Políticas Públicas para combatir la impunidad Ecuador ...Suspende la inversión en paraísos fiscales: A mediados del año 2009, el Presidente Correa firmó el Decreto No. 1793,

E s c u e l a d e C o m u n i c a c i ó n S o c i a l d e l a U T P L

Equipo: Pablo Escandón Montenegro

Maria Isabel Punín Larrea Rosario Puertas

InformeUTPL2011

Políticas Públicas para combatir la impunidad

Ecuador: libertades, desde medios y ciudadanía

UTPL Ecuador: libertades desde medios y ciudadanía

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ÍNDICE

Introducción…………………………………………………………………….4

1.- Antecedentes………………………………………………………………..9

2.- Responsabilidad y autorregulación,

primer paso para erradicar la impunidad…………………………………12

3.- El marco legal ecuatoriano

y los convenios y tratados internacionales……………………………….16

4.- Ni objetividad ni manipulación,

compromiso pluralista………………………………………………………...21

5.- Los receptores: audiencias ciudadanas reflexivas………………….35

6.- Lo(s) que ganan(mos) y lo(s) que pierden(mos)……………………..38

Referencias……………………………………………………………………..42


4

Introducción

El ejercicio del periodismo en el Ecuador pasa por momentos de verdadera tensión,

el gobierno del presidente Rafael Correa ha encontrado en la prensa a un buen

contrincante para mantener una pelea constante y permanente, y ha logrado, a su vez, una

exposición mediática frecuente, cuyo discurso dominante es la confrontación, la falta de

ética de los periodistas y de la prensa en general.

Para muchos periodistas, en el Ecuador la Libertad de Expresión pasa por un

momento difícil, incluso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un informe del

20101 reconoció que existe hostigamiento a la prensa por parte del gobierno. Este

escenario ha sido cambiado de manera agresiva por la sentencia que un juez temporal y

ocasional, emitió contra los hermanos Pérez, propietarios de Diario El Universo, y Emilio

Palacio, ex director de opinión, del medio antes mencionado.

Pero por otro lado, el informe en relación al Análisis del desarrollo mediático en el

Ecuador 2011, realizado por la Unesco, revela que “el 68% de personas encuestadas a

nivel nacional considera que en el país hay libertad de expresión y el 32% afirma lo

contrario”. En lo que respecta al índice de exigibilidad de este derecho, sólo un 4.04% de

los encuestados ha presentado quejas por haberse limitado su libertad de expresión

(Unesco 2011) justamente por no considerarse un derecho vulnerado.

En el caso especifico del Ecuador, la Libertad de Expresión está protegida por la

Constitución del 2008 y la Ley de Radiodifusión y Televisión (1975), cuyas reformas han

sido anunciadas por el gobierno, sin que hasta la fecha se presenten acciones concretas;

1La declaración de la SIP en torno al Ecuador puede ser revisada en el siguiente enlace: http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=24&infoid=374&idioma=sp. Acceso: 26 de noviembre del 2010.


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además el país cuenta con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información

Pública (LOTAIP) vigente desde el 2004.

Es importante comentar que el conocimiento de la Ley de Radiodifusión y Televisión

es mínimo como lo evidencia un estudio realizado por Fundamedios en la publicación

Palabra rota (2010).

El gobierno nacional se ha erigido en el paradigma de las reivindicaciones sociales y

una de ellas es contra “los poderes fácticos” como llama el Presidente Correa a los medios

de comunicación. Pero existe una paradoja, pues el propio gobierno posee 16 medios de

comunicación, bajo figura de medios públicos y con administración directa vía incautación

al grupo Isaías. Desde estos espacios, principalmente las emisiones y ediciones

informativas y de opinión, el Presidente Correa y sus funcionarios “combaten” a los medios

privados y de esta manera, el gobierno ecuatoriano se convierte en un poder implacable

para la prensa, con una actitud moral que sanciona y peyoriza el trabajo de periodistas y

sataniza a la empresa periodística.

El trabajo de la prensa ha sido vulnerado y se ha menoscabado la honra de los

periodistas, a quienes el oficialismo ha calificado con diversos epítetos, desde morales

hasta físicos. Es importante mencionar que el Estado Ecuatoriano es uno de los

organismos que más invierte en publicidad y apariciones mediáticas la figura más

frecuente son los enlaces sabatinos.

El gobierno de Correa ha mostrado tres puntos claves en relación con los medios y

los periodistas, cuya situación ha sido modificada mediante decretos presidenciales, en su

mayoría, con los cuales han cambiado de manera radical las reglas del juego para la

empresa periodística, en particular:

1.- Suspende la inversión en paraísos fiscales: A mediados del año 2009, el Presidente

Correa firmó el Decreto No. 1793, con lo cual modificó la Ley de Contratación Pública, que


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prohibió la celebración de contratos entre el Estado y empresas creadas fuera del país,

pero de propiedad de ecuatorianos. Es decir, no se puede contratar con “empresas de

papel”.

Según la Secretaría de Comunicación, los medios vinculados con los bullados

paraísos fiscales son: El Comercio 49% de participación en las Islas Vírgenes-Estados

Unidos y Panamá, El Universo en las Islas Gran Caimán, La revista Vanguardia 55%

vinculado a empresa de Colombia y de las Islas Vírgenes, Diario La Hora en Bahamas y

Gran Bretaña.

2.- Impuesto al papel: Se gravó con el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las

importaciones del papel periódico. La Asamblea Nacional Constituyente votó a favor del

Decreto en diciembre de 2010. Esta acción se estableció dentro del marco de las 16

medidas económicas para enfrentar la crisis mundial e incentivar la producción. En el caso

de los medios impresos el costo está siendo asumido por los anunciantes y por los

lectores, como en su momento lo reconoció Jaime Mantilla, presidente de la Asociación

Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), de ese entonces.

3.- La Ley de la Dictadura: como lo recuerda el académico José Villamarín Carrascal2, en

1975 el general Rodríguez Lara emitió la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista,

documento con el cual todo periodista que avalara 5 años de experiencia, podía acceder a

un título profesional. Esta ley fue promulgada en el Registro Oficial No. 900 de 1975 y ha

sido recordada como la “ley de la dictadura” que fue impulsada básicamente por los

gremios periodísticos, y de manera particular por la Unión Nacional de Periodistas del

Ecuador3 (UNP) y la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE).

“La Comisión Organizadora recibió, tramitó y resolvió un total de 1.537 solicitudes, 2 Los datos atribuidos al académico José Villamarín son el producto de una entrevista personal, realizada por María Isabel Punín, el 8 de febrero 2011 en la Unidad de Observatorio de Medios del Ciespal-Quito, entidad donde el profesional presta sus servicios. 3 La UNP es un organismo gremial que se formó en 1940, uno de sus objetivos ha sido la defensa profesional y la capacitación. Cuenta con núcleos en 16 provincias del Ecuador


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provenientes de diversas provincias del país”. Es importante comentar que 851 solicitudes

provenían de profesionales sin título universitario pero con amplia vinculación y ejercicio en

los medios de comunicación del Ecuador. Bajo este marco de titularon periodistas de

renombre como Diego Oquendo, Alfredo Pinoargote, Jorge Ortiz4, entre otros,

abiertamente opuestos al régimen. La forma por la cual obtuvieron su título ha sido el punto

más duro de las críticas.

El otro actor del conflicto (los periodistas) tampoco deja de tener sus bemoles: si

bien su función es hurgar en los entresijos del poder para sacar a la luz acciones que van

contra el bien común, su labor informativa no ha sido la más ética, pues toma a casos

puntuales de dolor como caballos de batalla contra el gobierno: ejemplo del caso Emme

contra el Fiscal General de la Nación, que fue manejado de manera sensacionalista. En el

otro extremo está el trabajo serio y permanente de investigación, el ejemplo más

representativo es la crónica extensa y documentada en el libro “El gran hermano”, de los

periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, con la cual demuestran que el

hermano del presidente, Fabricio Correa Delgado, mantiene una serie de contratos con el

Estado, de varias decenas de millones de dólares. Varios medios se hicieron eco de esta

investigación y le dieron su matiz emotivo y de tinte farandulero, es decir, banalizaron la

investigación y la pusieron en el plano de una pelea familiar. Cabe mencionar que los

autores del libro fueron denostados en cadenas nacionales y mantienen una causa legal

instaurada por el Presidente, por dañar su honra, como el gobernante afirma.

