” causantes de la violencia, compartida por un amplio espectro de personas que van desde Richani (segunda tesis) hasta una ministra de Agricultura (cuarta tesis), generó entre los colombianos de todos los estratos un sentimiento de culpa que puso a creer al país que si sonaba un balazo revolucionario, los empresarios lo habían disparado, por su malhadada costumbre de ganar plata con el sudor del pobre. Muchos extranjeros, ONG, embajadas, etcétera (tercera tesis), miraban acusadores a la elite colombiana, como se mira al muchacho que armó un tierrero con sus metidas de pata. Lo descalificaban por la mala administración de los asuntos sociales que

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había hecho generar las “respuestas sociales armadas” (con lo que iba creciendo la audiencia de la cuarta tesis).

Comenzó, entonces, la competencia de ofertas para la redención:

- “La acción del Estado se concentrará en las causas objetivas de la violencia: la pobreza y la inequitativa distribución del ingreso”, dijo Andrés Pastrana (cuarta tesis).

El desborde de la criminalidad se definió como una “guerra civil” y con cierto desparpajo se le informó a Colombia que estaba perdida. No sobra repetir la frase del candidato Serpa (cuarta tesis):

- “La paz nace del convencimiento de que nadie tiene la victoria militar (...). El conflicto no tiene vencedores a la vista”.

Las condiciones políticas de la campaña de 1998 estaban que ni mandadas a hacer para que ambos candidatos, eximios exponentes de la cuarta tesis, doctores Serpa o Pastrana, dieran el paso para buscar una unilateral “salida negociada”. Pastrana ganó de mano con la intermediación de Álvaro Leyva, en un episodio que se narra con todo detalle en el mencionado libro de Edgar Téllez, Óscar Montes y Jorge Lesmes, Diario íntimo de un fracaso (historia no conocida del proceso de paz con las FARC).

Elegido presidente, el doctor Pastrana persistió en su azarosa línea de la cuarta tesis, hasta el punto de ir a buscar a los guerrilleros.

- “El presidente debe negociar directamente con la guerrilla. Lo demás es retórica vacía”, dijo en la televisión.

El paso del presidente electo y de sus asesores era de un voluntarismo increíble y la respuesta de las FARC fue astuta y soberbia. El gobierno y la mayoría de la opinión creían en la existencia de unos guerrilleros buenos -pero incomprendidos- como los describía el Alto Comisionado, Víctor G. Ricardo. Las Farc, como lo demuestra el libro de Richani y se desprende de la propia literatura fariana –que estaba a la mano en el internet- eran una organización totalmente arraigada en la vieja ideología marxista. Ninguna señal indicaba que renunciarían a ganar el poder y que oirían los discursos humanitarios que les predicaban los representantes de la tercera y cuarta tesis, que palabras más, palabras menos, decía así:

- ¡Arrepiéntanse!, ¡no sigan practicando sus métodos brutales! ¡Distingan entre la población - a la que no deben tocar mientras se mantenga neutral-; y los policías y soldados, a quienes pueden matar, eso sí, siempre y cuando sea dentro de acciones de combate!

Sin Estado –repitamos a Hobbes- la vida del hombre es triste, solitaria, sórdida, bestial y breve. Así fue la vida en el Caguán. De la zona de despeje creada por el

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gobierno, las FARC echaron a cualquiera que representara al Estado, a la Constitución, a la ley, al himno y a la bandera colombiana. Impusieron condiciones de vida y de relaciones sociales parecidas a las Polpotianas. Construyeron campos de concentración, regresaron a normas y costumbres premodernas como los impuestos confiscatorios, prisión por deudas, delitos sin tipo penal predefinido, muerte o destierro por comportamientos contrarios a la moral fariana.

Ningún representante de una de las cuatro tesis: ni Richani (el libro terminó de componerlo en 2003) ni la ex ministra ni ninguno de los millares de intervinientes en las audiencias públicas convocadas en Caguán, protestaron. Al contrario, el mundo los visitaba, les hablaba a los comandantes de poesía; se hacían transmisiones de ‘farianismo’ en vivo y en directo.

El escenario político colombiano durante el período 1994 – 2002, fue alucinante. Se habló de progresistas, “partidarios de la negociación política”, miembros de la “sociedad civil” y “demócratas” (segunda, tercera y cuarta tesis). Los demás quedaron condenados a ir al averno del desprecio por ser derechistas y “guerreristas”.

- “Soy demócrata con sentido de autoridad y capitalista con vocación social. No soy de extrema derecha, pero tampoco de extrema flojera”.

Así se pronunció el candidato Uribe, único dirigente nacional que se atrevió a nadar contra la corriente y no quiso degustar la miel pacifista. Curiosamente, a pesar de que su discurso era sosegado y racional, a Uribe le llovieron bombas de fuego verbales y materiales. A su idea elemental de que sin cooperación ciudadana no puede haber seguridad, la llamaron ‘paramilitarismo’. A predicar el ejercicio firme de la autoridad, lo catalogaron de ‘fascismo’. Uribe nunca fue condescendiente con el proceso de paz a la manera del Caguán porque sabía que el monopolio de la fuerza no es negociable. Tampoco creyó que hubiese un “conflicto social” que justificara la violencia, porque sabía que la democracia es la única arma que resuelve conflictos. Él decía que para que hubiera diálogos serios y útiles debía haber examen de conciencia de los negociadores guerrilleros, contrición de corazón, confesión de boca, satisfacción de obra y aceptación de la penitencia impuesta por la sociedad, representada por el Estado.

Uribe representaba una concepción diametralmente contraria a la que se entronizó en el discurso político entre 1994 y 2002. Insistentemente afirmó:

- No existe en nuestros países un conflicto social que justifique el uso de la violencia para obtener resultados políticos. Los canales democráticos han sido abiertos para la expresión libre de todas las reivindicaciones sociales.

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Y repitió a todo aquel que quiso oírlo:

- La violencia empobrece cada vez más a la población, ahuyenta la inversión, estanca el crecimiento económico, distrae recursos valiosos y nos impide superar la condición de país rezagado en lo económico y social.

28. EL MOVIMIENTO INSURGENTE ES UNA FUERZA DE OPOSICIÓN La tesis del presidente es diametralmente contraria a las que se expresan en el segundo libro representativo de la segunda tesis:

- Plan Colombia, Ensayos críticos. En él, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, doctor Jairo Estrada Álvarez, resume lo que piensa (¿pensaba?) un importante sector de la intelectualidad colombiana hasta 2002. En su ensayo Elementos de Economía Política, dijo:

- “Junto a sectores importantes del movimiento social y sindical y a reductos democráticos y de izquierda legales, el movimiento insurgente colombiano representa una fuerza de oposición política y militar del mayor significado”.

Descreyendo de las tesis del Manifiesto de los intelectuales y periodistas (1992); totalmente inmerso en la doctrina de la existencia de causas sociales y económicas que justifican -mejor, obligan- a levantarse en armas a quienes quieran hacer oposición en Colombia (primera y segunda tesis), Estrada previene contra el engaño gringo, tendiente a “poner paños de agua tibia” o para evitar las reformas que sí harán los para él admirados “opositores político-militares”:

- “El Plan Colombia cumplirá (U) una función disuasiva de la protesta social”.

Curiosamente, en el colmo de la falta de sindéresis, el profesor -eminente intelectual al servicio de la principal universidad pública de Colombia y editor de un libro con 367 páginas de argumentos contra el Plan Colombia, impreso, por lo demás, en una editorial del propio Estado colombiano-, asegura en su ensayo que quien se oponga a ese plan malvado, va a ser mandado a la luna por los gringos y sus cipayos colombianos:

- “En un escenario de profundización de la guerra, confrontar el Plan se propondría como una forma de apoyo a la insurgencia armada, lo cual colocaría a amplios sectores sociales y políticos como quintacolumnistas de la guerrilla y, de paso, en objetivos de las fuerzas del paramilitarismo”.

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El tercer libro representativo de la segunda tesis es:

- Colombia, ¡Nunca Más! Sus autores, miembros de Asfades, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y otras ONG, hacen un canto a la persistencia de las FARC y el ELN en la lucha armada. Primero describen las organizaciones insurgentes y el trasfondo del Conflicto:

- Son la consecuencia de tener un modelo “generador de violencia”.

Con estadísticas facilitadas por el DANE sobre tenencia de la tierra o desempleo -que en cualquier otro país sirven como respaldo para argumentar en la discusión parlamentaria o en las campañas políticas-, las ONG determinaron que ahí está la prueba de que Colombia está condenada a tener gente agazapada en el campo hasta cuando les llegue la hora de gobernar. Las ONG signatarias del libro, definen al Estado colombiano como “actor violento” y, en contravía con el Manifiesto de los intelectuales y periodistas de la izquierda, se explayan en esta curiosa descripción justificativa del accionar violento del actor bueno (la guerrilla):

- “Frente a un levantamiento en armas por parte de grupos que reclaman cambios fundamentales en las estructuras económicas, sociales y políticas, para satisfacer en niveles básicos las necesidades elementales de la población, un Estado tiene dos alternativas: un tratamiento político negociado para buscar soluciones a los reclamos justos, o un tratamiento militar para exterminar la rebelión”.

No hay que ser muy inteligente para llegar a la comparación: la bondad de los propósitos altruistas de los rebeldes versus la acción de un Estado ilegítimo, que es, por esencia, opresor y explotador del pueblo rebelde.

- “La opción fundamental del Estado colombiano ha sido claramente la segunda, pero no reduciendo la acción de exterminio a los alzados en armas sino llevándola a amplias capas de población civil desarmada, que caen o podrían caer bajo áreas de influjo territorial o ideológico de los combatientes”.

Esa fantasía de un Estado y un gobierno perseguidor y un pueblo perseguido, al chocar contra realidades como las elecciones, la vida cotidiana de las gentes, y las encuestas favorables al gobierno y a las fuerzas militares, es lo que les lleva a quejarse de que en Colombia todo el mundo consumió burundanga, que aquí hay

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un “embrujo autoritario”. Y, como en el interior poco les hacen caso, van al exterior y crean un frente de oposición internacional contra el gobierno embrujador y el Estado ilegítimo. Como puede deducirse, los autores de Colombia, ¡Nunca Más!, parten de definir como legítimo el levantamiento armado o rebelión. Y la lucha por un “programa de cambios fundamentales en las estructuras”, es la explicación y causa del levantamiento. Es decir, se quedan en la etapa premoderna de la política, aquella en la que los logros políticos (sus logros, aclarémoslo, aunque ellos den por descontado que todos o la mayoría de los colombianos quisieran lo que ellos quieren), se conseguirán por la razón o la fuerza. Los autores presuponen que son la representación de la sociedad o, por lo menos, la representación de los pobres, aunque sus propuestas nunca hayan sido sometidas a la criba de una campaña política, al veredicto de las urnas, al proceso dialéctico que demuestre que representan a la mayoría. Los autores de Colombia, Nunca Más, están vacunados contra el trabajo de perseguir democráticamente el poder político. Por eso, el libro descalifica los procesos de paz del Frente Farabundo Martí, los Tupamaros y nuestros EPL, CRS y M-19:

- “Sólo han llegado a un cierto término aquellos que se han reducido a la negociación de una desmovilización de los combatientes (U) han fracasado rotundamente aquellos (procesos) en que se ponen sobre la mesa los más agudos problemas socioeconómicos o políticos”.

Un aspecto relevante, o por lo menos curioso, de las declaraciones del grupo de la segunda tesis es que sus puntos de vista sean sistemáticamente reproducidos en los comunicados de la guerrilla (como originales de ella, como propios de la guerrilla). Si alguien les hace notar ese hecho evidente, se vienen con una andanada asustadora: ¡Usted nos va a hacer matar de los asesinos a sueldo del gobierno! ¡Usted es un macartista y perseguidor de los defensores de los derechos humanos! Dejemos entonces a la consideración y buen criterio del lector la comparación del punto de vista de Asfades, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y de las otras ONG que se hicieron tan famosas con su libro El Embrujo autoritario, con lo dicho (palabras más, palabras menos) por el ELN en un comunicado del 18 de noviembre de 2004:

- Las desmovilizaciones de guerrilleros de finales de los 80 y principios de los 90 dejaron intactas las estructuras del país. Pensar hoy en una posibilidad real de solución política implica tener la certeza de que este círculo vicioso no se vuelva a repetir, que sería ingenuo que la guerrilla de

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hoy repitiese los caminos equivocados de ayer. Una solución política solo será posible si se dan transformaciones sociales, económicas y políticas.

Por las transcripciones hechas, queda demostrado que no es macartismo o persecución injusta decir que la segunda tesis impera en ciertos círculos intelectuales en Colombia, y que alimenta y justifica el discurso de la guerrilla (primera tesis) para inducirla a que persista en su ejercicio de la violencia. Pero además de las tesis justificadoras que se expresan en los libros densos y sesudos que he reseñado, hay también corrientes sentimentales y espontáneas, o militantes marxistas internacionales, que expresan la segunda tesis de una manera menos elevada. Hay voces tontarronas o con malicia criminal, según sea el caso. Los ejemplos son muchos y sería infinito un libro que quisiera contenerlos a todos. Utilizaré, entonces, sólo dos, que ilustran cómo actúan políticamente los seguidores de la segunda tesis, y cómo, además, encubren su militancia miliciana y violatoria de los derechos de los colombianos dentro del brillante y bello empaque de la predicación del respeto de los derechos humanos. 29. LAS ACTAS DEL COMITÉ El primer ejemplo es el que llamaremos Las actas del Comité. Se trata de la programación del saboteo a la presencia del presidente de Colombia en algunos foros europeos durante su visita oficial en 2004. En una circular que se difundió profusamente en forma de acta de la reunión contra la visita de Uribe y para organizarle un recibimiento hostil (este fue el resumen de sus deliberaciones y de las conclusiones):

1. Hay que evitar la situación que se presentó con una anterior visita de Santos (el vicepresidente). No se puede perder la iniciativa. Hay que impedir una caracterización distinta a que Colombia tiene un régimen de terror que defiende los intereses de la una oligarquía insaciable.

2. Se debe trabajar con la prensa y los Eurodiputados amigos para mantener la imagen de Uribe como lo que es: Presidente Narco-Terrorista, de extrema-derecha, cuya política se basa en la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, la extensión de la guerra (campesinos-soldados, 1 millón de informantes civiles, etcétera) y sobre el exterminio físico del movimiento social.

3. Demostrar la manipulación de las encuestas, para crear la sensación de apoyo popular al gobierno y de rechazo a las organizaciones armadas del pueblo.

4. Darle mucha difusión a las cifras de CIOLS: en 2002, de 312 sindicalistas asesinados en el mundo entero, 280 lo fueron en la sola Colombia. Cada año, bajo el gobierno del fascista Uribe, 300 mil campesinos son

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expulsados de sus tierras por medio del terror y las masacres hechas por grupos paramilitares apoyados por el ejército.

5. Empezar, tan pronto sea posible, el intercambio de ideas y de iniciativas. Se trata de hacer expresión de movimientos, comités, ONG’s, un sector amplio, crítico de la política de Uribe.

6. Ser muy cuidadosos en que no se mezcle para nada lo que hagamos, con las opiniones de las FARC. Que lo nuestro sea independiente. Tenemos que tomar medidas para identificarnos claramente como diferentes, sin caer tampoco en frases que deslegitimen la justicia de la lucha armada.

7. Se propone presentarnos ante los diputados y la prensa como simples suministradores de información. No hay necesidad de tomar partido de manera muy evidente, porque la situación de por sí se está volviendo peligrosa por la declaración de terroristas de las organizaciones de oposición armada.

8. Tener en cuenta que en Estrasburgo, el grupo socialista hizo la propuesta de una visita de Uribe en el pleno, sesión solemne, no contradictoria.

9. En el Parlamento europeo, debemos proponer una reunión presidida por diputados de diversos grupos políticos, abierta a todos los diputados, y a las ONG's, de análisis crítico del Gobierno de Uribe, y con presencia de las ONG’s, organizaciones, etcétera, en el que podemos darle una paliza política.

10. Podemos invitar a oradores colombianos ajenos a las FARC y al ELN, pero que demuestren el carácter sanguinario del régimen de Uribe. Se propuso que se añada a la hija de Ingrid Betancur, y se vio muy positivo.

11. Se discutió sobre un símbolo para usar en la manifestación. Unos propusieron máscara blanca, otros, bufandas negras, Finalmente todos convienen que sería mejor escoger la bufanda blanca, en signo de anhelo de paz y de derechos humanos, por un cambio de la política gubernamental y de respeto por los derechos de la oposición armada.

13. Todos convienen que son imprescindibles tres acciones: A. Un dossier corto y contundente para distribuir a los periodistas y a los parlamentarios. Se propone una pequeña carta introductoria subrayando los 5 puntos claves, y luego, 5 fichas de una página sobre:

- Desplazados y política agraria: demostrar que el desplazamiento se produce por la concentración de tierra que pretenden los terratenientes. Las FARC luchan por defender a los campesinos, pero el ejército y los paramilitares han desatado una campaña de terror en los campos. La base campesina apoya a las FARC.

- Defensores de los DD.HH: demostrar que no se les da garantías. Que se persigue su derecho a opinar y a denunciar, y que muchos han tenido que asilarse.

- Sindicalistas perseguidos. - Guerra, seguridad democrática. Demostrar la falsedad sobre las cifras

de homicidios, secuestros y sapos.

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- Acuerdos de paz, acuerdos humanitarios. Dar la pelea para que salgan de las cárceles los compañeros presos.

- El dossier se debe concluir con las demandas: esencialmente nada de apoyo y de cooperación de la UE, si no se cumple con los pedidos de Londres, de las N.U. en materia de DD.HH. Desmentir los informes sobre avances en ese campo. Combatir el Plan Colombia como política norteamericana, contraria a los intereses europeos.

- Con el dossier se propone distribuir una bufanda blanca, para ponerse en el marco de la visita.

B. Concentración de gente durante la visita en Estrasburgo:

- Se propone en principio hacer una presencia en Estrasburgo, en la mañana del 10 de febrero, a la llegada de los diputados.

- Va a haber buena cantidad de bufandas blancas para que nos pongamos.

- Hacer pintas críticas sobre la política del gobierno, y a favor de la paz, democracia, DD.HH.

- Reservar alojamientos con anticipación.

C. Hacer una carta que puede firmar mucha gente, personalidades, organizaciones, que sea dirigida a Uribe, y hecha pública. 30. LA INEFABLE SEÑORITA CRISTINE EN LA W. El segundo ejemplo complementa al primero. Fue un episodio que nos permitió ver en plena acción a una especie de “señora de la guerra”, a la directora de la asociación danesa Rebelión que en octubre de 2004 hizo una colecta para enviar ocho mil quinientos dólares a las FARC.

La líder de Rebelión, Cristine Lunga, habló desde Copenhague. Su voz era dulce, suave. Los periodistas de la W – Radio, dirigidos por Julio Sánchez Cristo, nunca imaginaron lo que les iba a llegar detrás de aquella dulzura. Pocas veces tuvieron que emplearse más a fondo y estar más despabilados. El papel protagónico lo tuvieron Sánchez Cristo y Félix De Bedout, pero hubo un gran elenco de actores de reparto. La entrevista terminó con un enfrentamiento dramático entre De Bedout y la ilustre europea, amiga y patrocinadora de las FARC:

- Somos una asociación muy nueva, comenzó diciendo ella. Creo que tenemos más o menos 600 miembros individuales que acaban de mandar fondos económicos a las Farc igual que al OLP de Palestina.

Julio Sánchez preguntó por qué una asociación danesa apoyaba un movimiento irregular en Colombia, incluido en la lista de organizaciones terroristas.

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- Tomamos este paso de mandar fondos económicos a las Farc, dijo, para protestar por que se criminalice como terrorismo cualquier tipo de oposición. Frente a un conflicto armado como el colombiano, está claro que la parte terrorista es la que intenta evitar una solución política democrática. El régimen colombiano, el Estado colombiano y sus escuadrones de muerte, como lo han comprobado organismos como Amnistía Internacional, tienen nexos con los paramilitares.

- Y, ¿Usted no supo que las Farc pusieron una bomba en el club El Nogal?, le preguntó Félix De Bedout.

- Ese evento en El Nogal no se comprobó que fue de las Farc. Aquí en Dinamarca, hablando de las FARC, siempre hacemos el paralelo a la lucha de la resistencia durante la ocupación nazi. La situación se puede comparar con la de Sudáfrica, también. Llamaban terrorista a Mandela, aunque la historia demuestra que era un luchador de libertad. - Pero vamos a algo específico, ¿ustedes reconocen que las Farc tienen secuestradas en este momento a cientos de personas?

- Sí. Yo sé que las Farc tienen varias personas en su poder para poder empezar un nuevo diálogo con el Gobierno, con un canje de prisioneros. Si un régimen y parte de la comunidad internacional denuncian como terrorista a la fuerza de oposición más fuerte de un país, y cierra el camino al diálogo porque están en la lista de terroristas, están evitando cualquier solución política al conflicto. Sólo queda el deseo de eliminar militarmente al enemigo, y es eso lo que intenta hacer el régimen de Colombia.

Nosotros estamos trabajando por la paz. Estamos con todo el movimiento de paz, trabajamos, luchamos juntos con el movimiento sindical, igual que el movimiento campesino en Colombia. Es muy importante trabajar por la paz, por el diálogo. Somos una organización que trabaja por el diálogo, la democracia y la justicia social; y son los mismos objetivos que tiene una organización como las Farc, que está luchando contra un régimen ilegítimo, contra un dictador de Colombia como lo vemos nosotros.

Los periodistas no podían creer.

- A ver Cristine -le dijeron, intentando ser pacientes-. De pronto estamos viviendo en un país distinto al que usted conoce. ¿Cuáles son las políticas que tienen las Farc sobre el terrorismo?, ¿nos las podría explicar?

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Cristine seguía Impávida; como si hablara de las actividades de un grupo de hermanas de la caridad, como si quisiera abrirles los ojos a unos periodistas miopes:

- Las Farc siempre dirigen sus acciones a objetivos militares, siguiendo la legislación internacional sobre la guerra. Lo que es horrible en el conflicto colombiano es que el gobierno dirige sus acciones militares, sus asesinos, a toda la población. No distingue si es un campesino humilde, si es un militar, si es un estudiante que sólo quiere mejorar las condiciones en su universidad. Eso es muy grave. Es muy importante empezar un debate más profundo de cómo puede la comunidad internacional seguir apoyando a un régimen como el colombiano.

- ¿Usted considera que el secuestro es un medio válido de lucha?

- No, el secuestro no. Lo que hacen las Farc es tomar presos a gentes para cambiarlos en un canje de prisioneros. Yo sé que hay sectores muy importantes, muy grandes de la sociedad colombiana, que están de acuerdo en que el gobierno colombiano inicie un diálogo basado en un canje de prisioneros.

Los periodistas, asombrados ante tal estulticia -o tanta maldad-, y como queriendo comprobar si había ignorancia supina o más bien militancia en el repetido discurso alucinado sobre la tiranía política en Colombia, le dijeron:

-¿Usted está al tanto de que Colombia es un Estado de derecho, una democracia? Usted habla de que las Farc son un movimiento de oposición, pero le cuento por si no lo sabe, que en Colombia la oposición se llaman Partido Liberal y Polo Democrático. Las Farc por el contrario son un grupo al margen de la ley dedicado al narcotráfico en Colombia. Lo que ellos hacen se llama secuestro; es un grupo que no respeta las convenciones de Ginebra. La invitaría a que esté más al tanto de lo que es el verdadero sentir de los colombianos con respecto a lo que son las Farc.

- Bueno, respondió la terca Cristine, aparentemente existen al mismo tiempo varias realidades en Colombia. Lo que dice usted ahora, me parece muy similar a lo que decía el régimen de apartheid en Sudáfrica: llamaba terrorista a toda la oposición.

Algunos de los periodistas comenzaron a embejucarse. Cambiaron el Cristine a secas por un distante doña:

- Doña Cristine, mi compañero en Nueva York no le quiso decir eso. Lo que le dice es que en Colombia hay una oposición establecida, es decir, que

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dentro del régimen democrático existen movimientos de oposición, movimientos políticos que tienen personería jurídica.

¡Nada! ¡Era como hablarle a una tapia! Los periodistas estaban viviendo una experiencia igual a las que ha tenido que vivir el presidente Uribe en sus visitas al exterior: que cuando intenta dialogar con las Cristines, todo lo se les dice les entra por un oído y les sale por el otro. La danesa, entonces, volvió a la carga con el discurso aprendido a los delegados internacionales de las FARC:

- Usted menciona al Partido Liberal. Según yo sé, esos dos partidos tradicionales han mantenido un acuerdo durante muchos años que no deja a ninguna oposición política entrar en el sistema político.

Ya no había periodistas al otro lado. Lo que había era gente con rabia. La misma que, por ejemplo, sintió el Capitán Amaya, Jefe de la Casa Militar de Palacio en Berlín, cuando quiso atender una indicación del presidente, y fue a donde estaban unas activistas alemanas de la campaña ¡Stop Uribe!:

- Que si por favor se acercan; que el señor presidente Uribe quiere oírlas.

Con gesto de odio sectario, las muchachas redoblaron su griterio:

- ¡Asesino! ¡H.P! El capitán, manteniendo una apariencia de calma, pero consciente de que ni el presidente ni los otros miembros de la comitiva y de la seguridad lo alcanzarían a oír, muy quedo, como insultando a una novia en el cine, les dijo:

- ¡Más h.p. son ustedes, váyanse a la mU! Y regresó a donde estaba el presidente:

- ¿Qué dijeron, capitán? - Que no, señor presidente, que muchas gracias, mintió piadosamente el

capitán. Pero regresemos a la entrevista de la W - Radio:

- Usted está absolutamente equivocada, le dijo el periodista a doña Cristine. El alcalde de Bogotá, el segundo cargo más importante del país, es hoy un representante de la izquierda; un líder sindical que es después del presidente Uribe el hombre más popular en Colombia. Se llama Luis Eduardo Garzón. Y pertenece a un partido que no es ni el liberal ni el conservador, es un partido

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independiente que se llama Polo Democrático. ¿Por qué se le olvida nombrarlo cuando hace el balance de cómo funciona la política en Colombia?

- Porque su partido político tiene muy poco poder todavía. Y el sistema de Colombia ha sido denunciado muchas, muchas veces, por organismos internacionales por los nexos con ciertos escuadrones de la muerte.

Los periodistas echaban chispas y se quitaban la palabra. Lo que había comenzado como entrevista estaba terminando en Foro. Alguien, con el mismo tono ofendido del presidente cuando se echó el discurso sobre el libro de las ONG, El Embrujo autoritario, le dijo a la danesa:

- ¿No le parece un paso importante el que ha sucedido con el Polo Democrático? Hay un candidato presidencial que fue militante de la guerrilla, Antonio Navarro, que dejó las armas, dejó la guerrilla, se desmovilizó, que hoy tiene un partido político, que es una opción presidencial dentro de la democracia y la institucionalidad, en cambio de estar disparando en el monte o recibiendo financiaciones de organizaciones como la suya.

- Yo respeto mucho al Polo Democrático.

- ¡No parece!

- Sí, yo respeto mucho, pero hay que reconocer que en Colombia el espacio político para hacer oposición, para hacer trabajo político, igual que para hacer trabajo sindical, trabajo como mujer, trabajo en el campo, está muy, muy limitado, muy limitado. Así tan limitado, que Colombia no se puede llamar una democracia. Llamar a Colombia una democracia sería una falla.

En la batahola que se formó entre los periodistas, todos querían revirar. Desde alguna ciudad del mundo, uno dijo:

- Yo también tengo como muchas preguntas que me vienen a la cabeza, y van en el sentido de mis colegas periodistas que están en muchos lugares del mundo en donde nos están escuchando. Yo quiero saberU ¿cuántos de estos generosos donantes han estado en Colombia, y no solamente han hablado con las víctimas del Club El Nogal, sino también con los pobladores de Machuca, de Bojayá? Son ciudadanos colombianos que se preguntan, ¿en nombre de cuál pueblo estas personas están destruyendo pueblos?, ¿cuántos de ustedes han ido a Colombia?, ¿cuántas veces y con cuántas personas de la población civil han hablado?

- Varios de nosotros hemos estado en Colombia. Ahora un grupo de Dinamarca está viendo la posibilidad de montar una delegación sindical

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para ir a visitar Colombia, para ellos ir a visitar a sus compañeros en el trabajo sindical en Colombia. Sabiendo que los sindicalistas en Colombia son los que tienen las condiciones de trabajo más difíciles en todo el mundo, que el Estado colombiano es el país del mundo donde periodistas y sindicalistas se asesinan más; la cantidad de periodistas y de sindicalistas que mueren por causas políticas cada año es muy grave.

Así como la Cristine ya no era una “defensora de derechos humanos” disfrazada con camiseta o bufanda blanca; el periodista tampoco era ya un periodista: se había vuelto un militante, igual que el presidente Uribe, que el vicepresidente Santos, que tantos embajadores solitarios que tienen que batirse incomprendidos –y hasta regañados por los neutralistas- en el escenario europeo; que han tenido que soportar los consabidos abucheos -forma proverbial como suelen expresar sus argumentos los de las izquierda y derecha sectarias-:

- ¡Asesinados por las Farc!, exclamó. ¿Sabe a quién le está haciendo usted mucho daño con este gesto? A los verdaderos defensores de derechos humanos en Colombia. Porque gestos como los que ustedes están teniendo desde Europa, desde otra realidad, enviándole dinero a las Farc, son los que estigmatizan a los defensores de derechos humanos en Colombia. Porque hay muchas personas en nuestro país, ellos sí en el campo y en las veredas enfrentando todas las dificultades, y que tienen que luchar por los derechos humanos desde la realidad nuestra. Y cuando una organización como la de ustedes se declara abierta partidaria de las FARC, y la patrocina económicamente, está haciendo que esas personas queden directamente estigmatizadas. Ellas sí se ven en verdadero riesgo por los otros actores del conflicto que son los paramilitares, que son otros criminales que lamentablemente tenemos en nuestro país. Pero acá no se puede tratar a unos criminales de una manera y a los otros de otra. Criminales son los que secuestran, como los que cometen masacres, y esa es la parte de la realidad que ustedes no ven. Porque solamente tratan de analizar la realidad colombiana con una venda en el ojo, pensando que acá la situación es diferente a la que diariamente tenemos que enfrentar los colombianos. Y a los que están ustedes afectando realmente, son a esos, a los defensores de derechos humanos que se ven estigmatizados por organizaciones como las de ustedes, partidarias de las Farc.

Cristine, tranquila, reaccionaba como un robot, sin ofuscamientos, como una muñeca que lleva incorporada la respuesta mecánica a cada nuevo estímulo:

- Estoy muy feliz por haber mencionado el fenómeno de estigmatización de organismos de derechos humanos, igual que organismos de movimientos de paz.

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Después de varios accidentes con la llamada telefónica que saltaba frenética de un continente a otro, entró en escena don Gustavo Adolfo Muñoz, de la Fundación de Personas Secuestradas en Colombia:

- Yo, Gustavo Adolfo Muñoz, soy el presidente de la Fundación La Nueva Esperanza de secuestrados que reúne a más de 18 mil familias que han sufrido en Colombia el flagelo del secuestro, conllevando con esto a la ruina total de las familias, no tanto económica sino a nivel personal. Un secuestro, no sé si usted esté enterada, destruye no solamente el núcleo familiar sino una sociedad entera. Yo quisiera que usted viniera a ColombiaU

Como que recapacitó, y cambió de dirección:

- UClaro que voy a hacer hasta lo imposible para que usted sea persona no grata en este país, y toda su organización. Desde el día de mañana me voy a encargar ante el Presidente de la República, ante el Senado de la República de Colombia, para que su organización no pueda poner un pie en este país que es de gente buena, que es de gente trabajadora, de gente honesta, para que ustedes estén haciéndole el juego a este grupo de narcoterroristas que lo único que ha traído es dolor, sangre y descomposición social. A tal punto que Colombia está estigmatizada en el mundo como uno de los países más violentos por culpa de esta cantidad de desadaptados mentales. - Yo quisiera saber si usted ha vivido el flagelo del secuestro, o su familia ha vivido el flagelo del secuestro, para que usted esté haciéndole el juego a esta cantidad de bandidos que nos tienen agobiados en nuestra patria.

Julio Sánchez volvió con la curiosa ‘defensora’ de los derechos humanos:

- Cristine: ¿algún comentario a la observación hecha por el presidente de la Asociación de Secuestrados en Colombia?

- Claro. Yo reconozco la gran miseria en que están esos familiares de los secuestrados. Debe ser horrible, pero, también, tomando en cuenta quiénes son los que secuestran la mayor parte de gente en Colombia, además de los criminales en la calle, son los grupos paramilitares: secuestran, asesinan a gente inocente. Y yo creo que la razón de que Colombia ahora está estigmatizada en el mundo no es por tener movimientos de liberación o una oposición política muy fuerte, muy hábil. Colombia está estigmatizada en la comunidad internacional por tener un régimen antidemocrático, un régimen que está trabajando activamente contra cualquier desarrollo democrático en ese país.

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Julio Sánchez Cristo consideró que era bueno aclarar que una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa:

- Perdóneme Cristine, pero a usted puede o no gustarle el presidente Uribe, está en todo su derecho. Incluso en Colombia hay muchas personas a las que no les gusta el presidente Uribe. Pero el presidente fue elegido en unas elecciones libres, con la política que a usted le guste o no, pero en unas eleccionesU

La muñeca de cuerda de Dinamarca lo interrumpió:

- Bueno, eso depende como uno lo ve. Porque antes de esas elecciones...

- ¡Como en su país!, ¡como en su país!, ¡en unas elecciones libres!, exclamó Sánchez.

- No, bueno, por favor, por favor, las elecciones democráticas que tenemos

en los países escandinavosU, que no se comparen con las elecciones que tenían en Colombia cuando ganó Uribe.

Cristine como que se estaba poniendo brava; no podía aceptar que cualquier indio tercermundista, unos igualados, compararan su democracia con la de un país atrasado de Sur América:

- Antes de esas elecciones, el señor jefe de los grupos paramilitares había dicho abiertamente, públicamente, que tenía en su control más que 70 por ciento de los puestos de elección.

- ¡Uribe ganó las elecciones en un proceso electoral libre!, ripostó Sánchez. ¡Un proceso reconocido internacionalmente por todos los países!, ¡por su país! Es que es muy difícil una conversación con ustedes de esta manera, si no reconocen el proceso electoral colombiano, si no reconocen que las Farc tienen personas secuestradas, civiles, o sea, personas que no pertenecen al conflicto, sino civiles que están secuestradas por motivos extorsivos, para buscar dinero de sus familias. Si ustedes no reconocen que la justicia colombiana determinó que el atentado de El Nogal fue cometido por las Farc, en donde murieron personas que no tienen absolutamente nada que ver con el conflictoU, me parece que es una distorsión tan grande de la realidadU

- Estoy totalmente de acuerdo que fue horrible lo que pasó en El Nogal, pero tampoco es comprobado que fueron las Farc. Las Farc siempre toman cierto tiempo e investigan todos sus frentes, y después anuncian si fue uno de sus frentes o no. En ese evento no eran las Farc los que hicieron esa horrible acción, tienen que ser otros. Yo pienso que es muy grave que

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hayan decidido que fueron las FARC, y no siguieran investigando para saber quiénes eran.

- Cristine, ¿qué sentiría usted si le decimos los colombianos que con esos 8.500 dólares, y no sé si ustedes tiene previsto enviarle una platica mensual a las Farc, estos grupos pueden comprar las balas que les están faltando, o las armas que les están faltando, para ir a matar campesinos y ciudadanos en las zonas más apartadas y desoladas del país. O, ¿usted qué cree que se hace con esa platica que usted está enviando?

¿Qué iba a sentir Cristine? ¡Nada! Contestó con la frialdad de una contadora o de una delegada de rifas, juegos y espectáculos:

- Nosotros no hemos mandado condiciones con esos fondos económicos. Son las Farc quienes deciden para qué usarán el dinero. Yo siento, yo creo que las Farc van a utilizar el dinero para armas, para su lucha de libertad, para vacunas, para su ganado, para la población civil donde estén, para construir escuelas, para sí mismos, pero no hemos hecho condiciones.

- Usted menciona la resistencia Nazi, el Apartheid, dos movimientos que se dieron porque unas poblaciones estaban verdaderamente oprimidas. Pero nuevamente estamos ante una persona como usted, que no conoce la realidad colombianaU, le cuento: Colombia no quiere ser liberada, hay encuestas que dicen que más del 99.9999 por ciento de los colombianos no apoyan a las Farc. Más bien lo que sucede es que en ColombiaU

- ¿Cómo hicieron esa investigación?, indagó Cristine.

- ¡Perdón!, ¡perdón!, permítame Cristine, ¡por favor!, ¡por favor! Colombia no quiere ser liberada. Colombia lo que quiere, y usted no lo entiende, es librarse de grupos como las Farc, de los paramilitares, de la violencia. Y eso es por lo que estamos irritados quizás los colombianos; porque gente como usted y como las Farc no entienden lo que el pueblo colombiano quiere. Y la invito a que conozca la realidad de Colombia antes de hacer una contribución tan dañina como la que hicieron en el día de hoy.

- ¡Dos cosas!, exclamó la muñeca de cuerda de la ONG europea: - ese 99 por ciento de la población colombianaU Yo quisiera saber de dónde viene esa investigación, porque no es la imagen que tenemos acá en Dinamarca de la opinión de la población colombiana.

- Cristine: ¡no diga tampoco Dinamarca!, diga, ¡nosotros! Porque tampoco es la opinión de Dinamarca, y eso es también injusto con Dinamarca. Porque estoy seguro que en Dinamarca hay muchas personas que piensan diferente a usted. Que usted piense de una manera, tiene el derecho. Que

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nos parece una cosa increíble que ustedes manden dinero a las Farc es otra cosa. Pero ¡no diga Dinamarca!, ¡tampoco generalice! ¿O, es el Gobierno de Dinamarca el que está apoyando esta contribución? Usted habla de Dinamarca como si toda Dinamarca estuviera de acuerdo con la contribución, ¿incluyendo el Gobierno?

- No, el Gobierno no está de acuerdo, son sólo políticos de la oposición que están de acuerdo con nosotros, eso sí es correcto, sí. Yo no puedo hablar por toda Dinamarca, como el señor no puede hablar por todos los colombianos, porque yo no creo que el 90 por ciento de los colombianos hayan tenido la posibilidad de estar en esta investigación que menciona el señorU Como la mayoría de los colombianos no tiene acceso al internet, no tiene posibilidad de expresar sus opiniones políticas.

Sánchez Cristo, conciliador y optimista, comentó:

- Yo entiendo la llamada del director de esta asociación de la Nueva Esperanza para los Secuestrados, y obviamente la indignación de muchísimos colombianos. Pero yo pienso que esa es la estrategia equivocada; yo pienso que una persona como Cristine y como muchas otras organizaciones que son minoritarias -pero son escuchadas por los partidos de oposición-, tiene que ir a Colombia y tienen que conocer la verdadera Colombia. Yo pienso que esa ilusión de que la diplomacia guerrillera había llegado a su fin, la tiene que replantear el Gobierno. No podemos bajar las armas pacíficas y de la argumentación, porque llevando a estas personas a Colombia, a la verdadera Colombia, se van a dar cuenta que están equivocados.

Claudia Morales quiso meter baza:

- Un segundito Cristine: quiero complementar los comentarios que hacen todos nuestros colegas de las mesas. Ustedes están criticando los procesos democráticos en un país como Colombia; no reconocen la elección del presidente Uribe y tampoco admiten que hoy un partido de oposición como el Polo Democrático tenga la libertad de hacer su política. Entonces ¿por qué no piensan, en vez de mandarle plata a las Farc, fortalecer con ese dinero a un partido como el Polo Democrático, o enviarle ese dinero a esa construcción de escuelitas que ustedes dicen que en honor a la libertad pueden construir las Farc? ¿Por qué tienen que hacerlo directamente con una guerrilla asesina como esta, si ustedes lo que quieren es ayudar con el proceso democrático y a fortalecer la democracia en Colombia? ¡Fortalezcan a ese partido que ustedes dicen que no tiene el espacio para hacer la política en Colombia!

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- Claro que hay varias maneras en que nosotros podemos apoyar al diálogo, a los derechos humanos, a la democracia en Colombia. Este paso que hemos hecho nosotros, es solo una cosa. Podríamos haber hecho muchas cosas y vamos a seguir trabajando. Pero quisiera contribuir a la pregunta que hizo el señor sobre la estigmatización: es muy importante entender quiénes son los que están estigmatizando a mucho tipo de gente en Colombia. Es el Gobierno colombiano, es el mismo Presidente Uribe que hace pocos meses hizo una estigmatización oficial, en un discurso que hizo frente a gente del Ejército, estigmatizando varias, muchas organizaciones cristianas y de derechos humanos, como terroristas. Y así, llamándolos terroristas, los transformó en objetivos militares del Ejército colombiano.

Fernando Barrero, conocido periodista colombiano, padre de un joven teniente asesinado en una emboscada por las FARC, llamó a la emisora. No podía contener su rabia e indignación:

- Gracias Julio, muy amable. Pero parece mentira... Yo he querido confirmar si es el radio que tengo sintonizadoU ¡que pueda existir una persona en el mundo que levante plata para que esos señores vengan y nos asesinenU!, es que no entiendoU no he entendido cómo existe un ser humanoU ¡porque eso no puede ser humano!, ¡eso sí tiene que serU! ¡No tengo palabras, JulioU! ¡No tengo las palabras! ¡No puede ser que exista una persona de esas calidades, que levante plata para que vengan otros a matarnos a nuestra genteU! ¡Por Dios!, ¿cómo así?, ¿qué derechos humamos?, ¿cómo así?, ¿cuáles derechos humanos? ¡Ellos no han respetado derechos humanos!, ¿derechos humanos con 3.000 secuestrados?, ¿derechos humanos cuando ellos pueden hacer lo de La Gabarra y pueden hacer todo lo que no pueden hacer las fuerzas institucionales del Estado?, ¿cuáles derechos humanos, por Dios? ¡Que no nos vengan a dar lecciones de democracia! ¡Que vengan y vivan, como usted acertadamente lo ha dicho, Julio, que nos conozcan, pero que no financien para matar a nuestros hijos!, ¡por Dios!, ¡que no sean desgraciados!, ¡es la única palabra que se merecen esas organizaciones, esos tipos, por Dios! ¿Cómo así que 8.500 dólares para los derechos humanos? ¡No! ¡Es para que sigan matando gente, es para seguir secuestrando gente, es para seguir acabando con nuestro país, porque lo quieren hacer así!

Su voz era entrecortada; parecía como si fuera a infartar. Sánchez y de Bedout, conscientes del drama que se estaba viviendo en miles de hogares, guardaban silencio. Y, como los segundos mudos en la estación de radio parecen siglos en los receptores, el dramatismo iba in crescendo:

- Yo si le agradezco, Julio, la posición que usted y que Félix han tomado esta mañana. Porque es una posición de defensa de Colombia, de defensa

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de las instituciones, de defensa de un gobierno democrático, de defensa de un sistema democrático, imperfecto pero democrático al fin y al cabo. A mí sí me parece que esto no tiene sentido y que no puedo concebir todavía que haya seres humanos, repito, que levanten plata para que otros vengan y nos maten.

Sánchez Cristo agradeció a Fernando Barrero y le comentó a doña Cristine que había muchísimas llamadas como la de él, que estaban las líneas de internet absolutamente congestionada con gentes angustiadas por querer hablar, que la sala del chat estaba llena de opiniones en el mismo sentido.

- Yo quisiera terminar sugiriéndole de la manera más respetuosa que se acerque un poquito más a Colombia. Porque a lo mejor a la distancia usted solamente escucha una parte del conflicto. Pero le repito: el conflicto hay que verlo en todo su contexto. Por eso, nuevamente, la invito a Colombia para que antes de que se produzca una noticia que ha creado este shock en la emisora esta mañana, pueda usted tener una visión más completa de lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias por atendernos Cristine, tenga usted una buena tarde en Copenhague, y ojalá que pueda visitarnos pronto.

- Muchas gracias, respondió Cristine.

Seguía fresca como una lechuga, y convencida de que había dado la gran batalla por la verdad, contra la violación de los derechos humanos en Colombia y contra la tiranía de Álvaro Uribe Vélez. Abundaron las opiniones de los oyentes. ¡Cuál más indignada! Por ejemplo:

- Diana: Hay grupos en Europa que viven lejos de la realidad del país. Yo viví en Alemania diez años y veía como les daban visas a los asilados del ELN. Ahora eso se prohibió, por gestiones probablemente diplomáticas. ¿Por qué no apoyan a grupos legales? - Alexander: Después de haber escuchado a la señora Crstine, lo único que queda es seguir apoyando el gobierno del presidente Uribe. Cada vez estas acciones nos convencen de que hay organizaciones que están empeñadas en hacerle mal al país. - Mery: Estoy compungida, anonadada de haber escuchado tal aberración de un individuo que no tiene ni la más remota idea de lo que es vivir en este hermoso país. - Nelson: Esos son los tentáculos de la guerrilla en el exterior que están cambiando la imagen de las cosas que pasan en Colombia. Esa señora sabía perfectamente lo que ustedes le decían. Ella entendía perfectamente, y conoce la realidad colombiana, pero quiere cambiar la realidad porque son pagadas por la guerrilla para hacer ese trabajo.

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- César: Yo pienso que a esta mujer no hay que juzgarla tanto. Sólo hay que exclamar una frase de nuestro Señor Jesucristo, ¡perdónala porque no sabe lo que dice! Es un problema de suma ignorancia. - Ernesto: Me falla la respiración de la piedra tan terrible. Yo creo que todos los colombianos estamos igual. - Alfredo: Así como esta señora hay muchísimas organizaciones en todo el mundo que están apoyando a los grupos insurgentes, desconociendo la realidad nuestra.

El asunto terminó con un hecho que fue el mejor contra argumento a la descripción de la atmósfera política existente en Colombia que había hecho doña Cristine, como si fuéramos la Alemania Nazi. Un oyente, totalmente tranquilo, ejerciendo el sagrado derecho de los colombianos a decir cualquier cosa y en cualquier parte, demostrando que no hay unanimismo, que a nadie se le coarta en Colombia su pensamiento, dijo:

- Pedro: Me causa rabia que Félix, tan abiertamente, diga que el 95 por ciento de los colombianos no están de acuerdo. Me parece eso irresponsable. No quiero decir con esto que sea simpatizante de las Farc, pero creo que las Farc administran mejor el dinero que los miembros del Estado. Me parece una opinión deplorable por parte de la W. Félix de Bedout: Para que usted quede tranquilo: con los paramilitares y la guerrilla ¡yo estoy al otro lado, y eso lo puede tener seguro siempre! ¡En ese tema no tengo ninguna intención de ser imparcial, soy totalmente parcial! ¡Estoy al otro lado!

31. LOS NEUTRALES

Es el grupo de la Tercera tesis. Como el anterior, este también está integrado por muchos tratadistas, profesores, ONG, grupos religiosos, inmensa cantidad de observadores internacionales y hasta los visitantes extranjeros. Convencidos de que nuestra violencia es un conflicto interno político y social armado, ellos se declaran neutrales, porque son miembros de la población civil, “ajena al conflicto”. Es decir, anuncian que no tomarán partido ni como hinchas ni como jugadores entre los corredores de una carrera que no les incumbe. Las fuerzas beligerantes son el Estado -representado por las entidades gubernamentales, particularmente por la fuerza pública- y la guerrilla. Ya he anotado que la corriente de los neutrales tiene matices que van desde la cercanía con la política de seguridad democrática, hasta la simpatía con la guerrilla, pasando por la absoluta y total neutralidad.

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Los representantes de la tercera tesis filosófica y política son los más numerosos. Están en todos los sectores de la sociedad y con la más buena fe son activistas (literalmente hablando, a veces son furiosos activistas, aunque suene paradójico) de la “solución negociada” a cualquier precio entre el Estado y la guerrilla. Como sus exponentes creen que las partes son iguales en ilegitimidad, no tienen empacho en remitir cartas con destinatario conjunto a los dos comandantes contrincantes: al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, y al Comandante en Jefe del ejército rebelde: doctor Álvaro Uribe Vélez y don Manuel Marulanda Vélez. Para facilitar el conocimiento de la tercera tesis, he escogido cuatro textos que en mi opinión, por la alta calidad intelectual de sus autores, es la mejor expresión de esa amplia corriente que -hay que decirlo también-, es la más influyente y extendida. Los libros son:

- Desplazamiento. Folleto editado por la Arquidiócesis de Bogotá y Codhes, (1997).

- El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano. (2003). Elaborado por un grupo de profesionales colombianos dirigidos por columnista y dirigente de la oposición, Hernando Gómez Buendía. Fue financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.

- Conflicto armado y terrorismo: manual de cubrimiento del periódico El Tiempo. (2003).

- Guerra prolongada, negociación incierta, el profesor Jaime Zuluaga

Nieto En el primer folleto, DESPLAZAMIENTO (1997), se expresan sin ambages, con radicalidad, las ideas neutralistas. Las palabras expresadas por el presidente Uribe en Costa Rica parecerían haber sido escritas como una respuesta a ellos. En el texto elaborado por asesores de la Arquidiócesis de Bogotá y de Codhes, se dice:

- “Hay una responsabilidad compartida entre todos aquellos que participan en esas hostilidades contra la población civilU”

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Y los fustigan por igual, porque:

- “Uintentan justificar semejantes acciones violatorias de los derechos humanos y del derecho humanitarioU”.

¡Que no quepa duda! Para los autores del folleto, todos tienen responsabilidad de la existencia de la violencia, todos por igual:

- Los Gobiernos, que “Ucon altísimos costos han insistido en salidas de fuerza para alcanzar una derrota militar cada vez más lejana y, en todo caso, más costosa en vidas humanas y en detrimento de la calidad de vida de la población. Los estados de excepción, las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, la creación de cooperativas de seguridad privada que involucran a la población en el conflicto y el desaforado incremento del presupuesto para la guerra, son lugares comunes y repetitivos del espiral de violencia que desangra al país”.

Sin caer en la caracterización panfletaria de los paramilitares como fuerza adscrita al gobierno, el folleto los vapulea por separado:

- Los grupos paramilitares o de autodefensa, “que mediante el terror y la muerte pretenden imponer nuevos escenarios políticos sustentados en la intolerancia, modelos económicos injustos y excluyentes y unas relaciones de tenencia de la tierra cuyo referente es el latifundio y la ganadería extensiva”.

Con la guerrilla también se meten, aunque con moderación:

- A la guerrilla y sus organizaciones de milicias, que “acuden, cada vez más, a métodos terroristas y degradantes de la dignidad y la libertad humanas”.

A ellos, por igual y como iguales en su esencia criminal les hablan en su folleto, por ser “actores armados reconocidos de un conflicto político”. A los “gobiernos, paramilitares y guerrillas”, a todos, los insistan a no querer seguir resolviendo “por la fuerza y la intimidación los conflictos de intereses en la familia, en la escuela, en la sociedad”. Edurne Uriarte, la gran escritora vasca, en ese libro cuyo título es una cátedra de decisión y valentía, Cobardes y rebeldes. Por qué pervive el terrorismo, hace trizas el lenguaje que acabamos de transcribir del folleto DESPLAZADOS.

La amenaza violenta produce miedo, silencio, plegamiento, justificación y cobardía, dice. Por eso las reacciones de rechazo de los negociacionistas o los

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neutrales contra quienes prediquen la seguridad democrática, que es para ellos “fuerza e intimidación”:

- “Mientras la amenaza sea fuerte y, por lo tanto, el miedo, elevado, los resistentes a la neutralidad serán en buena medida considerados como extraños, como personas poco deseables, que perturban aún más la situación con su provocación al violento que puede aumentar su agresividad”.

Luego analiza la posición de los justificadores indirectos, aquellos que consideraron durante años que el terrorismo en España era una consecuencia del franquismo y que, por tanto, era la dictadura la principal responsable de ETA. En sana lógica, entonces, acabada la dictadura, se acabaría el terrorismo. Edurne, con espíritu crítico (y, sobre todo autocrítico), dice que muchos españoles, intelectuales, políticos, “casi todos nosotros”, en ese ambiente ideológico, cuando ETA asesinaba, decían: - algo habrá hecho. Es decir, las víctimas eran sospechosas; y los asesinos, una consecuencia del franquismo. La tesis de Edurne es simple:

- “El terrorismo, cualquier terrorismo con un grado significativo de éxito, se sostiene en la legitimación que le otorgan, de una forma o de otra, grupos importantes de la población”.

Pero, además de la justificación y la legitimación, una buena parte de lo que ocurrió, fue consecuencia del miedo:

- “El miedo sostiene la irresistible tendencia de muchos ciudadanos a apoyar cualquier forma de negociación con los asesinos, la atracción por la cesión y la rendición. Incluso sostiene una parte de la justificación”.

En este panorama, continua la escritora, lo anormal y minoritario es la seguridad democrática, la movilización contra el terrorismo, rebelarse contra él. Porque el terrorismo depende de la eficacia de la sociedad, es decir, de si hay capacidad de resistencia o no frente a la amenaza. Creo, dice Edurne, que existen unos principios políticos y morales que exigen a los ciudadanos un rechazo rotundo y, además, activo, del terrorismo. Y, como hablando para los neutralistas, dice: no puede haber dudas o matices respecto a la lectura del terrorismo desde la democracia y tampoco desde la ética. Nuestras sociedades plantean retos que requieren de medidas políticas eficaces y de la creencia en principios políticos y éticos. La democracia es un conjunto de reglas de juego y de principios. Sin fe, sin convicción profunda de todos los ciudadanos, la democracia es un instrumento formal, útil y suficiente para los problemas

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generales y cotidianos, pero insuficiente para afrontar grandes retos como el terrorismo. Los argumentos dubitativos o comprensivos hacia el terrorismo se basan en el hecho de que establecen una confusión entre terrorismo y violencia del Estado. Para quienes así piensan, existe la Violencia en general, y dentro de ella, a su vez, hay varias violencias. El terrorismo sería, al fin y al cabo, una variedad de una de esas violencias, pero también estaría la violencia del Estado. Es esencial establecer la diferencia entre terrorismo y violencia legítima, diferencia central porque sustenta a la vez el significado de la democracia y del Estado de Derecho frente al terrorismo. Edurne ensaya esta explicación sobre la dificultad para diferenciar la violencia legítima, de la violencia del terrorismo:

- “La democracia es un sistema político reciente, y muchos siglos de historia anteriores han estado marcados por la violencia ejercida desde el poder. También en la actualidad, una buena parte del mundo se rige por sistemas no democráticos donde se ejerce la violencia indiscriminada desde los Estados contra las personas que son víctimas, en este caso, de la violencia del poder político”.

A ese elemento histórico, se une también la presencia en el debate político de las teorías de la no violencia o del pacifismo extremo, que consideran innecesario cualquier tipo de medida represiva para defender a los perseguidos o para restablecer el orden. Teoría que hace que se mantenga un interrogante permanente sobre la adecuación moral de los Estados. 32. CALLEJÓN CON SALIDA.

El segundo texto neutralista es,

- Conflicto, callejón con salida.

Pocas veces un documento fue recibido con tanto entusiasmo por las inmensas fuerzas del neutralismo, tan poderosas y tan escuchadas en los grandes escenarios nacionales. Pero su lanzamiento fue como el canto del cisne del neutralismo, porque el escenario está cada vez más copado por el discurso de la seguridad democrática.

El periódico El Espectador, el 7 de septiembre de 2003, dijo en su editorial, que el estudio era:

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- “sin duda, el más completo esfuerzo hecho en Colombia en los últimos años para entender las razones del conflicto y sugerir caminos de acción y soluciones. Esa es su novedad: no sólo hace diagnósticos, sino que plantea propuestas concretas. Y las hace para todos: Gobierno, Congreso, partidos, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, medios de comunicación, organizaciones sociales. Y, por supuesto, también les habla a los grupos armados ilegales”.

El periódico exaltó la metodología neutralista:

- “No es, en consecuencia ni un diagnóstico ni una crítica al gobierno Uribe y su política de seguridad democrática, sino una propuesta de acción del Estado para el fortalecimiento de la unidad nacional”.

El libro se compone de 19 capítulos, y habla in extenso de muchísimos asuntos de la vida colombiana. Vamos a desglosar algunos de sus conceptos sin utilizar comillas porque las citas no son literales. Irán en negrilla y son un resumen de los conceptos que más trascendieron a la opinión pública:

(a) Además de que la guerrilla es un proyecto fracasado desde su nacimiento porque en Colombia no existen ni han existido las condiciones para una revolución triunfante, es un hecho también que el Estado en 40 años no ha podido ni derrotarla ni negociar con ella un acuerdo estable de paz. El conflicto, cada día más degradado, afecta a más y más civiles. En ese sentido todos pierden: la guerrilla, que sigue luchando por un poder que no se va a poder tomar; el Estado, con un conflicto que no logra resolver, y la gente, víctima de todos los fuegos. Esta es, pues, una ‘guerra de perdedores’.

Afirmaciones bastante discutibles esas. Ni la guerrilla fue un fracaso absoluto desde su nacimiento ni el Estado hizo siempre todo lo que debía hacer para derrotarla. En Cuba triunfó una guerrilla en 1959. Inspirados en ese triunfo, y aupados por Moscú y la Tricontinental, muchos revolucionarios europeos, norteamericanos y latinoamericanos se lanzaron a la insurgencia: En Italia, Alemania, Estados Unidos, África, Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, República Dominicana, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, ColombiaU Con excepción de Nicaragua y Colombia todos los insurgentes, o negociaron o fueron derrotados. En Nicaragua la guerrilla triunfó, fue gobierno, y hoy es partido de oposición con vocación de poder. Tanto dependió la paz de los puros factores subjetivos y no de cambios sociales u objetivos, que en Colombia ya se desmovilizaron el EPL, el M.19, parte del ELN, el

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PRT, el Quintín Lame. Se supone que la sociedad colombiana es la misma para todos los armados. O, ¿acaso había unas condiciones objetivas distintas para que unos sí pudieran arrepentirse y actuar pacíficamente en la política colombiana; y para que los otros tuvieran que quedarse en el monte? Los fundadores de las organizaciones desmovilizadas no creían en 1964, o en los años siguientes, que “su proyecto nacía fracasado”. Se convencieron cuando el Estado y la sociedad los enfrentaron con energía. Luego, les dieron también la oportunidad de rectificación. Hoy persiste la actividad criminal de unos pocos predicadores y ejecutores de violencia que tienen poderosas fuentes de financiación. Que haya organizaciones terroristas no quiere decir que, necesariamente, Colombia tenga conflictos sociales y políticos más graves que los de otros países latinoamericanos. La principal diferencia es que en las otras sociedades con presencia de movimientos guerrilleros, la sociedad y el Estado pusieron en cintura a los violentos; y lo hicieron con prontitud y energía. El gobierno del presidente Uribe tiene toda la decisión de derrotar al crimen organizado u obligarlo a negociar. Hechos: el 7 de agosto de 2002, en 170 municipios no había policía. Hoy está en todos. Ningún municipio ha sido tomado y destruido por los violentos en el último año. En 439 municipios se han instalado soldados e infantes de marina. Desde el comienzo del gobierno y a noviembre de 2004, se habían capturado 8.059 y dado de baja a 933 miembros de las autodefensas ilegales; capturado 14.414 y dado de baja 4.291 guerrilleros. 7.036 guerrilleros insurgentes y guerrilleros de autodefensas ilegales, han respondido el llamado a reinsertarse a la vida civilizada, a capacitarse, a iniciarse en el trabajo honrado. Esos hechos demuestran cómo es de discutible la apreciación de que entre 2002 y 2004, con la vigencia de la política de seguridad democrática, la violencia haya tenido un proceso de escalamiento y “esté cada vez más degradada”. ¡No! Si el Estado abdica de su función fundamental que es garantizar la seguridad de los asociados, claro que habrá más violencia. Con la seguridad democrática se neutralizó el terrorismo en las grandes ciudades. Se aprecia de bulto que hay marchitamiento de su acción y una sustancial disminución de todos los indicadores del crimen. La siguiente tabla, a noviembre de 2004, es un sorprendente mentís a los apaciguadores: Miembros de las FARC y ELN capturados y dados de baja (2004): Capturados: 2.465 Dados de baja: 26

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Miembros de las AUC capturados y dados de baja: Capturados (2003): 1.124 Capturados (2004): 2.105 Variación +87% Rescate de personas secuestradas (2004): 314 Cocaína incautada (2003) 28.046 kg Cocaína incautada (2004) 54.014 kg Ocupación de bienes y extinción de dominio Bienes ocupados (2003): 137 Bienes ocupados (2004): 1.104 Red de cooperantes vinculados en 2004: 741.553 Sobre las vías principales 9.305 Total red de cooperantes a la fecha: 3.765.379 Incremento pie de fuerza de la policía: 21.022 Incremento total de la Fuerza Pública: 64.150 Cubrimiento con servicio de Policía en la totalidad de los municipios colombianos Nuevas estaciones de Policía 170 Reducción de acciones de alteración del orden público en las vías nacionales: -75% Reducción de la piratería -82% Reducción del secuestro -73% Reducción de bloqueos -79% Los casos de desplazamiento han disminuido 66%, las masacres 28,5%. La democracia local está reviviendo y desembarazándose de la amenaza terrorista. En agosto de 2002, 246 alcaldes no podían administrar desde su cabecera municipal; ya han regresado todos, absolutamente todos a sus cabeceras municipales (menos dos en el departamento de Caquetá y uno en el Huila). Disminuyeron sustancialmente los atentados contra maestros, periodistas y sindicalistas. 33. GUERRA DE PERDEDORES “Es una Guerra de perdedores”, se dijo, en frase efectista que encantó a los medios de comunicación. La única manera de perder una guerra contra el terrorismo es no enfrentar al terrorismo. Los colombianos, guiados por el Presidente, defienden con entusiasmo la legitimidad del Estado de Derecho; quieren hacer aceptar y respetar la decisión de las mayorías. Colombia ha

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aprendido de Rousseau, que “la voluntad constante de todos los miembros del Estado es la voluntad general, y por ésta son ciudadanos libres”. La voluntad general de Colombia es la paz, y se está alcanzando con un proceso que conlleva amplia participación del pueblo. El Presidente Uribe no se cansa de preguntar:

- ¿De que guerra, y menos de perdedores, se habla en Colombia?

En Colombia no hay una guerra civil entre dos fuerzas combatientes que representen dos maneras opuestas e irreconciliables de concebir la sociedad; capaces de construir una nueva legalidad, alternativa y justa. Los irregulares en armas no representan la vanguardia de un movimiento político de masas ni enfrentan a un Estado autoritario, antidemocrático y excluyente. Las reivindicaciones legítimas de la población no están representadas por movimientos armados ilegales. Unos miles de terroristas fueron la causa de que se agravaran los problemas y, a la vez, el impedimento para que se solucionaran. La lógica política del conflicto armado de la década del sesenta en Latinoamérica perdió su Norte. En Colombia ocurrió igual, pero con tan mala suerte que los únicos guerrilleros autistas, que no entendieron la existencia de un nuevo escenario político, fueron los de aquí. No entendieron la trascendencia histórica que tenía la Constituyente de 1991, ni la conveniencia de participar en ella ni las amonestaciones que les hicieron los más lúcidos intelectuales de su patria. En eso del uso de un lenguaje conciliador y comprensivo con los terroristas, y deslegitimador con el Estado y los gobiernos, los intelectuales colombianos que lo practican no han querido oír los argumentos del Manifiesto de 1992. El Manifiesto, en cambio, es un ejemplo de humildad y espíritu autocrítico. Precisamente los autores de Callejón con salida son un ejemplo de la argumentación “premanifiesto”, y es evidente que les han fallado sus prejuicios, premoniciones catastróficas, y prevenciones sobre los efectos que tendría el uso legítimo de la fuerza para desterrar del escenario nacional a los violentos. Ahora, ni para qué se les pide que rectifiquen, porque no hay esperanza de que lo hagan. Y lo mismo ocurrirá seguramente con los analistas internacionales que, influenciados por el catastrofismo de los analistas criollos, pintaron un escenario geopolítico infernal para Colombia. ¡Intenten que reconozcan su error! Imposible, no lo harán. Primero morir que rectificar, esa es la consigna de quienes practican el dogmatismo. Qué bueno sería leer las rectificaciones de los grandes analistas extranjeros, a quienes nuestros gurues llevaron a decir cosas que, vistas hoy, suenan a sandeces. El 11 de noviembre de 2004, el director del periódico El Mundo, Guillermo Gaviria Echeverri, se burló de los futurólogos extranjeros. Recordó cómo

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las predicciones de ciertos analistas norteamericanos acerca de lo que sucedería con el gobierno del presidente Uribe en materia de relaciones con sus vecinos, “quedaron en el más absoluto ridículo, porque los hechos mostraron que el liderazgo de Uribe en la región, aunado a su pragmatismo, se ha enfocado a la integración y a los negocios, sin descuidar, obviamente, los problemas de seguridad fronteriza, pero sin permitir que éstos se conviertan en factor de enfrentamiento, en polémicas estériles ni en escándalos mediáticos”.

El director Gaviria contó cómo, por mera curiosidad periodística, y con el ánimo de poder comparar más tarde los negros augurios con la realidad, había guardado un archivo con despachos de prensa internacional de mayo de 2002 (mes de la elección de Uribe), que daban cuenta del profundo pesimismo que embargaba a ciertos analistas sobre la suerte de Colombia y sus vecinos.

El primero es el de la cadena ABC News:

- “la receta de Uribe promete ser brutal y sangrienta”.

Otra Casandra del desastre fue WOLA (Washington Office on Latin America). Su director, Jason Hagen, previóU

- “Los países fronterizos con Colombia sufrirían un derrame más pronunciado de la violencia. La intensificación del conflicto que se anticipa, ciertamente multiplicará los problemas existentes, como los que Panamá ha visto en el Darién durante la última década».

Adam Isaacson, del Centro para Política Internacional, sentenció:

- “Todo indica que la guerra colombiana se intensificará y que empeorarán las condiciones en el Darién, al igual que en las áreas fronterizas con Venezuela y Ecuador, donde ya están peores”.

El Consejo para Asuntos Hemisféricos, su director, Larry Birns, pronosticó:

- “Lo que viene es la regionalización del conflicto colombiano bajo el paraguas de la guerra antiterrorista... (U) lo que el triunfo de Uribe significa para Panamá es la intensificación del conflicto colombiano, con más incursiones de las Farc al Darién, así como a Ecuador y Venezuela”.

Un periodista, que para el editorialista de El Mundo había sido tenido por serio y ponderado en sus juicios, Andrés Oppenheimer, cayó también en el susto que esparcieron por el mundo los enemigos de la seguridad democrática. En su columna del Miami Herald advirtió que la estrategia de “mano firme” de UribeU

- “Hará que las cosas empeoren antes de mejorar... y no hay manera de que los vecinos de Colombia puedan escaparse de las consecuencias”.

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Guillermo Gaviria remató su editorial con estas palabras:

- “El mayor mentís a toda esa basura especulativa, arrojada a la opinión pública mundial con pretensiones analíticas y académicas, son las “cumbres” presidenciales.

Gaviria se las recordó: cinco con Hugo Chávez; varias con la presidenta Mireya Moscoso y ya van dos con el recién posesionado presidente Torrijos; varias con los presidentes Gutiérrez y Toledo, y ya tuvo una en Sao Paulo, a fines de julio, con Lula Da Silva. Gaviria describió el ambiente de esos encuentros:

- “Siempre en medio de la mayor cordialidad y respeto, aun cuando, como en el caso de Venezuela, las cumbres hayan estado antecedidas por incidentes graves, como el de fines de septiembre pasado, cuando fueron asesinados una ingeniera y varios militares venezolanos, según todos los indicios por miembros de las Farc.

“Inclusive el presidente Chávez, con quien existen diferencias notables de enfoque en relación con la guerrilla, pero que vino fue a hacer negocios con el presidente Uribe, parece más dispuesto a sacudirse el cargo de haber sido tolerante y aun condescendiente con esas organizaciones, particularmente con las Farc, pues el martes lo primero que declaró a los periodistas al llegar a Cartagena, fue: «Esa es una gran mentira. Nosotros no apoyamos a las Farc. Nosotros queremos paz para Colombia. Queremos hermandad e integración entre todos nosotros». Nada, pues, de lo que aquellos arúspices presagiaban para Colombia y sus vecinos ha sucedido ni sucederá. Por el contrario, los gobiernos y pueblos hermanos deben sentirse mucho más seguros hoy que hace dos años con respecto a sus fronteras, a sabiendas de que aquí se está combatiendo sin tregua el narcotráfico y el terrorismo y que lo único que demandamos de los vecinos es comprensión y colaboración efectiva en la lucha contra esos dos grandes males de la humanidad”.

¿Guerra de perdedores? En un extraordinario estudio publicado por El Espectador, el 10 de octubre de 2004, con el título Las Farc en los tiempos de Uribe, el analista internacional Zachariah Bruyn Decaer, basado en documentos incautados en operaciones militares, midió el impacto real de la política de Seguridad Democrática sobre las Farc.

