Perú: Informe 2011 de Amnistía Internacional expresa preocupación por pueblos indígenasPublished on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

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Perú: Informe 2011 de Amnistía Internacional expresapreocupación por pueblos indígenas

Servindi, 13 de mayo, 2011.- El capítulo dedicado a Perú del Informe Anual 2011 sobre el estado delos derechos humanos en el mundo, de Amnistía Internacional, pone énfasis en las amenazas a losderechos de las comunidades campesinas y nativas del país.

"Se siguió negando a los pueblos indígenas su derecho a dar un consentimiento libre, previo einformado sobre los proyectos de desarrollo que les afectaban", señala . En el caso de Bagua semantiene la situación de impunidad que recae sobre los responsables políticos que dieron la ordenpara iniciar el desalojo en la Curva del Diablo.

Asimismo, la sección dedicada a América Latina del Informe presenta un estado de mayor amenazapara los pueblos indígenas de la región.

"El legado de abusos generalizados contra sus derechos humanos y la falta de rendición de cuentasde los perpetradores contribuyeron a perpetuar la discriminación y la pobreza inveteradas encomunidades indígenas de toda la región", menciona.

"En Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, los indígenasconsiderados un obstáculo para los intereses comerciales fueron objeto de amenazas, acoso,desalojos forzosos, desplazamientos y homicidios a medida que el afán de explotación de losrecursos se intensificaba en las zonas que habitaban".

En Chile, por ejemplo, los mapuches no son reconocidos por la Constitución, pese a una insistentecampaña para que se respeten sus derechos. El informe consigna que hasta 34 presos mapuchesestuvieron en huelga de hambre para protestar por el uso de la legislación antiterrorista sobre sucomunidad.

En el caso de Brasil, el informe asegura que la población indígena continúa sufriendo discriminación,amenazas y violencia y que la situación fue especialmente grave en el estado de Mato Grosso doSul. También se recuerda que las autoridades brasileñas concedieron una licencia medioambiental ala represa hidroeléctrica de Belo Monte en el estado de Pará.

El proyecto generó un fuerte rechazo de las comunidades indígenas y grupos ecologistas. El informehace referencia también a la violencia policial, la cual profundiza las desigualdades en Brasil, juntocon las bandas de delincuentes en barrios marginales. Según estadísticas oficiales, en 2010 la policíamató a 885 personas en situaciones calificadas como actos de resistencia.

En Ecuador se presentaron cargos penales falsos contra defensores de los derechos humanos,incluidos dirigentes indígenas. De acuerdo con la información recabada por la organización, seformularon cargos de sabotaje y terrorismo contra esos activistas, en un intento de silenciar suoposición a las políticas del gobierno.

Sobre la situación de los pueblos indígenas, Amnistía Internacional sostiene que hubomanifestaciones multitudinarias contra el gobierno ecuatoriano, encabezadas muchas de ellas porcomunidades de pueblos originarios. Según el informe, en esas protestas se reprobaba la ausenciade un proceso claro para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre,previo e informado sobre proyectos de desarrollo o políticas y leyes que les afectan.

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Sobre Honduras se hace referencia a los diez periodistas asesinados en 2010 aunque, por ser muyreciente, excluye el homicidio de Héctor Francisco Medina Polanco, quien fue muerto a balazos a lasalida del canal Omega Visión, en la noche del pasado martes. El informe consigna que entre enero ydiciembre fueron asesinados al menos diez periodistas y que al finalizar el año nadie habíarespondido ante la Justicia por estos crímenes, en tanto que no se había implantado ningúnprograma efectivo de protección para periodistas en situación de riesgo.

Con respecto al golpe de Estado que derrocó al presidente electo constitucionalmente en 2009, elinforme dice que hubo pocos avances en la reparación de los daños que habían sufrido la protecciónde los derechos humanos y el Estado de derecho, tras ese ataque al sistema democrático. El nuevogobierno, que preside Porfirio Lobo, recibió críticas por no hacer rendir cuentas a los responsables deviolaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Con respecto a Venezuela, criticó la “represión” de la disidencia y la “intimidación” de activistas dederechos humanos y denunció “abusos y crímenes” cometidos por fuerzas de seguridad. AmnistíaInternacional también criticó al gobierno de Cuba por mantener “restricciones a la libertad deexpresión, asociación y reunión”.