En este escenario, la impunidad de los actores del conflicto campea en el Ecuador,

pero el poder político reafirma su condición de autoridad ante la cual los periodistas y los

4 Diego Oquendo fue en la durante las décadas del 70 y 80 uno de los periodistas más influyentes de la TV ecuatoriana, su posición fue siempre de una clara oposición a los gobiernos de turno. Hoy es el propietario de Radio Visión Quito, donde mantiene segmentos informativos y de opinión. Alfredo Pinoargote es un periodista vinculado con el grupo Alvarado Roca y, como tal, figura como periodista de la Cadena Ecuavisa y Revista Vistazo; Jorge Ortiz fue durante más de 20 años el periodistas más emblemático de la cadena Teleamazonas, hoy se encuentra en un espacio audiovisual de www.larepublica.ec.


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medios de comunicación se acogen a normativas internacionales para fundamentar y

argumentar sus posiciones en defensa de la libertad de expresión. Es decir, la ley existente

en el país no proporciona seguridad a quien se enfrenta al poder político, quien ha

demostrado en el reciente fallo contra El Universo, su poder omnímodo bajo las leyes y

normativas caducas que tanto critica, pero que le sirven para resarcir su honra mancillada.

El presente trabajo analizará los convenios internacionales y la normativa

ecuatoriana bajo las cuales medios públicos, privados e incautados por el gobierno,

atentan contra las libertades ciudadanas en las emisiones de contenidos informativos y

ahondan la tensión entre periodistas, medios y gobierno.

La ausencia de un código deontológico del periodismo ecuatoriano hace que

quienes trabajan en las empresas que participan en esta batalla mediática no identifiquen

la finalidad del oficio: el bien común. Tanto gobierno como medios ven a la ciudadanía

como audiencias y no como ciudadanía consciente y receptores activos. Ambas partes del

conflicto luchan por un rating.

Al final de este trabajo, se propondrán recomendaciones para impedir la impunidad

de ambos actores en conflicto, a partir de un análisis ético que engloba el accionar del

periodista, de la empresa informativa y de la comunicación de gobierno, con la finalidad de

establecer los ámbitos de acción y responsabilidad de cada uno ante la sociedad.

Cabe mencionar, que los recientes hechos en Ecuador hacen pensar mucho más en

que la crisis sigue siendo una lucha política, pues el poder mira desde su particular interés

a los medios y periodistas que le son incómodos y se sirve de los errores de los

profesionales y de las empresas para enfrentarlos con la ciudadanía.


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1.- Antecedentes

El pasado 7 de mayo, Ecuador concurrió a las urnas para responder una consulta

popular convocada por el Ejecutivo. Del total de las 10 preguntas, dos estaban enfocadas a

los medios de comunicación, precisamente las preguntas 3 y 9:

3. Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 3. 9. Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?

El pronunciamiento popular de estas dos preguntas reactivó el proceso de

generación y debate de la Ley de Comunicación que se encuentra estancada desde hace

dos años, en la Asamblea Nacional, cuando luego de la Asamblea Constituyente que

promulgó la Constitución de Montecristi de 2008 dispuso que el Poder Legislativo de

transición se encargaría de ese cuerpo legal, en un plazo de tiempo que no se cumplió.

Tres proyectos de ley fueron enviados y ninguno tuvo informes beneficiosos, por lo cual el

debate se estancó en segunda instancia en el pleno.

Actualmente, la Comisión Ocasional de Comunicación se reinstaló, a la luz del

mandato de la reciente consulta en la cual las preguntas antes citadas fueron ratificadas en

un 47,187 % para la pregunta 3 y en un 44,964 % para la pregunta 9. Esta última es el

caballo de batalla que el régimen tiene para establecer un Consejo de Regulación, pero

denostraron también un descenso en la popularidad del régimen.

Frente a esta situación, los medios de comunicación privados han rechazado esta

decisión popular, y mucho antes, durante la formulación de las preguntas y en la campaña


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electoral, los representantes de los medios y varios periodistas vieron a este Consejo de

Regulación como una cortapisa a la libertad de expresión, mientras que otras sectores de

los medios han calificado a la Ley de comunicación como ley mordaza.

Cabe mencionar que desde la ascensión al poder del presidente Rafael Correa, el

conflicto entre periodistas, medios de comunicación y gobierno ha ido en aumento y la

sociedad ecuatoriana se ha parcializado en torno al tema de información, periodismo y

tenencia de medios, como lo evidenciamos al inicio de este informe.

Los casos de conflicto directo entre gobierno y periodistas en particular, entre

funcionarios públicos y medios de comunicación privados y entre gobierno y medios de

comunicación, ponen en evidencia la ausencia de Políticas Públicas de Comunicación en

el Ecuador. La legislación mediática vigente, promulgada en la década del setenta del siglo

pasado, durante el gobierno militar, fue modificada en el gobierno de Sixto Durán Ballén,

quien creó el Consejo de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), encargado de las

concesiones del espectro radioeléctrico, de manera conjunta con la Superintendencia de

Telecomunicaciones.

Actualmente en el país “en el ámbito de la radio y teledifusión, según las

estadísticas de diciembre del 2010, de la Superintendencia de Telecomunicaciones, existen

1.205 radioemisoras en onda corta, AM y FM y 444 canales de televisión, que incluyen las

estaciones matrices y repetidoras de señal abierta en VHF y UHF, tanto de propiedad

privada 17% de servicio público y 0% comunitaria. En cuanto a las radios, 89% son de

naturaleza privada, 10.8% de servicio público y 0.2% comunitaria” (Unesco 2011).

La libertad de prensa ha sido defendida por los gremios periodísticos y

empresariales mediáticos: Unión Nacional de Periodistas (UNP), Federación Nacional de

Periodistas (FENAPE), Confederación Nacional de Periodistas, Asociación Ecuatoriana de

Editores de Periódicos (AEDEP), respectivamente, como un derecho de la gente que no


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debe ser regulada más que por la propia aceptación o no de los lectores, radioescuchas o

televidentes. Pero más allá de esta posición, se aprecia una división dentro de la

agremiación y asociación libre de los profesionales del periodismo, y pugnas de intereses

de todo orden que se han ventilado en las redes sociales.

Cabe mencionar que existen otras agrupaciones como la Asociación Ecuatoriana de

Radiodifusión (AER), Canales Comunitarios Regionales Ecuatorianos Asociados (CCREA)

y Asociación Ecuatoriana de Canales de TV (AECTV), que fragmenta mucho más las

representatividades institucionales y de cuerpo. Tampoco existen evidencias concretas en

relación a una defensa sindical.

De esta manera, los estatutos, fines y códigos de procedimientos son propios de

cada agremiación y asociación. No existe una deontología comunicacional en el Ecuador

bajo la cual se apoyen y acojan las agremiaciones periodísticas. De igual manera, las

demás profesiones vinculadas con la comunicación, como publicidad, comunicación

corporativa, relaciones públicas, producción audiovisual, etc., carecen de un código

profesional.

En Ecuador, los códigos que priman son manuales de conducta que tienen más que

ver con la moralidad institucional y el cumplimiento de disposiciones corporativas y

organizacionales, que documentos de reflexión sobre la profesión y espacios de acción

ética frente al individuo y la comunidad.

La Comunicación es considerada como un derecho humano irremplazable y ello

está reflejado en la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en 1944/1945 y

ha sido respetado en las últimas reformas, como lo evidenciaremos más adelante.

Además, es suscriptor de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del

Hombres (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1969) y la

Convención Americana de los Derechos Humanos (1977).


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2.- Responsabilidad y autorregulación, primer paso para erradicar la impunidad

Samuel P. Huntington (1979) dice: “Los periodistas deben disciplinarse, desarrollar y

reforzar sus patrones propios de profesionalismo, de lo contrario, enfrentarán la posibilidad

de una reglamentación por parte del gobierno...”(105).

La autorregulación no es un una censura previa ni una camisa de fuerza, como lo

anotan los detractores de los códigos deontológicos profesionales. Al contrario, es el hilo

de Ariadna para poder salir del laberinto ético en el cual está a diario el periodista.