En el ensayo se desmiente a quienes hablan de la imbatibilidad de las FARC. Al contrario, muestra su soledad y aislamiento de la población y la enorme pérdida en unidades y logística. Según Bruyn, Manuel Marulanda envió una carta explicando cuáles serían los objetivos de la organización ante el nuevo gobierno:

- “Primero, no permitir que Uribe consolide la seguridad en el país; segundo, no permitir la recuperación de la economía; y tercero, crear una crisis entre los colombianos sobre cómo alcanzar la paz”.

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El método no variaba mucho. Simplemente, redoblar el terrorismo urbano, para:

- “Buscar reconocimiento del público en que existe un grupo armado capaz de luchar contra el Estado en la actualidad, no sólo en las ciudades grandes sino en otras áreas también”.

Todos los frentes alrededor de Bogotá tenían que formar urgentemente redes urbanas para golpear la capital. Atacar objetivos múltiples tanto de Fuerzas Militares como de Policía a través del “uso masivo del explosivo”. Además, golpear la infraestructura vial y eléctrica y asesinar o secuestrar a políticos notables. La idea era, según las Farc, “hacer que los ricos y el gobierno sientan la guerra”.

El analista hace este balance: Con excepción de pocos golpes grandes –como el de El Nogal o el 7 de agosto– la campaña urbana fue un fracaso. El público en vez de entrar en crisis ante la arremetida urbana, se endureció en contra de los guerrilleros. Y, dice Bruyn, se produjeron fricciones entre los jefes de la organización. Un desertor de alto nivel reveló: “No hay consenso entre los jefes sobre el empleo del terrorismo, y muchos lo consideran contraproducente. Se considera bueno para debilitar el Estado, pero genera rechazo del pueblo (U ) La organización no tiene la intención de abandonar el terrorismo, ya que lo percibe como un buen método para que la población civil presione al Gobierno para lograr acuerdos para humanizar la guerra y volver a la mesa de negociaciones”.

Bruyn cita las palabras de Jorge Briceño a Aureliano Buendía:

- “La actividad urbana ha sido tan pésima, que la organización ha tenido que mandar amigos de las estructuras rurales para penetrar”.

Los malos resultados de la campaña urbana hicieron que Manuel Marulanda enviara una carta extraordinaria a los comandantes de frente:

- “Después de tantos éxitos, ¿por qué nos están golpeando ahora, sabiendo que estamos luchando con tropa bajo el mando de los mismos generales contra las cuales luchamos por cuatro años sin resultados positivos (U)? ¿Será que estamos olvidando los principios fundamentales de la guerra? Por 38 años hemos logrado resultados positivos hacia el alcance del Plan Estratégico”.

Las FARC ordenó a los frentes llevar a cabo actos terroristas en el campo, operar en pequeños grupos de cinco a ocho combatientes, evitar la concentración de fuerzas y desgastar al Gobierno, llevando a cabo muchos ataques pequeños simultáneos, utilizando la técnica de asedio diluido. Sustituir la concentración de guerrilleros por el uso masivo de explosivos. Además, cada frente tenía que formar un grupo de 20 francotiradores. Entre los francotiradores y los ataques de

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hostigamiento con explosivos, cada frente tenía que dar de baja un miembro de la Fuerza Pública por día.

Si las Farc hubieran podido cumplir su objetivo, reflexiona Bruyn, se hubieran causado 60 bajas diarias, 1.800 mensuales y casi 22.000 anuales, una cantidad significativa que hubiera causado una crisis y desmoralización de las fuerzas gubernamentales. El objetivo de esta metodología, de acuerdo con los documentos, era frustrar a la Fuerza Pública, desgastarla y desmoralizarla, para golpearla decisivamente en el futuro cercano.

¿Por qué las Farc no han podido lograr ni el 2% de su meta? Briceño ordenó que la guerrilla tenía que evitar ser vista por la población civil. Esto, obviamente, es la derrota total de los guerrilleros porque quiere decir que no hay apoyo de la población civil. Los peces guerrilleros han perdido su agua. La cooperación de la población civil con la Fuerza Pública ha sido el factor principal en la frustración de los planes de la guerrilla para desgastar al Gobierno. Al contrario, las que han resultado desgastadas han sido las Farc.

¿Guerra de perdedores? En marzo de 2004, la Operación Libertad I lanzada contra los tres frentes alrededor de Bogotá fue analizada así por los guerrilleros sobrevivientes en carta a Briceño: se llevaron al pie de la letra las órdenes. Solamente se anduvo en grupos pequeños de cinco a ocho, se evitaron los caminos principales para no ser vistos por la población civil, no se quedaron en un solo lugar por más de 24 horas y utilizaron francotiradores y explosivos para enfrentar a la tropa. ¿Qué paso? La operación duró 9 meses; del primero de los tres frentes, el 50% de los guerrilleros sobrevivió; del segundo el 20% y del tercero el 37%. Del primer frente, el 15% murió y el 35% desertó. Del segundo y tercer frentes, los sobrevivientes no tenían conocimiento alguno sobre el paradero de los demás. El balance también mencionaba la muerte de Aureliano Buendía como un golpe devastador. Además, los tres frentes habían perdido la mayoría de su armamento y equipo. Los que sobrevivieron pudieron hacerlo solamente dislocándose totalmente de sus áreas de injerencia, que quedaron libres de guerrilleros. En resumen, por su propio análisis, la ofensiva fue definitivamente devastadora.

¿Guerra de perdedores? Bruyn dice que durante los últimos dos años se ha especulado mucho sobre una contraofensiva o un contragolpe grande de las Farc; que no se les ha tocado la fuerza medular de la organización, que se han retirado para preservarse y lanzar una ofensiva sorpresiva en el momento más estratégico, cuando el Estado se haya extendido y expuesto.

¡Carreta!, piensa el analista: lo que la gran mayoría no sabe es que ya han intentado en varias ocasiones hacer ataques de esta naturaleza. Durante 2002 el Bloque Oriental intentó varias veces concentrar una fuerza grande con morteros pesados y blindados hechizos para copar las tropas del Ejército en La Macarena, antigua zona de distensión. ¡No pudieron! Cada vez que lo intentaron fueron

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detectados y dispersados por la Fuerza Aérea y las brigadas móviles. Trataron de tomarse Barrancominas y fracasaron. Quisieron tomarse Puerto Arturo y otros objetivos similares. ¡Nada!

¿Guerra de perdedores? Cuenta Bruyn que han querido lanzar contragolpes de carácter más estratégico, como el que ordenó Marulanda al final de 2003: que cada Bloque preparara un objetivo militar para tomarlo con una fuerza de 1.000 guerrilleros o más. Los asaltos debían ser simultáneos en el 40 aniversario de las Farc (mayo de 2004), o en agosto para el aniversario de la inauguración del presidente Uribe. En mayo de 2004 no ocurrió mayor cosa y en agosto la guerrilla sí lanzó una serie de ataques pequeños alrededor del país, pero con resultados de poca importancia. Así, la gran contraofensiva de las Farc pasó totalmente desapercibida.

¿Guerra de perdedores? Bruyn demuestra que la Estrategia de Seguridad Democrática y su componente militar, el Plan Patriota, ha disminuido sustancialmente la capacidad de las Farc para llevar a cabo acciones ofensivas. Las operaciones en el sur del país los están golpeando más. Las FARC perdieron sus áreas como Peñas Coloradas, La Tunia y El Billar, en las que las que invirtieron mucho tiempo y recursos para establecer y consolidar su infraestructura. Lo importante no eran los campamentos sino los caminos carreteables construidos en plena selva por la propia guerrilla. Estos “corredores estratégicos” les habían permitido proyectar fuerzas hacia las zonas principales del país, y facilitaron asaltos famosos como Las Delicias, El Billar, Miraflores y Mitú. A través de ellos enviaron armas a todo el país y coca hacia el extranjero para financiar la guerra. Construir y consolidar esos corredores estratégicos fue su obra de más de 20 años. Ya están ocupados y controlados permanentemente por el Ejército, lo que supone una disminución incalculable de movilidad para las Farc.

¿Guerra de perdedores? Las FARC han perdido cantidades enormes de víveres y munición. El Ministerio de Defensa anunció la captura de más de 500.000 tiros durante las últimas operaciones. Suponiendo una dotación de 200 tiros por guerrillero, es una cantidad suficiente para dotar a 25.000 combatientes. Seguramente es sólo una porción del parque encaletado en el área. Pero cada día se están ocupando más corredores, decomisando más caletas de munición y comida. Se les ha disminuido la movilidad y cada día están pasando más hambre. Con el paso del tiempo tendrán que moverse y en ese momento comenzarán las bajas.

¿Guerra de perdedores? Aunque es un terreno muy difícil y grande el que ocupan, las fuerzas del Estado han llegado para quedarse y la voluntad de lucha es total. ¿Que es difícil y peligrosa la misión? Bruyn les recuerda a los escépticos: todo plan militar grande durante la historia ha sido de mucho riesgo. La invasión de Normandía fácilmente pudo haber fracasado y varias veces su resultado final colgó de un hilo. Sin embargo, el riesgo fue necesario y el resultado final fue una

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gran victoria que el mundo celebra 60 años después. El Plan Patriota es un plan sólido y bien fundamentado. La parte militar va bien, a pesar de sus riesgos.

El analista dice algo que el gobierno ha tenido muy en cuenta: la mayoría del esfuerzo en la antigua zona abandonada, corresponde hacerlo a las entidades civiles del Gobierno. La verdad es que la mayoría de los civiles organizados por la subversión no están por convicción, sino por falta de alternativas. Si el Gobierno logra ofrecer alternativas viables, económicas, políticas y jurídicas, la gran mayoría de estas personas dejarán las Farc y sus organizaciones para sumarse a la legitimidad.

34. PRESIDENTE: EL ASUNTO ES MÁS COMPLEJO

(b) El presidente Uribe ha insistido en que en Colombia lo que hay es una guerra de terroristas ricos contra una sociedad democrática. El informe critica las políticas estatales porque nunca han intentado encarar el conflicto en toda su complejidad y, por tanto, las soluciones siempre han sido parciales, y fracasan. El conflicto es más complejo de lo que sostiene el presidente Uribe. Además de sus elementos criminales y de violación del derecho internacional humanitario, tiene ingredientes políticos, territoriales y sociales, a los que debe darse respuesta.

Uno se pregunta:

- ¿Cuáles ingredientes políticos, territoriales y sociales demandan enfrentar violentamente –hoy, en 2004- al Estado y a la sociedad colombiana?

- ¿Cuáles problemas colombianos –hoy, en 2004-se solucionan con el

discurso violento, conflictivo, resentido, agresivo, destructivo, negativo, de los terroristas?

O, también,

- ¿Cuáles problemas no se pueden solucionar –hoy, en 2004- sin que, indispensablemente, se imponga usar la fuerza para llegar a esa solución?

Curiosamente, el propio Informe Nacional de Desarrollo Humano trae esta reflexión, que contradice la doctrina de las “justas causas”:

- “En Colombia no hay una guerra justa (�) Una cosa es tomar las armas para hacer pillaje y otra hacer pillaje para seguir en armas”.

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Los neutralistas piensan que el proceso democrático colombiano no permite, no tiene capacidad para dirimir las diferencias políticas, territoriales y sociales por la vía civilizada y con toma de decisiones por mayoría. En Colombia estalla una “motocicleta- bomba” y mata a un niño, o balda para siempre a unos jóvenes, e inmediatamente algunos teóricos nos recuerdan que “tenemos un conflicto político”. Hay que responderles con las palabras de Savater:

- “Una de dos: o el conflicto justifica la violencia (tesis de los violentos) o el uso de la violencia es el verdadero conflicto que hay que resolver (tesis de los demócratas)”.

Ni el presidente Uribe ni Fernando Savater parecen querer entender que el conflicto colombiano o el conflicto vasco sean más complejos de lo que ellos sostienen. Tampoco Daniel Pécaut, quien ha hablado de “la guerra de unos pocos que con el apoyo de los recursos del narcotráfico, la extorsión y el secuestro, le han declarado la guerra a la sociedad, con la única finalidad de su autorreproducción”. Los “ingredientes políticos, territoriales y sociales”, -que según Callejón con salida justifican en parte la persistencia en la lucha armada, o que son las “causas objetivas” que mueven a las actuaciones violentas- son para el gobierno y para los ciudadanos, la razón de ser de la política. Sobre ellos se enfrentan a diario, unas veces con acierto, otras con fracaso. O, ¿es que la alharaca y el discurso terrorista son capaces de trazar una carretera, financiar un hospital, crear nuevos cupos escolares o subsidiar la alimentación infantil? Los asuntos territoriales, políticos, sociales, son objeto de trabajo en los Consejos Comunales de Gobierno, en el Compes, en los Consejos de Ministros, en el Congreso, las asambleas y concejos municipales; en los gremios, en la academia, en los organismos internacionales, en las gobernaciones y alcaldías. El Presidente insiste en recordar que nuestro Estado de derecho es social y que la pobreza y las desigualdades han sido agudizadas por el terrorismo. Que Colombia, con la seguridad democrática, ha vuelto a arrancar su crecimiento y avanza, en medio de la estrechez fiscal, para aplicar las siete herramientas de equidad: revolución educativa, ampliación de la protección social, impulso a la economía solidaria, manejo social del campo, de los servicios públicos, la construcción de un país de propietarios y mejoramiento de la calidad de vida urbana. En todos los municipios de Colombia se elige libre y democráticamente a sus alcaldes. ¿Cuáles ideas sobre lo político, territorial y social, les estuvo vedado discutir con sus comunidades en la campaña electoral de 2003? Hubo más de 78 mil candidatos que se inscribieron para correr por los cargos de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Ellos sí saben las verdaderas respuestas

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a las preguntas sobre los llamados “ingredientes políticos, territoriales y sociales” del debate político. Con la Seguridad Democrática se ha generado y recuperado la confianza, base sobre la cual se construye tejido social y se avanza en la erradicación de la pobreza y en la vigencia de justicia social. Como vimos en Hobbes, es función del Estado derrotar al crimen. Algunas voces de falso civilismo niegan el valor de la seguridad, asociándola con la vieja, temida y antidemocrática doctrina de la Seguridad Nacional, concebida como la eliminación del disidente. La seguridad democrática es orden, fundamento del derecho y condición para el ejercicio de la libertad.

¿A quién se le ocurre afirmar que el ejercicio de la autoridad conduce a la guerra? Conduce es a más democracia. Los países de mayor tradición democrática tienen un Estado fuerte y una ciudadanía que coopera con sus instituciones. Zachariah Bruyn Decaer, el analista internacional, en su ensayo publicado en El Espectador, dice algo que parece que nunca le reconocerá la oposición colombiana al gobierno Uribe:

- “Uno de los logros más importantes durante ese gobierno es el avance de una izquierda política viable, como el Polo Democrático. Lo más significativo y sorprendente del avance de este movimiento opositor, es que no ha representado crisis para el Presidente, todo lo contrario, su popularidad se ha mantenido y aumentado en algunas áreas. Esto es un hecho sin igual en la historia colombiana, latinoamericana y de pronto mundial. Cabe señalar que el Polo Democrático ha sido un fenómeno casi exclusivamente urbano, más no rural. Se necesita algo similar en el campo. Al hacer correr a los grupos violentos de sus áreas de injerencia, los militares y la Fuerza Pública han abierto y siguen manteniendo abierta una puerta. Toca a las entidades civiles, dentro y fuera del Gobierno, entrar a poner en orden el resto de la casa”.

La seguridad es la primera de las políticas sociales. Con seguridad, ha habido estabilidad macroeconómica y se ha avanzado en la construcción de un Estado comunitario. Ese es el camino para erradicar la pobreza y construir equidad social. Colombia da la lucha contra el terrorismo dentro del marco de la Constitución y de la ley penal vigente. Y nadie puede encubrirse en la justicia del objetivo, que es derrotar al crimen, para actuar por fuera de la ley e irrespetar los derechos y garantías de los ciudadanos. Quien intenta hacerlo, tarde o temprano tendrá que responder ante la sociedad y el Estado. Edurne Uriarte, en Rebeldes y cobardes. Por qué pervive el terrorismo, dice que los mismos que tienen problemas para distinguir entre terrorismo y violencia

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legítima, son aquellos que consideran que “es necesario entender las causas que explican el terrorismo”. Porque, dado que el terrorismo es un tipo de violencia política, sería fundamental entender sus causas, puesto que la solución del terrorismo requeriría darle una respuesta a esos problemas. Dice Uriarte:

- “A pesar del conocimiento que ya tenemos en España sobre ETA y sobre la naturaleza interna de los impulsos de su voluntad de asesinar, todavía hay voces que insisten en las causas del terrorismo etarra, o en la necesidad de atender a esas causas para resolver definitivamente el problema terrorista”.

La teoría de las causas se sustenta en un eje ideológico: la creencia en la idea de que hay unos culpables que provocan la violencia terrorista (Estados opresores, capitalistas explotadores, Estados imperialistas o los occidentales colonizadores). Ese eje se complementa con el miedo, un factor de enorme fuerza que provoca una tendencia a la comprensión de las motivaciones del terrorista. “Las fronteras entre democracia y dictadura se diluyen, la distinción entre terrorismo y violencia legítima desaparece, la diferencia entre métodos y principios democráticos e ideología totalitaria se llena de matices. Todo es igual o casi igual. No hay bien y mal, pero tampoco hay principios políticos defendibles y otros que no lo son. O, siendo más exactos, sí existen esos principios, que son los principios que se construyen alrededor de los considerados como oprimidos y los débiles. Los poderosos son culpables y los débiles las víctimas”. En definitiva, el crimen es consecuencia de los males del sistema político, económico, cultural. Edurne cuestiona los discursos de la izquierda española para “explicarse” la violencia terrorista. Impresiona la equivalencia con las fórmulas de nuestros propios justificadores. Basta hacer unos cambios de palabras y, en donde dice España, decir oligarquía; en donde dice franquismo, decir bipartidismo; en donde dice nacionalismo, decir “posición armada”: 1) El terrorismo tiene causas y es necesario responder a esas causas para que desaparezca. 2) Existe odio contra España (contra la oligarquía), y en parte está justificado por la historia del franquismo (del bipartidismo). 3) También en el presente muchos han exacerbado esos sentimientos de odio con sus actitudes excluyentes y poco comprensivas hacia el nacionalismo (hacia la oposición armada). 4) También el Estado ha practicado el terrorismo. 5) No satanicemos al nacionalismo (a la posición armada). 6) Toda respuesta represiva contra el terrorismo lo exacerbará. El terrorismo no pervive sin el miedo de una parte significativa de la población y de un sector al menos de las élites políticas e intelectuales. En la medida en que ese

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miedo-apoyo desaparece, el pretendido grupo de idealistas que persigue fines políticos se convierte en un grupo de matones que aterrorizan a la población. El terrorista se alimenta de su propio fanatismo, pero también de las repercusiones de sus atentados y de sus justificaciones en la sociedad a la que dice querer liberar. 35. MOMENTOS PENDULARES. LA GUERRILLA SÍ ES UN PROYECTO POLITICO

- (c) El Estado –y el ánimo de la sociedad– frente al conflicto armado ha oscilado entre el cansancio, que lleva a la negociación, y la indignación, que conduce a la respuesta fundamentalmente militar. Colombia vive entre momentos pendulares.

El Gobierno Uribe tiene una consigna: en el Estado nadie tiene derecho al cansancio, a vacilaciones o a cobardía. Por eso el presidente les dijo a los candidatos a las alcaldías municipales:

- Quien caiga en el letargo y esté sufriendo desmayos y moridera, que no pida la representación popular, que no se exponga a ser elegido,

Lo público en Colombia requiere entrega y sacrificio. En eso deben pensar los ciudadanos cuando elijan a los servidores públicos. ¿Cuál péndulo del cansancio a la indignación? ¡Dignidad y solidaridad para redimir al pueblo colombiano de la plaga criminal y la pobreza!, eso es lo que pide el presidente a todos los servidores públicos:

- Los líderes no le podemos fallar a este pueblo que ha sufrido con tanta dignidad y estoicismo.

Aunque aún se oyen las muletillas de “solución negociada” y “guerreristas”, el país cada día está más convencido de que sí puede llegar a ser exitosa la Seguridad Democrática, el ejercicio firme de la autoridad, y la intransigencia con la existencia de fuerzas u organizaciones armadas ilegales.

(d) Asumimos que la guerrilla, sin duda, tiene elementos terroristas, criminales, de narcotraficante, de violadora del derecho internacional humanitario. Pero es también un proyecto político. Es falso que sea única y exclusivamente ‘narcoterrorista’. Por eso, en caso de una eventual negociación, el gobierno deberá sentarse nuevamente a hablar de política y del poder con ‘Tirofijo’ o el ‘mono Jojoy’.

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El presidente Uribe ha pedido que se defina a la gente por lo que hace, no por lo que dice de sí misma o por el alegato político con que intente explicar o justificar sus actos. Ahora, si hay organizaciones o sectores de organizaciones criminales con disposición de pactar un cese al fuego e iniciar un proceso serio de negociación, sin show, con responsabilidad, sin pretensiones de cogobierno, ¿cuál mejor interlocutor que el doctor Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz? Los partidarios de la “solución negociada” –con negociación unilateralmente convocada-, dicen que el gobierno ha abierto una negociación con las cabezas del paramilitarismo y ha tendido puentes con el ELN. Pero, se quejan de de que el gobierno no sea amistoso con los señores Marín y Briceño, de las FARC. ¡Pues sí!, es verdad. La iniciativa de negociación está única y exclusivamente en manos de quienes estén actuando en la ilegalidad. Basta que anuncien esa disposición a entrar en un proceso serio de negociación para que, decretado el cese de hostilidades, comiencen los encuentros para un proceso de paz. Pero debe partir de la misma reflexión que hizo Uribe Uribe, cuando decidió firmar el Tratado de Neerlandia:

- “hemos llegado a un punto en que se impone la cesación de la lucha. (�) Hace muchos meses que esta campaña está limitada a un infructuoso tejer y destejer de operaciones, y a un tomar y dejar territorios, que a nada conduce”.

La paz definitiva es la mejor justicia para una Nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror. Colombia, con la seguridad democrática la va a lograr, es una guerra con ganador fijo. Si se puede acelerar el proceso por medio de una negociación, bienvenida esa negociación. En su libro, Guerra prolongada, negociación incierta, el profesor Jaime Zuluaga Nieto, resume la idea contraria. Su texto es un clásico en el sentido negativo, es decir, el profesor Zuluaga es quien mejor y más lúcidamente expresa la idea de la “solución negociada al conflicto interno armado”, contraria a la que predica el presidente Uribe, conocida como Seguridad Democrática. Piensa Zuluaga, que “la solución política negociada no sólo es posible sino que es la menos costosa para la sociedad”. Hasta ahí nadie puede contradecirlo: claro que sería ideal salir de tanta violencia protagonizada por organizaciones armadas. Pero eso sólo se logra si esas organizaciones están dispuestas a retirarse de su accionar. Pero el profesor Zuluaga, y muchos como él, creen que se puede y debe negociar con la guerrilla la estructura estatal y un programa social:

- “Las guerrillas entienden que un proyecto socialista en el mundo globalizado de hoy es inviable, pero eso no significa que hayan renunciado a su aspiración de llegar al poder. Están dispuestas a negociar, siempre

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que esa negociación les allane el camino para compartir el poder y se aprueben reformas económicas, sociales y políticas”.

Zuluaga se muestra optimista, ve con buenos ojos esa actitud de la guerrilla:

- “Lo importante es que, por primera vez, aceptan incluir estas reformas en un horizonte democrático –al igual que en otras guerras civiles contemporáneas en las que la solución política ha pasado por el camino de la democratización de las sociedades (Krumwiede, 1999)”.

Zuluaga retoma, aprobatoriamente, el concepto de las ONG en el libro ya mencionado, Colombia, nunca más, señalado que los guerrilleros no deben negociar bajo el modelo de “reinserción” experimentado con el M.19 -el de acordar reformas para su aplicación con posterioridad a la dejación de las armas-. Cree que llegar a acuerdos demanda que del lado del “establecimiento” exista la “disposición para entrar en una negociación sobre la política”. No es extraño el concepto, dado que Zuluaga, y muchos intelectuales adherentes a la tercera tesis, piensan que “al establecimiento” le cabe buena parte – si no toda- la responsabilidad de que en Colombia haya guerrilla:

- “Si las guerrillas se consolidaron y fortalecieron fue porque encontraron un medio propicio para ello. La guerra no es simplemente el resultado de la voluntad política de unos cuantos actores que, a pesar del derrumbe del modelo socialista, persisten tercamente en el propósito de sustituir al Estado y construir un nuevo orden mediante el recurso de las armas”.

Zuluaga defiende una tesis diametralmente contraria a la de Uribe: sin mencionarlos, dice que están equivocados los firmantes del Manifiesto de 1992, porque la persistencia en la lucha armada no es un asunto voluntarista de quienes la hacen. Para él, las verdaderas causas de que haya guerra en Colombia, están: - “En la ausencia de procesos reformistas que posibilitaran el acceso de los

sectores populares a los beneficios del crecimiento económico y de la ciudadanía; los elevados niveles de inequidad y exclusión; la existencia de un Estado incapaz de regular los conflictos sociales; la presencia de un sistema político que ha bloqueado el desarrollo de una democracia moderna; y la carencia de referentes que permitieran la construcción de la unidad simbólica de la nación (U) Especialmente la inequidad, que cuando es percibida no como una fatalidad de la historia sino como la expresión de una injusticia, alimenta el espíritu de rebeldía, tal como lo señala Hannah Arendt (1998). En síntesis, puede afirmarse que la guerra es, en el caso de Colombia, “un síntoma de la carencia de una institucionalidad democrática””.

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Zuluaga, entonces, le da gran trascendencia a la “negociación”, puesto que es el verdadero proceso político que necesita Colombia. La “solución negociada” es en sí misma, el “Cambio”. Llegados a ese punto, ahí sí comenzamos a entender mejor el porqué de la repetida consigna de “Solución Negociada para Colombia”. Los ‘negociacionistas’ pretenden que rija un programa de reformas que desmonten el poder del establecimiento. Lo raro es que nunca se plantean la tarea de ganar las elecciones, verdadera participación ciudadana, a fin de realizar esos propósitos:

- “Una negociación cuyo horizonte es la transformación de la sociedad para democratizarla, carece de legitimidad si no hay participación ciudadana. El gran reto, y la mejor garantía para avanzar por el camino de la solución negociada, es la participación activa de la sociedad con su diversidad de intereses y de proyectos”.

Es decir, la negociación será la revolución. Y, revolución sin pueblo, no es revolución. En un capítulo del libro, Por qué pervive el terrorismo, Edurne habla sobre la trampa del diálogo. Sus argumentos son impresionantes.

Dice ella que el concepto más manipulador en la relación de ciudadanos con el terrorismo ha sido el del diálogo. Que el diálogo se ha presentado como una “solución mágica” durante muchos años.

- “Con el diálogo ocurre lo mismo que con la paz: ¿quién puede decir que no es favorable al diálogo y a la paz? Son tales las connotaciones positivas que en la vida social tienen ambos conceptos que logran habitualmente el enmudecimiento de cualquier interlocutor y el éxito social de quienes los mencionan y proponen”.

El diálogo y la paz no son inocentes y bellas palabras que otorguen certificado de demócratas a quien las utilice. Depende de dónde y cómo se utilicen. En España, según Edurne, frente al terrorismo, ambos conceptos han tenido connotaciones antidemocráticas, porque, no se habla del diálogo entre partidos y organizaciones democráticas para combatir el terrorismo, sino de negociación con los terroristas, o con quienes comparten objetivos con los terroristas para ofrecerles contrapartidas políticas. Cuando en España se dice que hay que conseguir la paz, se está sugiriendo que hay una guerra o un conflicto entre dos bandos comparables, uno, el de ETA, y otro, el de todos los demócratas amenazados.

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En Colombia son aplicables esas reflexiones. También las Farc y el ELN gustan de la tesis del diálogo, porque mientras haya gentes que propugnen por él como solución al terrorismo, saben que al final habrá un diálogo en el que la sociedad ofrecerá alguna contrapartida a sus crímenes a cambio de que finalicen esos crímenes. Edurne dice que la solución, la paz o el diálogo, de lo que tanto hablan los nacionalistas, se sustentan en una valoración justificativa del terrorismo. Es la “teoría del contexto”, que consiste en argumentar que detrás de cada asesinato hay un universo de problemas, todos ellos caracterizados por su extraordinaria e ininteligible complejidad. Que no se puede hacer diferenciación entre delincuencia común y crímenes políticos, porque también los crímenes del Ku Klux Klan eran crímenes políticos y, sin embargo, a ningún demócrata se le ocurriría pedir el diálogo con el Ku Klux Klan ni rogarles la paz. El ejemplo de los racistas norteamericanos es especialmente pertinente para entender la incongruencia democrática de los conceptos de diálogo y paz en determinados contextos, aunque se podrían añadir otros muchos. La utilidad del ejemplo del Ku Klux Klan se basa, dice Edurne, en que es un grupo terrorista de ideología racista y de extrema derecha que ha sido ampliamente repudiado por la inmensa mayoría de los grupos políticos. Los crímenes del terrorismo de izquierda son de la misma naturaleza, y, sin embargo, siempre han sido amparados por la apelación al diálogo y los ruegos de paz. El diálogo no es inocente, reflexiona Edurne. El diálogo tiene mucho de comprensión, bastante de ingenuidad irresponsable y mucho de miedo. Y, sin embargo, pocos se han atrevido a denunciarlo -es tal la fuerza de las evocaciones positivas de este término-. Pongamos de nuevo al Ku Klux Klan en el lugar de ETA y apliquémosle todas las apelaciones al diálogo y a la paz que se han hecho todos estos años. 36. EL PROBLEMA AGRARIO: OXÍGENO PARA LOS GRUPOS ARMADOS.

(e) - En materia agraria el informe propuso una profunda reforma rural: elevar el avalúo catastral, cobrar un impuesto que castigue las tierras ociosas, tomar medidas para cerrar la frontera agraria y reubicar población en zonas más próximas a los circuitos del mercado. Así se le quita oxígeno a los grupos armados, porque la desigualdad en la tenencia de la tierra es en parte responsable del conflicto armado.

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Colombia cuenta con 21,5 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Menos de 4 millones de hectáreas, equivalentes al 19% de la capacidad, son empleadas en ese tipo de actividades. La superficie en uso no corresponde a la aptitud del suelo ni a la dotación de recursos naturales. Ello implica baja productividad y deterioro del capital natural. Adicionalmente, la concentración de la propiedad de la tierra y la ausencia de un ordenamiento territorial agravan el conflicto de uso del suelo. El gobierno del presidente Uribe ha creado mecanismos para el sector agrario, que hagan eficiente el uso de la tierra. Incluye la mayor operación de actualización catastral que se haya hecho en toda la historia de Colombia. La ha hecho el IGAC. Sin demagogia se ha logrado que crezcan los recursos provenientes del impuesto predial y sigue habiendo un campo para mejorar su aplicación y hacerlo más eficiente. El gobierno no promueve la ampliación de la frontera agropecuaria, porque se atentaría contra zonas frágiles ambientalmente. Impulsa proyectos productivos de acuerdo a la aptitud de los suelos, a los planes de desarrollo departamental y al uso de criterios empresariales, dentro de la actual frontera agraria. También se está haciendo un verdadero reordenamiento poblacional hacia zonas próximas a los circuitos de mercado, con las carreteras populares (2.500 kilómetros de vías pavimentadas), los acueductos y la electrificación. ¿Sabía Colombia, por ejemplo, que Riosucio, Carmen del Darién, o Nuquí, para sólo poner tres ejemplos del departamento del Chocó, por obra de la corrupción y la politiquería estuvieron sin interconexión eléctrica o sin planta autocosteable hasta ahora que el propio presidente de la República decidió meterse, personalmente, en el asunto? El terrorismo ha agravado las condiciones de desigualdad en la tenencia de la tierra al generar el fenómeno de desplazamiento forzado. Según un estudio del Banco mundial, el 60% de la población desplazada es propietaria de tierra. Si la gente y los inversionistas del campo abandonan las actividades rurales lícitas, la inversión y la creación de empleo, otros se apropian del territorio con actividades ilegales que conllevan violencia, desasosiego y pobreza para la población campesina. Una nueva ley de extinción de dominio promovida por el gobierno Uribe, ha hecho que regresen a la sociedad miles de hectáreas de tierra que estaban en manos de los delincuentes. Antes del 7 de agosto de 2002, sólo se habían dictado 6 sentencias en firme. Desde su vigencia, hay ya más de 2.200 bienes, principalmente tierras en proceso de extinción de dominio que se incorporarán al plan de País de Propietarios.

El presidente URIBE dijo el 21 de noviembre de 2004, en la ceremonia de entrega a las familias pobres y desplazadas, de las fincas expropiadas a narcotraficantes, que la “entrega de tierras es una reforma agraria con proyectos productivos, con

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buena tierra y sin necesidad de sacar a los propietarios eficientes y honestos”. Y agregó, “esos son los hechos que van mejorando el tejido social de la patria, que favorecen a familias pobres, a las que se les ayuda y asiste con proyectos productivos, gracias a que los procesos de extinción de dominio que se han agilizado por la ley que se aprobó durante los primeros meses del Gobierno. Vamos a seguir en esta tarea para darles tierra a las comunidades campesinas, a las comunidades de desplazados, tierras de buena calidad, y a complementar esa entrega de tierras con proyectos productivos que reivindiquen estas comunidades. En los cinco primeros años, de acuerdo con la ley, esos campesinos y esas familias son administradores de esas tierras, tenedores en administración, pero que una vez transcurran los primeros 5 años y hayan demostrado buenos resultados, se les reconocerá plenamente el derecho de dominio. La meta es entregar 150 mil hectáreas”.

37. ¿MANO DURA A LA PROTESTA POPULAR?

(f) - El Estado colombiano ha sido intransigente y ha tendido a dar una respuesta judicial o de mano dura a la protesta popular. Parte de la reforma política debería buscar mecanismos para canalizar la protesta por las vías civilizadas, quitándole espacio a la violencia.

¿Qué caso concreto de acusación de intransigencia o de “respuesta de mano dura a la protesta popular” puede endilgársele, por ejemplo, al gobierno Uribe? Los problemas del pueblo necesitan sensibilidad, solidaridad y trabajo incansable en las soluciones inmediatas. Y no es justo para el gran pueblo de Colombia, que se diga que el ejercicio firme de la autoridad frente al terrorismo es persecución a la protesta justa. Una bomba que las FARC hicieron explotar en Chita (Boyacá) y que mató a 8 campesinos no es protesta popular, es masacre contra el pueblo. Algunos caen ingenuamente en la propaganda que nos describe como país de cafres, de autoritarismo, de irrespeto al Estado de Derecho. Basta comparar la realidad colombiana, la que se vive cotidianamente, con la propaganda que hace el terrorismo en el exterior. Ya leímos a doña Cristine Lunga y a los saboteadores de la visita al Parlamento Europeo. Pero los ejemplos son innumerables. Paul Lynch, un diputado del Estado de Nueva Gales del Sur, Australia, vino a Colombia invitado por las FARC como integrante de una comisión internacional de observadores en el proceso contra unos militantes del IRA, sindicados de tener vínculos con la organización terrorista FARC. El señor Lynch gozó de todas las garantías en su trabajo como observador. No obstante, declaró en un periódico de su país:

“En Colombia existe ajusticiamientos masivos de opositores al régimen”.

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¿Si fuera un observador serio y honrado se atrevería a decir tal mentira? ¿El Estado colombiano reprime violentamente, con mano dura, la protesta popular? No hay un Estado en el mundo que, enfrentando tan grave peligro terrorista, permita que se disfrute de un nivel de libertades públicas como el que se garantiza a sus ciudadanos. Es una afirmación extraña de los autores del Callejón con salida, que “el Estado colombiano ha sido intransigente y ha tendido a dar una respuesta judicial o de mano dura a la protesta popular”, o que “no la canaliza por las vías civilizadas, dejándole el espacio a la violencia”. No nos quedemos en las palabras. Vamos a los hechos: El primer martes de septiembre de 2004, las organizaciones indígenas del cauca (Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y Autoridades Indígenas de Colombia (AIC) se reunieron con representantes del gobierno nacional y departamental del Cauca. Anunciaban la realización de una marcha por la carretera Panamericana, que saliendo de Popayán, llegaría hasta Cali, para realizar allí una gran manifestación. En el auditorio estaban los senadores y representantes indígenas (primer síntoma de que no estamos tan mal en representación política), las autoridades indígenas, el ministro de la Defensa y los altos mandos de las fuerzas armadas y de la policía, el viceministro del Interior, el director de la oficina encargada de los asuntos étnicos de ese ministerio, los representantes de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría. Estaban presentes, también, los dirigentes políticos y de los sectores sociales que apoyaban la marcha de protesta. Avanzada la reunión, se vio que la marcha no tenía reversa. Entre los representantes gubernamentales hubo entonces una fuerte disparidad de criterios. Los del ¡no! a la marcha, dijeron:

- La marcha tiene propósitos políticos, no reivindicativos. Es seguro que va a ser aprovechada por los terroristas para bloquear la carretera, incendiar vehículos y cometer desmanes. Recuerden que esa marcha va a coincidir con un paro de camioneros que también tiene propósitos políticos. Si la fuerza pública tiene que intervenir, los terroristas van a querer obligarla a actuar enérgicamente, para que haya detenidos y, de pronto, heridos. Así llegaremos al círculo vicioso de: (a) actos terroristas, (b) intervención de la fuerza pública y, (c) denuncia al Estado colombiano porque es intransigente y da respuesta de mano dura, o judicial, a la protesta popular.

Otros funcionarios, al contrario, alegaron que la marcha se tenía que dejar hacer; dar todas las garantías e, incluso, acompañarla para evitar que los enemigos del Estado, del gobierno y de los indígenas la sabotearan:

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- ¿Qué tiene que ver que la marcha sea política o reivindicativa? ¡Claro que

es una marcha con intenciones políticas! ¡Eso se ve a la legua! Pero las razones que se aduzcan son un asunto de ellos. Lo que el gobierno puede exigir es que se respete también el derecho de movilización de los demás ciudadanos ajenos a la marcha. Si bloquean la carretera: ¡interviene la fuerza pública! Si cometen un solo desmán: ¡interviene la fuerza pública! Lo que hay que condicionar es el comportamiento de los marchantes, no el discurso de los marchantes.

Alguien propuso consultar al Presidente de la República. Lo contactaron telefónicamente a través del conmutador de la Casa de Nariño. Luego de oír el informe del ministro, el Presidente preguntó:

- ¿Cuándo es la marcha? - De hoy en ochos días, el próximo martes, señor presidente.

- Está bien. Dígale al señor gobernador que organicemos un Consejo

Comunal con las autoridades y líderes indígenas para este viernes. Que cite a todos los interesados: dirigentes indígenas, comunales, políticos, funcionarios del gobierno y ONGs que intervienen en las políticas indígenas.

- Muy bien, señor presidente, le dijo el ministro.

El anuncio del Consejo Comunal cayó bien y mal. La mayoría apreció en el gesto del Presidente su temperamento democrático y estuvo dispuesta a debatir respetuosamente con él. Unos cuantos, pocos, más bien, algo inmaduros y con capacidad de alborotar, dijeron que ellos no tenían nada que hablar con el gobierno. Veamos en plena acción al presidente, jefe de un Estado y un gobierno que, según Callejón con salida, es intransigente y tiende a dar respuesta judicial o de mano dura a la protesta popular: La reunión o Consejo Comunal fue multitudinaria. Hubo una pequeña trifulca a la entrada del salón, porque la fuerza pública quiso retirar los bastones de mando a los gobernadores de los cabildos. Otorgada la autorización para ingresarlos, comenzó el debate. En síntesis, en sus intervenciones, los promotores de la Marcha expusieron como justificación las siguientes reivindicaciones y expresiones de inconformidad:

(a) Reivindicar el derecho que otorga la Constitución a la protesta.

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(b) Las comunidades indígenas no pueden estar de acuerdo con que el Gobierno, por la política de Seguridad Democrática, los presione a definirse en el conflicto colombiano.

(c) Incumplimiento de las política consignadas en las siete herramientas de equidad, en lo que tiene que ver con los indígenas.

(d) Propuestas de reforma constitucional contra los intereses de las comunidades indígenas.

(e) Política de destrucción de los páramos. (f) Detención de dirigentes indígenas por orden de la Fiscalía.

A pesar del intento de desordenar el uso de la palabra con abucheos, gritos o aplausos, el Consejo entró rápidamente en el ambiente común a todos: lenguaje y tono sosegados, democracia en el otorgamiento del uso de la palabra, intervenciones cortas y al grano, en fin, todo lo contrario a lo que cuentan en sus informes los que hablan de que en Colombia hay un autoritarismo que nos tiene embrujados. El presidente tomó la palabra:

- Quiero saludarlos muy afectuosamente a todos. El objetivo del Consejo es que tratemos dos temas: la Marcha del martes y los compromisos del gobierno nacional con el departamento del Cauca -que se han venido tejiendo en los diferentes consejos comunitarios, en el Plan de Desarrollo, en las diferentes acciones como el Presupuesto de la Nación, etcétera-.

Me parece que la reunión que tuvieron el día martes clarificó muchos aspectos. Quiero ser muy breve para que la reunión de hoy sea dinámica, nos ayude. Si la convertimos en una reunión de discursos largos, para nada servirá y yo quiero dar ejemplo.

Quiso entrar directo al grano: la Marcha indígena. Muchos se morían de miedo porque podía ser aprovechada –como ha ocurrido en ocasiones- para bloquear las carreteras y dar la apariencia de que estamos en los días del fin del mundo. El presidente dijo lo contrario:

- Este es un Estado democrático y hay un Gobierno democrático. Nosotros no podemos impedir protestas, pero sí tenemos que preservar los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los derechos de quienes participan en la protesta. De ahí que es muy importante que no haya bloqueo de vías. Lo tenemos que decir con toda claridad: este departamento sufrió en el pasado un bloqueo que hizo mucho daño, y recién empezado este Gobierno se intentaron unos bloqueos que el Gobierno tuvo que despejar de inmediato. Yo rogaría que no haya esos bloqueos. La decisión del Gobierno, desde un principio, ha sido impedirlos. La orden que tiene la Fuerza Pública es

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despejarlos si se dan. Y es muy bueno, sobre estos temas, tener y conocer las reglas con antelación: que todo el mundo sepa cómo debe proceder.

La protesta pacífica es totalmente respetable, es un derecho, que el Gobierno no puede conculcar. Pero, hay que tomar todas las previsiones para que la protesta no degenere en perturbaciones a la comunidad ni en violencia: se exalta el ánimo de la gente; bloquean una vía; llegan la Policía y el Ejército a despejar; puede haber contusos, puede haber heridos...

Queremos que no haya un solo contuso, que no haya un solo herido, pero todos tenemos que ayudar. A quienes vayan a hacer la marcha, les rogaría mirar muy bien las consecuencias de cada decisión. Les quiero hablar amablemente, pero con franqueza: si no les hablo con franqueza les hago perder el tiempo. Les rogaría no permitir que bloqueen las vías ni que nos obstruyan el flujo normal de la vida cotidiana. Porque la instrucción a la Fuerza Pública es impedir eso.

Es muy importante también, evitar infiltraciones de grupos violentos. ¿Por qué? porque ya se sabe que están incitando y tratando de hacer de esta marcha de las comunidades indígenas, algo más grande. Están amenazando sectores del transporte, para obligarlos a entrar a un paro. Están hablando de un paro armado en el Cauca desde el lunes, y yo sí le ruego a la Fuerza Pública impedirlo y hacer todo el esfuerzo que hay que hacer para capturar a los guerrilleros que están amenazando con cumplir esa misión terrorista.

Hubo murmullo aprobatorio. Los dirigentes indígenas expresaban en voz baja su acuerdo con esas consignas. Ahí fue la primera derrota de quienes querían la Marcha como mecanismo desestabilizador para demostrarle al mundo que en Colombia hay un gobierno tiránico que impide el derecho del pueblo a la manifestación y la protesta.

Vino luego un largo debate sobre las políticas de seguridad, y social. El presidente comenzó:

- En cuanto a los aspectos que conversaron hace dos días con el señor Ministro y con los señores Gobernadores, quisiera que enseguida los resumiera el señor gobernador del Cauca. Tengo unos comentarios que, en el orden en que él vaya proponiendo el tema, yo me referiré a estos.

El senador Jesús Piñacué, tomó la palabra y dijo:

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- La marcha protestará porque las comunidades indígenas no pueden estar de acuerdo con que el Gobierno, por la política de Seguridad Democrática, las presione a definirse en el conflicto colombiano.

El presidente repitió a los indígenas, parsimoniosa pero enérgicamente, su famosa tesis:

- Yo quiero repetir lo siguiente, queridos amigos. Colombia tiene muchos problemas: económicos, sociales, fiscalesU Pero nosotros no aceptamos definir como conflicto interno armado a la acción armada. La acción armada no la aceptamos como conflicto de fuerzas beligerantes; la señalamos como terrorismo. En un país que ha hecho este gran esfuerzo por ampliar su democracia, la acción armada es puro y simple terrorismo, no es conflicto interno armado.

El conflicto que tenemos que resolver es el problema de miseria, el problema de desempleo, el problema de inequidad. Y la acción armada terrorista ha sido un factor que ha aplazado las soluciones a esas dificultades sociales. Esa es mi primera diferencia.

La segunda: las definiciones sí las exige el Gobierno: es la definición a favor de las instituciones democráticas. Nosotros no aceptamos aparentes neutralidades frente a los terroristas y la Fuerza Pública. Eso es inaceptable. El Gobierno no lo puede compartir. Aquí tenemos que definirnos a favor de la Fuerza Pública, porque es la institución democrática. La Fuerza pública está creada en virtud de la Constitución, es el apoyo a la soberanía del Estado, es la garantía de libertad de los ciudadanos.

Repito, senador: la Fuerza Pública en Colombia no es del Gobierno ni del Presidente: es del Estado, ese del cual usted es un dirigente y servidor. La fuerza pública es de la democracia, es del pueblo.

Este Gobierno ha dado ejemplo en ser capaz de adelantar una política de seguridad con toda decisión y sin politizar la Fuerza Pública. La Fuerza Pública en este Gobierno ha tenido la instrucción de proteger por igual al parlamentario más afecto a las tesis del Gobierno, que al parlamentario más crítico a las tesis del Gobierno.

Esa es una razón de más para decir que no se acepta la tesis neutralista: cuando la Fuerza Pública no está politizada, cuando la Fuerza Pública está instituida y apoyada por el Gobierno para proteger por igual a todos los colombianos –independientemente de su credo político, de su afinidad o

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discrepancia con el Gobierno-, hay una razón de más para decir que no se acepta la famosa neutralidad en el conflicto de la Fuerza Pública con los terroristas. Ahí tengo una discrepancia profunda con quienes proponen esa tesis, como el Senador Piñacué.

Yo faltaría a la verdad, por omisión, si no le dijera, senador, que en Colombia se acabó el cuentico de que hay neutralidad en el conflicto: porque aquí no hay conflicto interno armado, sino desafío terrorista. Aquí de un lado está el terrorismo; y de otro lado está la institución armada democrática. Aquí nos tenemos que abrazar todos con la institución armada democrática. Exigirle a la institución armada democrática todos los días más transparencia, todos los días más eficacia. Pero el único camino de la Patria es abrazarnos de la institución armada democrática.

Por eso, queridos amigos, quiero decirles que la política de Seguridad Democrática tiene que continuar. Y me parece, en las actitudes y los discursos que he oído, que una parte de los marchantes está buscando excusas. Que en el fondo, lo único que quieren es sabotear la política de Seguridad Democrática, con el pretexto de que el Gobierno no puede utilizar esa política para obligar a una definición frente al conflicto a secas.

Yo respeto profundamente la diversidad cultural de la Nación, y tengo que hacerlo, porque yo juré cumplir la Constitución. Pero hay una pregunta que hay que hacer: ¿la diversidad cultural de la Nación excluye, por obra de algún inciso subrepticio, la aplicación del código penal? Yo creo que no. ¿La diversidad cultural de la Nación excluye de algún sitio la presencia de la Fuerza Pública? Yo creo que no. Ese es otro punto.

Bienvenido el debate inteligente y respetuoso. Bienvenidas las propuestas, las salidas, las soluciones. Bienvenido el disidente con argumentos. Bienvenida la oposición democrática de hoy, que puede ser gobierno mañana. Estamos en una democracia que respeta como sagradas la opinión y la libre militancia política.

38. SIETE HERRAMIENTAS DE EQUIDAD

El segundo gran tema fue el examen por parte de los marchistas y el gobierno del avance de las Siete Herramientas de Equidad en el Cauca. Participó el Ministro de Protección Social, quien hizo una relación de cómo iba su área en cinco ítems: régimen subsidiado, subsidios parciales de salud, atención a los niños, atención a

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los ancianos y protección para las comunidades indígenas. Igualmente se estudiaron los avances del Sena y de la Red de Solidaridad, en lo que respecta a los programas de seguridad alimentaría con las comunidades indígenas del Cauca y las Familias Guardabosques.

También fue el Ministerio de Minas para hablar del avance en la central hidroeléctrica de Brazo-seco (que generará la energía para Guapi y toda la zona pacífica del Norte de Nariño y del Sur del Cauca); el programa inicial de electrificación del Macizo y el suministro de gas a las comunidades raizales.

- Definimos, dijo el presidente, que vamos a empezar con dos proyectos experimentales en Colombia para la ‘ruralización’ del gas: por razones ecológicas y para aliviarle la vida a la gente. El primero será en el gran Macizo Colombiano; el segundo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y sobre eso hay unos pasos concretos que han avanzado.

Luego habló del problema de tierras:

Con el presupuesto de adquisición de tierras, nosotros nos comprometimos -presupuesto de la nación, tras presupuesto de la nación; adición tras adición- a ir incluyendo un poquito. La situación de nosotros es difícil, yo no me puedo comprometer con grandes cifras, pero desde que haya buena fe, voluntad para que en cada decisión presupuestal se incluya un poquito, ahí iremos avanzando, queridos amigos.

Otro tema era un cuento que estaba regando la oposición, sin fundamento alguno, sobre que el gobierno pensaba proponer la derogatoria del artículo 286 de la Constitución, que define los territorios indígenas como una de las entidades territoriales, y las equipara con departamentos y municipios.

-¿De dónde sacan que se va a reformar eso? No se dejen desorientar, ¡hombre!, exclamó el presidente con algo de irritación.

Un Gobernador Indígena insistió:

- Eso no se ha dicho de manera tal. Pero sí hay el desarrollo de una serie de decretos que van dirigidos hacia allá.

- ¿Qué decretos hay?

- La ley de Páramos que tiene que ver con el desvirtuar el carácter de nuestro territorio. Seguramente, Presidente, una cosa es la discusión allá, y

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otra cosa es la preocupación y la práctica que se está dando en nuestros territorios. Caso concreto, ya lo hablaron, El Naya; y caso concreto, una cuenca aquí en Popayán, señor alcalde, que desde hace varios años tenemos ese problema.

- La acusación que se ha hecho es que el Gobierno está promoviendo la reforma del artículo 286 de la Constitución para afectar la territorialidad indígena, dijo el presidente. ¡Eso no es cierto! Cuando a mí me lo dijeron el martes, me sorprendió. Eso no ha pasado por la mente del Gobierno.

A este Gobierno se le ataca muy fácil porque a mí a me conocen muy fácil los adversarios; porque casi todo lo mantengo por encima de la mesa. En estos temas yo no mantengo dos lenguajes. Eso no ha pasado por la mente del Gobierno. ¿Reformar el artículo 286 de la Constitución en esa dirección? ¡Hombre!

¡Aquí no estamos jugando! Estamos hablando en público, delante todos los medios de comunicación. ¡A las comunidades no se les puede engañar inventando pretextos para que vayan a las marchas! ¡Ese es un pretexto! ¡A las comunidades hay que convocarlas con realidades, pero no engañarlas con pretextos!

El otro tema que acaban de plantear es el tema de los páramos. Esos son fábricas de agua. Me decía el señor Gobernador que la aspiración de ustedes es que los páramos no se contabilicen dentro del total de tierras productivas. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo he dicho en muchas partes del país - no por coquetear con ustedes ni por lisonjearlos. ¡Yo no me he podido conseguir el voto de ustedes, qué les voy a coquetear a estas alturas de la vida!-, he dicho siempre: ¡los que mejor manejan la tierra de las reservas, son ustedes!

Entonces, yo entregaría a las comunidades indígenas el cuidado de todas las fábricas de agua del país, son quienes mejor manejan eso. Y estoy de acuerdo con ustedes, que a uno no le pueden exigir que cuide un nacimiento de agua y al mismo tiempo exigir que lo cultive.

Lo que ustedes dicen ahí es de mucho sentido común, de mucha sabiduría. Ustedes aman la tierra y la saben cuidar. Entonces, en ese tema no tenemos discusión. Yo soy partidario de que no se contabilice el páramo como tierra productiva.

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Sobre la Fiscalía y la jurisdicción territorial el presidente sentó esta doctrina:

- Mi concepción general es esta: el Código Penal rige hasta en el último milímetro del territorio nacional. Es importante que se promueva una reunión entre ustedes con el Fiscal General de la Nación para que miren ese tema. Mi visión política es que el Código Penal, la administración de justicia, las fuerzas institucionales, no se pueden excluir de ningún milímetro del territorio. Yo sí rogaría que se precisaran los alances del asunto con el señor Fiscal General de la Nación.

Dos dirigentes de una ARS indígena del Cauca fueron a hacer negocios en la Costa Norte. El alcalde de Riohacha y varios comisionistas de los jefes paramilitares fueron capturados para que respondieran por corrupción. Igual suerte corrieron los dos indígenas del Cauca. Los organizadores de la marcha proponían como consigna la exigencia de la libertad para ellos. El presidente les dijo:

- ¿Qué vamos a discutir del tema de los encarcelados por el robo a las ARS? ¡Antes que pedir que echen para atrás eso, yo lo que pido es que metan a la cárcel a todos los que se están robando la plata de la salud! ¡Sea quien fuere! Hay que hacerlo con toda transparencia pero con toda severidad. Y si estaban en malos manejos -de acuerdo con lo que valore la Fiscalía, no el gobierno, o el Congreso, o el CRIC-, en lo que estaban era en mora de meterlos a la cárcel.

Si algo ha hecho mal a este país, es que se roben la plata de la salud de los pobres.

El presidente pidió al gobernador indígena que ilustrara a los presentes sobre las dudas en el problema de la ARS, sobre las capturas. El gobernador tomó la palabra y explicó:

- Nosotros, como indígenas, hemos mostrado la transparencia. Lo que no nos gusta es que se viole el debido proceso. Eso es lo que mí me preocupa, y es el daño que les han hecho a estas personas.

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Nosotros en asamblea de autoridades indígenas de los 105 cabildos, -y ahí están los medios de comunicación como testigos-, dijimos: vamos a llevar hasta el fondo la investigación. ¡Que no se investigue esa ARS!, señor Presidente, ¡que se investigue a todas!, ¡a todas!, cuenta por cuenta, a dónde van.

Lo que no nos gusta es que violen el debido proceso. Eso hizo la Fiscalía contra estas dos personas. ¿Por qué? Porque, aquí salió públicamente que iban a hacer una auditoria. No se identificaron como Fiscalía ni nada, sino que entraron. Nosotros, porque era en pleno lunes y estábamos fuera, apenas estábamos llegando. Si no, nos metemos todos en un problema. ¿Por qué? porque los de la Fiscalía no se identificaron y como Usted sabe que en todo esto nosotros, lo que primero se piensa es en un secuestro. Como no se los llevaron en un carro de la policía, sino que vinieron en un carro particularU Por eso yo, inmediatamente, hice el llamado a la Defensoría del Pueblo departamental y nacional para que viera esa violación. Después supimos que los había capturado la Sijín.

O sea, vuelvo y repito: es el procedimiento contra esas dos personas, eso es lo que a nosotros no nos ha gustado, y eso tiene que clarificarse ante la opinión pública. ¿Por qué? porque a nosotros nos dicen que somos auxiliadores de todo ese cuento. Que se nos demuestre si estamos implicados.

El presidente se dirigió al general Alberto Ruiz García, director operativo de la Policía Nacional, quien estaba sentado en la mesa principal del Consejo:

- Señor general Ruiz: ¿cómo fue la captura de las personas de la ARS?

- Señor presidente: se inició el operativo por parte de la Dijín con la Fiscalía, en Riohacha. Se estableció claramente la vinculación de estas personas, la médica y el dirigente indígena, con el delito. A través de una comunicación interceptada legalmente, con autorización de la Fiscalía, supimos que uno de ellos ofreció equis cantidad para negociar el manejo de los dineros de la ARS. Y ese es el motivo fundamental por el cual la Fiscalía dictó el correspondiente auto de detención.

Al referirse nuevamente al tema de la Marcha, el gobernador indígena tranquilizó al auditorio y desencantó a los agitadores:

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- Creo, señor Presidente, que usted respeta la Constitución. Con sus palabras se entiende que hay libre expresión del Movimiento Indígena del Cauca y Campesino. Aquí en la marcha del 2001 no le dijimos a la Fuerza Pública: ¡quítense! La Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa –como lo dije el martes- es la que vela por la soberanía de todos los colombianos.

Nosotros tenemos también nuestra guardia y le hemos dicho al Movimiento Indígena: ¡no vamos a permitir que se nos vayan a infiltrar!, porque los vamos a buscar, los vamos sacar, los vamos a juzgar, porque no queremos infiltraciones. Porque esa es una libre expresión del Movimiento indígena.

El presidente le recordó al gobernador indígena:

- ¡Tampoco los bloqueosU!

El Gobernador Indígena fue tan claro como el presidente:

- Señor Presidente: nosotros estamos bajo los artículos de la Constitución Política y vamos a marchar sin bloqueos, sin bloqueos, siempre y cuando no nos vayan a tocar ni el uno ni el otro, que nos respetemos. Así como dijo el gobernador del Cauca: ‘mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro”. Y creemos que a eso estamos llegando.

El presidente ripostó:

- BuenoU, no vamos a discutir más sobre la Marcha. Nos entendemos, algo me conocen a mí y yo a ustedes. Yo no le voy a dar a la Fuerza Pública instrucciones en privado, distintas a las dadas en público. Cero bloqueos, cero interferencias de grupos armados, cero molestias a las ciudadanía, y la reacción de la Fuerza Pública tiene que ser automática en el momento en el que esa marcha esté perturbando la tranquilidad ciudadana, que esté perturbando la movilidad en las carreteras, etcétera.

Y, con claridad, el presidente dijo lo que era evidente para cualquier observador imparcial:

- No veo relación entre los problemas que están planteando y la marcha. Veo que la marcha lo que tiene es un objetivo político y como tal lo debían presentar. Pero no montarle mentiras. No montarle el cuento de que van a reformar el artículo 286 de la Constitución. Digan la verdad, digan que

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ustedes tienen un partido político que quieren salir a marchar y a protestar, pero no le inventen embustes al país.

Les he querido hablar con mucha sinceridad porque yo no les voy a hacer perder el tiempo a ustedes, ponerme aquí con un discurso de hipocresía, yo no puedo decir por allá en un salón de Bogotá una cosa y venir a Popayán a decir otra.

La marcha fue un éxito para todos, menos para quienes quisieron que hubiera violencia de los manifestantes y uso de la fuerza por el ejército y la policía. Miles de personas se movilizaron libremente; no se coartó la libre expresión. La oposición aprovechó para echarse sus discursos contra todo: el TLC, la seguridad democrática, la revolución educativa, el proyecto que levanta la prohibición de reelegir a los anteriores presidentes. Pero eso sí, y como siempre ocurre en Colombia: nadie exaltó el comportamiento del Estado. A los senadores, representantes, diputados y concejales de la oposición, les pareció que sería mucha “debilidad ideológica” decir:

- Hicimos la marcha porque teníamos derecho. Pero el presiente participó en el debate sobre sus propósitos; la fuerza pública nos acompañó en plan de defendernos y darnos garantías; y nos recibió en Cali el Gobernador del Valle, militante de una de las fuerzas que promovió la marcha.

¡No! La oposición y los neutralistas siguen diciendo que en Colombia no hay derecho a la protesta social, porque siempre se la reprime con mano dura, como si estuviéramos en las viejas épocas de las dictaduras anticomunistas. ¿Gobiernos transadores, negociadores, pacientesU? Los de Colombia. No el de Uribe, todos: de Pastrana, Samper, Gaviria, Barco, BelisarioU

39. POLITICA DE ESTADO PARA DERROTAR LA GUERRA. EL MANUAL DEL PERIÓDICO EL TIEMPO

(g) Hay que buscar la construcción de una política de Estado frente a los temas de la paz y el conflicto, que no cambien de gobierno en gobierno.

El presidente Uribe cree que la política de Estado frente a la paz y a los conflictos, cualesquiera que ellos sean, está ya construida. Está en la Constitución y las leyes vigentes, que no cambian caprichosamente de “gobierno en gobierno”. Su propósito es que, en su gobierno, queden sentadas las bases definitivas de la derrota de los violentos. Su idea no es tirarle la bola al gobierno siguiente ni permitir que los colombianos sigan creyendo la tesis de que, como nuestra situación de violencia será eterna, vamos a tener que construir una política perpetua para la paz y el conflicto.

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(h) El informe dice que el principal enemigo de Colombia es la guerra y la tarea más urgente es derrotarla.

El Estado de Derecho no hace la guerra a sus ciudadanos. Ejerce autoridad para disuadir la violencia y recuperar el imperio de la ley. Los principales enemigos del pueblo colombiano son de carne y hueso, no una abstracción. El enemigo son los terroristas, los corruptos y el clientelismo político. El cuarto gran documento neutralista es:

- Conflicto armado y terrorismo: manual de cubrimiento del periódico El Tiempo.

Fue dado a la luz el 6 de noviembre de 2003 y mereció el más amplio despliegue del propio periódico, de todos sus colegas, de las ONG y de los comentaristas internacionales.

En un trabajo de divulgación, publicado por EL TIEMPO, el 17 de noviembre de 2003, y titulado: LOS PERIODISTAS Y LA GUERRA, Álvaro Sierra, editor adjunto del periódico, hizo una completa síntesis del Manual al que definió como el “juego de reglas que deben observar periodistas, editores y directivos para el cubrimiento del conflicto armado”.

Según Sierra, era la culminación de un trabajo de análisis sobre cómo el diario ha cubierto el conflicto armado y los procesos de paz, que contiene las reglas para el trabajo de sus periodistas en las difíciles y exigentes condiciones de guerra en el país.

La síntesis de su contenido, escrita por el propio editor, nos releva de la tarea de hacer muchos comentarios. El Manuel es un clásico de la tesis neutralista. Habla con la misma independencia de criterio y de sentimiento sobre los “actores del conflicto en Colombia”, como lo podría hacer, o lo hace, con respecto a las partes enfrentadas en Chechenia. La redacción del Manual deja la sensación de que van a tener “corresponsales de guerra” en el propio territorio de Colombia.

Según el editor, El Tiempo cree poder declararse neutral, no tomar partido. Aunque debo recordar que el periódico es considerado por uno de los grupos terroristas colombianos, como “objetivo militar”, lo que en lenguaje llano quiere decir que varias veces han intentado ponerle bombas para matar a sus trabajadores. Gracias a Dios, otro de los “actores armados” en el conflicto interno, la policía, se desvive por evitar las acciones de beligerancia del “otro bando”. En

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los últimos años, sus unidades se han jugado la vida desarmando poderosos aparatos explosivos colocados en las cercanías de sus instalaciones.

Esta es la síntesis del Manual, según el trabajo que lleva la firma del editor:

- Definiciones:

1. Independientemente de las simpatías personales y la posición editorial del periódico, sus periodistas asumen el compromiso de informar con total independencia, seriedad y veracidad de los hechos que presencian o pueden confirmar por sí mismos.

2. A la vez que atiende a la creciente degradación del conflicto, la información no puede reducirlo a una confrontación bélico-criminal, y debe prestar atención a sus causas de fondo.

3. No debe ponerse un signo igual entre los actores armados oficiales y los ilegales, pues los primeros defienden el Estado de derecho en tanto que los segundos representan proyectos dictatoriales de sociedad.

4. El Estado y sus organismos de seguridad deben ser objeto de estrictas exigencias y vigilancia en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.

5. Debe distinguirse entre los uniformados (regulares e irregulares) y las acciones de guerra que libran, de una parte, y la población civil, que no es un actor del conflicto, de otra. Cuando ésta sea blanco de acciones militares debe ser objeto de especial atención informativa.

6. Se usará la calificación de 'acto terrorista o de terror' para designar toda acción cuyo objetivo sea causar pánico entre civiles. Sin embargo, habida cuenta de lo complejo del carácter de los grupos armados y de lo político de la definición, que cambia con el tiempo y los intereses, el periódico no adoptará, por lo pronto, la calificación de 'terroristas' para designarlos.

En este punto hago lo que llama el diccionario, una acotación: Walter Lequeur, en su libro La guerra sin fin, se burla de algunos medios de comunicación que caen en la “práctica ridícula de no llamar a la pala, pala, sino instrumento agrícola”. Y dice que es comprensible que agencias de noticias internacionales como Reuters se sientan incómodas a la hora de utilizar el término “terroristas” porque puede ofender a los terroristas e incluso poner en peligro a sus corresponsales. Pero, sigue diciendo Lequeur, sería más honesto admitir que el uso de las palabras “militantes” o “activistas” para referirse a los terroristas, obedece más al miedo de perder clientes que al deseo de ser objetivos y contar la verdad. En el Apéndice de ese libro de Lequeur, podrá encontrar el lector agudísimos y acidísimos comentarios sobre esa decisión de los periódicos de obviar el uso de la palabra “terroristas” porque es “tendenciosa y propagandística, y porque los terroristas de

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hoy pueden llegar a ser los estadistas del mañana”. Pero sigamos con el Manual de El Tiempo.

7. Al cubrimiento del conflicto se destinarán reporteros experimentados, de probada independencia y serio conocimiento de los temas.

8. Nunca un periodista puede poner en peligro la vida de civiles o uniformados; nunca puede pasar información a uno u otro bando, y jamás debe aprovechar una entrevista con un actor armado irregular, para entregar ningún dato sobre su ubicación o que facilite su captura.

- Neutralidad, imparcialidad, independencia

1. La puerta de la sala de redacción está cerrada a la polarización que genera la guerra. Los periodistas pueden profesar las opiniones que deseen, pero estas no pueden trascender a su trabajo, que debe hacerse con completa imparcialidad.

2. Presencia física en los hechos y apego a los mismos, verificación directa, uso de múltiples fuentes, estudio en profundidad de los temas y esfuerzo sistemático por no servir de vocero a ningún actor armado, son reglas básicas del oficio que cobran decisiva importancia en medio del conflicto.

- Información

1. La información debe privilegiar a la población civil y sus esfuerzos para enfrentar la guerra.

2. Una de las formas de contrarrestar la rutina de la violencia que domina la información es dar voz y rostro a la víctima, privilegiándola sobre el victimario: el testimonio de los actores armados y los voceros oficiales, necesario, no debe ser el centro de la información.

3. Se debe ser sensible al entrevistar o fotografiar a las víctimas y poner de presente el contexto de dolor o desesperación en el cual hacen sus declaraciones.

4. Dado que lo más crudo de la guerra se vive en las regiones es imperativo desarrollar conocimiento de primera mano y acceso directo a esas zonas.

5. Toda estadística proporcionada por los actores armados debe ser escrupulosamente valorada. Es preferible demorarse en la confirmación que caer en atribuciones apresuradas.

6. El cubrimiento no debe ser una sucesión de fogonazos (masacres, secuestros, atentados). Debe prestarse especial atención al contexto. Los periodistas deben preocuparse por percibir y describir los procesos, no solo los incidentes, por explicar la noticia y no solo por darla. Un mayor uso de

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géneros como el reportaje, la crónica, la entrevista, el análisis debe permitir ir más allá del mero registro informativo.

- Fuentes

1. Dos enfermedades tradicionales del periodismo nacional, el 'unifuentismo' (recurso a una sola fuente, casi siempre oficial) y el 'síndrome de la chiva', que genera una diabólica relación de dependencia del periodista con quien le provee la noticia, deben ser activamente combatidas.

2. Las fuentes deben diversificarse y su confiabilidad evaluarse regularmente. No pueden limitarse a los actores armados.

3. Toda información debe ser claramente atribuida. Las informaciones anónimas solo se publicarán como excepción. Las de una sola fuente se desaconsejan drásticamente.

4. La independencia frente a los actores armados debe ser total. Las informaciones que ellos provean deben ser escrupulosamente verificadas. 'Filtraciones' e informaciones de inteligencia militar deben ser procesadas con extremo cuidado y, como buena parte de la información sobre el conflicto y sobre casos de terrorismo, en equipo.

5. Conocer a fondo de los temas y tener fuentes diversas sobre un mismo tema ayudan a reducir la dependencia y a mantener relaciones claras con las fuentes.

- Lenguaje

1. La precisión en el lenguaje es clave.

2. El periódico y sus periodistas usarán términos que tiendan a describir sin calificaciones a los actores armados. Se hablará de 'guerrilla', 'paramilitares' o 'autodefensas', 'frente', 'grupos armados irregulares', 'secuestrados', sin adoptar las palabras que usan los actores armados como 'retención', 'narcoterrorista' o 'bandolero'.

