Revista mensual | 27 de enero de 2021 | Nº30 Pensiones...Proyecciones del coste sobre PIB del envejecimiento por programas de gasto (%) Distribución de los hogares por cohortes de

PensioneselEconomista.es

Revista mensual | 27 de enero de 2021 | Nº30

La merma de población ocupada reducirá la recaudación de cotizaciones y de impuestos

LOS JUBILADOS ESPAÑOLES RECIBEN UN 10% MÁS DE TIEMPO LA PENSIÓN QUE EN LA OCDE

FINANZAS PERSONALES

¿CUÁLES SON LOS MEJORES Y PEORES PLANES DE PENSIONES DE LA ÚLTIMA DÉCADA?

Edita: Editorial Ecoprensa S.A. Presidente Editor: Gregorio Peña. Vicepresidente: Raúl Beyruti Sánchez. Director General Comercial: Juan Ramón Rodríguez. Directora de Relaciones Institucionales: Pilar Rodríguez. Director de Comunicación: Juan Carlos Serrano.

Sumario

Director de elEconomista: Amador G. Ayora Coordinadora de Revistas Digitales: Virginia Gonzalvo Director de elEconomista Pensiones: Isabel Acosta Diseño: Pedro Vicente y Alba Cárdenas Fotografía: Pepo García Infografía: Clemente Ortega. Redacción: Gonzalo Velarde, José Luis de Haro


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A Fondo | P4 Los jubilados españoles reciben pensión dos años más que la media OCDE

El envejecimiento de la población y los menores nacimientos provocarán una caída de volumen de población ocupada y comprometerá la recaudación de las cotizaciones.

Pacto de Toledo y Seguridad Social | P21 Escrivá llevó a Europa ampliar el cálculo de la pensión El Gobierno llevó a Bruselas en el mes de octubre la intención de am-pliar el periodo de cálculo de la ba-se reguladora de las pensiones.

Entrevista | P18 Alejandro Macarrón, director de Fundación Renacimiento Demográfico “La Comisión del Pacto de Toledo no ha prestado aten-ción a nuestra escuálida y suidicida tasa de natalidad“.

El Informe | P40 Los españoles pierden un 2% de riqueza a pesar del aumento de ahorro La deuda de los hogares y las empresas de nuestro pa-ís supone ya el 143% del PIB debido al impacto de la cri-sis sanitaria.

Pacto de Toledo y Seguridad Social | P24 La jubilación anticipada ‘cuesta’ 1.150 millones de euros al Estado cada año

En nuestro país salen anticipadamente del mercado laboral, de media, 132.000 perso-nas cada año dejando de cotizar, de media, un año y medio a la Seguridad Social.

Finanzas Personales | P34 Cuáles son los mejores y peores planes de pensiones de la última década

Estados Unidos acapara los productos más rentables de los últimos años, mientras que entre los menos productivos están los ligados a renta fija y al mercado español.


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Urge una política de natalidad para garantizar las pensiones..., ¡y todo el Estado de Bienestar!

G arantizar el bienestar de los más mayores es un reto social sin preceden-tes para las sociedades desarrolladas. Más allá de los esfuerzos finan-cieros y presupuestarios que deben abordar los países para pagar las

pensiones y asegurar la actualización de las mismas para sostener el poder ad-quisitivo de quienes abandonan el mercado laboral, están los esfuerzos que pa-san por articular una estructura de cuidados asistenciales que también palie los efectos del envejecimiento y la dependencia en las edades más avanzadas.

La sola evolución de la demografía pone de frente esta problema económico sin escudriñar el origen: pensiones que se tendrán que pagar durante más tiempo por el aumento de la esperanza de vida y que, además, serán de mayor cuantía al estar asociadas a carreras de cotización más estables y mejor remuneradas. Sobre todo en el caso de la próxima cohorte de población en acceder a la jubila-ción: los conocidos como baby boomers. Sin embargo, si se observan todas las

aristas que comporta el fenómeno se advierte un problema de mayor envergadura y de más difícil solución: el reemplazo poblacional.

Para sostener las pensiones en España, pero también todo el andamia-je con el que cuenta nuestro Estado de Bienestar, es necesario man-tener las bases de contribuyentes, y ampliarlas si cabe, con el objetivo de poder ensanchar en la misma medida ciertos aspectos de la políti-ca social. Este es el punto en el que la natalidad se revela como uno de los puntos más débiles de la mayoría de las sociedades desarrolla-das. De este modo, más allá de los cambios de estructura social que apuntalan esta caída de nacimientos, parece evidente que las cifras, insostenibles, precisan de una actuación de las administraciones pa-ra dar solución a este fenómeno. Que por un lado amenaza la capaci-dad recaudadora de los Estados, ante el menor volumen de nacimien-tos todos los estudios descuentan una caída de la población ocupada

en las próximas décadas (fuente principal de los ingresos tributarios del Gobier-no) y, por lo tanto, pone en entredicho la capacidad de estos Gobiernos para ha-cer frente a los costes asociados al envejecimiento.

En este sentido, la política de natalidad se advierte como el único elemento in-centivador para tener hijos en una sociedad que cada vez traba más la concilia-ción familiar. Por ello, algunas de las opciones que se barajan desde los foros de expertos en la materia es un esquema de incentivos fiscales, de modo que, por ejemplo, aplique desgravaciones en el IPRF o las cotizaciones sociales a los tra-bajadores en función del número de hijos que tengan. Del mismo modo, la inmi-gración debe jugar un papel crucial para el relevo generacional. Si bien en este punto los expertos recuerdan que aquellos inmigrantes que lleguen y contribu-yan a las arcas del Estado, también generarán derechos de pensión y de servi-cios sociales por lo que no es la única vía explorable para el reto demográfico.

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Los expertos reclaman políticas de natalidad que incentiven tener hijos, como un esquema de desgravaciones fiscales

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Editorial


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El envejecimiento pone coto a los ingresos de la Seguridad SocialLa caída de la natalidad y su efecto sobre la población en edad de trabajar, que se verá reducida, implicará una caída paulatina de la recaudación por la vía de las cotizaciones socialesGonzalo Velarde. Fotos: iStock

A Fondo


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A Fondo

E l invierno demográfico que sufren las princi-pales economías desarrolladas del globo es una realidad ya imparable. Y pese a que las

ganancias de esperanza de vida son una gran noti-cia para la sociedad en su conjunto, también es un proceso que implica riesgos y la necesidad de adap-tación a la nueva realidad en todos los parámetros. Es el caso de los sistemas de pensiones de repar-to, como el español, con un compromiso intergene-racional por el cual los actuales trabajadores pagan las actuales pensiones con la garantía de que una

0-9 AÑOS

16-34 AÑOS 35-44 AÑOS 45-54 AÑOS 55-64 AÑOS 65-74 AÑOS MÁS DE 75

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 MÁS DE 80

2020

12,3

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6,0

1,0

3,7

1,1

24,1

2040

13,9

10,8

6,7

1,5

3,7

0,7

26,5

2050

13,9

10,9

6,8

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4,1

0,5

27,1

2070

10,7

8,0

6,4

2,2

3,9

0,5

23,8

Pensiones

De ellas, jubilación

Sanidad

Dependencia

Educación

Desempleo

Total

Invierno demográfico en EuropaTasa de letalidad por grupos de edad. Estimación a partir de datos de China (%)

Proyecciones del coste sobre PIB del envejecimiento por programas de gasto (%)

Distribución de los hogares por cohortes de población (%)

Fuente: EAL asesores laborales. elEconomista

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7

6

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3

2

1

0

14,8

18,4

12,0

17,915,5

22,320,820,0 20,6

17,915,1

16,815,0

13,4 14,216,7

14,4 14,2

Reino Unido Alemania España

vez alcanzada la edad de jubilación sean esos tra-bajadores quienes sufraguen su pensión.

Ahora bien, según la tendencia demográfica de es-tos países desarrollados, la realidad pasa porque este envejecimiento paulatino de la sociedad y el in-cremento de los gastos públicos asociados a los cuidados de la tercera edad ponga en jaque la finan-ciación tanto de estos servicios asistenciales, co-mo de las propias pensiones, que son sufragadas con cotizaciones sociales de los trabajadores.

La población mayor de 60 años se triplica en 50 años

Los últimos cálculos realizados por la Organi-zación Mundial de la Sa-lud, indican que para 2050 habrá en el mundo alrededor de 2.000 mi-llones de personas ma-yores de 60 años, lo cu-al supone triplicar dicha cifra con respecto al año 2000. Solo en una década (entre 2005 y 2015), la proporción de hogares cuya edad su-pera los 75 años ya ha superado a la propor-ción de hogares con edad comprendida entre los 16 y los 34 años.

Esta pauta se ha acele-rado de forma conside-rable en países como Alemania y, poco a po-co, está pasando en Es-paña, el cual todavía es el país menos “envejeci-do” de la muestra con-templada en el estudio y el que tiene una mayor proporción de familias por debajo de la edad media de su población entre los 35 y los 44 años: en España es del 22,3% frente al 15,5% de Alemania o el 17,9% de Gran Bretaña. Sin em-bargo, la edad media de la población española está previsto que rebase la media europea en 2020 con 45,5 años.

En el caso de Japón, la tendencia es aún más acelerada. Hoy por hoy, es el país con el mayor porcentaje de hogares por encima de los 65 años, concretamente un 26% según muestra el panel de población del Banco Mundial.


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En cualquier caso, esta pandemia está diezmando a la población más mayor, afectando de lleno al fe-nómeno del envejecimiento. Un envejecimiento ace-lerado de la sociedad española que unido a una rá-pida infección de la población con más edad, hace que la tasa de letalidad final agregada se coloque en España en el 3,11%, muy por encima de otros paí-ses con población más joven (0,66%). Sin embargo, la mejora de las condiciones de vida y trabajo ha contribuido de forma decisiva, junto al progreso tec-nológico, hasta llegar al actual momento de desa-rrollo humano. Solo en un siglo, la esperanza de vi-da al nacer en España ha aumentado en 40 años. Una persona que nació en 2010 tiene exactamente el doble de horizonte vital que un antepasado naci-do en 1910.

Y si bien esta tendencia es generalizada en las so-ciedades desarrolladas, los efectos no son homo-géneos en las diferentes economías ni tampoco có-mo se está desarrollando cada proceso. Mientras que en Alemania o Reino Unido el gasto sanitario tiene un mayor equilibrio financiero gracias a la com-binación de una financiación proveniente del sector público (en muchos casos con carácter subsidia-rio) y una financiación proveniente del sector priva-do (el peso de los seguros y planificación de la pro-

tección en las carteras de los hogares alemanes es del 36,1% y del 160,7% en los hogares británicos, con una cultura tradicional aseguradora muy arrai-gada), en España más del 90% es financiado por las arcas públicas y menos del 10% por financiación privada donde la protección apenas supone el 12,9% del total de los activos en el balance familiar según los datos del Banco Central Europeo.

En este sentido, los expertos apuntan la estrategia para afrontar el envejecimiento desde dos vertien-tes: por un lado, las políticas públicas y, por otro la-do, las decisiones de familias y empresas, a partir de cuatro variables de control: ahorro, stock de ca-pital, productividad y “cuña fiscal”. La economía es-pañola afronta compromisos financieros por enve-jecimiento por un importe del 24,6% del PIB hasta 2030, lo cual obliga a la creación de “colchones an-ti-cíclicos” que cubran los excesos de gasto en ca-da momento del ciclo económico sin recurrir a una dinámica acelerada de endeudamiento.

Desde la Fundación Civismo aseguran que resulta-ría positivo potenciar la jubilación activa eliminando barreras a la entrada como habilitar su uso antes de la edad legal de jubilación y por menos del 100%

En solo diez años, los costes financieros por el envejecimiento llegarán al 24,6% del PIB

Jubilado en una calle de Málaga.

A Fondo

de la base reguladora. También sería conveniente desincentivar el retiro temprano (basado en preju-bilaciones, bajas incentivadas o ERE) para cerrar el gap de 1,3 años de edad efectiva de jubilación es-pañola frente a la media de la eurozona.

Además, los apostar por un implantación ambicio-sa de sistemas de previsión social complementaria con reforma de los costes de gestión financiera y combinación de la contribución tanto a la Seguri-dad Social como a un plan de empleo.


