Las Garantias Jurisdiccionales - Mexico

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Biblioteca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¡ Catalogación

PO E672.113 Poder Judicial de la Federación. México P623g Las garantías jurisdiccionales. - México : Suprema

Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2006.

198 p.

1. Poder Judicial de l a Federacion. Mexico - Jurisdicción - Legislación 2. Jurisdicción - Principios - México 3. Carrera Judicial - Independencia - México 1.t. Il.ser. !

Primera edición: septiembre de 2006 DR. O Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José Maria Pino Suárez, Núm. 2 C.P. 06065, México, D.F.

Impreso en México Printed in Mexico

La edición de esta obra estuvo al cuidado de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se agradece la colaboración del Lic. Sergio Rodriguez

Las garantías jurisdiccionales

Cenfro Consulta de b;AA '"f""p;b;i~;;i;

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Ministro Mariano Azuela Güitrón Presidente

Primera Sala

Ministro José Ramón Cossio Diaz Presidente

Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas

Ministro luan N. Silva Meza Ministro Sergio A. Valls Hernández

Segunda Sala

Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos Presidenta

Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano Ministro Juan Diaz Romero

Ministro Genaro David Góngora Pimentel Ministro Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia

Comité d e Publicaciones y Promoción Educativa

Ministro Mariano Azuela Güitrón Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos

Ministra Olga Sanchez Cordero de García Villegas

Cornite Editorial Dr. Eduardo Ferrer Mac~Cregar Poiaot secretario Ejecuavo Jurídico Administrativo

Mtra. Cielito Boiivar Galindo Directora General de la Coordinarion de Compilación y Sirtematización de Tesis

Lic. Laura Ver6nica Camacho Squiviar Dir~rrora General de Difusión

Dr. Salvador Cdrdenas Gutierrez Director de Andlisi~ e Inosrigaddn Histórico Do~umental

Presentación .................................................... 9

Primera parte. Consideraciones prelimi-

nares .................................................................. 11

1. La jurisdicción ............................................ 13

11. La función jurisdiccional ......................... 2 1

A. La independencia como principal

garantía de la función jurisdiccional .... 25

1. Independencia funcional e inde-

pendencia como garantía ................. 33

B. Dimensión internacional de la inde-

pendencia judicial .................................. 36

C. Condiciones necesarias para que

opere la independencia judicial .......... 40

1 . La garantía constitucional de independencia judicial ...................... 40

2 . La división de poderes ................. 42 3 . La apoliticidad del Poder Judi- cial ......................................................... 43

.............................. . 4 El autogobierno 44

5 . La autonomía presupuesta1 ......... 44 D . La independencia de los Poderes

.................................... Judiciales locales 47

Segunda parte . Las garantías jurisdiccionales ................................................................. 61

............................. 1 . Planteamiento del tema 63

11 . Antecedentes históricos ........................... 65

111 . Concepto .................................................... 73

IV . Las garantías jurisdiccionales desde la óptica del derecho constitucional procesal ................................................................. 79

V . Marco constitucional y legal .................. 83

VI . Clasificación de las garantías jurisdiccionales ............................................................. 9 3

VI1 . Análisis pormenorizado de las garan- tías jurisdiccionales ........................................ 105

A . Sistema de selección y ascensos .... 105

1 . La carrera judicial .......................... 107

2 . Principios rectores de la carrera . . judicial .................................................. 111

3 . Criterios para selección y ascensos ................................................ 119

a) Los exámenes de oposición ..... 124

4 . Sistema de formación y actuali- . . zacion .................................................... 130

5 . Adscripción y readscripción ....... 141

B . Estabilidad. ratificación e inamovilidad ....................................................... 149

C . Remuneración .................................... 167

D . Fuero constitucional y responsabilidades ................................................ 170

Conclusiones ................................................. 183

Bibliohemerografía ........................................ 187

.......... Normativa nacional e internacional 197

Ante la imperatividad del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de contar con Jueces independientes, derecho fundamental que tienen a su favor tanto los juzgadores como la sociedad, resulta obligado fortalecer a los órganos encargados de la impartición de justicia mediante el otorgamiento de una serie de atribuciones y prerrogativas.

Uno de los principales rasgos que debe

mostrar un órgano jurisdiccional es su autono- mía, la cual se traduce en que sólo habrá de sujetarse a la ley, obviando presiones o injerencias externas que repercutan negativamente en el de- sempeño de sus delicadas funciones. En busca de dicha autonomía, los órdenes jurídicos modernos han establecido una categoría que

9

se conoce como "garantías jurisdiccionales", basadas en el derecho de acceso a la justicia, las cuales tienen como objetivo garantizar y preservar la calidad y efectividad de la impartición de justicia. Tales prerrogativas y seguridades conferidas a los titulares de altos órganos jurisdiccionales tienen el carácter de instrumentales y no pueden conceptuarse como canonjías otorgadas en su favor, sino en razón del cargo, pero siempre en beneficio de los justiciables.

Esta obra, concisa y sencilla, tiene como propósito describir cada una de las referidas garantías, entre las que destacan la selección, el nombramiento, la adscripción, la remune- ración, la inamovilidad, la estabilidad y el fuero constitucional de los juzgadores, con base en la doctrina y la jurisprudencia nacional y comparada.

Comité de Publicaciones y Promoción Educativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ministro Mariano Azuela Güitrón Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos

Ministra Olga Sánchez Cordero de Garcia Villegas

PRIMERA PARTE CONSIDERACIONES

PRELIMINARES

La palabra "jurisdicción" deriva de iurisdictio, -onis, que significa "poder o autoridad que tiene alguien para gobernar y poner en ejecución las leyes o para aplicarlas en juicio", así como ius -"derechou- y dicere -"proclamarM, "declarar", "decirv-. Conforme a lo anterior, por juris- dicción se entiende "autoridad o potestad para decir el derecho", pero en el terreno procesal implica la facultad del Estado para dirimir litigios de trascendencia jurídica, a través de alguno de sus órganos o de árbitros, aplicando normas jurídicas e individualizadas.' Entre las

ARELLANO GARCÍA, Carlos. Teoría general del proceso, I l a . ed.. México. Porrúa. 2002, p. 340: COUTURE. Eduardo J., Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires, Depalma, 1993. p. 40: FALC6N. Enrique M., Derecho procesal civil. procesal y laboral, Buenos Aires. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, 1978. 22: GOMEZ LARA. Cipriano. Teoría general del proceso. Ea. ed.. México. Haria, 1990. p. 122: GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Lajusticla constitucional. Garantías, proceso y tribunal constitucional. Buenos Aires. Depaima. 1994, pp . 3-5: FLORES GARC~A. Fernando. "Jurisdicción". en VV.AA.. Nuevo diccionario juridico mexicano. t. 111. México, Porrúa/UNAM. 2001. pp. 2226-2227: "Jurisdicción".

principales atribuciones del Estado destaca instalar órganos jurisdiccionales impartidores de justicia, que generalmente son públicos y pertenecen al Poder Judicial de la Federación, a los Poderes Judiciales locales y al del Distrito Federal, o al Poder Ejecutivo, como en el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi- nistrativa, aunque también existen órganos privados que dirimen controversias mediante procedimientos de arbitraje.

Formalmente, la jurisdicción se reduce a la consideración de los supuestos abstractos, generales e impersonales (establecidos en una norma general) respecto de una situación o conducta específica, a fin de determinar: 1) si tal situación o conducta se encuentra significada jurídicamente; 2) qué carácter tiene esa situa- ción o conducta (derecho, obligación, acto ilícito o facultad); 3) qué consecuencias jurídicas le corresponden; 4) la existencia o no de un acto

en PALLARES. Eduardo. Diccionario de derecho procesal civil. 26a. ed.. México. Porrúa. 2001. p. 510: TORRES DÍAZ, Luis Guillermo, Teoria general del proceso. México, Cárdenas. Editor y Distribuidor. 1994. pp. 55 y 57: VIZCARRA DA VA^ LOS, José, Teoria general del procesa. México. Porrua. 1937. p. 53. REAL ACADE~ MIA ESPANOLA, Diccionario de la lengua española. t . 11. 22a ed. . Madrid. Espasa Calpe. 2001, p. 1332: El sistema juridico mexicano. México. Suprema Corte d e Justicia d e la Nación. 2002. pp. 15-20.

ilícito; y, 5) la realización del correspondiente acto c o a c t i v ~ . ~

Kelsen estimó que la jurisdicción entraña la preparación o aplicación de actos coactivos por órganos a cuyos titulares se les garantiza independencia; en el Estado constitucional, su función primordial radica en controlar la regularidad o tutela del ~rdenamiento .~ Por tanto, los órganos jurisdiccionales tienen el control final de la regularidad de actos y normas, de ahí que deban estar dotados de independencia y autonomía para realizar adecuadamente sus funciones de control y dis t r ib~ción.~

Los términos "Estado" y "jurisdicción" son complementarios; ésta es un poder-deber de aquél y abarca dos criterios de distinto alcance: a) el objeto, representado por la concreta actua- ción del derecho objetivo para tutelar derechos e intereses específicos, y b) el complejo de los órganos que la realizan. En el moderno Estado de derecho existe un criterio sobre la

COSSIO DfAz. José Ramón. jurisdicción federal y carrera judicial eri México. México. UNAM. 1996. p. 18.. ' Citado por COSSÍO DIAZ. ]osé Raiiioii. "p. cit.. p. 28.

a REQUEJO PAGÉS, Juan Luis. /uri ,~dicció~ P independ~ncia judicial, Madrid, Criitro dr F,studios Constitucionales. 1989. p. 58.

jurisdicción vinculado con la circunstancia histórico-política a que se refiera; la jurisdicción proviene de la soberanía e ~ t a t a l , ~ de ahí que sea única y represente el papel jugado por el Estado en el proceso. De lo anterior se desprende la existencia de un deber jurisdiccional de resolver conflictos jurídicos, así como de un poder jurisdiccional previo a ese conflicto y del que se apropia el Estado para asegurar la paz social.

Puede hablarse de seis tipos de j~risdicción:~

1) Voluntaria y contenciosa: esta clasifica- ción se basa en la existencia o inexis- tencia de una controversia. La jurisdic- ción voluntaria ocurre cuando no hay una controversia a resolver, al contrario de la contenciosa, donde necesaria- mente debe haberla.

2) Federal, local y concurrente: está en función del nivel de gobierno al que per- tenezcan los órganos jurisdiccionales. Así, la jurisdicción federal es la que

C f r La soberanía nacional. Serie Grandes temas del constituciorialismo mexicano. No. 4. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005.

ARELLANO GARCfA, Carlos. Teoría general del proceso. op. cit.. pp. 342~350: DORANTES TAMAYO. Luis. op. cit.. pp. 171~175: Elementos de teoría general del proceso. Serie Manual deljusticiable. No. 1. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2003, pp . 53-55: G ~ M E Z LARA, Cipriano. op. ci t . . p. 124: " J y i s ~ d i c c i á n , e n PALLARES. Eduardo, op. cit.. pp. 513-514: y TORRES DIAZ. Luis Guillermo. op. cit.. pp. 60-67.

corresponde a los juzgados y tribunales de la Federación, la local es la que ejercen los juzgados y tribunales estatales,

~ -

y la concurrente supone la intervención, en la misma especie de asuntos, de órganos del Poder Judicial de la Fede- ración y de la entidad federativa del territorio de que se trate.

3) Propia y delegada: la propia -o "rete- nida"- la concede la ley a los órganos jurisdiccionales, a través de disposiciones en las que se establece exactamente cuál es su jurisdicción; en cambio, la delegada entraña que un órgano con jurisdicción propia delegue parte de ésta en otro órgano.

4) Judicial y arbitral: la primera es la que corresponde a los juzgadores de los Pode- res Judiciales de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, así como a los tribunales administrativos, dentro de los cuales se encuentran comprendidos el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de Con- ciliación y Arbitraje, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales Agrarios, los Tribunales Mili- tares, los Tribunales Electorales locales, los Tribunales de lo Contencioso Admi- nistrativo y los Tribunales encargados de dirimir los conflictos laborales susci- tados entre los Estados, los Municipios

y sus trabajadores (estos tres últimos en cuanto que no formen parte de los Pode- res Judiciales locales); en cuanto a la arbitral, la tienen los integrantes de órga- nos -públicos o privados- que desem- peñan labores de arbitraje.

5) Ordinaria, especial y excepcional: la ordinaria es aquella a la que se atribuye el conocimiento de asuntos no reservados a una jurisdicción especial, que es la que tiene lugar en atención a las cualidades de una persona que sólo puede verse invo- lucrada en un tipo específico de asuntos; por ejemplo, un militar. Por último, la jurisdicción excepcional se relaciona con lo dispuesto por el artículo 13 de la Cons- titución Federal, que prevé la improcedencia de procesos sustanciados ante tribunales especiales. La creación de un tribunal especial para que conozca de un solo asunto daría lugar a esta especie de jurisdicción.

6) Constitucional:' corresponde a los órga- nos especializados en resolver asuntos derivados de la interpretación y aplica-

' BIDART CAMPOS. Germán J.. La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional. Buenos Aires. Ediar. 1987. pp. 257~258; FAVOREU, Louis. Los tribunales constitocionales, trad. Vicente Villacampa. Barcelona. Ariel, 1994. p. 31; FIX-ZAMUDIO, Héctor. "Breves reflexiones sobre el concepto y pi contenido del derecha procesal constitucional", en FERRER MAC-GREGOR. Eduardo (coord.). Derechoprocesalconstitucional. t. l. 3a. ed.. México. Porrúa/Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A.C.. 2003. pp. 176-177. e Introducción al derecho procesal constitucional. México. Fundap. 2002. pp . 48~49: GONZALEZ-DELEITO DOMINGO. Nicolas, Tribunales constitucionales. Organ i~ zación y funcionamiento. Manuales Universitarios Españoles IX. Madrid. Tecnos. 1980, pp. 11~14 y 17; G O Z A ~ N I . Osvaldo Alfredo. op. cit., pp. 7-9.

ción de los preceptos constitucionales. En México corresponde, en sentido estricto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sentido lato, esta juris- dicción es la función ejercida para tutelar, mantener y controlar la supre- macía de la Constitución; en este sentido, toda interpretación de ésta también se equipara con la jurisdicción constitucional, pues entraña un control y res- guardo de la supremacía del orden máximo. Por tanto, la jurisdicción constitucional se revela como actividad del Estado en un doble papel: interpreta- ción y control. Ha sido objeto de debate si procede hablar de jurisdicción constitucional en aquellos sistemas donde su ejercicio no es monopolizado por un solo órgano especializado -Tribunal Constitucional-. El concepto puede razonarse a partir del órgano actuante o en la materia de que conocen los Jueces, caso en que se concretará efectiva jurisdicción constitucional cuando se apliquen principios de supremacía y control constitucional. La tesis "orgáni- ca" es propia de Europa. En países como Austria, Italia o Grecia no es difícil caracterizar a la jurisdicción constitucional, dado que deriva de sus Constitu- ciones o de leyes garantes de la independencia e imparcialidad del órgano, lo que ayuda a contrarrestar las presiones

políticas. En cambio, en América Latina se reconoce que la jurisdicción constitucional nació con la Constitución estadounidense (1787). La mayoria de las leyes fundamentales actuales adopta el sistema americano de control, de ahí que la amplitud de funciories conferidas a los Jueces ordinarios confunda sobre cuál es la verdadera jurisdicción constitucional; sin embargo, al observarse la actuacihn de<arrolladri y la sentencia emitida, se deduce la actividad tutelar de las normas básicas para los derechos del hombre. Una proyección importante de esto se comprueba en la tendencia a aplicar la tesis de la supre- macía constitucional, declarando la inconstitucionalidad correspondiente con alcance general, aunque en principio algunos paises conserven la inaplica- cióri para el caso concreto. En todo caso. la jurisdicción constitucional es la más importante tarea estatal en materia de justicia. Se trata de controlar el principio que persigue la efectiva protección de los derechos fundamentales. Estas disposiciones podrán ser constitucionales, provenientes de tratados internacionales o de disposiciones internas, pero invariablemente tocará a los tribunales integrar el ordenamiento conforme a la Constitución.

La función jurisdiccional puede conceptuarse como la actividad estatal encaminada a hacer valer, en los casos particulares, el ordenamiento jurídico, resolviendo las contiendas suscitadas entre las personas para evitar que éstas se hagan justicia por propia mano.8 Los Jueces, encargados de esta función, son necesarios en todo sistema jurídico. En este sentido se expresa el artículo 17 constitucional que, además de prohibir que cada cual se haga justicia por cuenta propia, establece:

Toda persona tiene derecho a que se le admi- nistre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus

V a s garantías d~ seguridad jur id i~a . Col~cc ión Garantías individuabs. No. 2 , 2a. cd.. México, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005, pp. 97-98.

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, que- dando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Por tanto, el acceso a la justicia es un derecho público subjetivo del gobernado que se traduce en el deber estatal de cumplir con la función jurisdiccional que lo garantice, creando

para ello tribunales que se encuentren expeditos para impartir justicia de manera imparcial y gratuita, en los términos y plazos fijados en la ley.9

En general, las funciones realizadas por los juzgadores son las que acertadamente señala Arellano García:l0

1. Desde el punto de vista formal, toda su actividad se considera función jurisdiccional:

2. Desde el punto de vista material, la actividad del Juez es jurisdiccional

Tesis P / J 113/2001. SemanarioJudicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. t. XIV, septiembre de 2001. p. 5.

lo ARELLANO GARCfA. Carlos. op. cit.. pp. 404-405.

cuando aplica normas jurídicas generales y normas jurídicas individualizadas a situaciones concretas en contradicción;

3. Desde el punto de vista material. la actividad del Juez es administrativa cuando aplica las normas jurídicas generales o individualizadas a situaciones concretas no controvertidas, es decir, que no se hallan en una posición de antagonismo;

4. Desde el punto de vista material. la actividad del Juez es legislativa cuando crea normas jurídicas de obligatoriedad general en los casos de jurisprudencia obligatoria, o cuando, a nivel local, se le autoriza a enviar iniciativas de ley en relación con el ramo de la justicia. Tam- bién crea normas individualizadas en las resoluciones judiciales que obligan a conducta determinada.

5. Todos los poderes jerárquicos del Juez sobre sus subordinados, personal de la entidad jurisdiccional de que se trate, están englobados dentro de la función administrativa desde el punto de vista material.

6. Siempre que el Juez goza del arbitrio judicial, en el desempeño de facultades discrecionales, está realizando una tarea creadora del derecho.

