Sobre La Corrupci n en El Per . Montoya P g 205

8/3/2019 Sobre La Corrupci n en El Per . Montoya P g 205

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Sobre la corrupcin en el PerAlgunas notas sobre sus caractersticas, causas,

consecuencias y estrategias para enfrentarlaYvn Montoya

La corrupcin puede ser abordada desde dos perspectivas, que en absoluto sonantagnicas; ms bien, creo, permanecen en un tipo de relacin de gnero a especie. Enefecto, por un lado, es posible entender la corrupcin como actos o manifestacionesconcretas del uso particular de la funcin pblica delimitados en la legislacinadministrativa o penal1, pero, por otro lado, es necesario entender la corrupcin en un

sentido ms amplio, esto es, como un clima de mentalidad colectiva, sentimientos yprctica histrica que denominamos fenmeno de la corrupcin. Coincidiendo con elprofesor Hurtado Pozo, consideramos que esta dimensin es la ms importante a teneren cuenta, dadas las repercusiones negativas que tiene en la vida general del pas, y

porque es la que sostiene o explica de algn modo las manifestaciones concretas decorrupcin habitual. En este acpite nos detendremos en esta ltima perspectiva de lacorrupcin para luego, en los puntos siguientes, ir descendiendo a los mecanismosextrajurdicos y jurdico-penales para la contencin de las manifestaciones concretas dela corrupcin.

Pero, por qu tanta preocupacin por la extensin de la corrupcin en nuestra sociedadactual? Qu hay de nuevo en una prctica que se conoce hace tanto tiempo?

LACORRUPCIN: UNODELOSGRANDESPROBLEMAS

Garca Enterra2 apunta a la corrupcin generalizada como uno de los dos grandesproblemas para el funcionamiento efectivo de las democracias occidentales. La describeesencialmente como un fenmeno de colonizacin del Estado por la sociedad (adiferencia de lo que ocurre con la administracin pblica en un Estado partidocrtico,en donde el fenmeno es el inverso: la colonizacin de la sociedad por el Estado), esdecir, como un fenmeno de injerencia distorsionaste del sector privado en elfuncionamiento del servicio pblico.

Y es que la corrupcin, en el contexto actual, presenta tres aspectos singulares que lahacen potencialmente lesiva al desarrollo de nuestras incipientes sociedadesdemocrticas.

En primer lugar, se evidencia una conexin peligrosa entre la novedosa criminalidadorganizada y la administracin pblica. Si bien la criminalidad organizada no es un tipode criminalidad absolutamente nueva, dado que su estructura no cambia en nada laclsica divisin entre los delincuentes y los vigilantes de la ley, s lo es su connivenciacon los propios rganos estatales encargados de su control y persecucin. Como seala

1 Jos Hurtado Pozo, Corrupcin: el caso peruano, en Pena y Estado. Corrupcin de funcionarios

pblicos, Buenos Aires, 1995, p. 156.2 Eduardo Garca de Enterra, Democracia, jueces y control de la administracin, Ed. Civitas, Madrid,1996, p. 88 y ss.


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el profesor Winfried Hassemer, la criminalidad llegara a una situacin paradjica detener que combatirse a s misma3.

En segundo trmino, el avance tecnolgico e industrial en campos como la banca o lasfinanzas permiten modalidades nuevas y encubiertas de corrupcin que hacen difcil sudevelamiento y persecucin. Ejemplo de lo sealado puede verse en las millonariastransferencias bancarias provenientes de fondos pblicos, realizadas por los testaferrosdel ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a cuentas privadas en organizacionesfinancieras ubicadas en parasos fiscales, lo que ha dificultado enormemente suubicacin y eventual repatriacin.

Finalmente, la globalizacin y los procesos de integracin supranacional han conllevadola configuracin de una forma de criminalidad de carcter transnacional con enormecapacidad de desestabilizacin de mercados, as como de corrupcin internacional defuncionarios pblicos4. Ejemplo de esta caracterstica lo muestra el caso, durante elgobierno del ex presidente Fujimori, de la compra por parte del Estado de armamentomilitar o policial a proveedores de pases extranjeros, el cual termin desvindose a

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este acto complejo decorrupcin termino comprometiendo a dos pases, adems del Per.

