información en línea para revistas científicas de América ... · UNAN - León Eduardo Brandt de Oliveira Universidad de São Paulo ... (Chontales), Nicaragua Javier Ruíz, Allan

Año XLVI

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Los acuerdos de París sobre el cambio climático: ¿Un camino para salvar el planeta?René Mendoza Vidaurre

Assessment of Genetic Diversity in Five Nicaraguan Populations of Cedrela odorata L. (Meliaceae) using RAPD MarkersArlen Tijerino, Lourdes Callejas and David A. Cerda-Granados

El topo de bolsillo nicaragüense Orthogeomys matagalpae J.A. Allen, 1910 (Familia Geomyidae) en el bosque de neblina de Santo Domingo (Chontales), NicaraguaJavier Ruíz, Allan Gutiérrez, Osmar Arróliga, Luis Martín Arauz y Oscar Flores

Avances y desafíos del sector minero nicaragüense Daniel Corrales Pérez

Migración en tránsito y prácticas de ayuda solidaria en el centro de Veracruz, MéxicoMaría Teresa Rodríguez

La democracia y sus desafíos desde la perspectiva éticaMario Sánchez González

Feminismo y ecología: el rol de las universidades frente a la crisis ambientalAna Victoria Portocarrero

Viejos y nuevos conflictos en Centroamérica: el diario drama humano de las víctimas de la violenciaCelia Medrano

Género y orden social en “Autoridad/Cuerpo/Nación: batallas culturales en Nicaragua (1930-1943)”, de Juan Pablo Gómez Camilo Antillón

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está indizada en los siguientes directorios internacionales: Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex),Directory of Open Access Journals (DOAJ), Latin American Journals Online (Lamjol), ProQuest y Directorio de Revistas Lationamericanas de Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE). La revista es reconocida por el CERES System of Research Valuation del Research School for Resource Studies for Development de los Países Bajos.

COMITÉ CIENTÍFICO

Alfred VernisESADE Business School Andrés Pérez BaltodanoUniversity of Western Ontario Ángel CastiñeiraESADE Business SchoolAnikaOettlerPhilipps-Universität MarburgAntonio Mijail PérezAsociación GaiaCarlos ComasESADE Business SchoolCarlos SandovalInstituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa RicaDenis PommierAGTER, FranciaDennis RodgersUniversity of GlasgowEdilberto LacayoUNAN - LeónEduardo Brandt de OliveiraUniversidad de São PauloEduardo Valdés Barría, SJUniversidad Rafael LandívarErnesto MedinaUniversidad AmericanaFrancisco Santos CarrilloFundación ETEA-Universidad Loyola AndalucíaIsabel Siria CastilloAsociación GaiaJavier RuizProyecto BiodiversidadJean Michel MaesMuseo Entomológico de LeónJeffrey McCraryInvestigador independienteJennifer CasoloUniversity of California at BerkeleyJoel Osuna QuinteroInstituto de Biotecnología - Universidad Nacional Autónoma de MéxicoJohan BastiaensenUniversidad de AmberesJosé Juan Romero RodríguezETEA-Universidad Loyola AndalucíaJosé Luis RochaPhilipps-Universität Marburg

Josefina VijilCentro de Investigación y Acción Educativa Sociales (CIASES)Juan Carlos PolvorosaUniversidad CentroamericanaLigia GómezBanco Central de NicaraguaLourdes Callejas SolórzanoUNAN - LeónLucía Páiz MedinaCentro de Biología Molecular, UCAManfred LiebelUniversidad Libre de BerlínManuel Ortega HeggUniversidad CentroamericanaMaría Teresa BlandónPrograma Feminista La CorrienteMarta Valdez MelaraCentro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas (CENIBiot), Costa RicaMarvin TorrezEstación Biológica Juan Roberto ZarrukMelba CastilloCentro de Investigación y Acción Educativa Sociales (CIASES)Mercedes CáceresUNAN - LeónMiquel Izard LlorensUniversidad de BarcelonaOlav EggebøNorwegian University College for Agriculture and Rural Development Ove FaurbyNorteakMadera, S.A.Peter MarchettiAVANCSOPierre MerletUniversidad de AmberesRafael Lucio GilUniversidad CentroamerianaRené OlateOhio State UniversityRoberto BermúdezUniversidad CentroamericanaRómulo Sánchez LeytónUNAN - ManaguaRoser SoláESADE Business SchoolSilvio TorrenteUniversidadCentroamericana

Jorge Alberto Huete PérezDIRECTOR

Wendy BellangerEDITORA

Jorge Alberto Huete PérezJosé Luis RochaJosefina VijilManuel Ortega HeggRenata RodriguesCOMITÉ EDITORIAL

Anielka PérezRESPONSABLE DE MERCADEO Y PROMOCIÓN

No. 103 / 2016 – 96 páginas350 ejemplaresISSN 0424-9674http://encuentro.uca.edu.ni

Gema AvendañoRESPONSABLE DE DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONESASISTENTE ADMINISTRATIVA

Eduardo Herrera ScottDISEÑO ORIGINALLillian LevyEDICIÓN DE TEXTOS

Francis MejíaDIAGRAMACIÓN

Complejo Gráfico TMCIMPRESIÓN

School for Resource Studies for Development de los Países Bajos.

103A ñ o X L V I

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Editorial

Abstracts

Artículos

Los acuerdos de París sobre el cambio climático: ¿Un camino para salvar el planeta?René Mendoza Vidaurre

Assessment of Genetic Diversity in Five Nicaraguan Populations of Cedrela odorata L. (Meliaceae) using RAPD MarkersArlen Tijerino, Lourdes Callejas and David A. Cerda-Granados

Comunicación corta

El topo de bolsillo nicaragüense Orthogeomys matagalpae J.A. Allen, 1910 (Familia Geomyidae) en el bosque de neblina de Santo Domingo (Chontales), NicaraguaJavier Ruíz, Allan Gutiérrez, Osmar Arróliga, Luis Martín Arauz y Oscar Flores

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Avances y desafíos del sector minero nicaragüense Daniel Corrales Pérez

Avances investigativos

Migración en tránsito y prácticas de ayuda solidaria en el centro de Veracruz, MéxicoMaría Teresa Rodríguez

Tribuna Académica

La democracia y sus desafíos desde la perspectiva éticaMario Sánchez González

Feminismo y ecología: el rol de las universidades frente a la crisis ambientalAna Victoria Portocarrero

Viejos y nuevos conflictos en Centroamérica: el diario drama humano de las víctimas de la violenciaCelia Medrano

Crítica de libros

Género y orden social en “Autoridad/Cuerpo/Nación: batallas culturales en Nicaragua (1930-1943)”, de Juan Pablo Gómez Camilo Antillón

Normas editoriales de Encuentro

Manuscript Submission Guidelines

ISSN 0424-9674

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71

79

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3

En el año 2004 la Universidad Centroamericana inició una práctica que ninguna otra universidad del país contemplaba. Se crearon los “Fondos para la Investigación-UCA” o FIUCA. Ese año se otorgó cinco fondos de C$20,000 para financiar proyectos con una duración de nueve meses cada uno. Los beneficiarios fueron dos profesores de la Facultad de Ciencia,

Tecnología y Ambiente, y tres profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas. En ese entonces, el propósito de los Fondos era apoyar las investigaciones de profesores de tiempo completo que no contaban con otras fuentes de financiamiento y trabajaban de manera individual.

Doce años después, la UCA mantiene su apoyo financiero a la investigación, con una serie de evidentes mejoras. Los Fondos Concursables de la Agenda de Investigación de la UCA – nombre que más tarde recibieron los fondos FIUCA – asignan un total de $42,000 dólares que se divide en distintos montos entre cinco proyectos seleccionados, cada uno con una duración de 12 meses. De los C$100,000 córdobas de FIUCA, que en 2004 equivalía aproximadamente a $14,000, los Fondos ahora canalizan C$1,192,800 córdobas. Estos fondos se asignan a equipos interdisciplinarios, y promueven la investigación en temas que la Universidad Centroamericana ha definido como prioritarios en su Agenda de Investigación.

Los Fondos Concursables hoy cumplen con varias funciones claras: fomentar la agenda propia de investigaciones de manera que la generación de conocimiento no dependa solamente de aquello que es financiado por fuentes externas; promover la interdisciplinariedad; promover el enfoque de género en la investigación; promover las alianzas entre profesores de distintas Facultades, Centros e Institutos, y entre investigadores de la UCA y colegas externos; apoyar la investigación que se realiza con metodologías innovadoras; y fomentar el expertise de nuestros profesores. Sin embargo, además de estas funciones que se identifican fácilmente, el programa de Fondos Concursables tiene otros dos propósitos que quisiera ahora resaltar: 1. La asignación de fondos a investigaciones según sus méritos académicos; y 2. La promoción de las prácticas éticas en la investigación.

La primera de éstas, que es el hecho de que las propuestas compiten entre sí por sus méritos académicos, refuerza el rol de la Dirección de Investigación de la UCA como oficina que promueve el desarrollo de competencias investigativas en los profesores y profesoras de la universidad. Esta es una oportunidad muy significativa pues comúnmente los proyectos de investigación que se proponen a fundaciones, multilaterales y demás organismos que financian la investigación, compiten en base a sus objetivos o el grado en que el aporte del proyecto se asemeja a los intereses de la agencia, o qué tanto la metodología empleada es compatible con el impacto y capacidad de generalización que el donante quiere dar a los resultados. Los investigadores participantes descubren las diferencias que existen entre competir por un fondo que evalúa los fines utilitarios de una investigación, y competir por un fondo que valora el aporte que una investigación puede hacer a alguna discusión de actualidad en círculos académicos internacionales.

La segunda función está muy presente en los Fondos Concursables con el objeto de garantizar el tratamiento ético de los sujetos participantes en una investigación, el tratamiento ético de plantas y animales, así como el que se debe a los colegas. Asimismo, se espera con este esfuerzo dar una batalla contra el plagio y cualquier violación a los derechos de propiedad intelectual.

En suma, los fondos Concursables de la UCA no representan solamente un apoyo financiero a la investigación de profesores en la universidad. También constituyen una oportunidad de formación práctica para los investigadores, mejorando sus competencias para la consecución de fondos de proveniencia académica con criterios de selección marcadamente distintos a los criterios que normalmente utiliza la cooperación al desarrollo cuando financia investigaciones. Este aporte, desde luego, repercute en la calidad de la formación que se da en las aulas y en la promoción de la interdisciplinariedad en el diverso ambiente universitario. Este 14 de junio conoceremos, con mucho entusiasmo, los nombres de las cinco propuestas seleccionadas de los Fondos Concursables 2016.

Wendy BellangerEditora

4Assessment of genetic diversity in five Nicaraguan popula-tions of Cedrela odorata L. (Meliaceae) using RAPD markers Arlen Tijerino, Lourdes Callejas and David A. Cerda-Granados

The goal of this study was to assess the genetic diversity of Nicaraguan populations of Cedrela odorata using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers. Thus, genomic DNA was isolated from leaf samples collected from ninety-two trees belonging to five Nicaraguan natural populations of C. odorata. The mean number of alleles per locus, effective number of alleles per locus, percentage of polymorphic loci, genetic diversity (H

e) of Nei and diversity index

(Ho) of Shannon were estimated for each population assuming that

the populations were in Hardy-Weinberg equilibrium. Total genetic diversity was partitioned in intrapopulational and interpopulational diversity using Nei’s genetic differentiation (G

ST) and through an

Analysis of Molecular Variance (AMOVA). The ΦST

matrix was used to construct a dendrogram by the neighbor-joining method. According to values of both H

e and H

o, Esquipulas (Deparment of Matagalpa)

presented the lowest diversity level; while La Trinidad (Department of Estelí) showed the highest diversity level. Genetic differentiation was calculated obtaining a G

ST value of 13.36%. AMOVA also showed

a similar differentiation value ΦST

=13.81%). Neighbour-joining dendrogram clustered the five populations in two groups, where the group formed by La Trinidad and El Refugio (Department of Granada) presented the biggest differentiation. Correlation between genetic and geographical distances was not found.

Keywords: Cedrela odorata / Conservation / Genetic Diversity / Nicaragua / RAPD

5 Encuentro

The Paris Agreements on Climate Change: A Road to Saving the Planet?René Mendoza Vidaurre

When waves in the sea hit our chests, we simultaneously feel a current pulling our feet in the opposite direction. In the middle of pressure from different sides, on the 12th of December, 2015, representatives from 195 countries met in Paris and achieved the first universal and binding agreement to save the planet. In this article we state that the Paris Agreements are the “waves” that allow us to surf, but we need to discern what is the “current underneath the waves”, the undertow that can drown us. We begin with a brief theoretical framework, then we identify the problem of climate change and set it in a historical perspective. We detail the Paris Agreements and their effects on the long run. We discern the “current under the waves” of the Agreements, measure the challenges and, taking the perspective of peasant, indigenous and Afro-Descendant organizations, we suggest concrete mechanisms for the mitigation of climate change.

Keywords: Climate Change / Paris Agreements / New

Artículos

6Encuentro No. 103, 6-27, 2016

Los acuerdos de París sobre el cambio climático: ¿Un camino para salvar el planeta?

René Mendoza Vidaurre∗

Recibido: febrero de 2016 / Aceptado: marzo de 2016

Cuando las olas del mar golpean nuestro pecho, al mismo tiempo sentimos que una corriente de agua jala nuestros pies en dirección contraria. En medio de presiones de todos lados, el 12 de diciembre del 2015, representantes de 195 países reunidos en París lograron el primer acuerdo universal y vinculante para salvar el planeta. En este artículo argumentamos que los Acuerdos de París son como las “olas” que nos permiten surfear, pero precisamos discernir “la corriente de agua debajo de las olas”, la resaca que nos puede ahogar. Para ello, iniciamos con un breve marco teórico, luego identificamos el problema del cambio climático, lo ponemos en perspectiva histórica, listamos los acuerdos alcanzados en París y sus efectos en el largo plazo, discernimos “la corriente debajo de las olas” del acuerdo, dimensionamos los desafíos y, posicionándonos desde las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, sugerimos mecanismos concretos de mitigación del cambio climático.

Palabras clave: Cambio climático/ Acuerdos de París / nuevas perspectivas

Toma una piedra en tu mano y cierra tu puño alrededor hasta que empiece a latir, vivir, hablar y moverse.

Poema Sámi

* PhD en estudios del desarrollo, colaborador de Wind of Peace Foundation (WPF) (http://peacewinds.org/research/), investigador asociado de IOB-Universidad de Amberes (Bélgica). Correo electrónico: [email protected]

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Encuentro No. 103, 6-27, 2016


1. El dilema del bien común del clima

Hay una estrecha relación entre bienes comunes (colectivos o públicos) y el cambio climático; la atmósfera es un bien de todos y a la vez es limitado, que puede ser explotado y que realmente ha sido explotado en exceso (contaminación). La cuestión es: si sabemos que el clima nos beneficia a todos, ¿por qué la atmósfera es contaminada? Hardin (1968), en un contexto de guerra fría marcado por la dicotomía estado-mercado, argumentó que los individuos racionales, maximizando sus ventajas privadas y socializando sus costos, acaban con los recursos comunes, por lo que éstos están condenados a ser acabados (privatizados) –de ahí la palabra tragedy. El dilema es que todos queremos una atmósfera no contaminada, pero nuestras acciones racionales individuales provocan un resultado irracional colectivo, el cambio climático.

Olson (1965) identifica la causa de ese dilema en el free rider, el oportunista que considera que recibirá beneficios independientemente de su contribución, lo que resulta en un supuesto generalizado. Olson sugiere trabajar en pequeños grupos y proveer mecanismos de sanción/incentivos, para que los comunes se salven. Ostrom (1990) critica a Hardin por el carácter determinista de su teoría (“tragedia”) bloqueando el progreso humano y, sobre la base de casos de gestión comunal, encuentra que los comunes no desaparecen, que pueden ser bien gestionados en caso hay claridad de las reglas (leyes), los métodos colectivos y decisiones son tomados colectivamente, hay mecanismos locales y públicos de resolución de conflictos incluyendo sanciones a quienes violentan las reglas, y en caso de que la autodeterminación de las comunidades sea reconocida por las autoridades de más alto nivel. Y ahí no hay “tragedy”; las culturas entienden que los comunes son ambientes que hacen posible un comportamiento sostenible y racional (De Biase, 2014).

Resolver ese dilema de la acción colectiva requiere de conocimiento, particularmente en el caso que nos concierne. Aquí, sin embargo, emerge otro dilema: la ciencia genera información que nos provoca incertidumbre a la vez que dependemos de esa información. Siguiendo a Beck (1986), vivimos en una sociedad de riesgo (“sociedad moderna”), no solo de clases (“sociedad tradicional”). Nuestro medio es un ambiente donde el conocimiento, como el ser, determina la conciencia, cuya formación es diferente a la conciencia de antes porque los peligros no vienen de ricos y pobres sino que ambos tienen el mismo problema en esta sociedad de riesgo, aunque con resultados diferenciados –como un terremoto del mismo grado tiene efectos diferentes en Haití que en los Estados Unidos. La ciencia informa sobre el aumento de temperatura y sugiere su control, incluso algunos expresan su fe en que el avance de la tecnología resolverá el cambio climático. Pero la ciencia no puede predecir las consecuencias de ese aumento por el grado de complejidad del mismo. La paradoja es que hay incertidumbre sobre el conocimiento a la vez que se depende de él (Beck, 1986).

Ambos dilemas, de la acción colectiva y del conocimiento, se mueven bajo condiciones estructurales, las cuales son ideas, intereses y patrones de organización e institucionalidad fundadas durante siglos, que son muy excluyentes y generalmente dominadas por pequeñas elites. En este marco formulamos varias tesis: hay estructuras

Los acuerdos de París sobre el cambio climático: ¿Un camino para salvar el planeta?8

Encuentro No. 103, 6-27, 2016

que subyacen la contaminación de la atmósfera y la primacía de la racionalidad individual, lo que ha tenido efectos perversos; los comunes (la atmósfera), siguiendo a Ostrom, no son “tragedy”, pero conflictos que deben ser analizados como puntos de partida desde una perspectiva de política económica; el dilema de acción colectiva y la incertidumbre pueden ser resueltos a través de un conocimiento producido por “comunidades epistémicas” que incluyan a los “científicos civiles” (familias vulnerables y sus organizaciones) y a los “científicos naturales y sociales”.

2. Calentamiento global

¿De qué se trata? La energía solar atraviesa la atmósfera, parte de esa energía es absorbida por la superficie y otra parte es reflejada (rebota); una parte de esa radiación reflejada es retenida por los gases de efecto invernadero (GEI) y otra parte vuelve al espacio. Es decir, los GEI están en la atmósfera, retienen parte del calor del sol y al estar dentro de un rango determinado, mantienen una temperatura adecuada para la vida.

El problema es cuando esos GEI aumentan en la atmósfera, con ello retienen más calor y hacen que la temperatura de la tierra aumente. Si tomamos la temperatura promedio mundial del período preindustrial como referencia (ver Ilustración 1), la temperatura para el 2012 subió 0.85 grado Celcius (conocido como centígrado, símbolo 0C) con relación al período preindustrial. Si este aumento sigue sin cambio alguno, la temperatura para el 2100 subirá 4.0 0C, situación en la que se cree el planeta sobrevivirá pero no la raza humana. Los países G-7 han prometido cero emisión de carbono para el mismo año 2100, pero nos podríamos preguntar si están seguros de ello, porque para esa fecha no habrían seres humanos capaces de emitirlo. En los acuerdos de París alcanzados en diciembre de 2015, las partes (países) plantearon nuevos compromisos para quedarse debajo del aumento de 20C en comparación al nivel pre-industrial. Sin embargo, aun cuando dichos acuerdos se cumplan, el gasto del presupuesto de carbono no solo llegaría al 107.3% en 2080 (ver Ilustración 2), sino que podrían alcanzarse 2.70C, reconocido en los

+4.0 °CCalentamiento minimo al

cual llegaremos si todo sigue igual +2.7 °C

Calentamiento al cualllegaríamos si se cumplenlos compromisos actuales de los paises

+1.5 °CMeta más ambiciosadefendida por la mayoría de paises en desarrollo

+2 °CMeta actualmente acordada

a nivel International

+0.85 °CCalentamiento actual

del planeta

Nivel de referenciaNiveles pre-Industriales

(antes de 1880)

Ilustración1. Incremento de temperatura al 2100Fuente: Conferencia de Partes (COP) basado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). http://myalbum.com/album/boFLr8B9S4j0

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Encuentro No. 103, 6-27, 2016


mismos Acuerdos: “Observa con preocupación que los niveles estimados de las emisiones agregadas de gases de efecto invernadero en 2025 y 2030 resultantes de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional no son compatibles con los escenarios de 2ºC de menor costo sino que conducen a un nivel proyectado de 55 gigatoneladas en 2030, y observa también que, para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, mediante una reducción de las emisiones a 40 gigatoneladas…” (cap 2, art. 17).

Hablamos de un presupuesto de carbono (carbon Budget), porque se ha fijado una cantidad de carbono a emitirse para no pasar los 20C de calentamiento global (promedio) con relación al período pre industrial. La Ilustración 2 muestra cómo hemos ido gastando ese presupuesto de carbono, evidenciando el peligro de la “resaca”. Entre 1860 y 1965 se gastó (emitió) la cuarta parte de ese presupuesto (24.4%), gasto que para el año 2000 ya era la mitad de ese presupuesto (53%), y para 2012 se gastó casi tres cuartas partes del presupuesto (67.1%). Esto es lo que la Ilustración 1 muestra como 0.85 0C de calentamiento global. Luego, la Ilustración 3 nos da otro dato, que en noviembre de 2015 el calentamiento global superó el “techo” de 10C por encima de los niveles preindustriales.

Además, el gasto del presupuesto de carbono es cada vez más rápido. En consecuencia, el aumento del calentamiento global también se da de forma más rápida. El problema, según IPCC (International Panel on Climate Change, Estocolmo 26-8-2013)1 es que cuando la temperatura pase 1.6+ y 2.0+, esa temperatura permanecerá por cientos de años no importando lo que hagamos. Ese umbral, al ritmo que llevamos, lo cruzaremos en pocos años. Para 2033 habremos

Ilustración 2. % del 2°C usado debido al aumento de las emisiones acumuladas de CO

2

Fuente: basado en World Resources Institute

0.9 2.2 1017.4 24.4

27.6 3134.8 38.9 43.4 48.1

53 65.867.1

101 100 107.395.8

1860 1875 1910 1950 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2011 2012 2033 2050 2080 2200

% del presupuesto de carbono para 2ᵒC

Escenario con acuerdo Paris: % del presupuesto de carbono

1 Este dato lo tomamos de Marchetti (2015).


Encuentro No. 103, 6-27, 2016

gastado el 100% del presupuesto de carbono y el calentamiento global subirá 20C, y para el año 2100 habrá subido 40C. Recordemos que estos datos son un promedio mundial, lo que significa que el aumento de temperatura de 20C con relación a los niveles preindustriales, en regiones tropicales podría ser de 30C o más, lo que será catastrófico para la vida –la tierra y la humanidad.

Ilustración 3. Temperatura promedio global (1850 – 2015)Fuente: oficina meteorológica británica (Met Office). http://www.metoffice.gov.uk/research/news/2015/global-average-temperature-2015

Con 20C de calentamiento se considera que, entre algunas consecuencias, partes del mundo serían inhabitables, habría peores sequías2 e inundaciones, fuertes tormentas, riesgo de que las zonas costeras se inunden, decrecimiento de ríos, expansión de desiertos, acidificación de los mares y ciudades afectadas3, inseguridad alimentaria por la disminución de rendimiento de cosechas y por la pérdida de hábitat por las inundaciones, colapso de la cadena de comida marina, pérdida de biodiversidad, y según Burke, Hsiang y Miguel (2015), el aumento de temperatura ensanchará más la desigualdad. Estas son algunas de las consecuencias previsibles, pero en general prima la incertidumbre sobre los efectos del cambio climático con sus consecuentes riesgos de que los sub o sobre-dimensionemos. Es decir, los promedios son engañosos; comprender el cambio climático es entender la enorme diversidad en la producción del problema y en el sufrimiento de sus efectos de forma

2 Por ejemplo, el segundo lago más grande de Bolivia, el lago Poopó de 2,337 km2, se secó en 2015 debido a varias razones, entre ellas al fenómeno de El Niño, la contaminación minera y al desvío de afluentes (ríos) por productores del lado del Perú que usan sistema de riego. Ver: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151223_ciencia_bolivia_lago_poopo_desaparicion_sequia_wbm. Otro ejemplo es la sequía en California (Estados Unidos) entre 2012 y 2014, sequía considerada como la peor en 1200 años, ver: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141205124357.htm

3 El siguiente estudio científico refiere que el nivel del mar puede subir más de 5m y afectar a las ciudades como Londres, Miami, Shanghai y New York: (Hansen et al., 2015).

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Encuentro No. 103, 6-27, 2016


diferenciada. Con caridad, claramente, no se resuelve la diversidad y la desigualdad que ello expresa.

3. La contaminación en perspectiva histórica

Al percatarnos de la gravedad de la situación del cambio climático (o calentamiento global) que amenaza la propia existencia humana, nos preguntamos cómo hemos llegado a este punto. La clave está en el aumento de los GEI provocado por las acciones humanas. Esto inició en el siglo XIX con la revolución industrial, primeramente con los países europeos, y luego incluyendo otros países más –he ahí los free riders mayores del mundo.

En el Cuadro 1 están los 14 países que más emitieron dióxido de carbono (CO2

) a la atmósfera en diferentes períodos históricos. Entre 1865 y 1890 los países de Europa (color azul) fueron los países que más contaminaron la atmósfera. Desde 1890 Estados Unidos aparece como el país más contaminador. Luego, entre 1960 y 1980 entraron cuatro países asiáticos en el grupo de los que más emitieron CO

2.

Y entre 1990 y 2012 hay un cuadro de 14 países más diverso y globalizado que más han contaminado. China a partir de 2005 se coloca como el país más contaminador.

Cuadro 1. Países emisores de dióxido de carbono en diferentes períodos históricosRango 1865 1890 1960 1980 1990 2005 2012

1 Reino Unido EEUU EEUU EEUU EEUU China China

2 Alemania Reino Unido Rusia Rusia China EEUU EEUU

3 EEUU Alemania Alemania China Rusia Rusia India

4 Francia Francia China Alemania Japón Japón Rusia

5 Bélgica Polonia Reino Unido Japón Alemania India Japón

6 Polonia Bélgica Francia Ucrania Ucrania Alemania Alemania

7 Austria Checoslovaquia Ucrania Reino Unido India Canadá Irán

8 Holanda Rusia Japón Francia Reino Unido Reino Unido Corea

9 Checoslovaquia Austria Polonia Canadá Canadá Corea Canadá

10 España Canadá Canadá Polonia Italia Italia Reino Unido

11 Italia Italia India Italia Francia Irán A. Saudita

12 Hungría Holanda Italia India Polonia México Sudáfrica

13 Suiza Eslovaquia Kazakstán Kazakstán México Francia México

14 Canadá España Checoslovaquia México Australia Australia Indonesia

Fuente: basado en World Resources Institute

El Cuadro 1 ayuda a ver los 14 países que más emitieron CO2 en cada

período. De forma acumulativa, la Ilustración 4 muestra a los países que más han contaminado entre 1850 y 2011. Ahí vemos que Estados Unidos ocupa el primer lugar con un 27% de las emisiones. Le siguen 28 países de la Unión Europea con un 25%. Luego están China, Rusia, Japón, India, Canadá, México, Brasil e Indonesia,


Encuentro No. 103, 6-27, 2016

que en conjunto emiten un 31%. Finalmente está el resto del mundo (158 países) con un 17% del total de CO

2.