- Relaciones con las Fuerzas Armadas

1. Debe propenderse por una interlocución franca y abierta entre periodistas y militares, y por que estos acepten el cubrimiento imparcial de su labor, el papel crítico y vigilante de la prensa, y la posibilidad que tienen los periodistas de 'cruzar las líneas'.

2. Todo intento de estigmatización o de condenar una información porque 'baja la moral' debe ser rechazado.

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3. Debe fomentarse la formación de periodistas en conocimientos militares.

4. La información no puede poner en riesgo operaciones militares así como la seguridad o la vida de los uniformados.

5. Se desaconseja el uso de transporte militar, así como la participación en misiones u operaciones con las tropas, aunque pueden considerarse en casos específicos.

6. Los periodistas tienen prohibido vestir uniforme militar y portar o usar armas.

- Seguridad

1. Un ejercicio impecable de la profesión: la independencia frente a todos los actores armados y el Estado es la primera regla de seguridad.

2. Una segunda medida de seguridad es la experiencia.

3. Una tercera es conocer los temas y las zonas. El buen periodista no será quien tenga contactos para traer 'chivas' sino quien conozca los temas a su cargo y, además de acceso a las fuentes, sea capaz de ofrecer contexto y análisis al presentar la información.

4. El cubrimiento del conflicto armado debe ser estrictamente voluntario.

5. Quienes lo hagan, deben estar cubiertos por un seguro, contar con incentivos salariales acordes al riesgo y, en caso de secuestro o accidente, sus familias tendrán apoyo del periódico.

- Corresponsales

1. Los más vulnerables a los riesgos del conflicto y las presiones de los actores armados son los periodistas regionales, en parte, por su frágil situación laboral, que los lleva a tomar otros trabajos. El periódico debe tender a contar solo con corresponsales de tiempo completo, bien pagados y entrenados, o enviados especiales.

2. La corresponsalía debe ser parte de una política de carrera del periódico y un requisito para la promoción. Se estimulará que miembros de la redacción central salgan de Bogotá y se radiquen en las regiones por periodos a convenir.

- Formación

1. Cursos de entrenamiento propios, apoyo a la participación en seminarios y especializaciones, talleres para corresponsales, sesiones de consulta y

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debate con expertos y académicos y mecanismos de evaluación sobre la calidad de la información deben ser parte de una política de formación.

La lectura del manual, trae de inmediato a la memoria los escritos de los intelectuales españoles, particularmente los vascos, porque ellos han dado una gran batalla contra las diversas expresiones de las corrientes legitimadoras de la violencia. Las páginas escritas en España para desvirtuar los argumentos neutralistas son miles y todas contradicen la visión del Manual sobre la actitud en la información sobre el terrorismo.

A las FARC en cambio ese tratamiento “igualitario” les ha permitido mantener su lenguaje “igualado” y soberbio. Un ejemplo es la carta que dirigió el Secretariado al Secretario General de la ONU, “llamándole la atención” sobre la “falta de equilibrio y de tratamiento igualitario” a Uribe y a Marulanda:

Primero le agradecen que la ONU se abstenga de utilizar el lenguaje de Uribe para calificar a las guerrillas colombianas como terroristas y narcotraficantes, porque realmente “son pueblo en armas, una organización político-militar de oposición al Estado y al régimen político colombiano, una fuerza beligerante con opción de poder”.

Luego pasan a la solicitud: “Al conocer la información de prensa sobre los resultado de las entrevistas foros y seminarios de los emisarios del Gobierno de Colombia, en la Unión Europea y su organización, solicitamos de usted igual tratamiento, espacio y garantías para explicar la propuesta de Nuevo Gobierno para la Paz, plasmada en la plataforma política y hacer conocer en directo, de viva voz, los argumentos políticos indispensables para que usted y la organización mundial que representa ,en uso de su buen juicio, pueda analizar y concluir con certeza si realmente conviene darle el respaldo al señor Uribe Vélez, o si, por el contrario, esa no es la contribución al conflicto interno de Colombia”.

En Perdonen las molestias, Crónica de una batalla sin armas contra las armas, Fernando Savater desbarata una a una las argumentaciones universales para la justificación de las acciones de los violentos, del negociacionismo y de la predicación de la neutralidad de los ciudadanos frente a los “actores armados”. He escogido nueve temas que trató el filósofo con su agudeza y valentía para ver si al leerlos los justificadores de la violencia como mecanismo político, se arrepienten o se avergüenzan. El lector los encontrará en las últimas páginas como uno de los anexos de este libro.

40. EL EFECTO PERVERSO DE LA LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA

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4. La cuarta tesis justificativa de la “guerra”, la expuesta por los miembros ‘progresistas’ del “establecimiento”, sobre todo los formadores de opinión, empresarios y funcionarios, ya ha venido siendo interlineada en el texto de este libro, particularmente con conceptos y afirmaciones de ex presidentes y ex ministros. Según Edurne Uriarte, esa legitimación tiene un efecto perverso: mantiene la confusión y la ambigüedad, que contribuyen a la incapacidad de una respuesta social sólida y rotunda contra el terrorismo. Además, ayuda a sostener las creencias y la moral del terrorista, que sabe que hay una parte de la sociedad y de las élites políticas dispuesta a negociar en el momento en que los terroristas así lo decidan. Esa justificación, también, predica que los terroristas no sean comparados con cualquier otro criminal dado que sus acciones tienen un carácter político. Eduardo Posada Carbó, en el folleto ‘ILEGITIMIDAD’ DEL ESTADO EN COLOMBIA. Sobre los abusos de un concepto, publicado por la Revista Cambio, Ideas para la paz y Alfaomega, ajusta cuentas definitivas con aquellos que queriendo hacer bonito, hacen feo. “A pesar de sus legítimas credenciales, dice Posada Carbó, el discurso de la ilegitimidad del Estado colombiano ha logrado extenderse entre amplios círculos intelectuales y académicos. Más preocupante aún, ha sido adoptado por significativos sectores de la dirigencia nacional que, al dudar de su propia autoridad, estarían minando extraordinariamente la misma legitimidad que tendrían que defender”. La colección de las expresiones deslegitimadoras, y directa o indirectamente justificadoras de la violencia “política” en Colombia, recogidas por el profesor Posada Carbó, son sorprendentes. Entre otras cosas, porque todos hemos caído y seguimos cayendo en ellas, conscientes unas veces, inconscientes otras. Veamos una muestra:

- “Nuestro Estado no es ni jamás fue legítimo de veras”. Hernando Gómez Buendía (1995).

- “El funcionamiento del Estado colombiano”, es “la perpetuación de los vicios políticos de la colonia”; y “la actividad subversiva, la prolongación de los vicios del Estado”. “El Estado defiende la validez de una democracia representativa lacrada de clientelismo y corrupción; la subversión, la de una democracia popular convertida en dictadura”. Alberto Restrepo G.

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En el capítulo referente a las expresiones deslegitimadotas de los altos funcionarios del Estado, la colección que recoge el profesor Posada Carbó, anonada:

- “La crisis de legitimidad es general y afecta a todos por igual: las instituciones, los partidos y el sistema político, la guerrilla, los gremios, los sindicatos�”. Daniel García-Peña, coordinador de la Oficina del Alto Comisionado de Paz durante la administración Samper (1994-1998).

- “El problema de Colombia no es un problema de guerrilla... no es un problema económico”, “el problema de este país es que poco a poco se quedó sin elite. Se quedó sin quien lo quiera dirigir, sin quien lo pueda dirigir”. Luis Carlos Valenzuela, ministro de Minas y Energía de la administración Pastrana (1998-2002).

- “Este Congreso en buena parte fue elegido por los paramilitares, muchos por la guerrilla, casi todos por los auxilios parlamentarios, y muchos son del testaferrato”. Noemí Sanín Posada, ex candidata presidencial (2002).

- “Lo que� piensa y dice el gobierno del Congreso, de la Fiscalía, de las Cortes, de los partidos políticos� elaboran un fiel retrato de un Estado, y en general de una institucionalidad, capaces de justificar media docena de Farc”. Armando Benedetti Jimeno, ex ministro de comunicaciones en el gobierno Samper (2000).

El extraordinario libro del profesor Posada Carbó, ha hecho reflexionar autocráticamente y modificar el discurso autodeslegitimador que se había entronizado en los procesos de paz con los grupos guerrilleros. Dice Posada:

- “Desde la administración Betancur, el Estado aceptó el diagnóstico que ha servido de justificación a quienes deciden apelar a medios violentos en la búsqueda de sus fines. El Plan Nacional de Rehabilitación reconoció la existencia de factores objetivos y subjetivos como determinantes en la causalidad directa de las rebeliones. Los primeros, como lo expuso la entonces consejera presidencial de paz, Amparo Bouzas Quintero, eran aquellos originados en las precarias condiciones socioeconómicas de la población. Los segundos, “los limitantes que nuestra estructura política tradicional ha originado cerrando el ámbito a una democracia representativa�”. Según el ex ministro Jaime Castro, en la “falta de adecuada representación en el campo político” se encontraba el “germen” de la violencia”.

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Según Posada, el presidente Samper, “abrazó la noción de negociar el “modelo de sociedad” con las guerrillas, en una concepción maximalista de la paz que inspiró también las negociaciones impulsadas por el presidente Pastrana. La política de “paz integral” del presidente Pastrana contemplaba la transformación de las estructuras políticas y sociales: no habría paz, por ejemplo, sin una reforma política “de fondo”, que diese garantías a quienes “han estado excluidos o marginados de nuestro sistema político”. Así definida, la paz se confundía con “la construcción de una nueva democracia”. Posada responde a una pregunta que, seguramente, muchos se habrán hecho dentro y fuera de Colombia: ¿por qué esa humillada actitud de culpables y regañados que han expresado los negociadores de paz con la guerrilla?

- “Es posible quizá que la misma naturaleza de un proceso de paz con grupos rebeldes condicione esa actitud condescendiente del Estado. Por esa razón, ha observado Malcolm Deas, el gobierno, cualquier gobierno, “habla muy poco de la democracia: no conviene. O cuando toca el tema, lo aborda con una compensatoria autoflagelación, refiriéndose a la democracia imperfecta, clientelar, corrupta...”. El “reconocimiento del otro” en la mesa negociadora –la necesidad de convencerlo de abandonar las armas–, determinaría esas primeras concesiones en el diagnóstico, expresadas en dicho lenguaje deslegitimador”.

Pero Deas advierte muy bien sobre los peligros de una retórica que debilite y deslegitime. “Un gobierno que abraza sin ninguna contra-pedagogía ni matiz la tesis que comúnmente se denomina ‘las causas objetivas de la violencia’, que la acepta no sólo como explicación suficiente y justificatoria de la lucha armada, sino también como plena justificación, se descuida, se desarma, desmoraliza a instituciones esenciales como sus fuerzas armadas, y otorga, muchas veces sin darse cuenta, ventajas a enemigos que no las merecen”. Malcon Deas comenta que poco parece apreciarse el significado del discurso tan arraigado en la dirigencia colombiana. Porque es auto deslegitimador y le reconoce legitimidad a la violencia. Entre quienes se han involucrado en los procesos de paz, dice Posada, existe la tendencia a defender los resultados de las negociaciones –hasta cuando fracasan–, en términos de “legitimidad”. Así lo expresó, por ejemplo, el líder empresarial Nicanor Restrepo después de la administración Betancur:

- “El expediente de la violencia, la lucha armada y el terrorismo para la conquista del poder, carecen de la legitimidad y simpatía que tenían antes de iniciarse el proceso”.

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Edurne Uriarte, abarca todas las aristas del problema terrorista y tercia, con reciedumbre, en el debate sobre la legitimidad. Dice que en España, la percepción de la ilegitimidad del Estado, muy en boga en el lenguaje de los intelectuales durante décadas, “determinó una idea de nuestra sociedad en la que el terrorismo no quedaba todavía definido por su propia naturaleza y características, sino por las circunstancias ajenas, en este caso las relativas a la propia debilidad de la legitimidad del Estado”. Y cita a un tal Txiki Venegas, político socialista, quien parece nacido y criado en Colombia. Dijo él:

- “[...] una de las causas del sufrimiento de la violencia política es la crisis de legitimación del Estado, la carencia de legitimación del Estado cuando el Estado se fundamenta en el temor y en el autoritarismo. Por tanto, un sistema político que condena todo tipo de participación y cualquier posibilidad de resolver los conflictos sociales mediante el diálogo, la comunicación o la participación democrática puede dar lugar a que se originen respuestas violentas contra el propio sistema. En consecuencia, la violencia política en Euskadi, es decir, el terrorismo político, surge en el País Vasco como consecuencia de la dictadura”

Uriarte concluye así su reflexión: en España se creía que ETA existía porque había un Estado autoritario. Pero si hubiese sido así, la llegada de la democracia debería haber creado las condiciones para su inmediata disolución. La democracia llegó, y el terrorismo no se fue. Después se dijo que la amnistía lo solucionaría todo, y tampoco ocurrió. 41. ¿UNA QUINTA TESIS FILOSOFICO POLÍTICA? ¿Hay una quinta tesis? ¿La noviolencia (así, con las palabras unidas, tal como la escriben los miembros del movimiento) lo es? Muchos confunden el movimiento de la noviolencia con el pensamiento de los predicadores de las tesis legitimadoras de la guerra (la tercera y la cuarta). ¡Están muy equivocados! Y tampoco es una quinta tesis justificativa. Por ejemplo, hay que distinguir entre el discurso del ex ministro Gilberto Echeverri (tesis cuarta) y el del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa (noviolencia).

Recuerdo haber hablado sobre el tema con el propio gobernador Gaviria. Viajábamos en un helicóptero de la gobernación; nos pusimos los audífonos de diadema y así pudimos hablar tranquilamente durante casi una hora, en voz baja, como si estuviéramos en un confesionario.

El gobernador Gaviria comprendía que era necesario desterrar la plaga de la violencia guerrillera y paramilitar. Él mismo había sufrido el secuestro de su madre en Frontino, las persecuciones a su familia en Urabá, la explosión de bombas

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contra el periódico El Mundo, dirigido por su padre y gerenciado por su hermano Aníbal.

Aunque durante su campaña por la gobernación nunca se reclamó como creyente de los postulados del movimiento de la noviolencia, como mandatario comenzó a considerar la aplicación de sus principios y prácticas para apagar el incendio violento que habían regado guerrilleros y paramilitares por todo el territorio paisa.

- Está demostrado que con la sola fuerza no vamos a acabar con el problema, dijo.

- No se conoce otro mecanismo para que la autoridad enfrente la criminalidad desbordada, le respondí.

- ¡Sí la hay! La resistencia civil. Voy a aprovechar la decisión que tienen los ciudadanos de Caicedo para enfrentar el problema. Iniciaré desde allí una campaña no violenta contra los desmanes de los violentos.

Efectivamente, los campesinos y comerciantes de Caicedo estaban siendo asolados por los robos de las FARC. Una vez cargaban el camión con la cosecha de café producida en minifundios de ladera, los guerrilleros esperaban que avanzara unos pocos kilómetros y lo asaltaban al viejo estilo de las diligencias del Oeste norteamericano. Los caicedeños, todos a una, decidieron defenderse a como diera lugar.

- Estoy con ustedes. Los apoyo, y voy a ir hasta allá, caminando, para acompañar su resistencia, que va a ser pacífica.

Recuerdo que tuvimos una discusión, tranquila, desapasionada, a pesar de mi escepticismo:

- Me parece inédita la resistencia civil promovida desde el poder civil, dije. Los movimientos de desobediencia han sido siempre, hasta ahora, contra ese poder y para enmendar o derogar leyes y decretos injustos. Ustedes, en cambio, van a ir a la boca de un lobo feroz, a impedir que siga comiéndose a las niñas con caperuza que salgan al bosque. Más que discípulos de Thoreau, me parece que están en la línea de San Francisco de Asís.

Se equivocan quienes crean que el movimiento de la noviolencia es, necesariamente, pacífico. Sus miembros saben que pueden ser objeto de violencia y están decididos a soportarla. Responden sólo con la fuerza moral. Su valentía pasiva humilla al verdugo. La tradición de la resistencia civil es la de los combatientes más decididos, valientes y arrojados. Ellos asumen estoicamente la posibilidad de ser sancionados por su actuación, incluso con la prisión o el martirio.

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Edurne Uriarte, que parece no haber dejado por fuera ni una sola de las variables del tema de la violencia, al respecto dice lo siguiente:

“El pacifismo más extremo aboga por responder al terrorismo con el ejemplo de la no violencia, a partir del convencimiento de que es posible acabar con el mal a través de la práctica del bien. El pacifismo extremo también piensa que es posible recuperar al terrorista para la democracia, el bien y la sociedad tan sólo con el ejercicio y el ejemplo del bien. Y no es que los pacifistas, al menos todos los pacifistas, rehacen las medidas represivas del Estado de Derecho contra el terrorismo. Pero no es ésa su prioridad. Porque, en el mejor de los casos, la necesidad de intervención de los mecanismos represivos del Estado de Derecho sería para el pacifista un fracaso de la actitud o de las acciones deseables, que son las de la exposición y ejercicio del bien”.

El primer texto que ordena y sistematiza la corriente de pensamiento conocida hoy como noviolencia es el ensayo Desobediencia civil, escrito por el estadounidense Henry David Thoreau, en 1849. Propuso él las bases teóricas de la resistencia pasiva, el método de protesta que más adelante adoptaría Gandhi como su táctica contra las leyes coloniales británicas en la India. Lincoln y Grandt, quienes después llegaron a ser presidentes de los Estados Unidos, aplicaron la desobediencia contra la determinación norteamericana de invadir a México y frente a la guerra contra los indios.

En Occidente, la expresión más orgullosa y heroica de resistencia civil fue la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, encabezada por Martin Luther King en la década del sesenta del siglo XX.

- Creo que están confundiendo las circunstancias políticas, le dije al gobernador. Gandhi y Luther King se enfrentaban a leyes injustas con la desobediencia a esas leyes. Pero, claro, también se enfrentaban a los dos Estados cuyos pueblos fundaron la democracia: Inglaterra y los Estados Unidos. La fuerza moral de esas sociedades se conmovió ante la fuerza moral de los humillados y ofendidos. En Caicedo, en cambio, se las verán con unos Hannibal Lecter, el caníbal del Silencio de los inocentes. Y, en ese caso, lo más prudente es que antes les hayan puesto la máscara con barrotes. Si no, se lo comen a uno.

El gobernador Guillermo estaba decidido a aplicar su concepción noviolenta en la lucha contra la violencia y el terrorismo. De esa manera, desde Antioquia, quería trazar una nueva vía hacia la paz. Efectivamente, las FARC nunca comprendieron su grandeza, nunca estuvieron a la altura de ese espíritu superior.

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- Gobernador, ¿usted ha leído la carta a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño? Creo que no hay un mejor texto en la ciencia política sobre la firmeza de los gobiernos.

- ¡Cuál caraqueño?

- Bolívar, el Libertador. Le mando una fotocopia.

No supe si el sacrificado gobernador alcanzó a leerla. A pesar de que fue escrito en 1812, cuando el Libertador era un joven de apenas 28 años con experiencia política escasa, el texto está en los anales de la ciencia política por su elevada conceptualización sobre la necesidad del uso de la fuerza por parte del Estado, y sobre el ejercicio firme de la autoridad. Entre los anexos de este libro, transcribo varias páginas del documento del Libertador, cuyas ideas esenciales son estas:

Las causas que condujeron a Venezuela a su destrucción fueron los vicios de unidad, solidez y energía que se notan en sus gobiernos.La fatal adopción que se hizo del sistema tolerante; sistema improbado como débil e ineficaz, puso al Gobierno en una insensata debilidad. Los códigos que consultaban nuestros magistrados, no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios y de cosas, el orden social se sintió extremadamente conmovido, y desde luego corrió el Estado a pasos agigantados a un disolución universal, que bien pronto se vio realizada.

IV. COLOMBIA UN ESTADO LEGÍTIMO Y DEMOCRÁTICO 42. LA CONTRA CARA DE LA TESIS JUSTIFICADORA. Como contra cara, y también desde la academia, Eduardo Posada Carbó, quiso poner en cintura a sus colegas descarriados, perdidos en los abismos de las tesis justificadoras. En otro de sus extraordinarios libros, ¿Guerra Civil? El Lenguaje del Conflicto en Colombia, publicado por la editorial Alfaomega y la Fundación Ideas para la Paz (julio de 2002), Posada explora sobre la forma como se ha intentado definir, desde distintas disciplinas, la noción de “guerra civil”. Luego, examina cómo se ha generalizado tal clasificación respecto de la experiencia colombiana, tanto en la prensa como en el mundo académico.

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Posada comienza recordando una pregunta hecha por el editorialista del El Espectador:

- “¿Por qué no somos capaces de ver la guerra civil que el mundo entero sí ve en Colombia?”

Aclara que ese interrogante lo motivaban las reflexiones del profesor William Ramírez Tobón, quien sugiere que en el país se “está configurando una nueva forma de guerra civil de cuyo diagnóstico oportuno y preciso depende, en gran medida, su solución”. Posada nos recuerda:

- “Ramírez Tobón y El Espectador no han sido los únicos en sugerir que el conflicto colombiano debe definirse como una “guerra civil”. Dentro de nuestras fronteras, quizá la figura más destacada en clasificar así el conflicto ha sido el ex presidente Alfonso López Michelsen, quien, en uno de sus comentarios sobre el actual proceso de paz, se refirió a “una clásica situación de guerra civil, ya existente”. Fuera de Colombia, la clasificación del conflicto como “guerra civil” es cada vez más generalizada”.

Primero, Posada recuerda que el derecho internacional distingue los varios niveles de un conflicto interno determinado, con el fin de extender el radio de aplicación de las leyes de la guerra y definir la conducta de los otros Estados y las diversas partes en conflicto. Siguiendo su conocida metodología, Posada Carbó cita -con lealtad intelectual-, los conceptos expresados por los antagonistas a la tesis de la existencia de una guerra civil en Colombia:

- “Calificar el conflicto armado en Colombia como una guerra civil no es sólo objetivamente incorrecto, sino, lo que es aun peor, políticamente perverso”. Fernando Uricoechea.

- “En Colombia constituye una grave torpeza intelectual hablar de guerra

civil”. Eduardo Pizarro. Posada recuerda que Fernando Cepeda Ulloa criticó el “manejo ligero” de muchos conceptos alrededor de los problemas nacionales –entre ellos, el de “guerra civil”- y que Daniel Pécaut formuló reparos al uso de dicha expresión para explicar la naturaleza del conflicto colombiano.

- ¿Simple juego de palabras?, se pregunta Posada, y responde:

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- “Así lo consideran algunos. El periodista español Miguel Ángel Bastenier criticaba con sarcasmo el que en un seminario en Cartagena se hubiese discutido “si el conflicto era o no una guerra civil, dándole con pasión a las palabras un contenido taumatúrgico, como si a través de ellas la contienda fuera una u otra y, por tanto, más o menos grave. Realismo mágico, en la mejor línea de Macondo”. Para analistas como Bastenier, la precisión conceptual no tendría, al parecer, mayor significado. Les parecería suficiente expresar que en Colombia “reina una guerra muy real que libra un revoltijo de movimientos guerrilleros... contra el precario Estado”. Bastenier reconoce que en algunas de sus manifestaciones se trata de un conflicto “peculiar”. Pero de todas formas estaríamos “ante una guerra de lo más civil”, cuyo “pavoroso contexto” que tiende a complicarse la volvería “aún más una atroz guerra civil””.

Sin mencionar el concepto “Conflicto Interno Armado”, que aún no había sido puesto en entredicho por el presidente Uribe (recordemos que el libro de Posada es de julio de 2002), el autor planteó de esta manera el importante debate sobre las palabras y las ideas contenidas en ellas:

- “¿Guerra civil? ¿Guerra contra los civiles? ¿Guerra incivil? El ejercicio de discutir la validez de estos conceptos no significa, de manera alguna, restarle gravedad al conflicto o minimizar sus dimensiones. No se trata tampoco de una discusión meramente semántica. Ni de un debate teórico y abstracto”.

Respondiéndole a Bastenier, intelectual él también, dijo:

- “Las visiones de los intelectuales sobre una sociedad particular no pueden disociarse del lenguaje que les sirve para analizarla”.

Luego, Posada defendió la necesidad de manejar una claridad de conceptos sobre ese tema, porque había un interés profundamente práctico:

- “Interesa, en primer lugar, al propio camino escogido domésticamente para lograr la paz en Colombia. Cualquier concepto que se seleccione estaría definiendo la naturaleza del conflicto y condicionando así la gama de posibilidades para enfrentar su solución. Interesa, en segundo lugar, a las relaciones formales entre el país y el mundo externo. La aplicación del derecho internacional ha estado tradicionalmente determinada por la forma como se clasifiquen los conflictos. E interesa, finalmente, a las relaciones informales con la llamada comunidad internacional. La opinión pública ha adquirido un papel cada vez más predominante en una política internacional donde la agenda intervensionista, motivada en sentimientos “humanitarios”, amenaza con desplazar el principio de la soberanía. En este contexto, las percepciones que se tengan en el exterior sobre el conflicto podrían influir

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en la toma de decisiones muy significativas para el país, desde los niveles y orientaciones de la ayuda internacional hasta una posible intervención armada”.

La concepción de Posada fue coincidente con la del por entonces presidente electo Álvaro Uribe. Por esos días, él había dicho a su equipo de colaboradores que la consigna de todo el gobierno sería dar la lucha contra los violentos en todos los campos: en el terreno militar, en el discurso político, en la propaganda de las embajadas, acompañando a las autoridades locales para que se liberaran del miedo, asociando a la comunidad como cooperantes, protegiéndola, ayudándole a liberarse de la plaga violenta. En una reunión de su staff dijo:

- “Muchos no saben si apostarle a las instituciones vigentes o apostarle a las posibilidades del triunfo del terrorismo; se mueren de miedo, disfrazan el miedo con posturas intelectuales, y en medio de esas posturas intelectuales se mantienen en un mar de indefiniciones y de dudas, que finalmente favorece al terrorismo”.

Y en las primeras reuniones con el generalato militar y de la policía, insistió:

- Tenemos que quitarle a la gente esa pesadilla de los guerrilleros y de los paramilitares. Armen un confesionario a donde vayan y oigan a la comunidad. Recuerden que a la comunidad colombiana, en todas partes, la tenemos que volver la gran aliada de la institución armada. Esta Patria nuestra no tiene que vivir sometida ni a la guerrilla ni al narcotráfico; y no tiene porqué tener que defenderse a través de los paramilitares. Recuperar la institucionalidad, eso es lo que corresponde a la fuerza pública en una democracia transparente.

El libro de Posada Carbó fue de lo más oportuno, y se convirtió en un gran apoyo intelectual y moral para la consolidación de la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe. El uso indiscriminado de los conceptos “guerra civil” y “Conflicto Interno Armado” referidos a Colombia, estaban haciendo desastres. Posada, respondiendo a William Ramírez, dijo que ese uso de los conceptos no servía para identificar las características de la experiencia colombiana:

- “Si, como bien argumenta William Ramírez Tobón, del “diagnóstico oportuno y preciso” del conflicto “depende, en gran parte, su solución”, la apelación al concepto de “guerra civil” no contribuiría entonces a formular con ninguna precisión tal diagnóstico. Se hace necesario, por consiguiente, un esfuerzo más sistemático por definir el tipo de guerra que se sufre hoy en Colombia”.

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El presidente Uribe determinó, desde cuando ejercía la gobernación de Antioquia, que la calificación real de los mal llamados “actores del conflicto” es la de terroristas. Y que derrotarlos debe ser el empeño de una sociedad pluralista, de un pueblo libre, como lo es Colombia.

- “Estos bandidos han vivido muy jactanciosos. Como los han contemplado tanto, y aquí graduaron de señores a un poco de bandidos; a don Manuel y a don Jorge y compañía... Estuvieron llenos de plata y llenos de capacidad criminal y llenos de reconocimiento en la academia, en los medios y llenos de visitantesU A esos bandidos les soplaron tanto las ínfulas, que se sienten invulnerables.

“Pero cuando el Estado Democrático persiste, con buena fe y con transparencia, se demuestra lo que siempre ha demostrado la historia: ningún bandido triunfa sobre el Estado Democrático. Por eso los vamos a derrotar. Pero hay que aguzar la inteligencia, definir objetivos, formar comandos especializados, ir por ellos.

“La Nación no puede seguir con unos grupos guerrilleros en unas partes del país sometiendo al pueblo de rodillas, con unos grupos paramilitares ofreciéndose como la alternativa de defensa de la comunidad y el Estado de espaldas a esa realidad, distraído en cócteles, en tertulias y en chismes políticos, sin enfrentar el problema de fondo”.

43. EL GALIMATÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS El 25 de abril de 2004, Eduardo Pizarro Leongómez publicó en El Tiempo un artículo que tituló HAY QUE CAMBIAR EL RUMBO. El galimatías de los derechos humanos. Digamos enfáticamente -sin dubitaciones de ninguna especie-, que el presidente Uribe y el Vicepresidente Francisco Santos –el funcionario que dirige la política gubernamental de derechos humanos-, podrían suscribir íntegramente las ideas expresadas por el profesor Pizarro. Y si los principales ejecutivos de las ONG que trabajan por la defensa de esos derechos hicieran lo propio, el debate nacional cambiaría muy positivamente en favor del pueblo, que es el primer interesado que en Colombia haya respeto incondicional, sin trampas políticas ni demagogia -y, sobre todo, sin ningún asomo de complicidad con los criminales que cometan atrocidades; sean quienes sean: servidores públicos, miembros de bandas terroristas o particulares dedicados al hampa-.

El punto de vista de Pizarro tiene la gran sabiduría y la ventaja (en Colombia, porque en España o Estados Unidos es una perogrullada) de reconocer que los servidores públicos colombianos y los defensores de los derechos humanos son

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personas respetables. Por eso el debate público no puede ser como una riña de gallos, y lo que hoy es un zaperoco, deberá convertirse en un verdadero foro permanente por la defensa de los derechos humanos.

Comencemos por hacer una síntesis de las ideas del profesor Pizarro:

1. Los informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia son un campo de batalla entre el Gobierno y las ONG. Los señalamientos y acusaciones de parcialidad, de adulteración de la información, de acomodamiento inescrupuloso de los datos e, incluso, de infiltración de intereses oscuros, ya sea de la guerrilla o de los grupos paramilitares, son constantes.

2. En un país en donde los defensores de los derechos humanos son asesinados (y los servidores públicos también, agrego yo), ese ambiente envenenado es altamente negativo y preocupante.

3. Las bases de datos e informes sobre derechos humanos provienen de organizaciones muy diversas. Se originan en ONG como la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo o el Cinep, o en organizaciones gubernamentales como la oficina de DD.HH. de la Vicepresidencia de la República o el Ministerio de Defensa.

4. Al leer los informes, se piensa que cada uno habla sobre un país distinto. Según las ONG, hay un grave deterioro de los derechos humanos; según los organismos gubernamentales, hay una franca mejoría.

5. Pizarro se pregunta: ¿qué está pasando?, ¿alguien miente? Y ensaya esta apreciación: la raíz de las diferencias es la disparidad de las fuentes utilizadas, de la variedad de criterios para organizar la información y, finalmente, de la diversidad de escuelas de pensamientos en torno a los derechos humanos y al DIH.

6. Pizarro propone salir del maniqueísmo que presume mala fe o manipulación malintencionada de la información. Comencemos por aceptar que hay criterios que difieren profundamente, como por ejemplo, que para algunos el secuestro es un crimen de lesa humanidad, para otros es un simple delito penal; para unas ONG las detenciones masivas son per se un atentado contra los derechos humanos, para otros son el resultado de una investigación de responsabilidades penales llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación, organismo que tiene esa competencia legítima.

7. Si hay un galimatías conceptual, lo menos aconsejable es señalar al otro como criminal o infiltrado. Llevar así un debate sobre materia tan álgida pone en riesgo a los defensores de los derechos humanos, o, agrego yo, deslegitima al Estado y a sus autoridades. Un auténtico Estado de derecho sólo será viable el día en que todos los ciudadanos, sin distinción, respetemos los derechos humanos.

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8. Hay que cambiar el rumbo en este debate estéril y peligroso. Para ello propone tres alternativas más productivas:

8.1. En aras de la transparencia, todos los informes sobre derechos humanos deben explicitar desde dónde escriben: sus fuentes de información, los criterios para organizarla; la escuela de pensamiento a la que adhieren y, por tanto, qué tipo de delitos son incluidos y cuáles desechados y por qué.

8.2 Las ONG y el Gobierno Nacional deben aceptar la necesidad de una rendición de cuentas de su trabajo. Hay que acabar con eso de que si alguien critica a las ONG es calificado como un fascista y si alguien cuestiona los informes gubernamentales es tachado de subversivo.

8.3. El debate abierto y público construye un espacio de diálogo franco entre todas las partes, y enseña a no hacer señalamientos irresponsables. La idea no es criminalizar al otro, sino elaborar informes serios y objetivos, útiles para evaluar si existe mejoría o deterioro general en el campo de los derechos humanos, para definir prioridades y atacar los flancos débiles.

Pizarro finaliza su tesis lanzando una consiga memorable: es necesario pasar de la "guerra de guerrillas" entre el Gobierno y las ONG hacia un diálogo constructivo. El actual clima de pugnacidad y conflicto no le sirve a nadie: ni al país ni a las víctimas.

44. A MAYOR AMISTAD, MAYOR CLARIDAD

En Antioquia hay un dicho que aconseja que “a mayor amistad, haya mayor claridad”. Suscribir las palabras de Pizarro no supone para el gobierno renunciar a hablar claro sobre las tesis de las ONG. Recordemos que Cinep, Justicia y Paz, Asfades, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y otras ONG que intervienen en el debate al que se refiere Pizarro, son las autoras de Colombia: ¡Nunca Más!, libro al que ya me he referido y en el que se afirma que hay en Colombia un levantamiento en armas por parte de grupos que reclaman cambios fundamentales en las estructuras económicas, sociales y políticas, para satisfacer en niveles básicos las necesidades elementales de la población. Y que el Estado, en lugar de darle un tratamiento político negociado al asunto para buscar soluciones a los reclamos justos, le da un tratamiento militar para exterminar la rebelión. El profesor Pizarro pide que cada uno diga desde donde escribe o habla. Valdría la pena saber si las ONG todavía suscriben lo publicado en Colombia, ¡Nunca más! De ser así, el Estado colombiano es terrorista y, en esas circunstancias, ¿qué foro democrático podría haber? Para esas ONG, el Estado colombiano le da

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un tratamiento exclusivamente militar a la “oposición política armada”. Pero lo más grave no es eso. Según ellas, el Estado no se queda en “la acción de exterminio a los alzados en armas sino (que lleva esa acción) a amplias capas de población civil desarmada, que caen o podrían caer bajo áreas de influjo territorial o ideológico de los combatientes”. Eso traducido al cristiano, quiere decir que el Estado colombiano manda a sus fuerzas armadas a masacrar a amplias capas de la población. Así las cosas, bien podrá entender el profesor Pizarro por qué el operativo de recuperación de la Comuna 13 de Medellín, que liberó a miles de familias del yugo de las más azarosas bandas criminales -y que la comunidad agradeció mandando celebrar Te Deum en las parroquias-, para el Cinep y para el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, “fue la aplicación de un modelo de agresión criminal contra la comunidad”. Lo que todos los habitantes de Medellín apreciábamos era un desenfreno criminal ocasionado por la ausencia de la fuerza pública. Lo que todos, excepto los criminales derrotados de la Comuna, celebramos y disfrutamos porque hubo disminución, casi desaparición del homicidio en la zona, para Cinep fue una lamentable “estrategia y modalidad de arrasamiento del tejido social y comunitario por la vía de la fuerza (militar y jurídica) para, finalmente, imponer el control social e implantar en el territorio comunal la presencia de un Estado paramilitar”. (He de decir que cualquier habitante de Medellín, desde el alcalde Fajardo hasta el más humilde de los ciudadanos, siente vergüenza ajena por quien se atrevió a escribir esas palabras). De esas afirmaciones tremebundas e injustas, pasar a pedir que Colombia sea aislada como un Estado paria o loco; que se le retire cualquier ayuda, principalmente militar y se le condene en los foros internacionales, sólo hay un paso. No hablo de eventualidades ni conjeturas, sino de cosas que le han pasado y le está pasando al Estado y a su gobierno por causa del discurso y de la acción de algunas ONG. Hablo de la Comisión de Encuesta que han intentado imponer a Colombia; hablo de los desplantes y abucheos al presidente Uribe y al vicepresidente Santos en escenarios internacionales -que las ONG nunca criticaron y, por el contrario, replicaron en Bogotá, cuando en 2003 invitaron a Francisco Santos a los actos de la Semana por la Paz y luego decidieron recibirlo con pitos y abucheos-. La visita del presiente Uribe a Europa y la campaña de saboteo que orquestaron sectores nacionales aliados con ONG del exterior, obraron como un bumerang. Los observadores consideraron que había que someter a un nuevo proceso de digestión los datos que llegaban desde entidades que siempre consideraron respetables, pero que actuaban con tal inmadurez que el nombre de Uribe les hacía salir de la ropa y actuar como unos ‘hooligans’. Mary Anastasia O'Grady del Wall Street Journal publicó el 6 de febrero de 2004 un informe sobre cómo, según ella, se cocinaban los libros de Derechos

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Humanos en Colombia. Dijo que durante más de una década, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la ONU y la OEA, le daban plena credibilidad a los informes de ciertas ONG defensoras de Derechos Humanos, como la Comisión Colombiana de Juristas, CINEP, ASFADES, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, y muchas otras organizaciones de este mismo tipo. La autora calificó esos informes como grave desinformación sobre la realidad colombiana, de la que fueron víctimas los encargados del tema de Derechos Humanos en el Departamento de Estado. “Ellos venían con una opinión formada contra el Estado y las Fuerzas Militares desde antes de llegar a Colombia; no verificaban los datos y prácticamente ni siquiera leían los periódicos”.

El agrio lenguaje de las ONG contrastado con la personalidad y aprecio que tenía el país sobre el liderazgo de Uribe, hizo que los funcionarios de la embajada norteamericana captaran la incongruencia entre los datos de sus fuentes y la realidad que se vivía en la calle. A partir de allí produjeron un informe crítico sobre sus anteriores apreciaciones.

El primer cuestionamiento de los funcionarios de la embajada fue a la metodología del CINEP. No les parecía correcto definir a las “violaciones de derechos humanos” como crímenes que sólo pueden ser cometidos por el Estado o por organizaciones patrocinadas por el Estado, y, peor aún, presumir que los Paramilitares lo son.” El CINEP, dijo el informe, no admite que las Fuerzas Militares combaten a las autodefensas ilegales y que les causan muchas bajas y los crímenes contra los derechos humanos de la guerrilla los clasifican como violaciones al DIH, o como delitos comunes, que también puede cometer el Estado.” Esta es una definición restrictiva, pasada de moda, de los años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial.

El segundo cuestionamiento fue sobre el tema de detenciones arbitrarias, que según el CINEP aumentaron en un 400% en 2003. El informe de la embajada señaló: “El CINEP (...) considera ‘arbitrarias’: detenciones legalmente autorizadas de manifestantes que ocupan propiedad del gobierno, detenciones de sospechosos durante combates urbanos, y detenciones respaldadas por ordenes de captura de activistas y sindicalistas sospechosos de ser auxiliadores de la guerrilla. Las ONG de derechos humanos colombianas consideraron arbitrarias todas las detenciones cumplidas por las Fuerzas Militares en las zonas de rehabilitación, a pesar del hecho de que estaban legalmente autorizadas y que, salvo que se encontrara un auto de detención vigente, duraban un tiempo máximo de 36 horas”.

El tercer cuestionamiento fue la publicación de cifras donde los mismos hechos se cuentan dos veces. Por ejemplo, un informe del período abril-junio, 2002, bajo la categoría ‘Violaciones de Derechos Humanos basadas en persecución política’, registró 57 detenciones arbitrarias por parte del Departamento Administrativo de

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Seguridad (DAS), Estado Colombiano y Fuerza Pública, 60 por el Cuerpo técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, 86 por la Policía Nacional, y 85 por la SIJIN. Luego sumó las ‘violaciones’ para obtener un total de 420 detenciones arbitrarias. Un examen de los casos específicos reveló que 57 violaciones (detenciones) que informa como cometidas separadamente por el DAS, la Fuerza Pública y el CTI, se referían a las mismas 57 detenciones. Así mismo, 85 ‘violaciones’ que se informaron como cometidas por la Policía y separadamente por la SIJIN, una rama de la misma Policía, se referían a las mismas 85 detenciones. Por el mecanismo de contar doblemente, 137 casos de detenciones supuestamente arbitrarias se convirtieron en la 398 violaciones en el informe publicado por el CINEP.”

El informe de la embajada se duele de que alguien que denuncia un número tan grande de supuestas detenciones arbitrarias, no haya revisado varias veces sus cifras y su método, confiando en que pocos se pondrán en el difícil trabajo de revisar caso por caso, especialmente de aquellos políticos y sindicalistas colombianos y extranjeros a quienes las cifras sirven para calumniar a las autoridades colombianas.

El informe da cuenta de un caso que es típico: La conciente fabricación de un caso de violación. “Cuando se preparaba el informe de 2002, la embajada investigó un caso ampliamente difundido por Internet que acusaba a soldados de Colombia de haber asesinado a un hombre, retardado mental y desarmado, en una pequeña población, prácticamente decapitándolo con un machete. Con base en testimonios de los investigadores civiles y testigos de los hechos, concluimos que la víctima no era retardado, estaba armado con una pistola en el momento de su muerte, y un soldado le disparó durante una refriega”.

El artículo terminó lamentando que se quieran estirar los conceptos para lograr una cifra estadística a fin de oponerse a un gobierno que goza del respaldo del 78% de los colombianos y para denigrar a unas Fuerzas Militares que son la institución más respetada del país con un 80% de opinión favorable.

45. EL CANDIDATO KERRY LE ESCRIBIÓ AL PRESIDENTE URIBE

Como para que a nadie le quede duda de que hay toda una decisión política de perseguir al gobierno colombiano, de volverlo trizas ante la opinión decente del mundo, en julio de 2004 las ONG de Colombia y sus amigos del exterior lograron que el candidato presidencial del Partido Demócrata de los Estados Unidos firmara un memorial de agravios dirigido al presidente de Colombia.

El documento es curioso por lo desproporcionado. Quien lo ‘patinó’ en Washington demostró tener mucho poder pero poco tino. ¿No se le ocurrió que los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de los Estados Unidos, debían tener sumo cuidado al citar episodios, nombres y asuntos de la vida interna de un país soberano? Máxime si el corresponsal escogido es el Presidente con el cual hay

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estrechísimos vínculos de toda índole y es el líder latinoamericano más apreciado por la comunidad hispana residente en los Estados Unidos. Veintidós senadores norteamericanos suscribieron un panfleto redactado en Colombia por los más duros opositores del presidente Uribe. Eso fue un asalto a la buena fe de los firmantes, que puso en riesgo intereses políticos, económicos y sociales estratégicos tanto de los Estados Unidos como de Colombia. El más perjudicado con el error fue el propio candidato demócrata. ¿Qué confianza le podía dar a un votante hispano un estadista en trance de ser elegido, que se atreve a decirle a otro estadista, ese sí ya elegido, fundado en chismes y consejas, que es un perseguidor de defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas? El presidente Uribe quien tiene formación jurídica, suele recordar a sus interlocutores la teoría de la separación de las funciones públicas. Cuando alguien le habla de asuntos que competen a la justicia o al Congreso, él aprovecha para hacer notar de inmediato que Colombia es un Estado de derecho en el que rige el sistema de división de poderes. El candidato demócrata no mostró esa destreza. Su carta incurrió en errores jurídicos y en una enorme y peligrosa intromisión en terrenos que están vedados a los verdaderos líderes. Si quería hablar de Colombia, en plena carrera por la presidencia, un candidato prudente debió oír a la oposición (no faltaba más que no), pero también al embajador, a los políticos, a los empresarios, a los periodistas, a los académicos. ¡No! El candidato John Kerry fue manipulado y apareció como enemigo de un gobierno amigo, y amigo o protector o legitimador de la oposición más radical a un gobierno en donde algunos, incluso, posan de ser “oposición armada”. La carta al presidente Álvaro Uribe cayó en detalles excesivamente localistas. Le pidió que investigara y condenara “el asesinato, el primero de abril, del líder político y activista de derechos humanos Carlos Bernal, quien había sido incluido en el programa de protección, junto con su guardaespaldas; la irrupción, el cuatro de mayo, por un hombre armado en la oficina de la Asamblea Permanente por la Sociedad Civil; y el asesinato, en abril quince, de Carlos Alberto Chicaiza, un líder amenazado por hablar de sus derechos como sindicalista. (�) líderes de derechos humanos e iglesias, y sindicalistas también han sido blanco de persecuciones y detenciones, algunas veces basándose en información dudosa proveída por informantes pagados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un llamado al gobierno colombiano para actuar sobre la larga petición de los grupos de derechos humanos que exige revisar anualmente los archivos de inteligencia militar con el ánimo de purgar la información dudosa, y establecer canales más sistemáticos de comunicación con los defensores de derechos humanos. También ha llamado al gobierno para “asegurar que no se hagan pronunciamientos públicos que puedan poner en

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peligro los derechos de gente involucrada en la defensa de los derechos humanos o en movimientos sindicalistas”. Otras declaraciones de la carta del candidato Kerry, fueron:

1. Que el presidente atienda las recomendaciones de la ONU sobre derechos humanos.

2. Que están "profundamente preocupados por los continuos niveles de violencia dirigidos hacia la población civil".

3. Que “hay reportes de incremento de violaciones, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, atribuidas directamente a las fuerzas de seguridad colombianas".

4. De pasada le llaman la atención a las guerrillas porque son responsables de uso indiscriminado de artefactos explosivos contra los civiles y a los paramilitares porque continúan con los asesinatos y las masacres pese a que tienen un compromiso de cese del fuego con el Gobierno colombiano.

5. Se hace eco de una afirmación calumniosa que han difundido ciertas ONG y que el Comisionado de la ONU para los derechos humanos se ha negado a rectificar. Esa acusación, si de verdad la cree el Comisionado y su Oficina, debiera presentarla de inmediato ante los estrados judiciales, porque implica como genocidas a las autoridades colombianas: al gobierno, al Congreso, a los jueces y los organismos de control, como la Defensoría del Pueblo. Dijo el candidato derrotado que la recomendación más urgente que hace la ONU al Gobierno colombiano es "cortar los nexos entre el Ejército y las fuerzas paramilitares envueltos en abusos, suspendiendo, investigando y persiguiendo vigorosamente a oficiales relacionados en este tipo de colaboraciones". (Obsérvese que habla del ejército, no de unidades del ejército).

6. Se suman los dirigentes demócratas a la visión de nuestros jueces como simples mandaderos, peleles y cómplices del gobierno. Le recomiendan al presidente que la justicia, que en Colombia es tan independiente del Ejecutivo como lo es en Estados Unidos, sea efectiva e imparcial. Por ahí derecho maltratan a la Procuraduría, órgano independiente del gobierno, porque no tiene “compromiso para investigar oficiales de alto rango implicados en violaciones a los derechos humanos y sus nexos con grupos paramilitares".

El vicepresidente Santos ni corto ni perezoso, le puso los puntos sobre las ies al candidato. “Esa carta es una campanazo de alerta de lo que pasaría si gana Kerry”, dijo. Es seguro que Peter Romero, uno de sus principales asesores, cayó en cuenta de la embarrada y trató de enmendar la plana. Al otro día estaba declarando que no, ¡que, que tal!, que si Kerry ganaba las elecciones seguiría ayudando en el combate al terrorismo y al narcotráfico. Que no disminuiría la cantidad de militares estadounidenses actualmente en Colombia ni los altos

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niveles de ayuda para combatir a los grupos armados. Que nos acordáramos que los demócratas habían confeccionado el Plan Colombia durante el gobierno de Clinton; que, ¡Ave María!, si ellos sabían que en Colombia todo estaba mejorando. Seguramente la campaña les jaló las orejas a los promotores del panfleto. Lisa Haugaard, del Latin American Working Group, una de las ONG que empujó la carta en el Senado de Estados Unidos, bregó a recoger los vidrios rotos pero terminó quebrando más piezas y ahondando los agravios. Refiriéndose a la reacción de Santos, dijo en declaraciones a El Tiempo que era “una respuesta poco sabia. La realidad es que hay preocupación entre los demócratas de todo el país y si resurge ahora es por que nunca ha dejado de existir y porque nunca se ha solucionado". 46. ¡LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL GOBIERNO NOS PONEN EN PELIGRO! Habrá notado el lector que desde mil flancos, nacionales e internacionales se acusa al gobierno de Colombia de no tener canales de comunicación con los defensores de derechos humanos y de hacer pronunciamientos públicos que los ponen en peligro a ellos y a los sindicalistas. Es una calumnia repetida tantas veces, que ya hasta los que la inventaron la creen. Pero si el gobierno reacciona frente a esas persecuciones y calumnias, las ONG inmediatamente gritan: ¡Nos están amenazando!, ¡No hay garantías!, ¡el gobierno con sus palabras nos va a hacer matar! Pongamos el caso de Amnistía Internacional. Amnistía –lo que voy a citar está escrito y publicado en su página de internet-, afirma que el Estado colombiano tiene una política sistemática de violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Para ella –lo repite en todos sus comunicados- las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares que actúan en connivencia con las fuerzas armadas o con su consentimiento, no descansan un día de perseguir, torturar y desaparecer a los ciudadanos. AI denomina a las FARC y a ELN –no como un lapsus sino sistemática y conscientemente- grupos de oposición armada. Y cuando critica los atropellos a nuestra población civil, acusa a todos los sectores armados (fuerza pública y paras, que son lo mismo, y guerrilla) porque la hacen objeto de sus ataques cada vez con más frecuencia a fin de impedir su apoyo potencial, presunto o imaginario a la facción adversaria. Tan bajo concepto del Estado colombiano y de su fuerza pública, hace que AI se refiera siempre a los funcionarios colombianos como a un grupo de atarvanes y pida a cada momento su aislamiento internacional y el cese de la ayuda militar. Al contrario, AI se refiere respetuosamente a las fuerzas de “oposición armada” y sostiene una activa campaña –a Dios gracias infructuosa- para que las naciones dejen sola a la sociedad colombiana en su combate contra el terrorismo y su fuente de financiación, la droga.

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AI participó activamente en el intento de saboteo a la visita del presidente Uribe a Bruselas en febrero de 2004. Los encabezados de su comunicado de prensa decían que el gobierno de Colombia mentía sistemáticamente y amenazaba a los defensores de derechos humanos y a la población civil. A renglón seguido instó a que la Unión Europea se abstuviera de apoyar sus políticas “que exacerban la crisis de derechos humanos de Colombia”. AI le dijo al Parlamento, contra toda evidencia estadística, que con Uribe estaban aumentando las muertes y “desapariciones”. AI mantiene un permanente alegato en contra de las autoridades colombianas (produce dos o tres comunicados mensuales) y cualquier paso que dé en contra de las bandas armadas es descalificado como un ataque a la población civil. Particularmente se interesa en neutralizar cualquier avance en la lucha contra organizaciones de “oposición armada” que capturaron departamentos enteros como Arauca y Caquetá y expoliaron sus finanzas. Para ella, “el 90% de detenciones relacionadas con el conflicto armado han sido arbitrarias y existen irregularidades en muchas de las capturas masivas llevadas a cabo por la fuerza pública y la Fiscalía”. Amnistía Internacional dice pública y privadamente que la fuerza pública es como una banda de facinerosos que mantienen una “campaña para desacreditar el trabajo del movimiento social por medio de operaciones judiciales basadas en acusaciones y sospechas de las fuerzas militares, reiteradamente después de que las ONG hayan denunciado violaciones de derechos humanos que implican las fuerzas armadas. (U) Estamos presenciando una estrategia coordinada y bien planeada para silenciar al movimiento de derechos humanos y así dar la impresión de que la situación está mejorando", dijeron en un comunicado del 18 de febrero de 2004. Pero, ¡ay de quien les conteste! ¡Qué furia! Que sea la opinión pública la que juzgue si la siguiente carta del gobierno colombiano a la señora Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional, es una amenaza, como AI la calificó, o es un documento respetuoso de los derechos humanos de los miembros de Amnistía, particularmente del derecho al buen nombre, que en el caso del de Colombia es arrastrado tan descaradamente por los suelos de los escenarios públicos internacionales. Veamos el pronunciamiento que “pone en peligro a los defensores de derechos humanos” que militan en Amnistía: “El Gobierno de Colombia expresa su preocupación por la persistente campaña de deslegitimación y descrédito de nuestro Estado de derecho. El contenido del comunicado de Amnistía del pasado 23 (febrero de 2004) es un ejemplo.

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“Insisten ustedes en desconocer el profundo respeto de las autoridades colombianas por los derechos humanos, y en descalificar las decisiones judiciales como arbitrarias o de persecución política. Amnistía no se ha tomado el trabajo de averiguar si hay indicios de que los capturados han incurrido en conductas criminales, ni reconoce el hecho cierto de que gozan de la garantía de la defensa, reciben un trato digno y sus procesos tienen control y vigilancia de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo. “En el caso de la señora Luz Perly Córdoba y el señor Juan de Jesús Gutiérrez, miembros de la Asociación Campesina de Arauca, la Fiscalía, órgano perteneciente a la rama judicial totalmente independiente del ejecutivo, ordenó su captura para que rindieran indagatoria por varios delitos. Amnistía, sin conocer el proceso, tachó a los funcionarios judiciales como prevaricadores y dijo que la medida era irregular. ”Amnistía acusa a la Fuerza Pública, sin aducir pruebas, de estar aliada con paramilitares. El Gobierno de Colombia protesta enérgicamente por esa sindicación irresponsable y pide su solidaridad a todos los demócratas del mundo, a los gobiernos, a los académicos, a las ONG, a los partidos políticos, para que cese el reiterado irrespeto a la Nación colombiana. “En Arauca, las autoridades vienen haciendo un trabajo de inteligencia para desvertebrar la red de guerrilleros y autodefensas ilegales que ha aterrorizado durante muchos años al Departamento. Esa banda activa bombas contra la población, es cómplice de secuestros, amenazas y asesinatos selectivos y, como lo denunció la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo, pretendió implantar un régimen de corrupción administrativa para adueñarse del presupuesto público. “La autoridad judicial tiene la obligación de investigar esos hechos, pero, obviamente, da todas las garantías a los sindicados para controvertir las pruebas. El Gobierno solicita a Amnistía que se abstenga de prejuzgar y permita que fluyan las investigaciones contra quienes se presume han violado la ley. La Fiscalía investiga sin ningún distingo por creencias o condición social o económica a los ciudadanos, sean ellos particulares o miembros de la Fuerza Pública. ”Amnistía basa sus calumnias en publicaciones de una ONG colombiana que alega que se pretende silenciar a la oposición cuando se persigue al crimen organizado. Exigimos que cese el círculo vicioso e injusto que: primero, califica los actos terroristas en Colombia como oposición armada; segundo, denuncia la represión legal a los criminales describiéndola como violación de los derechos humanos y, tercero, justifica la actividad terrorista como una consecuencia de que en Colombia se violen los derechos humanos. “Pedimos a Amnistía respeto por el Estado colombiano cuya legitimidad no se puede seguir desconociendo. Como bien dice nuestra centenaria Academia de

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Jurisprudencia, “la Nación tiene derecho, por el solo hecho de su existencia, a la inviolabilidad y respeto de su buen nombre. Como consecuencia de este fuero, todo país amerita el goce del honor, la dignidad y el decoro ante el concierto de las demás naciones del mundo, partiendo del análisis, objetivo, ecuánime e imparcial de su vida interna”. “Que la calumnia, señora Khan, quede como dañado instrumento para individuos como Raúl Reyes, autor intelectual de los peores ataques terroristas, quien se atreve a decir que “los derechos humanos son pisoteados grotescamente por el gobierno de Colombia” y que esa es “la causa principal del alzamiento armado del pueblo en Colombia contra el Estado y sus gobiernos”. ”A los opositores, el Estado ha dado, da y seguirá dando todas las garantías. A los críticos los oímos con respeto, aunque reivindicaremos nuestro derecho de responder y de que se nos oiga. A los terroristas de las autodefensas y de la guerrilla, se les perseguirá hasta verlos sometidos”. 47. MENOR CREDIBILIDAD Y MENOR PROFESIONALISMO DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS En un documento oficial de las Naciones Unidas (2 de diciembre de 2004), Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, se pone de presente que una menor credibilidad y un menor profesionalismo han redundado en desmedro de la capacidad de la Comisión de derechos Humanos de la ONU para desempeñar sus funciones. “No es posible que Estados que carecen de un compromiso demostrado con la promoción y la protección de los derechos humanos procedan a establecer normas para afianzarlos. Nos preocupa observar que en los últimos años ha habido Estados que se han hecho parte en la Comisión no para afianzar los derechos humanos sino para protegerse contra críticas o para criticar a otros. La Comisión no puede ser creíble si se considera que aplica dos medidas distintas cuando se trata de cuestiones de derechos humanos”. Por tanto, dice el informe, es necesario reformar este órgano para que el sistema de las Naciones Unidas funcione eficazmente y cumpla mejor su mandato y sus tareas. Apoyamos las recientes gestiones realizadas por el Secretario General y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos a fin de que estos derechos queden integrados en toda la labor de las Naciones Unidas y para respaldar el establecimiento de sólidas instituciones nacionales en la materia, especialmente en países que salen de situaciones de conflicto y en la lucha contra el terrorismo. El estudio reconoce el daño que hace la politización a la labor de promoción de los derechos humanos y el que no centre la atención en cuestiones sustantivas en lugar de “en quién las debate y quién vota”.

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¿Por qué se ha producido esa mengua de la credibilidad de los organismos y de las personas que se postulan como defensores de los derechos humanos? Es factible que no haya una sola respuesta, pero es evidente que ha habido una deformación del discurso y que es común que gentes intransigentes, sectarias, autoritarias, y soeces, se presenten como los más impetuosos “defensores de los derechos humanos”. Los ejemplos son numerosos y cubren todo el espectro del pensamiento político. Veamos tres que no son excepcionales:

- “Los derechos humanos son pisoteados grotescamente por el gobierno de Colombia (B) y esa es la causa principal del alzamiento armado del pueblo en Colombia contra el Estado y sus gobiernos”. Raúl Reyes, Jefe de las FARC, vinculado directamente a toda la política de secuestros y desplazamientos que ha protagonizado esa organización.

- “La fatwa o edicto islámico, de febrero de 1998, ordena a los

musulmanes atacar instalaciones de Estados Unidos porque es aún el enemigo directo y número uno de los árabes y las naciones islámicas”.Yasser Tawfig el Siri, director en Londres del Centro Islámico de Observación, grupo de promoción de los “derechos humanos”.

- “Tomamos este paso de mandar fondos económicos a las Farc, para

protestar por que se criminalice como terrorismo cualquier tipo de oposición. Frente a un conflicto armado como el colombiano, está claro que la parte terrorista es la que intenta evitar una solución política democrática. El régimen colombiano, el Estado colombiano y sus escuadrones de muerte, como lo han comprobado organismos como Amnistía Internacional, tienen nexos con los paramilitares. (B) Es muy importante entender quiénes son los que están estigmatizando a mucho tipo de gente en Colombia. Es el Gobierno colombiano, es el mismo Presidente Uribe que hace pocos meses hizo una estigmatización oficial, en un discurso que hizo frente a gente del Ejército, estigmatizando varias, muchas organizaciones cristianas y de derechos humanos, como terroristas. Y así, llamándolos terroristas, los transformó en objetivos militares del Ejército colombiano”. Cristine Lunga, vocera de Rebelión, organización de defensores de los derechos humanos con sede en Dinamarca.

A muchos les parecerá que es una pérdida de tiempo ponerle bolas a tales sandeces extremo izquierdistas. Pero he de decir que su poder desestabilizador es infinito. Ya vimos la carta que le sacaron al senador Kerry las ONG de Washington; la campaña permanente de Amnistía que logró incluir la discusión de una moción contra Colombia en el Parlamento Europeo y, ¡váyanse para atrás!, doña Critine Lunga logró meter en la agenda del Parlamento de Dinamarca una moción contra Colombia.

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Hay que tener paciencia porque el camino para entronizar la idea de los derechos fundamentales de las personas está lleno de inconsecuencias como las que acabo de transcribir. El problema no es nuevo. En La sombra de la guillotina, la gran novela histórica sobre la Revolución Francesa, Hilary Mantel reconstruye un episodio terrible, protagonizado por unos jefes jacobinos, aquellos que proclamaron Los Derechos del hombre y del ciudadano en 1789. Imbuidos de fundamentalismo, Robespierre, Dantón, Marat, Camille Desmoulins, Fabre, entre otros, hicieron una lista de quiénes serían ajusticiados. Como creían representar a la humanidad, se sentían autorizados para limpiar al mundo de lo que consideraban la carroña de la historia, la aristocracia. Robespierre había dicho ante la Convención que condenar a muerte a toda esa gente era “llevar a cabo un acto de la Providencia”. A pesar de la orden era matar a miles de personas, llamaron “prudente y humanitaria” la siguiente medida: para evitar que unos verdugos voluntarios -entusiastas pero muy inexpertos-, torturaran o mutilaran a los “ajusticiados”, reclutarían a los mejores carniceros de París con la oferta de una buena remuneración por su trabajo. El problema “humanitario” que comenzó resolviéndose provisionalmente con los carniceros, terminó zanjado de una vez por todas cuando el doctor Guillotin, orgulloso experto en salud pública, presentó su invento para una “ejecución científica y democrática”: una “máquina con la que puedo cortarles la cabeza en un santiamén sin que sufran”.

48. ¿ES COLOMBIA UN ESTADO TERRORISTA? Lo que se dijo en Dinamarca hace sonrojar a cualquier colombiano que tenga un mínimo sentido nacionalista o patriótico. La noticia internacional fue titulada así: “Se debate en el parlamento de Dinamarca si Colombia tiene un “gobierno terrorista”. Luego vino la consabida acusación de las amenazas de muerte del gobierno a los defensores de derechos humanos en Colombia: “La arremetida del gobierno colombiano contra la Asociación Rebelión, provocó un debate en el Parlamento danés sobre la legitimidad del Estado colombiano. La oposición calificó el gabinete del Presidente Uribe como “un gobierno de terroristas”. Según la dirigente de izquierda en el parlamento de Dinamarca, Line Barfod, “el actual gobierno de Colombia es un gobierno terrorista. Colombia es una dictadura. El carácter del régimen quedó claramente demostrado, con las amenazas graves del Ministro del Interior colombiano (¡lista la prueba de las amenazas a los defensores de los derechos humanos!), contra una ciudadana danesa, diciendo que “ella ya no puede dormir tranquila”. Eso dijo la diputada en la capital danesa, Copenhague. La Barfod “se refirió a declaraciones hechas por el Ministro del Interior y Justicia de Colombia, Sabas Pretelt, contra una vocera de la asociación danesa Opror (en español: Asociación Rebelión). Sabas Pretelt además ha pedido la extradición de

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algunos de los 600 miembros de Opror, después de que la asociación anunció el mes pasado que había donado unos 8 mil 500 dólares a la guerrilla de las FARC. Un vocero de la asociación Opror, Patrick MacManus, dijo el lunes que no se ha presentado hasta el momento ningún tipo de obstáculos por parte de las autoridades daneses para que la asociación puede seguir realizando sus actividades encaminadas a cuestionar la calificación por parte de la Unión Europea de la guerrilla colombiana como “terrorista”. “Line Barfod representa la opositora Alianza Rojo y Verde en el parlamento danés. La Alianza ha exigido explicaciones del Primer Ministro de Dinamarca, Anders Rasmussen, sobre el porqué Colombia no está incluida en la lista de terroristas de la Unión Europea por su responsabilidad en el exterminio del movimiento sindical y social. El conservador Rasmussen no respondió que Colombia no era un Estado terrorista, como debió decirlo. Se limitó a “justificarse por ese descuido” diciendo que no puede ser incluida en la lista de terroristas de la EU, porque ningún país, solo organizaciones, puede ser agregado a dicha lista. Sin embargo agregó que sí considera que el Gobierno colombiano es responsable de violar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Dinamarca y nuestros socios en la Unión Europea regularmente condenamos las violaciones de los derechos humanos y el DIH en Colombia – tanto por parte de grupos armados ilegales y del Gobierno colombiano”, dijo el Primer Ministro. El mismo tema fue objeto de discusión en el parlamento europeo, cuando el diputado Giusto Catania llamó a romper las relaciones entre la Unión Europea y Bogotá por los nexos entre el Estado colombiano y los paramilitares. “Si el gobierno del presidente Uribe se alista para institucionalizar la impunidad otorgada a los narcoparamilitares y a sus cómplices de las fuerzas de seguridad; si las fuerzas del gobierno colombiano y su sistema judicial asesinan y encarcelan a sindicalistas y defensores de los derechos humanos; entonces la Comisión no puede ignorar estos fenómenos gravísimos, y esto debe llevar a una revisión urgente de la cooperación europea en este país”, declaró Giusto Catania. Unas semanas antes 15 diputados europeos, pertenecientes a cuatro grupos políticos diferentes que conforman la mayoría del Parlamento europeo, participaron a la audiencia "Libertad para Luz Perly Córdoba" sobre el exterminio de sindicalistas y defensores de derechos humanos en Colombia. La audiencia en la sala ASP 1G3 de la eurocámara se realizó en coincidencia con la visita del vicepresidente Francisco Santos al Parlamento Europeo. Sobra decir, y no es macartismo ni persecución ni amenaza ni ganas de poner a nadie en la picota, que Cristine Lunga, Giusto Catania y Line Barfod son

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declarados partidarios de las FARC (nuestra flamante oposición política) y que Amnistía se niega a tomar distancia de ellos. O peor, que actúa en alianza con ellos en la campaña europea contra Colombia. 49. EL PADRE GIRALDO EN LA BBC

La lucha contra Uribe es sin cuartel. A mediados de noviembre de 2004, el presidente concedió una entrevista en la BBC de Londres. Su intervención fue un hit que congestionó el conmutador con llamadas para referirse elogiosamente al gobierno de Colombia y a su líder. Al otro día estaban en la emisora varios parlamentarios ingleses para solicitar derecho de réplica. Presentaron como vocero al jesuita Javier Giraldo, fundador de la entidad de derechos humanos más radical en su lenguaje contra el Estado colombiano, Justicia y Paz (no es una amenaza, no es macartismo. Simplemente leí sus documentos en internet y pude comprobar que sus conceptos y términos maximalistas compiten con los de la inefable Cristine Lunga o los de don Raul Reyes). Giraldo es partidario de un boicot internacional a la lucha de Colombia contra la que él llama “insurgencia”.

Giraldo comenzó diciendo que en Colombia avanzaba el control paramilitar. Que ya las modalidades más comunes de represión no eran las grandes masacres, sino que el Estado estaba dedicado a cometer cantidad de asesinatos, desapariciones y a hacer detenciones masivas. A Giraldo no le tembló la voz para decir que el Estado colombiano de dedica a “reprimir, destruir, aterrorizar a las organizaciones de base, a los movimientos sociales, a los grupos de derechos humanos”.

Habló de que desde noviembre del año 2002 se está en diálogo con los paramilitares, pero descalificó esos contactos porque es con un actor que no es propiamente de oposición, sino que ha estado muy ligado al Estado y aclaró: a medida que avanza ese diálogo, avanza también un control paramilitar en muchas regiones del país. Giraldo le echó la culpa del paramilitarismo a los gringos (su otra obsesión insana): “Yo he encontrado documentos que muestran que en el año 62 una misión militar de Estados Unidos les impuso a los gobiernos colombianos la estrategia paramilitar. Y justamente en un momento en que no había guerrilla. En el año 62 ya las guerrillas liberales estaban extinguidas, incluso la gente que había entregado las armas estaba muerta. Y todavía no existían las guerrillas marxistas. En un momento de esos se crea una estrategia paramilitar, que según estos documentos tiene como objetivo combatir y destruir a los simpatizantes del comunismo. Uno ve que en unos momentos identifican con el comunismo los sindicatos, las marchas campesinas. En un momento dado también la Teología de la Liberación. En otro los grupos defensores de los derechos humanos”.

Giraldo siguió pontificando sobre el paramilitarismo al que ya tenía definido como la punta de lanza imperialista en Colombia: “Yo no creo que sea un actor independiente del Estado. He seguido mucho las estructuras paramilitares que se

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han creado en las diversas regiones de Colombia y siempre he llegado a la conclusión de que no son independientes. Es un actor que funciona con el Estado. Y funciona amparado en el poder del Estado”. Por eso la negociación es un "diálogo consigo mismo".

Una de las características de los muchachos malcriados, de los delincuentes juveniles, es hacerle las peores barbaridades a los papás. Pero cuando los regañan o les llaman un tris de nada la atención, ¡qué escándalo el que arman! El padre Giraldo es como un jovencito malcriado. Acababa de decir que el Estado es paramilitar, es decir, que es un Estado terrorista y a renglón seguido dice que “este gobierno ha empleado términos muy duros, muy ofensivos contra las organizaciones de derechos humanos”. No va:(U) Algo se ha logrado en el sentido de evitar muchos más insultos públicos y estigmatizaciones. Pero me parece que la actitud fundamental del gobierno sigue siendo muy hostil a los grupos de derechos humanos”. ¡Bendito sea mi Dios!

