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Á M B I T O L E G A L D E L A E M P R E S A E N L A U N I Ó N E U R O P E A
Sesión 8. Prácticas desleales, salvaguardas y competencia II
Objetivos
El alumno:
Conocerá los aspectos que se consideran como prácticas
desleales dentro del TLCUE.
Conocerá los aspectos que se consideran salvaguardas
desleales dentro del TLCUE.
Conocerá y analizará cuáles son los organismos que tienen
competencia para resolver controversias comerciales en el
marco jurídico del TLCUE de México y la Unión Europea.
En esta sesión
Ilustración 1. Mapa de la sesión
Á M B I T O L E G A L D E L A E M P R E S A E N L A U N I Ó N E U R O P E A
Introducción
Haber logrado una desgravación aparentemente más rápida por parte de
nuestras contrapartes europeas no significa que exista un efectivo
reconocimiento de las asimetrías económicas y sociales entre las partes.
En realidad, aunque en el 2007 dio una desgravación total por parte de
México y de la Unión Europea (UE) significa que la misma Comisión
Europea establece que en términos de cobertura el Tratado de Libre
Comercio con la Unión Europea - México (TLCUE) otorgará a los
empresarios de la UE un trato preferencial y acceso más rápido al mercado
mexicano, en condiciones superiores a las ofrecidas hasta ahora por
México a otros países.
Como un ejemplo que sucede en la industria siderúrgica nacional tuviera
una desgravación arancelaria a diez años debido a que la UE es una región
con una fuerte capacidad ociosa que se convierte en una gran
disponibilidad instalada por encima de sus consumos internos, además de
ser una región exportadora neta, al tiempo que la siderurgia mexicana no
está en condiciones similares pues la Unión Europea (UE) cuenta con
programas de apoyos gubernamentales que le dan ventaja en inversiones
ecológicas, de investigación y desarrollo tecnológico.
En el caso del sector automotriz, que incluyó el compromiso mexicano de
eliminar su decreto automotriz para el 1 de enero del 2004, así como
mejorar el acceso al mercado para autos originados en la UE, los cuales
entrarán a nuestro mercado bajo las mismas condiciones, y en algunos
casos mejores que los vehículos del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN).
Así, mientras muchos de los bienes producidos por los grandes consorcios
empresariales, obtuvieron importantes ventajas, aquellos fabricados por el
sector social de la economía o de la empresa micro, pequeña y mediana
realmente se les han ofrecido pocas opciones. Se sacrificó a sectores
importantes que aun apuestan en México como el del atún al que no se le
logró remover la alta tasa impuesta ni aumentar sus cuotas de exportación
a la UE.
Hemos propuesto medidas que garanticen la transferencia de tecnología,
sin embargo, en el TLCUE no se expresa el compromiso de la UE de
promover que sus empresas e instituciones confieran incentivos destinados
a fomentar y propiciar esta transferencia, con el fin de que estos puedan
establecer una base tecnológica sólida y viable, así como el ofrecer
(UNCTAD, 2000): “la flexibilidad apropiada para que los distintos países en
desarrollo abran menos sectores, liberalicen menos tipos de transacciones,
aumenten progresivamente el acceso a sus mercados a tenor de su
situación en materia de desarrollo”. Así, con el TLCUEM se ha perdido la
oportunidad de pasar de lo declarativo a lo normativo con relación a la
aplicación del trato especial y preferente ( Pérez Rocha).
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Lección 8.1 Las salvaguardas
Análisis del general del TLCUE
Dentro de la negociación con Europa, el gobierno mexicano no
promovió cláusulas ni normas que compensaran las asimetrías y las
diferencias de desarrollo, por tanto, el tratado comercial no refleja un
trato preferencial y equilibrado.
Con el supuesto objetivo de garantizar condiciones de igualdad, se
impusieron restricciones a las políticas industriales y de fomento
económico. México debió regular y reglamentar el principio de trato
nacional. Debió apoyarse en las resoluciones de la Conferencia de
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) para pedir
trato especial, diferenciado y preferente que tome en cuenta las
asimetrías.
Esto hubiera permitido no sólo gradualidad en la apertura de ciertos
rubros, sino la creación de fondos compensatorios para enfrentar
impactos negativos y desigualdades estructurales prevalecientes, así
como establecer la flexibilidad apropiada para que se regularan las
transacciones financieras y se aumentara progresivamente el acceso a
los mercados de las economías industrializadas. Con el TLCUE, México
perdió la oportunidad de pasar de lo declarativo a lo normativo respecto
a la aplicación del trato especial y preferente.
