Los empresarios Noriega contra la Comisión Local Agraria de Michoacán, 1922

Cayetano Reyes García El Colegio de Michoacán

En 1915 Carranza emitió en Veracruz, acosado por sus ene­migos, la ley agraria del 6 de enero con el fin de coptar a las fuerzas campesinas. Este hecho suscitó el inicio de la lucha encarnizada entre los empresarios agropecuarios y los agra- ristas representados tanto por campesinos como por agentes de las instituciones oficiales establecidas. Cada quien defen­dió su posición en atención a las diferentes racionalidades establecidas, unos en pro del status quo y otros pugnando por el cambio pidiendo el reparto de la riqueza, la restitución de la tierra despojada y la reforma agraria.

En la ciénega de Zacapu, Michoacán, las fuerzas contra­rias chocaron; por una parte los empresarios españoles Eduar­do y Alfredo Noriega, dueños de las haciendas de Cantabria y Copándaro, y por otra la población nativa. Los primeros fueron los promotores de la modernidad agropecuaria y los segundos representaron la resistencia contra el cambio tecno­lógico comercial, contra la dirección de la élite social, tanto política como civil, y contra los empresarios y sus agentes.

En 1909 Tarejero inició la lucha por la restitución de tierras, pero sus resultados fueron nulos. En noviembre de 1915, impulsada por la ley agraria, la población de Tarejero solicitó la restitución de las tierras que le habían despojado

las haciendas de Bellas Fuentes y de Cantabria, pero las condiciones de inestabilidad y de bandolerismo hicieron que los trámites no avanzaran. Cuatro años después, el presidente de la Comisión Local Agraria determinó que el ingeniero Luis G. Ojeda realizara la rectificación del padrón y censo agrario de Tarejero. Además le pidió ejecutar los trabajos topográfi­cos relativos a la dotación de ejidos y “hacer con toda preci­sión la división de las tierras señalando las de riego, medio riego, temporal y pastal cerril de las haciendas”.1

En junio 27 de 1919 el administrador de la hacienda de Cantabria, Pedro Noriega no aceptó de buena gana la presen­cia del ingeniero Ojeda en sus dominios. Indicó que estaban a su disposición todos los caminos, vías de comunicación y todo lo que le pudiera ser útil, “pero con referencia a los terrenos por estar actualmente sembrados está terminante­mente prohibida la entrada a ellos a toda persona extraña a la labor”.2

El 2 de julio del mismo año el ingeniero Ojeda reportó el fracaso y suplicó se gestionara auxilio de las fuerzas militares. Sin embargo, “por las dificultades que el ingeniero Ojeda tuvo para desempeñar su trabajo, se le confirió una nueva comi­sión”.3 Nuevamente se dió largas al asunto y el trámite de dotación ejidal se detuvo. Tarejero en forma aislada no tenía la fuerza suficiente para hacer efectivas sus demandas.

En 1921 los agraristas de la región de Zacapu fueron organizados por Primo Tapia y cobraron mayor fuerza políti­ca. Al regresar Tapia de Estados Unidos participó en la lucha agraria, formó el Sindicato de Comunidades Agrarias de Naranja, Tiríndaro y Tarejero. En 1922 estableció la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán.

En septiembre de 1921 Francisco J. Múgica asumió el poder como gobernador del Estado de Michoacán; en no­viembre del mismo año el presidente de la Comisión Local

Agraria, Justino Bermúdez envió al topógrafo Jesús V. Chá- vez a los pueblos de Zacapu, Tiríndaro, Naranja y Tarejero con el objetivo de verificar los trabajos relativos a la dotación de tierras que habían solicitado. Recomendándole que “por ningún motivo suspenda sus labores de campo”.4

Además, Justino Bermúdez lanzó un “Manifiesto al Pue­blo Michoacano” e indicó que

los latifundistas, en su innoble sistemática obstrucción al cum­plimiento de la más trascedental promesa revolucionaria, con motivo de la renuncia del Ministro de Agricultura y presidente de la Comisión Nacional Agraria, general Antonio I. Villarreal, han propagado especies absurdas, asegurando que las activida­des agrarias se suspenderán de plano, sufriendo radicales mo­dificaciones el programa del gobierno relativo al fracciona­miento de los grandes predios.