Como dijo Álvaro Camacho de Richani, tampoco el padre Giraldo “oculta su simpatía por la lucha reivindicativa de las FARC-EP y del ELN”. En sus declaraciones a la BBC se hizo vocero de la queja de Manuel Marulanda a la ONU, exigiendo para las FARC el mismo trato y espacio que se le daba al Presidente Uribe: “Los medios masivos y los organismos del gobierno, atribuyen cosas a la guerrilla que no son de la guerrilla (U) ahí se han cometido muchos errores. (U) algunas organizaciones de derechos humanos son concientes de que no se les puede dar el mismo tratamiento a los actores armados de diverso tipo, aunque haya una presión muy fuerte -nacional e internacional- porque un actor tiene siempre todo el apoyo de los medios masivos de comunicación (el gobierno) y el otro no tiene nada (la guerrilla). “Uno no puede jugar con los mismos medios de denuncia cuando la situación es de tanta desigualdad. Hay organizaciones que prefieren, cuando la guerrilla comete una atrocidad, confrontarla directamente, ir a buscar a algún delegado y decirle. Pero no se puede hacer el juego con los medios de comunicación que siempre están dándoles todos los espacios posibles para este tipo de denuncias al gobierno pero ocultando toda la otra cara (la de la guerrilla)”. Hay un desequilibrio enorme, se quejó apesadumbrado el reverendo padre Giraldo. Se suele repetir mucho que entre las FARC y los Jemeres Rojos de Camboya hay un gran parecido, pero no se intenta probar con ejemplos las equivalencias y similitudes. En el libro Viaje al genocidio de Camboya, Pol Pot, el último verdugo, Vicente Romero nos da unos elementos sorprendentes para justificar el paralelo. Los métodos brutales del gobierno del Partido Comunista en Camboya (fascismo rojo, los llama Romero) se vieron relativamente prefigurados en el “Estado en formación” del que se habló en el Caguán. Los métodos eran terribles: evacuación

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masiva de ciudades y confinamiento de la población en comunas agrarias; jornadas de trabajo sin límite y sin salario; abolición de cualquier forma de propiedad, de los mercados y de la moneda; total carencia de medios de comunicación y supresión del teléfono y el correo; prohibición de desplazamientos individuales; destrucción de la familia y práctica de matrimonios forzados; comedores y dormitorios colectivos; abrogación de toda forma distintiva en el vestido y en el aspecto personal; exterminio de intelectuales y primacía social de jóvenes analfabetos; persecución religiosa y sesiones obligatorias de adoctrinamiento político; represión implacable con ejecuciones masivas de enemigos de la revolución o sospechosos de serlo; constantes purgas políticas internas; castigo de las mínimas faltas sociales mediante la tortura y la muerte. ¿Qué decir de la forma del liderazgo de los comunistas de Camboya y los comunistas del Caguán? Líderes de oscura personalidad, misteriosos, siempre ocultos en la penumbra del poder. Romero hace una descripción de Pol Pot en cuyo molde bien pudiera caber una personalidad como la de Marulanda: “revolucionario alienado por sus propios ideales, un visionario despiadado que inmoló a cientos de miles de seres en un intento utópico nunca suficientemente explicado. No dejó un solo escrito de peso; tal vez ello fuera a causa de su deficiente preparación intelectual o quizá simplemente nunca pretendía convencer a sus seguidores, sino imponer los hechos desde su posesión de la verdad absoluta (U) nunca se dibujó como un político consistente, una figura histórica arrolladora o una personalidad humana deslumbrante. Se perfiló como parte de un colectivo, con un protagonismo sombrío”. La política de los Jemeres rojos, según Romero, apenas tuvo producción teórica; respondió a un dogmatismo elemental con la violencia como método de trabajo, carente de otros valores que la consecución de sus ilusorios objetivos generales. El secretismo político impidió cualquier debate ideológico y mantuvo al país sumido en el silencio y privado de información. La sociedad estaba paralizada por el miedo; y el partido, sometido por las purgas a la voluntad ciega de su núcleo dirigente. Considerando al Caguán como una forma relativa de ejercicio de gobierno, los periplos vitales de Pol Pot y Maurlanda también podrían ser puestos en paralelo: primero, guerrilleros en ascenso, luego gobernantes y finalmente guerrilleros que huyen y se internan en la espesura de la selva. Pues bien, veamos si la descripción del uno encaja en la del otro: “a lo largo de su vida trató de mantenerse siempre oculto, desde los tiempos de la guerrilla hasta su muerte en el último santuario de bambú de los jemeres rojos, incluso cuando ejerció el gobierno de Phnom Penh. (U) Nunca quiso ser un líder de masas, evitó las apariciones en público y trató de permanecer oculto en las tinieblas de una autoridad absoluta. (U) Primero fue jefe máximo de una guerrilla sumamente cruel; después, dirigente todopoderoso de una revolución enloquecida y de un Estado basado en el terror; finalmente, líder inflexible de una resistencia militar

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carente de otro programa que su propia supervivencia, pero de sangrienta disciplina”. Al final de su vida, Pol Pot regresó a la soledad de la jungla, “donde vivió el progresivo abandono de la mayoría de sus secuaces y seguidores (U) y las fuerzas guerrilleras sufrieron una constante hemorragia de deserciones”. Traje a colación en este capítulo el asunto Pol Pot, porque encuentro cierto parecido entre el lenguaje de los polpotistas con el de la contumaz guerrilla colombiana y las “comunidades de paz” en Urabá, orientadas por alguna ONG. Muchos cuestionan, por ejemplo, que en Cacarica, Chocó, hayan tendido alambradas de púas (“alambradas de paz”, les dicen), e impere una disciplina interna antidemocrática, el adoctrinamiento en el odio al contrario, a quien piense distinto; la división de la comunidad entre buenos y malos; el lenguaje favorable a la guerrilla y crítico -para decirlo de una manera tenue- de la fuerza pública. Atemoriza que, como los polpotistas, los fundamentalistas criollos hablen constantemente de “pureza: étnica, ideológica y revolucionaria que nace de la necesidad de autoafirmación, producto de largos períodos de aislamiento en la selva” y que su pervivencia represente un peligro de totalitarismo, tiranía e irrespeto por los derechos humanos en los territorios que lleguen a dominar, si la Seguridad Democrática fracasare.

50. TAMBIÉN HAY DEFENSORES DE COLOMBIA Pero no hay porque desanimarse con la propaganda negra. Cada día gana más espacio la visión positiva del estado, de la sociedad, del gobierno de Colombia. Así como hay colombianos a los que no les sale una sola palabra bondadosa hacia su país del cual reniegan con una furia de hincha contrario, hay también valores como Eduardo Mackenzie, quien hace corresponsalías desde París para importantes medios en Colombia y en el mundo. Mackenzie se refirió a los desapacibles conceptos del padre Giraldo con datos y cifras respaldadas en documentos serios. Dice él que la propaganda extremista en Europa acusa a Uribe de tener una política “paramilitarista”, pero que nada más falso. “Si Uribe la tuviera él sería el primero en evitar la desmovilización de los paramilitares. Lo que Uribe pretende es buscar, por el contrario, la desagregación de esa fuerza criminal y la de su hermano mayor, la guerrilla. El combate del gobierno colombiano es el combate de un Estado de derecho. Su política responde a leyes aprobadas por el poder legislativo (Senado y Cámara) y controladas por órganos de jurisdicción constitucional. Uribe propone abrir negociaciones con aquellos sectores que declaren previamente un cese al fuego. La guerrilla rechaza esa condición y bloquea así todo desarrollo positivo. Los

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paramilitares, por su parte, han aceptado ese requisito y han comenzado un diálogo con el gobierno. Mil quince de ellos ya se rindieron. Otros 6.000 individuos se han desmovilizado sin negociaciones hasta hoy. El 70% vienen de las FARC y el resto del ELN y de grupos paramilitares. Unos 20.000 paramilitares deberán dejar las armas antes del 31 de diciembre de 2005”. Quienes aconsejan a Colombia cesar las tratativas para llevar a todo el mundo a la desmovilización lo que pretenden es el suicidio del país, dice Mackenzie. Uribe no quiere crear “condiciones de impunidad para los paramilitares”, ni “cuestionar las garantías constitucionales”, como asegura Mónica Frassoni, una activista verde belga que ignora todo del expediente. Cada caso de paramilitar desmovilizado será estudiado. De las medidas de gracia se excluirán los delitos atroces. Esa política, que será aplicada también a la guerrilla, irrita a ciertas ONG que tienen una actitud doble: una ante la guerrilla y otra ante los paramilitares. En el pasado, la nación colombiana adoptó indultos y amnistías para los guerrilleros, sin que la ONG se inquietaran del problema de la “impunidad” para ellos. Cuatro guerrillas, con una trayectoria sangrienta, se acogieron a esas normas y entregaron las armas. Hoy sus jefes están en el Parlamento. En aquella ocasión, la UE no se quejó de que el gobierno estuviera creando “espacios de impunidad” para los guerrilleros. Mackenzie rebate también los conceptos de Amnistía Internacional sobre exigencias de “desarticulación de las organizaciones paramilitares”, olvidando pedir, al mismo tiempo, la desarticulación de las guerrillas. “AI no pide eso. A éstas, AI exige una sola cosa: “respetar el derecho”. Pero, ¿cuando, en sus 40 años de carrera criminal, la guerrilla colombiana ha respetado el derecho? Para los que sueñan con un triunfo de las guerrillas colombianas –un dinosaurio estalinista predador que se lucra con el tráfico de drogas y con la muerte, el secuestro y el dolor de miles de personas-, los planes de Uribe, son desde luego, un obstáculo. Por eso pretenden sabotear toda ayuda europea a Colombia. Hasta hoy, hay que reconocerlo, han tenido éxito. Pero tal orientación, basada en cálculos políticos, en acuerdos ocultos, en proyectos violentos, no merece el apoyo de la democracia europea. La UE haría bien no hacer caso a esos cantos de sirena. El estatuto antiterrorista ha sido erigido en estas semanas en el obstáculo mayor a un entendimiento entre la UE y Colombia. Sin embargo, ese estatuto es una pieza maestra de la seguridad de Colombia. Hasta el punto extremo de que sin él el ejército estará en incapacidad legal de perseguir a los guerrilleros. En parajes escarpados, la réplica del ejército a un ataque terrorista debía suspenderse hasta la llegada de un juez”. Mackenzie recordó que desde febrero de 2004, en un artículo de el Nuevo Herald, había explicado que “Por años el epílogo de los combates entre el ejército y la guerrilla ha necesitado la presencia de un fiscal en el lugar de los hechos, para poder formalizar el levantamiento de cadáveres. En muchos casos un pelotón de cuarenta soldados, al verse en la imposibilidad de permanecer en dicho lugar sin

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contar con apoyo inmediato, y por la inminencia de ser contraatacados por doscientos guerrilleros, tiene que abandonar la zona y volver con refuerzos a los tres o cuatro días, acompañados del susodicho fiscal. ¡Sorpresa! Los cuerpos de los guerrilleros dados de baja en combate aparecen disfrazados de campesinos, con azadón a cambio de fusil y machete por lanzagranadas. Conclusión de las ONG y el activismo internacional: “matanza de campesinos por parte del ejército colombiano”. “Quienes obstaculizan la adopción de medidas básicas de policía judicial buscan entrabar la lucha jurídica contra los grupos armados. El estatuto antiterrorista es el resultado de una larga deliberación democrática en el Parlamento colombiano. Es un texto que se inspira en los estatutos antiterroristas que han adoptado las democracias europeas. Cuando Graham Watson, un diputado liberal británico, afirma que Colombia quiere “luchar sin leyes contra la falta de leyes”, no hace sino evidenciar la indigencia de sus fuentes. El ruido sobre el estatuto antiterrorista y sobre la pretendida “impunidad” para los paramilitares, no es casual. Ello hace parte de una instrumentalización del debate. Insistir sobre los crímenes de los paramilitares se propone desviar la atención sobre los crímenes de las guerrillas”. 51|. LUIS CARLOS RESTREPO VERSUS GIRALDO Y AMNISTÍA INTERNACIONAL Otro que les ha dado sopa y seco a los padres Giraldos y a las Amnistías es Luis Carlos Restrepo, ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ. Cuando sus contradictores van, él ya viene. Les lleva una ventaja intelectual enorme a sus viejos camaradas de las ONG, es insobornable, limpio como el agua y tiene un propósito indeclinable: hacer realidad el sueño del Presidente Uribe de una Colombia sin guerrilla y sin paramilitarismo.

Restrepo explica las afirmaciones del padre Giraldo y de Amnistía, porque en Colombia hubo una especie de demencia colectiva que impuso a los intelectuales la absurda opinión de que se podía y debía buscar una salida negociada con los grupos guerrilleros, pero que no era ni deseable ni justificable, hacerlo con los grupos paramilitares. Dice que el gobierno, entre 1998 y 2002, mientras buscaba desesperadamente a las FARC y al ELN, cerró toda posibilidad con las autodefensas y acordó con los guerrilleros que la única acción posible en este caso era la imposición de la fuerza por parte del Estado. Los Paras contestaron con la misma moneda y sabotearon cualquier avance con las FARC y el ELN.

Contra la opinión de todos los expertos, comenzando por la de sus antecesores en la Oficina de Paz, Restrepo dice que sí, que sí se puede y que él lo va a lograr. Cuando uno habla con Restrepo nota la impaciencia que le da oír decir a ciertos irresponsables que su negociación con los paras es de "yo con yo", que el gobierno lo único que tiene que hacer es pactar en la noche y en la sombra con

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los que han sido sus amigos históricos. -¡Irresposables!, dice. No se dan cuenta que las autodefensas son el más grave problema de gobernabilidad que tiene el Estado colombiano.

Lo que no han podido entender personas como el padre Giraldo, que se va a buscar las causas de la existencia de los paramilitares en Estados Unidos, en una oficina del Pentágono, es que esos grupos desde hace mucho rato tienen una agenda propia, una negociación propia y una base social propia, que intenta competir con la legitimidad del Estado. ¡No!, ¡no son nuestros socios!, le responde a Giraldo y a Amnistía. Son nuestros más cotidianos y encarnados enemigos, y lo son más porque pretenden vestirse con los ropajes de la justicia y de la democracia, tergiversando la justicia y tergiversando la democracia.

Restrepo ha dicho que él, en la mesa de negociación, ha disputado palmo a palmo la legitimidad institucional con grupos que se posesionan del territorio y se posesionan de las conciencias de los ciudadanos para tratar de imponer su propio orden y su propia versión de justicia. Pero Restrepo sí que se ha sentido solo. Le toca defender a la sociedad y a las instituciones, pero ¡qué incomprensión!, ¡qué criticadera!, ¡que acusaciones mendaces y calumniosas!. “¡Qué tristeza se siente en el alma, dijo en el Congreso, cuando se tergiversa la labor que diaria, cotidiana y calladamente se realiza para representar la legitimidad del Estado, ante un grupo que no entiende la dinámica de esa legitimidad”.

Las sandeces de los opositores, particularmente concentrados en las ONG, han hecho creer a los paramilitares que sí, que ellos son un apéndice del Estado y que ¡cómo así que los van a meter a la cárcel! Con ese cuento, ya ellos tienen una altísima percepción de sí mismos, un discurso autojustificatorio similar al que tiene la guerrilla. Restrepo dice que “así como la guerrilla mata y secuestra en nombre de la justicia social, los paras asesinan e intimidan en nombre de la justicia y de la democracia”. Que ellos mismos se creen la justicia, se quejan de que no hay justicia institucional. Cuenta Restrepo que dedicó muchos meses a hacerles entender a las autodefensas que ellos eran un problema, porque se consideraban una solución. Que con una ingenuidad asombrosa le decían: "Comisionado, esto se arregla de manera muy sencilla, déjenos la zona que tenemos y nos legalizan a nosotros, se la seguimos cuidando". En su percepción y en su razonamiento no entendían que lo que estaban haciendo era ilegítimo. Pero avanzamos, dice. Con una pedagogía lenta y difícil. Y por primera vez ellos empezaron a plantearse la posibilidad de la desmovilización, horizonte que no estaba claro al comienzo.

En una brillante intervención ante el Senado, el Alto Comisionado se sacó una espinita que tenía clavada muy hondo. Les dijo a sus injustos contradictores estas palabras, que son a la vez reclamo y enseñanza: “Sí. Ellos se creen héroes de la democracia. El país anda escandalizado en estos días porque los señores Mancuso, Báez e Isaza, dijeron a todo pecho que ellos se creían salvadores de esta democracia. Pues es lo que yo vengo oyendo hace 18 meses y de manera callada en la mesa. Qué bueno que lo escuchen todos, qué bueno que escuchen

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esa realidad que no han querido escuchar; qué bueno que se den cuenta de la dimensión del problema. Qué bueno que se den cuenta que a ellos, muchos, nacional e internacionalmente los ven como los peores criminales; pero en las regiones donde operan, muchísimos ciudadanos los ven como héroes y salvadores”.

Pero Restrepo no sólo ajustó cuentas con los enemigos sectarios y fundamentalistas de la negociación con los paras. También aprovechó para jalarle las orejas a la hipocresía. “Cuántas personas se me han acercado en estos 18 meses pidiéndome: "Comisionado el gobierno va a cometer una locura, no desmovilicen a las autodefensas; sin las autodefensas quedamos en manos de la guerrilla". Cuántas personas de buena fe están equivocadas. Qué grave que tantas personas en Colombia confíen más en la eficacia de la justicia paramilitar que en la eficacia de la justicia institucional. A mi se me acercan y me dicen: "lo que pasa es que las autodefensas sí funcionan, uno les muestra el ladrón y al otro día está resuelto el problema; en cambio uno denuncia al ladrón ante la policía, lo tienen dos días y al otro día está suelto. ¿Somos concientes de esa grave falla en nuestra educación democrática? ¿Somos concientes de que son los mismos ciudadanos con su efectismo los que justifican el accionar de las autodefensas? ¿Somos concientes de la enorme transformación cultural que hay que realizar?”.

Qué bueno sería que en vez de sentarse a mirar los toros desde la barrera y a sospechar del gobierno y a sospechar del Comisionado, porque intenta lo imposible, tantos sectores valiosos de este país ayudaran a dar esta última lucha por la democracia y a educar a la ciudadanía para que podamos hacer el tránsito de estos sistemas primitivos de venganza a los sistemas institucionales de justicia y de seguridad”.

Restrepo conoce la teoría política y sabe que ha sido posible abrir el proceso con las autodefensas porque, si históricamente alguna vez ellos argumentaron que el Estado no defendía sus derechos, esa argumentación ya no es valida. Hay un Estado dispuesto a defender sus derechos, y por eso les exige renunciar al atavismo social de la legítima defensa. En el Estado social de derecho nadie puede autodefenderse, dice. En el Estado social de derecho se impone el principio de la solidaridad con la fuerza pública legítima, y sólo ellos y únicamente ellos, son los que portan las armas por mandato constitucional, son los que pueden legítimamente ejercer estas funciones de seguridad.

A pesar de las calumnias, las incomprensiones, el intento de saboteo, la labor de zapa de algunos funcionarios internacionales para neutralizar y hacer retirar la intervención de la delegación de la OEA, el gobierno ha firmado cinco acuerdos con los grupos de autodefensa y va hacia delante en la labor de desmovilización. Los resultados están a la vista y, por más padres Giraldos que quieran desconocerlos, los hechos son tozudos, ahí están.

52. NO ESTÁ TAN SOLO EL DOCTOR RESTREPO

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Como dijo el Alto Comisionado, su labor ha sido solitaria: “aquí sobra comunidad internacional para acompañar un proceso con la guerrilla, pero ¡qué ascos y distancias para acompañar un proceso con las autodefensas! Una de las grandes dificultades que tuvo este proceso fue la imposibilidad de montar, desde el comienzo, una verificación del cese de hostilidades. Se lo solicitamos a Naciones Unidas, y sus funcionarios no comprendieron la grandeza de la tarea. Pudieron más su percepción esquemática y sus prejuicios. Les dijimos: "tienen ustedes la oportunidad histórica de tener bajo control a las fuerzas de autodefensa; convoquen a la población, pongamos en marcha desde el primer día unos tribunales públicos con el apoyo de la comunidad internacional, que actúen como presión moral sobre las autodefensas". ¡Excusas y excusas y excusas! Nos enredaron hasta tal punto que teníamos que ir al Consejo de Seguridad y colocar a Colombia en su agenda del Consejo de Seguridad para poder acceder a un mecanismo eficaz”.

“Eso nos desgastó enormemente. Finalmente nos dimos cuenta que era vano tocar puertas por esa vía. A finales del año pasado entramos en contacto con la OEA, y qué buena la solidaridad latinoamericana de la OEA. Sin la distancia que impone, a veces, la visión que se tiene de Colombia desde Europa y los países anglosajones, la OEA nos entendió y a comienzos de este año firmamos un convenio que vale la pena ser mirado con atención. Un convenio que faculta a la OEA en tres campos muy importantes para la consolidación de de la paz del país: verificación del cese de hostilidades, acompañamiento de procesos de desmovilización y acompañamiento de comunidades para procesos de reinstitucionalización (U) Queremos poner en marcha el primer gran megaproyecto de recuperación institucional. Cero autodefensas desde Arauca, hasta Guaviare y Vichada. No queremos autodefensas en Casanare, ni en el Meta. Creemos que llegó la hora de la desmovilización. No más justificaciones, no más cuento de que ellos nos están defendiendo de la guerrilla, no más excusas. No hay otro camino que la desmovilización inmediata y el Estado está en condiciones desde ya de asumir plenamente la seguridad de esas zonas.

Aunque el Alto Comisionado se sienta solo, hay intelectuales que analizar con seria y objetivamente su labor. El 6 de Diciembre de 2004, en su artículo de El Tiempo, Eduardo Pizarro analizó las dos caras de la moneda de la negociación. Dijo que quienes apoyan al Gobierno sólo ven el proceso creciente de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y en cambio quienes se oponen sólo ven lo que se ha venido denominando el "proceso de paramilitarización", en zonas tanto urbanas como rurales. Es un “maniqueísmo infantil e inconveniente” que oculta el hecho incontrovertible de que ambas dinámicas se están dando de manera simultánea. El paramilitarismo está siendo desmontado, pero, a su turno, existe un creciente control paramilitar con nuevos y no siempre rostros amables.

Pizarro puso el ejemplo de la controvertida desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en Medellín, Bananeros de Urabá y Bloque Catatumbo del Catatumbo,

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los cuales cobijan alrededor de 2.500 combatientes. Hay una evidente voluntad política de acabar con este fenómeno por parte del actual Gobierno, certifica Pizarro. “Si se observan las estadísticas -no del Gobierno, sino de las propias ONG de derechos humanos-, es impactante constatar que el número de paramilitares muertos en combate con la Fuerza Pública, capturados o desmovilizados, es superior en más del 300 por ciento a cualquiera de los gobiernos anteriores en los últimos 20 años”.

Pizarro ensaya esta explicación sobre el fenómeno:

- Primero, el fortalecimiento del Estado y las Fuerzas Armadas y de Policía. Eso permite un mayor y más eficaz control territorial. A diferencia del anterior gobierno, hoy la Policía Nacional tiene presencia en la totalidad de las cabeceras municipales, se ha recuperado la capacidad de gestión democrática municipal gracias al retorno de los alcaldes y los concejales y, por último, ha habido mejoras sustanciales en la seguridad rural con base en el excelente papel que están cumpliendo los "soldados-campesinos" para garantizar el orden local.

- Segundo, el repliegue estratégico de las Farc y el Eln hacia la selva profunda, ante la ofensiva de las Fuerzas Armadas, ha permitido crear un clima de mayor seguridad en las zonas más pobladas del país.

- Tercero, la amenaza de extradición que se ha convertido en una poderosa "espada de Damocles" en la nuca de la cúpula paramilitar. El gobierno Uribe, con mucha sagacidad, ha condicionado su aplicación a la buena o mala voluntad manifiesta de los jefes de las Auc a favor de la paz y el abandono del tráfico de drogas ilícitas.

El fortalecimiento del Estado y las Fuerzas Armadas, dice Pizarro, garantiza que uno de los fundamentos básicos de un régimen democrático -el monopolio de las armas y la garantía de seguridad- lo cumpla el Estado y no grupos de justicia privada.

Pizarro les recuerda a los analistas que no tienen por que rasgarse las vestiduras porque los desmovilizados del paramilitarismo quieran hacer política: “así como un régimen democrático debe aceptar en su seno actores de izquierda radical (no armada), debe también aceptar corrientes de extrema derecha (no armada). El problema es si este tránsito se está haciendo o no con base en un abandono de las armas o si estas siguen constituyendo la fuente última del poder”.

¿POR QUÉ ES LEGÍTIMO NEGOCIAR CON LOS PARAMILITARES?

Los predicadores de la paz no pueden caer en la inconsecuencia de pedir que se negocie y pacte con la guerrilla, pero se aplique la política de tierra arrasada con los paramilitares. Eso puede ocurrir sólo si los embruja la teoría de las “causas

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objetivas”; si definen a la guerrilla como “oposición armada”; si conciben la “solución negociada al conflicto interno armado” como un cambio revolucionario pactado entre el “establecimiento” y los “luchadores populares” (cambio que para ellos es obligatorio porque, si no, amenazan a Colombia con que nunca habrá paz).

El episcopado colombiano es quien se ha mostrado más consecuente en la predicación de la paz con todos los sectores. Fue la iglesia la que dio el primer paso exitoso para el acercamiento con los paramilitares; impulsó la creación de una mesa de negociación y ha oficiado como intermediaria. También ha intentado, sin éxito hasta el momento, hacer lo mismo con las FARC y el ELN.

Igual puede decirse de la OEA. Según el Alto Comisionado de Paz, ese organismo regional se ha guiado por la búsqueda del bien para Colombia, no por los prejuicios ideológicos de los funcionarios de otras organizaciones internacionales, quienes hicieron hasta lo imposible por neutralizar al presidente Gaviria, Secretario General de la Organización. Cuando él acepto enviar la delegación que ha facilitado tanto las cosas en el -hasta ahora- exitoso proceso de desmovilización de las autodefensas, ciertos funcionarios internacionales intentaron crearle una crisis interna que él supo sortear magistralmente.

Amnistía, Wola, Justicia y Paz, muchas ONG y algunos movimientos políticos colombianos, en cambio, creyeron posible obligar al gobierno a abortar ese proceso abierto por el episcopado. Los comportamientos de los opositores fueron resumidos así por el Alto Comisionado de Paz: (a) han sido totalmente indolentes frente a los problemas de seguridad de la población y se rasgan las vestiduras frente a la política de seguridad democrática porque es derechismo y guerrerismo. (b) confunden el diálogo con amistad, con intimidades y ‘confiancitas’ con los violentos. (c) cuando son negociadores, creen que es necesario tomar Whisky con la contraparte. (d) se entusiasman al lado de un guerrillero, se toman fotos con ellos. (e) creen que adelantar una negociación es llevar razoncitas, es tratar bien a los delincuentes, es “crear confianza” con ellos.

A estos críticos, el gobierno les ha dicho con total claridad que no distingue entre terroristas buenos y terroristas malos. Que con ninguno quiere tomar whisky ni tener confiancitas; que no acepta que unos son el ejercito de los pobres y los otros el ejército de los ricos; que se vayan al diablo con su cuento de que el gobierno tiene terroristas amigos y terroristas enemigos. El gobierno Uribe ha definido una condición esencial para iniciar cualquier proceso de paz y la aplica sin aceptar diferencias: cese de hostilidades.

Por eso el gobierno negocia con los Paramilitares. Porque ellos han decretado cese de hostilidades. Lo demás ha venido fluyendo. Si cualquiera de las guerrillas decide hacer lo mismo, el gobierno negociará con ella, de eso no quepa duda. La demostración está en los episodios con el ELN que ya he narrado. Pero sigue este fundamento intransigible: a nadie se le acepta tener el derecho de suplantar al

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Estado en el monopolio de la fuerza ni se le acepta condiciones para que abandonen la violencia. El presidente Uribe lo dijo así: “En Colombia no se puede seguir con ese jueguito de que los terroristas son los que ponen las condiciones y hacen que todo el mundo tenga que cumplir sus caprichos. Yo no estoy en eso”.

Ha habido una amplia discusión nacional sobre beneficios jurídicos para quienes se desmovilicen. Quienes sostienen que hay delincuentes políticos bondadosos, liberadores del pueblo, que merecen perdón y olvido, quisieran una ley bien blandita para los ellos, y otra bien dura para los contrarrevolucionarios o paramilitares. Para los primeros, amnistía e indulto; para los segundos verdad, justicia, reparación (que incluye canazo largo y entrega abundante de bienes).

El gobierno ha dicho que no se reúne con los violentos para pactar las leyes. La sociedad, a través de la representación nacional, el Congreso de la República, es la que determina el contenido y los alcances de la ley que otorgue beneficios jurídicos. Por eso ha dicho el Alto Comisionado: “Es la sociedad democrática la que debe definir qué ofrece. Y lo único que yo necesito saber es qué puedo ofrecer”. Quien dijo que el Alto Comisionado había negociado “cero días de cárcel para los paramilitares”, simple y llanamente estaba calumniándolo. Lamentablemente nadie de los que así hablaron tendrá la hidalguía de rectificar.

La ley de alternatividad debe ser el resultado de un consenso de todos los sectores representados en el Congreso. En septiembre de 2003, ante la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Uribe dijo que para lograr que se reintegren a la vida civil los diferentes grupos, “Colombia necesita una norma jurídica que, con realismo, defina cómo hacer justicia, reparar a la comunidad y asegurar la paz. El proyecto de alternatividad penal, presentado por el Gobierno a estudio del Congreso, propone encontrar herramientas legales transparentes que permitan avanzar en esa dirección con las autodefensas ilegales, las FARC y el ELN. (U) Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a delitos graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 30 mil terroristas, la paz definitiva es la mejor justicia para una Nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror”.

Y en lo que tiene que ver con la extradición, el presidente ha dicho que "si los miembros de los grupos armados ilegales muestran buena fe y propósito de enmienda, tal vez haya generosidad en la comunidad internacional para tomar alguna decisión al respecto". Pero ese no ha sido tema de negociación. En dos casos concretos, el del dirigente paramilitar Salvatore Mancusso y del dirigente guerrillero Ricardo Palmera, hubo circunstancias especiales. Frente al primero, se condicionó la resolución a la seriedad y cumplimiento de los acuerdos; frente al segundo, se anunció que se revocaría si las FARC liberaban a 63 personas secuestradas.

El senador Rodrigo Rivera manifestó ante la plenaria del Senado sus dudas sobre el “umbral ético y humanitario” de la negociación con los paramilitares. El gobierno

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le respondió que como no es fundamentalista, con la misma energía que califica a todos esos grupos como terroristas, si abandonan la violencia, por el bien de la nación colombiana y para lograr esa paz que ninguna de las actuales generaciones de colombianos ha gozado, se examinarán las opciones para aprobar una ley que ajuste la ecuación entre justicia y paz. El Presidente Uribe, recordó que el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha dicho que debe haber un balance entre la necesidad de la justicia y salvar vidas inocentes. En consecuencia, según Uribe: “Para proteger a la comunidad necesitamos perseguir implacablemente a los terroristas, y no desaprovechar oportunidades de conseguir acuerdos de paz, siempre que ellos con sus hechos convenzan a Colombia y al mundo de su buena fe y de su ánimo de rectificación”.

¿POR QUÉ SE MULTIPLICÓ EL SECUESTRO? El tema del secuestro es uno de los más álgidos que tiene la sociedad colombiana. Hay muchas familias que han quedado huérfanas, su patrimonio fue arruinado y perdieron toda estabilidad emocional. Las FARC, con absoluto desprecio de la ley, de los derechos humanos y de la ética política, decidieron que tenían derecho a practicarlo e, incluso, desarrollaron una extraña y nefanda clasificación: secuestro “político” y secuestro “económico”. A todas las víctimas las llaman genéricamente “retenidos” o -con la complacencia de muchos de los exponentes de las tendencias apaciguadoras y ‘negociacionistas’-, los llaman “prisioneros”. La síntesis del alegato de las FARC para explicar porqué tienen tales “prisioneros” quedó expresada en un magistral documento que dirigieron en 1998 decenas de juristas europeos a los dos “comandantes de las fuerzas beligerantes del conflicto interno armado de Colombia”, Manuel Marulanda (FARC) y Andrés Pastrana (Presidente). El documento es la base teórica en la que se ha sustentado la viabilidad política y jurídica del canje y del acuerdo humanitario por el cual vienen presionando las FARC desde 1997. Su contenido ha sido objeto de una gran apología por parte del Comité Permanente de los Derechos Humanos y por el Instituto del Pensamiento Liberal:

“1.- Los más recientes hechos en Colombia, de los cuales hemos tenido noticias en Europa, son los siguientes: (a) La existencia de un conflicto social, económico, político y militar muy agudo, caracterizado, cada día con más evidencia, por una guerra civil que dura décadas y que no parece solucionable en términos militares. (b) La existencia en Colombia de detenidos por razones políticas, acusados de pertenencia o apoyo directo o indirecto a las FARC-EP y a otras guerrillas en general. (c) La existencia de un grueso número de militares hechos prisioneros por las FARC-EP en distintos combates militares. (d) De acuerdo con cartas y declaraciones cruzadas entre el señor MARULANDA VELEZ y el señor presidente de la república, Dr. ANDRES PASTRANA, está sobre la mesa la propuesta de realizar un intercambio de los militares retenidos por las FARC-EP, por detenidos

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políticos acusados de pertenencia a esa organización guerrillera. (e) En los decretos promulgados por el gobierno, se ordenó el despeje militar del área de los cinco municipios anunciados como zona para las negociaciones, como también se reconoce de manera explícita a las FARC-EP como una fuerza de interlocución política con el gobierno, esto es, se reconoce a las FARC-EP, a la luz del derecho internacional publico, la condición de fuerza beligerante.

2- Estos hechos nos llevan a pensar: (a) La imposibilidad de una solución del conflicto Colombiano por la vía militar. (b) La posibilidad, sensata y concreta, de una solución política del conflicto, a través del proceso de diálogo entre las fuerzas beligerantes.

3- Como operadores del derecho consideramos que un nuevo y significativo paso en el camino emprendido, motivado por razones también de orden humanitario y que tendría efectos positivos en la sociedad Colombiana y en primer lugar en las familias directamente afectadas, podría ser el canje de prisioneros militares por prisioneros políticos, con la intermediación de la Cruz Roja Internacional.

4- El Derecho Internacional de Guerra, parte especial del Derecho Internacional Publico, considera entre los conflictos armados a los cuales debe aplicarse ese derecho, son también las guerras civiles y las guerras internas en un país. El caso colombiano es un caso típico. Esta extensión, tanto terminológica como aplicativa, ha sido sancionada por las cuatro convenciones de Ginebra del 12-08-1948 y por los protocolos I y II adicionales de Ginebra de junio de 1977, todos suscritos y ratificados por Colombia. Es el protocolo adicional II que hace explícita referencia a las normas que regulan la guerra civil, individualizando entre sus destinatarios las fuerzas insurgentes que actuando en parte del territorio nacional lo han sustraído, también temporalmente, al control del gobierno, deviniendo sujetos del derecho internacional.

Las condiciones fijadas por las convenciones de Ginebra, en particular por el Protocolo adicional I, para considerar "legítimos combatientes" a los incorporados en las fuerzas armadas de una parte política insurgente, son los siguientes: a) Que lleven un uniforme conocido por el adversario, b) que lleven abiertamente las armas, c) que estén bajo dependencia de un comando responsable, d) que respeten leyes y costumbres de la guerra. Teniendo en cuenta estas normas, se debe considerar, a todos los efectos del derecho, a los militantes de las FARC-EP, como "combatientes legítimos" de una fuerza insurgente, existente de hecho y reconocida de derecho en el Estado Colombiano, circunstancia de la cual ha tomado acto el presidente ANDRES PASTRANA.

5- En presencia de una relación de beligerancia existente, reconocida de hecho y de derecho, son posibles los " acuerdos entre beligerantes " sobre la base del Derecho Internacional suscrito y ratificado por Colombia. Entre todos esos acuerdos posibles (la realización de treguas, la creación de zonas de distensión, la creación de zonas sanitarias de seguridad, la protección, atención y evacuación de

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heridos y enfermos, etcétera); parece hoy particularmente importante y precursor de avances positivos, el canje de prisioneros previsto por el artículo 44 del Protocolo I adicional de Ginebra de 1977, que no discrimina, además, entre "combatientes legítimos " y " combatientes ilegítimos". Concluimos de lo anterior, con fuerza, que las condiciones del acuerdo están absolutamente dadas, considerando, por ejemplo, que es un "caso típico" de "acuerdos entre beligerantes" la "creación de una zona exenta de la violencia", por cualquier razón.

6- Si no existen dudas sobre la posición jurídica de los soldados del Ejército Nacional Colombiano prisioneros de las FARC-EP, no parece que puedan existir tampoco dudas con relación a los miembros de las fuerzas guerrilleras hechos presos y, con mayor razón, de quienes acusados de serlo, lo niegan. La III convención de Ginebra de 1949, como ha sido dicho, obliga a considerar prisioneros de guerra a los miembros de fuerzas insurgentes, a condición que: a) Sea conocida la existencia de un movimiento organizado, b) los miembros del mismo lleven un distintivo conocido, c) las mismas tengan un comando responsable y d) respeten las costumbres y leyes de la guerra.

Los suscriptores de la presente, enviada al gobierno de Colombia y a las FARC-EP, invitan a los beligerantes a cumplir un nuevo paso en el camino que ayude a abrir el diálogo, paso seguramente posible también a la luz del Derecho Internacional Publico, en particular de las convenciones así llamadas de "Derecho Humanitario " (U) y a tomar en cuenta la hipótesis de realizar un canje de prisioneros bajo el control de la Cruz Roja Internacional, declarándonos disponibles a poner en acto las actividades que las partes consideren útiles y necesarias". Los juristas no reconvienen para nada a las FARC sobre el terrible trato que les dan a sus “prisioneros”, porque seguramente creen lo dicho por los periodistas de la revista Marxism: “Las FARC, en ese contexto, han invitado dos veces a las madres y esposas de soldados prisioneros para explicarles su situación y transmitirles sus noticias, procurando romper con la inercia del gobierno de no reconocerles sus derechos: si están prisioneros que les paguen el salario a su familia. Si han muerto en combate que les paguen la pensión. Si las FARC ofrecen un CANJE, pues intercambiar esos prisioneros, aunque vivan mejor los soldados en la selva, que los guerrilleros en las infrahumanas cárceles colombianas”. Para los colombianos, distintos al Secretariado de las FARC -apoyados por sus amigos europeos y criollos-, no parece ser tan claro, ni en la teoría ni en la práctica, que los secuestrados son “prisioneros”. Hasta la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia (que insiste en la existencia de fuerzas beligerantes), en lo que respecta a secuestrados se expresa en los mismos términos del Gobierno Uribe. En un comunicado con “diez puntos de orientación en la búsqueda de la libertad de las personas en poder de los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno en Colombia”,

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expedido el 18 de noviembre de 2004, dice que “los mandos y demás miembros de los grupos armados ilegales en Colombia están cometiendo graves crímenes al continuar con la práctica del secuestro. Con este comportamiento criminal muestran total desprecio e irrespeto por los derechos humanos de todas las personas. Conforme al derecho internacional humanitario están cometiendo la grave infracción de tomar rehenes, conducta prohibida y sancionada también por las leyes nacionales”. Hay que aclarar que el Comisionado distingue entre los rehenes y los policías y militares. A los últimos los considera “privados de libertad” pero no secuestrados. “La situación de todas estas personas, dice, no sólo viola el ordenamiento interno de Colombia, sino varias normas del derecho internacional humanitario. Entre ellas, las garantías fundamentales para las personas sin participación directa en las hostilidades y aquellas para las personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto armado”. Es decir: para el embajador Frülhing, en el caso de los civiles hay toma de rehenes, en el de los militares, hay violación de garantías a los “prisioneros de guerra”.

¿Por qué el presidente Uribe ha ido variando su posición frente al qué hacer con respecto al secuestro de los dirigentes y de los oficiales de la fuerza pública que las FARC utilizan como rehenes y escudos políticos? Obviamente, él sabe que su deber es “actuar con solicitud y eficacia a fin de hacer cesar la injusta condición de las personas que han sido víctimas de conductas punibles contra el derecho a la libertad individual”. Pero, como pesar de las medidas de prevención de las autoridades nacionales, esas personas fueron secuestradas, el Estado debe procurar por todos los medios legítimos a su alcance, liberarlas.

Al posesionarse, su decisión fue condicionar cualquier acuerdo al cese de hostilidades para iniciar un proceso de paz. Cuando el presidente viajó a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2002, fue abordado por el canciller francés, Dominique de Villepin. Él le planteó su preocupación por la suerte de Ingrid Betancur, y la disposición de cooperar en todo lo que fuera necesario para su liberación. Dos días después el Presidente llamó al canciller francés y le planteó lo siguiente:

- Por humanidad, para buscar la libertad de los secuestrados, he decidido que se liberen cincuenta guerrilleros de las FARC. Usted sabe bien, Canciller, que Colombia, igual que Francia, es un Estado de derecho. Nuestra legislación no permite conceder indulto o amnistía a quien esté incurso en delitos atroces. Los liberados serán guerrilleros procesados o condenados por delitos indultables. Sobra decir que ninguno podrá volver a la actividad terrorista; yo no puedo insultar a la fuerza pública y al pueblo colombiano permitiéndoselos. ¿Francia estaría en disposición de recibir a los liberados?

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El Canciller manifestó que en principio no había inconveniente, y que haría gestiones para conocer la respuesta de las FARC. Por su parte, el Presidente constituyó una Comisión de la Iglesia para facilitar el proceso en caso de que se surtiera. Sus miembros eran el ex ministro Angelino Garzón, monseñor Augusto Castro y el Padre Darío Álvarez. Las FARC respondieron a la Comisión con su acostumbrada prepotencia, insensibilidad y falta de realismo:

- ¡Para cualquier trato con el gobierno exigimos que se despejen dos departamentos y se designe un negociador oficial! ¡Ah, y los guerrilleros liberados deberán volver a sus frentes!

No es que Francia haya aceptado y que el gobierno “se hizo el de la vista gorda”, como afirmó después María Jimena Dussán en una de sus columnas de El Tiempo. ¿Conoció acaso María Jimena alguna respuesta favorable de las FARC? El gobierno, no.

Pasaron varios meses hasta que un día un funcionario suizo solicitó audiencia con el Presidente, para manifestarle que había hecho contacto con las FARC y ofrecía sus buenos oficios tendientes a la liberación de los secuestrados. El presidente flexibilizó más su posición:

- Basta que las FARC manifiesten su asentimiento en la página de internet, o por cualquier otro medio, y el gobierno, de inmediato, decretará la amnistía o el indulto de cincuenta guerrilleros de las FARC. Agradeció las gestiones y quedó a la espera de las noticias.

Aunque el gobierno se preparó para cumplir su palabra, no volvió a recibir noticias. Desde el primer día el ministro del Interior y el Alto Comisionado adelantaron el estudio de expedientes de guerrilleros que pudieran ser beneficiarios de la orden de libertad. Se quería tener todo resuelto por si las FARC decidían arrepentirse de su acción antihumana. Ante el mutismo de las FARC, en noviembre de 2004 el Presidente ordenó unilateralmente la libertad de los guerrilleros cuyos indultos estaban listos y en diciembre ofreció suspender la orden de extradición de Ricardo Palmera si liberaban a los 63 secuestrados que las FARC mantienen como rehenes para el intercambio por guerrilleros presos. El plazo fue perentorio: hasta el 30 de diciembre.

En el debate sobre un “acuerdo humanitario” para intercambiar “prisioneros políticos” de ambos bandos, las FARC han logrado mellar profundamente la inteligencia, voluntad y resistencia moral de los familiares de los secuestrados, de un gran sector de la dirigencia colombiana y de la ciudadanía. Inopinadamente,

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miles de personas comenzaron a pensar que la culpa de que los secuestrados no regresen a sus casas es del gobierno. Olvidaron que la causa del dolor de las familias, que el hecho original, el que ha llevado a los secuestrados a campos de concentración construidos en medio de la manigua es el antihumano secuestro, no la falta de acuerdo humanitario). Cayeron inconscientemente en el juego de las FARC: debatir los mecanismos para un “intercambio” o “acuerdo humanitario”, sin discutir el secuestro en sí mismo.

La expresión más nítida y ruin del lenguaje extorsivo utilizado contra el gobierno fue el de la inefable doña Cristine Lunga, la danesa. Ella afirma que el gobierno tiene secuestrados a miembros de las FARC, y que estas, en respuesta más que legítima, tomaron prisioneros a figuras y personalidades del otro bando. Puestas las cosas en ese punto, el paso siguiente es exigir el intercambio (por razones humanitarias e interés legítimo de lado y lado). Las FARC (uno de los actores) lo exige, el gobierno (el otro actor) se niega a aceptarlo. En consecuencia, el gobierno es el actor terco, inhumano, insensible y violador del DIH.

Se han oído expresiones acusadoras contra el gobierno en boca de personalidades y familiares de los secuestrados. Al gobierno se le trata como victimario insensible y terco, y a las FARC como víctima propiciatoria del sacrificio de los “prisioneros” y sus familias. En su columna de la segunda semana de febrero de 2004, María Jimena Dussán, olvidando la línea del Manifiesto de 1992, de la que fue firmante, se vino lanza en ristre contra el presidente Uribe. Su tesis partía de la base de que las FARC ya habían hecho su movida y que el Estado se había quedado quieto o, peor, que respondía con bandazos: que un día sí que el otro día no; que el otro día sí, pero si es en el exterior, o que sí pero si no vuelven a delinquir. Que el gobierno mantenía la condición de un imposible cese de hostilidades para avanzar en un acuerdo humanitario y que le quitaba el respaldo a la Iglesia para sus gestiones. María Jimena remataba su artículo con la manida y contra evidente acusación de blandura con los paramilitares y garrote con las FARC. La conclusión del artículo era que por culpa de la política gubernamental no iba a haber canje ni acuerdo humanitario con las FARC. Yendo hasta el fondo, el gobierno era el responsable actual del secuestro.

En cualquier otro país del mundo, distinto a Colombia, los estadistas y columnistas, si tuvieran acceso a un grupo de secuestradores, intentarían convencerlos u obligarlos para que produjeran una liberación unilateral. Serían flexibles en la forma y el lenguaje; nunca en el contenido y propósito, que es lograr la libertad de los cautivos e impedir que se sigan repitiendo esos crímenes. No sobra aclarar que en esa materia hay que distinguir entre los estadistas y columnistas y los parientes de las víctimas. A los familiares nadie les puede exigir una conducta distinta a buscar la libertad por todos los medios, incluido el pago de rescate. Los primeros tienen todos los limitantes ideológicos, éticos, jurídicos y políticos; los segundos no, porque son las víctimas directas y tienen pleno derecho a la legítima defensa.

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¿Por qué en Colombia se oyen voces tan condescendientes y permisivas frente a los secuestradores? Además de las razones de María Jimena Dussán, se han oído otras muchas: (a) Las FARC son contendientes legítimos del Estado. (b) No debe seguir hablándose de rehenes sino de prisioneros. (c) El Gobierno no puede chantajear a los guerrilleros de las Farc que sean liberados, exigiéndoles que no vuelvan a delinquir. Ellos ejercen su sagrado derecho a la rebelión y al libre desarrollo de la personalidad. (d) Los guerrilleros son prisioneros políticos y pueden ser canjeados por los prisioneros de guerra de las FARC. (e) Las personas que están en poder la de las Farc no son ciudadanos inocentes, no son rehenes, sino que son también prisioneros políticos. (f) El DIH permite el canje de rehenes y la historia está llena de ejemplos. (g) Si se sigue llamando terroristas a los guerrilleros se está boicoteando un acuerdo y una negociación. (h) Además de prisioneros políticos, las FARC tienen prisioneros económicos y hay que negociar también su libertad. (i) Basta con que el gobierno firme un acuerdo con las Farc, para que ese acuerdo tome el carácter de norma constitucional, que está por encima de la ley penal. (j) El gobierno tiene mala voluntad y no oye el clamor humanitario. (k) ¿Por qué no nombran de una vez los negociadores y se hace un despeje por unos días? (l) Las FARC han dado pasos, pero el gobierno no. (m) Los familiares tienen que presionar al gobierno para que deje su terquedad. De hacho, hay todo un movimiento para poner contra las cuerdas al gobierno. Esta declaración bien podría ser la síntesis: “El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en causa común con los familiares de la personas privadas de la libertad, han realizado tres Encuentros Nacionales en Cali, Neiva y Bogota, múltiples contactos con los expresidentes, la iglesia, organizaciones de derechos humanos, el parlamento, la comunidad internacional y el propio gobierno con la idea de encontrar una solución incruenta y constructiva a este complejo problema. El X Foro nacional por los derechos humanos realizado en Abril del 2003 ratifico la urgencia de ir avanzando, por lo menos en acuerdos parciales de intercambio humanitario, hasta lograr una solución definitiva de este fenómeno”.

Algunos hechos históricos explican el porqué en Colombia se generalizó desde los años ochenta del siglo XX una actitud tan laxa frente al secuestro. Digamos que

hasta hace pocos siglos, para la humanidad era normal la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. Secuestro y esclavitud iban de la mano. El término secuestro, que es originario del derecho civil, era referido sólo a las cosas; para expresar el concepto de “toma de cautivos para esclavizarlos” se tenía, en cambio, otra palabra más precisa: plagio. Los hombres plagiaban, como cosa natural y ordinaria, pues era consecuencia lógica de cualquier batalla. Según la Biblia, Moisés nació en Egipto porque el pueblo judío estaba en cautiverio y trabajaba como mano de obra esclava; un pueblo completo estaba plagiado por otro. Antiguamente, cuando se ganaba una batalla, el conquistador optaba entre hacer prisioneros y esclavos a los vencidos, o matarlos –pasarlos por las armas, se decía-, o aceptarlos como aliados. Roma gustaba de lo último. Por esa vía consolidó su grandeza, e inventó una ciencia prodigiosa y revolucionaria: El lus

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gentium o Derecho de gentes. Aunque, hay que aclararlo, esa no era una fórmula invariable, porque en la decisión de qué hacer con los vencidos, pesaban miles de circunstancias. En la campaña del año 58 d.C. contra Artáxata los romanos pasaron a cuchillo a todos los adultos; y la masa de quienes no combatieron fue vendida en subasta sub corona venundatum, es decir, adornados con una corona.

Momentos históricos tan cercanos en el tiempo como la conquista de América, estuvieron signados por el plagio como práctica masiva y aceptable moralmente. Los Moros plagiaban a los españoles y los canjeaban por el oro de las nuevas tierras conquistadas en donde los españoles lo producían con la mano de obra esclava de los indígenas, que poco a poco fueron siendo diezmados hasta casi desaparecer. Por eso fueron reemplazados por los esclavos negros. Borges da la siguiente versión de ese cambio: “(...) el P. Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas”. Los españoles compraron miles y miles de personas plagiadas en el África por los negreros portugueses y holandeses. Estos los transportaron, maltratándolos peor que a animales, en grandes veleros (las escenas fueron recreadas en la monumental película La Amistad) y los revendieron –por su peso en oro- en los mercados de esclavos de Panamá, Cartagena y Lima.

El humanismo, la filosofía, y la economía, fueron haciendo del plagio y de la esclavitud un acto no humano, inhumano. Poco a poco se hizo repulsivo que un hombre esclavizara a otro hombre. El habeas corpus, el debido proceso y otras figuras jurídicas, fueron restringiendo, incluso, la arbitrariedad de las autoridades en cuanto a la libertad individual. Privar a un hombre de su libertad ilegalmente, devino entonces en secuestro, hecho repudiable que a los ojos de los pueblos civilizados es visto como horrendo y atroz. Ya a finales del siglo XIX era una práctica desconocida en casi toda Europa, llamada despectivamente el ‘delito siciliano’, aunque los alemanes la revivieron por un tiempo en el siglo XX esclavizando a los pueblos que conquistaron en la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué Colombia –en donde tanto ha avanzado el pensamiento humanista sobre la libertad de las personas, y la práctica del secuestro estaba casi olvidada-, se convirtió de pronto en la patria de ese crimen miserable? Colombia es campeón mundial de ese delito inmundo, hasta el punto de que bien podría llamarse hoy el ‘delito colombiano’. Mientras en todo el Orbe, entre una población de seis mil millones de hombres y mujeres fueron secuestrados dos mil cuatrocientas personas; en Colombia, entre cuarenta millones, fueron secuestrados los restantes

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tres mil seiscientos del total de seis mil secuestrados que integraron la estadística mundial del año 1997.

Aunque las bandas del narcotráfico han aportado un buen esfuerzo para llegar a esa meta nefanda, el origen colombiano del mal está en otra parte: en la política. Bateman, caudillo y fundador del M-19, le contó a Germán Castro Caicedo en una entrevista que está publicada en el libro En secreto, cómo nació esa práctica “política” de financiación:

- “Nosotros nos volvimos ricos realmente con la detención de Cooper, el presidente de Sears. Eso hizo que las arcas estuvieran repletas para desarrollar el presupuesto político con mayor profundidad”.

Como se ve, no hay en esas palabras el menor asomo de inhibición moral: al secuestro lo llama “detención” y es un simple instrumento para “desarrollar el presupuesto político”. Era equivalente -dentro de sus valores-, a unas empanadas bailables. Los viejos camaradas de Bateman, los jefes de las FARC, comparten plenamente la tesis. En octubre de 1999, Joaquín Gómez y otros negociadores de las FARC hablaron largamente con Louis Proyect,

periodista de la revista Marxism. Ellos le explicaron que las FARC “no hacen secuestros: cobran impuestos. Sobre la base de que los costos de la revolución deben pagarlos los responsables de haber provocado la guerra. Algunos lo hacen voluntariamente; algunos se niegan y entonces la guerrilla los retiene por un tiempo (conocido popularmente como "paseo ecológico") hasta que contribuyen con ese impuesto. (Y los testimonios de cuando regresan siempre son amables con la guerrilla)”.

En la entrevista publicada en En Secreto, Bateman habló también del secuestro “político”. De José Raquel Mercado, un líder sindical, dijo:

- “A Mercado no lo mató el M-19 sino la burguesía colombiana, que no quiso reconocer que él había sido su mejor sirviente”.

Como quien dice: ¡Para que aprendan que la letra con sangre entra! Posteriormente volvió al secuestro económico, el de Escobar Soto, un empleado de una multinacional que también terminó asesinado:

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- “...Él fue detenido por razones puramente económicas. Usted sabe que las organizaciones revolucionarias que no dependen del exterior (¿?), tienen que financiarse aquí con la oligarquía colombiana. Eso tiene que quedar muy claro. (...) Y eso le dijimos nosotros a los representantes de la multinacional: ‘Ustedes van a matar a Escobar Soto’. Multinacionales que sacan millones de dólares de este país y que no son capaces de responder por sus ejecutivos”.

En el libro Para Reconstruir los Sueños (Una Historia del EPL) se muestra cómo las ideas de Bateman calaron en toda la izquierda. Juliana Russi cuenta allí la historia del “Ricardo Franco”, una disidencia de las FARC muy conocida por que hizo la matanza de Tacueyó:

- “Los recursos financieros aumentaban. Por la devaluación, los siete millones (¡!) de dólares del primer secuestro cada día representaban más plata. Las armas llegaban por toneladas, al igual que los carros, las motos, los petrechos, la dinamita y los uniformes”.

El EPL hizo otro tanto. Omar Federico Ospina, el ‘Mompa’ cuenta que

- “...en los 80 (...) se hicieron más retenciones o secuestros. Imagínese: gente acostumbrada a la miseria, manejando ahora millones. Yo cargaba en mi equipo hasta cinco millones por largo rato, todo en efectivo...”

El mal ejemplo cunde. De la izquierda, la costumbre pasó refinada a las organizaciones del narcotráfico que comenzaron a secuestrar para presionar políticamente, para cobrar deudas, o para financiar sus actividades. El delito se convirtió en industria con tentáculos internacionales y comenzaron a fluir millones de dólares que manejaron personajes como el señor Mauss en Alemania. Ese “pensamiento político” que consagró el secuestro como práctica política, degradó la vida de los colombianos y sumió en el dolor y en la angustia a millares de familias.

Que cosa lamentable, porque se perdió un largo trabajo de grandes luchadores humanistas. Llegar a la abstracción de la libertad como un derecho que nadie –ni un rey ni un dictador ni un guerrillero, nadie-, puede violar o conculcar, llevó a la horca (o a la hoguera, las mazmorras, el exilio, o el fusilamiento) a millares de personas. Nariño, en Colombia, fue el primero y el más grande de aquellos que

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prefirieron sacrificarlo todo a cambio de ver consagrados los Derechos del hombre y del ciudadano. Una de las expresiones máximas de esa declaración es el derecho a la libertad: “Toda persona es libre; nadie podrá ser detenido sin orden escrita de autoridad competente”. Esa frase, así de corta, es uno de los hitos de la humanidad. Llegar a comprenderla y respetarla distingue a quienes arribaron a la modernidad de aquellos que se encuentran aún fuera de ella.

La lucha del presidente Uribe y de su vicepresidente contra el secuestro ha sido inmensa, y los resultados son enormes. De hecho, ninguno de los secuestrados a quienes las FARC llama prisioneros fue puesto en cautiverio después del 7 de agosto de 2002. Pero liberarlos ha sido imposible, porque quienes se ocultan en la jungla y llevan allí a sus víctimas, tienen la ventaja de estar cobijados por la más inexpugnable de las fortalezas; infranqueable aún para quien tenga los instrumentos técnicos más avanzados.

El que Colombia sufra la plaga del secuestro no puede ser motivo para que se juzgue al gobierno colombiano, sino más bien para que el mundo contemple y valore la magnitud de nuestra tragedia. Para que sepa que el pueblo de Colombia es víctima de una persecución feroz por parte de los grupos irregulares. Para que cese el apoyo o la condescendencia con el terror que nos asuela. Pase lo que pase, los líderes no pueden descansar hasta que esté asegurado el derecho a vida, a la seguridad y a la libertad de todos: de los campesinos, los empresarios, los sindicalistas, los maestros, los conductores, los periodistas, los obispos, sacerdotes y pastores del culto, los dirigentes políticos y sindicales. Colombia tiene que vencer a sus verdugos, nunca someterse; defender la dignidad humana, hoy pisoteada; mantener la firmeza para combatir al delito y derrotar la impunidad.

LA GUERRA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Corría el año 1979. En Bogotá y otras ciudades la acción guerrillera del M-19 estaba desestabilizando políticamente al gobierno; mientras que en el campo las FARC, el EPL y el ELN daban cada vez más que hacer a la fuerza pública. En aquella época la acción guerrillera no era una agresión contra los civiles. Al contrario, en muchas zonas actuaban como autodefensas contra gamonales y terratenientes agresivos; o dirigían la lucha por la tierra desde la ANUC; o animaban la acción sindical desde FECODE, la USO, o las asociaciones de trabajadores bancarios, por ejemplo. También intervenían en el movimiento universitario a través de las organizaciones de profesores y estudiantes. Muchas asociaciones de médicos, abogados e ingenieros eran “pro” FARC, ELN o EPL. Con la manera de actuar del M-19, frentera y desinhibida, mucha gente se destapó. Fue lo que los clandestinistas definieron como trabajo “liberal” por que ellos despreciaban la democracia burguesa y, en consecuencia, el trabajo político legal. Cuando vino el impresionante golpe a las fuerzas militares, el robo de más de cinco mil armas en el Cantón Norte de Bogotá, la que se destapó fue la inteligencia militar. Es evidente que sabía quien era quien. En pocas semanas

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quedó detenida la gente del M-19 y por ahí derecho se fueron para la cárcel centenares de dirigentes de la izquierda.

El gobierno del Presidente Turbay dictó unas normas enérgicas para contrarrestar a la guerrilla. Fue el conocido Estatuto de Seguridad. La Justicia Penal Militar abocó el conocimiento de los negocios de rebelión, asociación para delinquir, porte de armas y narcotráfico. Pero por ahí se colaron otras figuras que tenían que ver con la actividad sindical o que genéricamente se conoce como “protesta social”. Con los guerrilleros fue detenida mucha gente cuya vinculación a la rebelión era muy lejana o ninguna. Además, los jueces le daban mucha importancia a la biblioteca de los enjuiciados, lo que hizo pensar que en Colombia había cacería de brujas, que se estaba persiguiendo a la gente por lo pensaba, y no por lo que hacía. Hubo torturas comprobadas y dejó mucho que desear el respeto a un principio básico del Estado de derecho: el debido proceso. Colombia, lamentablemente, pasó a ser vista por muchos observadores como una democracia restringida, como una cuasi dictadura civil, como un país totalmente dependiente de la política de seguridad hemisférica norteamericana, conocida como Seguridad Nacional.

En ese escenario se creó el Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos. A su conformación concurrieron, obviamente, las organizaciones ‘paraguerrilleras’ pero también centenares de dirigentes a quienes movía un espíritu liberal y democrático y para quienes el respeto a la ley por parte de las autoridades era un valor superior a las “razones de Estado”.

Cuando se posesionó el Presidente Betancur hubo una especie de borrón y cuenta nueva. El presidente era un liberal íntegro y consideró que su tarea no podía ser la persecución a los “opositores armados” (él aceptó esa caracterización) sino su inclusión en la vida política legal. El M-19 simuló estar de acuerdo y aceptó la amnistía o el indulto, según sus cuadros estuvieran siendo juzgados o ya tuvieran condena. Las FARC iniciaron negociaciones en La Uribe, y con el Partido Comunista y otras fuerzas de la izquierda se fundó la Unión Patriótica. También el ELN y el EPL crearon sus aparatos legales y publicaron revistas y periódicos de amplia circulación.

El Gobierno del Presidente Betancur obró con total buena fe y, teóricamente, todo estaba dado para que le salieran bien las cosas. La izquierda, en cambio, no estuvo a la altura de las circunstancias ni tenía un ápice de la calidad humana de los gobernantes de Colombia.

¿A que viene esta relación de antecedentes? A que la política de Seguridad Democrática y de derechos humanos concebida y liderada por el Presidente Uribe recoge la experiencia del Presidente Belisario y da un salto teórico y práctico: a la guerrilla es necesario y es posible reducirla. Y es ella la que dirá el día y la hora del armisticio, dependiendo de que se sienta derrotada o no. Para lograr ese cometido, el respeto a los derechos humanos no es un mal necesario sino todo lo

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contrario, es el más preciado bien y la herramienta indispensable para consolidar los avances de la lucha contra el terrorismo. Mientras más garantías procesales se les dé a los violentos y más se respete su integridad, más legítima será la lucha por recuperar el monopolio de la fuerza para el Estado.

La política de derechos humanos del Presidente Betancur desnudó el fariseismo de la política de derechos humanos de las organizaciones ‘paraguerrilleras’. Ellas, en lugar de saludar el cambio que a todos los demás nos parecía una maravilla, arreciaron los ataques contra el Estado. Cuando se les preguntó el porqué de tamaña inconsistencia, la respuesta fue asombrosa: “el sistema es el violento, el capitalismo es en sí mismo una violación de los derechos humanos de los pobres. Por eso tenemos que desnudarlo y desacreditarlo. La única manera de solucionar los problemas del pueblo colombiano es mediante la toma violenta del poder por parte de ese pueblo. Hay que utilizar los medios legales, la denuncia y las elecciones, pero hay que combinarlos con la forma superior de lucha política, la lucha armada”.

Desde esa época la izquierda radical, particularmente la ‘paraguerrillera’, se adueño del discurso de los derechos humanos, que terminó convertido en una muletilla de la lucha contra el “sistema” y con el que atropellaron el buen nombre y la imagen de todos los gobiernos: a Barco le pusieron un ataúd en el recinto del Parlamento Europeo y lo acusaron de masacrar a la Unión Patriótica; a Gaviria, Samper y Pastrana los martirizaron también en todos los escenarios internacionales y pidieron contra ellos las peores sanciones en las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de derechos humanos. Denunciaban los crímenes en Colombia pero daban a entender que eran cometidos por el propio gobierno. Denunciaban el secuestro, las masacres, los desplazamientos impuestos por los actores del “conflicto interno armado” y se cuidaban de aclarar que todos eran actos crímenes de la guerrilla, de los paramilitares y de servidores públicos que actuaban como criminales, no como funcionarios públicos (que eran perseguidos sin tregua por una Justicia independiente del Ejecutivo). Las gentes les reclamaban que por qué guardaran silencio frente a las atrocidades de la guerrilla y sólo se rasgaban las vestiduras cuando lograban pillarse el nombre de algún servidor público incurso en delitos de lesa humanidad. La verdad es que era inútil hacerles algún reclamo: esa era su política.

Con la Unión Patriótica y la malhadada política de combinación de las formas de lucha trazada por el Partido Comunista y las FARC, los colombianos tuvimos que sufrir una de las peores tragedias humanitarias de América Latina en todos los tiempos. Ellos nunca han hecho una autocrítica. Por el contrario, en febrero de 2000, con ocasión de la muerte de Gilberto Vieira, las FARC dijeron que siempre lo recordarían como “el gran impulsor de la acertada y vigente táctica de la combinación de todas las formas de lucha para la toma del poder en Colombia, como el gran estudioso del marxismo leninismo que se proyecta por todo el ámbito latino americano, y como el luchador revolucionario que se ganó el respeto de todos”.

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La versión universalmente difundida es que el gobierno colombiano mató a cuatro mil militantes de la Unión Patriótica para “atajarlos”. Basta recordar a la Cristine Lunga o las afirmaciones que se oyeron en el Parlamento danés y lo que dicen algunas ONG en Europa y Estados Unidos. Esa es la verdad universal que difunde Amnistía Internacional y que repiten, sin compasión por el buen nombre de los presidentes Betancur y Barco, algunos funcionarios de las Naciones Unidas. Cualquiera que conozca al Presidente Betancur y haya conocido al Presidente Barco no puede decir otra cosa que son estadísticas de la mayor talla universal. Que Belisario es un humanista que ama a los hombres y a la ley de los hombres, y que se desvivió por llevar al redil del buen comportamiento a gentes que le respondieron con canalladas como la toma del Palacio de Justicia y con la burla a sus intenciones de paz. Steven Dudley, en un libro que me referenció el profesor Fernando Cepeda, "Walking Ghosts, Murder and Guerrilla Politics in Colombia", publicado por Routledge en New York (2004), se hizo esta pregunta: ¿Por que la UP fue exterminada y la Alianza M-19 no lo fue? La respuesta es iluminante: por la utilización de la la consigna de "la combinación de todas las formas de lucha" adoptada por las FARC y el PC. La lucha armada y la lucha política -por la vía de un partido legal- convirtió a la Unión Patriótica en el objetivo militar preferido por parte de autodefensas y narcos. Militantes de la Unión Patriótica tan reconocidos como Alberto Rojas Puyo, suplicaron ante Jacobo Arenas y otros comandantes que no se aplicara esa consigna, conscientes de sus graves implicaciones para la UP”. Dudley cita textualmente al doctor Rojas Puyo: "(U) al persistir las FARC en la teoría de la combinación de todas las formas de lucha convirtieron a la Unión Patriótica en un objetivo fácil para los asesinos”. El capítulo que trae esas referencias tiene un título que encoge el alma y obliga a recordar la admonición del Manifiesto de los intelectuales y periodistas: “Los desechables políticos”. Como recordará el lector, en los textos de ciertas ONG de derechos humanos, se dice que la política de Seguridad Democrática es la continuación de una vieja política de violación de los derechos humanos en Colombia y un intento de seguir exterminando a la oposición política armada y al pueblo que apoya a esos opositores. Ninguno de los amplificadores en el exterior de esa afirmación ha venido a preguntar si es que Galup y demás empresas de medición de opinión pública son unos malandrines capaces de mentir alevemente diciendo que la institución con mayor opinión favorable es la Fuerza pública (80%, seguida por la Iglesia católica). No sólo los ventrílocuos de las FARC dicen que el Presidente Uribe es un peligro para los defensores de los derechos humaos. Casi todos los columnistas colombianos y los opositores dan por sentado que el Presidente Uribe ha amenazado y agredido de palabra a tales personas.

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Rematemos este libro contando a los lectores desprevenidos, a aquellos que estén dispuestos a hallar la verdad en donde se encuentre, y no en una sola de las versiones, cuál ha sido el comportamiento del gobierno del Presidente Uribe en relación con los derechos humanos, por una parte, y con las ONG y las personas que se predican defensoras de esos derechos en Colombia. Esas ONG han logrado crear un movimiento mundial de compasión hacia ellos y de repulsión hacia el gobierno “que los quiere matar”. Lo dice Cristine Lunga, lo repiten los parlamentarios europeos y es tal vez la acusación que más páginas ocupa en la red mundial de internet. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas da por sentado que el gobierno se mantiene pensando qué maldades hacerles, y repite en todos los documentos que el gobierno debe “asegurar los programas de protección de defensores de derechos humanos (U) para disminuir los factores de riesgo y actuar preventivamente sobre ellos”.