Razón había para que México pidiera un trato preferencial por el
enorme déficit comercial con Europa acumulado en los últimos años;
además tal como está redactado, el TLCUE profundiza las
desigualdades económicas, sociales, ambientales y culturales que han
afectado a la población mexicana ya duramente presionada por los
efectos negativos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
En materia de ritmos de desgravación arancelaria, reglas de origen e
inversión, México al no apelar al reconocimiento de su condición de país
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en desarrollo obtuvo resultados limitados. En cambio Europa, como lo
reconocieron sus representantes, no sólo obtuvo la igualación de sus
accesos y disminuciones arancelarias idénticas a las de Estados Unidos
y Canadá, sino en varios aspectos como inversión, obtuvo ventajas
adicionales.
La UE ofreció en 2000 una desgravación inmediata de la mitad de los
aranceles y el resto para el año 2004, lo cual significó que no hubo
acceso preferencial alguno, pues la UE estaba comprometida a aplicar a
numerosos productos arancel cero para el 1 de enero de 2004, de
acuerdo con los compromisos de la Ronda Uruguay.
Para el caso de México el costo fiscal de la apertura, es decir, la pérdida
de ingresos por concepto de aranceles ha sido estimada en 300
millones de dólares anuales; merma que, desde el ángulo
gubernamental, se compensa con el incremento de los flujos
comerciales derivados del TLCUE; no obstante, hasta la fecha se
carece de evidencia que sustente esta afirmación. La postura
arancelaria más razonable hubiera sido la de iniciar la desgravación en
2005 y concluir la apertura del comercio de manufacturas entre 2010 y
2015.
Muchos de los bienes producidos y exportados por los grandes
conglomerados obtuvieron importantes ventajas sobre aquellos
fabricados por el sector social de la economía o la micro, pequeña y
mediana empresa, a las que pocas opciones se les ofrecen. Cabe
señalar que actualmente existe un “Programa integral de apoyo a
pequeñas y medianas empresas Unión Europea - México” que se puso
en marcha desde el primer semestre del año 2004, que duró cuatro
años y que sólo atiende a aquellas que tengan cierta capacidad
tecnológica y empresarial que ya estén exportando (a cualquier lugar) o
que quieran alcanzar su internacionalización.
Para ello se ofrece asistencia técnica y capacitación, apoyo a la
transferencia de tecnología (know how) desarrollo e innovación
tecnológica, generación de co-inversiones y alianzas estratégicas entre
pequeñas y medianas empresas europeas y mexicanas. Lo criticable es
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que se hayan sacrificado productos en cuya actividad concurren
capitales nacionales tanto del sector social como privado, los cuales aún
enfrentan medidas ( Pérez Rocha).
TLCUE y las salvaguardas
Según la información con la que se cuenta dentro del TLCUE en materia
de salvaguardas; se encuentra contemplado en capítulo V dentro de lo
estipulado en el mismo tratado el cual maneja lo siguiente:
“En este Capítulo del TLCUE se establecen reglas y procedimientos
conforme a los cuales los países miembros de la zona de libre comercio
podrán adoptar Medidas de Salvaguarda para proteger temporalmente a
sus industrias que se vean afectadas desfavorablemente por
incrementos súbitos y sustanciales en las importaciones, derivados del
propio Tratado”.
En el TLCUE se consideran dos tipos de Salvaguardas: la Bilateral, que
se aplica a medidas de emergencia que se adopten ante incrementos
súbitos y sustanciales de importaciones que resulten de reducciones
arancelarias derivadas del Tratado; y la Salvaguarda Global, que se
adoptará frente a incrementos súbitos en las importaciones
provenientes del resto del mundo.
Los procedimientos que rigen las Medidas de Emergencia disponen que
la Salvaguarda solamente podrá ser establecida por un tiempo limitado
máximo de tres años para brindar alivio temporal a un sector que
pudiese enfrentar daño serio o amenaza de daño por incrementos
sustanciales en las importaciones entre México y la Unión Europea.
