La crisis argentina de 1890: estado liberal, política fiscal y presupuesto público

Ricardo Forte El Colegio Mexiquense

El año 1890 marcó un momento crucial en la historia del desarrollo económico y político de la Argentina moderna. Después de diez años de crecimiento continuo, puesto en marcha a partir del gran acuerdo na­cional de 1880 que condujo a la federalización de la ciudad de Buenos Aires y otorgó la presidencia de la República al general Roca,1 una de las crisis financieras internacionales más agudas detuvo de manera dra­mática este proceso. Queremos proponer en este trabajo una interpreta­ción de las vicisitudes y transformaciones que precedieron y acompa­ñaron esa crisis, utilizando principalmente dos instrumentos analíticos: el presupuesto público y el sistema fiscal.

La mayoría de los estudios existentes sobre las finanzas públicas en Argentina y otros países americanos y europeos consideran el examen del presupuesto como una problemática de naturaleza simplemente fi­nanciera.2 Marcello Carmagnani en su estudio reciente sobre la econo­mía pública en México ha mostrado por primera vez los límites de esta perspectiva: en realidad el problema de la hacienda pública no sólo asume importantes connotaciones económicas y financieras, sino tiene también implicaciones y peculiaridades políticas y sociales de enorme relevancia. Tales peculiaridades resultan sumamente importantes para el análisis histórico de las transformaciones ocurridas en la segunda mitad del siglo pasado como consecuencia de la afirmación de los prin­cipios del liberalismo y la articulación -tanto en Europa como en América- de los nuevos Estados liberales.3

Con base en esta nueva perspectiva y a través del examen y de las características cualitativas y cuantitavas del presupuesto público y del

sistema fiscal en la Argentina de las últimas dos décadas del siglo xix, buscaremos contestar a dos preguntas fundamentales: ¿cómo reaccio­naron las clases dominantes a la crisis político-financiera de 1890? Cómo se modificó la relación entre la oligarquía dominante y los demás sectores de la sociedad?

Aunque la crisis empezó en la esfera financiera, las consecuencias que la misma produjo en el corto y mediano plazo invadieron amplia­mente el campo político. La falta de liquidez que afectó en general el país, tanto en el sector público como en el privado, quitó al gobierno un instrumento importante para garantizar su propia legitimidad: el gasto público, a través del cual el poder ejecutivo logró durante la década de los ochenta determinar el clima de bienestar y confianza necesario a la conservación de su credibilidad política.

Hay que considerar dicha pérdida en el ámbito general del contex­to político argentino de la época para entender su importancia real. El llamado “régimen del 80” surgió sobre la base de la doctrina formula­da por el jurista Juan Bautista Alberdi a mitad del siglo xix, dirigida a la articulación de un Estado liberal de tipo notabiliar. Esta caracteriza­ción subraya la persistencia en el nuevo orden liberal de mecanismos de antiguo régimen, que se transformaban paulatinamente adaptándose a las nuevas exigencias sociales y económicas y creaban a la vez una fuerte tensión derivada de la acción contrapuesta de elementos de con­tinuidad y cambio.4

La aplicación política de la doctrina alberdiana dio origen en 1853 a la primera constitución liberal argentina y permitió por un lado supe­rar las divisiones regionales que habían marcado las décadas anteriores y acabar con las cruentas y costosas luchas interoligárquicas. Pero por el otro se caracterizó por la presencia de mecanismos excluyentes y de control electoral capaces de circunscribir la sucesión política tanto al nivel del poder ejecutivo como del legislativo en el interior de un sec­tor restringido de la misma oligarquía. A través del sistema llamado de la “lista completa”, el partido que lograba la mayoría relativa ocupaba la totalidad de los escaños en el Congreso. Además, tanto los senado­res como el presidente de la República se elegían en segundo grado, por medio de una junta nombrada por las juntas provinciales. Este meca­nismo fue asociado a las manipulaciones electorales -que persistieron sobre todo a nivel local,5 favorecidas por el hecho de que el voto no era

secreto- y permitió a la oligarquía liberal lograr la continuidad de su control sobre el poder ejecutivo y una composición de las Cámaras más o menos uniforme.6

El Congreso que se constituyó de esa manera logró un importante objetivo modemizador: crear una sede de discusión y resolución de las controversias entre grupos regionales; pero no superó los límites de una representación de tipo elitista. En la fase inicial de su funcionamiento -la década de los ochenta- Argentina se caracterizaba por un territorio con población escasa, preponderantemente rural, con una fuerte in­fluencia de los mecanismos clientelares tradicionales. En un contexto con estas peculiaridades el sistema político notabiliar pareció adecuado a perseguir las finalidades de orden público y paz interna, que los libe­rales argentinos consideraban ser la base imprescindible para poner en marcha el desarrollo nacional. Sin embargo, las necesidades comercia­les y productivas determinadas por la voluntad de la oligarquía rural de aprovechar del aumento de la demanda europea de productos agrogana- deros, empujaron las sucesivas administraciones a incentivar la inmi­gración extranjera. Este objetivo fue conseguido mediante la aprobación de una ley específica en 1876 y su intempestiva aplicación: el fuerte flujo migratorio que caracterizó la década siguiente determinó cambios sustanciales en la estructura de la sociedad argentina, que se caracteri­zaron por el sensible crecimiento de los sectores populares y de clase media sobre todo en las ciudades y en consecuencia por el aumento relativo de la población urbana con respecto a la rural. Al mismo tiem­po, la favorable coyuntura económica determinó el fortalecimiento de los grupos de la oligarquía rural que habían quedado excluidos de la dirección política como resultado de las luchas anteriores al acuerdo de 1880.

En el marco de esa contingencia y de un sistema político dirigido a limitar la participación política a un sector reducido de la población, la función de promotor del desarrollo nacional que los liberales decimo­nónicos otorgaban al Estado a través de la administración del presu­puesto público, se convirtió en una variable de gran importancia para lograr el consenso y el orden público necesarios para garantizar la con­tinuidad del proceso de desarrollo del país. Nuestra hipótesis es que la crisis del 90 puso por primera vez en tela de juicio este esquema de poder y obligó a las clases dominantes durante las décadas sucesivas a

orientar su propia acción hacia una mayor utilización de instrumentos represivos, antes de lograr un nuevo acuerdo nacional que permitiera la rearticulación funcional del sistema político.7

Estado y finanzas públicas entre los años setenta y los ochenta: política liberal y herencia de antiguo régimen

A partir de 1880 el Estado argentino acentuó, a nivel doctrinario y constitucional, sus características liberales. Sin embargo, no superó -hecho común a la mayoría de los itinerarios de modernización de la época en Europa y América- la fase notabiliar de su proceso de tran­sición.

A la administración pública se otorgó un papel fundamentalmente indirecto, pero esencial para el desenvolvimiento de las infraestructuras que se juzgaban imprescindibles para el crecimiento de los comercios y de la economía en general y que se pensaba no hubieran podido ser desarrollados de manera satisfactoria por el sector privado. La Consti­tución de 1853 -reformada en 1860 y que permaneció vigente hasta la reforma peronista de 1949- limitaba explícitamente las competencias del Estado en la esfera económica y establecía modalidades claras en relación con los procedimientos para determinar la cantidad de recur­sos que él mismo estaba autorizado a utilizar y cobrar. El Art. 67 afir­maba que correspondía al Congreso,

Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la Nación.Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacio­

nal. [...] Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la Nación, y aprobar o desechar la cuenta inversión.

Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las Provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.8

Las prerrogativas del presidente de la República se limitaban a “Hacer recaudar las rentas de la Nación” y a decretar “su inversión con arreglo a la ley o presupuestos de gastos nacionales”.9 Además, lo que precede muestra que el presupuesto del Estado perdió a partir de la segunda mitad del siglo xix sus rasgos de simple “contabilidad públi­ca” de antiguo régimen, para convertirse en un instrumento fundamen­

tal de la política gubernamental federal. Desde ese momento, su apro­bación fue sujeta a la discusión entre los distintos sectores presentes en el Congreso -por lo menos al nivel oligárquico- dando prioridad a las necesidades, es decir, a los gastos y a las inversiones. Es evidente en­tonces la interiorización al nivel financiero de un principio fundamen­tal del liberalismo: la exigencia de determinar los ingresos en relación a los egresos aprobados con anterioridad en el ámbito legislativo. Se otorgó al Estado un papel indiscutible -aunque todavía indirecto- en el proceso de desarrollo económico nacional y por ende lo mismo ya no encontraba un límite en su capacidad de maniobra en los fondos dispo­nibles, sino decidía -otra vez de acuerdo con el Congreso-, las fuentes de ingreso, tanto ordinarias como derivadas del crédito público, en fun­ción de las exigencias de gastos. Sin embargo, este principio sólo se consolidó en la práctica política a partir del acuerdo interoligárquico de 1880, mientras que, en mi opinión, permaneció dudosa su regular apli­cación durante el período precedente.10 A partir de este momento, la va­riable presupuesto, como producto de la interacción entre los poderes ejecutivo y legislativo, asumió un papel preminente como instrumento para la conservación del acuerdo mismo a través de la distribución de los recursos a disposición del Estado, con base en la interrelación -aun­que limitada- entre intereses contrapuestos.