CAUSAS

Determinar las causas de este fenmeno es realmente una tarea que escapara a unamodesta exposicin como la presente, sin embargo, diversos investigadores han

planteado algunos factores que condicionan la aparicin y desarrollo de la corrupcin:

La ausencia de valores en la sociedad, lo que explica la interesada poca claridad paradeterminar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la funcin pblica. Unejemplo de lo mencionado lo encontramos en las declaraciones del lder poltico Luis

Bedoya Reyes cuando, respecto del proceso penal seguido contra su hijo, Bedoya deVivanco, por complicidad en delito de peculado realizado por Vladimiro Montesinos,seal que su hijo haba cometido, en todo caso, un pecado, pero no un delito.

La distribucin poltica del poder en la administracin pblica de formaintolerablemente concentrada, discrecional y sin ejercicio transparente del mismo5.Puede citarse como ilustracin los innumerables decretos supremos secretos emitidos

por el gobierno del ex presidente Fujimori, por medio de los cuales se dispusotransferir fondos de los ministerios de Defensa y del Interior al Servicio deInteligencia Nacional. Precisamente, gran parte de estos fondos sirvieron parasobornar a mltiples funcionarios pblicos (congresistas tranfugas, magistrados

judiciales y fiscales y oficiales militares) y empresarios (publicistas y dueos demedios de comunicacin) para mantenerlos adheridos al rgimen de turno, abdicandode sus deberes esenciales de independencia en el ejercicio de sus funciones.

La coyuntura de una sociedad subdesarrollada que encara un periodo de crecimientoy de modernizacin6. Esta es la coyuntura que atraviesa actualmente el Per, por lo

3 Winfried Hassemer, Posibilidades jurdicas, policiales y administrativas de una lucha ms eficaz contrala corrupcin, enPena y Estado. Corrupcin de funcionarios pblicos, No 1, Buenos Aires, 1995.4 Jess Mara Silva Snchez, La expansin del derecho penal. Aspectos de la poltica criminal en lassociedades postindustriales, Ed. Civitas, Madrid, 1999, pp. 70-71.5 Seala Seymour Martn Lipset (Repensando los requisitos sociales de la democracia. Lademocratizacin y sus lmites, en La poltica No 2) que la corrupcin es inherente a los sistemas

construidos sobre la pobreza. El Estado debe asignar los recursos que controla, pero cuando es pobreprioriza en tal asignacin criterios personales, partidarios, etc.6 Jos Hurtado Pozo, Op. Cit.


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Finalmente, la corrupcin tambin reproduce y consolida la desigualdad social,consolida el clientelaje poltico y perpeta la ineficacia de la burocracia y, por lotanto, impide contar con una administracin pblica eficiente al servicio de lasatisfaccin de los derechos de los peruanos.

2. Econmicamente, los especialistas sealan a la corrupcin como un factor deineficiencia y desperdicio en el aprovechamiento de los recursos y en laimplementacin de las polticas pblicas9. En efecto, cuando el soborno se convierteen prctica corriente, los contratos gubernamentales, las concesiones, las licitaciones,las privatizaciones no son adjudicados a los postores ms eficientes y profesionales,sino a los que tienen mejores contactos y carecen de escrpulos. Ello, evidentemente,

perjudica los intereses del Estado y por ende los intereses de todos los ciudadanos.

Igualmente, la corrupcin conlleva a que la redistribucin de la riqueza se reasigne afavor de aquellos que detentan alguna forma de poder monoplico, esto es, desectores con mayor capacidad adquisitiva, en perjuicio de las capas menosfavorecidas y a las que generalmente van destinados los fondos pblicos.

As mismo, algunos estudios economtricos nos indican que existe una correlacinnegativa entre crecimiento y altos niveles de corrupcin10, lo que significa que amayores niveles de corrupcin menores sern los ndices de crecimiento econmicode un pas.

3. Pero el efecto ms grave, y en ello compartimos las ideas de Psara, es que lacorrupcin atenta contra una de las condiciones necesarias de la vida en sociedad: laconfianza recproca entre los ciudadanos y en la colectividad, debido a loimprevisible del comportamiento entre unos y otros. Este sentimiento dedesconfianza en las instituciones y entre los propios conciudadanos quiebra las basesdel contrato social llevndonos a un clima de anomia y desestructuracin social.

