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Revista de expresión política, que contiene una forma diferente de ver als cosas
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Edición No.361Febrero/25/2013
RevistaInsurreción
En uno de los tantos de-bates que se dan en el Congreso de la Repú-blica, un parlamentario bautizó a éste como
AGENCIA DE COMISIONISTAS.
Y en verdad es el nombre más apropiado para esta institución, ilegitimada por las trapisondas y el tropel de delitos cometidos por sus integrantes, en donde más de treinta de ellos están en la cárcel y cerca de otros cien vinculados a procesos judiciales.
La inmensa mayoría de los parlamentarios, con honrosas excepciones, se enriquecen re-presentando los intereses de quienes les financian las cam-pañas electorales, legislando de espaldas al interés público y de sus electores; así como con las altas comisiones que reciben
EDITORIAL 3Congreso: Agencia de Comisionistas
Camilo Torres y Ratzinger 7Autor: Pablo Beltrán
Geopolítica de la Paz en Colombia 11Autor: Frente Internacional Milton Hernández
“Cuál Locomotora” 20Autor: Jorge Castro Mejia
La Minería y El Impacto Social Negativo 25Autor: Jorge Castro Mejia
EDITORIAL
CONGRESO:
por aprobar leyes que permitan el saqueo de nuestros recursos naturales, a precio de baratija.
El petróleo, el oro, el carbón, el níquel, la madera fina entre otros recursos naturales, patri-monio de los colombianos, son extraídos y sacados del país mediante el pago de regalías e impuestos ridículos, y sin cubrir el verdadero valor de éstos.
Si echamos una mirada a las regiones donde se desarrolla la industria extractiva, se com-prueba que esa riqueza tam-poco deja beneficio a las comu-nidades: ejemplo de ellos los podemos ver en el caso de la explotación del Níquel en Cór-doba; el Carbón en la Guajira y Cesar; el petróleo en los Llanos Orientales y los Santanderes; el Oro en Cauca, Tolima, Nari-
Agencia de Comisiones
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ño, Sur de Bolívar y Antioquia; las maderas finas en Chocó y el Urabá antioqueño.
Las trasnacionales en su afán de explotación irracional de to-das nuestras riquezas naturales solo dejan huellas de Socavones y daños ambientales irrepara-bles, ruptura del tejido social, miseria en las comunidades, enfermedades y secuelas entre los trabajadores y la población que vive en estas regiones.
El ex Presidente Uribe sembró de bases militares gringas al país ilegalmente, y el Congreso guardó silencio cómplice ante la flagrante violación a la Sobera-nía Nacional.
A los colombianos se les impuso el neoliberalismo y con él una serie de leyes antipopulares y lesivas para el país, con la apro-
bación del Congreso que liberó al Estado de las obligaciones sociales y a los empresarios de los derechos laborales que tie-nen los trabajadores.
Los “agentes comisionistas” no solo se limitan a urdir peculados contra el patrimonio nacional y enriquecerse con el soborno de conglomerados extranjeros sino que han ido más allá y convir-tieron el Congreso en un mer-cado, donde se compra y se vende, se recurre a triquiñuelas y todo tiene precio en dinero o en puestos en el Estado.
La Constitución y las leyes cam-bian frecuentemente; cada que lo requiere la elite dominante remueve las normas que le es-torban y aprueban otras a su medida por medio de los parla-mentarios a su servicio, dejando a un lado el interés nacional.
Un caso que reafirma lo anterior es la reforma a la Constitución Nacional en el año 2006, hecha con el único y exclusivo propósi-to de habilitar la reelección del ex Presidente Uribe Vélez. Esto lo lograron mediante un sartal de componendas vergonzosas, entre ello el cambio, por altos cargos en el gobierno, del voto de dos parlamentarios que les hacían falta para hacer mayoría.
Pero la podredumbre va más allá, la democracia que tanto ca-carean los políticos, agentes de la clase dominante, es una fea y vergonzosa caricatura, reduci-da al ejercicio electoral viciado, donde las maquinarias costo-sas y perversas recurren a todo tipo de estrategia para elegir dignatarios mediante la compra y trasteo de votos, de muertos
que votan, cambio de planillas y Oficinas electorales paralelas.
Un Congreso con características y practica de AGENCIA DE COMI-SIONISTAS tramposos, elegido en un proceso electoral corrupto, es indigno de representar la Na-ción y a sus electores. Por eso es ingenuo esperar que defienda la soberanía de la Nación, impulse el desarrollo del país y el bienes-tar del pueblo colombiano.