Pues bien. Tal vez para los lectores extranjeros de esta obra será una sorpresa saber que el presidente se ha reunido cerca de cinco veces, durante sus dos años largos de gobierno, con esas ONG nacionales -y otras tantas con representantes de las internacionales-. Y no han sido reuniones protocolarias, de trámite, como ocurre con cualquier presidente del mundo, que concede una entrevista protocolaria sobre un asunto y luego remite al interesado a donde el Ministro del ramo. ¡No! Han sido reuniones de cinco o seis horas en las que todo el mundo ha dicho lo que le ha dado a la gana, incluido el Presidente. Pero algunos defensores de derechos humanos no creen que un Presidente goce de libertad de opinión y de expresión. Cuando les revira y les dice, respetuosamente que mienten, y les demuestra porqué lo dice, ellos declaran ante la prensa que el presidente los amenazó. Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, entonces, vuelve, preocupada, a recomendar que “los servidores públicos con sus declaraciones, acciones u omisiones no descalifiquen o pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos”.

Con las ONG firmantes de los manifiestos antigubernamentales, cualquier diálogo es de sordos y todo lo diga el Presidente o el Vicepresidente será usado en su contra. Quien le crea al Presidente, está embrujado o es un enemigo de la democracia y un violador de derechos humanos en potencia.

Los dirigentes de las ONG llegan a la Casa de Nariño con cara de jurados de conciencia. El saludo es lejano, displicente -como obligado por los buenos modales-. La mirada es de reproche por todo el dolor y sufrimiento que los habitantes de esa Casa de de bárbaros tiranos le causan al pueblo y, principalmente, a ellos, los defensores de los derechos del pueblo. El vocero lleva escrito un memorial de agravios. No tiene que leerlo, pues lo sabe de memoria, dado que se lo han mandado decir a todos los presidentes desde Belisario (el único que les ha dedicado todas las horas que han pedido, para hacerle un juicio

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personal, es el Presidente Uribe, el tirano embrujador). Una síntesis basada en sus cartas al Presidente y las actas de las reuniones es, más o menos, esta:

Señor Presidente, dice el vocero, seguimos muy preocupados por la falta de Protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales (siempre comienzan con esa preocupación personal). Colombia sigue sufriendo la misma crisis de derechos humanos y humanitaria de hace años; hay continuas amenazas y ataques contra la vida, la libertad y la integridad de personas y comunidades enteras, en todo el país.

Luego ponen el tema del conflicto armado y del principio de distinción, sin el cual, les parece que los policías van a salir a jugar al tiro al blanco con los transeúntes en las calles. Señor Presidente, reconozca que aquí hay un conflicto armado, y que con usted ha ganado en intensidad y se ha degradado aceleradamente. Las partes involucradas, Presidente, sobre todo la parte oficial, la parte suya (las ONG son neutrales, recordémoslo), sus soldados y policías, Presidente, persiguen sin compasión a los civiles indefensos, a quienes acusan sin fórmula de juicio de simpatizar, participar o colaborar con la parte enemiga suya (ellos son neutrales, recordémoslo otra vez).

No se equivoque, Presidente, esa fórmula suya de solucionar militarmente el conflicto ya ha sido ensayada. El militarismo es siempre el mismo: suspende garantías ciudadanas, otorga facultades a las Fuerzas Militares para investigar y juzgar a civiles y autoriza la aplicación de penas de prisión a autoridades administrativas para sancionar el ejercicio de formas de protesta social legítima. El militarismo es sacrificio de libertades fundamentales. Usted está haciendo eso, Presidente. Olvídese, Presidente, usted no está terminando el conflicto sino intensificándolo, degradándolo, porque en las operaciones contrainsurgentes las Fuerzas Militares siempre desconocen los límites que imponen el derecho internacional y la legislación nacional. Quede constancia, Presidente, que nosotros estamos decididamente a favor de la solución política del conflicto armado y por el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por todas las partes que intervienen en el conflicto armado. Sobre todo la parte suya, Presidente. Muy preocupante que usted esté escalando la guerra y esté anunciando medidas restrictivas de los derechos y libertades fundamentales que van a ocasionar lo de siempre: agravamiento de la crisis de derechos humanos. Mucho cuidado, Presidente, que vamos a denunciar su intención de otorgar poderes judiciales a las Fuerzas Militares y de Policía; de limitar las facultades de la Corte Constitucional. Y, ¿no le da pena crear una red de un millón de informantes y de 20 mil soldados

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campesinos?; ojo, Presidente, con su intención de restringir el derecho de tutela y acabar con los derechos constitucionales de los indígenas, afroamericanos, mujeres y niños. Siempre aprovechan para decirle que es un neoliberal y para hacerle un cordial guiñito de saludo al clientelismo disfrazado de socialdemocracia: denunciamos ante el Mundo, Presidente, su persecución a los derechos económicos y sociales. Usted va a acabar con los derechos laborales, las pensiones y va a privatizar los servicios sociales básicos; usted quiere el empobrecimiento de la población colombiana. Cuidado, señor Presidente: no vamos a permitir que usted persiga a las organizaciones de derechos humanos, y nuestro ejercicio público y transparente de denuncia de los hechos del gobierno que violen o amenacen vulnerar los derechos humanos. Usted no puede impedirnos hacer esa labor, aquí y en los diversos escenarios internacionales. Queremos una controversia franca y abierta, pero usted no ofrece garantías sino que está ofreciendo dizque “contrarrestar la labor de las ONG en el exterior” con el Vicepresidente, el Alto Comisionado de Paz, Carlos Franco el de derechos humanos de la presidencia (mirada de reproche para los tres por ser ex ONG) y los embajadores. Por ahí anda una embajadora anunciando que “se va a adelantar y a tomar la ofensiva en la información sobre derechos humanos y que va a frenar la arbitrariedad e injusticia de muchas ONG”. Cuidado Presidente, eso es una amenaza que le puede salir cara. Su gobierno, señor Presidente, es macartista y desnaturaliza nuestra labor. Usted califica las opiniones críticas acerca de los efectos negativos que las medidas de orden público puedan tener sobre la vigencia de los derechos humanos, como parte de un propósito de apoyo a los grupos guerrilleros, o de debilitamiento de la capacidad del Estado para enfrentar la situación derivada del conflicto armado. ¡No!, Presidente. Vamos a denunciar internacionalmente el macartismo e intransigencia de este gobierno. No vamos a permitir declaraciones descalificadoras y falsas imputaciones de un supuesto apoyo o concierto de intereses entre las organizaciones sociales y de derechos humanos y las guerrillas. Eso es debilitar la credibilidad y la legitimidad de nuestras organizaciones. Por eso es que algunos agentes estatales y los grupos paramilitares nos han convertido en blanco de ataques armados a los activistas y dirigentes sociales y de derechos humanos; nos acusan y hostilizan, nos matan o nos fuerzan a exiliarnos o cerrar nuestras organizaciones. Gracias a Dios, Presidente, tenemos a las Naciones Unidas que nos protegen y saben que las fuerzas de seguridad nos persiguen como participantes en actividades ilegales, como oposición armada, o como disidentes, por el hecho de actuar a favor de los derechos humanos. Es que sus fuerzas de seguridad

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presumen que los trabajadores de derechos humanos realizamos actividades delictivas y participamos directamente en el conflicto armado porque ejercemos el derecho y libertad de expresión y asociación.

No creemos, Presidente, que usted quiera un “diálogo fraterno, creativo y que todos los días nos escuchemos recíprocamente”. Eso no forma parte efectiva de su agenda de gobierno ni es su talante. Su Gobierno convoca a la controversia pero utiliza la fuerza del Estado para acallar la disidencia, la contradicción, las críticas. Estamos amenazados, señor Presidente. Y lo hacemos responsable a usted por lo que llegue a pasarnos. No hay política estatal de garantías para la labor de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales. Estamos muy preocupados. Gracias a Dios en el exterior sí nos oyen y nos mandan ayudas. Antes, todo el mundo se amilanaba y dejaba que las ONG dijeran lo que quisieran. Los gobiernos se mordían la lengua y se achantaban ante cualquier observador internacional. Les pasaba lo que a los anacoretas que se autoflagelaban convencidos de ser culpables de mil pecados propios y se encimaban los de los demás. El Presidente Uribe es, antes que nada, un parlamentario. Le gusta oír y desbaratar argumentos. Le encanta ensayar mirar de frente los problemas, sin esquematismo y marrullería retórica. Sus opositores de las ONG lo ven tomar apuntes concienzudamente. Y, cuando terminan, coge punto por punto, les hace preguntas, les pide que concreten, que pongan ejemplos. Y lo que más rabia les da es que califica y descalifica lo que le han dicho. Esas libertades, para ellos que son defensores de derechos humanos, son inadmisibles en un Presidente del Estado autoritario y antidemocrático de Colombia. Es común una respuesta del Presidente en estos o parecidos términos: Primero saluda a todos por sus nombres y apellidos (ellos se fruncen porque su paranoia les hace pensar que es un peligro que el Presidente sepa sus nombres y los mande detener a la salida). Luego les dice que está muy bien que se expresen con libertad ante el Presidente, pero que le parece que debieran definir antes de venir si lo van a hacer como dirigentes de la oposición o como defensores de los derechos humanos. En el primer caso, todo lo dicho por ellos lo han dicho los congresistas de la oposición en las comisiones y plenarias del Congreso o en las reuniones con el Presidente en la Casa de Nariño. Si es lo segundo, hubiera esperado que le trajeran casos concretos de desmanes o violaciones de la ley por parte del Estado, para pedir a la autoridad competente su intervención y castigar a los responsables.

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Luego aprovecha para repetir los contenidos de su política de Seguridad Democrática, que es la que predica a los oficiales, suboficiales, soldados y policías: nuestra política, dice, está encaminada a proteger a todos los ciudadanos contra el asedio de la delincuencia, y a salvaguardar el ejercicio del derecho a disentir. Este Gobierno jamás va a adoptar la mal llamada Política de “Seguridad Nacional”, propia de regímenes autoritarios, que partía de la base de considerar a un grupo ideológico o Partido político como el “enemigo interno”. Nuestra política predica que todos los discursos son bienvenidos en una democracia. Seguridad Democrática es la brega por recuperar el orden, que es presupuesto indispensable para la vigencia real de las libertades (el Presidente sí ha leído a Hobbes). Seguridad no para perseguir verdaderos o imaginarios enemigos ideológicos ni tampoco para sustentar un régimen de Partido único. Es seguridad para garantizar la más amplia diversidad del pensamiento, el más creativo debate en todos los planos de la vida; para que la acción de las armas jamás acalle las armas de la crítica. Cuando la seguridad democrática se enseñoree de todo el territorio de la patria, no

se cometerá un atentado más contra los defensores de derechos y los líderes

sociales. La Seguridad Democrática es necesaria para impedir que desplacen a

los campesinos de sus parcelas, secuestren a los empresarios y amedrenten a los

periodistas: seguridad para que respeten la misión de los obispos, sacerdotes,

monjas, pastores de culto, educadores; para que los sindicalistas ejerzan

libremente su acción, los dirigentes políticos se desplacen sin temores; los

defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas.

¡Señores!, garantizar la discrepancia exige distinguir entre el acto de disentir, y la conducta criminal. Sólo si el Estado castiga implacablemente el crimen, hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica. La Seguridad democrática busca someter a la delincuencia, como presupuesto indispensable para conjurar toda represión a la denuncia y la protesta. La impunidad, en cambio, puede ser un camino abonado hacia la intolerancia social, porque, en la mente colectiva, culpar a los discrepantes es un expediente fácil para llenar el déficit de condigno castigo

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a los criminales. El compromiso es: ¡cero tolerancias al delito y plena garantía a quienes ejercen el derecho constitucional a la heterodoxia! Como todo colombiano civilizado, sentía indignación y vergüenza ante los informes de violación a los derechos humanos en nuestro país. Ningún principio ético o político podía justificar los miles de muertes violentas y secuestros, los centenares de masacres, las innumerables desapariciones de personas; el desplazamiento forzado de millones de labriegos, la destrucción de poblaciones enteras mediante la utilización de cilindros de gas y demás atentados contra la población inerme. ¡Eso, señores, es cosa del pasado! Ustedes no lo reconocen, el pueblo sí. Como Comandante civil de las Fuerzas Armadas he impartido una orden inquebrantable: toda acción de la fuerza legítima del Estado debe estar escrupulosamente ceñida a la Carta de derechos, tanto los consagrados en nuestra Norma Fundamental como los reconocidos en tratados internacionales ratificados por Colombia. He ordenado la más absoluta transparencia en los procedimientos de nuestros cuerpos armados, la más impecable sujeción al Derecho Internacional de los conflictos armados en una sociedad civilizada. El Presidente no desaprobecha ocasión para recordar sus palabras en el primer mensaje a las Fuerzas Militares, menos con las ONG que lo visitan:

- "Ustedes honrarán el buen nombre de la Patria con la observancia rigurosa de los derechos humanos. Sin estos puede haber apaciguamiento, pero nunca habrá reconciliación. La acusación justa será sancionada sin vacilación (B) Todas las actuaciones deben darse en el marco de las normas jurídicas.”

Este gobierno, señores, rechaza toda pretendida razón de Estado, como justificación de atropellos o crímenes por parte de agentes públicos o de pretendidos “aliados” de la Fuerza Pública. Cooperación de los ciudadanos: restablecer el orden público y frenar la criminalidad desbordada es tarea irrealizable si el Estado no cuenta con la cooperación activa de sus ciudadanos. La solidaridad de la sociedad hacia sus autoridades es el fundamento de todo Estado civilizado. Ninguna persona o institución puede ser excluida del deber y el derecho de prestar su colaboración a las autoridades en la defensa del régimen constitucional y la protección de los derechos ciudadanos. Nadie puede ser neutral en la lucha del Estado contra cualquier modalidad criminal. La cooperación de los ciudadanos con la autoridad es expresión del principio de solidaridad, fundamento del moderno Estado Social de Derecho.

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Quiero que todos los ciudadanos de bien cooperen mediante la información oportuna y confidencial con la Fuerza Pública. Partimos de un núcleo civil activo que, en forma coordinada y bajo la tutela de la autoridad armada, suministre un flujo permanente y eficaz de información sobre actividades criminales, acerca del accionar de las bandas armadas que intenten todavía asolar a la población. ¿Por qué descalificar a priori un instrumento que tiene pleno respaldo en el deber constitucional de colaborar con la acción transparente de la autoridad legítima? ¿Qué razones pueden esgrimirse para prejuzgarlo como esquema de concierto entre el Gobierno y las organizaciones criminales? Miren ustedes, en cambio, a que extremos puede llevar su doctrina del principio de distinción. Hay razones jurídicas que sustentan la legitimidad de la estrategia de los cooperantes a la luz de las garantías constitucionales de la libertad personal: le permite a la autoridad intervenir oportunamente en una situación de flagrancia, por lo cual persigue fines exclusivamente operativos y, en principio, no judiciales. No por ello el cooperante con información puede ser asimilable a testigo con identidad reservada (“testigos sin rostro”), su colaboración no necesariamente fundamenta la sindicación de personas. Dar inicio a una operación policiva, o una investigación judicial, no exige un soporte informativo formalizado, la reacción inmediata de la autoridad frente al delito puede originarse en cualquier medio. La cooperación está tomando forma en la multiplicación de los frentes locales de seguridad, en el aprovechamiento para fines públicos de las empresas privadas de vigilancia, en las redes de cooperantes, en los soldados y policías de apoyo. El Estado colombiano no hace la guerra, la sufre y responde a ella con instrumentos legítimos; no interviene en un conflicto bélico como si fuera parte diferente o ajena a la sociedad colombiana. El Estado ofrece seguridad a los asociados, en cumplimiento del mandato constitucional de proteger a todas las personas en su vida, libertad, bienes, creencias y demás derechos. El Estado combate a terroristas que llevan muerte y dolor al pueblo. No existe en Colombia un conflicto social que justifique el uso de la violencia para obtener resultados políticos. Los canales democráticos han sido abiertos para la expresión libre de todas las reivindicaciones sociales. Cuando los indígenas de Jambaló rodean a la policía para impedir que sean masacrados por la guerrilla, están ejerciendo su derecho y nadie los puede acusar de violar la frontera entre población combatiente y no combatiente. Cuando los ciudadanos de Arauca se unen a las Fuerzas Armadas en contra de los secuestradores y cuando en Ocaña festejan la liberación de un niño de 14 años, cautivo del ELN, no pueden ser acusados de intervenir en un “conflicto armado” y convertirse en objetivo militar de los forajidos. A todos ellos los estamos acompañando en la tarea de resistir civilmente al yugo sus agresores.

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Utilizar la fuerza civilizada del Estado, en modo alguno ha de implicar la “intensificación de la guerra”. La gravedad del drama humanitario que vive el país exige remedios extraordinarios para restablecer el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado. El Estado estaba necesitando medidas tributarias encaminadas a fortalecer la capacidad disuasoria de nuestros cuerpos coercitivos; medidas judiciales para quebrar el poderío económico que alimenta a los grupos ilegales y medidas procesales para facilitar la captura y judicialización de los delincuentes. En la elaboración de esas medidas, hemos tomado como referente los instrumentos constitucionales y legales de lucha contra el terrorismo que hoy rigen en las democracias europeas. Pero aún así, la severidad de las disposiciones que hemos adoptado es menor que las vigentes en España desde 1988. No se preocupen porque haya algunas restricciones y presencia de la fuerza pública en algunas regiones que estuvieron sometidas al imperio de los violentos. Preocúpense que no haya fuerza pública, porque los violentos seguirían haciendo lo que querían, imponiendo su tiranía criminal. Hay que capturar, hacer allanamientos, interceptar comunicaciones con base en órdenes de autoridad judicial o, en caso extremo, sin ella, cuando sea necesario en ciertas circunstancias graves, y siempre para impedir la inminente violación de un derecho fundamental de una persona. Hay el control por parte del Ministerio Público y se judicializan de inmediato las capturas. ¿Por qué a ustedes nunca se les ocurrió que el problema en las regiones en donde operaba la guerrilla, era la ausencia de la Fuerza Pública? ¿Por qué ustedes piensan y dicen en sus comunicados que el problema es la presencia de la Fuerza Pública? A las ONG y defensores de derechos humanos, el Estado les garantiza plena libertad para desarrollar su loable objetivo social. No son molestados, y se les protege cuando quiera que se les perturbe por parte de fuerzas oscuras. Las organizaciones civiles de promoción y defensa de los derechos humanos son elementos necesarios en una democracia y como tales deben ser protegidas contra toda estigmatización. Pero eso no implica que el Estado colombiano no pueda ejercer su soberanía en el territorio, exigiendo a todos el respeto de las normas, controlando el activismo político a favor de los violentos, impidiendo su ingerencia en actividades de grupos irregulares. Eso es prohibido y castigado en cualquier país del mundo. No así la participación en congresos y conferencias, la publicación de artículos y ensayos, la emisión de comentarios en radio y televisión, actos y conductas que el Estado colombiano respeta. Antes el Presidente les repetía su política sobre posibles diálogos con los violentos; o su solicitud a la Organización de Naciones Unidas, por intermedio de su Secretario General, señor Kofi Annan, para que interpusiera sus buenos oficios para iniciar un proceso de paz serio, que cristalizara en un cese de hostilidades

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y, en un plazo razonable, concluyera en acuerdos sobre desmovilización, desarme y reinserción generosa de los combatientes a la vida democrática, con plenas garantías para ello. Ahora les replica enérgicamente, ¡respeten!, les dice, cuando van a reclamarle que por qué negocia con paramilitares (yo con yo, le dicen) y no con la verdadera oposición armada, las guerrillas. Y tiene que volver a explicar su teoría sobre no existencia de Conflicto Interno Armado, que eso no implica peligro jurídico, puesto que ¿cómo hacérselos entender o impedir que sigan haciéndose los que no entienden?, el DIH es un límite inferior, menos exigente que el estatuto de Derechos Humanos incorporado a la Carta y en toda la legislación colombiana. ¡Es más estricto el compromiso de una policía o un ejército que está sometido a las normas de los derechos humanos que al DIH! Eso lo sabe un estudiante de primero de derecho. La respuesta de esas ONG se repite como si el Presidente no hubiera hablado, como se hubieran oído a un alienígena. Hace poco, en un artículo firmado por Luis Jairo Ramírez H, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, se leían estas perlas: “Llamamos a las Fuerzas Militares del Estado a suspender los "operativos de rescate", como una medida para preservar la vida de los secuestrados y no repetir recientes y tristes episodios como el de la Cacica, Consuelo Araujo Noguera, el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, el ex ministro Gilberto Echeverri y los diez oficiales de la fuerza pública. En el contexto de las gestiones de mediación de la ONU, pedimos mantener los contactos con la insurgencia e incluir la posibilidad del intercambio humanitario, como primer paso hacia la liberación de estas personas. Para ello se ha propuesto designar una comisión representativa que sirva de enlace para estos efectos. Se ha planteado un primer encuentro entre gobierno e insurgencia sin condiciones previas de lado y lado, lo mismo que la posibilidad de una tregua (no “cese de hostilidades, sino “tregua”) con término definido, para facilitar los contactos y el desarrollo de unos posibles acuerdos. Solicitamos al Congreso de la República interponer todas las acciones políticas y recursos legislativos, para avanzar en la liberación de las personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto. Consideramos que la posibilidad de superar definitivamente los hechos violatorios de los derechos humanos y las crecientes y dolorosas infracciones al DIH no necesariamente debe esperar hasta que haya una reanudación de los diálogos. De igual manera se ha reconocido que un Acuerdo Humanitario puede contribuir positivamente a crear un ambiente propicio para retomar un proceso de diálogos por la solución política del Conflicto. El gobierno contribuiría a mejorar los derechos humanos si suspende su política de seguridad democrática con todas sus secuelas de militarización, legislación de excepción y las medidas socio-económicas tan lesivas a la mayoría de la población. El gobierno debe cesar los allanamientos indiscriminados y las detenciones arbitrarias que ya suman miles. Lo que se requiere hoy es la libertad de los cientos de presos políticos que están hacinados en las cárceles del país.

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“El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha ofrecido su concurso, como seguramente lo harán también otras organizaciones afines, al lado de las familias de las personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto, para adelantar una campaña en favor de un Acuerdo de Intercambio Humanitario que, en lo posible, contribuya al objetivo de la reanudación de los diálogos entre el Gobierno y la insurgencia por la solución política del conflicto. Es indudable que un Acuerdo de Intercambio Humanitario es viable política y jurídicamente y que los esfuerzos políticos para la suscripción de este Acuerdo, competen con igual responsabilidad tanto a la insurgencia como al Estado colombiano”.

Y después se quejan de que alguien, mal pensado, diga que hablan como hablan los patos de la guerrilla, caminan como caminan los patos de la guerrilla y nadan como nadan los patos de la guerrilla.

Si esas ONG que tan bajo concepto tienen de la presencia del Estado no tuvieran una posición política sectaria y parcializada, oirían lo que dicen las gentes de las comunidades a las que dicen defender. Cada que se instala un comando de policía o un batallón de montaña, o uno de soldados de mi pueblo o campesinos, o una brigada móvil, la gente declara día cívico y se echa sus discursos emocionados porque les llegó la autoridad civilizadora del Estado. Pongo un ejemplo reciente: el 24 de diciembre de 2004 se activó un Batallón de Alta Montaña en la martirizada región de la Sierra Nevada de Santa Marta. El líder de la comunidad de Santa Clara, Fundación (Magdalena), Alcides Durán, dijo en su discurso:

- “Hace escasos 18 meses nuestra comunidad vivía entre el miedo y la desesperanza, no veíamos un futuro promisorio para nuestros hijos, nos sentíamos secuestrados por las organizaciones terroristas, humillados, amenazados y ultrajados.

Es por ello que hoy quiero aprovechar ésta ocasión para agradecerle todo lo que Usted ha hecho por nuestra región, en especial en materia de seguridad. Y es allí donde quiero resaltar la extraordinaria labor que ha desarrollado el Ejercito Nacional, en cabeza de sus generales, haciendo de esta zona un área de mayor tranquilidad, progreso desarrollo y con mejores oportunidades de vida. Hoy todo es diferente gracias a nuestros soldados, hemos vuelto a nuestras parcelas. Muchas familias desplazadas han regresado a nuestra región y ahora estamos cultivando y recogiendo nuestras cosechas. ¡Ya podemos bajar nuestros productos y venderlos sin tener que pagarle a ninguna organización fuera de la ley!

Durante cinco años estuvimos a oscuras, soportando innumerables incomodidades y marginados del acontecer nacional y ahora, como regalo de navidad, el Ejército nos arregló la planta eléctrica restableciendo la luz

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en el pueblo. De igual forma, hombro a hombro, con los soldados, se ha arreglado la escuela, puesto de salud y pintado las fachadas de las casas.

Queremos agradecer al señor Presidente, porque a través de su Red de Solidaridad, el Instituto de Bienestar Familiar, Plan Colombia y otros entes del Estado, hemos empezado a recibir otros beneficios, como los son: el arreglo de la vía, porciones alimentarías para nuestros niños y algunos programas de capacitación que están en curso .

Somos concientes de que al Gobierno le falta mucho camino por recorrer para recuperar estos terrenos y muy seguros pasos para lograrlo. Y uno de ellos, su acertada decisión de ponernos un Batallón de Alta Montaña, aquí en la Sierra. Nuestro compromiso, ahora, es apoyarlos y brindarles toda la información que requieran para hacerle frente a los delincuentes.

Queremos pedirle, muy encarecidamente, nos ayude a gestionar la solución a tantas necesidades existentes, especialmente los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado, así como también sea nombrado permanente mente un médico y un odontólogo para nuestro puesto de salud, el nombramiento de la planta de profesores para la educación de nuestros hijos.

Pero ante todo, señor Presidente, le pedimos encarecidamente, que bajo ninguna circunstancia nos quite el Ejército de nuestra región. Este Batallón de Alta Montaña se encargará de mostrar a los violentos que no pueden seguir mancillando la vida y la honra de nuestros conciudadanos.

Señor Presidente, gracias al día de hoy Santa Clara existe para el resto de los colombianos. Muchas gracias”.

El presidente contestó con esta arenga a los soldados: “Qué grato llegar este 24 de diciembre a la Sierra Nevada, a este promontorio Caribe, único en el mundo, a ver que los soldados de la Patria no solamente han clavado la bandera de Colombia donde había sido usurpada y pisoteada, sino que han regresado al corazón de estos niños y de estos habitantes la esperanza de una Patria amable, justiciera, en permanente progreso. Qué bueno que aquí donde estaba la emisora del terrorismo, hoy estén los medios de comunicación del Ejército de la Patria para apoyar a la ciudadanía. Qué bueno que aquí donde estaba la bandera del terrorismo, hoy flamee, segura y victoriosa, la bandera de Colombia. Qué bueno que aquí donde se escondían los terroristas, planeaban sus hechos torturantes contra el pueblo colombiano, hoy instalemos este Batallón de Alta Montaña para que desde acá cuide los cerros de la Sierra y las tierras del Magdalena, del Cesar y de La Guajira.

Pero fundamentalmente, qué bueno que estos niños, que estas familias desplazadas, hayan podido regresar a cultivar sus tierras, a vivir tranquilamente este aire puro de la Sierra Nevada. Qué bueno, señor Ministro, señor general Ospina, muy apreciados comandantes, que lo que ha hecho el Ejército aquí para

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recuperar la planta de energía de Santa Clara, para recuperar la carretera, para pintar las casitas, lo haga en toda la Patria. Un Ejército a cada momento más profundamente anclado en el corazón del pueblo colombiano.

Soldados de mi Patria: un compromiso de este 24 de diciembre, que estos niños no tengan por qué conocer el terrorismo que sometió a sus padres al sufrimiento. Que estos niños crezcan con la protección y el buen ejemplo del Ejército de la Patria. Que estos niños en esta Navidad puedan vivir felices por la seguridad de su Patria y añorar una Patria, y concebirla como fuente de felicidad para toda su existencia.

Que esta Navidad de hoy sea una Navidad más tranquila, una Navidad de sueños, pero con esos sueños que requerimos: los sueños que puedan convertirse en realidades, como los vamos a convertir con el esfuerzo de ustedes.

Que jamás vuelva a ser pisoteada la bandera de Colombia en esta Sierra Nevada. Que los pocos terroristas que quedan aquí huyendo, se sometan rápidamente, sean finalmente derrotados por las Fuerzas Militares o escojan el camino de la reinserción.

Hoy 24 de diciembre, con la bandera de la Patria flameando tranquila y victoriosa en la Sierra Nevada, encontramos un motivo de más tranquilidad y de felicidad para esta Navidad. Gracias, soldados de la Patria”.

El periodista Eduardo Mackenzie es quien mejor a definido los términos de la polémica entre el gobierno y las ONG, tanto las nacionales como las internacionales. Sus argumentos son contundentes y de un sentido común demoledor:

“¿Cuál ONG evocó realmente durante la gira de Uribe por Europa los atentados de las FARC, como el del 7 de febrero de 2003 en Bogotá que dejó un saldo de 36 muertos y 180 heridos, o el caso de los nuevos secuestros de las FARC y del ELN, o la ola de asesinatos de alcaldes y militantes políticos? La instrumentalización del debate tiene otro rasgo que no escapa a nadie: los reproches contra Uribe son oblicuos. La crítica a la política de seguridad democrática de Uribe es inmaterial. Si se examinan las declaraciones oficiales de las ONG no hay en ellas acusación concreta alguna contra Uribe. ¿Cuáles son los crímenes que el ha cometido? ¿Cuáles son las “faltas” que ha cometido su gobierno? No se sabe. Los activistas europeos buscan en vano y no logran invocar un solo hecho concreto. Quizás por ello hacen circular en los medios un tipo de recriminación difusa, indirecta. Lanzan advertencias contra las faltas eventuales que la política de Uribe podría propiciar... en el futuro. “¿No fue un tal Pedro Marset, un comunista español, quien habló de la “preocupante intención” que tenía Uribe de “militarizar el país”? Ante la falta de hechos, los agitadores apelan al juego de las anticipaciones. Emplean la retórica de la falta que está por venir y la injuria preventiva. Incluso llegan al extremo de

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reprocharle a Uribe los crímenes que comenten sus adversarios. Esa operación de inversión de responsabilidades es flagrante respecto del caso de Ingrid Betancourt: si ella está en manos de las FARC, la culpa no es de las FARC sino de Uribe. ¿No fue Mélanie Delloye quien aseguró que Uribe “evita la liberación” de Ingrid? La angustia de esa joven ante el calvario que debe vivir su madre permite comprender esa fórmula abusiva. Pero no disculpa a los otros, quienes apoyan ese tipo de inversión sin jamás exigirle a las FARC la liberación de los mil secuestrados. “El jefe de Estado colombiano pidió por eso a la comunidad internacional “dirigir sus críticas a las FARC y no al gobierno porque éstas son las que tienen más de 1.000 secuestrados en su poder”. Él invitó a los críticos a “mirar las cosas en el orden lógico, porque antes la sociedad colombiana toda estaba presa y los terroristas libres”. Sin la garantía efectiva de que no volverán a delinquir, el Gobierno no puede liberar guerrilleros terroristas”, insistió Uribe en Estrasburgo a quienes le pidieron firmar un acuerdo “humanitario” que permita la liberación de los secuestrados en manos de los rebeldes. “Ello sería como abrir la puerta al chantaje permanente sobre el Estado y la sociedad”, agregó. El mismo estatuto antiterrorista es enjuiciado de manera equívoca. En las “conclusiones” del Consejo europeo sobre Colombia, del 26 de enero pasado, ese estatuto solo es criticado de manera indirecta en dos líneas. ¿Ante esa ausencia de hechos por qué la feroz fronda contra Uribe? Ciertas ONG no le perdonan a Colombia haberse puesto de pié. Ellas querían que siguiera como antes, cediendo ante el terrorismo, negociando su soberanía, avanzando hacia un cogobierno de las FARC, cavando, en fin, su propia sepultura. Algunas de ellas se dicen defensoras de los derechos humanos aunque sus objetivos son otros. Luchan por la instauración de regímenes totalitarios. La ideología que sustenta esa acción estima que la igualdad social es un valor superior a la libertad y que el comunismo no es más que el desarrollo natural de la democracia. El problema es que tales argumentos no pesan nada frente a los hechos. “La visita de Uribe a Europa mostró que algunos dirigentes europeos se muestran incapaces de romper el corset ideológico fabricado por unas minorías políticas irresponsables y sin futuro. El espectáculo de un euro parlamento cuasi paralizado por un grupito de energúmenos que pretendía sabotear el discurso de un presidente latinoamericano, muestra hasta qué punto esa institución ha perdido el respeto de si misma. La UE se muestra intratable ante la idea de ayudar efectivamente a un gobierno elegido por el pueblo y respaldado durablemente por la opinión pública a un 80%, según una encuesta Gallup realizado el pasado diciembre. Ella no parece impresionada ante el hecho de que entre 2002 y 2003 la intransigencia de Uribe ante los violentos logró la reducción de las masacres en un 33%, los secuestros en un 26% y los homicidios en un 20%. En el mismo periodo, ese gobierno logró reducir un 25% los cultivos ilícitos.

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“¿Cuál otro mandatario puede presentar un balance semejante? ¿Hasta dónde la barbarie terrorista debe ensañarse contra los colombianos para convencer a la euro-burocracia que el combate de ese país por sus libertades amerita un apoyo real? En este libro se han podido leer las repetidas sindicaciones al Presidente de amenazar a las ONG. ¡Qué indignación porque respondió a los artículos del su libro El Embrujo autoritario! Para ellos, que haya toda la libertad de correr por las autopistas de la democracia, para el presidente no, él debe aceptar una carrera encostalado, con venda en los ojos y mordaza en la boca. En una semana de confrontación, con presentación de los libros EL Embrujo autoritario, y Callejón con salida; con carta de los ex presidentes López y Samper sobre el “acuerdo humanitario” dirigida, en condición de partes iguales, al Presidente Uribe y al comandante Marulanada; con foros para llevarse por los cachos al gobierno por su política de seguridad; con balances injustos sobre la política de derechos humanos y con acusación al presidente de dirigir una política genocida, de ser el jefe de unos criminales de guerra, con todo eso, el Presidente no podía contestar, porque los estaba amenazando.

¿Qué amenaza era recordarles en su discurso que la política del gobierno es para defender por igual a quienes comparten las tesis del Gobierno y a quienes se oponen a ellas? El presiente les dijo que su política que no iba a producir milagros. “No puede producir resultados plenos en el corto plazo. Pero lo que demandan nuestros compatriotas de nosotros es acción permanente. No podemos desmayar en la acción en un solo segundo. Para la tarea de devolverle la paz a Colombia no hay día de mayor actividad ni día de menor actividad. Todos los días tienen que ser de intensa actividad, y eso nos obliga a todos”.

Y esto fue lo que causó tanta conmoción, lo que Cristine Lunga y sus camaradas definen como agresión a los defensores de derechos humanos:

- Esta política es Democrática para que sea sostenible. Su sostenibilidad depende de su eficacia y de su transparencia. Si esta política la hacemos con transparencia, con buena fe, con patriotismo, la opinión pública siempre nos acompañará, no obstante las voces que tratan de desorientarla.

Mientras para el Gobierno y la Fuerza Pública los derechos humanos son un compromiso de todos los días, para otros sectores los derechos humanos son una bandera política de ciertas ocasiones.

Colombia tiene que entrar en reflexión. Por ejemplo, entre los críticos yo observo teóricos, de quienes discrepo, pero a quienes respeto. Observo organizaciones respetables de derechos humanos, que tienen todo el espacio en Colombia y tienen que gozar de toda la protección de nuestras

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instituciones. Y observo también escritores y politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos. Les da miedo confesar sus aspiraciones políticas y entonces tienen que esconderse detrás de la bandera de los derechos humanos.

Me voy a referir a los primeros. Respeto a los teóricos que discrepan de la solución de autoridad. Tienen todo el espacio en Colombia. Lo primero para reivindicar que esta política es democrática, es que en ningún momento se les ha cercenado una sola de sus libertades.

Ningún país del mundo, afrontando el desafío terrorista de Colombia, ha garantizado como Colombia la plenitud de las libertades.

Países del mundo con desafíos terroristas infinitamente menores, localizados en áreas determinadas, pequeñas y fácilmente controlables, han anulado la libertad de prensa.

Aquí hemos encontrado un terrorismo enseñoreado por décadas, un terrorismo escondido en nuestras grandes ciudades y en más de 300 mil kilómetros de selva, un terrorismo financiado por el narcotráfico. No creo que en la historia de mi generación se haya tenido que enfrentar en el mundo un terrorismo más rico, más poderoso, un terrorismo más agresivo, más peligroso que el que hemos enfrentado en Colombia.

¿Y cómo lo estamos enfrentando? De la mano de la Constitución. Lo estamos enfrentando sin recortar la libertad de prensa, lo estamos enfrentando con el desafío de que los vamos a derrotar, pero los vamos a derrotar limpiamente.

Nuestra Fuerza Pública jamás tiene la menor inclinación a igualarse con los terroristas en su desprecio por los derechos humanos. Por eso, mientras las Farc y el terrorismo que la acompaña, mientras la organización terrorista todos los días viola los derechos humanos, aquel sector politiquero de los derechos humanos sale a defender a las Farc con el pretexto de defender los derechos humanos.

Algunas personas, del grupo de teóricos que respeto, dicen que esta es una guerra de perdedores. Están equivocados. Perdió la Nación cuando, al amparo de las teorías y de las actitudes débiles, se entregó al territorio y se entregaron las instituciones para que avanzara el terrorismo. Allí perdió la Nación. Y allí perdieron los ricos que no pudieron invertir y los pobres que descendieron a la miseria y los estudiantes que perdieron sus ilusiones en Colombia. Allí perdió toda la Nación.

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Segundo punto de mi discrepancia. Esta no es una guerra. Este no es un conflicto. Esta es una democracia garantista al servicio de 44 millones de ciudadanos, desafiada por unos terroristas ricos.

Tercer punto de mi discrepancia. Esto no es de perdedores. Aquí está ganando el Estado y la sociedad colombiana. ¿Cómo dicen que es de perdedores, desconociendo las cifras del último año? ¿Que nos falta mucho? Lo sabemos. Pero con la ayuda de Dios, nada nos detendrá en el camino de detener y derrotar el terrorismo. Aquí hay solamente un objetivo: liberar a Colombia del terrorismo, a través de que se desmovilicen o por intermedio de la victoria de nuestra Fuerza Pública.

Los colombianos recibimos con respeto las voces de este grupo de teóricos, pero no las compartimos. No hay debilidad para asustarse al sonar de la primera crítica. Aquí hay firmeza para reiterar la voluntad de derrotar el terrorismo, aún en los peores momentos de la adversidad.

Y frente a esta crítica, ¿qué pasaría si la atendiéramos? Nos haría perder lo que hemos hecho en un año. Nos haría perder lo que hemos construido en opinión pública, nos haría devolverle al terrorismo los pedazos de la Patria que hemos recuperado para bien de nuestras instituciones en el último año.

Para estos críticos, un año es todo. Para nosotros, los resueltos a derrotar el terrorismo, un año es apenas el período de calentamiento de una batalla que vamos a llevar hasta el final para derrotar el terrorismo.

Discrepamos de esas voces críticas. Las respetamos. Y le advertimos a Colombia que no podemos caer en esas tentaciones de debilidad, porque toda debilidad que nosotros mostremos es un motivo de fortaleza para el terrorismo.

Segundo grupo. Las organizaciones de derechos humanos: las respetamos. Tienen todo el espacio en Colombia. El Vicepresidente, yo personalmente, nos hemos reunido con ellos. Estamos dispuestos a atender sus críticas, objetivas. Otros países en menores problemas los echaron de su territorio. Aquí han tenido y tienen todas las oportunidades.

Nuestra decisión es proteger a los activistas de derechos humanos, mantener un diálogo con ellos, discrepar con ellos cuando no los asista la razón.

Y el tercer grupo. Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle al terrorismo el espacio que la Fuerza Pública y que la ciudadanía le ha quitado.

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Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos.

Muchas de esas críticas las han tomado de la página de internet de las Farc. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos.

Estos señores pueden saber que aquella determinación de derrotar al terrorismo y a sus secuaces, que una de nuestras decisiones políticas es aislar el terrorismo y que para aislarlo vamos a capturar a todos aquellos que delinquen por complicidad o por ocultamiento.

He hablado de tres grupos: Los teóricos, de quienes discrepamos pero los respetamos. Las verdaderas organizaciones de derechos humanos, que aquí tienen el espacio que les han negado en países con menores dificultades. Y los politiqueros de los derechos humanos. Me estaba refiriendo en estos últimos minutos a los politiqueros de los derechos humanos.

Hablan de redadas de la Fuerza Pública. Por Dios. En otros países, para salir del terrorismo, entre la Fuerza Pública y escuadrones de la muerte eliminaron a todos los auxiliares del terrorismo. Grupos de justicia privada empezaron a hacerlo en Colombia.

Y ¿qué ha hecho este Gobierno? Enfrentar con todo el rigor, como lo muestran las cifras, a los grupos de justicia privada. Y al mismo tiempo, de la mano de la Constitución y en el marco de los principios de los derechos humanos, buscar en una acción de aislamiento de los terroristas que se pueda capturar a todos sus secuaces y auxiliadores.

Lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho: recibiendo información, convirtiéndola en inteligencia, poniéndola en manos de los fiscales. Y tan pronto los fiscales le entregan a nuestra Fuerza Pública órdenes de captura, capturando a los terroristas.

Da gusto saber que un altísimo porcentaje de las capturas ha sido confirmado. Aquí no ha habido redadas como arbitrariamente lo dicen los politiqueros de los derechos humanos. Aquí hay una política con una estrategia. Y en uno de sus puntos esa estrategia ordena aislar a los terroristas, capturando limpiamente a todos sus auxiliadores.

Y hablan los politiqueros de derechos humanos de política social. ¡Por Dios! Ellos y los terroristas que ellos defienden han producido el desplome social de la Nación. ¡Cómo son de desmemoriados! ¿No recordarán la Nación que nos entregaron el 7 de agosto del año pasado? ¿Nos van a culpar a

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nosotros del estado de la sociedad colombiana que el terrorismo deprimió, postró y llevó por el precipicio? ¿Por qué no les preguntaron hace un año, antes de mi posesión, a los empresarios si querían invertir para que hubieran recibido un no rotundo? ¿Por qué no les preguntaron hace un año a los estudiantes si querían irse definitivamente de Colombia para jamás regresar y hubieran recibido un sí rotundo? ¿Por qué no les preguntaron a los obreros si en esas condiciones de terrorismo ellos avisoraban la posibilidad de encontrar empleo en Colombia y habrían recibido como respuesta un no rotundo?

Este Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para enfrentar un cuadro clínico de terrorismo: alto déficit fiscal, alto desempleo, aguda pobreza y alto endeudamiento. Y eso no se corrige de la noche a la mañana.

Vienen a hablar ahora de que no hay política de Reforma Agraria y presentan, con su firma y con mentiras, los politiqueros de los derechos humanos, los cuadros de concentración de tierra que se presentaron mucho antes de la llegada de este Gobierno. Se ignora que este Gobierno está adelantando una política de recuperación del campo, uno de cuyos principales elementos es la derrota del terrorismo, e ignoran que aquí se modificó la legislación de extinción y que esa legislación nueva nos permitirá avanzar para recuperar tierras mal habidas.

Estos profetas del desastre, que no ven luces sino cuando el terrorismo es campeón, hablan de las restricciones democráticas. ¿Cuales? Colombia tiene la mejor libertad de prensa y de opinión del mundo entero. Volvamos al Estatuto Antiterrorista. Que no lo diga yo, lo han dicho gentes respetables en el mundo: el Estatuto Antiterrorista nuestro es muy restringido en comparación con estatutos antiterroristas de democracias occidentales.

En Inglaterra, en España, la Policía y la Fuerza Pública tienen unas funciones para combatir con el terrorismo, unas competencias para enfrentarlo de las cuales aquí estamos lejos. Proponemos en el Estatuto Antiterrorista facilidad para que la Fuerza Pública capture terroristas, facilidad para que la Fuerza Pública haga allanamientos a fin de esclarecer hechos terroristas, interceptaciones para liberar a secuestrados del terrorismo, todo con la obligación de comunicar de inmediato a los fiscales, a la Procuraduría y con un control político del Congreso, que se impone a hacerlo por lo menos cada seis meses.

Los politiqueros del terrorismo ignoran que el propio Presidente de la República se ha apersonado que haya seguridad para los congresistas de la oposición.

Estos politiqueros de los derechos humanos, estos politiqueros ignoran que los terroristas justificaron durante años su acción terrorista porque en

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Colombia no había elección popular de alcaldes. Y después de que se aprobó, ellos han producido los mayores atentados contra la elección popular de alcaldes.

Hoy como ayer, mientras el Estado en los pueblos de Colombia defiende a todos los candidatos, los terroristas los intimidan, atentan contra sus vidas. Sin embargo, hemos avanzado.

Mientras los politiqueros de los Derechos Humanos calumnian y se valen de la libertad de prensa de Colombia, esta mañana las autoridades y la opinión del Huila nos certificaba que hace un año 17 alcaldes de ese departamento no podían atender sus despachos, hoy 3 mantienen dificultades y uno dudas. Y esto lo desconocen los politiqueros de los Derechos Humanos.

Desconocen la disminución del homicidio y desconocen la disminución de la droga y desconocen la disminución del secuestro y desconocen que el principal de los Derechos Humanos es devolverle al pueblo colombiano el derecho a la seguridad.

Pero estamos acostumbrados. Quiero recordar, señora Ministra y señores generales, lo que muchos de ustedes conocieron cuando empecé como Gobernador de mi provincia la tarea de combatir el terrorismo: inmediatamente aparecieron unas voces que jamás se habían escuchado. Eran débiles, imperceptibles, en las épocas del dominio terrorista y ¡cómo se volvieron de vociferantes cuando empezamos a actuar contra el terrorismo!

Aparecieron colectivos y abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo. No atacaba a los terroristas sino que atacaban la voluntad de aquel gobierno departamental de derrotarlos.

Cuántas denuncias no propusieron, cuántos inventos no hicieron, y cómo guardaban silencio cada vez que se atentaba contra la persona del mandatario regional.

Y tienen los recursos para publicar libros y mancillar la honra de nuestros generales y de los colombianos que batallamos contra el terrorismo. Y no tienen vergüenza ni pudor y engañan a la opinión internacional con libros sin fuentes serias.

Por eso esto que empiezan ellos a agitar. No nos sorprende. Ya buscaron hace meses en Londres engañar nuevamente a la opinión internacional, que los desconoció, para frenar la ayuda a Colombia.

Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y otras entidades, simplemente para sostenerse, porque han

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hecho de eso un modus vivendi y porque necesitan esos recursos para frenar la acción de autoridad del Estado, que es la manera de frenar la derrota del terrorismo.

Repito. Hay tres críticos: unos críticos teóricos que respetamos pero no compartimos su tesis de la debilidad. Unas organizaciones serias de Derechos Humanos, que respetamos y acogemos, con las cuales mantendremos permanente diálogo para mejorar lo que hay que mejorar. Y unos traficantes de Derechos Humanos que se deberían quitar de una vez por todas su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los Derechos Humanos.

Ese discurso fue pronunciado el 8 de septiembre de 2003. El 4 de noviembre de 2004, el profesor Malcolm Deas, del St. Antony’s Collage, de Oxford, pronunció una conferencia en Bruselas. Recordó que desde el comienzo, el apoyo de Álvaro Uribe en la opinión pública en general, contrastaba con la oposición y la crítica que encontró en muchas ONG. Quizá la crítica más frecuentemente esgrimida contra su trayectoria fue aquella de que, como gobernador de Antioquia, durante el gobierno de Samper, Uribe había apoyado la organización de los grupos CONVIVIR, que a pesar de no ser ilegal –su creación fue durante un tiempo un programa nacional del gobierno- había sido considerada como propiciadora del paramilitarismo. Algunos de los opositores a Uribe llegaron al extremo, sin éxito, de socavar pruebas para asociarlo con el paramilitarismo y de haber cooperado anteriormente con el narcotráfico. Algunas de estas críticas fueron ampliamente repetidas fuera de Colombia. Pero ha habido un cambio de tono, dijo Deas, que deriva del cambio general en la política. “La ‘estrategia de seguridad democrática’ es la declaración de intenciones más detallada que haya practicado cualquier gobierno colombiano en los años recientes en el campo de la seguridad y es explícita cuando reconoce que su objetivo es la legítima recuperación del ‘monopolio de la violencia’ por parte del gobierno, y la recuperación del control del gobierno sobre el territorio nacional. Como tal, necesariamente tiene un tono de confrontación. Es difícil para muchos observadores y organizaciones admitir que el uso de la fuerza por el gobierno de Colombia puede ser necesariamente parte de una estrategia que obtiene éxito al lograr significativas negociaciones. Muchos de ellos están profundamente comprometidos con el diálogo, con exclusión de cualquier otra cosa, y muchos de ellos temen a cualquier cosa que pueda parecerse a la militarización. A pesar de que constantemente las fuerzas armadas figuran a la cabeza o cerca del primer lugar en las encuestas de confianza en las instituciones del país, esto no se refleja en muchos comentarios y la opinión pública, incluso la opinión que está bien informada sobre otros asuntos, sigue siendo ignorante de las realidades militares”.

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Deas se refirió también al énfasis que el gobierno ha puesto en la cooperación civil, tanto en la organización de informadores como en la de los ‘soldados campesinos’ o ‘soldados de mi pueblo’. En Colombia, dijo, se ha extendido la noción de que para el ciudadano normal, la neutralidad en el conflicto es en sí un derecho humano y de que llamar a alguien ‘sapo’, informante, es uno de los más comunes y condenables términos de abuso de los derechos humanos. También hay límites reconocidos en el derecho internacional humanitario sobre el grado en que cualquier gobierno puede imponer el envolvimiento de la población civil en conflictos civiles. Sobre estas bases, y en un punto, el programa ‘soldados campesinos’ fue criticado por la ONU, a través de la persona de Mary Robinson. Los argumentos en contra, presentados por expertos en contra–insurgencia, ponen énfasis en el hecho de que conflictos como el que sufre Colombia no pueden ganarse o terminarse sin una colaboración organizada de la población afectada y de que las fuerzas del gobierno tienen que trabajar inevitablemente con informadores y de que deben organizarlos para su propia protección. La legislación de emergencia contenida en el llamado Estatuto Antiterrorista, que podría haber dado a las fuerzas armadas, en ciertas circunstancias y bajo ciertas limitaciones, los atributos de policía judicial, ha sido también blanco de muchas críticas y ha sido instrumento para detenciones masivas en regiones particularmente conflictivas. Y miren lo que dijo Deas sobre el tema del discurso del Presidente: “El cambio de tono también ha sido caracterizado por críticas del Presidente Uribe a ONG que considera favorecedoras de las guerrillas y que están comprometidas en una campaña política contra su gobierno. “En este caso las reacciones a sus críticas en el exterior han sido decididamente adversas y él mismo ha sido acusado de hacer correr riesgos de retaliaciones a los representantes de estas organizaciones por parte de elementos violentos de la derecha y de los paramilitares. Una gran parte de las ONG nacionales e internacionales trabajan en Colombia –probablemente es imposible precisar el número exacto, en la medida en que, por lo que sé, no hay un registro central- y, hasta ahora, han sido sujetas a una regulación muy limitada. “Es difícil imaginar otro país tan abierto a la crítica y al consejo exterior como Colombia. Sin embargo, uno juzga la reacción a esta crítica y consejo. Unas pocas ONG se han comprometido en campañas políticas contra su gobierno - incluidas algunas internacionales- en el sentido de que sus denuncias carecen claramente de cualquier objetividad. Inevitablemente sus estándares y criterios varían, y, entre ellas mismas no se critican. El presidente Uribe ha insistido también en sus denuncias contra el terrorismo y en lo inadmisible que resulta en una democracia buscar fines políticos por medios violentos. Su gobierno ha rehusado también hacer concesiones a puntos de vista comunes y anteriormente sostenidos como ‘causas objetivas’ de la violencia en

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Colombia que ponen el acento en la pobreza y la desigualdad. Esto ha quedado demostrado cuando el director de Planeación manifestó públicamente, con el apoyo presidencial, su desacuerdo con ciertas opiniones sobre el conflicto, expresadas por el PNUD en el documento ‘Callejón con salida’. Ha habido un cambio en el discurso pedagógico del gobierno colombiano que sus críticos han considerado difícil de asimilar. Deas también se refirió a las negociaciones de paz: en contraste con las negociaciones con las guerrillas, comúnmente bien aceptadas por las ONG y la comunidad internacional -cualesquiera sean sus perspectivas de éxito o a las cuales la comunidad internacional está bien acostumbrada a cualquier precio- la negociación con los paramilitares les suscita sospecha y ha incorporado en el debate de los derechos humanos ciertos interrogantes que antes no eran tan destacados. Aquí figuran las limitaciones a los proyectos alternativos de justicia, la necesidad de reparación y el derecho de las víctimas a la verdad. La comunidad internacional ha sido reacia a verse involucrada de muy cerca en estas negociaciones. La Organización de Estados Americanos que, bajo el mandato del Secretario General, César Gaviria, tomó la iniciativa de ofrecer su ayuda, ha tenido dificultades para encontrar los recursos adecuados para su papel de control y apoyo, a pesar de las garantías a los derechos humanos contenidas en sus acuerdos con el gobierno colombiano. Suecia ha ofrecido alguna modesta ayuda. Deas comparte el punto de vista del Presidente sobre que gran parte de este debate parece curiosamente divorciada de cualquier evaluación objetiva de los logros o falta de logros del gobierno en el campo de los derechos humanos. “Es posible que no haya dudas de que la alta y sostenida popularidad del Presidente Uribe sea resultado del énfasis de su gobierno en la seguridad, que al fin de cuentas es un derecho humano, y de que bajo su gobierno ha habido una notable mejora en muchos de los indicadores en la materia, por ejemplo, en los secuestros, homicidios y ataques contra aldeas y un profundo incremento del sentido de seguridad en muchos sectores cuyo ejemplo más obvio es la creciente confianza en los viajes por carretera. Los logros positivos alcanzados bajo la actual administración han recibido sólo un reconocimiento. Muy mezquino, si acaso, entre muchos de aquellos que profesionalmente están interesados en los derechos humanos”. La libertad de debate dentro de Colombia no ha sido de manera alguna restringida, dijo Deas. El gobierno tiene muchos críticos entre quienes figuran la mayoría de los columnistas de la prensa e incluso los mismos uribistas están lejos de formar un bloque unido como ha podido verse en el reciente debate en torno al pasado y a la amnistía del M-19. Y la Corte Constitucional ha demostrado tener una libertad de acción que quizá no tiene rivales en otras democracias occidentales y que puede suscitar la envidia de sus homólogas en cualquier otro lugar. Nadie duda de su independencia aunque muchos puedan considerar que en

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sus críticas públicas al presidente y a su política algunos de sus magistrados han sobrepasado los límites de la discreción judicial. Malcon Deas recordó que no está solo en la apreciación favorable sobre el comportamiento de los derechos humanos en Colombia. Pax Christi, que anteriormente puso en la atención del público europeo las responsabilidades de europeos y empresas europeas en sus negocios con el secuestro, ha puesto en cuestión recientemente, y de manera más amplia: la adecuación de la respuesta europea al conflicto colombiano. Para Deas, esa preocupación europea está algunas veces bien informada y es sincera. A menudo es sincera, pero producto de manipulación por parte de aquellos que quieren desacreditar y deslegitimar al gobierno colombiano. Efectivamente. En la evaluación de su política de derechos humanos, el gobierno sólo pide que la información sea real y sincera. Maite Rico y Bertrand de la Grange ONG: LA INDUSTRIA DE LA DENUNCIA Rico y De la Grange, corresponsales durante años de el País y Le Monde en México y autores de Marcos, la genial impostura, estudiaron el esperpéntico caso del crimen del obispo de Guatemala. Fruto de ello es el libro ¿Quien mató al obispo? Pero, además, la estancia en este país les llevo a descubrir el oscuro funcionamiento de muchas ONG. ¿ QUE HACIA EL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS COPANDO, CON TODO SU SEQUITO, la segunda fila de aquel tribunal en Guatemala? Corría el mes de septiembre de 2002 y la Corte de Apelaciones analizaba los recursos interpuestos por tres militares y un sacerdote, condenados a treinta años por el asesinato del obispo Juan Gerardi. Pocas semanas después, la misma delegación acudiría a la lectura de la sentencia por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack. ¿De dónde salía esa repentina afición de los diplomáticos gringos y de algunos europeos por pasearse en los juicios penales más "sensibles" políticamente? Oficialmente, su presencia era un respaldo a la lucha contra la impunidad". Para los abogados defensores y para algunos jueces, en cambio, se trataba de una forma de presión: alentados por las organizaciones de derechos humanos, los representantes extranjeros estaban frente a los miembros del tribunal para

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hacerles sentir que la "Comunidad internacional", que tanto dinero donaba, esperaba de ellos la resolución adecuada que no era otra que la condena de los acusados. "Que se lleven su plata y sus computadoras. Prefiero una sentencia escrita a mano, pero apegada a derecho", pensaba la magistrado Rosamaría de León cuando, con sus dos colegas de la sala Cuarta Apelaciones, firmo la revocación de las condenas en el caso Gerardo. El escándalo fue monumental al ordenar un nuevo juicio, la corte echaba por tierra el proceso más largo, caro y polémico de la historia de Guatemala. El asesinato golpes del obispo Gerardo, ocurrido el 26 de abril de 1998 en su casa parroquial, había conmocionado al país. El prelado acababa de presentar el informe Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi, sobre los abusos cometidos durante los 36 años de conflicto interno. Su muerte atroz había dinamitado las esperanzas abiertas con la firma de la paz, en 1996 y había desgastado enormemente al presidente Alvaro Arzú, impulsor del acuerdo con la guerrilla Su sucesor, Alfonso Portillo, hizo del crimen su bandera electoral y prometió renunciar si no lo resolvía. Dicho y hecho Apenas una semana después de su toma de posesión, el 14 de enero de 2000, se ordenaba la captura del sacerdote Mario Orantes, auxiliar de Gerardo; del Coronel retirado Byron Lima Estrada; de su hijo, el capitán Byron Lima Oliva y del sargento Obdulio Villanueva, estos dos últimos escoltas de Arzu quien posibilitó el milagro fue un testigo que cambio repentinamente su versión y aseguró haber visto en el lugar del crimen a los tres militares, cuyos nombres figuraban en denuncias anónimas recibidas por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) El juicio duró tres meses. Si bien no había autores materiales ni intelectuales, el tribunal concluyó que el asesinato fue un crimen de Estado en venganza por el informe Remhi y ordenó investigar a los mandos militares del anterior gobierno. Acusados de haber vigilado y alterado la escena del crimen, los tres militares recibieron una pena de treinta años. En atención a su condición de religioso. Orantes vio reducida su condena a veinte años por complicidad Los tres jueces de sentencia fueron jaleados por su valentía La ODHA, fundada por Gerardi y erigida en acusación particular, estaba exultante todas sus peticiones, salvo el procesamiento de Arzú, habían sido atendidas. Y el presidente Portillo, prófugo de la justicia, por homicidio de dos estudiantes en México en 1982, se presentaba ante el mundo como adalid del Estado de derecho.

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La Embajada (esas dos palabras bastan en Centroamérica para que se entienda de que país se trata) y buena parte de la comunidad internacional aplaudieron aquella sentencia, a pesar de algunas señales preocupantes, como la ausencia de pruebas concretas y el hecho de que el principal testigo de cargo, un indigente protegido por la fiscalía, hubiera modificado su testimonio en cuatro ocasiones y siempre bajo juramento. Los jueces, además, habían pasado por alto graves contradicciones y habían aplicado el doble rasero a los medios de prueba, rechazando los que favorecían a la defensa. Desestimaron los análisis de ADN realizados por el FBI porque no servían "Para determinar las participación de los acusados". Y condenaron a los militares por "coautoria", figura que no existe en el Código Penal guatemalteco. Los juristas serios se llevaron las manos a la cabeza. El fallo era técnicamente insostenible. Eso mismo opinó la sala de apelaciones que lo revocó 16 meses después. Pero los argumentos de la ODHA pesaban más sobre los diplomáticos que los reparos de los remilgados expertos ¿Acaso el ejército no había cometido toda clase de atrocidades durante la guerra? ¿Acaso Gerardi no había denunciado la barbarie? Acaso Arzú no habia intentado proteger a los acusados? Ergo, se trataba de un crimen de Estado fraguado por su cúpula militar. ¿Por qué unos oficiales escogidos por su formación universitaria y su currículum "limpio" matarían a un obispo y dañarían un proceso de paz en el que ellos mismos se habían involucrado? Al saber usted. Pero no era cuestión de poner en duda la versión de una poderosa organización humanitaria, respaldada por la Misión de Naciones Unidas en Guatemala y financiada generosamente por la Unión Europea. Los observadores de la ONU, en efecto siguieron el proceso desde la noche del crimen y el resultado pone los pelos de punta. Para empezar, nunca se sorprendieron de que la Fiscalía eliminara del expediente, por presiones de la ODHA y del episcopado guatemalteco, los informes forenses que indicaban que el cadáver del obispo presentaba mordeduras de pastor alemán del sacerdote Orantes. Tampoco les pareció inapropiado que los abogados del arzobispo encubrieran a un monseñor y a su hija, vinculada al crimen organizado, que estaban en la escena del crimen antes de la llegada de la policía y que incurrieron en graves contradicciones. Los directivos de la ODHA expresaban en privado sus sospechas sobre la participación de la joven en el asesinato, pero abortaron los

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intentos de indagar esta pista acusando al gobierno de Arzu de desatar "Una persecución contra la iglesia". La cohorte de testigos, la mitad suministrados por la ODHA, tampoco era nada tranquilizadora aquellos individuos truculentos, la mayoría con antecedentes o condenas por cumplir, brotaban por ensalmo para ir llenando los vacíos del expediente. Sin embargó, la ONU asumió con toda naturalidad que la fiscalía decidiera no investigarlos y les buscara asilo en Canadá o México. Unas cuantas entrevistas en su entorno hubieran bastado para poner al descubierto su falsedad. Si los observadores internacionales, en fin, hubieran hecho su trabajo seriamente se habrían percatado de que el heroico tribunal de sentencia llegó al extremo de manipular declaraciones de algunos testigos para extirpar contradicciones e incoherencias, como lo demuestra el borrador de las actas, expurgado en tinta roja. En lugar de enfrentar una sanción por prevaricato, esos jueces recibieron felicitaciones y becas en España. Los magistrados de apelaciones, en cambio, fueron crucificados por anular aquella "sentencia histórica" que derribaba, según Amnistía Internacional (AI), "El muro de la impunidad". Que una organización normalmente rigurosa como al mostrara tal ligereza se explica al revisar sus documentos sobre el caso, que reflejan un trabajo de "observación", por llamarlo de alguna manera, verdaderamente desalentador. El informe presentado en febrero de 2003, por ejemplo, no sólo adolece de un sesgo inaceptable en una institución seria, sino que, además, contiene tantos errores de bulto (se equivocan hasta en la fecha del asesinato) que uno se pregunta a que fuentes acudieron. Los entretelones del caso Gerardi llevan a pesar no en un crimen de Estado, sino en un crimen con el Estado, fraguado para desestabilizar al gobierno de Arzú, cobrarse cuentas pendientes y allanar el camino para la victoria del frente Republicano Guatemalteco (FRG) Pero, independientemente de cuál sea el origen de la trama, la manipulación del expediente, los falsos testigos y las tropelías legales revelan un montaje político-judicial de gran calado. Lo preocupante es que esta farsa se haya desarrollado sin contratiempos en un país sometido a un intenso escrutinio internacional. Precisamente por su negro historial, los derechos humanos han marcado tradicionalmente la agenda exterior de Guatemala, condicionando paquetes de ayuda, acuerdos y beneplácitos. Desde la firma de la paz, la ONU, las embajadas y toda una constelación de instituciones están, como el loro del pirata, en el hombro de sus gobernantes. ¿Por qué, entonces, aplauden un siniestro simulacro de justicia que no tolerarían en sus propios países?

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El diagnóstico erróneo se debe a la ingenuidad de algunos diplomáticos inexpertos y a los prejuicios ideológicos de ciertos funcionarios de la ONU. Unos y otros prescinden de los filtros críticos y acaban siendo rehenes (los segundos, voluntariamente) de una versión: la que dicta ese gran aparato de denuncia que son las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Nada habría que objetar si el rigor caracterizara siempre el trabajo de estos grupos. El problema es que nadie suele corroborar esa seriedad, porque a las ONG se les supone la honestidad, y a quien lo cuestione le cae todo el peso de la corrección política. Claro que, cuando se hace, puede haber sorpresa. A raíz del informe presentado el año pasado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, que ofrecían un balance espeluznante de la actuación de Alvaro Uribe, la Embajada Estadoudinense decidió cortejar las estadísticas y la metodología empleadas por los activistas humanitarios .Y encontraron que las "detenciones arbitrarias", que en teoría habían aumentado más de 40096, incluían "arrestos con autorización legal", o incluso con órdenes de captura, Habían también abundantes denuncias sin respaldo, que podían ser objeto de manipulaciones. De hecho, los diplomáticos comprobaron la falsedad de algunos casos descritos. La cuantificación presentaba inconsistencias incluyendo el doble recuento "Las 137 detenciones arbitrarias", por ejemplo, se convertían en "398 violaciones". Las Ong consideraban "violaciones de derechos humanos" los abusos cometidos por las fuerzas estatales y los paramilitares, pero no los perpetrados por las narcoguerrillas, que tampoco son mancas, como bien saben los pobladores de Fraguas, Villavicencio, Chita o Bojada. El informe interno de la Embajada, del que se hizo eco The Wall Street Journal el pasado febrero, revelaba, en suma, una falta de rigor metodológico y un sesgo político que sin duda beneficiaba a las FARC en un momento de reveses militares y repudio internacional. Guatemala tiene once millones de habitantes y casi quinientas ONG que trabajan muy lejos de los cánones de transparencia y fiscalización públicas que imperan en Europa. En el ámbito de los derechos humanos, unas 17 organizaciones tienen el mayor peso especifico y sus denuncias alimentan las multinacionales humanitarias, como al Human Rights Watch o Wola, pero también a las Embajadas, La ONU o el Departamento de Estado. A su vez, estas entidades redactan informes que luego, en un sutil proceso de retroalimentación. Son utilizados por las mismas ONG para "revalidar" su credibilidad, multiplicar sus fuentes de financiación y presionar en el ámbito político y judicial interno.

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En este sentido, el caso Gerardi es particularmente perverso, desde el momento en que una de las principales organizaciones de derechos humanos, y además creada por el propio obispo, llega a mentir y a presentar testigos falsos en un proceso judicial. El silencio cómplice, cuando no el apoyo abierto, de las demás agrupaciones ofrece la imagen poco halagueña de un gremio mas preocupado por los beneficios corporativos que por la ética profesional. Hay que entender, dicen algunos, el contexto guatemalteco, marcado por los horrores de una guerra. Es cierto. Pero si el enfrentamiento ideológico y los resentimientos siguen supurando, ¿son estas organizaciones realmente "de derechos humanos"? La pregunta no es ociosa: la gran mayoría están dirigidas o asesoradas por personas vinculadas a la antigua guerrilla. En sus manos, la defensa de los derechos humanos se desvirtúa para convertirse en arma política y en instrumento de venganza: es "la continuación de la guerra por otros medios". Llama la atención, por ejemplo, el "doble rasero" que aplican con frecuencia sus dirigentes, como el inquebrantable respaldo que prestan a la dictadura cubana, apelando a principios tan reaccionarios como la "autodeterminación" y la "no injerencia", mientras reclaman más intervención en Guatemala. A Rigobertta Menchú, premio Nobel de la Paz y presidenta de una Fundación que lleva su nombre, no le tembló el pulso a la hora de firmar un documento de apoyo a Fidel Castro después de que éste encarcelara a 75 disidentes. Ahí no puede decir que fue malinterpretada, como cuando criticó la ofensiva judicial contra el entorno de ETA. Más grave es, sin embargo, la falta de ecuanimidad a la hora de enfrentar el pasado. Los escasos intentos de llevar a los tribunales los crímenes de esa humanidad perpetrados por la guerrilla, como las matanzas de salacuim, en 1982, y el Aguacate, en 1988, han sido calificados por dirigentes humanitarios como "acciones revanchistas" o "maniobras políticas". En cambio, las demandas contra el ejército son parte de la "Lucha contra la impunidad". Que hay "victimas de primera" y "victimas de segunda", en términos de rentabilidad política, lo saben muy bien las familias de cinco jóvenes secuestrados y asesinados por sus correlionarios del ejército guerrillero de los pobres (EGP), la rama más radical de la insurgencia. Después de años de infructuosas cuestiones para conocer el paradero de los cuerpos de sus hijos, las madres de tres de ellos lamentaban la escasa ayuda recibida. Y es que ¿cómo sentar en el banquillo, entre otros, a Gustavo Meoño, dirigente del EGP en 1982, pero hoy director de la todopoderosa Fundación Rigoberto Menchú.?

