Al>.ul, Sebastian / Mariana Cantarelli 1 I.ibitar el Estado - la ed. - Buenos Aires : Hydra , 2 0 1 0 . 124 p. ; 2 1 , 5 x 1 5 cm.

ISBN 9 7 8 - 9 8 7 - 2 4 8 6 6 - 2 - 4

1 [abitar el Estado. Pensamiento estatal en tiempos a-estatales. Sebastin Abad / Mariana Cantarelli Ira. edicin Hydra Darwin 790 8 o B 1414 , Ciudad de Buenos Aires , Argentina cditnal@hydracapacitacion.com.ar

ISBN 9 7 8 - 9 8 7 - 2 4 8 6 6 - 2 - 4

Coordinacin de edicin: Esteban A m a d o r Diseo: Gustavo Pedroza I Hagramacin: Silvana Ferraro Correccin: Irene Domnguez

1 [echo el depsito que establece la Ley 1 1 . 7 2 3 . Libro ile edicin argentina.

No se permite la reproduccin parcial o total, el almacena-miento, el alquiler, la transmisin o la transformacin de este l ibi . . , ni i ualquicr forma o por cualquier medio, sea electr-nico o mecnico, mediante fotocopias, digitalizacin u otros mtodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infrac-u n n es ! . i penada por las leyes 11 .723 y 25.446.

Sebastin Abad Mariana Cantarelli

Habitar el Estado Pensamiento estatal en tiempos a-estatales

H Y D R A

ndice

Prlogo 9

I. Condiciones contemporneas de la ocupacin del Estado en la Argentina 13 Introduccin 13 1. La crisis de la construccin poltica actual: Estado, poltica y partidos 16 1.1. Prdida de centralidad del Estado 17 1.2. Desprestigio de la poltica 22 1.3. Debilitamiento de las identidades poltico-partidarias 25 2. Un problema con historia: ocupacin estatal y marcas locales 30 2.1. El procesamiento de la dictadura 1976/1983 y la restauracin de los derechos 31 2.2. La consagracin de los derechos (del consumidor) 37 2.3. La retirada de la autoridad estatal 41 3. Ocupacin estatal y subjetividades a-estatales 45 3.1. El hroe resistente 48 3.2. El yuppie estatal 52 3.3. El asamblesta deliberativo 56

II. Un aporte al pensamiento tico-estatal 61 Introduccin 61 4. La ocupacin del Estado como problema tico 62 4.1. Prdida de centralidad del Estado 64 4.2. Predominancia de un sentido comn a-poltico y a-estatal: el moralismo crtico 66

4.3. Ausencia de una tica y un pensamiento especficamente estatales 73 5. El pensamiento estatal como pensamiento de lo comn 74 5.1. Qu significa pensar y dejar de pensar en el Estado 74 5.2. Pensamiento estatal, pensamiento de lo comn 78 6. Elementos para una tica estatal 85 6.1. El problema de la tica estatal 86 6.2. Supuestos del problema tico estatal 88 6.3. Operaciones de la subjetividad demandante y de la subjetividad responsable 95 6.4. Sentido de las operaciones responsables 103 6.5. La idea de mscara estatal 105 6.6. Responsabilidad estatal: sobre el cuidado de lo comn... 109

A modo de conclusin 117

Post-scriptum sobre el pensamiento estatal en tiempos de prdida de centralidad del Estado 121

Prlogo

Que un escrito se titule Habitar el Estado no implica que est desti-nado a alguien en particular. Bien podra ser un libro para todos y para nadie. Sin embargo, este texto est esencialmente ligado, por lo menos en dos sentidos, a su lector. En primer lugar, lo que aqu se presenta es el resultado de una experiencia de trabajo, an en desarro-llo, en diversos espacios estatales. Pero como a toda experiencia le son propios una elaboracin y un pensamiento, puede decirse que en ella aparece la deuda que mantenemos con quienes -durante ms o menos tiempo, en circunstancias ms o menos felices- compartimos un es-pacio y que aqu llamamos compaeros. Compaeros: funcionarios, equipos tcnicos, supervisores. Compaeros: agentes del Estado.

La experiencia de que hablamos se desarroll en diversos lugares y momentos. Surgi y se configur originariamente durante la ges-tin de Carlos Caramello al frente del Instituto Nacional de Ca-pacitacin Poltica (2003-2007), donde tambin se form el grupo de trabajo del que los autores somos parte. Fue en ese entonces que advertimos que la capacitacin poltica lejos estaba de ser una disci-plina legitimada, una clase de saber o de transmisin reconocida. Ms all de la disyuntiva entre ciencia poltica y adoctrinamiento, comenz a despuntar una forma especfica de presentar herramientas para la autocomprensin poltica y la gestin de militantes y funcio-narios. Paralelamente, esa forma comenz a ponerse en prctica y en discusin con agentes del Ministerio de Educacin de la Nacin.