Sin embargo, no hay que sobrestimar la importancia de ese cambio. El presupuesto argentino moderno nació viciado por lo que Lorini ha definido el “defecto de origen” de la ley de contabilidad.11 Esta no sur­gió por iniciativa del Gobierno, sino por la de un senador que presentó un proyecto a las cámaras en 1865 y obtuvo su aprobación después de una operación tenaz de convencimiento.12 Lorini afirma que la misma ley fue aceptada probablemente sólo para “engañar [...] a las naciones extranjeras, de las cuales necesitaba arrancar prestancias en oro”; mien­tras que en realidad tanto el gobierno como el parlamento estaban deci­didos en seguir sólo su parte formal y mantener “salvo y protegido el principio del poder absoluto con que los distintos presidentes querían gobernar la República, de acuerdo con sus camarillas parlamentarias”.13

Aunque el juicio de Lorini fue probablemente afectado por la expe­riencia reciente de la administración de Juárez Celman, que, como ve­remos, tuvo consecuencias devastadoras en la economía nacional, una evaluación correcta del papel del presupuesto público argentino sin

duda tiene que tomar en cuenta la capacidad de la oligarquía liberal de mantener un control más o menos completo tanto sobre la cámara como sobre el poder ejecutivo, -como ya hemos subrayado. Por lo menos hasta los años noventa -o quizás hasta que la reforma electoral de 1912 no produjo sus efectos- es verosímil suponer que la discusión en el Congreso sobre el presupuesto se redujo a lo que el mismo Lorini defi­nió “un examen muy superficial, formal”, además realizado en su pri­mera fase “a puerta cerrada por cinco miembros [...] elegidos con el pleno agrado del poder ejecutivo”.14

Si se considera la característica monocromática de las dos cámaras y su conformidad sustancial con las decisiones del ejecutivo, se infiere cómo difícilmente la propuesta general de presupuesto se rechazaba. Por lo que se refiere a la aprobación de cada partida, los contrastes aca­baban por limitarse a la distribución territorial de los recursos públicos y -factor importante en el contexto de la época- al grado de autonomía con respecto a su utilización. Durante la discusión alrededor de un pro­yecto de ley para ayudas a los pobres de las provincias de La Rioja y Catamarca, el Senado propuso la introducción de una cláusula que esta­blecía la compra y la distribución de los cereales a través de una comi­sión compuesta por senadores y diputados nacionales y por algunos jueces federales.15 La Cámara consideró la propuesta inaceptable e inconstitucional con base en el hecho de que eran los gobernadores los “agentes naturales” del presidente de la República para la aplicación de las leyes nacionales y que la sanción de dicha cláusula hubiera repre­sentado un antecedente amenazador para las autonomías locales:

[...] [La Cámara tiene que insistir] en su primera sanción [...] [con el fin de no] devaluar las funciones que corresponden a cada uno de los poderes entre los cuales hemos divididos la soberanía del país [...] si nombramos los senadores y los diputados para esta comisión, serán nombrados para todas las comisiones en el futuro [...] desnaturalizando las funciones del Congreso, que no son administrativas [...]lft

En fin, existía normalmente un acuerdo alrededor de los objetivos generales del presupuesto, mientras que los contrastes empezaban con relación a los aspectos formales de su aplicación y a las ventajas que los mismos podían producir en el interior de una provincia o distrito deter­

minados. Desde este punto de vista, sustraer recursos a las iniciativas propuestas en ventaja de una provincia en particular significaba la posi­bilidad de canalizar las mismas en otras direcciones; pero al mismo tiempo se corría el riesgo de no obtener el apoyo de los miembros del Congreso en ocasiones sucesivas. Para sustentar la oportunidad de la puesta en marcha de un proyecto se utilizaba a menudo el argumento del interés “general” de los financiamientos pedidos. Sin embargo, este interés siempre se evaluaba, tanto por parte del proponente como de los demás legisladores, en función de las ventajas particulares que era capaz de proporcionar. Rechazando una propuesta de ley para la cons­trucción de una presa en el departamento de Malanzan, en la provincia de la Rioja, el Senado motivó su decisión afirmando que el proyecto en cuestión “sólo favorecía los intereses particulares de una localidad”.17 Lorini observa que el debate parlamentario se animaba sobre todo si se discutía cómo “empotrar” en el presupuesto nuevos gastos o subsidios con respecto a los distritos y las provincias que los diputados represen­taban.

Entonces, desde 1880 el presupuesto público se transformó en un instrumento de consolidación del Estado liberal que se había articulado a partir de la presidencia de Roca y el Congreso se volvió la arena de mediación entre los diferentes intereses regionales. Pero la eficacia de estos instrumentos encontró su límite objetivo en los mecanismos de acceso a la participación política. Además -como veremos en el análi­sis de la crisis de los noventa- la necesidad de dar para obtener, en au­sencia de una oposición política real en las dos cámaras, determinó el crecimiento casi sin control del gasto público. El ministro de hacienda se transformó en el transcurso de los años ochenta en una suerte de “fabricante de superávit”,18 que acogía todos los gastos que los diputa­dos, los senadores y el mismo presidente reclamaban para sus fines clientelares. Menos de dos años antes del estallido de la crisis, el dipu­tado Zeballos hizo notar que los legisladores que abandonaban sus pro­pios electores para incorporarse al Congreso llevaban con ellos un ver­dadero archivo de recomendaciones y compromisos.19 Un tema que se debatió con frecuencia fue el del aumento de los sueldos para los em­pleados, electores fedeles o influyentes,20 a menudo decididos con base en criterios absolutamente arbitrarios, como subrayó con claridad un diputado en la Cámara en 1880:

Observo que la Comisión [de Presupuesto] como el Poder Ejecutivo [...] modifica sueldos de empleados, aumentando o disminuyendo, pero gene­ralmente aumentando [...] Estos aumentos, que se hacen así individual­mente diré, para determinados empleados, no obedecen al espíritu de equi­dad y de estricta justicia [...]21

Es decir, satisfacían criterios particulares. Es evidente en este punto que el análisis histórico del gasto público y de su composición consti­tuyen un importante termómetro capaz de medir la influencia -o la no- influencia- de los distintos sectores de la sociedad en el interior del sis­tema político y establecer la preponderancia de los factores de moder­nidad o de continuidad. También en el marco de un parlamento sin una alternancia sustancial en su composición, las elecciones en los gastos y en la política fiscal permiten evaluar el nivel de interiorización del hori­zonte liberal logrado por la élite política, además del grado de cohesión y de los cambios de orientación en el interior de la misma.

Si observamos la gráfica 1 -que muestra la composición del gasto público eñ el período 1881-1890—22 podemos constatar la incidencia

Gráfica 1. Composición Gasto Público 1881-1890

Fuente: Elaborado con base en los datos de Eteocle Lorini, La Repubblica Arg­entina e i suoi maggiori problemi de economia e di finanza. Voi i: la questione monetaria, Roma, Ermanno Loescher, 1902, pp. 324-325.

notable del gasto de dirección central (55.8%), que incluía el débito público heredado en parte -como veremos- de la fase anterior que ya era consistente . Las inversiones con finalidades de desarrollo absorbie­ron una cantidad poco inferior al 22%. Esta partida representaba la agregación de los gastos concernientes a los subsidios y las construc­ciones ferroviarias o de otras obras en el sector de los transportes, la instrucción -incluyendo las contribuciones federales a las provincias con esta finalidad- y las pensiones civiles y militares. En el interior de esta agregación, las inversiones para la red ferroviaria representaban el 32.1% y las inversiones para la instrucción el 54.1%.23

Estos porcentajes subrayan la doble problemática argentina de la década de los ochenta: la exigencia de fortalecer las estructuras dirigi­das al transporte y de integrar las masas inmigrantes, que aumentaron rápidamente a partir de la aprobación de la ley de incentivación de la inmigración en 1876. La comparación entre los datos referentes al gasto para la instrucción pública y al saldo migratorio de ultramar entre los años setenta y ochenta, muestra una relación cronológica significativa

Gráfica 2. Gasto Instrucción Pública Pesos-carta, 1875-1980

700QMi11ares

de

Peso

6000

5000

4000

3000

2000

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1875 1877 1879 1881 1883 1885 1887 1889

Gráfica 3. Saldo Migratorio de Ultramar 1857-1910

Fuente: Gino Germani, “Asimilación de migrantes en el medio urbano. Notas metodológicas”, en: Revista Latinoamericana de Sociología, Vol. 1, Núm. 2, Buenos Aires, julio de 1965, p. 182.

del momento de crecimiento de las dos tendencias: en efecto, durante los años setenta se dio el primer incremento fuerte del flujo migratorio, mientras que en la década siguiente el Estado aumentó las inversiones, directas e indirectas, en el sector de la instrucción. El hecho es signifi­cativo si se considera la tendencia general de las administraciones libe­rales de la época -también afuera de América Latina- a limitar las in­versiones en el sector de la instrucción. En su informe al Congreso para la aprobación del presupuesto preventivo 1880-1881, el representante de la Comisión de Presupuesto subrayaba que los aumentos mayores se encontraban en la instrucción pública, pero al mismo tiempo aclara­ba en seguida que los mismos aumentos habían sido calculados con base en criterios de “economía estricta”.24 Sin embargo, esta partida asumió una importancia excepcional en la Argentina del final del siglo xix como consecuencia del proceso migratorio en desarrollo y de la necesidad de integrar las masas recién inmigradas. La cuestión migra­toria era importante “no sólo para esta Cámara, no sólo para el país, sino para la época en que vivimos [...]”.25

Otro aspecto importante de este periodo es la importancia (19.6%) de los gastos militares, poco inferiores al valor relativo de las inversio­nes con finalidades de desarrollo. En un país como Argentina todavía desprovisto de una verdadera institución militar profesional,26 esta va­riable es probablemente la consecuencia de la consolidación nacional reciente, del persistir de la presencia de fuerzas provinciales centrífu­gas consistentes -o por lo menos la convicción por parte de la élite polí­tica de la virtualidad de esa presencia- y de la necesidad consecuente del Estado de disponer de los medios de coacción indispensables para la represión de eventuales intentos de rebelión.27 El gasto corriente -m i­litar y dirección central- constituyó en los años ochenta más del 75% del gasto global. Sin embargo, si consideramos el momento histórico particular, caracterizado por la necesidad de “construir” el nuevo Esta­do liberal, es evidente cómo el gasto corriente civil no puede ser clasi­ficado correctamente de manera uniforme. En efecto, parte de lo mismo fue probablemente consecuencia del intento de modificar el papel del Estado en sentido liberal con respecto al período anterior, aumentando su presencia a nivel nacional. Entonces los gastos de la dirección cen­tral representaban una partida “moderna” del presupuesto argentino.