Creyó conveniente comunicar a los conglomerados agrícolas y en general al pueblo trabajador de todo el Estado, “que cuando menos por lo que respecta a Michoacán, no variará un ápice la línea de conducta que se han trazado el Gobierno local y esta Comisión Agraria, en la dotación y restitución de tierras a los pueblos rurales”. Señaló que los hacendados españoles “se ocupan de pregonar a los cuatro vientos lo que llaman un triunfo los reaccionarios” por el cambio en el gabinete “y recurren a la violencia, la intriga y hasta al crimen en su afán de coartar los derechos inalienables de los labriegos mexicanos que solicitan ejidos para independizarse de la esclavitud económica a que se la ha tenido sujetos durante tanto tiempo”.

El nuevo gobernador, las organizaciones campesinas y la Comisión Local Agraria representaron una serie amenaza para los hacendados y los puso en pie de guerra para defender

sus intereses y acabar con los “volcheviques”. Los empresa­rios echaron mano de todos sus recursos. El 10 de diciembre de 1921, desde Cantabria, Alfredo Noriega escribió una carta al gobernador Francisco J. Múgica explicándole que el tiroteo al ingeniero de la Comisión Local Agraria y los atropellos del administrador de la hacienda, eran fábulas e inventos en contra de ellos; labor de personas de Morelia (desconocidas para él, pero que habría de averiguarlo) “que se valen de unos pocos individuos, gente mala de aquí”/ El 26 de enero de 1922 Eduardo Larios Rubio, apoderado de los Noriega, pro­cedió a formular “el dictamen correspondiente sobre dotación de ejidos al pueblo de Naranja y a otros que se encuentran ubicados en el municipio de Zacapu” y lo envío al presidente de la Comisión Local Agraria.

En 1922, en el periódico Excelsior6 los empresarios publicaron los “Antecedentes de los jefes de defensas sociales de pueblos inmediatos a Cantabria”; en el Universal Gráfico1 editaron, con ilustraciones fotográficas, el artículo titulado: “Los agricultores españoles en el Estado de Michoacán”; en él hicieron hincapié en su magna obra, inversión y tecnología. El 10 de julio de 1922 los Noriega escribieron un memorán­dum al Secretario de Gobernación P. E. Calles, documento que hoy presentamos infra escrito, inserto en un expediente de 50 páginas.8

La versión que presentaron los nativos y agrarista discre­pó de cabo a rabo del dicho de los empresarios, pero cada quien siguió su propia lógica en defensa de sus intereses. Las ventajas sanitarias obtenidas con la desecación, la alta tecno­logía e inversión de capital, la gran productividad, las garan­tías del modelo usufructuario de aparcería, cada una fue refutada en forma constante.

Los agraristas indicaron que los pueblos de Zacapu, Na­ranja, Terejero y Tiríndaro no fueron beneficiados con la

desecación de la ciénega. Ellos vivían de la industria artesanal del tule, tulillo, carrizo y carrizillo y al desecarse la ciénega se cegaron las fuentes de trabajo de los indígenas. Las fuentes de riqueza de los nativos fueron eliminadas y vino con ello su esclavitud y la explotación de su trabajo a vil precio o a cambio de las grandes utilidades de los terratenientes. Obte­nidos los productos, eran desparramados por toda la república sin que la masa campesina, una mayoría en la villa de Zacapu, ni la población misma reportara beneficio alguno.

Al decir de los campesinos, el intachable administrador Pedro Noriega, que funcionó como tal durante 12 años, trataba a los indígenas y labriegos peticionarios de ejidos

como jamás lo hiciera el más infame negrero; y aprovechando la estancia de los generales García y Sepúlveda en Michoacán, ejerció toda clase de represalias contra peones y medieros, formando listas negras y, en suma, ejecutando actos no sólo prohibidos por la ley sino que condena la más rudimentaria moralidad humana.9

A las acusaciones en contra de Primo Tapia, el presidente de la Comisión Local Agraria señaló que “esta comisión no tiehe más antecedentes, sino que como representante de aquellos pueblos, se ha dedicado exclusivamente a gestionar ante esta oficina que se lleve a cabo la dotación no haciendo con esto mas que cumplir con su deber”.10

Los nativos indicaron que el sistema de aparcería practi­cado por los empresarios en “todas sus cláusulas son leoninas, vivimos sujetos a mil atropellos y robos por parte del hacen­dado de Cantabria”; la finca entregaba la tierra y daba la semilla; el aparcero hacía todos los gastos de labor a entera satisfacción de la hacienda de manera que se obtuviera el mejor rendimiento. El descuido, incumplimiento de parte del

mediero “o por no atender las indicaciones de la finca, da derecho a ésta para hacer las operaciones por cuenta de aparcero o hacerce cargo del terreno”. Si el aparcero se enfermaba o por negocio urgente se ausentaba la finca le imponía fuertes multas.11

Sin embargo, la versión de los empresarios agrícolas era otra. Veamos en qué consistía.

