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JUICIO ELECTORAL EXPEDIENTE:
TEDF-JEL-026/2016
ACTORES: COMITÉS CIUDADANOS DE LAS COLONIAS CUAJIMALPA I Y CUAJIMALPA II
AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
MAGISTRADA PONENTE:
MARÍA DEL CARMEN CARREÓN CASTRO
SECRETARIOS:
BERNARDO NÚÑEZ YEDRA Y FABIÁN ESLAVA CERVANTES
Ciudad de México, a cuatro de agosto de dos mil dieciséis.
El Pleno de este Tribunal Electoral en sesión pública de esta
fecha, resolvió el juicio electoral identificado al rubro
promovido por los Comités Ciudadanos de las Colonias
Cuajimalpa I y Cuajimalpa II,1 en el sentido de REVOCAR en
lo que fue materia de la impugnación, el acuerdo ACU-36-16,
de seis de junio de dos mil dieciséis, aprobado por el Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal,2 para los
efectos que más adelante se precisan, con base en los
siguientes:
A N T E C E D E N T E S 1 En adelante los Comités. 2 En lo subsecuente Consejo General.
2 TEDF-JEL-026/2016
I. Acuerdo ACU-30-16. El veintiuno de abril de dos mil
dieciséis, el Consejo General aprobó el Marco Geográfico de
Participación Ciudadana, que se aplicará en la elección de
Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016, de la
Ciudad de México, con 1,775 colonias y 40 Pueblos
Originarios.
II. Reforma a la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal. El cinco de mayo de dos mil dieciséis, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal3 aprobó el Decreto
por el cual se reformó el Artículo Décimo Tercero Transitorio
de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en
el cual se determinó la incorporación de ocho Pueblos
Originarios, entre los que se encuentra el Pueblo de San
Pedro Cuajimalpa, en la Delegación Cuajimalpa de Morelos.
La reforma en comento fue publicada el veinticinco de mayo
de dos mil dieciséis, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.4
III. Acuerdo impugnado ACU-36-16. El seis de junio de dos
mil dieciséis, el Consejo General emitió el acuerdo ACU-36-
16 por el que se modificó el marco geográfico que se aplicará
para la elección de los comités ciudadanos y los consejos de
los pueblos de 2016, en atención a la reforma emitida por la
Asamblea Legislativa.
3 En lo subsecuente Asamblea Legislativa 4 En adelante Gaceta Oficial
3 TEDF-JEL-026/2016
Dicho acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial el veintidós
de junio de dos mil dieciséis.
IV. Convocatoria. También el seis de junio de dos mil
dieciséis, el Consejo General aprobó la “Convocatoria Única
para la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de
los Pueblos 2016, y la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Parficipativo 2017”.
La mencionada convocatoria fue publicada en la Gaceta
Oficial, el veintidós de junio del año que transcurre.
V. Juicio electoral.
1. Presentación de la demanda. El diecisiete de junio de
dos mil dieciséis, los Comités presentaron su demanda de
juicio electoral, en las oficinas que ocupa la Dirección Distrital
XX del Instituto Electoral del Distrito Federal5, a fin de
controvertir el acuerdo ACU-36-16.
2. Remisión de escrito. El mismo diecisiete de junio, la
Dirección Distrital XX, remitió el escrito presentado por los
Comités a la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto.
3. Trámite y remisión del expediente. Cumplido el trámite
del juicio electoral, el Secretario Ejecutivo del Instituto
5 En adelante Dirección Distrital XX.
4 TEDF-JEL-026/2016
Electoral del Distrito Federal6 remitió mediante oficio SECG-
IEDF/1085/16, el día veintidós de junio de dos mil dieciséis, a
la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral del Distrito
Federal el informe circunstanciado correspondiente, la
demanda del juicio electoral, y las demás constancias
atinentes.
4. Recepción y turno. Por acuerdo de veintidós de junio de
dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente de este Tribunal
Electoral ordenó integrar el expediente TEDF-JEL-036/2016 y
turnarlo a la ponencia de la Magistrada María del Carmen
Carreón Castro7 para su sustanciación y, en su oportunidad,
la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Lo anterior, se cumplimentó mediante oficio
TEDF/SG/0719/2016 de la misma fecha, suscrito por el
Secretario General de este órgano jurisdiccional, recibido en
la ponencia el veintitrés siguiente.
5. Radicación y requerimiento. El veinticuatro de junio de
dos mil dieciséis, la Magistrada Instructora, entre otros
puntos, acordó: a) radicar el asunto de mérito; b) tener por
rendido el informe circunstanciado de ley; c) requerir diversa
información a los Comités y a la Dirección Distrital XX, y d)
reservar la admisión del medio de impugnación y las pruebas
ofrecidas, para el momento procesal oportuno.
6 En lo subsecuente Secretario Ejecutivo. 7 En adelante Magistrada Instructora.
5 TEDF-JEL-026/2016
6. Alcance. El veinticinco de junio de dos mil dieciséis, el
Secretario Ejecutivo, remitió el escrito presentado por los
Comités el veintiuno del mismo año ante la Dirección Distrital
XX.
7. Desahogó del requerimiento. El veintiocho y veintinueve
de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Distrital XX y los
Comités, respectivamente, desahogaron el requerimiento
realizado por la Magistrada Instructora.
8. Segundo requerimiento. Mediante proveído de primero
de julio del año en curso, la Magistrada instructora requirió
diversa información al Presidente de la Comisión de Gobierno
de la Asamblea Legislativa.
El seis de julio siguiente, la Asamblea Legislativa
cumplimentó el requerimiento mencionado.
9. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la
Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda, y al no
existir diligencias pendientes declaró el cierre de instrucción.
En consecuencia, ordenó elaborar el proyecto de resolución,
la cual se dicta conforme a las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
6 TEDF-JEL-026/2016
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral es
competente para conocer el medio de impugnación al rubro
indicado, con fundamento en:
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (En adelante Constitución Federal).
Artículo 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción
V, inciso f), en relación con el 116, fracción IV,
incisos c) y l).
Estatuto de Gobierno (En adelante Estatuto).
Artículos 128; 129, fracción VII, 130 y 134.
Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales (En adelante Código Electoral). Artículos
1, 18, 143; 157, fracción II y 163, fracciones III y IV.
Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal (En
adelante Ley Procesal Electoral). Artículos 2; 5; 10;
11, fracción I, 59, 76 y 77, fracción III.
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
(En adelante Ley de Participación Ciudadana): Artículo
125.
Lo anterior, porque este Tribunal Electoral es la máxima
autoridad jurisdiccional electoral en esta entidad federativa,
garante del principio de legalidad de todos los actos y
7 TEDF-JEL-026/2016
resoluciones en materia electoral y de participación
ciudadana, de conformidad con los artículos antes citados, y
le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre
otros asuntos, las impugnaciones dirigidas a controvertir
actos y resoluciones de la autoridad administrativa electoral
del Distrito Federal.
En el caso, se está en presencia de un medio de defensa por
el que se impugna un acuerdo del Consejo General, esto es,
se plantea una controversia relativa al marco geográfico que
se utilizará en la elección de los Comités Ciudadanos y
Consejos de los Pueblos, cuya competencia está prevista
expresamente para este Tribunal Electoral.
Cabe precisar que de conformidad con la legislación citada, el
juicio electoral es la vía idónea para resolver aquellas
controversias que deriven de los procesos de participación
ciudadana expresamente previstos en la Ley de la materia
como competencia de este órgano jurisdiccional, en los que
se aduzca la violación a las normas que rigen tales procesos,
como ocurre en el caso.
SEGUNDO. Procedibilidad del juicio. La autoridad
responsable no hace valer alguna causal de improcedencia, y
este Tribunal Electoral no advierte alguna de oficio, dado que
el medio de impugnación reúne los requisitos de
procedibilidad como a continuación se explica:
8 TEDF-JEL-026/2016
a) Requisitos generales de la demanda. La demanda
reúne los requisitos generales de procedencia establecidos
en el artículo 21 de la Ley Procesal, al haberse presentado
por escrito, firmada, exponiendo hechos y argumentos para
demostrar las presuntas violaciones en la que incurrió el
órgano responsable.
b) Oportunidad. Del contenido de los artículos 15, 16, 76 y
77, fracción I, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito
Federal, se desprende, en lo conducente, lo siguiente:
1. Durante el tiempo que transcurra entre los procesos
electorales y los de participación ciudadana, el cómputo de
los términos se hará contando solamente los días hábiles,
entendiéndose como tales, todos los días, con excepción de
los sábados, domingos y los inhábiles que determinen las
leyes.
2. Los medios de impugnación que guarden relación con los
procesos electorales y los de participación ciudadana,
deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a
partir del día siguiente a aquel en que el actor haya tenido
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma
aplicable.
3. Los medios de impugnación previstos en dicha legislación,
que no guarden relación con los procesos electorales y los de
9 TEDF-JEL-026/2016
participación ciudadana, deberán interponerse dentro de los
ocho días que el actor haya tenido conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con lo dispuesto en la propia ley.
4. El juicio electoral procederá fuera y durante los procesos
electorales o de participación ciudadana, ordinarios y
extraordinarios, en los términos y formas que establece la Ley
Procesal Electoral local, y podrá interponerse en contra de
actos, resoluciones u omisiones de los órganos, unidades o
del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, por los partidos políticos o coaliciones con interés
legítimo, siempre y cuando no exista afectación al interés
jurídico de un titular de derechos, en cuyo caso sólo éste se
encontrará legitimado para impugnar.
Conforme a lo anterior, las demandas que guarden relación
con la elección de comités ciudadanos y consejos de los
pueblos se regirán por el plazo de cuatro días.
Por otro lado, ha sido criterio de este Tribunal Electoral, que
los medios de impugnación que guarden relación con las
consultas ciudadanas sobre el presupuesto participativo, el
plazo para presentar los medios de impugnación es de ocho
días hábiles, pues dichas consultas no guardan relación con
los procesos electorales y los de participación ciudadana,
pues no se encuentran expresamente previstos en la Ley de
10 TEDF-JEL-026/2016
Participación Ciudadana como competencia del Tribunal, por
lo que deben promoverse dentro de ese plazo.
Ahora bien, de las constancias que obran en autos, este
Tribunal Electoral advierte que el acto impugnado guarda una
estrecha relación con ambos procesos, es decir, tanto con la
Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos 2016, como con la Consulta Ciudadana sobre
Presupuesto Participativo 2017, pues establece el marco
geográfico aplicable para ambos ejercicios democráticos, de
ahí que resulte necesario establecer cuál es el plazo con que
contaban los Comités actores en el presente juicio para
presentar su medio de impugnación.
En ese sentido, el actual modelo de control constitucional que
dimana del artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, implica una nueva interpretación
constitucional que conjunta los derechos humanos
reconocidos en la norma fundamental con los que tienen
reconocimiento en los tratados internacionales de los que
México es parte.
