Sobre las consecuencias de una integración asimétrica La ASPAN y la militarización de México

Carlos Fazio1

A comienzos del siglo XXI, la relación de los tres países que conforman la porcióngeográfica conocida como América del Norte: Estados Unidos, Canadá y México, ha estadosignada por la seguridad. Más concretamente, a partir del 23 de marzo de 2005, por laAlianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), suscrita en elrancho Crawford, en Waco, Texas, por los presidentes de Estados Unidos y México,George W. Bush y Vicente Fox, y el primer ministro canadiense, Paul Martin. En torno a la noción de seguridad, tanto en la teoría como en la práctica de lasrelaciones internacionales existe una gran variedad de interpretaciones. En el hemisferiooccidental a menudo se habla de seguridad nacional, colectiva o hemisférica, y en suacepción más tradicional ha sido común confundir las fronteras entre seguridad y defensa.Todos esos términos guardan relación entre ellos y de una manera u otra reflejan la riquezadel debate y de las propuestas conceptuales producidas a partir del fin de la guerra fría. Durante el siglo XX, en particular en el periodo de la confrontación Este-Oeste queenfrentó a las potencias capitalistas con el campo socialista, la clase dominante de EstadosUnidos logró difundir un mito para justificar su acción intervencionista en todo el mundo:presentarse como “los salvadores y defensores de la civilización occidental y cristiana”, oen su defecto, como “los agredidos por las fuerzas del mal”. En ambos casos, el agresor eraidentificado ideológicamente como el “enemigo comunista”, y su sede emblemática eraMoscú, en la antigua Unión Soviética. Luego de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono enWashington el 11 de septiembre de 2001, el concepto seguridad ha estado asociado demanera fundamental a la seguridad nacional de Estados Unidos y a otra palabra clave:terrorismo. Más precisamente, con la “guerra al terrorismo” de la administración Bush, quea su vez ha venido acompañada de la revaloración de otras viejas nociones como “guerrapreventiva” y “espacio vital”, y categorías como “imperialismo”. A partir de estas breves consideraciones, intentaremos reflejar de qué manera incidensobre la realidad nacional de México los nuevos planes imperiales, con sus enemigosirregulares o asimétricos identificados (terrorismo, crimen organizado, narcotráfico) yaquellos de tipo convencional que desafían la hegemonía estadunidense (el eje Alemania-Francia en la Europa comunitaria, Japón, China, India, Rusia). A partir de todos esoselementos queremos recuperar una vieja afirmación de Carlos Marx en su obra Laideología alemana: “En una determinada época histórica, la ideología dominante es la de la1 Carlos Fazio, Montevideo, 1948. Periodista y escritor uruguayo naturalizado mexicano. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Colaborador habitual del diario La Jornada y corresponsal del semanario Brecha de Montevideo. Fue gerente general de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (Alasei); director de El Día Latinoamericano y corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires. Ha sido conferencista y consultor de la UNESCO y UNICEF. Autor de: La Cruz y el Martillo (una biografía política del obispo Sergio Méndez Arceo); Samuel Ruiz. El caminante; El Tercer Vínculo. De la teoría del caos a la militarización de México; Juan Pablo II. El guerrero deDios; UNAM. Presente y ¿futuro?, y En el nombre del padre. Depredadores sexuales en la Iglesia.

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clase dominante”. En ese contexto, pensamos que la lógica imperial de Estados Unidosasocia poder militar y liderazgo económico mundial para mantener la rentabilidadcapitalista y la tasa de ganancia, y para ello debe mantener su hegemonía recreando demanera sistemática nuevos enemigos que ayuden a construir identidades capaces desostener sus intereses geoestratégicos en el marco de la guerra sin fin iniciada por laadministración Bush con las invasiones a Afganistán e Irak. ¿Adiós a Westfalia?

Desde septiembre de 2001, la soberanía absoluta de los Estados, su igualdad jurídica yla no intervención quedaron como rehenes de la nueva doctrina imperial del presidente deEstados Unidos, George W. Bush, cuya administración ha sido definida en lo interno, porNoam Chomsky, como un “régimen represivo de derecha”.2 La doctrina estratégica deseguridad nacional de Estados Unidos combina la retórica de la libertad, de las consultas yla paz y la construcción de “coaliciones rotatorias”,3 con los preparativos de guerra, laacción bélica unilateral y la conquista.4 El aspecto más novedoso de la doctrina de guerrapreventiva es la llamada “autodefensa anticipatoria”, que conlleva una modificación nodalde la anterior doctrina Truman de la contención (como estrategia para limitar la influenciasoviética) e incluso de la doctrina Reagan de “dominio y marcha atrás” (revertir lainfluencia soviética).5 La doctrina Bush de “dispara primero, pregunta después” da prioridad al enfoque dela fuerza militar como herramienta básica de la política exterior estadunidense, y segúnWilliam D. Hartung es “una guerra no declarada contra las normas internacionales y lapropia Constitución de EU”.6 La doctrina de previsión sostiene que Estados Unidos sereserva el derecho de atacar a cualquier nación −grande o pequeña− que pueda tener laintención de dañarlo. Por extensión, cualquier país que se niegue a aceptar o apoyar ladoctrina Bush se vuelve enemiga de Washington. Como señaló James Petras, EstadosUnidos persuadirá a los países a apoyar la construcción de su imperio “convenciendo yobligando a los Estados a aceptar sus responsabilidades soberanas”.7 Además, la nuevadoctrina imperial está basada en la existencia de conspiradores enemigos indefinidos,“redes oscuras de individuos” que se “sobreponen” a los Estados y planean un ataque“inminente”, con uso de peligrosas tecnologías.8

2 Jim Cason y David Brooks, "La guerra contra Irak responde a una coyuntura interna de EU: Chomsky". La Jornada, 21 de octubre de 2002.3 Según el secretario de Defensa de EU, Donald Rumsfeld, las "coaliciones rotatorias" están compuestas por países que reciben ayuda y armas estadounidenses a cambio de dar apoyo a los objetivos militares de corto plazo de Washington. Ver William D. Hartung, "Buscando el dominio desesperadamente". Suplemento "La guerra que desató el 11-S", La Jornada, 11 de septiembre de 2002.4 La nueva estrategia para la seguridad nacional de Estados Unidos, fue presentada ante el Congreso por el presidente George W. Bush el 20 de septiembre de 2002. La estrategia de seguridad nacional es un documentoen el que cada presidente de las últimas tres décadas ha definido su visión del planeta y del papel de la nación en la "comunidad internacional". Un avance de la "doctrina de previsión" había sido formulado por Bush, en junio de 2002, en la academia militar de West Point.5 James Petras, "La doctrina Bush: construcción imperial irrestricta". La Jornada, 11 de octubre de 2002.6 William D. Hartung, "Buscando el dominio desesperadamente". Suplemento "La guerra que desató el 11-S", La Jornada, 11 de septiembre de 2002.7 James Petras, "La doctrina Bush: construcción imperial irrestricta". La Jornada, 11 de octubre de 2002.8 Ibid.

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Según Petras, el principal objetivo de la “banda imperial” que se apoderó de la CasaBlanca es la conquista mundial y el reforzamiento de la hegemonía estadunidense medianteguerras ofensivas, a partir de la lógica irracional de que “los estados débiles... puedenrepresentar un peligro tan grande para nuestra seguridad nacional como los fuertes”.9 Setrata, dice Petras, de una “doctrina extremista” basada en una “visión totalitaria”. A su vez,el ex asesor de William Clinton para América Latina, Arturo Valenzuela,10 la definió comouna “doctrina peligrosa”, con profundas consecuencias para las relaciones internacionales yla paz mundial.11 En rigor, la doctrina de la seguridad preventiva es una victoria de los “halcones” deWashington sobre las “palomas” internacionalistas del Departamento de Estado. Significauna claudicación del Congreso ante el Ejecutivo estadunidense. Ya no se trata sólo dedefender las actuales fronteras del imperio por medio de regímenes clientes, sino deextender los límites geopolíticos, militares y políticos para conquistar y explotar nuevas“regiones estratégicas”. Como apuntó con certeza John Saxe-Fernández, la autodefensaanticipatoria es “un principio de legitimación imperial” que retrotrae la situacióninternacional al estado de cosas que existía antes de 1648, fecha de la Paz de Westfalia,12

considerada uno de los fundamentos del sistema internacional contemporáneo, que estábasado en el principio de la soberanía absoluta de los Estados, su igualdad jurídica y la nointervención; principios jurídicos consagrados en la fracción X del artículo 89 de laConstitución mexicana, rectores de la diplomacia de Tlatelolco13 el siglo pasado. La doctrina Bush post-torres gemelas puso en entredicho el consenso internacionalalcanzado a lo largo de 350 años, es decir, la centralidad de la soberanía nacional, comofundamento del derecho. Implicó, de paso, un desprecio por la Organización de lasNaciones Unidas, al establecer que el país más poderoso de la tierra puede adjudicarse elderecho de actuar en forma unilateral para defender su seguridad nacional. Además de que,como mencionó William Pfaff en el diario Los Ángeles Times, todo acto de guerra de“autodefensa anticipatoria... fue tratado específicamente como un crimen de guerra en losjuicios de Nüremberg”.14

El tema nos ubica en el nuevo orden imperial que ha venido configurándose desde lacaída del muro de Berlín y que se aceleró a raíz de los atentados terroristas del 11/S. Unnuevo orden que Pablo González Casanova ha definido como un “neoliberalismo de guerrafundamentalista, colonialista e imperialista”.15 Como advirtió el politólogo mexicano, elnuevo sistema de dominación en curso −mediante el cual Washington pretende consolidarsu hegemonía militar y el neomercantilismo de las megaempresas con casa matriz enEstados Unidos−, podría derivar en “ideologías políticas cínicamente excluyentes yrepresivas, características de un nuevo tipo de colonialismo global y de fascismoneoliberal”.16

9 Ibid.10 En 2009, Arturo Valenzuela fue designado subsecretario de Estado para América Latina de la administración de Barack Obama.11 Arturo Velenzuela, "Una doctrina peligrosa". El Universal, México, 17 de octubre de 2002.12 John Saxe-Fernández, "EU: autodefensa anticipatoria". La Jornada, 17 de octubre de 2002.13 Tlatelolco, enclavada en un populoso barrio del Distrito Federal, fue durante buena parte del siglo XX la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.14 Citado por Saxe-Fernández.15 Pablo González Casanova, "Neoliberalismo de guerra y pensamiento crítico". La Jornada, 13 de septiembrede 2002.16 Ibid.

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Si bien los atentados del 11 de septiembre precipitaron el nuevo sistema dedominación en ciernes, la construcción de una ideología imperial con eje en el papel deárbitro o “gendarme mundial” de Estados Unidos, venía desarrollándose de tiempo atrás,dando paso a lo que Philip Golub calificó como una nueva “gramática imperial”, que tienea la antigua Roma como espejo lejano de la nueva derecha y las elites actuales de EstadosUnidos.17 La nueva “República imperial”, remedo de la fase expansionista del imperialismoestadunidense de la época de Theodore Roosevelt, encontró un eco legitimador en la granprensa y los círculos académicos de la superpotencia mundial, que dieron un tácito vistobueno para que Washington actúe de manera agresiva y unilateral, derrocando a losgobiernos de los “Estados ilegales”, y quizá poniendo bajo tutela a los “Estados quebrados”poscoloniales.18 Lo que, de consumarse, marcará el inicio de una nueva era colonial o desemi−soberanía. En tal perspectiva, de acuerdo con Golub, “Europa se encontrará inserta en una nuevadivisión internacional del trabajo imperial vertical, según la cual los estadunidenses hacenla guerra, mientras los franceses, los británicos y los alemanes controlan las zonasfronterizas y los holandeses, los suizos y los escandinavos sirven de auxiliareshumanitarios”.19 Dado que a excepción de los británicos Washington ya no confía en susaliados europeos, los excluye de cualquier actividad que no sea “el trabajo policial mássubalterno”. Una idea análoga había sido concebida hace unos años por el halcón ZbigniewBrzezinski. Según él, el objetivo de Estados Unidos “debe ser mantener a nuestros vasallosen estado de dependencia, asegurar la docilidad y la protección de nuestros contribuyentesy prevenir la unificación de los bárbaros”.20

¿Diplomacia activa o sumisión?

Si ése era el polémico papel de los países europeos en el arranque del siglo XXI, ¿cuálsería el papel de México? ¿Acaso una cesión inteligente de soberanía?21 ¿O la integraciónde su soberanía con la de Estados Unidos y Canadá, según expresó el entonces presidenteVicente Fox en su Discurso sobre política exterior de México en el siglo XXI, pronunciadoen Madrid, el 16 de mayo de 2002?22 Cabe consignar que un par de días antes, en Bruselas,ante el pleno del Senado belga, Fox había señalado: “Es importante que México, EstadosUnidos y Canadá avancemos hacia una comunidad económica de Norteamérica, y que conese liderazgo ‘jalemos’ al resto de América Latina hacia una nueva mayor tasa decrecimiento en el desarrollo”.23

Al margen de que la Constitución mexicana no le permitía al ex presidente Foxpromover un orden “más allá de soberanías” o para “la integración nacional de las

17 Philip S. Golub, "Construcción de una ideología imperial". Le Monde Diplomatique, edición mexicana, 21 de septiembre de 2002.18 Ibid.19 Ibid.20 Citado por Charles William Maynes en "Two blasts against unilateralism", en Understanding Unilateralism in US foreing Policy, RIIA, Londres, 2000.21 El 5 de enero de 2001, durante una reunión con los embajadores y cónsules de México acreditados en el exterior, el presidente Vicente Fox los urgió a emprender una defensa "inteligente" de la soberanía nacional. Diario Reforma, 6 de enero de 2001.22 Citado por Manuel Camacho, "En defensa de la soberanía". El Universal, 27 de mayo de 2002.23 Juan Manuel Venegas, "Plantea Fox que México, EU y Canadá avancen hacia una comunidad económica de Norteamérica". La Jornada, 15 de mayo de 2002.

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soberanías de México, EU y Canadá” −ni contaba con mandato popular para ello−,24 talproyecto no era viable simplemente porque Estados Unidos nunca cedería un ápice de susoberanía. Menos, en el contexto de gestación de la nueva “República imperial” emergenteen el marco de la invasión a Afganistán. La propuesta foxista se inscribía en los ejes de lallamada “doctrina Castañeda”, según la cual la hegemonía de Estados Unidos es“indiscutible” y a México le conviene establecer una relación estratégica con ese país yhacer de su política exterior el ancla del cambio democrático interno.25 En momentos enque la administración Bush impulsaba una doctrina imperialista, que había sido definidacomo “extremista”, “fundamentalista”, “totalitaria” y “neocolonialista”, ¿qué entendería laCasa Blanca por una relación estratégica con México? En ese sentido, como demostró larealidad después, Fox y su canciller Jorge G. Castañeda Gutman proyectaban unamentalidad anexionista, entreguista.

Terrorismo útil

Después de los atentados del 11 de septiembre, el fantasma de la antigua doctrina dela Seguridad Nacional volvió a planear sobre América Latina. Pero ya antes, el usosemántico de la palabra terrorismo había venido sustituyendo a la subversión comunista −ysu muletilla de recambio, la narcoguerrilla−, como la principal amenaza a la estabilidad yseguridad de Estados Unidos, con proyección en su tradicional patrio trasero, elsubcontinente latinoamericano.26 Todo indicaba que en la coyuntura Washington había logrado resolver la ecuaciónque presentaba la formación de un ejército multinacional hemisférico y la integracióneconómica por bloques como polos excluyentes. La superación de la guerra fría transformóla bipolaridad en una hegemonía militar de Estados Unidos. Pero el inestable equilibrio porla existencia de dos sistemas económicos antagónicos en la forma, no dio paso a unapretendida hegemonía económica de Estados Unidos; por el contrario, instaló unamultipolaridad manifestada en la competencia de tres grandes bloques económicos. Es en elcontexto de esa competencia interimperialista por el control de los mercados mundiales y elacceso a las materias primas, que se inscribe el Área de Libre Comercio de las Américas(ALCA), principal proyecto económico-comercial de la Casa Blanca de comienzos delsiglo XXI, cuya propuesta original, la Iniciativa para las Américas, había sido lanzada porGeorge Bush (padre) en 1990.27

En esa lucha por el predominio económico mundial, el Mercado Común del Sur(Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), había emergido comoun convidado de piedra en el banquete entre el bloque norteamericano del Tratado de LibreComercio (EU, Canadá y México), la Comunidad Europea y el bloque asiático liderado porJapón, con China como nuevo actor sobresaliente. A nivel regional, y pese a su crisispermanente, el proceso de integración de Sudamérica fue la más grande pulseada del siglo

24 Ver Manuel Camacho, artículo citado.25 José Luis Ruiz y Carlos Benavides, "SRE pide reconocer hegemonía de EU", El Universal, 28 de junio de 2002 y Jorge Castañeda, "El cambio democrático y la política exterior mexicana", El Universal, 29 y 30 de junio de 2002.26 Una primera versión del presente apartado fue publicado por el autor bajo el título "Terrorismo útil", en el diario La Jornada, México, el 31 de diciembre de 2001.27 El nombre original que utilizó en 1990 el presidente George Bush (padre) fue Enterprise for the Americas (empresa para las Américas).