Gráfica 4. Composición Gasto Público 1865-1880

DESARROLLO (9.4%)

Fuente: Elaborado con base en los datos de Eteocle Lorini, op. c i t pp. 324-325.

Gráfica 5. Composición Gasto Público 1865-1800

A pesar de la incidencia considerable de los gastos corrientes en la composición que hemos analizado, se observa un claro intento moder- nizador del papel del Estado, lo que confirma la presencia de una fuer­te tensión entre elementos de continuidad y cambio que, como hemos visto, es peculiar de la fase de transición al liberalismo. En efecto, si analizamos la composición del gasto público para el largo período 1865-1880 (gráfica 4) -es decir antes del acuerdo político nacional- notamos una incidencia mayor (21.9%) de los gastos militares y un costo de la dirección central notablemente superior (67.6%).

Si desagregamos tales costos y evidenciamos así los intereses de la deuda pública, nos damos cuenta del gran valor relativo de los mismos (gráfica 5), que se explica con la inestabilidad interna e internacional que caracterizó la realidad argentina a lo largo de ese período. Tal reali­dad implicó la necesidad por parte del gobierno federal de conseguir re­cursos para “invertir” en el fortalecimiento de su propia autoridad y en consecuencia el aumento del endeudamiento. Terry proporciona al res­pecto una indicación interesante del costo de las guerras y de las rebe­liones entre 1862 y 1880 (véase cuadro), que absorbieron poco menos de la cifra impresionante de 64 millones de pesos. Si juntamos este dato -que representa un indicador de la debilidad relativa del poder central- a la escasa participación del gasto federal en la justicia (1.1%) y el desarrollo nacional (9.4%), es evidente el mayor grado de moderniza­ción logrado por los poderes públicos durante el período siguiente y el

Gastos relativos a guerras y rebeliones (1862-1895)

Descripción Gasto

Guerra de Paraguay 29 936 000Varias rebeliones del interior 8 685 000Rebeliones en Entre Ríos 13 128 000Revolución de 1874 7 645 000Rebelión de Corrientes 175 000Mov. armados en las provincias, 1878 21 700Revolución de 1880 4 231 000Revolución de 1890 42 131 000Revolución de 1893 2 547 000Intervenios federales 1 508 000

Total 68 544 700

Fuente: José A. Terry, cit., p. 158.

incremento de su función productiva en el contexto general. La posi­ción central que el Estado asumió en la instrucción pública, -como demuestra la alta incidencia de este sector de gasto a partir de 1880—, evidencia en mayor grado esta tendencia.

Los elementos de continuidad más evidentes son representados por la persistencia de un porcentaje conspicuo de gastos militares y del aumento insignificante del gasto para la justicia (+1.7%). Este último factor indica el escaso interés hacia, y el bajo nivel de interiorización de, la temáticas que atañen al Estado de derecho, cuyas resolución toda­vía se delegaba ampliamente a las autoridades provinciales; así como la probable existencia de una “demanda de justicia” todavía no satisfecha. El gobierno federal limitaba su intervención a los asuntos de compe­tencia de la Corte Suprema o relativas al territorio federal. La misma Constitución de 1860 redujo la presencia de los poderes federales en la esfera del derecho y afirmó claramente los límites de la competencia del Poder Judicial y de sus órganos jurídicos, además de los cargos otorgados al respecto al poder legislativo.28

Los datos analizados hasta aquí hacen posible una importante observación: el Estado liberal argentino de los años ochenta arrancó ya

endeudado y heredó del período anterior un interés sobre la deuda rela­tivamente consistente, que redujo la elasticidad del gasto público y en­tonces los márgenes de maniobra del gobierno federal. Sin embargo, este factor no aclara todavía de manera suficiente los objetivos que los líderes políticos argentinos perseguían a través del gasto público y el endeudamiento. En efecto, la deuda por sí misma no es suficiente para acentuar la coloración de antiguo régimen del Estado; hace falta tam­bién analizar con cuidado la dirección tomada por los recursos que él mismo era capaz de obtener en el momento de su utilización.

Con este fin vamos a realizar una desagregación ulterior de las par­tidas de gasto, en particular las militares y de dirección central, toman­do en cuenta las exigencias peculiares del proceso de modernización argentino al final del siglo xix para evitar interpretaciones anacrónicas. Como ya hemos señalado en relación a los costos militares, los gastos dirigidos a fortalecer el poder federal, aunque no produzcan efectos inmediatos sobre el crecimiento económico nacional, no pueden ser clasificados sencillamente como puros elementos de continuidad. La contraposición de la acción coercitiva del Estado a los particularismos provinciales -estos indudable herencia de antiguo régimen- es por sí solo un indicador importante del papel modemizador desarrollado por el ejército en esa fase histórica. A lo largo de los años ochenta el Con­greso se encontró a menudo uniformemente de acuerdo en aprobar el aumento constante del gasto militar, sin encontrar una oposición sus­tancial tampoco en los casos de solicitud de créditos suplementarios e inversiones extraordinarias no incluidas en el presupuesto preventivo.29 Pero lo más importante es averiguar hasta qué punto las fuerzas arma­das, como consecuencia de la importancia de su propio papel, lograron garantizarse espacios de privilegios en el interior de la sociedad y se convirtieron en un sector con características corporativas.

Estas consideraciones subrayan el peligro de una evaluación del significado de las elecciones en el presupuesto durante esta fase histó­rica realizada con base en la dicotomía, demasiado rígida y esquemáti­ca productividad-improductividad del gasto público. Aun sin querer quitar importancia a las variables estrechamente económicas, en parti­cular a las exigencias de crecimiento nacional, es importante no olvidar que estas mismas variables no podían ser desarrolladas sino en el marco de un proyecto más amplio. En el interior de tal proyecto, los objetivos

de tipo extraeconómico, o simplemente no clasificables como produc­tivos en el sentido ortodoxo, jugaron un papel a menudo no menos importante de aquellos vinculados con criterios de desarrollo.

De todos modos, la carga de la deuda pública heredada desde los años setenta, sumada -como veremos- a la política financiera temera­ria de los últimos años de la década del ochenta, acabó influyendo de manera sustancial sobre la velocidad del proceso de crecimiento y de consolidación nacional que fue posible imponer al país. A partir de un momento dado, el progresivo aumento del monto de las obligacio­nes resultó difícil de controlar. Fue probablemente ésta una de las cau­sas principales que marcaron en el largo plazo el destino del régimen liberal notabiliar y crearon las condiciones iniciales para el fortaleci­miento de la importancia política de los militares como factor de orden interno.

Otro sector de la fínanza pública permite evidenciar las relaciones de fuerza existentes entre los elementos de continuidad y cambio en el proceso argentino de transición al liberalismo: el sistema fiscal. La Constitución otorgó al Congreso las siguientes competencias:

Legislar sobre las Aduanas esteriores y establecer los derechos de impor­tación, los cuales, así como las avaluaciones sobre que recaigan, serán uni­formes en toda la Nación [...] Establecer igualmente los derechos de exportación hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuestos naciona­les, no podiendo serlo provincial.

Imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcio­nalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defen­sa, seguridad común y bien general del Estado, lo exijan”.30

La excepcionalidad de los impuestos directos y la ausencia de cual­quier referencia a un sistema impositivo sobre el consumo interno muestran la dependencia absoluta de los ingresos del Estado de los aranceles aduanales. Terry señaló el caracter aleatorio de esta clase de ingreso y el ulterior peligro a que estaba sujeta como consecuencia del aumento de la importancia del comercio internacional: las crisis inter­nas y externas que influían directamente sobre el consumo y por ende sobre los ingresos derivados de los derechos de importación.31

A pesar de esto, el sistema fiscal argentino permaneció cargado de una cantidad significativa de elementos de continuidad hasta la Refor­

ma de 1891. A partir de la aprobación de la primera Constitución libe­ral en 1853, fueron eliminados definitivamente los impuestos sobre la circulación interna. Sin embargo, el sistema de los ingresos quedó de tipo “aduanal” también después de 1880, es decir sin un reconocimien­to claro de sujetos fiscales internos; y los derechos registraban una inci­dencia del 70.3% sobre los ingresos fiscales totales.32 Esta incidencia sin duda fue acentuada también por las características federales de la organización política argentina, que como tal otorgaba a las provincias gran parte de las ganancias derivadas de otras categorías de imposición; pero la misma evidencia también la dependencia del gobierno central de la tendencia de los mercados internacionales. Este factor resulta aún más significativo si se considera que uno de los principios básicos de la doctrina liberal de la época era representado por la “liberación fiscal” de las exportaciones, con el fin de otorgar mayor competitividad a los productos internos en los mercados internacionales. Este principio era fundamental en una economía como la argentina, que apoyaba entera­mente sus potencialidades de desarrollo en el sector agroexportador. Los derechos de exportación, que la Constitución preveía aplicables sólo hasta 1866, en realidad no fueron abolidos antes de 1888 y para ser restablecidos casi en seguida en 1890 como consecuencia de la crisis financiera.