Con información de Página12

Ver Informe 2011 completo. [1]

Informe Anual 2011. Perú

República del Perú Jefe del Estado y del gobierno: Alan García Pérez Pena de muerte: abolicionistapara los delitos comunes Población: 29,5 millones Esperanza de vida: 73,7 años Mortalidad infantil(‹5 años) (h/m): 38/27 por cada 1.000 Población adulta alfabetizada: 89,6 por cientoSe siguió negando a los pueblos indígenas su derecho a dar un consentimiento libre, previo einformado a los proyectos de desarrollo que les afectaban. Las autoridades no garantizaron justiciapara las víctimas de los sucesos de Bagua de 2009. Pese a algunos avances, persistía la impunidadpor violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Se continuaron negando los derechossexuales y reproductivos a las mujeres, especialmente a las indígenas y a las mujeres de ingresosbajos.

Información general

Hubo protestas generalizadas contra el impacto social y ambiental de diversos proyectos dedesarrollo en gran escala, como las realizadas en junio por un vertido de petróleo en el río Marañón,en la Amazonía peruana, y por otro de residuos tóxicos en el río Escalera, en la provincia deHuancavelica, así como las manifestaciones de septiembre por la construcción de una presa queafectaría al derecho al agua de la población del distrito de Espinar, en Cusco.

En respuesta, el presidente Alan García promulgó en septiembre un decreto ley que permitía eldespliegue del ejército para controlar las protestas civiles, lo que suscitó preocupación por laposibilidad de que aumentara el número de incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de loscuerpos de seguridad.

Se recibieron informes de enfrentamientos armados en la región andina entre miembros del grupoarmado de oposición Sendero Luminoso y el ejército y la policía.

Derechos de los pueblos indígenas

En junio, el presidente García se negó a promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a losPueblos Indígenas u Originarios, histórica ley que se había redactado con la participación de lascomunidades indígenas y que había sido aprobada por el Congreso en mayo. Las autoridades

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tampoco cumplieron una resolución dictada en junio por el Tribunal Constitucional en la que se pedíala creación de un marco para garantizar la consulta de los pueblos indígenas afectados porproyectos de desarrollo, con arreglo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Seotorgaron decenas de nuevas concesiones a empresas para la explotación de petróleo sin elconsentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.

Impunidad

Centenares de personas heridas y las familias de las 33 personas que perdieron la vida –entre ellas23 policías– en los enfrentamientos ocurridos en 2009 en un corte de carretera en Bagua, en laregión amazónica, seguían esperando a que se hiciera justicia. Se formularon cargos contra 109civiles, en su mayoría indígenas, y al menos 18 agentes de policía. Al concluir el año, los jueces aúnno habían determinado si existían pruebas suficientes para iniciar procedimientos contra losagentes.

•El dirigente indígena Segundo Alberto Pizango Chota, acusado en relación con la protesta de Bagua,permaneció detenido durante un día a su regreso del exilio en mayo y luego fue puesto en libertadbajo fianza. Al finalizar el año seguían pendientes los cargos penales formulados contra él y otroscuatro dirigentes indígenas.

•Dos sacerdotes extranjeros corrían el riesgo de ser expulsados del país debido a su labor dedefensa de los derechos de las comunidades locales frente a proyectos económicos en gran escala.Uno de ellos, el padre Bartolini, acusado de delitos contra la seguridad pública, fue absuelto endiciembre. En el mismo juicio, cinco dirigentes indígenas y comunitarios fueron declarados culpablesy condenados a penas condicionales de cuatro años de prisión. Al parecer, todos los cargos seformularon para obstaculizar la labor de derechos humanos de los acusados. Al finalizar el añoestaban pendientes los recursos contra las condenas.

Derechos laborales

Los sindicalistas Pedro Condori Laurente y Claudio Boza Huanhayo fueron puestos en libertadcondicional en julio, después de permanecer siete meses en prisión en espera de juicio por el cargoaparentemente infundado de matar a un policía durante una huelga minera en 2008 en la provinciade Huaronchiri. Al finalizar el año estaba pendiente un recurso contra la decisión de liberarlos.

