Jerarquia Constitucional de los Tratados Internacionales en Bolivia 2005

7/28/2019 Jerarquia Constitucional de los Tratados Internacionales en Bolivia 2005

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Jerarqua Constitucional de los Tratados Internacionales

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JERARQUA CONSTITUCIONAL DE LOSTRATADOS INTERNACIONALES

SUMARIO: 1. REPASO HISTRICO DEL DERECHOINTERNACIONAL. II. DERECHO INTERNACIONAL YDERECHO INTERNO. III. LA JERARQUA CONSTI-TUCIONAL DE LOS TRATADOS. IV. COMENTARIOSSOBRE ALGUNAS CONSTITUCIONES LATINOAMERI-CANAS. IV.1. Repblica Argentina. IV.2. Repblica del

Per. IV.3. Repblica de Chile. V. ORGANISMOS INTER-NACIONALES DE PROTECCION.

1. REPASO HISTRICO DEL DERECHOINTERNACIONAL

Las relaciones internacionales e intertribales de la

sociedad primitiva, unas veces paccas, otras blicas,

no estaban sujetas a control jurdico alguno. Surgieroncon el desenvolvimiento de contactos polticos y sociales

entre Estados, despus de la disolucin del sistema tri-

bal y el desenvolvimiento de diversas formas de relacin

entre ellos. A partir de entonces los Estados inician la

constante bsqueda de un ordenamiento legal en sus

incipientes relaciones internacionales que ir evolucio-

nando a travs del tiempo. Los orgenes del derechointernacional se encuentran en China, la India, Egipto

y otros antiguos Estados orientales. Las leyes de Man,

documento indio, y los poemas picos de Ramayan re-

producen el intenso trco jurdico internacional de la

India. Los reyes Asirios se denominaban guardianes y

responsables de los tratados. Las tablas del Tel-el Amar-

na que contienen la correspondencia diplomtica del


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Elizabeth Iiguez de Salinas

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Egipto en el siglo XIV y XV anteriores a nuestra Era, con

Babilonia y otros, encierran un amplio material sobre la

prctica jurdica internacional de Egipto antiguo. Uno delos tratados internacionales ms antiguo es el de Amis-

tad y Alianza, de 1278 entre el Faran Egipcio Ramss II

y el Rey Hihitas de Khaltushilish. El derecho internacional

alcanz un desarrollo ms amplio en las relaciones entre

Grecia y Roma.

El antiguo Estado Romano, titular de una de las ms

importantes aportaciones a la historia jurdica dej tam-

bin su presencia en el derecho internacional, junto al

crecimiento del poder esclavista romano y la cada vez

ms profunda crisis de la economa, fundada en la es-

clavitud; las relaciones de Roma con los otros pueblos

se tornaron progresivamente ms subordinantes y des-

iguales. La edicacin de una serie de Estados eslavos

y germnicos sobre las ruinas del Imperio Romano y ladesunin caracterstica del sistema feudal origin una

necesidad ms acentuada de relaciones interestatales

(feudo y feudo) o que condujo a un desarrollo del de-

recho referente a los tratados y a las representaciones

diplomticas y, a sus nales, se manifest una tendencia

al mejoramiento de reglas del derecho de guerra, trato

a los prisioneros y heridos pero no por ello se dej deproducir el saqueo y la violencia feudal del territorio ene-

migo sometido a ocupacin.

En el periodo absolutista surgieron muchos autores

que inuyeron en la evolucin del derecho internacional

como Nicols Maquiavelo, Hugo Grocio, considerado este

ltimo como el padre de la ciencia europea del derecho

de gentes, l era el representante tpico de la poca de


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transicin entre el Estado feudal absolutista y el Estado

burgus. Los pensadores del siglo XVII y el siglo XVIII

Hobbes, Leibnizt, Montesquieu y Rousseau ejercierontambin una notable inuencia en el desarrollo del pen-

samiento internacionalista jurdico en materias como la

evolucin ms humana de la guerra.

Los revolucionarios burgueses, particularmente de

Francia que condujeron al quebrantamiento del sis-

tema feudal-absolutista y la instauracin del Estado

burgus, inuyeron de sobremanera en el derecho

internacional. La voluntad real fue reemplazada por

asambleas representativas que expresaban la volun-

tad de la nueva clase dominante, tanto en el Estado

como en su trco jurdico internacional. Una serie de

postulados del derecho internacional pasaron a formar

parte integrante de las Constituciones burguesas, de

los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se cons-tituyeron en los derechos bsicos de los Estados. La

soberana de los pueblos fue proclamada en lugar de la

soberana de los monarcas feudales. Esta declaracin

de soberana de los pueblos proporcion la base para

el reconocimiento formal de la igualdad internacional

de los Estados.

Acontecimientos histricos posteriores llevaron a in-

numerables guerras a los diferentes pases, los que ante

la creciente amenaza de una guerra mundial impulsaron

el desarrollo de un sistema de medios paccos para

la resolucin de los conictos internacionales, como la

Convencin de la Haya de 1899- 1907 sobre los proce-

dimientos de conciliacin y arbitraje. En las conferencias

de paz de la Haya, de Ginebra 1906 y la de Londres de


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1909 se recopilaron las leyes y costumbres de la guerra

y las normas que regan la neutralidad.

Producida la Primera Guerra Mundial de 1914, se

temi que sus efectos sobre el derecho internacional

fueran negativos por la presin de los invocados dere-

chos de auto preservacin nacional, como que as fue;

se desconocieron tratados como los de neutralidad, se

pusieron en prctica nuevos instrumentos de destruccin

prohibidos, tales como gases venenosos; la guerra a-

rea termin con las reglamentaciones relacionadas con

el bombardeo de las ciudades no forticadas, se recurri

a la intimidacin como medio para abatir el espritu de

la poblacin civil. Esta cruenta guerra termin con los

tratados de paz de Paris en 1919, de Versalles, de Saint

German, Nevilly, Trianon y eures (1919 -1920).

El Tratado de Versalles rmado entre las potenciasaijadas y Alemania incluy numerosas modicaciones

al derecho internacional, se cre la Liga de las Na-

ciones para promover la cooperacin internacional y

conquistar la paz y la seguridad nacionales. Los miem-

bros de la Liga renunciaron a parte de sus antiguos

derechos de soberana. Con ello, se produjeron impor-

tantes cambios en la organizacin de la comunidad de

naciones y se efectuaron enmiendas al procedimiento

y a la parte sustantiva del derecho internacional. Se

tomaron medidas para establecer arbitraje y en cierto

grado impulsarlo, para la solucin de las disputas; se

adoptaron previsiones de una Corte Permanente de

Justicia Internacional; y se cre la Organizacin In-

ternacional del Trabajo. No obstante que Estados Uni-

dos no rm el pacto y Alemania y Rusia tuviern sus


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reservas, se produjo una gran expansin del derecho

internacional.