En el ao 2007, como consecuencia de recambios, se cerraron ciertas posibilidades, pero otras surgieron. Pudimos poner a prue-ba gran parte de las herramientas desarrolladas en aos anteriores en el marco del Programa de Mejora Continua de la Gestin del

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HABITAR EL ESTADO

Ministerio de Planificacin Federal. Al mismo tiempo se inici una experiencia de formacin y capacitacin a pedido del Mi -nisterio de Cultura y Educacin de la provincia de La Pampa. En ese espacio y especialmente con Delia Dubroff desarrollamos di-versos proyectos ligados a la formacin de los agentes estatales. De all nacieron la Escuela de Formacin Poltica de los agentes del sistema educativo pampeano y la experiencia con la Mesa de Gestin del Municipio de Toay. Tambin desde 2007 pudimos colaborar con diversos proyectos de formacin en el marco del Instituto Nacional de Formacin Docente y la Direccin Nacional de Gestin Curr icular y Formacin Docente.

Con Gabriel Paz y Rodrigo Pez Canosa pensamos en la idea de registrar las experiencias y comenzamos a imaginar la forma que stas deban adquirir. Entonces, un conjunto de artculos, apuntes, discusiones y conceptos comenz a adquirir la forma cerrada de un libro, que ahora los contiene. Si algo confiere unidad a estas expe-riencias y escritos es un problema. A l llegamos por caminos rec-tos y desvos, por aciertos y equivocaciones, por destino y azar. En un tiempo como el nuestro, la escasez del pensamiento estatal entre funcionarios y agentes es un dato esperable. Y este dato se con-vierte para nosotros en un problema. Cul es su estatuto? No tanto un objeto de estudio terico/acadmico, sino -segn cree-m o s - el desvelo de nuestra generacin poltica. Si vivimos en una poca a-estatal y el pensamiento que circula es afn a la poca, cmo ocupamos, cmo habitamos el Estado? Ms aun: cmo lo hacemos a partir de las dolorosas marcas locales de la reciente historia argen-tina, en la cual el Estado adquiri un rostro monstruoso? Se percibe a partir de estos interrogantes que no pretendemos desarrollar, ni siquiera esbozar, una teora general sobre el Estado, sino construir herramientas conceptuales, organizativas y estticas capaces de dar cuenta hoy de la ocupacin desde una perspectiva estatal.

Ahora bien, construir estas herramientas tambin implica traba-jar en la formacin de un campo de pensamiento. Si escasea el pen-samiento estatal y eso dificulta la ocupacin, es necesario que funcionarios y agentes piensen estatalmente, incluso mucho ms que en una era estatal. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de no

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PRLOGO

dar con nuestra propia voz. Queremos, sabiendo nuestras limita-ciones, participar en la construccin de un pensamiento sobre el Estado. Al implicarnos en este proceso, afirmamos consiguiente-mente la posibilidad de la subjetivacin poltica en el Estado. Es decir: el espacio estatal es, para nosotros, un espacio legtimo de construccin poltico-institucional.

Permtannos unas palabras ms. Dijimos ms arriba que este l i-bro expresa, entre otras cosas, una deuda que tiene respecto de su lector. Mientras que este aspecto del vnculo con su destinatario se ha forjado, como dijimos, a travs de un recorrido en gran medida azaroso e imprevisto, su contracara adquiere otro aspecto. Pues este libro se encomienda a su destinatario no slo bajo la forma del reconocimiento de una deuda, sino a modo de apuesta comn. En la medida en que la condicin para habitar el Estado es el pensa-miento estatal, mal puede acometerse esta tarea en la soledad de la reflexin individual. A diferencia de cierta idea corriente de apuesta, no se trata aqu de arriesgar algo que se posee y que se halla con nosotros en relacin de exterioridad. Antes bien, lo que aqu est en juego es una posibilidad de experimentar de otro modo la tarea cotidiana y el proyecto en el marco del Estado. Nada de esto est "fuera" de nosotros. Pero esa posibilidad no es gratuita: exige ima-ginacin y pensamiento, disciplina y esfuerzo; y lo exige en un grado sumo por las condiciones que nos han tocado en suerte. Estamos dispuestos a afrontar el gasto subjetivo que la poca nos exige? Parte de nuestra respuesta es este libro y, por ende, es la res-puesta de otros tantos. Confiamos en que diga algo de lo que pode-mos hacer por nosotros mismos.

Sebastin Abad y Mariana Cantarelli Buenos Aires, mayo de 2010

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I. Condiciones contemporneas 1 de la ocupacin del Estado en la A r g e n t i n a

Introduccin

Habitar el Estado est organizado a partir de una pregunta: cmo ocupar el Estado y sus instituciones hoy? Se trata de una cuestin que nos interesa sobre todo en tanto que problema para los agentes y funcionarios estatales. Por eso mismo, la interrogacin est mar-cada por una doble determinacin: en primer lugar, nos pregunta-mos por la ocupacin del Estado y sus instituciones en funcin de los agentes y funcionarios estatales que son contemporneos de la prdida de poder y de prestigio del Estado en la Argentina. En se-gundo lugar, pensamos este problema fundamentalmente a la luz de las condiciones actuales.