Ilustración 4. CO2 acumulado 1850-2011 (% del total del mundo)

Fuente: basado en World Resources Institute. Ver: http://bit.ly/11SMpjA

Estos datos, sin embargo, ocultan la compleja interacción global que hay entre los países, los flujos y la externalización (outsourcing) de la polución. Por ejemplo países de Europa y de los Estados Unidos, para reducir sus emisiones de gas, demandan componentes de paneles de energía solar y de turbinas de viento fabricados en China4. Países como Inglaterra, para evitar multas de la Unión Europea que fija metas en reciclaje y porque los precios del plástico y papel bajaron, trasladan desechos reciclables a Indonesia5. O países como China que importa madera de América Latina para la construcción de gran cantidad de casas en tiempos de fuerte crecimiento económico. Tampoco aparece en los datos el flujo de las grandes corporaciones que se trasladan a otros países para desde allá exportar los productos que sus países necesitan. De este modo, países como China e Indonesia aparecen con mayor emisión de CO

2, mientras países como Inglaterra aparecen con menos6.

Además del reconocimiento de vínculos de producción y consumo entre diferentes países, una vista hacia el uso de energía per cápita también influye en la interpretación del listado de contaminación. Para ello nos concentramos en el año 2013 y analizamos los seis países más contaminadores del mundo (ver Cuadro 2).

4 Ver: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1241872/EXCLUSIVE-Inside-Chinas-secret-toxic-unobtainium-mine.html

5 Ver: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-21432226 6 En este contexto, la noción de “desigual intercambio ecológico” (unequal ecological

exchange) revela que los países desarrollados externalizan sus costos basados en consumo hacia los países en desarrollo recrudeciendo su degradación ambiental. Ver: Jorgenson (2006).

Estados Unidos27%

Unión Europea25%

China11%

Rusia8%Japón

4%

India3%

Canadá2%

México1%

Brasil1%

Indonesia1% Resto del

mundo17%

13

Encuentro No. 103, 6-27, 2016


Cuadro 2. Países más contaminadores en la actualidad (2013)

Rango Países Población (%)Consumo total de

energía (kilotones en %)Emisiones de CO2 (kilotones en %)

1 China 19.1 21.5 24.72 Estados Unidos 4.4 17.2 16.23 India 17.6 5.9 6.04 Rusia 2.0 5.7 5.25 Japón 1.8 3.6 3.56 Alemania 1.1 2.5 2.2

América Latina 8.5 6.5 5.146 62.9 62.9

Fuente: basado en World Resource Institute

El consumo total de energía está expresado en kilotones (1000 toneladas métricas) de los combustibles utilizados (relacionados con el petróleo, los del gas natural y los sólidos como el carbón); y la emisión del CO

2 incluye la quema de

combustibles fósiles, la manufactura de cemento y el dióxido producido por el consumo de gas natural y carbón. Del Cuadro 2 se observa que entre China, Estados Unidos, India y Rusia consumen la mitad de la energía generada en el planeta (50.3%) y son responsables de la mitad de las emisiones mundiales de CO

2

(52.1%), pero a la vez son países que tienen el 43.1% de la población mundial. El gran desbalance lo expresa Estados Unidos al consumir 17.2% de energía y emitir 16.2% del total del CO

2 cuando solo tiene el 4.4% de la población mundial, lo que

de forma contundente evidencia que Estados Unidos, como país y en términos per capita, es el más contaminador de la atmósfera –el líder free rider.

A continuación mostramos dos gráficos que tienen que ver con el consumo de energía y la emisión de CO

2 per capita, lo que debe ser interpretado con cierto

cuidado. En el consumo de energía primaria antes de la transformación en otros combustibles finales (esto “equivale a la producción nacional más importaciones y variaciones de existencias, menos exportaciones y combustibles suministrados a barcos y aviones afectados por transporte internacional”) (ver Ilustración 5), entre los países más contaminadores están 6 países árabes (Qatar, Kuwait, Brunei, Bahrein, Omán y Emiratos Árabes Unidos).

En la emisión de CO2 (ver Ilustración 6) hay siete países árabes (Bahréin,

Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Brunei, y Arabia Saudita) entre los países más contaminadores. ¿Qué dicen ambos gráficos? Primero, por el tamaño de los países, estos gráficos no desdicen a los seis países más contaminadores del planeta. Segundo, el caso de los países árabes es algo particular, consumen más porque producen más combustible, y su dependencia del petróleo revela su real ‘talón de Aquiles’, porque la solución al cambio climático les significará experimentar la crudeza de la llamada “enfermedad holandesa”.

Con datos de tendencias históricas de las emisiones de CO2 per capita a

nivel nacional, basados en el consumo, Picketti (2015) confirma que las emisiones


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globales están concentradas: 10% de los emisores globales (de todos los continentes) contribuyen con el 45% de las emisiones globales, y el 50% de los que menos emiten contribuyen con el 13% de las emisiones globales.

Ilustración 5. Uso de energía (kg equivalente de petróleo por cápita) (2012)Fuente: basado en Agencia Internacional de la Energía, http://www.iea.org/stats/index.asp. También: http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.PCAP.KG.OE

Ilustración 6: emisión de CO2 (ton métricas per capita) (2014)Fuente: basado en la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Ver Gráfico en: http://www.tsp-data-portal.org/TOP-20-CO2-emitters-per-capita#tspQvChart

0 5000 10000 15000 20000

TurkmenistanBélgica

CoreaSueciaRusia

AustraliaNoruegaFinland

Arabia SauditaEstados Unidos

CanadáOmán

Emiratos Arabes UnidosLuxemburgo

BahreinBrunei D

KuwaitTrinidad y Tobago

IcelandQatar

12.713.413.513.514.715.115.1

16.71717.217.3

19.620.220.6

25.828.5

34.139.5

41.973.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Kazakistan

Corea

Seychelles

Omán

Armenia

Australia

Arabia Saudita

Emiratos Arabes Unidos

Trinidad y Tobago

Qatar

15

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Para complementar esta descripción de la contaminación, indicamos sus fuentes también por sector (ver Ilustración 7). La fuente de mayor contaminación es la producción de energía (44%) que incluye uso de electricidad, uso industrial de energía y otras fuentes relacionadas a la energía; seguida por agricultura y deforestación (26%); después los procesos industriales y desechos, y quema de combustible en casas residenciales y comerciales (16%); y transporte (14%).

Ilustración 7. Emisiones globales de gasesde efecto invernadero (2011-2012)Fuente: Schwabish, N. Tawil y C.ourtney Grith, 2012, Congressional Budget Oce basado en información del Banco Mundial, World Resources Institute; Resources for the Future and Climate Advisers, y LTS International. Ver: https://www.cbo.gov/sites/default/files/112th-congress-2011-2012/graphic/1-6-12-forestinfographic0.pdf

Ilustración 8. Emisiones de gases por efecto invernadero, por sector de la agricultura (promedio 1990-2012Fuente: FAOSTAT http://faostat3.fao.org/browse/G1/*/S

Uso de electricidad y calefacción

25%

Uso industrial de energía

15%Transporte14%

Quema de combustible para

otros propósitos en casas residenciales

y comerciales9%

Otras fuentes relacionadas a la

producción y consumo de

energía4%

Agricultura (ganadería y fertilización)

14%Pérdida neta de

bosques12%

Procesos industriales y

manejo de desechos

7%

Residuos agrícolas3%

Cultivación de suelos orgánicos

3%

Estiércol aplicado a los suelos

4%

Estiércol depositado en las

pasturas15%

Quemado de sabana5%

Quemado de residuos agrícolas

1%Gestión del estiércol7%

Fertilizantes sintéticos

12%

Fermentación entérica

40%

Cultivo del arroz 10%


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Y dado que la agricultura nos interesa por su histórico peso en el mundo, en particular en América Latina, incluyo la Ilustración 8. Del total de la contaminación generada por agricultura, 36% viene del óxido de nitrógeno (N

2O), 14% de CO

2 y

50% del metano (CH4). De ese 100%, la mayor contaminación viene de la ganadería:

40% de la fermentación entérica (digestión de material orgánico de parte del ganado) y 15% del estiércol depositado en las pasturas (también ver: Reynolds (2013).

Resumiendo lo visto hasta aquí, el calentamiento global se ha dado por el aumento de los GEI, aumento que se ha debido mayormente a la generación de CO

2 (además de metano y óxido de nitrógeno) en el que Estados Unidos y Europa

de forma acumulativa han emitido el 52% del CO2. Seis países son los que más

contaminan en términos absolutos y relativos. Resalta también las estrategias de algunos países para aparecer como menos contaminadores. El caso de los países árabes, con alto consumo per capita por su producción de combustible barato, es caso particular por estar enfrentadas al dilema de contribuir a salvar el planeta (dejar los combustibles fósiles bajo tierra) y su sobrevivencia debido a su dependencia del petróleo. Finalmente la contaminación según sector revela a la agricultura y al sector forestal, con 14 y 12% respectivamente, con un porcentaje no alto, pero que son sectores muy importantes porque: allí se concentra la mayor parte de la población empobrecida; es el único sector con potencial de absorber los GEI de la atmósfera; y porque la agricultura es un sector que mayor contribución puede proveer en la mitigación del cambio climático (Reynolds, 2013) al igual que el sector forestal. Esto último es refrendado por la experiencia del Brasil, país que redujo en un 70% la deforestación en la amazonia entre 2005 y 2013, y con ello ha tenido directo efecto en las emisiones a nivel mundial7, sin cuya contribución la Ilustración 7 sería diferente y el gasto del presupuesto de carbono sería mayor para el 2012 en la Ilustración 2. Concluyendo, la agricultura es otro caso que muestra la importancia de la diversidad, y ello nos dice que la pobreza y la desigualdad pueden resolverse si la agricultura y lo forestal contribuyen efectivamente, con prácticas e institucionalidad innovativas, a absorber los GEI.

4. Acuerdos de París y sus alcances

196 miembros (195 países y la Unión Europea) llegaron a un acuerdo “legalmente vinculante”, que será ratificado en abril de 2016 y entrará en vigor en 2020. Las palabras clave del acuerdo son: mitigación, adaptación, financiamiento, tecnología y construcción de capacidades. El principal objetivo de los acuerdos es: mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 20C con respecto a los niveles pre-industriales “y de seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 0C”. Para ello, 162 países han entregado su hoja de ruta llamada “contribución

7 En 2004 el presidente Lula Da Silva prometió una política de reducción del 80% de la deforestación. Nepstad et al (2014) da cuenta de ello, que entre 2005 y 2013, disminuyó el 70% de la deforestación en la Amazonia brasileña, lo que evitó la emisión a la atmósfera de 3.200 millones de toneladas de dióxido carbono, y que en tan sólo 2013 representó una reducción del 1,5% en las emisiones globales. Ver también The Economist: http://www.economist.com/news/science-and-technology/21603409-how-brazil-became-world-leader-reducing-environmental-degradation-cutting

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nacional determinada” (Intended Nationally Determined Contributions, INDC) para limitar los efectos del aumento de la temperatura, mientras nueve países, entre ellos Nicaragua, no entregaron sus INDC8, y otros países, como Bolivia, entregaron su INDC condicionando al financiamiento externo9; acordaron movilizar 100 mil millones de dólares anuales desde los países desarrollados a los países en desarrollo, como mecanismo de financiación para medidas de mitigación y adaptación al cambio climático10; y acordaron apoyo a la investigación, el desarrollo y la demostración de tecnologías, y el desarrollo y la mejora de las capacidades y tecnologías endógenas. Las áreas priorizadas para la reducción de los gases de efecto invernadero son energía renovable, eficiencia energética, transporte, metano y agricultura y sector forestal.

El ruido generado en torno al acuerdo de París es de triunfalismo, pero la realidad parece ser más dura. Recordemos que el tema del cambio climático ya fue discutido en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, evento en el que se conoció los tratados sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la Diversidad Biológica y Convención sobre la Lucha contra la Desertificación. Observemos, para 1990 habíamos gastado 43.4% del presupuesto de carbono y para 2012 gastamos 67.1%; si los gobiernos hubiesen decidido combatir el cambio climático en 1992, la situación de hoy en día sería muy diferente. Incluso, 1.5 0C podía lograrse si hubiese habido un acuerdo en la primera Conferencia de las Naciones Unidas en Berlín 1995, mientras ahora es solo “una aspiración y una meta improbable” (Monbiot, 2015). A 23 años de la Cumbre de Río y a 20 años de la Conferencia de Berlín, y con el calentamiento global al doble del de 1990, de cumplirse los Acuerdos de París solo se logrará que el aumento del calentamiento global sea más lento y que no pase más allá del año 2080. Peor aún, dichos acuerdos ¡recién van a aplicarse a partir del 2020!

Algo más: primero, de llevarse a cabo dichos acuerdos, el 100% del presupuesto de carbono será gastado hasta el año 2050, en lugar de que se gaste para el año 2033; aun así la contaminación seguirá y el gasto del presupuesto será del 107.3% en 2080 (Ilustración 2), año a partir del cual la situación mejoraría y en el año 2200 el gasto del presupuesto de carbono será del 95.8%, ¡un nivel muy por encima del presente! Segundo, los Acuerdos de París advierten que los INDC enviados por los países significan emisiones agregadas de gases de efecto invernadero que sobrepasan los 20C y “conducen a un nivel proyectado de 55 gigatoneladas en 2030”, mientras el reto es 40 gigatoneladas “para mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 20C” con respecto a los niveles preindustriales; las 55 gigatoneladas implican un aumento de temperatura de 2.7 0C expresado en la Ilustración 1.

8 P. Oquist (ver: https://www.youtube.com/watch?v=uL53JDkek2g) justificó el que Nicaragua no haya entregado: que las Naciones Unidas, para efectos del cambio climático, carece de mecanismos de verificación objetiva de la expresión de voluntades individuales de los países; y porque Nicaragua tiene baja emisión y que además lo está reduciendo –en 2014 solo emitió 0.03% de gases, y que por el aumento de energía renovable (de 25 a 52%) el país ahorró 2.1 mill. tons de CO

2, con lo que el total de emisión de gas bajó a 4.8 millones de toneladas.

9 Ver: http://www.c2es.org/international/2015-agreement/indcs10 Este financiamiento ya había sido aprobado en 2011 como Fondo Verde para el Clima (GCF, por

sus siglas en inglés), como mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés). Ver: http://finanzascarbono.org/financiamiento-climatico/canales-bilaterales-de-financiamiento/fondo-verde-para-el-clima/ El Acuerdo de París ratifica ese acuerdo.


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Tercero, la euforia de haber llegado a un acuerdo mundial hace olvidar que aun esos 20C es “temperatura media mundial”, lo que en los países tropicales será mayor, y ello significa que los Acuerdos de París son, en el fondo, una aceptación parcial de esa calamidad.

Estos resultados hacen que J. Hansen, considerado el padre de la conciencia global sobre el cambio climático por ser el primer científico en alertar sobre este problema en 1988, califique los Acuerdos de París como “un fraude” y “una falsedad” (Milman, 2015). ¿Por qué? Hansen argumenta que los acuerdos solo son “promesas sin acciones”, que mientras no se fijen impuestos (o cargos) a las emisiones de gas, el cambio climático empeorará. De forma más moderada, Monbiot (2015) dice que los Acuerdos de París, comparados con lo ocurrido en Copenhagen en 2009, en que no llegaron a acuerdos y visto desde el “marco estrecho” de las Naciones Unidades, son “un milagro”11; mientras visto desde fuera de ese “marco” de las Naciones Unidas, desde lo que debería ser, “es un desastre”.

5. La corriente debajo de las olas del mar

¿Por qué es tan difícil ponerse de acuerdo para salvar al planeta? Es el dilema de la acción colectiva. Por los datos vistos, los acuerdos dependen en gran medida de que los diez países que más han contaminado – o las empresas que están detrás de ellos – cedan en sus posiciones y superen lo que Hardin llamó “tragedy”; de que los países que no están en esa lista – y también las compañías y sus contrapartes nacionales –, al ver que su ruta de desarrollo vía industrialización tiende a ser limitada, igualmente cedan a una perspectiva de diversidad; y por lo observado en diferentes partes del mundo, depende también de la creciente conciencia y movilización social reactiva12 y sobre todo proactiva y con pensamiento de largo plazo.

La “corriente debajo de las olas del mar” tiene que ver con las ideas y los intereses. Monbiot (2015) identifica “un marco estrecho” en el que se han dado las discusiones sobre el cambio climático. Verbruggen (2015) dice que hay una gran coalición sobre el clima (oficiales, académicos, capitanes de industrias y personas que hacen campaña verde) enraizada en la creencia de que “no hay alternativa” y en una fe de que “la única forma viable es seguir el curso actual”, lo que no parece ser apropiado en un tema como el cambio climático donde se experimenta disrupciones frecuentes y que requeriría de diversas teorías, prácticas y tecnologías. Ese “marco estrecho” y “la única forma viable” es la perspectiva económica, y esa “gran coalición” en realidad son los technopols que Robinson (2003, pp. 214-217) ha identificado en cada país, que son determinados intelectuales “carismáticos, orgánicos, politizados y organizadores locales de grupos con orientación transnacional que juegan un importante rol distinguiendo estrategias locales, programas políticos, planes técnicos

11 Para leer la cronología sobre el cambio climático, ver: http://www.un.org/climatechange/es/hacia-un-acuerdo-sobre-el-clima/. Para un recuento histórico de la “ola” (Acuerdos de París) y en particular el día a día de las negociaciones en Paris, ver Campos (2016).

12 Ha habido muchas protestas y luchas en todos los países del mundo. Para una muestra, ver resumen del movimiento Avaaz https://secure.avaaz.org/es/climate_story_loc/?beAxNab&v=70850&cl=9162323010 y el Run for your life, con Jenni Laiti: https://www.youtube.com/watch?v=7ZR6kGNM_L0

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e ideologías, para la integración en el nuevo orden global”. Son actores conectados entre sí, nacional e internacionalmente, que penetran el Estado y promueven el proyecto transnacional de globalización capitalista. Verbruggen cuestiona por qué los economistas abrazan un enfoque global único (de mercado) en política climática, cuando se ha tenido tantos fracasos pretendiendo imponer una “camisa de fuerza uniforme”, y acusa a esa perspectiva de haber paralizado la política climática desde 1997 en COP03 Kioto cuando Estados Unidos impuso el comercio de emisiones13.

Esa perspectiva, motivada por intereses económicos de los países, ha llevado a que los Acuerdos de París estén enfocados al consumo de combustibles fósiles y no a su producción (Monbiot, 2015) y que sean promesas fáciles de ser burladas por los países. Un ejemplo de esta última lo revela Inglaterra, un país que tiene una política para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (reducir demanda de combustibles fósiles) bajo la ley del Cambio Climático 2008 (en coherencia con los Acuerdos de Kioto) y otra política bajo la ley de Infraestructura 2015 con el que urge a las compañías de petróleo y gas a aumentar su producción (mayor emisión de gases de efecto invernadero) para “maximizar la recuperación económica” de Inglaterra (Monbiot, 2014). Por un lado reduce las emisiones de gas y por el otro lado incentiva a aumentar su emisión, y ambas políticas son ejecutadas bajo la dirección del Ministerio de energía y cambio climático (Secretary of State for Energy and Climate Change). Lo que pasa en Inglaterra, el mismo Monbiot lo confirma, es una práctica común de los gobiernos atrapados en los intereses de las grandes corporaciones.

Desde el lado de algunos gobiernos de países en desarrollo hay críticas al sistema capitalista, pero sin salirse del “marco estrecho”. Correa (2015), presidente del Ecuador, señala que la vieja división del trabajo, de países productores de materia prima y países encargados de la industrialización de esa materia prima, ha sido sustituida por otro: “los países ricos generan conocimiento –ciencia, tecnología– que privatizan, mientras países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, países de la cuenca amazónica, generamos bienes ambientales que ellos consumen gratuitamente…” Correa señala que ese conocimiento es privatizado a través de “patentes” y “regalías”, y cuya violación es penada con cárcel, mientras “no hay cárcel si una transnacional destruye nuestra naturaleza”. Esa nueva división del trabajo, según Correa, se basa en el “poder”: “¿Quiénes son los contaminadores, pero que producen conocimiento que privatizan y en cambio consumen bienes ambientales libremente? Son los más poderosos”; “hay tribunales para la deuda financiera, hay tribunales para proteger, no los derechos sino muchas veces los abusos de las transnacionales. ¿Por qué no hay tribunales para algo tan fundamental como establecer la deuda ecológica…?” Por su lado, Evo Morales, presidente de Bolivia, en la 70o Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo que los países del sur no van a ser “los guardabosques de los países del sistema capitalista”. Y en la misma COP21 de París, el representante de

13 El Protocolo de Kioto de 1997 vincula jurídicamente a los países desarrollados a los objetivos de reducción de emisiones. Se fija metas de reducción de gases de efecto invernadero de 5%. Período de compromiso 2008-2012, y 2013-2020. Ese acuerdo solo lo firmaron 37 países (28 países de Europa). El Congreso de los Estados Unidos no lo ratificó y países como china, uno de los países con más emisiones, quedaron fuera. Para 2015, los 37 países firmantes lograron reducir 22% de las emisiones.


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Nicaragua, P. Oquist expresó: 1) que los acuerdos reconozcan el endeudamiento de los países históricamente responsables por el cambio climático; 2) que bajo el principio de responsabilidad indemnicen a los países en desarrollo en tanto las consecuencias del cambio climático lo sufren más los países en desarrollo; 3) que la meta promovida por los países en desarrollo, particularmente los estados isleños, ha sido de 1.50C y no 20C, y que los países más contaminadores reduzcan sus emisiones de gas; y 4) que el procedimiento para la decisión de los Acuerdos fue autoritario y no democrático14.

A la vez, en aparente contradicción, Correa apoyó la explotación petrolera en el parque amazónico Yasuni y en otras comunidades indígenas (Sarayaku, Kichwa, etc). Igual situación se da en el caso de Bolivia, Venezuela y otros países. El discurso hacia fuera no parece estar refrendado al interior de sus países. Esto se debe a tres razones. Primero, sus políticas ambientales no están respaldadas de recursos propios, ya que son dependientes de recursos externos llámense ‘indemnizaciones’ o Pagos por Servicios Ambientales (PSA), por lo que terminan aceptando las políticas ambientales gobernadas por los mercados15. Segundo, persiste el viejo modelo de organización taylorista en que se han formado los estados, partidos políticos, sindicatos y guerrillas, estructuras de vanguardia, que les impide ir y escuchar a las comunidades y tomar en serio sus perspectivas que van más allá de la economía y sus rutas que transitan fuera de la linealidad definido por la teoría de la modernización sobre el ‘desarrollo’. Tercero, al criticar la ausencia de responsabilidad de los países desarrollados y a la vez reclamar por indemnizaciones, están negando la diversidad en el mundo sobre la que justamente suelen hablar de forma discursiva. Como dijimos antes, con caridad no se resuelve la diversidad y las desigualdades.

Esa lógica económica, llamada por Polanyi décadas atrás como “sociedad de mercado”, pospone acuerdos y su cumplimiento, desvía la atención hacia la demanda mientras rechaza dejar los combustibles bajo tierra, critica la emisión de gases en un país y a la vez abre las puertas a las compañías extractivas. Esa oposición, exitosa desde al menos la Conferencia de las Partes de Berlín 1995 permitió que se dieran los Acuerdos de París como “consenso”. Bajo esa lógica, el progreso (económico) de los países ha caminado incrustado en la emisión de gases. Es la idea de que no hay desarrollo sin industrialización, que el cambio climático se resolvería con más progreso económico (y “ayuda”), que no es con menos mercado que el cambio climático va a resolverse sino con más mercado. En coherencia con esta forma de pensar, cualquier país –mejor dicho las corporaciones detrás de los gobiernos– teme que aceptar regulaciones ambientales le signifique perder sus ventajas competitivas ante sus competidores o, en el caso de los gobiernos de países en desarrollo, temor a no recibir recursos externos calificados por muchos de ellos como “indemnizaciones”,

14 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uL53JDkek2g. Para mayor lectura sobre el planteamiento del gobierno de Nicaragua publicado antes de la Cumbre de París, ver: Oquist (2015).

15 Van Hecken, Bastiaensen y Huybrechs (2015) discuten sobre la “circulación epistémica” para explicar cómo los países miembros del ALBA (Alternativa Bolivariano) se confrontan a las políticas ambientales conservacionistas y luego terminan sumándose a ellas. Los autores observan, en el caso de Nicaragua, cómo a pesar de la perspectiva crítica del gobierno sobre los pagos por servicios ambientales (PSA), la mayoría de los proyectos PSA en el país han sido llevados a cabo respondiendo a la perspectiva dominante de ser gobernados por el mercado.

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“inversión extranjera” (corporaciones extractoras de recursos naturales con emisión de gases de efecto invernadero) como derecho ante el “imperialismo”. Las “olas” del Acuerdo de Paris hacen que nos movamos “surfeando” a los grandes contaminadores que aparecen como los salvadores del planeta y como los financiadores de los países en desarrollo para adaptarse al cambio climático. La “resaca” es que los países en desarrollo serán los más afectados aun por el mismo Acuerdo de París. Tendrán que sacrificar el tipo de futuro (camino de la industrialización) que han ido buscando, emulando a los países desarrollados; mientras los países desarrollados seguirán su camino de progreso con emisión de los GEI.

Más que lo anterior, la “corriente de agua” hay que captarla desde una perspectiva histórica. Moore (2015) hace referencia a dos mitos. Primer mito: que la causa del cambio climático comenzó con la industrialización en Inglaterra de 1800, un mito compartido también por el pensamiento de los movimientos ambientalistas o el llamado enfoque de “la economía verde”. Moore argumenta que el capitalismo surgió en el s. XV, XVI y XVII, período (1450-1750) de la más grande revolución ambiental en que los paisajes naturales y los humanos en esos paisajes fueron sometidos. La expresión más dramática de ese proceso fue la conquista de América en términos militares, de genocidio humano y ambiental. Es decir, se impuso con las plantaciones de azúcar y luego con las minas de plata en Potosí, apropiándose de forma gratuita (o a bajo costo) del trabajo de la naturaleza y de los –considerados– “no-humanos” indígenas y esclavos. Ese proceso destruyó montañas de bosques y erosionó tierras de la zona de los Andes. Ese sistema continuó con el extractivismo y el monocultivismo de la caña de azúcar, tabaco, algodón… combustible... El patrón ha sido el mismo: conseguir nueva forma de naturaleza que trabaje gratis y a bajo costo laboral. Desde esta perspectiva, la idea de los países desarrollados en París 2015 fue expresada como “consenso” porque “el resto” de países con sus propuestas no contaban, igual que antes cuando las poblaciones indígenas, los esclavos y la naturaleza eran vistos como partes de la naturaleza, como “los naturales”.

El segundo mito es que los problemas creados por el capitalismo son responsabilidad de toda la humanidad o que el cambio climático es responsabilidad de todos. Moore (2015) califica ese mito como “de visión racista, eurocéntrica y patriarcal”. Hay responsabilidades históricas ante el cambio climático, injusticia que es escondida por los Acuerdos de París. No es tanto de “indemnizaciones”, sino de que el sistema capitalista deje de alimentarse de lo que la naturaleza produce, del trabajo barato, de la energía, comida y materia prima baratos, deje de persistir basado en genocidio humano y ambiental. De aquí, el mayor riesgo es que los Acuerdos de París sean una puerta al despojo mercantilizando la naturaleza, en un contexto en que las oportunidades de apropiarse de trabajo gratuito del bosque, océanos, clima y del suelo es cada vez menor.