En el Estado Social de Derecho, como lo definió la Constitución del 91, al Congreso le correspon-dería jugar un papel destacado en la construcción de la paz, en-tendida como derecho constitu-cional, generando condiciones económicas, políticas y sociales que conduzcan a resolver las causas que originaron y alimen-tan el conflicto social y armado.
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Pero hace todo lo contrario. Las últimas leyes aprobadas y las que están en trámite, en vez de avanzar hacia generar dichas condi-ciones, le hecha más leña al fuego y genera más insatisfacciones, como lo reflejan las permanentes movilizaciones y protestas que se están dando a nivel nacional, por distintos motivos.
El pueblo colombiano debe tener claro que UNA AGENCIA DE CO-MISIONISTAS como es el actual Congreso, no representa el interés de la Nación y del pueblo, que es el elector mayor; que la lucha por la paz implica cambios a nivel político y en la conformación de nue-vas Instituciones, donde la democracia sea real y la representación del pueblo la ejerza el mismo pueblo, sin delegar sus intereses en COMISIONISTAS que compran y venden el país como en cualquier plaza de mercado.
El miércoles de ceniza, dos días después de anunciar su renuncia, el Papa Ratzinger criticó la hipocresía religiosa y
el enfrentamiento entre bandos rivales dentro de la iglesia cató-lica. Acto valiente de denuncia, que revela la puja de poderes dentro de esta iglesia, con más de mil millones de fieles, de los que la mitad están en América Latina y el Caribe.
Estas disputas intestinas son un triste mensaje para los millones de personas, que esperan una guía espiritual para enfrentar la crisis histórica, que pesa sobre la humanidad.
La renuncia y la denuncia de Ra-tzinger revelan una crisis inter-na, cuya única solución son los cambios y la renovación.
Autor: Pablo Beltrán
Camilo Torres y Ratzinger
Francois Houtart, el maestro de Camilo Torres en Lovaina, cristiano revolucionario como su alumno, aporta un contexto para entender esta renuncia:
“La cultura incluye una dimen-sión espiritual, propia del ser humano, que lo lleva más allá de lo cotidiano. Este tema es central en un tiempo de crisis de civilización. Existe en el mundo entero una búsqueda de senti-do, por la necesidad de redefi-nir las metas mismas de la vida. La espiritualidad es la fuerza que trasciende la materia y da a esta un sentido”.
Aplicado esto a la iglesia diri-gida desde el Vaticano, habría que decir que la redefinición de metas, incluye a mi juicio, re-tomar los postulados de 1968, cuando la iglesia Latinoamerica-
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Teología de la liberación. Traba-jo que cumplió severamente en-tre 1981 y 2005, hasta cuando le correspondió el turno de ser nombrado Papa.
En momentos en que el impe-rialismo norteamericano impul-sa la guerra contra los países musulmanes, en ‘defensa de la cultura occidental’, Ratzinger se unió a ella, al sostener que la religión islámica propaga un su-puesto virus violento entre sus seguidores.
En 2011, creció el escándalo por el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes católi-cos. Una Comisión que investigó estos casos, encontró que sola-mente en Holanda, entre 1945 y el 2000, 800 curas católicos abusaron de 20 mil menores.
Ratzinger debió admitir que en ‘el ejército del Papa’, distribuido por todo el mundo y conforma-do por 410 mil sacerdotes, exis-tían juicios contra 417 de ellos por violación de menores.
La doble moral existente en es-tos casos, es consecuencia de la prohibición, que insiste en man-tener el Vaticano, para que los sacerdotes y monjas nunca se casen.
El mes pasado, un tribunal de los Estados Unidos sentenció a un sacerdote de Miami, a pa-gar una multa de 100 millones de dólares, por diversos casos de violación de menores que le comprobaron. Las reparacio-nes en dinero que ha pagado la iglesia católica en los EU, por causa del delito de pederastia,
na definió su “opción preferen-cial por los pobres”. Bajo esta visión nació en 1971 en esta parte de América, la Teología de la liberación, para animar la lucha del pueblo trabajador por su dignidad.
Camilo Torres (1929-1966), el cura guerrillero, con su pen-samiento y testimonio fue el precursor de este sector de la iglesia que se colocó al servicio de las mayorías pobres y explo-tadas, porque según él, “el de-ber de todo cristiano es hacer la revolución”.
Este sentido que asumió la mar-cha de la iglesia Latinoamerica-na, pronto fue desviado desde el Vaticano. El Papa Pablo VI vi-sitó a Colombia en 1968, para llamar la atención sobre el pe-
ligro que entraña los cambios y la revolución para las minorías dominantes.