IMP. IND. INTERNOS (5.6%) SERV. PÚBLICOS (3.8%)

Gráfica 6. Composición Ingresos Públicos1988

EVENTUALES (4.6%) RENTA PATRIMONIAL (6.6%)

IMP. DIRECTOS (7.5%)

IMP. ADUANALES (72.0%)

Fuente: Ibid., p. 320.

La desagregación de los ingresos del año 1888 pone aún más en evidencia la desproporción del peso relativo de los ingresos aduanales con respecto a los demás (gráfica 6): a pesar de la ausencia de los im­puestos sobre las exportaciones, los derechos constituyeron todavía el 72% de los ingresos totales del Estado, mientras que el restante 28% es­tuvo compuesto por cinco categorías de escasa relevancia cuantitativa. Además, los impropiamente nombrados “impuestos indirectos internos” (5.6%), fueron representados casi por completo por tasas sobre el papel sellado.

Entonces de los datos fiscales y de presupuesto que preceden emer­ge con claridad la presencia, durante los años ochenta, de la tensión tí­pica de una fase de transición al liberalismo, como demuestran la com­posición del gasto público y la naturaleza del sistema impositivo. Los factores de cambio buscaban ganar espacio e importancia en relación a los factores de continuidad, que a su vez eran todavía capaces de oponer una resistencia eficaz. Aunque la proporción significativa del gasto pú­blico orientada a favorecer el desarrollo y, más en general, la consolida­ción del Estado nacional, muestra un claro intento por parte de las clases políticas dominantes de modernizar la finanza estatal en sentido más coherente con la doctrina liberal, los fuertes intereses de la deuda públi­ca heredados del pasado postindependentista y la persistencia de gastos militares importantes durante los años ochenta, contribuyeron a restrin­gir los márgenes de la maniobra financiera del Estado y a limitar de ma­nera sustancial la velocidad del proceso de modernización argentino.

Crecimiento económico, consenso social y política financiera: los antecedentes de la crisis

La administración del presidente Juárez Celman, sucesor de Roca en el período 1886-1890, proclamó desde el comienzo de su mandato la re­orientación de la política económica del Estado en el sentido liberal or­todoxo. Tal reorientación implicó una reducción ulterior del papel económico del sector público, pero al mismo tiempo el aumento de la importancia de la acción financiera del poder ejecutivo como “propor- cionador” de recursos e instrumentos monetarios y de crédito capaces de favorecer el desarrollo nacional.

En otras palabras, se trató de seguir con el proyecto puesto en mar­cha por la presidencia Roca dirigido a potenciar las instituciones públi­cas; pero ahora a través de la ampliación del papel de los capitales pri­vados -tanto nacionales como extranjeros- también a aquellos sectores que se consideraban menos compatibles con las posibilidades y las exi­gencias de rendimiento de los mismos. La función del Estado tenía que ser limitada a la erogación de los recursos dirigidos a reducir los ries­gos que tales iniciativas implicaban en su fase inicial, delegando al mismo tiempo su administración a las empresas y sociedades financie­ras privadas. Tal orientación emergió de manera evidente durante el discurso de la toma de posesión de su cargo del presidente Juárez Celman, con respecto al problema de la construcción y administración de la red ferroviaria:

La explotación de los ferrocarriles no constituye una función del Estado [...] La acción del gobierno es indispensable como inicial allí donde nin­gún interés particular puede llevar a cabo obras de cierta magnitud [...] Lo que conviene a la Nación es entregar a la industria privada la construcción

Gráfica 7. Desarrollo/Gastos Corrientes Pesos-carta, 1865-1889

y explotación de las obras públicas que no sean inherentes a la soberanía, reservándose el gobierno aquellas que no pueden se verificadas por el capital particular, para enajenarlas o contratar después su explotación en circunstancias oportunas.13

A pesar de las apariencias, el proyecto Juárez Celman no implica­ba la disminución de los compromisos financieros del Estado, sino más bien la optimación de su rentabilidad a través de la articulación del gas­to público con los capitales privados, en el marco de una fuerte expan­sión de las inversiones en el territorio argentino. La gráfica 7 muestra que la tendencia al aumento de las inversiones con finalidades de desa­rrollo -en relación con los gastos corrientes- que se puso en marcha a partir de 1880, registró un fuerte incremento durante el período 1887- 1888, es decir al comienzo de la administración de Juárez. Además que mediante el aumento a velocidad exponencial de la deuda pública, este incremento fue financiado a través de la reducción relativa de otras par­tidas de gasto, entre otras las dirigidas al sector militar. Las gráficas 8 y 9 muestran dos elementos de cambios importantes, que caracterizaron la década de los ochenta con respecto a la anterior: a) el fuerte creci­miento de las inversiones públicas dirigidas a finalidades de desarrollo y b) la sensible disminución del peso relativo de los costos militares.

El cambio en la composición del gasto público indica el empuje que se dio a la búsqueda de un consenso general, que se tenía que con-

Gráfica 8. Composición Gasto Público Pres. Roca (1881-1886)

D ER EC H O (2.8% )

Gráfica 9. Composición Gasto Público Pres. Juárez Celman (1887-1890)

Fuente: Ibid.

Gráfica 10. Gasto Público (1881-1889) Valores monetarios por sector

Dir. Centr. Derecho

“*■" Militares Desarrollo

Fuente: Ib id.

seguir a través de la distribución de recursos financieros con base en finalidades de crecimiento nacional preestablecidas. Además, si obser­vamos la tendencia de los valores absolutos de cada partida de gasto (gráfica 10), nos damos cuenta que el aumento de los recursos dirigidos

Gráfica 11. Deuda Pública Pesos-oro, 1879-1891

Fuente: Dirección General de Estadística, Boletín Núm. 209, pp. 5, 6, 35, en: Harold Edwin Peters, The foreign debt o f the Argentine Republic, The John Hopkins Press, Baltimore, 1934, p. 35.

a finalidades de desarrollo económico no fue compensado por una reducción proporcional de las demás partidas de gasto. El gasto militar, en particular, si excluimos la ligera flexión entre 1882 y 1884, siguió registrando un crecimiento lento pero constante durante toda la década de los ochenta. En ausencia de reformas dirigidas a incrementar los in­gresos fiscales, este factor determinó el aumento de la importancia de la deuda pública como fuente de financiamiento del Estado, que se am­plió de manera sustancial en el período 1886-1889 (gráfica 11). La afluencia de capitales extranjeros se intensificó a partir de 1885 y en 1890 logró la cifra considerable de 710 millones de pesos-oro -140 mi­llones de libras esterlinas.34 La mitad exacta de esos capitales consti­tuían la deuda pública y casi todos se obtuvieron a través de nuevas emisiones en el mercado financiero de Londres.35

Hasta 1890 el incremento de la deuda resultó eficaz en tanto per­mitió a las autoridades gubernamentales el pago de los intereses pasi­vos heredados del período anterior a la década de los ochenta, estimu­lando al mismo tiempo el desarrollo y la riqueza del país. Las cifras

Gráfica 12. Desarrollo Ferrocarriles 1881-1899

18 OOQf

1881 1883 1885 1887 1889 1891 1893 1895 1897 1899

Fuente: Alejandro Bunge, Ferrocarriles argentinos. Contribución al estudio del patrimonio nacional, Buenos Aires, 1918, pp. 119-121.

relacionadas con la ampliación de la red de transportes (gráfica 12), la construcción de obras públicas36 y el crecimiento de los valores globa­les del comercio exterior,37 demuestran el logro de este doble objetivo. Este éxito momentáneo determinó una relativa estabilidad interna y consintió una suficiente consolidación del poder político de las autori­dades públicas, como demuestra el escaso recurso a la intervención federal en las provincias durante toda la década de los ochenta.38

Sin embargo, esa estabilidad fue lograda a un precio que la econo­mía argentina muy pronto fue incapaz de pagar. El incremento de la deuda determinó el crecimiento rápido del gasto público, afectado por el monto de intereses cada vez más elevado. Además, el aumento de las necesidades del presupuesto fue determinado por la caída del valor de la moneda nacional, es decir de la relación entre oro y billetes. Tal rela­ción tiene una importancia particular en nuestro análisis: en efecto, la depreciación de las relaciones de cambio produjo consecuencias nega­tivas sobre las entradas fiscales, debido al hecho de que los impuestos se establecían en una moneda sujeta a devaluación progresiva, mientras que las obligaciones se fijaban en oro.39 Cortés Conde subraya que “La

erosión de los ingresos fue el factor de mayor peso en los desequilibrios fiscales en los últimos años de la década”.40 Durante este período el pre­supuesto público creció de manera cada vez más rápida como conse­cuencia de la ampliación de la diferencia entre ingresos, cobrados en moneda nacional, y egresos, pagados en oro y constituidos en porcen­taje creciente por intereses sobre la deuda (gráfica 13).

El gasto por intereses se incrementó ulteriormente a consecuencia de la conversión de la deuda interna en deuda externa, que el gobierno realizó en 1889 en el intento de conseguir oro en los mercados interna­cionales y, probablemente, para “liberar” los capitales internos ante­riormente vinculados a la deuda pública y hacerlos disponibles para nuevas inversiones. De todos modos esta iniciativa determinó el au­mento de la deuda con el exterior de 48 millones de pesos-oro. Este monto se sumó a los 90 millones de pesos-oro de la deuda de las pro­vincias, que había sido absorbida por el gobierno federal durante la administración de Roca, después de la aprobación de la ley del 8 de agosto de 1886. Williams calcula que sólo en 1889 el “costo” del cam­bio en oro del papel moneda aumentó las obligaciones del gobierno argentino -y por ende el gasto público- casi del 45%.41

Gráfica 13. Servicio Deuda Pública Valores reales y monetarios, 1883-1899

VALORES MONETARIOS VALORES REALES

Fuente: Elaborado con base en los datos de Eteocle Lorini, op. cit., pp. 324-325.