De lo anterior, en sintonía con Moore (2015), pasamos a ver la realidad sin separar lo económico y lo social de lo ecológico, como la historia del surgimiento del capitalismo lo revela y como lo vemos en las zonas secas de América Central y América del Sur. Esto abre nuevas ventanas de comprensión de la realidad combinando cambio climático y desigualdad de raza y género. Este paso, a su vez, nos permitiría realizar nuevas alianzas entre organizaciones de productores, organizaciones feministas, organizaciones de trabajadores y organizaciones estudiantiles.


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6. Desafíos

Antes de seguir, recapitulemos lo trabajado hasta aquí a la luz del marco teórico propuesto. El clima es un bien colectivo, cuya ‘sobre-explotación’ se debe al oportunismo (free riding) de, mayormente, grandes corporaciones y países desarrollados que han contaminado la atmósfera. Este hecho se ha sostenido no solo a lo largo de 200 años (revolución industrial) sino de más de 500 años bajo la emergencia y consolidación del sistema capitalista sobre la base del trabajo barato de la naturaleza y de la mayoría de la población mundial, lo que ha conllevado también la institucionalización de un patrón de organización excluyente. Estas estructuras se han expresado en ideas basadas en el fundamentalismo del mercado, en la creencia de que no hay alternativa, y con efectos de “resaca”.

Esta perspectiva ha generado una tesis pesimista y conservadora, de que los causantes del problema difícilmente van a cambiar y que no hay mayor fuerza humana capaz de hacerlos cambiar. Es pesimista en el sentido que, si resulta cierta, el planeta se volverá menos habitable en la segunda mitad del presente siglo. Y es conservadora en tanto que genera impotencia, de que no hay mucho que hacer, de que el problema es tan complejo que ni sabemos qué hacer.

Sin embargo, discernir los factores estructurales, apoyados por una perspectiva histórica, permite avizorar una tesis más optimista de cambio institucional, de una nueva y más transformadora correlación de fuerzas. Esto es, una “sociedad en movimiento” con conciencia mundial –de presión y también con decisión de, por ejemplo, reducir su consumo de carne, leche y energía– de entender la realidad social, económica y ecológica como partes de un mismo proceso, conectada con las familias de pequeños productores (campesinos e indígenas) con prácticas sostenibles inteligentes en el uso eficiente del suelo y forestería, con el re-impulso de un sector empresarial en torno a nuevas tecnologías de cambio de la matriz energética, con científicos comprometidos en hacer que las energías renovables resulten más baratas que la energía proveniente del carbón, gas y aceite16, y con gobiernos que promuevan regulaciones fiscales apropiadas para incentivar la energía renovable y –siguiendo a Piketti (2015)– aplicar impuestos a los más ricos tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, superando el dualismo tradicional norte-sur. Esta correlación de fuerzas podría hacer retroceder a la vieja y dominante correlación de fuerzas dirigida por las corporaciones, y sería una ventana de posibilidades para la transformación social, política, económica y ecológica de nuestras sociedades y sus instituciones en este planeta tierra.

Bajo este marco, a continuación listamos tres desafíos. El primer desafío es proveer soluciones que hagan posibles los Acuerdos de París con una perspectiva que a la larga permita dejar los combustibles bajo el suelo. Es claro que llegar a

16 Siete científicos y economistas de Inglaterra han propuesto un programa de investigación tipo Apolo, con el propósito de hacer investigación que en diez años produzca energía renovable y limpia más barata y libre de la emisión de CO

2. Esa energía estaría basada en 3 pilares: renovable

(especialmente solar y eólica), poder nuclear y ‘captura de carbono’. Lo hacen bajo la idea de que para 2025 garanticemos que el calentamiento global esté debajo de 2 0C, de lo contrario consideran un cambio climático catastrófico. Ver: King, et al. (2015).

23

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estos Acuerdos ha tomado mucho tiempo, las metas actuales son insuficientes para salvar al planeta, y la manera que proponen para llegar a reducir el CO

2 es

con una visión productivista y de “economía verde”. Para introducir políticas y decisiones que hagan posibles los Acuerdos de París, es necesario comprender la crisis económica, la crisis social y la crisis ecológica como crisis del capitalismo; al hacerlo, sustituir el fundamentalismo económico en el que estamos atrapados por una perspectiva más integral de vida. Sin salir de esa trampa, aun las soluciones como el de energías limpias (la solar, geotérmica, eólica y demás) no prosperarán, igual que las perspectivas críticas de los gobiernos de países miembros del ALBA, que con o sin recursos propios siguen sin salir del fundamentalismo económico.

El segundo desafío es evitar que el capitalismo use los Acuerdos de Paris como puerta de entrada para acumular más en base a su práctica histórica de apropiarse de la naturaleza y trabajo baratos. Parte de esa realidad lo hemos observado en las políticas de áreas protegidas en América Latina, igual que en muchos casos la titulación de territorios indígenas, que han servido para despojarles de sus tierras a las poblaciones indígenas y afro-descendientes, y a las familias campesinas17. Y parte de esa modalidad es dar migajas a los países en desarrollo como licencia para seguir generando GEI, migajas que llegarían amarradas a mecanismos de ‘gestión por resultados’18 con lógica individualista (p.ej., al productor individual por sembrar árboles en sus fincas) y erosionando las expresiones organizativas (cooperativas, asociaciones y organizaciones comunales) que particularmente las sociedades rurales tienen para resistir a los mecanismos de despojo de parte de las grandes empresas que están siempre listas para comprarles tierras. Esto es una forma de despojo que desfavorece no tanto a los países en desarrollo sino al 80% de la población mundial que solo accede al 17.2% de los ingresos mundiales19.

El tercer desafío es superar el dualismo naturaleza/sociedad desde los mismos actores considerados históricamente como “naturales”, las familias campesinas, indígenas y afro-descendientes. La cuestión del cambio climático tiende a aparecer como algo muy complejo que deja un sentido de impotencia en las personas, de hacer sentir que las acciones humanas de cambio son tan pequeñas ante algo tan grande como el cambio climático. Y esa ‘campaña’ ideologizada y sesgada sobre el cambio climático ha hecho que las familias indígenas y campesinas tiendan a “auto-culparse” por el cambio climático, algo contrario a lo indicado en la Ilustración 720. Ese

17 El despojo lo implementan no solo las compañías extractivas y empresas de monocultivo, también las instituciones que nacieron como alternativas. Por ejemplo, muchas microfinancieras presentan sus carteras como “crédito verde”, el cual, financiando la ganadería extensiva contribuyen más bien a ese despojo de tierras y territorios; esas mismas microfinancieras no dan crédito ni a las poblaciones indígenas ni a las familias campesinas que diversifican su producción y que se hallan en las áreas protegidas y territorios indígenas. O cooperativas que tienen áreas de bosque y que están impedidas de tocar un solo árbol.

18 Para una perspectiva crítica, ver: Chambers (2014).19 Datos para 2007 tomados de: Ortíz y Cummins (2012).20 En un taller con mujeres y hombres líderes de organizaciones rurales (enero 2016), y de

representantes de instituciones académicas y empresariales, la perspectiva de ambos grupos se expresó diferente. El primer grupo, de las y los líderes, era de culparse a sí mismo sobre el cambio climático, atribuyendo las causas a las “malas prácticas en la producción”, “quema y despale”, “uso de químicos en agricultura” y a la “falta de educación en las familias”; mientras el segundo grupo atribuyó las causas al “pensamiento de corto plazo”, a “las Compañías” y a “la dependencia en el petróleo”.


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grado de complejidad y de inseguridad que el cambio climático genera, combinado con auto-culpa de parte de las familias campesinas, puede ser contraproducente. Enfrentar esta situación requiere que superemos la idea de que solo por la vía de la industrialización se puede lograr el desarrollo, mostrar que la vía campesina, indígena y afro-descendiente, un camino de resistencia de siglos ante el capitalismo, en alianza con diversos actores, puede mitigar el cambio climático, y en ello el rol de la agricultura y lo forestal para absorber los GEI, mencionados antes, hacen ver al mundo la importancia de ese sector social campesino e indígena.

7. Perspectiva desde las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes

¿Cómo asumir los desafíos y mitigar el cambio climático? Las estrategias de diversificación de estas familias – con sus variantes entre una y otra (ver Mendoza, 2004) – contrarias al sistema de monocultivo y al extractivismo, e incluyendo la organización familiar y territorial apostando por la vida conectada a la tierra, son ángulos y prácticas diferenciadores para mitigar el cambio climático.

Desde esta perspectiva de diversidad, territorios, diversificación, organización y vínculo con la tierra, y en contra de los technopols identificado por Robinson (2003), proponemos la construcción de una “comunidad epistémica” que, en palabras de Marchetti (2015, p.20), es “continuo y más profundo encuentro de diversas maneras de saber cruzando aspectos educacionales y geográficos, abandonando recetas externas, el canon externo de la ciencia e incluso el canon externo de políticas sobre clima-energía, y responsabilizándose de formular y ajustar políticas cada año en diferentes geografías y comunidades epistémicas”. ¿Cómo construir esas comunidades epistémicas? Respondemos esta pregunta desde nuestro involucramiento en el trabajo con organizaciones rurales.

Primero, que líderes de organizaciones campesinas, indígenas y afro-descendientes, organicen su conocimiento de forma sistemática y permanente, y lo hagan en alianza con intelectuales del sur y del norte; construir una capacidad de largo plazo que expanda, corrija, genere y catalice saberes, dejando atrás la tradición oral y el ser solo movimientos reactivos ante el extractivismo y el monocultivismo. Las soluciones para hacer posible los Acuerdos de París vendrían de ese tipo de procesos que desarrollen capacidades en el largo plazo.

Segundo, esa capacidad propia debe combinarse con procesos de experimentación e innovación de rutas con diversas perspectivas y en la medida que sus organizaciones se consoliden basado fundamentalmente en recursos propios y en recursos generados por la captura de carbono. Las iniciativas de PSA deben ser leídas desde esa capacidad endógena, desde las prácticas de diversificación, la lógica de territorios donde las poblaciones cuidan las tierras, y desde las organizaciones de base que expandan sus capacidades de gestión de los bienes comunes. Se trata de que las familias y poblaciones puedan ver el cambio climático desde sus propias vidas, organizaciones y comunidades, mitigando el cambio climático, en lugar de verse como seres minúsculos ante el ‘complejo’ e ‘incierto’ cambio climático, como individuos aislados en entramados de mercados abstractos.

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Tercero, con esa capacidad de producir conocimiento e innovar modos de mitigación del cambio climático como un modo de vida diferente implicando cambios personales y renovación organizacional, las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes necesitan reconquistar áreas de tierra profundizando su relación con la tierra, ampliando sus territorios como “lugar de aquellos que cuidan la tierra”21 bajo la premisa de que la equidad ecológica, social y económica son inseparables, y que por lo tanto la desigualdad de género, étnica y generacional son partes de la degradación ambiental. En este proceso, las políticas del estado y de los organismos para mitigar el cambio climático deben responder a la perspectiva mencionada con rotación de cultivos, diversificación, retroceso en el sistema de monocultivo y en el extractivismo, y equidad social y económica. De esta manera, esa coordinación de prácticas y políticas serían la base para que los Acuerdos de París se lleven a cabo y se profundicen para lograr una meta de calentamiento menor al 1.5 0C, fomentaría prácticas novedosas en lo ecológico, lo social y lo económico, reduciría la pobreza y la desigualdad, lo que es coherente con la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no dejar atrás a ni una persona pobre para el 2030.

Concluyendo, el poema citado al principio del texto es del pueblo indígena Sámi, ubicado en Noruega, Suiza, Finlandia y Rusia, un pueblo que lucha porque le reconozcan sus tierras. Ellos nos recuerdan que aún hablamos el lenguaje de la tierra, que la clave es volver a conectarnos con la tierra y aprender a relacionarnos con ella. J. Laiti, del pueblo Sámi, afirma que reconocer que nos pertenecemos uno al otro nos lleva a amar la vida, usar la naturaleza como fuente de vida, y a convencernos de que vivimos en –y estamos hechos por– la tierra22. Este cambio de relación con la naturaleza es posible si hay cambios personales y renovación organizacional, como nos lo recuerda el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí: “no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano.” Y con estos dos pasos, dar el tercero, siguiendo al Proverbio Africano, “si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado.” Ante el sistemático acoso de las corporaciones (mercado), la construcción de comunidades epistémicas con las familias campesinas y pueblos indígenas y afro-descendientes, grupos que han persistido siglos a ese acoso, ahora desarrollando sus capacidades de organizar y producir su conocimiento e innovaciones, un proceso acompañado en un marco de alianza global, y en constante cambio personal, puede realmente hacer diferencia en mitigar el cambio climático. Eso puede ser superar la “resaca”. Eso es llegar lejos.

Agradecimientos

Este trabajo se ha beneficiado de los comentarios y sugerencias de P. Marchetti, F. Huybrechs, G. Delmelle, K. Kuhnekath, D. Kaimowitz, J. Bastiaensen y T. De Herdt. También de las reflexiones emanadas en un taller con líderes de organizaciones rurales (cooperativas y asociaciones) y de representantes de organismos del país y del exterior.

21 Esta frase de las mujeres de la comunidad afrodescendiente de La Toma del Cauca (Colombia), fue recogida por Escobar (2016).

22 Ver entrevista a Jenni Laiti en: http://uralistica.com/profiles/blogs/jenni-laiti-is-looking-out-for-s-mi-interests


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Assessment of Genetic Diversity in Five Nicaraguan Populations of Cedrela odorata L. (Meliaceae) using RAPD Markers


Arlen Tijerino*, Lourdes Callejas** and David A. Cerda-Granados***

Received: November 2015 / Accepted: March 2016

The goal of this study was to assess the genetic diversity of Nicaraguan populations of Cedrela odorata using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) markers. Thus, genomic DNA was isolated from leaf samples collected from ninety-two trees belonging to five Nicaraguan natural populations of C. odorata. The mean number of alleles per locus, effective number of alleles per locus, percentage of polymorphic loci, genetic diversity (H

e) of Nei and diversity index (H

o) of Shannon

were estimated for each population assuming that the populations were in Hardy-Weinberg equilibrium. Total genetic diversity was partitioned in intrapopulational and interpopulational diversity using Nei’s genetic differentiation (G

ST) and through

an Analysis of Molecular Variance (AMOVA). The ΦST

matrix was used to construct a dendrogram by the neighbor-joining method. According to values of both H

e

and Ho, Esquipulas (Deparment of Matagalpa) presented the lowest diversity level;

while La Trinidad (Department of Estelí) showed the highest diversity level. Genetic differentiation was calculated obtaining a G

ST value of 13.36%. AMOVA also showed

a similar differentiation value ΦST

=13.81%). Neighbour-joining dendrogram clustered the five populations in two groups, where the group formed by La Trinidad and El

∗ Centro Nicaragüense de Investigación Agropecuaria (CINIA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Km 14.1 Carretera Norte, Managua, Nicaragua. E-mail: [email protected]

∗∗ Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias y Tecnología, Frente a la Iglesia La Merced, León, Nicaragua. E-mail: [email protected]

∗∗∗ Corresponding author. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias y Tecnología, Frente a la Iglesia La Merced, León, Nicaragua. E-mail: [email protected]

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Refugio (Department of Granada) presented the biggest differentiation. Correlation between genetic and geographical distances was not found.

Keywords: Cedrela odorata, Conservation, Genetic Diversity, Nicaragua, RAPD

Abstract in Spanish:

Evaluación de la diversidad genética de cinco poblaciones nicaragüenses de Cedrela odorata L. (Meliaceae) usando marcadores RAPDs

El propósito de este estudio fue evaluar la diversidad genética de poblaciones nicaragüenses de Cedrela odorata usando marcadores RAPD (ADN polimórfico amplificado al azar). Así, se aisló ADN genómico de hojas recolectadas de noventa y dos árboles pertenecientes a cinco poblaciones naturales de C. odorata. Se estimó para cada población el número de alelos por locus, número efectivo de alelos por locus, porcentaje de loci polimórficos, diversidad genética de Nei (He

) e índice de diversidad de Shannon (H

o) asumiendo equilibrio de Hardy-Weinberg. La diversidad

genética total fue particionada en diversidad intrapoblacional e interpoblacional usando la diferenciación genética de Nei (G

ST) y el Análisis de Varianza Molecular

(AMOVA). La matriz ΦST

se usó para construir un dendrograma con el método de neighbor-joining. De acuerdo a los valores de H

e y H

o, la población de Esquipulas

(Departamento de Matagalpa) presentó el nivel de diversidad genética más bajo; mientras que La Trinidad (Departamento de Estelí) mostró el nivel de diversidad más alto. La diferenciación genética fue calculada, obteniendo un G

ST=13.36%. El

análisis de varianza molecular (AMOVA) también mostró un valor de diferenciación similar (Φ

ST=13.81%). El dendrograma neighbour-joining agrupó a las cinco poblaciones

en dos grupos, donde el grupo formado por La Trinidad y El Refugio (departamento de Granada) presentó la diferenciación más grande. No se encontró correlación entre distancias genéticas y geográficas.

Palabras clave: Cedrela odorata, conservación, diversidad genética, Nicaragua, RAPD

1. Introduction

Cedrela odorata L. (Spanish cedar or cedro real) is a Neotropical tree belonging to the Meliaceae family found in the subtropical and tropical humid or seasonal dry forests (Holdridge, Poveda Alvarez & Jiménez Madrigal, 1997; Cordero & Boshier, 2003). Its natural range goes from latitude 26º N in the Pacific Coast of Mexico to latitude 28º S in Argentina, being also present in the Caribbean islands (Niembro Rocas, 2002), and it has been introduced in Ethiopia, Fiji Islands, Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Southern Florida, and Tanzania (Webb, Wood, & Smith, 1980; Gezahgne, Coetzee, Wingfield, Wingfield & Roux, 2004). It is an economically important timber tree producing high quality wood whose uses include construction, furniture and boat building (Niembro Rocas, 2002; Cordero & Boshier, 2003). Its wood is resistant to

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attacks by fungi and insects, and its fragrance lasts for many years (Niembro Rocas, 2002). As a result, its natural populations have been severely reduced to the point that the species is now classified as “vulnerable” by the International Union for Conservation of Nature (Americas Regional Workshop, 1998), appearing in the CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Appendix III for the countries of Brazil, Guatemala, Colombia, Bolivia and Peru.

C. odorata is commonly found in Nicaragua with latitudes between 0 to 1200 m. It flowers from April to September, and it fruits from June to March (Pennington & Styles, 2001). This species, as in the rest of its natural range, has experienced a big population reduction in recent years. The size reduction of any population has a direct consequence in the reduction of its genetic variation (Frankham, Ballou & Briscoe, 2002). For this reason, it is necessary to detect and evaluate the genetic diversity of the populations in order to maintain their variation level and avoid extinction. There are no studies of population structure in Nicaraguan provenances of C. odorata. Thus, the conservation and plantation management of the species is done without this information. The only genetic data that exist are from phylogenetic studies carried out in Mesoamerica (Cavers, Navarro & Lowe, 2003b) and its distribution range (Cavers et al., 2013), which can give us slight insights about how to manage the species in Nicaragua. Some research about the genetic structure of C. odorata has been carried out in Costa Rica (Gillies et al., 1997; Cavers, Navarro & Lowe, 2003a) which can be taken as reference, since some Costa Rican populations could share the same kind of ecosystems and evolutionary history than the Nicaraguan populations.

The use of molecular techniques, especially the DNA based markers, has permitted access to any information in the genome. Among the molecular techniques that already exist, the Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) (Williams, Kubelik, Livak, Rafalski & Tingey, 1990) is a very common technique used due to its simplicity and low cost. This technique is based in the random amplification of different DNA fragments with an only 10-nucleotides length primer that identify polymorphisms used as markers (Williams et al., 1990). RAPD has been successfully used by many researchers to assess the genetic diversity of several forestry species, e.g. C. odorata (Gillies et al., 1997), Swietenia macrophylla (Gillies et al., 1999), Prunus mahaleb (Jordano & Godoy, 2000), Pinus oocarpa (Diaz, Muniz, & Ferrer, 2001), and Pinus tecunumanii (Cerda Granados, 2007).

In this study, RAPD markers were used (i) to assess the genetic differentiation between populations and (ii) to estimate the levels of genetic diversity within populations of Nicaraguan C. odorata populations. This information will be useful in planning conservation and management programs of C. odorata in Nicaragua.

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2. Materials and Methods

2.1 Plant Material

Leaf samples were collected from 92 trees distributed in five Nicaraguan natural populations of C. odorata (Figure 1): (1) Volcán Casita (12º 40’ 27.0’’ N, 86º 57’ 50.6’’ W) in Department of Chinandega, (2) Esquipulas (12º 42’ 19.5’’ N, 85º 47’ 15.9’’ W) in Department of Matagalpa, (3) Masatepe (11º 54’ 12.1’’ N, 86º 09’ 20.7’’W) in Department of Masaya, (4) El Refugio (11º 49’ 45.0’’ N, 86º 00’ 34.0’’ W) in Department of Granada and (5) La Trinidad (12º 54’ 36.4’’ N, 86º 14’ 11.4’’ W) in Department of Estelí. The minimum distance between trees sampled was 100 m. The number of trees from each population varied from 14 to 22. Field-collected material was dehydrated in silica gel during 3—5 days, grinded in lab conditions, and stored at –20º C prior to DNA isolation.

2.2 DNA Isolation

The genomic DNA isolation was carried out as described by Möller, Bahnweg, Sandermann and Geiger (1992) with the following modifications: 2 µl of Φ-mercaptoethanol 14.4 M was added to the extraction buffer, while proteinase K was not included during extraction. The first incubation was done at 65º C for 30 min. We did a second extraction with chloroform:isomyl alcohol. The RNse treatment was carried out at the end of the procedure.

2.3 RAPD amplification

RAPD reactions were carried out in 25 µl volumes containing 25 ng genomic DNA, 1X Buffer A (10 mM Tris-HCl (pH 9.0), 50 mM KCl, and 1.5 mM MgCl

2), 0.2 µM of

primer, 200 µM dNTPs and 1U of Taq polymerase (Fisher Scientific) (Williams et al. (1990) with slight modifications). Amplifications were performed in a termocycler

Figure 1. Nicaraguan populations of C. odorata (Φ) sampled for this study

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(Amplitron® II Thermolyne) with the following program: 3 min at 92º C (initial denaturation); 45 cycles of 1 min at 92º C (denaturation), 2 min at 37º C (annealing), and 1 min at 72º C (extension); all followed by a final 8 min extension at 72º C. Nine primers (OPF-01, OPG-10, OPN-09, OPR-07, OPS-18, OPT-08, OPU-16, UBC-228, and UBC-411) were selected from initial tests. Amplification products were separated by electrophoresis in 2.0% agarose gels with 1X TAE, stained with ethidium bromide, and then photographed under UV light.

2.3 Data Analysis

RAPD bands were scored as either present or absent in each DNA sample. Analysis was restricted to polymorphic bands, i.e. reliable scored bands with a frequency of less than 95% for the most common phenotype. The data file was investigated for nonrandom associations between individual pairs for bands using the correlation test of the SIMIT program (NTSYSpc 2.20 software) (Rohlf, 2005). The mean number of alleles per locus (N), effective number of alleles per locus (N

e) (Kimura & Crow,

1964), percentage of polymorphism over total bands (P), the genetic diversity (He) of

Nei (1973) and the diversity index (Ho) of Shannon (Lewontin, 1972) were estimated

for each population assuming Hardy-Weinberg equilibrium. An analysis of simple correlation was carried out to detect possible relationships between diversity indexes. Total genetic diversity was partitioned in intrapopulational and interpopulational diversity using the Nei (1973)’s genetic diversity according to (Nei, 1987). Gene flow (Nm) was calculated using the Nei (1987)’s coefficient of gene differentiation (G

ST)

according to McDermott and McDonald (1993). These analyses were done using the POPGENE ver. 1.32 program (Yeh & Yang, 2000).

An Analysis Molecular of Variance (AMOVA) was carried out to obtain variance components within populations and between populations. Variance components were tested statistically by nonparametric permutational procedures using 1000 permutations. Genetic differentiation (Φ

ST) between pairs of the C.

odorata populations, and levels of significance were also calculated. All analyses were performed using Arlequin 3.01 software (Excoffier, Laval & Schneider, 2005). The Mantel test (Mantel, 1967) was used to estimate the possible association between the geographical distance matrix and the Φ

ST pairwise matrix using the MXCOMP

program (NTSYSpc 2.20). Significance was determined using 1000 permutations. The Φ

ST matrix was used to construct a dendrogram by the neighbor-

joining method (Saitou & Nei, 1987) using the TREE program (NTSYSpc 2.20). A cophenetic value matrix was produced from the tree matrix using the COPH program (NTSYSpc 2.20). This matrix was then employed to check the goodness of fit of the cluster analysis by comparing it to the Φ

ST matrix (Sneath & Sokal, 1973)

using a Mantel test (Mantel, 1967) with 1000 permutations.

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3. Results

3.1 RAPD Profile

The number of bands per primer varied from 10 for primers OPT-08 and OPU-16 to 15 for primer UBC-228. The mean total bands per primer were 12. Thus, a total of 108 bands with a molecular weight from 270 bp to 3700 bp were generated. Seventy eight bands were polymorphic (mean of 8.76 polymorphic bands per primer, ranging from 4 for OPN-09 to 14 for UBC-228).

3.2 Genetic Diversity

Genetic parameters calculated per population are presented in Table 1. N varied from 1.821 (Volcán Casita) to 1.910 (El Refugio) with an overall mean of 2.000. N

e

varied from 1.489 (Masatepe) to 1.559 (La Trinidad) with an overall mean of 1.579. P varied from 56.5% (La Trinidad) to 68.5% (Esquipulas) with an overall mean of 63.3%. H

e varied from 0.289 to 0.323 with an overall mean of 0.347. H

o varied from

0.436 to 0.479 with an overall mean of 0.524. A strong and significant correlation was found between H

e and H

o (Pearson, r = 0.999, P < 0.0001). Both diversity values

showed that the least diverse population was Esquipulas, while the most diverse population was La Trinidad.

Table 1. Genetic variation parameters, genetic diversity of Nei (He) and Shannon’s

information index (Ho) for five Nicaraguan populations of C. odorata using RAPD

markers.

Population N Ne P He Ho

Volcán Casita 1.821 1.499 59.3 0.294 0.440Esquipulas 1.872 1.490 68.5 0.289 0.436Masatepe 1.910 1.489 67.4 0.292 0.442El Refugio 1.910 1.541 64.8 0.316 0.474La Trinidad 1.885 1.559 56.5 0.323 0.479All populations 2.000 1.579 63.3 0.347 0.524

Note: N, number of alleles per locus; Ne, efective number of alleles per locus (Kimura

& Crow, 1964); P, percentage of polymorphic loci over total bands; He, Nei (1973)’s

gene diversity; Ho, Shannon’s information index (Lewontin, 1972) over loci.

3.3 Partitioning of Variation per Population

Total genetic diversity (HT) was 0.350, and the genetic diversity within populations

(HS) was 0.303. Thus, Nei (1993)’s genetic diversity index assigned a 13.3% (G

ST =

0.133) of the total variation to the intrapopulational component, while 86.7% of the total variation was caused by differences between individuals within populations. Nm was 3.251 migrants per generation.

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3.4 AMOVA Analysis

In agreement with the GST

value, AMOVA (Table 2) found that most of the total variation was within populations (86.19%) rather that between populations (Φ

ST

=13.81%). This value was statistically significant (P < 0.001). All pairwise ΦST

values derived from AMOVA were statistically significant (P < 0.001). The lowest genetic differentiation was found between Esquipulas and Masatepe (Φ

ST =0.062), while

the highest differentiation was present between Volcán Casita and La Trinidad (Φ

ST =0.241). There was no correlation between genetic and geographical distances.