Como bien seala Dez Picazo, es cierto que los gobernantes no encarnan el Estadoen su conjunto y es asimismo cierto que concretos casos de criminalidad gubernativano convierten al Estado en una organizacin criminal; pero es incuestionablementecierto que los gobernantes son rganos del Estado, y sobre todo que representan laimagen visible del mismo. La conclusin es evidente: la criminalidad gubernativatiende a difuminar la ecuacin entre Estado y legalidad y, por consiguiente, tiende adeslegitimar el Estado ante los ciudadanos11.

De plano, todo este panorama de causas y efectos que hemos expuesto nos muestraun fenmeno cuya represin desborda su tratamiento meramente jurdico penal y nosexige poner atencin, adems, en otro tipo de polticas de carcter extrajurdico o

extrapenal.Sin embargo, antes de entrar a una revisin de todas estas polticas, creemos precisocompartir algunas positivas experiencias comparadas de lucha contra la corrupcin.

EXPERIENCIASCOMPARADAS

Antes del develamiento de la corrupcin montesinista, cul era nuestra percepcinsobre la corrupcin?

Generalmente observavamos en la ciudadana una actitud pesimista al momento de plantear estrategias o medidas viables para enfrentar una extendida situacin de

9 Luis Psara, Op. Cit. p. 19.10 Rose Ackerman, Op. Cit. p. 2811 Luis Mara Dez Picazo,La criminalidad de los gobernantes, Ed. Crtica, Barcelona, 2000, p. 14.


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corrupcin. Esa sensacin se aprecia incluso en un sector importante de nuestrapoblacin, la cual se encuentra an incrdula frente al desenlace de esta operacin demanos limpias en nuestro pas.

Sin embargo, pocos saben que existen diversas experiencias comparadas, de algunamanera exitosas, que nos han dejado algunas herramientas valiosas que pueden serutilizadas en nuestro pas a efectos de disminuir los niveles de corrupcin. Las lneassiguientes dan cuenta de estas experiencias:

1. Inglaterra y el informe del Comit Nolan (1995)12

Los medios de comunicacin ingleses venan difundiendo, desde hace algn tiempo,denuncias de escndalos, corrupciones y abusos por parte de la clase poltica. Ante estoshechos, en el seno del Parlamento ingls, se design una Royal Commission (entidadindependiente con una minoritaria representacin de los partidos polticos) encargada deelaborar un informe de recomendaciones a efectos de reconstruir la confianza perdida delos ciudadanos en sus gobernantes, de forma tal que se aseguren rigurosamenteestndares ptimos de conducta en la vida pblica.

Empieza el informe cerrando espacio a la indeterminacin moral que genera lacorrupcin. A travs de siete principios bsicos de la vida pblica (neutralidad,integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia (sinceridad), honestidad ycapacidad de decisin) se intenta poner fin a las zonas grises en la tica pblica.

En segundo trmino, el informe Nolan asume las ventajas de sus propuestas a nivel deun cdigo de conducta y no de una legislacin determinada, lgicamente bajo el controlde un commisioner. Esta frmula expresa los efectivos mecanismos de autorregulaciny vigilancia que se imponen los propios entes administrativos. En ese sentido se

prescriben estndares de conducta bastante altos para los ministros y sus respectivosfuncionarios: exige una separacin de las funciones ministeriales de sus funciones

poltico-partidarias, regula la investigacin rpida de las denuncias de las que seanobjeto y propone que sea regulado el trabajo privado que puedan realizar los exministros, a fin de evitar que sean retribuciones de favores decididas durante el ejerciciode sus funciones.

Pieza fundamental de esta poltica de anticorrupcin lo constituye el comissioner,instancia independiente dentro de la propia administracin y ajeno a los procesos denombramiento de funcionarios. Adems, se propone un sistema de denunciasconfidenciales (el funcionario denunciante no tiene que identificarse) en cada ministerioy agencia pblica.

Este informe ha significado una revolucin en todas las administraciones europeas alintroducir el criterio central de su mensaje, esto es, que la confianza del pueblo en susgobernantes y gestores es el pilar de la democracia. Las elecciones no son capitales, sonsimplemente un instrumento para este objetivo. La confianza debe mantenerse en todoslos periodos y ello es posible manteniendo permanentemente un estndar alto deexigencia en la vida pblica. Como seala Garca Enterra, sta es la nica manera deque el pueblo se sienta como un verdadero titular del poder y que sus intereses seangeneralmente el objetivo de sus gobernantes.