Sin embargo, la administración de Juárez Celman no tomó ninguna medida dirigida a reducir los egresos estatales. El gobierno actuó sim­plemente con el fin de sustentar el peso-papel en los mercados interna­cionales mediante la venta masiva de oro para contener el aumento monetario de los egresos públicos. Pero, en 1890, el agotamiento defi­nitivo de las reservas de oro determinó el colapso del sistema y el esta­llido de la crisis. A partir de ese momento, el sector público se convir­tió de estímulo en obstáculo para el desarrollo nacional y el exceso de gasto determinó la imposibilidad de impostar una política de presu­puesto orgánica y coherente.

La política financiera llevada adelante durante la administración Juárez se explica con el objetivo de la élite liberal de los años ochenta, que ya hemos subrayado anteriormente: la consolidación del nuevo Estado liberal a través de la afirmación de la credibilidad y efectividad de las autoridades civiles que lo representaban. Este fin pudo ser con­seguido sólo a través de la acción estatal eficaz dirigida a promover la economía nacional y minimizar los gravámenes a cargo del sector terra­teniente. Desde esta perspectiva, la distribución social del costo de la devaluación monetaria asumió una importancia fundamental. Fems subraya que

en general, salarios, rentas, impuestos y cargos de intereses sobre la deuda en moneda nacional no se incrementaron con la misma rapidez de los pre­cios de las mercancías. Este hecho constituyó una gran ventaja para los intereses rurales [...] que reclamaban papel moneda [...] y créditos con bajos intereses.42

Como hemos señalado, este era el sector social que dominaba un Congreso monocromático gracias al sistema de la lista completa y a los mecanismos de control sobre la sucesión al poder ejecutivo.

Este factor hizo imposible la realización de una reforma fiscal que hubiera podido garantizar al Estado un flujo de ingresos alternativo al endeudamiento público -derivados por ejemplo de un impuesto interno sobre la renta o la propiedad de la tierra. El gobierno federal no fue ni siquiera capaz de concretar la adecuación del sistema impositivo a los valores del oro, que hubiera constituido un primer paso hacia la com­pensación del enorme crecimiento monetario de las obligaciones públi­

cas, consecuencia de la devaluación del peso-papel. A lo largo de los años ochenta, el Congreso y el poder ejecutivo no presentaron ningún proyecto de ley al respecto y, como subraya Fems, “cuando [el gobier­no] como consecuencia del desencadenarse de la crisis financiera dio los primeros pasos en esta dirección, una revolución estalló unos días después”.43

Entonces, las causas que empujaron y limitaron al mismo tiempo la elecciones fiscales y financieras del gobierno argentino fueron tanto políticas como sociales.

Hemos señalado al comienzo los rasgos notabiliares del liberalismo argentino de los años ochenta y que esta característica indicaba la per­sistencia de una red de relaciones preliberales de importancia particu­lar para garantizar la legitimidad de la oligarquía en el poder y permi­tir contener la velocidad del proceso de transición. Aunque faltan estu­dios puntuales acerca de la incidencia efectiva de esas relaciones, sobre todo en las realidades locales, podemos hipotizar que las mismas se tra­dujeron en un costo consistente para el gobierno federal. Existen indi­cios significativos al respecto.

Un año después del estallido de la crisis, un diario de Buenos Aires subrayaba las irregularidades que estaban emergiendo en la administra­ción del Banco Nacional y las ingerencias, a menudo ilegales, de los funcionarios gubernamentales. Se puso el acento sobre todo en las fre­cuentes operaciones de financiamiento realizadas con base en criterios arbitrarios y clientelares, que -según el periódico- habían caracteriza­do la administración bancaria argentina durante los últimos años.44

El Banco Nacional no fue la única institución pública en ser pues­ta en tela de juicio. El mismo diario señaló menos de un mes después cómo había sido indispensable “una reducción de los empleados del Correo, involucrados en fraudes ya conocidos”. Dicha reducción había acabado con el despido de 1500 empleados y el resultado de esa medi­da había sido evaluado en un ahorro de dos millones de dólares.45

Es claro entonces que los elementos de continuidad y cambio con­vivían e imponían al mismo tiempo “sus costos” a la hacienda pública. La exigencia de distribuir favores a las propias clientelas con base en los criterios tradicionales se sobrepuso a las exigencias derivadas de los objetivos de desarrollo y modernización y determinó el crecimiento desproporcionado de las necesidades del presupuesto. Un testigo de la

época sintetizó de manera clara las peculiaridades del poder ejecutivo argentino de los años ochenta: “[...] a las facultades de la Constitución se sumaban las del caudillo [...] [como consecuencia] el presidente [...] No podía castigar los abusos con autoridad [...] ni podía negar el presi­dente lo que el caudillo tenía que prometer [,..]”.46

Como resultó evidente, a partir de 1890, la consecuencia fue el aumento sin control del gasto público y del endeudamiento del Estado. El gobierno argentino vio reducirse a velocidad exponencial los recur­sos económicos a su disposición y acabó sin ninguna posibilidad de redistribución mediante el manejo del presupuesto público, lo cual determinó el bloque de la política liberal puesta en marcha en las déca­das anteriores.

La crisis de 1890: consecuencias políticas y finanza pública

Las consecuencias de la política del presidente Juárez Celman emer­gieron con-claridad sólo a partir de 1890, afectaron las administracio­nes sucesivas hasta el final del siglo y se reflejaron de manera evidente en la composición del gasto público. Es menester acordar que la crisis tuvo antes que todo consecuencias políticas de gran importancia. La paralización del proceso de desarrollo del país y el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases populares y medias, abrieron espa­cios inesperados a la oposición oligárquica y a los sectores medios. Dicha oposición se expresó en la rebelión armada de la Unión Cívica Nacional de 1890 -que causó la renuncia del presidente Juárez Cel­man- y en la revuelta radical de 1893, que determinaron la necesidad de intensificar las medidas coactivas y la intervención federal en las provincias a lo largo de toda la década de los noventa.47

Terry muestra los datos de la memoria del ministro Plaza, que eva­luó el costo de aquellos sucesos en 4 723 000 pesos m/n,48 “Sin contar los gastos por la paz armada [...]”, que “[...] nos arruina y militariza el país; dos grandes males, cuyas consecuencias no podemos ni queremos prever”.49 Cifras mínimas, obviamente, en relación con el monto global de los costos militares que “[...] nos demuestran el camino que segui­mos de algunos años a esta parte, y nos prueban que vamos derecho hacia la bancarrota, que sería ya la tercera en nuestra corta vida”.50

A la paz armada señalada por Terry, se juntaron los problemas internacionales: en particular, durante el bienio 1895-1896, el desa­cuerdo alrededor de la frontera con Chile, que empujó el gobierno de Uriburu a armar el país, “para el caso de producirse una guerra [...]”.51

La composición del gasto público a partir de la administración de Pellegrini (1891-1892) hasta la segunda presidencia de Roca (1897- 1899), muestra con claridad el aumento de la incidencia relativa de los gastos militares. Tales gastos subieron del 19.4% durante el período de Juárez Celman al 19.7% durante el gobierno de Pellegrini, rebasaron el 20% durante las presidencias de Sáenz Peña y Uriburu (1893-1896), hasta absorber más del 27% del presupuesto global durante la segunda presidencia de Roca; mientras que los gastos corrientes totales llegaron a absorber respectivamente al 87%, 87.9%, 84.4% y 85% (gráficas 14,15, 16 y 17).

Además, los valores absolutos de cada sector de gasto muestran que a partir de 1890 el gasto militar se movió absolutamente a contra­corriente con respecto a las demás partidas del presupuesto, sin regis­trar disminuciones significativas hasta 1898 (gráfica 18). Esta partida registró una tendencia casi paralela al gasto de dirección central: tal pa­ralelismo resulta aún más asombroso si se considera que la última par­tida indicada, como hemos subrayado anteriormente, además que por el crecimiento de sus valores reales, fue afectada por la revaluación mone­taria de la deuda pública.

Gráfica 14. Composición Gasto Público Pres. Pellegrini (1891-1892)

D E S A R R O L L O (10.9% )

Gráfica 15. Composición Gasto Público Pres. Sáenz Peña (1893-1894)

D ESA R R O LL O (9.8% )

Fuente: Ibid.

Gráfica 16. Composición Gasto Público Pres. Uriburu (1895-1896)

Fuente: Ibid.

Es evidente entonces que a partir de la crisis -y más precisamente desde el comienzo de la administración de Pellegrini en 1891- la ac­ción de estímulo económico del Estado fue paralizada por la rigidez del presupuesto, ahogado por las obligaciones contraídas con los acreedo­res extranjeros y por las exigencias de orden interno. Esas exigencias aumentaron su peso relativo en el contexto de una coyuntura caracteri­zada por la falta de mecanismos políticos de integración y por la caren­cia repentina de recursos financieros. La que Terry definió como “paz

armada”, es decir el recurso al ejército o a la amenaza de intervención del mismo con el fin de contener la oposición interna, se volvió una variable imprescindible después de la crisis. Un observador de la época comentaba:

Gráfica 17. Composición Gasto Público Pres. Roca (1897-1899)

DESARROLLO (12.0% )

Fuente: Ibid.