El derrumbe de la nueva estructura jurdica comenz

con la invasin japonesa a Manchurria en 1931, China

era miembro de la Liga, pero no recibi el apoyo decidido

de los otros miembros y la Liga adopt sanciones dbiles

que no pudieron frenar al Japn. Lo mismo ocurri cuan-

do en 1933, Bolivia y Paraguay se precipitaron en una

Guerra, la Liga subordin su procedimiento al sistema

regional interamericano, pero ste no estaba bien orga-

nizado como para controlar la situacin y permiti que

continuara esta guerra hasta que las partes agotaron

sus fuerzas. Posteriormente se sucedieron una serie de

invasiones en Europa de unos Estados a otros hasta que

el 1 de septiembre de 1939 estall la Segunda Guerra

Mundial, la ms cruenta del siglo XX.

En octubre de 1943 se reunieron en Mosc los re-

presentantes de Estados Unidos, Gran Bretaa y Rusia

e hicieron una declaracin en la que se reconoca la

necesidad de establecer una organizacin internacional

basada en el principio de la igualdad soberana de todos

los pases amantes de la paz.

En la Conferencia de San Francisco de abril de 1945se elabor denitivamente, despus de un arduo trabajo

de preparacin, la Carta de la Organizacin de Nacio-

nes Unidas a la que se le anex el Estatuto de la Corte

Internacional de Justicia la que comenz con la primera

Asamblea General en Londres el 10 de enero de 1946,

siendo sus nes el mantenimiento de la paz internacional

y de la seguridad colectiva.


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A la nalizacin de la Segunda Guerra Mundial, todava

presente la terrible experiencia sufrida por la humanidad,

se tom conciencia de que la proteccin domstica de losderechos humanos no era suciente, pues es una temtica

que compromete e interesa al bien comn internacional.

Con la Declaracin Universal de los Derechos Humanos

de 1948 comienza la expansiva internacionalizacin de

los derechos humanos y aunque no fue suscrita con las

formalidades de los tratados internacionales, todos los

Estados se comprometieron respetarla, siendo a partir

de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos

de Tehern de 1968, un instrumento obligatorio para los

integrantes de la comunidad mundial, a la que siguieron

el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales

y Culturales y el Pacto Internacional sobre Derechos Ci-

viles y Polticos, ambos de 1966.

Como vemos, el derecho internacional a travs deltiempo gobierna las relaciones entre los Estados en sus

conictos y en SLI cooperacin. Tiene como meta pre-

servar y favorecer la coexistencia pacca, sus reglas

reejan la voluntad de los Estados que conguran la co

munidad internacional y busca el perfeccionamiento de

los sistemas jurdicos externos.

La proteccin internacional de los Derechos Humanos

ha sido el resultado de una dura lucha entre los deten-

tadores de la soberana del Estado por un lado y los que

pretendan ampliar las prerrogativas de la persona por el

otro.

La soberana es hoy sinnima, en trminos jurdicos,

del carcter del poder estatal sometido y limitado en


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el marco de la subordinacin al derecho internacional,

especialmente del derecho internacional convencional

nacido de la libre manifestacin del poder soberano delEstado como bien lo arma el jurista uruguayo Hctor

Gross Espiell en su libro La Convencin Americana y la

Convencin Europea de Derechos Humanos.

II. DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHOINTERNO

Establecida como est la importancia del DerechoInternacional para la convivencia y relacionamiento

cada vez ms estrecho de los diferentes Estados de la

comunidad internacional, veremos cul es la conexitud

entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno,

tema por mucho tiempo debatido y que se sigue deba-

tiendo. Cul est por encima del otro, o es prioritario?.

Para resolver los conictos que presentan las relacionesentre el derecho internacional y el derecho interno sur-

gen las doctrinas dualista y monista. El sistema dualis-

ta sostenido por Anzillotti no permite la aplicacin de

las normas internacionales por los rganos del Estado

mientras no hayan sido mutadas o transformadas en

normatividad interna. Se requiere la reproduccin del

texto del tratado o bien, la expedicin de una norma

interna que ordene la aplicacin del tratado en el orden

interno. La tesis monista sostenida por Kelsen, parte

de la unidad de conjunto de normas jurdicas, acepta el

principio de la subordinacin de las unas a las otras en

un orden rigurosamente jerrquico, siendo el derecho

interno delegado del derecho internacional, sostiene la

primaca del derecho internacional. La posicin monista

consecuentemente arma que el derecho internacional


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no requiere transformacin o recepcin para darle fuerza

obligatoria y deroga de pleno derecho las normas inter-

nas que sean incompatibles con un tratado, esto es, queuna vez raticados los tratados por los Estados, pasan a

formar parte del derecho propio y no requieren de otro

procedimiento.

Fue la Convencin de Viena sobre el Derecho de

los Tratados de 1969 la que dispuso que: Un Estado

parte no podr invocar las disposiciones de su derecho

interno como justicacin del incumplimiento de un tra-

tado. Esta norma contenida en el art. 27 se integra con

la del art. 46 que elimina la posibilidad de que el Estado

alegue la nulidad por esa causa, salvo que la violacin

de derecho interno sea maniesta y afecte una norma

de importancia fundamental de su derecho interno.

No olvidemos que la recepcin del Derecho Interna-cional por los ordenamientos internos parte de reconocer

que el Estado no puede desconocer internamente las

normas que ha generado exteriormente.

Las discusiones doctrinales respecto a si existe o

no una jerarqua determinada entre Derecho interno

y Derecho internacional, lejos de disminuir, se han

acrecentado, y han pasado, como consecuencia de losgrandes cambios en las relaciones internacionales,

del campo meramente terico al campo de los hechos

cotidianos.

En el ordenamiento jurdico nacional, es la Consti-

tucin la que establece las normas de derecho interna-

cional que tienen validez y podrn ser aplicables en la


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jurisdiccin interna, previos los procedimientos que ella

determina. Consecuentemente, son las Constituciones

de los diferentes pases las que establecen el rango delos tratados internacionales en ella, por lo tanto estos, al

suscribir o al adherirse a un tratado han autolimitado

su soberana voluntariamente.

En el derecho Internacional no existe un rgano le-

gislativo sino que las normas son creadas por medio de

acuerdos de los propios sujetos de derecho en el proceso

de relaciones mutuas que surgen de hechos que se pro-

ducen en el desarrollo histrico de una comunidad de las

que nacen reglas de comportamiento con fuerza legal.

La voluntad de los Estados es la que crea las normas

de derecho internacional, a travs de los tratados, expre-

sin genrica que engloba a todo acuerdo internacional

como convenios, convenciones, protocolos, concordatos,estatuto, etc., y las Constituciones son las que denen

su posicin y jerarqua en su derecho interno.