This shows that Nicaraguan populations of C. odorata do not follow the isolation by distance model.

Table 2. AMOVA analysis in five Nicaraguan populations of C. odorata using RAPD markers.

Source of variation d.f. Sum of squaresComponents of

variancePercentage of

variationФ statistic

Between populations 4 209.855 2.13930 13.81*ФST = 0.1381

Within populations 87 1161.591 13.35162 86.19*Total 91 1371.446 15.49092

* P<0.001Significance test after 1000 permutations.

3.5 Phylogenetic Relationships

The dendrogram constructed with the ΦST

pairwise matrix (Figure 2) shows the formation of two clusters. One group formed by the populations of Volcán Casita, Esquipulas and Masatepe and the other group by the remaining populations, El Refugio and La Trinidad. The dendrogram obtained was consistent with the Φ

ST

pairwise matrix as demonstrated with correlation coefficient between the ΦST

pairwise matrix and the cophenetic matrix from the dendrogram (Mantel test, r = 0.990, P = 0.018).

Figure 2. Neighbour-joining analysis showing the genetic relationships of five populations of C. odorata based in Φ

ST pairwise matrix

generated by RAPD markers. The coefficient of cophenetic correlation was r=0.99

35

Encuentro No. 103, 28-39, 2016


4. Discussion

The number of polymorphic bands (78) obtained in the present study is within the range that Nybom and Bartish (2000) recommended to have reliable RAPD data. Overall levels of genetic diversity (P = 63.3%, H

T = 0.350) are higher than

the mean of plant species (HPOP

= 0.214) reported by Nybom and Bartish (2000) and are comparable to other dicotyledonous tree species, e.g., Swietenia macrophylla (Gillies et al., 1999). They are also similar to values reported for other species of the Cedrela genus, such as Cedrela balansae in Northwestern Argentina using other molecular markers (expected heterozygosity = 0.643 for SSR, and P = 60.47% and expected heterozygosity = 0.222 for AFLP) (Soldati, Fornes, Van Zonneveld, Thomas & Zelener, 2013) and for C. odorata in Mesoamerica (P = 93.8%, H

T = 0.34 (Gilles

et al., 1997); P = 84.8%, HT = 0.27 (Cavers et al., 2003a)), and Peru (P = 98.8%,

HT = 0.22 (de la Torre, López, Yglesias & Cornelius, 2008)). The same general

trend was found with the Shannon index, such as the findings in two Mexican red oaks, Quercus affinis (P = 54.98%, Shannon Index = 0.242) and Quercus laurina (P = 55.19%, Shannon Index = 0.249) using RAPD markers (González-Rodríguez, Arias & Oyama, 2005).

GST

(0.133) and ΦST

(0.138) values presented in the current study were lower than the mean of plant species (G

ST = 0.29 and Φ

ST = 0.35) found by Nybom and

Bartish (2000), and the calculated gene flow (Nm = 1.224) is higher than the mean of plants. Most of the variation was found within populations as has been reported in several studies in forestry species with outcrossing pollination. The AMOVA analysis performed in Costa Rican C. odorata using RAPD (Gilles et al., 1997) also showed that most of the variation was within populations (65.1%); although this value was much lower than the value found in our study (86.19%). On the other hand, G

ST

value gave a different outcome. Most of the variation was between populations (55%). The authors explained this was due to the presence of two ecotypes (dry type and mesic type) in Costa Rica. The existence of these two ecotypes in Costa Rica has been demonstrated in later studies using cDNA analysis (Cavers et al., 2003a) and morphological traits in an experiment with a common garden (Navarro, Ward & Hernández, 2002). In fact, two haplotypes (A and B) were found in the Costa Rican populations, each of them corresponding to an ecotype (Cavers et al., 2003a). Haplotype A corresponds to dry ecotype; while haplotype B corresponds to the mesic ecotype. This may also be applicable to the Nicaraguan populations of C. odorata, since the populations from both Western Nicaragua and Northwestern Costa Rica belong to the same haplotype and ecotype (Cavers et al., 2003b). An AMOVA analysis using AFLP showed that most of the variation of Costa Rican C. odorata was between groups (83.5%); while a 5.4% was between populations within groups and 11.2% was within populations (Cavers et al., 2003a). However, they did a two-level AMOVA separating the groups according to the haplotypes identified through cDNA analysis (haplotypes A and B). The haplotype A, to which the Nicaraguan populations belong (haplotype 3 in Cavers et al. (2003b)), had a similar partition of variation to the one found in our study. They reported values of 79.8% within populations and 20.2% between populations; while we found values of 86.19% within populations and

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13.81% between populations. A study in Peruvian populations of C. odorata using AFLP (de la Torre et al., 2008) also showed this pattern (72.7% within populations, 16.5% between groups, and 10.8% between populations within groups) reporting a value of F

ST = 0.20. In recent findings, it has been detected that C. odorata has 3 or

4 cryptic species in Mesoamerica (Cavers et al., 2013). So probably, the haplotypes discovered in prior studies (Cavers et al., 2003a; Cavers et al., 2003b) should be elevated to species.

5. Implications for Conservation and Future Work

As mentioned before, knowledge of the level and distribution of the genetic variation of a species is necessary to assure the effectiveness and success of any conservation program (Ge, Hong, Wang, Liu & Zhang, 1998), inasmuch as the evolutionary potential of species and the diversity of their genepools can be maintained for current and future use (Butcher, Glaubitz & Moran 1999). For that reason, future decisions should be based on quantitative genetic variation as well as patterns of variation revealed from molecular markers. To craft an effective conservation strategy, it is necessary to understand the genetics of the developmental, adaptive and physiological strategies of the populations (Namkoong, 1992), as well as the reproductive biology of the species. Since C. odorata is an obligatory outcrossing species, its fecundity may be influenced by the level of fragmentation and anthropogenic perturbation of their habitats and availability of pollinators flying extensive areas (Hernández Sánchez, 2008). The same author also states that alterations in temperature due to climate change may influence the fecundity of the species by disturbing the pollinator behavior or augmenting fire occurrences.

In the case of the present study, only Western Nicaragua (dry ecotype) populations were taken into account, having most of the variation within populations suggest that sampling from a few populations, for either conservation or breeding activities, may capture a large proportion of the variation of the species in Western Nicaragua. Nevertheless, sampling from a wide range of populations is still advisable.

The presence of the ecotypes reported in Costa Rica is probably applicable for Nicaragua where there are humid ecosystems in the Caribbean Coast. Thus, it is advisable to keep separate both ecotypes for conservation and breeding purpose, especially now that they could be cryptic species (Cavers et al., 2013). A study with more informative markers and including populations of the Caribbean Coast will be necessary to have a better knowledge of the genetic structure of the species in Nicaragua.

Due to the existence of a limited number of individuals of C. odorata, it is necessary to protect the entire existing subpopulations and individuals just as Navarro Pereira (2002) recommended, and taking into consideration minimum distance between trees to ensure gene flow (Hernández Sánchez, 2008). Sáenz-Romero, Snively, and Lindig-Cisneros (2003) proposed “the establishment of a network of in situ forest genetic resources conservation units to protect the genetic variation of P. tecunumanii against immediate-term treats like fragmentation and deforestation”. Since C. odorata has an even wider distribution range and also a great pressure as P. tecunumanii, this strategy might be a good approach. In fact, Cavers, Navarro,

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and Lowe (2004) proposed to work in three regions based in the dominant cpDNA lineages that they found in their study with Mesoamerican populations (Cavers et al., 2003b) and also taking into consideration the country boundaries. This regions would be (1) Mexico, Belize and Guatemala; (2) Honduras and Nicaragua; and (3) Costa Rica and Panama. This distribution is based on the fact that the populations sampled from Nicaragua and Honduras are from dry ecotypes. However, humid ecotype populations from Honduras and Nicaragua have to be sampled to have a better delimitation of the conservation units.

Acknowledgments

We give special thanks to José López and Verónica Díaz who provided valuable help during the fieldwork, and Ben Smith who helped us to edit the grammar of this paper. This research was supported by the Nicaraguan National Institute of Forestry (Instituto Nacional Forestal-INAFOR) through PRORURAL in the Project Marcadores moleculares 2006-2008.

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El topo de bolsillo nicaragüense Orthogeomys matagalpae J.A. Allen, 1910 (Familia Geomyidae) en el bosque de neblina de Santo Domingo (Chontales), Nicaragua

Javier Ruíz∗, Allan Gutiérrez**, Osmar Arróliga**, Luis Martín Arauz** y Oscar Flores∗∗

Recibido: febrero de 2016 / aceptado: marzo de 2016

Realizamos la captura de un espécimen de topo de bolsillo nicaragüense - conocido en inglés como “Nicaraguan pocket gopher” (Orthogeomys matagalpae) en Santo Domingo (Chontales) en Nicaragua. El topo de bolsillo nicaragüense es una especie de roedor que pertenece a la familia Geomyidae. La especie se encuentra en Honduras y Nicaragua (Patton, 2005) y se distribuye en bosques semi-húmedos a húmedos tropicales desde tierras bajas ≥ 1,000 metros sobre el nivel del mar (Reid, 1997). La especie fue reportada por primera vez en el área protegida del Volcán Mombacho en el Sureste de Nicaragua (Reid, 1997) y nuestro reporte representa el primero documentado con fotografías en Nicaragua y para la literatura científica (Ilustración 1).

El avistamiento y captura del individuo de la especie Orthogeomys matagalpae los realizamos en un bosque semi-húmedo de altura con características de bosque nublado y con flora convergente de la vertiente del sur-este de la Costa Atlántica nicaragüense y bosque seco del Pacífico de Nicaragua durante las labores de captura y rescate de vida silvestre en el emplazamiento de la concesión de B2GOLD en Santo Domingo (Chontales) Nicaragua. Durante la captura y liberación utilizamos los procedimientos de seguridad e higiene de acuerdo con las estipulaciones del

∗ Consultor independiente. Dirección: Villa Sol Casa F1-17, Managua, Nicaragua. Correo electrónico: [email protected]

** Fundación del Río San Juan. Dirección: De los semáforos del Club Terraza 1C al E y 1/2 al N.

Comunicación Corta

40Encuentro No. 103, 40-42, 2016

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Encuentro No. 103, 40-43, 2016


Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua. Utilizamos guantes para evitar contaminación cruzada con los especímenes y posteriormente realizamos una descripción del área de captura (0710320 y 1355298; 555 metros sobre el nivel del mar -msnm). La especie fue posteriormente liberada con la asistencia de técnicos y especialistas en fauna silvestre en el Refugio para la Vida Silvestre manejada por Fundación del Río San Juan de Nicaragua. Las coordenadas de liberación del individuo son (0711067 y 1357565; 639 msnm).

Según UICN la especie no se encuentra en la lista roja de especies amenazadas o en peligro de extinción (McCarthy & Woodman, 2008), incluso cuando su rango es relativamente pequeño puesto que sus números poblacionales (tasa de crecimiento, migración, emigración, etc.) seguramente están incrementándose producto de la expansión de la actividad agrícola que está tomando lugar en Honduras y Nicaragua. La ecología poblacional de la especie ha sido poco estudiada y se conoce muy poco, pero presumiblemente es similar a la de otros topos (Reid, 1997). No existen amenazas para esta especie aunque los miembros de este género son a menudo considerados plagas en cultivos agrícolas y los campesinos intentan erradicarles con métodos de captura por trampeo hasta el uso de veneno. Adicionalmente, los herbicidas agrícolas y pesticidas podrían afectar adversamente a esta especie (UICN, 2015).

Asimismo, el hecho que se esté encontrando con relativa frecuencia este tipo de roedores en bosques tropicales indica un proceso de pérdida de mamíferos de gran tamaño producto de la caza y comercio ilegal de estas especies. A este pulso global de pérdida de grandes mamíferos se le conoce como defunción (Dirzo & Raven, 2003). Los bosques carentes de mamíferos grandes han sido llamados “bosques vacíos” (Redford, 1992), pero lo que realmente ocurre es que las especies de roedores (como Orthogeomys matagalpae) toman ventaja de la disponibilidad de nichos y de la reducción de sus enemigos naturales para proliferar en condiciones antropogénicas (cultivos o áreas peridomésticas, etc.) donde se les considera una plaga. No obstante, no se cuenta con evidencia de estudios que soporten la aserción de que el topo de bolsillo nicaragüense sea común y una plaga en áreas de cultivos o peridomésticas.


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Encuentro No. 103, 40-43, 2016

Ilustración 1. Fotografías de un espécimen de topo de bolsillo nicaragüense (Orthogeomys matagalpae J.A. Allen, 1910; familia Geomyidae) capturado y liberado en Santo Domingo (Chontales), Nicaragua. Dibujo esquematizado de un Orthogeomys matagalpae publicado en la literatura científica, fuente INBIO (Crédito: Fernando Zeledón).

El hallazgo del topo de bolsillo nicaragüense pareciera no ser relevante puesto que se le considera abundante y de áreas intervenidas. Aun así éste es tan solo el segundo avistamiento reportado con fotografía en toda Nicaragua. No sabemos cuan común es la especie, en el caso que fuese tan común como se reporta en la literatura. Nuestro hallazgo nos invita a reflexionar acerca del impacto del avance de las actividades agrícolas y cómo esto ha cambiado la estructura de las comunidades biológicas de fauna silvestre hasta el punto de causar la proliferación de mamíferos y roedores pequeños como el topo de bolsillo nicaragüense. Pero la falta de estudios y el vacío de información nos permiten tan solo inferir acerca del estado de vulnerabilidad de esta especie en nuestra área de trabajo en Santo Domingo, Nicaragua. En nuestros monitoreos diarios durante los últimos dos años la especie no ha sido tan común como reportada por Reid (1997). De esta forma consideramos que para llegar a un nivel de comprensión de la ecología de esta especie recomendamos realizar evaluaciones de las poblaciones de estas especies en el área de incidencia mencionada aquí y determinar las causas ecológicas que podrían estar controlando las densidades poblacionales de roedores con el fin de encontrar puntos de convergencia en cuanto a la conservación de mamíferos silvestres grandes en conjunto con autoridades locales.

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Encuentro No. 103, 40-43, 2016



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Avances y desafíos del sector minero nicaragüense44

Encuentro No. 103, 44-46, 2016

Avances y desafíos del sector minero nicaragüense

Daniel Corrales Pérez*

Recibido: enero de 2016 / Aceptado: marzo de 2016

El concepto de minería sostenible en los últimos años ha venido adquiriendo auge y, por consiguiente, ha convertido a la industria en una actividad económica atractiva en muchos lugares del mundo debido a la serie de beneficios socioeconómicos que genera la minería en general. Sin embargo, existen impactos de diversas índoles y particularmente ambientales que deben ser mitigados para contribuir a la conservación y protección de los ecosistemas naturales y bienestar de la salud humana.

Existen empresas mineras en el mundo (América del Norte, América del Sur, Europa, Oceanía) que han experimentado casos exitosos en cuanto a la sostenibilidad del agua, uso de energías renovables, manejo de residuos líquidos-sólidos-gaseosos, así como, mejoraras en áreas de relaciones comunitarias, institucionalidad, legislación, entre otros.

La gestión y manejo ambiental dentro de las instalaciones mineras se ha realizado a través de la construcción de obras de ingeniería para la disposición de desechos, mejoras en la eficiencia de las técnicas utilizadas para el procesamiento mineral, y el reciclaje, reutilización y reuso de los desechos de minas. Por otro lado, muchas empresas mineras durante y después de finalizada la vida útil de las minas, han comenzado a planificar para el cierre y restauración de los sitios mineros con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas que habitan en los alrededores de las minas, así como la protección del medio ambiente.

El conjunto de prácticas, medidas y estrategias de gestión y manejo ambiental, han sido desarrolladas y complementadas con tecnologías emergentes y el cumplimiento de un estricto marco jurídico, que regula y controla las actividades mineras en cada país.

∗ Carrera de Ingeniería en Calidad Ambiental, Departamento de Desarrollo Tecnológico, Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente, Universidad Centroamericana, Managua. Correo electrónico: [email protected].

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Encuentro No. 103, 44-46, 2016

Avances y desafíos del sector minero nicaragüense

En el pasado poca atención fue dada al manejo ambiental de residuos, durante la operación y rehabilitación final de las minas. Por ejemplo: los relaves (residuos generados durante el procesamiento mineral) fueron depositadas como lechadas diluidas en los cuerpos de aguas, y los desmontes (desechos generados durante la extracción mineral) depositados sobre la superficie del suelo, sin considerar ningún tipo de medida de control y protección que evitara la dispersión y movilidad de los residuos.

En la actualidad en algunos casos las colas son descargadas en los ríos, lagos y océanos, por las desventajas que presenta la disposición de las colas en términos de construcción de presas, uso y economía. En otras situaciones, el vertido se realiza en húmedo, pero esto presenta inconvenientes debido al riesgo de contaminación de aguas subterráneas y la dificultad de rehabilitar los sitios de almacenamiento. Por lo tanto, dado esta problemática se han sustituido las colas en lechadas diluidas, por técnicas en disposición en seco.

El marco legal que regula la industria extractiva en países de amplia tradición minera ha estado en constantes cambios y reformas en función de mejorar los mecanismos y procedimientos que regulan las actividades mineras, con énfasis en promover y fomentar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. Por consiguiente, ha obligado a las empresas mineras a responsabilizarse y ajustarse a lo establecido en la legislación hasta el punto que la mayoría de las empresas han ido más allá y optado por la certificación ISO 14001. De tal forma, el contexto en que se ha desarrollado la minería ha contribuido a la sostenibilidad ambiental de la industria minera en algunos lugares del mundo.

Particularmente, la legislación que regula la minería en Nicaragua, está constituida principalmente por la ley especial de exploración y explotación de minas (Ley 387) y sus reformas. Así mismo, por los reglamentos de la Ley 387 (decretos 119-2001), reglamento de permiso y evaluación de impacto ambiental (decreto 45-94), de las disposiciones para el control de contaminación proveniente de descargas de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias (decreto 33-95), del formulario para concesionarios mineros (acuerdo ministerial 533-RN-MC-2006), y se complementa con la ley general de las aguas (Ley 620), ley general del medio ambiente y recursos naturales (Ley 217), y ley especial contra delitos ambientales y recursos naturales (Ley 559), entre otras.

En ninguna de las leyes, decretos y acuerdos ministeriales normados en Nicaragua se establece el procedimiento para caracterizar las colas, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y pos operación de presas de colas. Así mismo, no se regulan los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de residuos mineros. Por otro lado, no se estipulan los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. Otro de los vacíos en la legislación minera nicaragüense es la inexistencia de guías ambientales para el manejo sostenible de colas, desmontes y drenaje ácido de minas.

En cuanto a la aplicación de la legislación minera nicaragüense, los estudios de evaluación de impacto ambiental y consultas públicas son primicias que las empresas mineras deben cumplir para recibir los permisos ambientales. Por otro lado, las descargas de los efluentes generados por la industria minera deben de cumplir con

Avances y desafíos del sector minero nicaragüense46

Encuentro No. 103, 44-46, 2016

los parámetros establecidos en el decreto nacional 33-95. El cumplimiento de la normativa nacional es regulada por las instituciones gubernamentales vinculadas con el sector minero, quienes se encargan de realizar supervisiones y monitoreo en áreas destinadas para la exploración y explotación de minas. Sin embargo, las actividades realizadas para la regulación y control de la actividad minera en Nicaragua no son suficiente si se toman en cuenta los altos riesgos que traen sobre la salud y el medio ambiente.

En la actualidad en el país existen tres minas en explotación localizadas en el Limón (León), La Libertad-Santo Domingo (Chontales), Bonanza (Región Autónoma del Atlántico Norte) y probablemente se desarrollen minas en La India (León) y San Albino (Nueva Segovia).

Las minas tienen un tiempo de vida útil, que depende en gran medida de la existencia y agotamiento de las reservas minerales. Por lo tanto, las minas en explotación en Nicaragua no son excluyentes a este principio y tarde o temprano tendrán que cerrar operaciones.

De acuerdo a la revisión de la legislación nacional, en Nicaragua no existe ningún instrumento legal que regule los cierres y pos cierres de minas. Los conceptos de cierre y pos cierre no necesariamente significa terminar operaciones. Son una serie de actividades que se realizan a lo largo de la vida útil de la mina. Tienen por finalidad resguardar la protección y salud de las personas del entorno de las minas, sin excluir el medio ambiente. Así mismo, incluyen la rehabilitación y restauración de los sitios mineros. Por consiguiente, es de suma importancia que el gobierno inicie el proceso de formulación de una normativa, que regule los planes de cierre y pos cierre de minas, si realmente se quiere velar por evitar problemas de índole ambiental, institucional, legal y de salud pública.

Por otro lado, hay que dar especial atención a los pasivos ambientales generados por las industrias mineras en el pasado, particularmente los pasivos localizados en las antiguas minas (Topacio, Reina, Vesubio, Siuna y Rosita). En principio deben ser caracterizados y evaluados en cuanto a la peligrosidad, para posteriormente proponer un plan de manejo de residuos mineros. De lo contrario, pueden convertirse en fuentes puntuales de contaminación que consecuentemente pueden afectar la seguridad de la población.

En Nicaragua, en términos de instancias académicas y capacidades humanas se pueden mencionar algunas debilidades. Primeramente no existe ninguna universidad o institución que impartan carreras profesionales relacionadas con ingeniería de minas, metalurgia extractiva y particularmente sobre el manejo y gestión integrada de residuos de minas, a excepción de carreras afines a las ciencias de la tierra, que ofrecen la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAN), la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad de Ingeniería (UNI). Por lo tanto, en el presente no existen profesionales con suficiente conocimientos técnicos específicos, preparados para enfrentar y resolver los problemas ambientales generados por la industria minera en el país.

En conclusión, la estructura del sector minero nicaragüense presenta muchas debilidades y, por consiguiente, los instrumentos legales, los mecanismos de gestión ambiental, las instancias gubernamentales y las capacidades humanas, deben ser fortalecidos y mejorados si se quiere que la minería en Nicaragua sea una actividad responsable, segura y sostenible.

Migración en tránsito y prácticas de ayuda solidaria en el centro de Veracruz, México1

María Teresa Rodríguez*

1. Introducción

América Central experimenta un creciente auge de movimientos migratorios internos y hacia México y Estados Unidos. La mayoría de los migrantes que atraviesan por México, provienen del llamado Triángulo del Norte centroamericano, formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. La situación de precariedad de los mercados de trabajo en estos países, da lugar a continuas modificaciones en la ocupación del espacio, cuyo reflejo más directo son los procesos migratorios transnacionales hacia el norte del continente.

En este contexto general marcado por la fluidez de personas y la continua renovación de rutas de movilidad, los migrantes se encuentran en situaciones de multipolaridad de espacios y de formas de vida. Las situaciones de violencia y despojo que sufren muchos de ellos en su trayecto por México, en un gran número de casos les impiden llegar a su destino final, lo que les obliga a realizar un reajuste de sus metas, o bien a improvisaciones sobre la marcha que les orillan a quedarse temporal o definitivamente en este país (Fernández-Casanueva, 2010, p. 190). Durante su paso por nuestro territorio, los centroamericanos en situación migratoria irregular se ven obligados a pagar cuotas –ya sea durante el trayecto en el tren o en tramos que transitan a pie- a grupos delincuenciales; también son víctimas de robos, secuestros y otras violaciones a sus derechos humanos. Además, recientemente se han recrudecido las medidas implementadas por el Instituto Nacional de Migración para impedir su entrada y trayecto por el país.

1 Ponencia presentada en el II Seminario Internacional sobre Migraciones, llevado a cabo los días 29 y 30 de septiembre de 2015 en la Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua.

∗ CIESAS-GOLFO, LMI-MESO. Correo electrónico: [email protected].

Avances Investigativos

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En parte por ello, así como por las dificultades cada vez mayores para cruzar la frontera norte de México, en muchos casos los migrantes se ven obligados a quedarse en algún punto del territorio mexicana, al agotarse sus reservas o sus intenciones de llegar hasta los Estados Unidos. Hay quienes, incluso, apenas alcanzan a cruzar la frontera con Guatemala y deciden asentarse temporal o definitivamente en las entidades de Chiapas y Tabasco.

Existen por supuesto, individuos y familias que han logrado configurar en México –en espacios restringidos de acción y ciudadanía- un proyecto de vida. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2010) en el año 2010 residían legalmente en nuestro país 31 888 guatemaltecos, 9 980 hondureños y 8 864 salvadoreños. Pero no se cuenta con cifras precisas acerca de las personas provenientes de estos países que se han establecido en México en situación migratoria irregular. En los últimos años, los hondureños han incrementado su presencia en la región fronteriza de Chiapas, especialmente en Tapachula. Parte de ellos tienen décadas de permanecer en este espacio y han formado familias (Fernández-Casanueva, 2010; Rivera, 2014; Wilson, 2014).2

Afortunadamente contamos con trabajos recientes que han registrado este fenómeno en contextos específicos, como los arriba citados. Conocemos por ejemplo, la condición de las migrantes hondureñas en la frontera del estado de Chiapas, quienes son empleadas principalmente en bares y en el servicio doméstico, bajo condiciones de separación familiar y de extrema preciariedad (Fernández-Casanueva, 2010, entre otros). Por otra parte, Jaime Rivas (2013) realizó una detallada etnografía en una localidad del municipio fronterizo de Tapachula, también en el estado de Chiapas, en la cual existe una presencia signficativa de salvadoreños empleados en ocupaciones diversas: los hombres principalmente como pescadores y tricicleros, las mujeres como meseras, cocineras y microempresarias. En dicha investigación, Rivas explica el contexto histórico y social de esta pequeña localidad fronteriza, en la cual se han asentado alrededor de una centena de familias salvadoreñas, así como las condiciones y motivos que las orillaron a establecerse en dicho lugar. Por otro lado, existen registros de prensa, así como importantes investigaciones periodísticas y de Organizaciones No Gubernamentales que develan los infortunios y atropellos que viven los migrantes.

A partir de la implementación del Plan Frontera Sur, el Estado mexicano ha reforzado la vigilancia en los principales puntos de cruce en los estados fronterizos de Chiapas y Tabasco, así como en las estaciones migratorias y a bordo de autobuses y trenes, colaborando con Estados Unidos en su objetivo de impedir su llegada a aquel país. Las medidas de control oficial sobre el paso de los migrantes por México (que van desde deportaciones hasta la prohibición de subirse a los trenes), aunadas a los ataques, extorsiones y secuestros de los grupos criminales, contribuyen al incremento de los riesgos y peligros del viaje. Estas situaciones han repercutido en un aumento de las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes. Se han multiplicado las formas de violencia que se ejercen sobre ellos y los controles fronterizos que dificultan los

2 Cortés es el departamento con el mayor índice de emigración de Honduras, con un 13 %, siendo al mismo tiempo una de las 50 jurisdicciones subnacionales más violentas del mundo (Choy Gómez, 2013).

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accesos legales y documentados (Alvarez, 2011, citado por Barrón, 2013, p. 35). Frente a este complejo panorama, considero relevante observar de qué

manera las formas actuales de circulación de personas procedentes de los países del Triángulo del Norte centroamericano, contribuyen a la redefinición de colectivos e imaginarios en las dinámicas sociales de la vida cotidiana en los lugares de paso; es decir, qué tipo de respuestas se generan frente al establecimiento o tránsito de familias y/o individuos procedentes de Centroamérica en situación migratoria irregular. Los testimonios y observaciones indican que las reacciones pueden ser muy diversas: desde las agresiones físicas y los despojos de sus pertenencias por parte de delincuentes y pandillas, las medidas de acoso y abusos por parte de las autoridades migratorias, hasta formas de solidaridad organizadas por agrupaciones religiosas, familias y grupos de la sociedad civil.