En 1978, al morir Pablo VI, eli-gieron al cardenal Luciani como nuevo Papa. Este pastor más in-clinado a la espiritualidad, que a la administración del poder vaticano, solamente duró 34 días en el papado, porque una conspiración siniestra le quitó la vida, para que no limpiara la banca vaticana, uno de los pa-raísos fiscales preferidos, por su secreto bancario y los nulos controles a la procedencia del dinero, que les permite evadir impuestos a sus clientes.
Aquí aparece Ratzinger, nom-brado por el Papa Juan Pablo II, para dirigir la persecución de los herejes impulsores de la
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han subido a sumas astronómi-cas. Estas fuertes penas econó-micas, atizan el debate interno en el Vaticano y está por verse, si serán suficientes para hacer cambiar una costumbre de 17 siglos.
El Papa Juan de Médicis, en 1517 expidió la Taxa de Camarae, en la que garantizaba la salvación del alma, al perdonar delitos y crímenes como robar, matar, abortar y violar niños, a cambio de una cantidad de dinero, cal-
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de acuerdo a la gravedad del pecado. Esta transacción cono-cida como la compra de Indul-gencias, denunciada por Lute-ro, dio origen a la división de la iglesia, llamada la Reforma protestante.
Hace 500 años el Vaticano ga-naba dinero por perdonar pe-cados, ahora le están cobrando por perdonarle los que cometen sus sacerdotes, pero ni en ese entonces ni ahora, el pago de dinero puede salvar a los pe-cadores ni aporta méritos a la iglesia, para ser la guía espiri-tual que debe ser.
Esta crisis se parece a la de 1978, porque de fondo están los ajustes de cuentas en la
banca vaticana y se dife-rencian, porque en aquella terminó envenenado el Papa y ahorcado el gerente, y en
esta, hasta ahora se observa un final menos atroz, en que el Papa re-nuncia y su alle-gado el gerente,
fue despedido el año pasado.
Hoy como ayer el Vaticano sigue enfrentando el
mismo dilema, colo-carse al lado de Espartaco o del
lado de los im-perios.
El ELN siempre ha sos-tenido que la guerra de Colombia - al igual que todas las demás guerras del mundo -
obedece razones estructurales. “La prolongación de política por otros medios”, al decir de Von Clausewitz. Ellas no son el re-sultado del capricho de los ac-tores armados; dicho de otra manera, no hay guerras porque hay guerreros; éstos son conse-cuencia y no causa.
No obstante, la lógica mani-quea que siempre ha empleado el Estado colombiano respecto a una posible paz para el país es la siguiente: al eliminar uno de los actores armados (en este caso, la insurgencia), la guerra termina. A esto se le llama “pa-cificación”, que se logra históri-
Autor: Frente Internacional Milton HernándeZ
Geopolítica de la Paz en Colombia
camente por una combinación de dos estrategias: la vía militar seguida por la vía de la mesa de diálogo.
Frecuentemente, estas dos se combinan como sucede ahora con la actual mesa de negocia-ción, o cómo sucedió en los diá-logos de paz de El Salvador o en el Caguan.
Esta ruta la han seguido todos los presidentes colombianos que protagonizaron procesos de diálogo desde 1982: Cada mandato presidencial se dividió en dos: dos años de paz, segui-dos por dos años de guerra (Be-tancourt, Gaviria, Pastrana, Uri-be) o el modelo invertido: dos años de guerra seguido por dos años de paz (Barco, Santos). En cualquier caso, la apuesta ha sido siempre la misma: “la
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dejó hecho trizas a la sociedad colombiana. El resultado concre-to fue la escisión de Panamá de Colombia y el apoderamiento del canal interoceánico por parte de los EE.UU. Vale notar que el pacto que puso fin a esta gue-rra fue firmada en el acorazado estadounidense, el “Wisconsin”.
Abril 1948, fecha que recorda-mos por el asesinato de Gaitán, marcó el inicio de la Guerra Fría en América Latina. La visita a Colombia del general Marshall de EE.UU, con el fin gestionar la creación de lo que sería la Orga-nización de Estados Americanos (OEA) y alinear las naciones de América Latina en la gran cruza-da anti-comunista mundial, da constancia de que Colombia ha sido desde mucho un PROYECTO DE GUERRA de los Estados Uni-dos y la oligarquía colombiana.