Teniendo en cuenta esta precisin, en la primera parte del libro nos concentraremos en la ocupacin del Estado como tensin entre el espacio estatal y las formas en que se lo habita 2. Al respecto, po-dr observarse que esta tensin no es exclusiva de nuestra situacin sino que es constitutiva de todo proceso de ocupacin. Es decir, siempre que estamos en un espacio (sea una institucin, un vnculo, una organizacin, etc.) nos enfrentamos a la tarea de imaginar qu

1. Cuando decimos condiciones contemporneas hacemos referencia al proceso histrico que se caracteriza por la prdida de centralidad del Estado, si considera-mos la dimensin poltica del fenmeno. En la Argentina, por ejemplo, esta ten-dencia se inicia con fuerza, ms all de algunos antecedentes, con la dictadura 1976/1983. Por otro lado, reservaremos la categora condiciones modernas para la era definida por la centralidad del Estado que, ms all de sus variantes, se extiende en nuestro pas entre fines del siglo XIX y gran parte del XX.

2. A lo largo del texto utilizamos los trminos ocupar y habitar como sinnimos.

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HABITAR EL ESTADO

implica ocuparlo en esas condiciones y esto genera una serie de desafos y obstculos. Aqu nos interesa pensar: por un lado, el desafo que se plantea a los agentes y funcionarios del Estado al ocupar un mbito socialmente impugnado; por otro, la escasez de recursos simblicos especficamente estatales, que acaba por con-vertirse en un obstculo a la ocupacin.

Para dar cuenta de este desajuste, nos concentramos en la pri-mera parte del libro en los siguientes ejes problemticos 3: primero, como la pregunta por la ocupacin no se formula en general sino en ciertas condiciones, describiremos el escenario a partir de nues-tro problema de referencia. Nos detendremos a pensar qu implica ocupar el Estado cuando ste perdi centralidad, la poltica est desprestigiada y los partidos polticos debilitados. Segundo, en la medida en que parte del problema es la impugnacin del Estado, sus instituciones y sus agentes, repasaremos algunos acontecimien-tos de la historia argentina reciente que nos permiten explicar esta tendencia, relativamente nueva en nuestro pas. A saber: la dicta-dura 1976/1983 y su procesamiento democrtico durante el alfon-sinismo en clave de recuperacin de los derechos; el menemismo como redefinicin del modelo de ocupacin del Estado en clave de management; y la crisis de 2001 como sitio de emergencia de una subjetividad anti- o, mejor, a-estatal en tiempos de prdida de cen-tralidad del Estado 4. Finalmente, pensar la ocupacin del Estado

3. En este punto, conviene anticiparle al lector las diferencias entre el texto de la primera y la segunda parte del libro, que tienen sus razones. Por un lado, se trata de escritos producidos en distintas ocasiones y vinculados a situaciones de inter-vencin heterogneas, aunque siempre atravesadas por el problema de la ocupa-cin del Estado y sus instituciones. Por otro, estamos ante textos de diverso tenor argumentativo. Mientras la primera parte presenta un diagnstico sobre la situa-cin actual en perspectiva histrica y por eso adopta un tono ms descriptivo, la segunda ofrece algunas categoras para posicionarse ante el problema que adquiere una abstraccin mayor. Tambin por estas razones, percibir el lector, el estilo argumentativo vara. Lo que, entendemos, est justificado.

4. Antes de avanzar en la presentacin del problema que organiza este libro, vale introducir la definicin de subjetividad que utilizaremos a lo largo de estas pginas. Llamamos subjetividad a las formas de pensar, sentir y actuar capaces de ocupar o luhit.it mi espacio, una institucin, una organizacin, un territorio, etc. Pero no se

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CONDICIONES

exige detenerse en la escasez de pensamiento estatal y su envs: la presencia de figuras a-estatales de pensamiento (hroe resistente, yuppie estatal, asamblesta deliberativo) entre los agentes y funcio-narios estatales.

Antes de ingresar en el argumento de la primera parte del libro, resulta necesario precisar una categora que usaremos y que, ade-ms, define al interlocutor de estas pginas: de qu hablamos cuando hablamos de agentes y funcionarios estatales} Si bien existe una discusin al respecto, nos interesa definir este grupo de actores como aquel que ocupa un espacio en las instituciones estatales y tiene por ello algn tipo de implicacin en el planeamiento, ejecu-cin y diseo de una poltica pblica 5 . No hay duda de que las competencias, las tareas y las escalas son muy distintas segn el

trata de las formas psicolgicas de tal o cual individuo sino de recursos socialmente disponibles e histricamente construidos que circulan de diferentes maneras: expl-cita e implcitamente, formal e informalmente, consciente e inconscientemente, etc. Tratndose del Estado y sus instituciones, cuando describamos las subjetividades, nos concentraremos en los pensamientos, los sentimientos y las acciones a partir de los cuales se representan el mundo y a s mismos los agentes y los funcionarios es-tatales. Ahora bien, como somos contemporneos de una poca a-estatal, el Estado y sus instituciones tambin estn poblados de formas subjetivas a-estatales (sobre la nocin de lo a-estatal, vase nota 10). Pero no conviene ahora avanzar en esta lec-tura, que desarrollaremos a lo largo del libro.