De acuerdo con Hugo Aznar (1999), los códigos deontológicos son:

“…documentos que recogen un conjunto más o menos amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional […], los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos más sustanciales y fundamentales de un ejercicio profesional, aquellos que lo distinguen como tal y entrañan su específica dimensión ética.” (17)

Aquí radica la esencia vital de este documento: su dimensión ética, que debe guiar y

orientar los manuales periodísticos de cada región, ciudad y medio.

Para Aznar (1999), los códigos deontológicos tienen tres aspectos relevantes:

informativo, argumentativo y de aprendizaje; es informativo porque le entrega al profesional

las herramientas y técnicas de su profesión, así como las normas morales; es

argumentativo cuando estas normas y técnicas son cuestionadas y repensadas en la

realidad más cercana y en la cotidianidad, lo cual genera un aprendizaje, que se establece

como norma de comportamiento ético, que luego se incorporará al nivel informativo. De

esta manera, los códigos deontológicos son documentos vivos, perfectibles y

transformadores en sí y para sí, ya que se adaptan a las realidades sociales y temporales,

sin que primen conceptos morales sobre los principios éticos, que deberían ser asumidos

por todos los integrantes de la empresa periodística.


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Estos documentos vivos son la mayor expresión de la autorregulación profesional y

en la profesión periodística ecuatoriana no existe un código que cobije a todos los

periodistas y con el cual se comprometan al momento de ejercer su oficio, como lo es el

juramento hipocrático para los médicos, por ejemplo.

Los códigos internos son los más populares en la realidad mediática mundial y todas

las empresas los tienen. En algunos casos (Aznar, 89), estos códigos forman parte de los

contratos de trabajo que firman los periodistas y en otros son incorporados como capítulos

de los Manuales de Estilo.

En Ecuador, los manuales de estilo de los periódicos asociados a la AEDEP

cumplen con esta función doble de tener un código de comportamiento moral corporativo y

un tratado ortográfico y sintáctico de cómo escribir en el medio, pero no son textos de

discusión ética sobre el oficio ni sobre las situaciones diarias que se pueden generar en

una redacción. Por lo tanto, los medios públicos y privados no consideran a sus periodistas

como entes deliberativos, sino funcionales bajo un régimen de procedimientos

corporativos, lo cual está reñido con la ética, pues la libertad de pensamiento y decisión es

importante en esta actividad de contacto y trabajo para la comunidad.

Para Manuel Ocampo Ponce (en Agejas, 2002) la deontología es una ética aplicada

y “no puede autorregularse prescindiendo de las ciencias filosóficas de las que depende”

(264).

La deontología se ubica en la dimensión ética de una práctica profesional

determinada, así pues, el periodismo y la comunicación gubernamental, el periodismo y la

comunicación corporativa, el periodismo y la publicidad, son actividades constreñidas a

distintas deontologías, pues sus finalidades son diferentes y sus prácticas, aunque puedan

acceder a herramientas similares, son distintas en la cotidianidad, pues el periodismo es un


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servicio a la comunidad, mientras que las otras actividades son mercantiles, institucionales

o de propaganda.

De esta manera, la libertad del periodismo radica en su finalidad, los intereses

comunitarios y ciudadanos están por sobre todos los intereses empresariales, corporativos,

ideológicos, políticos, etc.

Entendido el periodismo bajo esta perspectiva ética, la existencia de un código

deontológico es necesaria para la libertad de los periodistas y su defensa contra intereses

que no sean comunitarios ni sociales. Debido a esta ausencia, muchos periodistas se

confunden con comunicadores corporativos de un sector político, empresarial e incluso

mediático; ahora también, muchas instituciones y gobiernos confunden periodismo con

publicidad, propaganda, relaciones públicas y comunicación de gobierno o marketing

político, lo que genera en la población un desconocimiento de lo que realmente debe hacer

cada profesional de la comunicación, pues es común tener el sinónimo de periodista para

comunicador y viceversa, cuando las realidades profesionales son distintas.

Los tres gremios periodísticos existentes en Ecuador respetan la Constitución de

2008 y las leyes vigentes, pero cada uno tiene un manual corporativo que defiende su

asociación y a sus agremiados, no a la profesión como tal. Esto demuestra una mirada

moral y no ética de la profesión. Por lo tanto, cada gremio es nuclear y aislado de los otros:

allí radica la ausencia de cohesión profesional en el Ecuador, pues cada periodista

defiende su asociación o su empresa, no la profesión. La FENAPE tiene un código de ética

aprobado durante el período de la Dictadura, en la década del setenta, y en su parte

corporativa defiende la colegiación y la Ley de Ejercicio Profesional, así como la lealtad a

la Federación. Textos como estos no son códigos deontológicos sino manuales de acción o

militancia. Además la colegiación y asociación ya no es obligatoria en Ecuador.


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Una primera gran recomendación para que la impunidad no exista en la actividad

periodística es la existencia de códigos deontológicos de la comunicación y sus

profesiones, para que se establezcan los límites y finalidades de cada actividad. De esta

manera, existirá mayor responsabilidad entre empresarios, periodistas, otros

comunicadores y autoridades al momento de ejercer sus labores.

Los códigos deontológicos son como las constituciones y cuerpos legales

normativos de cada país: establecen deberes y derechos, pero por sobre todo, potencian y

desarrollan las libertades de cada profesión, “esto es sin errores ni restricciones extrañas

perfiladas por grupos de poder, político o económico. La libertad no es la ausencia de

reglas, sino la capacidad de obrar conforme a las reglas adecuadas por la naturaleza de la

profesión y de la misión que uno ha de desempeñar” (Ocampo en Agejas. 2002:271).

Vale la pena insistir en que con la existencia de un código deontológico del

periodismo, el propio gobierno nacional no se erigirá en la autoridad modelo de enseñanza

del oficio a profesionales y medios. De igual manera, la ciudadanía podrá hacer

distinciones entre periodismo y comunicación gubernamental, entre información de interés

social y propaganda ideológica, actividades distintas, pero que el gobierno las hace ver

como similares mediante los medios incautados y los oficiales de su revolución ciudadana.


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3.- El marco legal ecuatoriano y los convenios y tratados internacionales

La Constitución del Ecuador, aprobada mediante referendo en el 2008, establece los

siguientes artículos sobre la libertad de expresión:

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:(...) 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. 11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica. 18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. 24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. (...) Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.


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Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. Esta Constitución presenta un lista de garantías ciudadanas que deben ser

respetadas y veladas por las autoridades y no se contraponen a lo que establecen los

artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Pero así como existen garantías, el Código Penal no ha sido reformado y aún

existen artículos que sancionan la difamación, las injurias y las calumnias bajo una

perspectiva de “respeto a la autoridad” sin tomar en cuenta acciones que sentaron

jurisprudencia en casos que tienen que ver con opiniones en medios de comunicación

hacia figuras públicas de servicio y mandato popular.

A continuación se transcribe lo que recogen Perla Gómez y Ernesto Villanueva en su

libro Libertad de Expresión y sus implicaciones legales. Análisis normativo de los delitos

contra el honor en América Latina (2010)

Difamación Art. 499 A. Constituye difamación la divulgación, por cualquier medio de comunicación social u otro de carácter público, excepto por la autorizada por la Ley, de los nombres y apellidos de los deudores ya sea para requerirles el pago o ya empleando cualquier forma que indique que la persona nombrada tiene aquella calidad. Los responsables serán sancionados con la pena de prisión de seis meses a dos años. Calumnia Art. 489.- La injuria es : Calumniosa, cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y , No calumniosa, cuando consiste en toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el mismo objeto. Art. 491. El reo de injuria calumniosa será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando las imputaciones hubieren sido hechas: En reuniones o lugares públicos;