Gráfica 18. Gasto Público (1881-1899) Tendencia por sector

Dir.Centr. ~ m~ Derecho Militares Desarrollo

El Gobierno del señor Pellegrini ha tenido que luchar desde su inaugura­ción, con la marcada tendencia del pueblo a trastornar el orden público. Para conservarlo ha tenido la necesidad de tener al Ejército en constante movilización[...]52

[...] Imposible realizar el propósito de introducir economías en los gastos, cuando [...] [es] necesario mantener el ejército en alta fuerza y movilizarlo constantemente para conservar el orden [...]53

En efecto, a partir de 1890 las clases dominantes ya no lograron “pagar” el precio de la legitimidad de su permanencia en el poder. El desarrollo acelerado de los años ochenta había sido suficiente para pro­ducir una situación de bienestar general y garantizar el fortalecimiento económico continuo de los sectores de la oligarquía apartados de la par­ticipación política; por ende constituyó el instrumento fundamental para conseguir dicha legitimidad.

Fracasado el proyecto de crecimiento de largo plazo, reducido el porcentaje de gasto con finalidades productivas a un escaso 11.5% pro-

Gráfica 19. Ingresos/Impuestos Aduanales Pesos-carta, 1881-1899

Mi11ares

de

Pe

180 00(

160 00(

140.00Í

120.000

100.00Í

80.000

60 000

40 000

20

>v V

/1-------1

1881 1883 1885 1887 1889

ADUANA

1891 1893 1895

INGRESOS

1897 1899

medio en el período 1891-1899 -en contraste con el 22% promedio de la década anterior- tasadas nuevamente, como veremos, las exporta­ciones para enfrentar por lo menos en parte la crisis de liquidez, la oli­garquía liberal tuvo que recorrer cada vez más a menudo a la acción coercitiva del ejército. Dicha acción producía efectos inmediatos más eficaces en relación al objetivo de preservar el poder político de la misma, pero al mismo tiempo quitaba al Estado los recursos necesarios para poner otra vez en marcha la locomotora del desarrollo. El resulta­do fue el regreso a una hacienda pública con marcadas características preliberales, rígida e improductiva, con costos militares elevados y escasa atención a las exigencias de crecimiento nacional.

En el ámbito fiscal, hemos visto que la devaluación de la moneda nacional determinó, a partir del final de la década de los ochenta, el au­mento progresivo de la deuda monetaria, sin que las clases dirigentes buscaran ninguna forma de adecuación, al menos parcial del sistema impositivo. En 1890 este aumento determinó la insolvencia del gobier­no argentino, que ya no fue capaz de pagar los exorbitantes intereses sobre la deuda y tampoco de adquirir nuevos préstamos al exterior.

Una primera consecuencia fue la disminución del desfase ingresos- derechos aduanales (gráfica 19), debido al estancamiento del flujo de capitales desde el exterior y, como veremos, a la reforma fiscal. Des­pués de 1892 ese desfase empezó a aumentar nuevamente, de manera mucho más consistente, hasta el final del siglo; pero esta vez no fue acompañado por la introducción de rentas alternativas y, al contrario, los ingresos disminuyeron exactamente en el momento en que se regis­traron las consecuencias del fuerte crecimiento de la deuda contraída en el período anterior, como muestra el enorme aumento del déficit públi­co entre 1891 y 1897 (gráfica 20). La pérdida de credibilidad financie­ra de Argentina en los mercados internacionales de capitales quitó así a las clases dominantes una fuente importante de ingresos o por lo menos la redujo de manera sustancial.54

En la esfera fiscal la crisis produjo dos efectos principales: a) la aplicación de los impuestos internos sobre el consumo y b) el restable­cimiento de los derechos sobre las exportaciones.

Terry opina que la aplicación de los impuestos internos “[...] fue una reforma fundamental en nuestro sistema tributario [...] y fue justa desde que las industrias gravadas han sido extraordinariamente prote-

Gráfica 20. Déficit Pesos-papel, 1881-1899

Fuente: Ibid., p. 316.

gidas con los derechos aduaneros”.55 Sin embargo, Terry, aunque seña­ló la declarada “necesidad de imponer al país sacrificios pasajeros para conseguir resultados positivos”,56 descuidó las características sociales de la reforma impositiva. Bialet Massé subrayaba en 1904 la distribu­ción inicua de los impuestos internos introducidos a partir de la crisis y añadía:

[...] el calificativo de iniquidad no es gratuito. Una caja de fósforos del po­bre, vale un centavo y medio; paga de impuesto uno, o sea el 66 por cien­to de su valor. Una caja de fósforos del rico, vale dos centavos y un tercio, y paga también un centavo de impuesto, o sea el 30 por ciento de su valor. Un paquete de cigarillos del pobre, vale siete centavos y paga tres, o sea el 42.8 por ciento. Un paquete para la clase media, que vale 15 centavos, paga 5, o sea el 33.3 por ciento. Un paquete de cigarrillos de lujo, que vale 23 centavos, paga 7, o sea el 30.3 por ciento del valor. El paquete de 30 centavos, paga 10, o sea el 25 por ciento de su valor. La carne paga en los mercados, mataderos, etc., un impuesto igual, o, lo que es lo mismo, el kilo de carne del pobre, la peor, con más hueso y desecho de tendenos, terni­llas, etc., que la pulpa limpia elegida para el rico.57

La reforma empezó a producir sus efectos en la segunda mitad de la década (gráfica 21), para producir un cambio sustancial en la com­posición de los ingresos a partir de 1899 (gráfica 22), cuando por pri­mera vez la incidencia de los derechos aduanales se redujo a poco más de la mitad del total. Entonces, la crisis, estimulando la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento público, determinó un avance, aun­que limitado, hacia la modernización del sistema fiscal. Por inicuo que fuera, el impuesto indirecto sobre el consumo representó la interioriza­ción del principio liberal de la necesidad de una clara identificación de sujetos fiscales internos. Además, determinó la articulación, por lo menos en su fase inicial, de un sistema impositivo menos vinculado con los mercados internacionales.

Gráfica 21. Imp. Indir./Ingresos Totales Porcentajes 1891-1898

1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897

■ IMP. INDIRECTOS E H INGRESOS TOTALES

1898

Elaborado sobre la base de las fuentes siguientes:* Ingresos totales: Eteocle Lorini, op. cit., p. 329.* Impuestos indirectos internos: José A. Terry, Finanzas, conferencias dicta­

das en la Facultad de Derecho, Jesús Menéndez, Buenos Aires, 1927, 4a. éd., pp. 406-412.

Gráfica 22. Composición de los Ingresos 1889

EVENTUALES (.8%) RENTA PATRIMONIAL (13.1%) IMP. IND. INTERNOS (25.0%) SERV. PÚBLICOS (4.8%)

, IMP. DIRECTOS (2.5%)

IMP. ADUANALES (53.7%)

Fuente: Elaborado sobre la base de los datos de Eteocle Lorini, op. c i t p. 320.

Sin embargo, las características de la reforma fiscal y el persistir de la ausencia de un impuesto sobre la propiedad o de cualquier medida impositiva dirigida a penalizar la producción agropecuaria, evidencian la continuidad del control de la oligarquía terrateniente sobre el poder legislativo. En medio de la crisis, el ministro de Hacienda, subrayando la gravedad de la situación financiera del país, afirmaba en el Senado: “En estos momentos [...] apenas está gravada la producción interna; en estos momentos [...] el trigo no paga nada [...] loz azúcares tampoco contribuyen á la renta [...]58

El sector político más directamente involucrado en los problemas financieros del Estado, aunque perteneciente al mismo grupo socioeco­nómico de los representantes en el Congreso, se daba cuenta de la ur­gencia de la coyuntura argentina. Si se consideran las peculiaridades del “mercado fiscal”, una imposición extraordinaria sobre el sector agrícola hubiera sido capaz de incrementar de manera sustancial los ingresos fiscales, otorgando un apoyo quizás decisivo para una más rápida resolución de la crisis. Sin embargo, los mecanismos de control de la sucesión creados por la oligarquía liberal, disminuyeron el grado de competencia política y negaron de hecho la alternancia en la admi­nistración de poder que se reconocía de derecho. Dicha negación impi­dió la expresión de los grupos de presión que hubieran posibilitado la aplicación de estas medidas.

Conclusiones

El análisis de las variaciones ocurridas en la composición del gasto público y en el sistema fiscal pusieron en evidencia la persistencia de una fuerte tensión entre elementos de continuidad y cambio, que carac­terizó la realidad política argentina durante toda la segunda mitad del siglo XIX.

A partir de 1880, el presupuesto público se convirtió en un instru­mento importante de acuerdo entre las oligarquías regionales, median­te el cual se realizaba la distribución de los recursos entre los distintos grupos territoriales de interés capaces de conseguir la representación política. Las características notabiliares del sistema electoral determi­naron los límites de esta distribución: es decir, la presencia de meca­nismos de control de la sucesión, capaces de restringir la participación en los órganos legislativos a un sector limitado de la misma oligarquía. Las peculiaridades notabiliares del sistema fiscal -q u e por faltar la capacidad de las autoridades de introducir un sistema de imposición sobre la propiedad rural nunca fue realmente m odificado- muestran con claridad la hegemonía que la oligarquía agroexportadora ejercía sobre el Congreso. A partir de la crisis y de la consiguiente disminución de los recursos públicos disponibles, la necesidad por parte de la élite política de recorrer con frecuencia cada vez mayor a la utilización de los mecanismos e instrumentos de coerción puso en evidencia de mane­ra más clara esta tendencia excluyente. La conciencia de algunos miem­bros del poder ejecutivo, sobre todo a partir de los años noventa, de la oportunidad de gravar el sector rural con nuevos impuestos, por lo menos de manera provisional, no fue suficiente a la realización de reformas fiscales sustanciales. La introducción de los impuestos indi­rectos sobre el consumo interno, aunque importante, no representó más que un avance limitado en el ámbito más general del proceso de moder­nización argentino y sobre todo resultó inadecuado para las exigencias creadas por la emergencia financiera.