Se pueden dar cuatro formas en cuanto a la relacin

del derecho internacional con el derecho interno en el

marco de la supremaca constitucional.

Tratados con el mismo rango que la ley interna.

Tratados con jerarqua superior a la ley, pero no con

jerarqua constitucional. (supralegales)

Tratados con jerarqua constitucional.

Ciertos tratados con jerarqua constitucional (algunas

de derechos humanos) y los otros con rango de ley.


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Sin embargo, de estas situaciones parcialmente

diferentes, la doctrina de la supremaca constitucional

subsiste, pues la Constitucin sigue siendo suprema encuanto es fuente primaria y fundamento del orden jur-

dico estatal y decide su prelacin aunque ella misma, al

establecer la gradacin jerrquica, pueda ceder el primer

nivel al derecho internacional.

La aplicacin directa de un tratado en el derecho

interno est ligada, necesariamente al tema de la in-

corporacin de ste en el mbito jurdico de un Estado.

En los pases en que dicha incorporacin es automtica

como consecuencia de la raticacin o adhesin y su

entrada en vigor, se admite que el tratado se aplica

directamente y puede ser invocado como derecho

positivo ante el juez nacional. En cambio en los sis-

temas jurdicos nacionales en que se requiere una ley

posterior a la entrada en vigencia del tratado comocondicin para su aplicacin interna, la misma no es

directa. Esto de un modo general, pero en lo que toca

a los tratados de derechos humanos existe la teora de

la presuncin de operatividad, pues a diferencia de

otros tratados, stos, no son un medio de equilibrar

intereses recprocos entre los Estados sino que buscan

establecer un orden pblico comn cuyos destinatariosson los seres humanos, independientemente de su na-

cionalidad.

III. LA JERARQUA CONSTITUCIONAL DE LOSTRATADOS

Varios pases europeos y Estados Unidos ya tenan

resuelto el problema en sus viejas Constituciones, como


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lo veremos en los cuadros siguientes. Nos detendremos

ms en lo que ocurri en Latinoamrica por ser de nues-

tro mayor inters.

Amrica Latina, despus de casi dos dcadas de

dictaduras militares, retorn a las democracias repre-

sentativas, lo que supuso el restablecimiento del cons-

titucionalismo. Este proceso se llev a cabo mediante

reformas de las Constituciones parciales o totales,

caracterizndose bsicamente por la proteccin de los

derechos humanos y la incorporacin de otra jurisdic-

cin supranacional mediante la creacin del Sistema

Interamericano de Derechos Humanos (La Comisin

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en

base a cuyas instituciones se ha dado inicio a una eta-

pa de control constitucional del poder y de proteccin

jurisdiccional nacional e internacional a los derechos

fundamentales.

En la mayora de los pases el tratado ratifcado y en

vigencia tiene jerarqua de ley, deroga, en consecuencia

las normas legales incompatibles con l. Sin embargo,

una ley posterior no puede dejar sin validez internacional

el tratado anterior incompatible con ella, porque slo es

posible poner fn a la vigencia de un tratado mediante la

denuncia, procesada de acuerdo con lo previsto por el

derecho internacional, de otra manera podra generarse

una responsabilidad internacional.

Veamos como establecieron algunos pases la je-

rarqua de los tratados internacionales en sus Consti-

tuciones:


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CONSTITUCIONES QUE OTORGAN JERARQUACONSTITUCIONAL A LOS TRATADOS INTERNACIO-

NALES SOBRE DERECHOS HUMANOSVenezuela

constitucin Poltica de17 de noviembre de

1999

ArgentinaConstitucin Poltica de22 de agosto de 1994

ColombiaConstitucin Poltica de1991 con la reforma de

1997

Estados Unidos deNorteamrica

Constitucin de 17 deseptiembre de 1787

Art. 23.- Los tratados, pactos y convenciones rela-tivos a derechos humanos, suscritos y ratifcadospor Venezuela, tienen jerarqua constitucional yprevalecen en el orden interno ()

Art. 31.-Esta Constitucin, las leyes de la Nacinque en su consecuencia se dicten por el congreso ylos tratados con las potencias extranjeras son laLey Suprema de la Nacin.

Art. 75 punto 22 inc. 2. ciertas Declaraciones, con-venciones y Pactos Internacionales ya consagradossobre derechos humanos vigentes, que se enumeranespecfcamentetienen jerarqua constitucionalLos dems tratados y convenciones sobre dere-chos humanos, luego de ser aprobados por el con-greso, requerirn del voto de las dos terceras partesde la totalidad de los miembros de cada Cmara paragozar de la jerarqua constitucional.

Art. 93.- Los tratados y convenios internaciona-les ratifcados por el Congreso, que reconocen losderechos humanos y que prohben su limitacinen los estados de excepcin, prevalecen en elorden interno(...). La Constitucin no determinaclaramente s esa prevalencia alcanza a ella. En la(Sentencia C-400/98) el Tribunal Constitu-cional se pronunci en sentido, de que existeprevalencia de la Constitucin sobre los trata-dos, con dos excepciones: de un lado, aquellosque reconocen derechos humanos y prohbensu limitacin en los estados de excepcin, loscuales se integran al bloque de constituciona-

lidad; y de otro lado, igualmente gozan de unstatus panicular los tratados de lmites(...).

Art. 6, punto 2.-Esta Constitucin, y las leyes delos Estados unidos que se expidan con arreglo a ella,y todos los tratados celebrados o que se cele-bren bajo la autoridad de los Estados unidos, sernla suprema ley del pas y los jueces de cada Estadoestarn obligados a observarlos, a pesar de cualquiercosa en contrario que se encuentre en la Constitucino las leyes de cualquier Estado.


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CONSTITUCIONES QUE OTORGAN A LOS TRATADOSINTERNACIONALES JERARQUA SUPERIOR A LAS LEYES

(SUPRALEGALES) PERO POR DEBAJO DE LA CONSTITUCINEcuador

Constitucin Poltica de29 de mayo de 1996

ParaguayConstitucin Poltica de

20 de junio de 1992

El SalvadorConstitucin Poltica de

20 de diciembre de 1983

Costa RicaConstitucin Poltica de 7de noviembre de 1949

Reforma Ley 4123 de 31de mayo de 1968

FranciaConstitucin de la

Repblica Francesa de 28de septiembre de 1958

AlemaniaLey Fundamental paraRepblica Federal de

Alemania de 7 deoctubre de 1949

GreciaConstitucin de 9 de

junio de 1975

Art.163.- Las normas contenidas en los tratados yconvenios internacionales una vez promulgadas enel Registro Ofcial, formarn parte del ordenamien-to jurdico de a Repblica y prevalecern sobreleyes y otras normas de menor jerarqua.