La guerra ha sido la forma pre-dilecta de lograr la dominación, control y acumulación capitalista para Colombia y para la región caribeña-andina-mesoamerica-na desde hace más de un siglo y por ello se debe considerar como un proyecto estructural de raíces profundas y de largo alcance.
No es casual que a escasamen-te un año de la primera elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela (1998) se anuncia la creación del Plan Colombia (1999), un plan supuestamente contra-narcótico, pero en reali-dad contrainsurgente, que fue diseñado y redactado en Wash-ington y no en Bogotá. Además del apoyo económico-militar directo para las fuerzas repre-sivas de nuestra patria, el Plan Colombia significó también un despliegue de pequeñas bases
combinación de las formas de lucha” como estrategia contra-insurgente diseñada para lograr la desmovilización y desarme de la insurgencia. Los procesos de diálogo, desde la perspectiva del Estado, al formar parte de la estrategia general de contra-insurgencia no son más que una continuidad de la guerra.
Para comprender la guerra y, por ende, para empezar a di-mensionar objetivamente los caminos de una paz duradera, hay que mirar más allá de los actores, y fijar la mirada en las causas estructurales. Éstas obe-decen no solamente a la dinámi-ca histórica de confrontación de clase que ha padecido Colombia desde más de un siglo, sino del creciente valor geoestratégico y geopolítico que ha adquirido nuestra patria desde finales del Siglo XIX.
Colombia Geoestratégica
Colombia ha representado des-de el siglo XIX un inmenso valor geoestratégico para el poder imperial del norte. Goza de acceso a dos mares, es la “bi-sagra” entre Mesoamérica y América del sur, vigila al canal interoceánico de Panamá, goza de amplias reservas de petró-leo y biodiversidad y es un país riquísimo en recursos minerales.
Por ello, el imperialismo nor-teamericano siempre ha utiliza-do Colombia como una platafor-ma para su proyecto de guerra. Miremos los hechos:
En la Guerra de los Mil Días (1899-1902), los Estados Uni-dos tuvieron una injerencia sig-nificativa, al proveer armas a los contendientes y atizar las lla-mas de la conflagración civil que
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Camilo y Manuel, Siempre junto al pueblo
de avanzada (Forward Opera-ting Locations FOL), logrando un posicionamiento estratégico en la región del Andina, la Cuenca Amazónica y el Gran Caribe.
Desde el surgimiento del bloque progresista de naciones (Vene-zuela (1998), Bolivia (2005), Ecuador (2006), entre los ca-sos más destacados) el imperio del norte le otorga mayor peso a Colombia como plataforma contrainsurgente continental; la concibe como una base desde la cual se pueden desplegar los planes desestabilizadores por toda la región andina y sud-americana.
El Plan Colombia prontamente fue redimensionado y rebauti-zado como Iniciativa Regional Andina (IRA) y en 2009, los Es-tados Unidos pactaron con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez la implantación de 7 bases mi-litares yanquis en territorio na-cional. Es decir, en el lapso de una década (1999-2009), Co-lombia se reingenierizó como un verdadero andamiaje contra-rrevolucionario para la región.
Formando parte de la Alianza para el Pacífico, iniciativa impul-sada los EE.UU, Colombia ahora juega parte en la estrategia de posicionamiento del imperialis-mo en el Pacífico, como parte del proyecto estratégico de con-tención de la expansión China.
Un dato más: gracias en gran medida a los casi 6 mil millones de dólares de “ayuda” esta-dounidense, y la designación del 6% del PIB de la nación a la defensa y seguridad, las fuerzas armadas colombianas aumentaron en tamaño hasta contar con 500 mil efectivos, convirtiendo al ejército de Co-lombia en el más grande del he-misferio después de los EE.UU. Obviamente, ese despliegue militar tiene objetivos que reba-san las fronteras colombianas y trascienden lucha contra-guerri-llera nacional.
La pregunta del millón
Ante todo lo anterior urge plan-tearnos la siguiente pregunta: ¿Se desactivará todo ese an-damiaje militar en caso de una posible firma de la paz con la insurgencia? ¿Se desmilitarizará Colombia y la región?
Vale señalar que con el fin de la Guerra Fría los presupuestos militares, antes de disminuir, au-mentaron y los conflictos bélicos se multiplicaron por el planeta. Desde inicios de los 1990, el complejo militar industrial y los traficantes de armas obtuvieron astronómicas ganancias.
Si bien la frontera norte de Co-lombia – en términos geográ-ficos – es Panamá, en sentido político, son los EE.UU. ¿Cuál es el interés del imperialismo nor-
teamericano en una solución política negociada a la guerra interna de Colombia?.