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El propio Meoño se presentó como un "perseguido político". "los hechos", insistía, "tienen que encararse dentro del contexto en que ocurrieron, en una situación de guerra". Y arremetía contra los activistas que habían colaborado tímidamente con aquellas madres, a los que acusaba de "crear las condiciones que equipara las reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado con las violaciones al derecho humanitario y normas de guerra cometidas por las fuerzas insurgentes". Esta respuesta provocó ronchas incluso en su círculo. Algunas voces pidieron "mas sensibilidad". Un exguerrillero recordó que el caso de los cinco jóvenes era apenas "la punta de iceberg" y reprocho a Meoño su "cinismo" y su "desfachatez". Las palabras del director de la Fundación Menchú habrían disgustado sin duda al obispo Gerardi, que no aceptaba distingos ni enfernismos para la barbarie. La concepción de Gerardi, acorde con el principio del respeto absoluto a la vida humana y con la universalidad de los derechos fundamentales, no es desde luego la que llevan a la práctica las ONG, que se escudan en la incuestionable brutalidad del ejército para silenciar una parte de la historia y "no hacer el juego al enemigo". Cómo defensor de los derechos humanos, Meoño viaja a Madrid para demandar por genocidio al general Ríos Montt, pero justifica las matanzas de población civil perpetradas por el EGP y la estrategia de ese grupo de involucrar en acciones armadas a comunidades enteras, para luego dejarlas a merced de la represión (y así "agudizar las contradicciones"). La bandera de los derechos humanos sirve para entronizar una visión de la historia convenientemente expurgada de episodios incómodos, pero también tiene fines más prosaicos. La explosión de Ong en Guatemala después de la firma de la paz está directamente vinculada a la gigantesca inyección de recursos internacionales. En torno a los derechos humanos se ha creado lo que Mario Roberto Morales, antropólogo que estuvo ligado a la guerrilla, llama "la industria del victimismo". Los bondadosos donantes europeos o canadienses están dispuestos a financiar "causas nobles y justas" con el paternalismo que el "amo blanco culpabilizado". Dispensa al "buen salvaje". Y nunca faltan "profesionales improvisados de la denuncia" con proyectos cargados de retórica hueca, cuya labor será rendir "informes inverosímiles a sus compromisos donantes" y abrirse un espacio en ese mundillo de arribistas auspiciado por la cooperación internacional. El hecho de que la salud financiera de estas organizaciones sea inversamente proporcional a la salud del país introduce un elemento de distorsión en su trabajo: si quiere sobrevivir, las cosas tiene que ir mal. Eduardo Stein. Excanciller con Arzú y actual vicepresidente, suelo recordar el impacto que le produjo la reacción de las ONU sacó a Guatemala de su ignominiosa "lista negra". El regocijo general

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ante ese reconocimiento chocó con la ira de los activistas, que "cabilearon como locos" para revertir la decisión para ellos, salir del pelotón de los parias era una mala noticia. La interminable lista de denuncias de las organizaciones guatemaltecas en los últimos años contiene crímenes comunes presentados como "casos políticos", cifras sin respaldo y amenazas que se multiplican casualmente cuando se espera la visita de algún relator internacional, y que sepultan los dramas reales. En privado, los activistas serios se avergüenzan. Pero siempre en privado. Frente a la legitima aspiración de justicia de las victimas, hay profesionales de buena fe, pero también oportunistas que encuentran en los derechos humanos un trampolín político el propio Gerardi se sorprendería hoy al ver la evolución de sus más cercanos colaboradores Ronalth Ochaeta, director de la ODHA y Edgar Gutiérrez, cerebro del informe Remhi, terminaron engrosando la nómina del gobierno del FRG, controlado por el denostado general Ríos Montt: el primero, como embajador, el segundo, como jefe de inteligencia (desde donde maniobró a gusto en el proceso Gerardi) y luego como canciller del presidente Portillo, quien por cierto anda de nuevo evadiendo la justicia por temor a ser procesado por corrupción. La credibilidad de ambos activistas en círculos diplomáticos contribuyó a lavarle la cara al gobierno, hasta el punto de que Human Rights Watch, la comisión de Derechos Humanos de la OEA y Amnistía Internacional alabaron a Portillo al inicio de su mandato. Arropadas por la comunidad internacional, temidas por la clase política, reverenciadas por la prensa y escudadas en la impunidad que ofrece la armonía "sociedad civil", las organizaciones de derechos humanos han acabado por convertirse en un poder fáctico en estos países de instituciones precarias: imponen sus agendas sin rendir cuentas, participan en la vida política sin asumir los costos, intervienen en nombramientos y destituciones (pueden acabar con la carrera de jueces, fiscales o incluso funcionarios extranjeros) y dirimen las causas penales en los medios de comunicación. Y eso con la complicidad de gobiernos democráticos que a pesar de sus buenas intenciones, terminan alentando la "Industria de la denuncia" en detrimento de la consolidación de su verdadero Estado de derecho.

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----- Original Message ----- From: Luciano Londoño To: MC ; JJP Sent: Wednesday, November 24, 2004 5:07 PM Subject: Colombia: "Avanza control paramilitar" , entrevista Javier Giraldo s.j. BBC Mundo Como contra cara, y también desde la academia, Eduardo Posada Carbó quiso poner en cintura a sus colegas descarriados. Los argumentos sonaron casi a llamado al orden y están consignados en el extraordinario libro ¿Guerra Civil? El Lenguaje del Conflicto en Colombia, publicado por la editorial Alfaomega y la Fundación Ideas para la Paz (julio de 2002). Libro Eduardo Haro Tecglen Diccionario Político Planeta TERRORISMO. Creación de un clima de pánico por una situación de violencia en la que todos pueden ser víctimas, aun aquellos que participan de las ideas políticas generales de los terroristas: una bomba en un avión, un edificio público o un autobús matan sin discriminación. Si en el atentado las víctimas están designadas y elegidas en función de su importancia o de su poder, en el terrorismo son colectivas. A veces, el terrorismo se ejerce con algún matiz, en un sentido determinado: la bomba del Liceo de Barcelona iba contra determinada clase social que poseía ese teatro y tenía su monopolio; las bombas en aviones tienden a disuadir de la utilización de determinadas líneas aéreas o de viajes hacia un país señalado; en los edificios públicos, incitan a la población a separarse de la administración del Estado. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los bombardeos de fósforo en Hamburgo o de explosivos en Dresde, las V-2 alemanas sobre Londres, todo ello en la segunda guerra mundial, son actos de terrorismo, puesto que se dirigen a destruir, como único objetivo, la moral de las poblaciones. Hay un terrorismo de Estado que puede ejercerse sobre minorías

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determinadas, raciales o políticas, como el de Hitler sobre los judíos antes de la guerra –después, se organizó en exterminio total- o el de los Estados Unidos contra los Panteras Negras o, en otros tiempos, el que ejercía el Ku Klux Klan (si bien éste aparecía como creación de una sociedad secreta privada, sus miembros eran personalidades relevantes y estaba tolerado por la policía y absuelto en los pocos casos que llegaban a los tribunales de justicia). El terrorismo que se dirige contra las cosas y no contra las personas, aun con evidente riesgo de hacer víctimas, es considerado principalmente como sabotaje: líneas férreas, almacenes, arsenales, periódicos, edificios públicos. En cualquier caso, el terrorismo es un lenguaje que sustituye al natural cuando éste ha perdido ya todo sentido; como todo lenguaje, pretende actuar o convencer, por vía indirecta: el terrorista sabe que aquello que destruye es siempre materialmente insignificante con respecto al poder del enemigo, pero que éste carece de fuerza para combatir el clima creado por él. Políticamente, es un arma que algunas veces se vuelve contra quien la emplea: las poblaciones suelen volverse contra el terrorista y no se ha dado el caso de que una revolución o un cambio de régimen se produzca por el solo empleo del terrorismo. El terrorista es una monstruo abnegado y sacrificial, que a veces muere con su propia bomba, o es linchado públicamente, muerto a tiros por la policía o, en el más favorable de los casos, juzgado sumariamente y ejecutado, mientras los órganos de expresión y la opinión pública le retratan como un asesino frío y cruel. En realidad, es un sicópata político, víctima del fanatismo y de la utopía, que se considera héroe de sus ideas y de la salvación colectiva de la humanidad. Hay un terrorismo modesto que consiste en anunciar la explosión de bombas, que en realidad no existen, en aviones o edificios, para crear un estado de confusión y de parálisis; o en producir <listas negras> con amenazas, palizas, destrucción de bienes materiales contra personas elegidas entre un grupo político, social o intelectual. Pueden distinguirse, entre las muchas formas de terrorismo, algunas que son especialmente indirectas: consisten en señalar el peligro inminente de asalto al poder o invasión de un grupo enemigo –político o nacional-, capaz de toda crueldad, y mostrarse como la única muralla defensiva frente a ese terror que se exagera, con objeto de reducir las oposiciones y hacer a la población más dúctil y gobernable, como ha sido el caso durante los años llamados de <guerra fría>, en los que cada bloque ha presentado al otro como capaz de una agresión en cualquier momento –y una agresión tan específicamente terrorífica como la guerra atómica-, lo cual ha hecho más fácilmente gobernables a las poblaciones, más dispuestas a la renuncia de sus reivindicaciones y libertades individuales a favor de las clases dirigentes, como sucede en la guerra. En todas las sociedades actuales reina actualmente un estado de terror difuso que tiende a crear la idea de que el hombre es víctima de sí mismo –la polución, la agresividad, el tráfico, las crisis económicas- de forma que crea que sólo <los que saben más> -los técnicos, los científicos, las élites- pueden llegar a salvarle de sus propias aberraciones. No hay que desdeñar enteramente el terrorismo: puede ganar sus guerras y, en un momento determinado, sus practicantes pueden convertirse en héroes y ser admirados por el mundo entero. Anuar el Sadat, terrorista egipcio, y Begín, terrorista israelí, enemigos durante la lucha por Palestina, fueron premiados

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con el Nobel de la Paz por su entendimiento mutuo; Arafat, considerado como terrorista por Occidente y por Israel, y Rabin, primer ministro de Israel, recibieron en 1994 el premio español Príncipe de Asturias por haber firmado unos acuerdos de paz. TIRANÍA. Forma extremadamente corrupta de la dictadura, en la que desaparece la legalidad establecida por el dictador, sus propias normas y sus programas, y gobierna en beneficio de quienes lo sustentan con arbitrariedades, injusticias y crueldades. En sicología política se suele entender que el tirano es un dictador que ha perdido la razón como consecuencia de la soledad del poder absoluto y del culto a la personalidad que se le tributa (Stalin, Hitler), aunque ello no explica de qué manera las fuerzas que le sustentan, y entre las cuales a veces figuran sus propias víctimas, pueden estar contagiadas de esa manía. Cualquier intento de justificación carece de realidad. La historia reciente y contemporánea de América latina o de África y Asia es abundante en tiranías y tiranos. Guerra prolongada, negociación incierta: Colombia Jaime Zuluaga Nieto Miércoles 24 de Noviembre de 2004 Presidente Uribe exige más esfuerzos Las fuerzas colombianas están en capacidad de derrotar el terrorismo NOTICIAS RCN Presidente Uribe reiteró su llamado para que las Fuerzas Armadas aumente

sus esfuerzos en combatir a los grupos al margen de la ley.

In.- El presidente de la República, Álvaro Uribe reiteró su llamado para que las

Fuerzas Armadas aumente sus esfuerzos en combatir a los grupos al margen de

la ley. Hoy durante la clausura del curso de ascensos en generales y coroneles, el

Mandatario dijo que su deseo es ver a todos los uniformados participando en las

operaciones militares.

Voz.- Ha dicho el presidente textualmente que no debe haber ni un minuto ni un

día sin iniciativa y sin agresividad. Además le reclamó a la cúpula militar a todas

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las fuerzas armadas que debe haber total transparencia, austeridad y respeto por

los Derechos Humanos. Ha dicho además el Jefe de Estado que debe haber

menos gente al referirse a las Fuerzas Militares, menos gente en las oficinas y

más gente en el campo para derrotar a los terroristas.

Sonido Presidente de la República.- “La Nación no puede seguir con unos

grupos guerrilleros en unas partes del país sometiendo al pueblo de rodillas, con

unos grupos paramilitares mal llamados así en otras partes del país ofreciéndose

como la alternativa de defensa de la comunidad y como con un narcotráfico detrás

de unos y otros alimentándolos Y el Estado de espaldas a esa realidad, distraído,

en cócteles, en tertulias y en chismes políticos sin enfrentar el problema de fondo”.

Voz.- El Primer Mandatario ha manifestado estas declaraciones en el Club Militar

del occidente de Bogotá durante la ceremonia de graduación de altos estudios, de

oficiales próximos a ascender.

CARACOL NOTICIAS El presidente Álvaro Uribe, le pidió hoy a un grupo de oficiales que será

ascendido en los próximos días agresividad, transparencia, austeridad y

buenas relaciones humanas.

Sonido. Presidente Uribe.- “El Estado de espaldas a esa realidad, distraido, en

cocteles, en tertulias y en chismes políticos sin enfrentar el problema de fondo,

mientas menos ratos estemos en las oficinas, mientras menor sea la cantidad de

hombres en las oficinas y más nos consagremos al campo, a las calles, a la

protección de nuestra ciudadanía, en contacto permanente con esa ciudadanía,

seremos mucho más eficaces”.

RCN RADIO

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Las Fuerzas Colombianas están en capacidad de derrotar el terrorismo, dice

presidente Uribe.

El presidente de la República, Álvaro Uribe, reveló que las Fuerzas Militares

colombianas están en capacidad de derrotar el terrorismo, según lo certificaron los

organismos de seguridad de España y de Estados Unidos durante la visita que

hicieron a nuestro país, los reyes de España y el presidente Bush.

También el Primer Mandatario explicó que los hombres de las FFMM deben estar

en las calles, salir de las oficinas para poder derrotar a los terroristas. “Que nos

visitó el presidente de Estados Unidos, los equipos de seguridad nos decían que

encontraron una Fuerza Pública colombiana totalmente profesional, capaz, muy

bien orientada, que ellos no esperaban encontrar una Fuerza Pública tan

avanzada y que con el avance de esta Fuerza Pública, el país estaba en

condiciones de derrotar el terrorismo”.

Narcos atizan el conflicto armado

CON DE la mafia la guerrilla y las autodefensas financian su guerra.

MAPA DE cultivos ilícitos coincide con presencia de los grupos armados.

EL NARCOTRÁFICO ha sido el nudo gordiano de las violencias.

Por Javier Arboleda García Medellín

En las últimas dos décadas el narcotráfico ha sido el nudo gordiano de las violencias en Colombia pues, como lo dice el escritor Alonso Salazar en su libro “La cola del lagarto”, es evidente “que se ha convertido en el eje de los principales conflictos que vivimos”, toda vez que financia buena parte de las actividades de las guerrillas y las autodefensas.

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Las razones objetivas para que exista guerrilla y contraguerrilla permanecen inmodificables, casi todas relacionadas con desigualdades sociales y lucha de clases, pero el escalamiento de la confrontación armada le abrió las puertas al narcotráfico como herramienta para financiar el costoso conflicto colombiano. Desde que el ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, acuñó, a finales de la década de los 80, el término “narcoguerrilla” la relación narcotráfico-conflicto armado es cada vez más evidente y, por consiguiente, peligrosa, además, por el ingreso en esa actividad ilícita de grupos de autodefensa, reconocido por su propio líder político, Carlos Castaño Gil. En su libro “Colombia: guerra en el fin de siglo”, el politólogo Alfredo Rangel sostiene que “la guerrilla garantiza y defiende la existencia del narcotráfico y éste defiende la máquina de guerra de la insurgencia armada. Y no en cualquier medida, sino de una manera que ha venido incrementándose desde tiempo atrás, al punto que hoy se puede calcular que cerca de la mitad de los ingresos de las Farc tiene su origen en el narcotráfico”.

El mapa del conflicto Tanto Salazar como Rangel advierten que si se cruza el mapa de los cultivos ilícitos y su evolución en los últimos 20 años, éste coincide no sólo con la presencia de los grupos armados sino con su proliferación en regiones donde el Estado ha sido particularmente débil. Daniel Pecaut, un estudioso del fenómeno violento colombiano, revela al respecto datos contundentes: “sobre los 174 municipios con presencia de cultivos ilícitos, en 123 (69%) se conoce la presencia de la guerrilla; en 46 de ellos, o sea el 26%, se registra la presencia de grupos paramilitares; en 37, o sea el 25%, se observa compra masiva de tierras por parte de narcotraficantes”. Gabriel Merchán, director del Consejo Nacional de Estupefacientes, indica que a agosto 30 de 2000, existían en Colombia 163.289 hectáreas de cultivos de hoja de coca y 12.000 de amapola, sobre todo en el sur del país, región por donde pasan los meridianos de la guerra y la paz, pues allí se adelanta el proceso de negociación con las Farc. Pero “el negocio” sigue creciendo, a pesar de la campaña de erradicación masiva, respaldada técnica y financieramente por Estados Unidos a través del Plan Colombia, la cual sólo el año pasado mostró una cifra récord de 100.000 hectáreas fumigadas. Para los analistas, la relación narcotráfico-conflicto armado llegó a las dimensiones actuales por dos hechos fundamentales: primero, con la desaparición de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, se esfumó parte de la

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financiación que recibía la guerrilla colombiana, hecho que la obligó a acudir, para su sostenimiento, a métodos tan cuestionados como el narcotráfico y el secuestro. Y, segundo, el dinero ilícito de las drogas entró a dinamizar diversos conflictos sociales en campos y ciudades. Para Salazar, el fenómeno se dio en “un país con una gran crisis de gobernabilidad, donde el Estado no protege a sus ciudadanos...”. Sobre las soluciones, el politólogo Rangel, a diferencia del Plan Colombia, plantea dos alternativas combinadas: en relación con los cultivos ilícitos sostiene que “solo será posible mediante una acción concertada de las principales naciones involucradas en la provisión de insumos, en la producción, distribución y consumo de estupefacientes, y en el lavado de sus multimillonarias ganancias”. Y, para el caso de Colombia, “el remedio democrático y justo al problema pasa por la solución política al conflicto armado”. Implicaciones Los costos de la guerra Los gastos anuales del conflicto interno armado que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, oscilan entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto, PIB, podrían revertirse en épocas de paz a favor de la inversión social sin necesidad de ningún cambio institucional, al menos en el modelo económico. Para el DNP, los costos de la guerra son elevados, tanto que cada colombiano paga, en promedio anual, $85.000 como consecuencia de la confrontación armadas, la cual, además, deja sin empleo a unos 170.000 ciudadanos porque impide crecimientos del 5 ó 6%. Una investigación de la entidad señaló que la guerrilla obtiene unas ganancias anuales estimadas en US$470 millones de dólares, provenientes del narcotráfico, en un 40%; de los robos y la extorsión, en un 28%; del secuestro, en un 19% y de las inversiones propias, en un 6.5%.

LA GUERRA TAMBIÉN ES POR LA DESIGUALDAD La ancestral desigualdad en la distribución de la tenencia de la tierra y la ausencia de una reforma agraria, sumadas a la conformación de un orden económico y político injusto, han sido el nudo gordiano de la guerra en el país. Una afirmación en sentido contrario es contraevidente MAURICIO URIBE LÓPEZ Director Programa de Desarrollo Corporación Viva la Ciudadanía

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Un reciente ensayo de Paul Collier de la Universidad de Oxford, reproducido en la edición número 30 de la revista EL MALPENSANTE, presenta los principales resultados de un análisis econométrico sobre los factores de riesgo que tienen los países abocados a una guerra civil, definida ésta como un conflicto interno con por lo menos mil muertes relacionadas con combates.

De acuerdo con los resultados de los modelos de regresión, Collier señala que los tres factores de riesgo más destacados son: 1. la alta dependencia de exportaciones de bienes primarios, 2. los bajos ingresos en promedio y 3. el bajo crecimiento. Y agrega que las desigualdades de ingresos o de riqueza no tienen efecto claro sobre la guerra.

Esta última afirmación tiene enorme pertinencia para la reflexión sobre las causas de la guerra en Colombia. Antes se argumentaba que había una asociación entre pobreza y violencia. Hoy se señala más que ésta asociación es entre desigualdad y violencia.

Hay sociedades pobres que efectivamente no están en guerra (el caso de Bolivia es el ejemplo de siempre). También, aunque en menor proporción, hay sociedades desiguales en las que tampoco hay guerra (Chile, que se nos olvida que es una sociedad altamente desigual, o Brasil que, a pesar de padecer altos índices de criminalidad, no enfrenta una guerra civil).

Sin embargo, es necesario sopesar esa conclusión de Collier sobre el poco efecto de la desigualdad en la guerra.

En primer lugar, los mecanismos a través de los cuales se retroalimentan la desigualdad, la exclusión social y la guerra son tan complejos que difícilmente pueden ser capturados en el parámetro de una ecuación de regresión.

De hecho, el análisis de regresión no necesariamente corresponde a un análisis de causalidad, análisis para el cual hay pruebas específicas (Pruebas de Granger) que no son mencionadas en el ensayo de Collier.

Adicionalmente, los métodos econométricos suelen ser buenos auxiliares de los planteamientos teóricos en la medida en que permiten contrastar las hipótesis, pero es poco recomendable descansar sólo en los resultados del método todas las explicaciones y las conclusiones sobre un problema.

En 1988, David Hendry, al tratar de explicar la inflación en el Reino Unido, obtuvo un buen ajuste en el modelo al incorporar la cantidad acumulada de lluvias como variable explicativa. Casos como éste ponen de presente la necesidad de proceder con cautela al corroborar (o al menos al no rechazar) hipótesis cuando es tan fácil obtener resultados estadísticos espúreos (cuando no se sabe si las conclusiones resultan de los datos o de su manipulación dado que la econometría puede actuar en ocasiones como una cámara de torturas en la que se maltrata a

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los datos hasta que digan lo que el verdugo -en este caso el economista- quiere escuchar).

Caso Colombia

En el análisis de Collier está ausente un tema que es fundamental en la explicación del conflicto armado interno para el caso específico de Colombia: la ancestral desigualdad en la distribución de la tenencia de la tierra y la ausencia de una reforma agraria.

Este hecho, estrechamente vinculado a la conformación de un orden económico y político injusto, ha sido, sin duda, el nudo gordiano de la guerra en el país. Una afirmación en sentido contrario es contraevidente.

Otra cosa es que la guerra se haya extendido e intensificado notoriamente por otras causas como el poder financiador del narcotráfico y la capacidad depredadora de las guerrillas para saquear la producción de bienes primarios, particularmente los que están asociados a la economía extractiva (minería y petróleo, por ejemplo).

El bajo crecimiento económico y los bajos ingresos actúan también como acicate de la guerra en tanto que la incorporación a los grupos armados se convierte en una alternativa económica para muchos.

En eso acierta Collier. Pero lo que éste no señala es que la precariedad del desempeño económico y el desempleo no son independientes del papel de la desigualdad en la riqueza y el ingreso como constrictor del crecimiento del producto.

La desigualdad no es la única causa de la guerra pero sí su punto de partida. Ahora -como se señala con claridad en el decálogo de acciones por la paz que viene proponiendo Viva la Ciudadanía-, lo que debe ser claro es que en la medida en que la guerra empobrece, es un sin sentido afirmar que la paz sólo será posible cuando se haya construido una sociedad equitativa.

La falta de reformas sociales no puede ser excusa para no detener la guerra. Es necesario dejarnos de matar para empezar a construir una sociedad justa. También es necesario tener claro que la sostenibilidad de la paz depende de no demorar las reformas económicas y sociales necesarias para bloquear hacia el futuro, no el conflicto, pero sí la guerra y la barbarie.

Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas

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Traducción de Carlos José Restrepo Paul Collier

El siguiente ensayo resume una cuidadosa investigación realizada por el profesor Paul Collier, de la Universidad de Oxford, y colegas suyos para el Banco Mundial. Desde su divulgación el año pasado, el texto ha sido muy mencionado en discusiones sobre conflictos internos como el que vive Colombia, pero hasta ahora no había sido traducido al español. El ensayo cuestiona los principales paradigmas que se han venido utilizando para diagnosticar, justificar y tratar de solucionar el viejo y sangriento conflicto

interno colombiano. Su lenguaje es el escueto y duro de los economistas, muy apartado del tono moralista y sentimental que se acostumbra en los tiroteos ideológicos nacionales. Al publicarlo, El Malpensante no acoge necesariamente sus conclusiones, pues al fin y al cabo ésta es una revista sin línea política definida; tan sólo afirmamos que se trata de uno de esos documentos que nuestros lectores deben conocer, y no en forma de pildoritas o extractos, sino en toda su extensión. Cada cual podrá reflexionar, polemizar y aplicar al caso colombiano lo que en el ensayo son ante todo conclusiones abstractas. Desde ya abrimos nuestras páginas a la discusión que sin duda generará el texto. Dada la gran extensión del original en inglés, le hemos hecho pequeñas ediciones, sobre todo en lo que toca al papel que desempeñan las mayorías y las minorías étnicas en los conflictos internos africanos, tema que por fortuna no se agrega a la ya dolorosa lista de los que pretenden justificar nuestra gran carnicería nacional.

POR QUÉ NO PODEMOS CREER EN EL DISCURSO

Hay una honda brecha entre las percepciones populares sobre las causas de un conflicto y los resultados de los análisis económicos más recientes. La percepción popular ve la rebelión como una protesta social motivada por un descontento extremo y auténtico. Los rebeldes son héroes que luchan contra la injusticia, animados por su patriotismo. El análisis económico ve la rebelión más bien como una forma de delincuencia organizada. O los economistas pecan por exceso de cinismo, o las percepciones populares se llaman gravemente a engaño. Antes que nada, quisiera sugerir por qué las percepciones populares podrían estar realmente equivocadas.

Las percepciones populares son moldeadas por el discurso que los propios conflictos generan. Los bandos de una guerra civil no se quedan callados: no son ratones blancos bajo la observación de los científicos. No, ellos dan explicación de sus acciones. En efecto, ambas partes de un conflicto harán un gran esfuerzo por tener buenas relaciones públicas. Las organizaciones rebeldes más grandes contratarán compañías profesionales de relaciones públicas para difundir sus

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comunicados, y los gobiernos a los que se oponen contratarán de manera habitual compañías de relaciones públicas rivales. Figúrese, por un momento, que usted es el cabecilla de una organización rebelde y que necesita dar una explicación de sus objetivos. ¿Cuáles serán los puntos más probables? Muy seguramente presentará una letanía de quejas contra el gobierno, por la opresión, por la inequidad y tal vez por violentar a un sector de la población que su organización dice representar. Es decir, el suyo será el lenguaje de la protesta. Presentará su rebelión como un movimiento de protesta, llevado al recurso extremo de la violencia por la gravedad extrema de las condiciones que "su" pueblo padece. Es casi seguro que el gobierno habrá respondido a su insurrección con una incompetente campaña de contrainsurgencia. "Casi seguro", porque la contrainsurgencia es sumamente difícil. La dificultad más obvia que un gobierno enfrenta para la contrainsurgencia es lograr que su ejército pelee. La gente prefiere no correr el riesgo de que la maten. Los gobiernos ensayan diversos incentivos económicos para solucionar este problema. Por ejemplo, en un reciente conflicto africano el gobierno resolvió pagar una bonificación a sus soldados mientras se hallaran en zona de combate. Al poco tiempo de haberse establecido este incentivo, la guerra pareció propagarse en forma alarmante. En áreas que antes eran seguras, cerca de los cuarteles, los grupos rebeldes detonaron minas explosivas. Trascendió que las propias tropas del gobierno probablemente estaban plantando estas minas. Sin embargo, los problemas más graves se producen cuando el gobierno consigue persuadir a su ejército de que combata, para encontrarse luego con que no tiene medios para controlar el comportamiento de las tropas sobre el terreno. A partir de Vietnam, el resultado han sido las atrocidades. Los grupos rebeldes pueden incluso desear que el gobierno cometa atrocidades, pues éstas dan mayor pábulo al descontento. Es mediante este discurso del descontento como la mayoría de las personas entiende las causas del conflicto. Un análisis cabal de las causas de un conflicto se convierte entonces en cuestión de rastrear el origen de los descontentos y agravios de uno y otro lado en la historia de la protesta.

El economista ve el conflicto de modo bien distinto. Los economistas que han estudiado las rebeliones no tienden a considerarlas como movimientos extremos de protesta, sino como manifestaciones extremas de delincuencia organizada.

Como dice Grossman en Cleptocracia y revoluciones, "en esas insurrecciones los insurgentes no se distinguen de los bandoleros o los piratas". La rebelión es una depredación en gran escala de las actividades económicas productivas. No obstante, esta opinión está tan reñida con el discurso popular sobre el conflicto que existe la tentación de desecharla como mera fantasía. Las técnicas de la ciencia económica no socorren sus argumentos: comparado con la irresistible minuciosidad fáctica de las historiografías de la protesta, el enfoque del economista suena demasiado esotérico y tecnocrático. Así pues, antes de explicar por qué los economistas ven la rebelión como la ven, quiero mostrar por qué el discurso acerca del conflicto no se puede creer a pie juntillas.

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Deponga usted por un momento la incredulidad y suponga que la mayoría de los movimientos rebeldes están muy cerca de ser variantes en gran escala de la delincuencia organizada. Su discurso sería idéntico al que tendrían si fueran movimientos de protesta. A diferencia de la delincuencia organizada, los movimientos rebeldes necesitan tener buenas relaciones públicas internacionales y necesitan estimular a sus efectivos para que maten. Necesitan buenas relaciones públicas internacionales porque la mayoría de ellos depende en parte del apoyo financiero internacional. Necesitan estimular a sus efectivos para que maten porque, a diferencia de una mafia, una organización rebelde predatoria tendrá que combatir periódicamente por su supervivencia contra las fuerzas del gobierno. Una organización rebelde sencillamente no se puede permitir que la tachen de delincuencia: no es buena publicidad y no es lo suficientemente estimulante. Las organizaciones rebeldes tienen que desarrollar un discurso del descontento para poder funcionar. El descontento es para una organización rebelde lo que la imagen es para una empresa. En ambos casos, la organización invierte recursos de publicidad para su promoción. Según ve el economista los conflictos, el descontento no resulta ser una causa de éstos, ni tampoco un subproducto fortuito de los mismos. Más bien encuentra que las organizaciones rebeldes generan deliberadamente un sentimiento de descontento. Éste puede estar fundado en motivos de queja reales, o puede hacerse brotar alborotando ciertos prejuicios. Con todo, aunque esta distinción puede tener un interés ético para el observador (¿es justa la causa?), carece de importancia práctica. Sencillamente, la organización necesita generar un sentimiento de descontento. De lo contrario, fracasará como organización y tenderá a irse disolviendo. Es obvio que las organizaciones rebeldes o quienes las apoyan honestamente no comparten esta interpretación del conflicto: la justicia de la lucha parece ser esencial para el triunfo. La teoría económica del conflicto sostiene en cambio que la motivación de los conflictos no tiene importancia: lo que importa es que la organización se pueda sostener financieramente. Esto, y no cualquier razón objetiva de inconformidad, es lo que determina que un país presencie una guerra civil. La organización rebelde puede encontrar motivo en todo un abanico de consideraciones. Puede encontrarlo en descontentos sentidos, o simplemente puede desear el poder que confiere el volverse gobierno. Sea cual sea la razón por la que lucha la organización, sólo podrá hacerlo si ello es financieramente viable en el curso del conflicto. Una guerra no se puede librar sólo a fuerza de odios o esperanzas. La depredación durante el conflicto puede no ser el objetivo de la organización rebelde, pero sí es el medio para financiarlo. Por depredación me refiero al uso de la fuerza para arrebatar bienes o dinero a sus legítimos dueños. La teoría económica del conflicto da por sentado que los descontentos sentidos y las ansias de poder se encuentran más o menos por parejo en todas las sociedades. Los grupos pueden abrigar inconformidades más o menos por fuera de sus circunstancias objetivas, fenómeno social conocido como "privación relativa". Hay quienes alimentan ansias de poder haciendo más o menos caso omiso de los beneficios objetivos que confiere el poder. En este caso, la factibilidad de la

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depredación es lo que determina los riesgos de que surja el conflicto. La depredación puede ser un lamentable imperativo en el camino a la presunta justicia o poder, pero lo decisivo son las condiciones que permiten la depredación. Si se arguye que la depredación es el motivo del conflicto o que simplemente lo posibilita, por ambas vías se llega a la misma conclusión: la rebelión no tiene relación con circunstancias objetivas de descontento, en tanto que es causada por la factibilidad de la depredación. En la versión más cínica de esta teoría, la rebelión encuentra su motivo en la codicia, de modo que se produce cuando los rebeldes pueden beneficiarse de la guerra. En una segunda versión, los rebeldes encuentran motivo en las ansias de poder, pero la rebelión se produce únicamente cuando pueden beneficiarse de la guerra. En la versión del descontento subjetivo de la teoría de la depredación, los rebeldes encuentran motivo en agravios imaginarios o reales, pero la rebelión sólo tiene lugar cuando pueden beneficiarse de la guerra. Las tres versiones comparten dos implicaciones: los rebeldes no son necesariamente héroes que luchan por una causa valiosa, y la factibilidad de la depredación da razón del conflicto. Por tanto, las tres pueden aunarse en contraposición a la teoría del descontento objetivo del conflicto, según la cual los rebeldes son en efecto héroes que luchan por una causa valiosa, al tiempo que la intensidad del descontento objetivo da razón del surgimiento del conflicto. En realidad no importa si los rebeldes encuentran motivo en la codicia, las ansias de poder o el descontento, por cuanto lo que da pie al conflicto es la factibilidad de la depredación. De hecho, los economistas otorgan poco crédito a las explicaciones que las personas dan de su comportamiento y prefieren trabajar basándose en la "preferencia revelada": las personas revelan gradualmente su verdadera motivación mediante sus acciones, aunque quieran ocultarse a sí mismas la dolorosa verdad. Los cabecillas rebeldes pueden llegar a creerse casi siempre su propia propaganda, pero si sus palabras son desmentidas por sus actos, entonces las palabras tienen muy poco poder de explicación. Menos razón hay para dudar que quienes apoyan desde lejos la rebelión estén auténticamente comprometidos con la causa de la reivindicación de descontentos. Sin embargo, estos defensores bien pueden haber sido embaucados. Los cabecillas rebeldes siempre han buscado partidarios externos, "idiotas útiles" según lo expuso Lenin de modo muy diciente. Entre las personas más susceptibles al discurso del descontento se cuentan quienes con más pasión se preocupan por la opresión, la desigualdad y la injusticia. En resumen, si la rebelión se presenta como un movimiento de protesta llevado al extremo, atraerá en calidad de partidarios no combatientes al tipo de personas que por lo general apoyan los movimientos de protesta. La teoría económica del conflicto sostiene que esas personas han sido víctimas de engaño por aceptar el discurso palabra por palabra. Como tesis de las ciencias sociales, esta teoría del conflicto ilustra un caso en el que la economía moderna coincide con el viejo marxismo. Como en Marx, la causa subyacente del conflicto es económica: en este caso, la organización rebelde es depredadora de ciertos sectores de la economía. Como en Marx, la "superestructura" es un conjunto de creencias falsas. La simple

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diferencia es que los partidarios de los rebeldes son los poseedores de la "falsa conciencia": son llevados con engaño a creer en el discurso que los cabecillas rebeldes propagan para su propio interés. Así pues, ¿codicia o descontento? No podemos saberlo partiendo del discurso. En ocasiones el discurso discrepa flagrantemente de la acción. Tomemos por ejemplo el conflicto hace poco resuelto en Sierra Leona. Una organización reclutó hasta unos 20.000 efectivos y se opuso al gobierno. La organización rebelde produjo la acostumbrada letanía de agravios, y sus mismas dimensiones apuntaban a un apoyo muy extendido. No obstante, Sierra Leona es un importante exportador de diamantes y había considerables indicios de que la organización rebelde estaba involucrada en gran escala en el negocio. Durante las negociaciones de paz el cabecilla rebelde recibió y aceptó la oferta de la vicepresidencia del país. Ésta, podemos suponer, sería una buena base para la reivindicación de los descontentos. Así y todo, no bastó para convencer al cabecilla de que aceptara el acuerdo de paz. Él tenía una exigencia adicional que, una vez satisfecha, condujo a un arreglo (temporal). Exigió ser nombrado ministro de Minas. Casos como éste sugieren cuando menos que algo más que el descontento puede correr bajo la superficie del discurso.

LAS EVIDENCIAS

La economía moderna cuenta con dos poderosas herramientas: la estadística y la teoría. Quienes no son economistas raras veces se dejan convencer por la mera teoría económica, así que voy a comenzar por las evidencias estadísticas. En compañía de Anke Hoeffler he analizado los parámetros que siguen los conflictos, valiéndonos de una nueva y enorme base de datos sobre las guerras civiles del período 1965-99. Una guerra civil se clasifica como un conflicto interno con por lo menos 1.000 muertes relacionadas con combates. Durante este período hubo 73 guerras civiles en el planeta, y en principio analizamos los parámetros bajo los cuales se dieron estas guerras en los 161 países de nuestra muestra. Dividimos el período en ocho subperíodos de cinco años y tratamos de predecir la aparición de una guerra en un subperíodo por las características al inicio de ésta. Como técnicas estadísticas empleamos regresiones logit y probit. En la práctica, algunas guerras ocurren en situaciones en las que prácticamente no hay más datos sobre el país. Sabemos que éste vivió una guerra, pero carecemos de suficiente información sobre otras características como para incluirlo en nuestro análisis. Esto reduce nuestra muestra a 47 guerras civiles. No obstante, basta con eso para encontrar marcadas tendencias en común. (En las páginas 46 y 47 de este artículo se incluye una lista de esas 47 guerras). Para formarse una idea de la importancia que tienen los distintos factores de riesgo resulta útil imaginar un país base. Tomaré como tal un país cuyas características en conjunto lo ubiquen en la media de nuestra muestra. Así, por construcción, obtenemos un país extraordinariamente ordinario. Estas

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características le confieren un riesgo de conflicto civil de alrededor del 14% en un determinado período de cinco años. El factor de riesgo más poderoso consiste en que aquellos países cuyos ingresos (pib) provienen de manera considerable de la exportación de bienes primarios tienen un riesgo de conflicto radicalmente mayor. El nivel más peligroso

de dependencia de los bienes primarios es de un 26% del pib. En este nivel, un país ordinario en lo demás corre un riesgo de conflicto del 23%. En comparación, si careciera de exportaciones de bienes primarios (siendo igual en los otros respectos), el riesgo caería a tan sólo el 0,5%. Así pues, si carece de exportaciones primarias, un país ordinario se encuentra bastante a salvo de conflictos internos, mientras que si estas exportaciones son considerables, la sociedad es altamente peligrosa. Los bienes primarios son entonces parte principal de la historia del conflicto. ¿Qué más tiene importancia? Tanto la geografía como la historia cuentan. La geografía importa, pues si la población se encuentra muy esparcida por el territorio, al gobierno le resulta más difícil controlarla, lo que no ocurriría si todo el mundo viviera en la misma área reducida. La geografía de la República Democrática del Congo (el antiguo Zaire) hace que a las fuerzas del gobierno les resulte extraordinariamente difícil controlarla, puesto que la población vive hacia la periferia de una inmensa área, con las tres ciudades principales situadas en los extremos occidental, sudoriental y norte del país. Si se compara, Singapur sería una pesadilla para una rebelión. En esta ciudad-Estado no hay dónde ocultarse y las fuerzas del gobierno pueden llegar a cualquier sitio del país en el espacio de una hora. Con una dispersión geográfica similar a la del Congo, nuestro país ordinario en lo demás corre un riesgo de conflicto de alrededor del 50%; mientras que con una concentración tipo Singapur el riesgo baja hasta el orden del 3%. La historia importa, ya que si un país ha vivido una guerra civil recientemente, el riesgo de otras guerras es mucho más alto. Inmediatamente después del cese de hostilidades hay una probabilidad de ulteriores conflictos del 40%. El riesgo cae luego alrededor de un punto porcentual por cada año de paz. No obstante, la importancia de la historia depende del tamaño de la diáspora. Por ejemplo, hay países con diásporas muy grandes hacia los Estados Unidos en relación con la población no emigrante, en tanto que otros no las tienen. Supongamos que nuestro país ordinario en lo demás ha terminado una guerra civil hace cinco años y ahora desea saber qué probabilidades hay de que haya paz en los siguientes cinco años. Si el país tiene una diáspora extraordinariamente grande en los Estados Unidos, sus probabilidades de conflicto son del 36%. Si tiene una diáspora extraordinariamente pequeña, sus posibilidades de conflicto son apenas del 6%. Así, las diásporas parecen hacer mucho más peligrosa la vida para los que se quedan en el sitio en situaciones postconflicto.

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Las oportunidades económicas también importan. Los conflictos se concentran en países con poca educación. El país promedio de nuestra muestra contaba con apenas un 45% de sus varones jóvenes cursando educación secundaria. Un país con diez puntos porcentuales más de sus jóvenes en el colegio -digamos que un 55% en lugar de un 45%- recorta el riesgo de conflicto del 14% hasta alrededor del 10%. El conflicto es más probable en los países de acelerado crecimiento demográfico: por cada punto porcentual en la tasa de crecimiento demográfico se eleva el riesgo de conflicto en unos 2,5 puntos porcentuales. El conflicto también es más probable en países en decadencia económica. Por cada punto porcentual que se resta a la tasa de crecimiento de la renta per cápita, el riesgo de conflicto se eleva alrededor de un punto porcentual. La composición étnica y religiosa del país tiene importancia. Si hay un grupo étnico dominante que abarque entre el 45% y el 90% de la población (suficiente para darle el control, pero no lo bastante para que carezca de sentido ejercer una discriminación contra la minoría), el riesgo de conflicto se duplica. Por ejemplo, vemos que en Sri Lanka los tamiles son una minoría de alrededor de un 12% de la población, y en Ruanda los tutsis componen entre el 10 y el 15% de la población. Desde luego, en Sri Lanka los tamiles son una minoría débil, mientras que en Ruanda los tutsis son una minoría fuerte que controla el gobierno. Sin embargo, es claro que en Ruanda la minoría tutsi no se atreve a entregar el poder por miedo a verse sujeta a una dominación étnica. Si bien el predomino étnico es un problema, la diversidad étnica y religiosa no hace más peligrosa a una sociedad. De hecho, la hace más segura. Un país étnica y religiosamente homogéneo es sorprendentemente peligroso: el riesgo es del 23%. En comparación, en nuestro estudio encontramos que un país con una diversidad étnica y religiosa en su máxima magnitud corre un riesgo de sólo un 3%. En ausencia del caso bastante raro del predominio, la diversidad hace mucho más seguras a las sociedades. Por último, una buena noticia. Desde 1990 el mundo se ha encontrado considerablemente más a salvo de los conflictos civiles. La adición de una variable indicadora o dummy para el período transcurrido desde el fin de la Guerra Fría resulta estadísticamente significativa y produce un efecto bastante grande. Manteniendo constantes y en su término medio las causas de conflicto arriba mencionadas, el riesgo de conflicto en los años noventa fue apenas la mitad del de la época de la Guerra Fría. Por supuesto, otras causas de conflictos también cambiaron en la década de 1990: en promedio, los ingresos per cápita crecieron más rápido que en la década de 1980, lo que también redujo el riesgo. A pesar de eso, algunos países se hicieron aún más dependientes de las exportaciones primarias o sus economías colapsaron, con lo que se volvieron más propensos al conflicto. Para 1995, el país con el riesgo más alto de conflicto de acuerdo con nuestro análisis era Zaire, con tres probabilidades en cuatro de conflicto dentro de los siguientes cinco años. Lamentablemente, nuestro modelo predijo con demasiada exactitud lo que ocurrió. Éstos son los parámetros estadísticos de los conflictos intestinos desde 1960. Son interesantes tanto por lo que importa como por lo que no. Claramente, algunos altos riesgos se derivan de los bienes primarios y las diásporas, y otros solían

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venir de la Guerra Fría. Por otra parte, llama igualmente la atención lo que no parece incidir en el riesgo de conflicto. Las desigualdades, sean de ingresos o de posesiones, no tienen efectos discernibles. Las sociedades desiguales no son más propensas al conflicto. Una carencia de derechos democráticos no parece producir efectos significativos. La diversidad étnica y religiosa, como ya señalamos, lejos de aumentar el riesgo de conflicto, de hecho lo reduce. Todos éstos son obvios sustitutos de descontentos objetivos. Las sociedades desiguales, divididas en lo étnico y con pocos derechos políticos, parecerían ser precisamente los lugares más propicios para una rebelión. Son sin duda los lugares donde más perentoria se hace la protesta. Y así y todo, esos sitios, hasta donde podemos discernir, no corren un mayor riesgo de conflictos violentos que los demás. De hecho, en virtud de su diversidad étnica son algo más seguros. La única variable indicativa de protesta que tiene incidencia se produce cuando la sociedad se caracteriza por el predominio étnico. Esto puede deberse a que no estemos midiendo adecuadamente los descontentos objetivos. Sin embargo, nos hemos esforzado honestamente por emplear todos los índices comparables de descontento objetivo de que se puede disponer, hoy por hoy numerosos. Al menos como hipótesis de trabajo, la guerra civil está mucho más estrechamente relacionada con las variables económicas y geográficas arriba mencionadas que con los descontentos objetivos.

POR QUÉ LA REBELIÓN NO ES EQUIPARABLE A LA PROTESTA

Los economistas han estudiado la dinámica de la protesta. El primer problema con el lanzamiento de una protesta consiste en que ésta es un "bien público", lo cual quiere decir que si la protesta consigue imponer justicia, todo el mundo se beneficia, háyase molestado o no en tomar parte en ella. El bien público presenta siempre problemas ante la acción colectiva: para el individuo tiene más sentido aprovecharse gratis del esfuerzo ajeno; y si todos pretenden hacer lo mismo, entonces no pasa nada. Esto crea un problema en el caso de las protestas, ya que el gobierno podría castigar a los participantes, a menos que concurra mucha gente y los números brinden seguridad. Además, para protestar, la mayoría de las personas tendrá que perder un día de ingresos. Ésta es una de las razones para que una proporción tan elevada de manifestantes suela estar compuesta de estudiantes. La tentación de aprovecharse gratis de una rebelión en pro de más justicia es mucho más fuerte que la tentación de aprovecharse gratis de una protesta social en pro de más justicia. Una protesta social cuesta poco, arriesga poco y parte de un sentido cívico. De hecho, los manifestantes lo que hacen es forzar una elección abierta en torno a un punto específico. Pero la rebelión es un compromiso de tiempo completo, amén de peligrosa. Los economistas predecirían que el aspecto colectivo de una rebelión en pro de la justicia engendraría por lo

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común un obstáculo insuperable. La contribución de Kuran en su análisis de la dinámica de la protesta social consistió en ver que el movimiento de protesta exitoso es aquel que asciende en escalada, y que esto depende de una precipitación en cascada del número de participantes, sacados cada vez más de entre los partidarios tibios. Supongamos que los posibles partidarios de un movimiento de protesta social se organizan según el grado de disposición a correr riesgos personales. Los partidarios más ardientes son los primeros en unirse a la protesta, en la etapa en que, por ser pequeña, al gobierno le resulta fácil ejercer violencia contra sus participantes. Con cada partidario adicional que se suma al movimiento, los riesgos de castigo por participación descienden. La precipitación en cascada depende de que la reducción de este riesgo induzca a un número suficiente de personas a cambiar de parecer y unirse a la protesta, de modo que el riesgo disminuya aún más e induzca a todavía más personas a cambiar de parecer. Si la precipitación en cascada funciona, basta con unas pocas personas comprometidas que enciendan la chispa inicial para que se convierta en un incendio de sabana. ¿Pueden las rebeliones que observamos equivaler a movimientos de protesta fallidos, casos en los que unos cuantos centenares de valientes encendieron la chispa sin que el fuego prendiera en el resto de la sociedad, por lo que ese núcleo de valientes hubo de convertirse en una guerrilla enfrentada al gobierno? ¿No serán los rebeldes unos héroes abandonados por la masa de cobardes y llevados por ello a cometer actos más violentos para su propia protección? Pues bien, de ser así, se observaría un curso muy definido en el desarrollo de las rebeliones. Kuran sugiere que la precipitación en cascada es más factible en las sociedades homogéneas. En tales sociedades habrá un denso continuo de opinión. Muchas personas estarán al borde de cambiar de parecer y, por tanto, serán movidas a la acción en cuanto empiecen a descender los riesgos de castigo por parte del gobierno. En cambio, si la sociedad está dividida en muchos grupos diferentes que no ven como propios los intereses de otros grupos, en lugar de un continuo de opinión tenemos cúmulos de opinión divididos por brechas. Tan pronto la cascada llega a la primera brecha, se detiene. Una de las implicaciones de este hallazgo es que la protesta social se atascaría precisamente en las sociedades donde impera la diversidad. O sea que si las rebeliones son asunto de héroes abandonados por los cobardes, cabría esperar que aquéllos se contaran en mayor cantidad en las sociedades caracterizadas por la diversidad. Recuérdese que, de hecho, hemos observado justamente lo contrario. Las sociedades diversificadas corren un riesgo de rebelión mucho más bajo que las homogéneas. Claro que si escarbamos con suficiente minucia en la historia encontraremos ejemplos de movimientos de protesta social abortados que se convirtieron en rebeliones. Si escarbamos en la historia podemos encontrar cualquier cosa. No obstante, la imagen de la banda rebelde como la parte más dedicada y abnegada de la población es muy difícil de conciliar con los hechos. La rebelión por lo general no se relaciona con ninguno de los descontentos objetivos -desigualdad, represión política, diversidad- que tan reiteradamente se mencionan en el discurso rebelde. Ni tampoco tiene una alta incidencia en sociedades en las que sería de

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esperarse que los movimientos de protesta social encarasen el mayor número de dificultades. La única excepción a todo esto es la de que en situaciones de predominio étnico -con o sin democracia- las minorías (o las mayorías) pueden alzarse en armas. En todo lo demás, el rebelde moderno parece haber sido de veras un "rebelde sin causa".

¿QUÉ CONDICIONES HACEN QUE LAS REBELIONES PREDATORIAS SEAN RENTABLES?

Empíricamente, el riesgo de rebelión está fuertemente ligado a tres condiciones económicas: dependencia de las exportaciones primarias, bajos ingresos promedios y bajo crecimiento del país. Explicaré por qué es así. Las exportaciones de bienes primarios son la actividad económica más susceptible de saqueo. La economía que depende de ellas ofrece, por lo tanto, numerosas oportunidades para la rebelión depredadora. Un indicativo de la alta susceptibilidad al saqueo de las exportaciones primarias es el hecho de que sean también la actividad con mayor carga impositiva: las mismas características que hacen que a los gobiernos les sea fácil gravarlas con impuestos hacen que a los rebeldes les sea fácil saquearlas. De hecho, la depredación rebelde es simplemente una imposición tributaria ilegal. A la inversa, en algunos países el gobierno ha sido descrito como una depredación legalizada que grava fuertemente los bienes primarios con el fin de financiar a la élite gubernamental. En los peores casos, las víctimas de esta depredación no discriminan mayor cosa entre el comportamiento de la organización rebelde y el del gobierno. Esto no significa, sin embargo, que los rebeldes "no sean peores" que el gobierno. La presencia de una organización rebelde arroja a una sociedad de la paz a la guerra civil, y es muy probable que los costos de la guerra excedan a los de la depredación por parte del gobierno. Las exportaciones de bienes primarios son especialmente vulnerables al saqueo y a la imposición tributaria debido a que su producción depende fuertemente de activos duraderos e inmuebles. Una vez cavado el pozo de una mina, es mejor explotarla aunque gran parte del lucro previsto se pierda en manos de los rebeldes. Una vez sembrados los cafetales, es mejor recoger las cosechas aunque haya que renunciar a gran parte del café. Así pues, la depredación rebelde no aniquila la actividad o la hace mudarse a otro sitio, como sucedería si la manufactura fuera el blanco. Además de eso, como el producto es exportado, hay que transportarlo al puerto. En el camino hay múltiples "puntos de estrangulación" que, si pueden controlarlos así sea esporádicamente, permiten a los rebeldes la exacción de un tributo. Podemos presumir que el gobierno controla el mejor punto de estrangulación de todos, el propio puerto. Este modo de obrar hace que el grupo rebelde tenga algo de delincuencia organizada. No obstante, es delincuencia organizada con una diferencia. El gobierno tratará de defender los puntos de estrangulación contra los ataques rebeldes: después de todo, defiende

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sus propios ingresos. Por ende, a diferencia de la mafia, el grupo rebelde debe esperar enfrentamientos ocasionales con las considerables fuerzas del gobierno, y en razón de ello, tiene necesidad de protegerse. En consecuencia, los grupos rebeldes necesitan ser mucho más grandes que las mafias. Lo típico es que una organización rebelde tenga entre 500 y 5.000 combatientes, mientras que las mafias cuentan con entre 20 y 500 integrantes. Como las organizaciones rebeldes tienen que ser de gran tamaño para poder enfrentarse a las fuerzas del gobierno y funcionar como depredadoras, los conflictos pueden producir una mortalidad acumulada que sobrepase los 1.000 y, por tanto, clasificar empíricamente como guerras civiles.

¿Por qué es mucho más alto el riesgo de conflicto en los países de bajos ingresos? Viene a la mente la explicación de que los pobres no tienen mucho que perder uniéndose a un grupo rebelde, por lo que a las organizaciones rebeldes les resulta barato el reclutamiento. Algo de verdad puede haber en ello, pero si el reclutamiento de jóvenes es barato para la organización rebelde, igualmente barato puede ser para el gobierno. Por lo tanto, los bajos ingresos no dan una ventaja automática a la rebelión. Sin embargo, de manera indirecta, los ingresos bajos sí dan una ventaja a los rebeldes. En todo el mundo, la proporción de las entradas del gobierno por recolección de gravámenes aumenta a la par con los ingresos. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos obtiene alrededor del 40% de las rentas nacionales bajo la forma de ingresos tributarios. En las economías realmente pobres, como Ghana y Uganda a comienzos de la década de 1980, los gobiernos obtenían apenas un 6% de las rentas nacionales a partir de la tributación. Esto reduce la capacidad del gobierno para los gastos de defensa y facilita de ese modo la depredación rebelde. En efecto, en las economías de bajos ingresos los gobiernos por lo general obtienen algo así como la mitad de sus entradas de la imposición de gravámenes a las exportaciones de bienes primarios (directa o indirectamente), de modo que su base de ingresos se asemeja bastante a la de los rebeldes. En niveles de ingresos superiores, los gobiernos complementan estas entradas con las resultantes de gravar otras actividades económicas. Así pues, los países pobres tienen una alta incidencia de conflictos porque sus gobiernos no pueden defenderse. Puede haber, claro, otras razones de que la pobreza facilite la actividad de los rebeldes. La pobreza puede hacer que la desesperación o la rabia cundan entre la gente. Con todo, si este efecto fuera muy importante, sería de esperarse que los estudios mostraran que la desigualdad aumenta las probabilidades de conflicto: para un nivel dado de ingresos promedio, a más desigualdad en la distribución de los ingresos, más severa es la pobreza de los más pobres. De hecho, la desigualdad no parece afectar el riesgo de conflicto. La rebelión no parece ser la ira de los pobres. A decir verdad, si a algo se parece la rebelión es a la ira de los ricos. Una de las

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maneras que los grupos rebeldes tienen de asegurarse la depredación de las exportaciones primarias consiste en lograr la secesión de las tierras donde se producen los bienes primarios. Tales intentos de secesión por parte de las regiones ricas son bastante comunes. El movimiento secesionista de Katanga en Zaire se dio en la región de las minas de cobre; el de Biafra en Nigeria, en la región petrolífera; el movimiento de secesión de la provincia de Atjeh en Indonesia es el de una región productora de petróleo con un pib per cápita tres veces por encima del promedio nacional; la exitosa secesión de Eritrea fue la de una región con ingresos per cápita dos veces más altos que los del resto de Etiopía. En la medida en que el grupo rebelde no sólo se beneficia a sí mismo con la depredación sino que lucha por una causa política, esa causa es el descontento de una minoría rica por tener que pagar impuestos a la mayoría pobre. Estas rebeliones bien pueden tener más en común con la política de Staten Island que con Robin Hood. Tanto el crecimiento económico lento como el crecimiento demográfico rápido aumentan las posibilidades de rebelión. Ambos fomentan el reclutamiento rebelde, presumiblemente. La organización rebelde necesita crecer con bastante rapidez para poder sobrevivir frente al ejército. Por lo tanto, para un nivel de ingresos dado, si hay pocas oportunidades de empleo, pocas de educación y demasiados jóvenes en busca de trabajo, la organización rebelde enfrenta una tarea más fácil. En conclusión, los parámetros observados de la rebelión son bastante inteligibles. Las elevadas exportaciones de bienes primarios, los bajos ingresos y el crecimiento lento componen un coctel que hace más financieramente viables las rebeliones depredadoras. En tales circunstancias los rebeldes pueden beneficiarse de la guerra.

¿POR QUÉ LA DIVERSIDAD ÉTNICA HACE QUE UNA SOCIEDAD SEA MÁS SEGURA Y NO MÁS PELIGROSA?

Una de las más notables realidades empíricas es el hecho de que las sociedades más variadas en términos étnicos y religiosos son significativamente más seguras que las sociedades homogéneas. Si los odios étnicos y religiosos son una causa importante de los conflictos, la pauta debería ser la opuesta, ya que en las sociedades homogéneas no habría a quién odiar. Es evidente que el conflicto no es generado por este tipo de causas. Sin embargo, menos evidente es la razón de que la diversidad haga harto más segura a una sociedad, en vez de no tener efecto alguno, simplemente. Yo creo que la diversidad hace que una sociedad sea más segura porque hace que rebelarse sea más difícil. En primerísimo lugar, esto sucede porque la organización rebelde no es ni una mafia ni un movimiento de protesta social sino un ejército. Los ejércitos enfrentan ingentes problemas de motivación y cohesión organizacional. Para combatir efectivamente, los soldados deben vencer su instinto individual de esquivar el peligro y deben correr riesgos para ayudar a otros

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miembros de su equipo. La historia militar abunda en recuentos de pequeños grupos que derrotaron a otros mucho más grandes sólo porque eran mejores unidades de combate. Las tropas del gobierno también enfrentan estos problemas, pero con la ventaja de haber contado con más tiempo para manejarlos. En cambio, la organización rebelde por regla general no puede perder años preciosos para elevar su moral antes de comenzar operaciones. Tiene que reclutar partiendo de la nada y empezar a combatir rápidamente.

Un principio sencillo es el de conservar en lo posible la similitud de los reclutados entre sí. Mientras más lazos sociales haya dentro de la organización (un mismo grupo tribal o de parentesco, o al menos un mismo grupo étnico, de lengua y religión), más fácil será conformar una fuerza combatiente. Esto se aplicaría aún con mayor validez al grupo central de los oficiales. Para un gobierno, la manera más fácil de derrotar una rebelión puede ser la de comprar a parte de la oficialidad. Cuanto más "capital social" dentro del grupo, más posibilidades tiene de cohesión. Este principio implica que en las sociedades étnicamente diversas las rebeliones tienden a ser étnicamente particularizadas. Esto tiene dos corolarios importantes. El primero: mientras más se divida la sociedad en un mosaico de distintos grupos étnicos y religiosos, más difícil será reclutar una fuerza del tamaño suficiente para que la rebelión sea viable. Por ejemplo, en África el grupo etnolingüístico promedio tiene tan sólo unos 250.000 miembros, de los cuales unos 25.000 serán varones jóvenes. Así, aun antes de descontar otras divisiones por causas religiosas, una organización de 5.000 combatientes tendría que reclutar el 20% de ese grupo de edad. La diversidad social hace entonces que la empresa rebelde sea más ardua y, por ende, hace más improbable la rebelión. El segundo corolario es que, cuando sí se produce un conflicto en las sociedades de diversidad étnica, éste asume la forma de la rebelión de un grupo étnico particular contra el gobierno. Como en cualquier ejército, a los reclutados se les animará a matar al enemigo mediante un adoctrinamiento básico sobre por qué merece la muerte el enemigo. En efecto, la sencilla teoría leninista de la organización rebelde, adoptada por muchos movimientos rebeldes, así no adopten la ideología marxista, enseña que las personas en un principio están tan oprimidas que no caen en cuenta de que están oprimidas. Tarea clave de la organización rebelde es hacer ver a la gente que es víctima de la injusticia. La teoría económica de la rebelión acepta esta proposición y le hace una simple pero razonable extensión: la organización rebelde puede inculcar un sentimiento subjetivo de injusticia, esté o no esté justificado objetivamente. La organización rebelde necesita inculcar un sentimiento de injusticia y trabajará para crearlo. De allí se sigue el odio al enemigo y el ánimo de combate.

Si la organización rebelde logra generar un descontento grupal, acaso fabricando tanto el descontento como el grupo, la guerra civil resultante se llega a definir en

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términos de un conflicto político. No obstante, las necesidades militares de la organización rebelde y no los descontentos objetivos son las que han creado este conflicto. Los analistas con frecuencia razonan retrospectivamente a partir del discurso político que se produce en el curso del conflicto y deducen que la guerra es la consecuencia de un conflicto político particularmente intenso, a su vez basado en motivos de descontento particularmente graves. Empero, la intensidad del descontento objetivo no predice una guerra civil. Muchas sociedades viven intensos conflictos políticos durante muchos años sin que éstos se conviertan en guerras. El conflicto político es universal, en tanto que la guerra es escasa. Yo argumento que allí donde la rebelión resulta ser financieramente viable, habrá guerras. Como parte del proceso de la guerra, la organización rebelde tiene que generar el descontento de grupo, en aras de la efectividad militar. La generación del descontento grupal politiza la guerra. En conclusión, es la guerra la que produce el conflicto político intenso, y no a la inversa.

SI LA DIVERSIDAD INCREMENTA LA SEGURIDAD, ¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO EL PREDOMINIO ÉTNICO?

La única excepción a la regla de que las sociedades homogéneas son más peligrosas que las sociedades conformadas por más de un grupo étnico, se produce cuando hay un predominio étnico. Por predominio étnico me refiero a una sociedad en la que el mayor grupo étnico individual abarca entre el 45 y el 90% de la población. No es tan difícil ver por qué estas sociedades son tan peligrosas. En una democracia, tener más del 45% de la población basta para darle un control permanente a ese grupo: lo que en ciencia política se llama una coalición ganadora estable. Cuando se tiene menos del 90% de la población puede surgir la idea de que valdría la pena explotar este poder mediante la transferencia de recursos en poder de la minoría. Si la minoría es de menos del 10% de la población, normalmente hay tan poco qué ganar con su explotación, que las ganancias pueden verse más que devoradas por los costos del sistema de transferencia.

Así pues, en las sociedades caracterizadas por el predominio étnico la mayoría puede tener tanto el poder como el interés de explotar a la minoría. La minoría puede llegar a temer la explotación permanente hasta el punto que decide ponerse en pie de lucha. Ésta es la excepción a la falta de efectos producidos por un descontento objetivo, y una explicación puede ser la de que la democracia no ofrece perspectivas de reivindicación. En las sociedades variadas que no se caracterizan por el predominio étnico, los grupos pequeños excluidos del poder pueden abrigar la esperanza de poder engancharse en un momento dado a una coalición ganadora. Ni aun los dictadores son eternos. Así por ejemplo, en Kenia, donde ninguna tribu está cerca de ser mayoría, los quince años de gobierno del presidente Kenyatta favorecieron fuertemente a su propia tribu numerosa, los

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kikuyu. No obstante, Kenyatta había nombrado vicepresidente a un miembro de una tribu muy pequeña. Al morir Kenyatta, el vicepresidente, Moi, accedió a la presidencia, y desde 1978 se las ha arreglado para sostener en pie una coalición ganadora de pequeñas tribus que excluye a los kikuyu y a los luo, los dos grupos tribales más grandes. Las pequeñas tribus de la Kenia de Kenyatta tenían entonces razón en esperar una reivindicación a través del proceso político, en lugar del militar. Por el contrario, en las sociedades caracterizadas por la dominación étnica, la minoría tiene pocas esperanzas que poner en el proceso político. Así, es posible que la rebelión en las sociedades de predominio étnico sea una acción de desespero. Nótese que hay poca diferencia en el hecho de que la mayoría o la minoría sea la que detenta el poder. Incluso cuando la minoría ocupa el poder, no se atreve a confiar en la democracia debido a que no confía en la mayoría. Esto es tal vez lo que sucede con los gobiernos dominados por los tutsi en Ruanda y Burundi, y acaso hasta con el gobierno dominado por los tigré de Etiopía.

¿POR QUÉ SON TAN PELIGROSAS LAS DIÁSPORAS?

Recordemos que, empíricamente, si un país que ha finalizado hace poco su conflicto tiene una gran diáspora asentada en los Estados Unidos, el riesgo de que el conflicto recomience se eleva bruscamente. Este efecto no tiene mucho misterio. Las diásporas suelen abrigar afectos bastante idealizados hacia su grupo de origen y pueden cultivar los descontentos como un modo de reafirmar su continuada pertenencia a ellos. Son harto más ricas que las gentes en su país de origen y se pueden dar el lujo, por tanto, de financiar la venganza. Por encima de todo, no tienen que padecer ninguna de las atroces consecuencias de la reanudación del conflicto, puesto que ya no viven en el país. En consecuencia, son un mercado accesible para los grupos rebeldes que pregonan la venganza y se constituyen en una fuente de financiación para el conflicto renovado. También son una fuente de presión a favor de la secesión. Por ejemplo, la secesión (pacífica) de Eslovaquia de la antigua Checoslovaquia no se inició en la propia Checoslovaquia, sino en las organizaciones de la diáspora checoslovaca en Norteamérica. Una ciudad tras otra, estas organizaciones de la diáspora se fueron divorciando. La reducción al absurdo de esta tendencia sería que las poblaciones en los Estados Unidos y la Unión Europea dividieran sus países de origen en "theme parks étnicos", mientras que ellas mismas disfrutan las ventajas de vivir en países de considerable tamaño y diversidad. Otra fuente de financiación extranjera proviene de los gobiernos enemigos del gobierno en funciones. Durante la Guerra Fría cada superpotencia ofrecía alicientes a los países del Tercer Mundo para que se alineasen con ella. Cuando un gobierno lo hacía, se convertía en objetivo potencial de los esfuerzos de desestabilización de la otra superpotencia. Una forma de desestabilizar a los países del otro bando era la financiación de grupos rebeldes. Con la terminación

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de la Guerra Fría desapareció la necesidad de estas desestabilizaciones y con ello la financiación externa de organizaciones rebeldes entró en declive, lo que explica quizás la reducción del riesgo de las guerras civiles durante la década de 1990.

¿QUÉ PUEDE HACERSE, ENTONCES?

Si se acepta la explicación convencional del conflicto a partir del descontento, entonces las medidas indicadas para una intervención deben ir dirigidas a las posibles causas objetivas del descontento. Según este planteamiento, los países deben acortar las desigualdades e incrementar los derechos políticos. Estos nobles objetivos son deseables por numerosas razones, pero si el objetivo es la paz civil, según mi análisis, resultarán inefectivos. Una política adicional, si se acepta la explicación del descontento, sería la de trazar nuevas fronteras, dividir los países e incluso trasladar poblaciones con el fin de conseguir una mayor homogeneidad étnica. Por el contrario, si se acepta que la diversidad hace más seguros a los países, entonces ésta será la vía para atizar los conflictos civiles y quizás también para atizar los conflictos internacionales. Un ejemplo reciente de esta posibilidad podría ser la partición de Yugoslavia. En la antigua Yugoslavia había un alto grado de diversidad que aseguraba que nadie se conformase en mayoría; o sea, la sociedad no se caracterizaba por el predominio étnico. Primero Eslovenia, la región más rica de Yugoslavia, se independizó en lo que podría interpretarse como un caso de "ira de los ricos", aunque con toda seguridad hubo otras motivaciones. Luego Croacia, la segunda región más rica, se independizó también. Debido a estas dos secesiones, la Yugoslavia restante quedó caracterizada por el predominio étnico. Las guerras civiles e internacionales vinieron a continuación.