Se exige al país que adopte una medida de emergencia y otorgar una
compensación al país contra cuyos bienes se aplica la medida. Si los
países no logran llegar a un acuerdo sobre el monto de la
compensación, el país exportador podrá adoptar una medida con
efectos equivalentes para compensar el efecto comercial de la medida
de emergencia.
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El procedimiento que establece el TLCUE para la administración de las
Medidas de Emergencia, es el siguiente:
Atribución de la facultad de determinación de daño a una
autoridad competente.
Requisitos formales y sustantivos de las solicitudes y desarrollo
de las investigaciones, incluyendo la celebración de audiencias
públicas para brindar a todas las partes interesadas la
oportunidad de presentar alegatos, así como la notificación y
publicación de las investigaciones y decisiones.
Se determinó que se podrían adoptar salvaguardas (por un periodo
máximo de tres años) para brindar alivio temporal a un sector que
pudiese enfrentar daño serio o amenaza de daño por incrementos
sustanciales en las importaciones entre México y la UE.
En el TLCUE la aplicación de la salvaguarda, en todos los casos,
requeriría de compensación. Si no se lograse un acuerdo sobre el
monto de la compensación, podríamos adoptar una medida con efectos
equivalentes para compensar el daño comercial, se supone que esta
disciplina incrementaría la certidumbre para los exportadores mexicanos
en el mercado europeo.
Los Acuerdos para la Protección y Promoción Recíproca para
las Inversiones (APPRIs) que los países de la Unión Europea y
México han firmado son en efecto acuerdos bilaterales pero
producto del Artículo 15 del Acuerdo Global en torno a Fomento
de las Inversiones que dice: “Las Partes contribuirán a
establecer condiciones atractivas y estables paras las
inversiones recíprocas. Esta cooperación se traducirá, entre
otras cosas, en lo siguiente” “...b) apoyo al desarrollo de un
entorno jurídico favorable a la inversión entre las partes, en caso
necesario mediante la celebración Estados miembros y México
de acuerdos de promoción y de protección de las inversiones y
de acuerdos destinados a evitar la doble imposición”.
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En particular, se deben evitar restricciones para aplicar salvaguardas y
medidas de excepción ante contingencias causadas por capital
especulativo de corto plazo o por problemas de balanza de pagos; es
decir, se deben establecer regulaciones responsables a la entrada y
salida de capitales para evitar la especulación financiera; eliminar el
secreto bancario y establecer penas a la evasión fiscal internacional.
Prácticas desleales en el TLCUE
Con la reducción de los obstáculos gubernamentales al comercio y la
inversión, ha surgido una inquietud creciente frente a la posibilidad de
que las ganancias derivadas de esa liberalización se frustren por
prácticas anticompetitivas del sector privado. También se va
entendiendo con mayor claridad que las políticas comerciales y de
competencia que se apoyan mutuamente pueden contribuir a un
desarrollo económico firme y que las políticas de competencia eficaces
ayudan a velar por qué los beneficios de la liberalización y las reformas
basadas en el mercado lleguen a todos los ciudadanos ( Pérez Rocha).
Como el TLCUE se encuentra dentro del marco regulatorio de la
Organización Mundial de Comercio y aproximadamente entre 80 y 100
países Miembros de la OMC, entre los que se cuentan unos 50 o 60
países en desarrollo y en transición, han adoptado leyes en materia de
competencia, denominadas también leyes “antitrust” o “antimonopolio”.
Lo habitual es que en estas leyes se prevean medidas correctivas
aplicables a una variedad de prácticas anticompetitivas, por ejemplo,
acuerdos de fijación de precios y otros acuerdos de cartelización,
abusos de una posición dominante o monopolización, fusiones que
limitan la competencia y acuerdos entre proveedores y distribuidores
(“acuerdos verticales”) que cierran los mercados a nuevos
competidores. El concepto de “política” de competencia incluye leyes en
la materia, además de otras medidas destinadas a promover la
competencia en la economía nacional, como la reglamentación sectorial
y las políticas de privatización.
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El Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Interacción entre Comercio y
Política de Competencia se estableció en la Conferencia Ministerial de
Singapur, celebrada en diciembre de 1996, con la finalidad de estudiar
las cuestiones que planteen los Miembros acerca de la interacción entre
estas dos esferas de política. Desde su reunión inicial en julio de 1997,
el Grupo ha examinado una gran variedad de estas cuestiones. El
Grupo de Trabajo ha recibido hasta el momento alrededor de 180
comunicaciones de los Miembros, lo que constituye un testimonio del
profundo interés que los Miembros han mostrado en el tema.