Los intereses en la paz del im-perialismo y la oligarquía
Conseguir la solución política no implica necesariamente la desmilitarización de Colombia o la región, de la misma mane-ra que el fin de la Guerra Fría no significó mayor paz para el mundo, sino la intensificación de las conflagraciones bélicas.
La oligarquía tradicional colom-biana, representada fielmente por JM Santos, busca la mo-dernización capitalista del país y entiende que el negocio los miles de millones en inversión extranjera directa, prometidos por empresas y gobiernos, y las millones de hectáreas pro-yectadas para el saqueo mi-nero, venta de biodiversidad y producción de biocombustibles, no puede fructificar mientras el movimiento insurgente (y agregaríamos, las comunidades en resistencia, en general), no cede su influencia sobre los te-rritorios estratégicos del país.
El éxito de las “locomotoras” de desarrollo del gobierno de Santos, va a depender la insur-gencia desaparezca como obs-táculo.
El imperialismo, a su vez, parece estar ejecutando una nueva es-
trategia del Pentágono para la dominación militar. El abismo fis-cal en el que ha caído el imperio no le permite desplegar tropas y gran infraestructura militar por todo el planeta, como lo ha hecho en Irak y Afganistán. Ya no puede continuar financiando proyectos como el Plan Colom-bia. Tiene que reducir gastos y a la vez ganar en agilidad y efectividad. La reingeniería del Pentágono parece estar cami-nando en esa dirección.
No obstante, el complejo militar-estadounidense sigue fabrican-do armas y seguirá necesitan-do de guerras y conflictos para poder vender sus arsenales. Donde no existen, seguro los crearán.
El papel de la Crisis capitalista
La clase dirigente colombiana entiende bien que el capita-lismo va resolviendo su crisis retornando a la “acumulación originaria”, al decir del viejo Marx, que no es otra cosa que la “acumulación por despojo” de tierras, territorios y recursos.
Los recursos primarios (commo-dities) y la tierra misma se han convertido en un nicho especu-lativo para el capital financiero, permitiendo una revitalización del sistema financiero mundial. El resultado son altísimos pre-
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cios de materias primas, mine-rales estratégicos, alimentos y de las tierras mismas. En gran medida, a esto se deben las tasas de crecimiento económico que gozan los países de Nues-tra América.
El extractivismo como motor modelo de crecimiento econó-mico implica mayores presiones sobre los territorios. A mayor presión, mayor resistencia so-cial y comunitaria. Es por ello que David Harvey, geógrafo y teórico marxista, plantea que “la acumulación por despojo” tiene que ser necesariamente
una “acumulación militarizada”, ya que las grandes inversiones de las transnacionales, que son el motor de la recomposición ca-pitalista, necesitan proteger sus inversiones de todas las formas de resistencia que provocan.
Las guerras de hoy, como es el caso del reciente asalto francés y estadounidense a Mali, tienen como telón de fondo la lucha por el control de los recursos es-tratégicos.
En conclusión
Es improbable que una paz fir-mada en la mesa de negociacio-
nes conlleve a la des-militariza-ción de Nuestra América y que desactive el complejo militar-industrial. Eso solo se logrará mediante la transformación de las causas estructurales que son el motor de todas las guerras.
Es por ello que el ELN seguirá insistiendo en que la paz es más que el “fin de la guerra”; es luchar por transformaciones estructurales y en defensa de las comunidades en resistencia es la esencia de nuestro com-promiso de NUPALOM (NI UN PASO ATRÁS, LIBERACIÓN O MUERTE).
Pero esa no es una tarea que le compete única y exclusivamente al pueblo colombiano. Solamen-te el concurso de todos los pue-blos del continente, avanzando hacia un horizonte superador del capitalismo, modificará las raíces que fomentan las gue-rras y los conflictos en Nuestra América.
Los pueblos de Nuestra América deben tener conciencia que sus destinos están atados a la lucha paz en Colombia.
“El desalentador panorama de la minería en Colombia”. Es el título de un li-
bro que acaba de aparecer, del geólogo y profesor de la Uni-versidad Nacional, Álvaro Ponce Muriel.
La mayoría de los juiciosos ana-listas comparten la idea que la Locomotora minera “pierde velocidad”. Claudia Jiménez Ja-ramillo, directora Ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala (AMGE), que agrupa a doce empresas que exploran y explotan oro y carbón en el país, ha expresa-do:
“Francamente, uno no siente que el país haya tomado la de-terminación de adoptar una mi-
Autor: Jorge Castro Mejia
“Cuál Locomotora”
nería responsable y competitiva como una de sus fuentes de de-sarrollo. Y esta es una decisión sine qua non para encontrar el tan anhelado equilibrio entre desarrollo y equidad en medio de la biodiversidad”.
