INFORME 2014/15 AM

NISTA INTERNACIONAL LA SITUACIN DE LOS DERECHOS HUM

ANOS EN EL MUNDO

14/15INFORME 2014/15 AMNISTA INTERNACIONAL LA SITUACIN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

II Informe 2014/15 Amnista Internacional

AMNISTA INTERNACIONAL Amnista Internacional es un movimiento global de ms de 7 millones de personas que trabajan en favor del respeto y la proteccin de los derechos humanos. Nuestra visin es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos proclamados en la Declaracin Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.

La misin de Amnista Internacional consiste en realizar labores de investigacin y accin centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra todos los derechos humanos -civiles, polticos, sociales, culturales y econmicos-. Tanto la libertad de expresin y asociacin como la integridad fsica y mental, tanto la proteccin frente a la discriminacin como el derecho a la vivienda: todos son derechos indivisibles.

Amnista Internacional se financia en gran medida con las contribuciones de su membresa y con donativos. No solicita ni acepta contribuciones de gobiernos para realizar su labor de investigacin y campaa en torno a los abusos contra los derechos humanos. Es independiente de todo gobierno, ideologa poltica, inters econmico y credo religioso. Es un movimiento democrtico cuyas decisiones fundamentales sobre polticas las toma en sus reuniones bienales el Consejo Internacional, compuesto por representantes de todas las Secciones de la organizacin. Encontrarn informacin actualizada en nuestra pgina web.

Edicin y traduccin al espaol: AILRC-ES, Valderribas, 13 28007 Madrid, Espaa Publicado en 2015. Originalmente en ingls por: Amnesty International Peter Benenson House 1 Easton Street, Londres WC1X ODW, Reino Unido amnesty.org

ISBN: 978-84-96462-44-1 Depsito legal: M-3605-2015

ndice: POL 10/001/2015

Impreso por: Artes Grficas ENCO, Madrid (Espaa)

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproduccin total o parcial de esta publicacin, as como su almacenamiento en sistemas de recuperacin de informacin y su transmisin en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrnico, mecnico, fotocopia, grabacin o de cualquier otro tipo, sin previa autorizacin de la editorial.

Este informe documenta las cuestiones de derechos humanos que motivaron el trabajo y la preocupacin de Amnista Internacional durante el ao 2014 en todo el mundo.

La ausencia de un apartado dentro de determinado pas o territorio no debe entenderse como una declaracin de que en ese pas no se produjeron violaciones de los derechos humanos de esa categora que fueran motivo de preocupacin para Amnista Internacional. De la misma manera, la extensin dedicada a cada pas no debe fundamentar comparacin alguna sobre el grado de preocupacin de Amnista Internacional.

amnesty.org/es

IIIInforme 2014/15 Amnista Internacional

14/15INFORME 2014/15 AMNISTA INTERNACIONALLA SITUACIN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

IV Informe 2014/15 Amnista Internacional

NDICE INFORME ANUAL 2014/15AbreviaturasVIPrefacioVIII

Parte 1. Prlogo y Perspectiva regionalPrlogo2Perspectiva Regional: frica6Perspectiva regional: Amrica16Perspectiva Regional: Asia y Oceana25Perspectiva regional: Europa y Asia Central35Perspectiva regional: Oriente Medio y Norte De frica44

Parte 2. PasesAfganistn54Albania57Alemania59Angola62Arabia Saud65Argelia69Argentina73Armenia75Australia76Austria78Azerbaiyn79Bahamas82Bahrin83Bangladesh86Blgica89Benn90Bielorrusia91Bolivia93Bosnia y Herzegovina96Brasil98Bruni Darussalam103Bulgaria104Burkina Faso106Burundi107Camboya109Camern113Canad115Chad117Chile120China123

Chipre130Colombia131Corea del Norte137Corea del Sur140Costa de Marfil142Croacia144Cuba146Dinamarca148Ecuador149Egipto151El Salvador157Emiratos rabes Unidos159Eritrea162Eslovaquia164Eslovenia166Espaa167Estados Unidos de Amrica170Estonia176Etiopa177Federacin Rusa181Filipinas187Finlandia190Fiyi191Francia192Gambia195Georgia198Ghana200Grecia201Guatemala204Guinea206Guinea-Bissau208Guinea Ecuatorial209Guyana211Hait212Honduras215Hungra217India219Indonesia225Irak229Irn234Irlanda240Israel y los Territorios Palestinos Ocupados242

VInforme 2014/15 Amnista Internacional

Italia247Jamaica250Japn252Jordania253Kazajistn256Kenia259Kirguistn263Kuwait266Laos268Letonia269Lbano270Libia273Lituania280Macedonia281Malaisia283Malawi285Maldivas286Mal288Malta290Marruecos y el Shara Occidental291Mauritania296Mxico298Moldavia304Mongolia305Montenegro306Mozambique308Myanmar310Namibia314Nauru316Nepal317Nicaragua319Nger321Nigeria322Noruega328Nueva Zelanda329Omn331Pases Bajos332Pakistn333Palestina339Panam342Papa Nueva Guinea343Paraguay345Per346Polonia349Portugal351Puerto Rico352Qatar353Reino Unido356

Repblica Centroafricana360Repblica Checa364Repblica del Congo366Repblica Democrtica del Congo368Repblica Dominicana372Ruanda375Rumania379Senegal382Serbia384Sierra Leona388Singapur391Siria392Somalia398Sri Lanka402Suazilandia405Sudfrica407Sudn412Sudn del Sur416Suecia420Suiza421Surinam423Tailandia423Taiwn427Tanzania429Tayikistn430Timor Oriental432Togo434Trinidad y Tobago436Tnez437Turkmenistn440Turqua442Ucrania447Uganda453Uruguay457Uzbekistn458Venezuela460Vietnam464Yemen466Zambia471Zimbabue472

VI Informe 2014/15 Amnista Internacional

ABREVIATURASACNURAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ASEANAsociacin de Naciones del Sudeste Asitico

CEDAWConvencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer

CEDEAOComunidad Econmica de Estados del frica Occidental

CIAAgencia Central de Inteligencia

CICRComit Internacional de la Cruz Roja

Convenio Europeo de Derechos HumanosConvenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales

CPICorte Penal Internacional

EPUExamen peridico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

LGBTILesbianas, gays, bisexuales, transgnero e intersexuales

OEAOrganizacin de los Estados Americanos

OMSOrganizacin Mundial de la Salud

ONGOrganizacin No Gubernamental

ONUNaciones Unidas

OSCEOrganizacin para la Seguridad y la Cooperacin en Europa

OTANOrganizacin del Tratado del Atlntico Norte

Relator especial sobre ejecuciones extrajudicialesRelator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Relator especial sobre la libertad de expresinRelator especial sobre la promocin y proteccin del derecho a la libertad de opinin y de expresin

Relator especial sobre la torturaRelator especial sobre la cuestin de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Relator especial sobre los pueblos indgenasRelator especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indgenas

UAUnin Africana

UEUnin Europea

UNICEFFondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VIIInforme 2014/15 Amnista Internacional

VIII Informe 2014/15 Amnista Internacional

PREFACIOEl Informe 2014/15 de Amnista Internacional documenta la situacin de los derechos humanos en el mundo durante 2014. Tambin recoge algunos acontecimientos importantes de 2013.

El prlogo, las cinco reseas regionales y el anlisis individual de los 160 pases y territorios que componen este informe dan testimonio del sufrimiento que muchas personas soportan durante un conflicto o al ser objeto de desplazamiento forzado, discriminacin o represin. Pero tambin reflejan la pujanza del movimiento de derechos humanos, y ponen de manifiesto que en determinadas reas se han hecho avances indiscutibles para proteger y garantizar esos derechos.

Si bien en todo momento se ha buscado garantizar la exactitud de la informacin aqu contenida, sta pudiera estar sujeta a cambios sin previo aviso.

1Informe 2014/15 Amnista Internacional

14/15INFORME 2014/15 AMNISTA INTERNACIONALPRIMERA PARTE: PRLOGO Y PERSPECTIVA REGIONAL

2 Informe 2014/15 Amnista Internacional

PRLOGOLos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados transformaron Yarmuk, mi barrio de Damasco, en un hervidero. Haba muchsimo movimiento. Yarmuk se convirti en un refugio para la gente que hua de otros barrios.Yo realizaba labores de asistencia humanitaria y de activismo en los medios, pero los hombres del rostro cubierto no hacan distingos entre los trabajadores humanitarios y los combatientes de grupos armados de oposicin. Cada vez detenan a ms amigos mos, y me escond.

Decid que era hora de salir de all e hice las maletas. Pero, adnde iba a ir? A los refugiados palestinos de Siria no se nos permite entrar en ningn pas sin visado.

Pens que quiz Lbano sera la opcin menos difcil, pero o que all los refugiados palestinos sufran racismo y estaban privados de muchos de sus derechos.Refugiado palestino de Siria que finalmente huy a Europa a travs de Egipto, Turqua y una peligrosa travesa por mar hasta Italia

ste ha sido un ao demoledor para quienes intentaron defender los derechos humanos y quienes quedaron atrapados en el sufrimiento de las zonas en guerra.

A los gobiernos se les llena la boca hablando de la importancia de proteger a la poblacin civil. Y, sin embargo, los polticos del mundo han fracasado lamentablemente a la hora de proteger a las personas que ms lo necesitan. Amnista Internacional considera que se puede y se debe cambiar esto de una vez por todas.

El derecho internacional humanitario, que regula la conducta de las partes en los conflictos armados, no puede ser ms claro al respecto. Los ataques no deben dirigirse nunca contra civiles. El principio de distincin entre civiles y combatientes es una salvaguardia fundamental para las personas atrapadas en los horrores de la guerra.

Sin embargo, una vez ms, la poblacin civil volvi a llevarse la peor parte del conflicto. En el ao en que se conmemora el vigsimo aniversario del genocidio de Ruanda, los polticos pisotearon reiteradamente las normas que protegen a los civiles o miraron hacia otro lado ante quienes infringan estas normas con consecuencias letales.