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En presencia de diez o más individuos; Por medio de escritos impresos o no, imágenes o emblemas fijados, distribuidos o vendidos, puestos en venta, o expuestos a las miradas del público; o Por medio de escritos no publicados, pero dirigidos o comunicados a otras personas, contándose entre éstos las cartas. Art. 493. Serán reprimidos con uno a tres años de prisión y multa de seis a veinte y cinco dólares de los EEUU de Norteamérica, los que hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa. Si las imputaciones hechas a la autoridad constituyeren injurias no calumniosas, pero graves, las penas serán de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a diecinueve dólares de los EEUU de Norteamérica. Injuria Art. 230 El que con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente de la República o al que ejerza la Función Ejecutiva, será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de dieciséis a setenta y siete dólares de EEUU de Norteamérica. Art. 231 El que con amenazas, injurias, amagos o violencias, ofendiere a cualquiera de los funcionarios públicos enumerados en el Art. 225, cuando éstos se hallen ejerciendo sus funciones, o por razón de tal ejercicio, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de ocho a cuarenta y siete dólares de EEUU de Norteamérica. Art. 490.- Las injurias no calumniosas son graves o leves: Son graves:

1. La imputación de un vicio o falta de moralidad cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente la fama, crédito, o intereses del agraviado;

2. Las imputaciones que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia, fueren tenidas en el concepto público por afrentosas;

3. Las imputaciones que racionalmente merezcan la calificación de graves, atendiendo al estado, dignidad y circunstancias del ofendido y del ofensor; y,

4. Las bofetadas, puntapiés u otros ultrajes de obra. Son leves las que consisten en atribuir a otro hechos, apodos o defectos físicos o morales, que no comprometan la honra del injuriado. Art. 499.- Son también, responsables de injurias, en cualquiera de sus clases, los reproductores de artículos, imágenes o emblemas injuriosos, sin que en este caso, (..)pueda alegarse como causa de justificación o excusa que dichos artículos, imágenes o emblemas no son otra cosa que la reproducción de publicaciones hechas en el Ecuador o en el extranjero. El artículo 2258 del Código Civil establece que las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona darán derecho a demandar indemnización pecuniaria. Asimismo, el artículo 2258-A del Código Civil refiere la facultad de demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, cuando una persona ha sufrido daños meramente morales y señala además, que están obligados especialmente a la reparación antes mencionada quienes manchen la reputación ajena mediante cualquier forma de difamación, quienes causen lesiones, cometan violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en general sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. (166-170)

En torno a este aspecto, el pasado 25 de mayo, la Clínica Jurídica de la Universidad

San Francisco de Quito y Fundamedios presentaron ante la Corte Constitucional del

Ecuador una acción de inconstitucionalidad del delito de desacato y normas conexas,


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tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que establece que este tipo penal

contraviene los artículos 66 y 76 la Constitución de la República.

En su sitio web, Fundamedios, en un comunicado sobre la falta de pronunciamiento

de la Corte Constitucional a la acción presentada manifiesta lo siguiente:

Fundamedios considera que el uso del derecho penal es excesivo, abusivo y restrictivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así también el artículo impugnado otorga injustificadamente una protección especial a los funcionarios públicos, y específicamente al Presidente de la República, que el resto de los integrantes de la sociedad no tienen.

Según los parámetros internacionales la penalización del delito de desacato restringe la libertad de opinión de los ciudadanos sin una justificación, cuando en realidad no hay un delito sino un uso legítimo de su derecho de libertad de expresión. (Fundamedios. 2011)

Como lo habíamos anotado antes, la actual Constitución presenta avances acordes

a la evolución de la sociedad, pero las normativas legales aún están ancladas a criterios

que se establecieron en regímenes militares autoritarios. Por lo tanto, la acción presentada

por Fundamedios y la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito debe ser

analizada y aprobada por la Corte Constitucional para que el Código Penal ecuatoriano

deje de sancionar con cárcel a los sujetos que emiten opiniones y criterios en medios de

comunicación que pueden ser considerados como lesivos a la honra de los funcionarios

públicos incluido el presidente de la República.

Claro ejemplo es el caso reciente de la sentencia contra El Universo y su ex director

de opinión: tres años de cárcel para los dueños del medio y el ex articulista, y un total de

USD$ 40 millones por daño moral. Esta multa va contra lo que indica el propio Código

Penal en su artículo 493, que establece una “multa de seis a veinte y cinco dólares de los EEUU

de Norteamérica, los que hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria

calumniosa”. Aquí apreciamos una sentencia desmesurada, resultado de querellas políticas más

que periodísticas.

En el caso de existir la imputación de un delito a la honra mediante injuria o

calumnia, quien tiene la responsabilidad de responder civilmente es el medio de


20

comunicación, como persona jurídica, pues en sus páginas y espacios se vertió ese criterio

o aseveración, lo cual indica una ausencia o negligencia en el momento de la edición, que

implica reflexión ética, humana y legal.

Como anotamos en la primera parte, los códigos deontológicos son fundamentales

para la reflexión en la actividad diaria del periodista, que ejerce la autorregulación desde el

momento que piensa y estructura la información o el comentario. La existencia de un

código deontológico no hará que los errores desaparezcan de manera instantánea, pero sí

hará que exista mayor responsabilidad del periodista y del medio, y así, si existe una causa

legal desde la autoridad gubernamental, la empresa y el periodista tendrán la solvencia y la

autoridad ética para defender su criterio, pues existe un código profesional al cual han

respetado por encima de cualquier ley civil o penal.

Hay que destacar que el gobierno del presidente Correa no ha suscrito la

Declaración de Chapultepec, pues en el 2007, pidió que los medios respeten los derechos

laborales de sus trabajadores y cumplan con sus obligaciones patronales; cuiden la calidad

de las noticias, para lo cual debería existir una autorregulación de la prensa, se

democraticen y garanticen libre acceso, y, se eleve a la condición de delito contra la fe

pública cuando un medio mienta.

Estas condiciones propuestas por el presidente Correa no se cumplen en los medios

públicos, tampoco, pues no existe un defensor del lector en diario El Telégrafo ni de las

audiencias de radio y TV. Los canales incautados GamaTV y TCTV, durante el último

periodo electoral, en sus espacios de informativos y de opinión dio más cabida a los

representantes del sí que a los del no, en una relación de 3 a 1, lo que indica que la línea

editorial no se rige por un principio ético sino político. Aquí la importancia de una

autorregulación mediante el Código Deontológico y la creación de defensorías de

audiencias para cada medio de comunicación.


21

4.- Ni objetividad ni manipulación, compromiso pluralista

Los medios de comunicación que ejercen el periodismo en sus páginas y espacios

noticiosos son sujetos sociales y por ende responden a una extracción social y económica,

o como dice Jesús Martín- Barbero, a una matriz cultural, la cual no se puede renegar ni

ocultar.

Los medios tienen sus audiencias y a ellas responden pero su responsabilidad va

más allá y su compromiso es social, por esa razón, deben atender a un compromiso

pluralista de exposición de la verdad, pues si solo presentan visiones parciales y

superficiales de la realidad, acumulan hechos sin sentido, magnifican e idolatran la

coyuntura, presentan una visión artificial de la realidad, omiten lo esencial y sacralizan la

opinión, la verdad se ve trastocada, deformada: manipulada.

La manipulación es entrópica y se la anula con información. A mayor información,

menor desgaste de la verdad y cero entropía. El pluralismo evita el desgaste del sistema

periodístico y mediático, pues de esta manera, el receptor tiene mayores datos para negar

el desgaste entrópico que se convierte en una verdad absoluta. No estamos luchando

contra la subjetividad, que es válida al momento de presentar una información, sino de

confrontarla, debatirla y no sancionarla: la entrega de mayor información sobre una

realidad y con mayores argumentos distintos generan una sociedad tolerante y una

ciudadanía deliberativa. Pero si los medios se consumen en sí y para sí con fuentes únicas

(institucionales, corporativas o personales), sin confrontarlas ni contrastarlas, no se genera

debate sino que se ahondan las brechas y la ruptura social se marca mucho más.

“Así, y frente a los marcos estériles de las estructura manipuladoras consideradas, en los que la verdad se presenta como la única científicamente posible, o como resultado del consenso, o tolerada de manera indiferente, se sugiere que la comprensión de la verdad como hospitalidad para con el pluralismo, como genuina apertura dialógica, como respeto y diferencia hacia ese <<otro rostro humano>> que, existiendo, me interpela, me inquiere, me demanda y solicita. Ante la individualista soledad de las audiencias, pueden responder los medios y sus profesionales con la ética de la solicitud. El otro humano, el prójimo, no es el


22

hostis, el extranjero o enemigo. No es tampoco, como en el neoliberalismo radical, el límite del ejercicio de mis derechos. El otro es, más bien, ese quién en el que reside mi misma posibilidad de ejercer derechos. La alteridad, así concebida, es antes el lugar del destino que la frontera o límite” (Álvarez Tejeiro en Agejas, 2002: 109).