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XX a la potencia imperial. Por primera vez Estados Unidos había perdido la facultad deimponer su poderío mediante negociaciones bilaterales. Una nueva conciencia de que eraposible negociar de “igual a igual” y elegir los interlocutores, había venido desplegandouna autonomía de nuevo cuño, que en parte restituyó su valor al concepto de soberanía,como se evidenció en el proceso de discusión inicial del ALCA. La agresiva estrategia del ALCA, dirigida a imponer un monopolio mercantilistacentrado en el imperio −que en rigor implica la anexión y recolonización de los paíseslatinoamericanos−, había encontrado inesperados obstáculos en el Cono Sur, tanto en elplano económico como en el militar. Visualizada como la otra cara de una estrategiageneral, la nueva doctrina de la seguridad continental impulsada por la Casa Blanca habíaquedado enfrentada a un proyecto de seguridad regional (el de los ejércitos del Cono Sur),que cobraba fuerza a medida que progresaba la integración en el ámbito del Mercosur. Hasta los sucesos del 11 de septiembre, la concepción militar estadunidense paraAmérica Latina se sustentaba en la definición del narcotráfico como la principal amenazapara la democratización y la seguridad continental. La “guerra a las drogas” −que focalizael problema en las zonas de producción y en la oferta, pero no en el consumo, que tiene sumayor mercado en Estados Unidos− debía desembocar en la formación de un ejércitotransnacional por su composición y supranacional por su mando. Es decir, con elPentágono en el papel de estado mayor y mando unificado, y las fuerzas armadas del áreaen funciones de policía interna, concentradas en “tareas de apoyo” con eje en lainteligencia y el procesamiento de información, y en el control (o interdicción) demovimientos aéreos, marítimos y terrestres. Centrado en un doble discurso construido con conceptos tales como“transnacionalización del narcotráfico”, “seguridad hemisférica” y “cooperaciónoperativa”, el juego de presiones había dado buenos dividendos para Washington en lospaíses andinos, México y el Caribe. Pero la militarización y transnacionalización de la“guerra a las drogas” era fuertemente resistida en el Cono Sur. Aunque la tendencia haciauna cierta “autonomía militar” no suponía, en el plano doméstico, eliminar la amenaza deque las fuerzas armadas retomaran el papel de “ejércitos de ocupación” ante lasconvulsiones sociales en aumento, era evidente que los países de la América austral senegaban a secundar una estrategia que pretendía fabricar un nuevo “enemigo interno”,como en la época de la Doctrina de Seguridad Nacional que desembocó en el terrorismo deEstado y la Operación Cóndor. Después del 11 de septiembre, tras la nueva guerra deconquista del imperio en Afganistán y la que se proyectaba contra Irak, y con la ayuda de lapropaganda bélica y el disciplinamiento de los Estados clientes del área, ese enemigo teníade nuevo un rostro homogéneo y aceptable: el terrorismo; elusivo pero funcional. La vinculación entre la creación de una fuerza militar multinacional de las Américasy la imposición del ALCA −versión ampliada del Tratado de Libre Comercio de Américadel Norte (TLCAN), que en detrimento de la soberanía de los pueblos latinoamericanosbuscaba transferir a las compañías multinacionales el poder de dictar a los Estadosnacionales la estandarización de reglas y políticas macroeconómicas−, quedó expuestadurante la II Conferencia de Ministros de Defensa, celebrada en Bariloche, Argentina, en1996. Allí, el ex jefe del Pentágono, William Perry, desplegó una inequívocaargumentación: “La región es la fuente de recursos vitales para nuestra seguridad ybienestar, (en la medida en que América Latina) es el tercer mercado en importancia paranuestras exportaciones”. Desde entonces, las administraciones Clinton y Bush habían idointensificando una estrategia militarista y neomercantilista con eje en el ALCA, el Plan

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Colombia-Iniciativa Andina y el Plan Puebla-Panamá, lo que fue reforzado con la CartaDemocrática de la OEA y la “guerra al terrorismo”, como parte de su andamiaje ideológicopropagandístico. Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), México se fue convirtiendopaulatinamente en un Estado cliente de Washington con proyección continental. Si con elPlan Puebla-Panamá (PPP) se pretendía extender el sistema de fábricas maquiladoras “dePuebla hasta Panamá”, con el llamado “perímetro defensivo” −adscrito al nuevo concepto“seguridad de la patria” (homeland security) impulsado por la Casa Blanca− y el anunciadoingreso de México a la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), se cerraba la pinza.Las dos patas a la que aludía Perry: bienestar y seguridad. Al asumir como propias lascategorías “bienestar”, “seguridad” y “terrorismo” impulsadas por Washington, el régimenfoxista se fue transformado en una pieza incondicional, dócil y útil del imperio. El famoso“tercer vínculo” (el militar, Perry dixit) entre Estados Unidos y México, estaba en vías deconsolidación. Y cuando el ejército de un país abdica de su función como defensor de laseguridad y soberanía nacionales, queda allanado el camino a la anexión.

Satélite mayor

Las tendencias “integradoras” de la expansión estadunidense en su tradicional patiotrasero, corporizadas en el ALCA, nueva pieza angular del panamericanismo previstainicialmente para el 2005, exigían un proceso de satelización como cuestión insoslayable.Al tener que restringir los proyectos de ayuda financiera y las inversiones en el exterior,Washington debía proceder de manera selectiva y concentrar sus proyectos e inversiones enaquellos lugares donde se ofrecieran mejores resultados. Eso indica la necesidad de sociosprivilegiados; países donde las inversiones tengan claras perspectivas de desarrollo ybuenos dividendos, y donde la asistencia financiera (condicionada) consolide regímenesque no sólo afiancen el dominio imperialista, sino que contribuyan de manera eficaz areforzar el estatuto colonial en el resto del área. Un orden “más allá de soberanías” (Foxdixit). En los años sesenta del siglo pasado, el papel de “satélite mayor” o “privilegiado”fue desempeñado por Brasil. “Adónde va Brasil irá América Latina”, auguró HenryKissinger. Se llegó a hablar de un “subimperialismo” brasileño. El tránsito de la políticabalcanizadora de la Casa Blanca −el clásico “dividir para reinar”− al integracionismoimpulsado por los monopolios de Wall Street, requirió del satelismo, mecanismo quedespués de la Segunda Guerra Mundial había sido aplicado a potencias industrializadasclave: Alemania Occidental, Gran Bretaña y Japón. Con variables previsibles, el mismoesquema podía funcionar respecto a países subdesarrollados y dependientes. Brasil ayer,México hoy. El antiguo estatuto colonial se definía por tres rasgos principales: el país sometido seorganizaba como productor especializado de determinadas materias primas destinadas almercado mundial y de acuerdo al principio de la división internacional del trabajo;funcionaba como mercado para las manufacturas exportadas por la metrópoli, y era unreceptáculo provechoso para las inversiones metropolitanas en rubros elegidos (serviciospúblicos, empresas mercantiles, bancos, etcétera.). A su vez, cada semicolonia seproyectaba hacia fuera, en conexión con el sistema imperialista. Se movía como un satélitedel sol imperial. Pero las potencias imperiales (Inglaterra y Estados Unidos), cuidaronsiempre que no existieran importantes conexiones intracontinentales. Al contrario, las

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desalentaron, se opusieron a ellas. Dentro de la arquitectura imperial, el “sol” dominanteestimuló las rivalidades entre las clases adictas de las colonias; el parcelamiento económicosiempre ha sido el sustento material de la balcanización política y del equilibrio de poderes. Los monopolios se infiltraron en el crecimiento industrial de las semicolonias y loaprisionaron, para deformarlo y aprovecharlo. De ellos extrajeron múltiples ventajas.Usufructuaron la mano de obra barata para arrancar más plusvalía que en la metrópoli.Colocaron en sus subsidiarias de las áreas subdesarrolladas sus equipos obsoletos,solucionando las exigencias que les planteaba un ciclo acelerado de renovación técnicaincesante. Escaparon a los sistemas impositivos de Estados Unidos, cada vez más gravosos,a medida que se ampliaba el aparato militar capaz de asegurar un espacio económicocreciente. Saquearon los recursos naturales donde operaban sus filiales. Gozaron delproteccionismo (arancelario, cambiario) logrado por las burguesías nativas en las primerasfases de la industrialización, y mediatizaron a las clases dominantes autóctonas, que fueronasimiladas y se convirtieron en un eslabón más de la constelación del subdesarrollo. En 1942, el experto geopolítico estadounidense Nicholas J. Spykman ubicó aMéxico dentro del “Mediterráneo Americano”, junto con Centroamérica, Colombia,Venezuela y el cinturón de islas del Caribe (el linde entre Norte y Sudamérica no estaba enPanamá, sino en el sur de Colombia y Venezuela). Para su antecesor, Alfred Mahan,renovador de la visión expansionista del destino manifiesto, esa región era “vital” paraWashington y debía permanecer bajo su exclusiva e indisputada tutoría. “Esto implica paraMéxico, Colombia y Venezuela una situación de absoluta dependencia con respecto aEstados Unidos, de libertad meramente nominal...”, dijo crudamente Spykman. Hoy,nuevamente, el capital estadunidense −en competencia interimperialista con Europa yAsia−, está “vitalmente” interesado en ampliar los mercados y extender los circuitosfinancieros y mercantiles dentro del subcontinente latinoamericano. Las palabras de Spykman cobran de nuevo valor; la dependencia de nuestros paíseses la apuesta del ALCA. Toda ampliación de mercado, toda facilidad de tránsito ymovilidad de materias primas y capital −pero no de personas−, combinadas con garantías yseguridades para la explotación de mano de obra barata, afianzadas hoy con barrerasmigratorias militarizadas en Estados Unidos y México, vigorizan las estructuras vigentes.En ese esquema, el satelismo es una consecuencia insoslayable de la integraciónneoligárquica impulsada por el imperio. Vía el Plan Puebla-Panamá, México ha sidoelegido como “satélite mayor”, y como tal explotará zonas nativas y a los paísescentroamericanos por cuenta de sus mandantes en Washington y Wall Street, limitándosesu presidente de turno (Fox ayer, Felipe Calderón hoy) a acumular capital político por sutarea de “capataz”, beneficiando de paso a un pequeño grupo de empresas multinacionalescon casa matriz en México. Anexión o liberación

La filosofía foxista acerca de una “cesión de soberanía” o proclive a una“integración nacional de soberanías” ya había sido presentada de manera larvada durante laXI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Lima, Perú, en noviembre de 2001, al culminar suprimer año de labores presidenciales. En la capital peruana había vuelto a triunfar lafraseología falsificadora de un puñado de gobernantes con mentalidad anexionista. Emergióentonces la retórica sobre una democracia hueca, de mandatarios que administran Estadosrecolonizados y que practican un intervencionismo neoestatista en beneficio del gran

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capital. Otra vez afloraron allí la manipulación ideológica y los discursos vacuos sobre una“globalización con rostro humano”. La política populista de todo para el pueblo, pero sindepositar en el pueblo el protagonismo. La trampa semántica acerca del imperio de losderechos humanos en países donde, como el caso de México, rige un estado decontrainsurgencia permanente, apoyado por grupos paramilitares (como en Chiapas,Oaxaca, Guerrero, Chihuahua). También había reaparecido en Lima la vieja retórica sobre la “integración”, vía elALCA, como proyecto de las multinacionales estadounidenses. Se trata de un viejo anheloimperialista, plasmado en la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América (1890),en los días del naciente expansionismo norteamericano. Sobre esa Conferencia dijo Martí afinales del siglo XIX: “A todo convite entre pueblos hay que buscarle las razones ocultas”.Ahora, al arrancar el siglo XXI, no había posibilidad de engaño. El imperio estaba maduroy las razones del ALCA a la vista: era un proyecto asimétrico que pretendía “integrar” a lanación más poderosa del orbe con las economías de países subdesarrollados, endeudados,débiles. La integración entre el tiburón y las sardinas. En Perú, Vicente Fox habló sobre la mitología de la globalización y abogó por lasventajas del “comercio libre”, ese concepto tramposo que es tan libre que es negociado ensecreto por una tecnoburocracia latinoamericana controlada por el Tesoro estadunidense.Abogó por el ALCA como la panacea. De nuevo la trampa semántica neopopulista. ¿Porqué? Porque los países de América Latina llegaron a la negociación en condiciones muyespeciales de debilidad. Una debilidad que obedecía fundamentalmente a dos razones. Unaera la práctica casi generalizada y dogmática en la región de las políticas neoliberales. Laotra emanaba de la propia crisis económica y social generada por dos décadas de políticasde ajuste estructural monetaristas y sus condicionalidades. Si las experiencias integradoras del último medio siglo latinoamericano estuvieronbasadas en proyectos de defensa de los mercados internos, sobre todo del capitalestadounidense −era una integración con sentido proteccionista− ahora, con la adopcióndogmática del fundamentalismo neoliberal, el gran objetivo era insertarse en las corrientesde comercio y flujos de capitales del mundo, abandonando la protección del mercadointerno. El ALCA era una estrategia económica de integración neo-colonial al servicio delas elites estadounidenses y sus corporaciones, que de consumarse resultaría funcional a lasfracciones hegemónicas de las burguesías locales transnacionalizadas. A lo largo de la historia, tres fueron las políticas que se nos ofrecieron en América:el panamericanismo, el latinoamericanismo y los acuerdos regionales. Monroe, Bolívar yArtigas. De esas tres políticas, el panamericanismo significa, quiérase o no, vasallaje. Elpanamericanismo es la dirección hegemónica de todo el continente en manos de EstadosUnidos, con su “doctrina”, la de Monroe. El panamericanismo es una farsa, pero sueventual proyección, hoy, vía el ALCA, lo hacen una farsa peligrosa. Encubre una políticade absorción o un protectorado peligrosamente real. La segunda, el latinoamericanismo bolivariano había reaparecido en el último cuartodel siglo XX, como una utopía recubierta por una oratoria en principio inofensiva para elimperio. La única fórmula viable y realista era la última: la de los acuerdos regionales, quepueden adoptar formas muy variadas. Partimos de la premisa de que la integracióneconómica de América Latina es necesaria, incluso por razones de supervivencia. Unaunión monetaria y la coordinación de las políticas económica, fiscal y social, por zonas opor sectores, como objetivo estratégico; sin caer en los viejos errores de los mercados ultra-protegidos, pero sí con una clara preferencialidad latinoamericana frente al tratamiento que

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se conceda a terceros países. Una integración regida por principios de concertación,coordinación, complementación, reparto equitativo de los beneficios, reconociendo ladebilidad de los países de menor desarrollo, apoyo mutuo y solidaridad. La coincidencia neoliberal entre la administración Bush y una mayoría deregímenes clientelares en América Latina −correlación que comenzaría a variar tras laconsolidación del presidente Hugo Chávez en Venezuela y la irrupción de una serie degobiernos de signo progresista: Luiz Inacio Lula Da Silva, en Brasil, seguida de la deTabaré Vázquez en Uruguay, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia yRafael Correa en Ecuador− hacía posible el proyecto del ALCA, que de entrar en vigorsignificaría una profundización de la dependencia y la subordinación de los países del área.Sería la salida panamericanista, neomonroísta. Lo opuesto de una integración liberadora. Un objetivo del ALCA era minar y paralizar la integración económicalatinoamericana. En particular, Washington quería liquidar el Mercosur y todo intento deintegración regional propia, autónoma, latinoamericana. Para eso necesitaba poner a Brasilcontra las cuerdas, porque la burguesía y las elites dirigentes brasileñas eran las únicas quehabían comprendido que el futuro del país dependía de negociar con Estados Unidos encondiciones de soberanía, preservando la poderosa industria nacional. Por eso −para usarun eufemismo caro a los comentaristas económicos de la gran prensa libre−, los mercados“se pusieron nerviosos” ante la posibilidad de un triunfo electoral de Lula, y ya frente a sucasi inevitable victoria, comenzaron a recetarle la integración de un eje Brasil-Chile-México (el eje bueno) versus una eventual alianza integradora Brasil-Venezuela-Cuba (eleje del mal).28 Para los países de América Latina, de consumarse, el postergado ALCA derivaría enuna integración periférica, subordinada e integrada a los circuitos transnacionales comoproductores de materias primas y bienes intermedios. Pero no es concebible la integraciónen la dependencia. La integración es un acto político, de países soberanos. No habrádesarrollo sin integración, ni integración sin desarrollo, lo que significa que la integraciónes una medida entre otras. Si el objetivo es la integración, el enemigo es el imperioestadunidense y las compañías multinacionales con casa matriz en su territorio. Esa ha deser la estrategia para construir una nación de repúblicas, como quería Bolívar. Es decir, laotra integración posible, que habrá que ir construyéndola con la acción informada yconsciente de las fuerzas populares, de la sociedad civil, de nuestros parlamentos.