El Consejo de Seguridad de la ONU haba eludido reiteradamente abordar la crisis de Siria en aos anteriores, cuando an se podran haber salvado innumerables vidas. Esa inaccin continu en 2014. Durante

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los ltimos cuatro aos han muerto ms de 200.000 personas, en su gran mayora civiles, principalmente en ataques de las fuerzas gubernamentales. Alrededor de 4 millones de personas procedentes de Siria son ahora refugiados en otros pases, y ms de 7,6 millones se encuentran desplazadas dentro de Siria.

La crisis de Siria est muy ligada a la de su vecino Irak. El grupo armado autodenominado Estado Islmico (anteriormente Estado Islmico de Irak y el Levante), responsable de crmenes de guerra en Siria, ha llevado a cabo secuestros, homicidios a modo de ejecuciones y una limpieza tnica a gran escala en el norte de Irak. En paralelo, las milicias chies de Irak han perpetrado decenas de secuestros y homicidios de civiles sunes con el apoyo tcito del gobierno iraqu.

El ataque contra Gaza perpetrado en julio por las fuerzas israeles se cobr la vida de 2.000 palestinos. Y, de nuevo, la mayora al menos 1.500 eran civiles. Tal como Amnista Internacional expuso en un anlisis detallado, se aplic una poltica marcada por una cruel indiferencia y que implic crmenes de guerra. Hams tambin cometi crmenes de guerra, disparando cohetes indiscriminadamente contra Israel en acciones que causaron seis muertos.

En Nigeria, el conflicto del norte entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado Boko Haram salt a las portadas de la prensa mundial con uno de los innumerables crmenes cometidos por el grupo: el secuestro de 276 nias en una escuela de la ciudad de Chibok. Ms desapercibidos pasaron los crmenes espantosos algunos grabados en vdeo perpetrados por las fuerzas de seguridad nigerianas y sus colaboradores contra presuntos miembros o partidarios de Boko Haram y que Amnista Internacional revel en agosto. Los cadveres de las personas asesinadas fueron arrojados a una fosa comn.

En la Repblica Centroafricana, ms de 5.000 personas murieron a causa de la

violencia sectaria, pese a la presencia de las fuerzas internacionales. La tortura, las violaciones y los asesinatos en masa apenas aparecieron en las portadas de la prensa mundial. Aunque, de nuevo, la mayora de las vctimas mortales eran civiles.

Y en Sudn del Sur, el Estado ms joven del mundo, decenas de miles de civiles fueron vctimas de homicidio, y dos millones huyeron de sus hogares durante el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y las de oposicin. Ambas partes cometieron crmenes de guerra y crmenes contra la humanidad.

La lista precedente, como muestra claramente este ltimo informe anual sobre la situacin de los derechos humanos en 160 pases, apenas constituye una aproximacin superficial. Habr quienes sostengan que no se puede hacer nada, que las guerras siempre se han librado a expensas de la poblacin civil, y que nada puede cambiar nunca.

Se equivocan. Es esencial abordar las violaciones de derechos humanos cometidas contra la poblacin civil y llevar a sus responsables ante la justicia.Hay una medida obvia y prctica en espera de adopcin: Amnista Internacional ha acogido con satisfaccin la propuesta respaldada ya por unos 40 gobiernos de que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte un cdigo de conducta en el que se acuerde la abstencin voluntaria de utilizar el veto cuando ello bloquee la actuacin del Consejo de Seguridad en situaciones de genocidio, crmenes de guerra y crmenes contra la humanidad.

Sera un primer paso importante, y podra salvar muchas vidas.

No obstante, no slo no se evit que se cometieran atrocidades en gran escala. Tambin se neg ayuda directa a los millones de personas que huyeron de la violencia que asolaba sus pueblos y ciudades.

Los gobiernos que con ms insistencia han alzado la voz para denunciar la inaccin de otros gobiernos se han mostrado

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despus reticentes a dar un paso adelante y proporcionar la ayuda esencial que esos refugiados requieren, tanto en trminos de ayuda econmica como en lo que se refiere a su reasentamiento. Al concluir 2014, menos del dos por ciento de las personas refugiadas sirias haban sido reasentadas, una cifra que como mnimo debe triplicarse en 2015.

Entre tanto, un gran nmero de personas refugiadas y migrantes estn perdiendo la vida en el Mediterrneo, tratando desesperadamente de alcanzar las costas europeas. La falta de apoyo de algunos Estados miembros de la Unin Europea a las operaciones de bsqueda y salvamento ha contribuido al alarmante nmero de vctimas mortales.

Una medida que se podra tomar para proteger a la poblacin civil durante los conflictos sera restringir ms el uso de armas explosivas en las zonas pobladas. Esto habra salvado muchas vidas en Ucrania, donde tanto los separatistas respaldados por Rusia (pese a los poco convincentes desmentidos de Mosc sobre su participacin) como las fuerzas favorables a Kiev efectuaron ataques selectivos contra barrios civiles.

La importancia de las normas sobre proteccin de la poblacin civil estriba en garantizar que, en caso de que esas normas se incumplan, la rendicin de cuentas y la justicia sean reales. En este contexto, Amnista Internacional acoge con satisfaccin la decisin del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, de iniciar una investigacin internacional sobre las denuncias de violaciones y abusos contra los derechos humanos perpetrados durante el conflicto de Sri Lanka, donde en los ltimos meses de 2009 decenas de miles de civiles fueron vctimas de homicidio. Amnista Internacional lleva cinco aos haciendo campaa en favor de esa investigacin. Sin una rendicin de cuentas as, no podemos avanzar.

En otros mbitos de los derechos humanos sigui haciendo falta mejorar. En Mxico, la desaparicin forzada de 43 estudiantes en

septiembre vino a incrementar trgicamente la cifra de ms de 22.000 personas que se encuentran desaparecidas o en paradero desconocido en el pas desde 2006. Se cree que la mayora han sido secuestradas por bandas delictivas, pero, segn informes, muchas han sido sometidas a desaparicin forzada por la polica y el ejrcito, que a veces actan en connivencia con esas bandas. Las pocas vctimas cuyos restos se han hallado mostraban seales de haber sufrido tortura y otros malos tratos. Las autoridades federales y estatales no han llevado a cabo investigaciones sobre esos delitos para establecer la posible participacin en ellos de agentes estatales y garantizar recurso judicial efectivo a las vctimas y sus familias. Adems de esta falta de respuesta, el gobierno ha intentado encubrir la crisis de derechos humanos, y los ndices de impunidad, corrupcin y militarizacin han aumentado.

En 2014, gobiernos de muchas partes del mundo continuaron reprimiendo a las ONG y la sociedad civil, lo que en cierto modo supona un perverso cumplido a la importancia de su papel. La Federacin Rusa aument su poder represor con la escalofriante ley de agentes extranjeros, en la que resuenan ecos de la Guerra Fra. Las ONG fueron vctimas de una dura campaa de represin en Egipto, donde se us la Ley de Asociaciones de la era Mubarak para transmitir enrgicamente el mensaje de que el gobierno no tolerara ningn tipo de disidencia. Organizaciones de derechos humanos destacadas tuvieron que retirarse del examen peridico universal del historial de derechos humanos de Egipto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por miedo a sufrir represalias.

Como en numerosas ocasiones anteriores, las personas que acudieron a protestas y manifestaciones hicieron gala de valenta pese a las amenazas y la violencia dirigidas contra ellas. En Hong Kong, decenas de miles desafiaron las amenazas oficiales y se enfrentaron al uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de la polica en lo que dio

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en llamarse la revolucin de los paraguas, ejerciendo sus derechos bsicos a la libertad de expresin y reunin.

A las organizaciones de derechos humanos se nos acusa a veces de ser demasiado ambiciosas en nuestros sueos de generar cambio. Pero debemos recordar que es posible lograr cosas extraordinarias. El 24 de diciembre entr en vigor el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, tras haber cruzado, tres meses antes, el umbral de las 50 ratificaciones.

Amnista Internacional y otras organizaciones haban hecho campaa en favor de este tratado durante 20 aos. Una y otra vez se nos dijo que un tratado as era inalcanzable. Ahora el tratado existe, y prohibir la venta de armas a quienes pudieran usarlas para cometer atrocidades. Por tanto, puede desempear un papel fundamental en los aos venideros, en los que su aplicacin ser una cuestin fundamental.

En 2014 se cumplieron 30 aos de la adopcin de la Convencin de la ONU contra la Tortura, otra convencin en favor de la cual Amnista Internacional hizo campaa durante muchos aos, y uno de los motivos por los que en 1977 la organizacin recibi el premio Nobel de la Paz.

Este aniversario fue, por un lado, algo que celebrar, pero fue tambin una ocasin para sealar que la tortura sigue estando muy extendida en todo el mundo, motivo por el cual Amnista Internacional lanz este ao su campaa mundial Stop Tortura.

Este mensaje contra la tortura adquiri especial resonancia tras la publicacin en diciembre de un informe del Senado de Estados Unidos que demostraba que, durante los aos posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el pas, existi una disposicin a justificar la tortura. Asombrosamente, algunas de las personas responsables de los actos criminales de tortura an parecan seguir creyendo que no tenan nada de qu avergonzarse.

Desde Washington a Damasco y desde Abuja a Colombo, los lderes gubernamentales han justificado terribles violaciones de derechos humanos arguyendo la necesidad de mantener la "seguridad" en el pas. En realidad, ocurre lo contrario. Esas violaciones de derechos humanos son un motivo importante por el que hoy en da vivimos en un mundo tan peligroso. Sin derechos humanos no puede haber seguridad.

Hemos visto una y otra vez que, aun en pocas que parecen funestas para los derechos humanos y quiz especialmente en esas pocas, es posible generar un cambio extraordinario.

Debemos esperar que, cuando en aos venideros miremos hacia 2014, lo que hemos vivido este ao se considere un nadir el punto ms bajo alcanzable a partir del cual nos hayamos alzado y creado un futuro mejor.

Salil Shetty, secretario general

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PERSPECTIVA REGIONAL: FRICAMientras frica recordaba el 20 aniversario del genocidio de Ruanda, gran parte del continente se vio afectado en 2014 por violentos conflictos, que estallaron o se intensificaron de modo especialmente sangriento en Repblica Centroafricana, Sudn del Sur y Nigeria, y continuaron sin resolverse en Repblica Democrtica del Congo, Sudn y Somalia.