MEMORÁNDUM PARA EL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

Los suscritos, Eduardo y Alfredo Noriega, españoles radica­dos en el país hace más de treinta años y dedicados a la agricultura, hacemos a usted presente por medio de este memorándum y del modo más respetuoso, la situación, más que difícil verdaderamente insostenible, a que hemos llegado por la mala voluntad de algunos elementos oficiales del Estado de Michoacán, donde están ubicadas nuestras fincas Cantabria y Copándaro. Influido el Gobierno del Estado por estas malas gentes, tiende a aniquilarnos empleando contra nosotros y nuestros intereses, toda clase de procedimientos injustos y arbitrarios.

No necesitamos protestar a Ud. que siempre hemos sido y somos respetuosos de las leyes y de las Autoridades del país; mejor que nuestras protestas lo dirá el concepto público que merecemos en aquel Estado y fuera de él por nuestra invaria­ble conducta de hombres correctos y de trabajo.

Informamos al señor Subsecretario de ese Ministerio de todas estas cosas cuando fuimos a solicitar la entrevista con Ud., y por su indicación formamos este memorándum, como antecedente previo de los hechos, antes que Ud. nos conceda la conferencia que pretendemos para imponerle de palabra de cuanto ocurre en este asunto. Al exponer nuestra situación actual, las causas que la motivan, y sugerir los remedios que

a ello podrían ponerse, resulta indispensable hacer algo de historia, ya que alejado Ud. de la comarca michoacana, no es posible que esté bien al tanto de cosas que son allí notorias y que ahora nos vemos precisados a referir.

Realizamos nosotros la desecación de la ciénaga de Za- capu en los distritos de Pátzcuaro y Puruándiro del Estado de Michoacán, mediante obras costosísimas que duraron ocho años y que consistieron en cuarenta kilómetros de canales principales —verdaderos ríos— y en doscientos kilómetros de canales secundarios, todo lo cual exigió constancia y esfuerzos grandes de nuestra parte, más la inversión de bas­tantes millones; pero logramos la transformación completa de una comarca, antes estéril y malsana, y ahora fértil, rica y salubre, donde el bienestar alcanza a toda la gente labradora, al comercio y demás actividades locales pues, por último, debido a subvención y compromisos personales nuestros con los Ferrocarriles Nacionales, logramos que estas líneas pene­tren allí con una nueva vía de ciento treinta y seis kilómetros, que puso la comarca en fácil comunicación con todo el país, en beneficio general obtenido con nuestro esfuerzo.

La nueva superficie de tierra que logramos de la deseca­ción, fue de una extensión de doce mil hectáreas, de las cuales cuatro mil fueron nuestras, con las que formamos la actual Hacienda de Cantabria; las ocho mil restantes se distribuye­ron entre propietarios y pueblos colindantes.

Para no hacer largo este relato, acompañamos una hoja impresa como anexo número uno, donde se hace explicación de todos estos trabajos y se reproducen algunas vistas de ellos, pero debemos hacer resaltar lo concerniente a cómo estable­cimos, desde un principio, la explotación de aquellas nuevas tierras, por medio del trabajo en aparcería rural que subsiste hasta ahora.

Por tal manera de explotar nuestro negocio agrícola,

ocurre que contamos con ochocientos aparceros, la mayoría de los pueblos limítrofes, que trabajan en sociedad con noso­tros en las dos fincas Cantabria y Copándaro, que poseemos allí. Esta última la adquirimos posteriormente y en ella ejecu­tamos grandes obras de irrigación, que continuamos realizan­do hasta completar el proyecto total.