Esa alteridad de la que Álvarez Tejeiro habla, esa propuesta de hospitalidad con el

pluralismo se ve plasmada en la práctica periodística primaria: la consulta de fuentes y su

confrontación, contrastación y manejo. A mayor número de fuentes, menor entropía

mediática. Esta propuesta encierra una actitud ética de tolerancia del medio y del

periodista hacia las posturas de las fuentes, que de por sí son intersubjetivas, pues desde

su positivismo opinan y dan criterios sobre la realidad, generan una visión particular del

mundo que debe ser contrastada, confrontada, opuesta, enfrentada con muchas más, pero

nunca minimizada, ni ensalzada ni magnificada, peor aún sacralizada.

Bajo estos conceptos, hemos analizado cinco medios impresos ecuatorianos, cuatro

de ellos privados y uno estatal, durante la semana anterior a la consulta popular que fue el

día 7 de mayo de 2011, con los siguientes resultados que distan mucho de esa

hospitalidad hacia el pensamiento del otro, que están tan alejados de considerar los

derechos míos como los propios de quien está frente, detrás o a un costado de mí.

4.1.- El Telégrafo

De este medio, de propiedad estatal, se analizaron 41 piezas periodísticas: 14

artículos de opinión, 21 notas informativas y analíticas, y 6 reportajes y entrevistas. El

manejo de fuentes en esta muestra fue revelador:

TIPO DE FUENTE ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Fuente oficialista 71% Fuente opositora 0% Fuente no oficialista 29%

El 71% de los artículos de opinión son los que menos realizan un ejercicio de

consenso, no existe hospitalidad ética frente al pensamiento del otro y lo que más prima es


23

la displicencia, intolerancia y un fundamentalismo que defiende a rajatabla la postura

oficial.

El 29% de los artículos expresan una afinidad al régimen pero el uso del lenguaje es

sutil e indirecto, por lo que los autores establecen un criterio más cercano al consenso, sin

dejar de demostrar sus afinidades hacia el gobierno pero toman en cuenta otras voces y no

las minimizan, sino que las consideran como válidas para el diálogo y la deliberación

previas a la consulta popular.

Cabe anotar que las piezas de opinión durante las fechas analizadas fueron en

aumento conforme se acercaba el cierre de campaña: jueves 5 de mayo. En la sección de

opinión, el diario publica 4 textos, aquí los datos numéricos:

Fecha # de artículos

1 mayo 0 2 mayo 1 3 mayo 2 4 mayo 4 5 mayo 3 6 mayo 2 7 mayo 2

Podemos apreciar que el 4 de mayo, toda la sección estuvo copada con 3 posturas

oficialistas y una no oficialista, lo que indica que en las páginas de opinión de Diario El

Telégrafo, la ciudadanía no está representada, sino un grupo político, a pesar de haber

sido un proyecto editorial de periodismo público y estatal.

En lo referente a las notas informativas y analíticas, complementarias a las piezas

extensas de información, todas están ubicadas en la sección de Actualidad. Las fuentes

oficiales priman y no existe contrastación en un 42.8%, en donde se presentan a varios

actores (ministros, secretarios) que confirman una información, o bien son transcripciones

y/o citas del enlace presidencial de los sábados.

TIPO DE FUENTE NOTAS INFORMATIVAS Y ANALÍTICAS


24

Fuente oficialista 42.8% Fuente opositora 4.85% Fuente no oficialista 19% Fuente oficialista + no oficialista

28.5%

Fuente opositora + no oficialista

4.85%

Fuente opositora + oficialista

0%

Al no existir una contrastación entre varios actores, la realidad oficial es única y

exagerada, pues al mismo tiempo se minimiza a la oposición y las voces no oficialistas se

presentan como un eco del oficialismo con tintes democráticos. Es decir, las fuentes no

oficialistas expresan conocimiento de las otras posturas pero refuerzan la iniciativa

gubernamental. De igual manera, las fuentes opositoras sumadas a las no oficialistas se

convierten en una visión negativa y fundamentalista, así como ilógica en ciertas

expresiones de los no oficialistas.

El reportaje o la crónica ligera no presentan diferencias con las otras piezas

analizadas, pues el 50% alude solo a fuentes oficiales y se da un verdadero contraste y

confrontación de ideas y posturas en las entrevistas, que son el género más democrático y

pluralista de este medio.

TIPO DE FUENTE REPORTAJES Y ENTREVISTAS

Fuente oficialista 50% Fuente opositora 0% Fuente no oficialista 17% Fuente oficialista + no oficialista + opositora

16.5%


16.5%

Capítulo aparte merece el análisis del contenido de cada una de las piezas, en su

retórica y en su fundamentación lógica argumental, que tiene mucho que ver con también

con nuestra exigencia ética. De allí que este medio carece de un manual ético y hace del

periodismo una herramienta de afianzamiento ideológico-político, contrario a lo que dictan

los códigos deontológicos del ejercicio profesional. La ciudadanía está ausente en un


25

medio público estatal, en donde las fuentes más citadas son las oficiales, de autoridades

gubernamentales.

Lo cual es una muestra evidente de la competencia desigual que enfrenten los medios,

pero también de los espacios que tiene las fuentes para exponer su criterio y hacer un

acercamiento real a la verdad, como un fundamento periodístico básico.

Este medio no es hospitalario con el pensamiento del otro, al contrario, es hostil con

ese extraño, a quien no se le reconocen derechos como ciudadano.

4.2.- El Comercio

De este medio, de propiedad del Grupo El Comercio, que se edita en la ciudad de

Quito, se analizaron 48 piezas periodísticas durante los mismos días, del 1 al 7 de mayo:

20 artículos de opinión, 15 notas informativas y analíticas, 13 reportajes y entrevistas.

En cuanto al manejo de fuentes en los artículos de opinión encontramos que 16

textos no representan ni a la oficialidad ni a la oposición, 4 son de oposición y existe

ausencia de fuentes oficiales, lo que en porcentajes da lo siguiente:



En estos textos podemos encontrar ausencia de pluralismo en más de la mitad de

los textos no oficialistas y en todos los textos opositores, a pesar de encontrar citas o

referencias al pensamiento ajeno y contrario, al cual se refieren de una manera diplomática

y sin exageraciones de ningún extremo, lo que indica que existe una tolerancia relativa

frente al discurso del otro, pero que aún no se la valora como importante, sino como algo

más sin importancia: mencionarla pero no darle su real valor.


26

La frecuencia de publicación de piezas de opinión es constante y se puede apreciar

que mientras llega la fecha de la consulta, el medio baja la intensidad del mensaje sobre el

proceso, así no incumple con la ley electoral.

Fecha # de artículos


Las notas informativas y analíticas se presentan mayoritariamente con posturas que

no provienen del oficialismo, pero existe contrastación de fuentes entre sí. Es importante la

mayor presencia de fuentes oficialistas que de fuentes opositoras y la ausencia de

oposición confrontada con la no oficialista. El contraste de fuentes llega a un 40%, lo que

indica que no existe un pluralismo total en el medio en lo que se refiere a la consulta de

fuentes. En cuanto a la consideración de las fuentes entre sí, existe una mayor tolerancia y

consideración con respecto al pensamiento distinto, ya no solo existe un conocimiento del

discurso del otro sino que se lo valora, se lo toma en cuenta es completamente tolerante y

pluralista.

TIPO DE FUENTE NOTAS INFORMATIVAS Y ANALÍTICAS

Fuente oficialista 20% Fuente opositora 13.33% Fuente no oficialista 40% Fuente oficialista + no oficialista

13.33%


0%


13.33%


27

Hay que destacar que el hecho de que no exista una confrontación entre fuentes

opositoras y no oficialistas no quiere decir que entre ambas no existan diferencias, sino

que es el tipo de fuente más importante para el medio, con la finalidad de delimitar su

postura frente al proceso en la entrega de información y ser lo más pluralista posible, pero

vemos que si un 40% es de postura no oficial y un 20% de la oficialidad, existe una

ausencia de verdadera pluralidad y confianza en el discurso de otros actores.