La trascendencia de estas funciones obliga a que los órganos constitucionalmente investi-

dos de competencia jurisdiccional se encuentren dotados de estatus particulares e inmersos dentro de un cuerpo normativo que garantice su autonomía, para asegurar que conozcan de litigios y los resuelvan sólo a partir de lo dispuesto en el orden jurídico. El Constituyente y el legislador deben proveer a que el ánimo del juzgador no sea turbado por elementos externos o situaciones personales de cualquier índole en detrimento de su imparcialidad, de modo que resultan necesarias normas que determinen, dentro de lo posible, las condiciones ideales en que debe operar el funcionario judicial, con la mayor eficiencia posible.

Es suma, estos órganos no deben estar subordinados a otros Poderes, órganos o personas, al tiempo que han de contar con ciertas condiciones que aseguren la rectitud de su actuaciÓn.l1 En la doctrina y la jurisprudencia, dichas condiciones se han denominado garan- tías jurisdiccionales. l 2

~ ~p - " Tesis P. XII1/2006. Sernanarioludicial de la Federación y su Gaceta, Novena

Época. t. XXIII. febrero de 2006. p 25. Infra. Segunda parte. Las garantías jurisdiccionales.

A. La independencia como principal garantía de

la función jurisdiccional

Los funcionarios judiciales deben estar conscien- tes de su responsabilidad y actuar en consecuencia.I3 A lo largo de la historia constitucional de México se ha pretendido garantizar la libertad judicial, aunque con diversos sistemas.I4 La palabra "independencia" significa "cuali- dad o condición de independiente"; "libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario de otro"; y "entereza, firmeza de c a r á ~ t e r " . ' ~ A su vez, por "independiente" puede entenderse "que no tiene dependencia, que no depende de otro"; "autónomo"; "dicho de una persona: que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena".I6 Por otra parte, el vocablo "judicial" deriva del latín

'"fr. La independencia del Poderlodiciai de la tpdcración. Swie El Pod~rJudicial cunternporánpo, No. 1 . México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2006.

" DEL RiO RODRJGUEZ, Carlos y Carlos de Silva Nava. Ponencia prescri+ rada en la Rpunión de P r~s iden te s de Cortcs Supremas delusriria de IberaamC~ rica. Pciriugal y España. que s p celpbid en este último país, en la ciudad de Mecida. l i . 12, 13 y 1 4 de rnayo de 19911. cn La Supipnia Corte d~Josticia duranle ~l gohierrio del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988~1994). México, Supr~n ia Corte de Justicia d~ la Nacióri. 2005. '' REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionariu d? la lerigua erpañnla, t . II. 22a. ed.. Madrid. Espasa Calpe. 2001. p. 1266.

'b Idenl.

iudiciilis y significa "perteneciente o relativo

al juicio, a la administración de justicia o a la

j~dicatura" . '~

En el campo doctrinario y en relación con

la actividad jurisdiccional, Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara definen así a la independencia judicial:I8

Potestad conferida a los jueces en virtud de la cual se encuentran en la posibilidad de administrar justicia de acuerdo con su ciencia y su conciencia, sin que estén sujetos a consignas o directrices de los órganos de los demás poderes del Estado. o de los órga- nos superiores del poder a que pertenecen. Esta potestad se destruye o merma considerablemente cuando se establece como obligatoria para los jueces inferiores la jurisprudencia de los superiores. La independencia es un requisito inexcusa- ble para el ejercicio de la función jurisdiccional. El juez que no es independiente, en realidad no es un verdadero juez.

" lb.. p. 1326. '"PINA. Rafael de y Rafael de Pina Vara. Diccionario de derecha. 31a. ed.,

México. Porrúa. 2003, p. 317.

Juez independiente sólo lo es el que se encuentra en condiciones de resolver cualquier caso que le competa con arreglo a su ciencia y a su conciencia.

Desde el punto de vista institucional

estructural, la independencia judicial se dirige a lograr un Poder autónomo y libre de inje-

rencia~ en su actividad, de modo que pueda

erigirse como control del principio de división

de poderes.lg

Juan Luis Requejo Pagés considera que la independencia judicialz0 es la institución en

cuya virtud se delimita el sector del orde-

namiento jurídico que encierra los elementos

relevantes para que el Juez, al ejercer jurisdic- ción, se desvincule de lo que no integra el

núcleo argumentativo y de actuación en que

debe permanecer para aplicar el derecho. Esta desvinculación permite que el ordenamien-

to jurídico sea la única base para que el Juez

le GOZAINI. Osvaldo Alfredo. La justicia constitucional. Garantías, proceso y Tribunal Constitocional, Buenas Aires, Depalma. 1994. p. 249.

REQUEJO PACES, Juan Luis, op. cit.. p. 164.

decida qué norma debe aplicar y cómo hacerlo, más allá de cualquier tipo de interferencia, lo que anula la relevancia jurídica de toda orden o requerimiento destinado a influir en su criterio.

En efecto, la independencia de los tribuna- lesz1 implica que éstos se encuentran sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes, por lo que ni los órganos o funcionarios del Estado y menos aún los particulares, pueden influir en el sentido de sus fallos. La Suprema Corte de Justicia d e la Nación se ha pronunciado respecto de la independencia judicial, conside- rándola "un rasgo distintivo de la regulación constitucional y legal que rige, entre otros aspectos, los relacionados con el nombramiento, duración en el cargo, remuneraciones y demás aspectos relevantes de los derechos y obligaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales.. .

" FIX~FIERRO. Hector. "Articulo 17". en V V A A . Canstitución Polilica de los Estarlos Unido, iLlexicanos. Comrrirada y coricordada. t 1. 1 7 a rd.. Mexico. Parrúa. 7.003, p. 261.

" Tcsis P. XIV/ZOUti. S~manario Judicial d~ la F~d~rac ión y s u Cacera. Novcna Época. 1. XXIII. fcbrci-o de 2006. p. 24.

LOS artículos 17, 100 y 116 de la Coiistitu- ción Federal determinan, específicamente, que el proceder de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como el de los miembros de los Poderes Judiciales locales, se ciña a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, a fin de satisfacer las expectativas sociales de impar- tición de justicia. Este imperativo constitucional, junto con la necesidad de sistematizar los lineamientos conductuales idóneos para que el juzgador sea congruente con la aplica- ción cabal del derecho, motivaron que, en agosto de 2004, los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judi- catura Federal, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede- ración, aprobaran el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, cuyo capítulo 1 define a la independencia como "la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél". Por tanto, el juzgador debe:

1. Rechazar cualquier tipo de recomenda- ción que tienda a influir en la trami- tación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, incluso las que pudieran provenir de servidores del Poder Judicial de la Federación.

2. Preservar el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia.

3. Evitar involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indi- rectamente afectar su independencia.

4. Abstenerse de recomendar, insinuar o sugerir. con un fin ilegítimo, el sentido en que deban emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial que tenga efecto sobre la resolución de un asunto.

La jurisprudencia ha destacado que la independencia judicial es un requisito para el debido funcionamiento del aparato judicial del Estado; se logra en virtud de las "garantías jud ic ia le~" ,~~ serie de previsiones tendientes a mantener la incorruptibilidad de los órganos de impartición de justicia.24

" FIX-ZAMUDIO, Héctar, Introducción al derecho procesal constitucional. op. cit., pp. 50-58.

' V e s i s 1.4o.A.348 A, Semanarioludicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. t . XVI. septiembre de 2002, p. 1397.

LAS G A R A N T ~ A ~ lUR lSD~CCiONALE5 3 1

De las consideraciones precedentes y de lo dispuesto en la tesis P. XIII/2006, puede extraerse el siguiente concepto de independencia judicial: garantía instaurada para asegurar la probidad en las actuaciones judiciales mediante el sometimiento de los impartidores de justicia a la Constitución y a las leyes de sus respectivos Estados, sin tomar en cuenta injerencias de factor ajeno alguno, ya sea estatal

o particular, que pudieran distorsionar su criterio puramente jurídico y, en consecuencia, subordinar el derecho a intereses incompatibles con el bien público, lo que se logra mediante diversos mecanismos, como son la fijación de un plazo de duración en el cargo, la imposibilidad de disminuir sus remuneraciones y de que ocupen un diverso empleo o encargo durante un periodo.

Cabe aclarar que la independencia judicial no debe considerarse sinónimo de impunidad, sino como el conjunto de garantías de que se dota a los Jueces para asegurar que su actua- ción será imparcial y libre de toda influencia,

por lo que puede establecerse que la independencia de los Jueces tiene sus límites en las medidas disciplinarias que es posible imponer- les por incumplimiento o desacato a las disposiciones legales, por ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra irregularidad en su actuación, lo que se demuestra con el hecho de que los juzgadores pueden ser sujetos de responsabilidad.

La independencia judicial se manifiesta de dos formas; puede analizarse en dos aspectos o desde dos puntos de vista. En un aspecto externo, supone la ausencia de intromisiones o de presiones de otras autoridades o de personas o instituciones que constituyan factores reales de poder, como pueden ser los partidos polí- ticos, la prensa, etcétera. En un aspecto interno, entraña la falta de presiones indebidas provenientes de las partes, que deberán someterse al órgano jurisdiccional y acatar y respetar sus decisiones, sin perjuicio de agotar los medios de defensa previstos en la ley aplicable.

En casos como los de juicios de control de constitucionalidad o de legalidad en que se

juzga la actuación de autoridades, los aspectos

externo e interno de la independencia judicial

se confunden.

1 . lndependencia funcional e independencia

como garantía

La independencia judicialz5 implica una doble

concepción: a) independencia funcional, refe-

rida a la concepción valorativa de la indepen-

dencia judicial, y b) independencia como

garantía.26 La primera alude a una regla básica

de cualquier ordenamiento, en cuya virtud el

Juez, al ejercer su función, debe someterse

únicamente a la legalidad. Por el contrario, la

independencia judicial como garantía implica

un conjunto de mecanismos encargados de

salvaguardar y realizar ese valor.27

SÁNCHEZ CORDERO DE GARC~A VILLEGAS. Olga. "Independencia judicial en México". en Once voces. México. Suprema Corte de Justicia d e la Nación. 2000. y en http://www.scjn.gob.mx/Ministros/o$cgv/Conf/Conf- 0 l l .h tm.

DIEZ PICAZO. Luis Maria, "Notas de derecho comparado sobre la i n d e ~ pendencia judicial". en Revista Española de Derecha Constitucional. Año 12. Numero 34. enero-abril 1992. p. 20.

" lb . . p. 21.

Luis Díez PicazoZ8 distingue tres subespe- cies dentro de la categoría de la independencia judicial como garantía:

1. Independencia personal: conjunto de carac- terísticas derivadas de la situación en que la Constitución coloca al Juez individual- mente considerado, y que lo protegen de eventuales presiones ejercidas por los otros dos Poderes políticos. 2. Independencia colectiva: tiene que ver con la protección a la judicatura en su conjunto frente a los demás Poderes del Estado; y 3. Independencia interna: ampara al Juez, en su individualidad. frente al resto de la judicatura.

La independencia como garantía debe valorarse y entenderse en función de los rasgos definitorios que le otorga el ordenamiento jurí- dico en particular, y que se relacionan con otros factores, como la forma de gobierno y el modelo global de organización judicial.

En México, el artículo 17, penúltimo párra- fo, de la Constitución Federal establece que

las leyes federales y locales determinarán que los tribunales sean independientes y que sus resoluciones se ejecuten. Como se ha visto, la independencia judicial es inherente a la adecuada impartición de justicia. Un Juez independiente no se dejará llevar por intereses particulares o de poder para resolver los asuntos sometidos a su consideración. Como se vio, existen mecanismos institucionales para satisfacer la garantía judicial de independencia a que remite el precepto constitucional señalado; por ejemplo, el diseño de los sistemas de nombramiento y ascenso (si los mecanismos para ser nombrado Juez o ascendido en la carrera judicial son objetivos y transparentes, la independencia entendida como "no sujeción" del Juez a intereses o mandatos será notablemente favo- recida), lo que demanda un correcto esquema de carrera judicial. Asimismo, la independencia judicial exige un sistema idóneo de remuneraciones, estabilidad, inamovilidad y respon~abilidades.~~

Z9 CARBONELL. Miguel, Los derechos fundarnenrales en México. México. UNAM. 2004, pp. 734-735.

B. Dimensión internacional de la independencia

judicial

La importancia de la independencia judicial ha

trascendido fronteras, ubicándose como un principio capital de la protección internacional de los derechos del hombre. Así, explícita- mente en el artículo 10, e implícitamente en los

artículos 7, 8 y 11 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, se le reconoce en los siguientes términos:

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual pro- tección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Articulo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal

independiente e imparcial, para la determi- nación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Asimismo, el artículo 14.1 del Pacto Interna- cional de Derechos Civiles y Políticos señala:

Artículo 1 4 . 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la subs- tanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad

o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publi- cidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas: d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por

un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente. si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intér- prete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra si misma ni a confesarse culpable. 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condena- torio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error

judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

C. Condiciones necesarias para que opere la

independencia judicia130

1. La garantía constitucional de independencia judicial

Dada la singular importancia jurídica y polí- tica de la independencia judicial, es conve- niente que en la propia Constitución se establezcan los preceptos que la garanticen, sin perjuicio de que la legislación secundaria desarrolle las ideas contenidas en aquélla.

DEL RÍO RODRfGUEZ, Carlos y Carlos de Silva Nava, op. cit.

La Constitución Federal contiene varios pre-

ceptos relacionados con el tema. La indepen-

dencia de los tribunales ha sido plasmada como

garantía individual de los gobernados en el

artículo 17 constitucional, que establece:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le admi- nistre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, que- dando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Por su parte, el artículo 116, fracción 111,

del propio Ordenamiento Supremo, garantiza

la independencia de los juzgadores locales.

2. La división de poderes

La independencia judicial no puede producirse

en un Estado donde no opere efectivamente la

división de poderes.31 Según Montesquieu, ésta

no sólo debe corresponder a una mera distribu-

ción y especialización de funciones, sino tam-

bién a un sistema de frenos y contrapesos que

permita que el propio poder se autolimite.

Modernamente no puede hablarse ya de

una separación rígida de los poderes, sino

de una distribución armónica de funciones

entre ellos. Además, la división no debe enten-

derse como pugna: la armonía en el ejercicio de

la autoridad se logra cuando cada Poder cum-

ple cabal y oportunamente con sus funcio-

nes. Cuando alguno de ellos se extralimita,

interviene el Poder Judicial en calidad de

moderador, intentando que las cosas vuelvan

a la normalidad.

Cfr. La división de poderes, Serie Grandes temas del constitocio~alismo mexicano. No. 2, Mhxico, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005.

El artículo 49 constitucional fundamenta la división de poderes en México, pero tal declaración debe coexistir con la voluntad política de respetar dicha división y, por tanto, la independencia judicial. En México se considera que la supremacía const i t~cional~~ es efectiva cuando autoridades y particulares pueden acudir por igual a los medios de control previstos en la propia Con~t i tución,~~ si las resoluciones correspondientes se dictan con plena independencia de criterio y, claro, si son respe- tadas. Ello sólo puede ocurrir en un Estado democrático de derecho. De lo contrario, la actuación judicial sería estéril, aun cuando hubiera Jueces dispuestos a defender el orden constitucional y legal.

3. La apoliticidad del Poder ludicial

El Poder Judicial no debe, cuando actúa como órgano de control, interferir en las decisiones políticas propias de los otros Poderes. Sin

32 Cfr. La supremacía constitucional. Serie Grandes temas del constitucionalismo mexicano. No. 1 , México. Suprema Corte d e Justicia d e la Nación. 2005. " Cfr. 1.a defensa de la Constitución. Serie Grandes temas del constitucia~alismo mexicano. No. 5. México, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2005.

embargo, la efectividad de la independencia del Poder Judicial requiere, asimismo, que éste no contraiga compromisos injustificados con los otros Poderes ni con cualquier otro factor real de poder. En efecto, el Poder Judicial debe abstenerse de intervenir en la política práctica, relativa al acceso al poder por parte de personas o grupos y a su permanencia en

4. El autogobierno

La realidad de la independencia judicial demanda que el poder se gobierne a sí mismo. La función judicial se rige por normas constitucionales y legales no provenientes del Poder Judicial, lo que no implica que, respetando ese marco normativo, no pueda tomar sus propias decisiones en cuanto a su administración interna, sin interferencia alguna de los otros Poderes.

5. La autonomía presupuesta1

En México y Latinoamérica, el aspecto presu- puesta1 siempre ha sido el más débil en cuanto

' DEL R í o RODRíGLJEZ, Carlos y Carlos de Silva Nava. op. cit.

a la regulación de la independencia judicial,35 dado que los presupuestos atribuidos a los organismos judiciales siempre han estado por debajo de los señalados para los otros dos Poderes. Esta situación de inferioridad presu- puestaria de los tribunales federales fue obvia en el ordenamiento mexicano hasta que el Pre- sidente Miguel de la Madrid se preocupó por asignar recursos más decorosos y adecuados a los tribunales federales.

Desde el punto de vista institucional se ha avanzado, y al respecto puede citarse el artículo 100 constitucional in fine:

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

35 Cfr. La independencia del Poder Judicial de la Federación. Serie El PoderJudjcial contemporáneo. No. 1 , México. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006.

La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.

Esto significa un logro respecto de lo que sucedía antes, cuando el presupuesto del Poder Judicial de la Federación debía discutirse con las dependencias hacendarias, lo que implicaba una subordinación económica que se ha supe- rado relativamente. Cabe señalar que el texto anterior y el actual del artículo 94 constitucional se inspiraron en la sección primera del artículo 30. de la Constitución estadounidense, en el sentido de que la remuneración de los Jueces federales no será disminuida durante el tiempo de su encargo, para evitar presiones

indebidas de los otros Poderes sobre los ingre- sos de los miembros del Poder Judicial de la Federación.

La cuestión del porcentaje del presupuesto nacional destinado al Poder Judicial fue exa- minada por juristas mexicanos en la Cuarta Convención de Barras Asociadas de la Repú-

blica Mexicana (8 de junio de 1972), en la Ciudad de México; entonces se propuso establecer un

porcentaje no menor del 1% de los egresos totales que cada año figuren en el presupuesto federal, para atribuirlos a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, confiriendo su manejo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta autonomía guarda íntima relación con el tema de la independencia del Poder Judicial, pues para que éste cumpla adecuadamente con sus funciones, es necesario que cuente con elementos materiales suficientes. La determina- ción del presupuesto del Poder Judicial no puede ni debe quedar condicionada a compromisos que afecten su independencia.