Las ochocientas familias que trabajan en aparcería nues­tras fincas, usufructuando lotes de diez hectáreas, viven en condiciones superiores a las generales de los demás labriegos; son en gran parte, como se ha dicho, de los pueblos inmedia­tos, y obtienen de las tierras nuevas que desecamos mucho más que de las suyas propias que tienen en dichos pueblos, y con menos gasto para ellos. Las condiciones en que trabajan con nosotros estos aparceros, según ellos manifiestan en el documento anexo número dos son, esencialmente, éstas:

a) Les proporciona la Hacienda, sin costo alguno para el aparcero, semilla, animales de trabajo, arados, aperos y útiles de labranza. Les proporciona asimismo durante las labores, habilitación en especie y el dinero necesario para sus atenciones y de su familia, cosas ambas que devuelven en la cosecha sin cobrárseles interés ni recargo alguno.

b) Los gastos de cosecha, que son los fuertes, se hacen por cuenta exclusiva de la Hacienda.

c) El aparcero recibe el producto de su cosecha en el propio campo que la produce, o en el lugar más próximo a su casa, según es su elección, sin que se le cobre nada por el acarreo.

d) Queda a cargo exclusivo de la Hacienda, el sostenimien­to del drenaje general, el de caminos, pago de veladores, de contribuciones y demás gastos de administración y conserva­ción.

Por otra parte, se ha creado entre la finca y sus asociados una compenetración de intereses y de buena inteligencia que han ido en aumento constante hasta hoy. Puede decirse que, de hecho, funciona allí la pequeña propiedad, habituándose los aparceros a tener y conservar lo propio; como que, a este respecto, de tiempo atrás nosotros formamos un proyecto de fraccionamiento de todas nuestras propiedades, previendo en él la conservación y el funcionamiento de las costosas obras de drenaje. Las bases principales de este plan de fracciona­miento las comunicamos entonces el Ministerio de Fomento.

Se comprende por todo lo explicado, que no se trata de terrenos que estuvieran antes en condiciones de ser apropia­dos ni utilizados por nadie, puesto que hace pocos años los cubrían las aguas y por consiguiente, no es éste un negocio en perjuicio de la clase indígena o de pequeños labradores, ni se trata de contratos ventajosos e inmorales justificadamente censurados y por cuyos malos resultados las leyes agrarias han pretendido poner remedio a semejantes abusos. Muy al contrario, nosotros invertimos allí los muchos millones que exigió la importancia de la obra, atraídos por garantías y facilidades del Gobierno Federal y del Estado, quienes esti­mando la conveniencia nacional de estas mejoras, declararon las nuestras de utilidad pública, con más otras facilidades que otorgaban las leyes del Estado a quienes acometiesen la empresa, en la cual fracasaron otros antes que nosotros.

Por otra parte, independientemente de la obra útil realiza­da en aquel Estado por todos reconocida, constantemente hemos estado ayudando allí a toda clase de atenciones y servicios públicos: subvencionando escuelas en los pueblos, además de la propia de la finca y de la cuota que en contribu­ciones pagamos para Instrucción Pública. Nuestros caminos privados, hechos a un costo enorme por lo falso del terreno y empleando aplanadoras para consolidar el afirmado, opera­

ción necesaria para establecer la vía del ferrocarril de nuestra explotación interior, son usados por el público en general sin ninguna dificultad, pues a nadie se le niega el permiso gratui­tamente. Donamos un reloj público al pueblo de Zacapu, cabecera de la Municipalidad y frecuentemente ayudamos a este pueblo con subscripciones de dinero para sus mejoras materiales. Donamos asimismo al Gobierno del Estado can­tidades respetables, habiendo sido la última de cerca de treinta y tres mil pesos para sus atenciones, aparte de lo que le tenemos adelantado actualmente por cuenta de contribucio­nes futuras, que pasa de veintiún mil pesos. Cuando hubo escasez en años de malas cosechas, hemos acudido con maíz á atender a la Junta de Beneficencia de la Capital del Estado y de la Localidad, sumando nuestros donativos por este concepto en cada ocasión más de cuarenta mil pesos. Por último, atendemos a nuestros aparceros en forma que no es usual generalmente, y que ellos mismos confirman en el mencionado documento anexo número dos. Sin que se entien­da por todo esto que nuestras utilidades son superiores a las de los demás terratenientes; nuestras cuatro mil hectáreas de Cantabria, son iguales a las ocho mil que hacen el completo de las doce mil desecadas.

Sin embargo de todos estos hechos y circunstancias bien sabidos allí, ocurre que los agentes de la Comisión Local Agraria de Michoacán o mejor dicho, la propia Comisión, contrariada porque nuestros aparceros no han secundado las gestiones agrarias de tales agentes, han puesto enjuego contra nosotros y nuestros intereses, toda clase de procedimientos reprobables, indisponiendo en nuestra contra al Gobierno del Estado, quien últimamente se ha dejado influir a tal punto, que sabiendo que todas son invenciones y falsedades, ha llegado a lanzar la especie de que nosotros somos favorece­dores de los enemigos de aquel gobierno, para justificar así

la campaña de hostilidad y aniquilamiento con que se nos viene persiguiendo inmotivadamente.