El Comando Norte y el PPP como espacio vital

A comienzos de los años 90, la jerga diplomática interamericana incorporó la nociónde las “relaciones carnales”, cuya autoría intelectual pertenece al ex canciller argentinoGuido Di Tella. El término fue acuñado para describir el vínculo entre la administraciónBush (padre) y el gobierno de Carlos Menem, y parte de la premisa de que Estados Unidos,como gran potencia, tiene una agenda constante de exigencias respecto de los paísessubordinados. El eufemismo se inscribe dentro del concepto de “la Gran Área” (símil delespacio vital nazi), línea maestra del proyecto imperial rediseñado en 1941 por el Consejode Relaciones Exteriores de Nueva York (CFR por su sigla en inglés). El más influyente “tanque pensante” de la elite estadounidense, visualizó entoncesdos maneras de integración económica. El modelo horizontal, de unión aduanera y tarifas

28 Andrés Oppenheimer, “Las opciones de 'Lula' da Silva”. Reforma, 22 de octubre de 2002.

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preferenciales entre países de economías similares. Y el modelo vertical, de corte imperial(según el modelo del Imperio Británico), donde la integración se lograría mediante tarifaspreferenciales, pero incluyendo inversiones, colonización y control político franco.Además, en los Estudios de Guerra y de Paz, el CFR puntualizaba que se tendría quegenerar una “mayor dependencia”, mediante mercados seguros proveedores de materiasprimas y, en caso de que eso fracasase, a través del control de territorios mediante “lainversión y la dominación político militar”. El resultado contemporáneo más acabado del proyecto imperial fue el Tratado deLibre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés). Los pasos de lallamada “complementariedad” están frescos. De la integración silenciosa (Clark Reynolds)se pasó a “la compraventa de México”29 y hoy, como parte del desmantelamiento delEstado nación mexicano, se pone a disposición de las capacidades fagocíticas del interéscorporativo transnacional y de sus socios subalternos nativos (la plutocracia local), lasúltimas “presas codiciadas” (Jefferson dixit): Petróleos Mexicanos (Pemex), lapetroquímica, el gas natural, la Comisión Federal de Electricidad y toda la infraestructuraespacial (ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones). Las “gangas”que les faltan comprar para convertir a México en un país maquilador,30 tipo repúblicabananera. Ese es el objetivo primordial del Plan Puebla-Panamá en la porción mexicana, comoparte de un programa integral que combina intervencionismo político, económico ypolicíaco-militar subordinado a la “seguridad nacional” de Estados Unidos. Convienedetenerse un poco en algunos de los principales componentes implícitos del PPP, como porejemplo la biotecnología, entendida como la aplicación comercial de técnicas de ingenieríagenética, con sus aplicaciones en los campos civil y militar, en el actual contexto capitalistamundial. Es decir, en el interés de las multinacionales del ramo, con sus trapacerías y susestragos económicos, sociales y culturales. Lo que nos lleva a visualizar el papel de losEstados capitalistas centrales, donde esas grandes corporaciones privadas tienen su sede.Todo eso a partir de un enfoque que debe romper el tabú impuesto hace más de una décadapor la dictadura del pensamiento único neoliberal, y que recupera el análisis geopolítico ygeoeconómico, develando la forma cómo el capitalismo está pensando el espacio para quesea funcional a sus intereses corporativos. Lo que lleva evidentemente a otro componenteesencial: la expansión del imperialismo, hoy bajo su refinada forma de globalización. Desde la perspectiva de lo geoeconómico y lo geopolítico, se puede evaluar cómo elcontenido actual de las fuerzas productivas, sintetizado en las biotecnologías, redefine lospropios espacios naturales y sociales del planeta como reales fuerzas productivasestratégicas (capitalistas), y evidencia la interconexión del desarrollo tecnológico y elespacio físico mundial y del complejo espacio social (valoración, explotación,reproducción, lucha de clases). El tema nos remite, también, a la creación de una nueva estructura militar que, apartir de una decisión unilateral del secretario de Defensa de Estados Unidos, DonaldRumsfeld, entró en operaciones el primero de octubre de 2002, y que sin duda tendrágraves consecuencias geopolíticas para México. Se trata de una nueva estructura delPentágono para “la seguridad y defensa patria”: el llamado Comando Norte (NorthCom),31

29 John Saxe-Fernández , La compra-venta de México. Editorial Plaza & Janés, México, 2002. 30 Utilizado como sinónimo de ensamblador.31 EU ha dividido unilateralmente al mundo en cinco regiones militares, que corresponden a comandos militares a cargo de sendos comandantes de combate, cada uno de los cuales responde directamente al

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responsable de la defensa interior de Estados Unidos ante las “nuevas amenazas” surgidasde enemigos no convencionales, el bioterrorismo y las armas biológicas. El NorthCom esun instrumento de la doctrina de guerra preventiva basada en el predominio de la fuerzaunilateral del imperio.32 ¿Por qué? Porque además del territorio continental de EstadosUnidos y Alaska, su proyección abarca a Canadá, México, porciones del Caribe (Cubaincluida) y las aguas contiguas en los océanos Pacífico y Atlántico (abarcando al golfo deMéxico y los estrechos de Florida), hasta un mínimo de 500 millas náuticas de distancia delas costas de EU. Es decir, México fue incluido como zona geográfica dentro de lasestructuras del nuevo comando regional de las fuerzas armadas estadounidenses. De acuerdo con quienes entonces se desempeñaban, respectivamente, comoembajador de EU en México y en la jefatura del Estado Mayor del Ejército estadunidense,Jeffrey Davidow y general Richard B. Myers, las Fuerzas Armadas mexicanas no quedaríansubordinadas al mando del Pentágono. Según ellos, el Northcom facilitaría los nexos“militar a militar”, sin que ello implicara ningún tipo de sometimiento de la parte mexicana.Simplemente, dijeron, servirá para hacer más eficiente la “cooperación para la seguridad”(venta de equipo, asesorías y entrenamiento castrense) y la “coordinación militar”. Sin embargo, según el ex jefe del Comando Sur, general Barry McCaffrey, ellanzamiento del Comando Norte había sido postergado varias veces antes de los sucesos del11 de septiembre debido a la “sensibilidad nacionalista” de las autoridades mexicanas. Talinformación fue ratificada por una fuente inobjetable: el subsecretario mexicano deRelaciones Exteriores, Enrique Berruga, quien reconoció: “Pedimos (al gobierno de Bush)que lo manejara con cuidado”. A su vez, cuando el general Myers definía en Washingtonlos alcances “administrativos” del Northcom, la Secretaría de la Defensa Nacional afirmabaen México que el plan no implicaba “ningún compromiso operativo o doctrinario, ni laintegración de fuerzas combinadas o realizar operaciones militares en otros territorios”. En relación con ese tema, cabe recordar que la dependencia militar de los ejércitosdel área hacia el Pentágono se ha dado históricamente de tres maneras: por las reuniones dejefes militares; por los programas de ayuda militar o venta de armas, y por el entrenamientode oficiales en las escuelas militares de Estados Unidos. Eso incluye, por supuesto,ideología y doctrina. A juzgar por los antecedentes, se podía conjeturar que el ComandoNorte sería la plataforma privilegiada para penetrar y alinear a las Fuerzas Armadasmexicanas. Pero ubiquemos el problema en su contexto. La creación del Comando Norterespondía a un relanzamiento de la visión más militarista de la Doctrina Monroe (“Américapara los americanos”), que intenta mantener a toda costa la hegemonía de Estados Unidosen el mundo ante la irrupción de Estados retadores. Como tal, y junto con los restantescomandos del Pentágono, el Northcom forma parte de la política expansionista, imperial, de

secretario de Defensa, quien a su vez depende del Comandante en Jefe que es el Presidente (G. W. Bush). La llamada área ‘central’ del planeta, una de las regiones de mayor interés geoestratégico para EU, está ‘atendida’ por el Comando Central (USCENTCOM)), situado directamente en el punto medio del área conflictiva. Los otros 4 puestos de comando de combate unificado son el Comando Europeo (USEUCOM), con puesto central en Alemania, que vigila mar, tierra y aire de 91 países de Europa, la mayor parte de África y centro-norte de Asia; el Comando del Pacífico (USPACOM), situado en Hawai (Honolulú), que vigila 43 países del sur de Asia, Australia y la antártica; el Comando Sur (USSOUTHCOM) con centro en Miami (Florida, EU), que vigila 31 países de parte de América Central y toda América del Sur, y el Comando Norte, que entró en funciones en la base aérea Peterson, y es el de más reciente creación.

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un Estado nación determinado, en beneficio de las cúpulas de las corporacionesmultinacionales con casa matriz en Estados Unidos. Lo cual remite al concepto geopolíticode nación: la nación es una sola voluntad, un solo proyecto; es voluntad de ocupación y dedominación del espacio. Ese proyecto supone poder. La nación como un poder que imponesu proyecto a los otros, los Estados más débiles, que ofrecen menos resistencia. Supone,pues, la conquista del espacio, con sus recursos naturales, fuentes de materias primas,población con determinado poder adquisitivo (el espacio como mercado), situación conrespecto a las grandes rutas marítimas y terrestres. A partir de ese punto, todos losconflictos sociales y los problemas de política interna desaparecen. Todo se haceextremadamente simple, la política exterior lo absorbe todo. Así, la propaganda maniquea que invadió la nueva retórica de la Casa Blanca,sustentada en el discurso sobre la “seguridad de la patria” (homeland security) −con base enlas dicotomías “amigo-enemigo”, “mundo libre-terrorismo”−, parecía marcar un retorno alas expresiones más duras de la Doctrina de Seguridad Nacional, parte esencial de unacultura imperial que borra la frontera entre la guerra y la diplomacia. Hoy, al interior deEstados Unidos, la llamada Ley Patriótica supone una militarización de la sociedad. En elplano externo, su proyección espacial entraña graves riesgos para la soberanía de los paísesque caen bajo el área geográfica del Northcom; México en particular. El Comando Norte tiene alcance geopolítico. Su proyección espacial tiene que vercon la geografía, la política, la economía capitalista (en cuanto a su funcionalidad para laextracción de plusvalía) y lo militar. Forma parte de una estrategia que remite a la idea de“espacio vital” (Lebensraum), con sus reminiscencias pangermanistas (el Estado comoorganismo en crecimiento) y hitlerianas. Tiene que ver con “perímetros de seguridad” y“fronteras inteligentes”, presiones raciales, económicas y poblacionales, objetivos de laspotencias imperialistas que han cobrado nuevo auge en nuestros días. Como definió el sueco Rudolf Kjellen en 1916, “los Estados están sujetos a la leydel crecimiento”. Los Estados vigorosos que cuentan con un espacio limitado obedecen aun “imperativo categórico” de extender su espacio, ya sea por la colonización, la anexión ola conquista. A ellos, la geopolítica les reserva un destino manifiesto. Es en ese mismosentido que Lacoste nos remite a “la geografía de los militares y las empresasmultinacionales”. Ante una eventual pérdida de hegemonía estadunidense, laadministración Bush recrudeció la diplomacia de guerra, sus programas de inteligencia y lacontrainsurgencia, camuflajeados bajo la “guerra al terrorismo”. Una vez más, como enotras crisis anteriores profundas, la Casa Blanca impulsa una economía permanente deguerra. Visto así, el Northcom es el componente militar de un proyecto global que incluyeal Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al Plan Puebla-Panamá, al PlanColombia/Iniciativa Andina y al ALCA, y cuyo significado estratégico es la posesión ycontrol del espacio geográfico como fuerza productiva, en el marco de la luchainterimperialista de Estados Unidos por retener la hegemonía mundial ante el embate denuevos Estados retadores. O como indica Gian Carlo Delgado, autor de La amenaza biológica,33 el ComandoNorte y el PPP han sido diseñados como parte de “un proyecto destinado a lograr el controlsobre las zonas biológicamente megadiversas” en su traspatio subordinado y otras regionesdel mundo. Conviene detenerse un poco en esto. El general Myers ha clasificado a AméricaLatina como el epicentro de la biodiversidad mundial, porque conjuga riquezas terrestres y33 Gian Carlo Delgado, La amenaza biológica. Mitos y falsas promesas de la biotecnología. Plaza & Janés, México 2002.

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marinas que la ubican como la principal reserva de bosques tropicales (más de 60% de losque aún existen en el mundo) y la segunda reserva marina después de la región deIndonesia. Como apunta Delgado, la cuenca amazónica, las Guyanas, parte de Brasil,Surinam y Venezuela concentran la selva tropical más extensa del planeta. Centroamérica,con sólo 0.4% del territorio mundial, concentra 7% de la biodiversidad biológica del orbe ya su vez, México, con 1.5% del territorio planetario alberga entre 10 y 12% de labiodiversidad del globo. Se trata de zonas donde se encuentran corredores biológicos y áreas naturalesprotegidas que, como en el caso de los Montes Azules, en Chiapas (zona de influencia de lainsurgencia zapatista), están habitadas por comunidades indígenas que han conservado ydesarrollado culturas precapitalistas, y que cuentan con un conocimiento milenario que hoyintenta ser privatizado y patentado por compañías transnacionales, con la excusa pueril delBanco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las fundaciones privadasauspiciadas por el gran capital, de “conservarlo”. Con el agregado de que cada corredorimplica una homogeneización de las políticas, licencias y demás mecanismos para accedera la biodiversidad, así como “enganchar” los asentamientos indígenas y campesinos paravincularlos al proyecto como mano de obra barata, casi esclava; la famosa ventajacomparativa del Plan Puebla-Panamá. Lo que hemos venido definiendo como unamaquilización del sur-sureste mexicano, que conducirá inexorablemente, si no se le frena, ahacer de México una república bananera. Hay que desmitificar la idea sobre la repentina preocupación per se de los capitalesinternacionales y las empresas transnacionales de capital mexicano −como Pulsar, deArturo Romo y Cemex de Lorenzo Zambrano−, por defender el medio ambiente. Se trata,más bien, de una pantalla del proceso de saqueo, biopiratería y explotación depredadora delos recursos del orbe por el gran capital. Como recuerda Delgado, en el marco de BrettonWoods, al final de la Segunda Guerra Mundial, el entonces secretario del Tesoroestadunidense, Henry Morgenthau, señalaba que el Banco Mundial se concibió como partede un mundo “en el cual el comercio y la inversión puedan ser realizados por empresariosoperando bajo principios empresariales”. No parece casual, que medio siglo después, y bajola hegemonía estadounidense, el Banco Mundial estuviera metido hasta las orejas en losplanes privatizadores del sur-sureste de México, en momentos en que el país eraadministrado por “un gobierno de empresarios para los empresarios” (Fox dixit). Esto es, en parte, lo que explica la vasta proyección de fuerza militar estadunidensesobre áreas ecológicas relevantes del subcontinente, como el sur-sureste de México yCentroamérica (lo que alude al Corredor Mesoamericano, donde se está implementando elPlan Puebla-Panamá, como proyecto subordinado a los intereses corporativos empresarialesde Estados Unidos) y la región amazónica colombiana, peruana y brasileña (para la que hasido echado a andar el Plan Colombia/Iniciativa Andina), como las dos patas principales deun proyecto hegemónico imperial continental que buscaría ser abarcado por el ALCA. El Istmo de Tehuantepec

Junto con el fracasado proyecto del aeropuerto de San Salvador Atenco, el ejeCoatzacoalcos−Salina Cruz es la apetecida frontera norte del Plan Puebla-Panamá,megaproyecto subregional imperial y de conquista de cuño estadounidense, cuya paternidadse adjudicó sin rubor el ex presidente de México, Vicente Fox. Ambas terminalesmarítimas, ubicadas en el Golfo de México y sobre el Océano Pacífico, respectivamente,