5. Existe una amplitud de criterios en la discusin sobre el estatuto del agente del Estado, por un lado, y las distinciones que podran trazarse entre agentes, funcio-narios, "contratados", etc., por el otro. En lo que al argumento del presente libro se refiere, las figuras del agente o del funcionario son equivalentes en cuanto am-bos son responsables, lo cual -como se ve r - no significa estrictamente imputa-bles, administrativamente responsables o alguna otra categora jurdica. Cabe agregar que la equivalencia entre agentes y funcionarios tiene asidero en la legisla-cin vigente y aceptacin en la discusin jurdica. As, por ejemplo, un gran n-mero de normas disuelven la distincin en cuestin o la hacen irrelevante: art. 77 del Cdigo Penal, art. 1 de la Ley 24.759, art. 1 de la Ley 25.188, Decreto 41/99, Anexo, art. 2, etc. Incluso la "Convencin para combatir el cohecho de servidores pblicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales" introduce en su art. 3 el concepto de "servidor pblico" sin ulteriores especificaciones. Dado que el derecho positivo traza cada vez menos una diferencia de estatuto entre funcio-narios y agentes (antiguamente basada en las instancias de decisin y de ejecucin), la distincin entre tipos de agente se ha convertido, para la discusin doctrinaria y cierta jurisprudencia, en una variedad de formas de actuacin estatal.

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HABITAR EL ESTADO

espacio que se ocupe (no es lo mismo ser ministro nacional que director provincial o empleado municipal, tampoco tener compe-tencias polticas o tcnicas, etc.) pero tambin es cierto que en todos los casos existe -o al menos es posible- alguna clase de implicacin subjetiva. Por eso, y sin olvidar las diferencias, llamaremos agentes y funcionarios estatales a todos los que ocupan un lugar en las ins-tituciones estatales y por ello tienen una responsabilidad poltico-estatal. Sobre el estatuto de esta responsabilidad profundizaremos en la segunda parte del libro, cuando ensayemos una definicin de tica estatal.

1. La crisis de la construccin poltica actual: Estado, poltica y partidos

No hay duda de que la ocupacin de un espacio no es un hecho de la naturaleza. Por el contrario, se trata de un proceso que requiere operaciones y procedimientos diversos. Entre ellos, pensamiento. Adems, cuando el espacio es el Estado y sus instituciones, ese re-querimiento es una tarea compleja para sus agentes y funcionarios. Pero, por qu se trata de una tarea compleja? Los cambios de poca son una condicin inevitable de anlisis si pretendemos si-tuar la complejidad de nuestro problema. Sin embargo, no preten-demos exponer aqu un anlisis socio-histrico exhaustivo sino hacer eje en el problema que nos convoca a partir de tres alteracio-nes que luego desarrollaremos: prdida de centralidad del Estado y sus instituciones, desprestigio de la poltica y debilitamiento de las identidades poltico-partidarias. En otros trminos, hoy el Estado puede menos de lo que poda, la poltica perdi prestigio y los par-tidos estn debilitados.

Ahora bien, los cambios de poca no se limitan a la reduccin del poder y el prestigio del Estado, la poltica y los partidos. En rigor, una corriente paralela a este proceso es la escasez de pensamiento estatal de los agentes estatales. En otros trminos, las tres tenden-cias presentadas tienen un correlato en el campo del pensamiento:

CONDICIONES

por un lado, ste escasea y por eso la ocupacin institucional se vuelve ms dificultosa; por otro, circulan entre los agentes y fun-cionarios del Estado -y tambin all reside la complejidad del asunto- discursos a-estatales 6. Qu significa esto? En principio, que recursos e instrumentos construidos para ocupar espacios no estatales (por ejemplo, paradigmas corporativos, visiones de orga-nizaciones privadas, cosmovisiones estticas, etc.) son trasladados sin mediaciones al espacio estatal. Es indudable que las consecuen-cias de estas traslaciones son negativas en la medida en que tales recursos e instrumentos son incapaces de dar cuenta de la especifi-cidad del mundo estatal. En este fenmeno, que tiene sus razones histricas en la Argentina reciente, nos concentraremos en breve.

Presentado a grandes trazos el problema de la ocupacin del Estado, sobre todo en funcin de como ser considerado en la pri-mera parte del libro, detengmonos ahora en la caracterizacin de las tres cuestiones presentadas.

1.1. Prdida de centralidad del Estado

En los ltimos treinta aos, las transformaciones del Estado y sus instituciones han sido particularmente agudas y no son un fen-meno exclusivamente argentino sino global. El Estado est en pro-ceso de transformacin y esta transformacin es, para dismiles perspectivas, sinnimo de crisis, porque implica la desarticulacin, a muy diversa escala, de la institucin del Estado de Bienestar. A partir de ese proceso se originan muchos discursos sobre la "muerte" del Estado que intentan dar cuenta de la nueva situacin 7.

6. Sobre las caractersticas de los discursos a-estatales y muy especialmente sobre las figuras subjetivas que sostienen tales discursos nos detendremos en (3.): "Ocupacin estatal y subjetividades a-estatales".