Estos conflictos fueron acompaados de violaciones persistentes y flagrantes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los conflictos armados generaron los crmenes ms graves imaginables, injusticia y represin. La marginacin, la discriminacin y la persistente negacin de otras libertades fundamentales y otros derechos socioeconmicos bsicos crearon a su vez terrenos frtiles para nuevos conflictos e inestabilidad.

En muchos aspectos, se sigui considerando a frica como una regin en alza. El contexto y el paisaje del desarrollo estaban cambiando en muchos pases. En 2014, los cambios sociales, medioambientales y econmicos seguan recorriendo rpidamente el continente. El crecimiento demogrfico acelerado, el veloz auge econmico y la urbanizacin se combinaron para alterar la vida y los medios de sustento de la gente a un ritmo notable. Muchos Estados africanos realizaron grandes progresos para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU pese a importantes desafos. El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2014 para frica revel que 8 de los 10 primeros pases del mundo que ms rpido avanzaban para cumplir los objetivos estaban en frica.

Sin embargo, muchos indicadores constituyeron amargos recordatorios de que el rpido crecimiento econmico no haba mejorado las condiciones de vida

de muchas personas. Aunque el ndice de pobreza general en frica descendi en el ltimo decenio, aument el nmero total de africanos que vivan por debajo del umbral de pobreza (1,25 dlares estadounidenses al da). Dos de los pases asolados por conflictos albergaban a casi el 40 por ciento de los pobres del continente: Nigeria (25,89 por ciento) y Repblica Democrtica del Congo (13,6 por ciento). frica presentaba una de las tasas de desempleo juvenil ms altas del mundo y segua siendo la segunda regin del mundo en desigualdades, despus de Amrica Latina. Todos estos factores indicaban un nexo entre conflictos y fragilidad, por una parte, y negacin de derechos socioeconmicos bsicos y exclusin social, desigualdad y ahondamiento de la pobreza, por otra.

En 2014 fue evidente que la represin y la persistente negacin de derechos humanos fundamentales contribuan a la inestabilidad y a los conflictos violentos, como se demostr en Burkina Faso, Repblica Centroafricana, Sudn y Sudn del Sur. La tendencia a la represin y a la reduccin del espacio poltico continu en muchos pases africanos durante el ao. En varios de ellos, las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza excesiva a manifestaciones y protestas pacficas. En muchsimos lugares, la libertad de expresin, de asociacin y de reunin pacfica continu sometida a severas restricciones. La tendencia fue visible no slo en pases dirigidos por gobiernos autoritarios sino tambin en otros menos autoritarios y en los que estaban en plena transicin poltica o se disponan a emprenderla.

Muchos pases africanos, entre ellos Kenia, Somalia, Nigeria, Mal y pases de la regin del Sahel, hicieron frente en 2014 a graves desafos de seguridad, consecuencia directa del aumento de la violencia de grupos armados radicales, como Al Shabaab y Boko Haram. Decenas de miles de civiles perdieron la vida, centenares fueron secuestrados y un nmero incalculable segua viviendo en un estado de miedo y de inseguridad.

7Informe 2014/15 Amnista Internacional

Pero la respuesta de muchos gobiernos fue igualmente brutal e indiscriminada y dio lugar a detenciones y reclusiones arbitrarias masivas y a ejecuciones extrajudiciales. El ao termin con la promulgacin en Kenia de la Ley sobre Leyes de Seguridad (Enmienda) de 2014, que modific 22 disposiciones legales y tendr consecuencias de gran alcance para los derechos humanos.

Otro elemento comn a las situaciones de conflicto en toda la regin de frica fue la impunidad por crmenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos armados. En 2014 no slo continu sin tregua el ciclo de impunidad, como en Nigeria, Repblica Centroafricana, Repblica Democrtica del Congo, Somalia, Sudn y Sudn del Sur, sino que el ao se caracteriz asimismo por la virulenta reaccin poltica contra la Corte Penal Internacional. Tambin se observ un impulso poltico sin precedentes en frica para defender la inmunidad procesal de los jefes de Estado y funcionarios en ejercicio por crmenes de lesa humanidad y otros crmenes de derecho internacional. Esta ofensiva culmin con una enmienda regresiva al Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, que conceda inmunidad ante la Corte a los jefes de Estado en ejercicio y otros altos cargos.

En 2014 se conmemor el dcimo aniversario del establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unin Africana (UA), el rgano permanente de toma de decisiones para la prevencin, la gestin y la resolucin de conflictos de la UA en frica. La UA y su Consejo de Paz y Seguridad dieron algunos pasos notables para responder a los conflictos que surgan en frica, como el despliegue de la Misin Internacional de Apoyo a la Repblica Centroafricana (MISCA), el establecimiento de una comisin de investigacin sobre Sudn del Sur, el nombramiento de la enviada especial para la mujer, la paz y la seguridad, y varias declaraciones polticas que condenaron la

violencia y los ataques contra la poblacin civil. Pero, en muchos casos, estas iniciativas parecieron demasiado insignificantes y demasiado tardas, e indicaron carencias en la capacidad de la UA para responder a los conflictos. En algunos casos tambin se denunci la complicidad de misiones de mantenimiento de la paz de la UA en graves violaciones de derechos humanos, como ocurri con la MISCA y en concreto con su contingente chadiano, que se retir de la misin en Repblica Centroafricana despus de denuncias de esa ndole.

No obstante, la ausencia de medidas para abordar los desafos que planteaban los conflictos en frica no se limit al mbito de la Unin Africana. En Repblica Centroafricana, por ejemplo, la ONU dio largas al asunto antes de enviar finalmente una fuerza de mantenimiento de la paz que, aunque salv muchas vidas, todava no contaba con todos los recursos necesarios para detener la continua oleada de violaciones de derechos humanos y abusos. En otras ocasiones, la respuesta fue el silencio. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no respondi de manera eficaz a los conflictos de Sudn, por ejemplo, pese a la imperiosa necesidad de observacin, presentacin de informes y rendicin de cuentas independientes sobre la situacin de los derechos humanos. En Darfur, el secretario general de la ONU anunci en julio una revisin de las investigaciones sobre la Misin de la ONU en Darfur (UNAMID), respondiendo a denuncias segn las cuales personal de la UNAMID haba ocultado abusos contra los derechos humanos.

Para abordar los crecientes desafos que plantean los conflictos en frica es preciso un cambio urgente y fundamental en la voluntad poltica de los lderes africanos, as como esfuerzos concertados de mbito nacional, regional e internacional para poner fin al ciclo de impunidad y abordar las causas subyacentes de la inseguridad y los conflictos. De lo contrario, la visin de silenciar las armas antes de 2020 en la

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regin seguir siendo un sueo insincero e inalcanzable.

CONFLICTOS: COSTES Y VULNERABILIDADLos conflictos y la inseguridad malograron la vida de innumerables personas en frica y, con diversos grados de intensidad, afectaron a casi todos los pases. Estos conflictos se caracterizaron por persistentes abusos y atrocidades cometidos por fuerzas gubernamentales y por grupos armados.

Repblica Centroafricana se vio asolada por un ciclo de violencia sectaria y atrocidades masivas, que incluy homicidios, tortura, violacin, mutilacin de cuerpos, secuestros, desplazamiento forzado y reclutamiento y uso de nios y nias soldados. A pesar del alto el fuego firmado en julio y del despliegue de una misin de mantenimiento de la paz de la ONU en septiembre, los ltimos meses de 2014 estuvieron marcados por una creciente oleada de ataques en las regiones centrales del pas. La poblacin civil sufri diversos abusos contra los derechos humanos durante un recrudecimiento del conflicto entre diferentes grupos armados. Un nuevo estallido de violencia afect a la capital, Bangui, en octubre. Todas las partes Seleka, milicias antibalaka y grupos armados del grupo tnico peul actuaron de forma sistemtica y con impunidad contra civiles. El despliegue de la Misin Multidimensional Integrada de Estabilizacin de la ONU en la Repblica Centroafricana (MINUSCA) en septiembre hizo concebir esperanzas de cambio, pero slo un mes despus se registr una considerable escalada de la violencia en todo el pas. Estos hechos demostraron la evidente necesidad de reforzar la capacidad y reactividad de las fuerzas internacionales sobre el terreno.

En el vecino Sudn del Sur, decenas de miles de personas muchas de ellas civiles perdieron la vida y 1,8 millones se vieron obligadas a huir de sus hogares en el marco del conflicto que estall en diciembre

de 2013. Las fuerzas del gobierno y de la oposicin demostraron un total desprecio por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y cometieron crmenes de guerra y crmenes de lesa humanidad. Todas las partes en el conflicto atacaron y mataron a civiles a causa de su etnia, incluso a quienes haban buscado seguridad en lugares de culto y hospitales. La violencia sexual era generalizada, y tambin eran endmicos los saqueos y la destruccin de bienes. A pesar de la magnitud de los abusos, y aun cuando millones de personas continuaban en situacin de riesgo de hambruna y enfermedades, las dos partes hicieron caso omiso de varios acuerdos de alto el fuego. El ao termin sin ninguna seal digna de mencin de que se abordara la impunidad, incluida la publicacin de las conclusiones de la comisin de investigacin de la UA sobre Sudn del Sur, que seguan sin darse a conocer.

Al intensificar el grupo islamista Boko Haram su campaa de violencia en 2013, se recrudeci el conflicto armado en el nordeste de Nigeria, tanto en alcance como en vctimas mortales, lo que ilustr claramente las amenazas para la estabilidad del pas ms poblado de frica y para la paz y la seguridad regionales. En 2014, el conflicto se agudiz en ciudades ms pequeas y otras poblaciones, y el nmero de vctimas mortales entre la poblacin civil ascenda a ms de 4.000 desde 2009. El secuestro de 276 nias de una escuela perpetrado en abril por Boko Haram fue un hito en la campaa de terror del grupo contra la poblacin civil, que continu con toda su intensidad. Por otro lado, comunidades ya aterrorizadas desde haca aos por Boko Haram se volvieron cada vez ms vulnerables a violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, que de forma habitual respondan con ataques contundentes e indiscriminados y con detenciones arbitrarias en masa, palizas y tortura. Horripilantes filmaciones en vdeo, imgenes y relatos de testigos presenciales

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recogidos por Amnista Internacional proporcionaron pruebas adicionales de probables crmenes de guerra, crmenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por todas las partes.