Lo anterior trae consigo la exigencia constitucional de
efectuar una interpretación que favorezca ampliamente los
derechos humanos, por ello, en el presente caso se debe
privilegiar el principio pro actione, que se traduce en la
necesidad de extremar las posibilidades de interpretación
11 TEDF-JEL-026/2016
constitucional y legal a efecto de favorecer un acceso más
amplio a la jurisdicción.
En esas condiciones, debe optarse por una interpretación
maximizadora que considere de entre dos plazos para
impugnar, el más amplio, siendo en el caso en estudio, el de
ocho días establecido en el primer párrafo del artículo 16 de
la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal, porque los
principios pro homine y pro actione, inscritos ahora formal y
materialmente en el orden jurídico nacional, imponen un
ejercicio tendiente a una interpretación más favorable al
derecho humano de acceso a la jurisdicción. Lo anterior
encuentra sustento en la Tesis XII/2012 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de
rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL
PLAZO DE PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS
PRINCIPIOS PRO HOMINE Y PRO ACTIONE
(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)”.8
En el caso, el acuerdo impugnado se publicó en la los
estrados de las oficinas centrales del Instituto Electoral, así 8 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. PARA COMPUTAR EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS PRO HOMINE Y PRO ACTIONE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)”.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11, fracción I, 15, 16, párrafo 1, 76 y 77, fracción I, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, se advierte que la demanda debe presentarse dentro del plazo de cuatro días cuando la impugnación se relacione con los procesos electorales y dentro de ocho días en los demás casos, por tanto, cuando en un medio de impugnación se controvierta una determinación que contenga simultáneamente actos o resoluciones que guarden relación con un proceso electoral o de participación ciudadana y otros que no tengan ese tipo de vínculo, debe estarse a la interpretación más favorable al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en observancia de los principios pro homine y pro actione incorporados en el orden jurídico nacional, por lo cual, en ese supuesto debe considerarse oportunamente presentada la demanda dentro del plazo de ocho días.
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como de la Dirección Distrital XX el siete de junio de dos mil
dieciséis,9 los Comités tenían para interponer su medio de
impugnación hasta el diecisiete de junio del mismo año, sin
contar los días once y doce de junio, ya que corresponden a
sábados y domingos.
En ese sentido, se tiene por satisfecho este requisito, ya que
los Comités promovieron este juicio el diecisiete de junio, esto
es, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha en la
cual fue publicado el acuerdo impugnado.
c) Legitimación. Los Comités están legitimados para
promover el presente medio de impugnación, aunado a que la
autoridad responsable les reconoce tal carácter.
d) Definitividad. En el caso, no existe diversa instancia
administrativa o jurisdiccional que los Comités estuvieran
obligados a agotar antes de interponer el presente juicio.
e) Reparabilidad. El acto impugnado no se ha consumado
de manera irreparable, puesto que el mismo es susceptible
de ser modificado, revocado o anulado, de tal manera que no
existe impedimento legal para que, en caso de que se
estimara fundada la impugnación, se revocara o modificara el
acuerdo impugnado, ello tomando en consideración que aún
no se lleva a cabo la jornada electiva ni consulta
correspondiente a cada uno de los procesos de cuenta, pues
9 Tal como se observa a fojas 132 del expediente.
13 TEDF-JEL-026/2016
ésta acorde a las fechas establecidas en la Convocatoria, fue
fijada para el próximo cuatro de septiembre de dos mil
dieciséis.
TERCERO. Resumen de Agravios. En ejercicio de las
facultades previstas en los artículos 63 y 64 de la Ley
Procesal, este Tribunal identificará los agravios que hacen
valer los Comités, supliendo, en su caso, la deficiencia en la
expresión de los mismos, para lo cual se analiza
integralmente el escrito de demanda así como el desahogo al
requerimiento realizado en función de éste por parte de la
Magistrada Instructora, a fin de desprender el perjuicio que,
en sus conceptos, les ocasiona el acto reclamado, con
independencia de que los motivos de inconformidad puedan
encontrarse en un apartado o capítulo distinto a aquél que
dispuso para tal efecto.
Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia
J.015/2002, aprobada por este órgano jurisdiccional, de
rubro: “SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA
ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN
LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN
CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
DISTRITO FEDERAL”.
En consecuencia, se procede a identificar y analizar los
agravios que se desprenden de los escritos presentados por
los Comités, para lo cual sirve de apoyo la jurisprudencia
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publicada bajo el rubro “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA
DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”.
De los escritos se desprende que el motivo de agravio de los
Comités es el siguiente:
Que el Consejo General al emitir el acurdo impugnado, viola
los derechos político-electorales de los habitantes de las
Colonias Cuajimalpa I y Cuajimalpa II, establecidos en el
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los artículos 12, 83 y 84 de la Ley de
Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Lo anterior, ya que a su consideración el Consejo
responsable al emitir el acuerdo impugnado, no fundamento
ni motivo su actuar, ya que al decidir fusionar las colonias
Cuajimalpa I y Cuajimalpa II para dar origen al pueblo
originario de San Pedro Cuajimalpa, omitió realizar un
análisis a través del cual se verificara la identidad cultural,
social étnica, política, económica, geográfica y demográfica
de los habitantes de las respectivas colonias.
CUARTO. Estudio de Fondo. Este Tribunal Electoral una
vez llevado a cabo la revisión y análisis del acuerdo
identificado con la clave alfanumérica ACU-36-16, de seis de
junio de dos mil dieciséis, determina que les asiste la razón a
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los actores, y por tanto, su argumento deviene FUNDADO en
torno a que el Consejo General al emitir el acto impugnado,
no motivó debidamente, es decir, no señaló las razones que
lo llevaron a establecer el por qué fusionó las colonias
Cuajimalpa I y Cuajimalpa II para la creación del pueblo
originario de San Pedro Cuajimalpa, incumpliendo así con el
principio de legalidad que debe observar en cada uno de los
actos que emita.