2. La Comisin Independiente contra la Corrupcin de Hong Kong13

12 Experiencia tomada de Eduardo Garca Enterra, Democracia, jueces y control de la administracin,

Ed. Civitas, Madrid, 1996, p. 84 y ss.13 Experiencia tomada de Robert Klitgaard, Controlando la corrupcin, Ed. Sudamericana, Buenos Aires,1990, p. 112 y ss.


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En la dcada de los aos 60 y 70, la Polica de Hong Kong padeca de una altsimacorrupcin en todos sus niveles jerrquicos y sta se manifestaba desde el trfico ilcitode drogas hasta en el soborno en las infracciones de trnsito. El soborno y los cobrosilegales eran prcticas frecuentes y generaban un estilo de vida para estos funcionarios

policiales.

La situacin se complic an ms con el caso de un alto funcionario de la Polica, elcomisario jefe Peter Godber, uno de los peces gordos de la corrupcin. Este funcionarioempez a ser investigado por la seccin de anticorrupcin de la propia Polica ( ACO).Cuando Godber fue notificado para que explicara sus excesivos bienes, ste huyo del

pas con destino a Londres. A efectos de contrarrestar el escndalo de la fuga de estefuncionario, en 1973 se anunci la creacin de una nueva Comisin Independientecontra la Corrupcin (ICAC). La seccin de anticorrupcin de la Polica quedaba, enrazn de ello, abolida. La nueva comisin fue presidida por Jak Cater, una personaintachable y a cuya institucin se le otorg independencia y plenos poderes. El personalestaba integrado por antiguos oficiales incuestionables pertenecientes a la Polica real de

Hong Kong. Se reclutaron los mejores jvenes y se les otorg una formal capacitacin yformacin. Los candidatos fueron sometidos a rigurosos controles y se les ofreci unaremuneracin ms alta que al resto de funcionarios, as mismo se estableci un sistemade premios y castigos considerables. De esta manera se garantiz que fueranfuncionarios incorruptibles.

En la primera etapa se dio prioridad a las facultades de investigacin de sudepartamento de operaciones. El efecto fue inmediato: entre 1974 y 1975 seinvestigaron 2,466 denuncias y aument el nmero de ellas que fueron llevadas a juicio.

Las investigaciones de ICAC afectaron a la polica corrupta, llegndose a acusar en unpoco ms de dos aos a 260 funcionarios policiales. Una de las razones para el xito del

trabajo deICAC

radic en que se elevaron considerablemente las probabilidades de queun polica corrupto sea descubierto, y ello se logr a travs de la promocin de lasdenuncias del pblico, resguardando el anonimato en algunos casos o recurriendo a lavigilancia secreta. Por lo menos en el periodo de la presidencia de Jak Carter, lacorrupcin disminuy ostensiblemente.

3. La respuesta judicial de Italia: Tangentopoli

Es conocido por todos la extensin y desarrollo de la mafia y la corrupcin poltica enItalia. Sin embargo, desde fines de la dcada de los aos ochenta se habla en este pas deun fenmeno denominado Tangentopoli, es decir, un conjunto de investigaciones

judiciales que han seguido en Italia a la mafia vinculada a la poltica. Hasta 1994, las

personas implicadas judicialmente eran cerca de 1,500, de stas, 80 eran parlamentarios,tres presidentes de consejos de ministros, varios ex ministros o ministros, ex alcaldes degrandes ciudades. En la mayora de los casos se imput cohecho o corrupcin. Cincoministros dimitieron al verse envueltos en las investigaciones y el Parlamento concedicon frecuencia las autorizaciones para proceder contra los parlamentarios solicitadas porla magistratura. La negativa ante una solicitud dirigida contra Craxi origin toda una

protesta en Italia.

La razn central de este empuje contra la corrupcin se debe primordialmente a laindependencia del que goza el Poder Judicial y el Ministerio Pblico italianos.Independencia obtenida gracias a un representativo rgano de gobierno del PoderJudicial, a la actuacin dinmica de las asociaciones de magistrados y a la presencia derganos de investigacin independientes y especializados en el seno del MinisterioPblico. Esta poltica se encuentra lamentablemente en riesgo de decaer en mrito de


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algunas medidas que han determinado la desactivacin de rganos e institucionesespecializadas.