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E l progresivo envejecimiento de la población comporta retos en diferentes ámbitos, más allá del previsible incremento del gasto en

pensiones asociado al aumento de la esperanza de vida y el mayor volumen de población mayor de 65 años. Uno de estos conflictos más allá de las pres-taciones contributivas de los pensionistas son los gastos asociados a los cuidados y servicios preci-sos de la tercera edad. En este sentido, la compara-tiva internacional sitúa a nuestro país a la cola de la Unión Europea en gasto en dependencia per cápita, hasta un 48% por debajo de la media. Concretamen-te, si en España el gasto en dependencia alcanza los 382 euros por persona, en la media de la UE se si-túa en los 566 euros. El país que más destina a es-tos cuidados es Dinamarca, donde se alcanzan los 2.401 euros por persona dependiente.

En este sentido, desde el plano de los cuidados tam-bién se abre una puerta al incremento de los gastos públicos asociados al envejecimiento. En términos de tasa promedio anual y solamente en la última dé-cada, la longevidad ha provocado un fuerte incre-mento del gasto sanitario, farmacéutico y en cuida-dos para la dependencia en torno a 7 puntos por-centuales, provocando un desplazamiento de los di-ferentes consumos de las familias desde gastos corrientes hacia gastos de largo plazo vinculados a servicios sanitarios y aseguradores.

En los próximos años, en términos anuales, los ho-gares mayores de 65 años gastarán de media entre 1.500 y 1.900 euros en servicios de salud, mientras que el gasto en seguros de salud se elevará en tor-no a 1.200 euros. Sin embargo, tomando el desglo-se de la partida de seguros, muestra la extensión de la demanda de seguros, donde el peso per cápita se reparte entre salud, transporte (580 euros), decesos (321 euros) o vivienda (280 euros).

Si bien esta tendencia es generalizada en las socie-dades desarrolladas, los efectos no son ni mucho menos homogéneos en las diferentes economías ni tampoco cómo se está desarrollando cada proce-so. Mientras que en Alemania o Reino Unido el gas-to sanitario tiene un mayor equilibrio financiero gra-cias a la combinación de una financiación prove-

A Fondo

España gasta un 48% menos que la media de Europa en dependenciaLos expertos advierten que el Estado deberá asegurar un colchón de 56.000 millones de euros para afrontar los costes asociados al envejecimiento (pensiones, sanidad y dependencia) ante eventuales crisis para garantizar el pago de las prestaciones y los servicios asistenciales para la tercera edadGonzalo Velarde. Foto: Luis Moreno


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A Fondo

niente del sector público (en muchos casos con ca-rácter subsidiario) y una financiación proveniente del sector privado (el peso de los seguros) y plani-ficación de la protección en las carteras de los ho-gares alemanes es del 36,1% y del 160,7% en los ho-gares británicos, con una cultura tradicional asegu-radora muy arraigada), en España más del 90% es financiado por las arcas públicas y menos del 10% por financiación privada donde la protección ape-nas supone el 12,9% del total de los activos en el ba-lance familiar según los datos de la Encuesta Finan-ciera del Banco Central Europeo.

Por tanto, el sector público enfrenta un reto de di-mensiones desconocidas en materia de sanidad y dependencia en caso –como todo parece indicar– de que siga siendo el cuasi monopolista de la pro-visión de estos dos bienes públicos. En primer lu-gar, ya a corto plazo, tiene que enfrentar el fuerte in-cremento del gasto sanitario, con especial hincapié no solo en los mayores de 65 años sino también de forma inesperada en la cohorte más joven (los me-nores de 30 años) tomando en consideración en el presupuesto familiar tanto el gasto privado en sa-lud como también la proporción per cápita del gas-to público sanitario.

En segundo lugar, también a corto plazo, se deja no-tar el efecto sobre las cuentas públicas y muy es-pecialmente sobre la evolución de la deuda pública que es el método fundamental de financiación del sistema sanitario y de dependencia. En total, a ca-da español le corresponden 24.454,72 euros de deu-da total. Tomando el modelo más frecuente de fa-milia (tres miembros), la deuda total por familia as-ciende a 73.364,15 euros. Estas cifras solo incluyen la deuda PDE (Protocolo de Déficit Excesivo), lo cu-al significa que no toda la deuda pública está com-putada: falta la que suponen las empresas públicas, universidades públicas, fundaciones… Pero en este contexto, es fundamental introducir elementos de transparencia para detallar a qué se destina la deu-da emitida por las diferentes AAPP, sin perder de vista que la deuda pública no tiene carácter finalis-ta, salvo casos excepcionales.

España, en este sentido, marca una diferencia im-portante con respecto a la Unión Europea y también con respecto a otros países que han recorrido pre-viamente el fenómeno de la longevidad como Ja-pón. Allí incluso se ha producido ya una caída del gasto sanitario, dado que Japón es uno de los paí-ses donde está más extendida la provisión médica y farmacéutica que ha permitido investigar más acerca de las enfermedades y la elaboración de mé-todos para combatirlas.

El reto, por consiguiente, está en construir modelos sostenibles de atención a los mayores, estilos de vi-da saludables, reforzar su papel en el ámbito fami-liar, ayudar a la conciliación y, en las etapas más

PAÍS €

Gasto en dependencia per cápita

110X196MM

En euros constantes de 2010. Año 2017

Evolución de la financiación per cápita de la dependencia en EspañaEuros reales base 100 = 2010

Fuente: EAL asesores laborales. elEconomista

Rumanía

Bulgaria

Letonia

Polonia

Lituania

Grecia

Estonia

Portugal

España

Italia

Irlanda

UE-27

Reino Unido

Austria

Francia

Bélgica

Alemania

Países Bajos

Finlandia

Suecia

Luxemburgo

Dinamarca

79,41

81,35

157,44

170,88

175,52

259,69

273,00

299,11

382,22

433,36

462,46

566,85

576,5

647,77

670,60

824,06

873,53

1.012,66

1.055,58

1.325,75

1.975,76

2.401,74

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172006

410

400

390

380

370

360

3502007

tempranas, tener una jubilación activa. Así, vistas las dificultades financieras que atraviesa la Seguri-dad Social para afrontar el incremento de los gas-tos asociado al shock económico provocado por la pandemia, los economistas recomiendan al Gobier-no articular un colchón anticíclico que garantice el pago de las pensiones, la sanidad y la dependencia con una dotación de al menos 56.000 millones de euros en un plazo de 10 años, ante posibles crisis.


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D ecepción es lo que siente cualquier partícipe al mirar la evolución de su fondo de pensiones, frustración es lo que experimenta el partícipe de un fondo de pensiones en esos momentos en los que

ve la cifra de sus aportaciones y la rentabilidad producida.

Las gestoras suelen hablar de la rentabilidad vinculada a la seguridad de la inversiones y encubren el desencanto del partícipe con la inflación, pe-ro para el común de los mortales la inflación es un número que no repre-senta la realidad de sus expectativas cuando está pensando en su futu-ro, porque en general es difícil ver la sintonía entre lo que le cuesta vivir con la frialdad de lo que dice la cifra personificada en la inflación.

Si tuviésemos que desgranar cuáles son las dificultades para justificar la desilusión y la falta de atractivo de la rentabilidad de los fondos de pen-siones, deberíamos empezar por el marco regulatorio, y el problema nú-mero uno lo encontramos ahí, en el marco regulatorio español y el encor-setamiento que produce los límites de inversiones.

Y en segundo lugar, el problema lo tenemos en la endogamia del pro-pio sistema, donde en aras de políticas de inversión conservadoras, don-de nos encontramos gestoras incapaces de llevar al mercado innova-ción y sacar partido de la versatilidad en la gestión del riesgo, o tal vez atenazadas porque es mejor quedarse en el camino de lo conocido, an-tes que explorar nuevas oportunidades difíciles de explicar ante un mer-cado demasiado conservador y con una cultura financiera demasiado tradicional.

Ahora bien, si en anteriores artículos desgranábamos ejemplos de lo que en otros países desarrollados están haciendo los fondos de pensiones, y tratábamos con ejemplos del porqué de la necesidad de llevar a los fon-dos de pensiones hacia la economía real, hoy vamos a reflexionar sobre estas diferencias que hoy son un obstáculo para el futuro de los fondos de pensiones como un complemento real para la jubilación.

‘Private equity’, inversión alternativa y economía real, certidumbre y futuro en las pensiones

José Carlos López Moraleja CAIA, CHP, ICFA

Opinión


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Opinión

Desde el punto de vista teórico, los fondos y planes de pensiones toman la edad media del colectivo de partícipes, calculan el tiempo de perma-nencia y de ahí obtienen el periodo de maduración de las inversiones, siem-pre con el fin de procurar una cartera de activos que cumpla con las pro-yecciones actuariales dentro del conjunto de las inversiones, cuando en general el único modelo de gestión de activos que se aplica es la diversi-ficación entre activos de la gestión tradicional, renta fija y renta variable.

Si observamos, y sírvanos de ejemplo el fondo de pensiones de los pro-fesores de Texas, tiene un 41,8% de su cartera invertidos en activos de in-versión alternativa, como private equity, hedge funds, energía, infraestruc-turas y finalmente sector inmobiliario, ofreciendo una rentabilidad total anualizada a 10 años del 8,5%, mientras que la rentabilidad media de los fondos de pensiones españoles para 10 años es del 3,1%, y para ser más claros con los datos digamos que 100 euros invertidos en España serían en 10 años 135 euros, mientras que 100 dólares invertidos en el fondo de pensiones de los profesores de Texas serían 226 dólares, esto es un 67% más que la media de los fondos de pensiones españoles.

Con estos datos solo tenemos que buscar dónde está el origen de la diferencia, coloquemos la cota cero de rentabilidad excluyendo los niveles de volatilidad de los activos tradicionales, renta fija y renta variable, digamos como lo que es en España la cota cero del nivel del mar en Alicante, y saquemos a partir de ahí el premio de diversificación hacia activos alternativos, y nos encontramos con que la aportación de rentabilidad de los activos de inversión alter-nativa aportan una media superior al 10% para el total de la carte-ra de los fondos de pensiones (1).

Es cierto que un buen número de fondos de pensiones han reduci-do sus expectativas de retorno, por ejemplo CalPERS, el fondo de pensiones de los empleados públicos de California redujeron al 7% sus perspectivas de rentabilidad para el 2021, pero siendo también su rentabilidad anualizada para un periodo de 10 años, del 8,5% en el cierre fiscal de junio de 2020.

Con este análisis solo podemos afirmar que la inclusión de activos alternativos en las carteras de los fondos de pensiones son verda-

deros tractores de rentabilidad, que por la propia naturaleza de los acti-vos alternativos los fondos de pensiones pueden modelizar mejor la ma-duración de las inversiones y mejorar su sincronización con las edades de los partícipes a la hora de la realización de los cálculos actuariales has-ta su jubilación y sobre todo, hacer trabajar desde el momento presente sus inversiones, además de producir crecimiento de un retorno futuro, que hará crecer la actividad económica, la creación de empleo y, como consecuencia, el crecimiento económico, además de la contribución al sostenimiento de los impuestos y reducción de déficit público, en conclu-sión todo bueno.

Es una realidad que los fondos de pensiones que invierten en private equity y en otros activos de inversión alternativa, consiguen mejorar sus rendi-miento, crear puestos de trabajo y añadir valor a largo plazo, además de producir beneficios que van a la economía real y a los propios inversores de las empresa, muchos de los cuales son los propios fondos de pensio-nes públicos. Así, los gremios y sus trabajadores, tanto públicos como privados, trabajadores de la industria, policías, empleados, incluso funcio-narios del propio ministerio de hacienda, por mencionar solo alguno de ellos, es como recogerán el fruto de sus pensiones cuando se jubilen.

(1) Datos de elaboración del propio autor, José Carlos López Moraleja

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La inclusión de activos alternativos en las carteras de los fondos de pensiones son verdaderos tractores de rentabilidad

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Pero por si fuera poco, España se coloca en la terce-ra posición en el ranking de los países con la espe-ranza de vida en mujeres más alta tras cumplir los 65 años de edad (23 años), ligeramente por detrás de Japón (24,3 años) y Francia (23,5 años). Es decir, una vez llegada la antigua edad legal de jubilación, la vida se prolonga casi un cuarto de siglo adicional. De este modo, Francia y España soportan tensiones aún mayores que otros países del entorno comunitario.