A continuación, se establecen las razones por las que este
Tribunal Electoral determina que el acto impugnado incumplió
en su vertiente de motivación.
Por principio se señalará el marco normativo que le otorga
competencia al Instituto Electoral para llevar a cabo la
delimitación del marco geográfico de las colonias y pueblos
originarios pertenecientes a esta Ciudad de México en
materia de elección de comités vecinales y consejos de los
pueblos así como, para efectos de la consulta de presupuesto
participativo, así tenemos que el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley de Participación
Ciudadana, prevén el marco regulatorio específico aplicable a
la configuración territorial a ser observada para los efectos
precisados.
Por su parte, el artículo 15 del Código Electoral en cita,
establece que el Instituto Electoral del Distrito Federal es la
autoridad encargada de organizar las elecciones locales,
16 TEDF-JEL-026/2016
además de que, según el artículo 16, segundo y tercer
párrafos, de la Ley de Participación Ciudadana, también
coordinará el proceso de elección de los comités ciudadanos
y consejos de los pueblos y evaluará el desempeño de estos
órganos.
La Ley de Participación Ciudadana, por un lado, en su
artículo 6°, fracción IV, define a una colonia como la división
territorial del Distrito Federal hoy Ciudad de México, para
efectos de participación y representación ciudadana, con
base en criterios de identidad, cultural, social, étnica, política,
económica, geográfica o demográfica, no obstante, en dicha
legislación, no se establecen los criterios con los que deba
determinarse la división territorial de los pueblos originarios.
En ese sentido, al existir un parámetro en la legislación que
define conceptualmente a las colonias, es dable armonizarlo
para efecto de integrar dichos elementos al momento de
definir a los pueblos originarios, por cuanto hace a los
criterios de identidad cultural, social, étnica, política,
económica, geográfica o demográfica, mismos que deben ser
tomados en cuenta por Instituto Electoral cuando determina la
división territorial de los mencionados pueblos originarios.
Por otra parte, dicha legislación en su artículo 111, prescribe
la obligación con que cuenta el instituto electoral local de
expedir la convocatoria a la elección de comités ciudadanos,
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misma que deberá contener el catálogo de colonias donde se
llevarán a cabo esos comicios.
Para esa tarea, conforme la normativa que rige el actuar del
referido instituto, éste se auxiliará de la Dirección Ejecutiva de
Organización y Geoestadística Electoral, al ser quien cuenta
con atribuciones para elaborar y proponer el proyecto de
dictamen relativo al marco geográfico para la elección de
órganos de representación ciudadana, y mantener
actualizado ese marco geográfico por delegación, colonia y
sección electoral; ello, en atención a lo previsto por el artículo
77, fracciones X y XI, del Código Electoral.
Igualmente, el artículo 46, fracciones VI y VII, del Código en
comento, establece como funciones de la Comisión de
Organización y Geoestadística Electoral del Consejo General
del aludido Instituto, las de revisar y presentar el dictamen
referente a la modificación de ámbitos territoriales en que se
divida el Distrito Federal, así como el marco geográfico a
emplearse en la elección de órganos de representación
ciudadana.
Asimismo, el artículo 45, fracción II del Código en comento,
establece que la Comisión de Participación Ciudadana,
emitirá una opinión respecto del proyecto de dictamen relativo
al marco geográfico para la elección de órganos de
representación ciudadana.
18 TEDF-JEL-026/2016
Lo expuesto hasta este punto permite evidenciar que,
respecto al marco geográfico a ser aplicado exclusivamente
para fines de la elección de comités ciudadanos y consejos
de los pueblos, es decir, con propósitos de participación
ciudadana, el Instituto Electoral del Distrito Federal, a través
de su Dirección Ejecutiva y de las comisiones de
Organización y Geoestadística Electoral y Participación
Ciudadana, es la autoridad competente para establecer,
definir y modificar la división territorial del Distrito Federal en
las unidades previstas para ser representadas por comités
ciudadanos y consejos de los pueblos, esto es, en colonias y
pueblos originarios.
Así, los instrumentos normativos idóneos que resultarán
vinculantes y eficaces para regular lo relativo a dicha división
territorial, con propósitos de elección de órganos
representativos, serán el acuerdo y catálogo de colonias y
pueblos originarios que, con fundamento en la legislación
electoral y de participación ciudadana, emita el Consejo
General del citado Instituto para establecer el marco
geográfico a ser empleado en los comicios de comités
ciudadanos y consejos de los pueblos de dos mil dieciséis.
En ese sentido, es preciso señalar que la Sala Regional con
sede en esta Ciudad de México del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio
identificado con la clave SDF-JDC-254/2013, el veintidós de
agosto de dos mil trece, estableció parámetros que el Instituto
Electoral debía seguir cuando llevara a cabo la
19 TEDF-JEL-026/2016
reconfiguración del marco geográfico de una colonia, mismos
que se trascriben a continuación:
“Es evidente que la esencia del ejercicio de participación ciudadana consiste en hacer partícipe a los vecinos de las decisiones que se toman en sus colonias, razón por la cual es importante mantener esa relación de identidad entre éstos y sus colonias, pues de lo contrario, lejos de incentivar la participación de la ciudadanía, con una inadecuada cartografía que no toma en cuenta los elementos antes descritos, se estaría generando en la gente apatía respecto de los ejercicios participativos.