A continuación, trato de señalar –con base en trabajo de observación empírica en una localidad del estado de Veracruz, México- que existen respuestas alentadoras frente a las limitaciones pragmáticas y condicionantes jurídicas a las cuales se enfrentan los migrantes; reacciones de y desde los grupos subalternos que dan lugar a la formación de redes de apoyo humanitarias y contractuales.

2. La región Córdoba-Orizaba en el trayecto migratorio

Las rutas de entrada a México desde Centroamérica, tanto por Chiapas como por Tabasco, convergen en el estado de Veracruz, entidad ubicada en el oriente del país y colindante con el Golfo de México. Desde Veracruz, muchos de los migrantes que buscan llegar a la frontera norte, se desplazan hacia el centro del país, con dirección a la localidad denominada Lechería, en el estado de México. En esta población se ubica una importante estación ferroviaria; desde ahí los migrantes continúan su camino hacia Estados Unidos a bordo del tren ya sea para llegar a la franja occidental fronteriza (Baja California y Sonora), o bien para cruzar a territorio estadounidense por el oriente (Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León).3

De ahí que el estado de Veracruz desde antaño ha formado parte del corredor migratorio del Golfo de México, y es a la vez lugar de origen de migrantes transnacionales, lugar de tránsito y lugar de destino. Durante el trayecto por el estado Veracruz, las poblaciones de Sayula de Alemán, José Azueta, Tierra Blanca y Orizaba constituyen los principales puntos de riesgo, como lo registra la prensa, los testimonios de migrantes y diversas investigaciones (por ejemplo Barrón, 2013)

3 Es importante señalar que las condiciones actuales de la migración centroamericana, han dado lugar a una diversificación de rutas, metas y medios de transporte, difícil de caracterizar en este texto.


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Ilustración 1. Mapa de líneas ferroviarias en México

El tránsito migratorio por esta entidad data de hace por lo menos dos décadas, por lo que a lo largo de los años se han ido configurando diferentes respuestas y reacciones por parte de la población en relación a los migrantes. Como sabemos, en México recientemente han jugado un destacado papel una diversidad de grupos organizados de la sociedad civil, muchos de los cuales –desde la plataforma religiosa- apoyan a los migrantes en tránsito proporcionándoles ayuda material, humanitaria y asesoría legal. En el estado de Veracruz se tiene el registro de ocho agrupaciones no gubernamentales que otorgan ayuda a los migrantes, mediante comedores gratuitos, albergues temporales, o como centros de acopio y repartición de alimentos. Todas ellas se encuentran vinculadas a la Iglesia Católica.

En la región Córdoba-Orizaba (en el estado de Veracruz, México), existen por lo menos tres organizaciones de las que se tiene registro: “Las Patronas” y “Vive Migrante” en el municipio de Amatlán de los Reyes, y el Albergue y Comedor de la Parroquia de Guadalupe en la ciudad de Córdoba. Al igual que “Las Patronas”, las personas que integran el grupo “Vive Migrante” (mujeres en su mayoría), tienen una incidencia práctica en las vivencias de los migrantes que transitan por su entorno local, si bien no han adquirido tanta visibilidad en la esfera pública.

Así mismo, del año 2001 al 2004 estuvo en funciones el Centro de Atención al Migrante Ricardo Zapata, ubicado en la Colonia Modelo de la ciudad de Orizaba, a unos metros de las vías del tren. Este albergue funcionaba bajo el resguardo de la parroquia María Auxiliadora de Río Blanco, y estaba al frente del mismo el párroco Francisco Lemus; se contaba con la participación voluntaria de los fieles y otros sectores de la sociedad civil orizabeña. Después de tres años de intenso trabajo de apoyo a los cientos de migrantes centroamericanos que atravesaban la zona, cerró sus puertas tras las presiones ejercidas por los vecinos de la colonia, quienes consideraron

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amenazante el flujo de migrantes indocumentados. Uno de ellos fue acusado de haber agredido a una menor de edad, y también corrieron rumores sobre uso de drogas y la presencia de traficantes de personas por los alrededores del albergue (Jairo Guarneros, comunicación personal).

La Colonia Modelo, desde entonces, adquirió el estigma de ser una zona de peligro por tratarse de un sitio de reunión de centroamericanos en espera del paso del tren, o aguardando a ser acogidos en el albergue. Si bien en ésta ciudad y en las localidades aledañas (Ciudad Mendoza, Río Blanco, Nogales, Yanga, Fortín y Córdoba) los migrantes han sido hasta cierto punto estigmatizados, siempre se ha contado con la ayuda solidaria de individuos y familias que a título personal -es decir, sin adscripción a colectivos o asociaciones- les proporcionan ayuda monetaria, empleo temporal, alimentación e incluso hospedaje.

Algunos migrantes permanecen temporalmente en la zona y sus alrededores, en tanto reúnen fuerza y dinero para continuar la travesía, pero hay quienes se han instalado definitivamente, sobre todo a partir de la consolidación de una relación de pareja y un proyecto familiar. Sin embargo, no existen cifras oficiales al respecto, ya que en muchas ocasiones la condición y sentimiento de ilegalidad tiende a perdurar, lo cual incide en intentos por pasar desapercibidos, mimetizándose en la medida de lo posible en el espacio local.4

No obstante lo anterior, en términos numéricos, culturales y sociales, las características del fenómeno de asentamiento definitivo en esta región veracruzana, distan mucho de ser equiparables a lo que acontece en la zona fronteriza del estado mexicano de Chiapas, donde numerosos centroamericanos –en especial de Guatemala, Honduras y El Salvador- se han quedado a vivir y trabajar en la región, si bien ésta no era su meta inicial (Rivas, 2013; Fernández-Casanueva, 2012; entre otros).

Existen casos excepcionales de inmigrantes hondureños que han buscado y adquirido visibilidad en la zona. Tal es el caso de Lucía Martínez -una mujer de la etnia garífuna- y su grupo familiar, quienes enfatizan elementos diacríticos de su etnicidad (Barth, 1979), en su inserción a la sociedad regional. Lucía y su familia (conformada por ella, sus dos hijos y varios sobrinos) residen en la ciudad de Córdoba desde hace más de una década. Ella quedó al frente de su unidad famililar desde el año 2013, cuando falleció su esposo, Yura Florez Suazo, músico, compositor y promotor de la cultura garífuna.

Yura y su familia integraron el grupo musical denominado “Yura Santo Negro y las Chicas del Ángel”; llegaron a Córdoba a principios del siglo XXI con visa de turistas, contratados por una empresa local interesada en dar a conocer la tradición musical garífuna (Lucía Martínez, comunicación personal). Se establecieron en Córdoba tras adquirir sucesivos contratos como músicos, lo cual les permitió sobrevivir y eventualmente tramitar la llegada de algunos familiares que se incorporaron en el grupo musical.

4 Durante el trabajo de campo en el municipio de Yanga, vecino a la ciudad de Córdoba, pude constatar la negativa de algunos residentes hondureños para proporcionarme entrevistas, evadiendo los encuentros y citas previamente adquiridas.


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Antes de residir en tierras veracruzanas, Yura Santo Negro y su grupo ya habían realizado algunas visitas al país como invitados en diferentes festivales, en calidad de representantes de la cultura garífuna, por ejemplo en el Festival Internacional Cervantino, en la ciudad de Guanajuato y en el Festival Afrocaribeño en la ciudad de Veracruz. También se presentaron en diferentes foros en Holanda, España, Francia, Italia, Brasil, ya que les interesaba difundir “el amor viviente que tenemos unos con otros como hermanos de la herencia garífuna con raíces africanas que estamos compartiendo con todo el mundo entero”.5

Yura, compositor, cantante, músico y bailarín, fue un activo promotor de las manifestaciones culturales garífunas, así como de las raíces afroescendientes de los habitantes de esta región veracruzana, en especial en Yanga (localidad conocida como el “Primer Pueblo Libre de América”), Córdoba, Ixtaczoquitlán, Cuitláhuac y Orizaba, a donde Yura y sus Chicas del Ángel eran frecuentemente invitados. Tras su muerte, su esposa Lucía junto con sus hijos y sobrinos han tratado de seguir la ruta trazada por Yura. No obstante, el camino ha sido difícil para ellos frente a la ausencia de la figura carismática de su líder. Sin embargo, dado que su situación migratoria ha sido regularizada, optaron por permanecer residiendo en la ciudad de Córdoba y eventualmente participan en festivales y eventos artísticos locales y regionales.

A partir de este ejemplo, resulta pertinente observar e indagar más a fondo acerca de la existencia de una identidad étnico-racial que se activa en determinados contextos de la migración centroamericana, y si ésta se cruza con otras formas de identificación (nacional, legal, ocupacional, etc.). Este grupo de artistas hondureños garífunas, enlazados por redes familiares, han mostrado capacidad de agencia a partir de la visibilización de la diferencia cultural y étnica. Aún en un reducido margen de maniobra; han activado saberes y prácticas que se tradujeron en estrategias de subsistencia en el nuevo entorno. Con el paso del tiempo establecieron contactos que favorecieron su inserción en el contexto local, regional y nacional. Éste no ha sido el caso, sin embargo, de otros migrantes hondureños –un sector de ellos también garífuna- para quienes el tránsito por esta región ha sido menos estratégico y esperanzador.

3. “Vive Migrante” en Guadalupe La Patrona

La red ferroviaria mexicana ha sido -y es aún- una tecnología clave para la movilidad de indocumentados centroamericanos. El tren conocido como La Bestia, procedente del sur del país, atraviesa diariamente la región de Córdoba-Orizaba, Veracruz, donde se ubican el municipio de Amatlán de Los Reyes y su congregación Guadalupe La Patrona. Este municipio se localiza pues en el área central del estado de Veracruz, en el Valle de Orizaba, aledaño a la Región de las Grandes Montañas. Su extensión territorial es de 148.88 kilómetros cuadrados. Colinda al norte con los municipios de Córdoba, Ixhuatlán del Café y Atoyac, al este con Atoyac y Yanga, al

5 “Yura Santo Negro. Un garífuna que disemina su cultura en tierras potosinas”, en: http//www. Parajetunero.blogspot.mx, publicado el 14 de agosto de 2012, recuperado el 11 de enero de 2016.

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sur con Cuichapa, Yanga, Naranjal, Fortín, Omelca y Coetzala y al oeste con Fortín y Córdoba. Se localiza a 170 kilómetros de la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Se trata de un municipio eminentemente rural.

Según el último Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010), el municipio de Amatlán de los Reyes tenía aproximadamente 42,268 habitantes. El municipio se integra por nueve localidades, siendo la cabecera, Amatlán de los Reyes, la mayor de ellas con 9 123 habitantes en 2010. También cuenta con diez congregaciones, todas ubicadas en el corazón de la zona cañera y cafetalera de la región; la mayor de ellas es Guadalupe La Patrona con 3 569 habitantes; le siguen Ojo de Agua Grande, California, Ojo de Agua Chico, Fraternidad, Venta Parada, Cañada Blanca, El Otate, Los Ángeles y La Toma.

Guadalupe La Patrona se ubica entre los 680 y 700 MSNM, en un fértil valle rodeado de montañas pertenecientes a la Sierra Madre Oriental, en cuyo fondo destaca la cima nevada del volcán Pico de Orizaba, la elevación más alta de México. Sus habitantes se dedican sobre todo al cultivo de caña de azúcar, producción destinada a los ingenios azucareros San Miguel y San Nicolás. La localidad se encuentra a una distancia de cinco kilómetros al sur de la cabecera municipal y a unos 8 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el centro urbano más importante en la región. Para nuestros fines, interesa destacar que esta pequeña población es sitio de paso del ferrocarril procedente del sureste mexicano

Guadalupe La Patrona se conformó como tal a fines de la década de los años treinta del siglo veinte. Antes de esta fecha, las tierras pertenecían a una importante hacienda –la Hacienda Guadalupe- en manos de propietarios privados. Como resultado de la Reforma Agraria, dicho territorio fue repartido entre los habitantes y extrabajadores de la Hacienda. La localidad quedó integrada por dos ejidos: el ejido Guadalupe que conforma la parte norte de la congregación (colinda con Amatlán) y el ejido La Palma, que se ubica en la porción sur del territorio. Los pobladores de ambos ejidos se dedican al cultivo de caña en las partes planas, y de café en las laderas de los cerros.

Sin embargo, hoy en día muchos de los habitantes (sobre todo varones) de Guadalupe La Patrona, así como de otras localidades y rancherías del municipio y sus alrededores, han emigrado fuera de la localidad a causa de la falta de subsidios al campo y los elevados costos de producción. Las familias sobreviven, en parte, de las remesas que envían quienes trabajan en las fábricas y en la industria de la construcción en los centros urbanos regionales (Córdoba, Orizaba, Fortín, Veracruz), nacionales (Ciudad de México y las ciudades norteñas fronterizas), y en campos agrícolas y centros urbanos de Estados Unidos.

En este marco local y regional, ha cobrado fama internacional la labor de un grupo de mujeres conocidas como Las Patronas, quienes se dedican desde hace alrededor de veinte años, a apoyar a los migrantes centroamericanos en tránsito por Guadalupe la Patrona. Movidas por el deseo de ayudar, preparan alimentos diariamente para repartirlos entre los migrantes que viajan sobre La Bestia. Su actividad altruista ha sido ampliamente reconocida por organismos internacionales; en el año 2013 recibieron el Premio de Derechos Humanos que otorga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su labor ha sido registrada por fotógrafos, periodistas y cineastas.


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En esta misma localidad existe una organización similar, denominada “Vive Migrante”, la cual surgió como una escisión de Las Patronas en el año 2009; realiza una labor análoga aunque con recursos más modestos y menor visibilidad mediática. Este grupo se encuentra adscrito a la Iglesia Católica, en particular a la Pastoral Social de la Parroquia de Amatlán de los Reyes. Está integrado por alrededor de quince o veinte personas, la mayoría de ellas mujeres de diferentes edades. Si bien participan algunos hombres ayudando en tareas muy definidas (como partir leña, acarrear agua y cargar bultos pesados), son ellas quienes asumen las tareas sustantivas para lograr su objetivo de repartir alimentos a los migrantes en tránsito: consiguen donativos en dinero o en especie, cocinan, realizan tareas de limpieza, empacan y reparten las raciones de comida. Para ello han desarrollado una serie de sencillas reglas y estrategias para organizarse de manera práctica, ciñéndose a las directrices de la Pastoral Social de la Parroquia de Amatlán de los Reyes, a cargo del sacerdote Julián Verónica

El grupo “Vive Migrante” tiene como sede de actividades el domicilio particular de la señora Clementina Romero (doña Clemen). Su casa cuenta con un corredor amplio, techado con láminas, y un patio al aire libre con piso de tierra, en cuyo extremo se ubica un rústico brasero de leña; es aquí donde se preparan diariamente el arroz y los frijoles que serán repartidos a los migrantes en tránsito por La Patrona. En el espacioso corredor se ubica una mesa de buen tamaño, hecha de tablones, misma que se utiliza para empacar en bolsas de plástico los alimentos que serán lanzados al vuelo a los viajeros.

Para llevar a cabo esta labor, realizan acopio de alimentos y de donativos que reciben de asociaciones religiosas católicas, así como de grupos e individuos de la sociedad civil. Por ejemplo, locatarios del mercado municipal de Córdoba proporcionan fruta y verdura semanalmente (productos que no pudieron vender pero que se encuentran aún en buen estado); una cadena de super-mercados les proporciona gratuitamente productos de panadería que se quedan rezagados en los anaqueles (a cambio de que las encargadas de recoger el pan cada sábado, limpien las instalaciones y enseres utilizados para su elaboración). También recolectan botellas de plástico vacías, las cuales son lavadas y rellenadas con agua potable y son destinadas también a los migrantes en tránsito.

Las tareas diarias de cocina y repartición de alimentos se realizan de forma rotativa entre los miembros del grupo. Por la mañana, se presentan en la casa de doña Clemen las encargadas en turno para iniciar las labores del día: encender el fuego en el brasero, cocinar algunos kilos de arroz -calculando la cantidad de “lonches” que deben preparar de acuerdo a la afluencia de migrantes que puede haber en la jornada- seleccionar piezas de pan y empacarlas en bolsas de plástico, junto con una porción del arroz cocinado. Es preciso tener todo listo antes de las tres o cuatro de la tarde, pues se desconoce la hora exacta en que pasará el tren con los migrantes a bordo, pero suele ser antes del atardecer.

Es notable la destreza desarrollada por las mujeres del grupo para identificar el sonido del tren a la distancia. Aguzando el oído, doña Clemen, sus familiares y los colaboradores en turno, identifican sin falla el peculiar sonido de La Bestia cuando se acerca al poblado. Reaccionan de prisa, toman velozmente las bolsas de alimentos atadas con un cordel, así como las botellas de agua y colocan todo en

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cajas de plástico. Corriendo con su cargamento a cuestas, atraviesan los cien metros que separan la casa de las vías. Cuando el tiempo es húmedo, el acceso es resbaloso y hay peligro de caerse con todo y caja. Pero su traslado suele ser ágil y eficiente; se apostan a un lado de las vías y miden con cuidado la distancia pertinente para lanzar las bolsas de alimentos sin riesgo de ser arrolladas por el tren.

Cuando La Bestia se aproxima, se colocan en posición de lanzamiento. Los migrantes se cuelgan de las barandillas y se inclinan con sorprendente habilidad para capturar el paquete que se les ofrece al paso. Quienes van arriba de los vagones tratan de rescatar las bolsas que se lanzan al vuelo. Los rostros de todos, de donadores y de receptores, irradian alegría. Después de breves minutos, La Bestia desaparece curveando entre los cañales y matas de plátano y las mujeres retornan ligeras, con las cajas vacías, a la casa de doña Clemen. Comen a su vez mientras comentan la experiencia y los incidentes particulares (aquél muchachito que no alcanzó nada en la repartición, la fortuna de haber llegado a tiempo, el resbalón en el lodo, etc.). Transmiten gozo y satisfacción si lograron entregar los alimentos preparados durante la jornada; pero se sentirá si tuvieron que regresar con los “lonches”, por falta de tránsito de migrantes.

El trayecto por esta ruta se ha visto notablemente disminuido a partir de la implementación del Plan Frontera Sur, mismo que ha dado lugar al recrudecimiento de los operativos de vigilancia oficial que tratan de impedir que los migrantes utilicen este medio de transporte. En el curso de los años 2014 y 2015 los vagones llevaron –en los mejores casos- apenas unas dos o tres decenas de migrantes en su paso por La Patrona, pero hubo muchos días en que pasaron totalmente vacíos.

Es preciso tomar en cuenta que las lógicas de movilidad transnacional coexisten con los flujos internos, organizados en torno a los espacios de trabajo. Como se señalaba líneas atrás, los habitantes de las localidades de Amatlán de los Reyes, como en el resto del campo veracruzano, recurren al trabajo migratorio dentro y fuera del país, ante las dificultades para la producción y comercialización a las que se enfrentan las unidades domésticas campesinas. Es importante destacar que la mayoría de quienes colaboran en “Vive Migrante” experimentan condiciones de fragmentación familiar, ya que alguno o algunos de sus parientes han emigrado a otra zona del país o a Estados Unidos. Esta realidad quizás ha sido una fuente de motivación para llevar a cabo las labores de apoyo a los migrantes, como señala una de las integrantes del grupo:

Para mí ayudar al migrante es una satisfacción; es algo muy bonito cuando uno ve que ya por lo menos ese día van a tener algo qué comer. Regreso contenta a mi casa y le doy gracias a Dios porque me permitió ayudar un poquito a mi prójimo. Uno no sabe ni quiénes son, pero yo me quedo pensando que podría ser uno de mis hijos o cualquier otro familiar que anda lejos, qué tal si tienen hambre o frío y alguien también les está dando la mano.

A partir de la síntesis de diferentes relatos de los migrantes que se han detenido a su paso por su pueblo, las integrantes del grupo han elaborado un imaginario –que tiene mucho de real- en torno a un trayecto pleno de dificultades, como señala otra de las colaboradoras:

No lo hacemos por interés, nosotras no ganamos nada con esta labor. Más bien tenemos que poner de nuestra bolsa. Mire, yo por ejemplo tengo que pagar


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mi pasaje desde El Otate y a veces no tengo, pero yo como quiera llego, aunque sea caminando. Y tengo que ver con quién dejo a mi mamacita que ya está grande y está enferma, hay cuidarla y darle de comer. Pero a mí me gusta venir a ayudar, porque veo a los migrantes y se me parte el corazón…algunos están jovencitos; pienso en sus mamás, que sentirán de no saber dónde andan sus hijos, si ya comieron, si ya les robaron sus cosas, si algo les pasó. Sólo Dios sabe lo que ellos sufren en el camino.

A través de sus acciones cotidianas, quienes colaboran en “Vive Migrante”, participan de una transformación de los estilos de convivencia y de representaciones acerca del Otro. Tienen la habilidad de articular, desde su ámbito estrictamente local, espacios de participación y ciudadanía que se vinculan tanto a historias individuales, como a los contextos globales. En este sentido, es posible hablar de una visión incluyente, conectada con las problemáticas de otros contextos y con actores externos a su entorno social y cultural.

Ilustración 2. Integrantes del grupo “Vive Migrante” en Guadalupe La PatronaFoto: María Teresa Rodríguez

4. Un comentario final

¿Práctica religiosa o ciudadanía sustantiva? En este texto nos hemos referido a la revaloración de lo privado en la confluencia de individuos organizados en torno a un interés común: la participación en la solución de una de las problemáticas sociales más relevantes en su entorno inmediato.

El flujo migratorio sur-norte desde Centroamérica pone al descubierto que los Estados no han tenido capacidad de otorgar ocupación, seguridad y bienestar social a toda su población. Antes bien se han convertido en naciones expulsoras, integrando, junto con ciudadanos mexicanos, un ejército de mano de obra para

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los Estados Unidos. Investigaciones recientes han evidenciado que la migración desde Centroamérica es impelida por las nulas posibilidades de ascenso, el continuo empobrecimiento y las escasas garantías de seguridad (Asakura, 2014, 20).

La incapacidad del Estado para responder ante situaciones críticas, genera un desplazamiento hacia la sociedad civil, cuyos miembros tienen la opción de actuar o no actuar frente a la injusticia y el sufrimiento. Este tipo de responsabilidad hacia los otros está en la base del comportamiento solidario, el cual revalora el espacio privado como ámbito de asociación y organización, rebasando límites y fronteras institucionales, y constituyendo formas hasta cierto punto independientes de hacer política (Bolos, 2008, 13).

En “Vive Migrante” se realizan prácticas ciudadanas orientadas por los valores éticos de la democracia y del catolicismo: la búsqueda de igualdad y justicia para todos. De este modo, sus miembros construyen un escenario que permite relativizar el antagonismo potencial que existe en el plano social, dirigiendo la mirada hacia el Otro, el extranjero, el migrante sin rostro y sin documentos. Esta instalación de un pluralismo agonístico, permite hacer visibles las diferencias interviniendo de manera activa. El sentimiento de injusticia y la empatía hacia el sufrimiento de ese Otro, son movilizadores de acciones por los derechos fundamentales de todo ser humano.

El estatus migratorio determina el ejercicio de derechos desde el momento mismo en que se sale del propio país, y es un factor decisivo durante el trayecto y en el lugar de destino. Durante el tránsito, la condición de indocumentados se convierte en un estigma que se refleja en una serie de abusos y conductas discriminatorias. En el lugar de detino, los migrantes en situación irregular carecen de la posibilidad de salir libremente, a menos que corran de nueva cuenta todos los riesgos que ello implica.

Los migrantes no son, por fortuna, desacreditados en todos los contextos de tránsito o permanencia. En el trayecto, encuentran personas con quienes comparten su mundo estigmatizado y construyen lazos afectivos y experiencias efímeras pero significativas.

La labor de “Vive Migrante” es un claro ejemplo de la tendencia a articular espacios de participación y ciudadanía a los contextos globales. Como señala Bolos (2008) los colectivos juegan un papel central en la formación de ciudadanía, en la medida en que otorgan una percepción de fuerza y poder para la obtención de determinados objetivos y metas. Las creencias religiosas y los valores éticos juegan un papel fundamental en este tipo de acciones de solidaridad, que devienen en conexiones entre actores locales y actores transnacionales. “Vive Migrante” es una respuesta concreta y genuina, frente a los esquemas de movilidad que se definen con base en la geo-política internacional. Se trata, en definitiva, de una forma extra-institucional de hacer política, desde la sociedad civil como lugar de lo común frente al Estado ineficiente y autoritario.


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Alvarez, S. (2011). Transitando entre imágenes de guerra: la migración indocumentada en la ruta clandestina Ecuador-México-Estados Unidos. Escenarios XXI, año II, (1), pp. 48-49.

Asakura, H. (2014). Salir adelante: Experiencias emocionales por la maternidad a distancia. México: CIESAS.

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La democracia y sus desafíos desde la perspectiva ética1

Mario Sánchez González*

Introducción

Agradezco a la Academia de Ciencia de Nicaragua y a los miembros del Comité organizador de esta cátedra Alejandro Serrano Caldera, por la oportunidad de participar en este magno evento.

Como su nombre lo indica, esta disertación sobre la Democracia y sus desafíos desde la perspectiva ética, se desarrollará en torno a tres importantes ideas que el filósofo nicaragüense formula en su obra Los Dilemas de la Democracia. En esta obra se desarrolla una reflexión crítica sobre los problemas que afectan a la sociedad desde el horizonte de la política, la ética y el derecho, aportando valiosos insumos para la construcción de un nuevo humanismo no sólo latinoamericano, sino planetario. Este desafío, de la ética humanista, se enriquece cuando se relaciona y se pone en discusión con las voces de otros pensadores humanistas, comprometidos con la construcción de sociedades más justas. Así mismo, se reconoce que una constante preocupación del filósofo nicaragüense ha sido la pertinente elaboración de una filosofía crítica y transformadora de las condiciones negativas que caracterizan las estructuras particulares de la sociedad y la vida latinoamericana (Serrano, 2011, p. 5).

Asumiendo esta preocupación, en esta cátedra pretendemos analizar los problemas que subyacen a la democracia a partir de las ideas propuestas en la obra de Serrano Caldera entorno a la pobreza y el mercado totalitario. La pobreza como una de las principales amenazas a la democracia y la magnificación del mercado como una trampa que socava el contrato social y el sentido de la justicia en una sociedad.

Por último, reflexionaré en torno a la propuesta embrionaria de una nueva ética humanista que reivindica la defensa integral del ser humano y de la naturaleza:

1 Ponencia presentada el día jueves 31 de marzo en la Universidad Centroamericana en el marco de la Cátedra Alejandro Serrano Caldera de la Academia de Ciencias de Nicaragua.

∗ Centro de Análisis Sociocultural (CASC), Universidad Centroamericana, Managua. Correo electrónico: [email protected]

Tribuna Académica

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nuestra casa común. Así mismo, haré referencia en clave de aprendizaje a la función vicarial de los movimientos sociales en Nicaragua. Este ejercicio filosófico, tiene la pretensión de “provocar la reflexión y el pensamiento crítico”, y como diría Martha Nussbaum, “mantener a la democracia con vida y en estado de alerta” (2013, p. 29).