Todas estas experiencias han enfrentado el problema de la corrupcin de forma drsticay por lo menos dos de ellas se iniciaron con un impacto severo en la cpula de lite

poltica y social. Para el caso peruano esperamos que la experiencia del sistema judicialanticorrupcin iniciada durante el Gobierno retransicin del Presidente ValentnPaniagua (que ha determinado cientos de procesados y decenas de condenados, entreellos polticos, ex congresistas, el ex presidente, ex ministros de Estado, dueos demedios de comunicacin, etc.) no decline y culmine procesando y eventualmentecondenado a los principales responsables de la corrupcin gubernamental llevada a caboen el Per en la dcada de los aos 90.

PROPUESTASPARAUNALUCHAEFICAZYDEMOCRTICACONTRALACORRUPCIN

Ninguna disposicin normativa o diseo organizacional alternativo puede resultar eficazcontra la corrupcin si no se presentan y mantienen dos presupuestos bsicos: en primer

lugar, es imprescindible un mnimo consenso poltico favorable a esta causa. Estecontexto no slo dota de legitimidad a las polticas que se implementen sino que otorgacontinuidad a las mismas por encima de las coyunturas particulares. En segundo lugar,resulta necesaria la garanta de una suficiente independencia interna (dentro de su

propio aparato institucional) y externa (respecto de influencias del poder poltico oeconmico de turno) de los rganos responsables del sistema de administracin de

justicia (Ministerio Pblico, Poder Judicial y Polica Nacional del Per). Efectivamente,el Ministerio Pblico como titular nico de la accin penal, as como el Poder Judicial,rgano de decisin de los conflictos, son rganos del sistema de justicia que debensuperar su histrica pasividad e ineficacia frente a los abusos del poder. Laindependencia en el desarrollo de sus funciones es presupuesto esencial de una poltica

eficaz de persecucin de la corrupcin14. Slo esta independencia les otorga la fortalezanecesaria para enfrentar los costos de esta causa nacional.

PROPUESTASDEREORGANIZACINESTATAL

La idea de potenciar este tipo de propuestas en el mbito organizativo y administrativoresulta no slo de su mayor capacidad preventiva con respecto a la mera aplicacin desanciones punitivas, sino tambin de que a travs de estos mecanismos evitamos recurririndiscriminadamente al derecho penal y a sus instrumentos, muchas veces restrictivosde derechos fundamentales de la persona.

Se trata de mecanismos de carcter tcnico u organizativos 15 implementados dentro del

aparato estatal a efectos de disuadir o evitar contextos que favorezcan la materializacinde actos de corrupcin. Entre ellos podemos referir los siguientes:

1. Incentivar la competencia de la economa y la asignacin del manejo de recursos

estatales a sectores privados

Evidentemente contribuyen a reducir los incentivos para la corrupcin todas aquellas polticas que implican menos intervencin estatal en la economa (restriccin deexportaciones, subsidios, tipos de cambio preferenciales, control de precios, etc.) y ensu lugar se potencie la competencia en el mercado nacional. En efecto, como sealaRose Ackerman, si el Estado no tiene autoridad para restringir exportaciones, o no

14 Fernando Cruz Castro, Op. Cit. p. 83.15 Winfried Hassemer, Posibilidades jurdicas y administrativas de una lucha ms eficaz contra lacorrupcin. Corrupcin de funcionarios pblicos, enPena y Estado, No 1, ao 1995, p. 152.


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otorga tipos de cambio preferencial, por ejemplo, no ofrece espacios para la corrupcin.Un ejemplo tpico lo ofrece el primer Gobierno del presidente Garca: subsidios, tiposde cambio preferenciales (dlares MUC), etc.

Sin embargo, no quiero decir con ello que la ausencia del Estado en todos los sectoresde la economa sea la solucin a los problemas de la corrupcin. Es evidente que la

presencia del Estado es necesaria en varios sectores de servicios pblicos. En estoscasos, es necesario implementar regulaciones internas adecuadas como, por ejemplo, elincentivo de la propia competencia dentro de la administracin pblica16. Por otro lado,tambin existen riesgos de que la corrupcin se traslade al sector privado, sobre todocuando se forman monopolios en algunos mbitos de la economa17, de ah tambin laimportancia de instituciones estatales como el Indecopi, que supervisa y promueve unambiente de libre competencia en el sector privado.

