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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A ORGANISMOS, ENTIDADES Y ENTES PÚBLICOS A LOS QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY LES OTORGAN AUTONOMÍA, A APLICAR MEDIDAS DE AUSTERIDAD REPUBLICANA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, Y EN LOS SUBSIGUIENTES, ASÍ COMO A ESTABLECER LOS TABULADORES DE REMUNERACIONES DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL.
El que suscribe, Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario
de Morena, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 65, párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral
1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta
Soberanía proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Desde el inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión, Morena ha impulsado importantes previsiones en materia de
austeridad republicana, en cuanto al ejercicio de recursos materiales, humanos y
financieros, lo cual es clara muestra del cumplimiento de los compromisos
contraídos con las y los ciudadanos de México.
En el Senado de la República aprobamos recientemente el Acuerdo mediante el
cual se establecen criterios y medidas de austeridad presupuestal, dirigidos
principalmente al ahorro y uso eficiente de recursos públicos.
Ya en el proyecto de Ley de Austeridad Republicana, presentado por Morena
durante la pasada Legislatura, se formuló el propósito de reorientar el destino de los
recursos públicos hacia una mejor utilización, en beneficio del desarrollo nacional y
de las y los mexicanos.
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La sociedad nos demanda una verdadera racionalización del gasto público, y esta
exigencia se debe trasladar a la realidad presupuestaria de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, así como a la de los órganos, organismos, entidades y entes
públicos que gozan de autonomía constitucional o por mandato de ley.
No es ésta una simple idea, ni mucho menos una simulación, es la aspiración firme
de que logremos evitar el derroche de recursos públicos y del exceso en la
asignación de salarios y remuneraciones onerosas de algunos funcionarios
públicos, lo cual ha venido lastimando a nuestra sociedad.
En ese contexto, el artículo 134 constitucional establece que los recursos
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. A pesar de ello, vemos con
preocupación que, en lo tocante a organismos públicos autónomos, el ejercicio del
gasto público no corresponde con la emergencia económica que vive el país, y, por
el contrario, las erogaciones de éstos son cada día más grandes y poco justificadas.
No obstante, sin duda alguna, estamos dando pasos significativos hacia el
establecimiento de acciones concretas y bien definidas, en el marco de la gran
política de ahorro y eficiencia de recursos que enarbola el Presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, la cual, sabemos, será el rasgo distintivo de la próxima
administración pública federal, pues el compromiso con el pueblo de México en el
gasto público es de cumplimiento ineludible, por lo que es apremiante que al
respecto avancemos de manera ágil, pero con certidumbre.
En ese orden de ideas, debemos señalar la firme convicción de Morena por que
este tipo de acciones de austeridad republicana se lleven a la práctica y sean de
cumplimiento obligatorio en todos los órdenes de gobierno del Estado mexicano, en
los que evidentemente se encuentran inmersos los organismos públicos
autónomos.
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Como se mencionó, Morena ha planteado ya un proyecto de Ley en materia de
Austeridad Republicana, cuya finalidad se define en los siguientes términos:
La Ley de Austeridad Republicana que se propone tiene como objetivo central la
aplicación de una política de austeridad no de un gobierno, sino de Estado, para
reducir de manera sostenida el costo de la administración pública, en beneficio de
la sociedad.
Partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la
sociedad y no servirse de ella. Este concepto es el planteamiento central que inspira
esta propuesta que racionaliza el gasto con un propósito de beneficio para las
mayorías. No queremos que se considere que es sólo una entelequia, como suele
entenderse la racionalización del gasto en términos macroeconómicos.
Esta propuesta busca generar un marco legal que promueva la austeridad
republicana. Que el presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros
generados por la aplicación de la presente ley se concentrarán en un fondo especial
que se destinará a educación, salud e inversión pública productiva nacional.1
En Morena sabemos de las resistencias a estos planteamientos de austeridad en el
ejercicio de los recursos públicos, y de ahí nuestra intención de acompañar, desde
esta representación, los esfuerzos hacia todos los órganos, organismos, entes y
entidades públicos, para adaptarse a esta nueva política pública.
En atención a lo anterior, es importante recordar que la reforma constitucional
publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 24 de agosto de 2009,
estableció en sus artículos transitorios el mandato a los organismos autónomos de
ajustar las remuneraciones de sus servidores públicos en los términos de lo descrito
en el artículo 127 constitucional, al tenor de lo siguiente:
Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima
establecida en el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los
presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél
en que haya entrado en vigor el presente Decreto.
1 El documento completo puede ser consultado en: https://bit.ly/2D4q0Xw
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Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en
vigor el presente Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la
Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y
los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en
funciones, se sujetarán a lo siguiente:
a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al
monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.
b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones,
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier
remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la
remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse
si la remuneración total no excede el monto máximo antes referido.
Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y
sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya
finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días
naturales siguientes a su entrada en vigor.
En todos los casos de los organismos autónomos, se observa que las percepciones
salariales de funcionarios y servidores públicos están por encima de la meta de
austeridad planteada de 108,000 pesos.