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son a su vez los dos polos del Istmo de Tehuantepec, cuya importancia geopolítica,derivada de su excepcionalidad como potencial puente comercial interoceánico, fuetempranamente destacada por Hernán Cortés en sus cartas al emperador Carlos V. En torno de ese corredor transístmico, considerado por el Congreso mexicano comouna zona estratégica clave para la salvaguarda de la soberanía y seguridad nacionales, losdos últimos gobiernos mexicanos y sus patrocinadores foráneos pretenden erigir una zonaeconómica exclusiva al servicio de las corporaciones transnacionales. Con lo cual, esa áreageopolítica −que servirá para comunicar los tres megamercados del mundo industrializado:Asia, Europa y Norteamérica−, quedará bajo control de intereses supranacionales. Lo queagudizará la “inserción de corte colonial” de México, su economía, su mercado y susrecursos naturales en la gran estrategia estadunidense por lograr un posicionamiento globalventajoso en la competencia interimperialista con las naciones de Europa Comunitaria yAsia (Japón), y frente a las nuevas potencias emergentes: Rusia, China, India. La importancia del Istmo de Tehuantepec como canal de comunicacióninteroceánica fue destacada por Hernán Cortés y el barón Von Humboldt. En 1824, reciénconstituida la nueva República Mexicana, un decreto instruyó la realización de una vía queenlazara los océanos Atlántico y Pacífico. Junto con Panamá y Nicaragua −las otras dos“cinturas” de las Américas−, el Istmo de Tehuantepec se constituyó en una regiónestratégica por razones militares y comerciales, anhelada por las potencias de la época,Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Los apetitos de Estados Unidos por el Istmo se manifestaron de manera pública amediados del siglo XIX. Luego de varios intentos fallidos para construir una víainteroceánica, en 1842 el presidente de México, Antonio López de Santa Anna otorgó laconcesión a un particular, José de Garay. En 1946, el presidente estadounidense Polkdeclaró la guerra a México. Su ejército invadió el territorio mexicano y un año después, trasfirmarse un armisticio, el secretario de Estado Buchanan, con criterio de vencedor,demandó el derecho de libre tránsito de los ciudadanos, tropas y mercancíasestadounidenses a través del Istmo de Tehuantepec. Para entonces, José de Garay habíavendido sus derechos a la compañía inglesa Manning, Mackindtoch & Schneider, que pocodespués los transfería al banquero neoyorquino Hargous. Un grupo de ingenierosestadunidenses llegó a Veracruz para supervisar los trabajos practicados, mientras en NuevaOrleans se realizaban reuniones donde se discutía sobre el “negocio” de Tehuantepec y laconstrucción de una línea férrea en el Istmo. En 1858 se creó la Louissiana−Tehuantepec Railroad Company, cuyo presidente,LaSere, era íntimo amigo del “negociador” Robert M. McLane, representanteplenipotenciario de Estados Unidos en México, quien junto con Melchor Ocampo, cancillerde Benito Juárez, suscribiera en diciembre de 1859 el Tratado de Tránsito y Comercio entreMéxico y Estados Unidos, que comprendía la zona del Istmo. Juárez rechazó la presenciade tropas estadunidenses, pero el tratado, aunque firmado y protocolizado, nunca logrópasar la aduana del Congreso en Estados Unidos. La compañía empezó a hacer viajes deNueva Orleans a San Francisco. Los vapores salían de Nueva Orleans a Minatitlán y de ahíse internaban por el río Coatzacoalcos hasta Xuchi. Después seguían por tierra hasta LaVentosa, cerca de Salina Cruz, donde embarcaban rumbo a San Francisco. En 1871, un informe oficial del capitán de la Marina estadunidense Shufeld, hizohincapié en las ventajas comerciales y de logística militar naval (para el paso de armas ytropa) del Istmo de Tehuantepec, el más cercano a Estados Unidos y la distancia más cortapara unir los puertos del Atlántico y del Pacífico. El famoso proyecto Eje del Comercio

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Mundial, de Corthell y Matías Romero (1875-1888), recuperó los argumentos de Shufeld yponderó el carácter geopolítico del Istmo como la ruta más directa para el comercio entreEuropa y Oriente. Ambos informes, con una proyección que recupera hoy el Plan Puebla-Panamá, argumentaban que la construcción de una vía en el Istmo de Tehuantepecsignificaba hacer una extensión del río Mississippi en el Océano Pacífico. Lo cual, en casode guerra, convertiría al Golfo de México en un “lago estadounidense” que impediría elpaso a los enemigos. En 1879, con aprobación de congresistas en Washington, el ingeniero civil JamesEads presentó ante la Cámara de Comercio de California un proyecto sobre la construcciónde un ferrocarril de 12 vías para transportar buques a través del Istmo de Tehuantepec.Frente a todos esos proyectos de corte imperial, basados en consideraciones militares ynecesidades de exportación−importación estadounidenses, el Congreso de México antepusosiempre la conservación de la neutralidad del paso interoceánico y la soberanía sobre elterritorio. Durante el porfiriato,34 cuando se abrieron las puertas al capital extranjero, el Istmono fue la excepción. En 1907, con la sangre aún fresca de los indígenas de Acayucan,Veracruz −que al verse despojados de sus tierras se alzaron en armas contra el supremogobierno−, el general Porfirio Díaz inauguró el Ferrocarril de Tehuantepec, con unalongitud de 310 kilómetros. La ruta fue construida con capitales de la empresa inglesaPearson and Son Ltd. Se concluyeron también los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz,y la primera refinería del país en Minatitlán, Veracruz. No obstante, debido a la RevoluciónMexicana y a la inauguración del Canal de Panamá en 1914, el sueño del emporio istmeñose desplomó. Tehuantepec dejó de ser un “negocio”. En pleno “periodo industrializador”, el asunto del Istmo de Tehuantepec comenzó asonar de nuevo en México. En 1954, Eduardo Harfuch Keruz participó en la formulacióndel proyecto Corredor Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, que proponía la construcciónde una doble vía férrea electrificada de 275 kilómetros, por la cual corrieran treslocomotoras en serie a una velocidad récord de 120 kilómetros por hora, con capacidadpara transportar 5 mil toneladas diarias de carga. El proyecto nunca se hizo realidad. A finales de los años setenta, Ray S. Cline, uno de los think tanks más duros delentorno neoconservador de Ronald Reagan, concibió a Estados Unidos como el centro deuna extensa y decisiva zona geoestratégica que empezaba en Alaska, incluía a Canadá yMéxico y a los países del istmo centroamericano, y tenía como lindero sur el Canal dePanamá. De esa época datan las presiones estadunidenses para que México forme parte deun Mercado Común Energético de Norteamérica (fue una de las propuestas de campaña deRonald Reagan en 1979), con la función de suministrar petróleo, gas natural y electricidadpara alimentar la economía de la superpotencia. En 1980, el Documento de Santa Fe Ipropuso a Reagan sostener pláticas interrelacionadas sobre energía, inmigración y comerciocon México, y en particular “establecer acuerdos de largo plazo para el abastecimiento degas y petróleo (mexicano)”, con el fin de “aliviar la dependencia” estadunidense delpetróleo del Golfo Pérsico. Ya entrados los años ochenta, cuando el eje del comercio mundial comenzó a giraren torno del Océano Pacífico, cobró fuerza el proyecto logístico “Gato”, con miras aestablecer en el Istmo un puente para la transportación de contenedores con destino a Asia.34 La expresión porfiriato se utiliza para designar el último periodo de gobierno del general Porfirio Díaz, quien, tras ejercer la titularidad del Ejecutivo entre 1877 y 1880, ocupó la Presidencia de México, de manera ininterrumpida, desde 1884 hasta 1911.

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Con tal fin, la firma CSX Corporation y sus filiales Sea Land y CSX Transportaciónrealizaron algunas pruebas logísticas. En 1988, el Documento de Santa Fe II consideró quelas industrias de Estados Unidos “deberían considerar el traslado de sus maquilas muchomás al interior de México”. En 1995, ya vigente el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, elColegio de Ingenieros Civiles de México elaboró un megaproyecto para el Istmo deTehuantepec. La consultora Ochoa & Asociados bautizó la obra como Centro deManufactura y Distribución Global de Productos. Era la fase siguiente del TLC, al influjode la privatización de las vías de comunicaciones. Es decir, la instalación de una zona convocación de paraíso fiscal para maquiladoras dedicadas a ensamblar productos; laconstrucción de grandes almacenes y centros de distribución, y una red de corredoresmultinodales (carreteros, ferroviarios y portuarios), como ruta de carga para mover grandesvolúmenes de mercancías y contenedores. La idea de un país subordinado con unaeconomía de servicios en función de los intereses de Estados Unidos. El viejo sueñogeopolítico de Corthell y del capitán Shufeld, de hacer un mare nostrum estadunidense enel Golfo de México. El proyecto para la conformación de un corredor de transporte multinodal,contemplaba una inversión de 220 millones de dólares para la operación y modernizacióndel tren transístmico y las terminales marítimas de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así comopara la ampliación de la autopista que uniría ambos puertos. Se argumentó entonces que poresa vía se podrían transportar hasta 200 mil contenedores al año. Se definían incluso lasposibles inversoras: para administrar la ruta férrea, estaban “anotadas” Wisconsing CentralRailroad, Ancostia & Pacific Railroad, Railroad Development Corporation, OmnitrackRailroad y Canac International de Canadá. Para transporte multinodal figuraban DanzasCorp., Kulme & Nagel, Alliance y Pinalpina Internacional. Para terminales decontenedores, P&O, Stevedoring Services of America, Eagle Marine e InternationalContainer Terminal Services. Entre las empresas de construcción e ingeniería especializadase mencionaban a ICA, GMD, Tribasa, Bechtel Corporation y Brown & Roo. En 1996, en plena danza de los “rescates” carreteros del presidente Ernesto Zedillo yla privatización de las redes de comunicación terrestres y aeroportuarias, que comprendió lalicitación de la empresa Ferrocarriles del Sureste (incluida la ruta férrea transístmica), elproyecto fue rebautizado. El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, CarlosRuiz Sacristán lanzó el Megaproyecto Integral del Istmo de Tehuantepec, antecedenteinmediato del Plan Puebla-Panamá, al que el ex presidente Fox y sus patrocinadoresforáneos agregaron el tramo Suichate-Puerto Colón. Según Ruiz Sacristán, 80 empresasextranjeras estaban interesadas en invertir en la construcción de un corredor transístmicoferroviario privado y en la construcción de dos unidades generadoras de energía eléctrica.Se mencionó, incluso, que la familia real de los Emiratos Árabes estaba interesada enentrarle al negocio, sufragando la construcción de una autopista de 411 kilómetros entreCoatzacoalcos y Salina Cruz, que se conectaría con La Ventosa y el Ramal Huatulco. El megaproyecto, que acentuaba el destino de México como una zona ensambladorabajo el régimen de maquiladoras, “integraba” ya a las industrias química y petroquímica, derefinación, de cultivo forestal con siembra de eucaliptos en Los Chimalapas, SantiagoYaveo y San Juan Cotzocón, de camaronicultura, de explotación de minerales no metálicos(mármol, roca fosfórica, sal de mar), maquiladoras textiles, la ampliación del complejoturístico en Huatulco y grandes obras de infraestructura.

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En los proyectos gubernamentales pocas veces se recuerda que por su posicióngeopolítica, el Istmo de Tehuantepec es considerado una zona de seguridad nacional. Allíse refina la tercera parte del crudo mexicano y se elabora el 88 por ciento de los productospetroquímicos. La región es rica en agua y encierra un enorme potencial hidroeléctrico,además de poseer uranio y otros minerales estratégicos así como una gran variedad debiodiversidad. Ahora, toda esa región y sus riquezas se pretenden abrir al capital extranjero,proyecto que incluye, también, una eventual privatización disfrazada de la paraestatalFerrocarril del Istmo de Tehuantepec. En 1996, cuando el gobierno de Zedillo inició la privatización del sistemaferroviario, distintas voces se alzaron para impedir que el entonces llamado Ferrocarril delSureste quedara en manos del capital foráneo. El ex dirigente empresarial y ex funcionariopúblico Francisco Cano Escalante, argumentó que dejar en manos privadas el tramoferroviario en ese corredor geopolítico vulneraba la soberanía nacional. Debido a sucarácter “estratégico”, en septiembre de 1997 el gobierno federal decidió que la ruta delSureste se dividiría en tres segmentos, y que el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz seríaoperado por una paraestatal. La empresa quedó inscrita en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de2000, bajo la denominación Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S. A. de C. V. Sinembargo, en diciembre siguiente, a nombre del Partido de la Revolución Democrática(PRD), el senador José Moisés Castro elevó un punto de acuerdo a la Comisión deComunicaciones y Transportes de la LVII Legislatura, en relación con la salvaguarda de lasoberanía nacional a propósito de la asignación otorgada a Ferrocarril del Istmo, que através de 300.40 kilómetros une Coatzacoalcos con Salina Cruz. Según el legislador, eltramo de 203 kilómetros que enlaza Salina Cruz (Oaxaca) con Medias Aguas (Veracruz),para seguir a Coatzacoalcos (97 kilómetros), se une allí con la vía que explota Ferrocarrildel Sureste (Ferrosur), cuyo propietario es el megamillonario mexicano Carlos Slim.Adicionalmente, en Ixtepec (Oaxaca), el Ferrocarril del Istmo entronca con otra vía quellega hasta Tapachula y Ciudad Hidalgo (Chiapas), propiedad de Genesse & Wyoming Inc.,de capital estadounidense, también propietaria de la línea férrea que parte de Coatzacoalcoshasta Mérida, Yucatán. Debido a que dos empresas privadas, una de ellas totalmente extranjera, impactan demanera directa con la línea del Istmo, en una zona de interés geopolítico que toca áreas delas selvas de Los Chimalapas, Uxpanapa y Lacandona, zonas petroleras y petroquímicas(Cotzoloacaque), plantas hidroeléctricas e infraestructura hidráulica (sistemas Malpaso yChicoasen), a lo que se suma la conflictividad armada y aspiraciones “separatistas” enTapachula y Yucatán, el senador Castro pidió al cuerpo legislativo que por razones “desoberanía y seguridad nacional”, esa zona estratégica quedara bajo control exclusivo de laNación y se revocaran las concesiones donde existiera capital extranjero. El dictamen de lacomisión quedó pendiente. Los temores del legislador tenían que ver con el avance de las ambicionesgeopolíticas de Estados Unidos sobre México. Como ha demostrado Andrés Barreda, elPlan Nacional de Desarrollo del gobierno de Ernesto Zedillo seguía la lógica de conectar aEstados Unidos con el Pacífico (Japón, China, Malasia, Vietnam, Corea) a través de lasrutas de México y Centroamérica. “Parece que el plan de Zedillo está hecho enWashington”, dijo el experto de la UNAM. En 1998, la Secretaría de Comunicaciones yTransportes informó que existía un plan de “transición trilateral” entre Canadá, Estados

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Unidos y México en materia de comunicación, navegación, vigilancia y gestión de tránsitoaéreo. Colonialismo interno

En torno al Istmo de Tehuantepec se articulan varias nociones que tienen que vercon el concepto de región como espacio de arraigo de los pueblos. Lo que remite acomunidad, identidad cultural, formas de tenencia de la tierra, territorios, recursosnaturales. Sin embargo, los economistas neoliberales consideran región como sinónimo deespacio productivo, destinado a la generación y consumo de bienes. Lo que se combina, porsupuesto, con rentabilidad y acumulación de capital. El carácter geoestratégico de un istmo deviene de su capacidad de comunicar y/oarticular dos espacios o masas de agua. Para entender el tipo de “desarrollo” que pretendeimpulsar el Plan Puebla-Panamá en la zona del Istmo de Tehuantepec, hay que tomar encuenta tres nociones básicas: los “puntos” (nodos), la “línea” (frontera) y el “polígono”(espacio físico interno). En el caso referido, los nodos que enlazan las dos masas de agua(océanos Atlántico y Pacífico) son los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. La línea ovínculo de comunicación interoceánica, que tendrá la función de “imán”, puede ser uncanal seco o de agua (como en Panamá) o una vía férrea, complementada con unasupercarretera. El espacio interno, ocupado en buena parte del sur-sureste por comunidadesindígenas, es a la vez asiento de grandes recursos naturales (minerales, petróleo, gasnatural, biodiversidad, pesquerías y una gran potencialidad de recursos hídricos), algunosde ellos de carácter geoestratégico dada su importancia como materia prima para industriasde punta como la aeroespacial y la ingeniería genética. Un dato clave, es que en el“polígono” (espacio físico) que comprende la parte mexicana del PPP, actúan al menoscuatro grupos armados (EZLN, EPR, ERPI y FRAP). Por lo que el megaproyecto tieneimplicaciones contrainsurgentes; forma parte de una pinza para liquidar la rebeldíaantineoliberal que explotó en 1994 en Chiapas, y que se extendió luego a Guerrero, Oaxacay otras regiones de México. El proceso de “desruralización”en curso previsto en el PPP −que supone laintegración de las poblaciones expulsadas al mercado de trabajo−, encierra además unanueva contrarreforma agraria, ya que busca redefinir los sistemas de propiedad de la tierra,entendido esto como la remoción de los obstáculos para su privatización, en beneficio denuevos terratenientes y las agroindustrias; lo que a su vez supone, como paso previo, eldesmantelamiento y la ruptura de la estructura comunitaria y los derechos de propiedadejidal y comunal. En forma paralela, los empresarios y el gobierno −bajo presión delpresidente George W. Bush−, impulsaron modificaciones sobre la gestión de los recursosbajo control estatal (petróleo, petroquímica, gas natural, agua, minerales, la biodiversidadagrícola y silvestre en áreas protegidas), lo que explica el renovado énfasis privatizador deFox y Calderón. Bajo la propuesta retórica de sacar de la pobreza a los habitantes de la región sur-sureste, los dos últimos gobiernos del Partido Acción Nacional y las facciones de capitalnacional e internacional que los impulsaron a la Presidencia buscan, en realidad, con el PlanPuebla-Panamá (rebautizado en 2008 Proyecto Mesoamericano y al que se sumóColombia), potenciar las aristas depredatorias y parasitarias del actual capitalismo global.