Hemos acudido antes de todo esto, a cuantos medios de convicción y armonía nos fueron posibles sin lograr ningún éxito, y pueden dar de ello testimonio verdaderos amigos del señor gobernador, quienes desde hace meses están enterados de todas estas cuestiones y de nuestra actitud por salvar nuestros intereses amenazados; sin que ni ellos mismos hayan conseguido contrarrestar la perniciosa influencia de la gente mala que rodea al señor Múgica.

Nosotros, hombres de trabajo y de fuertes intereses com­prometidos en aquella zona, nos importa extraordinariamente no tener malas voluntades de nadie, ni menos de las Autori­dades, con quienes siempre hemos estado en la mejor inteli­gencia. Durante todo el largo periodo de revolución, hemos vivido considerados y apreciados por cuantos jefes militares han operado en aquella zona, pues por las condiciones espe­ciales de nuestra finca Cantabria, que ofrecen natural protec­ción y defensa, y tiene recursos de sostenimiento para fuerzas militares, siempre hubo en ella destacamento de dichas fuer­zas y fue centro de operaciones, habiento estado allí desde el señor Presidente, General Obregón, hasta Generales, Jefes y Oficiales de todas las Fuerzas del Ejército; tal de prudente e imparcial habrá sido nuestra conducta y tal han sido atendidas siempre las fuerzas del Gobierno.

La situación especial que se ha creado a nuestro negocio por las ventajas que en él tienen sus aparceros, y por el mismo beneficio que resulta para ellos y para la finca de esta asocia­ción de intereses, no ha sido bien comprendida, o no quiere serlo, por el Gobierno de Michoacán, por la Comisión Local Agraria y especialmente por el Presidente de esta Comisión, señor don Justino Bermúdez. Extraña este funcionario que los pueblos que rodean Cantabria, y cuyos habitantes son preci-

sámente nuestros aparceros, no se sumen a los agitadores agrarios pretendiendo nuestras tierras, sin fijarse en que nues­tros aparceros ya las usufructuan y la perspectiva de las nuevas dotaciones les pone en peligro de perder el lote que vienen explotando desde hace años, para que pase a poder del charamusquero del pueblo o de cualquier otro individuo que no sabe ni ha trabajado allí en el campo. Luego, perciben también que en esa nueva forma de tener las tierras, perderían la cooperación, para ellos muy valiosa, de los recursos de la Hacienda y, por último, como los que dirigen esa acción no son gentes calificadas ni de confianza para ellos, suponen que no puede ser duradera una adquisición de propiedad en esas condiciones.

La hostilidad de la Comisión Local Agraria de Morelia y principalmente de su Presidente don Justino Bermúdez, dio comienzo en diciembre último, empezando por emprender campaña de descrédito contra el Administrador de Cantabria, nuestro pariente don Pedro Noriega, persona muy prudente, muy juiciosa y muy querida allí. Empleóse para ello un periodiquito de escándalo que se publica en Morelia patroci­nado, según se dice, por estos agrarios y por el mismo Gobierno del Estado; y sirvió asimismo a este propósito uno de los Agentes Agrarios del pueblo de Naranja llamado Primo Tapia. Este individuo es de malos antecedentes y no se le conoce ocupación alguna, habiéndose dedicado a explotar la credulidad de los indígenas de aquellos pueblos, sacándoles cuotas proporcionadas a la cantidad de tierra que les ofrecía iba a darles de las desecadas de Cantabria. Interrumpieron su explotación nuestros aparceros que se opusieron y no respon­dieron a semejantes propósitos, pero no faltaron algunos incautos; y así, cada vez que reunía unos cientos de pesos iba a Morelia, de donde traía nuevas promesas, armas para otros de igual mala conducta, a quienes por su influencia se nom­

braba oficialmente de la Defensa Social y, por último, firmaba escritos que en Morelia le hacían para publicar en el periodi- quito de escándalo relatando cosas inventadas por ellos contra la Hacienda de Cantabria y contra su Administrador, pero cosas que luego tomaba como motivo el Gobierno para molestar a la finca.