A Fondo

El jubilado español cobra la pensión un 10% más de tiempo que en la OCDEEspaña y Francia son los países de entre las principales potencias internacionales que más tiempo mantienen a sus jubilados, de media 21,3 años. El mayor tiempo de vida de la mujer tras el abandono del mercado laboral provocará un recorte de la brecha de género en pensiones en el largo plazoGonzalo Velarde. Fotos: iStock

C onsecuencia directa del envejecimiento de la población que sufre nuestro país es que ca-da vez los jubilados españoles disfrutan du-

rante más años de la percepción de la pensión co-rrespondiente al retiro laboral. En este momento, Es-paña es el segundo país de todo el mundo desarro-llado (OCDE) con la esperanza de vida al nacer más alta, sólo por detrás de Japón -en España es de 83 años mientras que en Japón es de 83,9 años-.


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Concretamente, son los países de la zona euro que más tiempo tienen que mantener a sus jubilados y pensionistas después del retiro de la vida activa, una media de 21,3 años, según los datos proyectados en el informe Pensions at a Glance 2019, de la OCDE. Lo que supone, de media, que los jubilados de nues-tro país perciben la pensión durante un 10% más de tiempo que en la media del club de los países más desarrollados.

De hecho, si atendemos a la división entre hombres y mujeres, nuestro país es el tercero de todas las potencias desarrolladas de la OCDE con mayor es-peranza de vida de sus pensionistas mujeres (23,3 años), solo superado por los niveles de Japón que mantiene a este colectivo durante más de 24 años una vez abandonado el mercado de trabajo. En es-te mismo grupo de pensionistas mujeres, Francia abona sus prestaciones durante el mismo tiempo que España, y el siguiente país de los grandes del euro que más tiempo da cobertura a sus pensionis-tas femeninas es Italia, con una media de 22,5 años y Portugal durante 22 años.

En el caso de los hombres, de entrada, se aprecia una reducción de estos periodos como consecuen-cia de una realidad, y es que la esperanza de vida

de los varones es menor a la de las mujeres. A pe-sar de ello, España todavía aparece como una de las potencias con una mayor carga sobre las cuen-tas públicas en términos de esfuerzo financiero pa-ra abonar las prestaciones.

Es la primera de los países más potentes del entor-no comunitario, con una media que alcanza los 19,4 años de cobertura, similar a los registros de Fran-cia, y por encima de otros países como Italia, don-de este periodo se prolonga durante 19,3 años. Por su parte, Alemania y Portugal, dan cobertura a sus pensionistas varones durante 18,3 y 18,4 años, res-pectivamente.

En este sentido, el informe de la OCDE concluye que las mujeres de 65 años cuentan con una esperan-za de vida después de la jubilación de 21,3 años, que se prevé que aumente hasta los 25,2 años en el pe-riodo 2060-65. Por su parte, los hombres de la mis-ma edad podrían esperar vivir 18,1 más años en 2015-20, con un aumento previsto de 4,5 años en 2060-65 para llegar a unos 22,5 años. Por lo tanto, las brechas de género se espera que disminuya li-geramente en los próximos 45 años -de 3,3 a 2,7 años en promedio en los países OCDE-. “La mejora

La esperanza de vida para las mujeres tras la jubilación es hasta cuatro años mayor

en la esperanza de vida restante a los 65 años se reducirá un poco. Aumentó en 13,7 años en el tra-mo de 1955-1960 a; 15,9 años en 1985-1990, antes de acelerar a 19,8 años en 2015-2020 de media. Y se espera que aumente aún más hasta los 22,6 años en 2045-2050”, apunta el informe.

Así, se prevé que la brecha de género en la esperan-za de vida a la edad de 65 años pueda estar entre casi dos y cuatro años a favor de las mujeres en ca-si todos los países de la OCDE en 2060-65, siendo aún mayor en regiones como Japón.

A Fondo


14

El Dato

37Los retiros anticipados, a los que se acoge el 40% de los

trabajadores, suponen un alto coste para la Seguridad Social, diezmada por un déficit que rondará

los 1,3 puntos de PIB a finales de este ejercicio

El prejubilado recibe una pensión hasta

470 euros mayor

L a reforma de pensiones ha puesto en la dia-na a las prejubilaciones, que suponen un alto coste para la Seguridad Social, asolada por

un déficit que rondará los 1,3 puntos del PIB para fi-nales de este presente 2021, y que es la principal opción de salida del mercado laboral para el 40% de los trabajadores españoles. El Gobierno asegura que es una fórmula de retiro que beneficia principalmen-te a los trabajadores con rentas más elevadas -por lo que pretende rediseñar el sistema de penalizacio-nes e incentivos- y, al menos, así lo pone de mani-fiesto el informe sobre pensiones elaborado por la Seguridad Social en su proyecto presupuestario pa-ra 2021, donde se recoge cómo las personas que se prejubilan cobran hasta un 37% más que quie-nes salen del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación.

La explicación a esta medida, aseguran los exper-tos, está en que los trabajadores que se jubilan an-

por ciento

Gonzalo Velarde. Fotos: iStock


15

El Dato


x

ticipadamente son aquellos con nóminas más ele-vadas, y que, por lo tanto, una vez aplicadas las pe-nalizaciones, aún perciben pagas con cuantías me-dias considerablemente superiores que el colectivo retirado en edad legal de jubilación. “Es cierto que las pensiones medias de aquellos que se jubilan an-ticipadamente son más elevadas que las de los ju-bilados ordinarios (un 37% en 2020, de acuerdo con Seguridad Social, pero eso no significa que pasar individuos del primer al segundo grupo reduzca el

gasto total ya que sus elevadas pensiones aumentarían aún más al no aplicarse los coe-ficientes reductores, sin que haya garantía de que el menor tiempo de cobro compense esta subida”, apuntan los expertos Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez Mar-tín, sobre la reforma del Pacto de Toledo.

Descompensación en las cuantías de la pensiónPensión media mensual de las altas de jubilación (€)

Número y pensión media de las altas de jubilación por clases enero-agosto 2020

Fuente: Ministerio de Seguridad Social. elEconomista

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Altas Anticipadas

NÚMERO PENSIÓN MEDIA (€/MES)

65.629

46.968

32.120

14.848

5.468

9.698

3.495105.888

64

8.560

97.264

JUBILACIÓN ANTICIPADA

CON COEFICIENTE REDUCTOR

VOLUNTARIA

NO VOLUNTARIA

SIN COEFICIENTE REDUCTOR

PARCIAL

ESPECIAL A LOS 64 AÑOS

JUBILACIÓN NO ANTICIPADA

PARCIAL

DEMORADA

ORDINARIA

JUBILACIÓN TOTAL

1.696,79

1.640,87

1.673,47

1.570,34

2.100,53

1.554,98

2.210,241.235,50

890,97

1.356,88

1.225,04

1.412,01171.517

Altas con 65 años


16

El Dato


x

Diferencias en las cuantías de las pensiones de jubilación

Con datos de enero a agosto de 2020, las ma-yores cuantías corres-ponden a la jubilación especial a los 64 años con 2.210,24 euros mensuales (modalidad desaparecida en la nue-va normativa), seguida de la jubilación anticipa-da sin coeficiente reductor con 2.100,53 euros al mes y la jubila-ción anticipada volunta-ria 1.673,47 euros men-suales.

Más allá, estas diferen-cias se deben, como se ha indicado, a que los colectivos que se jubi-lan anticipadamente proceden de sectores y puestos de trabajo con salarios más elevados y carreras de cotización más estables que le han permitido mantener una regularidad en el pago de sus cotizaciones so-ciales a la Seguridad Social. Respecto a la ju-bilación ordinaria, la pensión media de las al-tas durante el período enero a 31 de agosto de 2020 es 1.225,04 euros al mes. En conjunto, la pensión media del total de las altas en ese pe-ríodo de 2020 es de 1.412,01 euros mensua-les equivalente a 19.768 euros al año.

Aseguran además los expertos que “hay evidencia de que las elevadas penalizaciones aplicadas a las pensiones de los jubilados tempranos las hacen atractivas para el sistema -pese a su alto valor no-minal, que es fruto de las características de los ju-

bilados-”. De este modo, la diferencia entre el impor-te medio de la pensión de los nuevos jubilados con 65 años y la de los jubilados anticipadamente cau-san pensiones más elevadas por ser colectivos con salarios altos y largos periodos de cotización.

Los trabajadores que se jubilan anticipadamente son aquellos con nóminas más elevadas.


18

Entrevista

El director y creador de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejadro Maca-rrón, es una de las voces autorizadas en nuestro país acerca de la evolución de la po-blación y de los efectos socioeconómicos de la tendencia de envejecimiento que ex-perimentan las principales potencias desarrolladas a nivel internacional

E n plena negociación entre el Gobier-no y los agentes sociales sobre la re-forma de pensiones, Alejandro Maca-

rrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico, atiende a elEconomista Pensio-nes y argumenta las carencias de las reco-mendaciones emitidas recientemente por el Pacto de Toledo al eludir el problema de na-talidad en España y el efecto que tendrá en el medio plazo sobre la viabilidad financiera

del sistema público. Así, Macarrón reclama medidas enfocadas a incrementar el núme-ro de nacimientos en forma de beneficios fis-cales para los progenitores.

El envejecimiento demográfico es una rea-lidad en España y Europa, ¿cuáles serán los efectos más inmediatos sobre el sistema de pensiones en nuestro país? De forma directa, una tendencia a la reduc-

ALEJANDRO MACARRÓN Director General y Fundador de la Fundación Renacimiento Demográfico

“Necesitamos un 70% más de nacimientos en España para garantizar el sistema de pensiones”

Por Gonzalo Velarde. Fotos: eE


19

Entrevista

ción de la proporción entre activos y pensio-nistas, lo que implica, o bien un déficit cre-ciente del sistema de pensiones tradicional (las cotizaciones a la Seguridad Social pa-gan las pensiones actuales), o menores pen-siones, o ambas cosas a la vez. Y si se su-ben los tipos de las cotizaciones sociales, ya muy altos en España, se penaliza la creación de empleo. De forma indirecta, por el efecto depresivo sobre la economía que entraña el envejecimiento social, también cabe espe-rar que se recaude menos con el resto de fi-guras impositivas del Estado. Por consiguien-te, lo de que “si las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones, las complementa-mos con más impuestos” podría acabar sien-do, o bien una quimera, o una forma moder-na de malherir la gallina de los huevos de oro: la economía productiva.

¿Qué le parece que el Gobierno estudie la eliminación del Factor de Sostenibilidad que iba a entrar en vigor en 2023?

Es consecuencia del enorme poder de voto del colectivo pensionista. De hacerse, la ló-gica política electoralista se impondría a la racionalidad económica, aunque a la larga eso empeore la salud económica de Espa-ña, y con ello, la propia sostenibilidad futura de las pensiones.

¿Cree que el aumento de esperanza de vi-da comporta un problema para las pensio-nes en términos de financiación? Si no se retrasa la edad de jubilación de for-ma correlativa a ese aumento, sí. Y si ade-más -como sucede- la población en edad la-boral tiende a reducirse por la menor natali-dad en las décadas previas, aún peor.

¿Cómo valora las propuestas del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones? ¿Qué medidas echa en falta entre las reco-mendaciones de la Comisión?

Es incomprensible que la bajísima fecundi-dad española -que implica que cada nueva generación de españoles sea un 40% menos numerosa que la anterior, o menos-, que so-cava a la larga la base demográfica del sis-tema de pensiones y de la economía en ge-neral, no ocupe un lugar destacadísimo en las preocupaciones, actividades y recomen-daciones del Pacto de Toledo. En sus 25 años de existencia, la Comisión no ha prestado la atención que merece a nuestra escuálida y suicida tasa de natalidad. Lamentable.