BROTES DE GUERRA

PAÍS AÑO GUERRA

INICIADA

GUERRA

PREVIA

Afganistan 1975-79 1 0

Afganistan 1990-94 1 1

Argelia 1960-64 1 1

Argelia 1990-94 1 1

Angola 1960-64 1 1

Angola 1975-79 1 1

Azarbaján 1990-94 1 0

Bosnia 1990-94 1 0

256

Burundí 1970-74 1 0

Burundí 1984-89 1 1

Burundí 1990-94 1 1

Camboya 1970-74 1 1

Chad 1980-84 1 0

China 1965-69 1 1

Colombia 1980-84 1 1

Rep. Dom. 1965-69 1 0

El Salvador 1975-79 1 0

Etiopía 1970-74 1 1

Georgia 1990-94 1 0

Guatemala 1965-69 1 1

Guatemala 1970-74 1 1

Guatemala 1975-79 1 1

Guinea-Bissau 1960-64 1 0

India 1980-84 1 1

Indonesia 1975-79 1 1

Irán 1970-74 1 1

Irán 1975-79 1 1

Irán 1980-84 1 1

Iraq 1970-74 1 1

Iraq 1984-89 1 1

Iraq 1990-94 1 1

Jordania 1970-74 1 0

Laos 1960-64 1 1

Líbano 1975-79 1 1

Liberia 1984-89 1 0

Liberia 1990-94 1 1

Marruecos 1975-79 1 1

Mozambique 1960-64 1 0

Mozambique 1975-79 1 1

Birmania 1965-69 1 1

Birmania 1980-84 1 1

257

Nicaragua 1975-79 1 0

Nicaragua 1980-84 1 1

Nigeria 1965-69 1 1

Nigeria 1980-84 1 0

Pakistán 1970-74 1 0

Perú 1980-84 1 0

Filipinas 1970-74 1 1

Rumania 1984-89 1 0

Rusia 1990-94 1 0

Rusia 1995-99 1 1

Ruanda 1960-64 1 1

Ruanda 1990-94 1 1

Somalia 1980-84 1 0

Somalia 1984-89 1 1

Sri Lanka 1970-74 1 0

Sri Lanka 1980-84 1 1

Sudán 1960-64 1 0

Sudán 1980-84 1 1

Takijistán 1990-94 1 0

Turquía 1990-94 1 0

Uganda 1965-69 1 1

Uganda 1980-84 1 1

Vietnam 1960-64 1 1

Yemen Ar 1960-64 1 1

Yemen Pr 1984-89 1 0

Yugoslavia 1990-94 1 0

Yugoslavia 1995-99 1 1

Zaire 1960-64 1 1

Zaire 1990-94 1 1

Zaire 1995-99 1 1

Zimbabue 1970-74 1 0

En consecuencia, las políticas derivadas del diagnóstico del descontento son inefectivas de variadas maneras, y contraproducentes si se acepta el diagnóstico de la depredación. ¿Qué políticas serían efectivas si esta interpretación alternativa

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del conflicto resultara ser correcta? En primer lugar, tenemos que hacer una distinción entre la prevención de conflictos y las situaciones postconflicto. Con anterioridad a un conflicto, el enfoque señalado por el análisis de la depredación es el de penetrar en los principales factores de riesgo e identificar la manera de aminorarlos. Nótese que esta aproximación es radicalmente distinta de la más tradicional, que trata de identificar los descontentos y brindarles reparación. El nuevo enfoque consiste en hacer que a las organizaciones rebeldes les resulte más difícil establecerse, y la reparación de descontentos objetivos no suele ser un método efectivo para lograr este objetivo. Postconflicto, el problema es bien distinto. Las organizaciones rebeldes se han impuesto en el panorama político y han generado descontentos de grupo. Aunque tanto los descontentos como los grupos pueden haber sido fabricados, ahora ya existen y las políticas postconflicto tienen que contemplarlos. Por lo tanto, mientras que la prevención de conflictos no se debe construir en torno de la reducción de descontentos objetivos, la construcción de una paz sostenible en las sociedades postconflicto tendrá que tratar con los descontentos subjetivos de los bandos del conflicto.

POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Todas las sociedades son distintas. El riesgo general de conflicto de una sociedad se compone de una serie de factores de riesgo, y el balance de los factores de riesgo varía de una sociedad a otra. Así, el primer paso para la prevención de conflictos es el de descomponer el riesgo general en sus elementos constituyentes y luego hacer el mayor esfuerzo por reducir los riesgos más importantes y más susceptibles a la aplicación de políticas. Analizo en su orden los factores potenciales de riesgo. Las economías con alrededor de una cuarta parte del pib proveniente de las exportaciones de recursos naturales corren un riesgo agudo de conflicto civil. Hay cuatro estrategias que podrían reducir el riesgo. Primero, el gobierno puede fomentar la diversificación de la economía para alejarla de la dependencia de los bienes primarios. Una mejor política económica promueve la diversificación. En un ambiente de políticas económicas realmente pobres, las únicas actividades exportadoras que sobreviven son aquellas de altos rendimientos en un sitio específico. La medición anual de políticas que hace el Banco Mundial (Evaluación de políticas nacionales e instituciones) es significativa por cuanto explica el alcance de la dependencia de los bienes primarios. Una mejora de políticas sostenida durante cinco años reduce la dependencia para el siguiente quinquenio. En segundo lugar, el gobierno puede tratar de restar popularidad a los rebeldes que buscan el pillaje mediante la utilización transparente de los recursos generados por las exportaciones primarias para financiar la prestación efectiva de servicios básicos. Si se ve que el dinero financia la educación primaria y los centros de salud rurales, la población se mostrará más hostil hacia los rebeldes

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que si creyera que el dinero es enviado a bancos suizos. Con todo, la efectividad de esta política tiene sus límites. Por ejemplo, muchos de los jóvenes que combatieron del lado rebelde en Sierra Leona son tan impopulares que no se atreven a regresar a sus comunidades; aunque esta impopularidad no fue óbice para que se unieran a la rebelión. Los rebeldes buscaban deliberadamente drogadictos y niños para el reclutamiento y, por tanto, tenían una fuerza laboral inusitadamente dependiente. En tercer lugar, la comunidad internacional puede dificultarles a los grupos rebeldes la venta de los bienes que saquean. La mayoría de los mercados de bienes internacionales son, en alguna parte de la cadena de mercado, bastante estrechos, en el sentido de que no hay muchos participantes en ellos. Si bien los bienes primarios son más difíciles de identificar que las manufacturas de marca, de todos modos presentan diferencias de calidad. Así, los mercados por lo general pueden identificar el origen del bien mediante la identificación de su calidad. Por ejemplo, en la etapa de tallado de los diamantes se puede establecer su origen con razonable exactitud; y la talla de diamantes es una actividad altamente especializada que podría someterse a cierto grado de regulación internacional. Desde luego, jamás será posible expulsar del mercado la oferta ilegal, pero debería ser posible arrinconarla hacia los bordes marginales del mercado, donde los bienes sólo pueden venderse con profundos descuentos. La depredación rebelde sería entonces menos lucrativa. Los bajos ingresos y la decadencia económica también son factores de riesgo. No hay un remedio rápido para los bajos ingresos. No obstante, para la mayoría de las sociedades aquejadas por la pobreza ahora es posible salir de ella en el espacio de una generación. Corea del Sur consiguió acrecentar los ingresos per cápita de 300 a 10.000 dólares al año en una sola generación. La mayoría de los países muy pobres cuentan con políticas económicas pobres. El cambio de esas políticas suele ser tener un alto costo político debido a que los intereses creados pierden en el corto plazo, pero muchas sociedades han vencido resueltamente esos intereses y se han transformado. En tales situaciones la ayuda internacional ha demostrado ser efectiva para la aceleración del crecimiento. Por ejemplo, en los años noventa Uganda transformó sus políticas económicas, y con la ayuda de la comunidad donante internacional ha sostenido una tasa anual de crecimiento del 7%. En otras palabras, está en camino de hacer realidad la meta del gobierno de salir de la pobreza en el espacio de una generación. Dentro de Uganda, un grupo rebelde llamado el fla recluta adherentes mediante el ofrecimiento a los desempleados de 200.000 chelines ugandeses al mes (unos 150 dólares). El crecimiento acelerado hará que el reclutamiento sea cada vez más difícil. Otro factor de riesgo es el predominio étnico. Si en una sociedad hay un grupo étnico lo suficientemente grande para dominar las instituciones democráticas, entonces la mera democracia no alcanza a dar seguridad a las minorías. El predominio étnico es un problema difícil. El enfoque más realista consistiría en atrincherar los derechos de las minorías en la Constitución. Esto puede lograrse, ya mediante una legislación puntual sobre los derechos de los grupos, ya mediante el reforzamiento de los derechos individuales. Si todos los individuos

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están a salvo de la discriminación, entonces los individuos de una minoría estarán a salvo de ella. El alcance de este enfoque depende de la credibilidad de los controles y equilibrios que el Estado esté en capacidad de erigir alrededor de los poderes del gobierno. Por lo general las instituciones no poseen la suficiente firmeza para permitir tal grado de confianza, de manera que pueden reforzarse mediante compromisos internacionales o regionales. Por ejemplo, la Unión Europea exige un trato equitativo de sus minorías a los países de Europa oriental que se le quieren unir. Letonia moderó sus políticas hacia la minoría rusa en respuesta a este requerimiento. Si los gobiernos y la comunidad internacional pueden desactivar el riesgo proveniente de los bienes primarios, generar un crecimiento acelerado y dar garantías creíbles a las minorías, el riesgo de conflicto se reducirá considerablemente. La prevención de conflictos puede alcanzarse mediante un gran esfuerzo sobre unos pocos factores de riesgo.

POLÍTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ POSTCONFLICTO

Todas las políticas adecuadas para la prevención de conflictos son también adecuadas para la construcción de paz postconflicto. Sin embargo, no es probable que sean suficientes. En la primera década de paz postconflicto, las sociedades enfrentan un riesgo de conflicto algo así como el doble del riesgo predicho por los factores de riesgo preconflicto. Las sociedades postconflicto corren pues un riesgo adicional considerable debido a lo ocurrido durante el conflicto. Varios factores pueden dar cuenta de este incremento del riesgo. Una organización rebelde ha construido una capacidad militar efectiva, en parte gracias a la fabricación de un descontento de grupo, en parte gracias a la acumulación de armamento, dinero y habilidades bélicas. El pueblo se ha acostumbrado a la violencia, de modo que las normas que inhiben la violencia en la mayoría de las sociedades se habrán erosionado. Las lealtades políticas de la gente se habrán polarizado.

Muchas sociedades abrigan severos descontentos objetivos de grupo que dan pábulo a intensos conflictos políticos, sin por ello acercarse a una guerra civil. El descontento de grupo y los conflictos políticos intensos no son peligrosos en sí: constituyen de hecho la materia del quehacer político democrático. Sin embargo, en las sociedades postconflicto la guerra civil ha forjado primero un intenso conflicto político y luego lo ha conducido a través de la violencia. Si bien en la mayoría de las sociedades que abrigan descontentos de grupo no existe la tradición de conducir los conflictos políticos por medio de la violencia, en las sociedades postconflicto puede no haber una tradición de conducir los conflictos políticos por fuera de la violencia. La organización rebelde por lo común conserva su efectividad durante el período

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postconflicto. Comparada con una sociedad preconflicto con los mismos factores de riesgo, la sociedad postconflicto está por tanto mucho mejor preparada para la guerra. La organización rebelde ya ha reclutado, motivado, armado y ahorrado. Por ejemplo, se dice que Savimbi, cabecilla de la organización rebelde unita, había acumulado unos cuatro mil millones de dólares en activos financieros durante la primera guerra, de parte de los cuales se valió para empezar la segunda. La paz requiere que continúe el conflicto político intenso, pero que la opción de conducirlo militarmente se haga impracticable, o que se resuelva el propio conflicto político. Ambas opciones son difíciles. Para anular la militar se requiere la desmilitarización de la organización rebelde y su conversión en un partido político convencional. Esto es factible. Por ejemplo, renamo, una antigua organización militar rebelde de Mozambique, es hoy en día un partido político. renamo tuvo la voluntad de desmovilizarse, mientras que unita no la tuvo. Mozambique fue un éxito postconflicto, mientras que Angola fue un fracaso, en parte porque Angola tenía minas de diamante mientras que Mozambique no. Los donantes de ayuda pudieron reunir un paquete financiero de moderada magnitud para renamo, el cual hizo de la contienda política pacífica una opción atractiva. Los diamantes habían enriquecido a unita hasta el punto que los donantes no pudieron ofrecerle ninguna ayuda significativa, mientras que una reanudación de las depredaciones ofrecía ingentes recompensas. Se cree que en los dos primeros años luego del reinicio de la guerra unita obtuvo unos dos mil millones de dólares de la minería de diamantes. La enorme importancia de las donaciones de ayuda para la economía de Mozambique también puede haber ayudado a que la conservación de un sistema democrático que ofreciera a renamo una opción justa de poder fuese más creíble. El gobierno de Angola no necesitaba a los donantes y, por lo tanto, no tenía cómo asegurar a unita la preservación de los derechos democráticos en la contienda política. Incluso cuando el grupo rebelde se desmoviliza, el precedente del conflicto violento sigue fresco en la mente de las personas. Tal vez por esto el propio paso del tiempo mejora las perspectivas de paz: los hábitos del conflicto pacífico reemplazan a los del violento.

Como alternativa a continuar la contienda política pero hacer impracticable la opción militar está la de resolver el propio conflicto político. Esto requiere como mínimo que los descontentos sean atendidos, no importa que por lo general éstos no sean más graves que los de las sociedades pacíficas. Si, en efecto, el descontento de grupo ha sido fabricado a fuerza de adoctrinamiento rebelde, sería posible desinflarlo mediante gestos políticos. Si bien hay que atender objetivamente los descontentos, el propósito principal de esta atención quizás radica en su utilidad para cambiar las percepciones. La tarea de dirimir conflictos que confunden las fronteras definidas entre la política y la violencia se dificulta, no importa que el enfoque sea el de restaurar esas fronteras o el de resolver el conflicto político. No obstante, las actitudes de la población no emigrante no parecen ser la principal razón para que las sociedades postconflicto corran un riesgo de ulteriores conflictos tanto mayor que el que acarrean sus factores de riesgo heredados. Recordemos que el principal riesgo

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viene de la diáspora que reside en países ricos. ¿Qué se puede hacer para reducir este riesgo? Una estrategia sería involucrar a la diáspora en el proceso de paz. Por ejemplo, en el conflicto de Irlanda del Norte es evidente que la diáspora irlandesa-americana ha desempeñado un papel protagónico en la financiación de la violencia. Las organizaciones militares rebeldes protestantes y católicas por igual han participado activamente en la recolección de fondos en Norteamérica, y un número de armas utilizadas en los tiroteos ha resultado provenir (esperemos que por vías indirectas) del departamento de policía de Boston. Cuando el ala pacifista del ira dio comienzo al proceso de paz, su cabecilla viajó a Boston, y los gobiernos británico e irlandés del sur escogieron a un senador estadounidense para que condujera las negociaciones de paz. Una extensión de este enfoque consiste en lanzar campañas dirigidas a la diáspora en las que se recalca que la población no emigrante desea preservar la paz, en vista de los altos costos de la violencia. Las diásporas no sufragan ninguno de esos costos y, por consiguiente, hay que recordarles que otros lo hacen. Los gobiernos pueden ir harto más lejos. Las diásporas son importantes activos en potencia para el proceso de desarrollo, dueñas de habilidades útiles y conexiones de negocios. Puede asignarse a las organizaciones de la diáspora tareas específicas para el fomento de la recuperación económica, presentándoles la opción de escoger entre un papel constructivo y uno destructivo. Una política complementaria consiste en que los gobiernos de los países donde residen las diásporas establezcan límites claros a las actividades de las organizaciones de la diáspora. El apoyo político a las organizaciones rebeldes violentas es legítimo, pero el suministro de ayuda material no lo es. Por ejemplo, los esfuerzos de los Estados Unidos por impedir que países como Libia, Sudán y Afganistán acojan terroristas que han dado muerte a ciudadanos americanos tendrían mayores perspectivas de éxito si estuvieran incluidas en el contexto de una política internacional para ponerle límites a la conducta de las diásporas. La dependencia de las exportaciones primarias resulta ser aún más importante como factor de riesgo en las sociedades postconflicto que en las preconflicto: un mismo nivel de dependencia genera un riesgo considerablemente más alto. Para mitigar los riesgos provenientes de los bienes primarios, los gobiernos postconflicto cuentan con una opción que no estaba disponible para sus antecesores: el gobierno puede decidir compartir los ingresos pacífica y legalmente con la organización rebelde. Los rebeldes no tendrán pues necesidad de combatir para obtener lo que desean. Esto explica tal vez la decisión del gobierno de Sierra Leona de incluir al cabecilla rebelde en el equipo de gobierno como ministro de Minas. Ello apunta a lograr que se interesen así más por la paz. Esta política tiene límites, sin embargo. Si para un grupo rebelde es rentable la depredación de las exportaciones de bienes primarios, una vez el gobierno lo compra para librarse de él, ésta probablemente resultará rentable para otro grupo rebelde, que entrará a reemplazarlo. Tal como en la prevención de conflictos, el crecimiento rápido ayudará a la paz postconflicto. No obstante, en las sociedades postconflicto la tarea de alcanzar el desarrollo rápido requiere de políticas algo distintas. Tras una guerra prolongada

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las economías tienden a recuperarse, tan por debajo están de su potencial productivo. Por ejemplo, en los primeros cinco años de paz después de una guerra de quince años las economías crecen en promedio un 6% al año. Mozambique padeció una guerra todavía más larga y se recobró con mayor rapidez si se quiere. Una de las víctimas de la guerra civil es la confianza. Como la vida es tan incierta, la gente acorta sus horizontes temporales y se preocupa menos por labrarse una reputación de honradez. Hay quienes encuentran más rentable comportarse en forma oportunista. A medida que este comportamiento se hace más común, la sociedad desciende a un equilibrio por lo bajo en el que predominan las sospechas recíprocas y el oportunismo difundido. Esto eleva los costos de toda suerte de transacciones de negocios. Por ejemplo, en Kampala, Uganda, un fabricante de colchones los vendía a crédito y al por mayor a sus representantes, quienes viajaban al campo para venderlos al detal. Uno de ellos dijo un día que los rebeldes del norte le habían robado su consignación completa. El fabricante se vio obligado a aceptar esta coartada y dar por perdido el dinero. Por debajo de cuerda le informaron que el representante había inventado la historia, pero él no sabía qué creer. Una vez la sociedad se precipita en la baja confianza, se necesitan acciones concertadas para cambiar las expectativas; en el entretanto, muchas funciones con las que cuentan otros gobiernos simplemente no marchan. El sistema de recolección de impuestos, los tribunales, los contadores y los doctores pueden haber sido corrompidos todos por el comportamiento oportunista. Desde luego, las sociedades que han padecido una guerra civil no son las únicas que pueden experimentar un colapso de la confianza. Así y todo, en las sociedades postconflicto ésta es la norma. El gobierno puede responder a este problema mediante la generación de cambios coordinados de las expectativas, institución por institución. Por ejemplo, un enfoque bastante recurrido ha sido el de clausurar la antigua rama colectora de rentas del servicio civil e instaurar una nueva institución independiente con un nuevo reclutamiento de empleados. A cambio de mejores salarios, se les somete a controles más rigurosos para garantizar una conducta honrada. La novedad de una institución la libera hasta cierto punto del peso de las malas expectativas con que cargan las viejas instituciones.

La mezcla de la depredación de bienes primarios y de oportunismo implica que ciertas personas se beneficien de la guerra. Si bien casi todo el mundo pierde, otros tienen interés en que la guerra se reanude. Así, cuando las guerras se reanudan, no se trata por fuerza de un simple desbordamiento de odios irracionales o de hondos temores. De hecho, quienes esperan beneficiarse materialmente pueden jugar con estos odios y temores. Una manera en que un gobierno postconflicto puede defender la paz de estas manipulaciones es la de desenmascarar los intereses personales disfrazados. La sociedad en general debe darse cuenta de que a ciertos grupos les interesa un regreso al conflicto. El corolario de este análisis sostiene que las organizaciones rebeldes, sean existentes o posibles, pueden ser vistas como agentes económicos racionales. Esto tiene una implicación esperanzadora y otra de advertencia. La esperanzadora dice que las organizaciones rebeldes son susceptibles de responder a los

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incentivos. Por ejemplo, si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anunciara sanciones que hicieran más difíciles las circunstancias económicas y militares de la rebelión, la incidencia de rebeliones descendería. La implicación de advertencia dice que la compra de los grupos rebeldes por parte del gobierno puede ser de muy poca utilidad. En los países donde las condiciones objetivas hacen que la rebelión sea financieramente viable, si un grupo se compra con dinero habrá otros dispuestos a ocupar esta "oportunidad de mercado" para la generación de descontentos.

CONCLUSIÓN

Las percepciones populares sobre el conflicto civil aceptan palabra por palabra el discurso de la organización rebelde. La guerra civil se representa como un conflicto político intenso, alimentado por descontentos cuya gravedad ha desbordado los canales políticos normales. Las rebeliones se interpretan así como movimientos de protesta social extremos cuyos cuadros son héroes abnegados que luchan contra la opresión. La verdad es que la mayoría de las rebeliones no pueden ser así. Cuando se miden de manera objetiva, los principales descontentos -desigualdad, represión política y divisiones étnicas y religiosas- no brindan mayor poder explicativo para la predicción de rebeliones. Sencillamente, esos descontentos y odios objetivos por lo común no pueden ser causa de conflictos violentos. Pueden, sí, generar conflictos políticos intensos, pero este tipo de conflictos no suelen escalar hasta el conflicto violento. En cambio, las características económicas -dependencia de exportaciones de bienes primarios, bajos ingresos medios, crecimiento lento y grandes diásporas- son poderosos y significativos vaticinadores de las guerras civiles. Las rebeliones tienen el objetivo de la depredación de los recursos naturales o dependen en forma crítica de la depredación de los recursos naturales para la persecución de otros objetivos. Éstos, más bien que los descontentos objetivos, son los factores que la prevención de conflictos tiene que reducir si quiere tener éxito. Como hasta el presente la prevención de conflictos ha prestado una exigua atención a estas causas del conflicto, es probable que se abran perspectivas considerablemente más amplias para la aplicación de políticas (domésticas e internacionales) dirigidas a prevenir los conflictos con mayor efectividad. Si bien los descontentos objetivos no generan conflictos violentos, los conflictos violentos generan descontentos subjetivos. Éstos no son tan sólo subproductos del conflicto, sino una actividad esencial de las organizaciones rebeldes. El triunfo militar rebelde depende de lo motivados que estén los soldados para matar al enemigo, y para esto, como en la teoría leninista clásica de las organizaciones rebeldes, se requiere adoctrinamiento. De allí que hacia el final de las guerras civiles exista un odio intragrupal fundamentado en descontentos sentidos. Se ha generado un conflicto que no distingue fronteras entre la acción política y la violencia. La tarea para las sociedades postconflicto consiste en parte, como en las sociedades preconflicto, en reducir los factores objetivos de riesgo. No obstante, las sociedades postconflicto corren un riesgo mucho mayor que el

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implicado por los factores de riesgo heredados, debido a este legado de descontentos inducidos y polarizadores. Deben restablecerse las fronteras entre la contienda política y la violencia, o debe dirimirse la contienda política. Ninguna de estas dos opciones es fácil, lo que explica por qué, si ya se ha producido una guerra civil, las posibilidades de ulteriores conflictos son tan altas

Al analizar el papel de la guerrilla en Colombia, Chomsky opinó que ésta tenía una posición social y política razonable y bien formada, "que contaba con cierto apoyo popular, pero su estrategia se fue al piso cuando el conflicto se militarizó (Chomsky, El Colombiano, mayo 2002)

D E S T I N O C O L O M B I A

PROCESO DE PLANEACIÓN POR ESCENARIOS

!RECUPEREMOS LA ESPERANZA!

El futuro no se hereda, pero tampoco es una condena. El futuro se sueña y se construye. Es la voluntad común de los pueblos la que orienta el destino de las naciones. En la alborada del tercer milenio es posible crear una visión del país fundada en ciertos consensos básicos y por tanto, construir en la diversidad,basado en la confianza reciproca. Destino Colombia, con sus cuatro escenarios, es una invitación a que emprendamos esta compleja jornada.

VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS

La diversidad es una de las características más predominantes de Colombia. Diversidad étnica, lingüística, orográfica, climática, social, política, ideológica y, últimamente, hasta religiosa. Toda una paleta de colores que no han podido combinarse y que por el contrario se manifiestan explosivamente, creando anarquía y desconcierto.

Lo más sintomático es que los colombianos están perdiendo la esperanza en el futuro y la creencia en la posibilidad de soñar y construir una patria

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próspera y armónica, que dé cabida a todos.

Mientras no tengamos una visión del futuro que señale un norte o rumbo compartido que permita canalizar la capacidad de trabajo y creatividad de los colombianos y trazar políticas de largo plazo, nuestro progreso será lento y tortuoso.

Ante este panorama y de cara al tercer milenio, Destino Colombia se erige como un ejemplo de convivencia y construcción en medio de la diversidad. Cuarenta y tres colombianos de las más variadas y supuestamente irreconciliables tendencias, trabajaron juntos a lo largo de varios meses para identificar caminos alternativos para el país en los próximos dieciseis años.

La reflexión de este grupo dió como resultado cuatro escenarios, todos ellos posibles. Cada uno describe un rumbo, explora sus consecuencias y demuestra que el futuro es resultado de las acciones y decisiones de hoy y que lo construímos todos día a día.

Hay consenso en el grupo de que estos cuatro escenarios son posibles, sin embargo, no recomienda ni tiene preferencia por un escenario en particular. Lo que todos sí comparten es la necesidad de que a través de estos y otros escenarios posibles, los colombianos encontremos la oportunidad y el espacio para llevar a cabo una conversación profunda y un análisis serio sobre el futuro del país. Los Escenarios de Destino Colombia quieren ser el punto de partida y el catalizador de una gran reflexión sobre nuestro mañana.

ANTE UNA ENCRUCIJADA

Colombia enfrenta grandes retos tanto a nivel interno como externo. En el ámbito internacional, se halla cada vez más cuestionada y se está quedando rezagada incluso,frente a otros países latinoamericanos en su inserción en la economía mundial. No les hemos encontrado soluciones de fondo a la violencia, en todas sus expresiones, al narcotráfico, con sus múltiples consecuencias, a la corrupción, a las desigualdades, al atraso en educación, al desempleo, al abandono del campo, y a muchos otros problemas.

La conclusión del proceso de escenarios es que Colombia tiene varias maneras de salir de la crisis, pero que también puede permanecer en el

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desorden y precipitarse en el caos.

UNA MIRADA AL MUNDO

La tecnología de planeación por escenarios se originó después de la Segunda Guerra Mundial como un método de planeación militar; posteriormente, se adaptó a ambientes empresariales, y recientemente, ha sido utilizada a nivel político siendo Sur Africa el primer país en realizar un proceso de esta naturaleza, seguido de Canadá, Colombia, Japón y Chipre.

En 1990, en vísperas del fin de la segregación racial y de la nueva era democrática, veintidós líderes surafricanos se unieron para estimular el debate sobre cómo moldear o influir en los rumbos que el país podría tomar en los próximos diez años. Para sorpresa de todos, estos grupos, tan disímiles ideológicamente y que llevaban cientos de años en guerra, llegaron a un acuerdo sobre cuatro posibles escenarios que facilitaron la reflexión sobre el futuro y le indicaron a la sociedad polarizada de Sur Africa que sí podía unirse en torno a una visión básica compartida.

Los procesos de Canadá, Colombia, Japón y Chipre se llevaron a cabo en 1997. Canadá terminó su ejercicio en el segundo trimestre, Colombia, Japón y Chipre a finales de 1997. Los resultados de todas estas iniciativas se dan a conocer en el primer semestre de 1998.

Varios países, entre ellos Guatemala, Ecuador, Venezuela y México, se han aproximado a Destino Colombia interesados en conocer esta experiencia que permite, en un mundo cambiante, complejo e incierto, entender mejor los rumbos futuros y mejorar la calidad del pensamiento estratégico.

CREAR HISTORIAS ACERCA DEL FUTURO

Los escenarios son narraciones que describen caminos alternativos hacia el futuro. Son futuros posibles que proyectan una gama de resultados, basados en hipótesis plausibles y les permiten a las personas imaginar lo que puede ocurrir. No predicen lo que va a suceder, pero sí permiten entender mejor a partir de hoy lo que puede suceder mañana.

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La técnica de los escenarios es una herramienta que estimula el debate sobre el futuro, facilita la conversación sobre lo que está pasando y puede ocurrir en el mundo que nos rodea y permite tomar mejores decisiones sobre lo que debemos hacer o evitar. Ofrece un camino muy útil para la planeación estratégica e identifica lo que debe hacerse para lograr un resultado deseado.

Los escenarios son útiles porque evitan que los hechos nos tomen por sorpresa, ponen en tela de juicio las predicciones convencionales sobre el futuro, permiten reconocer los signos de cambio y dan bases para evaluar la sustentación de estrategias bajo diferentes circunstancias.

No existe ninguna metodología estandarizada para desarrollar escenarios; es un proceso que aprovecha los conocimientos y creatividad de los participantes, y al desarrollar sus habilidades para entender el presente, identifican los elementos predecibles del futuro, sus principales incertidumbres y los caminos factibles hacia el mañana, tomando en cuenta interpretaciones divergentes.

La planeación por escenarios ofrece las siguientes ventajas que la convierten en un método apto para la reflexión y para mejorar la calidad del pensamiento:

Se centra en el futuro y no en el pasado o en el presente, donde normalmente se han concentrado los debates, dando lugar a la recriminación y a las denuncias y no a la búsqueda constructiva de alternativas.

Analiza lo que puede pasar, no lo que debe o se quiere que suceda. No es ni un proceso de paz ni una negociación porque no se generan compromisos ni ataduras. Esto permite expresar y analizar ideas en un ambiente más libre y creativo.

DESTINO COLOMBIA: UNA MIRADA AL FUTURO

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Su propósito fundamental es lograr que los colombianos tomen más conciencia de la posibilidad de modificar sustancialmente el rumbo de la nación, y reconocer que el futuro es el producto de las acciones y decisiones que tomemos hoy, como instituciones y como personas, en los ámbitos nacional y local.

El ejercicio de planeación por escenarios realizado por Destino Colombia, plantea cuatro futuros posibles para los próximos dieciseis años, partiendo de una reflexión, crítica sobre la situación actual. Se busca con estos escenarios, contribuir a que los colombianos tengan mayor claridad sobre el futuro, que analicen cómo y en qué medida están contribuyendo a la definición de uno u otro rumbo, de qué manera deben orientar su pensamiento y actividades, y cuáles son las acciones que deben promover y cuáles no, para asegurar un mejor futuro para todos.

EL PROCESO

En el primer semestre de 1997 un grupo de empresarios convocó a 43 colombianos, representativos de la hetereogeneidad nacional para que en el Recinto de Quirama, durante tres talleres que duraron catorce días, se imaginaran cuáles podrían ser los rumbos que tomaría Colombia en los próximos dieciseis años y las consecuencias de cada uno de esos caminos. La dirección técnica del proyecto estuvo a cargo de Adam Kahane, del Centre for Generative Leadership, experto canadiense que ha orientado los procesos en Suráfrica, Canadá, Japón y Chipre.

La primera fase de Destino: Colombia consiste en la elaboración de los escenarios; la segunda tiene como objetivo su divulgación y el análisis y debate, entre todos los colombianos, sobre los posibles rumbos que puede tomar el país. A la luz de los resultados de este proceso de reflexión sobre el mañana, el Grupo Promotor de Destino: Colombia propiciará la construcción de una visión compartida de país.

El proceso de construcción de los escenarios se llevó a cabo en tres etapas. La primera, llamada de divergencia, consistió en escuchar las diferentes posiciones que los asistentes tenían sobre los retos que enfrentaba el país.

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En la etapa siguiente se amplió el conocimiento del grupo a través de expertos nacionales e internacionales en diversos temas relacionados con el país y su entorno y finalmente, en la tercera etapa, se hizo un proceso de convergencia que partiendo de un número amplio de alternativas concluyó con los cuatro escenarios futuros , que fueron juzgados como los más relevantes, novedosos y sustanciales.

Lo valioso del proceso fueron los acuerdos en medio de las divergencias. Se entendió que existen formas muy diferentes de percibir lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Era la primera vez que un grupo tan disímil se escuchaba entre sí; primaron el respeto y la tolerancia para aceptar y valorar las ideas del otro, lo que permitió concluir que se puede llegar a acuerdos sin ceder en principios, y que todos, con humildad podemos aceptar que se necesitan grandes mejoras y profundos cambios para lograr el bien común. Este espiritu de lo que fué Quirama está reflejado en las reglas del juego que el Grupo se impuso a sí mismo, las cuales permitieron lograr uno propósitos fundamentales del ejercicio: mejorar la calidad de la conversación.

• Expresar las diferencias, sin ironías. No estigmatizar. No personalizar • Sinceridad. Presumir la buena fe en los demás. • Tolerancia • Disciplina, puntualidad. • Respeto al uso de la palabra. • Concretar, no repetir ideas. • Disposición a aprender. • Confidencialidad y discreción en el uso de las opiniones ajenas. • Voluntad de “borrar”. • Divulgación de propuestas con base en acuerdos o concertación. • Tener disposición para el consenso. • Llamar las cosas por su nombre.

Esta fase del ejercicio - Elaboración de los escenarios para Colombia, fue financiada en su totalidad por el sector privado colombiano. La segunda fase - Divulgación y debate de los resultados, cuenta adicionalmente con apoyo internacional y de agencias multilaterales.

¿CUAL ES EL SUEÑO?

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Que los colombianos nos sumemos a esta reflexión, que nos sintamos responsables del futuro, que desde cada uno de los espacios de poder, por simples y cotidianos que parezcan, hagamos esta apuesta, con el corazón, con la mente, con humildad y con fuerza para demostrarnos cómo sí es posible tener el país que nos merecemos; para dejar a nuestros hijos una nación en la que sea posible ser libre, productivo, feliz; para demostrarle al mundo que tenemos mucho qué aportar y para que, unidos en un trabajo arduo y constante, podamos construir la Colombia que queremos.

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R e f l e x i o n e s

Los escenarios que se presentan a continuación son narraciones cuyo lenguaje y contenido sencillo tienen como finalidad estar al alcance de todos los colombianos, no importa el grado de escolaridad, edad e ideología, porque el futuro lo construimos entre todos.

Destino Colombia identificó los siguientes cuatro escenarios que esperamos sirvan para desatar en el país una nueva actitud e interés por nuestro futuro a largo plazo. Aspiramos que los colombianos piensen en nuevos rumbos o alternativas,y que al utilizar la herramienta de los escenarios se trate de anticipar e imaginar futuros posibles y de establecer sus implicaciones y consecuencias.

Buscamos que cada lector vaya más allá de la simple lectura de los escenarios y que mientras se va compenetrando con cada uno de estos futuros posibles tenga en mente las siguientes reflexiones:

1. Cuáles serían los costos y los beneficios de cada escenario:

• para el país

• para usted a nivel personal

• en su trabajo

• para su familia

2. Con sus acciones y decisiones hoy, cuál está ayudando usted a construir?

3. Cúal le gusta? Cúal le disgusta? cómo los modificaría?

4. Qué otros escenarios ve usted posible para Colombia?

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AMANECERÁ Y VEREMOS

El país se hundió en el caos. La falta de decisión para enfrentar los cambios necesarios nos había dejado sin capacidad de reacción porque lo peor que se puede hacer es no hacer nada!

MÁS VALE PÁJARO EN MANO QUE CIENTO VOLANDO

Bajo la presión de los actores armados y tras diez años de desangre,el Estado y la sociedad decidieron que había llegado la hora de dialogar y llegar a acuerdos serios . En vez de perderlo todo, todos ganaron algo , porque es mejor algún arreglo que un mal pleito.

TODOS A MARCHAR!

Para reconstruir una nación rota y zurcir las rasgaduras hechas al tejido social del país,y ante la frustración de otros intentos para alcanzar la paz , se instauró un mandato firme para poner orden al caos institucional..

LA UNION HACE LA FUERZA

Desde la base social se inició un esfuerzo que se tradujo en profundos cambios en la mentalidad individual y colectiva, se trataba de modificar una vieja manera de ser, gran causa de nuestros males, la inclinación a trabajar divididos; descubrimos nuestro verdadero recurso, el que logran el respeto de las diferencias y la fuerza de la unión.

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PRIMER ESCENARIO

AMANECERA Y VEREMOS

El cansancio, la pereza o la incapacidad para enfrentar los problemas se justifican con el "amanecerá y veremos." La oscuridad se convierte en un pretexto para el sueño y la inacción, pero la claridad del amanecer no garantiza la llegada de las decisiones sino un nuevo plazo para el azar. Ante las crisis del país esa confianza irracional en los desenlaces imprevistos y milagrosos, ese recurso a las soluciones a medias y esa generalizada actitud de dejar para después las acciones de fondo, han llegado a convertirse en una alternativa colectiva. Ante la magnitud y multiplicación de sus problemas, Colombia parece decir, "amanecerá y veremos."

Es una actitud que produce unos altos costos difíciles de explicar y de justificar ante las generaciones futuras y aún ante las de hoy. Sin embargo lo intenta un testigo calificado de la época del "amanecerá y veremos" y en esta carta registra las razones y expectativas de los que., como dirigentes se acogieron a esta norma de conducta. Es una carta que busca la comprensión y un benévolo juicio de los críticos de hoy y del futuro.

"Estábamos contra la pared y en un estado de ánimo parecido a una fatigada resignación. Desde luego, no era la primera vez que nos arrinconaba una crisis. La que teníamos delante parecía la monótona repetición de los conflictos resueltos a medias desde el nacimiento de Colombia como nación. En los últimos tiempos se había intentado todo para detener el conflicto armado pero, por el contrario, los agentes armados habían incrementado sus frentes y las cifras de muertes violentas habían aumentado escandalosamente. Desalentados, después de 40 años de una guerra inútil, los expertos concluyeron que en lo militar se había llegado a un empate de fuerzas y en lo político ninguna negociación había dado resultado. Como en un hospital de guerra, en el que las urgencias se atienden una a una a medida que surgen, los gobiernos se limitaron a resolver los problemas de cada día y desechó las soluciones ambiciosas y en profundidad. Así, a lo largo de varios años se produjeron hechos como estos :

Las negociaciones regionales con la guerrilla en las que se llegó a acuerdos limitados que aliviaron temporalmente las presiones de la subversión y de la población, pero que en la realidad fueron concesiones parciales de poder y de

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territorio.

Los arreglos acomodaticios con los grupos de presión en los que, a cambio de una paz pasajera, se cedió un poco cada vez. Esa política fue la que se mantuvo a lo largo de varios períodos presidenciales y la que ocasionó una pérdida de autoridad y una multiplicación de las demandas y de los conflictos.

En efecto, el manejo del poder para beneficio de pocos, la evasión escandalosa de impuestos, la complicidad con la corrupción y el tráfico de influencias, la impunidad lo mismo que las ocupaciones, los bloqueos de vías y de lugares públicos en todo el país, se convirtieron en los instrumentos preferidos para obtener toda clase de reivindicaciones, generaron el desorden y el caos.

Ese desorden y caos y la creciente incapacidad del gobierno central para enfrentar las causas de los problemas, debilitaron los vínculos de los municipios y de los departamentos con el poder central. Todos llegaron a pensar que les iba mejor solos que mal acompañados.

Cuando nos dimos cuenta ya se habían producido hechos tan graves como estos:

A fuerza de transar nos habíamos quedado bajo la ley del más fuerte, o sea, de los que más presionaran, sin normas, sin autoridad y sin controles.

En las negociaciones con unos y con otros se habían afectado los fondos públicos, el patrimonio de la gente y sobre todo, la autoridad, la democracia y la equidad.

Y los gobiernos debilitados, habían tenido que acogerse a la práctica común de comprar respaldos y adhesiones con la concesión de privilegios y favores, a un enorme costo.

El más alto costo lo impusieron los sectores de mayor influencia, que concentraron así poder y riqueza y aumentaron las desigualdades y fomentaron la corrupción.

Esta debilidad de los gobiernos, el poder de los corruptos y la ineficiencia administrativa del gobierno central convencieron a las regiones y a los municipios para exigir mayores transferencias y montar sus propios sistemas de salud, de seguridad, de justicia y de educación. Cada uno organizó sus finanzas y su

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régimen tributario para suplir las deficiencias del gobierno central. Cuando el desorden pareció generalizarse e institucionalizarse, la autonomía local y regional se convirtió en una garantía para sobrevivir que, sin embargo anarquizó y fragmentó al país. A cambio de una transitoria supervivencia, se había puesto en peligro la unidad nacional.

Todo este desorden finalmente tocó la vida cultural, la social, la ética y la misma economía. El desbarajuste fiscal había golpeado severamente la economía. No había garantías ni seguridad para invertir y producir. Cuando faltaron inversiones suficientes en la industria petrolera y se intensificó la presión guerrillera sobre torres de energía y sobre la infraestructura vial y férrea, así como sobre oleoductos y campos de producción, terminó el autoabastecimiento petrolero y se sintió, más que nunca, la presión sobre la economía. En extensas y ricas regiones sometidas a la influencia de los grupos armados, se redujo la inversión y se incrementó el desempleo con una sensible disminución del bienestar de la población.

La corrupción generalizada y la crisis económica influyeron en la situación financiera de las empresas e inspiró un colectivo " sálvese quien pueda" que los narcotraficantes aprovecharon para darle a sus dineros una cierta legitimación, mientras algunos empresarios y capitales legítimos huían hacia el exterior. La depredación de los bosques provocada por los cultivos de amapola y coca, puso a Colombia en la mira de las entidades internacionales defensoras de la ecología, que promovieron el aislamiento del país

Estas estrecheces y problemas de la economía golpearon a los más débiles y multiplicaron los problemas sociales.

El gobierno aprovechó esos problemas para hacer una política populista y de soluciones inmediatas que dejaron satisfechas, por el momento, a las personas y entidades que reclamaban soluciones urgentes para la población, pero a mediano plazo los problemas reaparecieron agravados.

Fueron soluciones transitorias que se desarrollaron con el apoyo de algunos organismos internacionales con los que se firmaron compromisos efímeros y débiles de protección a la infancia, alimentación, empleo, agricultura, reforma agraria, educación o derechos humanos. Pero en ningún caso hubo una solución de fondo, apenas si programas para atender los problemas del momento. Así se comprobó cuando las estadísticas mostraron el crecimiento de los niveles de

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pobreza absoluta que en los años 70 eran del 45% y llegaron a elevarse hasta el 60%

Un deterioro de esta magnitud encendió las luces de alarma en la comunidad internacional. Colombia dejó de cumplir como socia comercial y dejó de hacerle honor a su palabra como signataria de acuerdos. Episodios de nuestra vida interna como las detenciones de personas sospechosas de vinculación con la subversión o la muerte de campesinos fuera de combate, o la desaparición de sindicalistas o de militantes de izquierda bajo la responsabilidad aparente de miembros de los cuerpos de seguridad, se convirtieron en asuntos de las agencias internacionales por su relación con los Derechos Humanos. De ahí siguieron las acciones de censura y de aislamiento que empeoraron aún más el prestigio del país.

No fue casual que, al mismo tiempo se reavivaran antiguos conflictos fronterizos. Estábamos proyectando hacia nuestros vecinos una imagen de debilidad institucional y de gobierno que nos hizo vulnerables como lo habíamos sido a comienzos de siglo al perder a Panamá y que, un siglo después, nos ponía en el peligro de perder a San Andrés y Providencia. Esos conflictos se agravaron, además, porque hacia las fronteras afluyeron los grupos de desplazados y corrientes de migrantes ilusionados con la posibilidad de una vida mejor en los paises vecinos.

Todos estos factores, como afluentes de un gran río, fueron a engrosar el caudal de la violencia. Se había perdido la fuerza de la ley y había aparecido, para sustituirla, la ley de la fuerza. La ciudadanía optó por armarse y por crear sus grupos de autodefensa. Las cifras de homicidios se elevaron a niveles inimaginables por cuenta de la práctica de la justicia privada y de la multiplicación de personas armadas en todo el país.

Los frentes guerrilleros que, entre 1978 y 1994, habían crecido de 14 a 105, y que en diez años habían aumentado su presencia de 173 a 600 municipios, continuaron imponiendo su ley y agravando su confrontación con las Fuerzas Armadas y las autodefensas, empeñadas en disputar a sangre y fuego el dominio de esos territorios. Así se llegaron a registrar tasas de homicidios del 120 por 100 mil habitantes, que equivalen a 5 veces la de Brasil, y 6 veces la de México.

En río revuelto, ganancia de pescadores: el narcotráfico aprovechando el desorden institucional, continuó corrompiendo con su dinero múltiples instancias de poder o sacando de su camino a todos los que interferían, para convertirse en

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la razón fundamental del descrédito de Colombia ante el mundo.

Fue un proceso de desmoronamiento que transcurrió casi insensiblemente porque se cumplió constante y gradual durante varios años sin que lo registrara la sensibilidad de los colombianos, anestesiados por la multiplicación de sus tragedias.

Y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Habíamos perdido unos

preciosos años, sin saberlo, habíamos copiado la historia vivida, y en parte ya

superada, por otros paises del continente; respecto de ellos y de nuestros vecinos

teníamos un atraso de 20 años y le estábamos dejando a las generaciones que

vendrán, una herencia de errores y de tareas como la de acelerar el retrasado reloj

de nuestra historia. La falta de decisión para enfrentar los cambios necesarios nos

había dejado sin capacidad de reacción, porque lo peor que se puede hacer es no

hacer nada."

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SEGUNDO ESCENARIO

"MÁS VALE PÁJARO EN MANO QUE CIENTO VOLANDO"

Ante la posibilidad de perderlo todo,por la violencia del conflicto armado, el país resolvió que al menos una parte se podía salvar. Esa fue la tarea que se impusieron el gobierno y la sociedad civil al aceptar las demandas de los grupos armados para ir a la mesa de negociaciones según sus condiciones. Finalmente, ni unos ni otros obtuvieron todo cuanto esperaban ganar. Pero mirado el asunto desde otro ángulo, tampoco perdieron todo, que era lo que muy probablemente podría suceder. Fue una solución que se apoyó en ese sentido de las realidades concretas que se expresa en el refrán popular: más vale pájaro en mano que ciento volando.

Si uno de los protagonistas de esas conversaciones, 16 años después hubiera tenido que describir en unas memorias los motivos, los alcances y las consecuencias de los acuerdos logrados, habría llegado a estas ineludibles reflexiones y recuerdos.

"Bajo la presion de los actores armados, el Estado y la sociedad sacamos bandera blanca después de una sucesión de enfrentamientos que dejaron al país convertido en un desolado campo de batalla. Entre los colombianos se extendió el sentimiento de que durante 50 años se había librado una guerra que nadie podría ganar y en la que todos estaban perdiendo.

Ante el mundo, las organizaciones internacionales habían condenado a Colombia por la violación de los Derechos Humanos y por el incumplimiento de sus compromisos con el Derecho Internacional Humanitario. Las Fuerzas Armadas, desmoralizadas, comenzaban a dar síntomas inquietantes de anquilosamiento y de corrupción, como el resto de las instituciones, mientras los civiles comprobaban que ellos eran los grandes perdedores en la guerra, por el número de muertos y por el impacto negativo y paralizante de la violencia en la vida nacional. Esa sociedad y ese Estado, así arrinconados, tuvieron que aceptar, a pesar suyo, que había llegado la hora de dialogar, por la razón o por la fuerza.

Cuando se propuso el diálogo, nadie creyó que iba a ser fácil. La guerrilla exigió el

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despeje de algunos municipios del país y rechazó la posibilidad de sentarse a la mesa con las autodefensas; estos grupos armados, a su vez, exigieron garantías de la voluntad de paz de la guerrilla y parte de la opinión pública, estimulada por algunos medios de comunicación, reclamó medidas de fuerza y un ejercicio vigoroso de la autoridad, rechazó cualquier clase de concesión o de acuerdo, consideró inaceptable que al guerrillero se lo tratara como negociador y calificó los arreglos como una derrota y una debilidad, y no como una posibilidad de paz. Otro sector de la opinión, en cambio, vio los diálogos como una salida ; quiso que cesaran los enfrentamientos y entendió que para una paz duradera se requerían concesiones económicas y políticas que modificarían, necesariamente las relaciones de poder y construirían un nuevo marco institucional.

Esos sectores, enfrentados en una ardiente pugna verbal, bajaron el tono cuando cinco años más tarde se hicieron posibles los acuerdos que generaron una tregua. A partir de ahí siguió un proceso largo, con una agenda extensa y con propuestas polémicas como la de reunir una nueva Constituyente y la de constituir un nuevo gobierno con participación de la insurgencia. El gobierno, puesto entre la espada de los insurgentes y la pared de una opinión pública desconfiada y exigente, presionado por la realidad insoslayable de una economía golpeada y en crisis por la multiplicación de los atentados y emplazado por la opinión pública internacional y por agentes de otros gobiernos, optó por transar. Asi se abrió el paso para cambios tan drásticos como una Constituyente, un gobierno de coalición y cambios significativos en los distintos campos de la vida nacional. Fueron medidas que tuvieron un impacto significativo en la vida del país y que generaron altos costos.

Fue evidente, desde el principio, que todos los interlocutores se sentían en la obligación de concluir las negociaciones, por eso acordaron que ninguna de las partes abandonaría la mesa hasta agotar la agenda y llegar a un acuerdo razonado y razonable. Esto los predispuso a hacer concesiones.

Las dificultades se sortearon con la ayuda de los mediadores internacionales y de los expertos en solución de conflictos. Se logró la presencia y la participación de todos los actores armados, guerrilleros, autodefensas y junto a ellos, como asesores y testigos, los delegados de las Fuerzas Armadas. Fue un proceso con significativos costos que implicaron reformas en el campo, en las ciudades y en los sistemas tributarios y una mayor presencia del Estado en la dirección de la economía...

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Este hecho le abrió el paso a otros dos acontecimientos : la convocatoria de una Asamblea Constituyente que consagró las reglas de juego exigidas por el nuevo pacto político, que incluyeron beneficios legales de perdón y olvido para los alzados en armas, y un gobierno de coalición con una activa participación de la guerrilla.

Estos hechos provocaron una reacción de rechazo de parte de sectores de la población que consideraron esas condiciones como una rendición y una entrega, y como un costo excesivo del proceso de paz y se convirtieron en fuertes opositores de estos acuerdos.

Esos opositores ya se habían manifestado como reacción a la baja de los indicadores de la economía. Los acuerdos de paz plantearon inicialmente el costoso reto de adelantar las reformas agraria y urbana y de reconstruir la infraestructura productiva del país, estancada en unos casos, o severamente deteriorada por la guerra en otros. Esos costos se elevaron cuando se acometió la tarea de reintegración de un millón de desplazados. Garantizar su seguridad, la propiedad de sus tierras, la comercialización de sus productos y la prestación de servicios básicos de educación y salud para todos ellos fue una gestión a la vez costosa y impostergable. Entre las medidas que se adoptaron para corresponder a estos requerimientos, estuvieron estas:

La adopción de un sistema mixto, estatal-privado- solidario, en que la iniciativa privada asumió la prestación de algunos servicios que el Estado no podía tomar por su cuenta de modo eficiente.

El diseño de un estado con capacidad de gestión suficiente para convertirse en árbitro eficaz de la relación capital-trabajo.

La promoción de una justicia eficiente para enfrentar elevadas tasas de criminalidad, intensificadas como consecuencia del conflicto y de la transición de antiguos guerrilleros a la vida civil y un régimen de justicia con ingerencia de exguerrilleros que actuaron como jueces de paz en las regiones en donde habían consolidado su influencia...

Una vez culminada la negociación, la economía empezó a mostrar leves signos de recuperación con un crecimiento económico lento, aunque el impacto en lo político y en la economía había sido fuerte y de altos costos, la acción más urgente se impuso en lo social. Y fue comprensible, había demasiadas

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necesidades insatisfechas y un cúmulo de problemas sociales resueltos a medias, que fueron el caldo de cultivo para la generación de una nueva violencia. Por eso hubo que gestionar, por parte del Estado, una provisión directa de servicios de educación y salud a los sectores más pobres de la población..

También se asumieron los costos de una política de redistribución de la riqueza, que implicó reformas en materia de impuestos, de salarios, de seguridad social y de acceso a la propiedad rural y urbana

Otra clase de costos fue la que se asumió para garantizar una democracia más participativa: la reforma de los partidos y la activación de los instrumentos de participación ciudadana previstos en la Constitución de 1991 y reforzados en los proyectos de la nueva Constitución. Fueron reformas de alto costo económico, social y político que hicieron parte de los acuerdos.

Mientras tanto la opinión internacional pasó del estupor con que contempló a Colombia como un caso perdido cuando la guerra llegó a sus más altos niveles de crueldad, a la expectativa que crearon el comienzo de los diálogos y la participación de los mediadores internacionales, a una acción de respaldo que, finalmente, se tradujo en una significativa presencia de la representación internacional y en una calificación favorable del país en materia de derechos humanos.

En efecto, la causa de las descalificaciones , originada en la confrontación gobierno –insurgencias,desapareció al iniciarse el proceso de los acuerdos. Los abusos de los grupos armados disminuyeron hasta desaparecer, el número de muertos -debido a estos conflictos- se redujo hasta llegar a las cifras normales en tiempos de paz y, como consecuencia de la recuperación del orden, el narcotráfico quedó más expuesto al control de las autoridades.

Hoy, pasados esos años tormentosos de graves decisiones, hay que reconocer que, en vez de perderlo todo, todos ganaron algo cuando le aplicaron al pésimo pleito que destruía al país, la sabiduría de aquella conocida sentencia que reza, es mejor algún arreglo que un mal pleito."

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TERCER ESCENARIO

TODOS A MARCHAR

PARA RECONSTRUIR UNA NACION ROTA Y ZURCIR LAS RASGADURAS HECHAS AL TEJIDO

SOCIAL DEL PAIS Y ANTE LA FRUSTRACIÓN DE OTROS INTENTOS PARA ALCANZAR LA

PAZ,SE INSTAURÓ UN MANDATO FIRME PARA PONER ORDEN AL CAOS INSTITUCIONAL.

Si un hombre de la generación que optó por esta alternativa, tuviera que explicarle a su hijo los costos y logros de esta fórmula de solución, tendría que hacerlo en estos o en parecidos términos.

UN PAÍS OCUPADO

"Tras el fracaso de los acuerdos de paz,nuestra esperanza se concentró en un gobernante que tuviera la energía y la imaginación suficientes para aplicar medidas extraordinarias a una situación que no tenía nada de ordinaria, como verás. Colombia tenía todo el aspecto de un país ocupado por fuerzas no previstas en nuestras normas constitucionales. Las ramas del poder público sin autonomía, porque estaban presionadas por el miedo, el chantaje y la corrupción, los narcotraficantes imponían su ley y sus negocios, la subversión avanzaba en dominio territorial y en acumulación de recursos económicos y de armas, los grupos de autodefensa, cada vez más fuertes sostenían una guerra por el territorio, palmo a palmo, las Fuerzas Armadas estaban desmoralizadas, los programas para combatir la corrupción habían fracasado, mientras ascendían los índices de pobreza y de desempleo y la crisis fiscal se hacía más profunda.

Observando este panorama de desolación y de desaliento, pensamos que la solución estaba en un gobernante que pusiera al país a marchar. Y eso fue lo que hicimos.

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Encontramos un líder que, desde la presidencia , y ante los repetidos fracasos, le impuso un límite a los derechos fundamentales, amplió el pie de fuerza del ejército y de la policía, fortaleció la economía y la institución de los militares y levantó todas las restricciones legales y constitucionales que ataban las manos de las fuerzas armadas.

Esas medidas provocaron reacciones inmediatas en el interior y en el exterior del país. En nombre de los Derechos Humanos se condenó la licencia de inhumanidad que, según los organismos especializados, se le había otorgado a las Fuerzas Armadas. Tras las protestas llovieron las sanciones y comenzó un proceso de aislamiento internacional.

Golpeados militar y financieramente, los grupos armados disminuyeron sus acciones y comenzaron a considerar propuestas de diálogo. Las medidas de estímulo para la economía y para el sector productivo, unidos a los triunfos militares, le aseguraron al presidente un segundo período, autorizado por una oportuna reforma constitucional.

En ese segundo gobierno, la guerrilla derrotada y las autodefensas desmovilizadas fueron objeto de distintos tratamientos y la economía empezó un período de recuperación. Al mismo tiempo se agudizó el crecimiento de la tensión social. Esto le dió un final lánguido a este segundo gobierno, al que tendrían que seguir otros períodos presidenciales dedicados a trabajar por un equilibrio de lo social, por la recuperación del tiempo perdido para el país y por la revitalización de las relaciones internacionales.

Los actos de autoridad provocaron en una parte de la población una sensación de seguridad y de confianza, pero en otros grupos comenzaron a gestarse movimientos de oposición como reacción a las limitaciones impuestas a las libertades políticas, a la eliminación de los grupos de izquierda y a la persecución a todo aquel que expresara inconformidad con el régimen.

Regiones y localidades en los que se había comenzado a construir una tradición de autonomía y de poder local, se opusieron a la acentuación del poder de la capital, y los sectores populares, afectados por las medidas económicas y por el aumento del desempleo, hicieron más fuertes los grupos de oposición. Así llegó a conformarse un movimiento sólido que alimentó su inconformidad con la imagen negativa del país en el exterior, con los rezagos de la violencia política, con las sutiles pero efectivas formas de censura de prensa, con la apelación constante al

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estado de emergencia, con la negación sistemática de garantías ciudadanas como el habeas corpus y con los altos costos de los cuerpos de seguridad..

Esos altos costos afectaron asuntos vitales como la educación y la salud, que tuvieron presupuestos recortados mientras duró la alta prioridad concedida a la dotación militar.

El capital fue favorecido con bajos impuestos, con iniciativas de privatización y con políticas que les dejaron un libre juego exclusivamente a las fuerzas del mercado. Así se llegó a un sistema económico privado, con muy pocas regulaciones para la actividad de las empresas privadas y con el Estado como gran promotor del libre mercado y de la iniciativa de empresarios e industriales. En estas condiciones la economía alcanzó elevadas tasas de crecimiento, pero se mantuvieron diversas tensiones sociales debidas a la brecha entre las distintas clases sociales.

Por eso los signos de lo social no fueron alentadores. La política social fue de coyuntura. El gobierno respondió a las presiones y a las necesidades del momento, con medidas transitorias y paternalistas que no cambiaron las estructuras de la sociedad

La mala imagen internacional fue parte del costo que el país tuvo que pagar por esta política de mano dura, que suspendió la vigencia de los Derechos Humanos durante la ofensiva militar. Ya antes el narcotráfico y la violencia habían deteriorado la imagen del país y ahora se agregaron las medidas del gobierno que provocaron la reacción de las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, de la Unión Europea, del Senado y el Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la OEA que denunciaron y propusieron medidas que ocuparon a los mejores funcionarios de la cancillería años después, en una paciente y hábil campaña diplomática para obtener, como en efecto se obtuvo, la reconciliación del país con la comunidad internacional. Mucho más, cuando las acciones del orden y de cumplimiento de la ley, permitieron que se combatiera decidida y frontalmente el tema del narcotráfico.

Al final se mantuvieron en Colombia la fiscalización y el control internacionales en materia de Derechos Humanos.

Miradas a distancia, las acciones que emprendimos fueron la única respuesta que consideramos posible para los enormes males que estábamos padeciendo. Fue una solución con grandes costos, que tuvimos que asumir como pago de los numerosos errores y omisiones en que

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habíamos incurrido. Para reconstruir una nación rota y zurcir las rasgaduras hechas en el tejido social del país, resultó inevitable que nos pusiéramos todos a marchar.

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CUARTO ESCENARIO

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Colombia empezó a abrir caminos, a construír aeropuertos y estadios, barrios, acueductos y alcantarillados, escuelas, iglesias, y centros de salud con la unión de los esfuerzos de distintos grupos en el campo y en las ciudades. Es una práctica enraizada en la cultura popular que cada vez comprueba que hay una fuerza en esa aceptación de los otros como son, con sus diferencias porque estas son riquezas que se ponen en común y que le dan solidez a la vida de la sociedad. También han descubierto los colombianos en estas tareas comunes, que los intereses compartidos y las tareas que se cumplen con el concurso de muchas manos, los fortalecen, porque más que las armas, o el dinero, o las leyes, a las sociedades les dan vigor los sueños, los trabajos y los logros puestos en común. Así lo han demostrado las reformas sociales y políticas y algunas de sus mejores realizaciones. Esas experiencias son las que aconsejan volver a la sabiduría de la organización y de las prácticas tradicionales en las que, en vez de la sola fuerza, se aprovechan todas las posibilidades de la fuerza de la unión.

Al final de sus años uno de los participantes en la abrumadora movilización social que se desató a finales del milenio, recogió los recuerdos de la etapa que llamó la más memorable de su vida, porque había representado para él y para el país la demostración de las posibilidades de la unión como fuerza.

"Esa protesta contra la violencia y la guerra, contra atrocidades como los asesinatos y masacres, los secuestros y desapariciones, contra el desplazamiento forzado de pobladores, al principio inspiró movimientos instintivos y desarticulados que, después, comenzaron a buscar cauce."

Los paises que habían respaldado los esfuerzos en busca de una salida, estimularon las actividades que se emprendieron en busca de una organización de la sociedad civil. Se llegó a una organización autónoma en unidades regionales y locales que tuvieron el propósito único de construir la paz, recuperar la economía local y moralizar los sectores público y privado.

Al mismo tiempo continuó el proceso de las comunidades y territorios de paz. Fueron grupos de vecinos, en centros de estudio o de trabajo, en municipios

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enteros, los que se fueron comprometiendo en zonas urbanas y rurales con acciones concretas de convivencia pacifica y con obras para el bienestar. Grupos de campesinos, atrapados entre el triple fuego de guerrilleros, autodefensas y militares, proclamaron una neutralidad activa en el conflicto o simplemente exigieron el respeto a la independencia e inmunidad de la población civil, acogiendo los convenios sobre derecho internacional humanitario. En los principales centros urbanos y en pequeños municipios como había ocurrido en La India, una vereda del municipio de Cimitarra en Santander, los ciudadanos se organizaron para defender su derecho a la paz y para cumplir sus deberes como constructores de justicia social. Asi lograron convertirse en grupos de presión para la disminución de la violencia y el fin de los enfrentamientos armados y al mismo tiempo para controlar en mejor forma la gestión publica. Los gobiernos obrando con realismo político decidieron apoyar ese movimiento y, dentro de un estatuto de autonomía política, le dieron un eje y lo preservaron de la anarquía.

Los actores armados generaron altos niveles de violencia al comienzo, pero el rechazo creciente de los ciudadanos ante cualquier acto de guerra o atrocidad, produjo un cambio de estrategias, las iniciativas de contenido político reemplazaron a las de inspiración militar.

La intensificación de la participación y la organización de ciudadanos de base cada vez más solidarios, fue erosionando a nivel local el sentido real de todo tipo de lucha armada y las prácticas políticas convencionales. Las luchas político ideológicas locales - las armadas y las no armadas, fueron cediendo el terreno en favor de respuestas concretas a las necesidades más urgentes de las comunidades. La influencia del dinero del narcotráfico fue atenuándose con acciones de lucha contra el narcotráfico, a medida que la moralización de la vida local se fue consolidando. Ya hacia el final de este proceso de robustecimiento de la sociedad civil, fue notoria la fuerza de unas organizaciones ciudadanas fuertes en muchas regiones del país. También fue notable la aparición de gobiernos locales que, bajo la presión ciudadana y con el apoyo de grupos opuestos al sistema derrotaron la corrupción y se comenzó a construir un país distinto.

La vida política tuvo un cambio lento. Fue necesario vencer el temor que tenían los ciudadanos comunes de constituirse en actores políticos y superar la sospecha que esto generaba en el resto de la población. Cuando grupos de la sociedad civil se organizaron, buscando representatividad en los cargos públicos, fueron acusados de querer repetir los modelos desgastados de hacer política. También hubo líderes políticos que quisieron tomarse esos movimientos sociales

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unificadores, para convertirlos en sus banderas personales.

Sin embargo, el esfuerzo dio sus frutos y la sociedad civil pudo contar con un gobierno legítimo que representara sus intereses. La presión ciudadana, aceptada como mandato ineludible en los más altos niveles, indujo formas nuevas en la administración pública y en la organización de los partidos y generó una nueva clase de liderazgo. Lo mismo sucedió en las relaciones con los actores armados, los acuerdos no fueron el resultado de una intimidación sino de una intensa gestión y participación de la ciudadanía. El clientelismo tradicional de la política fué arrinconado cuando las organizaciones ciudadanas de las regiones y de los municipios hicieron sentir su presencia y su presión.

Se lograron efectivos pactos de paz que ayudaron a asumir los retos de reconstrucción nacional y a responder al acumulado histórico de problemas agrarios, sociales y de organización institucional. Se fortaleció la democracia participativa y de solidaridad . Para los partidos como para las organizaciones sociales llegó a ser claro que su supervivencia dependería de su capacidad para ajustar su paso y sus actividades a los de una ciudadanía activa, organizada y cada vez más educada.

Esa participación ciudadana en los asuntos públicos redujo las tensiones en las conversaciones del gobierno con los movimientos armados y obtuvo acuerdos favorables para la población. Se multiplicaron las organizaciones sociales y de liderazgo cívico. Se fortalecieron los sindicatos, las agrupaciones de campesinos, indígenas y mujeres, las ONG y las asociaciones de empresarios.

La dinámica impuesta por la presencia ciudadana , fundamentada y enriquecida por un proceso educativo integral, repercutió en la economía y generó un sistema mixto con peso dominante de la empresa privada y solidarial, y con una eficiente interacción del Estado para garantizar la mayor competencia, la competitividad, la redistribución y la equidad. El Estado, bajo la influencia de organizaciones civiles, garantizó y reglamentó la provisión eficiente de bienes y servicios con enfásis en la educación para los sectores sociales menos favorecidos . Estableció unas relaciones económicas y de participación entre el capital y el trabajo.

Los acuerdos restablecieron la confianza y, en consecuencia, el pais pudo aprovechar en forma eficiente y sostenible sus recursos naturales. Se logró un

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ajuste fiscal. Los capitales que, en los primeros años, se habían ido al exterior, comenzaron a retornar.

Restablecida la confianza de la sociedad y garantizada la seguridad de inversionistas y empresarios, los indicadores de la economía tuvieron una previsible evolución positiva y retornaron a las tendencias de largo plazo que habían tenido antes de la intensificación del conflicto armado.

Al fortalecer efectivamente las regiones cambió lo social y que se puso en marcha el proceso para hacer un Estado descentralizado con participación de la comunidad. El efecto más visible de esa dinámica fue la participación creciente de la ciudadania en los asuntos públicos. Se llegó a entender que la preservación y defensa de lo público tiene que ver con la paz, y el resultado fue la puesta en marcha de una política social , que permitió ampliar gradualmente el acceso de la población a la educación y los demás servicios.

El interés internacional comenzó cuando la ciudadanía irrumpió en masivos pronunciamientos a favor de la paz y en respuesta a cada acto atroz , exigiendo el respeto a los derechos humanos y el fin de los conflictos armados. El repudio ciudadano a la narcoeconomía y a la narcopolítica contribuyó a la valoración de Colombia en el mundo.

El prestigio internacional y la dignidad del pais se elevaron con las acciones de la ciudadanía, en armonía con las autoridades, para la consolidación de la democracia y con el fortalecimiento de las políticas en defensa de los derechos humanos. Colombia se encaminó hacia una democracia sólida con el apoyo de las naciones del mundo y de los organismos internacionales.

La sociedad civil consciente del daño tremendo que hizo a toda su estructura social la presencia extendida del narcotráfico, recuperó su sentido ético y le cerró las puertas. Se combatieron, desde las instancias legales y el mismo gobierno, los fortines políticos que estos habían instalado en el poder, y las prácticas conexas, que como el lavado de dólares y el contrabando, habían deteriorado tanto nuestra economía.

Los altos índices de muertes violentas, que habían escandalizado e inquietado a la opinión del mundo, comenzaron a descender. Tanto las víctimas de la delincuencia política, como las de la delincuencia común, se redujeron sustancialmente en este nuevo clima nacional.

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Fue una tarea difícil como ninguna otra que requirió un esfuerzo de largo plazo y unos profundos cambios en la mentalidad individual y colectiva. Ante los resultados obtenidos y al cambiar el mapa de las relaciones entre los colombianos, comprendimos por qué había sido un proceso tan difícil. Y por qué no se había intentado antes. Suponía una enorme fe en nosotros mismos y el cambio de una vieja manera de ser. Pero este proceso nos reveló a la vez la gran causa de nuestros males: la inclinación a trabajar divididos y aislados, y nos descubrió también nuestra verdadera fuerza: la unión” .

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Amanecerá y Veremos

Más vale pájaro en mano que ciento volando

Todos a marchar! La Unión hace la fuerza.

Económico

• Relaciones conflictivas y ambiguas entre el estado y el sector productivo

• Improvisación e incertidumbre

• Concentración económica

• Economía ilegal transnacional

• Estancamiento generalizado e inestabilidad

• Se llega a un sistema económico mixto estatal, privado y solidario. El estado promueve y provee directamente bienes y servicios básicos. Se propende por la reconstrucción de la infraestructura productiva del país con énfasis en las áreas estratégicas.

• Se llega a un sistema donde prima la iniciativa privada

• Estado promotor no actor

• Privatización, más confianza en las fuerzas del mercado

• Reducción del tamaño del estado

• Impuestos altos para financiar la guerra y luego impuestos bajos para financiar el crecimiento

• Baja regulación a la actividad privada

• Estíimulo a la inversión privada.

• Se llega a un sistema mixto: social privado

• Estado regulador que garantiza la provisión eficiente de bienes y servicios directamente o através de la iniciativa privada garantizando la eficiencia la equidad. Transformaciones y reformas económicas que faciliten la inserción de Colombia en el mundo.