D. La independencia de los Poderes ludiciales locales

El 17 de marzo de 1987 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma de diversos artículos de la Constitución Federal, entre ellos el 17 y el 116. El texto actual de la fracción 111 de este último derivó de dicha reforma, pues antes no había regulación consti-

tucional alguna de la administración de justicia local.36 Con las modificaciones citadas el Poder Reformador quiso consolidar la autonomía e independencia de los Poderes Judiciales locales. La exposición de motivos señaló:

(...) Los tribunales de justicia deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de división de poderes y porque la independencia judicial constituye la primer garantía de la jurisdic- ción, establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe esperar justicia completa y estricta del Juez jerárquicamente libre dependiente sólo de la ley. La independencia judicial requiere que los Jueces al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisión del Juez a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad. A la independencia objetiva se une el conocimiento de lo que se hace, pues siempre hemos considerado que una verdadera y auténtica independencia

3 V f r . Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Ponente: José Ramón Cossio Diaz.

judicial, se nutre en una real toma de conciencia del papel que el Juez desempeña en la aplicación del derecho. Estas calidades son el espíritu de la autoridad moral del Juez. pues la autoridad formal le es conferida por la ley. El Juez es símbolo de lajusticia y guar- dián del derecho. por ello los órganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selección del derecho, la vocación, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen Juez no se improvisa, requiere del transcurso de años de estudio y práctica en los tribunales para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicación de la ley. Selección, formación, eficiencia y preparación adecuada son. entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempeño de la función jurisdiccional independiente. En cuanto a la estabilidad en el cargo, ésta proporciona a los servidores de la administración de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozará de permanencia en su puesto. Sin Jueces estables en el desempeño de su cargo, la independencia en el ejercicio de la función. se ve considerablemente disminuida. Finalmente, al Juez debe garantizarse una posición social digna, proporcionándole bienestar económico que permita su total entrega a su ministerio,

sin preocupaciones de otra índole. Los órga- nos de los Poderes Judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relación con la importancia del servicio público que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia. El nuevo texto del artículo 17, que se propone, perfecciona y robustece la garan- tía individual de acceso a la jurisdicción, al sefialar sus calidades: independencia en sus órganos, prontitud en sus procesos y resoluciones, que agote las cuestiones planteadas y sea completa, imparcial para que asegure el imperio del derecho y gratuita para afir- mar nuestra vocación democrática. Para ello es necesario, además, establecer las bases constitucionales en relación a los Pode- res Judiciales Locales y proponer reformas a los preceptos constitucionales que regulan el Poder Judicial de la Federación. La inclu- sión en nuestro texto constitucional de las bases para la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales de los Estados es una aspiración, que esta iniciativa hace suya y revitaliza, expresada desde el voto particular de la minoría de la Comisión Constitu- yente de 1842. recogida por don Venustiano Carranza en las ideas contenidas en su decla- ración de Veracruz de 1914, y reiteradas en

su discurso inaugural del Congreso Consti- tuyente de lo. de diciembre de 1916, para consolidar un Poder Judicial respetable, digno, vigoroso e independiente, tanto en el ámbito federal como en el local. Dado que nuestra Constitución cumple el cometido de ser el estatuto nacional de los Estados que integran la federación, es necesario que nuestra Norma Fundamental señale las bases conforme a las cuales los Poderes Judiciales de los Estados, deban cumplir con la relevante tarea de impartir justicia, en condiciones de calidad similar en todo el territorio nacional. Las bases que se plantean en esta iniciativa armonizan la necesidad de que los tribunales de justicia cumplan plenamente con los principios que se contienen en el artículo 17 constitucional que se propone, con respeto al principio fundamental de la autonomía constitucional de los Estados. Para ello, las bases contienen la afirmación y los medios para lograr la independencia del Poder Judicial. calidad de la cual deben surgir los restantes atributos de la impar- tición de justicia: y deja a las Constituciones y leyes locales la regulación del Poder Judi- cial Local, para que ellas establezcan las especiales características y modalidades que más se adecuen a las particularidades geo- gráficas. etnográficas, demográficas y econó-

micas de cada entidad federativa. La inclu- sión en nuestro texto constitucional de las bases para la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales, es una petición expresa del XIII Congreso Nacional de Tri- bunales Superiores de Justicia de la Repú- blica mexicana que se celebró en Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. el día 16 de mayo de 1986. ... El nuevo texto del artículo 116 que se propone se dedica a las normas relativas a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judi- cial de los Estados, y sus fracciones 1 y 11 repiten el contenido actual de la fracción VI11 del articulo 115 constitucional, dedicando la fracción 1 a las normas relativas al Poder Ejecutivo y la fracción 11 a las normas relativas al Poder Legislativo; la fracción 111 contiene las bases a que debe sujetarse la organización y funcionamiento del Poder Judicial; la fracción IV se dedica a señalar la posibilidad constitucional de la justicia administrativa en el ámbito local; y las fracciones V y VI repiten el contenido de las fracciones IX y X del texto vigente del articulo 115 constitucional, relativas a las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores y a la posibilidad de celebrar convenios entre la Federación, los Estados y sus Municipios. Por lo que se refiere al perfeccionamiento de las normas que rigen a los Tribunales de

Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, se formularán las adecuaciones necesarias para que tales normas conserven congruen- cia con las contenidas en el artículo 116 constitucional que propone, adaptarlas a las circunstancias del Distrito Federal. (...)

En febrero de 2006, el Pleno de la Corte emitió una tesis juri~prudencial~~ para aclarar la finalidad de esta reforma:

PODERES JUDICIALES LOCALES. PRIN- CIPIOS CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOM~A. La finalidad de la reforma a los artículos 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987, fue el fortalecimiento de la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Estatales, al establecer que éstas deberán garantizarse en las Consti- tuciones Locales y leyes secundarias. Así, para garantizar la independencia judicial

en la administración de justicia local, en el

3' Tesis P./]. 15/2006. Semanarioludicial de la Federación y su Gaceta. Novena Epoca, t. XXIII. febrero de 2006, p. 1530.

referido artículo 116 se previeron diversos principios a favor de los Poderes Judiciales Locales, consistentes en: a) el establecimiento de la carrera judicial, debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales; b) la previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de Magistrado así como las características que éstos deben tener, tales como eficiencia, probidad y honorabilidad; c) el derecho a recibir una remunera- ción adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, y d) la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica la fijación de su duración y la posibilidad de que sean ratificados al tér- mino del periodo para el que fueron designados. a fin de que alcancen la inamovilidad. Estos principios deben estar garantizados por las Constituciones y leyes estatales para que se logre una plena independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales; sin embargo, en caso de que en algún Estado de la República no se encuentren contemplados, ello no significa que el Poder Judicial de dicho Estado carezca de principios a su favor, toda vez que al estar previstos en la Constitución Federal son de observancia obligatoria.

Con motivo de esta reforma, todos los Esta-

dos de la República quedaron obligados a

adecuar sus Constituciones y leyes a las dispo-

siciones establecidas en la Constitución Fede-

ral, a más tardar el 18 de marzo de 1988. Por

otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 se reformó el párrafo tercero de la frac-

ción 111 del artículo 116 constitucional y se

derogó su párrafo quinto, para quedar en los

términos que actualmente ofrece:

111. El Poder Judicial de los Estados se ejer- cerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia d e quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones 1 a V del articulo 95 de esta Constitución. No podrán

ser Magistrados las personas que hayan ocu- pado el cargo de Secretario o su equivalente. Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Consti- tuciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabili- dades de los Servidores Públicos de los Estados. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

Esta enmienda pretendió adecuar los requisitos exigidos para ocupar el cargo de Magis- trado a los establecidos en el artículo 95 de la

propia Constitución Federal, y adicionar como impedimentos para ocuparlo el haber desem- peñado, durante el año previo a la designación, los cargos de Secretario o su equivalente, Pro- curador de Justicia o Diputado local en los respectivos Estados. En cuanto a la derogación del párrafo quinto, tuvo como finalidad elimi- nar el esquema de nombramiento rígido para los Jueces locales a fin de que cada entidad federativa adoptara el tipo de organización judicial que estimara mejor, cumpliendo los principios de la carrera judicial (dada la semejanza que con el ámbito federal guarda- ban el gobierno y la administración del Poder Judicial de los Estados).

La in terpre ta~ión~~ del artículo 116, frac- ción 111, constitucional, y el proceso legislativo que le dio origen, junto con la reforma del artículo 17 de la propia Constitución, permiten concluir que una justicia completa debe garantizar en todo el ámbito nacional la independen-

" Tesis P. /J. 101 /2000, Sernanario]udicial de la Federación y su Gaceta, Novena epoca, t. XII. octubre de 2000. p. 32.

cia judicial, al haberse incorporado estos postu- lados en el precepto constitucional últimamente citado, que prevé el derecho a la jurisdicción, y en el diverso 116, fracción 111. A fin de garantizar la independencia en la jurisdicción local, se establecen como principios básicos a los que deben sujetarse las entidades federativas y los Poderes en los que se divide el ejercicio del poder público, los siguientes:

1. La sujeción de la designación de Magis- trados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren, al consig- narse que los nombramientos de Magis- trados y Jueces deberán hacerse, preferentemente, entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que la merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. y exigirse que los Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 95 constitucional prevé para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo que será responsabilidad de los órganos de

gobierno que participen en el proceso relativo a dicha designación.

2. La implantación de la carrera judicial, al establecerse. por una parte, que las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales locales y, por otra, la preferen- cia para el nombramiento de Magistra- dos y Jueces entre quienes hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, lo que será responsabilidad de los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de Justicia de los Estados o, en su caso, de los Consejos de la Judi- catura, cuando se hayan establecido.

3. La seguridad económica de Jueces y Magistrados, al disponerse que percibi- rán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo.

4. La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, manifestada en tres aspectos: a) la determinación en las Constitu- ciones Locales, de manera general y objetiva, del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa que el funcionario judicial no

podrá ser removido arbitrariamente durante dicho pe~iodo; b) la posibilidad de ratificación de los Magistrados al término del ejercicio conforme al periodo señalado en la Constitución local respectiva, siempre que demuestren sufi- cientemente poseer los atributos que se les reconocieron al habérseles designado, así como que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto implica la necesidad de que se emitan dictámenes de evalua- ción de su desempeño por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que con- curren en la ratificación y vigilancia en el desempeño de la función, con motivo de la conclusión del periodo del ejercicio del cargo; y, c) la inamovilidad judicial para los Magistrados que hayan sido ratificados en sus puestos, que sólo podrán ser removidos "en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados".

SECUNDA PARTE LAS CARANT~AS

JURISDICCIONALES

Como los Jueces controlan la regularidad de los actos y normas de un sistema jurídico, es necesario otorgarles una serie de garantías para crear las condiciones idóneas que los priven de atender a elementos ajenos a los estrictamente normativo^.^^ Los tribunales deben ser independientes para fortalecer el principio de división de poderes y porque la independencia judicial constituye la principal garantía de la jurisdic- ción. Selección, formación, eficiencia y prepa- ración adecuada son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempeño de la función jurisdiccional independiente.

Por ello, en los capítulos subsecuentes se detallarán las garantías consistentes en selec-

Tesis P. XIII/2006. ib.. t . XXIII. febrero de 2006. p. 25

63

ción y ascensos (carrera judicial, procedimientos de selección, adscripción y readscripción, for- mación y actualización y ascensos), seguridad en el ejercicio del cargo (duración, ratificación, inamovilidad y responsabilidades), seguridad económica y fuero constitucional.

Las garantías jurisdiccionales atienden a la preocupación por alcanzar un adecuado sis-

tema de impartición de justicia, advirtiéndose

en las primeras Constituciones nacionales la

tendencia a establecer las condiciones mínimas

para el acceso a la jurisdicción. La Constitución

de Cádiz (1812) contenía más de sesenta pre-

ceptos relativos a los tribunales y a la adminis-

tración de justicia. Por su parte, la Constitución

Federal de 1824 incluía un apartado titulado

"Reglas a que se sujetará en todos los Estados

y territorios de la Federación la administración

de justicia", donde se establecían prerrogativas

relacionadas con el proceso jurisdiccional. Por

su parte, la primera Norma Fundamental que

previó algunas de las hoy llamadas garantías

jurisdiccionales fue la de 1836, al referirse a la

remuneración que debía cor-esponder a Jueces y Magistrados.

La Carta Federal de 1857 también se ocupó de lo relativo al acceso a la tutela judicial, con- siderándose su artículo 17 el antecedente directo del mismo numeral de la Constitución de 1917. El precepto de ésta que prevé el acceso a la justicia sólo ha sido objeto de una reforma, publicada el 17 de marzo de 1987, de la que derivó el texto del artículo 17 actualmente en vigor. La reforma pretendió "ampliar y preci- sar el alcance de la garantía, así como de las obligaciones correlativas del Estado en materia

de administración de justicia" ,40 pudiendo desta- carse el mandato de garantizar, a través de leyes, la independencia de sus tribunales. Además, en esta misma reforma se adicionó el artículo 116 para establecer, en su fracción 111, las bases fundamentales de la organización de los Pode- res Judiciales de los Estados y los requisitos básicos para nombrar Jueces y Magistrados, deri- vando de la enmienda mencionada el texto

'O FIX-FIERRO, Héctor. "Articulo 17". op. cit.. p. 254

actual de la referida fracción, pues antes no había regulación constitucional alguna de la administración de justicia local.

En la exposición de motivos de la reforma de referencia se señaló:41

El fundamento filosófico-jurídico de la fun- ción jurisdiccional a cargo del Estado, se encuentra en la garantía individual conte- nida en el artículo 17 constitucional, precepto que demanda del individuo la renun- cia a hacerse justicia por mano propia y a ejercer violencia para reclamar su derecho pero en reciprocidad establece la garan- tía individual de acceso a la jurisdicción. Y para ello dispone que los tribunales de justicia la impartirán en forma expedita y gratuita. La garantía a la acción jurisdiccional está, pues, establecida en nuestra Constitución en beneficio y protección del individuo. por lo que proponemos enriquecerla y adaptarla al presente, conservando los valores establecidos desde el artículo 18 del Acta Consti- tutiva de la Federación de 1824, y recogiendo

Exposición de motivos de fecha 30 de octubre de 1986, relativa a las refor~ mas del 17 de marro de 1987.

los principios contenidos en los documentos actuales que atienden a los derechos humanos y a sus libertades fundamentales. La impartición de justicia que merece el pue- blo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas; y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patri- monio ajenos. Los tribunales de justicia deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de división de poderes y porque la independencia judicial constituye la primer garantía de la jurisdicción, establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe esperar justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre dependiente sólo de la ley. La independencia judicial requiere que los jueces al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisión del juez a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad.

A la independencia objetiva se une el con- sentimiento de lo que se hace, pues siempre hemos considerado que una verdadera y auténtica independencia judicial, se nutre en una real toma de conciencia del papel que el juez desempeña en la aplicación del Derecho. Estas calidades son el espíritu de la autoridad moral del juez, pues la autoridad formal le es conferida por la ley. El juez es símbolo de la justicia y guar- dián del derecho, por ello los órganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selección del derecho, la vocación, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen juez no se improvisa, requiere del transcurso de años de estudio y práctica en los tribunales para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicación de la ley. Selección, formación, eficiencia y prepara- ción adecuada son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempeño de la función jurisdiccional independiente. En cuanto a la estabilidad en el cargo, ésta proporciona a los servidores de la adminis- tración de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozará de permanencia en su puesto. Sin jueces estables en el desem- peño de su cargo, la independencia en el

ejercicio de la función, se ve considerablemente disminuida. Finalmente, al juez debe garantizarse una posición social digna, proporcionándole bienestar económico que permita su total entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra índole. Los órganos de los poderes judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relación con la importancia del servicio público que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la admi- nistración de justicia.

Por su parte, respecto a la adición al artículo 116, en la misma exposición se dispuso:

. . . es necesario, además, establecer las bases constitucionales en relación a los poderes judiciales locales y proponer reformas a los preceptos constitucionales que regulan el Poder Judicial de la Federación. La inclusión en nuestro texto constitucional de las bases para la organización y funcionamiento de los poderes judiciales de los estados es una aspiración, que esta iniciativa hace suya y revitaliza, expresada desde el voto particular de la minoría de la comi- sión constituyente de 1842, recogida por Don

Venustiano Carranza en las ideas contenidas en su declaración de Veracruz de 1914, y reiteradas en su discurso inaugural del congreso constituyente de 1" de diciembre de 1916, para consolidar un poder judicial respetable, digno, vigoroso e independiente, tanta en el ámbito federal como en el local. Dado que nuestra Constitución cumple el cometido de ser el estatuto nacional de los estados que integran la federación, es necesario que nuestra norma fundamental señale las bases conforme a las cuales los poderes judiciales de los estados, deban cumplir con la relevante tarea de impartir justicia, en condiciones de calidad similar en todo el territorio nacional. Las bases que se plantean en esta iniciativa armonizan la necesidad de que los tribunales de justicia cumplan plenamente con los principios que se contienen en el artículo 17 constitucional que se propone, con el respe- to al principio fundamental de la autonomía constitucional de los Estados. Para ello, las bases contienen la afirmación y los medios para lograr la independencia del poder judicial, calidad de la cual deben surgir los restantes atributos de la impartición de justicia; y deja a las constituciones y leyes locales, la regulación del poder judicial local, para que ellas establezcan las especiales

características y modalidades que más se adecuen a las particularidades geográficas, etnográficas, demográficas y económicas de cada entidad federativa.

Por otra parte, como se dijo antes, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, el párrafo tercero de la fracción 111 del artículo 116 fue reformado, y se derogó su párrafo quinto, para quedar en los términos en que se encuentran actualmente.

La palabra garantía proviene de garante; entre sus acepciones destacan "efecto de afianzar lo estipulado" y "cosa que asegura o protege contra algún riesgo o n e ~ e s i d a d " . ~ ~ Así, en sentido lato "garantía" equivale a "aseguramiento" o "afianzamiento". Las nociones de afianzamiento, aseguramiento y protección son indisociables del concepto de garantías individuales, que son "derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitu- ción Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de

~p

'' REAL ACADEMIA ESPANOLA, op. c i t . t. 1. p. 1117

amparo".43 En el ámbito del derecho público, el término "garantía" se refiere a diversos tipos de seguridades o protecciones a favor del gobernado dentro del Estado de derecho.44 Las garantías jurisdiccionales no deben confundirse con las individuales, pues no representan derechos públicos subjetivos a favor de todos los gobernados; tampoco son garantías procesales, es decir, las que se ocupan de las partes en los litigios y dentro de las que pueden mencionarse, por ejemplo, el derecho de audiencia y la celeridad en el proceso; antes bien, son previsiones destinadas exclusivamente a los impartidores de justicia, tendientes a mantener la incorruptibilidad de su función.45

Héctor Fix-Zamudio y José Ramón Cossío Díaz las definen como el "conjunto de instrumentos establecidos por las normas constitucionales con el objetivo de lograr la independencia y la imparcialidad del j ~ z g a d o r " , ~ ~ y

4 V ~ s i s P./T. 2/97. Semanario ludicial de la Federación v su Gaceta. Novena Epoca, t. V. en& de 1997. p. 5.

BURGOA. Ignacio. Las gararrtías individuales. 31a. ed., México. Porrúa. 1999. D. 161.