El margen de percepciones es de 249,757 pesos para los titulares; de entre 229,369
y 236,758 pesos, para directores ejecutivos; y de entre 112,876 y 219,944, para
secretarios privados, secretarios particulares, directores de área, coordinadores de
proyectos asesores de consejeros, como se puede apreciar a continuación:
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Instituto Nacional Electoral:
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
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Comisión Federal de Competencia Económica:
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación:
10
Instituto Federal de Telecomunicaciones:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales:
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
Vista la información anterior, misma que es pública, resulta imperante para esta
Soberanía, atendiendo al plan de austeridad republicana, exhortar a los órganos,
organismos, entes y entidades públicos a los que la Constitución otorga autonomía,
a realizar las adecuaciones correspondientes a sus presupuestos, así como a los
tabuladores de remuneraciones de sus servidores públicos, a efecto de dar
cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución de la República.
En el mismo sentido, a que, de manera inmediata y en el ejercicio de sus facultades,
realicen aquellos ajustes que sean posibles al gasto presupuestado para el ejercicio
fiscal 2018 y que, en su caso, consideren una propuesta racional para el
correspondiente al año 2019. Que, además, implementen criterios y medidas de
austeridad para los años subsiguientes, que contengan, entre otros, racionalización
de los recursos públicos, disminución de gastos y prestaciones excesivas que no
sean inherentes al cargo, o necesarias para el debido cumplimiento de la función
pública.
Debemos, todas y todos, hacer un auténtico ejercicio de autorreflexión y moderación
frente a la emergencia económica que vive la nación; no se puede seguir teniendo
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a un pueblo en la pobreza, con jueces, magistrados, gobernantes, políticos y
titulares de organismos autónomos con salarios muy altos, y algunos, excesivos,
viviendo en la opulencia y rodeados de privilegios.
Quienes constituimos y realizamos alguna función pública en los poderes de la
Unión y los correspondientes órganos u organismos de las entidades federativas,
universidades públicas, entes o entidades, debemos impulsar la austeridad y
sobriedad como auténtica política de Estado.
En consecuencia, consideramos que las medidas de austeridad republicana deben
incluir a todos los órganos, organismos, entes y entidades públicos que gozan de
autonomía constitucional, pues sabemos que en todos ellos se contemplan los
sueldos más altos del servicio público, y aunque algunos han anunciado la
reducción de su gasto, no se ha visto un esfuerzo importante respecto de recortes
salariales, como sí se ha adelantado en el Poder Legislativo, y anticipado que
ocurrirá en el Poder Ejecutivo a partir del 1 de diciembre.
En definitiva, las medidas de racionalización en el gasto público no se deben dar
solamente en algunos rubros, como vehículos, remodelaciones, mobiliario o
equipamiento en general, sino que deben atender a una visión integral de
racionalidad presupuestaria en los órdenes material, humano y financiero.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la
República se pronuncia por que en el ejercicio de su presupuesto actual y en
el proyecto para el 2019, los órganos, organismos, entes y entidades públicos
a los que la Constitución otorga autonomía, establezcan medidas efectivas
para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a
las actividades administrativas y de apoyo, en las que se incluyan dietas,
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos,
comisiones, seguros, casas, compensaciones y cualquier otra.
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Esto no puede continuar así, debemos llevar a cabo un cambio radical que se refleje
en la disminución del dispendio de recursos; nuestro país se encuentra en
emergencia económica: tenemos una verdadera crisis nacional que afecta
principalmente a los sectores más desprotegidos de la población, ante lo cual, de
ninguna manera, podemos ser omisos, sino actuar con congruencia y
responsabilidad respecto a la representación que el pueblo mexicano nos confirió
en las pasadas elecciones. No más un gobierno rico y un pueblo pobre.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a órganos,
organismos, entidades y entes públicos a los que la Constitución y la ley les otorgan
autonomía: Instituto Nacional Electoral; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Banco de
México; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Comisión Federal de
Competencia Económica; Comisión Federal de Telecomunicaciones; Tribunal de
Justicia Administrativa; Comisión Nacional de Hidrocarburos, y Comisión
Reguladora de Energía, a desarrollar y aprobar criterios por los que se establezcan
medidas de austeridad en materia presupuestal, en el ejercicio de los recursos
humanos, materiales y financieros, así como en la disminución de gastos y
prestaciones excesivas que no sean inherentes al cargo, o necesarias para el
debido cumplimiento de la función pública.
SEGUNDO. Se exhorta a órganos, organismos, entidades y entes públicos a los
que la Constitución y la ley les otorgan autonomía: Instituto Nacional Electoral;
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de
Estadística y Geografía; Banco de México; Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación; Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Federal de
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Telecomunicaciones; Tribunal de Justicia Administrativa; Comisión Nacional de
Hidrocarburos, y Comisión Reguladora de Energía, a realizar las adecuaciones
correspondientes en su normativa interna, a efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativos a la remuneración de servidores públicos.
TERCERO. Se exhorta a órganos, organismos, entidades y entes públicos a los que
la Constitución y la ley les otorgan autonomía: Instituto Nacional Electoral; Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de
Estadística y Geografía; Banco de México; Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación; Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Federal de
Telecomunicaciones; Tribunal de Justicia Administrativa; Comisión Nacional de
Hidrocarburos, y Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ejercicio de sus
facultades, realicen aquellos ajustes que sean posibles al gasto presupuestado para
el ejercicio fiscal 2018, y, en su caso consideren una propuesta racional para el
correspondiente al año 2019.
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre
de 2018.
Sen. Ricardo Monreal Ávila