Ninguna importancia se le dio en un principio al asunto, por tratarse de periódico de poca circulación, conocidamente de escándalo y que exponía hechos tan notoriamente falsos que nadie de aquella zona, donde decía que ocurrían, sabía de ellos, ni nadie que conocía la región, a nosotros y nuestra Administración, lo podría creer. Mas como el Gobierno apa­rentaba después tomarlos en serio, hubo que proceder a adquirir constancias de su falsedad. Véase la carta que uno de nosotros dirigió al Señor Gobernador en diciembre pasado, por conducto del Vice-cónsul español en Morelia, documento anexo número tres.

El expresado Señor Presidente de la Comisión Local Agraria, en diciembre último, hizo publicar un manifiesto excitando a sus Agentes Agrarios contra los Españoles Agri­cultores del Estado, de cuyo manifiesto acompañamos un ejemplar como comprobante número cuatro, señalando en él con lápiz rojo lo relativo a los españoles. El resultado de esa predicación y de esa tendencia, tolerada por el Gobierno del Estado, la tenemos en los asesinatos de dos jóvenes españoles empleados de la Hacienda de Curimeo.

El propio Señor Bermúdez, al contestar un escrito de nuestro representante en Morelia que va en copia como documento anexo número cinco, lo hace en términos impro­pios del decoro de su puesto oficial, y se expresa de nuestro Administrador en forma inconveniente y enconada, siendo más reprobable cuando existe la seguridad de que el mismo señor Bermúdez sabe que no es cierto cuanto escribe a este

respecto, y que puede verse en la copia adjunta como com­probante número seis. Nuestro pariente, don Pedro Noriega, es bien conocido como un hombre culto, incapaz de condu­cirse con burda torpeza como lo quiere presentar el señor Bermúdez.

La comprobación de todos estos embustes la ofrecen los documentos anexos que van en copia, y de ellos el número siete, que consta de catorce certificaciones de vecinos que fueron autoridades en la localidad durante diez años, y de otras personas honorables de la misma, justificando unos y otros, quién es nuestro administrador don Pedro Noriega, en qué concepto es allí estimado y cómo resultan fábulas cuanto inventan en su contra estos agentes agrarios, con la compla­cencia del Gobierno de Michoacán. Asimismo, el ya repetido documento, anexo número dos, suscrito por cuatrocientos cincuenta y tres aparceros, expresa cómo ellos son tratados y cómo es absolutamente falso cuanto se ha querido atribuir a la administración de nuestra finca a este respecto.

Hasta hace pocos días, esta campaña se dirigió exclusiva­mente contra la administración de nuestra Hacienda de Can­tabria, pero a última hora, el Gobierno del Estado la quiere dirigir contra nosotros acudiendo al conocido sistema de considerarnos sospechosos para así poder llevar a cabo, con más facilidad, el plan de dañarnos impunemente.

Empezó la persecusión haciéndonos embargar indebida e injustamente por contribuciones que no adeudamos, según puede verse por el documento anexo número ocho. El Juzga­do de Distrito nos ha amparado contra ese atropello. A conti­nuación, se hizo que el Congreso del Estado declarase público el camino privado de nuestra finca sin contar con nosotros, sin indemnizarnos y sin estudiar si para el referido camino público podríamos facilitar terrenos que llenasen ese servicio, evitando ocupar el nuestro privado con su vía de ferrocarril

particular. Ya hemos dicho que permitimos allí todo tránsito, siempre, por nuestros caminos privados, pero de esto a tomar­los en esa forma arbitraria, hay una gran diferencia, que significa inconsideración y atropello sin más fin que ofender y dañar. Por último, no está completo todavía el expediente de dotación de ejidos a los pueblos vecinos de Cantabria, pero sí está demostrado en él que dichos pueblos tienen terrenos propios de regular extensión, y los que no, pueden comple­tarlo por rumbo distinto al de nuestras tierras recién desecadas que hace poco eran pantanos cubiertos por las aguas, para donde no se les hubiera ocurrido pretender ejidos. Como ahora, debido a nuestro esfuerzo y nuestro dinero son tierras fértiles codiciables, el Gobierno de Michoacán y la Comisión Agraria no encuentran mal que se nos quiten, sin preocuparse por que se nos devuelva, al menos, el mucho dinero que allí tenemos invertido. Decimos que es el Gobierno y la Comisión Agraria los que tal pretenden, porque ciertamente los pueblos no se han metido en nada espontáneamente; nuestros cuatro­cientos cincuenta y tres aparceros que forman la mayoría de esos pueblos, no sólo no piden las tierras, sino que se oponen a esa dotación de ejidos sobre nuestra propiedad. Es más, el Gobierno del Estado no quiere considerar que nuestras obras de drenaje están declaradas de utilidad pública, amparadas por la Federación y fuera por consiguiente de lo que puede apropiarse para ejidos, con la circunstancia importante de que mutilando la tierra y las obras arbitrariamente, como ha de hacerse para dotar de ejidos, nulifícase todo el sistema de drenaje, volviendo las tierras a convertirse en semipantano- sas, con daño para nosotros, para la comarca y para el país, y sin beneficio para nadie.