Art.141-Los tratados internacionales formanparte del ordenamiento legal interno con la je-rarqua que determina el artculo 137.Art. 137.-La ley suprema de la Repblica es la Cons-titucin. Esta, los tratados, convenios y acuerdosinternacionales aprobados y raticados, lasleyes dictadas por el Congreso y otras disposicionesjurdicas de inferior jerarqua, sancionadas en conse-cuencia, integran el derecho positivo nacional en elorden de prelacin enunciado.

Art. 144. Los tratados internacionales constituyenleyes de la Repblica. En caso de conicto entreel tratado y la ley, prevalecer el tratado

Art. 7.-Los tratados pblicos, los conveniosinternacionales y los concordatos, tendrn auto-ridad superior a las leyes ()

Art. 55. Los tratados o acuerdos debidamente rati-fcados o aprobados tendrn, desde el momento desu publicacin, rango superior al de las leyes, sibien a reserva, para cada acuerdo o tratado, de suaplicacin por la otra parte.

Art. 25.- Las reglas generales del derecho interna-cional constituyen parte integrante del ordenamientojurdico federal, tendrn prioridad sobre las leyesy crearn derechos y deberes directos para los habi-tantes del territorio federal.

Art. 28.1. Forman parte integrante del derecho he-lnico interno y tendrn un valor superior a todadisposicin en contrario de la ley las reglas delderecho internacional generalmente aceptadas,as como los tratados internacionales


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CONSTITUCIONES QUE SUJETAN LA INTERPRETACINDE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES A LAS PAUTAS

DE LOS TRATADOS O DECLARACIONES INTERNACIO-NALES DE DERECHOS HUMANOS

PerConstitucin Poltica

de 20 de diciembre de1993

ChileConstitucin Poltica deagosto de 1980 con la

Reforma introducida porLey 18.825 de 1989

ColombiaConstitucin Poltica de1991 con la reforma de

1997

EspaaConstitucin Espaola de

31 de Octubre de 1978

PortugalConstitucin de la

Repblica Portuguesa de2 de abril de 1976

Art. 55 Los tratados celebrados por el Estado yen vigor forman parte del derecho nacional.Disposiciones Finales y TransitoriasCuarta. Las normas relativas a los derechos ya las libertades que la Constitucin reconoce seinterpretan de conformidad con la, DeclaracinUniversal de Derechos Humanos y con los trata-dos, y acuerdos internacionales sobre las mismas

materias ratifcados por el Per.

Art. 5 inc. 2) El ejercicio de la soberana re-conoce como limitacin el respeto a los dere-chos esenciales que emanan de la naturalezahumana. Es deber de los rganos del Estadorespetar y promover tales derechos, ga-rantizados por esta Constitucin, as comopor los tratados internacionales raticadospor Chile y que se encuentren vigentes.

Art. 93.- (2 parte). (...)Los derechos y de-beres consagrados en esta Carta, se inter-pretarn de conformidad con los tratadosinternacionales sobre derechos humanosraticados por Colombia

Articulo 10.2. Las normas relativas a los derechosfundamentales y a las libertades de la Constitucin

reconoce se interpretarn de conformidadcon la Declaracin Universal de DerechosHumanos y los tratados y acuerdos interna-cionales sobre las materias raticados porEspaa.

Artculo 16. 2. Los preceptos constitucionalesy legales relativos a los derechos fundamen-tales debern ser interpretados e integradosen armona con la Declaracin Universal delos Derechos del Hombre.


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CONSTITUCIONES QUE OTORGANJERARQUA DE LEY A LOS TRATADOS

INTERNACIONALES

CONSTITUCIN QUE OTORGAJERARQUIA SUPRACONSTITUCIONAL A

LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Perconstitucin Poltica

de 20 de diciembre de1993

Pases BajosLey Fundamental

GRONDWET del Reinode los Pases Bajos,

Texto revisado del9 deenero de 1983

Boliviaconstitucin Poltica

reformada por Ley N1585 de 12 de agosto

de 1994

Art. 55.- tos tratados celebrados por el Estado yen vigor forman parte del derecho nacional

Art. 94.- No sern aplicables las normas legalesvigentes dentro del Reino cuando la aplicacin delas mismas no sea compatible con estipulacionesde tratados y decisiones de organizaciones dederecho internacional que obliguen directamentea todos,

No existe una disposicin sobre la jerarqua delos tratados en general, ni sobre tratados de de-

rechos humanos, Se los aplica con la jerarquade una ley.


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IV. COMENTARIOS SOBRE ALGUNAS CONSTI-

TUCIONES LATINOAMERICANAS

IV.1. Repblica Argentina

La Argentina incorpora en su Constitucin de 1994

la jerarqua normativa de los tratados y concordatos en

general, otorgndoles a ambos, jerarqua supralegal,

esto es, en un rango superior a las leyes, pero inferior a

la Constitucin.

Pero, adems y tal vez por el camino difcil que

recorri ste pas y muchos otros en el tema de dere-

chos humanos en el perodo de las dictaduras, 0pta por

darle jerarqua constitucional a determinados tratados

de derechos humanos que los enumera especcamen-te, en el inc. 22 del art. 75 que dice: La Declaracin

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; laDeclaracin Universal de Derechos Humanos; la Con-

vencin Americana sobre Derechos Humanos; el Pac-

to Internacional de Derechos Econmicos, Sociales yCulturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Polticos y su Protocolo Facultativo; la Convencin

sobre la Prevencin y la Sancin del Delito de Genoci-dio; la Convencin Internacional sobre la Eliminacin

de todas las Formas de Discriminacin Racial; la Con-

vencin sobre la Eliminacin de todas las Formas de

Discriminacin contra la Mujer; la Convencin contra

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos

o Degradantes; la Convencin sobre los Derechos del

Nio; en las condiciones de su vigencia, tienen

jerarqua constitucional, no derogan artculo alguno

de la primera parte de la Constitucin y deben en-


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tenderse complementarios de los derechos y garantas

por ella reconocidos. Slo podrn ser denunciados, en

su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa apro-bacin de las dos terceras partes de la totalidad de los

miembros de cada Cmara. Con referencia a tratados

de Derechos Humanos ya raticados y no incorporadosa la Constitucin, o que se ratiquen a futuro, el textoconstitucional dice: Los dems tratados y conven-

ciones sobre derechos humanos, luego de ser

aprobados por el Congreso, requerirn del voto

de las dos terceras partes de la totalidad de los

miembros de cada Cmara para gozar de la jerar-

qua constitucional.