2. Transparencia progresiva y control permanente en las negociaciones ytransacciones realizadas por los funcionarios

Esta es la idea del mencionado informe Nolan. Al establecerse un sistema de denunciasconfidenciales, se expone permanentemente a los funcionarios pblicos a tener que estaren capacidad de dar explicaciones fundadas de las decisiones que constantementeadoptan. A ello puede ayudar el establecimiento de reglas claras y precisas. De igualfuncin lo constituyen las auditorias internas y externas a la que deben estar expuestaslas diversas unidades administrativas, sobre todo las que muestren sospechas sobre unalto grado de corrupcin.

Pero la transparencia en la actuacin administrativa no slo debe estar expuesta por losmecanismos contables o denuncias internas dentro de la administracin pblica. Estatransparencia sobre todo debe ser permanentemente fiscalizada por la sociedad civilorganizada, y en especial por la prensa de investigacin. La lgica de la democracia y

del Estado de derecho debe materializarse en estos mecanismos de control que se practican desde un ejercicio libre de la prensa. Cuntas transacciones corruptaspermanecieron en la oscuridad debido a una prensa que en su mayora renunci a sutrabajo de crtica a la gestin pblica del rgimen! Cuestin escandalosa result ser laforma en que los medios de comunicacin ms importantes sujetaron su capacidad defiscalizacin a los lineamientos del rgimen fujimorista.

3. Evitar la concentracin de funciones y de poderes discrecionales en los funcionariospblicos

La necesidad de un mayor grado de transparencia y control slo es posible con ladeterminacin de reglas claras tendientes a evitar la concentracin de amplias funciones

en determinadas unidades de la administracin pblica y, a su vez, con la delimitacinde las facultades discrecionales de los funcionarios. As, por ejemplo, es posible hacerque trabajen en equipos con supervisin inmediata, de tal modo que ningnfuncionario tenga oportunidad de tomar grandes decisiones por su cuenta18. Ejemplo deello son los enormes recursos que se manejaban desde el Ministerio de la Presidencia y16 Seala, por ejemplo, Rose Ackerman que la corrupcin puede reducirse si hay varias oficinas quetienen la misma competencia, ya que quienes necesitan esas licencias pueden acudir a otros funcionariosen el caso que el primero se niegue a su peticin (Op. Cit. p. 34). En igual sentido, Robert Kiltgaard. Op.Cit. p. 78 y 79.17 Seala Robert Kilitgaard (Op. Cit. p. 80) que dejar que una firma privada, en vez del Gobierno,distribuya los bienes y servicios, no reduce obligatoriamente los daosos efectos de la corrupcin. Si el

poder monoplico y el hacer cumplir la ley discrecionalmente permanecen, seguramente losconsumidores seguirn pagando un precio muy elevado.18 Robert Klitgaard, Op. Cit. p. 95.


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desde el Ministerio de la Mujer, precisamente los ministerios con mayorcuestionamiento de corrupcin durante las campaas electorales.

Reforma del servicio civil

En el mbito del servicio civil se han sugerido una serie de reformas y modificaciones.

En primer trmino se asume la necesidad de contar con los agentes tcnicamente mscapaces, pero a la vez honestos y confiables. Esto ltimo aunque conlleve un ciertogrado de destinacin de cierta capacidad tcnica. El profesor Kirtgaard nos informa yade la existencia en el medio de pruebas psicolgicas para investigar la honestidad, quehan dado buenos resultados en predecir la integridad de la persona en el puesto19.

Por otro lado, se sugiere en este campo la rotacin de personal, a fin de evitar laformacin de connivencias y arreglos entre colegas en un distorsionado espritu decuerpo.Y, finalmente, el establecimiento de cdigos de tica para la funcin pblica. Seentiende que el fundamento de esta necesidad reside en la propia idea moral del Estadocomo una entidad supraindividual que busca el bien comn. Lgicamente, un cdigo detica para la funcin pblica no es la solucin final para la corrupcin, sin embargo

permite, a travs de disposiciones de principio, evitar los espacios confusos ycontradictorios que podran generar las mltiples normas que regulan las funciones delEstado. Teniendo una mayor claridad y unidad sobre lo correcto e incorrecto en laactuacin pblica se favorece la universalizacin de las normas de conducta de losfuncionarios pblicos y se evita la dispersin normativa. Esta es la apuesta que desdehace un tiempo viene impulsando la Defensora del Pueblo en nuestro pas, quien,entiendo, ha sido una de las primeras instituciones en adoptar una directiva estricta deneutralidad en las elecciones, experiencia seguida por todos los organismos del PoderEjecutivo.

19Ibidem, p. 85.

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