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Una vez más, esta forma añeja de dominación para la explotación y la acumulación decapital necesita conectar (comunicar) esa zona de importancia geopolítica a través de“corredores multinodales” (redes articuladas de carreteras, ferrocarriles y puertos bajocontrol privado), para desplazar y enviar a los centros del comercio mundial loscontenedores con mercancías (materias primas, cultivos de plantación e invernadero para laexportación, productos ensamblados de las maquiladoras). Lo que conlleva otra variable delcírculo vicioso de la deuda externa: el país contraerá más deuda condicionada con el BID,el FMI y el BM, a fin de financiar las obras de infraestructura necesarias para facilitar laextracción intensiva de bienes naturales, lo que a su vez producirá impactos sociales yambientales irreversibles. Como en todo proceso de ese tipo, que podríamos definir como un proceso de“colonialismo interno”, la idea de explotar “la línea” del Istmo de Tehuantepec −el viejoproyecto Alfa-Omega de José López Portillo, retomado por Ernesto Zedillo comoMegaproyecto Transístmico y reformulado por Fox como Plan Puebla-Panamá−, desatagrandes intereses especulativos en torno a la renta y posesión del suelo, y ejerce presiónsobre los habitantes del lugar para que vendan y/o cedan sus tierras, garantizando a la vez elacceso y la explotación de los recursos que hay en ellas. En la era del desplazamiento de la realidad en nombre de la mercancía, el asunto esde comprensión sencilla. Las grandes obras de infraestructura carretera, represashidroeléctricas, instalación de gasoductos, construcción de parques industriales yconglomerados petroquímicos y agroindustriales anunciados por Fox , revitalizados luegopor Calderón, elevan la renta del suelo dentro del polígono (espacio físico donde está lagente y los recursos), que tendrá como eje “la línea” o frontera que hará las veces de imán,el corredor transístmico de Tehuantepec (con su vía, el ferrocarril o un canal seco) y susnodos (los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz). La presión de los agentes privadospara que la tierra entre al mercado, despierta el interés de los especuladores inmobiliarios,fraccionadores y constructores, e incita a expropiaciones y/o despojos, encubiertos bajorazones de “seguridad nacional” y supuestos planes de “desarrollo” y “combate a lapobreza”. Seguridad y militarización

En octubre de 2003 se realizó en México una Conferencia Especial de SeguridadHemisférica de la Organización de Estados Americanos (OEA). El borrador para la reunión(guía CP/CSH558/03 rev. 5) exhibía una agenda impuesta por la diplomacia de guerra deEstados Unidos. El concepto de seguridad hemisférica impulsado por Washington desdecomienzos de los años 90 con el señuelo propagandístico de la “guerra a las drogas”, fuesustituido entonces por el nuevo comodín que emergió tras los atentados contra las torresgemelas y el Pentágono en 2001: la “guerra al terrorismo”, una formulación que buscagarantizar la hegemonía regional del imperio estadunidense. Más allá de la “nueva concepción multidimensional” sobre seguridad hemisférica, laconferencia respondía a las necesidades de Estados Unidos de construir un nuevo consensodoctrinario y una óptica militar regional común, subordinada a la Estrategia de SeguridadNacional presentada por el presidente George W. Bush en la Casa Blanca el 20 deseptiembre de 2002, documento del cual es útil recuperar algunas nociones básicas. Cito:

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- “Estados Unidos disfruta hoy de una posición de fuerza militar sin paralelo yde gran influencia económica y política.

- “Defender a nuestra nación de sus enemigos es el primer compromisofundamental del gobierno federal.

- “Estados Unidos actuará con las amenazas en surgimiento antes de que éstasterminen de formarse. El único camino hacia la paz y la seguridad es la acción.

- “Estados Unidos aprovechará este momento de oportunidad para extender losbeneficios de la libertad al mundo entero, para llevar los mercados libres ylibre comercio a todos los rincones del mundo.

- “La estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se basará en uninternacionalismo inconfundiblemente estadunidense que refleje la unión denuestros valores y nuestros intereses nacionales.

- “Defendemos a los Estados Unidos, al pueblo estadounidense y a nuestrosintereses dentro y fuera del país, mediante la destrucción de las amenazas antesde que lleguen a nuestro país.

- “Si bien Estados Unidos tratará constantemente de obtener apoyo de lacomunidad internacional, no dudaremos en actuar solos, en caso necesario,para ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa.

- “Nuestra mejor defensa es una buena ofensiva.- “Para evitar actos hostiles de nuestros adversarios, Estados Unidos actuará

preventivamente.- “Promovemos el crecimiento económico y la libertad económica más allá de

las costas de Norteamérica. Las lecciones de la historia son claras: laseconomías de mercado, no las economías de dirección y control mediante lapesada mano del gobierno, son la mejor manera de promover la prosperidad.Las políticas de incentivos a los mercados son pertinentes en todos los países.

- “Debe mejorar la seguridad energética (de Estados Unidos). Fortaleceremosnuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de laeconomía mundial colaborando con nuestros aliados, socios comerciales yproductores de energía.

- “Para bregar con la incertidumbre y enfrentar los muchos retos de seguridadque encaramos, Estados Unidos necesitará bases y estaciones dentro y más alláde Europa Occidental y el nordeste de Asia, como así también arreglos deacceso temporal para el despliegue de fuerzas a gran distancia.

- “Emprenderemos las acciones necesarias para asegurar que nuestros esfuerzosno se vean perjudicados por el potencial de investigaciones, pesquisas oenjuiciamientos por parte del Tribunal Penal Internacional, cuya jurisdicción,que no aceptamos, no se extiende a los (soldados) estadunidenses. Aplicaremosa plenitud la Ley de Protección a los Miembros de las Fuerzas ArmadasNorteamericanas.“Hoy día, la diferencia entre asuntos internos y asuntos exteriores vadisminuyendo”.

Como vemos, la doctrina Bush de “dispara primero, pregunta después” da prioridadal enfoque de la fuerza militar como herramienta básica de la política exteriorestadunidense. Esa estrategia de seguridad nacional, actualizada por el Pentágono en marzode 2005, esboza la agenda de EU para la dominación militar del mundo, mediante el

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aumento del despliegue de tropas en el exterior, el entrenamiento de ejércitos locales entácticas básicas de contrainsurgencia y un incremento de los sistemas de armas avanzadasdirigido a escalar una carrera armamentista con países que desafían la hegemonía deEstados Unidos, entre ellos, China, Rusia, Francia y Alemania. En su papel de gendarme mundial, además de esos enemigos potenciales de tipotradicional, el Pentágono identificó “nuevos enemigos” a los que calificó como Estadosdelincuentes o canallas (integrantes “el eje del mal”) y grupos denominadosgenéricamente como “terroristas”.35 Según esa estrategia, los nuevos adversarios“asimétricos” no utilizan métodos de ataque clásico −o propios de la guerra convencional−y tienen posibilidad de acceder a tecnología y armas de destrucción masiva baratas. Contraellos, al margen del derecho internacional, el Pentágono y la Agencia Central deInteligencia (CIA) vienen aplicando la Doctrina Bush de guerra preventiva (que en realidades una guerra ofensiva), el asesinato selectivo, el secuestro (o la desaparición forzosa depersonas) y la tortura sistemática, como la que se practicó en una red de prisionesclandestinas diseminadas por varios países del mundo administradas por personalestadunidense.36 Otro elemento complementario de esa estrategia es la privatización de laviolencia oficial, que es ejercida a través de “empresas contratistas”, lo que ha dado lugar auna mercenarización o tercerización de los conflictos. Otra modalidad es elparamilitarismo, como una forma no oficial de desarrollar la guerra sucia en zonasconflictivas. La historia recoge que la política hemisférica de Washington ha estado regida por unfundamentalismo dogmático basado en el aislacionismo, la Doctrina Monroe (1823) y sucorolario Roosevelt (1904), con sus contenidos imperialista y hegemónico que limitan dehecho la capacidad de acción de los países latinoamericanos y caribeños. El Departamentode Estado y el Pentágono han venido actuando en el hemisferio de manera unilateral parasalvaguardar los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y sus compañíasmultinacionales, utilizando al sistema interamericano −no siempre con éxito− para aprobary legitimar sus políticas intervencionistas. En materia de seguridad hemisférica, desde los años treinta del siglo pasado la ideade “uno para todos y todos para uno”, plasmada luego en el Tratado Interamericano deAsistencia Recíproca (TIAR), suscrito en la Conferencia de Río de 1947, significó unacontinentalización de la Doctrina Monroe. Desde entonces, el Pentágono ha encabezadoconstantes procesos de actualización y reelaboración doctrinaria y estratégica que, según lasdiferentes coyunturas y con sus respectivos puntos de continuidad y ruptura, adoptaron laforma de lucha contra el comunismo (durante todo el periodo de la guerra fría hasta laautodisolución de la Unión Soviética); guerra contrainsurgente o antisubversiva (en elperiodo de las dictaduras militares de seguridad nacional, con eje en el combate a lasguerrillas); guerra a las drogas (como sustituto del “fantasma comunista” a partir de losaños 90) y guerras de baja intensidad (en Granada, El Salvador, Nicaragua, Panamá), hastala fase actual de “guerra al terrorismo”.

35 Grez Jaffe, “Rumsfeld detalla un gran cambio militar en un nuevo documento”, The Wall Street Journal, 11de marzo de 2005.36 Una versión actualizada de las denuncias sobre la existencia de una red de prisiones secretas de Estados Unidos en el mundo circuló en los medios el 2 de noviembre de 2005. Según The Washington Post, Estados Unidos cuenta con “sitios negros” en Tailandia, Afganistán, Polonia y Rumania, que vienen a sumarse a los casos más conocidos como la cárcel de Abu Ghraib, en Irak y el campo de concentración que opera en la basemilitar de Guantánamo, en Cuba. Ver La Jornada, 3 de noviembre de 2005.

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Waco, el petróleo y seguridad nacional

Es en ese contexto que debemos ubicar los cambios sustanciales producidos en lasrelaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. En particular, algunas adecuacionesde las políticas internas de la administración Fox, funcionales a la estrategia de dominaciónde Washington. Cabe citar, por ejemplo, que el 12 de septiembre de 2005, con el telón defondo de la tragedia ocasionada por el huracán Katrina, por enésima vez en sus cinco añosde gobierno, Vicente Fox anunció que elevaría al Poder Legislativo una iniciativa dereforma constitucional que “complementara” la inversión pública con la inversión privadaen la exploración, explotación y actividades relacionadas con el gas natural no asociado alpetróleo. Asimismo, propuso otra iniciativa de reforma a la ley reglamentaria del artículo27 constitucional en el ramo del petróleo, para “complementar” la inversión pública coninversión privada en infraestructura de almacenamiento y ductos de petróleo y susderivados. El llamado “decálogo energético” del presidente Fox tenía como antecedente otrainiciativa del Ejecutivo federal del 21 de agosto de 2002, en la que proponía la reforma del27 constitucional para permitir la inversión privada en generación de electricidad. Comovemos, petróleo, gas natural y electricidad. La iniciativa foxista en materia energéticatenía que ver con actividades que la Constitución reserva con exclusividad al Estadomexicano. Para permitir la inversión de compañías privadas en el sector, el presidente Foxadujo que al Estado le faltaban recursos. Pero en el fondo, al llegar al final de su mandato,se trató de un último y desesperado intento de Fox por dar cobertura constitucional aldespojo del sector energético nacional por las compañías transnacionales. A lo largo de su sexenio Fox impulsó una privatización de facto de funciones vitalesde PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de las grandes compañíasdel sector de la energía. El debilitamiento y desmantelamiento de la industria energéticamexicana no tiene nada que ver con la mano invisible del mercado sino con las propuestasdel aparato de seguridad de Estados Unidos y del alto empresariado transnacional y sussocios locales. Las llamadas “reformas estructurales” que tanto impulsó Fox −y que heredóa Felipe Calderón− no eran sino un intento postrero para cumplir con los lineamientos delBanco Mundial y los plutócratas y grandes financistas nacionales asociados al capitalextranjero. En rigor, se trata de una contrarreforma constitucional privatizadora quepone en riesgo la soberanía nacional y atenta contra la rectoría del Estado sobre el sectorenergético. Es decir, pone en riesgo las defensas estratégicas de la nación. ¿Qué tendría que ver el “decálogo energético” del presidente Fox con la Alianzapara la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, suscrita en el rancho Crawford,en Waco, Texas, por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el primer ministrocanadiense, Paul Martin y Vicente Fox, el 23 de marzo de 2005? ¿Cuál fue la agenda ocultade Waco? ¿Cuáles sus antecedentes? Cabe recordar que a comienzos de 2001 había estallado otra crisis prolongada de laeconomía estadunidense. El endeudamiento de las familias y las empresas rebasaron sucapacidad real de pago. Los bancos otorgaban préstamos por fuera de las reglas máselementales y contribuyeron al descalabro financiero. El caso de la transnacional Enron fueel más emblemático. Bush solicitó mano dura contra la deshonestidad, pero entonces lagran prensa estadunidense se dedicó a revelar su pasado y el del vicepresidente DickCheney, y la popularidad de ambos cayó al piso. Para tratar de volver a los primeros planos,

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el presidente Bush huyó hacia adelante y se refugió en la guerra. Los atentados terroristasdel 11 de septiembre, funcionales a la política internacional de Estados Unidos, le sirvierona Bush de justificativo, reactivando la posibilidad de acciones bélicas contra nacionescalificadas como integrantes del “eje del mal”. Después se supo que el equipo que rodeabaa Bush en la Casa Blanca había diseñado con antelación un plan cuyo objetivo era rediseñarel mundo en la medida de un único imperio. A partir de entonces, el “imperialismo energético” de Bush, Cheney y compañía seapoyó en un unilateralismo exacerbado y en la doctrina de la guerra preventiva. Elbelicismo de Washington se expresó en Afganistán y después siguió Irak. Pero también seproyectó sobre el patio trasero del imperio, con la segunda fase del Plan Colombia, lasacciones desestabilizadoras encubiertas contra la Venezuela de Hugo Chávez(estigmatizado por el terrorismo mediático de la gran prensa subordinada a los designios deWashington como ejemplo del “populismo radical”), las provocaciones contra Cuba y lainclusión de la Triple Frontera −una inhóspita región en el corazón de América del Sur queabarca territorios de Brasil, Argentina y Paraguay− como otro de los “peligros” queamenazaban la “seguridad nacional” de Estados Unidos a comienzos del siglo XXI. En abono a la hipótesis de que existía un plan previo a los sucesos del 11 deseptiembre, hay que consignar que en mayo de 2001, el presidente Bush −principaloperativo del cártel petrolero-gasero texano, conformado por las transnacionales Exxon-Mobil, Halliburton, Enron y El Paso Corporation− dio a conocer su plan energéticonacional, donde el combustible extranjero pasó a ser el eje del proyecto. En ese esquema,México fue definido como una “fuente primordial” para garantizar la “seguridadenergética” de Estados Unidos. Con eje en la “seguridad energética” de Estados Unidos, elPlan Cheney −como también se le llamó− recomendó a la administración Bush “fomentarque el sector privado estadunidense considere inversiones con base en el mercado”, lo queen código de los industriales del petróleo se llama “rédito de inversión basado en índice”.Es decir, un mecanismo de compensación con pagos indexados a los resultados de lainversión. Si hay mayor rendimiento, el pago al inversionista será mayor. Varios meses antes de los atentados contra las torres gemelas, el Grupo para elDesarrollo de una Política Energética Nacional, que elaboró el Plan Cheney, habíamostrado un mapa de la República Mexicana que identificaba a las cuencas de Burgos,Sabinas y Pedregosas, en el norte de México, frente a Texas (dominios del clan Bush),como las principales reservas de gas no explotado. En esa región, sugería el documento,podría darse una interrelación energética “natural”. Por eso, el grupo recomendó alpresidente Bush que instruyera a sus secretarios de Estado y de Energía para que, enconsulta con la Comisión Reguladora de Energía, se revisaran los “permisospresidenciales” para la construcción de infraestructura que permita el cruce de petróleo,gas natural y electricidad, y se propongan las reformas a las regulaciones que seannecesarias para hacerlas compatibles con el comercio intrafronterizo méxico-estadunidense. Queda claro, pues, que entre febrero y mayo de 2001, la estrategia energética de laCasa Blanca buscaba convertir a México en exportador de gas natural hacia Estados Unidosy proponía las reformas al 27 constitucional que sugirió el presidente Fox a lo largo de sumandato. El mensaje anteponía la “seguridad energética” de Estados Unidos al hecho deque México sea deficitario en gas natural y combustibles. De lo que se trataba entonces,con el decálogo energético de Fox, era que México produjera mucho más y que el petróleo,el gas y la electricidad tuvieran un flujo de sur a norte.