Político

• Desgobierno • Desinstitucionali

zación • Clientelismo y

fragmentación • Corrupción

político administrativa

• Ilegitimidad • Virajes

permanentes bajo presiones nacionales e internacionales

• Colapso parcial del estado y

• Se llega bajo presión a una solución del conflicto político armado, a partir de un compromiso integral para eliminar las causas que lo generaron. El compromiso incluye la participación de los actores

• Imposición de la autoridad por vías institucionales de excepción

• Punto final a la guerra por imposición a la fuerza

• Sistema centralizado en lo político

• Limitación a las libertades públicas

• Polarización de los sectores sociales u organización progresiva de grupos

• La sociedad impone y facilita condiciones de un consenso social de paz que incluye a los actores armados.

• La sociedad aprende a manejar sus conflictos, a respetar las diferencias y los derechos de los otros.

• Descentralización

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fraccionamiento • Desintegración

política y territorial: feudalización

armados, así como los sociales, económicos, políticos y culturales involucrados en la solución. Hay apoyo de la comunidad internacional en la solución, las partes hacen concesiones y se da una redistribución del poder político.

de oposición y descontento de varios sectores

político administrativa. Fortalecimiento regional y municipal.

• Transformación y democratización del poder y las oportunidades.

Social

• Empeoramiento en la regulación y prestación de servicios públicos básicos: justicia, educación, seguridad, salud.

• Paternalismo populista

• Fragmentación social

• Violación derechos humanos

• Incremento substancial de la “pobreza absoluta”

• Desesperanza y escepticismo de la población

• Democracia participativa con redistribución de la riqueza.

• Estado centralizado focalizado en lo social .

• No es prioritario al inicio por ser economía de guerra

• Atención gubernamental asistencialista focalizada a los sectores más vulnerables

• Hay crecimiento generalizado pero las brechas existentes se mantienen.

• Políticas sociales efectistas, que responden a la necesidad del momento.

• Política social con énfasis en la persona que demanda los servicios sociales - subsidio de demanda.

• Profundas reformas y transformaciones sociales.

• Estado incentiva la demanda con compromiso social.

Situación Inter

• Censura, rechazo y desprestigio

• Inicialmente incertidumbre y expectativa;

• Aislamiento internacional inicial

• Aceptación paulatina

• Inserción plena en el nuevo orden internacional en

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nacional

internacional aislamiento

• Intromisión y presiones externas en cuestiones internas lleva a un mayor intervencionismo en todos los ordenes.

• Vulnerabilidad para la soberanía nacional

• Dificultades crecientes para la inserción internacional

luego respaldo y acompañamiento. Finalmente: alta presencia y representación internacional

en el entorno internacional manteniendo presiones en áreas como derechos humanos

beneficio para el país.

• Recobra prestigio y dignidad a nivel internacional.

INFORMACION SOBRE DESTINO COLOMBIA.

Dra. Inés de Mosquera

Coordinadora de DESTINO COLOMBIA

Carrera 10 No. 65-35 oficina 402

Bogotá, Colombia

Tels: 2100480 - 3102307 - 2103149

Fax: 2103149 E-mail: forostec@latino.net.co

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Los integrantes del equipo participaron como individuos y no como representantes de sus instituciones, se buscó que la experiencia y trayectoria fuera diversa para que reflejara la heterogeneidad nacional:

G r u p o D e s t i n o : C o l o m b i a

Académicos Autodefensas Campesinos Derecha Empresarios Gremios Movimientos Guerrilleros Iglesia Indígenas Intelectuales Investigadores Izquierda Juventudes Medios de Comunicación Militares (r) Negritudes Organismos No Gubernamentales Políticos Politólogos Sindicatos

PARTICIPANTES Akerman Moritz Aldana Eduardo Aristizabal J. Mario Betancur Juan Sebastián Blum de Barberi Claudia Cabal Jaime Alberto Caraballo Francisco

296

Carvajal Manuel José Carvajalino Mario Caycedo Turriago Jaime Chinome Barrera Gilberto Correa María Emilia De Hart César de Mosquera Inés Duque Ivan Estrada Hugo Galán Francisco Garzón Luis Eduardo Gómez Ana Mercedes Gómez Hernando José González Duque Lucía González Posso Camilo Kahane Adam Laserna Phillips Paulo Martínez Alejandro Martínez Carreño Augusto Medina Olarte Germán Mena Lozano Ursula Montoya Germán Pizano Eduardo Pizarro Eduardo Ramírez Vallejo Jorge Restrepo Javier Darío Rivera Salazar Rodrigo Salcedo Lora Juan Sanín Javier Sanz de Santamaría Alejandro Serna Isaza Manuel Antonio Steiner Roberto Tattay Pablo Torrado Quintero Rodolfo Torres Felipe Valderrama Mario de J. � Vargas Rafael

P r o y e c t o P l a n e a c i ó n p o r

297

E s c e n a r i o s D e s t i n o :

C o l o m b i a

AGRADECIMIENTOS A: ACES B.P. Exploration Banco Mundial Basf Química Baterías Mac Cadenalco Cámara de Comercio de Bogotá Cámara de Comercio de Cali Cámara de Comercio de Medellín Carvajal Guillermo Carvajal S.A. Cementos Argos Comfama Comité Departamental de Cafeteros del Quindío Compañías Shell en Colombia Conconcreto Corporación Financiera de Santander

Corporación Financiera Nacional y Suramericana-Corfinsura Diario El Colombiano Embajada de Canadá Familia Carvajal de Roux Federación Nacional de Cafeteros Fundación Restrepo Barco Fundación Social Pinar del Río Fundación Suramericana Gasoriente Ghislaile Ibiza & Cia. S.C.A. Harinera del Valle Hocol S.A. Impresión Digital - Cargraphics Laboratorios Baxter Laboratorios JGB Diego Lozano Manuelita Occidental de Colombia Inc Ocensa Omimex de Colombia

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Rica Rondo Smurfit Cartón de Colombia S.A. Tecnoquímicas S.A. Uniban fue ay cuyo fin se es celebrado por las familias que antes veían caer asesinados diez y veinte jóvens opor semanahan dejado visque se remdió con su presencia, para Cinep era unLa presentación oficial del Gobierno colombiano, difundida y apoyada por los grandes medios de comunicación y la interpretación de algunos analistas y estudiosos del conflicto armado coinciden en señalar que los hechos sucedidos, durante el 2002 en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín corresponden a una situación de escalamiento de la guerra, del traslado del conflicto armado a las ciudades por parte de los actores armados ilegales, de una confrontación y disputa del territorio entre guerrillas y paramilitares, de la acción decidida del gobierno y del Estado de recuperar el orden público y el territorio, combatir a los violentos y garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Para el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, lo sucedido en la Comuna 13 de Medellín, fue la aplicación de un modelo de agresión criminal contra la comunidad. No se trató, estrictamente, de una guerra entre dos bandos, se pusieron a prueba El seguimiento detallado a los hechos de la comuna 13, a las declaraciones de autoridades civiles y militares, a la información difundida por los medios de comunicación, unido a la recopilación de análisis, testimonios y denuncias, nos permiten señalar que el modelo de agresión tiene los siguientes patrones de comportamiento: * Desarrollar operaciones militares indiscriminadas, justificadas por la presencia en un territorio de un actor armado ilegal y por la supuesta o real connivencia y apoyo de la población civil a dicho actor armado. Durante el año 2002, en la ciudad de Medellín se realizaron 19 operaciones militares de este estilo, siendo la operación Mariscal y la operación Orión, las aplicadas en la Comuna 13. * Desplegar un amplio y desproporcionado pie de fuerza, combinando todas las unidades de inteligencia, de campaña, redes de informantes, redes de cooperantes, testigos pagados, organismos de control, de tal forma que la responsabilidad en la individualización de los hechos pueda ser ampliamente diluida asegurando así la impunidad de los posibles excesos y violaciones de derechos por los agentes estatales participantes. En las operaciones Mariscal y Orión participaron: Ejército Nacional (Batallón Bomboná, Batallón de Artillería 4, Batallón de Infantería 32, Batallón Granaderos y Brigada 4). La Policía Nacional (Estaciones Laureles y San Blas; Gaula, Bloque Urbano Antiterrorista de la Sijín, y Policía Metropolitana). La Fuerza Aérea Colombiana, FAC, y del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; así como del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI; la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI; la Fiscalía General de la Nación; La Procuraduría General de la

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Nación. Los testigos pagados por las autoridades militares, la red de informantes, los desertores de grupos armados ilegales. * La población civil es el objetivo central de las operaciones. Todos son culpables. El propio comandante de la Policía Metropolitana, general Gallego, dirigiendo la operación Mariscal, orientaba a sus Unidades: “hay que arrestar a todo mundo...después vemos quien no tiene nada que ver...todo lo que se vea moverse hay que interceptarlo”. Igualmente, las organizaciones comunitarias y sociales no deben apartarse de la mira. Como ejemplo, contra líderes y organizaciones de desplazados, se orientó una operación específica: la “operación Estrella Seis”. * Impedir que familiares y organizaciones humanitarias cumplan con la asistencia humanitaria a las víctimas. Además, de que esto permite generalizar el temor entre la población y el sentimiento de impotencia, se asegura la inexistencia de testigos de excepción. * Diseñar todos los pasos para garantizar la impunidad: los organismos de control e investigación deben someterse a las lógicas, intereses y necesidades militares. Si algún funcionario judicial se sale de las reglas de juego debe asegurarse que sea relevado de los casos; los testigos pagados e informantes reciben claras indicaciones respecto de a quienes deben señalar y acusar, al hacer los “reconocimientos en fila”; se pone en práctica la “clonación” de abogados y fiscales (a una misma hora y ante diferentes fiscales un sólo abogado asistía las diligencias de varios detenidos de la Comuna 13). * Los medios de comunicación deben cumplir su papel de tergiversar la verdad y difundir solamente las versiones oficiales. * Militarizar la vida cotidiana: retenes militares, cuarteles, allanamientos, registros, detenciones, empadronamientos, ocupación militar de escuelas, parques, centros culturales y recreativos, instalación de redes de informantes, etc., garantizan que la cotidianidad, la convivencia y las relaciones sociales estén controladas y en adelante se rijan por las lógicas militares y la consolidación del actor estatal (paramilitar). * Finalmente, después de la devastación, se anuncian los paquetes de obras sociales, de reconstrucción, infraestructura, empleo y la vigencia de todos los derechos de los que históricamente, los pobladores han estado excluidos. Los anuncios llevan en sí mismo los mecanismos de la mentira y del engaño. * Lo que sí se garantiza, es que ese territorio y esas comunidades, en adelante tengan una presencia militar permanente, una vez que fue posible posicionar y legitimar a uno de los actores armados: el paramilitarismo con la custodia de la fuerza pública del Estado. De estos patrones que conforman el nuevo modelo de agresión estatal contra las comunidades, da razón el presente documento. n a prueba estrategias y modalidades de arrasamiento por la vía de la fuerza (militar y jurídica) para, finalmente, imponer el control social e implantar en el territorio comunal la presencia de un Estado paramilitar. en cambio fue xxxxxx La presentación oficial del Gobierno colombiano, difundida y apoyada por los grandes medios de comunicación y la interpretación de algunos

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analistas y estudiosos del conflicto armado coinciden en señalar que los hechos sucedidos, durante el 2002 en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín corresponden a una situación de escalamiento de la guerra, del traslado del conflicto armado a las ciudades por parte de los actores armados ilegales, de una confrontación y disputa del territorio entre guerrillas y paramilitares, de la acción decidida del gobierno y del Estado de recuperar el orden público y el territorio, combatir a los violentos y garantizar la seguridad a sus ciudadanos. El seguimiento detallado a los hechos de la comuna 13, a las declaraciones de autoridades civiles y militares, a la información difundida por los medios de comunicación, unido a la recopilación de análisis, testimonios y denuncias, nos permiten señalar que el modelo de agresión tiene los siguientes patrones de comportamiento: * Desarrollar operaciones militares indiscriminadas, justificadas por la presencia en un territorio de un actor armado ilegal y por la supuesta o real connivencia y apoyo de la población civil a dicho actor armado. Durante el año 2002, en la ciudad de Medellín se realizaron 19 operaciones militares de este estilo, siendo la operación Mariscal y la operación Orión, las aplicadas en la Comuna 13. * Desplegar un amplio y desproporcionado pie de fuerza, combinando todas las unidades de inteligencia, de campaña, redes de informantes, redes de cooperantes, testigos pagados, organismos de control, de tal forma que la responsabilidad en la individualización de los hechos pueda ser ampliamente diluida asegurando así la impunidad de los posibles excesos y violaciones de derechos por los agentes estatales participantes. En las operaciones Mariscal y Orión participaron: Ejército Nacional (Batallón Bomboná, Batallón de Artillería 4, Batallón de Infantería 32, Batallón Granaderos y Brigada 4). La Policía Nacional (Estaciones Laureles y San Blas; Gaula, Bloque Urbano Antiterrorista de la Sijín, y Policía Metropolitana). La Fuerza Aérea Colombiana, FAC, y del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; así como del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI; la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI; la Fiscalía General de la Nación; La Procuraduría General de la Nación. Los testigos pagados por las autoridades militares, la red de informantes, los desertores de grupos armados ilegales. * La población civil es el objetivo central de las operaciones. Todos son culpables. El propio comandante de la Policía Metropolitana, general Gallego, dirigiendo la operación Mariscal, orientaba a sus Unidades: “hay que arrestar a todo mundo...después vemos quien no tiene nada que ver...todo lo que se vea moverse hay que interceptarlo”. Igualmente, las organizaciones comunitarias y sociales no deben apartarse de la mira. Como ejemplo, contra líderes y organizaciones de desplazados, se orientó una operación específica: la “operación Estrella Seis”. * Impedir que familiares y organizaciones humanitarias cumplan con la asistencia humanitaria a las víctimas. Además, de que esto permite generalizar el temor entre la población y el sentimiento de impotencia, se asegura la inexistencia de testigos de excepción. * Diseñar todos los pasos para garantizar la impunidad: los organismos de control e investigación deben someterse a las lógicas, intereses y necesidades militares.

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Si algún funcionario judicial se sale de las reglas de juego debe asegurarse que sea relevado de los casos; los testigos pagados e informantes reciben claras indicaciones respecto de a quienes deben señalar y acusar, al hacer los “reconocimientos en fila”; se pone en práctica la “clonación” de abogados y fiscales (a una misma hora y ante diferentes fiscales un sólo abogado asistía las diligencias de varios detenidos de la Comuna 13). * Los medios de comunicación deben cumplir su papel de tergiversar la verdad y difundir solamente las versiones oficiales. * Militarizar la vida cotidiana: retenes militares, cuarteles, allanamientos, registros, detenciones, empadronamientos, ocupación militar de escuelas, parques, centros culturales y recreativos, instalación de redes de informantes, etc., garantizan que la cotidianidad, la convivencia y las relaciones sociales estén controladas y en adelante se rijan por las lógicas militares y la consolidación del actor estatal (paramilitar). * Finalmente, después de la devastación, se anuncian los paquetes de obras sociales, de reconstrucción, infraestructura, empleo y la vigencia de todos los derechos de los que históricamente, los pobladores han estado excluidos. Los anuncios llevan en sí mismo los mecanismos de la mentira y del engaño. * Lo que sí se garantiza, es que ese territorio y esas comunidades, en adelante tengan una presencia militar permanente, una vez que fue posible posicionar y legitimar a uno de los actores armados: el paramilitarismo con la custodia de la fuerza pública del Estado. De estos patrones que conforman el nuevo modelo de agresión estatal contra las comunidades, da razón el presente documento.

ANEXOS:

DIEZ TEMAS TRATADOS POR FERNANDO SAVATER EN SU LIBRO

PERDONEN LAS MOLESTIAS, CRÓNICA DE UNA BATALLA SIN ARMAS CONTRA LAS ARMAS.

Fernando Savater, con su agudeza y valentía, desbarata una a una las argumentaciones universales para la justificación de las acciones de los violentos, del negociacionismo y de la predicación de la neutralidad de los ciudadanos frente a los “actores armados”: 1. Sobre el “dialoguismo” como panacea para curar la enfermedad del terrorismo:

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“(U) se desató una verdadera orgía mediática de vaciedades centrada en la palabra “diálogo”, repetida como un fetiche simbólico que permite a algunos imaginariamente ponerse por encima de realidades abrumadoras que no tienen ni la paciencia de entender ni el coraje de afrontar.

“Requerir que el diálogo no tenga previamente ninguna limitación apunta también a un supuesto razonable, el de que los acuerdos sean resultado de la discusión y no una condición preestablecida que bloquee el camino para obtenerlos. El primero de ellos, y el más obvio, consiste en que para hablar sin límites hay que hablar también sin armas. “Señoras y señores parlamentarios: como demócratas somos desde luego partidarios del diálogo entre los diversos partidos democráticos porque en tal diálogo permanente consiste la democracia misma. Pero precisamente por vocación de diálogo democrático rechazamos que éste pueda venir forzado por el terrorismo violento; que la agenda política de los ciudadanos la establezcan quienes trastornan los usos de la convivencia pacífica y que las leyes consensuadas parlamentariamente deban cambiarse a gusto de los asesinos como rescate para que dejen de matar”. 2. Sobre la defensa de los derechos humanos como pretexto político y no como convicción liberal:

“Recordé cosas sabidas: que los derechos humanos son siempre individuales por su dimensión moral (derivada de nuestra disposición a reconocernos en otro poniéndonos en su lugar, algo imposible de hacer con una colectividad o una institución); que tales derechos individuales no pueden estar supeditados ni a los más decentes proyectos políticos –llamados a veces “derechos colectivos” por quienes quieren acelerar su triunfo sin someterse a las urnas-“. 4. Sobre el carácter de preso político y su tratamiento: “¿Quién puede ser llamado “preso político”? Sólo quien ha sido condenado a prisión por realizar actividades políticas ilegales; pero no quien va a la cárcel por cometer cualquier tipo de delito por motivos políticos; el que asesina, extorsiona, roba, tortura, secuestra, apalea o causa estragos movido por ideas políticas. La guerra no es la prolongación de la política por otros medios sino un medio extra político de conseguir aquello que la política (es decir, el conflicto ritualizado entre intereses contrapuestos) no puede lograr. Los prisioneros de guerra no son presos políticos. “Por supuesto en todos los casos el derecho a un trato humano, a una defensa y a un juicio imparcial, etcétera, no pueden ser regateados. En sí misma, la motivación política que lleva a cometer delitos violentos no tiene por qué ser una eximente ni

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penal ni moral. En un Estado democrático de derecho más bien debería ser un agravante, pese a los que excusan por “desinteresados” a quienes intentan imponer su capricho, no a otro particular o a unos pocos, sino a la colectividad entera. “Es emocionante en Euskadi comprobar cómo políticos y ciudadanos compiten voluntariosamente por demostrar que son buenos para ver si a los malos se les pega algo; pero los malos, en vez de contagiarse de tanta buena voluntad, se alborozan y reafirman ante lo que toman por una debilidad del adversario que a fin de cuentas les da la razón. “Poner bombas o secuestrar a ciudadanos no son actividades políticas en una democracia, lo mismo que no es una actividad religiosa asesinar a los herejes o a los blasfemos, por lo que quienes cometen tales fechorías no pueden ser considerados presos de conciencia”. 4. Sobre el derecho del “pueblo” o de las minorías a levantarse en armas: “El derecho de los pueblos a decidir por sí mismos no puede significar en la práctica que cada minoría étnica, lingüística o religiosa disponga de un Estado independiente, sino que toda minoría disfrute de la protección de las leyes del Estado de que forma parte”. “Una de las majaderías más enconadamente repetidas desde hace doscientos o trescientos años es la que predica la existencia de unos supuestos “caracteres nacionales” que determinan de modo inamovible la forma de ser y pensar de los diferentes países. “Hay libros para todo: para contar la historia y para manipularla, para razonar los derechos humanos y para convertir el proyecto político propio en derecho indiscutible reconocido en todo el universo, hasta habrá libros para sostener supersticiones dañinas como que quien libremente no habla una lengua comete violencia contra quien libremente la habla. “Desde Freud sabemos que existe un “narcisismo de las pequeñas diferencias” que introduce la hostilidad en las relaciones de quienes precisamente más se asemejan entre sí: hacia los vecinos del próximo barrio, hacia los habitantes del pueblo limítrofe, hacia los creyentes en una religión levemente disímil de la nuestra, hacia los inmigrantes que vinieron aquí desde fuera tal como nuestros padres o nosotros mismos pero cincuenta o cien años después, y todo así. 5. Sobre un gran acuerdo político, social y económico para hacer la paz:

“(U) son ellos los que deben reinsertarse en la sociedad que ha resistido sus ataques, no la sociedad en los planteamientos excluyentes que se le intentaron

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imponer. No superaremos la “polarización” temida si se siguen haciendo falsas simetrías entre unos y otros. “Puede hablarse de “tregua” cuando se enfrentan dos ejércitos o incluso varios grupos terroristas opuestos (como pasa en Irlanda), pero no cuando una sociedad democrática se ve castigada por un grupo criminal de patriopsicópatas”. 6. Estoy en desacuerdo con la violencia. PeroU “Ante el terrorismo y su intimidación explícita o implícita, muchos reclamamos que el Estado de derecho utilice a fondo las armas de la ley: sólo las armas de la ley, pero todas las armas de la Ley. Es inaceptable que el encargado de Justicia del Gobierno autónomo vasco, Sabin Intxaurraga, diga que no servirá para nada un cambio legal mientras no se resuelva “el problema político de fondo”. Decir que tras el terrorismo vasco hay un problema político es tan esclarecedor y profundo como asegurar que tras el asalto a un banco hay un problema económico que espera solución.

“Es indecente que, tras cada atentado, los mismos que dicen que la violencia terrorista es inaceptable nos recuerden que sin embargo existe un conflicto político”.

7. Sobre la solución negociada al conflicto “A mí no me extraña que el 80 por ciento de la gente quiera el diálogo: lo que me parece raro es que no sean el cien por ciento. Porque bien mirado ¿cómo no va a querer diálogo quien vota a cualquier partido? En la democracia todo es diálogo... menos pegar tiros y poner coches bomba para salirse con la suya de modo extraparlamentario. Los únicos que no quieren diálogo son los que apoyan el terrorismo –ellos le llaman “lucha armada”, como si sus víctimas fueran asesinadas en combate y no en emboscadas mientras iban a comprar el periódico o a trabajar-. “Dar a entender que el “conflicto político” explica de algún modo los crímenes terroristas es la negación más artera y decisiva del diálogo que imaginarse pueda. “No hay nada como el diálogo: de modo que rechacemos cívicamente a quienes plantean una construcción nacional gestionada sólo por nacionalistas, a las que luego el resto mayoritario de la población tendrá que sumarse si no quiere verse excluida de su propio país. “Sin diálogo no hay salvación: de modo que basta ya de tratar con los mismos miramientos civiles a quienes condenan los atentados y a quienes los encuadran en el “contencioso”, a los que sienten igual repugnancia por todos los asesinatos y a quienes sólo se movilizan cuando matan a alguien que les parece

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suficientemente abertzale para su gusto... por no hablar de los que homenajean como “patriotas” a los que se disponían a poner una bomba contra sus conciudadanos. El diálogo debe ser defendido contra viento y marea: por tanto apoyemos sin fisuras a las fuerzas de seguridad estatales y autonómicas que a costa de sus vidas nos protegen de quienes han sustituido la argumentación por el terror”. 8. Sobre matar, secuestrar o violentar a quien apoye el Estado de derecho “Hoy en el País Vasco no hay seguridad ni libertad de expresión o asociación política para gran parte de los ciudadanos. Los cargos electos no nacionalistas son asesinados, así como empresarios, periodistas, miembros de las fuerzas de orden público o simples particulares que se hayan manifestado de cualquier modo contra el proyecto de imposición independentista. Y no sólo se trata de asesinatos: se han quemado numerosos establecimientos, viviendas y vehículos, se extorsiona cotidianamente a los comerciantes y profesionales, se hostiga y amenaza de mil maneras a quienes son considerados “españolistas”, es decir a quienes se atreven a manifestarse públicamente a favor del Estado de derecho constitucionalmente vigente. Otros muchos deben resignarse a vivir acompañados de escoltas policiales y no pueden pasear libremente con sus hijos por la calle o asistir sin todo tipo de precauciones a los locales públicos. En el País Vasco, en plena Europa democrática, tenemos actualmente docenas de Salman Rushdies. Reina el miedo, un miedo palpable en la vida cotidiana que hace hablar en voz baja o disimular lo que se piensa, como en los peores momentos de la dictadura franquista. “Los etarras no son extraterrestres llegados de otro planeta para hacer el mal sino jóvenes educados en el fanatismo étnico, en el odio a más de la mitad de sus conciudadanos y a todo lo considerado “español”, jóvenes a quienes se ha imbuido una historia distorsionada y una antropología demencial que les hacen creerse víctimas y los convierten así en verdugos.

ANEXOS:

II. APARTES DEL LIBRO LAS GRANDES OBRAS POLÍTICAS DE JEAN JACQUES CHEVALLIER, CAPÍTULO, EL LEVIATHAN, DE TOMÁS HOBBES

(1651). “Para todo hombre, otro hombre es un competidor, ávido como él de poder en todas sus formas. Ahora bien: si se consideran las cosas “en su conjunto”, todo hombre es, en términos generales, el igual de otro. Si se trata, por ejemplo, del vigor corporal, “el más débil posee bastante para matar al más fuerte, ya usando de la astucia, ya aliándose con otros que estén amenazados del mismo peligro

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que él”. Igualdad de capacidad que da a cada uno una esperanza igual de alcanzar sus fines, que impulsa a cada uno a esforzarse por destruir o subyugar al otro. Competencia, desconfianza recíproca, avidez de gloria o de reputación, tiene por resultado la guerra perpetua de “todos contra todos”. Guerra, es decir, no solo “el hecho actual de batirse”, sino la voluntad probada de batirse: mientras exista esta voluntad hay guerra, no paz, y el hombre es un lobo para el hombre: homo homini lupus. “Tal guerra impide toda industria, toda agricultura, toda navegación, todo confort, toda ciencia, toda literatura, toda sociedad, y lo peor de todo, es que habrá el temor continuo y el continuo peligro de muerte violenta. En naturaleza, la vida es guerra y por tanto, es vida “solitaria, pobre, grosera, embrutecida y corta”. En semejante guerra nada es injusto ni puede serlo. “Allí donde no hay poder común, no hay ley; allí donde no hay ley, no hay injusticia. La fuerza y la astucia son, en guerra, las dos virtudes cardinales”. En tal guerra no hay propiedad, no hay tuyo y mío distintos, “sino que solo pertenece a cada uno lo que puede coger y durante el tiempo que lo puede conservar”. He ahí la miserable condición en que “la simple naturaleza –fuera de todo pecado, de toda perversión- coloca al hombre. He ahí el estado de naturaleza”. “Bajo pena de destrucción de la especie humana es menester que el hombre salga de este estado: en eso consiste realmente su liberación, su salvación. La posibilidad de salir de ese estado la posee el hombre. Consiste parcialmente en sus pasiones, parcialmente en su razón. Algunas de sus pasiones le inclinan a la paz: en primer término está el temor a la muerte. La razón, que no es más que un cálculo, le sugiere convenientes artículos de paz, sobre los cuales puede ponerse de acuerdo con los demás hombres. HOBBES llama a estos artículos de paz, estos preceptos racionales, leyes de la naturaleza. Los define como conclusiones o teoremas concernientes a “lo que conduce a la conservación y a la defensa de nosotros mismos”. Les consagra dos densos capítulos, donde enumera diecinueve leyes de la naturaleza. Él mismo nos simplifica la tarea, confiándonos que se han resumido estas leyes en una fórmula “simple e inteligible, aun para aquellos cuya capacidad es más mediocre”. Hela aquí: no hagáis a los demás lo que no queráis que os hagan a vosotros. En consecuencia, poneos de acuerdo para renunciar a ese derecho absoluto sobre toda cosa que cada uno de vosotros, igual a los demás, posee en el estado de naturaleza (“derecho natural”, en lenguaje de HOBBES), y tened la voluntad de observar este acuerdo de renunciación. “Pero dada la naturaleza humana, se sabe que, a despecho del temor a la muerte y de los preceptos de la razón, tal acuerdo no será observado, a menos que un poder irresistible, visible y tangible, armado del castigo, no constriña a los espantados hombres. Pues los pactos “sin la espada (sword) no son más que palabras (words)” (se piensa en MAQUIAVELO mofándose de los profetas desarmados). ¿Quién será este poder irresistible? El Estado o cosa pública. Commonwealth, el hombre artificial. ¿Quién lo constituirá y cómo, por medio de

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qué fiat o hagamos al hombre? Son los hombres naturales quienes lo constituirán, por medio de un pacto voluntario concluido entre ellos para su protección, para salir, sin temor a recaída, del espantoso estado de naturaleza; para su liberación, para su salvación. “La voluntad, el arte, el artificio, desempeñan un papel central en el sistema de HOBBES. Para ARISTÓTELES, el hombre era naturalmente sociable, naturalmente ciudadano (zoon politikon, animal político); la sociedad política era un hecho natural. Tonterías, replica HOBBES; la naturaleza no ha puesto en el hombre el instinto de sociabilidad; el hombre no busca compañeros sino por interés, por necesidad; la sociedad política es el fruto artificial de un pacto voluntario, de un cálculo interesado. “El traspaso a un tercero, mediante contrato concluido “entre cada uno y cada uno”, del derecho natural absoluto que cada uno posee sobre toda cosa: ese es el artificio que constituirá a los hombres naturales en sociedad política. La voluntad única de ese tercero (que puede ser un hombre o una asamblea) va a sustituir la voluntad de todos y a representarlos a todos. Este tercero, por su parte, es completamente extraño al contrato por el cual la multitud se ha comprometido mutuamente en su beneficio. Ninguna obligación le liga... “Tal es el origen de este gran Leviatán, o, por mejor decir, de este dios mortal, al cual debemos, con la ayuda del Dios inmortal, nuestra paz y nuestra protección. Pues, armado del derecho de representar a cada uno de los miembros de la Commonwealth (Civitas, Estado), posee, por ello, tanto poder y fuerza que puede, gracias al terror que inspira, dirigir las voluntades de todos hacia la paz en el interior y hacia la ayuda mutua contra los enemigos del exterior.” “HOBBES no ha inventado la teoría del contrato en materia política. Existía ya una idea muy vieja de él, que se ha podido hacer remontar a EPICURO, y aún más allá. Era este un aspecto de la investigación racional –tan importante en la historia de las ideas políticas- del origen del poder. Una investigación de esta índole había estado dominada, generalmente, por la oculta intención de debilitar el poder, de limitarlo, fundando racionalmente los derechos de los súbditos frente a los suyos (los del Poder). Los teólogos de la Edad Media habían distinguido, en realidad, dos contratos. Por el primero, llamado pactum unionis o societatis, los hombres aislados del estado de naturaleza se constituían en sociedad. Por el segundo, llamado pactum subjectionis o de sumisión, la sociedad así constituida, transfiriendo o enajenando sus poderes mediante ciertas condiciones, se deba un amo, un soberano. “Enseña HOBBES que, por un solo y mismo acto, los hombres naturales se constituyen en sociedad política y se someten a un amo, a un soberano. No contratan con este amo, sino entre ellos. Entre ellos renuncian, a favor de este amo, a todo derecho y a toda libertad que hubiesen de perjudicar la paz.

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“Para que reine la paz, bien supremo, todos han abandonado, a favor del soberano, su derecho natural absoluto sobre todas las cosas. La renuncia a un derecho absoluto no ha podido ser sino absoluta. La transmisión no ha podido ser sino total. De lo contrario, el estado de guerra natural continuaría entre los hombres en la misma medida en que hubiesen guardado por poco que fuese de su libertad natural. HOBBES, no por el gusto del absolutismo, puede pensarse, sino porque sabía “un poco de lógica elemental” (OAKESHOTT), rehúsa el compromiso, que un LOCKE adoptará, según el cual los hombres no habrían sacrificado más que una parte de su derecho natural. “Con su renuncia, con esta transmisión definitiva e irrevocable (salvo en un caso, como veremos), los hombres se han despojado voluntariamente de su libertad de juzgar sobre el bien y el mal, sobre lo justo y lo injusto. Se han comprometido a tener por bueno y justo lo que ordena el soberano; por malo e injusto, lo que prohíbe. Por su parte, no es concebible ningún recurso contra la legitimidad de las órdenes del soberano. ¿No han hecho de él voluntariamente su representante, no han sustituido la voluntad de ellos por la suya? Todo lo que él hace se considera que lo hacen ellos mismos; quejarse de él es quejarse de sí mismos. Ciertamente, este poder ilimitado tiene muchos inconvenientes, pero la condición del hombre en esta vida, ¿carece alguna vez de inconvenientes? Es preciso elegir entre la guerra perpetua de todos contra todos, fruto de la ausencia del poder absoluto; y la paz, fruto del poder absoluto. “El soberano debe procurar a sus súbditos aquello para lo cual el Estado fue instituido, esto es, la seguridad. Salus populi suprema lex [la salvación del pueblo es la ley suprema] el autor del Leviatán renueva el sentido del viejo adagio. La salud del pueblo no es solamente la conservación de la vida de los súbditos contra todos los peligros; es también el goce de las satisfacciones legítimas de esta vida. Los hombres se han unido voluntariamente en sociedad política para vivir también en ella felices, o lo menos desdichados que lo permita la condición humana”.

ANEXOS:

DIEZ TEMAS TRATADOS POR FERNANDO SAVATER EN SU LIBRO

PERDONEN LAS MOLESTIAS, CRÓNICA DE UNA BATALLA SIN ARMAS CONTRA LAS ARMAS.

Fernando Savater, con su agudeza y valentía, desbarata una a una las argumentaciones universales para la justificación de la

II. APARTES DEL LIBRO LAS GRANDES OBRAS POLÍTICAS DE JEAN JACQUES CHEVALLIER, CAPÍTULO, EL LEVIATHAN, DE TOMÁS HOBBES

(1651).

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“Para todo hombre, otro hombre es un competidor, ávido III. EXTRACTOS DE LA MEMORIA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DE LA NUEVA GRANADA POR UN CARAQUEÑO (SIMÓN BOLÍVAR), SOBRE LA

CONDUCTA DÉBIL E INEFICAZ DE LOS GOBIERNOS

“Permitidme que animado de un celo patriótico me atreva a dirigirme a vosotros, para indicaros ligeramente las causas que condujeron a Venezuela a su destrucción; lisonjeándome que las terribles y ejemplares lecciones que ha dado aquella extinguida República, persuadan a la América a mejorar de conducta, corrigiendo los vicios de unidad, solidez y energía que se notan en sus gobiernos.

“ El más consecuente error que cometió Venezuela, al presentarse en el teatro político fue, sin contradicción, la fatal adopción que hizo del sistema tolerante; sistema improbado como débil e ineficaz, desde entonces, por todo el mundo sensato, y tenazmente sostenido hasta los últimos períodos, con una ceguedad sin ejemplo. “Las primeras pruebas que dio nuestro Gobierno de su insensata debilidad, las manifestó con la ciudad subalterna de Coro, que denegándose a reconocer su legitimidad, la declaró insurgente, y la hostilizó como enemigo. “La Junta Suprema, en lugar de subyugar aquella indefensa ciudad que estaba rendida con presentar nuestras fuerzas marítimas delante de su puerto, la dejó fortificar y tomar una aptitud tan respetable que logró subyugar después la confederación entera, con casi igual facilidad que la que teníamos nosotros anteriormente para vencerla: fundando la Junta su política en los principios de humanidad mal entendida que no autorizan a ningún Gobierno, para hacer, por la fuerza, libres a los pueblos estúpidos que desconocen el valor de sus derechos. “Los códigos que consultaban nuestros magistrados, no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios y de cosas, el orden social se sintió extremadamente conmovido, y desde luego corrió el Estado a pasos agigantados a un disolución universal, que bien pronto se vio realizada. “De aquí nació la impunidad de los delitos de Estado cometidos descaradamente por los descontentos, y particularmente por nuestros natos e implacables enemigos -los españoles europeos- que maliciosamente se habían quedado en nuestro país, para tenerlo incesantemente inquieto, y promover cuantas

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conjuraciones les permitían formar nuestros jueces, perdonándolos siempre, aun cuando sus atentados eran tan enormes, que se dirigían contra la salud pública. “La doctrina que apoyaba esta conducta tenía su origen en las máximas filantrópicas de algunos escritores, que defienden la no residencia de facultad en nadie, para privar de la vida a un hombre, aun en el caso de haber delinquido éste en el delito de lesa patria. Al abrigo de esta piadosa doctrina, a cada conspiración sucedía un perdón y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar; porque los Gobiernos liberales deben distinguirse por la clemencia. ¡Clemencia criminal, que contribuyó más que nada a derribar la máquina que todavía no habíamos enteramente concluido! “De aquí vino la oposición decidida a levantar tropas veteranas, disciplinadas, y capaces de presentarse en el campo de batalla, ya instruidas, a defender la libertad, con suceso y gloria. Por el contrario: se establecieron innumerables cuerpos de milicias indisciplinadas, que además de agotar las cajas del erario nacional, con los sueldos de la plana mayor, destruyeron la agricultura, alejando a los paisanos de sus hogares; e hicieron odioso el Gobierno que obligaba a éstos a tomar las armas y a abandonar sus familias. “ “Las repúblicas, decían nuestros estadistas, no han menester de hombres pagados para mantener su libertad. Todos los ciudadanos serán soldados cuando nos ataque el enemigo. Grecia, Roma, Venecia, Génova, Suiza, Holanda, y recientemente el Norte de América, vencieron a sus contrarios sin auxilio de tropas mercenarias siempre prontas a sostener al despotismo y a subyugar a sus conciudadanos” ”. Con estos antipolíticos e inexactos raciocinios, fascinaban a los simples; pero no convencían a los prudentes que conocían bien la inmensa diferencia que hay entre los pueblos, los tiempos, y las costumbres de aquellas repúblicas y las nuestras. Ellas, es verdad, que no pagaban ejércitos permanentes; más era porque en la antigüedad no los había, y sólo confiaban la salvación y la gloria de los Estados, en sus virtudes políticas, costumbres severas, y carácter militar, cualidades que nosotros estamos muy distantes de poseer. Y en cuanto a las modernas que han sacudido el yugo de sus tiranos, es notorio que han mantenido el competente número de veteranos que exige su seguridad; exceptuando al Norte de América, que estando en paz con todo el mundo, y guarnecido por el mar, no ha tenido por conveniente sostener en estos últimos años el completo de tropa veterana que necesita para la defensa de sus fronteras y plazas. “El resultado probó severamente a Venezuela el error de su cálculo; pues los milicianos que salieron al encuentro del enemigo, ignorando hasta el manejo del arma, y no estando habituados a la disciplina y obediencia, fueron arrollados al comenzar la última campaña, a pesar de los heroicos y extraordinarios esfuerzos que hicieron sus jefes por llevarles a la victoria. Lo que causó un desaliento

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general en soldados y oficiales; porque es una verdad militar que sólo ejércitos aguerridos son capaces de sobreponerse a los primeros infaustos sucesos de una campaña. El soldado bisoño lo cree todo perdido, desde que es derrotado una vez; porque la experiencia no le ha probado que el valor, la habilidad y la constancia corrigen la mala fortuna”.

IV. ACUERDO POLÍTICO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL, LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EL M-19, Y LA IGLESIA CATÓLICA, EN CALIDAD DE TUTORA MORAL Y ESPIRITUAL DEL PROCESO El Pacto político por la paz y la democracia, suscrito el 2 de noviembre de 1989, consigna aspectos fundamentales para lograr la reconciliación nacional. Los temas que más preocupan hoy a la nación fueron abordados en la discusión que llevó a las conclusiones de consenso plasmadas en dicho Pacto: la administración de justicia, el narcotráfico, la reforma electoral, las inversiones públicas en zonas de conflicto y, por supuesto, la paz, el orden público y la normalización de la vida ciudadana. Con el objetivo de culminar exitosamente el proceso de paz y reconciliación con el M-19, se hace necesario refrendar esos acuerdos e incorporar elementos adicionales que sustituyan aquellos que formaban parte de la reforma constitucional que no culminó su trámite en 1989. En consecuencia, los signatarios del presente documento asumen los siguientes compromisos, derivados todos, de consensos ya logrados y de su voluntad de finalizar exitosamente este empeño de pacificación:

1. Coincidimos en la necesidad de que a través de los mecanismos ordinarios de reforma constitucional o mediante la convocatoria del constituyente primario, plebiscito, referéndum o Asamblea Constituyente, se fortalezca la legitimidad institucional y la aprobación de materias de vital importancia para la consecución de la paz.

Nos comprometemos a promover los acuerdos políticos necesarios para alcanzar este cometido de ampliación de los espacios democráticos. De todas maneras, la decisión que se tome en este sentido deberá estar precedida de un amplio acuerdo que incluya el asentimiento de quienes ejerzan la Presidencia de la República.

2. Para promover la incorporación a la vida civil de los guerrilleros y su tránsito de la lucha armada a la vida política, se comprometen a respaldar el establecimiento, por una sola vez, de una Circunscripción especial de paz para partidos políticos surgidos de movimientos alzados en armas desmovilizados y reincorporados a la vida civil. Dicha circunscripción para Senado de la República y Cámara de

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Representantes se aplicará, a más tardar, en las elecciones de 1992, y sus características se definirán entre los signatarios en posterior Acuerdo.

3. En cuanto al Fondo nacional para la paz, previsto en el Pacto político, destinado a adelantar acciones y programas de beneficio comunitario en las zonas donde la guerrilla desmovilizada haya tenido influencia, podrá ser ampliado en su financiación por el gobierno, la empresa privada y por aquellas fundaciones internacionales que estén dispuestas a brindar su apoyo a esta iniciativa. Se creará una junta de alto nivel para la administración y promoción de este fondo que desarrolle estos objetivos.

4. Los signatarios de este Acuerdo, respaldarán una reforma electoral que tendrá las siguientes bases:

• Con el fin de ampliar las oportunidades electorales y de modernizar los procedimientos de votación se establecerá la tarjeta electoral y el voto en ambiente reservado para las elecciones de alcaldes a partir de 1992 y se estudiarán las posibilidades técnicas para incorporarlos en las elecciones de corporaciones públicas a partir de 1994.

• Igualmente, con el objeto de ampliar los espacios de participación política, se adoptarán medidas tendientes a la ampliación de la representación parlamentaria de las minorías a través de fórmulas tales como la Circunscripción Nacional y la de Territorios Nacionales.

5. En cuanto a la administración de justicia, el gobierno nacional expedirá el decreto correspondiente a la creación de la Comisión asesora para la reforma integral de la administración de justicia en los términos señalados en el Pacto político. Dicha Comisión, de acuerdo con esos criterios, funcionará durante un término de tres años y será conformada al más alto nivel. Se ocupará, principalmente, de proponer estrategias para la reforma de la justicia en las áreas sustantiva, administrativa, presupuestal, de personal y de procedimientos.

6. En cuanto al tema de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, el Ministerio de gobierno, actuando en nombre del gobierno nacional, integrará una Comisión de carácter académico no gubernamental, con autonomía e independencia plenas, que investigue la dimensión nacional e internacional del fenómeno. La Comisión estará conformada por investigadores de universidades públicas y privadas y de centros de investigación de reconocida prestancia.

7. Respecto de los demás temas políticos, socioeconómicos y de convivencia,

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justicia y orden público consignados en el Pacto político, el gobierno iniciará su aplicación y ejecución a partir de la fecha de la dejación de armas.

8. A partir de la fecha, el M-19 anuncia que todos sus frentes armados fueron desmovilizados y sus miembros incorporados a la vida institucional del país; anuncia, así mismo, que hizo dejación de todas sus armas, municiones y material de guerra ante la Comisión de la Internacional Socialista designada para este fin.

Para la coordinación de todo el plan de desmovilización acordado con el M-19, el gobierno nacional creó el Consejo nacional de normalización mediante el decreto 314 del presente año.

El gobierno nacional, a partir de la fecha, aplicará el indulto a los miembros del M-19 y dará inicio a los programas de reinserción social y productivos acordados.

El Movimiento 19 de Abril, reitera así mismo que a este Acuerdo se acogen todos sus miembros y que como grupo armado deja de existir. 9. Los signatarios de este Acuerdo se comprometen a conformar una Comisión de seguimiento (un miembro por cada signatario) con el objetivo de concretar y darle viabilidad a los compromisos aquí adquiridos. 10. El plan de seguridad se ejecutará en los términos acordados por el gobierno nacional y el M-19 en diciembre de 1989. Dicho plan regirá hasta el 7 de agosto de 1990, con las revisiones pertinentes que se decidan de común acuerdo entre los representantes del gobierno nacional y el M-19.

Se hace manifiesta la necesidad de que, con posterioridad al 7 de agosto de 1990, se mantenga un nivel apropiado de seguridad y protección a los principales dirigentes del M-19.

Con la firma del presente Acuerdo se concluye una etapa decisiva para la aclimatación de la paz y el restablecimiento de la concordia que ha sido anhelo de varias generaciones de colombianos. Hoy podemos abrigar ilusiones ciertas respecto a que la sensatez y la generosidad se impondrán a la intransigencia y al radicalismo y de que en un futuro cercano las ideas políticas no serán causa de muerte entre colombianos. Gobierno nacional, partidos políticos y M-19 están concientes de la trascendencia que para el país tiene la celebración de este Acuerdo.

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Despeja un camino de reconciliación. Afianza unas condiciones para continuar avanzando en el empeño de la pacificación. Ofrece unos procedimientos e instrumentos para implementar soluciones políticas. Muestra, en fin, cómo mediante una voluntad cierta de paz de las partes involucradas, traducida en hechos concretos, se pueden lograr resultados en procura de la convivencia pacífica.

Firman VIRGILIO BARCO VARGAS, presidente de la República –

RAFAEL PARDO RUEDA, Consejero presidencial –

JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, expresidente de la República y Director Nacional del Partido Liberal –

CARLOS PIZARRO LEÓNGÓMEZ, Comandante general del M-19 –

ANTONIO NAVARRO WOLF, Comandante del M-19 –

MONSEÑOR ANTONIO FANDIÑO, en representación de la Iglesia católica como tutora moral y espiritual del proceso –

DOCTOR LUIS AYALA, en representación de la Internacional Socialista, como testigo.

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PROCESO CONSTITUYENTE Y LA DESMOVILIZACIÓN DEL EPL, EL MOVIMIENTO ARMADO QUINTÍN LAME Y EL PRT

ACUERDO FINAL ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y EL MOVIMIENTO ARMADO QUINTÍN LAME –Campamento de Pueblo Nuevo, Caldono, Cauca, 27 de mayo de 1991–

Preámbulo Las partes reconocen que los compromisos adquiridos en el presente Acuerdo son la culminación del proceso de negociaciones directas iniciadas el 26 de junio de 1990 entre la Consejería para la paz, en representación del gobierno nacional y el Movimiento Armado Quintín Lame, proceso dentro del cual se superan todas las diferencias sobre la base del respeto recíproco a la verdad y especialmente, la disposición permanente para comprender con la necesaria flexibilidad, las limitaciones de las partes en su búsqueda para suscribir los compromisos y garantías contenidas en el presente Acuerdo, en el entendido de que él constituye una aporte decisivo a la cimentación de la tolerancia política y facilita el tránsito hacia una nueva fase de nuestra historia identificada por la ampliación de la democracia participativa, que tiene en la Asamblea Nacional Constituyente el escenario extraordinario para convenir nuestro destino como nación civilizada políticamente. Que durante el proceso de las negociaciones dirigidas a la dejación de las armas por parte del Movimiento Armado Quintín Lame y a la reinserción a la vida civil y democrática de sus miembros, se convinieron mecanismos bilaterales para el estudio de las obras de desarrollo que habrán de beneficiar a las comunidades indígenas del Cauca donde ha tenido presencia armada el Quintín Lame. Se pactaron también comisiones bilaterales para preparar anticipadamente el proceso de reinserción productiva de los miembros de dicho movimiento y se puso en marcha un plan tanto para la alfabetización como para la validación acelerada de la primaria para la mayor parte de los activos del Quintín Lame dentro del campamento de Pueblo Nuevo, municipio de Caldono, donde se estableció la totalidad de su fuerza, conforme se pactó entre las mismas partes el 6 de marzo del año en curso en la Mesa de Togoima, municipio de Páez en este mismo departamento. Que en esa misma oportunidad se fijó el treinta y uno (31) de mayo próximo, como fecha en la que el Movimiento Armado Quintín Lame hará dejación definitiva de las armas habiéndose comprometido el gobierno nacional a designar un vocero permanente de esa organización ante la Asamblea Nacional Constituyente: en el entendido de que el Quintín Lame podrá solicitar a la plenaria de dicha Asamblea cambiar el carácter de su vocero otorgándole el voto.

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Reconocen así mismo las partes, la valiosa contribución prestada por todas las personas y entidades vinculadas de una u otra forma al presente proceso de paz negociado. Que como consecuencia del grado de madurez adquirido por el proceso de negociaciones y en prueba de la confianza recíproca, la Consejería para la paz en representación del gobierno nacional y el Movimiento Armado Quintín Lame, suscriben el presente Acuerdo final

I. Dejación de las armas A petición del Quintín Lame se conviene en solicitar a la Confederación de Iglesias Evangélicas la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes durante el presente proceso de negociaciones de paz. 1. El MAQL entregará el listado completo del armamento, munición, material explosivo y prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, para su evaluación por parte del gobierno nacional. 2. Tanto el armamento como la munición, el material explosivo y las prendas militares, serán inutilizadas para la guerra. El material explosivo será detonado y las prendas incineradas en el campamento de Pueblo Nuevo en la fecha ya dicha. 3. Para recibir las armas y proceder luego bajo su responsabilidad a la fundición de las mismas el 31 de mayo, se conviene en designar al Consejo Mundial de Pueblos Indios, entidad internacional que será invitada por ambas partes. II. Veeduría internacional y nacional 1. Veeduría internacional Hoy se hacen presentes como veedores internacionales los representantes del Consejo Mundial de Pueblos Indios: Donald Rojas, presidente (Canadá) y Rodrigo Contreras (Canadá) y como representante de la Asociación de Derechos Humanos de España el señor Luis Otero Fernández. 2. Veeduría nacional A petición del Quintín Lame se conviene en solicitar a la Confederación de Iglesias Evangélicas la verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes durante el proceso de negociaciones de paz. III. Garantías Como consecuencia del proceso negociado de paz y de la consiguiente dejación de las armas, de la decisión de la fuerza del MAQL de reintegrarse a

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la vida ciudadana y de participar plenamente en la vida democrática nacional, el gobierno concederá las siguientes garantías: a. La extinción de la acción penal y de la pena previstas en el decreto 213 del 22 de enero de 1991 para todos los miembros de esta organización guerrillera, siempre y cuando se trate de delitos políticos o en conexidad con ellos y conforme a las exigencias y requisitos previstos en el citado decreto. Con este fin el MAQL entrega en esta fecha la lista completa de toda la fuerza militar de su organización con la mayor identificación posible, con la indicación de quienes se encuentran privados de la libertad y de la autoridad que reconoce el proceso. b. El gobierno entregará el 31 de mayo un salvoconducto a cada uno de los miembros del Quintín Lame por los delitos consagrados en el decreto 213 del 22 de enero de 1991 con base en la lista que presentará la misma organización con el objeto de conseguir los beneficios jurídicos previsto en la disposición citada. c. El gobierno se compromete a facilitar, en el mismo campamento donde se encuentra situada la fuerza del MAQL, la inscripción del registro civil de nacimiento, la adquisición de la cédula de ciudadanía para quienes carezcan de estos documentos y, posteriormente, a agilizar el trámite para la obtención de la libreta militar y el certificado judicial, en la medida en que los interesados cumplan con los requisitos legales. d. Después de la dejación de armas, o finalizada la vida en campamento, el gobierno otorgará un auxilio mensual de subsistencia para todos los miembros de la organización guerrillera igual a la suma de doce (12) millones de pesos mensuales por un término de seis (6) meses. Este auxilio será girado a la Fundación Sol y Tierra constituida por el MAQL dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, quien la administrará y pagará a los beneficiarios del decreto 213 del 22 de enero de 1991 según los propósitos para la cual se asigna esta suma. El término de seis (6) meses podrá prorrogarse solamente en caso de que los programas productivos o los proyectos educativos no pudieren comenzar al final del término previsto, por causas no imputables a la organización que se desmoviliza o a sus propios miembros. e. El gobierno ofrecerá a las mismas personas a que se refiere el literal A de este capítulo, un servicio de salud integral, que en todo caso se prestará a través del Servicio Seccional de Salud del Cauca o de cualquier otro departamento si fuere preciso, durante seis (6) meses. También se prestará asistencia psicosocial si fuese indispensable. f. Para facilitar la tarea de promoción del proceso de paz por parte del Quintín Lame, esta organización ha designado siete (7) voceros legales que desempeñarán su actividad en el departamento del Cauca y en la ciudad de

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Bogotá. El gobierno se comprometió a auxiliar esta gestión de promoción con un auxilio de dos millones 500 mil pesos por una sola vez, que pagará a un representante de dicha organización mediante la presentación de cuentas de cobro ante el Fondo especial para la aplicación de la ley 35 de 1982. g. El gobierno pagará los gastos de hospedaje y de alimentación en Bogotá del vocero permanente en la Asamblea Nacional Constituyente durante dos meses y a dos de sus escoltas miembros del Quintín Lame. h. El gobierno se ha obligado a dotar a los miembros del movimiento armado con dos mudas de ropa, consistente cada una de ellas en un par de botas, un pantalón, una camisa, un par de medias y ropa interior masculina como femenina, según tallas suministradas por la organización. Se aclara que la primera muda fue entregada en el campamento en el mes de abril, conforme al compromiso adquirido con anterioridad. La segunda muda se entregará antes de la dejación de armas, lo mismo que un maletín para cada persona. i. Con el objeto de explicar la conveniencia del proceso de negociación política y de promover el fortalecimiento de la democracia mediante la participación ciudadana, el gobierno financiará dos (2) páginas en un diario nacional en la fecha que indicará el Quintín Lame, y tres (3) publicaciones de media página en un diario de circulación regional. Con el mismo propósito se difundirán en la televisión cuatro (4) segmentos en días diferentes en el programa institucional “Amarillo, Azul y Rojo”. j. Para apoyar los programas que a favor de la reinserción del Quintín Lame promoverá la Fundación Sol y Tierra el gobierno nacional entregará por una vez la suma de siete (7) millones de pesos. IV. Derechos humanos Con el fin de promover el respeto y defensa de los derechos humanos, especialmente en las comunidades indígenas, se conviene la vinculación de dos miembros propuestos por el Quintín Lame en la Comisión de superación de la violencia, previa consulta con los miembros de dicha Comisión y el EPL. Se propone recomendar a dicha Comisión el estudio de conclusiones del Foro sobre este tema realizado en el campamento de Pueblo Nuevo durante el mes de abril y el documento de trabajo elaborado por la Subcomisión de estudios sobre derechos humanos y derechos indígenas, Comisión que fue el resultado de compromisos adquiridos con anterioridad en desarrollo de este proceso de paz. Copia de este mismo estudio, en los aspectos que merezcan tratamiento constitucional, se trasladarán para su información a la Subcomisión que corresponda en la Asamblea Nacional Constituyente. V. Plan de seguridad

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1. Para la seguridad de los miembros del Movimiento Armado Quintín Lame, el gobierno prestará un servicio de seguridad compuesto por un total de cuatro (4) equipos para un mismo nivel de protección. Dos (2) con sede en Bogotá y dos (2) con sede en Popayán, aclarándose que uno de estos equipos incluye el que se encuentra al servicio del vocero permanente en la Asamblea Nacional Constituyente, que consiste en un vehículo especial y de dos (2) escoltas. El resto, estará conformado por un escolta y un vehículo. Cada servicio incluirá la dotación correspondiente de armas debidamente amparadas y equipo de comunicación. Para la protección de los dirigentes del MAQL, el gobierno asignará tres (3) chalecos antibalas.

2. El jefe nacional de seguridad del MAQL tendrá asiento en la Comisión del plan de seguridad adscrita al Consejo de normalización y como tal, estará facultado para coordinar con la DIJIN, con el DAS y con el Fondo especial para la paz, todos los aspectos relativos a la seguridad de los miembros del MAQL. El Quintín Lame insiste en que los equipos de seguridad funcionen adecuadamente, puesto que el que está al servicio del vocero de la Constituyente se ha prestado irregularmente. 3. El MAQL podrá adicionar el servicio de escoltas con miembros escogidos de sus filas, siempre y cuando asuma el costo de este personal, el cual deberá ser previamente entrenado por el DAS. Las armas que este personal utilice deberán contar con la documentación legal a cuyo trámite contribuirá la Consejería para la paz. La Comisión de seguridad del Consejo nacional de normalización acordará el plan a seguir. 4. La Comisión de seguridad realizará evaluaciones periódicas sobre el plan de seguridad y, al cabo de seis (6) meses de la firma del presente Acuerdo, tendrá lugar una evaluación general conjunta que permita replantear la cobertura del riesgo, las nuevas necesidades, como la cancelación o modificación de las medidas adoptadas. El equipo material facilitado para la seguridad por obra de este Acuerdo es propiedad del gobierno y podrá ser readjudicado por este, por la Consejería o los servicios de seguridad del Estado, cuando se estime que han desaparecido o disminuido los niveles de riesgo según la evaluación conjunta. 5. Para facilitar los desplazamientos de los dirigentes protegidos, el Fondo especial para la paz, ley 35 de 1982, previa la presentación de los comprobantes de ley, pagará los viáticos de los escoltas de la DIJIN o del DAS asignados a su protección. VI. Promoción del proceso de paz Con el objeto de contribuir a la difusión del proceso de paz, el MAQL abrirá en Popayán, Belalcázar y otra ciudad del Cauca, sendas casas que servirán como sedes de la Fundación Sol y Tierra la cual tiene como domicilio legal Popayán.

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La Consejería se compromete a intervenir ante los alcaldes respectivos para que se autorice el funcionamiento de tales sedes, que tendrán además el objeto de promover la democracia en Colombia y la educación ciudadana bajo el principio del respeto a la opinión ajena y la tolerancia política. VII. Plan de reinserción 1. Propósito de la reinserción La inserción del MAQL a la vida política, económica, y social del país, constituye un acto de reconciliación política dirigido a validar la convivencia democrática y el deseo de una sociedad más justa y equitativa, regida por la tolerancia y las oportunidades para la participación individual. El éxito de la reinserción depende tanto del esfuerzo conjunto del gobierno, la sociedad en general y de la organización guerrillera que se desmoviliza, como ante todo, de la convicción con que cada excombatiente asuma el compromiso de su reinserción y el grado de su participación en las tareas que éste le imponga, hasta el logro de su objetivo final. El MAQL entregará el 31 de mayo una encuesta inicial sobre aptitudes e idoneidades de todos los miembros de su organización, con el fin de preparar sobre esta base los proyectos de reinserción educativa y productiva. El diseño de los proyectos productivos, los cursos de capacitación para los mismos y la ejecución de los proyectos, estará a cargo de la Unidad de reinserción de la Secretaría de integración popular de la Presidencia de la República y de su respectiva oficina regional en el departamento del Cauca o en cualquier otra regional donde se establezcan los excombatientes del Quintín Lame. La asistencia técnica para los proyectos de reinserción se contratará de común acuerdo con una entidad especializada. 2. Cobertura El plan de reinserción cobijará únicamente a los excombatientes beneficiarios del decreto 213 del 22 de enero de 1991 que se encuentran en el campamento y a quienes se hallan privados de la libertad conforme a la lista que se presente bajo la responsabilidad del Quintín Lame, la cual será la base para calcular los programas y los costos de la reinserción, que se restringen a las alternativas definidas en la fase de reencuentro. 3. Criterios a. El diseño y ejecución del plan de reinserción, las partes adoptarán el

criterio de aprovechar al máximo el potencial propio de los miembros del MAQL propiciando la mayor cooperación interinstitucional en los diversos niveles del gobierno, la sociedad civil y la comunidad en general. b. Las parte harán un esfuerzo especial para convocar la solidaridad de empresa privada y de la comunidad internacional para el éxito del proceso de reinserción, así como la acción de las comunidades y cabildos indígenas

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del Cauca en particular, con el fin de encontrar las mejores condiciones de adaptación económica y social de los ex guerrilleros en sus comunidades de origen.

4. Fase de transición Se estima que esta fase podrá durar hasta seis (6) meses después de la dejación de las armas y concluirá con la iniciación de la fase de reencuentro. Sin embargo, se prevé que los programas de capacitación técnica podrán tener continuidad en la fase de reencuentro. Las actividades en esta fase de transición comprenderán: a) educación no formal y validación adecuada de la primaria y, b) capacitación técnica. a. Educación no formal El programa de educación no formal consiste en la enseñanza a los ex combatientes en los niveles de alfabetización, primaria y secundaria, según el grado actual de capacitación. El gobierno nacional comprometerá los recursos necesarios para la financiación del programa especial de validación de primaria que fue concertado con la Fundación Pro Indígenas, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Educación Nacional y que se cumple actualmente en el Campamento de Pueblo Nuevo. Estos programas concluirán un mes después de la dejación de las armas, para lo que se escogerá un sitio en el Cauca con la financiación del gobierno nacional. Dado el carácter especial de este tipo de programas para la educación primaria, se estudiará con el Ministerio de Educación Nacional las condiciones particulares de su validación oficial. Para efectos de la validación en secundaria, se diseñarán mecanismos por parte de la Comisión bilateral. El Programa especial en marcha se dividió en tres (3) niveles, a saber: alfabetización, reforzamiento del proceso de lecto escritura, y matemáticas, y la validación acelerada de la primaria que se detallan a continuación. NIVEL 1. Alfabetización. El curso se está impartiendo a quince (15) combatientes y tiene como contenido la lecto escritura. Son capacitadores los docentes de la comunidad y especialistas al servicio de la Fundación Pro Indígenas. NIVEL 2. Reforzamiento en lecto escritura y matemáticas El curso se está impartiendo a veinticinco (25) combatientes que han realizado estudios entre 1º y 2º de primaria y tienen como contenido: lecto escritura y fundamentación en matemáticas, con docentes de la comunidad, asesorados por el Programa de educación bilingüe del CRIC y el Equipo de educación indígena de la Universidad del Cauca.

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NIVEL 3. Validación acelerada de primaria El programa se está llevando a cabo con cincuenta (50) combatientes que han realizado estudios entre 3º y 4º de primaria y se ocuparán de las siguientes áreas: lingüística, etnohistoria y tradición oral, legislación indígena, ciencias naturales y matemáticas. El programa será responsabilidad de los agentes educativos de la comunidad, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y la Universidad del Cauca, coordinados por la Fundación Pro Indígenas. METODOLOGÍA Para el desarrollo de esta capacitación se parte de los fundamentos de etno educación desarrollados y recogidos a través de las experiencias del Programa de educación bilingüe del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y que están contenidos en la propuesta curricular de la Fundación Pro Indígenas, conjuntamente con las experiencias de los docentes y demás agentes educativos de la comunidad, como médicos tradicionales, cabildantes, etc., procurando garantizar una formación integral en el contexto socio-cultural en que se desenvolvió el proceso de formación individual y adecuando pedagógicamente los contenidos a los diferentes niveles establecidos, utilizando para ello la lengua materna, tradición oral, recursos audiovisuales y otros recursos didácticos. b. Capacitación técnica Tiene el propósito de impartir una capacitación técnica dirigida a los proyectos productivos, de preferencia en carácter autogestionario o de economía solidaria. En el diseño y ejecución de estos programas de instrucción, se comprometerán diversas instituciones del gobierno (SENA, ICA y universidades, entre otras), centros de estudio o investigación, organizaciones no gubernamentales o fundaciones, según las necesidades de los desmovilizados en particular. Para estos efectos se estudiarán las propuestas del MAQL que se articulan alrededor de dos centros de capacitación en Tóez y Pueblo Nuevo. 5. Fase de reencuentro En esta fase, el ex combatiente se reencontrará con la sociedad civil al decidirse por una de las opciones previstas para su reinserción. a. Inicio de un proyecto productivo, preferiblemente de carácter autogestionario o de economía asociativa, para lo cual el gobierno ofrece, aparte de la capacitación previa y de la asistencia técnica necesaria para el éxito del proyecto, un crédito por valor de dos (2) millones de pesos para cada persona reinsertada, concedido por una sola vez con interés del doce por ciento anual (12%); crédito que será pagadero en seis (6) años, con dos (2) años muertos para abono del capital y un interés moratorio del veinticuatro por ciento anual (24%) en consideración a que la mayoría de los proyectos son de carácter agrícola o ganadero y las condiciones regionales en que han de desarrollarse.

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Se buscará la vinculación de los cabildos y las comunidades indígenas, y se recurrirá, si es necesario, a la adquisición de terrenos por el programa de reforma agraria vigente. En caso de créditos complementarios, en lo posible se explorarán fuentes de crédito blando. La asistencia técnica estará a cargo de una entidad especializada acordada por las partes. b. Ubicación laboral en el sector público o privado, para lo cual el gobierno, hará las gestiones pertinentes. 6. Fase de seguimiento y evaluación a. Para el diseño y aplicación del plan de reinserción, el gobierno creó la

Unidad de reinserción adscrita a la Secretaría de integración popular, con fondos apropiados para este fin, la que cuenta con una delegación en Popayán. En los equipos de reinserción, el gobierno vinculará a integrantes del MAQL para garantizar la continuidad del trabajo bilateral en el diseño y ejecución de programas. b. El Consejo nacional de normalización se ampliará para dar cabida a un delegado designado por el MAQL y lo mismo ocurrirá con el Consejo regional de normalización del Cauca.

El director ejecutivo de la Unidad de reinserción y el representante del MAQL en el mismo, presentarán al Consejo nacional de normalización un informe mensual sobre el estado de los compromisos, copia del cual se entregará a la Comisión de veeduría. d. Para apoyar y desarrollar el plan de reinserción, el MAQL, canalizará los esfuerzos a través de la Fundación Sol y Tierra, la cual podrá captar recursos nacionales e internacionales con el mismo fin.

VIII. Obras regionales de desarrollo El gobierno nacional desarrollará obras regionales en los municipios de Popayán, El Tambo, Totoró, Cajibío, Piendamó, Morales, Corinto, Santander, Caloto, Jambaló, Puracé, Caldono, Buenos Aires, Toribío, Páez, Inzá. La adjudicación del monto para cada municipio y de las obras que habrán de acometerse en él, se decidirá en el Consejo departamental de normalización del Cauca, donde tendrá asiento permanente un representante del Quintín Lame. El monto global de estos planes será de seiscientos millones de pesos, que será aplicado por una sola vez con recursos procedentes del presupuesto nacional (Fondo para la paz). Estos planes buscan beneficiar las comunidades y fomentar el desarrollo socioeconómico general de las regiones procurando, además, canalizar recursos propios de las entidades gubernamentales que adelantan programas

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en los municipios acordados. Así mismo, se procura el apoyo de las organizaciones comunitarias e indígenas con el mismo fin. El gobierno nacional, por razón de las negociaciones y de las necesidades concretas de la población de Pueblo Nuevo y de la instalación del movimiento guerrillero en el campamento en el mismo lugar, financió la construcción de dos (2) grandes salones, una oficina y una batería de baños, dotados de las respectivas instalaciones sanitarias, de agua, electricidad y una línea telefónica, para que sirvieran temporalmente como dormitorio de los miembros del Quintín Lame. Dichas instalaciones serán entregadas definitivamente a la comunidad de Pueblo Nuevo a título de donación para que se le dé la destinación y administración que decida autónomamente su cabildo, una vez se encuentren adecuadamente terminadas. Conforme a los compromisos anteriores adquiridos con la Comisión negociadora del MAQL, se desarrolló una campaña de salud oral básica con la financiación del gobierno, y existe el compromiso de realizar una segunda campaña oral para lo cual la Consejería entregará los medicamentos necesarios utilizando el instrumental gestionado por el Quintín Lame. El Consejo departamental de normalización gestionará ante diferentes entidades oficiales la ejecución de obras que para algunos de los dieciséis (16) municipios acordados han sido diagnosticadas como prioritarias durante el curso del presente proceso de negociación. El gobierno nacional apoyará las gestiones en el Consejo de normalización, conforme a los compromisos adquiridos durante el presente proceso. Por el gobierno nacional JESÚS ANTONIO BEJARANO, Consejería para la Paz - CARLOS EDUARDO JARAMILLO, Asesor consejería - ALVARO HERNÁNDEZ, Asesor consejería - TOMÁS CONCHA SÁNZ, Asesor consejería - HUMBERTO VERGARA - Asesor consejería - GONZALO DE FRANCISCO, Asesor consejería - GABRIEL RESTREPO, Asesor consejería Por el Quintín Lame Estado mayor: GILDARDO FERNÁNDEZ - CARLOS ANDRADE - RICARDO ROMERO - RUBÉN DARÍO MONROY - RICHARD SÁNCHEZ - FRANKY GUERRERO (Dirección política) - LEONARDO ULCUÉ - CIRO TIQUE - IVÁN QUINTERO - FERNANDO MUÑOZ - GABRIEL MARTÍNEZ. Veedores internacionales por El Consejo Mundial de los Pueblos Indios: DONALD ROJAS - RODRIGO CONTRERAS, Presidente.

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