Como por ejemplo, el ubicar a una colonia, para efectos de la elección de un comité ciudadano, con determinadas características junto a otra colonia con características y necesidades diferentes, provocaría un conflicto de intereses entre los vecinos al momento de elegir al comité ciudadano respectivo, en tanto que, atendiendo a sus diferencias, cada colonia tendrá diversas necesidades, dignas de ser resueltas por el órgano por el cual se va a votar, lo cual a final de cuentas se traducirá en desinterés por parte de los vecinos al momento de emitir su voluntad en la consulta.
En efecto, en suma a los criterios poblacionales y geográficos que toma en cuenta el IEDF, debe poner especial atención en la compatibilidad entre las necesidades de los vecinos, atendiendo a la identidad entre las colonias, pues sólo así logrará el objetivo de preservar la participación ciudadana en el Distrito Federal a través de este tipo de instrumentos.
Es por ello que esta Sala Regional considera que para futuros ejercicios de participación ciudadana para la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, el IEDF debe partir de la premisa de que las necesidades cambian de colonia a colonia, y que ello atiende a diversos factores (identidad cultural, social, étnica política, económica, geográfica, y demográfica), por lo que, en ese sentido, deberá tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía para realizar la delimitación geográfica de las colonias.
Ello con la finalidad de buscar los consensos que brinden al ejercicio de participación ciudadana certeza en su realización y resultados, y sobre todo un alto índice de participación por parte de los vecinos.
…
20 TEDF-JEL-026/2016
No obstante, esta Sala reconoce lo justificado del reclamo de los actores, por lo que considera que en futuros ejercicios, la autoridad electoral debe realizar las actividades que sean necesarias, a efecto de que pueda existir identidad de los electores con los comités de las colonias en que habitan, debiendo informar a esta Sala Regional sobre las medidas tomadas al respecto, según se vayan realizando éstas.
…
Sentido de la sentencia. Al haberse determinado por esta Sala Regional que asiste la razón a los actores en cuanto a que el IEDF no justificó los criterios utilizados para la división de las colonias Florida y Axotla, pero dado lo avanzado de las etapas del proceso de participación ciudadana y en aras de salvaguardar el principio de certeza, debe confirmarse la resolución impugnada.
No obstante lo anterior, en futuros procesos de participación ciudadana, el IEDF estará obligado a llevar a cabo las acciones necesarias para adecuar la cartografía con el objeto de que exista identidad de los electores con los comités de las colonias en que habitan, e informar a este Tribunal sobre las acciones tomadas para tal efecto.
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 193; 199, fracción II, y 204, fracción VIII, de la Ley Orgánica; 26, párrafo 3; 27; 28; 29, y 84, párrafo 2, de la Ley, así como 39, fracción I; 102; 103, y 106 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, esta Sala Regional.
RESOLVIÓ
PRIMERO. …
SEGUNDO. …
TERCERO. Se ordena al Instituto Electoral del Distrito Federal que para futuros procesos de participación ciudadana, lleve a cabo las acciones necesarias para adecuar la cartografía a utilizarse, con el fin de que exista identidad entre los electores y los comités de las colonias en que habitan, debiendo informar a este órgano jurisdiccional las medidas que tome para ese efecto.”
[Lo resaltado es propio]
21 TEDF-JEL-026/2016
Como se puede observar, dicha Sala Regional, estableció
que para los futuros ejercicios de participación ciudadana, el
Instituto Electoral al momento de modificar el marco
geográfico, debía tomar en cuenta los criterios de identidad
cultural, social, étnica política, económica, geográfica, y
demográfica, además de también considerar la opinión de la
ciudadanía para realizar la delimitación geográfica de las
colonias.
Sentado lo anterior, al analizar el acuerdo impugnado, se
desprende que el Instituto Electoral no realizó estudio alguno
en el sentido de lo dispuesto anteriormente, pues sólo se
limitó a establecer lo siguiente:
33. Que con motivo del Decreto por el cual se reforma al Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Participación, se reconocieron como ocho nuevos pueblos originarios a los ubicados en la Delegación La Magdalena Contreras y Cuajimalpa de Morelos, identificados a continuación:
La Magdalena Contreras Cuajimalpa de Morelos • La Magdalena Atlitic, • San Bernabé Ocotepec, • San Nicolás Totolapan, y • San Jerónimo Aculco-Lídice.
• San Lorenzo Acopilco, • San Mateo Tlatenango, • San Pablo Chimalpa, y • San Pedro Cuajimalpa.
En la Delegación La Magdalena Contreras, la nueva clasificación de pueblos originarios La Magdalena Atlitic, San Bernabé Ocotepec y San Nicolás Totolapan, corresponderá a las colonias identificadas con la misma denominación en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente.
Mientras que el nuevo pueblo originario San Jerónimo Aculco-Lídice, abarcará las colonias San Jerónimo Aculco (Pblo), San Jerónimo Lídice I y San Jerónimo Lídice II.
Respecto a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de acuerdo a la reforma antes mencionada, los nuevos pueblos originarios San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlatenango y San Pablo Chimalpa, corresponderá a las colonias
22 TEDF-JEL-026/2016
identificadas con la misma denominación del Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente.
Y, para dar lugar al pueblo originario San Pedro Cuajimalpa, se fusionarán las colonias Cuajimalpa I y Cuajimalpa II.”
Como se puede observar, el Instituto Electoral omitió explicar
de manera fundada y motivada cuál fue el criterio que empleó
y los elementos que tomó en consideración para determinar
que las colonias Cuajimalpa I y Cuajimalpa II debían
fusionarse, para dar origen al pueblo originario de San Pedro
Cuajimalpa, pues como se evidencia de los apuntado, no
realizó el estudio conforme a los criterios establecidos en la
norma (identidad cultural, social, étnica política, económica,
geográfica, y demográfica), y mucho menos tomó en cuenta
la opinión de la ciudadanía para realizar la fusión de tales
colonias para la creación del pueblo originario de San Pedro
Cuajimalpa.