1. El empobrecimiento y la crisis de la democracia

En torno al problema de la pobreza se formulan claramente dos ideas contundentes y constatables en los contextos empobrecidos de los países del sur2: “la pobreza impide [y continua impidiendo]3 la consolidación de la democracia” (Serrano, 1998, p. 35), representa una de sus “peores amenazas” (p. 33). Incluso, privilegiando el pragmatismo económico, se advierte, que “no es posible una economía estable en una sociedad inestable” (p. 36), es decir, en un contexto de desigualdad e injusticia. No olvidemos que la pobreza no sólo representa una de las peores formas de violencia y deshumanización del ser humano, sino que es generada y produce otras expresiones de violencia, que en nuestro contexto nacional y regional han abierto profundas heridas, con hemorragias que aún no hemos logrado contener y sanar. Con mucho atino y lucidez Edelberto Torres Rivas nos plantea la siguiente interpelación: “cuánta democracia soportan las desigualdades o cómo la democracia [ha podido] con la pobreza” (2010).

En el caso de Centroamérica, el origen histórico y estructural de la pobreza hunde sus raíces desde el período de la instauración del régimen colonial. Posteriormente se ha ido magnificando esta grieta social, económica, política y cultural a lo largo del proceso de construcción del Estado-nación. Ozlak diría que la formación de nuestros “Estados fue un proceso consustancial a la constitución de un sistema de dominación entre clases sociales, circunscritos al imaginario de nación – como un referente ideológico-”.

Desafortunadamente, estos sistemas de dominación instauraron gobiernos autoritarios, dictaduras militares, propiciaron golpes de Estado, represión política, y más recientemente, conflictos armados en los que la violencia alcanzó niveles de terrorismo de Estado en nuestros países de la región (Sánchez, 2010). Hay que decir que no sólo fuimos castigados por estos cruentos años de violencia armada, sino también por las posteriores décadas de una “paz neoliberal” (diría Daniel Núñez) y de las múltiples impunidades que no lograron romper con los ciclos de la violencia, ni revertir las causas estructurales de los conflictos armados. Dos efectos dramáticos de esta realidad siguen castigando a la región: las múltiples expresiones de violencia y la desigualdad institucionalizada.

Por un lado, somos una de las regiones más violentas del mundo, y por otro, una de las zonas con mayor desigualdad en América Latina. De los 43 millones de habitantes, 1,075 centroamericanos, acumulan una riqueza equivalente al 79,3% del PIB regional. Es decir, que aproximadamente el 80% de las riquezas de la región pertenecen al 0.0025% de la población total. Y por otro lado, la mitad de los 43

2 África, Asia y Latinoamérica.3 Los corchetes son agregados del autor.

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millones de habitantes de la región tienen ingresos menores a un dólar al día, según el Informe Mundial de la Ultra Riqueza, 2014. Entre 2012 y 2014, en los tres países de la región con mayor desigualdad– Nicaragua, Honduras y Guatemala- se observa que el número de personas millonarias ha aumentado en un promedio de 110%. Nicaragua, actualmente tiene el doble de personas millonarias que Panamá, a pesar de que esta nación cuenta con un centro financiero internacional y una importante zona comercial.

En un estudio sobre las élites económicas, Andrés Solimano (2015) fundamenta su preocupación en la creciente influencia de estas élites económicas sobre la democracia, dado que cuentan con una capacidad inigualable para apropiarse del excedente económico y movilizar amplios recursos financieros con el propósito de privatizar el funcionamiento de las instituciones políticas y neutralizar demandas sociales. Es decir, se procura la “confusión” de dos ámbitos, “lo público con el mercado, una suerte de privatización distorsionada”, que representa una de las formas de corrupción más nocivas en nuestros países (Solimano, Tanzi & de Solar, 2008).

Obviamente, cuando este tipo de corrupción se vuelve un mecanismo estratégico para la hegemonía de las élites, la esfera de las ideas y los valores adquieren mayor relevancia, incluso, diría Gramsci, más que las formas tradicionales de poder político basadas en la ley y la coerción física. De ahí que Solimano remarque que

la influencia de [estas] élites no sólo alcanza el ámbito material de la economía, sino que también se extiende a las esferas de las ideas y la cultura, y a la creación de un sentido común de élites, que se propaga a grandes segmentos de la población a través del control de los medios de comunicación y de la cultura que ejercen las élites” (p.16).

Ahora bien, precisando una de las causales de la persistencia y agravamiento del problema de la pobreza, Pérez-Sainz (2014) nos advierte que “el factor determinante de la pobreza es la desigualdad [y que] el crecimiento económico y la modernización no la reducen, porque el modelo imperante en América Latina [y por supuesto en Centroamérica] ha sido y sigue siendo concentrador y excluyente” (p. 29).

En esta línea, un estudio realizado por el CASC sobre las múltiples formas de violencia – estructural, cultural y directa-, constata que un poco más de la mitad de los nicaragüenses, el 56%, reconoce el ejercicio de la discriminación y exclusión en su contexto –por razones ideológicas, étnicas, por identidad sexual, etc.– y una tercera parte, el 32.7%, reconoce que la pobreza en Nicaragua es una forma de violencia porque según éstos, la pobreza está relacionada con la falta de empleo, la precariedad laboral, la insatisfacción de necesidades básicas, la ausencia de oportunidades de educación, que el Estado privilegia a pocos, y por último también se reconoce que la pobreza misma es producto de la riqueza de otros.

Otra reflexión necesaria es la mirada crítica al discurso de la prosperidad. Angus Deaton (2015), premio Nobel de economía 2015, advierte que en este mundo desigual, “la historia del progreso es también la narración de la desigualdad”. Hoy en día, la mal llamada “ola de la prosperidad” es lo contrario de una distribución equitativa, “ha significado un mundo diferente, menos positivo, dado que gran parte de la población mundial se ha quedado rezagada, y el mundo es inconmensurablemente más desigual que hace 300 años” (p. 41). Así mismo, agrega, que “la historia del bienestar humano, de lo que da significado a la vida, no se puede


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contar observando sólo una parte pequeña de lo que es relativamente importante” (p.15). Hay otra realidad histórica. Como bien señala Ignacio Ellacuría (1976): la sociedad está injustamente dividida y fracturada por la desigualdad. En este contexto, las ciencias sociales deben reconocer que hay dos puntos de vista fundamentalmente opuestos: “el de quien desde una situación de predominio ve en peligro sus ventajas, y el de quien desde una situación de opresión ve la necesidad y el derecho que le asiste para salir de ella” (p. 426).

Desde la perspectiva de los oprimidos y excluidos, el saber probablemente tiene mayor validez como conjunto, una validez ética y social, si se acompaña de la debida reflexión crítica. De ahí, que el desafío para las ciencias es reconocer cómo los proceso ideológicos se anudan directamente con los procesos de dominación y de subordinación, y asumir la responsabilidad de acercarnos paulatinamente al horizonte donde están más comprometidos los intereses humanos.

1.1 De la maldición a la bendición de la abundancia

Planteada la gravedad de la pobreza y de la desigualdad en nuestro contexto histórico, es preciso reconocer la pertinencia de problematizar filosóficamente estos términos, dado que pone en cuestión algunos discursos, lecturas y prácticas políticas que naturalizan ambas problemáticas – la pobreza y la desigualdad – como realidades inevitables o situaciones providenciales producto de la voluntad divina (Pérez-Baltodano, 2008).

Hace unos años el economista Alberto Acosta advertía que cuando las riquezas naturales de una nación se hipotecan bajo un modelo extractivista, sin considerar las implicaciones éticas, los derechos socioambientales, el respeto a la madre tierra, sus límites y su capacidad de regeneración, nos condenamos históricamente a la maldición de la abundancia, al espejismo de la bonanza del extractivismo, a la trampa de llegar a creer que “somos pobres, porque somos ricos en recursos naturales”. Herman Daly (2011), reconoce que los economistas se han centrado en el PIB, obviando el “flujo metabólico de la economía en relación a los ciclos naturales, que regeneran los recursos que ella consume y que absorben sus emisiones” (p. 13). Con un tono pragmático e irónico sentencia que si “fuésemos verdaderos economistas detendríamos el crecimiento económico, el crecimiento del flujo de materiales antes de que los costes ambientales y sociales que genera, sean mayores que los beneficios extra de la producción que obtienen” (p. 14).

Hoy en día, en Nicaragua se nos vende, la “bendición de la abundancia”, con el Proyecto del Gran canal interoceánico y proyectos conexos. No son pocas las voces de algunos líderes que abusan de lo religioso para justificar dicho megaproyecto como si fuera “la respuesta de Dios a las peticiones de los Nicaragüenses”, reza el 19 julio digital. Sumado a esto, Leonardo Boff agrega que el problema de la pobreza y la desigualdad – generada por la acumulación de riqueza, tienen un efecto deshumanizante tanto en los pobres como en los ricos. En lenguaje teológico, estas injusticias constituyen estructuras de pecado o pecados estructurales, realidades cuyos déficits acumulados terminan generando entornos adversos, o como nos diría Touraine: “democracias sin esperanza” (2000).

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2. La religión del mercado

Es importante destacar la pertinencia crítica con la que el Dr. Serrano Caldera interpela los discursos en torno al mercado, que hegemónicamente los han postulado como una religión.

El punto de partida de esta reflexión es el hecho de reafirmar que el capitalismo no sólo busca la expansión material, sino que necesita penetrar ideológica y culturalmente, de tal forma que pueda justificar el voraz proceso de acumulación de riqueza (Acosta, 2015). Una de las estrategias más recurrentes ha sido el adoctrinamiento ideológico y fundamentalista. En esta línea, Kaushik Basu (2013), economista y jefe del Banco Mundial, hace una analogía entre el pensamiento económico con los textos religiosos:

“muchísimas personas se adhirieron a la ortodoxia [liberal y neoliberal] sin pensarlo y sin el deseo de cuestionarla, e incluso sin el deseo de leerla [críticamente]. La gran visión sobre los postulados de Smith se fue anquilosando poco a poco en una doctrina rígida e inflexible” (2013, p. 29).

Esta referencia ilustra cómo se asumen ciertos supuestos, ilusiones y mitos “doctrinales”, que no sólo han determinado la manera de pensar, sino que han inducido la toma de decisiones que han afectado la vida de muchas personas y sociedades.

Asumiendo lo dicho, precisaré algunas de estas falacias que se inculcan a través de estos discursos neoliberales y que ya han sido interpelados lúcidamente por el filósofo nicaragüense Alejandro Serrano y otros humanistas:

• Primera falacia: “Se afirma que el mercado es el orden natural inserto en la vida social a la que regula y organiza siguiendo las leyes de la naturaleza, [y además produciendo] el equilibrio perfecto, (Serrano, 1998, p.39). El peligro de la postulación del mercado en analogía a las leyes de la naturaleza representa la abolición del contrato social, de la voluntad política creativa y consuetudinaria de los seres humanos en construir consensos bajo un interés o proyecto común con responsabilidad y valores éticos. Sin embargo, plantea que el “Mercado Total como una religión y una metafísica que posee su propia moral implícita” (Serrano, 1998, p. 11) niega la esencia misma de la humanidad, su “esfuerzo permanente por modular a los valores humanos y a las condiciones sociales las tendencias instintivas y naturales” (Serrano, 1998, p. 42). Conscientes de que el capitalismo genera explotación, miseria, y está sujeto a caer en crisis por sus contradicciones internas, es pertinente plantearnos las siguientes preguntas formuladas por este filósofo nicaragüense: “¿Están efectivamente justificados por el orden natural la abundancia y la miseria? ¿Es legítimo que el ser humano acepte como natural la injusticia?” (Serrano, 1998, p. 41).

• Segunda falacia: “La búsqueda del interés propio conducirá [necesariamente] al beneficio de la sociedad”, porque el mercado totalitario genera,


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espontáneamente, un equilibrio perfecto. Con esta infundada afirmación, Robison ironiza cómo los neoliberales descartan la posibilidad de un problema moral, dado que para ellos “no existe ningún conflicto, ante el hecho de que todos podemos perseguir nuestro propio interés con una buena conciencia (1979, p. 43). Los históricos procesos de acumulación por desposesión nos han demostrado otra realidad, que “la destrucción cultural y social forma parte de una misma raíz alimentada por el afán de lucro”, “que más que destinatarios del desarrollo, han devenido instrumentos primero y víctimas después del mismo” (Serrano, 1998, p. 10).

• Tercera falacia: Y cuando hay crisis, si es que la reconocen los ideólogos del

pensamiento neoliberal, terminan culpando al “Estado Intervencionista” como el único responsable, dado que su regulación o injerencia afectó el sagrado principio del libre mercado. Por tanto, la solución de dicha crisis “se anuncia por una política de desorganización del capitalismo organizado” (Serrano, 1998, p. 17). En principio, habría que reconocer, como plantea Basu (2013), que el libre mercado no existe y con seguridad no existirá en la realidad, e incluso si se realizara el ejercicio hipotético de un caso extremo de un mercado totalmente libre, éste escenario no nos conducirá hacia ningún ideal social ni ético. Siguiendo esta línea, el economista de Cambridge, Ha- Joon Chang, ha demostrado que “las economías desarrolladas con los mejores resultados son sumamente intervencionistas y los resultados económicos globales de los países en vías de desarrollo han sido decididamente peores durante la era neoliberal” (p. 30).

• Cuarta falacia: la competitividad garantiza el éxito del más apto y competitivo:

la sobrevivencia del más fuerte como un darwinismo social. Sin duda alguna, esta ideología de la competencia justifica las injusticas de los dominantes, como sugiere Max Weber se trata de la teodicea de sus privilegios o lo que Pierre Bourdieu denomina las sociodiceas (1998, p. 61).

• Sumado a la anterior falacia, el neoliberalismo, como paradigma económico global, se aferra al discurso de la tragedia de los comunes de Hardin (1968)4, que propugna la protección de los recursos naturales comunes a través un proceso de mercantilización de los mismos, lo que requiere la suplantación de los sistemas de propiedad común por el régimen de privatización comercial de los mismos (Smith 1981, p. 467 citado en Östrom 2009, p. 40). Básicamente, se privilegian e imponen los derechos individuales, con el pretexto de proteger al medio ambiente y de administrar sus recursos de manera eficaz, negando la validez de los sistemas normativos consuetudinarios indígenas y colectivos de nuestros pueblos (Kuppe, 2011; McAffe, 1999).

4 En esta misma línea se encuentran las teorías económicas sobre la propiedad común de Scott Gordon (1954) o la moderna economía de los recursos de Clark (1976).

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Una vez expuestos estos postulados neoliberales con sus contradicciones, se precisa reconocer dos ideas: primero, que algunos de los supuestos formulados previamente han distorsionado la comprensión en torno al funcionamiento de “la economía, las razones por las que fracasan algunas economías, el papel de los mercados y de las intervenciones de políticas” (Basu, 2013, p. 31). Segundo, por simples o inconsistentes que suenen estas falacias, Martha Nussbaum (2013) nos recuerda que las democracias cuentan con un gran poder de imaginación y raciocinio, pero que también pueden ser propensas a las falacias, de ahí que uno de los grandes retos de la Filosofía, para Bourdieu, sea la labor crítica de “poner en cuestión de modo radical la visión económica que lo individualiza todo” (Bourdieu, 1998, p. 57) y reivindicar una ética humanista, que a juicio de Arturo Escobar (2015), nos ayude a “aprender a ser humanos de otra forma, en la que podamos coincidir y coexistir con lo no humano de manera mutuamente enriquecedora en vez que destructiva” (p. 179). De lo contrario, la vida humana y de muchas especies del planeta no será posibles. Esto nos conecta con el tercer y último punto, la necesidad de construir una ética humanista.

3. La impostergable ética humanista

Inicio este acápite con la interpelación que el Papa Francisco nos formula: cómo es posible que habiendo “rebasado ciertos límites máximos de explotación del planeta no hayamos resuelto el problema de la pobreza” (Francisco, 2015, p. 27). Es necesario dejar atrás la lógica extractivista y depredadora de la economía capitalista, y esto pasa por “el reto de repensar el desarrollo, más claramente desde el inicio entre todos y todas, teniendo como horizonte el buen vivir” (Acosta, 2009). Esta compleja ruta, debe sustentarse en una nueva ética de los valores que ayude a “reestablecer la jerarquía moral del ser humano por encima de la cual no debe colocarse ninguna ideología que lleve al totalitarismo sea este de Estado o de Mercado” (Serrano, 1998, p. 20).

Esta ética debe desarrollar el sentido del límite sobre los deseos humanos a fin de evitar el impulso competitivo de sacar ventaja individual o grupal a costa de la explotación de clases. Además debe potenciar la “solidaridad generacional en el sentido de respetar el futuro de quienes aún no han nacido” (Boff, 2008, p.129). En definitiva, se trata de una ética del desarrollo integral donde “la sociedad, es sujeto, actor y destinatario” (Serrano, 1998, p. 45).

Ante este desafío de construir una ética y una praxis humanista en torno a la discusión de la democracia y los problemas que subyacen a ésta, como la pobreza y la desigualdad, los movimientos sociales nos están dando luces en esta ruta de lucha contra toda desesperanza. Sobre todo porque están produciendo una concepción alternativa de ciudadanía, género, naturaleza, etnia, cultura, democracia y autonomía, y además, porque aportan nuevas definiciones del poder social (Revilla, 2010; Escobar, Álvarez & Dagnino, 2001).


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3.1 La función vicarial de los movimientos sociales y sus acciones colectivas

La historia de los movimientos sociales y sus actuales expresiones nos han mostrado, en muchas ocasiones, que a pesar de su heterogeneidad de intereses y visiones de la realidad, han logrado incorporar una fuerte dinámica de solidaridad grupal o colectiva (Revilla 2010). Según Touraine, “van más allá de la defensa de sus intereses, sino que aspiran a abolir una relación de dominación” y de destrucción (2011, pp. 101-102). Una de sus contribuciones más nobles ha sido su función vicarial, sacar a la luz lo que el sistema no dice por sí mismo, la cuota de silencio, de violencia, de arbitrariedad que siempre subyace a los códigos dominantes. Con ello indican a la sociedad que hay un problema que concierne a todos sus miembros (Melucci, 1994).

En una reciente investigación sobre los movimientos sociales en Nicaragua constatamos que aún en tiempos de la revolución, ciertos movimientos sociales tuvieron la lucidez de exigir demandas que trascendieron los límites ideológicos y éticos de este proyecto político. En cierta forma pretendían ampliar las posibilidades y los horizontes de una transformación más profunda y humanizante. A pesar de que no se cristalizaron en su justa demanda, nos han dejado un cúmulo de aprendizajes y lecciones que debemos apropiarnos y reivindicar.

De manera breve hará mención de dos casos:

• Primer caso, el movimiento indígena y afrodescendiente demandó su derecho a la autonomía, un desafío inconcebible e incluso considerado contrarrevolucionario en sus inicios. Esta demanda logró tener cabida, de manera tardía, luego de varios años de un cruento conflicto armado interno. Esta contienda nos puso en evidencia una serie de problemáticas:

a) una contradicción de profundas raíces históricas entre el discurso oficial y una práctica política del nacionalismo mestizo y la realidad histórica multiétnica del Caribe (Hooker, 2005);

b) la poca comprensión de la historia propia de esta región y la falta de análisis sobre el complejo desafío de las relaciones interétnicas en un contexto de cambios profundos;

c) múltiples formas de violencia por parte del Estado, sobre todo su política de colonización –que aún pervive-; y

d) la arraigada visión de la región del Caribe como una “gran reserva” de tierras agrícolas y de recursos, que han sido explotados indiscriminadamente –desde su “incorporación política” al Estado-nación mestizo-, hasta la fecha.

Hoy sigue pendiente una deuda de nuestra sociedad con los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y sus clamores en la protección de sus ecosistemas, pues sus formas de vida y de organización no están siendo respetadas ni garantizadas, sobre todo con el actual modelo económico extractivista.

• Segundo caso, recientemente, el movimiento social campesino de Rancho Grande logró un importante precedente: revertir la autorización del gobierno de un proyecto de extracción minera en el Cerro Pavón, Matagalpa. Estos

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campesinos nos ponen en evidencia lo siguiente: a)- Una creciente tensión entre la apuesta política y económica del

actual gobierno por el neoextractivismo5 (en alianzas con las empresas transnacionales y nacionales, del sector minero, energético, monocultivos, turismo, etc.) y los movimientos sociales en defensa de sus derechos socioambientales (Sánchez et al., 2015)6.

b)- Nos alertan que detrás de cada conflicto socioambiental, hay un “conflicto sobre producción de territorio”. En palabras de Bebbington, se requiere la definición de “qué tipo de relación entre sociedad y ambiente debería predominar en un territorio, cómo y por quiénes deben ser gobernados los territorios, qué significados y valores se les debe adscribir a estos territorios socialmente construidos” (2007, p. 33). Se trata de una cruenta batalla entre intereses corporativos o privados versus la defensa de los bienes socioambientales comunitarios y locales.

c)- La perspectiva del ecologismo de estos campesinos ranchograndeños, no sólo nos sitúa frente a su acción colectiva que lucha por la protección de su ecosistema bajo el principio de supervivencia, sino que problematiza los “discursos y prácticas sobre el desarrollo, en tanto estrategias de dominación cultural, social, económica y política” (Escobar, 2014, p. 28).

d)- Actualmente nos advierten que el extractivismo minero representa una de las formas más voraces de producción y de expansión de capital, con un alto poder de destrucción social y ambiental y de creación de enclaves en los territorios, con independencia de la orientación política-ideológica de los gobiernos.

Finalmente, me gustaría agregar dos reflexiones: La primera una exhortación del Papa Francisco, formulada en su Carta Encíclica Laudato Si`:

• El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos cargamos sobre la conciencia el peso de negar la existencia de otros (Francisco, 2015, 95, p. 89).

Y segundo, en sintonía con la buena nueva del liderazgo de las mujeres en los movimientos sociales en contra del modelo extractivista en nuestro país y en la

5 .- El neoextractivismo se corresponde con el reordenamiento territorial en función de la mercantilización de los territorios y su integración a las dinámicas de acumulación financiera del capitalismo global (Gudynas, 2009; Luxemburgo, 1978). Esta tendencia del gobierno de Nicaragua, se puede constatar con la expansión de cultivos intensivos como la palma africana y caña de azúcar, ampliamente estudiados por Baumeister (2013) y en el turismo por Cañada (2010, 2013), entre otros.

6 Ejemplos de estas situaciones han sido el encarcelamiento de 45 mineros de la Libertad, Chontales (febrero del 2013), la detención de 12 productores y productoras de las zonas de Rancho Grande y Waslala (agosto 2014), y recientemente, ante las protestas y hechos violentos, fueron detenidos e imputados tres líderes sindicalistas de la mina El Limón y otra veintena de trabajadores y habitantes de este distrito minero bajo la figura de crimen organizado, homicidio, daños agravados y violación (octubre de 2015).


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región, cito las palabras de Samaria Márquez Rizo, joven campesina y una de las líderes del movimiento contra la minería, Guardianes de Yaoska:

• Muchas veces nos decían que éramos ignorantes y fueron muchas las veces que nos dijeron que a nosotros, lo que nos hacía falta era civilización, era el padrenuestro de todos los días. Pero nosotros en la radio muchas veces, dijimos que para amar la tierra no se necesita de esa civilización y que el campesino no necesita tanto la civilización para saber de que la tierra es la que nos provee, tanto de los alimentos como de agua y tantos recursos (Comunicación personal, 30 octubre de 2015).

Muchas gracias.


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Encuentro No. 103, 59-70, 2016

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Feminismo y ecología: el rol de las universidades frente a la crisis ambiental

Feminismo y ecología: el rol de las universidades frente a la crisis ambiental1

Ana Victoria Portocarrero*

Berta Cáceres fue asesinada el día 3 de marzo en su casa de habitación. Cuatro balazos le arrebataron la vida a esta indígena lenca hondureña, quien alzó la voz a favor de los ríos y bosques, y presentó resistencia pacífica pero constante a las pretensiones del gobierno hondureño y de empresas nacionales y transnacionales, de desarrollar megaproyectos de “desarrollo” a costa de la vida natural y de los derechos de los pueblos indígenas.

Tres elementos se juntan en la historia de Berta: primero, era una mujer; segundo, era una indígena; y tercero, era una luchadora social en favor del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. Tres elementos que no casualmente la llevaron a la muerte en un mundo que extermina a todo aquel o aquella que se rebele contra las cadenas del desarrollismo, el capitalismo, el racismo y el patriarcado.

Para entender la relación entre feminismo y ecología, y para identificar el rol de las universidades y los y las académicas en la búsqueda de soluciones reales a la crisis ambiental y sistémica que vivimos, no hay mejor ejemplo que conocer la vida y la lucha de Berta Cáceres.

¿Por qué luchaba Berta y sigue luchando hoy día el pueblo lenca?

Después del golpe militar en Honduras en 2009, el gobierno otorgó concesiones para construir 47 represas con el fin de impulsar centenares de nuevos proyectos mineros. Una empresa china se unió con una compañía hondureña para construir una represa en el río Gualcarque o río Blanco, que afectaría a cientos de

1 Ponencia presentada el Día Internacional de las Mujeres en la Universidad Nacional de Costa Rica el 8 de marzo de 2016.

* Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, Facultad de Humanidades y Comunicación, Universidad Centroamericana, Managua. Correo electrónico: [email protected]


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habitantes del pueblo lenca.De acuerdo a Berta Cáceres, esta concesión violaba convenios relacionados a

los derechos de los pueblos indígenas, y fue hecha sin ningún tipo de consideración hacia los pobladores y custodios del río. En dos cabildos abiertos y en más de 150 asambleas indígenas la población decidió que no quería el proyecto, no quería daños al río, y no quería su privatización. Pero la voz del pueblo no jugó un papel importante en las negociaciones que se hicieron entre el gobierno y la empresa privada. “Hicimos denuncia” dijo Berta, pero “nadie ha escuchado a este pueblo”.

La resistencia del pueblo lenca desde ese momento les ha costado no solo la reciente muerte de Berta Cáceres, sino de otros líderes lencas como Tomás García, a quien el ejército hondureño disparó a matar el 14 de julio de 2013 durante una protesta pacífica.

¿De qué se trata la protesta de este pueblo y de esta mujer?

Es una protesta que va mucho más allá del amor al río Gualcarque. Es una protesta ante un sistema que intenta de manera sistemática imponer un modelo de desarrollo con el que no todas y todos estamos de acuerdo, y en particular no están de acuerdo los pueblos indígenas.

El modelo de desarrollo hegemónico extractivista promueve una mirada de la naturaleza utilitarista en función de la generación de beneficios económicos que son acumulados por grupos particulares en detrimento no solo de otros grupos sociales – en este caso indígenas – sino además del equilibrio ambiental. No es ninguna novedad que los supuestos beneficios del “desarrollo” han probado no distribuirse de manera equitativa entre las personas, y no es tampoco ninguna novedad que el modelo de desarrollo al que llamamos actualmente “progreso” ha acabado con la naturaleza y con los medios de vida de las poblaciones indígenas y campesinas. Sin embargo este reclamo va incluso más allá de la crítica al desarrollismo hegemónico, en crisis ya dese al menos los años 90. Esta crítica incluso cuestiona modelos más “sostenibles” de desarrollo, con los que nos sentimos más cómodos y cómodas a veces, pero que siguen viendo el mundo natural de manera utilitaria.

Des Gasper, Asunción Lera St. Clair y mi persona realizamos entre 2011 y 2012 una serie de análisis de los discursos dominantes sobre medio ambiente, cambio climático y desarrollo de organizaciones internacionales tan importantes como el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En nuestro trabajo analizamos informes producidos por ambas instituciones relativos a la problemática del cambio climático y su relación con los modelos de desarrollo promovidos en el mundo y particularmente en el mundo en desarrollo, y encontramos una serie de hallazgos interesantes.