Consecuentemente, los tratados internacionales de

derechos humanos explcitamente enumerados tienen

jerarqua constitucional y los dems tratados y con-

venciones sobre derechos humanos, pueden quedar enuna de estas dos situaciones: a) si son aprobados por

el Congreso y, adems, por las dos terceras partes de la

totalidad de los miembros de cada Cmara, adquieren

jerarqua constitucional; b) si no alcanzan este qurum

de dos terceras partes de la totalidad de los miembros

de cada cmara, slo adquieren jerarqua superior a

la ley estableciendo as, un doble mecanismo de apro-bacin.

Como vemos, la Constitucin y los tratados enume-

rados tienen la misma jerarqua, por tanto deber apli-

carse el principio por el cual las normas con jerarqua

constitucional no se contradicen ni neutralizan entre s,

sino que se retroalimentan en un pie de igualdad, for-

mando parte de un sistema jurdico, de proteccin a los


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derechos humanos, y que se alimenta de dos fuentes: la

nacional y la internacional.

La incorporacin analizada se enmarca en la tenden-

cia mayoritaria del Constitucionalismo moderno.

El fundamento para el otorgamiento de rango cons-

titucional a estos tratados fue expresado por el miembro

informante de la Comisin de Integracin y Tratados

Internacionales de la Convencin Nacional Constituyente

del ao 1994 Juan P. Caero que arma que otorgarjerarqua constitucional a estos instrumentos es situar al

ser humano por su sola condicin de tal en el centro de

la tutela del orden jurdico: Los derechos humanos son la

expresin directa de la dignidad de la persona humana,

conforman una obligacin para todos, erga omnes y todo

Estado debe estar jurdicamente interesado en la protec-

cin del derecho del hombre.

En cuanto al alcance de la expresin jerarqua constitu-

cional, de que gozan los tratados sobre derechos humanos,

el convencional BARRA deni este concepto, armando queesto signifca que se encuentran en pie de igualdad con la

Constitucin nacional; no es que la integren estrictamente,

sino que la complementan en igualdad de rango1..

Esta denicin plantea la interrogante de que si lostratados internacionales sobre derechos humanos estn

incorporados a la Carta Magna o no lo estn, el prestigioso

constitucionalista Bidart Campos, al respecto dice: las

1 VEGA, Juan Carlos y GRAHAM, Marisa Adriana. (Discurso de Juan P. Caero, publi-

cado como Anexo). JERAQU1A CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS INTERNACIO-NALES, p. 159.


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declaraciones y los tratados sobre derechos humanos a

los que el inc. 22 del art. 75 de la Constitucin reconoce

jerarqua constitucional, gozan de ella sin estar incorpo-rados a la Constitucin y, fuera de su texto, integran el

llamado bloque de constitucionalidad federal

De manera sinttica, ste fue el enfoque constitucional

de la categora jurdica de los tratados internacionales so-

bre los derechos humanos en la Constitucin Argentina.

IV.2. Repblica del Per

La Constitucin peruana de 1979 adopt una posi-

cin clara frente a la jerarqua que corresponda a los

tratados sobre derechos humanos dentro del derecho

interno, tenan rango constitucional.

El art. 101 deca: los tratados internacionales cele-

brados por el Per con otros Estados, forman parte del

derecho nacional. En caso de conicto entre el tratado yla ley, prevalece el primero. Esto cambi en la Consti-

tucin de 1993, que en el art. 55 dispone: los tratados

celebrados por el Estado y en vigor forman parte

del derecho nacional.

El tratadista Csar Landa2.

arma que, la jurispruden-cia y la doctrina constitucional peruana no han asumido

claramente una tesis de la supremaca de los tratados

internacionales sobre la ley, y menos an sobre la Cons-

titucin, en la medida de que la Constitucin de 1993 no

2. LANDA, CSAR. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ESTADO DEMOCRTICO. Ponticia

Universidad Catlica del Per. Maestra de Derecho con mencin en Derecho Consti-tucional. Fondo Editorial 1999. Primera edicin, octubre de 1999, pp.555 y SS.


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ha resuelto la posicin jurdica de los tratados interna-

cionales en el sistema de fuentes del derecho peruano,

como s lo hizo la Constitucin de 1979.

Para unos prevalece la ley sobre el tratado, para otros

los tratados sobre la ley y para terceros en cada caso de

conicto se resolver especcamente.

La Constitucin de 1993, en el tema de nuestro

inters estableci la pena de muerte para el delito de

terrorismo a raz del grave fenmeno subversivo y deviolencia que sufri el pas en los aos 1980 al 93, lide-

rizado por Sendero Luminoso, incorporando el art. 140con el siguiente contenido La pena de muerte slo

puede aplicarse por el delito de traicin a la patria

en caso de guerra y el de terrorismo conforme a

las leyes y a los tratados de los que Per es parte

obligada.

La Constitucin del Per de 1979, en su art. 235,

dispona que no hay pena de muerte sino por traicin a

la patria en caso de guerra exterior.

El Gobierno de Emergencia y Reconstruccin Nacio-

nal ampli la pena de muerte a los actos de terrorismo,

invocando la grave situacin social producida por estasacciones. El D.L. 25659 en su art. 10 seala que cons-

tituye delito de traicin a la patria, la utilizacin

de coches bombas y otros similares que causen

muerte o lesiones a la integridad fsica de las per-

sonas, a la propiedad pblica y privada as como

el almacenamiento o posesin ilegal de materiales

explosivos para su empleo en los actos descritos


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27

anteriormente, incurriendo en tal delito los que li-

derizan organismos terroristas y el que ayuda con

informacin para favorecer el resultado daoso deactos terroristas.

Este precepto contraviene claramente la Convencin

Americana sobre Derechos Humanos que postula la tesis

del abolicionismo de la pena de muerte en su art. 4.2.

que determina que en los pases que han abolido la

pena de muerte, sta solo podr imponerse por los

delitos ms graves, en cumplimiento de sentencia

ejecutoriada del Tribunal competente y de confor-

midad con una ley que establezca la pena, dictada

con anterioridad a la comisin del delito. Tampoco

se extender su aplicacin a delitos a los cuales no

se le aplique actualmente( 1969).

Varios analistas armaron que la tendencia predomi-nante de los constituyentes de 1993 fue la de rebajar lajerarqua de las normas internacionales sobre derechos

humanos desde rango constitucional al de la ley, pues la

no-inclusin de una disposicin que expresamente esta-

bleciera el rango constitucional de stas en ella y el no

haber incorporado el texto de la Constitucin de 1979,

exclua la posibilidad de asignar el rango supremo a los

tratados sobre Derechos Humanos, pero no lo consigui

con respecto al rango de la Convencin Americana de

Derechos Humanos porque sta, en el derecho peruano,

tiene rango constitucional porque fue incorporada a la

Constitucin de 1979 y debe mantenerlo a no ser que

el Per procediera a denunciar dicha Convencin. De lo

expresado se colige que no ha variado su jerarqua en el

Derecho Interno porque el Per reconoci constitucional-


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28

mente la Convencin Americana ante la sociedad inter-

nacional con el rango constitucional, compromiso que no

puede ser incumplido unilateralmente. En la prctica nose aplic la pena de muerte por terrorismo hasta donde

llega nuestra informacin.