Robustece el criterio de este Tribunal, el hecho de que la
Asamblea Legislativa al desahogar el requerimiento realizado
por la Magistrada Instructora, señaló que desde su óptica, al
encontrarse la Parroquia de San Pedro Apóstol, el panteón y
las fiestas tradicionales del Pueblo de San Pedro Cuajimalpa
dentro del territorio de la colonia Cuajimalpa II, esta colonia
es la que podría haberse convertido en el pueblo originario
señalado y mantenerse el estatus de la colonia Cuajimalpa I,
únicamente como Cuajimalpa.10
10 Tal y como obra a foja 231 del expediente.
23 TEDF-JEL-026/2016
En ese sentido, este Tribunal Electoral local, determina que el
Instituto Electoral trastocó el principio de legalidad a que se
encuentra obligado observar al momento de emitir sus actos,
pues tal y como se evidenció previamente, al definir que tanto
la colonia Cuajimalpa I como Cuajimalpa II, debían fusionarse
para dar origen al pueblo originario San Pedro Cuajimalpa, no
motivo el porqué de tal determinación, pues debió analizar
cada uno de los elementos que se prevén en la Ley de
Participación Ciudadana, en su artículo 6°, fracción IV, ni
tampoco tomo en cuenta la opinión de la ciudadanía para
realizar la delimitación geográfica.
Por las razones expuestas, al resultar FUNDADO el agravio
expuesto por los actores, con fundamento en el artículo 65,
fracción I, de la Ley Procesal, SE REVOCA el acto
impugnado en lo que fue materia de impugnación.
En tal virtud, lo procedente es restituir a los Comités en el
goce de los derechos que indebidamente les fueros
afectados, para tal efecto en el considerando siguiente se
señalarán los efectos de esta sentencia, a fin de que las
autoridades involucradas en las diversas etapas de la
elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos de
2016 y consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo
2017, tengan claridad de las actuaciones que, en el ámbito de
su competencia, deberán realizar.
24 TEDF-JEL-026/2016
QUINTO. Efectos de la sentencia. Se ordena al Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal, para que
dentro de un plazo prudente, emita de manera fundada y
motivada un nuevo acuerdo, sobre el marco geográfico que
se aplicará para la elección de los comités ciudadanos y los
consejos de los pueblos de 2016, en atención a las
modificaciones realizadas por la Asamblea Legislativa, en
específico sobre el Pueblo de San Pedro Cuajimalpa,
acuerdo que deberá tomar en cuenta los elementos
dispuestos en esta sentencia y que se prevén en la Ley de
Participación Ciudadana, en su artículo 6°, fracción IV, así
como también deberá obligatoriamente consultar a la
ciudadanía de las colonias Cuajimalpa I y Cuajimalpa II,
ambas pertenecientes a la Delegación Cuajimalpa de Morelos
en esta Ciudad de México.
Para efecto de llevar a cabo la consulta ordenada, el Instituto
Electoral responsable, deberá establecer de manera clara y
puntual las reglas para su realización, así como hacer su
difusión, de tal intensidad que garantice el pleno
conocimiento de la misma a los habitantes de las referidas
colonias, para lo cual SE VINCULA al órgano político
administrativo en Cuajimalpa de Morelos a fin de que le
brinde el apoyo que resulte necesario, pudiendo inclusive, si
así lo determina prudente, solicitar también el apoyo de los
comités ciudadanos respectivos.
25 TEDF-JEL-026/2016
Quedando obligado a remitir a este Tribunal en copia
certificada el acuerdo que al efecto emita, dentro de las
veinticuatro horas posteriores al plazo señalado en el
párrafo que antecede.
En ese sentido, para el caso de que el nuevo acuerdo que
modifique el marco geográfico que se aplicará para la
elección de los comités ciudadanos y los consejos de los
pueblos de 2016, en atención a las modificaciones realizadas
por la Asamblea Legislativa, determine de manera fundada y
motivada que para dar lugar al pueblo originario de San
Pedro Cuajimalpa, deban fusionarse las colonias Cuajimalpa I
y Cuajimalpa II, de la Delegación Cuajimalpa de Morelos en
esta Ciudad, este órgano colegiado determina que deben
prevalecer todos y cada uno de los actos que a esa fecha
hayan sido realizados por los ciudadanos y autoridades
electorales y delegacionales en dicho Pueblo, para la
elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los
Pueblos 2016, así como en la Consulta sobre Presupuesto
Participativo 2017.
Por otra parte, para el caso en que el Instituto Electoral,
determine de manera fundada y motivada que para dar origen
al pueblo originario de San Pedro Cuajimalpa de la
Delegación Cuajimalpa de Morelos en esta Ciudad, no deban
fusionarse las colonias Cuajimalpa I y Cuajimalpa II, se dejan
sin efectos todos los actos que hayan sido realizados por
los ciudadanos y autoridades electorales y
26 TEDF-JEL-026/2016
delegacionales para el pueblo originario de San Pedro
Cuajimalpa, en la elección de los Comités Ciudadanos y
Consejos de los Pueblos 2016, así como en la Consulta
sobre Presupuesto Participativo 2017.