Más del 60 por ciento de las ex-plotaciones mineras en 23 de-partamentos del país no tienen títulos; el 65 por ciento no lleva contabilidad y las dos terceras partes no pagan regalías. Esta es la desconcertante realidad para la burocracia estatal que lleva tres Ministros de Minas y Energía, en los 30 meses de go-bierno de Santos.
Primero Carlos Rodado Noriega, luego Mauricio Cárdenas y el actual, crearon en las múltiples reformas el vice ministerio de Minas, la Agencia Nacional de
Minería (ANM), Agencia nacio-nal de Licencias Ambientales y el Servicio Geológico nacional.
La ANM fue creada en noviem-bre de 2011 y entró en opera-ción en mayo pasado. La enton-ces Ministra de vivienda Beatriz Uribe Botero fue nombrada en el cargo, pero sorpresivamente renuncio alegando razones per-sonales. En su reemplazo llegó María Constanza García Bote-ro. Su equipo en la ANM incluye tres vicepresidencias: Contrata-ción, Titilación y Fiscalización, fo-mento y promoción y una planta de casi 400 profesionales que le entrega Ingeominas, quien ma-nejaba los asuntos mineros del país.
“La errática y politizada direc-ción de las instituciones concebi-
das para administrar y fomen-tar ésta actividad, así como la confusión conceptual sobre las ventajas y peligros de las ex-tracciones mineras, conforman un panorama oscuro y deses-peranzador que deja claro lo mucho que falta para que la minería pueda vincularse estre-chamente con la prosperidad nacional”, dice el Profesor Álva-ro Ponce Muriel.
En Colombia la minería ha sido por tradición artesanal e infor-mal. Presentamos los cuatro departamentos que tienen el mayor potencial de UNIDADES PRODUCTIVAS MINERAS (UPM), según el censo minero depar-tamental 2010-2011, que se publica en la revista Mundo Mi-nero N.7 de septiembre-octubre de 2012.
Minería sin Titulo en Colombia
ANTIOQUIA BOLÌVAR CHOCÒ CAUCA
Nùmero de UPM....: 2.025 1.432 527 544
Sin tìtulo minero: 1.601 1.347 523 476
Participaciòn....: 79.1% 94.1% 99.2% 87.5%
Con tìtulo minero: 424 85 4 68
Participaciòn....: 20.9% 5.9% 0.8% 12.5%
En total existen en el país 14.357 UMP; de las cuales 9.041 no tie-nen titulo; pero hay un despropor-cionado número de solicitudes. En este año el gobierno subastará un área de 20,5 millones de hec-
táreas para exploración minera.
Se habla de un gran potencial mi-nero, pero es desconocida la rea-lidad, al respecto dice la directora de AMGE:
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“Hay que ser realistas - des-de hace al menos 3 lustros (15 años), no hay un proyecto nue-vo importante en minería en el país. Todavía se sigue mos-trando el Cerrejón en la Guajira o los yacimientos en el Cesar como los estandartes de la mi-nería nacional. Pasa como en el fútbol, el 5-0 con Argentina de hace más de 15 años”.
El gobierno ha vendido la idea de Colombia como país minero, para atraer inversiones extran-jeras ofreciendo condiciones favorables que estimulan el sa-queo del patrimonio nacional, sin tener las reservas probadas de manera planificada y la in-fraestructura necesaria para el cumplimiento de los lesivos contratos de concesión. De ahí el auge en inversión extranje-ra hacia los sectores petrolero
y minería, por unas supuestas mejores condiciones de seguri-dad en la última década.
Es así como en el 2011 el go-bierno recibió 13.234 millones de dólares de inversión extran-jera directa, de los cuales 2.621 millones de dólares fueron al sector minero, pero de ese di-nero cuánto se destinó para in-crementar la guerra y cuánto se queda en los bolsillos?.
Nadie tiene claro que va a pa-sar con el código de minas, desde que el anterior gobierno quiso imponerlo. ni el congreso, ni Santos saben qué hacer para sacarlo adelante.
No se ha hecho la consulta popular y cada día son más masivas y desbordantes las movilizaciones populares que exigen respeto a la soberanía,
al medio ambiente, la justicia social, defensa del territorio, la soberanía alimentaria, y defen-sa de la minería artesanal. La única respuesta del gobierno a las reclamaciones es el trato de orden público: represión y mili-tarización.