Desde 1999, en cumplimiento de una decisión del Consejo General de
la OMC, el Grupo de Trabajo ha venido examinando los tres temas
siguientes, además de la Lista recapitulativa de cuestiones:
La pertinencia de los principios fundamentales de la OMC de
trato nacional, transparencia y trato de la nación más favorecida
con respecto a la política de competencia y viceversa.
Posibles enfoques para promover la cooperación y la
comunicación entre los Miembros, incluso en la esfera de la
cooperación técnica; y
La contribución de la política de competencia al logro de los
objetivos de la OMC, incluida la promoción del comercio
internacional.
Considerando las preocupaciones de algunos países en desarrollo
acerca de, por una parte, las consecuencias de carácter general que
entraña la aplicación de la política de competencia para sus economías
nacionales y, por otra, las consecuencias particulares que podría tener
para políticas y programas relacionados con el desarrollo un marco
multilateral de la política de competencia.
a. Seguir explorando las consecuencias, modalidades y posibles
ventajas de una intensificación de la cooperación internacional,
en particular dentro de la OMC, en el tema del comercio y la
política de competencia; y
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b. Seguir centrándose en la cuestión de la creación de capacidad
en la esfera de la legislación y la política de competencia.
Mientras que varios Miembros afirmaron la importancia de los principios
de la OMC para la política de competencia y la necesidad de una mayor
cooperación entre los Miembros con el objeto de hacer frente a las
prácticas anticompetitivas, hubo divergencia de opiniones con respecto
a la necesidad de que, en la OMC, se adoptaran medidas encaminadas
a potenciar la importancia de la política de competencia para el sistema
multilateral de comercio.
En particular, aunque algunos miembros brindaron su apoyo a la
elaboración en la OMC de un marco multilateral sobre política de
competencia con la finalidad de respaldar la aplicación, por los países
miembros de políticas de competencia eficaces y reducir las
posibilidades de conflictos en esta esfera, otros pusieron en duda la
conveniencia de un marco de esta naturaleza y se mostraron partidarios
de una cooperación bilateral y/o regional en la materia.
La cuestión de la conveniencia de elaborar un marco multilateral sobre
política de competencia se va a abordar ahora en la Conferencia
Ministerial de Doha. En los preparativos para la Conferencia, un cierto
número de Miembros ha renovado el llamamiento a favor de un marco
de la OMC para apoyar la aplicación por los Miembros de políticas
nacionales eficaces en materia de competencia y potenciar la
contribución general de la política de competencia al sistema multilateral
de comercio, mientras que otros Miembros han seguido manifestando
objeciones a las negociaciones en torno a este asunto.
Como reflejo de esa divergencia de opiniones, el proyecto de
Declaración Ministerial, hecho público el 26 de septiembre de 2001,
contiene dos variantes de una decisión que habrá de adoptarse en
Doha respecto a la naturaleza de la labor futura de la OMC en el tema
de la política de competencia:
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“Convenimos en celebrar negociaciones que tendrán por finalidad
mejorar la contribución de la política de competencia al comercio
internacional y al desarrollo. Con este fin, en las negociaciones se
deberá establecer un marco para tratar los siguientes elementos:
principios fundamentales, incluidas la transparencia, la no
discriminación y la equidad procesal, y disposiciones sobre los cárteles
intrínsecamente nocivos; modalidades de cooperación voluntaria; y
apoyo para el fortalecimiento progresivo de las instituciones de defensa
de la competencia en los países en desarrollo mediante la creación de
capacidad.
En el curso de las negociaciones se tendrá plenamente en cuenta la
situación de los países en desarrollo y menos adelantados participantes
y se preverá la flexibilidad apropiada para tratarla. Nos comprometemos
a velar por que se adopten disposiciones apropiadas para la prestación
de asistencia técnica y apoyo a la creación de capacidad, durante las
negociaciones y como elemento del acuerdo que habrá de negociarse”
(Organización Mundial de Comercio, 2011).
Políticas de competencia TLCUE
Para garantizar un ambiente propicio para la actividad empresarial se
promovería la competencia y se combatirían las prácticas monopólicas;
podríamos adoptar o mantener medidas, conforme a nuestra legislación,
en contra de prácticas comerciales no competitivas. Se establecería el
compromiso de cooperar en la aplicación y ejecución de las leyes en
esta materia.