' V a s garantías de seguridad jurídica. ap. cit.. p. 102. l b FIX~ZAMUDIO. Héctor y José Ramón Cossia Diar. El Poder Judicial en el

ordenamiento jurídica mexicano. México, Fondo de Cul tura Económica. 1996. p. 31.

agregan que del concepto propuesto pueden desprenderse sus tres elementos característicos:

1. Conjunto de instrumentos jurídicos: son mecanismos o medios que se prevén expresamente en normas jurídicas para lograr una efectiva administración de justicia.

2. Establecidos en el texto constitucional: las garantías constitucionales se contemplan en la Norma Suprema del ordenamiento jurídico mexicano, de ahí que no puedan ser contravenidas por ninguna otra norma inferior.

3. Buscan asegurar la independencia e imparcialidad de losJueces: la principal caracte- rística de estas garantías es el fin que persiguen, traducible en que los órganos jurisdiccionales actúen con plena libertad, únicamente sujetos a lo dispuesto en las normas jurídicas, de modo que mediante su establecimiento se dota a éstos de ciertos elementos que les permitan una labor independiente.

Con base en los capítulos de la primera parte de esta obra, así como en lo recientemente pun- tualizado, puede ofrecerse el siguiente concep- to de garantías jurisdiccionales: conjunto de

prerrogativas y mecanismos de protección que el orden jurídico establece a favor de los titulares de todos los órganos jurisdiccionales, con miras a lograr que actúen de manera independiente e irnpar- cial en beneficio de los justiciables. La anterior definición puede desglosarse así:

1. Conjunto de prerrogativas y mecanismos de protección: son varios los elementos de bienestar y seguridad comprendidos dentro de ellas, como el derecho a regir- se por un adecuado sistema de selección, a gozar de estabilidad en el empleo, de seguridad económica y de inmunidad, entre otras.

2 . Establecidas a favor de los titulares de los órganos jurisdiccionales: las señaladas prerrogativas se establecen para fortalecer la administración de justicia y, por tanto, con ellas se busca dotar a los encargados de ella de las condiciones que contribuyan a su adecuado desempeño.

3. Se consagran en beneficio de los justiciables: si bien los titulares de las garantías son los servidores públicos encargados de la función jurisdiccional, es induda- ble que la razón de ser de ellas es salvaguardar el derecho de acceso a la justicia; por tanto, a quien realmente

favorece su previsión es a la sociedad entera, ya que mediante ellas se garantiza una adecuada impartición de justicia.

Conviene observar que estas prerrogativas deben ser aplicables en todo el país, atendién- dose a que no se establecen en virtud de la persona del juzgador, sino de las funciones que desempeña, de ahí que deban regir tanto en el ámbito federal como en el

'' Tesis P / J 101/2000. Semanarialudicialdela Federación ysu Gaceta. Novena Época. t. XII . octubre de 2000. p. 32.

IV. LAS GARANT~AS

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL PROCESAL

E l jurista mexicano Héctor Fix-Zamudio, basándose en el pensamiento de Eduardo J. Couture, ha propugnado la existencia del derecho constitucional procesal, que a su juicio es una rama del derecho constitucional general y "examina las categorías procesales, que cada vez con mayor extensión consagran los ordenamiento~ constitucionales contemporáneos, pero con alcance genérico, ya que se trata de las instituciones, organismos y procesos para los conflictos de todas las materias: civil, mercantil, penal, administrativa, laboral, agraria, etcé- tera".48 Algunas de ellas figuraban aisladamente en muchas constituciones, pero actualmente se percibe una marcada tendencia a dar rango

'* FlX-ZAMUDIO. Héctor, "Breves reflexionCs sobre el concepto y contenido del derecho constitucional procesal'. en VVAA.. Estudias en honor de Hornberro Román Palacios. México. Porrúa. 2005. p. 96.

constitucional a las categorías procesales de mayor i m p ~ r t a n c i a . ~ ~

Se ha debatido la existencia del derecho constitucional procesal, pues las garantías de la Constitución se traducen en procesos, de ahí que deban inscribirse en la rama procesal.50 Domingo García Belaunde rechaza la idea de crear una nueva disciplina jurídica, dado que los aspectos propiamente constitucionales -de suyo procesales- del derecho procesal constitucional pueden subsumirse en el derecho constit~cional.~' A su vez, Fix-Zamudio sostiene que sí se trata de una nueva rama del derecho constitucional, vinculada con el procesalismo científico, pero aclara que no ha sido estudiada extensamente en cuanto a los tres aspectos esenciales que involucra: a) jurisdicción, b) garan- tías judiciales (o jurisdiccionales) y c) garantías de las partes.52

" FIX~ZAMUDIO. Héctor. Introducrión al derecho procesal canstitucional, op. cit., p. 27. "' RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ. Elvito A,. "Derecho procesal constitucional. Precisiones conceptuales". en FERRER MAC-GREGOR. Eduardo (coard.) . op. cit.. t. l . p. 490.

GARCIA BELAUNDE. Domingo. Derrcho procesal coristitucional. Bogotá. Themis. 2001. p. 13. " FIX~ZAMUDIO. Héctor. "Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho procesal constitucional", en FERRER MAC~GREGOR, Eduardo (coord.). op. cit.. t . 1. pp. 284~285 .

La jurisdicción no debe entenderse en sentido procesal, sino constitucional, como la función pública tendiente a resolver las controversias jurídicas entre partes con la interme- diación de un órgano jurisdiccional, que fallará imparcialmente. Por su lado, las garantías judiciales son el conjunto de instrumentos establecidos en las normas constitucionales, con el objeto de lograr la independencia y la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y que poseen, además, un doble enfoque, pues al mismo tiempo que se utilizan para fortalecer las actividades de los miembros de la judicatura, también favorecen la situación de los justiciables, ya que la función jurisdiccional se ha establecido en beneficio de estos últimos. Entre dichas garantías judiciales de carácter institucional, pueden señalarse varios instrumentos aplicables a los miembros de la judicatura, relativos a: a) procedimiento de formación, selec- ción y nombramiento; b) estabilidad; c) remu- neración; d) responsabilidad, y e) autoridad de los juzgado re^.^^ Por último, las garantías de las

i ' F I X ~ Z A M U D I O . Hécror. Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho constitucional procesal", en VV.AA., Estudios en honor de Hurnberto Rornán Palacios. México, Porrúa. 2005. pp. 101-102. El aspecto de la autoridad no es tratado en esta obra.

partes son las que asisten a los justiciables cuando defienden sus causas ante los órga- nos jurisdic~ionales.~~

- -

" FERRER MAC~GREGOR, Eduardo. "Aportaciones de Héctor Fix~Zarnudio al derecho procpsai constitucional". en FERRER MAC-GREGOR. Eduardo (coord.), op. cit.. L . 1. p. 222: FIX~ZAMUDIO. Héctor y Salvador Valencia Car- mona. Derecho constitucional niexica~o y comparado. 2a. ed.. México. Porrúa/ UNAM. 2001. pp. 221~233.

V. MARCO CONSTITUCIONAL

Y LEGAL

El primer fundamento constitucional de las

garantías jurisdiccionales es el artículo 17,

tercer párrafo, de la Constitución Federal, que establece:

Art. 17

. . . Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

También debe aludirse a los numerales 94 a 100 de la propia Ley Fundamental, que con-

templan cuestiones relativas a la selección, estabilidad en el empleo y seguridad econótnica de

los juzgadores.

En la parte conducente, tales dispositivos prevén:

Articulo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Cir- cuito y en Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Consti- tución, establezcan las leyes. ... La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito. los Jueces de Dis- trito y los Consejeros de la Judicatura Fede- ral, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los Ministros de la Suprema Corte de Jus- ticia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Titulo Cuarto de esta Constitu- ción y, al vencimiento de su período, tendrán derecho a un haber por retiro. ... Articulo 95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 111. Poseer el día de la designación, con anti- güedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho. expedido por autoridad o institución legalmente facul- tada para ello; IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seria- mente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y VI. No haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo, Procura- dor General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento. Los nombramientos de los Ministros debe- rán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia,

capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a con- sideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas. designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resol- viere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocu- pará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. Articulo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos

que establezca la ley. Durarán seis afios en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o prornovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

La Suprenia Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribuna- les de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. . . . Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la Repú- blica someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el articulo 96 de esta Constitución. Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución. Las renuncias de los Ministros de la Supre- ma Corte de Justicia solamente procederán

por causas graves; serán sometidas al Ejecu- tivo y. si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. . . . Artículo 99. ...

. . .

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior y las regionales serán elegi- dos por el voto de las dos terceras partes de 10s miembros presentes de la Cámara de Sena- dores, o en sus recesos por la Comisión Per- manente, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Minis- tro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo diez años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución. Los Magistrados Electorales que integren las

salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser

menores a los que se exigen para ser Magis- trado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo ocho años improrro- gab l e~ , salvo si son promovidos a cargos superiores. Articulo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

La ley establecerá las bases para la forma- ción y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial. la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justi- cia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

Por su parte, el fundamento de las garan- tías jurisdiccionales en el ámbito local es la fracción 111 del artículo 116 constitucional:

Articulo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: . . . 111. El Poder Judicial de los Estados se ejer- cerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones 1 a V del articulo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocu- pado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el t iempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Resporisabilidades de los Servidores Públi- cos de los Estados. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

Por último, en cuanto a la legislación secundaria debe mencionarse a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), así como a las leyes orgánicas de los Poderes Judi- ciales de los Estados de la República, por ser en ellas donde se reglamenta lo dispuesto en los preceptos constitucionales transcritos.

VI. CLASIFICACI~N DE LAS

GARANT~AS JURISDICCIONALES

A través de tesis jurisprudenciales y aisladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre las garantías en estudio. Aunque dichas tesis se hayan referido, sobre todo, a los Jueces y Magistrados de los Poderes Judiciales locales, su contenido puede hacerse

extensivo a los juzgadores federales, de acuerdo con la normativa aplicable a éstos.

A fin de ofrecer una clasificación idónea de estas garantías, conviene tomar en cuenta lo señalado en los dos capítulos precedentes -es decir, el régimen constitucional y legal que les corresponde y la clasificación ofrecida por Fix-Zamudio, propugnador del derecho constitucional procesal-, así como la doctrina juris- prudencial. Como se ha visto, de los artículos 17, 94 a 100 y 116 de la Constitución Federal,

93

de los artículos correspondientes de las leyes

orgánicas del Poder Judicial de la Federación

y de los Poderes Judiciales locales, y del aporte

doctrinario de Fix-Zamudio, las garantías juris-

diccionales pueden clasificarse así:

a) Procedimiento de formación, selección y nombramiento;

b) Estabilidad: c) Remuneración: d) Responsabilidad, y e) Autoridad de los juzgadores.

Los criterios de la Suprema Corte de Justi-

cia en la materia han abordado esta clasifi-

cación, aunque de manera específica res-

pecto de los Poderes Judiciales locales; la tesis

P. /J . 101/200055 alude a los sistemas de

nombramiento; el ingreso, la formación y la

permanencia en el cargo; la seguridad econó-

mica y la estabilidad laboral. A propósito de la

selección y el nombramiento, el Pleno del Alto

Tribunal emitió el siguiente criterio:

DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO. PUEDE HACERSE VÁLIDAMENTE ME- DIANTE CONCURSOS DISTINTOS A LOS DE OPOSICIÓN, EN CASOS EXCEPCIO- NALES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPE- TEN LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA CARRERA JUDICIAL. Si bien es cierto que no existe una disposición expresa en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que sacramentalmente se establezca que el Consejo de la Judicatura Federal puede disponer una forma distinta de los concursos de oposición, para llevar a cabo la designación de Jueces de Distrito, también es verdad que, por 'un lado, tampoco se advierte que en los preceptos que regulan el ingreso a la carrera judicial. se emplee alguna frase o expresión por la que se ponga de manifiesto que única y exclusivamente a través de ese tipo de concursos se pueda llevar a cabo la selección y nombramiento de Jueces de Distrito y, por otra parte, no puede perderse de vista que generalmente el legislador emite las normas para regular supuestos ordinarios, y no supuestos de excepción, por lo que al presentarse éstos, ante la necesidad de darles solución, dentro del marco de atribuciones legales de la autoridad competente, y en todo momento con pleno respeto a los principios rectores

de la actividad que se realiza, se les debe solucionar. Atento a lo anterior, ante la actualización de un supuesto de excepción que lo amerite, el Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en sus atribuciones generales, como son las de estar a cargo de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación (articulo 94, párrafo segundo, constitucional), y de estar facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones (articulo 100, párrafo octavo. constitucional, y 81, fracción 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), estará facultado para emitir e1 acuerdo general y la convocatoria respectiva, para la designa- ción de Jueces de Distrito, teniendo como únicas limitantes, el fundar y motivar en sus resoluciones el supuesto de excepción, así como la de mirar en todo momento por el pleno respeto a los principios rectores de la carrerajudicial contemplados, por los artícu- los 100, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a través de medidas que permitan atender la excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, y antigüedad que deben regir la carrera judicial. como por ejemplo, dirigiendo

la convocatoria únicamente a los integrantes de la categoría más cercana a la de los puestos que se pretende cubrir, por estimar que ello hace suponer una mayor prepa- ración de sus integrantes para el puesto a que se aspira, en relación a los que forman las restantes categorías; y aunado a lo anterior, a través de la fijación de otros pará- metros para la selección de los candidatos, y la designación final, tales como el desempeño en la categoría en que se encuentran los aspirantes, la antigüedad en el cargo, la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, el número de cargos desem- peñados en el Poder Judicial de la Federa- ción, los estudios realizados por el interesado y las necesidades del

Por lo que hace a la estabilidad, la tesis P./J. 9/2002 señala:

INDEPENDENCIA JUDICIAL. LOS AR- TÍCULOS 69 DE LA CONSTITUCI~N Y 78 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, TRANSGREDEN AQUELLA

16 Tesis P . 11/2001. Semanario Judicial de la Federacidn y su Gaceta. Novena Época. t. XIII. abril de 2001, p. 327.

GARANTÍA, EN CUANTO PREVÉN UN SISTEMA QUE NO ESTABLECE LA POSI- BILIDAD DE R E E L E C C I ~ N DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTO- RAL DE ESA ENTIDAD (DECRETO PUBLI- CADO EN EL P E R I ~ D I C O OFICIAL DE LA ENTIDAD DE DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL UNO). El artículo 56 de la Consti- tución Política del Estado de Jalisco determina que el ejercicio del Poder Judicial de la entidad se deposita, entre otros, en el Tri- bunal Electoral, de manera que este órgano al formar parte de aquel poder. por haberlo establecido así el Estado de Jalisco en ejercicio de s u soberanía, queda sujeto a las reglas previstas en la fracción 111 del artículo 116 de la Constitución Política de los Esta- dos Unidos Mexicanos, a fin de garantizar la independencia judicial en la administra- ción de justicia local, entre las que se encuentra la relativa a la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo de los Magistrados de los tribunales que integren los Poderes Judiciales Locales, como lo es el citado tribunal, y que supone, además de la determina- ción en la Constitución Local del tiempo de duración en el ejercicio del cargo, el establecimiento de la posibilidad de su ratificación al término del mismo, como presupuestos para obtener su inamovilidad. En congruen-

cia con lo anterior, se concluye que los artículos 69 de la Constitución y 78 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ambas del

Estado de Jalisco, reformados por el decre-

to especificado, en cuanto prevén un sistema que no contempla la posibilidad de reelec- ción de los aludidos Magistrados para el periodo inmediato siguiente a la termina- ción del de su encargo, transgreden la garan- tía de independencia judicial de los tribunales locales consagrada en los artículos 17 y 116, fracciones 111 y IV, inciso c), de la Constitución Federal.57

Sobre la remuneración conviene citar este criterio:

PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMI- TACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GES- TIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIO- LACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. La autonomía de la gestión pre- supuesta1 constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de

Tesis: P / J . 9/2002. SernanariaJudicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. t . XV. febrero de ZflflZ. p. 592.

la inmutabilidad salarial (entendida como

remuneración adecuada y no disminuible), el adecuado funcionamiento de la carrera

judicial y la inamovilidad de los juzgadores, además, dicho principio tiene su funda-

mento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

que estatuye la garantía de expeditez en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local

de garantizar la independencia de los tribu-

nales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal. Así, si se tiene en cuenta que la

mencionada autonomía tiene el carácter de

principio fundamental de independencia

de los Poderes Judiciales Locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitacio- nes de otros poderes, pues ello implicaría

violación al principio de división de poderes que establece el artículo 116 const i tu~ional .~~

El rubro de la responsabilidad también ha

sido tratado jurisprudencialmente, como lo demuestra la tesis P./J. 106/2000:

id Tesis P . / ] 83/2004. SernanarioJudicial de la Federación y su Careta. Novena Época. t. XX. septiembre de 2004. p. 1187.

INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SOLO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURI- DAD O ESTABILIDAD DE LOS MAGIS- TRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICA- DOS EN SU CARGO SINO, PRINCIPAL- MENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIE- DAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS. La inamovilidad judicial, como uno de los aspectos del principio de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo de Magistrados de los Poderes Judiciales Locales. consagrado en el artículo 116, frac- ción 111, de la Carta Magna, se obtiene una vez que se han satisfecho dos condiciones: a) el ejercicio del cargo durante el tiempo señalado en la Constitución Local respectiva y b) la ratificación en el cargo, que supone que el dictamen de evaluación en la función arrojó como conclusión que se trata d e la persona idónea para desempeñarlo. La inamovilidad así adquirida y que supone que los Magistrados que la han obtenido "sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y Leyes de Responsabilidades de los Ser- vidores Públicos de los Estados", constituye no sólo un derecho del funcionario, pues no tiene como objetivo fundamental su protec- ción, sino, principalmente, una garantía de

la sociedad de contar con Magistrados independientes y de excelencia que realmente hagan efectivos los principios que en materia de administración de justicia consagra nuestra Carta Magna, garantía que no puede ponerse en tela de juicio bajo el planteamien- to de que pudieran resultar beneficiados funcionarios sin la excelencia y diligencia necesarias, pues ello no sería consecuencia del principio de inamovilidad judicial sino de un inadecuado sistema de evalua- ción sobre su desempeño que incorrectamente haya llevado a su ratificación. De ahí la importancia del seguimiento de la actua- ción de los Magistrados que en el desem- peño de su cargo reviste y de que el acto de ratificación se base en una correcta evalua- ción, debiéndose tener presente, además, que la inamovilidad judicial no es garantía de impunidad, ni tiene por qué propiciar que una vez que se obtenga se deje de actuar con la excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el desempeño del cargo exige, en tanto esta garantía tiene sus límites propios, ya que implica no sólo suje- ción a la ley, sino también la responsabilidad del juzgador por sus actos frente a la ley, de lo que deriva que en la legislación local deben establecerse adecuados sistemas de vigilancia de la conducta de los Magistrados

y de responsabilidades tanto administrativas como penales, pues el ejercicio del cargo exige que los requisitos constitucionalmente establecidos para las personas que lo ocupen no sólo se cumplan al momento de su desig- nación y ratificación, sino que deben darse de forma continua y permanente, prevale- ciendo mientras se desempeñen en el cargo.59

Ahora bien, en el presente trabajo se estu- diarán las garantías jurisdiccionales de acuerdo con la siguiente clasificación, derivada de los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales explicados anteriormente:

1. Sistema de selección y ascensos (carrera judicial, procedimientos de selección, adscripción y readscripción, forma- ción y actualización y ascensos).

2 . Seguridad en el ejercicio del cargo (duración, ratificación, inamovilidad y responsabilidades).

3. Seguridad económica. 4. Fuero.

~. -- 5 ~ ~ r n a n a r i a l u d i c i a l de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XII. octubre

de 2000. p. 8.

VI l . ANÁLISIS PORMENORIZADO DE

LAS GARANT~AS JURISDICCIONALES

A. Sistema de selección y ascensos

Hasta hace pocos años, en el ordenamiento jurídico mexicano no se preveían, en general, mecanismos obligatorios de preparación y selección de juzgadores, como las escuelas judiciales y los exámenes de oposición. Para ser Juez o Magistrado bastaba contar con título de licenciado en derecho y cierto tiempo de experiencia profesional, además de gozar de buena reputación. Sin embargo, el establecimiento de un sistema adecuado para designar y promover a los miembros de los órganos jurisdiccionales ha adquirido el rango de garantía jurisdiccional y constituye un factor sine qua non para que los entes encargados de impartir justicia estén en aptitud plena de resolver, objetiva e imparcialmente, las controversias sometidas a su conocimiento.

105

Es necesario que, además de establecerse los requisitos que deben satisfacer los intere- sados para su eventual designación, el marco jurídico rector de los órganos jurisdiccionales prevea que dichas instituciones cuenten con un adecuado procedimiento de selección y ascensos que asegure la responsabilidad propia de toda función pública y, por otro lado, impida que su conformación responda a intereses particulares o a factores subjetivos.

Estas garantías se refieren a que no deben tomarse en cuenta criterios subjetivos para hacer las designaciones y promociones de los juzgadores, sino parámetros objetivos que den seguridad a quienes pretenden obtener un cargo jurisdiccional. Además, mediante ellas se garantiza la independencia judicial, al no existir vínculo alguno entre quien designa y quien es designado. Las personas a seleccionar no tienen que pertenecer a un determinado sector o clase social. En la ley no se contemplan restricciones iniciales determinadas por elementos propios de los aspirantes, sino que están en posibilidad de ocupar el cargo quienes

satisfagan los requisitos generales señalados por la propia ley. Actualmente, con la creación de los Consejos de la Judicatura y la introduc- ción de la carrera judicial formal, tanto en el ámbito federal como en la mayoría de las entidades federativas, ha cambiado sustancial- mente la forma de ingresar y ascender en la judicatura.

1. La carrera judicial

El término "carrera judicial" remite a los méto- dos de ingreso y promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder JudiciaLGO En un Estado de derecho es incon- cebible un Poder Judicial sin un sistema de carrera judicial normado por criterios democrá- ticos. En México la carrera judicial se elevó a rango constitucional por la iniciativa de reformas a diversos artículos constitucionales presentada por el Presidente de la República al Senado el 5 de diciembre de 1994, la cual, después de ciertas adecuaciones y mejoras,

' O Articulo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de

la Federación el 31 de diciembre del propio año,

fijándose a partir de ese momento en el artículo

100 constitucional.

En este precepto, relativo al Consejo de la

Judicatura Federal, órgano del Poder Judicial

de la Federación encargado de la administra-

ción, vigilancia, disciplina y carrera judicial de

dicho Poder -salvo de la Suprema Corte y del

Tribunal Electoral-, se establece que la ley

fijará las bases para formar y actualizar a los

funcionarios judiciales, así como para desarro-

llar la carrera judicial, regida por los principios

de excelencia, objetividad, imparcialidad, pro-

fesionalismo e independencia.

Asimismo, en el segundo párrafo del

artículo 116 de la Norma Fundamental se esta-

blece que las Constituciones y las Leyes Orgáni-

cas de las entidades federativas deben establecer

las condiciones para el ingreso, formación y

permanencia de quienes sirvan a los Poderes

Las ~ A R A N T ~ A J i u ~ i s o i c c i o ~ n ~ ~ < 109

Judiciales de los Estados, siendo ésta la base de la carrera judicial local.

Por "carrera judicial" se entiende el "conjunto de los funcionarios que integran la magis- tratura".'jl Doctrinalmente, la carrera judicial se ha conceptuado así:

Un conjunto de normas por virtud de las cuales el desempeño de los cargos jurisdiccionales y las posibilidades de movilidad (horizontal o vertical) en la organización jurisdiccional (selección, ingreso, adscrip- ción, readscripción, promoción y remune- ración) dependen de los resultados obtenidos en concursos o de la acumulación de años de servicio y/o de méritos como juzgador,62

Guillermo Cabanellas la considera un "régimen en el que el ingreso y progresión a la judicatura están sometidos a una disciplina de méritos y antigüedad, y a un conjunto de normas que regulan la actuación personal del funcionario" .63

" REAL ACADEMIA ESPANOLA, op. cit.. t. 1. p. 462. "' COSSÍO DíAZ, José Ramón. op. cit.. pp. 88 y 89.

CABANELLAS DE LA TORRE. Guillermo, Diccianario enciclopédico d~ dprecha usual, vol. 11. 27a ed.. Buenos Aires. Heliasta, 2001, p. 67.

Los elementos que deben actualizarse para que pueda hablarse de la existencia de una carrera judicial son:64

a. La permanencia o continuidad en la función de juzgar; b. Los nombramientos para ocupar los cargos, que tengan el carácter de definitividad; c. Una profesión jurídica especial; y d. Un cuerpo con conocimientos propios de su actividad.

Por tanto, la carrera judicial implica un sistema basado en el establecimiento de paráme- tros y principios objetivos que rigen aspectos como la selección, permanencia, ascenso y remoción de los funcionarios jurisdiccionales, a fin de evitar la existencia de factores políti- cos o de otra índole en el desarrollo de la actividad judicial. Con distintas modalidades y variantes, la existencia de la carrera judicial implica la necesidad de cursar programas especiales de formación y preparación para la

" CELIS QUINTAL, Marcos Alejandro. La constirucionaliiaciUn de las garant ías jurisdiccionales. e n http:/ /www.scjn.goh.mx/reforma~Foro/ Verpropuestal .asp?P=2936

función judicial y, de manera más destacada, la aprobación de diversos exámenes teóricos o prácticos en el marco de un sistema de concursos de oposición tanto internos como libres.

2. Principios rectores de la carrera judicial

De conformidad con el artículo 100 constitucional, la carrera judicial se rige por los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, abordados detalladamente en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación'j5 en estos términos:

Capítulo 1 Independencia

1. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél. Por tanto, el juzgador:

1.1. Rechaza cualquier tipo de recomenda- ción que tienda a influir en la tramitación o

-- '' Aprobado por los Plenos de la Suprema Corle de Justicia de la Nacion y

del Conseja de la Judicatura Federal. y por la Sala Superior del Tribunal Electo- ral del Poder Judicial de la Federación en agosto de 2004.

resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, incluso las que pudieran provenir de servidores del Poder Judicial de la Federación.

1.2. Preserva el recto ejercicio de su fun- ción denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia.

1.3. Evita involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirecta- mente afectar su independencia.

1.4. Se abstiene de recomendar, insinuar o sugerir, con un fin ilegítimo, el sentido en que deben emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial que tenga efecto sobre la resolución de un asunto.

Capítulo 11 Imparcialidad

2. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables. Por tanto, el juzgador:

2.1. Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes.

2.2. Rechaza cualquier dádiva que pro- venga de alguna de las partes o de terceros.

2.3 . Evita hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad.

2.4 . Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función.

2.5. Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto.

Capítulo 111 Objetividad

3. Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de sí mismo. Consiste en emitir sus fallos por las razones que el Derecho le suministra. y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir. Por tanto, el juzgador:

3.1 . Al emitir una resolución, no busca reconocimiento alguno.

3.2. Al tomar sus decisiones en forma individual o colegiada, buscará siempre la reali- zación del derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal.

3.3. Si es integrante de un órgano jurisdiccional colegiado, trata con respeto a sus pares, escucha con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialoga con razones y tolerancia.

3.4 . Procura actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, a fin de que sus decisiones estén desprovistas de aprensio- nes y prejuicios.

Capítulo IV Profesionalismo

4. Es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación. Por tanto, el juzgador:

4.1. Se abstiene de cualquier acto que pueda mermar la respetabilidad propia de su cargo, tanto en el ámbito público como en el privado.

4 . 2 . Actualiza permanentemente sus conocimientos jurídicos estudiando los precedentes y jurisprudencia, los textos legales, sus reformas y la doctrina relativa.

4.3. Procura constantemente acrecentar su cultura en las ciencias auxiliares del Derecho.

4.4. Estudia con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que deba intervenir.

4.5 Funda y motiva sus resoluciones, evitando las afirmaciones dogmáticas.

4.6. Dedica el tiempo necesario para el despacho expedito de los asuntos de su juzgado o tribunal.

4.7. Asume responsable y valerosamente las consecuencias de sus decisiones.

4.8. Acepta sus errores y aprende de ellos para mejorar su desempeño.

4.9. Guarda celosamente el secreto profesional.

4.10. Lleva a cabo por sí mismo las funciones inherentes e indelegables de su cargo.

4.11. Trata con respeto y consideración a sus subalternos.

4.12. Escucha con atención y respeto los alegatos verbales que le formulen las partes.

4.13. Trata con amabilidad y respeto a los justiciables.

4.14. Administra con diligencia, esmero y eficacia el órgano jurisdiccional a su cargo.

4.15. Cumple puntualmente con el deber de asistir a su tribunal o juzgado.

4.16. Sabe llevar el cumplimiento de su deber hasta el límite de sus posibilidades, y separarse de su cargo, cuando su estado de salud u otros motivos personales, no le permitan desempeñar eficientemente sus funciones.

4.17. Se abstiene de emitir opiniones sobre la conducta de sus pares.

4.18. Cumple con sus deberes de manera ejemplar para que los servidores públicos a su cargo lo hagan de la misma manera en los que les correspondan.

4.19. Busca con afán que sus acciones reflejen la credibilidad y confianza propias de su investidura.

Capítulo V Excelencia

5. El juzgador se perfecciona cada día para desarrollar las siguientes virtudes judiciales:

5.1. Humanismo: En cada momento de su quehacer está consciente de que las leyes se hicieron para servir al hombre, de modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes.

5.2. Justicia: En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, se esfuerza por dar a cada quien lo que le es debido.

5.3. Prudencia: En su trabajo jurisdiccional y en las relaciones con sus colaboradores, recoge la información a su alcance con criterios rectos y objetivos; consulta deteni- damente las normas del caso, pondera las consecuencias favorables y desfavorables que puedan producirse por su decisión, y luego toma ésta y actúa conforme a lo decidido.

5.4. Responsabilidad: Asume plenamente las consecuencias de sus actos, resultado de las decisiones que tome, procurando que sus subordinados hagan lo mismo.

5.5. Fortaleza: En situaciones adversas, resiste las influencias nocivas, soporta las mo- lestias y se entrega con valentía para vencer las dificultades y cumplir con su función jurisdiccional.

5.6. Patriotismo: Tributa al Estado Mexi- cano el honor y servicio debidos, defen- diendo el conjunto de valores que, como juzgador federal del Estado Mexicano, representa.

5.7. Compromiso social: Tiene presentes las condiciones de iniquidad que han afectado a una gran parte de la sociedad a lo largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el respeto sociales que merezca serán el resultado de un trabajo dedicado, responsable y honesto.

5.8. Lealtad: Acepta los vínculos implíci- tos en su adhesión a la Institución a la que pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla representa.

5.9. Orden: Mantiene la adecuada organi- zación y planificación en el trabajo a su cargo.

5.10. Respeto: Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de los demás.

5.1 1. Decoro: Cuida que su comportamien- to habitual tanto en su vida pública como privada, esté en concordancia con el cargo y función que desempeña.

5.12. Laboriosidad: Cumple diligente- mente sus obligaciones de juzgador.

5.13. Perseverancia: Una vez tomada una decisión, lleva a cabo los actos necesarios

para su cumplimiento, aunque surjan dificultades externas o internas.

5.14. Humildad: Es sabedor de sus insuficiencias, para poder superarlas, y también reconoce sus cualidades y capaci-

dades que aprovecha para emitir de la mejor manera posible sus resoluciones, sin

pretender llamar la atención ni esperar reconocimientos.

5.15. Sencillez: Evita actitudes que deno-

ten alarde de poder.

5.16. Sobriedad: Guarda el justo medio entre los extremos y evita actos de ostenta- ción que vayan en demérito de la respe-

tabilidad de su cargo. 5.17. Honestidad: Observa un compor-

tamiento probo, recto y honrado.

En cuanto a la carrera judicial en el ámbito local, conviene recordar el criterio plasmado en la tesis P./J. 15/2006, donde el Pleno de la Corte determinó los principios constitucionales con que deben contar los Poderes Judiciales locales para lograr su autonomía e independencia;

en este sentido, toca a cada entidad federativa establecer normativas para establecer "la carrera judicial, debiéndose fijar las condiciones para

el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales". Ahora bien, como ha aclarado el Alto Tribunal, "en caso de que en algún Estado de la República no se encuentren contemplados (los principios para lograr la autonomía judicial), ello no significa que el Poder Judicial de dicho Estado carezca de principios a su favor, toda vez que al estar previstos en la Constitución Federal son de observancia obligatoria".

3. Criterios para selección y ascensos

Paulatinamente se han perfeccionado los procedimientos para lograr que la designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales recaiga en profesionistas idóneos para desem- peñar funciones que implican la aplicación de normas jurídicas a casos concretos controvertidos.

La Constitución Federal establece que la ley fijará las bases para el ingreso, formación, actualización y permanencia de los funcionarios jurisdiccionales, así como para desarrollar

la carrera judicial.66 Sin embargo, antes de

señalar los mecanismos para incorporarse a la función jurisdiccional, vale mencionar algu-

nas de las cualidades que deben poseer quienes

decidan entregarse a ella:'j7

a) Capacidad intelectual reconocida. b) Conocimiento de la teoría y la práctica del derecho. c) Probidad. d) Laboriosidad. e) Imparcialidad.

Los aspirantes a juzgadores deben también

satisfacer los requisitos impuestos por la Cons-

titución y las leyes. Por ejemplo, en el artículo

95 constitucional se establecen aquellos que deben cubrirse para ocupar el cargo de Minis-

tro de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación; mientras que en la LOPJF (artículo 106)

se establecen los que han de cumplir quienes aspiren a los cargos de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito.

Articulo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ARELLANO GARCfA, Carlos. op. cit.. pp. 366-367.

Pero no sólo con poseer estas cualidades y requisitos puede accederse a puestos jurisdiccionales, ya que, dependiendo del sistema jurídico de que se trate, existen métodos distintos para nombrar Jueces. Cipriano Gómez Lara68 distingue cinco sistemas de nombramiento de Juzgadores:

1. Nombramiento por el Poder Ejecutivo, donde el rey, el primer ministro o el jefe de Estado hace las designaciones.

2 . Nombramiento por el Poder Legislativo. Aquí, es un cuerpo colegiado el que hace las designaciones, con la ligera desven- taja de que los miembros de dicho cuerpo son políticos y de que se corre el riesgo de dejar al Poder Judicial falto de autonomía.

3. Nombramiento por el Poder Judicial. El sistema más recomendable pues, mediante él, el Poder Judicial mantiene su autonomía e independencia.

4. Sistema mixto. Aquí se produce la inter- vención de dos Poderes para el nombramiento de los funcionarios judiciales.

" GOMEZ LARA, Ciprian?. Teoría general del proceso. op. cit.. pp. 163~165 citado por ARELLANO GARCIA. Carlos. op. cit., pp. 380~382.

Esto se da en México en el caso de los Ministros de la Corte, por ejemplo, quienes son designados por el Presi- dente de la República (Poder Ejecutivo) con aprobación del Senado (Poder Legislativo).

5. Nombramiento por elección o voto popular. que consiste en que la ciuda- danía elige a sus Jueces. Este sistema tiene lugar en algunos puntos de los Estados Unidos de América y en Suiza.

En México existen diversos mecanismos para seleccionar a los funcionarios judiciales. El sistema mixto sólo es aplicable, en el ámbito federal, en lo tocante a los altos funcionarios del Poder Judicial: Ministros de la Suprema Corte de Justicia, algunos Consejeros de la Judi- catura Federal y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cuanto a Jueces y Magistrados federales, son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal con base en exámenes de oposición y oposición libre, tratándose en este caso, según

la clasificación de Gómez Lara, de un sistema de nombramientos hechos por el propio Poder Judicial.

Respecto de estos últimos, la LOPJF regula ampliamente la garantía de designación. En primer lugar, establece que es el Pleno del Consejo, mediante resolución que debe ser aprobada por mayoría calificada de cinco votos de los Consejeros, quien debe hacer los nombramientos de Magistrados y Jueces. Asimis- mo, en la referida ley se acota la atribución de designación del Pleno en varios sentidos, al disponer cuestiones como los requisitos personales que deben cubrir los candidatos y el procedimiento a seguir (concursos de oposición) para realizar el nombramiento.