23%


0%

En cuanto a las piezas de reportajes y entrevistas, vemos la ausencia de oficialismo

y oposición frente a una mayoría de fuentes no oficialistas, comprendidas como

actores/sujetos ciudadanos, pero que no establecen su relación discursiva con las otras

posturas, lo que indica una indiferencia con el pluralismo, pero se rescata la ausencia de

exageraciones entre fuentes al referirse a las posturas contrarias.

En este medio encontramos una postura pluralista completamente velada, al no

incluir, en su mayoría a la oposición y al oficialismo. Es hospitalario con la postura del otro

pero no establece una reflexión que parte de las ideas contrarias, sino que solamente las

menciona para cumplir con una formalidad del periodismo, consultar a las partes, sin

generar una reflexión en torno a esas diversas realidades, que no las niegan, pero no las

valoran, las toman en cuenta, pero no son importantes ni decisorias. Entonces tenemos

una postura diplomática que no hace consenso entre posturas.

La postura ética del medio está plasmada en su manual de estilo, donde se

estipulan prohibiciones para los periodistas en ciertos casos de conflicto de intereses, de


28

igual manera presenta la política editorial y los procedimientos empresariales, pero no es

un documento de consulta para dilucidar cuestiones éticas. El medio intenta configurarse

en un observador aséptico de la realidad desde una posición privilegiada desde los análisis

y con la consulta de fuentes que no toman partido entre los extremos, pero que tampoco

confrontan ni matizan las posturas extrañas. Se convierte en un tercero que mira desde su

orilla la realidad, lo cual tampoco es lo más aconsejable en el periodismo, pues está

respondiendo a intereses que no necesariamente son ciudadanos, sino corporativos.

4.3.- La Hora

Diario La Hora, perteneciente al grupo Vivanco, que edita el periódico de manera

regional en 13 ciudades de todo el Ecuador, presenta 44 piezas periodísticas durante el

periodo de observación. La información analizada está en la sección País: 39 notas

informativas se leen en todas las ediciones regionales, mientras que las 5 notas de opinión

son propias de cada centro editor e impresor del medio.

Este periódico es el primer medio en establecer un conflicto directo con el presidente

Correa, debido a un titular. Actualmente diario La Hora y el gobierno nacional se

encuentran en litigio legal.

Por el carácter de este periódico, el análisis y la opinión son minoritarios, y el medio

privilegia la información nacional y local. Los artículos de opinión fueron publicados en su

totalidad los dos primeros días del mes: 3 el primero y 2 el segundo día de mayo. De estos

textos extraemos la siguiente información:



La postura oficialista está fuera de los espacios de pensamiento y reflexión de este

medio de comunicación. Los autores no presentan ninguna postura que indique una


29

valoración del pensamiento del otro, por lo tanto, no son pluralistas, pues además

sustentan sus opiniones de manera subjetiva, con ligeras referencias objetivables de la

realidad, pero son más suposiciones que lecturas de coyuntura o de los hechos. Intentan

proponer una postura consensuada de las cosas, pero muestran intolerancia y

fundamentalismo.

En cuanto a la publicación de las notas, el medio presentó, en su totalidad un

equilibrio numérico al inicio y al final de la semana con una línea informativa que presenta

bastante información sobre el proceso de la consulta. Así, tenemos el siguiente cuadro que

presenta el número de notas publicadas en cada edición:

Fecha # de piezas periodísticas


Las notas informativas presentan los siguientes datos:

TIPO DE FUENTE NOTAS INFORMATIVAS Fuente oficialista 25.6% Fuente opositora 15.4% Fuente no oficialista 28.3% Fuente oficialista + no oficialista

10.2%


0%


20.5%

Encontramos mayor equilibrio entre fuentes, pero la contrastación, aún sigue siendo

precaria, en total: 30.7% que integra todos los puntos de vista, bajo un pluralismo

relativamente tolerante, pues la mayoría de declaraciones son subjetivas y presentan


30

posturas obvias de acuerdo con el discurso de cada una de las fuentes, que si bien

conocen y aluden al pensamiento o postura del otro, existe una minimización de esas

existencias, lo que indica una intolerancia frente a los discursos divergentes.

En los casos que no presentan contrastación, las posturas de las fuentes son

completamente intolerantes o relativamente tolerantes.

Este medio presenta mayor equilibrio de las fuentes únicas, lo que no quiere decir

que éticamente esto sea bueno, pues solo se presenta un aspecto de la realidad, una

visión fragmentada para bien o mal. Este medio es hospitalario en cuanto a la recepción de

posturas antagónicas pero muestra intolerancia para con ese otro. Lo reconoce pero lo

minimiza y no debate, sino que lo estigmatiza.

4.4.- El Universo

De este medio perteneciente al grupo Pérez de la ciudad de Guayaquil se analizaron

29 piezas periodísticas: 4 de opinión, 12 de información y análisis, y 13 de reportaje y

entrevista.

Cabe mencionar que este medio se encuentra en querella legal con el gobierno

nacional, por lo cual el análisis mostrará la postura institucional y corporativa del medio.

Cuatro son las piezas de opinión que se publicaron los días 1, 2, 3 y 7 de mayo,

respecto al tema de la consulta popular; dos textos fueron firmados como columnas de

opinión y los otros dos son la posición del medio, mediante su editorial:



El oficialismo está desterrado de las páginas de opinión y análisis de este medio, en

el cual las fuentes/escritores opositores y no oficialistas presentan una visión y postura

evidentes, que no son pluralistas ni toman en cuenta al otro (al oficialismo) como visión


31

valedera, no total, pero que puede ser considerada en el análisis. Los opositores son

completamente intolerantes, mientras que los no oficialistas presentan una diplomacia e

indiferencia frente al oficialismo, lo que no genera consenso ni debate.

La frecuencia de publicación de los textos es significativa, pues los dos primeros

días del mes es similar el número de publicación, disminuye considerablemente y

desaparece durante los días de cierre de campaña y de vigilia, para volver con fuerza el

día de la consulta.

Fecha # piezas periodísticas 1 mayo 9 2 mayo 10 3 mayo 2 4 mayo 0 5 mayo 0 6 mayo 0 7 mayo 11

El reportaje y las piezas noticiosas son las más destacadas durante el día de la

consulta popular, lo que hace que el tema vuelva a tener vigencia y a generar debate

durante la jornada.



8%


15%

Fuente oficialista + no oficialista

15%

Podemos ver que el 38% de la información es contrastada y confrontada, lo que aún

sigue siendo un nivel muy bajo para el pluralismo, lo que demuestra que en los reportajes y

entrevistas de este medio, la tolerancia hacia el pensamiento del otro no marca la agenda

editorial, pues si vemos que el porcentaje de fuentes únicas llega a un 62%, entre las


32

cuales no existe la oposición y la postura oficialista es tomada como referencia, lo que crea

una tolerancia relativista, pero se contrasta con la tolerancia fundamentalista en los casos

de textos de opinión.

El número de fuentes consultadas es mayor a tres en el 90% de piezas de reportaje,

lo que indicaría un mayor grado de objetivación y fidelidad a la realidad, y menor peso de

subjetivismo; las fuentes consultadas son un apoyo entre sí, ratifican la postura no oficial y

establecen un ambiente de relativa tolerancia hacia ese otro: el oficialismo, mediante una

postura consensuada al citarlo y/o aludirlo, sin diplomacia, con hospitalidad relativa.

En el género del reportaje debe existir una diversidad infinita de visiones, por ser un

género interpretativo y el más completo del periodismo, pero vemos que el número de

fuentes no representa a una diversidad ciudadana representada sino a una acumulación de

piezas de un corporativismo o institucionalidad, lo que se contrasta con los textos

editoriales, pues el medio utiliza este género completo para decantar su postura

institucional frente al oficialismo, detrás de una actitud no opositora, respetuosa y tolerante,

pero no diversa.