IV.3. Repblica de Chile

Durante el gobierno del general Augusto Pinochet se

dicta la Constitucin de 1980, y como lo armaron los

proyectistas fue con el objetivo fundamental de cons-truir una democracia dotada de mecanismos jurdicos

que la preserven de sus principales adversarios, el to-

talitarismo y la demagogia por lo que se incorpor el

art. 80 que por su importancia para nuestro anlisis lo

transcribimos: todo acto de persona o grupo des-

tinado a propagar doctrinas que atenten contra

la familia, propugnen la violencia o una concep-cin de la sociedad, del Estado o del orden jur-

dico, de carcter totalitario o fundada en la lucha

de clases, es ilcito y contrario al ordenamiento

institucional de la Repblica. Las organizaciones

y los movimientos o partidos polticos que por

sus nes o por la actividad de sus adherentes

tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales.

Corresponder al Tribunal Constitucional conocer

de las infracciones a lo dispuesto en los incisos

anteriores. Sin perjuicio de las dems sanciones

establecidas en la Constitucin o en la ley, las

personas que incurran o hayan incurrido en las

contravenciones sealadas precedentemente no

podrn optar a funciones o cargos pblicos, sean

o no de eleccin popular, por el trmino de diez


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29

aos contado desde la fecha de la resolucin del

Tribunal. Tampoco podrn ser rectores o directo-

res de establecimientos de educacin ni ejerceren ellos funciones de enseanza, ni explotar un

medio de comunicacin social o ser directores o

administradores del mismo, ni desempear en l

funciones relacionadas con la emisin o difusin

de opiniones o informaciones; ni podrn ser diri-

gentes de organizaciones polticas o relacionadas

con la educacin o de carcter vecinal, profesio-

nal, empresarial, sindical, estudiantil o gremial

en general, durante dicho plazo. Si las personas

referidas anteriormente estuvieran a la fecha

de la declaracin del Tribunal en posesin de un

empleo o cargo pblico, sea o no de eleccin po-

pular, lo perdern adems de pleno derecho. Las

personas sancionadas en virtud de este precepto

no podrn ser objeto de rehabilitacin durante elplazo sealado en el inciso cuarto. La duracin de

las inhabilidades contempladas en este artculo se

elevar al doble en caso de reincidencia

El comisionado Guzmn para justificar la incorpo-

racin de este artculo manifiesta que se juzga nece-

sario condenar al marxismo en la nueva Constitucin,como a todas aquellas manifestaciones que en la rea-

lidad contempornea mundial y ms especficamente

en la Chilena, constituyen la preparacin ms ntida

para su infiltracin, las cuales a su juicio, no son otras

que las doctrinas que atentan contra la familia y las

que tienden a propagar el violentsimo antijurdico o

terrorista.


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Como era de esperar este artculo de la Constitu-

cin dio lugar a la interposicin de muchos recursos

ante el Tribunal Constitucional por ser atentatoriosa los derechos humanos, a la libre expresin y con-

trario a los tratados internacionales vigentes sobre

la materia, los que fueron declarados improcedentes,

con el argumentando de que el mencionado artculo

fue incorporado a la Constitucin de Chile con la fi-

nalidad, de preservar la democracia, sealar el marco

del pluralismo ideolgico permisible y proteger los

principios y valores bsicos en que se fundamenta

la institucionalidad, teniendo desde su gestacin el

propsito esencial de preservar la estabilidad de la

democracia, la libertad, los derechos fundamentales

de las personas e inclusive la soberana de Chile de

actos destinados a propagar doctrinas totalitarias que

pretenden aniquilar estos valores e instaurar el Esta-

do absoluto.

Entre los muchos fallos dictados por el Tribunal

Constitucional sobre este tema, con algunas disiden-

cias, encontramos la Sentencia de 21.12.87 en la queel Magistrado Clodomiro Almeida arma, al referirse ala invocada ilegitimidad del art. 8 de la Constitucin y

la supuesta contradiccin con las normas del DerechoInternacional (Pacto de Derechos Civiles y Polticos) que,

resulta improcedente, el recurso, habida consideracin

de que de existir tal conicto l debera ser resueltocomo bien lo arma Kelsen, sobre la base del derechonacional correspondiente, es decir en el caso que nos

ocupa, de acuerdo con la Constitucin Poltica de Chile.

De conformidad a ella, segn se inere de su contexto,


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las normas constitucionales en el orden interno preva-

lecen sobre las disposiciones contenidas en los tratados

internacionales y una interpretacin contraria signicarapermitir la reforma de la Carta Fundamental por un me-

dio distinto al establecido en la Constitucin, lo que no

es admisible.

Con este precepto constitucional y los fallos del

Tribunal Constitucional que no brindaban a protec-

cin de los derechos humanos y garantas constitu-

cionales, se vivi en Chile desde 1980 hasta 1989 ao

en que fue derogado el referido artculo por la Ley de

Reforma Constitucional N 18.825 de 17 de agosto de

1989.

La Constitucin vigente con relacin a la jerarqua de

los tratados dispone en su art. 5 inc. 2) que el ejer-

cicio de la soberana reside esencialmente comolimitacin al respeto a los derechos esenciales que

emanan de la naturaleza humana. Es deber de los

rganos del Estado respetar y promover tales dere-

chos garantizados por la Constitucin as como por

los tratados internacionales raticados por Chile y

que se encuentren vigentes.

V. ORGANISMOS INTERNACIONALES DE PRO-TECCIN

Frente al limitado rol racionalizador del poder que

lleva a cabo la justicia nacional, las vctimas en general

encuentran o procuran encontrar en el sistema latino-

americano de derechos humanos un mbito de protec-

cin, tanto nacional como internacional.


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La existencia de un sistema de proteccin interna-

cional de los Derechos Humanos con la obligacin de

los Estados de respetar los derechos y libertades reco-nocidos internacionalmente y con rganos de control a

los que pueden acudir los Estados que demandan el in-

cumplimiento de sus obligaciones al respecto por otros

Estados partes, as como individuos o grupos de ellos,

es trascendental para el derecho internacional. Los de-

rechos humanos han dejado de ser una materia reser-

vada a la jurisdiccin interna de los Estados, jurdica y

polticamente es una cuestin internacionalizada en la

que las competencias de control internacional, aunque

subsidiarias de las existentes en el derecho interno,

juegan hoy a nivel universal y regional un papel esen-

cial. De tal modo la nocin misma de soberana estatal

se ha visto especializada y la idea de poder absoluto,

ltimo e ilimitado ha quedado obsoleta y sepultada.