¿Qué solución se puede ofrecer desde la Administración para revertir el grave pro-blema de natalidad que hay en España? ¿Qué tipo de medidas se pueden impulsar? Lo primero que debe hacer la Administra-ción es incluir en su agenda el problema de la natalidad como uno de los principales de España, y concienciar a la sociedad espa-ñola de esto mismo. Debería fomentar in-vestigaciones serias y rigurosas sobre cuá-

les son las razones de que se tengan tan pocos hijos y sobre las posibles soluciones. Indudablemente, debería revisar todo su có-digo fiscal y de prestaciones públicas para dar, donde tenga sentido (como en IRPF, cotizaciones sociales y pensiones), un tra-tamiento más favorable al contribuyente o perceptor de prestaciones en función de su número de hijos. Y debe repensar y refor-mar un buen número de leyes que afectan negativamente a la natalidad en España. Pero esto no es solo cosa de la administra-ción. La sociedad civil -incluyendo las em-presas, en sus programas de Responsabi-lidad Social Empresarial (RSE)-, los intelec-tuales y los medios de comunicación tam-bién deben participar en un gran empeño nacional -y regional, y local- por recuperar la natalidad perdida. Esto es cosa de todos, de mujeres, hombres, ricos, pobres y me-diopensionistas.

“La baja fecundidad española socaba la base demográfica del sistema

de pensiones de nuestro país” ◼

“El Pacto de Toledo no ha prestado atención a nuestra escuálida y suicida tasa de natalidad”


20

Entrevista

¿Cree que el envejecimiento general de la población hará cambiar los patrones de con-sumo? ¿Qué importancia tendrá en el me-dio plazo la conocida como ‘silver economy’ (economía de plata)? Sin duda. Excepto algunos bienes y servicios como los sanitarios, en general, los más ma-yores consumen menos que las personas jó-venes y de mediana edad de casi todo. La sil-ver economy tendrá una importancia crecien-te, porque el segmento de población que la protagoniza está creciendo y lo seguirá ha-ciendo durante varias décadas. Pero el flo-recimiento de la “economía de plata”, aun-que valioso, no podrá compensar globalmen-te la alarmante disminución del número de adultos jóvenes y de mediana edad.

¿Cómo valora la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de ampliar a 35 años cotizados el periodo de cálculo para la ba-se reguladora de la pensión? Me parece muy correcta. Es inaceptable que

cobren una pensión apreciablemente distin-ta dos jubilados que cotizaron en total lo mismo cuando estaban en activo, pero uno lo hizo sobre todo de joven y el otro de más mayor.

Desde la perspectiva demográfica, ¿cuán-to porcentaje o volumen de nacimientos se-ría necesario aumentar para garantizar el sistema de pensiones? Necesitamos aproximadamente 70% más nacimientos para llegar a 2,1 hijos por mu-jer, el nivel de reemplazo (realmente, los sis-temas de pensiones actuales fueron dise-ñados y eran sostenibles con tasas de fe-cundidad mayores que esa, pero con 2,1 ya nos podríamos dar por satisfechos). Por-centualmente parece mucho, pero en reali-dad bastaría con que nueve de cada diez mujeres españolas tuvieran un hijo más que ahora.

¿Qué factor debe desempeñar la inmigra-ción en el proceso demográfico? ¿Será ne-cesaria para sostener las aportaciones al sistema y las futuras pensiones? Si se gestiona bien, la inmigración juega un papel positivo, sin duda (otra cosa es si se gestiona mal, como hasta ahora en España, donde siguen llegando inmigrantes extraco-munitarios en masa pese a haber tasas de paro altísimas, y especialmente entre los de fuera de la UE). Pero no es suficiente en nin-gún caso para cubrir del todo el hueco de-mográfico que crea la baja fecundidad nati-va. Con excepción de los europeos occiden-tales que trabajan aquí, al ser poco cualifica-dos la gran mayoría de los inmigrantes, y tener muy altas tasas de paro por el efecto llamada -y de retención aquí, aunque el inmi-grante no tenga empleo- que produce nues-tro Estado de Bienestar, los extranjeros en España aportan poco en cotizaciones socia-les e IRPF al Estado. Y a la larga, también co-brarán su propia pensión. Es hacerse tram-

pas en el solitario -además de moralmente cuestionable, porque implica fomentar de-sarraigos familiares-personales- basar la po-lítica demográfica de España en la idea de que “no pasa nada si los españoles no tene-mos suficientes niños, que ya vendrán inmi-grantes a trabajar aquí para pagarnos las pensiones”. ¿Y si no vienen casi en una o dos décadas, cuando la sociedad española tien-da a la decrepitud? ¿Y si también en el futu-ro, como ocurre ahora, los inmigrantes no comunitarios -los únicos que podrían venir en números apreciables- aportan de media la tercera o cuarta parte de lo que un espa-ñol promedio en ingresos fiscales y cotiza-ciones sociales? Así pues, inmigración bien gestionada, sí. Pero no basta, ni de lejos. Sí o sí, España necesita más nacimientos, o las pensiones -y muchos más elementos esen-ciales de nuestro bienestar material y afec-tivo- corren un grave riesgo en el futuro.

“El florecimiento de la ‘silver economy’ no podrá compensar la disminución

del número de adultos jóvenes ” ◼

“La inmigración no es suficiente para cubrir del todo el hueco demográfico que crea la baja fecundidad nativa”


21

Escrivá avanzó en la UE la ampliación del periodo de cálculo

L a reforma de las pensiones será una de las grandes tareas que tendrá el Gobierno sobre la mesa este semestre. Resultará clave para

que España pueda desbloquear los 140.000 millo-nes de euros que le corresponden del fondo de re-cuperación de la UE.

El pasado mes de diciembre, el debate se agitó al conocerse que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, planteó a sus colegas del área económica del Gobierno elevar el periodo de cotización para el cálculo de las pen-siones de 25 a 35 años.

La propuesta llegó por sorpresa porque no había si-do incluida en las recomendaciones del Pacto de To-ledo, aprobadas el mes anterior. Tampoco había si-

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. EP

Pacto de Toledo y Seguridad Social

El ministro explicó sus planes antes del Diálogo Social y el Pacto de Toledo. La vinculación con el IPC obliga al Ejecutivo a medidas compensatorias sobre el gastoJorge Valero.


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do discutida con los agentes sociales, ni formaba parte del acuerdo de coalición con Unidas Podemos.

Si no salió del foro parlamentario ni del diálogo so-cial, todas las miradas fueron a Bruselas, ya que Es-crivá y su equipo estaban discutiendo con la Comi-sión Europea cómo reforzar la sostenibilidad de las pensiones españolas, la eterna demanda del Ejecu-tivo comunitario.

Pero la propuesta no salió de ese intercambio con la Comisión ni tenía las huellas de los técnicos co-munitarios. Escrivá llegó ya con esta idea al encuen-tro que mantuvo en Bruselas con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, el 1 de octubre para em-pezar a preparar esta y otras reformas fundamen-tales del plan de recuperación español.

Según informan fuentes comunitarias a elEconomis-ta, Escrivá incluyó la ampliación del periodo de co-tización para calcular la pensión en su presentación sobre la situación del sistema público de pensiones y sus ideas para garantizar la sostenibilidad. Las fuentes consultadas explican que, durante el en-cuentro, en el que también se habló de políticas ac-tivas de empleo y del salario mínimo, Escrivá igual-mente insistió en retrasar la edad real de jubilación, como otra herramienta para apuntalar el sistema.

El ministro también defendió el factor de revaloriza-ción de las pensiones para que los jubilados no pier-dan poder adquisitivo. Es decir, eliminar el factor de

sostenibilidad introducido por la reforma del PP, que limita la revalorización de la paga de pensionistas al 0,25%, lo que disparará aún más el gasto y agran-dará el déficit de la Seguridad Social.

Tal y como avisó en una entrevista con elEconomis-ta el vicepresidente de la Comisión al cargo de Eco-nomía, Valdis Dombrovskis, el Ejecutivo comunita-rio tiene cuestiones “importantes” por aclarar con el Gobierno sobre la reforma de las pensiones.

Las fuentes comunitarias explican que la Comisión tiene “bastantes dudas” sobre el impacto a medio y largo plazo de los cambios que cocina el Gobierno. No solo preocupa la eliminación del factor de sos-tenibilidad, que no ha llegado a ser utilizado, sino también la situación del mercado laboral español que y la evolución demográfica.

Tras el encuentro con Gentiloni, las discusiones con el Ejecutivo comunitario han continuado a nivel téc-nico entre el equipo de Escrivá y los funcionarios de la Comisión, escépticos con los números que está presentando Madrid para armar su propuesta. Es-

iStock

Son los millones de euros para la recuperación que ofrece la UE a España a cambio de reformas140.000


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jo su presidencia en enero de 2019, aunque fue con-siderada como una reforma profunda “a largo pla-zo”. Sin embargo, según los cálculos del propio Go-bierno que se plasmaron en los borradores interme-dios previos a la formalización del texto enviado a Bruselas, esta ampliación de diez años en el perio-do de cálculo de la base reguladora de la pensión implica, de media, un recorte del 6,3% en las nuevas jubilaciones.

Cabe recordar que si bien se trata de un refuerzo de la contributividad del Sistema (pagas en proporción de lo que se ha aportado durante la vida laboral) tam-bién implica que en el cálculo de la cuantía se ten-drán en cuenta los peores años de cotización, los de

acceso al mercado laboral tras los procesos de for-mación y aprendizaje, y que por lo tanto tienen re-muneraciones más bajas. A cambio, el Ejecutivo es-tudiará la posibilidad de excluir del cálculo los peo-res años de trabajo, o se estudiará la posibilidad de que las Seguridad Social cubra las conocidas como lagunas de cotización.

Las pensiones, junto con la reforma laboral, son los dos últimos bloques que tiene que finalizar el Go-bierno y enviar a Bruselas de su plan de recupera-ción, que incluye 30 líneas de acción -30 componen-tes-, combinando inversiones y reformas.

Acceso a los fondos Este plan servirá para acceder a los 140.000 millo-nes que le corresponden a España del estímulo eu-ropeo, una vez la Comisión y los Estados miembros validen la propuesta de Madrid, lo que podría suce-der hacia finales de primavera.

Además, la Comisión también está prestando una especial atención a los planes de España para

aplicar la Ley de Unidad de Mercado, y terminar así con la fragmentación

regulatoria en nuestro territorio.

Ampliar de 25 años a 35 años el periodo de cálculo de la pensión conllevaría recortes del 6,3%

crivá tendrá que cerrar una propuesta que conven-za a Bruselas, que reciba el visto bueno de los agen-tes sociales y que siga las recomendaciones que sa-lieron del Pacto de Toledo.

Fuentes del Ministerio de Inclusión explican que la propuesta aún no está cerrada ya que el diálogo con los agentes sociales continúa, aunque la discusión está “bastante avanzada”. No confirman si se inclui-rá, y de qué manera, la ampliación del periodo de co-tización, dado que dependerá del encaje con otros elementos para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Eso sí, subrayan que la reforma “garan-tizará el poder adquisitivo de las pensiones”, lo que obligará a incluir factores compensatorios como pi-de Bruselas. Desde el ministerio esperan cerrar con la patronal y sindicatos los mimbres de la propues-ta en las próximas semanas, para ser trasladada posteriormente a Bruselas y al resto de partidos.

Además, argumentan que el Pacto de Toledo sí da-ba un mandato para trabajar con los periodos de co-tización para el cálculo de la pensión, en el caso de los “los casos de vidas laborales muy prolongadas” o para eliminar las lagunas en la cotización.

No es la primera vez que Escrivá defiende la amplia-ción del periodo de cotización a 35 años. Fue una de las recomendaciones que incluyó la Autoridad In-dependiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ba-

El ministro Escrivá defiende el factor de revalorización de las pensiones para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. EFE


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sos que deja de recibir el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país.

Concretamente, desde el pasado 1 de enero, la edad legal de jubilación de situó en los 66 años en virtud del periodo transitorio establecido en la reforma de 2011, y que culminará en 2027 cuando la edad le-gal de retiro alcance los 67 años. En este sentido, una de las decisiones del Ejecutivo tras conocer las recomendaciones para la reforma de pensiones del Pacto de Toledo es articular un sistema de incenti-vos y penalizaciones que ayude a cerrar ese gap en-tra la edad efectiva de retiro y la edad marcada por la ley de la Seguridad Social. De hecho, aseguraba el propio ministro del ramo, José Luis Escrivá, du-rante su comparecencia en la Comisión que elevó el mandato de las recomendaciones al Congreso de los Diputados, donde especificó que por cada año que se acercaba la edad real a la legal, el défi-cit de la Seguridad Social se reduciría en un 25%. Teniendo en cuenta que las declaraciones las rea-lizó cuando aún el cuadro macro arrojaba un défi-cit de 18.000 millones para la Seguridad Social, an-tes del estallido de la pandemia, cada año que se eleve la edad efectiva de retiro supondría un recor-te del déficit de 4.500 millones de euros.