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En febrero de 2001, un experto, George Baker, directivo de Mexico EnergyIntelligence, dijo que Bush podía ofrecer fondos para convertir a PEMEX en la mejorempresa petrolera del mundo. “Por supuesto, tendría que ser una propuesta del presidenteFox, que no corresponde plantear al presidente Bush”, dijo Baker. En el corto lapso quemedia entre su llegada a la Casa Blanca y septiembre de 2001, las presiones de Bush para“asociar” el gobierno de Fox en un “plan energético regional” no dieron respiro. Como sedijo antes, la idea de un “TLC energético” venía de la época de Ronald Reagan, cuando eltema del petróleo y el gas entre México y Estados Unidos era casi tabú en la diplomaciabilateral y regional. Pero durante su campaña electoral, en octubre de 2000, el entoncesgobernador de Texas, George Bush, mencionó la idea en un debate televisado con Al Gore.“Le hablé (a Fox) de cómo sería mejor apresurar la exploración de gas natural en México, ytransportarlo a Estados Unidos para que seamos menos dependientes de fuentes externas depetróleo crudo”, dijo Bush. En marzo de 2001, ya como mandatario, Bush no tuvo empacho en afirmar que el gasencontrado en México era “hemisférico” y debía beneficiar a Estados Unidos. Afirmóentonces Bush: “Una buena política energética es aquella que entiende que tenemos energíaen nuestro hemisferio y cómo explotarlo mejor y transportarlo a los mercados”. Pocos díasantes, con Fox de anfitrión, el secretario de Energía de EU, Spencer Abraham, habíalogrado introducir en la Declaración de México −suscrita por los ministros de Energía delas Américas− una frase que abogaba por la “integración energética” del continente. Allíquedó formado un grupo de trabajo trilateral (integrado por Abraham y los ministros delramo de Canadá y México). “Encontramos que hay dependencia mutua, sin sociosminoritarios ni socios mayoritarios”, dijo entonces Abraham con entusiasmo, desafiando laley que rige la fábula del tiburón y la sardina. La idea de crear “redes” o “corredores energéticos” a través de gasoductostransfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la integración eléctricaentre EU, Canadá y México, fue retomada en la Cumbre de Québec (abril de 2001), dondeparticiparon 34 jefes de Estado y de gobierno de América. Uno de los compromisos de lacumbre fue “norteamericanizar los mercados de energía” −ante la deficiencia de EstadosUnidos en la materia esgrimida por Bush−, para lo cual se requería “cambiar el marcolegislativo y regulatorio” de los países involucrados. De paso, y a puertas cerradas, Bush yFox resucitaron el viejo proyecto de un gasoducto para que fluyera gas natural mexicano dela costa del Golfo hacia California, en la costa oeste de Estados Unidos. Cuando en septiembre de 2001 el presidente de México visitó a Bush en Washington,ambos mandatarios recibieron la propuesta del Consejo Binacional México-Estados Unidospara llevar a cabo, cuanto antes, la integración energética de Norteamérica. El principaldestinatario de la solicitud fue el presidente Fox: a él le recomendaron aumentar lainversión privada en PEMEX; abrir el sector de refinación de crudo al capital extranjero;dividir en varias compañías la red de oleoductos mexicanos, y acceder a una prontaintegración eléctrica con Estados Unidos. Para todo ello, le dijeron, había opciones:“liberalizando los marcos regulatorios y legales”. Léase: modificando la Constituciónmexicana, como proponía el “decálogo” foxista; su tarea no cumplida. Como se puede observar, los contenidos de la Alianza para la seguridad yprosperidad de América del Norte habían venido definiéndose desde 2001 bajo el controlde Washington. En marzo de 2005, Paul Martin y Fox sólo llegaron al rancho Crawford aavalar de manera subordinada la estrategia de Bush y del vicepresidente Dick Cheney.Estrategia gradual y de doble vía que, por un lado, buscaba asegurarse más petróleo y gas

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natural del resto del mundo y, por otro, trataba de refinar la capacidad de intervenciónmilitar del Pentágono en los países productores de hidrocarburos. Como se anotó más arriba, el vínculo militar y energético está presente en la relacióntrilateral desde mucho antes de los atentados del 11 de septiembre. Es histórico. Para poneruna fecha arbitraria, la primera fase de la última etapa arranca con la administraciónReagan a comienzos de los años 80, cuando Washington impulsó un mercomúnenergético de América del Norte. El segundo paso fue la firma del Tratado de LibreComercio, en el que no entró el rubro energético, pero que un decenio después, vía laASPAN, exhibía la acentuación de la dependencia política, económica y financiera deleslabón más débil de la cadena: México, preparando el terreno para las contrarreformas“estructurales” faltantes, en particular la privatización de los recursos energéticos (petróleo,gas, electricidad, agua). Ahora, el nuevo “paradigma”, según lo definió la llamada Fuerza de TareaIndependiente (sic) sobre el Futuro de Norteamérica −cuyos copresidentes en 2005 eran elex viceprimer ministro de Canadá, John Manley; el ex secretario mexicano de Hacienda,Pedro Aspe y el ex gobernador de Massachussets, William Weld−, era la Alianza para laSeguridad y la Prosperidad. El “menú” del nuevo pacto, definido por la Casa Blanca con elcolaboracionismo de tecnoburócratas gubernamentales, asociaciones empresariales ycírculos intelectuales conservadores de Canadá y México, incluía seis puntos básicos deseguridad: militar, interna, energética, global, social y de acceso al agua dulce. No fuecasual que los puntos de la agenda definieran los intereses geoestratégicos de Washington;subordinando el comercio a los asuntos de seguridad definidos en la doctrina Bush deguerra preventiva y lucha contra el “terrorismo”, y persiguieran una dirección única: ladominación imperial estadunidense en el siglo XXI. En síntesis, los objetivos clave del “nuevo acuerdo” eran desarrollar mecanismos deseguridad marítima, aérea y terrestre que permitieran hacer frente a cualquier“amenaza” en América del Norte; una estrategia energética basada en el incremento de laoferta para satisfacer las “necesidades” de la región (léase Estados Unidos), y facilitarinversiones en infraestructura energética, para las mejoras tecnológicas, la producción y elsuministro confiable de energéticos, mejorando la “cooperación” en la materia. En formacomplementaria, un objetivo estratégico de la política petrolera del dúo Bush-Cheney fuepersuadir u obligar a México, Venezuela y países productores del golfo Pérsico a queabrieran sus empresas estatales a la inversión multinacional privada. En ese sentido, enWaco, Bush trató de aprovechar la extrema debilidad del presidente Fox y definió la nuevaagenda, que los tecnoburócratas han venido rellenando desde entonces con regulaciones,estándares y modificaciones graduales, pequeñas pero sustanciales, de modo de ir“armonizando” la legislación mexicana con los intereses de Washington y lastransnacionales del sector energético. A su vez, para garantizar “la producción y el suministro confiable de energéticos” enNorteamérica, los estrategas de Washington impulsaron la idea de un perímetro exteriorde seguridad, lo que colocó a Canadá y México bajo el manto militar nuclear del ComandoEstadunidense de Defensa Aeroespacial (conocido como NORAD), y su extensión alComando Norte, ambos bajo el mando del Pentágono, encargados de proteger de facto lossuelos, mares y cielos trinacionales. Poco antes de llegar a Texas, Martin había rechazadoel “escudo misilístico” de Estados Unidos. En Waco refrendó que para Canadá ese tema“está cerrado”. En el lado sur de la relación trilateral, la anuencia tácita del presidente Foxal plan de seguridad de Bush, ubicó al territorio mexicano como eventual “blanco” de

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cualquier contingencia bélica. Pero, además, ese proyecto estadunidense que asumió aMéxico como problema doméstico, incluyó desde entonces el sellamiento militar del golfode México, desde los cabos de la Florida hasta la península de Yucatán, y el corrimiento dela frontera norte al Istmo de Tehuantepec para controlar el tránsito de indocumentadosmexicanos, centro y suramericanos, según el diseño original del Plan Puebla-Panamá.

El Plan México

El cambio de mando en México el primero de diciembre de 2006, vendría asignificar la continuidad del proyecto “integrador” de factura estadunidense. FelipeCalderón, quien llegó al gobierno deslegitimado por la sospecha de un nuevo fraude deEstado, se recostó desde un comienzo en las Fuerzas Armadas, militarizó la política con su“guerra” a los cárteles de la economía criminal y ha venido profundizando las aristas másdependientes de las relaciones de México con Estados Unidos. En agosto de 2007, tras varios meses de incertidumbre, el procurador general de laRepública, Eduardo Medina Mora confirmó que en el marco de la “guerra” a las drogas, elcrimen organizado y el terrorismo, México y Estados Unidos venían negociando unmultimillonario paquete de seguridad similar al Plan Colombia. Sin revelar mayores datos,el funcionario dijo que “algo tarde o temprano se aplicará” en México y que la asistenciaestadunidense superará los alcances del Plan Colombia. Admitió, también, que el acuerdocontemplaba cursos de capacitación, asesorías y el suministro de equipo y tecnologíamilitar de Washington a los distintos organismos de seguridad mexicanos. Las declaraciones de Medina Mora se produjeron un día después de que elDepartamento de Estado confirmara al diario The Washington Post, que el plan de ayuda,estimado entre 700 y mil 200 millones de dólares para los dos primeros años de ejecución,incluiría tecnología para espionaje y vigilancia −entre lo que destacaban equipos paraintercepciones telefónicas y radares para rastrear envíos de traficantes por aire−, aeronavespara transportar grupos de elite así como “diversos tipos” de entrenamiento militar ypolicial. Incluso, algunas fuentes mencionaron que se estaría negociando la “donación” desiete helicópteros Black Hawk artillados, ideales para el transporte de tropas, y unincremento de recursos para el desarrollo de centrales de inteligencia. Medina Mora, quien eludió referirse al contenido del plan −mismo que heramanejado por el gobierno mexicano en medio del mayor sigilo−, aseguró que “no habrá,bajo ninguna circunstancia, una injerencia externa” y que “la conducción operacional”estará a cargo de efectivos mexicanos. Los señalamientos del procurador general de Méxicofueron una respuesta implícita a la información proporcionada por The Washington Post,según la cual quedaban por definir algunos “puntos delicados”, en particular lo que teníaque ver con la presencia de instructores militares estadunidenses en territorio mexicano. Envuelta en un manto de silencio, la negociación de lo que de manera temprana sedio en llamar el Plan México, símil del Plan colombia, se inició en enero de 2007 einvolucró a distintas instancias del gobierno estadunidense (los departamentos de Estado yde Justicia, la Secretaría de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, el FBI, la agenciaantidrogas DEA) y al Congreso, y a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina deGuerra, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y elCentro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la parte mexicana. El plan fueafinado en marzo siguiente durante la visita del presidente Bush a Mérida, Yucatán, y enmayo funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en Washington con la

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secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y establecieron los términos de un memorando deentendimiento, que contendría objetivos, metas, mecanismos y recursos. Desde un principio quedó establecido que los costos de la “colaboración” correríanpor parte de Washington, y pese a los desmentidos de Medina Mora y de la canciller deMéxico, Patricia Espinosa, se trató desde un comienzo de asistencia militar y policialcondicionada. Dado los elevados montos de la subvención, que podría ascender a mil 200millones de dólares para los primeros dos años −una cifra varias veces superior a los 45.67millones de dólares de la ayuda antinarcóticos y antiterrorista de los acuerdos bilateralesvigentes−, el presidente Bush se vería obligado a llevar la aprobación de los fondos avotación del Congreso. El mecanismo extraordinario para apropiar recursos por fuera delpresupuesto regular, conocido como “suplemento de emergencia”, sería similar al utilizadopor el presidente William Clinton en el año 2000, cuando solicitó mil 300 millones para darinicio al Plan Colombia. En función de ello, el Plan México, igual que ocurrió enColombia, quedaría sujeto al escrutinio y monitoreo de los legisladores de Estados Unidos.

Asistencia militar: Mitos y realidades

En total sintonía con Medina Mora y la canciller Espinosa, analistas mexicanos conacceso a fuentes de inteligencia pusieron énfasis en que a diferencia del Plan Colombia, elmecanismo de colaboración bilateral entre México y Estados Unidos no preveía laoperación directa en el territorio nacional, de técnicos, instructores y asesores delPentágono −y de las otras agencias que intervinieron en el proyecto de manera pública oencubierta− en las tareas de capacitación y entrenamiento de soldados y policíasmexicanos. Sin embargo, de hecho eso ya ocurría y había sido documentado en los casos dela DEA y el FBI, y las otras instancias lo hacían a través de los asesores de las empresasprivadas de seguridad subcontratadas por la Secretaría de Defensa o el Departamento deEstado y/o de las compañías de armamento que proveen los equipos y tienen estrechosvínculos con el Pentágono y la comunidad de inteligencia estadunidense. La estrategia del Plan Colombia, donde 80 por ciento de los 4.8 mil millones dedólares canalizados en los primero siete años de ejecución se habían destinado a las fuerzasarmadas, incluyeron la capacitación y dotación de recursos (armamento y helicópterosBlack Hawk) para la creación de brigadas de aproximadamente 2 mil 600 soldados, ypermitió que medio millar de militares estadunidenses quedaran estacionados en distintasbases castrenses del país y capacitaran efectivos locales en el territorio colombiano; a loque se sumaron unos cuatro mil “contratistas privados” (mercenarios) subcontratados por elPentágono para realizar tareas de espionaje y entrenamiento de personal militar. Más allá de los señalamientos oficiales acerca de que no se permitiría una injerenciamilitar y policial estadunidense en México, es bien conocido que el abastecimiento detecnología represiva a los regímenes autoritarios en el extranjero es un producto intencionaly coherente, y no periférico o accidental, de la diplomacia de guerra de Washington. En losaños sesenta del siglo pasado, los llamados Documentos del Pentágono y otros informesdesclasificados confirmaron que Vietnam del Sur había sido elegida como “campo deprueba” para ensayar la efectividad de la naciente estrategia de contrainsurgencia de laadministración Kennedy. Desde entonces, como parte de una estrategia global post-Vietnam y con el pretextode fortalecer las defensas del “mundo libre” frente a la “amenaza comunista” −un enemigoelusivo y a modo sustituido después por las “guerras” a las drogas y al terrorismo que

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llegan hasta nuestros días−, distintos inquilinos de la Casa Blanca, en colusión con grandesempresarios del complejo militar industrial utilizaron el Programa de Ayuda Militar, elPrograma de Ventas Militares al Extranjero y el Programa de Control de Narcóticos comomecanismos de penetración de los gobiernos, los ejércitos y las policías de los países deltercer mundo. Junto a la relación de influencia política-dependencia que se establece entre el paísvendedor y el país comprador de tecnología y equipo militar y de seguridad, el contactoentre las elites castrenses y policiales derivado de ese tipo de convenios permite alproveedor (la mancuerna Pentágono/industria de defensa), a través de los programas deentrenamiento, contratos de servicios y mantenimiento y asistencia técnica, establecerrelaciones interinstitucionales y personales duraderas con jefes militares y policiales de altorango del país anfitrión o receptor de la ayuda, lo que en su larga historia de vínculos conAmérica Latina llevó a Estados Unidos a establecer relaciones de poder y a involucrarse demanera directa en procesos de desestabilización, golpes de Estado, operaciones encubiertasy guerras de baja intensidad. La ventaja política que se deriva para el vendedor de armamento y tecnologíacastrense es de simple comprensión. La mayoría de los armamentos modernos necesitanpartes de recambio y asistencia en el entrenamiento y mantenimiento que únicamente puedeobtenerse del productor. Cuando más complicada es el arma, más dependiente llega a ser elcomprador de los servicios técnicos facilitados por el proveedor. Y como esos servicios serequieren a lo largo de toda la vida útil del producto (por ejemplo 15-20 años en materia deaviación), un convenio de armamento normalmente tiende a vincular políticamente alreceptor con el donante durante ese tiempo, si se quiere mantener una cierta continuidad enla efectividad militar. William Perreault, ex vicepresidente de la Lockheed −compañía que durante laguerra fría vendió decenas de Hercules C-130 a países latinoamericanos−, decía que“cuando se compra un avión, se compra también un proveedor y una línea deabastecimiento; en otras palabras, se compra un socio político”. A causa de la complejidadde la aviación moderna, explicó, “con sólo una pequeña pieza que no funcione, todo vamal” y el avión debe quedarse en tierra hasta que se sustituya. Eso fue lo que le ocurrió aMéxico con la donación estadunidense de 73 helicópteros Huey al gobierno de ErnestoZedillo en 1997; muy pronto la mayoría de los aparatos quedaron fuera de servicio eincluso varios se desplomaron ocasionando la muerte de sus tripulantes. Eso es lo quepodría pasar sí, finalmente, de aprobarse el paquete, Estados Unidos provee a Méxicohelicópteros Black Hawk o Sikosky y aviones Citation, como solicitó la Sedena37 en elmarco de las negociaciones.