Por último, en materia local, si bien las entidades federativas tienen plenas facultades para regular a los Poderes estatales, deben hacerlo siguiendo las bases establecidas en la Ley Suprema, de modo que para elegir y promover a los funcionarios judiciales deben respetarse las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución. En tratándose de este ámbito, por regla general la designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales se hace directamente o a propuesta del Consejo de la

Judicatura del Estado. Por ejemplo, en Guerrero corresponde al Consejo del Estado proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia la desig- nación, adscripción, ratificación y remoción de Jueces, mientras que en Jalisco toca a la Legisla- tura elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de lo Administrativo, así como a los titulares del Consejo General del Poder Judi- cial; de igual manera, en Nuevo León se establece la facultad del Consejo de la Judicatura local para nombrar, adscribir, confirmar o remover al personal del Poder Judicial, excep- to al del Tribunal Superior de Justicia; en cuanto al Distrito Federal, en su Estatuto de Gobierno se señala que "el ingreso y promoción de los servidores públicos a los órganos que ejerzan la función judicial en el Distrito Fede- ral, distintos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, se hará mediante el sistema de carrera judicial"

a) Los exámenes de oposición

En el ámbito federal, de conformidad con el artículo 112 de la LOPJF, el ingreso y la pro-

moción para las categorías de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito se llevan a cabo por medio de concursos internos de oposición y de oposición libre. En los concursos internos de oposición para Jueces pueden participar, de conformidad con el artículo 113 de la LOPJF, quienes se encuentren en las categorías de Secretario General de Acuerdos de la Supre- ma Corte de Justicia; Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia; Secretario de Estudio y Cuenta de Ministro; Se- cretario de Acuerdos de Sala; Subsecretario de Acuerdos de Sala; Secretario de Tribunal de Circuito; y Secretario de Juzgado de Distrito. A su vez, en los concursos para Magistrado pueden participar quienes funjan como Jueces de Distrito. Por otro lado, en los concursos libres de oposición pueden concursar todas las personas que satisfagan los requisitos establecidos en las respectivas convocatorias.

Estos concursos, de acuerdo con el artículo 114 de la LOPJF, deben sujetarse a varias etapas. El procedimiento comienza cuando el Con- sejo de la Judicatura Federal emite una convo-

catoria que debe ser publicada por una vez en el Diario Oficial de la Federación y dos veces en uno de los diarios de mayor circulación nacional, con un intervalo de cinco días hábiles

entre una y otra publicación. La convocatoria señala las categorías y el número de vacantes que comprende el concurso. Los aspirantes

resuelven por escrito un cuestionario sobre materias relacionadas con la función de la

plaza para la que concursan. Enseguida sobre- viene una nueva etapa, a la que pasan las cinco personas que hayan obtenido las más altas calificaciones en la anterior. Entonces, los aspi-

rantes seleccionados resuelven los casos prácticos que se les asignen, redactando las sentencias respectivas. Luego realizan un examen oral, público, practicado por un jurado

que hace preguntas e interpelaciones sobre cuestiones relativas a la función de Magistrado o Juez. La calificación final se determina prome-

diando los puntos que cada miembro del jurado asigne al sustentante. Para evaluar, el jurado

toma en cuenta los cursos que haya realizado el

aspirante en el Instituto de la Judicatura Fede-

ral,'j9 su antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, su desempeño, su grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado.

Tras los exámenes orales se levanta un acta final. El presidente del jurado declara quiénes son los concursantes vencedores y el medio de selección utilizado, e informa de inmediato al Consejo de la Judicatura Federal para que realice los nombramientos y los publique en el Semanario Judicial de la Federación. Los Jueces y Magistrados nombrados son adscritos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.

Este sistema concursa1 ha sido reglamen- tado por el Acuerdo General 49/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta el capítulo 1 del Título Séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen los lineamientos generales para la celebración de concursos internos de oposición para la designación de Jueces de Distrito,'O cuyo artículo 4 dispone:

by Véanse los artículos 92 a 97 d e la LOPJF. ' O Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXlV

julio de 2006, p. 1507.

Artículo 4. En cumplimiento de las disposiciones de la Constitución y de la Ley, así como para verificar los elementos del perfil del Juez, los exámenes que se apliquen en los Concursos así como su finalidad, serán los que a continuación se señalan: 1. Cuestionario; por medio del cual se haga una evaluación inicial de los conocimientos básicos de derecho de los aspirantes inscri- tos, para que sólo accedan a la siguiente etapa del Concurso quienes demuestren tener las bases jurídicas mínimas indispensables para ocupar el cargo de Juez de Distrito; 11. Solución de un caso práctico; con el que se pueda advertir en el aspirante la capacidad de analizar, con criterio judicial, un asunto real y concreto, y proponer, mediante argumentación jurídica adecuada. motivada y fundada en la Ley y en la jurisprudencia, una solución razonable concretada en puntos resolutivos, mediante una redac- ción clara en los términos señalados en fracción IV del artículo 2 de este acuerdo; 111. Examen oral; cuyo primer propósito consiste en que el Jurado calificador pueda evaluar las habilidades y pericias del aspirante para solucionar problemas jurídicos concretos como los que podrá enfrentar en el ejercicio del cargo, así como demostrar sus

Las ~ R A N T ~ A < IUR~SD~CCIONALES 1 ZS

conocimientos prácticos de la Ley y de la jurisprudencia. La realización de esta prueba oral, debido a su naturaleza presencial servirá, además, para que los miembros del Jurado se formen una idea aproximada de las capacidades personales del aspirante para sostener sus criterios jurídicos, la rapidez para enfrentar y dar solución a los problemas jurídicos que se les planteen, así como sus cualidades de fortaleza, humildad, respeto, decoro, sobriedad y sencillez, que como elementos fundamentales pueden ser advertidos en un examen de este tipo; y IV. Evaluación profesional y científica de la personalidad; con la que se pueda advertir la capacidad de abstracción que posee un individuo, así como la detección de carac- terísticas de personalidad y problemas psicológicos que puedan interferir con el desempeño profesional, y de problemas frecuentes que puedan incidir de forma determinante en el desempeño, tales como prácticas antisociales, problemas familiares, baja autoestima, dificultades en el trabajo, autoritarismo, responsabilidad social, así como alcoholismo y demás adicciones. Todo ello, mediante la aplicación de reactivos internacionalmente aceptados y entrevistas psicológicas personalizadas.

Las pruebas o exámenes señalados en las fracciones 1, 11 y 111, primer párrafo, de este articulo, tienden a evaluar las caracteris- ticas de profesionalidad que, conforme a la Constitución, a la Ley y al perfil definido en este acuerdo, se requieren para ocupar el cargo de Juez de Distrito. Las evaluaciones señaladas en las fracciones 111, segundo párrafo, y IV, de este mismo articulo, tienen como propósito advertir las cualidades éticas de excelencia del aspirante, para poder considerarlo poseedor de rasgos de personalidad idóneos, y con la vocación de independencia, objetividad e imparcialidad , indispensables para desempeñarse como Juez de Distrito.

El resto del articulado del acuerdo describe al detalle el contenido y la forma de evaluar cada una de las etapas referidas.

4. Sistema de formación y actualización

El artículo 100 cons t i t~c iona l~~ señala que la "ley establecerá las bases para la formación y

~ ~ p~

~ Á N C H E Z CORDERO DE GARCíA VILLEGAS. Olga. Jueces que' necesi~ iarnos. Jueces que no necesitanros. Colección Discursos, No. 12 . México. Suprema Cortc de Justicia rle la Nación. 2001, pp. 30~33.

actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia". La capacitación y actualización de los funcionarios judiciales federales corresponde al Instituto de la Judicatura Federal, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Además de sus labores para formar, capacitar y actualizar a los miembros del Poder Judicial de la Federación y a quienes pretendan pertenecer a él, realiza trabajos de investigación favorables para el desarrollo y el mejoramiento de la impartición de justicia federal. Para ello cuenta con extensiones regionales ubicadas a lo largo de la República, apoyando así los programas y cursos de los Poderes Judicia- les locales en los términos que se le soliciten, y coordinándose con las universidades del país para que lo ayuden en el desempeño de sus tareas.

El artículo 95 de la LOPJF dispone:

Artículo 95. Los programas que imparta el Instituto de la Judicatura tendrán como

objeto lograr que los integrantes del Poder Judicial de la Federación o quienes aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial. Para ello, el Instituto de la Judicatura esta- blecerá los programas y cursos tendientes a: 1. Desarrollar el conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones que forman parte de los procedimientos y asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación; 11. Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de preparación y ejecución de actuaciones judiciales; 111. Reforzar, actualizar y profundizar los conocimientos respecto del ordenamiento jurídico positivo, doctrina y jurisprudencia; IV. Proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, argumentación e interpretación que permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos, así como formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones judiciales; V. Difundir las técnicas de organización en la función jurisdiccional; VI. Contribuir al desarrollo de la vocación de servicio así como al ejercicio de los valores y principios éticos inherentes a la función judicial, y

VII. Promover intercambios académicos con instituciones de educación superior.

Dentro de los requisitos a que se ha hecho referencia para ocupar los puestos jurisdiccionales, destaca el relativo a que los aspirantes deben ser licenciados en derecho, variando únicamente el relativo al tiempo de experiencia profesional requerido en cada caso. Además, es también una práctica reiterada que, para elegir entre varios candidatos, se atienda a factores como su capacitación y formación. El Instituto imparte cursos al efecto, indispensables tanto para los actuales como para los futuros juzgadores. Dentro de las especiali- dades que ofrece conviene mencionar las siguientes:

a) Especialidad en Secretaría de Estudio y Cuenta: pretende la actualización y profundización del saber jurídico de legislación, doctrina y jurisprudencia en materias fundamentales para la labor del Secretario de Estudio y Cuenta.

b) Especialidad en Administración de Jus- ticia en Juzgados de Distrito: tiende al desarrollo del conocimiento práctico de

los trámites, diligencias y actuaciones que forman parte de los procedimientos y asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito.

c) Especialidad en Administración de Jus- ticia en Tribunales de Circuito: busca el desarrollo del conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones que forman parte de los procedimientos y asuntos de la competencia de los Tribunales de Circuito.

En materia local, debe hacerse notar que

la Constitución Federal no menciona expresa-

mente a las escuelas judiciales o los institutos

de capacitación judicial; no obstante, su existen-

cia y reglamentación son forzosas, pues el

propio texto constitucional sí prevé el estable-

cimiento de "las condiciones para el ingreso,

formación y permanencia de quienes sirvan

a los poderes judiciales". Cada Poder Judicial

local debe contar con una escuela judicial dedi-

cada a la preparación y actualización de los

juzgadores del fuero común. Considérese, por

ejemplo, el caso del Instituto de Estudios Judi-

ciales del Tribunal Superior de Justicia del

Distrito Federal, previsto en los artículos 178 a 181 de la Ley Orgánica del tribunal referido:72

CAPITULO VI1 Del Instituto de Estudios Judiciales

Artículo 178. El Instituto de Estudios Judi- ciales tendrá un Director General que deberá reunir los requisitos establecidos en el articulo 16 de esta ley, a excepción de su frac- ción VI; además, contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus objetivos. Los Jueces o Magistrados que así lo soliciten, se podrán incorporar al cuerpo docente del Instituto. El funcionamiento y atribuciones del Insti- tuto de Estudios Judiciales se regirá por el acuerdo respectivo. que expedirá el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Articulo 179. El Instituto contará con u n Comité Académico integrado por cinco miembros: tres que se hayan desempeñado como Jueces o Magistrados y los dos restantes serán académicos con experiencia docente universitaria de cuando menos cinco años. El Comité tendrá a su cargo elaborar los programas de investigación, preparación y

capacitación para los alumnos del Instituto, mecanismos de evaluación y rendimiento, que deberá someter a la aprobación del Con- sejo de la Judicatura. Articulo 180. Los Magistrados, Jueces y servidores públicos de la administración de justicia del Tribunal, deberán acudir y participar en los programas de especializa- ción y capacitación aprobados por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Los programas que imparta el Instituto de Estu- dios Judiciales tendrán como objeto lograr que los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o quienes aspiren a ingresar a éste, fortalezcan los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial. Para ello, el Instituto de Estudios Ju- diciales establecerá los programas y cursos tendientes a: 1. Desarrollar el conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones que forman parte de los procedimientos y asuntos de la competencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 11. Perfeccionar las habilidades y técnicas en materia de preparación y ejecución de actuaciones judiciales; 111. Reforzar, actualizar y profundizar los conocimientos respecto del ordenamiento jurídico positivo, doctrina y jurisprudencia;

IV. Proporcionar y desarrollar técnicas y análisis, argumentación e interpretación que permitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en los procedimientos, así como formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones judiciales: V. Difundir las técnicas de organización en la función judicial; VI. Contribuir al desarrollo de la vocación de servicio. así como al ejercicio de los valores y principios éticos inherentes a la función judicial, y VII. Promover intercambios académicos con instituciones de educación superior. Artículo 181. El Instituto de Estudios Judi- ciales llevará a cabo cursos de preparación para los exámenes correspondientes a las distintas categorías que componen la Carrera Judicial.

Entre los cursos impartidos por dicho Insti-

tuto, conviene mencionar los siguientes:

l . En materia civil, curso de preparación al:

a. Examen de Oposición para Juez Civil.

h. Examen de Oposición para Juez de Paz Civil.

c. Cargo d e Secretario Proyectista en materia Civil.

d. Cargo de Secretario de Acuerdos en materia Civil.

e. Cargo de Secretario Actuario en materia Civil.

f. Cargo de Secretario de Acuerdos de Paz Civil.

g. Cargo de Secretario de Acuerdos de Sala en materia Civil.

2. En materia familiar, curso de prepara- ción al:

a. Examen de Oposición para Juez Familiar.

b. Cargo de Secretario Actuario en materia Familiar.

c. Cargo de Secretario de Acuerdos en materia Familiar.

d. Cargo de Secretario de Acuerdos de Sala en materia Familiar.

e. Cargo de Secretario Conciliador en materia Familiar.

f. Cargo de Secretario Proyectista en materia Familiar.

Las cnnnNrins i u n ~ s ~ i c c r o ~ n ~ ~ s

3. Finalmente, en materia penal, curso de preparación al:

a. Examen de Oposición para Juez Penal.

b. Examen de Oposición para Juez de Paz Penal.

c. Cargo de Secretario Proyectista en materia Penal.

d. Cargo de Secretario Actuario en materia Penal.

e. Cargo de Secretario de Acuerdos de Sala en materia Penal.

f. Cargo de Secretario de Acuerdos en materia Penal.

g. Cargo de Secretario de Acuerdos de Paz Penal.

El funcionamiento y las atribuciones del

Instituto se rigen de conformidad con acuerdos

expedidos por el Consejo de la Judicatura del

Distrito Federal, que según su reglamento

interno tiene las siguientes facultades en mate-

ria de formación y capacitación de los juzga-

dores capitalinos:

CAPÍTULO CUARTO

Del desarrollo de la carrera judicial

Articulo 70. El desarrollo de la carrera

judicial se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profe-

sionalismo e independencia, en los térmi-

nos señalados por el articulo 100 de la Constitución.

Artículo 71. El Consejo proveerá lo necesario

para la institucionalización de la carrera judicial en el Tribunal.

Artículo 72. Para dar debido cumplimiento a la función a que alude el precepto anterior, el Consejo resolverá en los términos de

ley, respecto a la institucionalización de los

procesos de preparación, permanencia, pro-

moción y retiro del personal judicial.

Artículo 73. Para e! desarrollo de la carrera

judicial, el pleno del Consejo establecerá las

disposiciones generales necesarias para el

ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo del Tribunal y del Consejo.

5. Adscripción y readscripción

El vocablo "adscripción" significa "acción y efecto de adscribir", mientras que "adscribir"

se conceptúa como "inscribir, contar entre lo

que corresponde a alguien o algo; agregar a una persona el servicio de un cuerpo o destino".73

Puede concluirse que la garantía de adscripción

de que gozan los funcionarios jurisdicciona-

les se refiere a que, para fijar la competencia e

inclusión de los impartidores de justicia a un

determinado órgano, deben considerarse pará-

metros objetivos que favorezcan al mejor

desempeño tanto del funcionario como del

órgano de adscripción.

Como ejemplo puede señalarse lo relativo

a la adscripción y readscripción de los titu-

lares de los órganos jurisdiccionales federa-

les. La LOPJF (art. 118) señala los criterios a

que debe atender el Consejo de la Judicatura

Federal, por ser el Pleno de ese órgano el encar-

'3 REAL ACADEMIA ESPANOLA, o ~ . cit.. t . 1. p. 34

gado de asignar la competencia territorial a dichos funcionarios:

Artículo 118. Corresponde al Pleno del Con- sejo de la Judicatura Federal, asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los magistrados de circuito y jueces de distrito. Asimismo, le corresponde, de conformidad con los criterios establecidos en el presente capítulo, readscribir a los Magis- trados de circuito y Jueces de distrito a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y haya causa fundada y suficiente para la readscripción. Siempre que ello fuere posible, y en térmi- nos de lo dispuesto en este capitulo, el Con- sejo de la Judicatura Federal establecerá las bases para que los jueces y magistrados puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción. A este efecto, cuando fuere posible, el Con- sejo establecerá las bases para que los referi- dos funcionarios jurisdiccionales elijan la plaza y materia del órgano de adscripción.

Por tanto, el sistema de adscripciones y readscripciones limita la discrecionalidad del

Pleno del Consejo a través de criterios objeti-

vos previstos en la ley, además de que abre la

posibilidad a Magistrados y Jueces para que

sean ellos quienes elijan el lugar donde habrán

de ejercer.

Según el artículo 119 de la LOPJF, para la primera adscripción de Magistrados de Cir-

cuito y Jueces de Distrito, en los casos en que

haya varias plazas vacantes, el Consejo de la

Judicatura Federal debe tomar en consideración estos elementos:

1. La calificación obtenida en el concurso de oposición;

11. Los cursos que haya realizado en el Instituto de la Judicatura; 111. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación o la experiencia profesional; IV. En su caso, el desempeño en el Poder

Judicial de la Federación, y V. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados

de manera fehaciente.

A este respecto cabe mencionar el Acuerdo General Número 25/199874 del Pleno del Con- sejo de la Judicatura Federal, que establece los criterios para la adscripción y readscripción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; sus puntos tercero y cuarto, relativos a la primera adscripción para los casos en que se trate de vacantes en órganos especializados, establecen que debe atenderse, además de a los criterios previstos en ley, a la materia en la que el servidor público se haya desempeñado dentro del Poder Judicial de la Federación, conforme aparezca en el expediente personal que obra en la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo. Asimismo, establece que éste en ningún caso otorgará, como primera adscrip- ción a Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, un Tribunal o Juzgado de Distrito de nueva creación, por el grado de dificultad que implícitamente conlleva la entrada en funcionamiento de un órgano jurisdiccional.