Se establecería un grupo de trabajo para:
Promover la cooperación técnica e intercambio de información.
Coordinar la realización de estudios en la materia y consultas
específicas.
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Considerar asuntos sobre la relación entre las políticas y leyes
de competencia y el comercio para evitar la aplicación de
medidas que restrinjan el comercio bilateral.
Prácticas desleales a las PyMES y el TLCUE
México debió negociar reglas de origen que le sirvieran para acelerar su
proceso de industrialización dentro de un marco de atracción y
regulación de Inversión Extranjera Directa (IED) que estimularan
procesos de transformación substancial en nuestro territorio para cubrir
los requisitos de contenido nacional.
Por ello, se considera que para hacer frente al TLCUEM, es necesario
establecer una política industrial que se apoye en normas que obliguen
a las empresas nacionales y extranjeras a producir con un importante
porcentaje de contenido local. También advertimos que México debió
buscar en el TLCUEM la posibilidad de revertir la tendencia de ser un
sector de maquila y concretar un acuerdo que garantizara que las
empresas mexicanas pudieran integrar partes y componentes, así como
desarrollarse e insertarse en mejores condiciones al mercado mundial.
Queda por ver si se adopta una de esas dos variantes o si, en otro caso,
se encuentra un punto medio entre esos dos enfoques. Minorías o el
fomento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) que
representan una mayoría por ejemplo como empleadores.
Limitar el concepto de trato nacional con el fin de permitir áreas de
inversión reservadas a nacionales, por su carácter estratégico, como
puede ser, en el caso de México, la extracción primaria de
hidrocarburos.
Delimitar responsabilidades en el caso de efectos negativos sobre la
economía nacional e imponer requisitos de desempeño a la IED, para
alcanzar objetivos medio ambientales, de creación de empleos, de
transferencia de tecnología, de reinversión productiva, etcétera.
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Promoción del uso autónomo e independiente de las políticas
monetarias, cambiarias o crediticias para impulsar el desarrollo
nacional.
Definir acuerdos monetarios que impliquen una
corresponsabilidad en la estabilidad monetaria nacional, a partir
de: a) un reconocimiento de la asimetría de la moneda nacional
(peso mexicano) frente al Euro y, b) una renegociación de la
deuda externa contraída por México con países miembros de la
Unión Europea, con la finalidad de destinar recursos al
desarrollo social, alivio de la pobreza, defensa de los derechos
humanos u otras áreas prioritarias en la cooperación entre la
Unión Europea y México.
Garantizar la eliminación de monopolios privados en las
empresas públicas que han sido privatizadas.
Promover códigos de conducta y de responsabilidad empresarial
ante la sociedad y el medio ambiente.
Establecer la libre circulación de trabajadores, en la medida en
que se establece la libre circulación de mercancías, servicios y
capital.
Concretizar la idea de bienes públicos internacionales y limitar la
inversión privada en estos o exigir requisitos de desempeño a
las empresas y garantizar el usufructo público (Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2000).
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Lección 8.2. Las Leyes de Competencia
El importar y/o exportar mercancías de por sí implica el cumplimiento de
una serie de normas o actos que pueden ser de índole fiscal o bien de
índole técnico que significa cumplir con regulaciones y restricciones no
arancelarias, de acuerdo con las disposiciones que se establecen en la
Ley de Comercio Exterior en su Título IV principalmente en sus artículos
17, 20 y 26.
Conocer y analizar las diferentes dependencias, Secretarías de Estado,
Organismos descentralizados y privados que intervienen en el comercio
exterior.
Proporcionar a las personas que realizan actividades de importación y
exportación de mercancías los conocimientos teóricos - prácticos
indispensables para la aplicación de las disposiciones legales más
importantes.
Para México el comercio internacional implica dos conceptos:
exportación e importación, el primero se entiende como la salida de
bienes del territorio nacional y el segundo como la introducción de
bienes extranjeros al territorio nacional.
El intercambio de productos y servicios entre países se fundamenta en
la desigualdad distributiva de los recursos, tanto naturales como
tecnológicos, es decir, no todos los países tienen el mismo recurso para
explotar, ni el mismo mecanismo para procesarlo, así como para llegar
a una política reguladora del tráfico de mercancías a nivel internacional.