En el mbito americano la Convencin Americana

sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos de 22

de noviembre de 1969 reafrma el propsito de con-

solidar en el continente un rgimen de proteccin a

los derechos esenciales del hombre, los que no nacen

del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino

que tiene como fundamento los atributos de la personahumana, razn por la cual justifcan una proteccin

internacional de naturaleza convencional coadyuvante

o complementaria de la que ofrece el derecho interno

de los Estados americanos. Incorpora esta Convencin

como medios de proteccin de los derechos enunciados

a la Comisin y la Corte Interamericana de Derechos

Humanos.


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La persona que no encuentra tutela judicial a sus

derechos humanos violados, con la sentencia de ltima

instancia por un Tribunal de su pas, goza del derecho deacudir ante el sistema americano para obtener justicia.

Primero deber ir ante la Comisin para examinar la de-

manda y medie en el caso; pero, si encuentra responsa-

bilidad en el Estado infractor y ste se negase a asumirla

conocer el caso la Corte Interamericana.

El sistema de proteccin internacional tiene que con-

frontar frecuentes problemas porque algunos Estados

no acatan sus decisiones. Como es de vuestro conoci-

miento el art. 62 de la Convencin establece que todo

Estado parte puede, en el momento del depsito de su

instrumento de ratifcacin o adhesin, o en cualquier

otro posterior, declarar que reconoce como obligatoria de

pleno derecho y sin convencin especial, la competencia

de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpre-tacin o aplicacin de la Convencin. Esto generalmente

lo hacen los Estados partes.

Traemos a comentario el caso polmico que sucedi

con el Per en 1997. A pesar de haber manifestado su

sometimiento a las decisiones de la Corte Interamerica-

na de Derechos Humanos a tiempo de ratifcar la Con-

vencin, a raz de que la Comisin Interamericana reci-

biera diversas demandas durante el gobierno de Alberto

Fugimori, su Ministro de Justicia Alfredo Quispe declar

que creo que la Comisin Interamericana no tiene com-

petencia para juzgar a un rgimen poltico y un Estado

soberano como el Per y que el gobierno peruano estu-

dia la posibilidad para evitar que sta juzgue al Per.

Esta declaracin se concret cuando a propsito de la


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Sentencia que esta instancia emiti sobre el caso Castillo

Petruzzi, Per retir su declaracin de reconocimiento a

la clusula facultativa de sometimiento a la competen-cia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos. Posteriormente ocurri otro caso ms grave

todava que impact a la democracia peruana. El 2 de ju-

nio de 1997, 27 diputados del Congreso presentaron una

demanda a la Comisin Interamericana a consecuencia

de que el Presidente del Per, Alberto Fujimori, destituy

a 3 Magistrados del Tribunal de Garantas Constitucio-

nales por el fallo dictado declarando la inaplicabilidad al

caso concreto de la Ley 26675 o Ley de Interpretacin

Autntica del art. 112 de la Constitucin.

Dicha ley de interpretacin autntica del art. 112 de

la Constitucin deca que la reeleccin presidencial est

referida y condicionada a los mandatos presidenciales

iniciados con posterioridad a la fecha de la promulgacindel referido texto constitucional y que en el cmputo no

se tienen en cuenta retroactivamente los perodos pre-

sidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitu-

cin. El art. 112 de la Constitucin interpretado dice; el

mando presidencial es de cinco aos. El presidente

puede ser reelegido de inmediato para un periodo

adicional. Transcurrido otro periodo constitucio-

nal, como mnimo el ex presidente puede volver a

postular sujeto a las mismas condiciones.

La Comisin Interamericana al no haber logrado una

solucin amistosa al conicto, acord enviar el caso a la

Corte Interamericana solicitando que sta ordene al Per

reparar integral y ordenadamente a los Magistrados del

Tribunal Constitucional Manuel Aguirre Roca, Guillermo


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Rey Terry y Delia Revolio Marzano de Mier y reintegrarles

en el ejercicio de sus funciones con la correspondiente

indemnizacin de los benefcios salariales y el pago dedaos y perjuicios morales causados y costas.

La Corte tom conocimiento del caso el 2 de julio de

1999 y notifc al Estado del Per con copia de la deman-

da, informndole que dispona de un mes para nombrar

agente titular y alterno, dos para someter excepciones

preliminares y cuatro para responder la demanda. El 16

de julio de 1999 el embajador del Per en Costa Rica

compareci en la Corte para devolver la demanda y en-

tregar una nota a la Secretara suscrita por el Ministro

de Relaciones Exteriores del Per, acompaada de la

Resolucin Legislativa de 8 de julio de 1999 en la que el

Congreso de la Repblica aprob el retiro del reconoci-

miento de la Competencia contenciosa de la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos sealando que esteretiro produce efectos inmediatos a partir de la fecha del

depsito del mismo en la Secretara General de la OEA

y que se aplica a todos los casos en los que el Per no

hubiese contestado la demanda incoada ante la Corte,

por lo tanto sta ya no era competente para conocer las

demandas interpuestas contra la Repblica del Per.

La Comisin present sus observaciones sobre la

devolucin de la demanda que resumida dice: a) que la

Comisin asumi competencia para considerar el caso,

antes del supuesto retiro de la competencia contenciosa

de la Corte, formulada por el Per, por lo tanto esta no

produce efecto alguno en el ejercicio de la competencia

de la Corte; b) un Estado en un acto unilateral no puede

privar a un Tribunal Internacional de la competencia que


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ste ha asumido previamente, la Convencin Americana

no lo prev, es incompatible con la misma y si a pesar de

ello se produjera, debiera notifcarse con un ao de an-ticipacin en aras de la seguridad y estabilidad jurdica.

Finalmente la Comisin solicit a la Corte determinar que

la devolucin de la demanda no tiene validez legal y que

continuar ejerciendo su competencia sobre el caso.

En la Sentencia N 24.09.1999, la Corte hace algu-

nas consideraciones y citando jurisprudencia de la Corte

Internacional sobre la materia, afrma que el pretendido

retiro por el Per de la declaracin de reconocimiento

de la competencia contenciosa de la Corte y los efec-

tos jurdicos tiene que ser resuelto por el Tribunal de

la Corte, que como todo rgano de competencias ju-

risdiccionales, debe determinar el alcance de su propia

competencia, deber que le impone la Convencin para

ejercer sus funciones segn el art. 62.3 de la misma;que la aceptacin de la competencia contenciosa de la

Corte constituye una clusula ptrea dada la fundamen-

tal importancia de dicha clusula para la operacin del

sistema de proteccin a la Convencin, por lo que no

puede estar a merced de limitaciones no previstas que

sean invocadas por los Estados partes por razones de

orden interno; que no existe en la Convencin normaalguna que expresamente faculte a stos a retirar su

declaracin de aceptacin de la competencia obligato-

ria de la Corte; que un Estado parte en la Convencin

Americana slo puede desvincularse de sus obligaciones

convencionales observando las disposiciones del propio

tratado, en este caso, la denuncia conforme las normas

internacionales; que el Estado que acept la jurisdiccin


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obligatoria de la Corte Interamericana, pasa a obligarse

por toda la Convencin. El propsito de preservar la inte-

gridad de las obligaciones convencionales se desprendedel art. 44.1 de la Convencin de Viena sobre el Derecho

de los Tratados que parte del principio de que la denun-

cia (o el retiro de un mecanismo de tratado slo puede

ser efectuada en relacin con el conjunto del tratado, a

menos que este lo disponga o las partes lo acuerden de

manera diferente).