Ahora bien, más allá del impacto sobre el déficit, se-

gún los datos publicados por la Seguridad Social en su cuadro presupuestario de 2021, cada año se ju-bilan anticipadamente en nuestro país una media de 132.000 personas (media de los últimos cinco años sin contar 2020). Teniendo en cuenta que el salario medio anual se sitúa en nuestro país en el entorno de los 24.000 euros anuales y que el por-centaje de retención medio es del 36,25%, se dedu-ce que las aportaciones medias de cada uno de esos jubilados de manera anticipada asciende a 8.700 euros. Teniendo en cuenta que este trabajador sa-le de media a los 64,5 años, aún tendría capacidad de aportar al Sistema unos 13.000 euros de media a las arcas públicas.

Cabe recordar en este punto que el informe sobre pensiones elaborado por la Seguridad Social en su proyecto presupuestario para 2021, donde se reco-ge como las personas que se jubilan anticipada-mente cobran hasta un 37% más que quienes sa-len del mercado laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación. La explicación a esta medida, aseguran los expertos, está en que los trabajado-res que se jubilan anticipadamente son aquellos con nóminas más elevadas, y que por lo tanto, una vez


L as jubilaciones anticipadas de los trabajado-res españoles, la opción de retiro elegida por un 40% de ellos según el Banco de España,

suponen que la Seguridad Social deja de ingresar cada año 1.150 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. Unas aportaciones que de-berían seguir realizando estos trabajadores pero que se frenan, de media, un año y medio antes de lo que marca la ley, e implican una pérdida de ingre-

Las prejubilaciones restan 1.150 millones de ingresos anualesCada año salen prematuramente del mercado laboral 132.000 trabajadores El 40% de españoles se retira un año y medio antes de la edad legalGonzalo Velarde. Foto: iStock

Los empleados que se jubilan anticipadamente aún podrían aportar de media 13.000 euros


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embargo, desde la compañía que asesora en pla-nes de ahorro para empresas y particulares asegu-ran que los planes de rentas o planes de prejubila-ción se plantean como una solución muy eficaz y menos agresiva para llevar a cabo los necesarios reajustes de fuerza laboral.

De media, las empresas aplican estos planes de pre-jubilación a sus empleados entre los 57 y los 63 años, que perciben entre un 75% y un 80% de su sa-lario neto. En caso de acuerdo voluntario la media de acceso al plan de renta sube a los 58 años, per-mitiendo ahorrar un año de complementos salaria-les que, en este caso y al no estar exenta, se calcu-la sobre el salario bruto abonando entre un 70% y un 75%, apunta el reciente estudio de la compañías sobre el mercado de las prejubilaciones en España.


aplicadas las penalizaciones aún perciben pagas con cuantías medias considerablemente superio-res que el colectivo retirado en edad legal.

El ‘coleo’ de los Ertes Así, como se ha mencionado, el Gobierno está dise-ñando un sistema de incentivos por un lado y de pe-nalizaciones por otro para endurecer las condicio-nes de estos retiros anticipados. Esta medida, más allá de estar recogida en las recomendaciones del Pacto de Toledo, se torna en crucial teniendo en cuenta la coyuntura del mercado laboral, asolado aún por trabajadores envueltos en Ertes parciales o totales, un total de 750.000 al comienzo de este año. Como advierten desde la consultora Mercer, el paso natural de los Ertes enquistados en el tiempo, es pasar al ERE, que incluye la fase de despidos. Sin

Impacto financiero del retiro laboral anticipado

Evolución del número de jubilaciones anticipadas en España

Evolución de los ingresos por cotizaciones sociales (millones de €)

Evolución del salario medio (euros/mes)

Fuente: Presupuesto de la Seguridad Social e INE. (*) Previsiones. elEconomista

2.000

1.900

1.800

1.700

1.600

1.5002013 2014 2015 2016 2017 2018 201920102009200820072006 2011 2012

1.982,31

150.000

140.000

130.000

120.000

110.000

100.000

90.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*201020092008 2011 2012

125.144

127.038 136.941 134.329 142.114121.479

65.629

Evolución de la edad real de jubilación de los Españoles

63,65

63,73

63,84

63,87

63,90

64,19

64,14

64,09

64,08

64,14

64,19

64,42

64,52

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020201020092008 2011 2012

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Los expertos piden una edad retiro voluntaria y flexible

Los economistas y ex-pertos del ‘think tank’ Civismo proponen que se establezca una jubi-lación flexible que vaya desde los 60 años hasta los 75 años, y donde el trabajador pueda esco-ger el momento de sali-da del mercado laboral.

El rango de edad al que podría uno jubilarse de-bería ser muy amplio. Por ejemplo, de los 60 a los 75 años. En el caso práctico que plantea Civismo, un trabajador con 60 años, que co-menzó a trabajar con 25 y acumula 35 años cotizados, y con una esperanza de vida de 30 años más, el primer punto consiste en el cál-culo de la base: se toma toda su carrera laboral y se determina en cuánto se cifra esa base. Si se jubila a los 60 años, con 35 años cotizados, su-frirá un doble recorte: por un lado, al no llegar a 45 años, su base se verá minorada en un porcentaje sustancial, pero, además, el Factor de Sostenibilidad tam-bién actuaría por lo que le quedan 30 años de esperanza de vida y su primera pensión sufrirá un ajuste extra.

De los 60 a los 75 años, media un amplio rango durante el cual podría retirarse en cualquier momento. Incluso con la posibilidad de un pre-mio (base de cálculo su-perior al 100%) para los que sobrepasen los 70 años en activo.


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euros. La intención del ministro de Seguridad So-cial, José Luis Escrivá, es articular un esquema de penalizaciones e incentivos que sirvan para acercar la edad real de jubilación (64,5 años) a la edad legal (66 años desde 2021), endureciendo los coeficien-tes reductores y aumentando los de mejora. Ahora bien, según los expertos, en el medio y largo plazo, el hecho de que los pensionistas estirasen su es-tancia en el mercado laboral un año más, lejos de


Elevar la edad real de jubilación aumentará los costes a medio plazoPara 2050, retrasar un año el retiro efectivo de los españoles elevaría la factura en un 0,3% del PIB. No aplicar sanciones a jubilados anticipados explica el alza de gasto a largo plazo, ya que además estos son los casos con mejores carreras de cotización, más estables y con cuantías de jubilación más elevadasGonzalo Velarde. Fotos: iStock

L a reforma de pensiones se encuentra en su fase decisiva, en la mesa de diálogo social, donde se discute con empresarios y sindica-

tos los aspectos técnicos de las modificaciones que sufrirá la ley de Seguridad Social. Uno de estos pun-tos es el endurecimiento de las jubilaciones antici-padas, que es la opción de retiro elegida por el 40% de los trabajadores españoles y supone que el Es-tado deja de ingresar cada año 1.150 millones de


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resolver parte del gasto de las pensiones -el Ejecu-tivo prevé resolver por esta vía un 25% del déficit del Sistema-, supondría un aumento del mismo, del 0,3% del PIB en 2050.

Los cálculos elaborados por el Grupo de Investiga-ción en Pensiones y Protección Social (GIPPS) de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Extremadura sobre el impacto financiero que ten-dría el retrasar la edad real de jubilación un año, re-cogen una proyección a largo plazo de qué ocurri-ría con esas personas que estiran su estancia en el mercado laboral durante un año. Asumiendo como hipótesis que todos los que se iban a jubilar en 2019 retrasan un año la edad de jubilación -no solo los de anticipada (para apreciar el impacto actuarial a lar-go plazo)-, se produciría un ahorro en ese primer año de unos 4.000 millones de euros -el 0,32% del PIB de ese ejercicio-, teniendo en cuenta la pensión que no van a cobrar ese año y la mayor cotización que tendrían que hacer. Pero a partir de ese momento las pensiones serían mayores que si se hubiera ju-bilado el año anterior. Ese ahorro iría disminuyendo hasta que a partir de 2035-2040 ya supondría un mayor gasto en términos de caja. En 2050 llegaría a suponer un mayor gasto de un 0,32% del PIB de ese año.

En el caso de los que se iban a jubilar anticipada-mente, la explicación está en el impacto directo que tienen los coeficientes de penalización sobre el va-lor de pensión. Así, explican los expertos que solo supondría un ahorro en el primer año que se retra-sara, pero en los siguientes años la pensión sería mayor -entre un 6% y un 8% (las jubilaciones antici-padas implican una reducción media de entre el 6% y 8% cada año, por lo que el ejercicio recoge el im-pacto de retrasar un año esta salida del mercado laboral, es decir, las penalizaciones que dejarían de aplicarse)-. Además, actuarialmente el jubilado que retrasara un año la jubilación recibiría más en valor actual actuarial, es decir, elevaría el coste actuarial para la Seguridad Social, consecuencia de que las penalizaciones por anticipar la jubilación son dema-siado altas; pero esto también se traduce en un ma-yor gasto en términos de caja.

Pocos incentivos para la demora Sin embargo, los que retrasen la edad de jubilación desde la edad ordinaria o posterior, sí que genera-rían un mayor ahorro en términos actuariales. Es decir, el menor gasto del primer año que se retrasa-ra la jubilación sería superior que el mayor gasto de los años siguientes, debido a que las bonificaciones por retrasar la edad (entre un 2% y un 4%) son infe-riores a las que teóricamente les correspondería. Entonces, como el número de personas que se ju-bilan a la edad ordinaria y posterior es mayor, este ahorro compensa el mayor gasto de los que se ju-bilan anticipadamente, en términos actuariales, aun-que su valor es muy pequeño.

El Ministerio solo informa del ahorro en términos de caja, mientras que el enfoque del GIPPS es doble, desde el punto de vista de caja y también desde un punto de vista actuarial, que es el mejor modo de analizar esta problemática. En este último caso, sí que se produciría un ahorro muy pequeño en 2050, concretamente del 0,03% del PIB, que se podría in-terpretar como el cobro adicional que se recibiría ese año como consecuencia de la aplicación de la nueva medida correspondiente a la jubilación de la cohorte de ese mismo año.

Sobre la legislación actual Cabe recordar en este punto, que la proyección se


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realiza sobre los parámetros de la legislación ac-tual. Uno de los puntos que también está valoran-do el Gobierno en materia de endurecimiento de las jubilaciones anticipadas es trasladar el impacto de la penalización no sobre la base reguladora como ocurre actualmente, sino sobre la cuantía de la pen-sión. “Lo que sí generaría un mayor ahorro”, tal y co-mo reconocen los expertos. Si bien también gene-raría mayores recortes en la paga inicial para quie-nes anticipen el retiro laboral.

En este sentido, la intención es la de establecer un marco que por un lado incentive la permanencia en

el puesto de trabajo más allá de la edad legal al tiem-po que haya desincentivos para adelantar ese reti-ro. El principio argumental es claro: las penalizacio-nes en las pagas de jubilación se aplican sobre la base reguladora del eventual beneficiario de la pen-sión. Si el sueldo es alto, el porcentaje de reducción que se aplica a su base puede implicar que incluso una vez descontado este porcentaje la base siga por encima y le corresponda la pensión máxima. En

un cálculo medio, se estima que la penalización en la pensión es del 2% en las rentas altas que adelan-tan dos años su retiro –serían rentas a partir de los 48.000 euros anuales–.

Sin embargo, si nos vamos a la misma lectura en las rentas más bajas esta penalización para el mis-mo tiempo de anticipación (2 años antes de la edad de jubilación) es hasta cuatro veces mayor. La ar-gumentación es exactamente la contraria a la de las rentas más onerosas: al contar con bases regu-ladoras medias que dan derecho a pensiones me-dias, es decir, no optan a la máxima jubilación ni co-tizan por el máximo, la penalización en su base re-guladora impacta en su totalidad en la cuantía de la pensión. De este modo, según la Seguridad So-cial, con una base media y más de 44 años y seis meses cotizados, la penalización se sitúa en torno al 6,5% por dos años de adelanto de la salida del mercado laboral. En el caso de una base media, pe-ro con 36 años cotizados, la penalización por un abandono del mercado laboral a los 63 años en lu-gar de a los 65 años, el porcentaje de reducción so-bre la pensión asciende al 8%. En ambos casos, se considera como base media de cotización 19.200 euros anuales. Según los expertos consultados por elEconomista, es que por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores (64 años) se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más.