Nuestro primer hallazgo fue que existía una diferencia importante en el diagnóstico de la problemática que hacía el Banco Mundial y la que hacía el PNUD. Por ejemplo, mientras el BM se centraba más en los costos económicos que el fenómeno del cambio climático implica para el desarrollo de los países, y en encontrar maneras de aminorar lo más posible dichos costos desde una perspectiva meramente tecnocrática, el PNUD contemplaba los problemas de justicia social y

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éticos asociados al cambio climático, señalando por ejemplo que detrás de la crisis ambiental se encuentra la crisis del modelo de desarrollo basado en el consumo y la producción siempre en crecimiento, que las poblaciones que más reciben los efectos del cambio climático son las que menos han sido responsables del mismo, y que por ende es una cuestión de justicia social que las soluciones al problema contemplen no solo la correcta reparación hacia las poblaciones más impactadas, sino además un cuestionamiento profundo al modelo de desarrollo implementado en los países desarrollados, que ha desembocado en la crisis ambiental.

Ese necesario cuestionamiento, sin embargo, se ve opacado por nuestro segundo y más importante hallazgo. En las propuestas de solución a la problemática, curiosamente ambas instituciones tenían más coincidencias que diferencias. En síntesis, las propuestas podrían resumirse de la siguiente manera:

(1) los países en desarrollo necesitan un mayor desarrollo; (2) las economías de altos ingresos deben adoptar un modelo que ponga precio al carbono: ya sea un impuesto al carbono o un sistema de límites máximos y comercio; (3) estos mecanismos van a generar los fondos que deben ser administrados por un mecanismo multilateral para la transferencia de recursos financieros y de tecnología a los PMD2 tanto para la mitigación como para la adaptación; (4) las transferencias serán condicionadas a la implementación de programas y asunción de compromisos por parte de los PMD relacionados con objetivos cuantitativos y cambios de política en mitigación, adaptación y gestión de recursos como el agua, la tierra y la energía; y (5) una mayor dependencia y confianza en los mercados competitivos (Gasper et al., 2013b, p. 34).

El punto central de nuestro hallazgo es que a pesar de que el PNUD cuestiona en un primer momento la lógica de crecimiento y consumo latente en el modelo de desarrollo que produjo el problema ambiental que vivimos, la propuesta de solución es más desarrollo, con modificaciones, pero siempre basado en una lógica neoliberal, en donde son los criterios del mercado, y no una ética del cuidado y del equilibrio, los que determinan quiénes pueden contaminar, a qué precio y en qué cantidad. Los mercados deben ser más y más “libres”, sugieren los informes, a fin de no interferir en la movilización de bienes vitales como son la alimentación y el agua. Dichos bienes vitales, además, deben ser privatizados para asegurar en teoría, su mejor y más eficiente uso. Y son las poblaciones con mayores recursos las que al final tendrán acceso a los mismos. En esta lógica neoliberal, la naturaleza no es más que un recurso que debemos aprender a usar de manera más eficiente.

En un artículo publicado en 2013 sostengo que esta lógica detrás de las soluciones a la problemática ambiental no hace más que sostener y justificar el mismo modelo de relaciones económicas y comerciales internacionales, en donde los países menos desarrollados se vuelven el escenario en el cual se debe actuar, no con sus propios recursos humanos, intelectuales, culturales y tecnológicos, sino con recursos provenientes de instituciones financieras internacionales y con tecnología importada, a cambio claro está, de una gestión de los recursos naturales condicionada a favor de los intereses de grupos económicos y potencias mundiales particulares. Sostengo en dicho artículo, que las coincidencias entre este modelo

2 Países menos desarrollados.


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de acción y las medidas de ajuste estructural implementadas en los países menos desarrollados desde los años 90, no son mera coincidencia.

La lucha del pueblo lenca parte de una cosmovisión distinta. En ésta, el mundo natural no es un recurso para el bienestar humano sino parte integral de su cultura e identidad. El desarrollo, por ende, tanto en su versión más cruda como en su versión alternativa, no tiene sentido alguno en tanto en ambos casos parte de una idea dual sobre la relación entre el ser humano y el mundo natural. Alterar la vida del río Gualcarque, por lo tanto, no solo implica la desaparición de los medios de vida de las poblaciones aledañas al mismo, sino la destrucción de la identidad y cultura de estos grupos poblacionales.

Es interesante en esta lectura de la resistencia lenca, que a Berta Cáceres la acusaron en algún momento de interponerse al progreso y al desarrollo sostenible, y de vender una imagen negativa del gobierno hondureño, llegando incluso a ponerle demandas por sus actos de resistencia a un modelo de desarrollo que nunca fue consultado con las comunidades indígenas.

Me gustaría ahora pasar a un segundo tema, pues la persona que fue asesinada no era cualquier persona, era además de una activista medioambiental, una mujer, una indígena, y una feminista. Nos pregunto, ¿es casual que la voz de los ríos y los bosques fuera la de una mujer indígena feminista? En absoluto. Desde al menos los años 70 se viene identificando dentro del mundo académico y del activismo, la relación entre feminismo y ecología, y más recientemente la relación de ambos temas con el racismo y la exclusión de clase. A continuación presento algunas de las perspectivas más relevantes sobre estos temas.

Dentro de las teóricas de la primera ola del ecofeminismo, primer término que se usó para analizar la relación entre feminismo y ecología, se encuentra a la feminista francesa Francoise d’Eaubonne que a principios de los años 70 empezó a teorizar la relación entre la superpoblación, la devastación de la naturaleza y la dominación masculina. De acuerdo a d’Eaubonne, para resolver la producción superflua y la devastación de la naturaleza, habría que cuestionar la relación entre los sexos, y el poder sobre la reproducción que ha sido arrebatado a las mujeres. Pero ella va más allá, señalando que debe cuestionarse el modelo de civilización falocéntrico tanto capitalista como socialista, por ser ambos insostenibles ecológicamente.

Ideas similares promovió la filósofa feminista estadounidense Mary Daly, quien recuperó en su abordaje de la relación entre opresión de género y devastación de la naturaleza, el dualismo generizado: Naturaleza / Cultura, en donde la naturaleza es adjudicada a las mujeres, y la cultura a los hombres, dándole más valor a la cultura que al mundo natural. Para ecofeministas como Daly, el ejercicio que había que hacer era el de revertir los valores y darle superioridad a la Naturaleza sobre la Cultura, en tanto la última se ha basado en la destrucción de formas de vida y en la opresión de las mujeres.

Más recientemente, ecofeministas como Vandana Shiva han explorado ideas que han venido a englobarse como “ecofeminismo espiritualista”. De acuerdo a la cosmología hindú recogida por esta científica India en sus análisis, Shakti y Purusha, la energía femenina y masculina, se manifiestan en armonía en la naturaleza (Prakriti). Lo que ha sucedido, según Shiva, es que el mecanismo reduccionista de la

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Modernidad Occidental, para la cual la naturaleza se convierte en mera materia prima para la producción, ha destruido el principio femenino, desbalanceando Prakriti, y afectando de manera más significativa a las poblaciones más marginalizadas, entre ellas a mujeres y niñas rurales.

El “mal desarrollo”, como le llama Shiva, exportado por el colonialismo actual, consiste en la imposición del modelo occidental a todas las culturas, tanto en la India como en Honduras, Costa Rica o Nicaragua. Este mal desarrollo tiene impactos diferenciados de género, con una carga significativa en las mujeres. Para ilustrar:

Con el fenómeno de los monocultivos en favor de la exportación, los antiguos trabajos de las mujeres y sus conocimientos de la vegetación del lugar son despreciados e invisibilizados en favor de los conocimientos asociados con el modelo de desarrollo hegemónico. A estos saberes, tienen más acceso los hombres, quienes en general son los dueños de las tierras, toman decisiones sobre las mismas, y tienen acceso a capacitaciones técnicas y créditos.

La deforestación obliga a las mujeres y a las niñas a caminar kilómetros en busca de leña y agua. Son ellas quienes se encargan de estas actividades, y esto afecta el tiempo para otras tareas, para el descanso, para la escuela, y además las pone en un mayor riesgo de violaciones en los caminos.

El “progreso” empobrece a las mujeres al eliminar toda posible ganancia en sus tareas artesanales colaterales y las coloca en una situación de mayor dependencia al hombre, a quienes les conceden los créditos y programas de ayuda para las actividades que en el nombre del “desarrollo” se consideran importantes.

Lo que se denomina desarrollo, considera Shiva, es violencia hacia las mujeres y la naturaleza, y tiene su origen en los postulados patriarcales de homogeneidad, dominación y centralización que constituye el fundamento de los modelos de pensamiento y estrategias de desarrollo dominantes. Por ende, la muerte de Prakriti y la crisis ecológica es, en su raíz, la muerte del principio femenino, considera.

Val Plummwood, Ynestra King, Barbara Holland Cunz, y Karen Warren también ecofeministas, se alejan un poco de los postulados a su juicio esencialista de la primera ola del ecofeminismo, y proponen una mirada más constructivista de la relación entre opresión de las mujeres y degradación de la naturaleza. Para ellas, la lógica del dominio no es esencialmente masculina, sino tan solo históricamente masculina. Es decir, tiene que ver con la construcción social del género, más que con una esencia.

Por su parte en latinoamérica el ecofeminismo ha tenido una relación histórica con la teología de la liberación. Entre las principales exponentes tenemos a Ivonne Gebara, quien propone que “una articulación íntima entre una línea feminista de pensar la vida y una línea ecológica, nos abre no sólo una posibilidad real de igualdad entre mujeres y hombres de diferentes culturas, sino una relación diferente entre nosotros, con la tierra y con todo el cosmos”.

Dos características propias tiene la propuesta latinoamericana: por un lado la revalorización de las cosmovisiones autóctonas (antiguas) y por otro el énfasis en la praxis de liberación. En otras palabras, de nada nos sirve la teorización excesiva


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entre feminismo y ecología, si no nos lleva a acciones concretas para parar tanto la destrucción masiva del ecosistema como la mejora de la vida de las mujeres.

Las miradas ecofeministas han sido retomadas en ciertos aspectos y cuestionadas en otros por propuestas ambientalistas feministas como las de Bina Agarwal, también de la India. Agarwal señala que algunas propuestas ecofeministas pueden ser peligrosas por esencialistas y por poner mayor énfasis en los aspectos ideológicos o simbólicos de la relación entre género y medio ambiente que en los aspectos materiales. En este sentido, ella propone poner atención a los elementos materiales de dicha relación, pero también la reivindicación del papel activo de las mujeres en la búsqueda de alternativas y resistencias, y no solo de su rol como víctimas de los daños ambientales.

De acuerdo a Agarwal, la existencia de una división del trabajo y una distribución de la propiedad y del poder mediada por el género, la clase, y la etnia, estructura las interacciones de las personas con la naturaleza y, en consecuencia, los efectos del cambio ecológico sobre las personas así como sus respuestas a estos cambios.

El vínculo de las mujeres con la naturaleza las sitúa como víctimas de la degradación ambiental, pero también como depositarias de un saber sobre ésta que no tienen los hombres y que debe formar parte de las estrategias de resistencia, propone. En otras palabras, en la búsqueda de mayor justicia de género y ecológica, deben combatirse a los grupos dominantes que concentran la propiedad, el poder y el privilegio de controlar los recursos, a la vez que se combata a los grupos que determinan las formas de pensar, es decir, aquellos que controlan la enseñanza, los medios de comunicación y otras instituciones difusoras de ideas.

Aquí empezamos a abordar dos temas relevantes. Primero, tocar el orden de género y el orden ambiental es tocar el poder. Y segundo, tocar dicho poder es cuestionar el sistema de pensamientos que consideramos válido, legítimo, importante. Es en este tema, particularmente, donde nos vemos implicadas directamente como universidades.

Nos centramos, entonces, desde un marco teórico que politiza la ecología en su relación con el feminismo y que con pensadoras como Dianne Rocheleau, analizamos los contextos en donde la raza, la clase, la cultura y la identidad nacional interactúan con el género para conformar nuestras experiencias de «el ambiente» e intereses en el mismo, utilizando las críticas feministas de la ciencia y los análisis y acciones de los movimientos feministas y ambientales como puntos de partida.

Desde la ecología política feminista, por tanto, se nos insta a proponer una ciencia transformadora y socialmente justa, que parta desde la interseccionalidad de opresiones y privilegios de las personas, y sobre todo que reconozca y combine los conocimientos localizados, con los saberes tradicionalmente considerados como legítimos dentro de las universidades.

Me gustaría ahora entrar a la sección conclusiva de esta charla, volviendo a conectar con Berta, ya no solo como la mujer, la indígena, la activista ambiental, sino sobre todo como una episteme. A Berta la llamaban la madre de todos los ríos por su incansable lucha en defensa del río Gualcarque. Para ella, y para la comunidad lenca, el río tiene una importancia ancestral espiritual porque desde su cosmovisión

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en éste vive el espíritu femenino. “Siempre se nos ha enseñado de que son las niñas las que custodian los ríos”, dijo en alguna ocasión, enfatizando que además, el río representa una fuente de alimentación y salud para las y los indígenas, por las plantas medicinales a su alrededor, así como una fuente de agua para las poblaciones cercanas a éste. “El río”, dice Berta, “significa vida”.

Pero, ¿por qué es importante el significado del río? Porque si seguimos planteando soluciones a la crisis ambiental solamente desde los significados de una forma particular de ver el mundo, estamos consciente o inconscientemente generando violencia. El río puede significar para instituciones de desarrollo solamente una fuente de alimentación, o de energía, puede significar un elemento para disminuir la pobreza o incluso para fomentar energía renovable. Siendo así, el río puede ser modificado si dicha modificación se justifica en un cálculo de costos versus beneficios. Pero, ¿cómo calculamos el costo de la pérdida de una cultura? ¿Cómo se puede sacar el beneficio o el costo de la vida del río? Y si queremos realmente considerar las cosmovisiones y derechos de las poblaciones indígenas, ¿de qué manera podemos calcular si es o no rentable prescindir del espíritu femenino que se adjudica a las fuentes de agua?

Estamos entonces frente a una lucha epistémica que no debemos dejar librar únicamente a las poblaciones indígenas o grupos de ambientalistas en general. Estamos frente a una lucha epistémica que toca el centro de nuestro quehacer como universidades, que es la producción de conocimientos que permitan transformar nuestras sociedades en lugares más habitables, justos, en donde la vida sea posible para todos y todas, y no solo para unos pocos.

Bina Agarwal señala que lo que está en juego no es la ciencia moderna en sí, sino el proceso por el cual se genera y se aplica lo que se considera «conocimiento científico». De acuerdo a ella y otras pensadoras y pensadores en esta línea, debemos partir por cuestionar las jerarquías entre trabajo intelectual y físico, ciudad y campo, varones y mujeres, y promover búsqueda de soluciones a la crisis ambiental que partan de lo que Boaventura de Sousa Santos llama, una “ecología de saberes”. En esta ecología de saberes no se estaría descartando el conocimiento científico, sino que se pondría en diálogo con los saberes ancestrales, y con los saberes situados de las poblaciones históricamente marginadas de los mundos académicos, siendo especialmente relevante en este caso, el conocimiento de las mujeres rurales, de las campesinas, de las indígenas. Dada su vinculación en el día a día con la naturaleza, sus prácticas y puntos de vista son relevantes para la búsqueda de verdaderas alternativas.

La búsqueda de soluciones deben involucrar, por ende, cambios sustanciales en la composición de lo que se produce; las tecnologías usadas para producir; los procesos por los que se llega a decidir qué producir y cómo; los sistemas de conocimiento en los que se basan dichas decisiones; y la distribución por clase, etnia y género de las responsabilidades y tareas relacionadas con el medio ambiente. Se requiere un ensanchamiento de la definición de «ciencia» para que abarque múltiples fuentes de saber e innovación, y con ello múltiples modos de relación humana y ecológica.

Para Vandana Shiva el conocimiento que tienen las mujeres del mundo natural, que ha sido sistemáticamente marginado por la ciencia reduccionista


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moderna y los paradigmas de desarrollo, es vital no solo para lograr su propio sustento, sino para realmente comprender las complejas interconexiones entre vida humana y vida natural, producción y reproducción, lo cual debe ser un punto clave a considerar en las acciones para mitigar la crisis ambiental. Por su parte, añade Rocehelau, el conocimiento de las mujeres debido a los roles de género establecidos y a su cercanía a la naturaleza, contiene habilidades de integración y de manejos de sistemas complejos que son opuestas a las ciencias especializadas y al conocimiento fragmentado que se ocupan solo de un dominio particular. Este pensamiento integral, interconexo, holístico, por lo general informal y no especializado necesariamente, debe ser parte importante en los diálogos sobre estos temas.

El último post de Berta Cáceres en facebook, el día 1 de marzo a las 5.51 de la tarde, solamente 32 horas antes de ser asesinada, fue sobre un foro sobre energías alternativas desde la visión indígena del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El foro anunciado para los días 2, 3 y 4 de marzo en el centro de capacitación Utopía, tenía como consigna: “Energías alternativas fuera de la lógica consumista, privatizadora, y depredadora de la vida”. Proponer ideas fuera de esa lógica tan dominante incluso en nuestros espacios universitarios, desafortunadamente, le ha implicado al pueblo lenca poner en riesgo la vida, y perderla en el caso de Berta. El asesinato de Berta es particularmente doloroso pues con esto se pretende matar más que a una persona, se pretende exterminar ideas y cosmovisiones que se resisten a esta lógica totalizante. Resuenan en mis oídos las palabras de Boaventura, que incesantemente nos previene que de la mano de los genocidios se encuentran los epistemicidios.

“Cuando iniciamos la lucha por río Blanco me metí al río. Podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía, y yo sabía lo duro que iba a ser. Pero sabía que íbamos a triunfar. El río me lo dijo”, dijo Berta tras lograr, junto con el resto del pueblo organizado, que la empresa china y el Banco Mundial se retiraran del proyecto al menos momentáneamente. El río quizá también le dijo a Berta que su vida estaba en juego, que la lucha no terminaba ahí, y Berta a pesar de esto decidió seguir adelante.

“No es un crimen defender nuestros derechos como pueblos indígenas”, les dijo en alguna ocasión a los y las lencas, y es esa reivindicación la que tenemos que asumir las universidades sin miramientos frente a este tremendo reto ambiental y humano que vivimos.

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Viejos y nuevos conflictos en Centroamérica: el diario drama humano de las víctimas de la violencia

Viejos y nuevos conflictos en Centroamérica: el diario drama humano de las víctimas de la violencia1

Celia Medrano*

“… Las guerras en Centroamérica pueden haber terminado, y el aniversario de los acuerdos de paz debe ser celebrado. Pero las personas de la región siguen esperando la

paz y la estabilidad plenas que merecen….” / Ban Ki Moon. Secretario General de la Organización de Naciones Unidas

1. Síntesis

El creciente número de solicitudes de protección internacional interpuestas por centroamericanos amenazados por estructuras vinculadas con pandillas y crimen organizado ha hecho necesario aclarar y ampliar la interpretación de la definición de refugiado contenida en la Convención para el Estatuto de los Refugiados de 1951. Nuevos escenarios de violencia marcan dramas humanos comparables a los vividos durante la conflictividad armada en la problemática de desplazamiento interno y migración forzada de víctimas de violencia generalizada y crimen organizado en la región.

Sin embargo, al no producirse este fenómeno en un contexto de guerras o conflictos internos, los mecanismos de ayuda y de acción humanitaria tradicionales encuentran dificultades para activarse, agravado ello por la renuencia de los gobiernos en reconocer la gravedad del fenómeno y tomar medidas urgentes para establecer instrumentos y mecanismos que permitan dar respuesta. A corto plazo es imperativo adaptar los mandatos de instituciones públicas y fortalecerlas adecuadamente para brindar atención y protección a las víctimas a la luz de los Principios Rectores de los

1 Ponencia presentada en el II Seminario Internacional sobre Migraciones, llevado a cabo el 29 y 30 de septiembre de 2015 en la Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua.

* Periodista e investigadora. Correo electrónico: [email protected]


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Desplazamientos Internos, la Declaración de Cartagena y la Declaración y Plan de Acción de Brasil.

El fenómeno de la violencia generada por actores no estatales representa un desafío de orden regional que debe asumirse a nivel estructural, generando las condiciones para la erradicación de la impunidad, corrupción, inequidad y cierre de espacios democráticos indispensables para la democracia. No obstante, las víctimas no pueden esperar, por lo que es ineludible su atención inmediata, integral y digna por parte de los Estados y la comunidad internacional.

2. Efectos de la violencia en números

La violencia actual en Centroamérica quintuplicó solicitudes de refugio en el recién concluido 2015. A diferencia de los desplazamientos humanos provocados por la conflictividad política armada en la región que originaron la Declaración de Cartagena en 1984, ahora los factores de este fenómeno son las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado que rebasan las capacidades de los Estados para garantizar seguridad a sus poblaciones.

El número de solicitudes de asilo político y refugio provenientes de migrantes originarios del llamado Triángulo Norte de América Central (TNCA) registraba una disminución sostenida desde el año 2000. Sin embargo, a partir de 2010 comenzó a aumentar hasta cuadruplicarse en el 2014. Pasaron de 15,354 a 66,471 peticiones de asilo o refugio en 44 países, según lo evidencian datos del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El 80% de estas solicitudes han sido hechas en los Estados Unidos. Solo entre enero de 2014 y mediados del 2015, la cantidad de solicitudes de refugio hechas por migrantes de nacionalidad hondureña, salvadoreña y guatemalteca aumentó casi nueve veces, conforme reportes de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La gravedad del fenómeno generó que el gobierno de este país ampliará su programa de admisión de refugiados, para acoger más centroamericanos, conforme fue anunciado por su Secretario de Estado, John Kerry, el pasado 12 de enero. Sin embargo, la ampliación del programa no supera la disponibilidad de 3 mil plazas para toda América Latina, una cifra claramente insuficiente.

El resto de Centroamérica no escapa de esta problemática, en los últimos años se registra un incremento de solicitudes en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En el 2012, Panamá registró 16 solicitudes de refugio por solicitantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica; en el 2013 registró 6 solicitudes y 46 en el 2014. En el caso de Nicaragua, para el 2012 se registraron 21 casos; 50 en el 2013 y 105 en el 2015. El país con mayor número de solicitudes de refugio ha sido Costa Rica, con 148 registradas en el 2012; 142 en el 2013 y 303 en el 2014. (El Diario de Hoy, noviembre 2015). Debe señalarse sin embargo que las solicitudes de asilo son mucho menores a los flujos migratorios registrados por Hondureños y salvadoreños principalmente hacia Nicaragua, Costa Rica y Panamá, los cuales también han percibido considerable incremento, lo que plantea muy posible que estas personas permanezcan en estos países de manera irregular sin requerir

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protección internacional a las instancias correspondientes.Hasta finales del 2014, Nicaragua dio cumplimento a una legislación muy

favorable en materia de asilo y refugio. Sin embargo, voces como la Red Jesuita para las Migraciones han empezado a señalar que la aplicación de la legislación actual cada vez es más lenta y difícil, al punto de escucharse propuestas desde instancias estatales de que es necesario reformarlas leyes migratorias para endurecerlas. En Costa Rica, solicitantes de refugio del Triángulo Norte de la región cuentan con mejores condiciones para ayuda económica y acceso a permisos de trabajo sin que haya concluido totalmente el proceso de aceptación o negación de la solicitud. Finalmente, Panamá, pese a una difícil legislación que además se encuentra en proceso de reforma, es el país donde hay más empleo disponible que en todos los demás países de América Central.

3. Familias enteras huyen para salvar sus vidas

El Salvador cerró el 2015 como el año más violento de su historia reciente, con un 70 por ciento más de homicidios que en el año 2014. Con una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, este país centroamericano se mantiene a la cabeza de los países más violentos del mundo, con la cifra más alta de homicidios en los 24 años de posguerra civil.

Según un balance de la Policía Nacional Civil y de las autoridades forenses salvadoreñas, se contabilizaron en el 2015 no menos de 6.670 homicidios, superando los 3.912 registrados en el 2014, prácticamente igualando la cifra de 1983 cuando el país en plena guerra civil (1980-1992) tuvo un poco más de 7.000 homicidios.

Los altos niveles de violencia se adjudican a actividades de grupos relacionados con pandillas y crimen organizado. No obstante, aunque en menor escala pero en un comportamiento ascendente, acciones perpetradas desde instancias estatales, como la Policía Nacional Civil y el ejército, instituciones mayormente denunciadas por violaciones a derechos humanos ante la oficina de Ombudsman de El Salvador, son señaladas también como responsables de hechos violentos que ocasionan desplazamiento forzado, un aspecto que no se había reflejado en años anteriores.

En Honduras se contabilizan 60 muertes violentas por cada 100 mil habitantes y Guatemala con 39.9 por cada 100 mil. El triángulo norte de Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo con más de 13,400 asesinatos en el 2015.

Los desplazados internos son personas que permanecen en sus países, a diferencia de los refugiados, obligados a huir a otros países.El informe mundial correspondiente al 2015 divulgado por el Consejo Noruego para los Refugiados estimó que en el TNCA habían más de 550.000 desplazados internos, de los cuales aproximadamente 289 mil salvadoreños se encontraban en condición de desplazamiento forzado dentro del país, seguido por Guatemala con un estimado de 248.000 desplazados internos y Honduras con el registro de 50 mil, advirtiendo que los expertos del CNR no encontraron en ese país información para una estimación fiable.

Al no encontrar atención, asistencia y protección efectiva por parte de sus respectivos Estados, los afectados por desplazamiento interno se suman a la


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migración forzada y buscan protección internacional en otros países. El jefe adjunto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Volker Turk, declaró en mayo 2015 a la agencia EFE que esas víctimas “… primero se desplazan, pero luego intentan huir de sus países porque se sienten totalmente desprotegidos”. Agregó que “Muchos tienen experiencias dramáticas de violencia y no hay posibilidad de ayudarlos dentro del país ya que las causas (de su desarraigo) no se resuelven, así que lo único que les queda es salir…”.(Agencia EFE. 2015)

La violencia generalizada es cada vez más referida como causa principal de migración forzada por parte de salvadoreños deportados y retornados principalmente de Estados Unidos y México. Durante el año 2015, la Dirección General de Migración y Extranjería salvadoreña (DGME) reporta que recibieron a 50,315 personas deportadas, habiendo disminuido el flujo de deportaciones vía aérea, en su mayoría provenientes de los Estados Unidos de América con 19,912, pero incrementando a casi el triple las deportaciones vía terrestre, que en su mayoría provienen de los Estados Unidos Mexicanos, con 30,403 repatriaciones registradas.

En encuestas hechas al momento del retorno por parte de la DGME, 1,667 salvadoreños deportados mayores de 18 años provenientes principalmente desde los Estados Unidos por vía aérea manifestaron que el factor de la inseguridad los obligó a abandonar el país. En el caso de salvadoreños repatriados vía terrestre 6,389 encuestados mayores de 9 años manifestaron que la inseguridad fue el factor por el cual decidieron huir del país.(DGME. 2015)

En el caso de Honduras, entre enero y noviembre del 2015 fueron deportados 63,998 hondureños desde los Estados Unidos y México, de las cuales 46,387 han sido por vía terrestre y 17,611 porvía aérea, según estadísticas oficiales. El 11% de las deportaciones, es decir 6,986 casos, fueron niñas, niños y adolescentes. (Instituto Nacional de Migración de Honduras. 2015)

Un estudio académico realizado por Elizabeth Kennedy, investigadora de la Universidad Estatal de San Diego, basado en informes de prensa locales, identifica a un máximo de 83 inmigrantes deportados de Estados Unidos que han sido asesinados desde enero de 2014 pocos días o meses después de su regreso a América Central.De estos, 45 casos corresponden a El Salvador, 3 a Guatemala y 35 a Honduras.(Kennedy, 2015)

4. Refugiados “de facto”: urgen mecanismos ágiles y efectivos para proyección internacional

Organismos internacionales como ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tuvieron una fuerte presencia en Centroamérica durante de la década de conflictividad armada en los 80´. Después de las firmas de Acuerdos de Paz, minimizaron sus acciones gradualmente hasta salir de la región. No obstante, desde el año dos mil tanto ACNUR como CICR llevan un largo proceso de adaptación de sus mandatos de intervención en los países del triángulo norte de la región para tratar de dar respuesta a una realidad ausente formalmente de guerras pero que vive actualmente niveles iguales o más graves de violencia que las vividas durante sus peores años de conflicto armado.