7. Al designar el estatuto de este proceso, el pensamiento contemporneo suele abusar de la figura de la muerte, pero acaba en general revelando su propio anhelo de novedad y creatividad. Teniendo en cuenta nuestra tarea, donde la historizacin es un insumo y no un fin en s, es preciso que hagamos una aclaracin. Toda vez que se proclama la muerte de un ente histrico no slo se introduce una inagotable e ineliminable ambigedad, sino tambin un poderoso contenido poltico. En

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HABITAR EL ESTADO

La figura en torno de la cual pensamos la "muerte" del Estado es la prdida de centralidad y sta supone dos elementos: uno cuanti-tativo y otro cualitativo. Mientras el primero se refiere a una masa de capacidades y recursos (materiales, simblicos, etc.), el segundo alude a una operacin de articulacin y composicin de recursos que distingue a la operacin estatal de otras formas de marcacin de un territorio, de una subjetividad, del tiempo mismo. Que hable-mos de prdida de centralidad no slo indica que el Estado y sus instituciones son ahora una fuerza social entre otras, sino que ade-ms, lo son cualitativa y cuantitativamente. Dicho de otro modo, si exclusivamente reparramos en la dimensin cuantitativa, slo estaramos ante una prdida de potencia del Estado (se tratara de una fuerza que puede ahora menos que antes). Pero no es esto lo nico que sucede. Existen hoy otras fuerzas -cualitativamente di-versas- que le disputan el poder y que impugnan el carcter repre-sentativo que el Estado ostenta respecto de la sociedad pensada como unidad poltica ya sea impugnando la relacin representa-tiva como tal, ya sea pretendiendo ocupar, sin reconocerlo, una posicin de centralidad social. Al respecto, podemos sealar como ejemplos grandes corporaciones ligadas a los flujos veloces: finan-cieras y de la comunicacin, cuyo impacto puede hacer tambalear sin gran esfuerzo a los Estados nacionales.

Por un lado, entonces, hay una prdida en la cantidad y en el volumen de recursos del Estado, pero por otro persiste la necesidad de producir efectos de autoridad, legalidad y uniformidad6. En este

efecto, cuando se habla de la muerte del Estado (o de la familia, o de Dios) no se alude nicamente a su desaparicin definitiva, sino tambin -por e jemplo- a la radical transformacin de su funcin, lugar social, productividad, etc. Discernir estos matices y dejar que operen en nuestra tarea exige de nosotros, en cuanto agentes del Estado, pensamiento.

8. Cuando nos detenemos hoy en los efectos de autoridad, legalidad y uniformi-dad del Estado resulta inevitable subrayar la diferencia entre el poder de marca-cin de las instituciones estatales modernas y las contemporneas. Tanto la situa-cin actual de la escuela como la del hospital, tambin la misma eliminacin del servicio militar obligatorio en nuestro pas, son un gran analizador de esta enorme variacin. Desde esta perspectiva y en el terreno de la subjetividad socialmente

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CONDICIONES

sentido, hay una tensin entre la declinacin de la cantidad y una creciente demanda social respecto de la cualidad de la fuerza estatal. Por eso mismo, en nuestra poca es perfectamente posible quejarse en tonos mayores del Estado en foros no estatales y, al mismo tiempo, reclamar ante l la observancia de todo tipo de derechos 9.

La prdida de centralidad del Estado tambin produce efectos de enorme trascendencia para la construccin de lazo social. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de subjetividad a-estatal que hoy circula en diversas instituciones. En primer lugar, ser necesa-rio sealar que no estamos pensando en la subjetividad poltica anti-estatal que recorre la historia del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (anarquismo, anarco-sindicalismo, etc.) y tampoco en los movimientos anti-disciplinarios de los aos 60 y 70. Es decir, en figuras subjetivas que se constituyeron en situaciones de centra-lidad estatal con la pretensin de construir formas de vida que discutieran la organizacin disciplinaria y produjeran otra, aunque ms no fuera en una escala menor. Por el contrario, nos referimos a una subjetividad que, si bien a veces retoma posiciones y conte-nidos anti-estatales propios de los tiempos modernos, se caracte-riza -ante todo- por estar escasamente marcada por las operaciones y los procedimientos de las instituciones estatales. En definitiva, estas formas disponibles de pensar, actuar y sentir actuales no se definen a partir de la organizacin y la disciplina estatales (tam-

instituida, la prdida de centralidad implica la disminucin de las capacidades es-tatales para incidir en la construccin subjetiva no slo de sus funcionarios y agentes, sino tambin de los ciudadanos en general.

9. Respecto de esta cuestin, los agentes y funcionarios suelen ser interpelados bajo el supuesto de que habitan un espacio con capacidades que estn ms cerca del Estado intervencionista modelo 1946 que de un modelo 2001 que ha perdido centralidad, poder y prestigio. Si bien sobre los efectos de este tipo de posiciona-miento nos detendremos en "Un problema con historia: ocupacin estatal y mar-cas locales" (2.), lo que importa sealar ahora es que la hiper-demanda en relacin con el Estado y sus instituciones, en la medida en que es ciega y sorda a las condi-ciones realmente efectivas, transforma -quiera o n o - a los agentes estatales en mquinas impotentes o inmorales (no pueden o no quieren?, se pregunta todo el tiempo el demandante) que inevitablemente no estn a la altura de su responsabi-lidad especfica.