La tortura y otros malos tratos eran prcticas habituales y sistemticas de los servicios de seguridad de Nigeria en todo el pas, y no slo en el contexto del conflicto en el nordeste. Los funcionarios de seguridad casi nunca rendan cuentas. La constante de detenciones arbitrarias y reclusiones masivas llevadas a cabo por las fuerzas armadas en el nordeste se intensific visiblemente tras la declaracin del estado de excepcin en mayo de 2013, y al terminar el ao seguan recibindose noticias de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares y policas.

Mientras tanto, no pareca vislumbrarse resolucin alguna para conflictos ya dilatados.

Los conflictos de Sudn en Darfur, Kordofn del Sur y Nilo Azul continuaron con igual intensidad y se propagaron a Kordofn del Norte. Todas las partes cometieron violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En Darfur, los abusos y la violencia generalizados entre comunidades enfrentadas y los ataques de milicias aliadas del gobierno y de grupos armados de oposicin desencadenaron un considerable aumento de los desplazamientos y de las muertes de civiles.

La intensificacin de la violencia de los grupos armados en el este de Repblica Democrtica del Congo, en el contexto de la Operacin Sokola 1, se cobr miles de vidas y oblig a ms de un milln de personas a huir de sus hogares. El aumento de la violencia se caracteriz tambin por homicidios y violaciones en masa cometidos tanto por fuerzas de seguridad del gobierno como por grupos armados.

En el sur y el centro de Somalia, ms de 100.000 civiles perdieron la vida, resultaron heridos o fueron desplazados en el marco del conflicto armado que enfrentaba a fuerzas

progubernamentales y de la Misin de la Unin Africana en Somalia (AMISOM) con el grupo armado islamista Al Shabaab. Todas las partes en el conflicto violaron el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los grupos armados reclutaron por la fuerza a personas, incluidos nios y nias, y secuestraron, torturaron y mataron ilegtimamente a otras. La violacin y otras formas de violencia sexual eran prcticas muy extendidas. La situacin humanitaria experiment un rpido deterioro debido al conflicto, la sequa y la reduccin del acceso a la ayuda humanitaria. Al terminar 2014, ms de un milln de personas estaban en situacin de crisis humanitaria y otros 2,1 millones necesitaban asistencia.

Tambin podan apreciarse seales que alertaban de conflictos futuros. La regin del Sahel segua siendo especialmente inestable, debido a los efectos combinados de la inseguridad poltica, el aumento de los grupos armados radicales y la delincuencia organizada, la pobreza extrema y la exclusin social. Uno de estos casos era el de Mal, donde el conflicto armado interno dej al pas en una situacin de persistente inseguridad, sobre todo en el norte, donde algunas zonas continuaron fuera del control de las autoridades. A pesar de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y los grupos armados en 2013, estos grupos cometieron abusos como secuestros y homicidios, y en 2014 persistieron los estallidos de violencia aun cuando proseguan las conversaciones de paz entre el gobierno y los grupos armados.

La violencia y la inseguridad aumentaron debido al recrudecimiento de los actos de terrorismo como en Somalia, Kenia, Nigeria y toda la regin del Sahel a los que en muchos casos las fuerzas gubernamentales respondieron con graves violaciones de derechos humanos. Entre los abusos cometidos por los grupos armados se contaban homicidios ilegtimos, secuestros, tortura y ataques indiscriminados. En Somalia, facciones de Al Shabaab torturaron

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y mataron ilegtimamente a personas a las que acusaron de espiar o de no plegarse a su estricta interpretacin de la ley islmica. Mataron a personas en pblico en algunos casos por lapidacin y llevaron a cabo amputaciones y flagelaciones. Tambin en Camern, grupos islamistas nigerianos, entre ellos Boko Haram, mataron a civiles, llevaron a cabo tomas de rehenes y secuestros y atacaron a defensores y defensoras de los derechos humanos.

REDUCCIN DEL ESPACIO POLTICO Y NEGACIN PERSISTENTE DE DERECHOS FUNDAMENTALESLa tendencia a la represin y a la reduccin del espacio poltico continu durante el ao en muchsimos pases de frica.

En Eritrea no estaban permitidas las actividades de partidos polticos de oposicin, medios de comunicacin independientes ni organizaciones de la sociedad civil, y miles de presos de conciencia y presos polticos continuaron sometidos a reclusin arbitraria. En Etiopa se reanudaron las acciones contra los medios de comunicacin independientes, incluidos blogueros y periodistas, y las detenciones de miembros de partidos opositores y manifestantes pacficos. El espacio para la crtica de la poltica del gobierno en materia de derechos humanos por parte de la sociedad civil era casi inexistente en Ruanda. En Burundi, las voces crticas, incluidas las de miembros de la oposicin, activistas de la sociedad civil, abogados y periodistas, sufrieron restricciones al acercarse las elecciones de 2015. La libertad de reunin y de asociacin fue objeto de restricciones, y la prohibicin de reuniones y marchas era habitual.

En Gambia, el presidente Yahya Jammeh conmemor su 20 aniversario en el poder, dos decenios caracterizados por una severa intolerancia de la disidencia en cuyo marco periodistas, oponentes polticos y defensores y defensoras de los derechos humanos seguan siendo objeto de intimidacin y tortura. El ao termin con un intento de golpe de Estado

la noche del 30 de diciembre, que dio lugar a decenas de detenciones y a la represin generalizada de medios de comunicacin. En Burkina Faso tom posesin en noviembre un gobierno de transicin para conducir al pas a la celebracin de elecciones legislativas y presidenciales en 2015. Este cambio tuvo lugar tras el derrocamiento del ex presidente Blaise Compaor a raz de las protestas populares generalizadas contra un proyecto de ley que pretenda modificar la Constitucin.

Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza excesiva a manifestaciones y protestas en Angola, Burkina Faso, Chad, Guinea, Senegal y Togo, entre otros pases. En la mayora de los casos, las autoridades no investigaron el uso excesivo de la fuerza y nadie rindi cuentas.

En muchos pases, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y oponentes polticos estuvieron constantemente expuestos a amenazas, detencin y reclusin arbitrarias, palizas, tortura, desapariciones forzadas e incluso muerte a manos de agentes gubernamentales o de grupos armados. El derecho a la libertad de expresin, de asociacin y de reunin pacfica se reprimi o restringi en Angola, Burkina Faso, Camern, Chad, Eritrea, Etiopa, Gambia, Guinea, Mauritania, Ruanda, Somalia, Suazilandia, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.

En Angola, Burundi y Gambia, nuevas leyes y otras formas de regulacin restringieron an ms el trabajo de los medios de comunicacin y de la sociedad civil.

En Sudn, la libertad de expresin, de asociacin y de reunin pacfica sigui siendo objeto de graves restricciones a pesar del compromiso expreso del gobierno de iniciar un dilogo nacional para alcanzar la paz en el pas y proteger los derechos constitucionales. El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y otras fuerzas de seguridad continuaron recluyendo arbitrariamente a supuestos oponentes del gobernante Partido del Congreso Nacional, censurando a los

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medios de comunicacin, cerrando foros pblicos y acallando protestas.

El Servicio de Seguridad Nacional de Sudn del Sur confisc y cerr peridicos y hostig, intimid y recluy ilegalmente a periodistas, en una serie de medidas de represin que restringieron la libertad de expresin y limitaron el debate pblico sobre la manera de poner fin al conflicto armado. El Parlamento aprob un proyecto de Ley del Servicio de Seguridad Nacional que conceda a este organismo amplios poderes, incluido el de detener y recluir, sin disposiciones adecuadas sobre supervisin independiente ni salvaguardias contra los abusos, y que estaba en espera de la sancin presidencial para entrar en vigor.

IMPUNIDAD: SIN GARANTAS DE JUSTICIALa impunidad fue un denominador comn en los conflictos armados de frica, y las personas sospechosas de responsabilidad penal en crmenes de derecho internacional casi nunca rindieron cuentas.

En Repblica Centroafricana se llevaron a cabo algunas detenciones de miembros de bajo rango de grupos armados, en tanto que la fiscal de la Corte Penal Internacional anunci la apertura de un nuevo examen preliminar sobre la violencia. Sin embargo, estos signos de esperanza eran la excepcin, y la impunidad sigui alimentando el conflicto en Repblica Centroafricana. Casi todos los lderes de grupos armados sospechosos de crmenes de derecho internacional cometidos en el pas continuaban en libertad al terminar el ao.

En Repblica Democrtica del Congo, las iniciativas para garantizar la rendicin de cuentas por crmenes de derecho internacional cometidos por el ejrcito congoleo y los grupos armados cosecharon escasos resultados visibles. El juicio de soldados congoleos ante un tribunal militar por la violacin en masa de ms de 130 mujeres y nias, as como por los asesinatos y saqueos perpetrados en Minova, concluy

con slo dos sentencias condenatorias por violacin de los 39 soldados juzgados. Otros acusados fueron declarados culpables de asesinato, saqueo y delitos de ndole militar.

La inexistencia de garantas de rendicin de cuentas tambin era un problema sistmico en las zonas no afectadas por conflictos, donde los autores de violaciones de derechos humanos podan actuar en gran medida libremente. La tortura y otros malos tratos persistan en pases como Eritrea, Etiopa, Gambia, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Nigeria y Togo, en gran parte debido a la falta de garantas de rendicin de cuentas por estos delitos.

Las iniciativas para garantizar la rendicin de cuentas por crmenes de derecho internacional, incluidos crmenes de lesa humanidad, cometidos durante la violencia postelectoral de 2007-2008 en Kenia siguieron siendo insuficientes. En la Corte Penal Internacional continu el juicio del vicepresidente Samoei Ruto y de Joshua Arap Sang, aunque menoscabado por denuncias de intimidacin y soborno de testigos. Los cargos contra el presidente Uhuru Kenyatta se retiraron tras desestimarse una peticin de constatacin de no cooperacin del gobierno de Kenia presentada por la fiscal de la Corte Penal Internacional. En el mbito nacional, no se registraron avances en cuanto a garantizar la rendicin de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la violencia postelectoral.