En consecuencia, se ordena al Instituto Electoral emitir una
nueva convocatoria para la Elección de los Comités
Ciudadanos y Consejos de la Pueblos 2016 y la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, en la
Colonia Cuajimalpa y el Pueblo Originario de San Pedro
Cuajimalpa, en la que se contemple cada una de las etapas
establecidas en la convocatoria original, ajustando los plazos
de manera tal, que la elección y la consulta se realicen en las
fechas que se previeron en la convocatoria primigenia, a
saber el treinta y uno de agosto y primero de septiembre para
la recepción del voto electrónico y el cuatro de septiembre
para la recepción del voto de manera presencial.
Ahora bien, en concordancia con el principio de máxima
publicidad que rige el actuar de todas las autoridades
electorales, se deberá hacer una publicación y difusión de la
nueva convocatoria y la realización de las diversas etapas del
proceso, de tal intensidad que garanticen el pleno
conocimiento de la misma a los habitantes de las colonias o
pueblos.
Asimismo, se vincula a la Dirección Distrital XX del Instituto
Electoral para que, por su conducto, se notifique por estrados
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y personalmente esta sentencia, a cada uno los
Representantes de las formulas registradas en el pueblo
originario de San Pedro Cuajimalpa, así como a los titulares
de las propuestas de proyecto sobre el presupuesto
participativo; lo cual deberá cumplimentar dentro del término
de tres días, contados a partir del día siguiente en que le sea
notificada la presente sentencia.
En consecuencia, se:
R E S U E L V E
PRIMERO. Se REVOCA en lo que fue materia de la
impugnación, el ACU-36-16, de seis de junio de dos mil
dieciséis, emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral del Distrito Federal, en términos de lo razonado en
el considerando CUARTO de esta sentencia.
SEGUNDO. Se ORDENA al Instituto Electoral de Distrito
Federal que emita un nuevo acuerdo debidamente fundado y
motivado conforme los efectos precisados en considerando
QUINTO de esta Sentencia.
NOTIFÍQUESE personalmente a los Comités actores; por
oficio al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito
Federal, y a la Dirección Distrital XX de ese mismo Instituto
para los efectos precisados en el Considerando QUINTO de
28 TEDF-JEL-026/2016
esta sentencia; a la Asamblea Legislativa, así como a la
Delegación Cuajimalpa de Morelos con copias certificadas de
esta sentencia, y por estrados a los demás interesados.
PUBLÍQUESE en su sitio de Internet (www.tedf.org.mx),
una vez que esta sentencia haya causado estado.
Hecho lo anterior, en su caso devuélvanse los documentos
atinentes, y en su oportunidad, archívese el expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
Así lo resolvieron y firman las y los Magistrados integrantes
del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, por
unanimidad de votos, con el voto concurrente que formula el
Magistrado Armando Hernández Cruz, voto que corre
agregado a la presente sentencia como parte integrante de la
misma. Todo lo actuado ante el Secretario General quien
autoriza y da fe.
INICIA VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL
MAGISTRADO ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ, CON
MOTIVO DEL FALLO APROBADO POR LA MAYORÍA DE
LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO AL
RESOLVER EL JUICIO ELECTORAL IDENTIFICADO CON
LA CLAVE TEDF-JEL-026/2016.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción
IV, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, en
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relación con lo previsto en los numerales 8, fracción V; y 85,
fracción II, del Reglamento Interior de este órgano
jurisdiccional emito voto concurrente en la sentencia
aprobada por la mayoría, la cual comparto en cuanto al
sentido y la mayoría de las consideraciones que la sustentan.
La resolución aprobada por la mayoría considera que el plazo
para impugnar oportunamente es el de ocho días hábiles,
pues no obstante que la materia de impugnación está
relacionada con un proceso de participación ciudadana por lo
que corresponde a la elección de los comités ciudadanos y
consejos de los pueblos, y en consecuencia le sería aplicable
el plazo de cuatro días previsto en el artículo 15 de la Ley
Procesal, también está vinculada al proceso de consulta
ciudadana sobre presupuesto participativo, cuyo plazo para
impugnar es de ocho días, previsto en el artículo 16 del
mismo ordenamiento.
De esta manera, se razona que ante la concurrencia de
ambos procesos, el criterio mayoritario opta por aplicar el
plazo de ocho días para la presentación de la demanda, bajo
el argumento de que ante tal concurrencia, se debe estar a la
interpretación más favorable de acceso a la justicia, y por
ende, consideran que dicho plazo cumple con tal objetivo.
No coincido con ese razonamiento, toda vez que, desde mi
perspectiva, el plazo que debe ser aplicado para tales efectos
es el de cuatro días.
30 TEDF-JEL-026/2016
Afirmo lo anterior, habida cuenta que, contrario a lo
aseverado, considero que la aplicación del plazo de cuatro
días no atenta contra el derecho de acceso a la justicia, pues
este está garantizado desde el momento en que la norma
establece las reglas precisas en las que opera cada uno de
los plazos mencionados.
En el caso, desde mi punto de vista, la concurrencia de
ambos procesos genera la necesidad de determinar cuál de
los dos atrae al otro, con la finalidad de determinar el plazo
aplicable, y es mi convicción que la elección de comités
ciudadanos y consejos de los pueblos debe atraer al de
consulta ciudadana sobre presupuesto participativo.
Ello es así, por las características del primero, el cual
establece plazos más breves en cada una de sus etapas, así
como fechas precisas de designación de los integrantes de
los mencionados órganos ciudadanos, a diferencia del
proceso de consulta al que se ha hecho referencia, cuya
finalidad es el ejercicio del presupuesto público a proyectos
específicos para ser aplicado hasta el año siguiente.