Por otra parte, tratándose de cambios de adscripción de Magistrados y Jueces, el artículo

" Semanario Judicial de la Federacióri y su Gaceta. Novena Época. t . VIII, septiembre de 1998. p. 1227.

120 de la LOPJF prevé que debe atenderse a estos elementos:

1. Los cursos de enseñanza y capacitación que se hayan realizado en el Instituto de la Judicatura: 11. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación; 111. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público, así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente: IV. Los resultados de las visitas de ins- pección, y V. La disciplina y desarrollo profesional.

Además debe atenderse, por lo que hace a cambios de adscripción, al Acuerdo 25/1998 del Pleno del Consejo, cuyos puntos octavo y noveno obligan a no perder de vista la materia en que el servidor público se haya desempeñado dentro del Poder Judicial de la Federación, y que:

El Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para el

efecto de que los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción, siempre que ello fuese posible, tomará en cuenta los siguientes elementos: a) Contar con una antigüedad mínima de dos años en el órgano jurisdiccional al que se encuentren adscritos. b) Los criterios previstos por el artículo 120 de la citada ley orgánica. c) De haber varias solicitudes, se tomará en cuenta la de aquel servidor público que esté adscrito en una plaza por necesidades de servicio, o la de aquel que hubiera estado en alguna situación de readscripción por necesidades del servicio.

El inciso a) transcrito fue modificado por el Acuerdo General número 58/1999, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que modifica el inciso a) del punto noveno del Acuerdo General número 25/1998, que establece los criterios para la adscripción y readscripción de Magistrados de Circuito y Jueces de Di~t r i to ,"~ que indica:

-. p~ - '' Semanario judicial d~ la Federación y su Gaceta. Novena Época. t. X, d i c i em~

bre de 1999. p. 829.

ACUERDO ÚNICO.-Se modifica el inciso a ) , d e l punto noveno del Acuerdo General Número 25/1998 que establece los criterios para la adscripción y readscripción de Magistrados

de Circuito y Jueces de Distrito, aprobado por unanimidad de votos por el Pleno del

Consejo de la Judicatura Federal durante la sesión celebrada el veinticuatro de junio de

mil novecientos noventa y ocho, para quedar en los términos siguientes:

"NOVENO ... "a) Contar con una antigüedad mínima de dos años en el órgano jurisdiccional al que se encuentren adscritos, salvo causas extra-

ordinarias o casos de notoria urgencia determinados por el Pleno del Consejo de la Judi-

catura Federal debidamente fundados y motivados."

Sin embargo, el Consejo puede llevar a cabo

libremente las adscripciones cuando la convo-

catoria para concurso se refiera a una sola

plaza. Asimismo, tratándose de readscripcio-

nes, sólo se atenderá a los criterios objetivos

cuando exista más de una persona interesada

en ocupar la plaza vacante.

Por lo que respecta a los ascensos, los juzgadores también tienen la garantía de que su determinación ha de basarse en mecanismos y criterios objetivos, de manera que no sean otor- gados discrecionalmente.

En el ámbito local, la adscripción y reads- cripción de juzgadores corresponde a los Consejos de la Judicatura, o bien, al órgano encargado de la administración del Poder Judicial, lo que puede recaer en un Consejo General del Poder Judicial (como sucede en Jalisco) ,76 O en los propios Tribunales Superio- res de Justicia. Para ejemplificar, el artículo 201, fracción 111, de la Ley Orgánica del Tribu- nal Superior de Justicia del Distrito Federal (LOTSJDF), determina que es facultad del Con- sejo de la Judicatura del Distrito Federal "designar a los Jueces del Distrito Federal en los términos que señala esta Ley, así como adscribir a los Jueces y Magistrados". A su vez, el artículo 10, fracción 1, del Reglamento Interior

'' Tesis 111.3oA.36 A. Sprnanario ludicial d? la Federacinri y su Cacefa, Novma Época. t. XX, s ~ p t i ~ m b r e de 2004, p. 1846.

del Consejo señala que el Pleno de dicho órgano puede "opinar sobre la designación y ratifica- ción de Magistrados, determinar la adscripción de éstos y resolver sobre la remoción de los

mismos. Determinar el cambio de adscripción de Jueces y, en su caso, su remoción del cargo por causa justificada".

B. Esfabilidad, ratificación e inamovilidad

Esta garantía se refiere al conjunto de medios traducibles en la permanencia de los Jueces, ya sea por un periodo determinado o indefinido,

hasta la finalización de su cargo, fallecimiento o edad de retiro, a no ser que incurran en un motivo de responsabilidad que implique su remoción.77 En otros términos, al ser nombrados en sus puestos, Jueces y Magistrados tienen, entre otros, dos derechos: 1) que se les

respete el tiempo por el que fueron nombrados -salvo que haya causa de remoción en virtud de haber incurrido en una causa de

" FIX~ZAMUDIO. Héctor. "Breves reflexiones sobre el concepto y contenido del derecho constituciarial procesal". op. cit.. p.104.

responsabilidad-, y 2) que al concluir el tiempo de su encargo sea evaluado su ejercicio, de manera que, cuando sea procedente, se les ratifique en el puesto y así adquieran i n a m o ~ i l i d a d . ~ ~

La Primera Sala de la Corte ha resuelto que las normas rectoras de la integración y renova- ción de los órganos jurisdiccionales deben interpretarse en el sentido en que más se respeten las garantías judiciales tuteladas por la Constitución, entre ellas la de estabilidad en el cargo, para así asegurar el imperativo del artículo 17 constitucional, referente a la justicia y a los Jueces independiente^.^^ Esta garantía fue creada para proporcionar a los impartidores de justicia la seguridad de que, mientras su conducta sea justa y apegada a derecho, goza- rán de la permanencia en su puesto, ya que sin la estabilidad en el ejercicio del cargo la independencia de criterio que precisan se ve considerablemente d i s m i n ~ i d a . ~ ~

-- --

'Vnarnovilidad d? luecps y Magisrrados dei Poder Judicial de la Federación. Serie Dehares. No. 18, Ivlrxico. Suprrrna Corte de Justicia de la Nación. 1999. p. 5.

" Tesis CLXXX/Z004. Seinanarioludicial dp ia Federación y su Gacpra. Novena Época. t. XXI. enero de 2005. p. 424.

*" lb.. ?p. 1 6 3 164.

La estabilidad se asegura, fundamental- mente, cuando los juzgadores conocen, desde el momento en que son designados, el tiempo que habrán de permanecer en el cargo y la imposibilidad de que, salvo que incurran en una causa de responsabilidad, sean retirados de él. Por tanto, una vez asignados, los titulares de los órganos jurisdiccionales no pueden ser removidos, y las personas que participaron en su nombramiento no tienen, por tanto, inje- rencia alguna sobre sus funciones ni sobre la duración de su encargo.

El artículo 94, décimo párrafo, de la Consti- tución Federal prevé que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán quince años en el cargo, pudiendo ser removidos sólo si incurren en alguna causa de responsabilidad. En el artículo 97, primer párrafo, de la propia Ley Fundamental, se lee que la designación de Jueces y Magistrados se hará por un lapso de seis años, a cuyo término, si fueren ratificados, o si los Jueces fueran promovidos al cargo de Magistrados, sólo podrán ser separados de su puesto por las causas señaladas en la Ley, o por retiro forzoso al cumplir 75 años de edad.

Por su parte, en el ámbito local, el artículo 116, fracción 111, constitucional dispone:

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que sefialen las Consti- tuciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabili- dades de los Servidores Públicos de los Estados.

La continuidad en el desempeño de la fun- ción jurisdiccional depende de un procedimien- to de ratificación. El término "ratificación" se conceptúa como "acción y efecto de ratificar" y "ratificar" proviene del latín ratus, "confir- mado", y de facire, "hacer"; implicando aprobar o confirmar actos, palabras o escritos, dándolos por valederos o cierto^.^' Como garantía juris-

diccional, la ratificación se traduce eri el derecho constitucional y legalmente reconocido a favor de los titulares de los órganos jtirisdic- cionales, en cuya virtud, una vez culminado el

REAL ACADEMIA ESPANOLA. op. cit.. t . 1. p. 1290

periodo para el que inicialmente fueron nombrados, y después de haber sido satisfac- toriamente valorado su desempeño, se determina que continúen en el ejercicio de la función jurisdiccional, logrando con ello el carácter de inamovibles.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia se ha referido a esta garantía jurisdiccional en los siguientes términos:

RATIFICACIÓN DE JUECES DE DISTRITO Y MAGISTRADOS DE CIRCUITO. ES UNA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CARGO Y PRINCIPALMENTE UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CON- TAR CON SERVIDORES IDÓNEOS PARA IMPARTIR JUSTICIA PRONTA, COMPLE- TA, IMPARCIAL Y GRATUITA QUE ESTA- BLECE EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTI- T U C ~ ~ N FEDERAL. De un análisis armónico y sistemático de los artículos 17, 97, primer párrafo y 100, sexto párrafo, de la Constitu- ción Federal, y 105 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial d e la Federación, s e advierte que la ratificación de los Magistra- dos de Circuito y Jueces de Distrito constituye una institución para que estos altos

funcionarios judiciales puedan adquirir estabilidad en el cargo público que detentan previa satisfacción de determinados requisitos, pero principalmente constituye una garantía de la sociedad de contar con servidores idóneos para impartir justicia. Esto es así, ya que para que proceda la ratificación, el funcionario debe haber desempeñado el encargo durante seis años y se debe atender a su desempeño en la función, al resultado de las visitas de inspección que se le hayan practicado durante su gestión, al grado académico, cursos de actualización y de especialización que tenga, el que no haya sido sancionado por falta grave con motivo de una queja administrativa y a los demás que se estimen convenientes para evaluar al funcionario; y, por otra parte, debe tenerse presente que estos cargos forman parte de la carrera judicial en la que rigen los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso: todo lo cual tiene como fin último el garantizar que la impar- tición de justicia sea expedita, pronta, completa, imparcial y gratuita, en los términos que lo consigna el artículo 17 constitucional, lo que es responsabilidad directa del funcionario judicial.8z

~ - --

a' Tesis P. XXXIV/2000. Semanaria Judicial de la Federacióii y su Gaceta. t. XI marro de 2000. D. 102.

El derecho a la ratificación de los titulares de órganos jurisdiccionales está sujeto a la evaluación que se haga del desempeño del funcionario, ya que con ella se busca que únicamente sean inamovibles los juzgadores que se hayan destacado por la calidad de su servicio: por ello se ha señalado:

Cuando con motivo del vencimiento del plazo de la designación de un Juez de Dis- trito o Magistrado de Circuito se tenga que determinar si procede o no ratificarlo, vol- viéndose inamovible, procederá realizar un análisis detallado de todo su desempeño para poder determinar fundada y motivada- mente si la resolución debe ser favorable o desfavorable. Ahora bien, tomando en cuenta que el servidor público de alto nivel del Poder Judicial de la Federación debe tener el perfil idóneo, a saber, honestidad invulnerable, excelencia profesional, laboriosidad y organización necesarias para prevenir y evitar problemas y para solucio- narlos con programas eficaces, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, según su gravedad, debe inferirse que no procederá la ratificación no sólo cuando se advierten graves irregularidades en el desempeño de su función sino también cuando las faltas

constantes, carencia de organización, ausencia de calidad jurídica en las resoluciones, descuido generalizado en la tramitación y solución de asuntos y faltas similares, reve- lan que se carece de esos atributos.R3

El artículo 121 de la LOPJF establece:

Articulo 121. Para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judica- tura Federal tomará en consideración, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes elementos: 1. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; 11. Los resultados de las visitas de inspección: 111. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y

-~p -

*' Tesis P. XXXV/2000. ib . , p. 103.

V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publi- cados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación.

También debe contemplarse lo dispuesto en el Acuerdo General Número 48/1998, que Regula la Organización y Funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, cuyo Título Tercero, Capítulo VI1 -artículos 189 a 192-, regula a la ratificación en los siguientes términos:

Articulo 189. El trámite de los expedientes de ratificación corresponderá al Presidente, por conducto del Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial. Articulo 190. El Secretario Ejecutivo de Administración levantará con seis meses de antelación una certificación en el expediente personal del funcionario de que se trate, en la que hará constar el vencimiento del plazo de seis años a que alude el artículo 97, párrafo primero, de la Constitución Polí- tica de los Estados Unidos Mexicanos. Acto seguido, comunicará dicha situación al Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial y le remitirá el citado expediente.

Asimismo, informará al Secretario Ejecutivo de disciplina para que remita a la brevedad informe sobre los procedimientos administrativos disciplinarios formulados en contra del servidor público. El Magistrado de Circuito o Juez de Distrito podrá hacer del conocimiento de cualquiera de dichos Secretarios Ejecutivos, el vencimiento del plazo, con la oportunidad mencionada. Artículo 191. El Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial dará cuenta con la certificación a que se refiere el artículo anterior al Presidente, quien emitirá un acuerdo en el que se decretará la procedencia o improcedencia del procedimiento de ratificación. De estimarse improcedente el inicio del procedimiento de ratificación, el Presidente ordenará la devolución del expediente a la Secretaría Ejecutiva de Administración. De ser procedente: a) Dispondrá que se forme y registre el expediente de ratificación bajo el número que le corresponda, al cual deberá agregarse copia autorizada de la certificación a que se refiere el artículo anterior y, en su caso, el comuni- cado del funcionario; b) Comunicará el inicio del trámite al funcionario respectivo, para que ofrezca copia

certificada de las constancias relativas a los cursos de posgrado que haya tomado, las clases que haya impartido, y demás datos que estime pertinentes; c) Requerirá al Contralor del Poder Judicial de la Federación para que remita informe de los procedimientos administrativos forma- dos en contra del servidor público, así como un informe de la evolución de su situación patrimonial: y d) Ordenará al Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial recabar la informa- ción estadística sobre la actividad del funcionario a ratificar. Artículo 192. El Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial vigilará la trami- tación y seguimiento del procedimiento de ratificación en los términos establecidos en las disposiciones que al efecto emita el Pleno.

El procedimiento de ratificación de Magis- trados no responde sólo a la necesidad de vigilar que la conducta desarrollada por los funcionarios jurisdiccionales se apegue a las normas que rigen su actuación, sino que tiende a satisfacer una necesidad colectiva, consis- tente en garantizar un derecho subjetivo público de los gobernados a través del análisis

de la conducta desarrollada por los juzgadores federales en el lapso para el que fueron nombrados, lo que permite decidir si tienen o no la capacidad para continuar desempeñando la labor

jurisdiccional, bajo los principios que establece la Constitución, a través de los dictámenes que emita la autoridad competente, haciendo un análisis detallado de los hechos relevantes de su desempeño y el conocimiento cierto de su actuación ética y p ro fe~ iona l .~~

Sin embargo, si al vencimiento del periodo para el que fueron nombrados los funcionarios

no son evaluados en cuanto a su conducta y funcionamiento, no puede impedirse que conti- núen en el ejercicio de sus funciones, pues para ello es indispensable que se emita el dictamen de evaluación que lo j u s t i f i q ~ e . ~ ~

En cuanto al ámbito local, en los Estados de la República y en el Distrito Federal también se contemplan mecanismos objetivos para

" Tesis P. LXXII/99. ib., t . X. noviembre de 1999. p. 42 " Tesis P. XLIX/97. ib.. t. V. marco de 1997. p. 137.

determinar la procedencia de la ratificación y, por ende, de la inamovilidad de los funcionarios jurisdiccionales, pudiendo corroborarse esto con un criterio emitido por el Máximo Tribunal:

La posibilidad de ratificación de los Magis- trados del Tribunal de lo Contencioso Admi- nistrativo del Distrito Federal (...) como condición para obtener la inamovilidad judicial (. . .) debe entenderse establecida como una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial, no sólo como un derecho de tales servidores pú- blicos, sino, principalmente, como una garantía de la sociedad de contar con servidores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial en los términos setialados en el articulo 17 de la propia Carta Magna. En consecuencia, tal posibilidad se encuentra sujeta a lo siguiente: 1) A la premisa básica de que el cargo de Magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto para su duración. que es de seis años; 2) A la condi- ción relativa de que el funcionario judicial de que se trate haya cumplido el plazo establecido para la duración del cargo; y

3) Al procedimiento administrativo de evaluación de la actuación de los Magistra- dos contenido en el artículo 94 de la abro- gada Ley Orgánica de la Asamblea de Repre- sentantes del Distrito Federal (actual artículo 96 de la Ley Orgánica de la Asam- blea Legislativa), que concluye con la emi- sión de los dictámenes en los que se precisen las causas por las que se considera que aquéllos deben o no, ser ratificado^.^^

El Pleno de la Corte ha dispuesto también que los funcionarios jurisdiccionales de los Estados pueden ser ratificados tácitamente, cuando concluido el periodo para el q i e fueron nombrados sigan en el ejercicio del cargo el tiempo necesario para alcanzar la inamovilidad, sin que se emita el respectivo dictamen v a l ~ r a t i v o . ~ ~

A propósito de la inamovilidad judicial, se estableció por primera vez en la Constitu- ción estadounidense (1 787), y en el derecho español se instituyó desde la Constitución

X V ~ s i s 2a. CLXV/2001. ib.. t. XIV, septiembre de 2001. p. 705 " Tesis P / J 18/2006. ib.. t . XXII I . f ~ h r e r o de 2006, p. 1449.

gaditana de 18 12. La inamovilidad se entiende como el derecho de los juzgadores a permanecer en su cargo sin que puedan ser removidos, cambiados de adscripción o despedidos sin causa legal y previo procedimiento. Ha sido

explicada por la doctrina como aquel derecho público subjetivo de que deben gozar los funcionarios judiciales, con los siguientes derechos:88

a) Permanecer en sus puestos sin limitación de tiempo y, por ende, no ser destituidos sino por las causas determinadas por la ley y mediante un juicio en forma en que se demuestre la responsabilidad del funcionario; b) No ser trasladados a un puesto diferente para el que fueron designados, a no ser que medie la voluntad del interesado; c) No ser suspendidos, sino siguiendo un procedimiento formal y por haber cometido la falta que amerite esa pena: y, d) Ser jubilados cuando hayan desempeñado sus funciones determinado número de años.

PALLARES, Eduardo. citada en Inarnovilidad de Jueces y Magistrados del Poder judicial de la Federación, op. cit.. p. 163.