Estos son los coeficientes reductores antes de la reforma

Cabe recordar que ac-tualmente el sistema de penalizaciones en la ju-bilación anticipada vo-luntaria por trimestre se sitúa para un período de cotización menor de 38 años es del 2% de coefi-ciente de reducción; en-tre 38 y 6 meses y 41 años es del 1,875%; pa-ra un período de entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses si sitúa en el 1,7%; y para un pe-ríodo de cotización a partir de los 44 años y 6 meses sería del 1,625% de coeficientes. Más allá, estos son los por-centajes sobre los que trabajará el Gobierno para el endurecimiento de las jubilaciones anti-cipadas en España.

Aumentar un año la edad real de jubilación aumentaría en 4.500 millones de euros los ingresos

Coyuntura del retiro laboral efectivo en España

Fuente: Banco de España. elEconomista

Edad media de las altas de jubilación (años)

65,0

64,5

64,0

63,5

63,02013 2014 2015 2016 2017 201820102009200820072006 2011 2012

70605040302010

02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202020102009200820072006 2011 2012

Altas de jubilación, por grupos de edad62 años o menos 63 y 64 años 65 o más

Altas de jubilación, por modalidad (%)

70

60

50

40

30

20

10

0 2013 2014 2015 2016 2017 201820102009200820072006 2011 2012

Edad de jubilación, por modalidad (años)Ordinaria Anticipada no voluntariaAnticipada voluntaria Flexible/parcial Resto

Demorada Ordinaria Anticipada no voluntariaAnticipada voluntaria Flexible/parcial Total

Demorada

7069686766656463626160 2013 2014 2015 2016 2017 201820102009200820072006 2011 2012


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Finanzas Personales

Los ‘millennials’ suman en EEUU 8 billones de euros en activos


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La pandemia corta el progreso de millones de jóvenes en Estados Unidos, obligados a volver a casa de sus padres para sortear los efectos de la pandemia. La situación ya alcanza al 52% de los norteamericanos de entre 19 y 29 añosJosé Luis de Haro, delegado en Nueva York.

A pesar del impacto de la recesión inducida por la pandemia el año pasado, los millennials en Estados Unidos han logrado duplicar sus

activos en los últimos cuatro años hasta superar por primera vez los 10 billones de dólares, según los da-tos actualizados de la Reserva Federal y su segui-miento de la riqueza de los estadounidenses hasta el tercer trimestre de 2020.

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Finanzas Personales

De acuerdo con estas cifras, aquellos nacidos en-tre 1981 y 1996 han visto como desde el tercer tri-mestre de 2016 hasta el tercer trimestre del año pa-sado, el valor de sus activos acumulados pasó de los 5,09 billones de dólares hasta los 10,26 billones de dólares. Sin embargo, su apalancamiento tam-bién se multiplicaba por dos en este mismo perio-do, al situarse en los 4,30 billones de dólares entre los meses de julio y septiembre de 2020.

Es por ello que, a pesar de constituir la mayor par-te de la fuerza laboral estadounidense, con alrede-

dor de 72 millones de personas, los millennials con-trolan solo el 5,1% de la riqueza del país. Por el con-trario, hasta el tercer trimestre de 2020, la genera-ción X (1965-1980) abarcaba el 26,8% y los baby boomers (1946-1964) defendían su liderazgo al con-trolar el 53,2% de la riqueza estadounidense.

En términos de activos, las dinámicas también son interesantes. Los millennials cuentan con una pre-dilección por los activos inmobiliarios, donde desti-nan el 37,1% de su fortuna, alrededor de 3,80 billo-nes de dólares. Su interés por la renta variable, por

ejemplo, es mucho más limitado, dirigiendo tan so-lo 670.000 millones de dólares a estos meneste-res, cerca del 6,5% del total de su riqueza.

Por el contrario, los baby boomers invierten alrede-dor de 16,79 billones de dólares en bolsa y fondos mutuos y la Generación X otros 7,46 billones de dó-lares. Aunque ambas generaciones cuentan con un patrimonio mayor de activos en el sector inmobilia-rio, de 13,69 billones y 9,79 billones de dólares res-pectivamente, el porcentaje de su riqueza destina-do al mismo es menor que el de los millennials -un 20,6% para los baby boomers y un 26,2% para la Ge-neración X-.

En el caso de la generación de los baby boomers o la generación X, el aumento de los pasivos en los últimos cuatro años ha sido mucho más limitado. De hecho, para los primeros, el apalancamiento ha descendido en aproximadamente 310.000 millones de dólares desde el tercer trimestre de 2016 y en el caso de los segundos aumentó en 650.000 mi-llones de dólares hasta un total de 6,10 billones de dólares.

Límite a la independencia financiera La pandemia del coronavirus ha acelerado un im-portante cambio cultural y económico en Estados Unidos, obligando a millones de jóvenes adultos a regresar a casa de sus padres. La proporción de jóvenes de entre 18 y 29 años, donde se incluyen a la Generación Z y los millennials más tardíos, que

Biden sitúa a los estudiantes en la diana de su política social

De momento, en sus pri-meras decisiones adop-tadas nada más ocupar el cargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya dejó entrever algunas medidas que buscan transformar el modelo económico del país. Desde el reingreso al Acuerdo de París a la prórroga al pago de las deudas estudiantiles, la ampliación de la mora-toria de alquileres e hi-potecas hasta requerir que los contratistas fe-derales ofrezcan un sa-lario mínimo de 15 dóla-res por hora y bajas re-muneradas son algunas de las acciones presi-denciales en curso.

Según Mark Zandi, eco-nomista jefe de Moo-dy´s Analytics, si la agenda económica del demócrata se imple-mentase por completo se crearían 18,6 millo-nes puestos de trabajo y la tasa de paro oscilaría poco más del 4% el la segunda mitad de 2022. Por su parte, el ingreso real después de impues-tos de un hogar esta-dounidense medio au-mentaría en aproxima-damente 4.800 dólares. Incluso si solo se imple-mentase el Plan de Res-cate Americano, la eco-nomía crearía 7,5 millo-nes de puestos de tra-bajo en 2021 y otros 2,5 millones en 2022 recu-perando el pleno empleo un año antes de lo pre-visto, tras el impacto de la pandemia en el mer-cado labora norteameri-cano que ha disparado las solicitudes empleo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Reuters

En EEUU, los millennial suponen el mayor volumen de ocupados pero solo con un 5% de la riqueza


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se han visto obligados a volver al núcleo familiar alcanzó el 52% el pasado verano, el mayor nivel desde la Gran Depresión, según datos del Pew Re-search Center.

Previamente, el valor más alto se registró en el cen-so de 1940, cuando el 48% de los adultos jóvenes vivían con sus padres, aunque este porcentaje se-guramente fue mayor durante los años previos, de los que no existe registro. El pasado mes de julio, de acuerdo al Pew Research Center, alrededor de 26,6 millones habitaban la casa de sus progenito-res, más de diez veces más que en febrero.

Una dinámica que ya comenzó a despuntar tras el azote de la crisis financiera de 2008, que obligó a muchos millennials, aquellos nacidos entre 1981 y 1996, a romper con la tradición de abandonar defi-nitivamente el hogar familiar y ganar independen-cia financiera nada más comenzar la universidad. De hecho, según señala Jim Reid, economista jefe de Deutsche Bank, en los últimos 15 años, el por-centaje de personas de 25 a 34 años que viven con sus padres “se ha disparado” a este lado del Atlán-tico hasta superar el 17%.

Las últimas cifras publicadas por la Reserva Fe-deral de Estados Unidos (Fed) continúan reflejan-do una importante disparidad a este lado del Atlán-tico durante la primera mitad de 2020, tanto a ni-vel generacional como teniendo en cuenta otros factores, como la raza, nivel educativo o edad, en-tre otros. De hecho, mientras el 1% de los esta-dounidenses más afortunados cuenta con un pa-trimonio neto combinado de 36,18 billones de dó-lares, el 50% más pobre, alrededor de 165 millo-

nes de personas, posee solo 2,36 billones de dólares, o el 2% de la riqueza total acumulada por los es-tadounidenses.

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concentra su atención en dos pilares de su agenda económica, como son el Plan de Rescate America-no y el Plan de Recuperación para Reconstruir Me-jor. El primero se postula como su respuesta inme-diata a la fatiga económica que experimenta la re-cuperación a este lado del Atlántico e incluye una factura de 1,9 billones de dólares. El segundo será la base para transformar la economía del país. Su meta incluye sacar a 12 millones de estadouniden-ses de la pobreza y reducirla a la mitad entre los me-nores de edad.

Entre las próximas iniciativas que baraja el ya pre-sidente de los Estados Unidos Joe Biden, quien bus-ca instigar “la mayor movilización de inversiones pú-blicas en infraestructuras e I+D desde la Segunda Guerra Mundial” se quiere incluir una inversión de 400.000 millones de dólares para “comprar produc-tos, materiales y servicios americanos”. Además, otros 300.000 millones de dólares en I+D y “tecno-logías de vanguardia” que van desde la tecnología de vehículos eléctricos o materiales ligeros hasta el desarrollo de redes 5G e Inteligencia artificial en los próximos años.

El 50% de la población más pobre de Estados Unidos posee el 2% de la riqueza total del país

Finanzas Personales


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Biden ya ha tomado posesión de su cargo como presidente de EEUU. Promete un am-bicioso plan de estímulo fiscal con un enfoque social y un enfoque verde. Pretende también renovar las infraestructuras del país. Más dinero. More money, Biden para

tapar el socavón económico que va a dejar el coronavirus. En Europa, el BCE se plantea am-pliar su programa de compra de deuda más allá de lo previsto. Lo irá viendo Lagarde, su presidenta. Todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y si las restricciones a la mo-vilidad se endurecen o se prolongan más allá de marzo. También más dinero.

Políticas fiscales y políticas monetarias para evitar que la crisis económica se convierta en estructural. En esta crisis Gobiernos y bancos centrales han actuado de forma contunden-te, lo han hecho de forma rápida y también coordinada. Pero ¿qué efecto va a tener esta avalancha de liquidez en el crecimiento, la inflación, la inversión y el ahorro? Lo que es evi-dente es que deuda vamos a tener para rato. Va a ser galopante. Deuda muy por encima del 100% para todas las economías desarrolladas que se enfrentan a una era de bajos cre-cimientos, baja inflación y muy bajos tipos de interés.

El bono alemán se ha acomodado en el entorno del 0,-50%. El bono español a diez años es-tá plano. Y en EEUU se mueve en el entorno del 1%. Con estos tipos es evidente que empu-jan al ahorrador a convertirse en inversor, a asumir riesgos. Este escenario de tipos tan ba-jos beneficia a gobiernos y empresas altamente endeudadas, pero perjudica el ahorro. Na-da de tener las perrillas en un depósito. ¡Es perder sí o sí la batalla contra la inflación! Se tra-ta de empujar al dinero más conservador hacia activos de más riesgo como la renta variable. Para este año las principales casas de inversión prevén alta volatilidad y retornos positivos para la bolsa, pero retornos más bajos que el año pasado. ¿Bolsa también para el que aho-rre pensando en la jubilación?

Depende, que diría Jarabe de Palo. Depende de su aversión al riesgo y de los años que le queden para colgar la sotana. Lo que sí es más que evidente es que ahorre todo lo que pueda desde ya porque las pensiones del futuro serán más bajas que las pensiones del presente. Ahorre de forma inteligente: diversifique, marque un objetivo, alargue los pla-zos y déjese asesorar por un profesional. No ha recetas mágicas: hay ahorro sistemáti-co, ahorro desde el minuto cero, ahorro con cabeza. ¡A por ello! ¡A por 2021! ¡El tiempo juega a la contra!