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Los nuevos escenarios de violencia obligan a identificar cuálesson las nuevas tendencias del desplazamiento forzado y definir mecanismos de respuesta, tanto a nivel de la proteccióndepersonas desplazadas internamente como migrantes forzados que requieren protección internacional solicitantes de asilo y refugio. Debe plantearse que en el caso del fenómeno de desplazamiento interno, no hay mecanismos específicos de asistencia y protección en los tres países del TNAC, así como tampoco real voluntad política para avanzar significativamente en ello a pesar de algunas iniciativas tanto para reconocer oficialmente la problemática y su gravedad como para que el funcionamiento de instituciones y programas puedan realmente contribuir al abordaje eficaz e integral del desplazamiento interno.

El Presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), Roberto Herrera Cáceres, en el marco de visita realizada en noviembre 2015 por parte del Relator Especial de Naciones Unidas sobre desplazamiento interno, expresó que “Consideramos que en Guatemala, Honduras y El Salvador es imperativa la necesidad de mayor voluntad política para atender integralmente a las víctimas de desplazamientos forzados o que solicitan asilo o refugio en otros países”(CONADEH. 2015).

En el caló técnico de organismos internacionales, a los migrantes forzados por violencia se les conoce como “refugiados de facto”, es decir, personas que de ser retornados a su país de origen sus vidas e integridad están en riesgo. No obstante, los datos indican que pese a su vulnerabilidad, no se activan mecanismos de protección internacional aplicables en su situación y las personas son deportadas.

El Estado salvadoreño no reconoce oficialmente que existe un problema de desplazamiento interno forzado por violencia generalizada. No se cuenta con programas ni instituciones que brinden atención de protección eficaz ni efectiva ante las necesidades de estas víctimas que en su mayoría constituyen núcleos familiares. El fenómeno es minimizado y no es parte de políticas públicas ni el actual marco jurídico. Hasta principios del 2016, no existe aún un registro oficial de cuantos desplazados internos forzados por violencia existen en el país, debido, principalmente, a que al negar la existencia del fenómeno, los casos concretos de personas que recurren por ayuda ante instancias públicas no son registrados.

El Plan “Salvador Seguro” constituye una propuesta entregada al órgano Ejecutivo desde el espacio del Consejo Nacional de Seguridad ciudadana y convivencia. Dos iniciativas contempladas en el Eje No.4 de esta propuesta plantean la realización y ejecución de un registro/ censo sobre personas en condición de desplazamiento interno (iniciativa 106) y 15 centros municipales para la atención de víctimas de violencia, en especial en condiciones de desplazamiento (iniciativa 111). Ha sido conocido que con apoyo de ACNUR se iniciará un esfuerzo de realización del censo no solo en El Salvador, sino con la proyección de trabajarlo a nivel regional centroamericano. No obstante, no se conoce un cronograma de acción específico para El Salvador que permita establecer si el censo referido podrá realizarse a corto plazo, conforme la urgencia de contar con datos oficiales sobre el tema, ni tampoco cuándo estaría concluido y disponible al público.

El no reconocer el fenómeno invisibiliza la grave situación que atraviesan las personas afectadas por esta problemática y dificulta el diseño e implementación de políticas públicas y programas específicos para este perfil concreto de víctimas.


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A diferencia de El Salvador, a finales del año 2014, el gobierno de Honduras dioun paso importante al establecer, mediante Decreto Ejecutivo la “Comisión Interinstitucional para la Protección de PersonasDesplazadas por la Violencia” (CIPPDV). La Comisión está compuesta por 7 ministerios, 3 instituciones del estado y 4 organizaciones electas por la Sociedad Civil. La Secretaría de Estado para los Derechos Humanos, Justicia, GobernaciónYDescentralizaciónasumióla Secretaría Ejecutiva. El principal objetivo de la Comisión es analizar las actuales tendencias del desplazamiento con el fin de identificar vacíos de protección y promover políticas públicas para la protección de personas desplazadas, enfocándose en las categorías de población más vulnerables afectadas por las actividades del crimen organizado y violencia social.

No obstante, pese al reconocimiento gubernamental del problema y la creación de una instancia específica para su abordaje, falta una respuesta efectiva del Estado hondureño a víctimas de desplazamientogenerado por actividades de pandillas y crimen organizado, causa a la que deben sumarse también los conflictossocio ambientales, la lucha por la tierra, la defensoría de Derechos Humanos y la práctica del periodismo crítico entre otras causas que obligan a personas a desplazarse.

El Relator de Naciones Unidas para los Desplazados ha planteado que desde 2004 a 2015 son 41 mil hogares (174 mil personas), desplazados internamente por causas de violencia en Honduras. El dato parte de una investigación facilitada por ACNUR implementada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y lidereada por la CIPPDV. Mediante encuestas, el estudio se realizó en un periodo de cuatro meses en veinte municipios a nivel nacional, no se cubrieron los 18 departamentos de todo el país. El proceso demoró 2 años en concluir con el documento “Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras” (ACNUR, noviembre 2015). Transcurrido ese lapso, puede asumirse que el fenómeno ha aumentado desde la investigación realizada hasta el conocimiento público de los resultados 24 meses después.

Tratando de establecer perfiles específicos de desplazados internos en el TNAC que posteriormente engrosan los números de migración forzada actualmente, se trata de personas que huyen de sus hogares por temor a ser víctimas de atentados que pongan en riesgo su integridad y su vida. La oficina de ombudsman en Honduras recibe solicitudes de personas provenientes de diferentes localidades de ese país que quieren salir de sus comunidades porque son amenazadas. Una acción inmediata aplicada por esta instancia es la solicitud de medidas cautelares para salvaguardar la integridad física de los afectados. No obstante, la oficina de ombudsman ha planteado que muchas veces esas medidas no son suficientes debido a que en Honduras hay un alto grado de impunidad y eso hace que las personas no confíen en las autoridades y prefieran desplazarse.

Agregan que la amenaza constante y el control que tiene el narcotráfico sobre ciertas áreas del territorio hondureño hace que esos sectores de delincuencia ocupen las tierras que ellos necesitan para sus propias tareas de su actividad empresarial ilícita y obligan a la gente a salir, así como también las pandillas ocupan las casas y obligan a las personas a dejarlas para luego utilizarlas para cometer crímenes dentro de ellas.

Aunado a lo anterior, si dentro de las familias los jóvenes no aceptan ser reclutados por estructuras de maras o pandillas o por el crimen organizado, se les

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amenaza y no solo se elimina a la persona que se negó a formar parte de acciones delictivas, sino que a toda la familia.

Conforme plantea Walter Paxtor, de la Pastoral de Movilidad Humana en Guatemala, las víctimas en su mayoría no denuncian, aunque saben quiénes son sus victimarios, y los que denuncian no tienen respuesta de las autoridades. No existe un mecanismo de protección definido para personas desplazadas, dado que el enfoque por parte del Estado se focaliza más en seguridad que en protección. El volumen de los retornados va en aumento.

En el caso de El Salvador, la Mesa de la Sociedad Civil Contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado presentó en enero 2016 un informe en el que establece que un total de 146 familias se vieron obligadas a desplazarse entre agosto de 2014 y diciembre del 2015. Entre las víctimas afectadas, la Mesa reporta un total de 623 personas entre ellos 385 adultos (mayores de 18 años), 141 niños y niñas menores de 12 años y 97 adolescentes entre las edades de 13 a 18 años

Las principales causas de los desplazamientos forzados se debe en un 34% por homicidio de un familiar, 27% por amenazas, el 17% por varias causas vinculadas a la inseguridad, un 6% por intento de homicidio de un familiar y un 16% en otros hechos.. En la mayoría de los casos, el autor de las amenazas y agresiones son miembros de pandillas y de grupos delictivos, pero ya se están sumándose casos donde el actor que está generado el desplazamiento forzado se debe a miembros de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas.

En su mayoría, esta población ha huido de sus comunidades por negarse a vender sus tierras a estructuras criminales como narcotraficantes; para evitar que se cumplan amenazas de muerte o sufrir represalias por ser testigos de un hecho delictivo; impedir que los hijos sean reclutados por las pandillas o que sus hijas sean violadas y se conviertan en servidoras sexuales de líderes de pandillas, librarse de las extorsiones de los pandilleros, ser utilizados para ingresar bienes no permitidos al sistema penitenciario y que ex miembros de pandillas reformados sean nuevamente obligados a incorporarse a la estructura criminal, entre otros.

En muchos de los casos un hecho de violencia dirigido a una persona implica que todo su grupo familiar se vea afectado y quiebra el tejido social de las comunidades; ya que las personas se ven obligadas a huir con sus familias o a abandonarlas. Han existido casos en que grupos de vecinos y comunidades enteras son expulsados de sus hogares ante amenazas de grupos delincuenciales.

En Honduras, el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística del que ya hemos hecho referencia, evidenciaque la mayor parte de la población que sale por razones relacionadas con la inseguridad viene de los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Colón. Estos departamentos registran las más altas tasas de violencia y homicidios en el país.El desplazamiento forzado es un fenómeno generalizado en Honduras que afecta tanto a los hogares como a los individuos en diferentes municipalidades y numerosas colonias. Se estima que el 49% de las personas desplazadas en ese país son hombres y que el 51% son mujeres. La edad de la mayoría de la población desplazada se encuentra entre los 24 y 27 años. En 34% de los hogares con población desplazada el jefe de familia es una mujer.

En lo que se refiere a necesidades de protección, tanto en países que enfrentan el desplazamiento interno como en los países receptores de migrantes forzados hay


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una ausencia o insuficiencia de mecanismos de identificación y mecanismos de referencia para la atención a personas con necesidades de protección internacional. Los migrantes deportados o repatriados no tienen donde quedarse en su propio país, hayuna revíctimización y las personas terminan reanudando la peligrosa ruta de la migración irregular.

5. El derecho humano a la protección internacional

Fueron firmados pactos para el cese de confrontación armada en Centroamérica, pero no se dieron avances significativos en los esfuerzos para cerrar focos de conflicto y conflictividad que dieron origen a la guerra. La violencia continúa siendo una constante, heredada de un tiempo pasado pero no resuelto, junto a los nuevos componentes que aportan el crimen organizado y las pandillas. Los objetivos de los Acuerdos de Paz de El Salvador firmados en 1992 fueron la democratización del país, la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña, siendo este último la mayor deuda pendiente del proceso de pacificación.

A conflictos no resueltos, se suman los nuevos conflictos, acumulándose una situación insostenible cuyo drama humano recrea nuevamente escenarios de desplazados internos, desaparecidos, huérfanos, lisiados y migrantes forzados.

Entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de octubre de 2015 fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos 44,310 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, de los cuales, 6,196 fueron de origen hondureño. En el 2014, más que 32,000 niños y niñas salvadoreñas no acompañados llegaron a la frontera sur estadounidense. Aunque los números disminuyeron para el año 2015, no se debe a que menos niños están huyendo de El Salvador, sino a que más deportaciones están ocurriendo desde México. Por primera vez, México está registrando más deportaciones de salvadoreños que los Estados Unidos.

Más allá de las cifras, el desplazamiento forzado y migración forzada constituyen procesos que de forma traumática dañan el tejido social de los sujetos, familias y colectivos que deben migrar. También vuelve más vulnerables a amplios sectores poblaciones a los que desde décadas los Estados de la región no han podido garantizar sus derechos sociales, económicos y políticos.

El desplazamiento forzado se ha convertido en un fenómeno regional que requiere respuestas a nivel nacional y regional, abordándolo desde el enfoque de derechos humanos y en un contexto de conflictos no convencionales. El abordaje no puede excluir a México y los Estados Unidos, principal país de tránsito el primero y de destino el segundo de la migración irregular.

En un informe presentado por International Refugee en agosto 2015 en Washington DC, se urgió a los Estados Unidos y México que presten mayor atención para garantizar que los salvadoreños huyendo de persecución y otras violaciones de derechos humanos tengan acceso a un oficial de asilo antes de ser deportados. La investigadora Sarnata Reynolds, autora del informe, ha planteado que:

“Es fundamental que los países de la región mantengan las fronteras abiertas a los que están buscando protección. Los que huyen tienen derecho de solicitar y recibir protección cuando han huido de un riesgo creíble de tortura o persecución.

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Es inadmisible que sean devueltos a un país donde su vida está en grave riesgo.”Por su parte, en un comunicado de prensa difundido en febrero 2015, el

Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), hizo “…un llamado a los Estados a implementar políticas migratorias integrales y atender la situación de los derechos humanos de las personas migrantes; así como a reconocer y proteger de forma urgente a las víctimas de desplazamiento forzado causado por la violencia y delincuencia…”. Llamó también a los gobiernos de Centroamérica a que apliquen la Declaración de Cartagena, los principios Rectores de los Desplazamientos Internos y la Declaración y Plan Brasil +30.

La Declaración de Cartagena es un instrumento internacional, de carácter regional que amplía la definición de refugiado, considerando también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en un país. Este instrumento reitera la importancia del principio de no devolución y resalta la preocupación por la situación que padecen las personas desplazadas dentro de su propio país.

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos son el principal instrumento internacional en la materia, y están fundamentados en las disposiciones legales existentes del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho de los Refugiados y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El instrumento funciona como una guía de las acciones que deben tomar los Estados para atender de manera integral el problema del desplazamiento.

Este instrumento de Naciones Unidas parte del principio de la “soberanía como responsabilidad”, es decir, el Estado es el principal responsable de la protección y asistencia de los desplazados internos, y reconocen los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las personas internamente desplazadas, identificando los derechos que les asisten durante todas las etapas del desplazamiento. Se establece la prohibición del desplazamiento arbitrario de poblaciones y se subraya la obligación que tienen los Estados de “prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas”.

Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos que afecta o se ponen en riesgo, su situación puede ser entendida como una condición de facto de desprotección, poniendo énfasis a las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran las personas desplazadas.

Partiendo de los Principios Rectores, la Corte IDH realiza una interpretación ampliada y evolutiva del derecho a la circulación y residencia y determina si los Estados son responsables o no por el desplazamiento interno. La Corte considera que varias de estas directrices permiten integrar el contenido y alcance del artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en el contexto de desplazamiento forzado interno.

El Plan de acción de Brasil es una hoja de ruta, estructurado en ocho capítulos y once programas. El primer capítulo hace referencia a la situación de


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personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe. El capítulo II refiere a la Protección de las Personas Refugiadas y Solicitantes de Asilo: Programa “Asilo de Calidad”; mejora de procedimientos de determinación de la condición de refugiados; programa “Fronteras Solidarias y Seguras” para la identificación de perfiles, atención, y alternativas a la detención. El cuarto capítulo establece la solidaridad con el Triángulo Norte de Centroamérica en la Búsqueda e Implementación de Soluciones Duraderas.

En este nuevo plan se incluye el reconocimiento de que los agentes no estatales, entre ellos las pandillas, son causantes de desplazamiento, y los Estados tienen la obligación de proteger a las personas que huyen de este tipo de persecución.

Los instrumentos y mecanismos citados, establecen los derechos de los desplazados que deben ser respetados durante el desplazamiento, la asistencia humanitaria que se les debe proporcionar y las condiciones que se les debe garantizar respecto a su retorno, reasentamiento y reintegración. Después de varios años de discusiones, van trazándose líneas más claras para la atención de este problema y su abordaje integral. Sin embargo, los ritmos de los gobiernos y la cooperación internacional no van a la altura de la urgencia y gravedad que requiere la situación actual de las víctimas.

El Plan Alianza para la Prosperidad es una iniciativa impulsada por los países del Triángulo Norte que ha contado con el apoyo y respaldo de Estados Unidos y que cuenta con una secretaría técnica dirigida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).La iniciativa fue creada en 2014 ante la emergencia derivada por el incremento en el flujo irregular de niños y adolescentes que migran a Estados Unidos, pero ahora llega también como parte de las medidas de Washington para reducir la violencia centroamericana. A El Salvador le han sido asignados unos $65 millones, $98 millones para Honduras y $112 millones a Guatemala. Los últimos 400 mil millones están destinados a la cooperación regional.

Si bien el gobierno del Presidente Barack Obama cuenta con estos $750 millones aprobados de$ 1mil millones de dólares solicitados para ayuda para Centroamérica, el 75 por ciento de la ayuda está condicionada a que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras realicen acciones contundentes para frenar la corrupción, el fortalecimiento del Estado de Derecho y las estructuras judiciales, así como erradicar la impunidad. Dada la complejidad de los posibles desembolsos y la dificultad para que estas condiciones se cumplan, el dinero probablemente no comenzará a fluir durante al menos un año y de manera muy lenta.

Normalmente, las víctimas de la violencia de las pandillas no serían elegibles para la condición de refugiado si los Estados de sus respectivos países fueran capaces de garantizar protección eficaz. Probablemente por esa razón los gobiernos son renuentes a reconocer oficialmente la problemática de desplazamiento interno y su gravedad, dado que consideran que ello los pone en una situación de debilidad en materia de seguridad pública, siendo en realidad lo contrario, al no reconocer el problema, los gobiernos violan los derechos humanos de las víctimas desplazadas por violencia negándoles programas específicos a su situación.

El creciente número de solicitudes de asilo de centroamericanos amenazados por actividades relacionadas con las pandillas ha hecho necesario aclarar la interpretación de la definición de refugiado contenida en la Convención de 1951.

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Los países receptores de migración forzada en la región, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá enfrentan el reto de abrir sus puertas a familias que huyen de la violencia generalizada de las naciones vecinas, debido en la mayoría de casos a que el tránsito migratorio irregular hacia Estados Unidos atravesando México cada vez es más difícil e incierto.

A diferencia de la multicausalidad que predomina en los flujos migratorios hacia Estados Unidos (migración económica, reunificación familiar y violencia como las tres principales causas citadas por migrantes retornados), las familias del TNAC que se movilizan dentro de la región centroamericana tienen el factor común de la migración forzada por la violencia en sus países.

La Aplicación de la Declaración de Cartagena y los instrumentos y mecanismos citados a lo largo del presente artículo además de constituir la base y jurisprudencia en la toma de decisiones de los gobiernos que tramitan las solicitudes de asilo y refugio, constituyen también la base moral y humana, la guía de principios y valores de solidaridad y el respeto a la dignidad para quienes buscan salvar sus vidas, encontrar acogida y un lugar dónde puedan volver a empezar.


Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de EEUU (USCIS). (2015). Consejo Noruego para los Refugiados (CNR). (2015). Observatorio de Desplazamiento

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ACNUR. (2015) Informe “Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras”.

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Corte idh. (2006) Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

Género y orden social en “Autoridad/Cuerpo/Nación: batallas culturales en Nicaragua (1930-1943)”, de Juan Pablo Gómez

Camilo Antillón*

En un texto ya clásico, Joan Scott conceptualiza el género como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos”, y como “una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder” (2008, p. 65). En tanto elemento constitutivo de las relaciones sociales, el género implica, según la autora, cuatro elementos interrelacionados: primero, los símbolos disponibles que evocan múltiples representaciones, según los contextos históricos particulares; segundo, conceptos normativos que oponen y jerarquizan esos símbolos según el binario masculino-femenino; tercero: instituciones sociales, políticas y económicas, tales como el parentesco, el mercado y el régimen gubernamental; y cuarto,

∗ Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua. Correo electrónico: [email protected]

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la producción de subjetividades. Scott nos invita a trascender la visión según la cual el género es sólo aquello

que tiene que ver con las relaciones entre mujeres y hombres, para entenderlo más bien como una vía primaria a través de la cual operan los procesos de diferenciación simbólica propios del lenguaje y la cultura. Desde esta óptica, la categoría género nos sirve para decodificar el sentido de las interacciones humanas, y para entender los procesos de construcción y legitimación de relaciones sociales. Dice la autora:

Cuando los historiadores buscan aquellas formas en que el concepto de género legitima y construye las relaciones sociales, están desarrollando ideas sobre la naturaleza recíproca del género y la sociedad, y sobre las formas particulares y específicamente contextuales en que la política construye al género y el género a la política (Scott, 2008, p. 69).

Esta es, justamente, una de las operaciones que con gran destreza emprende Juan Pablo Gómez en su estudio “Autoridad / Cuerpo / Nación: batallas culturales en Nicaragua (1930-1943)” (2015). En él nos propone un sofisticado análisis de los vínculos entre autoridad y masculinidad, en el que deshilvana hábilmente esos elementos constitutivos del género que apunta Scott, es decir, los símbolos, los conceptos normativos, las instituciones y las subjetivaciones. Gómez nos muestra las complejas maneras en que se entretejen esos elementos en su relación recíproca con la realidad social y política históricamente específica de la Nicaragua de los años 30 del siglo pasado.

Siguiendo a Scott, podríamos apreciar la operación analítica de Juan Pablo Gómez en dos momentos complementarios. Un primer momento en el que considera el género como uno de los sistemas simbólicos que da sentido al mundo social, y en particular a los modelos normativos de autoridad que en él operan y que buscan materializarse en un conjunto de prácticas institucionales. Y un segundo momento en el que el género aparece como dispositivo de producción de subjetividades, que sujeta los cuerpos a un entramado de prácticas regulatorias, a la vez que los habilita para operar en ellas.

En el primer momento de análisis encontramos las consideraciones de Gómez respecto a las luchas de representación en la cultura letrada nicaragüense por medio de las cuales la figura de Anastasio Somoza García se estableció como símbolo del modelo de autoridad masculinizada que la nación necesitaba. También encontramos reflexiones sobre el establecimiento de una ruta genealógica que, a partir de ciertos usos del pasado, legitimó una noción de autoridad basada en la conquista y el patriarcado colonial como mitos fundacionales.

En el segundo momento analítico, el autor nos encamina por los procesos de configuración de dos formas de ciudadanías y de subjetividades generizadas, construidas a partir de los ideales regulatorios de la cultura católica y la cultura militar, respecto a los cuerpos, sus placeres y sus deseos. Mientras que las ciudadanías católicas se basaban en los ideales de la castidad viril y el pudor femenino, las ciudadanías militares se apoyaban en la figura del soldado como sujeto disciplinado que daría fecundidad a la patria.

Ambos momentos de análisis se articulan para explicar cómo esa construcción de símbolos generizados de autoridad y esas prácticas de producción de subjetividades masculinas y femeninas confluyeron en el sostenimiento de un proyecto de nación

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autoritario, cuyos efectos persisten hasta nuestros días. En palabras de Gómez: Si para los Reaccionarios Somoza García fue el hombre-símbolo del orden

y la autoridad nacional, la cultura católica y la militar vieron en los cuerpos de los jóvenes católicos y los soldados las ciudadanías sostenedoras de la nación. [... E]l reforzamiento del gran hombre fue complementado con el de la hombría de los soldados, en cuyo disciplinamiento e higiene radicaba la ‘fecundidad de la patria’, y en los jóvenes dechados católicos, en cuya castidad radicaba la energía vital de la nación (2015, p. 23).

Este estudio no sólo describe el apuntalamiento de un proyecto autoritario de nación, sino también la hegemonización de un modelo de masculinidad, en el que se rearticularon elementos ideológicos procedentes de diversas raíces históricas, como el catolicismo, el patriarcado colonial, el hispanismo y el militarismo.

En lo que sigue quisiera señalar una interesante paradoja que el estudio de Gómez pone de relieve, y que, a mí juicio, nos abre nuevos caminos para profundizar en la investigación de los vínculos entre género y orden social en Nicaragua. Esta paradoja tiene que ver con los usos complejos, y a veces contradictorios, de la masculinización y de la feminización como estrategias discursivas en las luchas por legitimar un proyecto de nación, un patrón de autoridad y un ideal de ciudadano.

En sus reflexiones sobre las rutas genealógicas de la noción de autoridad, el autor examina las maneras en que intelectuales del Movimiento Reaccionario vehicularon, a través de sus prácticas escriturales, un modelo de autoridad basado en la idea de la reconquista cultural. Este modelo se contraponía, por un lado, a lo que percibían como el error de la independencia, que al romper con el orden colonial había devenido en caos social, y por otro, a la amenazadora influencia de la modernización norteamericana.

Esta noción de reconquista cultural remitía a la figura del hombre conquistador y de sus descendientes como ideal masculinizado de la autoridad, en una doble relación entre conquistadores y conquistados, y entre hombres y mujeres. A esta noción colonial y masculinizada del poder se contraponía la feminización simbólica de los pueblos y los territorios conquistados.

Cabe preguntarse, entonces, cómo conciliaban ese discurso basado en la colonialidad y la masculinización de la autoridad, con las estrategias retóricas de los sectores católicos y militares, que en gran medida fundaban sus ideales de ciudadanía en la moderación y en la contención de manifestaciones típicamente asociadas con la masculinidad, como la fuerza y la sexualidad. Cómo conjuraban el peligro de que esa moral de la contención se deslizara hacia la tan temida feminización de las costumbres y, de ese modo, deslegitimara sus reclamos de autoridad.

Una posible respuesta está en las construcciones, también analizadas por Gómez, de los imaginarios sobre la feminidad, por un lado, y sobre la patria, por otro. Según nos explica, el ideal de feminidad estaba estrechamente vinculado con los mandatos de modestia y de pudor, que posicionaban a las mujeres como intermediarias entre los hombres y el logro de la ‘castidad viril’ sobre la cual descansaba el modelo de masculinidad promovido por la cultura católica. A la vez, el libro presenta un conjunto de ideas sobre la patria, impulsadas desde la cultura militar, en las que ésta era representada como el objeto de los más altos anhelos del ciudadano, que lo impulsaba a alcanzar los ideales de disciplina, higiene y

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homogeneidad que se esperaba de los soldados como unidad corporativa. Resultan notables, en este análisis, los paralelismos entre la feminidad y la

patria en dos de sus dimensiones. Aunque en niveles distintos, individual, en un caso, y colectivo, en el otro, ambos aparecen como el objeto último de los deseos y los afectos de las ciudadanías masculinas, y como piezas clave en el aseguramiento de la sujeción a los ideales regulatorios. Este doble gesto de erotización de la patria y de reconfiguración de la función pública de la feminidad, las ubica en posiciones análogas respecto a los cuerpos individuales y colectivos de las masculinidades. Al mismo tiempo, nos plantea nuevas preguntas sobre las agencialidades femeninas, y las posibilidades de resistencia, e incluso de subversión, que se abrían desde esas posiciones de sujeto tan centrales para el funcionamiento del patrón de autoridad propuesto para la nación. Podríamos imaginar, quizás, que estos procesos político-culturales, a la vez que ubicaban a las mujeres en posiciones subalternas, también significaron nuevas oportunidades de participación en algunas esferas de lo público, así como nuevas posibilidades para interpelar al orden patriarcal y para resistir algunos de sus efectos más nocivos. Estos son, en mi opinión, algunos de las importantes problemáticas sobre las que el trabajo de Juan Pablo Gómez nos invita a seguirnos cuestionando.


Gómez, J. P. (2015). Autoridad / cuerpo / nación: batallas culturales en Nicaragua (1930-1943). Managua: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica.

Scott, J. (2008). El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En Género e historia. México: Fondo de Cultura Económica; Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

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