TIPO DE FUENTE NOTAS INFORMATIVAS Fuente oficialista 25% Fuente opositora 25% Fuente no oficialista 8.3% Fuente oficialista + no oficialista

8.3%


0%


25%

Fuente opositora + oficialista + no oficialista

8.3%

En las notas informativas vemos que este medio es completamente equilibrado,

pues entrega un 25% tanto al oficialismo como a la oposición como fuentes únicas, y un

mismo porcentaje a la contrastación o debate entre ambas posturas, lo que indica una

ausencia en un 75% de subjetividad, pero demuestra una tolerancia relativista en cada uno


33

de ellos, ya que exponen sus ideas de manera evidente. Cabe anotar que no encontramos

un fundamentalismo en cuanto a la tolerancia.

Un 24% en total demuestra pluralismo y compromiso para escuchar al otro sin

exageraciones y establece consensos. Estas piezas informativas son las mejor elaboradas

y más acordes con la ética, pues se confronta un 50% de la información entre fuentes.

Pero este porcentaje no es el adecuado pues se debe apuntar y llegar al 100%.

En el medio existe hospitalidad, pero relativa y la confianza total en el otro está

ausente.

A manera de conclusión: privados y estatal, iguales en errores

Este análisis deja en evidencia que no hay diferencia entre un medio estatal y los

privados. No llamamos público al Telégrafo, pues su configuración administrativa y editorial

dista mucho de las experiencias en otros países, en donde la oposición y la ciudadanía

tienen representación.

Éticamente, ningún medio refleja una comprensión total de los hechos mediante la

contrastación y confrontación de fuentes diversas, pues se ciñen a la transcripción de

posturas y a la exhibición de una sola visión. Allí radica la importancia de la existencia del

código deontológico, pues en esta coyuntura de beligerancia entre medios y gobierno, lo

que menos existe es labor periodística y aumenta la confrontación ideológica, que

expuesta con argumentos es positiva, pero no cuando se hace adoctrinamiento.

Un medio estatal debe responder a intereses distintos de los medios privados, pues

su orientación es hacia la sociedad y no hacia afianzar un proceso político determinado, y

que además, está más alejado de los principios de la labor periodística y más cercano a la

propaganda política y a la comunicación de gobierno, que es lo que podemos apreciar en

este análisis. Por el contrario, los medios privados realizan un trabajo similar, aunque con


34

diferencias, pues no dan cabida total a la oposición y sí mayor presencia a posturas no

oficiales y críticas del poder.

Insistimos en que un Código Deontológico dejaría en claro cuál es el papel del

periodismo, sea estatal, privado o público, pues los principios universales deben regir en

esta práctica profesional y área académica de formación, sin duda.


35

5.- Los receptores: audiencias ciudadanas reflexivas

Isidro Catela Marcos (en Agejas 2002) reflexiona sobre los conceptos que la cultura

mediática ha manejado sobre los receptores de los mensajes. En su análisis sobre la ética

de la recepción hace una panorámica sobre las taxonomías de persona, ciudadano,

consumidor, masa, audiencia y receptor.

El ciudadano participa de un contrato social y político en el cual aporta con

consensos y disensos, debido a que convive en espacios públicos, defiende su identidad y

se suma a colectivos, con la finalidad de una convivencia regulada y no conflictiva con sus

semejantes, por ello renuncia a posiciones personales para adoptar posturas comunitarias,

sin perder identidad y sumar identidades similares.

La audiencia no pierde su carácter de ciudadanía, pero establece diferencias con

otras por el uso y consumo de medios. En este sentido, audiencia y ciudadanía comparten

una cualidad de ser reconocidas por las autoridades, en este caso por los medios, que

dirigen sus mensajes hacia la identificación de esas cualidades aglutinadoras que las

identifican entre sí y que las hacen diferentes de otras audiencias.

El gobierno ha mediatizado el mensaje de su comunicación política y, a pesar de

autodenominarse como revolución ciudadana, no los ciudadaniza en sus mensajes, ni

siquiera los trata como audiencias, sino que los masifica:

[…] b) elhombre inserto en la masa se ve a menudo privado de la voluntad de tener vida

propia, es el hombre dominado por los acontecimientos, al que no se le pide (ni se le ocurre) diferenciarse porque ser masa es no ser (no ser reconocible, no ser original, etc.)

[…] d) las masas no son interlocutores válidos sino receptores deseados, ansiados por

quienes no conciben la comunicación como intercambio; e) son ideales para la información reducida a mercancía y a estímulo que precisa

una respuesta; f) si en la persona descubríamos vocación de encuentro, en el ciudadano de

convivencia no problemática, en la masa, la aspiración se queda en la coexistencia, las


36

masas aspiran a estar en el mismo sitio, de manera que físicamente sea posible, sin más pretensiones; (Catela Marcos, Isidro en Agejas 2002: 121-122).

Con estas cualidades de la masa, el propio gobierno cae en los errores de quienes

critica, principalmente de los medios audiovisuales, pues los impresos tienen identificados

claramente sus audiencias receptoras, que son más activas y reflexivas.

La audiencia se reconoce como tal en la identificación de un medio de comunicación

determinado o de un programa. En el caso de los medios impresos, su público objetivo son

audiencias y la estrategia gubernamental, mediante el encubrimiento de propaganda

política e ideológica con visos de periodismo ético, es masificar a esa audiencia y

confundirla con el término de ciudadanía, que no lo es.

Ambos grupos, mediático y gubernamental están en constante tensión. Y en el

medio los periodistas y el público, quienes olvidan su carácter de ciudadanos y receptores

activos. Tanto el periodista es receptor de la información de la realidad, que la trabaja para

entregarla a sus congéneres ciudadanos y el público como receptor de esa mediación

realizada por el periodista.

El consumo de medios es opcional y volitivo. Allí radica la existencia de una

audiencia activa, de un receptor reflexivo, que encuentra en una programación o propuesta

editorial una identificación o aspiración. Emisor y receptor establecen un contrato tácito,

pero no absoluto y el receptor activo no se queda con una sola perspectiva. La existencia

de medios diversos hace que la actividad de recepción sea más activa pues las diferentes

perspectivas ayudan a que el receptor se forme un criterio y opinión de la realidad que está

siendo consumida mediante los medios.

Pero los receptores reflexivos son lectores de la realidad y para ello se necesita una

educación con conocimientos y habilidades de análisis y síntesis, que solo se logran con

un ejercicio diario de búsqueda y valoración de información, es decir con formación

continuada desde el interior de los medios, con los defensores del lector y de las


37

audiencias, como desde fuera con los observatorios ciudadanos y académicos, pero no

con la finalidad de sancionar, sino con el afán de aportar a las empresas mediáticas y a los

periodistas con las nuevas herramientas y conocimientos actualizados para que su labor

sea más eficiente para la sociedad. De esta manera, es importante que las universidades

establezcan estos espacios de análisis y ensayo mediático con la finalidad de innovar,

reflexionar y entregar nuevas formas de narrar la realidad desde la ética.

En el libro Entre saberes desechables y saberes indispensables [Agendas de

país desde la comunicación] (2009), coordinado por Jesús Martín-Barbero, Ecuador está

ausente, pero muchas de las experiencias de otros países son aplicables a la realidad

ecuatoriana. De este texto, rescato, como reflexión final la siguiente cita que sintetiza Omar

Rincón en su texto titulado “Haciéndonos cargo de lo que nos toca”:

13] Lo más actual en derechos es la comunicación elevado a un derecho de todos y que los estados deben protegerlo y fomentarlo. Y lo mejor es que tenemos las 166] tecnologías para que todos seamos productores de mensajes, estéticas y relatos en la sociedad-red. El derecho a la comunicación no está dado, es un código expresivo no tomado. Este derecho a la comunicación pareciera ser un asunto de ciudadanos que parece entrar a la academia más interesada en defender y proteger la libertad de información de los empresarios. El derecho a la comunicación es el eje de la formación y la acción mediática y en red de nuestra sociedad [Martín-Barbero, Alves]. (http://www.c3fes.net/docs/agendascomunes_saberes_rincon.pdf)

El derecho a la comunicación es el código deontológico que prima a los ciudadanos

y es vital para las democracias. Por ello, parafraseando a Rincón: hagámonos cargo de lo

que nos toca, ciudadanicemos nuestra acción comunicativa, seamos más ciudadanos,

mejores receptores reflexivos y ayudemos a que la masa se convierta en audiencia crítica

y no en grupo amorfo que perdió su personalidad.