Nuestro país lo hace a través de preceptos constitucionales regula y
controla Comercio Exterior.
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Por lo que se refiere al comercio internacional y como en toda materia,
el primer ordenamiento jurídico que lo rige es la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, donde los principales artículos que se
tratan sobre esta materia son:
Artículo 73, fracción XXIX: Es facultad privativa de la Federación,
gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen
de tránsito por el territorio nacional. El ejecutivo podrá ser
facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir
las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas
por el propio Congreso y para crear otras, así como para
restringir y para prohibir las importaciones, exportaciones y el
tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime
urgente, a fin de regular el Comercio Exterior, la economía del
país, la estabilidad de la producción nacional o realizar cualquier
propósito en beneficio del país.
Artículo 89, fracción I y XIII: Son facultades y obligaciones del
presidente: promulgar y ejecutar las leyes que expida el
Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a
su exacta observancia: habilitar toda clase de puertos,
establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su
ubicación.
Artículo 131: Son facultades el Congreso de la Unión establecer
contribuciones en materia de comercio exterior.
A través de estos tres artículos se dan las principales facultades del
Ejecutivo relacionadas con el Comercio Exterior. Corresponde al
Ejecutivo Federal la expedición de normas, restricciones, regulaciones
al comercio exterior a través de las diferentes secretarías que
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conforman la administración pública, ya que constitucionalmente este
derecho o facultad es otorgado al Poder Ejecutivo, siendo éste el que
debería en todo momento expedir tales ordenamientos.
Así también forma parte de nuestro esquema legal, la Ley Aduanera,
ordenamiento que regula la entrada y salida de mercancías el país, es
decir, todas las importaciones y exportaciones están regidas por esta
ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio
de Administración Tributaria (SAT) que es la autoridad máxima de esta
ley.
Otra ley importante es la Ley de Comercio Exterior, la cual se encarga
de regular y promover el comercio exterior, incrementar la
competitividad de la economía nacional, aquí la autoridad es la
Secretaría de Economía. Existen otros ordenamientos que dan el
soporte Legal al Comercio Exterior Mexicano, entre ellos está el Código
Fiscal de la Federación, que regula los aspectos fiscales de
contribuciones, actualizaciones y recargos. Está ligado al cobro del
impuesto al comercio exterior Ad Valoren, derechos de tramitación
aduanera (DTA), y demás impuestos como son el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), Impuesto sobre Autos Nuevos ISAN, el Impuesto
especial sobre Producción y Servicios IEPS, entre otros.
Contamos hoy en día con un amplio sistema legal, que regula todo lo
referente al comercio exterior. Como se muestra en el siguiente cuadro:
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Fuente: (PROMÉXICO, 2010)
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Lección 8.3. Los mecanismos de revisión de las
nacionales
Secretaría de Economía (SE)
La Secretaría de Economía reiteró su preocupación por diversas
prácticas comerciales que se han presentado por diversas empresas
extranjeras, mientras que ese país ofreció hacer su mayor esfuerzo para
atacarlas.
El gobierno mexicano se encuentra preocupado por prácticas como la
triangulación, subfacturación y ventas por debajo de los costos de las
materias primas, así como el dumping y los subsidios, que, señaló,
impiden el desarrollo de la relación comercial entre otros países.
La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales
La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la
Secretaría de Economía (SE), es la unidad administrativa del Gobierno
de México encargada de llevar a cabo investigaciones en materia de
prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardas.
Asimismo, la UPCI participa en la defensa jurídica en el ámbito
internacional de las resoluciones que emite la SE en la materia y
proporciona asistencia a los exportadores mexicanos afectados por
investigaciones tramitadas por gobiernos extranjeros.
La UPCI tiene entre sus funciones las siguientes:
a) Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas
desleales de comercio internacional, así como determinar las
cuotas compensatorias que resulten de dichas investigaciones.
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b) Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas
salvaguarda.
c) Ofrecer asistencia a los exportadores mexicanos involucrados en
investigaciones contra prácticas desleales de comercio
internacional y salvaguardas en el extranjero.
d) Intervenir en la defensa de las resoluciones dictadas por la SE
ante los mecanismos alternativos de solución de controversias
derivados de los tratados comerciales de los que México es
Parte.
e) Fungir como unidad técnica de consulta para la SE y otras
dependencias del gobierno mexicano en las materias de su
competencia, así como en negociaciones comerciales
internacionales.