Por otro lado, la Corte Penal Internacional confirm en 2014 la sentencia y la condena en el caso de Thomas Lubanga Dyilo, que fue declarado culpable en 2012 de los crmenes de guerra de alistar y reclutar a menores de 15 aos y utilizarlos para participar activamente en las hostilidades de Repblica Democrtica del Congo. Adems, Germain Katanga, jefe de la Fuerza de Resistencia Patritica en Ituri, fue declarado culpable de crmenes de lesa humanidad y crmenes de guerra y condenado a un total de 12 aos de prisin. La Corte Penal Internacional confirm los cargos contra Bosco Ntaganda por

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crmenes de lesa humanidad y crmenes de guerra, incluidos delitos de violencia sexual, presuntamente cometidos en 2002-2003 en Ituri (Repblica Democrtica del Congo). El juicio estaba previsto para junio de 2015. La Corte Penal Internacional confirm en junio los cargos contra el ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, acusado de crmenes de lesa humanidad. El juicio estaba previsto para julio de 2015.

Entre las nuevas iniciativas nacionales para combatir la impunidad por crmenes de derecho internacional figuraba la apertura de una investigacin en Mal sobre casos de desaparicin forzada. El ex presidente de Chad, Hissne Habr, permaneca bajo custodia en Senegal en espera de juicio ante las Salas Africanas Extraordinarias (creadas por la Unin Africana) tras su detencin en julio de 2013 por cargos de crmenes de lesa humanidad y crmenes de guerra cometidos en Chad entre 1982 y 1990.

En marzo, Costa de Marfil entreg a la Corte Penal Internacional a Charles Bl Goud, acusado de crmenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia postelectoral de 2010. En diciembre, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional confirm cuatro cargos de crmenes de lesa humanidad y remiti el caso a una sala de primera instancia para su juicio. En diciembre, la Sala de Cuestiones Preliminares rechaz la impugnacin de Costa de Marfil sobre la admisibilidad de la causa incoada contra Simone Gbagbo, que era sospechoso de la comisin de crmenes de lesa humanidad.

Una novedad alentadora fue la aprobacin en octubre de una decisin histrica sobre la jurisdiccin universal por el Tribunal Constitucional de Sudfrica en la causa del director general nacional del Servicio de Polica de Sudfrica contra el Centro de Recursos Judiciales sobre Derechos Humanos del frica Austral y otros. En esa sentencia, el Tribunal fall que las denuncias de tortura cometida en Zimbabue por y contra ciudadanos zimbabuenses deban

ser investigadas por el Servicio de Polica de Sudfrica, en aplicacin del principio de jurisdiccin universal.

Sin embargo, tanto en la escena internacional como en la regional se observaron graves retrocesos en avances anteriores sobre justicia internacional en frica. Aunque 34 Estados africanos eran partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ms que de cualquier otra regin, maniobras polticamente oportunas realizadas en 2014 menoscabaron tan llamativos avances de frica para asegurar la rendicin de cuentas. Kenia propuso cinco enmiendas al Estatuto de Roma, incluida la modificacin del artculo 27 para impedir que la Corte Penal Internacional procesase a jefes de Estado y de gobierno en ejercicio.

En mayo, los ministros de la Unin Africana que examinaban las enmiendas al Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos acordaron ampliar las categoras de personas que podan disfrutar de inmunidad ante la jurisdiccin penal del tribunal recin establecida. En su 23 periodo ordinario de sesiones, la Asamblea de la Unin Africana aprob despus esta enmienda, cuyo objetivo era conceder a los lderes africanos en ejercicio y a otros altos cargos del Estado inmunidad procesal por genocidio, crmenes de guerra y crmenes de lesa humanidad, un paso atrs y una traicin a las vctimas de violaciones graves de derechos humanos. Los jefes de Estado y de gobierno optaron por protegerse a s mismos y a los lderes futuros de procesamientos por violaciones graves de derechos humanos en vez de garantizar la justicia para las vctimas de crmenes de derecho internacional.

En cualquier caso, la Corte Penal Internacional conservar la facultad de investigar a los jefes de Estado y de gobierno africanos en ejercicio de cualquier Estado Parte en el Estatuto de Roma por crmenes de esa ndole, pero 2014 ser recordado como el ao en el que algunos Estados africanos y

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la Unin Africana desplegaron activamente iniciativas polticas para menoscabar la labor de la Corte Penal Internacional.

POBREZA Y PRIVACIONESSi bien el rpido crecimiento econmico continu durante el ao, las condiciones de vida de muchos africanos no mejoraron. Muchos Estados llevaron a cabo notables avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero frica segua yendo a la zaga de la mayora de las regiones en desarrollo respecto al cumplimiento de los objetivos en 2015. La pobreza continuaba disminuyendo en frica, pero el ritmo no era suficiente para que la regin cumpliese el objetivo de reducir a la mitad la pobreza en 2015. De hecho, haba indicios que apuntaban a un aumento del nmero total de africanos que vivan por debajo del umbral de pobreza (1,25 dlares al da). Tambin era improbable que se cumpliesen otros objetivos como la reduccin del nmero de nios con peso inferior al normal y de la mortalidad materna.

Mientras la expansin de las ciudades africanas avanzaba a un ritmo sin precedentes, la rpida urbanizacin trajo consigo inseguridad y desigualdad. La pobreza urbana dej a muchas personas sin vivienda adecuada y sin instalaciones bsicas, especialmente a quienes vivan en asentamientos informales o precarios. Los desalojos forzosos despojaron a la gente de sus medios de vida y posesiones y la sumieron an ms en la pobreza. En Angola, al menos 4.000 familias fueron desalojadas por la fuerza en la provincia de Luanda. En Kenia, los tribunales siguieron confirmando el derecho a una vivienda adecuada y la prohibicin de los desalojos forzosos. El Tribunal Superior orden al gobierno el pago de una indemnizacin de aproximadamente 33,6 millones de chelines (aproximadamente 1390.000 dlares estadounidenses) a los residentes del asentamiento informal de City Carton, en la capital, Nairobi, que fueron

objeto de desalojo forzoso de sus hogares en 2013.

El brote de la epidemia del virus del bola que surgi en algunos pases de frica occidental en marzo llev a la Organizacin Mundial de la Salud a considerarlo el de mayor propagacin y ms complejo desde que se descubri el virus en 1976. A finales de 2014, el bola se haba cobrado las vidas de ms de 8.000 personas en Guinea, Liberia, Mal, Nigeria y Sierra Leona. Ms de 20.000 personas se haban infectado (casos sospechosos, probables y confirmados) y se tema que pudiera surgir una gran crisis alimentaria a principios de 2015. Las comunidades y los servicios de salud estaban extenuados o al borde del colapso.

Los sistemas de salud de los pases ms afectados Guinea, Liberia y Sierra Leona eran ya muy dbiles, tras haber concluido en fechas muy recientes periodos prolongados de conflicto e inestabilidad. En Guinea donde murieron cientos de personas, entre ellas al menos 70 profesionales de la salud, la respuesta tarda del gobierno y la falta de recursos contribuyeron a la rpida y mortfera propagacin de la epidemia.

Todos estos hechos no slo ponan de manifiesto la inaccin de los gobiernos en lo relativo a respetar, proteger y realizar el derecho al disfrute del ms alto nivel posible de salud de sus ciudadanos, sino tambin la inaccin de la comunidad internacional a la hora de responder a esta crisis. A finales de 2014, destacados organismos de ayuda humanitaria reclamaron ms apoyo de la comunidad internacional. La ONU afirm que necesitaba 1.500 millones de dlares estadounidenses para impedir la propagacin del bola durante el periodo comprendido entre octubre de 2014 y marzo de 2015; en diciembre slo se haban donado 1.200 millones. Si la propagacin de la epidemia mantuviera su ritmo actual, la ONU estima que se necesitarn otros 1.500 millones de dlares para el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2015.

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DISCRIMINACIN Y MARGINACINCientos de miles de personas fueron desplazadas o continuaron en esa situacin debido a conflictos armados, persecucin poltica o bsqueda de mejores medios de vida. La mayora se vieron obligadas a huir de sus hogares y abandonar sus medios de sustento en arduos y peligrosos intentos de encontrar seguridad dentro de su propio pas o al otro lado de fronteras internacionales. Un gran nmero de personas refugiadas y migrantes vivan muy expuestas a sufrir nuevas violaciones y abusos, muchas de ellas en campos con acceso limitado a salud, agua, saneamiento, alimentos y educacin.

Su nmero aumentaba mes a mes al sumarse los miles de personas que huan de Eritrea, en su mayora debido al sistema de reclutamiento indefinido para el servicio militar. Muchas corran el riesgo de caer en manos de redes de trfico de personas, como en Sudn y Egipto. En Camern, miles de refugiados de Repblica Centroafricana y Nigeria vivan en condiciones atroces en campos abarrotados situados en zonas fronterizas despus de huir de grupos armados. Muchas personas desplazadas por el conflicto de Sudn ms de un milln continuaban en el pas; al menos 600.000 vivan en campos de refugiados de Chad, Sudn del Sur o Etiopa. La difcil situacin de miles de refugiados somales en Kenia se agrav a causa de la poltica de internamiento forzoso en campamentos, que los expulsaba de sus hogares en las ciudades y los obligaba a vivir en campamentos lamentables y superpoblados. Las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Sudfrica seguan sufriendo ataques xenfobos frente a los cuales reciban escasa o ninguna proteccin de las autoridades.

Muchos otros grupos tambin estaban excluidos de la proteccin de los derechos humanos, o se les negaban los medios para obtener reparacin por abusos. Las mujeres podan desempear un papel fundamental para fortalecer la resiliencia de las sociedades afectadas por conflictos,

pero con frecuencia eran marginadas de los procesos de consolidacin de la paz nacionales. En muchos pases que sufran conflictos o albergaban poblaciones numerosas de refugiados o desplazados, las mujeres y nias eran sometidas a violacin y otras formas de violencia sexual, por ejemplo en Sudn del Sur y Somalia. La violencia contra las mujeres era perniciosa tambin en los pases donde no haba conflictos, a veces debido a tradiciones y normas culturales, pero tambin porque en algunos pases la discriminacin por motivos de gnero estaba institucionalizada por la legislacin.