Uso excesivo de la fuerza

En abril, cinco manifestantes murieron en Chala, provincia de Caraveli, departamento de Arequipa,durante una operación policial para controlar una manifestación contra unas medidas legislativassobre la minería informal que, según los manifestantes, limitarían sus actividades. Se formularoncargos contra el oficial al mando de la operación.

Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres, y especialmente las indígenas y las mujeres de ingresos bajos residentes en zonasrurales, siguieron teniendo obstáculos para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Aunque el Ministerio de Salud recurrió la sentencia de 2009 del Tribunal Constitucional por la queéste había resuelto que el Estado no debía suministrar la píldora del día siguiente, no se reanudó ladistribución de dicho anticonceptivo. Las autoridades no facilitaron a los profesionales de la saludningún protocolo sobre el aborto terapéutico, que era legal cuando corrían peligro la vida o la saludde la mujer.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el hecho de que el Estado no aplicaraun acuerdo de 2003 para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a más de 2.000 mujeres

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sometidas a esterilización forzada durante el mandato del ex presidente Alberto Fujimori(1990-2000).

Mortalidad materna

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó de un descenso significativo de la tasa demortalidad materna, anteriormente una de las más elevadas de la región. Sin embargo, suscitópreocupación el hecho de que la tasa no hubiera disminuido en las zonas rurales. Las cifras oficialesmostraban también que no había mejorado la situación de las mujeres de las zonas rurales quetenían problemas de transporte para llegar a centros de salud distantes.

Impunidad: violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

En septiembre se promulgaron varios decretos ley que, en la práctica, redujeron los avances paraabordar la impunidad alcanzados los 10 años anteriores. El Congreso votó a favor de revocar eldecreto ley 1097, que representaba una amnistía de hecho para los autores de violaciones dederechos humanos. Sin embargo, no fueron modificados otros dos decretos que permitían que losmiembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos fueran juzgadospor tribunales militares.

Siete años después de que se concluyera el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ypese a que hubo algunos progresos, se avanzaba con lentitud en garantizar la verdad, la justicia y lareparación.

Al finalizar el año seguían pendientes las reparaciones individuales, incluida la formalización de lapropiedad de las tierras concedidas a familiares y víctimas; esta última era una prioridad acordadapor el gobierno en 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En enero, la CorteSuprema de Justicia confirmó la condena impuesta al ex presidente Alberto Fujimori en 2009. Enoctubre, un grupo de miembros del escuadrón de la muerte “Grupo Colina” y de ex altos cargos delgobierno de Alberto Fujimori fueron declarados culpables del homicidio de 15 personas en 1991, asícomo de la desaparición forzada de 9 campesinos en la provincia de Santa, en la región de Ancash, yde Pedro Yauri en la provincia de Huaura, región de Lima, en 1992. Sin embargo, millares de casosmás seguían sin resolverse.

En noviembre comenzaron los juicios contra varios soldados acusados de matar a 69 personas en1985 en Accomarca, provincia de Vilcashuamán. Se descubrió una nueva fosa situada en terrenosdel cuartel Los Cabitos, provincia de Huamanga, y comenzaron las excavaciones en las fosascomunes de la provincia de Huanta, en el lugar donde se cometió la masacre de la Navidad de 1984en la que murieron 25 miembros de la comunidad indígena de Putka.

Condiciones de reclusión

Seguía abierta la prisión de Challapalca, en la provincia de Puno, situada a 4.600 metros sobre elnivel del mar, que estuvo clausurada entre 2005 y 2007. Pese a las garantías de las autoridades deque se iba a clausurar, en octubre aún albergaba a 131 reclusos. La inaccesibilidad de la prisiónlimitaba la capacidad de los presos para ejercer su derecho a recibir visitas de abogados y médicos.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

•Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por su secretario general visitó Perú enoctubre y se reunió con autoridades de los Ministerios de Salud, Justicia y Relaciones Exteriores, asícomo con miembros del Congreso.

•Perú: Bagua. Hay promesa de celebrar consultas, falta que se haga justicia (AMR 46/010/2010)

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