Ahorro desde el minuto cero: el tiempo juega en contra

Susana Criado Directora de Capital en Radio Intereconomía

Opinión


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Finanzas Personales

Los mejores y los peores planes de pensiones de la última década


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Los más rentables se han centrado en Estados Unidos, mientras los menos productivos se han localizado en el mercado español y en renta fija

Víctor Blanco/Laura de la Quintana. Fotos: iStock


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E n España existen 1.091 planes de pensiones en los que se puede invertir, distribuidos en-tre planes de bolsa, de renta fija, monetarios

y mixtos, según los datos que maneja Morningstar. De estos, 583 llevan más de diez años cotizando en el mercado, lo que permite medir cuál ha sido su comportamiento en ese periodo. En general, como ocurre también con los fondos de inversión, los ges-tores de los planes de pensiones no son capaces de batir a los índices de referencia, ya sea en fon-dos de bolsa, de deuda o mixtos.

En una década en la que el índice de bolsa mundial ha subido un 7,5% anualizado, con el S&P 500 esta-dounidense consiguiendo una rentabilidad del 11,5% en este sentido, y el EuroStoxx 50 del 2%, los 115 planes de pensiones que invierten en bolsa y tienen recorrido de más de una década han subido, de me-dia, un 3,82%, la mitad de lo que se ha revalorizado el índice de bolsa mundial.

En los productos de renta fija los resultados no han sido mejores: el índice de referencia global Bloom-berg Barclays Global Aggregate sube un 2,60% anua-lizado en la última década, frente al 1,22% que han conseguido, de media, los 93 planes con diez años de recorrido. Los mixtos, renta variable y fija, han dejado rentabilidades del 2,26%, por debajo de lo que se ha ganado con el índice de bonos mundial.

Estos resultados evidencian la necesidad de elegir muy bien en qué productos se confía de cara al ahorro para la jubilación, y tam-bién para evitar aquellos que peor se com-

porten. La tarea no es fácil, ya que rentabilidades pasadas no aseguran buenos resultados en el futu-ro, pero conocer quiénes han sido los que mejor lo han hecho en la década, y también los que peor, es un ejercicio que puede resultar útil a quien esté du-dando dónde invertir su dinero.

Entre los mejores Entre los mejores planes destacan productos ges-tionados por BBVA, Renta4, Mapfre y Bankinter, que han invertido principalmente en el mercado esta-dounidense en las empresas de los sectores tecno-lógicos que han tenido muy buen comportamiento desde la crisis, y también tienen un enfoque de in-versión pasiva en la bolsa estadounidense.

■ BBVA Telecomunicaciones PP Algo que llama la atención es comprobar que el plan que mejores rentabilidades ha dejado a sus partíci-pes en los últimos diez años es este producto mix-to. El plan del banco azul invierte más del 75% en bol-sa, y puede tener exposición a divisas extranjeras en un 30% de su cartera, y es el líder indiscutible de la década, con una rentabilidad anualizada del 14,60% en este periodo. El plan ha conseguido muy buenos resultados invirtiendo en protagonistas indiscutibles en la década, como Apple, Alphabet, Microsoft o Intel, empresas muy rentables de un sector especialmen-te destacado desde la crisis financiera.

■ Naranja Standard & Poors 500 PP de ING Es el segundo más rentable y es gestionado por Renta 4. Con un tamaño de más de 393

millones, el plan ha conseguido una rentabili-dad del 13,58% anual en la década, invirtiendo en

fondos cotizados que replican índices de bolsa es-tadounidense, como son el Lyxor S&P 500 ETF D EUR, el iShares Core S&P 500 ETF USD Acc, el Xtrackers S&P 500 Swap ETF o el Amundi IS S&P 500 ETF C EUR. Los buenos resultados son una buena representación

Finanzas Personales


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Finanzas Personales

de lo bien que ha funcionado la inversión pasiva, al-go que ahora algunos expertos dudan que vaya a continuar ocurriendo en los próximos años.

■ Mapfre América PP Es un plan que coincide en buena parte con el de BBVA Telecomunicaciones, ya que entre sus gran-des apuestas están los gigantes Alphabet, Microsoft, Apple, etc., y otras firmas como Visa o Procter & Gam-ble, incluyendo ahora también a JP Morgan, y John-son & Johnson o 3M. Este tiene un tamaño de casi 124 millones, con una rentabilidad anualizada a diez años del 11,2%, y está centrado con un 60% de las 46 posiciones invertido en gigantes, según Mornings-tar, y el resto en firmas de gran capitalización.

■ BK Variable América PPi de Bankinter Tiene una fuerte exposición al mercado estadouni-dense y es muy similar al Naranja Standard & Po-or's 500 PP, ya que ha conseguido sus resultados con una estrategia de inversión pasiva en el índice S&P 500. El plan de pensiones de Bankinter tiene un tamaño de casi 350 millones y ha logrado un 11,2% de rentabilidad anualizada en la década.

Y entre los peores... Aquí se encuentran productos enfocados a la bol-sa española y también en renta fija. De entre 580 planes solo una treintena registra pérdidas.

■ Caser RV España Es el plan menos rentable de todos los que se co-mercializan en España, un producto que se permi-

te invertir hasta un 100% en bolsa nacional, aun-que en este momento destine una cuarta parte de la cartera a renta fija. Sus pérdidas anualizadas al-canzan el 5,44% en la última década, según Mor-ningstar, aunque son superiores conforme se va re-duciendo el periodo. Caser centra su inversión ca-si en exclusiva en ETFs. Del 77,72% que su cartera tiene en renta variable, apuesta un 38% del patri-monio al fondo indexado Acción Ibex de BBVA; otro 19% está en el ETF del Ibex de Lyxor y tiene el 12,5% en Amundi ETF MSCI Spain. Casi el 70%. El resto está invertido en un depósito a la vista de Ceca-bank.

■ Norpensión Renta Variable Ibex BBVA Con 15,4 millones bajo gestión es el segundo plan menos rentable bajo el formato EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria). En la última déca-da sus partícipes han sufrido una caída anual del 2,57% en el patrimonio.

■ BBVA Renta Variable Ibex PP También de BBVA, tiene un patrimonio bajo ges-tión de casi 60 millones y acumula pérdidas anua-lizadas del 2,52% en la última década, según Mor-ningstar, pero no da datos de su composición.

■ March Bonos PP Cierra la lista con pérdidas en la última década del 1,78%. Con datos a cierre de octubre, este plan te-nía invertido un 76,6% de la cartera en bonos mien-tras reservaba el 23,4% en liquidez, teniendo en cuenta las bajísimas rentabilidades de la deuda.

Hay diferencias de rentabilidad de 36 puntos entre el mejor y el peor plan de pensiones de este año.

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Hemos tomado prestada la expresión que sirve de epígrafe al presente artí-culo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche para ilustrar con ella un fenó-meno de nuestro tiempo ciertamente preocupante al que, sin embargo, im-

buidos del día a día, no le prestamos la suficiente atención ni se encuentra en el centro de nuestras preocupaciones e intereses corrientes. Con la referida expre-sión no queremos aludir, como el pensador centroeuropeo, a la revolución moral que el mismo propone, sino a algo más concreto y actual que afecta a la concep-ción del Derecho en nuestros días y, con ello, de refilón, a nuestras vidas cotidia-nas. Lo ilustraremos con un ejemplo, un único ejemplo pero muy significativo, que, en la línea de una tendencia cada vez más frecuente y extendida, vale por mil.

Hace unos días, en nombre de un cliente, el autor propuso a una compañía de segu-ros una determinada acción relativa a un seguro de instrumentación de compromisos por pensiones de una empresa para sus trabajadores con un determinado tratamien-to fiscal -cuyas circunstancias concretas no hacen al caso, pues lo importante aquí no es el fondo de la cuestión, sino la actitud que se reveló en la respuesta recibida- y se encontró con esta sorprendente declaración de la aseguradora (cito textualmente): “No nos consta ninguna consulta de la Dirección General de Tributos que lo permita”.

¡Que no les consta ninguna consulta de la Dirección General de Tributos que lo permita! La “frasecita” se las trae: concentra en su brevedad y concisión una do-ble y grave aberración. Veamos si no.

En primer lugar, tenemos que decir que, en contra de lo que, alarmantemente, pa-rece creer una parte cada vez mayor de los profesionales, las consultas vincu-lantes de la Dirección General de Tributos no son normas generales que se im-pongan por igual a todos los contribuyentes.

Aunque seguramente muchos lo hayan olvidado ya, reciben el nombre de vincu-lantes porque, en el caso particular al que se refieren, sus resultados vinculan al ad-ministrado o contribuyente que las ha formulado y al órgano del que procede la res-puesta, no porque tengan el carácter de disposiciones de carácter general para el conjunto de la ciudadanía, pues estas últimas solo son y pueden ser, exclusivamen-

La transmutación de los valores

Antonio Méndez Baiges Abogado en Mercer (miembro de Ocopen)

Opinión


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Opinión

te, las leyes y reglamentos emanados del Parlamento y el Gobierno. En este senti-do, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo tiene declarado,

no sin cierta sorna y tal vez impaciencia, que “las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos no son una fuente del Derecho”.

Y, sin embargo, pese a lo dicho, una y otra vez nos topamos con la in-vocación a dichas consultas vinculantes por parte de las aseguradoras, y de otras entidades, con carácter preferente e incluso excluyente de la legislación y la jurisprudencia. A este paso acabará por llegar el día en que podamos prescindir del Parlamento y nos rijamos exclusivamente por los criterios administrativos de un órgano sobre el que, por otra par-te, no lo olvidemos, en tanto que, inserto en el seno de la administración tributaria, recaen todas las sospechas de constituirse en juez y parte.

En segundo lugar, decíamos que nos encontrábamos ante una doble abe-rración en atención también a la conclusión de la breve respuesta recibida de que no había consultas vinculantes (léase normas) que permitieran la acción propuesta. Vamos a ver: el objeto de las normas es el de prohibir u obligar, delimitando el campo de actuación posible, pero no es el de permi-tir, puesto que respecto de este ámbito -el de lo tolerado- rige el principio ge-neral de que lo que no está prohibido ni es obligatorio, está permitido.

Cuando salgo a la calle por la puerta de mi casa, me tomo un café o cojo el trans-porte público, no lo hago al amparo de unas normas expresas que me lo permi-ten, sino al amparo, precisamente, del referido principio general. Así es y debe ser en un Estado de Derecho y en un régimen de libertades como son los nuestros, pero, incluso, si nos apuran, en mayor o menor medida en cualquier lugar y cir-cunstancia, pues es tan amplio el campo de lo que se puede hacer que la necesi-dad de estatuir una norma para tolerar cada acción posible sería inabarcable.

A pesar de todo, la mentalidad que parece prevalecer hoy en día, incluso entre ju-ristas, y no solo, aunque muy especialmente, en el ámbito tributario, es la con-traria, y proliferan actitudes como esa a que nos hemos referido de “no nos cons-ta ninguna consulta de la Dirección General de Tributos que lo permita”.

El fenómeno que ilustra el ejemplo relatado es al que queríamos aludir cuando hablábamos al principio de la “transmutación de los valores”: supuestas reglas de carácter general emanadas de simples órganos administrativos, creencia ex-tendida en la necesidad de normas permisivas expresas, es decir, cabalmente la actuación contraria a los principios que se derivan de un sistema constitucional como el nuestro y ejecutada no por los poderes públicos, sino por unos profesio-nales y entidades particulares ciertamente “secuestrados” por el ambiente pro-piciado por esos poderes públicos.

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En el seno de la administración tributaria recaen todas las sospechas de constituirse en juez y parte

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L a riqueza financiera es la suma de todos los activos financieros que poseen los hogares (depósitos, acciones, bonos, efectivo...). Casi

todos los países del norte de Europa (salvo Finlan-dia) ya acumulaban un valor superior en activos res-pecto al sur antes de la Gran Recesión. Sin embar-go, tras la crisis las diferencias se han ensanchado considerablemente. Normalmente, unos niveles de renta (variable de flujo o las gotas del grifo) más al-tos suelen permitir unos niveles de riqueza también más elevados (variable de stock o el agua que se acumula en la bañera) a través de una mayor capa-cidad de ahorro. No obstante, resulta llamativo có-mo esta brecha se ha disparado en los últimos diez años, generando una división más grande entre el norte y el sur de Europa y dejando a los ciudadanos de los Países Bajos como los grandes vencedores.