La sombra del ASPAN

Como originalmente en Colombia, el Plan México se inscribió dentro de la tendenciahacia la militarización y transnacionalización de la “guerra a las drogas”, fabricada eimpuesta por Estados Unidos en todo el continente, a la que se sumaba, ahora, como partede un mismo paquete de tipo contrainsurgente, la “guerra al terrorismo”. Tal tendenciacontribuye al reforzamiento y a la relegitimación del papel doméstico de las fuerzasarmadas y los cuerpos policiales militarizados similar al cumplido durante las dictaduras

37 Secretaría de la Defensa Nacional de México.

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del Cono Sur y que provocó su desprestigio y condena por la dramática incidencia sobre losderechos humanos. Así, la “guerra a las drogas” facilita una intervención de las fuerzasarmadas en cuestiones domésticas con eje en el “enemigo interno” y el (re)establecimientode alianzas militares bi y multilaterales bajo el control del Pentágono, al amparo de unaredefinición dudosa de la “seguridad continental”, supuestamente amenazada por elnarcotráfico. La “guerra” produce a su vez una serie de “daños colaterales”, esto es, operacionesmilitares acompañadas de violaciones a los derechos humanos, legislaciones represivas queatentan contra los derechos civiles (como la ley antiterrorista en México), perpetuación dela cultura de impunidad, creación de nuevos cuerpos de seguridad y estructuras deinteligencia con escaso o nulo control parlamentario y/o ciudadano. La experiencia del Plan Colombia ubicó a ese país sudamericano como unlaboratorio reproducible y exportable. De hecho, la experiencia acumulada allí fue utilizadapor el Pentágono en Afganistán e Irak. México, que durante la guerra fría constituyó unaexcepción −junto con Cuba, por otro tipo de consideraciones− en cuanto al modo de lasrelaciones del Pentágono con los países del área, parecía estar próximo a dar vuelta lapágina y se encaminaba a acentuar la dependencia militar de Estados Unidos e inclusoaceptar −así sea de manera encubierta o mediante la tercierización o mercenarización de laasistencia−, la participación de militares estadunidenses en los programas de ayuda. Nosólo eso, sino que como anticipó el procurador Eduardo Medina Mora, el pacto con EstadosUnidos “será más importante” que el Plan Colombia. La confirmación de que Felipe Calderón venía negociando con el gobierno deEstados Unidos un programa de asistencia en materia de seguridad similar al PlanColombia, pareció abonar la teoría de que el país vivía un larvado proceso de militarizacióndel Estado, avalado por Washington. El plan, que en un inició se tituló Iniciativa deSeguridad Regional, tenía entre sus objetivos de corto plazo aumentar de manerasignificativa la ayuda estadunidense para fortalecer los sistemas de telecomunicaciones y elmonitoreo del espacio aéreo de México. También contemplaba el apoyo para combatir a lasbandas transnacionales del crimen organizado y terroristas potenciales, así como elfortalecimiento de programas ya existentes destinados a profesionalizar a la policía yproveer a las agencias gubernamentales tecnologías que permitan enfrentar a gruposdelincuenciales equipados con armas modernas y sistemas de monitoreo electrónico yaéreo. Inicialmente, la información fue divulgada en marzo de 2007 por The DallasMorning News. El periódico estadunidense comparó el tipo de compromiso que negociabanMéxico y Washington con el paquete de ayuda antinarcóticos que a finales de la década delos 90 aprobó el Congreso estadunidense para Colombia. Dicho programa, que tras losatentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 fue ampliado al combate contra lasguerrillas de las FARC y el ELN, permitió canalizar en los primeros siete años 4.8 milmillones de dólares al país sudamericano −en su mayor parte los recursos fueron destinadosa las fuerzas armadas− bajo determinados condicionamientos, incluido el adiestramientopor parte de oficiales del Pentágono, el FBI y la DEA al ejército y la policía locales dentrodel territorio colombiano. Fuentes consultadas por el Dallas Morning indicaron que en el caso del Plan Méxicono había habido “absolutamente ninguna conversación sobre el involucramiento del ejércitode Estados Unidos” en territorio mexicano. Pero eso tampoco estuvo planteado en loscomienzos del Plan Colombia. Más allá de la información proporcionada por el diario

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texano, era evidente que en los últimos años los organismos de seguridad estadunidenses−incluidos los de la llamada “comunidad de inteligencia”−, habían logrado consolidar supresencia en México. La penetración de los distintos cuerpos de seguridad, entre ellos, elFBI, la DEA, la CIA y diversas instancias militares y de espionaje del Pentágono, sobre suscontrapartes mexicanas, se había venido incrementando de manera acelerada desde la firmade la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). La ASPAN es el TLC militarizado y responde a la agenda de Estados Unidos. Comose dijo antes, el proyecto fue diseñado por el gobierno de Washington y empresastransnacionales del complejo militar industrial, para afianzar y profundizar el largo procesode integración silenciosa, subordinada, de México y Canadá a Estados Unidos. Y lo que espeor: la ASPAN funciona con un “gobierno sombra” de las elites empresariales y militaresde Estados Unidos y sus socios menores en Canadá y México. ¿Si es la panacea y generaráprosperidad, por qué la agenda de la ASPAN es cerrada, semi-secreta? ¿Por qué lainformación sobre sus contenidos quedó clasificada? ¿Por qué esa falta de transparencia?¿Por qué se manejó como un acuerdo ejecutivo, fuera del control legislativo, al menos en laparte mexicana? ¿Por qué no hay rendición de cuentas de manera pública? La agenda de laASPAN es secreta, porque bajo la cobertura gubernamental, son las grandes empresas lasque llegan a acuerdos, mientras los gobiernos funcionan como meros ejecutores ofacilitadores de los designios del gran capital privado. Como se dijo antes, a partir de ese acuerdo suscrito a nivel de los poderes ejecutivospor Estados Unidos, Canadá y México, cuyo objetivo estratégico es la construcción deNorteamérica como un solo espacio geográfico bajo el control de Washington, Méxicoquedó integrado al llamado “perímetro de seguridad” de la nación imperial. Al calor de laASPAN, funcionarios de los tres países suscribieron una batería de cerca de 400regulaciones −en su mayoría vinculadas al área de seguridad− que, entre otros rubros,contienen la homologación de las políticas de monitoreo de viajeros y bienes que lleguen deterceros países, incluidos los sistemas de visado, así como una categorización de “viajerosde alto riesgo” y “viajeros confiables”. Prevé, además, la futura aplicación de una “tarjetainteligente” o de identificación biométrica para todos aquellos que quieran transitar conceleridad a través de las fronteras comunes de la región. Como quedó establecido desde entonces, la creciente cercanía y coordinación de losaparatos de seguridad e inteligencia que esas regulaciones y otras medidas promueven, nose dan sólo por la “amenaza externa” (potenciales acciones terroristas), sino también por la“inseguridad interna”, que en el caso de México remite a la violencia desatada por elcrimen organizado y la irrupción de nuevas formas de protesta social que son ilegalmenteasimiladas al terrorismo. Como parte de las regulaciones firmadas, México y EstadosUnidos acordaron combatir en forma binacional al crimen organizado con la creación degrupos de inteligencia para actuar en la frontera común. Como ocurrió ya en el caso de losagentes migratorios y aduanales estadunidenses, esa “regulación” abrirá, previsiblemente,la posibilidad de que agentes de seguridad e inteligencia de Estados Unidos operen enMéxico, como lo han hecho siempre, pero ahora con cobertura legal.

La Verint Technology Incorporation, ¿una avanzada del Plan México?

Derivado de esos acuerdos, entre mayo de 2006 y mayo de 2007, al menos dos mil100 agentes mexicanos de corporaciones federales, estatales y locales fueron entrenados

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por la DEA en cursos especializados en “el combate a las metanfetaminas” (drogassintéticas). La DEA transfirió seis camiones para ser utilizados en operaciones contra loslaboratorios de producción de ese tipo de drogas. No parece un dato baladí, que DavidGaddis, director general para América del Norte y Centroamérica de la agencia antidrogas,y transferido a la embajada en México en junio de 2006, cuando se negociaba el plan, habíaencabezado antes la misión de la agencia en Colombia.38 Según versiones periodísticas, Gaddis, junto con su jefa, la administradora generalde la DEA, Karen Tandy, definieron los contenidos de la “guerra” de Calderón contra loscárteles de la economía criminal, durante una reunión en Cuernavaca, Morelos, en octubrede 2006 (un mes y medio antes de la llegada de Calderón al gobierno). Sus contrapartesfueron el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, yGenaro García Luna, quien fungía como director de la Agencia Federal de Investigación(AFI). Al asumir Calderón, Medina Mora fue nombrado procurador general de laRepública, mientras García Luna ocupó la titularidad de la SSP.39 Asimismo, de acuerdo con un informe de la Oficina de Washington para AméricaLatina (WOLA), en 2004 y 2005 las Fuerzas Armadas de México fueron las principalesbeneficiarias de los fondos antiterroristas del Departamento de Defensa estadunidense enAmérica Latina.40 En 2004 la inversión del Pentágono fue de 450 mil dólares y en 2005 de375 mil dólares. Además, como parte de los cursos del Programa de Becas Antiterrorismo(CTFP), los militares mexicanos recibirían “entrenamiento letal”. Los cursos fueroncoordinados por la subsecretaría de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos deBaja Intensidad.41

A su vez, un ejemplo concreto de tercierización o mercenarización de las tareas deseguridad del Estado mexicano en el territorio nacional, fue la subcontratación de laempresa Verint Technology Incorporation por el Departamento de Estado estadunidense,para que realizara labores de espionaje en materia de comunicaciones desde unasinstalaciones especialmente acondicionadas en la sede de la Subprocuraduría deInvestigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (Siedo), en la colonia Guerrerode la capital mexicana.42 Según denuncias públicas recogidas por el diario La Jornada, la empresaneoyorquina especializada en inteligencia y constituida por ex militares del Pentágono y exagentes del FBI, funcionó en los hechos como una avanzada del Plan México en lasoficinas de la PGR en Reforma y Violeta. Su misión fue monitorear o “captar” todas lascomunicaciones privadas (correos, chat y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas

38 Carlos Fazio, “La cantaleta imperial”. La Jornada, 4 de octubre de 2010.39 Ambos participaron en las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional donde se definió la estrategia militara seguir a partir del 11 de diciembre de 2006, cuando, con el objetivo de “recuperar territorios” a los cárteles de la economía criminal, fue lanzado el Operativo Conjunto Michoacán. Con el michoacanazo arrancaba la militarización de la política, una estrategia que se replicó en 18 estados de la República y que recurrió a la paramilitarización y mercenarización del conflicto, como instrumentos de una guerra sucia que a la fecha (octubre de 2010) recoge un saldo de más de 30 mil muertos y violaciones masivas a los derechos humanos por parte de integrantes del Ejército, la Marina de Guerra y las distintas policías. Ver C.Fazio, “La cantaleta imperial”, citado arriba.40 Víctor Hugo Michel, “México, el principal beneficiario de fondos antiterroristas de EU”. Milenio, 31 de diciembre de 2005.41 Ibíd.42 Luis Guillermo Hernández, “El vigilante que todo lo ve y lo oye”. Periódico El Centro, número 1, 5 de marzo de 2007.

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de aparatos fijos, celulares y redes internas) con el pretexto de combatir “el crimenorganizado y el terrorismo”. La Verint, que ganó un contrato millonario publicado el 23 defebrero de 2007 en el sitio web de la administración pública estadunidense, se rige por loslineamientos impuestos desde la embajada de Estados Unidos en México, en el marco de unproyecto del Buró Internacional de Narcóticos y Asuntos de Aplicación de la Ley del paísvecino.43 Es decir, la PGR hace la talacha y Estados Unidos se queda con la informaciónproducto del “espionaje de cuello blanco” que realiza una empresa privada. Por esa vía, elPentágono y la comunidad de inteligencia estadunidense vinieron a acentuar, desdeentonces, la dependencia de México en un área sensible para la seguridad nacional.

Veracruz: ¿Nueva base FOL del Pentágono?

Mientras tanto, y también bajo el disfraz de contratos civiles realizados por el gobierno deEstados Unidos, otra empresa privada estadunidense dedicada al “arte de la guerra” seaprestaba a operar en México a mediados de 2007. La denuncia, formulada a comienzos deseptiembre por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, señalaba que lafirma Sycoleman Corporation, con sede en Arlington, Virginia, estaba contratandomercenarios de nacionalidad estadunidense para operar un centro de espionaje aéreo enVeracruz. El proyecto, auspiciado por el Pentágono, se inscribía dentro del plan que enmateria de seguridad venían negociando en secreto Estados Unidos y México, y contabacon el aval de Felipe Calderón. La convocatoria, denominada Centro de Operaciones del staff de vigilancia aéreaVeracruz, México, establecía entre otros requisitos para los aspirantes, contar conantecedentes militares mínimos de tres años, específicamente en la operación de vehículosaéreos no tripulados (aviones que cuentan con cámaras de visión nocturna y envío deimágenes en tiempo real) y mantenimiento de helicópteros o “ala fija”. De preferencia, sepedía “experiencia internacional” en aviación y programas de seguridad, acreditada conservicios a “clientes” de Centro y Sudamérica. De acuerdo con lo revelado por el general Roberto Badillo, diputado del PRI ysecretario de la Comisión de la Defensa Nacional en el Palacio Legislativo de San Lázaro,se trataría, al igual que en el caso de la Verint Technology Incorporation, de otra típicaacción de tercerización de la “guerra” a las drogas y el terrorismo, en territorio nacional.Siguiendo la tendencia mundial, en los últimos años ha sido una práctica habitual delPentágono “subcontratar” la guerra a mercenarios que se hacen llamar contratistas militaresprivados. Los contratistas, también conocidos como perros de guerra o soldados freelancer, van a donde el Pentágono prefiere no ser visto. Esos ejércitos privados dicen queson legales, pero no rinden cuentas a nadie y son un medio efectivo de extender el alcancemilitar cuando el Congreso y la opinión pública estadunidenses se niegan a pagar mássoldados. En años recientes, han ido a Bosnia, Nigeria, Macedonia, Colombia, Ecuador yotros lugares conflictivos del mundo. El beneficio de esa forma de delegación de la participación en la guerra es obvio: enEstados Unidos significa que, apenas sin hacer olas políticas, se interviene en accionesmilitares en otros países. En tiempos de paz, los soldados disfrazados de civiles puedenactuar como un ejército secreto fuera del escrutinio público. En tiempos de guerra, mientrasdesempeñan funciones cruciales para el combate, no son propiamente soldados. No están