El precio del carbón ha caído de forma importante en el último año; el precio empezó en 2012, en US 200 la tonelada, luego bajó a US 110 y ahora un poco más de US 80 por tonelada; de-bido al descenso de la deman-da por la desaceleración eco-nómica mundial; especialmente India y China.
El precio del níquel también se ha mantenido bajo; en comien-zos del 2012, se cotizó a los US 22.000 la tonelada y en ju-lio bajó a US 15.000, a media-
dos de septiembre subió a US 17.500.
Colombia es el primer productor de esmeraldas del mundo, en 2010 se extrajo un poco mas de 5.5 millones de quilates, de la zona de Boyacá (Muzo, Quipa-ma, Cosquez, Zulia y Mapiripán) producen el 95% y en Cundina-marca (Chivor y Gachalà) el 5%.
El Zar de las esmeraldas y capo “legal” Victor Carranza, con-tra quien actualmente cursa un proceso por la masacre de Ma-piripán, está asociado a una multinacional japonesa y solo la exportación de los 5 millones de quilates, equivalen a 120 millo-nes de dólares. Se estima que en Colombia hay 90.000 hectá-reas de productivas de esme-raldas; de las cuales solo se han explorado y explotado el 10%.
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El precio del oro se mantiene alto, las cifras de explotación legal en el país son reducidas. Hay quienes afirman que las dos terceras partes de la producción nacional son artesanales, infor-males o ilegales, con tendencia es a extenderse, pese a la alta militarización.
El ex-general y ex-director na-cional de la policìa, Oscar Na-ranjo, del equipo del gobierno negociador con las FARC, dijo al dejar su cargo hace unos meses: “Hasta la guerrilla del ELN tiene un manual para explotar el oro de manera ecológica”. Los revo-lucionarios seriamos irresponsa-bles, como los actuales gober-nantes, sino somos juiciosos de conocer la realidad para hacer las transformaciones que se re-quieren; por eso no nos extraña su asombro y palabras.
La exploración y explotación de petróleo no ha permitido lle-gar al millón de barriles diarios que es la meta gubernamental, lo logró un solo día y no lo ha sostenido. No existen otras re-servas probadas y los sabota-jes de la insurgencia tienden a incrementarse. Para este año se tiene previsto explorar 150
pozos con el fin de incremen-tar el nivel de reservas del país que están en 2.250 millones de barriles, que le alcanza para ser autosuficiente durante siete años.
Pese al optimismo del gobierno, los expertos dicen que no hay que entusiasmarse con haber alcanzado la meta del millón durante un solo día, si esta no se mantiene o se incrementa en los próximos años. Para el pre-sidente de la Asociación Colom-biana del Petróleo, Alejandro Martínez, se necesitarán inver-siones por 120.000 millones de dólares en la siguiente década para incrementar las reservas.
El sector le pidió al gobierno agilizar la entrega de licencias ambientales para que las com-pañías puedan buscar más pe-tróleo y aumentar la capacidad de transporte de crudo.
Ya se fue del país la trasnacional Vale, que es la segunda minera del mundo; sobre el contrato re-novado de la BHP Billiton cursa una demanda ante la Contralo-ría que puede tener sus efectos sobre ésta, ya veremos.
Cuando llegan las tras-nacionales al territorio donde están los mine-rales y las comunida-des donde lo habitan,
el hambre, la miseria se acre-cientan y el desplazamiento es un signo de su impunidad. En medio de tanta riqueza, segui-mos siendo el país más des-igual, después de Haití.
Desde hace 30 años que se ini-ció la explotación de la mina de Cerro Matoso, hoy explotada por la BHP Billiton, no ha con-tribuido al mejoramiento de las comunidades: los 16.541 habi-tantes de su entorno, el 45.1 por ciento permanece con las Necesidades Básicas Insatisfe-chas (NBI), y el 17.53 por ciento en la miseria.
Autor: Jorge Castro Mejia
La Minería Y El Impacto Social Negativo
La prórroga del contrato le per-mitirá a Cerro Matoso seguir con la explotación de níquel en Montelíbano hasta 2029 - con opción de prórroga hasta 2044 – acompañado de un paquete de medidas sociales y económi-cas que debe cumplir estricta-mente.
La prórroga del contrato gene-ró una gran polémica en el país en los últimos meses, debido a las denuncias de evasión de impuestos, la baja retribución económica de la empresa al país y las deplorables condicio-nes sociales y ambientales de las comunidades donde opera la compañía. Esta tendrá que invertir 18.000 millones de pe-sos en los próximos tres años en proyectos de desarrollo re-
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gional y 4.400 millones al año, en promedio, en la zona de in-fluencia de la mina.