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HABITAR EL ESTADO

poco anti-estatales), sino del consumo y la dispersin mercantiles: son a-estatales 1 0.

En la medida en que la sociedad contempornea integra de modo creciente a sus miembros como consumidores, esta subjetividad, en primer lugar, no se constituye como resultado de la marcacin disci-plinaria de las instituciones denominadas "de encierro" (familia, escuela, servicio militar, fbrica, etc.) sino que se moldea sobre la base del patrn de los productos del mercado". En segundo lugar, esta subjetividad se resiste a ser marcada por las instituciones, no por ser ideolgicamente anti-estatal y anti-institucional, sino por estar armada en las prcticas de consumo, ajenas a la disciplina y la organizacin, es decir, a las prcticas propias de una poca ideol-gica 1 2 . En otros trminos, en una sociedad que se resiste a la poltica estatal, la escasez de organizacin y disciplina -estatal pero inclu-sive anti-estatal- es el envs del consumo y la dispersin mercanti-les (y no como algunos sostienen, la operacin disruptiva de una subjetividad poltica de corte anti-estatal como la que domin el paisaje institucional de aquellos aos de centralidad estatal).

Al respecto, cuando a mediados de los aos 70 Rene Lourau es-cribi El Estado inconsciente, caracteriz a una subjetividad an ti-

10. Reservamos el prefijo anti antepuesto al trmino estatal para aludir a tipos subjetivos que piensan estrategias o intervenciones contrarias a las instituciones fuertes o disciplinarias. Usamos la voz a-estatal o a-poltico para discursos incom-patibles con la construccin poltico-partidaria o poltico-institucional en una poca marcada por la fragmentacin, la liquidez o la desaparicin del Estado de Bienestar. Dado que el anti- presupone, desde un punto de vista histrico, la cen-tralidad del Estado (vase 1.1.) y el a- el fin de dicha centralidad, una subjetividad que piensa anti-estatalmente en una poca a-estatal no deja por ello de funcionar -por influjo de las condiciones en las que se ha l la - de modo a-estatal.

11. Vase Bauman, Z., "Una sociedad de consumidores", en Vida de consumo, Buenos Aires, FCE, 2003, pp. 77-113 y respecto de la idea de "instituciones de encierro": Foucault, M., "Los medios del buen encauzamiento", en Vigilar y cas-tigar. El nacimiento de la prisin, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pp. 175-198.

12. Sobre el concepto de ideologa como relato tcnico-cientfico que reemplaza a las cosmovisiones premodernas, vase Habermas, J . , Ciencia y tcnica como ideo-loga, Madrid, Tecnos, 1986, pp. 29-36.

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CONDICIONES

estatal distinta de la que hoy domina los paisajes institucionales 1 3 . En ese entonces, el pensamiento anti-institucional tena un objetivo: pensar estrategias de intervencin - q u e tambin requeran de orga-nizacin y disciplina, pero de naturaleza destructiva de lo insti-tu ido-para escenarios dominados por la organizacin y la disciplina institucionales. En ese marco, Lourau -promotor del movimiento anti-hospitalario y anti-pedaggico- pens el fondo de la subjetivi-dad instituida y bautiz a ese fondo Estado. Ahora bien, tratndose de subjetividades institucionales, el fondo oscuro llamado incons-ciente no poda ser el resultado de la novela familiar, la sexualidad reprimida y la relacin con el padre. Para el analista francs, si el objeto son las instituciones, el Estado es el inconsciente, es decir: la dimensin de las instituciones a partir de las cuales se estructura la subjetividad. Por esa razn, la marca originaria para pensar y dar cuenta de aqulla era la dimensin estatal. O ms precisamente, la relacin con el Estado. Despus, claro est, esa relacin poda ser elaborada en trminos anti-estatales o nuevamente estatales pero, s o s, se impona hacer algo con lo que el Estado y sus instituciones haban hecho con uno.

Qu significa, entonces, que el Estado sea el inconsciente} En principio y en relacin con el problema que nos convoca, que el Es-tado es el supuesto que organiza a la subjetividad moderna. Es decir, cuando la subjetividad moderna construye o destruye supone condi-ciones estatales. En otros trminos, no hay subjetividad (moderna) sin Estado. Justamente por eso, la prdida de centralidad estatal re-quiere ser pensada en su especfica complejidad, es decir, como debi-litamiento de la disciplina y la organizacin estatales (para unos, el inicio de la fiesta post-estatal), pero tambin en tanto que desintegra-cin de las instancias de organizacin poltica, inclusive anti-estatales (para otros, la instalacin de una sociedad sin poltica) 1 4 .