Si aceptamos -com o nos parece correcto- la existencia de una rela­ción directamente proporcional entre centralización de las elecciones en materia de presupuesto y demanda de ampliación de la participación política, es claro que el sistema argentino en sí poseía ya antes de 1890 los elementos suficientes para desencadenar su propia crisis. En efecto,

tal crisis estalló cuando la oligarquía en el poder ya no se demostró capaz de otorgar continuidad al proceso de desarrollo puesto en marcha al comienzo de los ochenta.

Incapaz de producir de manera intempestiva los mecanismos de ajuste adecuados, tanto financieros como políticos, la oligarquía domi­nante perdió la credibilidad adquirida durante la década de los ochenta y tuvo que enfrentarse a la desagradable alternativa entre la renuncia de su propio liderazgo o el fortalecimiento de los instrumentos de repre­sión. Los acontecimientos y la composición del gasto público a lo largo de los años noventa muestran cómo la elección cayó sobre la segunda opción. Las clases dominantes no lograron, o simplemente no quisieron, fortalecer su credibilidad y su poder a través de un proceso de amplia­ción de la participación política. Esta elección pudo resultar aceptable desde el punto de vista estratégico hasta el estallido de la crisis; sin em­bargo, produjo efectos devastadores a partir de los años noventa, cuan­do la reconstrucción de un acuerdo nacional sobre la base de una mayor cooptación hubiera probablemente permitido al Estado reducir los cos­tos de la “paz armada” y acelerar la salida de la parálisis financiera.

Al contrario, la crisis de 1890 determinó el regreso a un presu­puesto público con marcadas características preliberales, que se volvió más rígido como consecuencia del monto creciente y sin control de los gastos corrientes. Este regreso dejó sin resolver la situación de inesta­bilidad política y prolongó al mismo tiempo la crisis financiera del Estado. Los métodos represivos adoptados no resolvieron la situación de inestabilidad interna, que registró la protesta constante de sectores cada vez más amplios de la sociedad civil y obligó a las adminstracio- nes sucesivas a sostener los costos de una mobilización casi constante de las fuerzas armadas. Sólo al comienzo del siglo xx, después de cons­tatar la imposibilidad de proseguir en el camino de las acciones coerci­tivas sin comprometer de manera seria el proceso de desarrollo nacio­nal, el sector más progresista de la oligarquía liberal logró prevalecer en el Congreso y poner en marcha la reformas necesarias a la composi­ción de un nuevo acuerdo político nacional. Entonces, la crisis de los noventa, al poner de manifiesto las carencias del régimen que se había articulado a partir de 1880 y sus límites integrativos, empujó a las cla­ses dominantes a realizar, aunque tardíamente, un avance ulterior en el proceso de modernización de la Argentina liberal.

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Notas

1. Sobre el tema véase Natalio R. Botana, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1977, cap. i.

2. El único análisis detallado de la crisis de los noventa en Argentina desde la perspectiva financiera y de la hacienda pública es el de Roberto Cortés Conde, Dinero, deuda y crisis. Evolución fiscal y monetaria en ¡a Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1989.

3. Marcello Carmagnani, Estado y mercado. La economía pública del libe­ralismo mexicano, 1850-1911, México, D. F., Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 1994.

4. No existen estudios de casos dirigidos a profundizar la importancia de las relaciones verticales de antiguo régimen que muestran, en perspectiva his­tórica, su progresiva transformación inducida por el proceso general de modernización.

5. Véase al respecto Flavio Fiorani, La fine del caudillismo. Politica e istitu­zioni liberali in Argentina (1880-1916), Roma, Edizioni Associate, 1990.

6. Hemos tratado el tema de manera más puntual en el artículo “Transición al liberalismo y sistema electoral en Argentina: de la doctrina de Juan Bautista Alberdi a la reforma Sáenz Peña”, mimeo, 1995.

7. En relación al tema de las reformas que los cambios en las condiciones so­ciales y económicas del final del siglo xix volvieron necesarias v. Natalio R. Botana, op. cit., en particular las parts il y m, y del mismo autor “El federalismo liberal en Argentina: 1852-1930”, en Marcello Carmagnani (coord.), Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina, Mé­xico, D. F., Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 1993. Véase también Ezequiel Gallo, Roberto Cortés Conde, La República conservadora, Buenos Aires, Hispamérica, 1986, pp. 187- 233; véase también nuestro artículo antes citado.

8. “Constitución de la Nación Argentina, concordada con las reformas hechas por la Convención Nacional en Santa Fé”, 23 de septiembre de 1860, Parte n, Tit. i, Sez. la, Cap. iv, art. 67, comma 3, 4, 7 y 8, en Arturo E. Sampay (ed.), Las Constituciones de la Argentina (1810-1872), Edito­rial Universitaria de Buenos Aires, 1975, p. 419. Cómo la aprobación de las partidas de gasto era una función del Congreso, es evidente la impor­tancia de los mecanismos de acceso al mismo en la determinación de la orientación futura del gasto y de las inversiones, además de la entidad y distribución del cargo fiscal. Sobre el tema véase Natalio R. Botana, El orden conservador..., cit., II parte.

9. “Constitución de la Nación Argentina...”, cit. Parte n, Tit. i, Sez. 2a, Cap. m, art. 86, inciso 13, en Arturo E. Sampay (ed.), op. cit., p. 419.

10. No conozco estudios que examinen en detalle el tema del presupuesto público argentino durante el período entre la aprobación de la primera Constitución liberal en 1853 y la consolidación política del estado nacio­nal en 1880. Sin embargo, si se considera la presencia constante y general de las luchas internas y el control todavía escaso del gobierno federal en la mayor parte de las provincias, podemos hipotizar que antes de 1880 el presupuesto era decidido todavía con base en criterios arbitrarios y por un sector restringido de las clases dominantes.

11. Eteocle Lorini, La Repubblica Argentina e i suoi maggiori problemi di economía e di finanza, Roma, Ermanno Loescher, 1910, Vol. m, p. 320.

12. Ibid.13. Ibid. Alaine Rouquié subraya que las clases dominantes argentinas consi­

deraban particularmente importante proyectar al exterior una imagen de modernidad, con el fin de acelerar la inserción del país en la economía y los mercados internacionales, Pouvoir militaire et societé politique en Republique Argentine, París, Presse de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 1978, cap. i.

14. Eteocle Lorini, op. cit., p. 321.15. República Argentina, Congreso nacional, Camara de diputados, Diario de

Sesiones, Buenos Aires, 9 de octubre de 1883, Vol. 2, p. 930.16. Ibid.17. Ibid., 15 de septiembre de 1883, Vol. 2, p. 439.18. Eteocle Lorini, op. cit., p. 231.19. República Argentina, cit., Buenos Aires, 3 de octubre de 1888, Vol. 2, p. 70.20. Ibid., p. 322.21. República Argentina, cit., 7 de octubre de 1880, p. 293, cursivas mías.

Durante una discusión alrededor de la administración postal durante el mismo año, surgió un problema parecido: “Al Administrador General de Correos de Santa-Fé, al de Córdoba, al de Tucumán, en fin, á casi todos, se les ha aumentado el sueldo, á unos en diez, á otros en quince patacones mensuales. Yo no sé qué razones han guiado, ya sea la Comisión de Presupuesto, ya sea al Sr. Ministro del Interior, para hacer... [una] escep- ción con el Administrador de Correos de la Capital de Entre-Rios [...]”, Ibid., p. 295.

22. La gráfica clasifica el gasto público con base en el criterio de los objetivos políticos señalado por Wagner, que propone la siguiente subdivisión de las necesidades de presupuesto:- Necesidades de la dirección central establecidas por la Constitución

(Poder Ejecutivo, poder Legislativo, Administración federal [ej.: Secreta­ría de Gobernación]).- Necesidades con finalidades de Derecho (Poder Judicial, Secretaría de Justicia).- Necesidades con finalidades de Potencia (Representación al exterior, Fuerzas Armadas).- Necesidades con finalidades de Cultura y Prosperidad (escuela, instruc­ción, fomento).

23. El porcentaje de gasto relativamente bajo relativo a las construcciones ferroviarias con respecto a la instrucción pública no tiene que ser interpre­tada de manera equivocada. En efecto, la mayor parte de los ferrocarriles se construyeron con capitales privados, a los cuales el Estado garantizaba a cambio una renta mínima sobre la inversión realizada; esta renta consti­tuyó gran parte del gasto público de este sector. Los porcentajes indicados han sido calculados con base en los datos de Eteocle Lorini, op. cit., pp. 324-325.

24. República Argentina, cit., 8 de octubre de 1880, p. 318.25. República Argentina, cit., 2 de julio de 1883, Vol. I, p. 442, cursivas mías.26. La historia del ejército profesional argentino empezó sólo en 1901, des­

pués de la aprobación de la ley Ricchieri de reforma militar por parte del Congreso, que otorgó por primera vez la autonomía institucional a las fuerzas armadas. Sobre el tema véase R. Rodríguez Molas, El servicio militar obligatorio, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1983; y nuestro artículo, “La Generazione dell’80 e lo stato liberale: continuit^ e cambiamento in Argentina fra ‘800 e ‘900”, Annali della Fondazione Luigi Einaudi, Vol. xxvi, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1992.