En 2014 se abrieron esperanzas para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgnero e intersexuales al adoptar la Comisin Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos una histrica resolucin que condenaba los actos de violencia, discriminacin y otras violaciones de derechos humanos contra las personas por causa de su orientacin sexual o identidad de gnero. Otros signos de esperanza de igualdad y justicia fueron los compromisos de Malawi de despenalizar la actividad sexual consensual entre personas del mismo sexo.

No obstante, continu la persecucin o criminalizacin de personas por su orientacin sexual, real o supuesta, en muchos pases, como Camern, Gambia, Senegal, Uganda y Zambia.

En una tendencia regresiva, varios pases se esforzaron por agravar la criminalizacin de las personas por su identidad sexual, afianzando leyes ya injustas o introduciendo otras nuevas. El presidente de Nigeria sancion con su firma la opresiva Ley sobre Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo (Prohibicin), que permita la discriminacin por la orientacin sexual o la identidad de gnero reales o supuestas. La introduccin en Uganda de la Ley contra la Homosexualidad aunque anulada por el Tribunal Constitucional del pas porque el Parlamento la haba aprobado sin qurum hizo que muchas personas lesbianas, gays, bisexuales, transgnero e intersexuales, y a las que se

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perciba como tales, siguieran haciendo frente a detenciones arbitrarias y palizas, desalojos de sus viviendas, prdida de empleo y ataques de multitudes. El presidente de Gambia sancion un proyecto de ley aprobado por el Parlamento, la Ley del Cdigo Penal (Enmienda) de 2014, que tipificaba la homosexualidad con agravantes, delito de definicin imprecisa y susceptible de amplios abusos y de la imposicin de cadena perpetua. En el Parlamento de Chad estaba en trmite otro proyecto de ley homfobo que amenazaba con imponer condenas de hasta 20 aos de prisin y cuantiosas multas a las personas declaradas culpables de actividad homosexual.

MIRANDO AL FUTUROEn 2014 aument la sensibilizacin y el respeto por los derechos humanos en personas y comunidades de toda la regin. Al hacer or su voz y actuar en ocasiones con riesgo para su vida y su seguridad, este movimiento de derechos humanos cada vez mayor ofreci una visin de justicia, dignidad y esperanza.

No obstante, el ao fue un poderoso recordatorio de la magnitud de los desafos que se le presentaban a frica en materia de derechos humanos, y de la necesidad de avances ms profundos y ms rpidos para hacer realidad todos esos derechos.

Los hechos ilustraron claramente la urgente necesidad de poner en marcha acciones concertadas y coherentes para desactivar y resolver los conflictos violentos en frica. Mirando al futuro, deben adoptarse e impulsarse los esfuerzos de la Comisin de la Unin Africana para establecer una hoja de ruta destinada a silenciar todas las armas en frica. Urge que tanto las instituciones internacionales como las regionales adopten un enfoque mucho ms slido, sistemtico y coherente para abordar el conflicto, basado en el derecho internacional de los derechos humanos.

Otro requisito previo esencial para la paz, la seguridad y la justicia es que los

Estados africanos depongan su actitud de ataque colectivo contra la justicia internacional incluida la labor de la Corte Penal Internacional y adopten una postura de firmeza para hacer frente a la impunidad, tanto en el mbito regional como en el internacional, y trabajen para conseguir una rendicin de cuentas efectiva por violaciones graves de derechos humanos y otros crmenes de derecho internacional.

Los aos venideros se caracterizarn casi con certeza por cambios profundos. En buena medida, el marco posterior a 2015 que sigue a los Objetivos de Desarrollo del Milenio ser una oportunidad histrica para que los Estados miembros de la Unin Africana acuerden un marco de derechos humanos que pueda transformar para mejor innumerables vidas. La rendicin de cuentas debe insertarse en el contexto posterior a 2015 mediante objetivos e indicadores slidos del acceso a la justicia, y esto debe combinarse con el fortalecimiento de los derechos en torno a la participacin, la igualdad, la no discriminacin, el Estado de derecho y otras libertades fundamentales.

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PERSPECTIVA REGIONAL: AMRICA En muchos pases de Amrica, la desigualdad cada vez ms profunda, la discriminacin, la degradacin medioambiental, la impunidad histrica, la creciente inseguridad y los conflictos continuaban impidiendo a la poblacin el pleno ejercicio de sus derechos humanos. De hecho, quienes estaban a la vanguardia de la promocin y defensa de tales derechos hacan frente a intensos niveles de violencia.

Durante 2014 se produjeron respuestas pblicas masivas ante esas violaciones de los derechos humanos a lo largo y ancho del continente, desde Brasil hasta Estados Unidos, pasando por Mxico o Venezuela. En un pas tras otro, la gente tom las calles para protestar contra las prcticas estatales represivas. Las manifestaciones constituyeron un autntico desafo pblico a los altos niveles de impunidad y corrupcin y a las polticas econmicas que favorecan a unos pocos. Cientos de miles de personas acudieron a esas movilizaciones espontneas gracias al uso de las nuevas tecnologas y de las redes sociales, que permitan concentrar rpidamente a la gente, compartir informacin y denunciar abusos contra los derechos humanos.

Ese clamor de descontento y de demandas para que se respetaran los derechos humanos tuvo lugar en un contexto de erosin del espacio democrtico y de una persistente criminalizacin de la disidencia. Aument la violencia por parte de organismos tanto estatales como no estatales contra la poblacin general y, especialmente, contra los movimientos sociales y los activistas. En la mayora de los pases de la regin se produjo un incremento notable de los ataques contra defensores y defensoras de los

derechos humanos, tanto en nmero como en virulencia.

La creciente grado de violencia vendra a demostrar que en los ltimos aos se responde a los problemas sociales y polticos de un modo cada vez ms militarizado. En muchos pases del continente se haba normalizado el hecho de que las autoridades recurrieran al uso de la fuerza estatal para responder a las redes delictivas y a la tensin social, incluso all donde no se reconoca formalmente la existencia de un conflicto. En algunas zonas, el poder creciente de las redes delictivas y de otros agentes no estatales, como los paramilitares y las empresas transnacionales, ponan constantemente en jaque el poder estatal, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Las graves violaciones de derechos humanos continuaron destrozando las vidas de decenas de miles de personas en toda la regin. Lejos de seguir progresando en la promocin y proteccin de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminacin, la regin pareci retroceder en ese sentido durante 2013 y 2014.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos registr 40 homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos en los nueve primeros meses de 2014.

En octubre, la Repblica Dominicana desair pblicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos despus de que sta condenara a las autoridades por el trato discriminatorio hacia las personas migrantes haitianas y las personas dominicanas de origen haitiano.

En septiembre, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron vctimas de desaparicin forzada en Mxico. La polica municipal, en connivencia con redes de delincuencia organizada, haba detenido a los estudiantes en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero. El 7 de diciembre, el Procurador General de la Repblica anunci que los restos uno de los estudiantes haban sido identificados por

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expertos forenses independientes. Al concluir el ao segua sin conocerse el paradero de los 42 restantes.

En agosto, Michael Brown, joven afroamericano de 18 aos que estaba desarmado, muri por disparos del agente de polica Darren Wilson en Ferguson, Misuri, Estados Unidos. La gente tom las calles tras el incidente y en noviembre se llevaron a cabo protestas contra la decisin del gran jurado de no procesar al polica. Las protestas se extendieron a otras grandes ciudades del pas, incluida Nueva York en diciembre, a raz de que el gran jurado rechazara enjuiciar a otro agente de polica por la muerte de Eric Garner, ocurrida en julio.

Tambin en agosto, la destacada dirigente campesina Margarita Murillo muri por disparos en la comunidad de El Plann, en el noroeste de Honduras. En los das inmediatamente anteriores al ataque haba denunciado que la estaban vigilando y que estaba recibiendo amenazas.

En febrero, 43 personas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, perdieron la vida y decenas resultaron heridas en Venezuela durante los enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y fuerzas de seguridad y partidarios del gobierno.

En 2013, en El Salvador, se le haba negado el aborto a una joven conocida como Beatriz a pesar del riesgo inminente que el embarazo supona para su vida y a sabiendas de que el feto, que careca de parte del cerebro y del crneo, no sobrevivira fuera del tero. La situacin de Beatriz provoc un clamor nacional e internacional y dio lugar a semanas de una presin constante a las autoridades. Finalmente, la joven pudo someterse a una cesrea cuando se hallaba en la vigsimo tercera semana de embarazo. La prohibicin total del aborto en El Salvador continuaba penalizando las opciones sexuales y reproductivas de nias y mujeres, con el consiguiente riesgo para su vida o su libertad. En 2014, 17 mujeres condenadas a penas de hasta 40 aos de prisin por cuestiones

relacionadas con el embarazo solicitaron el indulto; sus casos estaban pendientes de resolucin al concluir el ao.

En mayo de 2013, el general Efran Ros Montt, ex presidente de Guatemala, fue declarado culpable de genocidio y crmenes de lesa humanidad. Sin embargo, la condena fue anulada slo 10 das despus por un tecnicismo jurdico, lo que result devastador para las vctimas y sus familiares, que llevaban ms de tres decenios esperando que se hiciera justicia. Ros Montt fue presidente del pas y comandante en jefe del ejrcito en 1982-1983, periodo del conflicto armado interno en el que 1.771 indgenas mayas-ixil murieron de forma violenta o fueron torturados, sometidos a violencia sexual o desplazados.

Esa larga lista de graves abusos contra los derechos humanos demostraba que, a pesar de que los Estados de la regin haban ratificado y promovido activamente la mayora de los tratados y normas regionales e internacionales de derechos humanos, el respeto hacia esos derechos segua sin ser una realidad para muchas personas en toda la regin.

SEGURIDAD PBLICA Y DERECHOS HUMANOSLas fuerzas del orden respondan una y otra vez a las protestas contra las polticas gubernamentales con el uso excesivo de la fuerza. En Brasil, Canad, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Hait, Mxico, Per y Venezuela, las fuerzas de seguridad incumplieron las normas internacionales sobre el uso de la fuerza so pretexto de proteger el orden pblico. En vez de transmitir un mensaje claro de que no se tolerara la fuerza excesiva, los gobiernos ni siquiera cuestionaron la violencia infligida, ni manifestaron preocupacin alguna al respecto.