Además, la aplicación de ocho días desde mi óptica, si afecta
el derecho de quien en su caso desee comparecer a juicio
como tercero interesado, dado que, los plazos de tramitación
en uno y otro caso varían, por lo que al aplicar, en este juicio,
el plazo de ocho días, la autoridad responsable no dio el
trámite del medio de impugnación previsto en el artículo 51
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de la Ley Procesal, por el periodo de seis días que
corresponde, sino que solo lo hizo por setenta y dos horas.
No pasa inadvertido, que la mayoría sustenta su posición,
invocando una tesis aislada de la Sala Superior, basada en
un criterio sostenido en el expediente SUP-JDC-832/2015, en
el se estableció que: “la demanda debe presentarse dentro
del plazo de cuatro días cuando la impugnación se relacione
con los procesos electorales y dentro de ocho días en los
demás casos, por tanto, cuando en un medio de
impugnación se controvierta una determinación que
contenga simultáneamente actos o resoluciones que
guarden relación con un proceso electoral o de
participación ciudadana y otros que no tengan ese tipo
de vínculo, debe estarse a la interpretación más favorable
al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, en
observancia de los principios pro homine y pro actione
incorporados en el orden jurídico nacional, por lo cual, en ese
supuesto debe considerarse oportunamente presentada la
demanda dentro del plazo de ocho días”.
Sin embargo, en dicho precedente también se establece que
el modo en que debe computarse el plazo se debe definir a
partir de si el acto o resolución impugnada satisface dos
requisitos: a) el de temporalidad, el cual exige que el acto se
emita durante el desarrollo de un proceso electoral, y b) el
material u objetivo, el cual consiste en que el acto o
resolución se encuentre relacionado con un proceso
electoral.
32 TEDF-JEL-026/2016
En el caso, la materia de impugnación cumple con ambos
supuestos de temporalidad y materia, porque está inserta en
los procesos que actualmente están en curso, y uno de ellos
relacionado con un proceso electoral.
Además dicho procedente fue motivo de una contradicción de
criterios que se resolvió en el expediente SUP-CDC-2/2013
que ponderó el acceso a la justicia y los principios de certeza
y legalidad.
En dicha contradicción de criterios, se sostuvo que “…el
principio de certeza contenido en los artículos 41 y 116, de la
Constitución, funge como una garantía para el respeto del
orden jurídico, en el que están inmersos los valores,
principios y derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, los tratados internacionales y la legislación
secundaria”.
Sin embargo, considero que la circunstancia de que los
procesos comiciales puedan estar o no regulados de manera
expresa en un ordenamiento electoral, en modo alguno
significa que se dejen de aplicar o que se desconozcan los
principios que rigen los procesos electorales en general, entre
ellos, el de certeza y definitividad, ya que lo que otorga a una
norma o un acto la naturaleza de electoral se define a partir
del objeto de la materia que se regula.
33 TEDF-JEL-026/2016
Por tanto, es mi convicción que el plazo de cuatro días para
la presentación de la demanda es el aplicable al caso
concreto.
Así mismo, discrepo de los razonamientos respecto a lo
oportuno de la presentación de la demanda, ello porque de
autos no se desprende la fecha en que los actores se
enteraron del acto que impugnan.
El hecho de referir en los antecedentes la fecha de
publicación del acuerdo que les depara perjuicio, no significa
de manera alguna, que sea éste el momento en el que
tuvieron conocimiento del mismo, pues no se acredita que en
esa fecha se hayan apersonado para imponerse de la
notificación en los estrados del Instituto Electoral.
Por lo que, al no existir certeza de lo anterior, y en un espíritu
garantista, la mejor fecha debe ser, la de la presentación de
su demanda. Tal y como se establece en la jurisprudencia
8/2001, de rubro: CONOCIMIENTO DEL ACTO
IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA
PLENA EN CONTRARIO.
Finalmente, no comparto el hecho de que en el presente
juicio, se haya requerido a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, para que expusiera los razonamientos que motivaron
la reforma a la Ley de Participación Ciudadana.
Primero, porque desde mi punto de vista, la Asamblea, como
cualquier otro órgano legislativo, al emitir leyes, reformas o
34 TEDF-JEL-026/2016
modificaciones a éstas, no puede ser cuestionado, como en
el caso, respecto de las normas que expide, ello, porque sus
decisiones tienen fundamento en la exposición de motivos
que previo a la expedición o modificación de cualquier ley,
realizan los legisladores.
Y segundo, porque si la determinación de incorporar pueblos
originarios, en las delegaciones políticas que guarden ciertas
características, como en el caso aconteció en Cuajimalpa de
Morelos, se haya establecido en la Ley de Participación
Ciudadana, tal decisión forma parte de un ordenamiento de
observancia general, abstracto e impersonal, mismo que
únicamente podría ser cuestionado a través de un amparo
contra leyes, lo cual excede la competencia de este órgano
jurisdiccional.
Lo ya expuesto, es lo que determina mi voto concurrente.
CONCLUYE VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL
MAGISTRADO ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ, CON
MOTIVO DEL FALLO APROBADO POR LA MAYORÍA DE
LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PLENO AL
RESOLVER EL JUICIO ELECTORAL IDENTIFICADO CON
LA CLAVE TEDF-JEL-026/2016.
MAGISTRADO PRESIDENTE
ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ
35 TEDF-JEL-026/2016
MAGISTRADO
GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ
MAGISTRADO
EDUARDO ARANA
MIRAVAL
MAGISTRADA
MARÍA DEL CARMEN CARREÓN CASTRO
MAGISTRADA
MARTHA ALEJANDRA
CHÁVEZ CAMARENA
SECRETARIO GENERAL
BERNARDO VALLE MONROY