27. De todos modos, la década de los ochenta se caracterizó por un nivel nota­ble de estabilidad interna, que parece tener poca relación con la disponibi­lidad por parte del gobierno federal de una fuerza armada de gran tamaño. Otro aspecto que ha sido poco estudiado y que probablemente influyó de manera significativa en establecer la cuota de gasto militar en el interior del presupuesto público, fue la influencia y el prestigio del cuerpo de ofi­ciales que contribuyó a la consolidación nacional y a la eliminación de los caudillos regionales. Es probable que la estructura militar heredada desde el período de las guerras interregionales sucesivas a la independencia del Río de la Plata y que continuaron hasta la segunda mitad del siglo xix, se mantuvo después de 1880.

28. En el texto constitucional se afirma que el Poder Judicial era competente a través de sus órganos jurídicos -la Corte Suprema y los Tribunales infe­riores de la Nación- “[...] [del] conocimiento y decisión de todas las cau­

sas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación [...] por los Tratados con las Naciones extranjeras: de las causas concernientes a Embajadores, Ministros Públicos y Cónsules Extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdición marítima [...] de las causas que se susciten entre dos o más Provincias; entre una Provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes Provincias; y entre una Provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”, mientras que al Congreso correspondía “Dictar los Códigos civil, comercial, penal y de minería, sin que tales códigos alteren las jurisdiciones locales, correspon­diendo su aplicación a los Tribunales Federales o Provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdiciones [...]” “Constitución de la Nación Argentina...”, cit., Parte n, Tit. i, Sec. 3a, Cap.ii, art. 100 y cap. m, art. 67, en Arturo E. Sampay, op. cit., pp. 419 y 425.

29. Es el caso, por ejemplo, de las variaciones en el presupuesto de gastos que propuso el Departamento de Guerra para el año 1881, para un monto de más de 300 000 pesos fuertes; y de la inversión que se solicitó siete años más tarde con el fin de llevar a cabo la construcción de dos cuarteles, que fue probada sin oposición alguna, aunque en ausencia de un proyecto claro y de los detalles del gasto. República Argentina, cit., 27 de octubre de 1888, Vol 2, pp. 518-519. Los ejemplos se podrían multiplicar en relación a toda la década de los ochenta.

30. “Constitución de la Nación Argentina [...]”, cit., Parte n, Tit. i, Sec. la, Cap. iv, art. 67, incisos 1 y 2, en Arturo E. Sampay, op. cit., p. 419, cur­sivas mías.

31. Ibid., p. 194.32. Porcentaje elaborado con base en los datos en Eteocle Lorini, op. cit., pp.

316 y 321.33. Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, Buenos Aires, Dictio, 1969,

pp. 103-104, cursivas mías.34. José Panettieri, La crisis de 1890, Buenos Aires, Centro Editor de América

Latina, Historia Testimonial Argentina, 1984, p. 9.35. Véase datos en José A. Terry, Finanzas. Conferencias dictadas en la facul­

tad de derecho, Buenos Aires, Jesús Menéndez, 1927, p. 154.36. Véase al respecto los datos en José A. Terry, op. cit., p. 155. Terry afirma

que en el período 1875-1889 el Estado invirtió 3 582 000 en construccio­nes y reparaciones telegráficas, 41 542 000 en construcciones y garantías ferroviarias, 6 606 000 en inmigración y colonias, 60 265 000 en trabajos públicos y edificios. Para una evaluación más correcta de la rentabilidad de este gasto hace falta desagregar ulteriormente la última partida y espa- blecer hasta qué punto los “edificios y obras públicas” representaban es­

tructuras dirigidas a favorecer las actividades productivas del país. La red ferroviaria se amplió desde una extención poco superior a los 2 000 kiló­metros en 1881 hasta más de 16 000 en 1899; v. Alejandro Bunge, Ferro­carriles argentinos. Contribución al estudio del patrimonio nacional, Buenos Aires, 1918, pp. 119-121.

37. Los valores globales de las exportaciones aumentaron desde 60 000 pesos- oro en 1881 hasta más de 180 000 pesos-oro en 1899; los mismos regis­traron su crecimiento más fuerte entre 1897 y 1899 y un ligero estanca­miento sólo entre 1891 y 1896. Cfr. República Argentina, Estadística general del comercio exterior, para los años citados, y Anuario de la Sociedad Rural Argentina, 1928, tomo 7.

38. Sobre el tema de las intervenciones federales durante la década del ochen­ta véase Natalio Botana, El orden conservador..., cit., caps, v y vi.

39. Cfr. Roberto Cortés Conde, Dinero, deuda y crisis..., op. cit., p. 216.40. Ibid., p. 219.41. J. H. Williams, Argentine International Trade under Inconvertible Paper

Money, 1880-1900, Cambridge, Massachussets, 1920, pp. 94-97.42. H. S. Fems, Britain and Argentina in the Nineteenth Century, Oxford,

Oxford University Press, 1960, pp. 439-441.43. Ibid., p. 441, cursivas mías.44. “Report of the National Bank”, The Standard, Buenos Aires, 29 de abril

de 1891, The National Archives of the United States, Diplomatic Despat- ches, 1817-1906, roll 23, doc. 121, anexo 2. El diario de Buenos Aires afirmaba: “El Banco [Nacional] y el Gobierno procedieron en conjunto; todas las leyes y los privilegios otorgados por el segundo sirvieron para estrechar la relación entre ambos, y los accionistas mismos fueron cóm­plices en esta combinación. Los resultados de esta intimidad son [los siguientes]:

Préstamos a miembros del Gobierno, a cualquier clase de político, cuyas obligaciones no fueron honradas y cuyos recursos son ilusorios [...]

Préstamos al Gobierno, para hacer frente a sus gastos ordinarios: el servicio sobre los mismos es inexistente o muy irregular.

Compra de préstamos provinciales inútiles para el Banco.Compra de emisiones provinciales fraudulentas por motivos descono­

cidos, y de todos modos no justificable [...]Compra de préstamos nacionales para la construcción de ferrocarriles

con una cotización siete veces más alta de la estipulada por la ley, que implica el pago de utilidades enormes a algunas personas [...]

[...] Un miembro prominente del Gobierno solía entrar en el Banco e impartir órdenes arriba de todos los directores y administradores, sin nin­

guna protesta, para la entrega de grandes sumas de dinero a algunos indi­viduos [...]

Manejo de los fondos del banco por parte de personas que no tenían ninguna autoridad para hacerlo.

Aceptación de órdenes de pago por parte de los empleados por impor­tes de veinte a treinta veces más grandes del importe respectivo autoriza­do por la Junta Administrativa; importes todavía hoy sin pagar; algunos de estos no tienen tampoco los fondos de amortización establecidos en los documentos [...]

Apropiación de los fondos del Banco con fines especulativos.Préstamos a particulares que los convertían en obligaciones de socie­

dades anónimas que no habían pagado el servicio de sus deudas”, cursi­vas mías.

45. “Retrenchments”, The Standard, Buenos Aires, 10 de mayo de 1891, Carta del ministro plenipotenciario americano en Buenos Aires John R. I. Pitkin al secretario de Estado James I. Blame, Buenos Aires, 13 de mayo de 1891, The National Archives o f the United States, cit., roll 23, doc. 124, anexo 1.

46. Definición de “unicato” del diputado Balestra, en Luís V. Sommi, La revo­lución del 90, Buenos Aires, Pueblos de América, 1957, 2a. ed., pp. 90-91, cursivas mías.

47. En relación a las intervenciones federales véase Natalio R. Botana, El orden conservador[...], cit., en particular el cap. v, y Luis H. Sommariva, Historia de las intervenciones federales en las provincias, Buenos Aires, El Ateneo, 1929.

48. Cfr. cuadro en la p. 13.49. José A. Terry, op. cit., p. 158 y 155.50. Ibid., p. 155.51. Carlos Ibarguren, op. cit., p. 151.52. “Crisis económica, situación política. Carta de Sánchez Ascona, Legación

de los Estados Unidos Mexicanos en la República Argentina, al señor Secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores”, Buenos Aires, 23 de marzo de 1891, Reseñas Políticas, Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, D.F., 2-11-2751, n. 39.

53. “Situación política y económica de la Argentina al finalizar el año 1891. Carta de Sánchez Ascona, encargado de negocios ad interim de la Lega­ción de los Estados Unidos Mexicanos en la República Argentina, al señor Secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores”, Buenos Aires, lo. de enero de 1892, Reseñas Políticas, cit., n. 1.

54. En realidad las grandes organizaciones financieras inglesas se dieron cuenta de la necesidad de mantener en pie la economía argentina, como única posibilidad de recuperar por lo menos de manera parcial los enormes capitales invertidos en ultramar. Véase al respecto Carlos Marichal, op. cit., pp. 184-191. Véase también el estudio de John Clapham sobre el Banco de Inglaterra, op. cit., pp. 326 y ss.

55. José A. Terry, op. cit., p. 406.56. Mensaje del ministro López, 18 diciembre 1890, en Ibid.57. Juan Bialet Massé, El estado de las clases obreras argentinas a comienzo

del siglo, Córdoba, 1968, 2a. ed. (1904), pp. 96-97. Cfr. también Marcello Carmagnani, “Las finanzas de tres estados liberales: Argentina, Chile y México”, mimeo, 1993.

58. República Argentina, Congreso nacional, Cámara de senadores, Diario de Sesiones, Buenos Aires, 10 de noviembre de 1891, p. 830, cursivas mías.