La inamovilidad, por tanto, entraña la permanencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales en sus cargos hasta la edad de retiro o hasta que hayan sido removidos por causas graves de responsabilidad. Entonces, la inamovilidad no está sujeta al arbitrio de los gober- nantes o Poderes en turno, sino únicamente a lo dispuesto en el orden jurídico mexicano. Como uno de los aspectos del principio de seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo, constituye no sólo un derecho del funcionario, sino principalmente una garantía de la sociedad de contar con juzgadores independientes y de excelencia, que realmente hagan efectivos los principios que en materia de impartición de justicia determina la Ley F ~ n d a m e n t a l . ~ ~ Sin embargo, debe aclararse que este principio no debe entenderse como la permanencia perpetua en el cargo, sino como su sujeción a un lapso determinado o al cumplimiento de una determinada edad.

Conviene señalar la necesidad de que los criterios de permanencia en el empleo sean

~~ ~

" Tesis P / J . 106/2000. SemanariaJ~zdicial dela Federación y su Gaceta. Novena Época, t . XII. octubre d e 2000. p. 8.

eficientes, pues esta garantía "no puede ponerse

en tela de juicio bajo el planteamiento de que

pudieran resultar beneficiados funcionarios sin

la excelencia y diligencia necesarias, pues ello

no sería consecuencia del principio de inamovi-

lidad judicial sino de un inadecuado sistema

de evaluación sobre su desempeño que incorrectamente haya llevado a su ratifica-

~ i ó n " . ~ ~ Por tanto, por un lado debe otorgarse

permanencia para garantizar la independencia

judicial, pero, por otro, debe existir la posibi-

lidad de destituir a las personas que actúan

irregularmente.

Por tanto, en virtud de la garantía de esta-

bilidad en el cargo, la remoción, entendida

como la destitución de los titulares de los órga-

nos jurisdiccionales, sólo puede llevarse a cabo

en los casos señalados por la propia ley, cuando

los funcionarios responsables de impartir

justicia incurren en una causa de responsabi-

lidad de las que prevé el propio orden jurí-

dico y siguiéndose el procedimiento señalado por éste.

Como ejemplo puede indicarse, en cuanto a la destitución de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, el artículo 137 de la LOPJF:

Articulo 137. Tratándose de jueces y magistrados, la destitución sólo procederá en los siguientes casos: 1. Cuando incurran en una causa de responsabilidad grave en el desempeño de sus cargos, y 11. Cuando reincidan en una causa de responsabilidad sin haber atendido a las obser- vaciones o amonestaciones que se les hagan por faltas a la moral o a la disciplina que deben guardar conforme a la ley y a los reglamentos respectivos.

Es claro que los órganos facultados para destituir a los sujetos encargados de la función jurisdiccional sólo pueden llevar a cabo remociones en los casos indicados y sometién- dose al procedimiento previsto en ley, debiendo hacerlo, además, mediante una resolución fundada y motivada que puede impugnarse mediante el recurso de revisión administrativa.

Debe señalarse, también, que conviene a los funcionarios jurisdiccionales conocer de ante- mano las causas que pudieran originar su destitución, así como el procedimiento a seguirse para ello y las autoridades competentes para conocer de él, a fin de que no sean privados de sus cargos caprichosamente.

C. Remuneración

La remuneración suficiente, honrosa e irredu- cible de los salarios es un factor que favorece la independencia judicial, porque no sólo disminuye el riesgo de corrupción, sind que estimula la continuidad, la especialización y la profesionalización de la función judicial. No puede hablarse de una absoluta independencia de criterio en el juzgador si éste carece de un mínimo de seguridad de que sus retribucio- nes económicas están garantizadas. Para la actualización de esta garantía jurisdiccional es preciso que el salario de los juzgadores no sea disminuido mientras permanezcan en sus fun- c i o n e ~ . ~ ' Además, la compensación debe ser

-- -

SAGUES. Néstor Pedro, Elementos de derecha coristitucianal, L . 1.. Buenas Aires. Astrea. 1999. D. 650.

suficiente para asegurar un adecuado nivel de

vida, y su fijación debe atender a las siguientes

situaciones: a) las posibilidades económicas de

la sociedad; b) la necesidad de atraer a la judica-

tura a los mejores juristas; y, c) la conveniencia

de proporcionar a los Jueces una vida estable.92

En la Constitución Federal, esta garantía

se prevé en el artículo 94, noveno párrafo:

Artículo 94. ... . . .

La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Dis- trito y los Consejeros de la Judicatura Fede- ral, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

La garantía en comento asiste también a quienes ejercen la función jurisdiccional en las entidades federativas. El artículo 116 constitucional, fracción 111, dispone:

Idem.

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

El Pleno del Alto Tribunal ha señalado que la garantía constitucional prevista en el precepto últimamente citado -y, de hecho, también en el anterior-, asegura la independencia y autonomía judicial, ya que con ella se les evitan preocupaciones económicas y la posibilidad de que sean objeto de presiones de esa índole en el desempeño de su funcióng3

La normativa mexicana contempla tam- bién mecanismos para recompensar los esfuer- zos laborales individuales. A manera de ejemplo puede citarse el artículo 11 1 de la LOPJF:

El Consejo de la Judicatura Federal estable- cerá, de acuerdo con su presupuesto y mediante disposiciones generales, un sistema de estímulos para aquellas personas comprendidas en las categorías señaladas en el artículo anterior. Dicho sistema podrá

g1 Tesis P / J . 18/2006. Semanarioludicial de la Federación y su Gaceta, t . XXIII. febrero de 2006. p. 1449.

incluir estímulos económicos y tomará en cuenta el desempeño en el ejercicio de su función, los cursos realizados dentro del Instituto de la Judicatura, la antigüedad, grado académico, arraigo y los demás que el propio Consejo estime necesarios. Adicio- nalmente, y tratándose de Magistrados de circuito y Jueces de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal podrá autorizar años sabáticos, siempre que el interesado presente un proyecto de trabajo que redunde en su formación académica y profesional y sea de interés para el Poder Judicial de la Federa- ción, así como también becas para estudios e investigación en el extranjero dentro de las posibilidades de orden presupuestal.

D. Fuero constitucional y responsabilidades

Como se ha visto en los apartados precedentes, la materialización de la independencia judicial es posible de distintas maneras y con diferen- tes alcances. Así, los órdenes jurídicos actuales contienen un conjunto específico de garantías a favor de los juzgadores, relativas a s u selección, nombramiento, adscripción, remune- ración y e ~ t a b i l i d a d . ~ ~

q4 COSSÍO DfAZ. José Ramón. op. cit.. pp. 2 9 ~ 3 1

En México, el artículo 94 constitucional establece que el Poder Judicial de la Federación se deposita, en primer lugar, en una Suprema Corte de Justicia. Asimismo, dispone que su funcionamiento y la competencia y responsabilidades de sus servidores públicos se rijan por lo dispuesto en las leyes y conforme a las bases establecidas en la propia Const i t~ción.~~ También establece que los Ministros duraran en su encargo quince años y sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal. La remisión antes mencionada y la posibilidad de su remoción, refuerzan el carácter de servidores públicos de los Ministros y agregan un nuevo elemento: su carácter federal, pues los servidores públicos mencionados por el Título constitucional aludido en el artículo 108, primer párrafo, constitucional, tienen tal carácter y se sujetan a las disposiciones aplicables a los servidores públicos federales. Por su parte, el artículo 97 previene que tales servidores, por la delica-

SALGADO LEDESMA. Erendira. Poderes en conflicto. 2a. ed.. México Suprema Corte de Justicia de la Nacián. 2004. pp. 110~114.

deza de sus funciones, deben formular protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes emanadas de ella.

En razón del otorgamiento de su encargo y su correspondiente toma de posesión, el Minis- tro "queda incorporado al órgano -Suprema Corte-como parte esencial de él, y por lo tanto sujeto a una serie de obligaciones y derechos que integran su estatus, porque su actuación (...) es la expresión del poder p ú b l i ~ o " . ~ ~ u e g o , los Ministros son servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que adquieren un deber de sujeción a la Constitución y que se rigen por lo dispuesto en la LOPJF y otras normas federales, y su actuación debe ajus- tarse a "las leyes y la decencia del servicio, que constituyen las bases esenciales de todo g ~ b i e r n o " . ~ ~ El artículo 109, fracción 1, constitucional, establece que se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas por el artículo 110 a los servidores públicos señala-

DELGADILLO. Luis Humberto. El sistema de responsabilidades de los servidores públicos, México. Porrua. 1996, p. 63. *' ARMAGNAGUE. Juan Fernando. Juicio político y jurado de enjuiciamiento en la nueva Constitución nacional, Buenos Aires. Depalma. 1995. pp. 6 ~ 7 .

dos en dicho precepto, dentro del cual figuran los Ministros.

Entonces, éstos son servidores públicos federales con fuero const i t~cional ,~~ que "era el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la Federación para que, antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordina- rio, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal". Este fuero subsiste y se traduce en que los Diputados y Senadores, así como los demás sujetos de responsabilidad política,99 sólo pueden ser juzgados penal- mente previa declaratoria de procedencia.Io0 Esta protección es otorgada mediante instrumentos tutelares denominados inviolabilidad e inmunidad, que se afectan al actualizarse los supuestos del Título Octavo -artículos 129 a 140- de la LOPJF. Los Ministros de la Corte

IB SOBERANES FERNÁNDEZ. José Luis. "Fuero constitucional". en VV.AA.. Nueva diccionariojoridico mexicano. op. cit., t . 11. p. 1757. Cfr. El fuero. Serie Grandes temas del constitucionalismo mexicano. No. 6, México. Suprema Corte d e Justicia de la Nación. ZW5.

Véase el Titulo Cuarto d e la Constitución Politica d e los Estados Unidos Mexicanos.

'"" CASTRO Y CASTRO. Juventino V.. El sistema constitucional de las declaratorias de procedencia (desafueros), México, Porrúa. 2005, p. 5.

y los Consejeros de la Judicatura Federal sólo serán privados de sus puestos en la forma y términos determinados por el Título Cuarto de la Constitución Federal. También se procederá así cuando los propios servidores públicos violen las prohibiciones previstas en el artículo 101 constitucional, imponiéndose además, como sanción, la pérdida de las prestaciones y beneficios que les correspondan y las señaladas por la comisión de delitos contra la administra- ción de justicia.

Ministros, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito serán responsables al establecer o fijar la interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten, cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe. Según el artículo 131 de la LOPJF, son causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

1. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación

respecto de alguna persona, del mismo u otro poder; 11. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial de la Federación; 111. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar; IV. Impedir en los procedimientos judiciales que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan en los procedimientos; V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos; VI. Realizar nombramientos. promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes: VII. No poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función judicial; VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempefio de sus labores; IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento; X. Abandonar la residencia del tribunal de circuito o juzgado de distrito al que esté

adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo; XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi- dores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional, y XII. Las demás que determine la ley.

En el caso de la impartición de justicia local, las leyes orgánicas de los Poderes Judi- ciales de las entidades federativas señalan las responsabilidades y faltas a que pueden hacerse acreedores los Jueces, Magistrados y demás funcionarios que falten a la probidad exigida por sus funciones. Para mantener la coheren- cia con los ejemplos señalados con anterioridad, conviene citar los capítulos 1 a 111 del Título Décimo Tercero de la LOTSJDF. Los artículos 210 a 219 del Capítulo 1, relativos a las responsabilidades de los servidores públicos de la administración de justicia, refieren:

Artículo 210. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura, los Jueces del Fuero Común del Distrito Federal, el Visita-

dor General, los Visitadores Judiciales, así como todos los servidores públicos de la administración de justicia, son responsables de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que determinen la presente Ley, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás leyes aplicables. El órgano encargado de sustanciar los procedimientos e imponer las sanciones por faltas de los servidores públicos de la administra- ción de justicia del fuero común en el Dis- trito Federal, es el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal; por conducto de la Comi- sión de Disciplina Judicial, en primera instancia. El Consejo, por medio de acuerdos generales, establecerá los mecanismos y medios para combatir las decisiones de la Comisión de Disciplina Judicial, en todo caso el Consejo resolverá en definitiva, en los términos de esta Ley y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Articulo 211. Siempre que se presente una denuncia o queja en contra de algún servidor público de la administración de justicia, la Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, formará inmediatamente el expediente respectivo

con expresión del día y hora en que se reciba la queja, a efecto de que concluya inexcusa- blemente por sentencia dentro de un término no mayor de veintidós días hábiles, para la primera instancia, y de treinta días hábiles para la segunda y definitiva, en SU caso. Artículo 212. Las quejas que se presenten por las faltas en que presuntamente hayan incurrido los Magistrados, Consejeros, Jueces, así como los demás servidores públicos de la administración de justicia, se harán constar por escrito, para su debida tramita- ción, las cuales en todo caso deberán conte- ner nombre, firma y domicilio del denun- ciante, y se harán bajo protesta de decir verdad. Artículo 213. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por medio de la Comisión de Disciplina Judicial, deberá substanciar el expediente relativo, solicitando un informe al servidor público denunciado, quien deberá rendirlo por escrito en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir de la notificación, en el que podrá ofrecer las pruebas que estime necesarias. Artículo 214. Tienen acción para denunciar la comisión de faltas de los servidores públi- cos de la administración de justicia del Dis- trito Federal:

1. Las partes en el juicio en que se come- tieren ; 11. Las personas físicas o morales a quienes se les haya desconocido indebidamente la calidad de parte, en los casos de la fracción V del artículo 220 de esta ley; 111. Los abogados de las partes en los casos de responsabilidades provenientes de hechos u omisiones cometidas en el juicio en que intervengan, siempre que tengan título legalmente expedido y registro en la Dirección General de Profesiones; IV. El Ministerio Público en los negocios en que intervenga; V. Los Jueces de lo Familiar en los negocios de su competencia o en aquellos relacionados directamente con los mismos o que afecten los intereses de los incapaces: y VI. Las organizaciones de profesionales en Derecho constituidas legalmente, por conducto de sus representantes legítimos, quienes lo harán a nombre de la organiza- ción de que se trate. Artículo 215. El Presidente o cualesquier miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad de la irregularidad observada en las visitas practicadas a los Juzgados o Salas, solicitará a la Comisión de Disci- plina Judicial lleve a cabo de oficio el procedimiento señalado en esta ley.

La Comisión de Disciplina Judicial deberá informar al Pleno del Consejo la resolución correspondiente. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal está facultado para super- visar en todo tiempo la secuela procesal. Artículo 216. Los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Fede- ral, que incurran en la comisión de alguna o algunas de las faltas previstas por esta ley, serán sancionados con: 1. Amonestación: 11. Multa de diez a cien días de salario que el servidor de que se trate perciba; 111. Suspensión temporal de cinco días a cinco meses, sin goce de sueldo: y IV. Separación del cargo. Articulo 217. Si el órgano encargado de resolver sobre una queja no lo hiciera dentro del plazo a que se refiere el artículo 213, serán multados sus integrantes, con el importe de un día de salario, por el órgano encargado de la imposición de las sanciones. Si el Pleno del Consejo lo fuere, se impondrá a los integrantes del mismo multa de tres días de salario, hayan concu- rrido o no al Pleno respectivo. Artículo 218. La declaración de no-responsabilidad por faltas deberá ser publicada

en extracto en el Boletín Judicial o en un periódico de circulación en el Distrito Fede- ral, según lo disponga quien hiciere aquélla. La primera de esas publicaciones será gratuita y la segunda a costa del quejoso; a quien si no cumpliere, se le podrá imponer una multa como medio de apremio por el mismo órgano que resuelva, en los térmi- nos que se prescriben para dicho medio en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Articulo 219. La declaración de responsabilidad por faltas producirá el efecto de impedir al servidor público de que se trate, tenga conocimiento del negocio en el que se hubieren cometido.

Por su parte, el Capítulo 11, integrado por los artículos 220 a 231, expresan las faltas que pueden cometer tanto los Magistrados y Jueces como el personal adscrito a su cargo, cuando incurran en conductas contrarias a la correcta impartición de justicia. Finalmente, los artícu- los 232 a 234, integrantes del Capítulo 111 del Título en cita, indican los órganos y los sistemas para la imposición de las sanciones administrativas previstas en la LOTSJDF.

La jurisdiccional es una de las principales funciones del Estado. Toca a los Jueces dirimir toda controversia suscitada por la aplicación del orden jurídico, a fin de mantener la vigen- cia de la normativa rectora de la vida en sociedad. La preocupación por lograr la actuación proba de Jueces y Magistrados ha conducido a aprobar reformas constitucionales y legales que favorezcan el trabajo independiente de la judicatura. En efecto, la independencia es un requisito indispensable a cubrir para garantizar una correcta función judicial.

A fin de lograr el imperativo de indepen- dizar a los juzgadores de toda presión externa que incida en sus delicadas funciones, es necesario que el Estado goce de un claro esquema de división de poderes, así como de un Poder

183

Judicial ajeno a la arena política activa, capaz de autogobernarse y sin dificultades presu- puestales. Logrado esto, podrá contarse con un conjunto de prerrogativas y mecanismos de protección favorables a los titulares de los órga- nos jurisdiccionales, establecidos por el orden jurídico y tendentes a que aquéllos obren de manera independiente e imparcial en beneficio de los justiciables. Estas prerrogativas son conocidas como garantías jurisdiccionales.

Investigaciones doctrinales y criterios jurisprudenciales han permitido clasificar a estas garantías de la siguiente manera:

1. Sistema de selección y ascensos (carrera judicial, procedimientos de selección, adscripción y readscripción, formación y actualización y ascensos).

2 . Seguridad en el ejercicio del cargo (dura- ción, ratificación, inamovilidad y responsabilidades).

3. Seguridad económica. 4. Fuero.

Cada garantía está fundamentada constitucional y legalmente, y su reglamentación ha

correspondido a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a las de los Estados, para cumplir con los imperativos constitucionales establecidos en los artículos 17, 100 y 116, particularmente, que especifican mínimos indispensables para el correcto desempeño de los Jueces.

En términos generales, la existencia de estas garantías satisface una doble exigencia nacional: por una parte, la probidad en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, con lo que se asegura el acceso a la tutela judicial efectiva y el Estado coadyuva a su propio desarrollo y, por otra, la sociedad confía en que un conjunto de profesionales, debidamente preparados y comprometidos con la justicia, obvie presiones ajenas a su responsabilidad con tal de concentrarse en la resolución de controversias de trascendencia variable para la vida nacional.

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Reglamento Interno del Consejo de la Judi- catura del Distrito Federal

Esta obra se terminó de imprimir y encuadernar en septiembre de 2006 en los talleres de Servicios Promocionales, Alfredo Chavero núm. 91, Col. Obrera, C.P. 06800, México, D.F. Se utilizaron tipos Book Antiqua de 8, 12, y 14 puntos y CG Omega de 14 y 22 puntos. La edici6n consta de 4,000 ejempla- res impresos en papel bond de 75 grs.

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