13. Vase Lourau, R., El Estado inconsciente, La Plata, Terramar, 2008, pp. 187 ss.

14. Giles Deleuze - u n pensador no precisamente pro-estatal- opera como un aguafiestas de la fiesta post-estatal. Cuando analiza la transicin de las sociedades disciplinarias a las de control se encarga de subrayar, constantemente, que no pa-samos de la dominacin a la libertad sino que somos testigos de un cambio en las

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A la luz de este cambio de escenario, vale preguntarse: sigue siendo el Estado el inconsciente? Por un lado, la respuesta podra ser negativa. En tiempos de prdida de centralidad, la marcacin estatal puede menos de lo que poda. Si el Estado marca menos, qu forma adquiere el fondo de la subjetividad humana cuando la superficie social se resiste a ser marcada por las instituciones esta-tales? Por otro, a pesar de la disminucin de su poder de marcacin y tal vez justamente por eso, bien podra decirse que el Estado sigue siendo, en ltima instancia, el gran interlocutor, aunque ms no sea como objeto de maldicin. En principio, entonces, no hay res-puesta a la interrogacin formulada, pero sigue habiendo una pre-gunta que se empea en re-aparecer: qu estamos pensando cuando pensamos que la prdida de centralidad estatal es una suerte de ingreso libre a una gran fiesta eterna? Si nos concentramos sola-mente en esta lnea, qu no estamos pensando?

1.2. Desprestigio de apoltica

La prdida de centralidad del Estado es contempornea de otra tendencia decisiva a la hora de pensar la ocupacin de las institu-ciones estatales: el desprestigio de la actividad poltica. En los lti-mos aos y por muchas razones (el fin de la guerra fra, la crisis de los grandes relatos, el agotamiento del Estado de Bienestar, la ins-talacin del consumo como dimensin central de la existencia so-cial, etc.), la poltica dej de ser reconocida socialmente como el instrumento paradigmtico de la construccin institucional. Ms all de las diferentes y antagnicas representaciones partidarias e ideolgicas, la sal de la vida poltica -durante gran parte de los si-

formas de dominacin: vase Deleuze, G., "Post-scriptum sobre las sociedades de control", en Conversaciones, Valencia, Pre-textos, 1996, pp. 277-286. En nuestros trminos no-deleuzianos, la prdida de centralidad, entonces, no slo no es la antesala de la libertad -antes bien, un nuevo territorio para la construccin pol-tica-, sino que, adems, nos enfrenta con el problema del agotamiento de las estra-tegias modernas de construccin y destruccin polticas. Por lo tanto, no son los nuestros tiempos de festejo sino de balance (vase ms abajo el "Post-scriptum sobre el pensamiento estatal en tiempos de prdida de centralidad del Estado").

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glos XIX y X X - pasaba por la toma del Estado. Es decir, cuando un hombre se presentaba tambin se presentaba polticamente y esto implicaba, entre otra serie de confesiones, exponer su visin sobre el estatuto del Estado. Ahora bien, si el Estado y sus instituciones eran el territorio a ocupar como condicin de todo proyecto pol-tico, la poltica era el modo especfico de ocupacin de ese territo-rio. Si esto era un axioma compartido por los hombres y las mujeres con presencia pblica, hoy ya no lo es.

Obviamente, esta tendencia global tiene sus particularidades en nuestro pas. Sobre todo si nos concentramos en las representacio-nes sociales sobre la poltica que produjeron dos fenmenos rden-les: la dictadura 1976/1983 y la democracia post-1983. Por un lado, la Argentina del llamado "Proceso de Reorganizacin Nacional" experiment al Estado como un poder sin ley que la doblegaba 1 5; esta representacin no se extingui, incluso cuando fue superada la dictadura. Por el otro, la Nacin democrtica, despus de los pri-meros desencantos, se senta expoliada por la clase poltica a la luz de una serie de sucesos (crisis econmicas, conflictos con las Fuerzas Armadas, hechos de corrupcin, etc.) que sta pareca in-capaz de resolver. Sobre todo por las expectativas, muchas veces desmesuradas y distorsionadas, que el retorno democrtico instal entre los diversos actores de la poca. Finalmente, tambin es posi-ble incluir en esta breve genealoga a la crisis de 2001 y su despam-panante consigna "que se vayan todos, que no quede ni uno solo", ms all del modo en que sea interpretada tal afirmacin.

Tras el "descubrimiento" de lo sucedido durante la dictadura y bajo los efectos de la desilusin, la poltica se convirti, ms tem-prano que tarde, en una actividad de dudosa reputacin, objeto de revisin y sospecha. Ahora bien, si volvemos sobre las representa-ciones sociales mencionadas, en la continuidad de ambas se percibe la incapacidad de trascender la experiencia traumtica de la vc-tima, es decir, de pensarse ms all de esta figura. Tal es as que una

15. Vase Lewkowicz, I., "Del ciudadano al consumidor. La migracin del sobe-rano", en Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez, Buenos Aires, Paids, 2003, pp. 19-39.