A principios de 2014, varias zonas de Venezuela se vieron sacudidas por protestas multitudinarias a favor y en contra del gobierno. Las manifestaciones y la respuesta

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de las autoridades reflejaban la creciente polarizacin que se haba adueado del pas durante ms de un decenio. Esa ola de descontento social y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad fue escenario de violaciones generalizadas de derechos humanos tales como homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Miles de manifestantes fueron detenidos, muchos de ellos arbitrariamente, y se recibieron denuncias de torturas y otros malos tratos. Al menos 43 personas perdieron la vida y 870 resultaron heridas, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, en el contexto de las protestas y su represin por parte de las fuerzas del orden.

En Brasil, miles de personas invadieron las calles para manifestarse cuando el pas se preparaba para albergar la Copa Mundial de Ftbol de 2014. Los manifestantes queran mostrar su descontento por el aumento del precio del transporte pblico y por el nivel de gasto destinado a esa competicin deportiva, que contrastaba con una inversin insuficiente en servicios pblicos. La magnitud de las manifestaciones no tena precedentes: cientos de miles de personas participaron en ellas en decenas de ciudades. En muchos casos, la respuesta policial ante la ola de protestas de 2013 y 2014, tambin durante la celebracin de la Copa Mundial, fue violenta y estuvo plagada de abusos. Las unidades de polica militar emplearon gas lacrimgeno contra los manifestantes de manera indiscriminada en un caso, incluso en el interior de un hospital, dispararon balas de goma contra personas que no representaban ninguna amenaza y golpearon a la gente con porras. Cientos de personas resultaron heridas, entre ellas Srgio Silva, fotgrafo que perdi el ojo izquierdo tras ser alcanzado por una bala de goma. Cientos ms fueron detenidas y recluidas indiscriminadamente, algunas en virtud de leyes contra la delincuencia organizada, a pesar de que no exista ni una

sola prueba que demostrara su implicacin en actividades delictivas.

En Estados Unidos, los disparos contra Michael Brown y la decisin del gran jurado de no encausar al agente responsable desencadenaron meses de protestas en Ferguson y sus alrededores. La utilizacin de material antidisturbios pesado y de armas y material de uso militar para controlar las manifestaciones sirvi para intimidar a los manifestantes que ejercan su derecho de reunin pacfica. Manifestantes y periodistas resultaron heridos por las fuerzas de seguridad, que emplearon balas de goma, gas lacrimgeno y otras tcticas de dispersin agresivas en situaciones en las que no se justificaba su uso.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOSAmrica dispone de algunos de los mecanismos y leyes contra la tortura ms slidos a nivel nacional y regional. Sin embargo, en toda la regin, la tortura y otros malos tratos seguan siendo generalizados, y los responsables rara vez comparecan ante la justicia.

En el informe Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en Mxico, Amnista Internacional documentaba un preocupante incremento de la tortura y otros malos tratos en ese pas. Tambin pona de relieve la cultura imperante de tolerancia e impunidad respecto a la tortura en Mxico durante el pasado decenio; slo siete torturadores haban sido condenados por tribunales federales, y an era ms baja la cifra de procesados a nivel estatal.

Las incompletas y limitadas indagaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en Mxico ponan de manifiesto las graves deficiencias del gobierno mexicano a la hora de investigar la corrupcin y la connivencia endmicas y generalizadas entre los funcionarios del Estado y la delincuencia organizada, as como el alarmante nivel de impunidad.

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Se recurra con frecuencia a la tortura y otros malos tratos contra presuntos delincuentes para obtener informacin, arrancar confesiones o infligir castigos. En febrero de 2014, en Venezuela, Daniel Quintero, estudiante de 23 aos, recibi patadas y puetazos en la cara y las costillas y fue amenazado de violacin mientras estaba detenido por su presunta participacin en una manifestacin antigubernamental. En la Repblica Dominicana, Ana Patricia Fermn recibi amenazas de muerte en abril de 2014 tras denunciar que dos familiares suyos haban sido torturados mientras se hallaban bajo custodia policial en la capital, Santo Domingo. Su esposo y uno de los hombres torturados murieron por disparos de la polica en septiembre.

ACCESO A LA JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDADEl acceso real a la justicia segua estando fuera del alcance de muchas personas, sobre todo de las pertenecientes a las comunidades ms desfavorecidas. Algunos de los obstculos con los que se encontraba la justicia eran la ineficacia de los sistemas judiciales, la falta de independencia del poder judicial, y la disposicin de algunos sectores a recurrir a medidas extremas para evitar rendir cuentas y para proteger intereses polticos, delictivos y econmicos particulares.

Las dificultades para lograr acceder a la justicia se vean exacerbadas por ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, testigos, abogados, fiscales y jueces. Tambin se persegua con frecuencia a los periodistas que denunciaban los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos y la corrupcin. Adems, en algunos pases, como Chile, Ecuador y Estados Unidos, persista el uso de tribunales militares para enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad que haban cometido violaciones de derechos humanos, y suscitaba preocupacin la falta de independencia e imparcialidad de dichos procesos.

Se produjeron ciertos avances en las investigaciones y los enjuiciamientos de violaciones de derechos humanos perpetradas por gobiernos militares durante el siglo pasado, como en los casos de Argentina y Chile. Sin embargo, la impunidad de miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en la regin durante la segunda mitad del siglo XX se mantena arraigada, en gran medida debido a la falta de voluntad poltica para llevar a los responsables ante la justicia. Miles de vctimas y sus familiares continuaban exigiendo verdad y justicia en varios pases, incluidos Brasil, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Hait, Mxico, Paraguay, Per y Uruguay.

CONDICIONES DE RECLUSINAl dispararse durante los dos ltimos decenios los ndices de reclusin en la regin, los grupos de derechos humanos documentaron que las crceles latinoamericanas se haban convertido en lugares terrorficos en los que el cumplimiento de condena equivala a una lucha por la supervivencia. Decenas de miles de personas permanecan recluidas en espera de juicio durante largos periodos debido a las demoras en los sistemas de justicia penal.

En la mayora de los pases de Amrica Latina y el Caribe, las condiciones de las prisiones eran de hacinamiento extremo, violencia y en ocasiones carencia incluso de los servicios ms bsicos. En muchos pases de Amrica se denunciaban la falta de alimentos y agua potable, las condiciones insalubres, la ausencia de atencin mdica y el hecho de que no se proporcionaban medios de transporte a los reclusos para acudir a las audiencias de sus casos, lo que impeda que los tribunales pudieran avanzar en su resolucin. Tambin se tena noticia de agresiones entre presos, incluidos homicidios. A pesar de que varios de los actuales dirigentes de la regin haban pasado tiempo encarcelados, las condiciones de reclusin no

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ascendieron de modo significativo entre las prioridades polticas.

En Estados Unidos, decenas de miles de reclusos permanecan en rgimen de aislamiento en prisiones federales y estatales de todo el pas, encerrados en sus celdas entre 22 y 24 horas al da en condiciones de privacin social y ambiental absoluta.

Los gobiernos no tomaron medidas para abordar la necesidad urgente de contar con planes dotados de todos los recursos necesarios para atajar esas serias inquietudes. Se produjeron pocos avances para garantizar que los centros penitenciarios cumplieran con las normas internacionales de derechos humanos y que se protegieran los derechos de los reclusos a la vida, la integridad fsica y la dignidad.

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUS DESCENDIENTESLa inseguridad y las carencias sociales en sus pases de origen empujaron a un nmero creciente de migrantes centroamericanos, sobre todo menores de edad no acompaados, a cruzar Mxico para intentar llegar a Estados Unidos. Los migrantes que atravesaban el pas continuaban siendo vctimas de homicidios, secuestros y extorsiones perpetrados por bandas delictivas, a menudo con la connivencia de funcionarios pblicos, y tambin sufran malos tratos por parte de las autoridades mexicanas. Las mujeres y los nios y nias estaban especialmente expuestos a sufrir violencia sexual y ser objeto de trata de personas. La inmensa mayora de esos abusos nunca se investigaban, y sus autores permanecan en libertad. Aumentaron las expulsiones, y las detenciones administrativas en espera de expulsin seguan siendo la norma.

Entre octubre de 2013 y julio de 2014, en Estados Unidos fueron detenidas 52.193 personas migrantes menores no acompaadas, casi el doble que durante los 12 meses previos. Segn clculos del gobierno estadounidense, a finales de

noviembre de 2014 el nmero total de menores no acompaados detenidos en estados fronterizos como Texas, Arizona y California, poda ser superior a 90.000. Muchos de estos menores huan de la inseguridad y la pobreza en sus pases de origen. Adems, los niveles sin precedentes de violencia relacionada con las bandas y de delincuencia organizada en pases como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua llevaba a miles de menores no acompaados a emigrar a Estados Unidos.

La discriminacin de las personas migrantes y sus descendientes era generalizada, y los Estados mostraban poca voluntad de abordar las causas de tan arraigada exclusin. En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la Repblica Dominicana dict una sentencia ampliamente criticada que privaba retroactiva y arbitrariamente de la nacionalidad dominicana a las personas dominicanas de origen extranjero nacidas entre 1929 y 2010; la gran mayora de las personas afectadas era de origen haitiano. Esta situacin desat un clamor nacional e internacional, incluido de las autoridades haitianas.

ngel Coln, miembro de la comunidad afrodescendiente garfuna de Honduras, fue puesto en libertad incondicional en octubre de 2014 tras pasar cinco aos recluido en una prisin mexicana. La polica lo haba arrestado en 2009 en Tijuana cuando intentaba llegar a Estados Unidos desde Honduras. Durante su reclusin lo golpearon, le obligaron a caminar de rodillas, le propinaron patadas y puetazos en el estmago y le pusieron una bolsa de plstico en la cabeza hasta casi asfixiarlo. Lo desnudaron y lo forzaron a limpiar con la lengua los zapatos de otros detenidos y a realizar actos humillantes. Amnista Internacional consider que era un preso de conciencia que haba sido detenido, torturado y procesado por motivos discriminatorios basados en su origen tnico y su condicin de migrante indocumentado.