Pagar una compensación eco-nómica adicional de 2% que se calculará como porcentaje de las regalías, las cuales pasarán de 12% a 14%. Estas condicio-nes serán objeto de revisión por parte de organismos de vigilan-cia como la Contraloría general de la Nación.
La fusión de la empresa Zandor y Medoro Ressources (cana-diense) dio origen a Gran Co-lombia Gold, con “capital” de la familia Uribe Vélez, empresa a gran escala actualmente po-sesionada en Segovia y Reme-dios, los dos municipios mayo-res productores de Oro en el país (12 toneladas anuales).
Se considera que esta trasna-cional es la mayor tenedora de títulos mineros en Antioquia, con la tendencia a extenderse a otras regiones del departa-mento.
Las trasnacionales del oro están presionando al gobierno para que éste acabe con la minería artesanal de las comunidades y la median minería en base a motores y escavadoras. A la vez que con los paramilitares pretende eliminar la minería ar-tesanal de manera bárbara; el año anterior se contabilizaron
más de 300 asesinatos de mi-neros en varias masacres en la región de Segovia y Remedios.
Es tan descarada la presencia y las alianzas de los paramilitares con esta empresa, la Policía y el Ejército en estos municipios que, recorren las calles libremente y en las horas de la noche las au-toridades se acuartelan para que los paramilitares ejecuten libremente el asesinato de mi-neros.
Entre los municipios de Santa Rosa de Osos y Entreríos, en Antioquia, hay una zona don-de se encuentran tres minas de oro de veta; los habitantes de su entorno viven del cultivo de tomate, son gente raizal ape-gada a sus tierras. En esta zona el año pasado los paramilita-res ejecutaron una masacre de campesinos humildes, cuyo úni-co “delito” es vivir en una zona minera, con el propósito de ate-rrorizarlos para que desocupen sus tierras de labranza.
Lo más doloroso e infame es la forma como los medios de des-información presentaron con cinismo la noticia, afirmando que la masacre se debió a un ajuste de cuentas entre parami-litares, haciendo aparecer irres-ponsable y ofensivamente a los campesinos muertos, como pa-ramilitares. Esto es una infamia imperdonable.
Leon Teicher presidente de la empresa Drummond, dice en la Revista Mundo Minero: “He-mos permitido que se “hable paja”, impunemente al calor de las frases patrioteras: “¿Què vale màs, el agua o el oro?”. “Las multinacionales todo se lo llevan y nada dejan”. “Es im-posible hacer minería sin dejar impactos negativos”, etc. Insul-tar aquellos que nos han dado su confianza, que han invertido sus recursos, que han generado empleo, pagado impuestos y regalías, y los tratamos, grose-ramente, como a sucios crimina-les. Sin que nadie se inmute”.
Le recordamos al señor Teicher la demanda que existe contra su empresa por la muerte de 11 sindicalistas a manos de para-militares a su servicio, por aso-ciación para delinquir y críme-nes de lesa humanidad, al igual que la multinacional bananera gringa Chiquita Brand.
Por eso, afirmamos la minería a gran escala en Colombia es “le-gal”, pero ilegitima, es criminal y pone en riesgo la biodiversi-dad, bajo la complicidad de los gobernantes.
Para finalizar, admiramos las afirmaciones que hace Eduardo Chaparro Âvila, director de la
Càmara de Asomineros: “Esto nos recuerda que también a lo largo del camino político y social de la humanidad, contra esta idea de organizar la sociedad en un estado “narcotizado”, se han levantado quienes sostie-nen que no es admisible el mo-nopolio de la seguridad y, con ello, el uso legítimo de la fuerza y la restricción de las armas, o el monopolio de la protección social, lo que deja al garete al constituyente primario frente a un Estado violento obligatorio”.
La minería necesita una licencia social y ambiental, que no se logra solamente a través de la expedición de normas y decre-tos gubernamentales, sino que debe incluir los intereses de las comunidades y de la minería ar-tesanal. Cualquier empresa que haga minería debe tener en cuenta y trabajar conjuntamen-te con las comunidades, para que éstas reciban la parte de esa riqueza que le pertenece y están explotando.
Frente a las arbitrariedades gu-bernamentales, el ELN invita al dialogo con todos los colombia-nos y colombianas para buscar soluciones a los grandes pro-blemas del país y los caminos de la paz con justicia social.
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