43 Ibíd.

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obligados a cumplir órdenes o a seguir los códigos militares de conducta. Su obligaciónlegal depende solamente de un convenio laboral, no de su país. Según Adam Isackson, miembro del Centro de Política Internacional de Washington,la contratación por el Pentágono de empresas privadas como Sycoleman, puede ser unacortina de humo para encubrir operativos contrainsurgentes: “Si ellos cruzan la línea entrela guerra a las drogas y la contrainsurgencia, la responsabilidad del gobierno de EstadosUnidos sería menos directa, pues es una empresa privada. Y si alguno llega a morir, habrámenos presión para la Casa Blanca que si se trata de un soldado estadunidense”. De acuerdo con los antecedentes del Plan Colombia, incluida la instalación de unCentro de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) en la base aeronaval deManta, sobre el Pacífico ecuatoriano −a los que se sumaron después los de Comalapa, en ElSalvador, y los de Aruba y Curazao−, todos bajo control del Pentágono, el programadocentro de espionaje aéreo de Veracruz sería un eslabón más, ahora en territorio mexicano,del nuevo andamiaje de seguridad estadounidense posPanamá en el hemisferio americano.Elegidos en función de un esquema de “infraestructura de apoyo en ruta” a la Fuerza AéreaExpedicionaria de combate estadounidense, las bases FOL cubren una área geográficamayor que la que abarcaba el Comando Sur desde sus instalaciones en la antigua base aéreaHoward, en la Zona del Canal de Panamá, y permiten el aterrizaje de aviones de grandesdimensiones para el transporte de armamento y tropa, así como la instalación desofisticados equipos para la recolección de datos de inteligencia, radares y antenassatelitales, que garantizan movilidad aeroespacial estratégica al Pentágono y la posibilidadde conducir varias misiones de manera casi simultánea. Situados en una línea borrosa que no distingue entre lo militar y lo civil, perodedicados 100% a actividades castrenses que deben ser atendidas por las Fuerzas Armadasde México, los mercenarios, paramilitares o “técnicos” civiles estadunidenses que estabansiendo contratados por la Sycoleman Corporation para operar un centro de espionaje aéreoen Veracruz bajo control del Pentágono, entrañaban un grave riesgo para la soberaníanacional. Todo indicaba que, al igual que en Colombia, la fuente de financiamiento era elgobierno de Estados Unidos, en el marco de la “asistencia” militar contemplada en el PlanMéxico. Sólo que hablar de “ayuda” militar es una falacia, porque de ahí saldrían losrecursos para pagar los helicópteros y aviones producidos por Estados Unidos, lacontratación de las compañías privadas, las asesorías y los entrenamientos. En el caso delPlan Colombia, el presupuesto no fue ninguna donación directa de Washington al gobiernocolombiano; hasta el presente, Estados Unidos ha mantenido la autonomía en el manejo deesos recursos. Ante tal perspectiva, Felipe Calderón debería explicar a quién le rendiríancuentas estos Rambos sin dios y sin ley: ¿al gobierno de Estados Unidos o a sus contratos?Y en México, ¿quién asumirá la responsabilidad? En ese contexto, la puesta en práctica del Plan México, con el monitoreo del espacioaéreo mexicano y el control de las telecomunicaciones, incluidas labores de escuchatelefónica, así como los cursos de adiestramiento in situ en materia de terrorismo parapolicías y militares locales, era una nueva vuelta de tuerca en pro de la formalización de lapresencia de agentes de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en el territoriomexicano. Dicha tendencia, sumada al nuevo protagonismo de las Fuerzas Armadas en lavida nacional, permitía conjeturar ya entonces acerca de una virtual “colombianización” deMéxico. Cabe consignar, finalmente, que otra de las recomendaciones en materia deseguridad provenientes del aparato policíaco-militar estadounidense, dirigida a los

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parlamentos o congresos de los tres países, era introducir modificaciones a las leyes penalespara sancionar al “terrorismo internacional”. De eso ya se había encargado el Senadomexicano a finales de abril de 2007. A partir de todos esos antecedentes, no quedaba ninguna duda que lascontrarreformas calderonistas en materia de seguridad eran parte −como señaló entoncesJohn Saxe-Fernández− de “la agenda policial-militar-judicial-penal de Washington”, ya quese encaminaban no sólo a la adopción de medidas similares a las del “Estado de excepción”de Estados Unidos (Ley Patriota, de Comisiones Militares, Ley Marcial, etcétera), sinotambién, vía la eventual modificación o derogación de la Ley para Conservar la Neutralidaddel País, a permitir la proyección del poder militar del Pentágono (aéreo, militar y terrestre,incluyendo las fuerzas especiales), en el territorio y espacios marítimo y aéreo de México.Según las tendencias en curso, ello facilitaría tal vez en un futuro no muy lejano, elestacionamiento de portaviones y otras naves de guerra extranjeras en aguas territorialesmexicanas, e incluso podría llegar a permitir, mediante autorización del Ejecutivo, laentrada de tropas extranjeras al país y la creación de bases militares tipo Manta en Ecuadoro como Guantánamo en Cuba. Así, mientras la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos estrenaba contra inmigrantesindocumentados los nuevos proyectiles de plástico con gas pimienta al otro lado de la líneadivisoria, y la canciller, el vicecanciller y el procurador general de México se entretenían endesmentir que el Plan México −como lo denominó el propio secretario de Defensaestadunidense, Robert Gates− era un símil del Plan Colombia y argumentaban querespondía a una “imitación extralógica” de algunos analistas, el próximo lanzamiento delPlan México, con sus componentes doctrinarios y operativos made in USA, vendría aconfirmar que la diplomacia de guerra de Washington había logrado superar la otrora“sensibilidad nacionalista” de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).El primer paso fue el Tratado de Libre Comercio de 1994. Después, de la integraciónsilenciosa se pasó a “la compraventa de México”. A su vez, el Comando Norte abonó elcamino de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte,complementado ahora por el millonario paquete de asistencia militar. Con un agregado:retomando la zaga de Carlos Menem, el presidente Felipe Calderón se disponía a inauguraruna nueva fase de “relaciones carnales” con el entonces jefe de la Casa Blanca. Huelga decir que por la gran asimetría con Estados Unidos, la militarización ytransnacionalización de los “esfuerzos conjuntos” así como otros planes para el combatecontra el crimen organizado y el terrorismo, impuestos por Washington mediante la presióny el chantaje, significaban para México una mayor cesión de soberanía. De allí que seríadeseable acabar con una conceptualización del problema de las drogas y la delincuenciaorganizada en término de “guerra”, y por extensión, de la supuesta “amenaza a la seguridadnacional o regional”. Cualquier tratado o convenio, formal o informal, de cooperacióninternacional militar, policial o judicial, a nivel operativo o de inteligencia, deberíasujetarse por lo menos y previamente a una discusión y decisión parlamentaria abierta y decara a la opinión pública. Pero no ocurriría así.

Cambio de nombre, pero no de giro

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El 9 de junio de 2007, el titular de primera plana del diario La Jornada reveló que a pedidode Felipe Calderón, Estados Unidos aplicaría en México “símil del Plan Colombia”.44

Fechada en Austin, Texas, la nota señalaba que el gobierno mexicano había solicitado demanera formal al Capitolio, incrementar la ayuda contra el narcotráfico. La fuente erainobjetable: Silvestre Reyes, representante demócrata por Texas y presidente del poderosoComité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Según Reyes, el plan contendría un mayor intercambio de información y datos deinteligencia entre las fuerzas armadas de ambas naciones, adiestramiento de cuerpospoliciales y suministro de equipo y recursos, pero quedaría excluida la presencia militar detropas estadunidenses en México. En esa edición, la sección Rayuela del periódico formulóuna interrogante premonitoria: “¿Incluiría el símil con el plan Colombia el paramilitarismode Uribe con todo y fosas comunes, señor Presidente?”. La información sobre el Plan México comenzaría a fluir a cuentagotas a partir del22 de octubre de 2007. Ese día, los gobiernos de Estados Unidos y México emitieron uncomunicado conjunto, donde se anunciaba el lanzamiento de la Iniciativa Mérida. Perojunto al cambio de nombre y la oficialización del plan, persistirían la desinformación y lascontradicciones. Según el breve texto del documento, la Iniciativa Mérida era “un nuevo paradigmade cooperación en materia de seguridad”. El marco de la nueva cooperación bilateral erahacer frente a las “amenazas comunes”, mismas que fueron identificadas comoorganizaciones transnacionales del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas,las actividades financieras ilícitas, el tráfico de divisas y la trata de personas. Lacolaboración méxico-estadunidense tendría como base “el pleno respeto a la soberanía,jurisdicción territorial y marcos legales de cada país, y estaría orientada “bajo los principiosde confianza mutua, responsabilidad compartida y reciprocidad”. Sin embargo, la Iniciativa Mérida no era un tratado. Tampoco un convenio o acuerdoinstitucional bilateral. La canciller Patricia Espinosa explicó durante una largacomparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano, que laIniciativa Mérida era un simple “compromiso político”, un “acuerdo de cooperación” entrelos Ejecutivos de Estados Unidos y México, pero que no estaba sujeto al control del PoderLegislativo.45 A pesar de que se trataba de un voluminoso paquete de asistencia militarextranjera, carecía de sustento jurídico. Ergo, eludía la vigilancia legislativa prevista en elartículo 76, fracción I de la Constitución, que establece como facultades exclusivas delSenado: “Primero: Analizar la política exterior desarrolladas por el Ejecutivo Federal, peroademás aprobar tratados internacionales, convenios”. Fue en base a ese artículo que el Senado llamó a comparecer a la jefa de ladiplomacia mexicana. Pero cuando dos legisladores del Partido de la RevoluciónDemocrática le pidieron tener acceso el documento suscrito con Estados Unidos, saberquién lo había firmado, qué compromisos se habían aceptado y el fundamento jurídico parahacerlo, la respuesta que recibieron fue insólita: el único documento existente era elcomunicado conjunto de EU y México. Dijo Patricia Espinosa: “No hay documentofirmado. No es un tratado internacional; es un documento que refleja el compromiso deambos gobiernos de trabajar de manera conjunta”. Más adelante, ante la insistencia de los

44 Andrea Becerril, “Calderón pide a EU aplicar aquí símil del plan Colombia”. La Jornada, 9 de junio de 2007.45 Andrea Becerril y José Antonio Román, “Proteger del terrorismo a EU, otro fin de la Iniciativa Mérida”. LaJornada, 25 de octubre de 2007.

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senadores, habló de un “compromiso político”; de “acuerdo de voluntades”; de “unesquema de cooperación bilateral (…) que no contiene obligaciones regidas por el derechointernacional. Por lo tanto, no se trata ni de un tratado que deba ser sometido a aprobacióndel Senado (mexicano) ni de un acuerdo interinstitucional como lo define la Ley decelebración de Tratados”.46

Resultó al menos paradójico que el nuevo “paradigma” en materia de seguridad noestuviera plasmado en un documento jurídico. Entre otras razones, eso fue lo que llevó alsenador Ricardo Monreal a expresar que “el que paga manda” y que “la Iniciativa Méridase parece a un acuerdo interno del gobierno de Estados Unidos, con gobiernos locales opaíses asociados, semicoloniales, como Puerto Rico”.47

No obstante, luego de siete meses de negociaciones secretas con el gobierno deEstados Unidos, durante la comparecencia afloraron algunos datos concretos. La secretariaEspinosa puntualizó que la iniciativa tenía un carácter multianual y abarcaba los añosfiscales 2008, 2009 y 2010, con un monto total de mil 400 millones de dólares enaportaciones en “especie” de Estados Unidos a México. Asimismo, puso énfasis en que nocontemplaba presencia alguna de tropas de EU, ni la participación operativa de agentes,empresas de seguridad privada o asesores privados estadunidenses, y que no existe ningúntopo de condicionamiento o requerimiento por parte de EU. En la parte más sustantiva, la funcionaria enumeró de manera general algunos de loscontenidos del plan, aunque no especificó cantidades ni tipo de armamento. Explicó que elmillonario paquete de asistencia militar de EU a México incluía aviones y helicópteros paratransporte de personal, vigilancia y patrullaje; equipo para la modernización y ampliaciónde un sistema de comunicaciones seguras para dependencias de seguridad nacional;escáneres de rayos gama y rayos equis para detectar droga; software para análisis de datosasociados con inteligencia financiera; perros adiestrados para detección de narcóticos,armas y otras sustancias ilícitas; vehículos blindados; equipos y tecnología (software, basesde datos, verificación de documentos, digitalización de formas migratorias) paramodernizar al Instituto Nacional de Migración; equipo de vigilancia e inspección paramodernizar el servicio postal mexicano en la Ciudad de México, y entrenamiento ycapacitación en varias áreas, incluida la profesionalización de la policía.48

Junto con la asistencia militar en especie y la asesoría técnica y logística, laIniciativa Mérida incluía también la instrumentación de reformas judiciales, penales y deprocuración de justicia. Es decir, en el marco de la “ayuda”, Estados Unidos se abrogaba elderecho de decir cuáles reformas debían ser incorporadas a las leyes y códigos mexicanos. El acuerdo ejecutivo implicaba compartir información migratoria (verificación devisas, etc.) y, tal vez lo más grave, abarcaba la reorganización de los cuerpos de inteligenciay las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Estados Unidos. Esdecir, la inteligencia de México quedaría al servicio de los requerimientos de seguridadnacional de Estados Unidos. Y un punto que no aclaró suficientemente la secretaria deRelaciones Exteriores, tenía que ver con la virtual equiparación (desde la ópticaestadunidense) de tres términos: terrorismo, narcotraficantes y migrantes indocumentados. Esos tres elementos fueron recogidos en las ocho columnas del diario La Jornadacomo síntesis noticiosa de la comparecencia: “Servirá México de cazaterroristas a EU,

46 Información textual extraída por el autor de la versión estenográfica de la comparecencia de la canciller Patricia Espinosa ante la comisión de relaciones exteriores del Senado el 24 de octubre de 2007.47 Ibíd.48 Ibíd.

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acepta SRE”. Y en el cintillo, apuntaba: “La Iniciativa Mérida controlará el flujomigratorio”.

La certificación militar

Atrapada en medio de fuertes restricciones presupuestarias, y vulnerable al “fuegoamigo” de la guerra en Irak y a las hostilidades entre demócratas y republicanos enun año electoral, la llamada Iniciativa Mérida recorría un tortuoso camino enWashington durante 2008, pero al final pasaría, con certificaciones incluidas,porque se trataba de una herramienta de penetración de la nación imperial que,entre otros objetivos, perseguía la militarización de México y una mayordependencia de las instituciones armadas de ese país al Pentágono y a la“comunidad de inteligencia” de Estados Unidos. El paquete de “ayuda” militar propuesto por la administración Bush enoctubre de 2007, sería aprobado por el Senado estadunidense el 22 de mayo de2008 con una serie de condicionamientos y un sensible recorte en su monto.Inicialmente, la solicitud enviada al Congreso era por 500 millones de dólares parael año fiscal 2008. Pero el Senado otorgó sólo 350 millones de dólares, y además, laentrega a México en “especie” de equipo y tecnología militar y de seguridadquedaría sujeta a una serie de fiscalizaciones impuestas por el Capitolio. Los condicionamientos incluyeron una serie de reformas legales y judicialesen México, y la elaboración por parte de Washington de una base de datos “para elescrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas”, a fin de garantizarque quienes recibieran la ayuda no estuvieran involucrados en violaciones dederechos humanos o en actos de corrupción. La iniciativa preveía que elDepartamento de Estado certificara que México estaba haciendo cumplir lasprohibiciones contra el uso judicial de testimonios obtenidos mediante la prácticade la tortura. Asimismo, debería asegurarse de que las Fuerzas Armadas de Méxicotransfirieran a la justicia todos los casos de militares involucrados en acusacionesde violaciones humanitarias, a fiscales del fuero civil. Tras conocerse la resolución, algunas voces señalaron en México que lanueva fase de “certificaciones” implicaría una “renuncia” a la soberanía nacional.Se denunció, también, el descarado injerencismo y la rotunda hipocresía de lainiciativa estadunidense, que retrotraía la relación bilateral a los días en que elDepartamento de Estado premiaba o castigaba a otros regímenes, no en función desu compromiso con las garantías individuales o por su lucha contra el crimen, sinoa partir de afinidades o desencuentros políticos e ideológicos, ó bien como unaforma de ejercer presiones intervencionistas. Con la Iniciativa Mérida, definida por el entonces embajador de EstadosUnidos, Antonio Garza, como el “proyecto más agresivo” jamás impulsado por laCasa Blanca en el Hemisferio Occidental, México había cedido mayores cuotas desoberanía en áreas estratégicas que tenían que ver con la seguridad nacional. FelipeCalderón había adoptado la agenda de George W. Bush y su óptica militarista. Ycomo brazo operativo de la ASPAN, la Iniciativa Mérida, símil del Plan Colombia,estaría destinada a sumir a México en una ola de violencia y caos que llega hastanuestros días.

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