Con estos y muchos otros fundamentos la Corte

Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia

sobre el caso del Tribunal Constitucional el 24 de sep-

tiembre de 1999 resolviendo por unanimidad declarar

que la misma es competente para conocer el caso y

que el pretendido retiro con efectos inmediatos, por el

Estado peruano, de la declaracin de reconocimiento de

la competencia contenciosa de la Corte Interamericanade Derechos Humanos, es inadmisible debiendo conti-

nuar con el conocimiento y la tramitacin de la deman-

da, disponiendo que el Presidente convoque al Estado

Peruano a la Comisin Interamericana a una audiencia

sobre el fondo de la causa.

Luego de la salida del Presidente Fujimori, el Con-

greso dict la Resolucin Legislativa N 007-2000 CR

que derogan las resoluciones del Congreso que desti-

tuyeron a los tres Magistrados del Tribunal Constitu-

cional y los restituye a sus funciones y la Resolucin

Legislativa N 27152 que aprueba el retiro con efecto

inmediato de la Competencia Contenciosa de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, quedando de

esta manera normalizadas plenamente las relaciones


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con la Corte Interamericana de Derechos Humanos

interrumpidas por decisiones errneas del anterior go-

bierno que pretendi retirar al Per de la competenciade la misma, por lo que se acumularon en la Comisin

cerca de 300 casos sobre violaciones a los derechos

humanos sin que se asumiera la responsabilidad inter-

nacional, sustrayendo a los peruanos de su derecho de

acudir al Sistema Interamericano de proteccin de los

Derechos Humanos, como lo dijo el Ministro de Justicia

del Per Dr. Diego Garca Sayn en el 57 periodo de

sesiones de la Comisin de Derechos Humanos de la

Organizacin de Naciones Unidas.

No obstante las debilidades que acusa la efcacia del

sistema americano basado en la Convencin America-

na, como lo afrma el tratadista uruguayo Hctor Gross

Espiell3. 3, ha mejorado con el desarrollo democrtico y

la estabilidad institucional, poniendo fn a conictos encondiciones polticas desfavorables, pues sin democracia

es imposible la plena efcacia de la aplicacin de un sis-

tema de proteccin regional de los derechos humanos. El

fundamental defecto actual del funcionamiento del sis-

tema de la Convencin radica en la descoordinacin del

trabajo de la Comisin y de la Corte, esto provoca que

en materia contenciosa no haya todava un ujo normalde casos de la Comisin a la Corte y que los casos no

solucionados en aqulla no llegan a sta, como debera

ser. En 18 aos desde la creacin de la Comisin, sta

ha recibido ms de 11.500 denuncias, pero slo han pa-

sado 20 a la Corte y fallado 16 sentencias, esto le quita

3. La Convencin Americana y la Convencin Europea de Derechos Humanos. Anlisiscomparado, p. 221


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efcacia y credibilidad al sistema. Para superar aquello

debieran modifcarse y coordinarse los Reglamentos de

ambos rganos que difcultan este ujo que perjudica laaplicacin de la Convencin.

No obstante, los resultados obtenidos en los organis-

mos de proteccin internacional americano no son des-

deables e irn mejorando conforme los Estados asuman

con frmeza la proteccin permanente de los derechos

humanos, en cualquier situacin y el mantenimiento,

desarrollo y perfeccionamiento del sistema regional as

como el cumplimiento de las sentencias dictadas por sus

rganos de proteccin.

Al fnalizar reiteramos que la admisin por parte de

los textos constitucionales positivos de cada Estado con

la jerarqua y proteccin jurisdiccional que se otorgue a

los tratados de derechos humanos, es potestad exclusivade stos. En muchos casos, esto signifcar modifcacio-

nes sustanciales de su parte dogmtica, pero eso es lo

que debe hacerse en el tercer milenio llamado el de los

derechos humanos, pese al relativismo cultural que ale-

gan algunos pases, aspecto sobre el que la Conferencia

Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 adopt

un criterio equilibrado al expresar que todos los dere-

chos humanos son universales, indivisibles e interdepen-

dientes y estn relacionados entre s. Debe tenerse en

cuenta la importancia de las particularidades nacionales

y regionales, as como de los diversos patrimonios his-

tricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen

el deber, sean cules fueren sus sistemas polticos eco-

nmicos y culturales, de promover y proteger todos los

derechos humanos y las libertades fundamentales.


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Sin embargo, hacemos nuestra la afrmacin de Jor-

ge Carpizo claro que nadie es tan inocente para pensar

que con la sola vestimenta constitucional estos derechosse encuentran protegidos, ya que el problema es ms

profundo, an cuando ya la simple inclusin produce

ventaja4.. Algo ms habr que hacer para que esos de-

rechos se transformen en realidad. Parte de esa labor

se centra en la interpretacin constitucional que deben

realizar los organismos judiciales competentes que de

hecho lo estn haciendo los diferentes Tribunales, Cortes

o Salas Constitucionales superando los obstculos que

ocasionan la obscuridad o la ambigedad de la norma.

Afortunadamente en Amrica Latina existe la ten-

dencia a elevar a nivel constitucional los tratados inter-

nacionales de derechos humanos, en unos pases ms

que en otros.

En Bolivia, esperamos que la Asamblea Constitu-

yente prxima a instalarse introduzca como tema de

debate la jerarquizacin de los tratados internacionales

sobre derechos humanos a nivel de la Constitucin, ads-

cribindose de sta manera a la corriente que impera

en el continente, bajo un control preventivo antes de

jerarquizarse -pese a que los tratados en esta materia,

por su naturaleza gozan de la presuncin de constitu-

cionalidad- para evitar una eventual contradiccin en la

norma constitucional con el derecho internacional, que

puede darse.

4 BIDART CAMPOS Germn y CAMPOS Walter DERECHO CONSTITUCIONAL COM-PARADO T 1I 7

Documents

Jerarquia Constitucional de los Tratados Internacionales en Bolivia 2005