Las prácticas desleales de comercio y los mecanismos para combatirlas estalvidas en el GATT y la OMC
Acorde a la doctrina del comercio internacional, y particularmente con el
capítulo que se ocupa de los precios, se establece que un bien o
mercancía, cualquiera que se requiera para ser producida, el concurso
de una serie de insumos, teniendo cada uno de ellos un costo
determinado cuya suma total nos arrojará su costo total.
Si a éste se le añade un porcentaje considerando del costo como
utilidad legítima, tendrá el precio al que deberá ofrecerse al usuario en
el mercado correspondiente. La venta del bien deberá observar varias
condiciones propias de competencia; como son calidad, servicio,
presentación y otras más y accederá a un mercado determinado si las
observa.
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Eventualmente podrá provocar que un productor doméstico de un bien
igual o similar sea desplazado, dicho resultado obviamente causará (al
menos en teoría) daño al desplazamiento que tendrá que mejorar su
oferta, su sistema de producción, o bien, buscar otros mercados.
Dada la importancia que siempre ha tenido el comercio internacional
como intercambio de satisfactores a las necesidades reales y artificiales
de los seres humanos, su presencia en el desarrollo de la humanidad ha
ido de la mano con la historia misma. Si trasladamos este intercambio al
ámbito internacional, entenderemos la enorme importancia del comercio
internacional y de ahí derivamos por qué ocupa la atención de las
naciones.
La conquista y colonización de América dio una nueva y definitiva
transformación a las relaciones mercantiles y el Estado moderno que
surgió en paralelo le dio al Estado un papel primordial en el fomento y
desarrollo del comercio, de ahí los sistemas mercantilistas.
La actitud de México hacia la globalización se refiere a que no basta
para obtener buenos resultados que aporten beneficios a las partes
involucradas, buena disposición y decisión política. Se requiere negociar
un acuerdo inter partes claro, transparente y completo que tome en
cuenta el interés de las partes, las concilie y promueva resultados útiles
y convenientes para todos, solo así se logrará el éxito deseado.
Debe considerarse y de manera destacada su importancia para
asegurar la vida del acuerdo, lo relativo a la prevención y solución de los
conflictos y divergencias que surjan al aplicarse los términos del mismo.
La complejidad de los asuntos considerados, que serán mayor si se
aplica mecanismos amplios y suficientes que permitan lograr lo anterior.
Si son respetados los parámetros que están establecidos en los
acuerdos se habla de comercio “leal” sino de comercio “desleal”. Al
tratarse de una práctica desleal refleja en la alteración de los precios
común con la suma de insumos, o bien porque el vendedor haya
disminuido al mismo porque haya recibido un subsidio o ayuda especial
que no esté permitido por parte de su gobierno,l o que puede dar pie a
que el productor domestico reclame su efecto.
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Ésta es una práctica muy antigua llevada a acabo por los grandes
países exportadores, como Gran Bretaña y los Estados Unidos, su
regulación solo fue interna (Ley 1796) hasta la suscripción del Acuerdo
General de Aranceles Aduanero y Comercio.
Sin duda que los negociadores del GATT estimaron que si bien era
razón de ser el mismo promover, facilitar e incentivar el tráfico comercial
entre sus signatarios, debía ser un comercio “leal”, “justo”, que
respetase las reglas que integran las bases de comercio internacional,
como son las de competitividad, las de los costos comparativos, la
legitimidad de los precios y otras.
Cuando existe un Tratado siempre es conveniente resolver posibles
conflictos una negociación bilateral que siempre tendrían el carácter de
más fuerte que acogerse al derecho.
En la materia siempre se han destacado dos posiciones extremas
divergentes: la que apoya la vía de la negociación diplomática y la que
propone aplicar la norma jurídica. El objetivo básico del sistema es “…
preservar los derechos y obligaciones de los miembros en el marco de
los acuerdos abarcados para aclarar las disposiciones vigentes de
dichos acuerdos de conformidad con las formas mas usuales de
interpretación del Derecho Internacional Público…” (Cruz Miramontes,
Las relaciones comerciales multilarelaterales con México y el Tratado de
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Á M B I T O L E G A L D E L A E M P R E S A E N L A U N I Ó N E U R O P E A
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