38

6.- Lo(s) que ganan(mos) y lo(s) que pierden(mos)

Frente a estos datos de medios de circulación nacional, que tienen dinámicas

diferentes y provienen de matrices culturales distintas, los lectores/receptores, somos

quienes perdemos en esta confrontación, debido a que se usa al periodismo como arma de

lucha política, ideológica y empresarial. No existe responsabilidad social frente a la

información, sino responsabilidad corporativa, empresarial y gubernamental. Los

receptores estamos en medio de una guerra en donde “la verdad es la primera víctima” y

los profesionales de la información deben narrar con mayor despliegue de puntos de vista,

con mayor pluralidad, consenso y hospitalidad del otro, pues quienes están a nuestro

alrededor también miran la realidad y es importante valorar su perspectiva, no para

justificar sus actos, sí para comprenderlo/a y, si está equivocado/a, ayudarlo/a.

Por ello, y para que no sigamos perdiendo los receptores y para que cada vez

seamos más activos y hagamos del periodismo una verdadera acción ciudadana, reflexiva,

de interés y utilidad social, participativa y ante todo Ética, en la que todos los actores

participen, proponemos lo siguiente:

1. Elaborar códigos deontológicos de las profesiones comunicacionales para que se

establezcan los límites y finalidades de cada actividad. De esta manera, existirá

mayor responsabilidad entre empresarios, periodistas, otros comunicadores y

autoridades gubernamentales al momento de ejercer sus labores y de comunicar a

sus receptores, para no confundir “intencionalmente” con mensajes disfrazados de

periodismo ni de comunicación ciudadana. Esta redacción debe ser propuesta por

los periodistas en ejercicio y por los académicos, ya que ellos son quienes conocen

su trabajo y los otros son quienes forman a los periodistas y comunicadores.


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El Consejo de Regulación, aprobado mediante la consulta y referendo de mayo de

2011, deberá incorporar una normativa para que desde la Academia y los gremios:

empresariales y periodísticos, se genere en un tiempo de 6 meses y un año los

códigos deontológicos de cada profesión comunicativa: periodismo, comunicación

corporativa, comunicación audiovisual, publicidad, etc., con el fin de que los

profesionales se guíen bajo normas éticas generales. De esta manera, la Ley

Orgánica de Comunicación podrá acoger cuerpos legales secundarios para cada

actividad comunicativa mediática.

2. Crear instancias de defensoría de lectores y audiencias, con la finalidad de abrir

espacios de reflexión interna en las redacciones sobre el oficio y la tarea diaria de

informar con responsabilidad. Este trabajo servirá para poner un espejo en el cual

se refleje el trabajo de la redacción. Actualmente, los medios hacen un ejercicio

crítico público del otro, de la competencia o de los similares, pero no realizan la

misma actividad autorreflexiva. Éticamente, este no es el trabajo de un medio de

comunicación, sino de audiencias, veedurías, observatorios, defensores de lectores

y receptores.

CIESPAL y Fundamedios tienen observatorios que realizan este trabajo. En el

primer caso, vela por las audiencias y, en el segundo, por el libre ejercicio de los

periodistas. Sus ámbitos son complementarios, pero lamentablemente entre sus

directivos existen brechas insalvables para realizar un trabajo integrado.

Existe la Agencia de Comunicación de Niños, Niñas y Adolescentes (ACNNA), que

realiza un monitoreo diario de cómo los medios vulneran los derechos de estos

sujetos, pero llevan a cabo un trabajo de concienciación con los periodistas que

cubren esas fuentes. Proponemos que esta institución, que tiene una metodología

pedagógica diferente a la que aplican CIESPAL y Fundamedios en sus


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observatorios, trabaje directamente con los gremios mediáticos (AEDEP, AECTV,

CCREA y AER) para aplicar esta metodología propositiva y no sancionadora ni

acusadora.

El oficio periodístico/mediático desde la Ética no tiene que ver con lo malo o

deficiente que hacen los otros su trabajo y decirlo públicamente, sino hacer el propio

de la mejor manera que no se parezca al otro ni caer en los errores de los criticados,

allí está el éxito del oficio. Lamentablemente este es el escenario de veedores,

instituciones y medios.

La Ley Orgánica de Comunicación debe establecer, en su articulado, la

incorporación de la figura del ombudsman dentro de cada medio, nominado por los

propios directivos, y deberá cumplir con lo establecido por los acuerdos mundiales

de este trabajo.

3. Anular del Código Penal ecuatoriano la sanción con cárcel a los sujetos que emiten

opiniones y criterios en medios de comunicación que pueden ser considerados

como lesivos a la honra de los funcionarios públicos, incluido el Presidente de la

República. Compartimos, como propone la Unesco, una responsabilidad civil del

medio de comunicación como respaldo a sus trabajadores y/o colaboradores. Esta

propuesta debe ser presentada como modificación al Código Penal y la deben

presentar los gremios, las empresas mediáticas y la Academia, para que sea tratada

en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. La propuesta de Fundamedios

y la Clínica Jurídica de la USFQ debe ser respaldada y transformada en una

modificación del Código Penal. Frente a este pedido, el asambleísta César Montúfar

ha presentado el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO

PENAL PARA LA ELIMINACIÓN DEL DESACATO, LA DESPENALIZACIÓN DE LA

PROTESTA SOCIAL Y LAS INJURIAS EN CONTRA DE AUTORIDADES Y DE


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OTROS OBSTÁCULOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, el pasado 23 de julio de

2011. De esta manera, el Estado ecuatoriano dará seguridad al ejercicio periodístico

que cuestione a los funcionarios transitorios de cualquier gobierno, lo cual evitaría

que se produzcan nuevos casos como el acontecido con Diario El Universo, y las

connotaciones que la inmediatez de la demanda ha tenido.

Asimismo, en esta reforma al Código Penal, cuando se establezcan procesos que

tienen que ver con la libertad de expresión, la Defensoría Pública debe avocar

conocimiento y defender de oficio a la persona que está siendo encausada por el

poder político, pues se atenta contra un derecho humano.

4. Crear espacios de innovación, investigación periodística y mediática en las

facultades y escuelas de Comunicación para medir, observar y apoyar el trabajo

mediático privado, público y comunitario, sin afán de regular o criticar áridamente,

sino de mejorar las maneras de informar desde la ética periodística y así formar

receptores reflexivos y propositivos. Los observatorios desde la Academia son

necesarios para encontrar los errores profesionales, para su futura corrección en el

proceso de formación universitaria, así como de innovación de las prácticas y de la

investigación social.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior, los centros universitarios

deben desarrollar investigación y docencia en unidades departamentales. De esta

manera, cada departamento de investigación en comunicación tiene que establecer

un observatorio mediático para que desde allí surjan los estados de situación y las

propuestas de modificación e innovación del oficio. Estas unidades trabajarán con

estudiantes de pregrado y postgrado con la finalidad de integrar a la Academia y a la

empresa. Estos son los espacios de consenso más idóneos en la actualidad, debido

a la polarización social y a la falta de entendimiento entre los observatorios


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existentes.


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Referencias: Agejas, José Angel y Francisco José Serrano (coords.). Ética de la comunicación y de la información. Barcelona: Ariel. 2002. Aznar, Hugo. Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios. Barcelona: Ariel. 1999. Gómez Gallardo, Perla y Ernesto Villanueva. Libertad de Expresión y sus implicaciones legales. Análisis normativo de los delitos contra el honor en América Latina. Quito: CIESPAL. 2010. Huntington, Samuel P. The crisis of democracy. Report on the democracies to the trilateral commission. Petropolis: Ed. Vozes. 1979. Martín-Barbero, Jesús (coord.). Entre saberes desechables y saberes indispensables [Agendas de país desde la comunicación]. Bogotá: C3FES. 2009. En: (http://www.c3fes.net/docs/agendascomunes_saberes_rincon.pdf) Martín-Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones. Bogotá: Convenio Andrés Bello. 2003. Ricaurte, César (ed.). La palabra rota. Quito: Fundamedios. 2010. Unesco. Indicadores de desarrollo mediático. Quito. 2011.

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Políticas Públicas para combatir la impunidad Ecuador ...Suspende la inversión en paraísos fiscales: A mediados del año 2009, el Presidente Correa firmó el Decreto No. 1793,