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DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDGENAS Tras pasar ms de 20 aos luchando por sus tierras ancestrales, en junio se aprob una ley de expropiacin para devolver tierras a la comunidad indgena sawhoyamaxa en Paraguay. Con todo, los pueblos indgenas de la regin continuaban haciendo frente a las amenazas sociales, polticas y econmicas para su bienestar colectivo y su existencia misma. Su patrimonio cultural, sus tierras ancestrales y su derecho a la autodeterminacin eran blanco de ataques constantes. Agentes estatales y no estatales, como empresas y poderosos terratenientes, continuaban expulsndolos de sus propias tierras en nombre del desarrollo social y econmico. Los programas de desarrollo a menudo provocaban la destruccin medioambiental y cultural y el desplazamiento de comunidades. Quienes vivan en aislamiento voluntario, especialmente en la cuenca amaznica, corran un riesgo an mayor.

A pesar de que todos los Estados de la regin haban suscrito la Declaracin de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas de 2007, se segua menoscabando el derecho de los pueblos indgenas a la consulta efectiva y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos de desarrollo que los afectaban, incluidos los proyectos de industrias extractivas.

La falta de respeto a los derechos de los pueblos indgenas tena un impacto negativo en sus medios de subsistencia y tambin daba lugar a que las comunidades fueran objeto de amenazas, hostigamiento, desalojos o desplazamientos forzosos, ataques u homicidios, a medida que se intensificaba la determinacin de explotar los recursos de las reas que habitaban. El derecho de estos pueblos a oponerse y a exigir su consentimiento libre, previo e informado continuaba obteniendo como respuesta intimidaciones, ataques, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y la utilizacin discriminatoria de los sistemas judiciales. Por ejemplo, en julio, la Corte Interamericana

de Derechos Humanos dictamin que las condenas de ocho mapuche en Chile se fundamentaban en estereotipos y prejuicios discriminatorios.

Las mujeres indgenas continuaban experimentando niveles desproporcionados de violencia y discriminacin. En mayo, la Real Polica Montada de Canad admiti que al menos 1.017 mujeres y nias indgenas haban sido asesinadas entre 1980 y 2012, una tasa de homicidios al menos cuatro veces superior a la de las mujeres del resto de la poblacin. En enero de 2014, la Fiscala Penal Supraprovincial de Lima, Per, archiv los casos de ms de 2.000 mujeres indgenas y campesinas que en la dcada de 1990 haban sido esterilizadas sin su consentimiento pleno e informado. Los 2.000 casos representaban tan slo una mnima parte de un total de ms de 200.000 mujeres esterilizadas durante ese periodo. Ninguna de las autoridades gubernamentales responsables de poner en marcha el programa que dio lugar a estas esterilizaciones forzadas haba comparecido ante la justicia.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PELIGRO Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaban siendo vctimas de ataques y abusos en represalia por su legtima labor en muchos pases, como Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Hait, Honduras, Mxico, Per, Repblica Dominicana y Venezuela. Sufran abusos tales como atentados contra su vida y su integridad fsica y ataques a su derecho a la libertad de expresin, reunin y asociacin. Eran adems denigrados por las autoridades gubernamentales y la prensa, y tambin eran vctimas del uso indebido del sistema de justicia en un intento de criminalizar a quienes defendan estos derechos inalienables. En algunos pases, como Colombia y Guatemala, las organizaciones locales de derechos humanos informaron de un alarmante incremento de los ataques

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contra defensores y defensoras. Los autores de tales abusos casi nunca comparecan ante la justicia.

Las personas que luchaban contra la impunidad, las que trabajaban en pro de los derechos de las mujeres o las que se centraban en cuestiones de derechos humanos relacionadas con la tierra, el territorio y los recursos naturales seguan corriendo especial peligro.

En muchos casos, incluso en los pases en los que se haban establecido mecanismos para proteger a los defensores y las defensoras de los derechos humanos, como Brasil, Colombia y Mxico, no se concedan medidas de proteccin o, si se concedan, no eran eficaces ni giles. Esto se deba sobre todo a la falta de voluntad poltica y recursos para garantizar su aplicacin efectiva. Adems, preocupaba el hecho de que, en relacin con las medidas de proteccin, no se haba implantado un enfoque diferenciado que incluyera una perspectiva de gnero.

A pesar de enfrentarse a un entorno hostil y extremadamente peligroso, los defensores y defensoras de los derechos humanos de toda la regin continuaban luchando con coraje, dignidad y tenacidad para hacer realidad los derechos humanos de todas las personas.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIASLa proteccin de las mujeres y las nias frente a la violacin, las amenazas y el homicidio no fue cuestin prioritaria en la agenda poltica de los Estados de la regin. La aplicacin lenta y desigual de la legislacin para luchar contra la violencia de gnero segua siendo motivo de honda preocupacin, y la falta de recursos disponibles para investigar y enjuiciar esos delitos planteaba dudas sobre la voluntad de las autoridades para abordar la cuestin. La falta de procesamientos de los responsables de tales delitos exacerbaba la ya de por s afianzada impunidad por la violencia de gnero y contribua a fomentar un clima de

tolerancia ante la violencia contra las mujeres y las nias.

En agosto de 2013, los Estados de la regin parecieron efectuar progresos cuando alcanzaron un acuerdo histrico en Montevideo, Uruguay, en el que se reconoca que la penalizacin del aborto provocaba un aumento de la mortalidad y la morbilidad maternas y no reduca el nmero de abortos. En diciembre se despenaliz el aborto en la Repblica Dominicana.

No obstante, a finales de 2014, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las nias continuaban siendo vulnerados, con terribles consecuencias para su salud y su vida. En Chile, El Salvador, Hait, Honduras, Nicaragua y Surinam continu vigente la prohibicin total del aborto en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo era consecuencia de una violacin o cuando se producan complicaciones que ponan en peligro la vida de la mujer o la nia. Las personas que intentaban conseguir un aborto o que lo practicaban se exponan a largas penas de prisin.

Al tomar posesin de su cargo en marzo de 2014, la presidenta Michelle Bachelet prometi que la revocacin de la prohibicin total del aborto en Chile sera una de sus prioridades. En El Salvador, en ese sentido, se segua adivinando un futuro poco halageo. Al menos 129 mujeres haban sido encarceladas durante el pasado decenio por motivos relacionados con el embarazo. De ellas, al finalizar el ao, 17 estaban esperando la resolucin de su peticin de indulto. Acusadas inicialmente de abortar, cumplan condenas de hasta 40 aos de prisin por homicidio agravado.

En la mayora de los pases en los que la legislacin permita acceder a servicios de aborto en determinadas circunstancias, la larga duracin de los procedimientos judiciales haca que acceder a stos de una forma segura resultara prcticamente imposible, sobre todo para quienes no podan costearse abortar en el sector privado. Segua suscitando preocupacin el

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restringido acceso a mtodos anticonceptivos y a informacin sexual y reproductiva, en particular para las mujeres y las nias de las comunidades ms marginadas de la regin.

La despenalizacin del aborto en casos de violacin se iba concretando poco a poco en algunos pases. En Bolivia, el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvi en febrero que el requisito de autorizacin judicial para acceder al aborto cuando el embarazo era consecuencia de violacin era inconstitucional. Y al concluir el ao, en el Congreso de la Repblica del Per se estaba debatiendo un anteproyecto de ley que legalizara el aborto en el supuesto de violacin. Sin embargo, el presidente Rafael Correa bloque en 2013 una iniciativa similar en Ecuador.

La mayora de los pases de la regin haban aprobado leyes para combatir la violencia contra mujeres y nias ejercida tanto en el mbito privado como en el pblico. No obstante, en general se echaban en falta mecanismos efectivos dotados de todos los recursos necesarios para proteger a las mujeres y las nias frente a la violencia, sobre todo en las comunidades pobres y marginadas.

Se tuvo constancia de un aumento en el ndice de violencia contra las mujeres en toda la regin. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisin Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupacin tanto por los niveles de violencia contra las mujeres como por los de impunidad, y concluyeron que la creencia social subyacente de que las mujeres son inferiores a los hombres haba generado una cultura discriminatoria en el seno de las instituciones tanto judiciales como encargadas de hacer cumplir la ley, lo que se traduca en investigaciones negligentes y en falta de sanciones contra los responsables de tales abusos.

CONFLICTO ARMADO La falta de medidas para frenar las consecuencias que sobre los derechos

humanos tena el conflicto armado de Colombia, y el hecho de que no se procesara a la mayora de los presuntos responsables penales de esos crmenes, amenazaban con socavar la viabilidad a largo plazo de un acuerdo de paz definitivo en el pas.

Progresaron las conversaciones de paz, que se estaban desarrollando en Cuba, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las negociaciones brindaban la mejor oportunidad en ms de un decenio de poner definitivamente fin al conflicto armado interno ms prolongado de la regin. No obstante, ambas partes seguan cometiendo abusos y violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, principalmente contra las comunidades indgenas, afrodescendientes y campesinas, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas.

El gobierno colombiano continu promoviendo legislacin para ampliar el mbito de la jurisdiccin militar y facilitar que se asignaran a los tribunales militares los casos en los que hubiera miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos. Esto amenazaba con anular los escasos avances que los tribunales civiles haban realizado para hacer respetar y defender el derecho de las vctimas a la verdad y la justicia.

SEGURIDAD Y MEDIDAS ANTITERRORISTAS El presidente Barack Obama reconoci que Estados Unidos haba recurrido a la tortura en su respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S), pero guard silencio en lo relativo a la rendicin de cuentas y la reparacin. Al concluir 2014, haba 127 hombres recluidos en el centro de detencin estadounidense de Guantnamo, Cuba. La mayora permaneca bajo custodia sin cargos ni juicio, y seis seguan designados para ser juzgados ante una comisin militar, por un gobierno que solicitaba para ellos la pena capital en un sistema que

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no cumpla las normas internacionales de imparcialidad procesal.

A finales de 2012, el Comit de Inteligencia del Senado de Estados Unidos concluy su examen, iniciado en 2009, del programa secreto de detencin e interrogatorio operado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) tras el 11-S. El 3 de abril de 2014, por 11 votos a favor y 3 en contra, el Comit de Inteligencia aprob la desclasificacin del resumen del informe y de sus 20 conclusiones. El resumen, que finalmente se publ