La Comisión Agraria a quien presentamos nuestro docu­mento anexo número cinco, haciéndole ver todas las irregu­laridades del expediente e inconveniente de tomar nuestras

tierras para ejidos, contestó que oportunamente lo tomaría en cuenta, pero acabamos de saber que de una manera violenta, sin sujetarse a plano ni medida de los ingenieros, el mismo Señor Gobernador ha dado orden para que se dé la posesión a los pueblos de una cantidad grande de tierra de Cantabria, señaladas caprichosamente. Como no pueden entregarlas a nuestros aparceros quienes ya las tienen en usufructo, es natural que lo harán a sus agentes agrarios, constituidos en Defensa Social, a quienes para este efecto acaban de enviar armas y municiones desde Morelia y, como son pocos, se quedarían con lo asignado para todo el pueblo.

Hasta aquí se ha venido sosteniendo la lucha contra nuestros intereses, pero ahora va contra las personas, puesto que nuestros empleados españoles de Cantabria, están pasan­do grave riesgo de sufrir la misma desgracia ocurrida a los de Curimeo, puesto que un destacamento de fuerzas del Estado que ha estado últimamente por varios días en la Hacienda, como ha estado otras veces, al salir de allí manifestó que tenía orden de desarmar a todos los empleados, cosa que no verificó por habérsele manifestado que tenían permiso oficial para portar armas en su propia defensa, pero se reservó consultar el caso a Morelia. Ningún objeto tiene ir a desarmar la gente que trabaja en el campo, atendiendo y dirigiendo las opera­ciones, y que es costumbre general porte armas para su seguridad personal. Nuestros empleados han visto en este hecho el primer paso semejante a igual procedimiento ocurri­do en Curimeo; esto es, dejarles inermes para que luego los Jefes de Defensa Social de las inmediaciones, que recibieron últimamente más armas y parque, caigan sobre dichos em­pleados con el pretexto de la cuestión de tierras y resulten más españoles asesinados en aquella comarca. Acompañamos co­mo documento anexo número nueve un recorte de prensa en el que están relatados los antecedentes de estos Jefes de

Defensa Social de Tiríndaro y Naranja colindantes con Can­tabria, para que se vea cómo es justificada la alarma de nuestros empleados españoles. Con este motivo dirigimos un mensaje al Señor Presidente de la República, suplicándole amparasen a nuestros empleados las fuerzas Federales desta­cadas en aquellos rumbos.

Conclusiones

Nos extendimos largamente molestado la atención de Ud. C. Secretario de Gobernación, para poderle dar los mayores detalles que confirman la persecusión de que somos objeto, y el peligro grave que corren las personas y los intereses que tenemos en Michoacán, en cuyo Estado creemos haber hecho obra útil y donde seguimos haciendo todo el bien posible. El remedio que pudiera ponerse a nuestra situación, sería:

I. Que el Gobierno de la Unión se digne prestamos su apoyo moral para defendemos de las injustas persecusiones, más o menos embozadas, del Gobierno de aquel Estado.

II. Que se dé cuenta a la Secretaría de Fomento, de que se trata de repartir terrenos desecados de la Ciénaga de Zacapu, supuesto que esta obra fue declarada, y es realmente de utilidad pública. El reparto que se pretende hacer importa realmente la destrucción de dicha obra, puesto que los indígenas son inca­paces, por falta de conocimientos y de elementos financieros, para conservar la complicada red de canales.

III. Que se den antecedentes de lo que ocurre al Señor Procurador de Justicia, para que a su vez instruya al C. Agente del Ministerio Público, a fin de que auxilie nuestra acción en los amparos que seguramente nos veremos obligados a pedir,