La riqueza neta de los hogares españoles e institu-ciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se situó en el tercer trimestre del año en 1,55 billo-nes de euros, lo que supone una caída del 2% res-pecto al mismo periodo del año anterior, según las cuentas financieras de la economía española publi-cadas el pasado 15 de enero por el Banco de Espa-ña. En relación con el PIB, los activos financieros ne-tos de las familias españolas representaron el 135,9%, ratio que, en este caso, es 7,1 puntos porcentuales superior a la de un año antes, sobre todo debido a que el PIB retrocedió con más intensidad que el va-lor de estos activos. A pesar de la caída de la rique-za, la deuda de los hogares españoles disminuyó un 1,1% en el tercer trimestre, hasta alcanzar los 701.000 millones de euros y representar el 61,2% del PIB.

Por su parte, la riqueza total de los hogares, antes de descontar su deuda, alcanzó entre julio y sep-tiembre del año pasado los 2,31 billones de euros, un 1,8% inferior a la de un año antes. El Banco de Es-paña explica que esta disminución se debe a reva-lorizaciones netas negativas, de 118.400 millones de euros, que se concentraron principalmente en el primer trimestre de 2020 debido a la caída del pre-cio de los activos en los mercados financieros, mien-tras que las transacciones fueron positivas, con una adquisición neta de activos financieros de 75.900 millones de euros en el último año.

El Informe

Cae la riqueza de los españoles un 2% por la pandemia pese al mayor ahorroLos griegos son los únicos que registran una caída de su riqueza desde 2008. El mayor crecimiento de la riqueza se produce entre los holandeses, mientras que los países del sur se quedan rezagados dentro del entorno comunitario, con Italia y Grecia a la cola del euroGonzalo Velarde. Foto: iStock

La deuda de los hogares españoles representa el 61,2% del PIB.


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El Informe

En relación con el PIB, los activos financieros tota-les de los hogares representaron un 201,7% a fina-les del tercer trimestre de 2020, 11 puntos porcen-tuales más que un año antes, debido al fuerte retro-ceso experimentado por el PIB.

Por componentes, el grueso de los activos financie-ros de los hogares se encontraba en efectivo y de-pósitos (el 42% del total), seguido de participacio-nes en el capital (24%), seguros y fondos de pensio-nes (17%) y participaciones en fondos de inversión (14%). El efectivo y depósitos fue el componente que más incrementó su peso en los activos finan-cieros de los hogares (en 3,7 puntos porcentuales) con respecto a un año antes, mientras que el peso de las participaciones en el capital fue el que más cayó (-4%), como resultado, fundamentalmente, del componente de revalorizaciones, que fue negativo.

La deuda de empresas y familias, al 143% del PIB Las cuentas financieras muestran también que la deuda consolidada de las empresas y de los hoga-res alcanzó 1,64 billones de euros en el tercer tri-mestre de 2020 (143,2% del PIB), por encima de los 1,62 billones registrados un año antes (131,3% del PIB). El repunte de la ratio de endeudamiento sobre PIB se debió tanto al aumento de la deuda (nume-rador de la ratio) como, en mayor medida, al des-censo del PIB (denominador de la ratio).

El incremento de la deuda agregada es fruto de un comportamiento dispar de estos dos sectores, ya que la deuda consolidada de las sociedades no fi-nancieras aumentó desde los 913.000 millones de euros a 941.000 millones de euros, alcanzando un 82,1% del PIB (si se incluyese la deuda interempre-sarial, la ratio sería un 104,8%), mientras que la de los hogares disminuyó un 1,1%, hasta los 701.000 millones de euros, el 61,2% del PIB.

Las operaciones netas acumuladas en los últimos cuatro trimestres, hasta el tercero de 2020, corres-pondientes a la financiación consolidada recibida por las empresas y los hogares fue de 31.900 mi-llones de euros, lo que representó un 2,8% del PIB. La financiación nueva captada en términos netos por las sociedades no financieras se elevó al 3,2% del PIB, mientras que la correspondiente a los ho-gares fue negativa, equivalente al -0,4% del PIB.

Por último, las operaciones financieras netas de los sectores residentes (empresas, hogares, institucio-nes financieras y administraciones públicas) regis-traron en el tercer trimestre de 2020, en términos acumulados de los últimos cuatro trimestres, un su-perávit de 15.200 millones de euros, equivalente al 1,3% del PIB, frente al 2,4% observado un año antes.

Obtuvieron un saldo positivo los hogares (6% del PIB), las instituciones financieras (2,5% del PIB) y las empresas (0,9% del PIB), mientras que las admi-

Impacto financiero de la crisis sanitaria Deuda consolidada de empresas y hogares (% PIB)

Financiación consolidada de empresas y hogares (% PIB)

Fuente: Banco de España. elEconomista

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MAR.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


MAR.2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Sociedades no financieras Hogares e ISFLSH

TotalSociedades no financieras Hogares e ISFLSH

Activos financieros totales de los hogares (% PIB)TotalSociedades no financieras Hogares e ISFLSH

nistraciones públicas mostraron un déficit del 8,1% del PIB.

En el caso de España, alrededor del 40% de la rique-za financiera está en activos y depósitos, mientras que las acciones y las participaciones en fondos de inversión suponen alrededor de un 35%. Un 10% es-tá en fondos de pensiones, un 10% en seguros y el resto en bonos. Esta composición de la cartera le ha permitido a los españoles obtener unos rendi-mientos medios simples (no compuestos) de más del 3% cada año. Así lo muestra un estudio publica-do por la aseguradora alemana Allianz, sobre el im-pacto de la pandemia.


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El Informe

Argentina implanta una nueva ley para el cálculo de las pensionesEl Gobierno de Alberto Fernández recupera el índice revalorizador diseñado en 2008 por el Ejecutivo de Cristina Fernández, e incluye en el promedio la evolución de los salarios y la propia recuadación tributaria del Estado para calcular la subida en cada momentoelEconomista Pensiones. Fotos: iStock

Sede del Gobierno de Argentina, conocida también como la Casa Rosada.

E l Gobierno de Argentina ha implantado de ma-nera oficial este pasado mes la ley de movili-dad jubilatoria, una nueva normativa que ac-

tualiza la fórmula de las retribuciones de los pensio-nistas sin ajustarse a la inflación. La nueva fórmu-la, que se hizo ley la semana pasada y que ha sido promulgada hoy en el Boletín Oficial, establece que la actualización de los haberes que reciben los pen-sionistas se realizará de manera trimestral, de mo-do que la primera actualización de la nueva ley se realizará el próximo 1 de marzo.


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El ajuste, por una parte, se realizará en un 50% por la variación de los salarios realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o por la Re-muneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables (Ripte). El otro 50% depende de la recau-dación de la Administración Nacional de la Seguri-dad Social (Anses).

La fórmula supone un retorno al esquema diseña-do en 2008 bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una normativa que según el presidente argentino, Alberto Fernández, funcionó durante años, en contraste con el posterior esquema diseñado por el Ejecutivo de Mauricio Macri.

Fernández llegó a señalar que la ley del macrismo in-troducida en 2017 hizo perder a los jubilados en tér-minos reales un 19% de sus haberes. “Estoy muy contento de empezar este año 2021, de que el de-creto número uno sea para los jubilados, porque cuando asumí en diciembre de 2019 les dije a todos los argentinos, yo tengo una prioridad, prestarle más atención a los que más necesitaban”, señaló el pre-sidente sobre una normativa que actualizará los in-gresos de unas 18 millones de personas.

Cabe recordar que en Argentina la edad mínima que se requiere para acceder a la prestación depende del año de cese o presentación, de si hay una rela-ción de dependencia -trabajo por cuenta ajena- o es autónomo y de si es hombre o mujer, establecién-dose desde 2001 en adelante una edad para el tra-bajador por cuenta ajena para el hombre de 65 años,

para la mujer de mujer 60 años y para los autóno-mos de 65 años.

Se tienen que cumplir al menos 30 años de servicio, y estos años tienen que ser computables al menos dentro de uno de los regímenes que comprende el sistema de reciprocidad jubilatoria.

Además, en Argentina existe un régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento de pres-taciones por parte del Estado que se financiarán a través de un sistema de reparto (régimen de repar-to, similar al español). Y un régimen previsional ba-sado en la capitalización individual (régimen de ca-

pitalización, similar al tratamiento aplicado a los pla-nes de pensiones en España).

El régimen de capitalización lo constituyen los apor-tes personales de los trabajadores en relación de de-pendencia. La capitalización de los aportes será efec-tuada por sociedades anónimas denominadas “ad-ministradoras de fondos de jubilaciones y pensio-nes (AFJP). Pueden constituir AFJP, entre otras entidades, los estados provinciales, la Municipali-dad de la Ciudad de Buenos Aires, las asociaciones profesionales de trabajadores o empleadores.

Así, el régimen previsional público cuenta con la ga-rantía del Estado, instituyendo la prestación básica universal, la prestación compensatoria, el retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento y la prestación adicional por permanencia.

Mientras que el régimen de capitalización otorga-rá las prestaciones de jubilación ordinaria, reti-

ro por invalidez, pensión por fallecimiento del afiliado o beneficiario.

El Gobierno denuncia que el anterior método recortó un 19% de poder adquisitivo a jubilados

El Informe


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La Contra

delo económico. Estamos en un momento único para la transformación. Tenemos por un lado a Europa, tenemos objetivos absolutamente con-cretos y tangibles con el Next Generation, un paquete regu-latorio que viene de la UE y te-nemos los fondos necesarios para hacer esa transforma-

ción posible, para sentar las bases de un nuevo mo-delo económico basado en energía renovables, eco-nomía circular, digitalización, y no es una forma de hablar, es que de verdadm por primera vez tenemos todos los componentes necesarios para acometer la transformación, de modo que España tiene que hacer las reformas que le permitan hacer ese mo-delo realidad. No va a haber marcha atrás.

¿Cuál será el impacto de los fondos en el creci-miento del PIB español en 2021? Todo depende del nivel de ambición que demues-tren las empresas y la capacidad de coordinación entre el sector público y el privado. La oportunidad está limitada en el tiempo, es un instrumento tem-poral, además la CE tiene el mandato de hacer una valoración posterior del impacto. Hay que generar proyectos y para ello no valen los mecanismos tra-dicionales, a lo mejor esta vez las empresas deben pactar con la competencia para que su plan tenga un impacto mayor, de modo que un proyecto no so-lo beneficie a esa empresa, sino que además pue-da impulsar a toda la cadena de valor.

PALOMA BAENA Directora de la unidad Next Generation EU en la consultora global LLYC

P aloma Baena es exper-ta en sostenibilidad, políticas públicas, de-

sarrollo económico y trans-formación digital. Con una amplia trayectoria internacio-nal en organismos como la OCDE, el Banco Interamerica-no de Desarrollo y el Banco Mundial, dirige en la consul-tora global LLYC la unidad Next Generation EU, que ayuda a empresas e instituciones a canalizar los fondos europeos.

¿Puede influir en la entrega de los fondos el incum-plimiento de España de las reformas que pide Eu-ropa o cómo nos puede perjudicar? Las reformas forman parte del diálogo que tiene Es-paña con Bruselas. Cuando uno revisa las recomen-daciones de la UE y las respuestas de los Gobier-nos de España te das cuenta de que España tiene que afrontar estos temas y que no es una condicio-nalidad nueva, forma parte del diálogo de políticas públicas. En el caso de las pensiones y las reformas no es algo concreto de España, es un problema que comparten muchos países. La UE lo que busca es ayudar a encontrar soluciones a problemas que son comunes, como es el caso de las pensiones.

¿Qué reformas se necesitan en la economía espa-ñola para incrementar su crecimiento potencial? Para mí es muy importante todo lo que tiene que ver con la innovación y adaptarse a un nuevo mo-

“Europa busca soluciones a problemas comunes, como las pensiones”

Graduada de Har-vard, es experta en estrategia, gober-nanza, sostenibili-

dad y relaciones institucionales e internacionales.

Ha ejercido como ejecutiva en orga-nizaciones globa-les líderes del de-sarrollo sostenible

como el Banco Mundial, el BID

o la OCDE

Por I. Acosta / V. Nie-ves Foto: N. Martín

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Revista mensual | 27 de enero de 2021 | Nº30 Pensiones...Proyecciones del coste sobre PIB del envejecimiento por programas de gasto (%) Distribución de los hogares por cohortes de