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parte de la sociedad argentina contina figurndose como un chivo expiatorio de poderes malignos (primero "los mili tares" y despus "los polt icos", pero siempre ellos) y renuncia de esta manera - l o sepa o no, y en este punto da lo mi smo- al planteo del problema de la responsabilidad poltica. Esta posicin de vctima deman-dante es, dicho sea de paso, la ms alta de las paradojas: al tiempo que exige que el Estado y la poltica solucionen todos sus proble-mas, impugna y maldice en el mismo gesto la dignidad de lo pol-tico como tal.

Ahora bien, paralelamente al creciente desprestigio social de la poltica en la Argentina, se produjeron dos formas de tomar distan-cia de ella, que permitieron tramitar, va solucin de compromiso, una gran desilusin: con la democracia no se come, no se cura, no se educa. Si la poltica democrtica haba sido incapaz de tales cosas, un discurso tcnico extra-poltico se perfilaba como la herramienta objetiva y equilibrada para la resolucin de las ms diversas deman-das sociales. Se instal, en el marco de un contexto internacional dominado por el neoliberalismo, la fantasa de la eliminacin de la maldita poltica en nombre de la imparcial tcnica. En sntesis, la utopa tcnica convirti al problema de la convivencia poltica en un asunto operativo que poda ser resuelto a partir de la implemen-tacin ordenada de un conjunto de procedimientos que excluira, no se sabe cmo, conflictos e intereses pre-existentes. Por otro lado, el desprestigio poltico tambin fue entendido en clave moral y su resolucin requera de una empresa del mismo tenor: entonces, la lgica de la "transparencia" se transform en el argumento com-plementario de la subjetividad tcnica. La utopa moral, adems, operara como el mejor antdoto contra el desborde inmoral de los polticos. En este caso, la convivencia poltica se volvi un pro-blema esencialmente moral resoluble a partir de la internalizacin, tampoco se sabe cmo, de una primera y fundante batera de nor-mas por parte de la mayora de los individuos. As pensada y como un efecto no calculado del desprestigio de la poltica, la convivencia se nos ha ido transformando, poco a poco, en un asunto exclusivo de tcnicos y moralistas. Teniendo en cuenta nuestra breve historia democrtica, no parece ser una gran idea.

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1.3. Debilitamiento de las identidades poltico-partidarias

La prdida de centralidad del Estado y el desprestigio de la poltica acompaan una tercera tendencia, distinta pero articulada con ellas: el debilitamiento de las identidades poltico-partidarias 1 6 . Si la so-ciedad no se concibe a s misma como una unidad poltica, no re-sulta extrao que los partidos polticos ya no sean la institucin ms importante en esta materia. Pero no se trata aqu de pasar re-vista a la crisis de los partidos polticos, sino ms bien de anotar que las identidades polticas, en tanto organizaciones productoras de unidad de accin y de concepcin entre sus agentes, estn hoy fran-camente debilitadas.

Qu implica esta tendencia? Por un lado, que las identidades po-lticas conviven con otras formas de subjetividad: ms individuales, menos participativas, ms fragmentadas. Es decir, ms cercanas al con-sumo y la dispersin que a la organizacin y la disciplina. En otros trminos, el debilitamiento de las identidades poltico-partidarias no es una buena noticia en la medida en que desencadena e incen-tiva el desacople de espacios de construccin y reproduccin de lazo social que, adems, no han sido (an) sustituidos por institu-ciones diferentes, pero equivalentes en sus funciones. Por otro lado, la relajacin de las estrategias de articulacin poltica nos confronta

16. La discusin sobre los partidos polticos modernos, en la cual han participado desde pensadores como Neumann, Michels y Weber, hasta lderes polticos como Lenin y Mao, es extenssima. Si bien podra ser de inters para nuestra argumen-tacin, no podemos siquiera researla. Sin embargo, para precisar de qu hablamos cuando hablamos de debilitamiento de tales entidades, presentamos una definicin de identidad poltico-partidaria. Se trata de un espacio de organizacin, identifica-cin, adquisicin de cdigos y vocabularios y, sobre todo, entrenamiento para la accin y la conduccin del Estado. La crisis de ese espacio dificulta la construccin de relatos colectivos para la inscripcin individual y fragmenta agrupaciones ma-sivas de carcter ideolgico en tribus ms pequeas, unidas ante todo por hbitos de consumo. Si bien no todo hacer poltico es necesariamente partidario, la tradi-cin argentina coloca all un enorme acopio de experiencia y de canales de trans-misin de saber, prcticas, costumbres. Por eso mismo, el descrdito de las identi-dades poltico-partidarias congela un mecanismo formidable de formacin y reproduccin de cuadros poltico-institucionales, proceso sobre el cual todava no produjimos un balance poltico suficientemente acertado.

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con la reduccin de un campo privilegiado de entrenamiento y for-macin de agentes especializados en la construccin colectiva. Gran problema para la ocupacin del Estado en particular y de otras instancias de conduccin poltica en general 1 7.

As pues, cuando nos preguntamos por el debilitamiento de las identidades poltico-partidarias, tambin nos preguntamos por el problema de la ocupacin estatal. Pero la ocupacin puede adquirir diferentes formas y contenidos. Sin ir muy lejos, la historia poltica de los siglos XIX y XX puede ser pensada como la disputa entre dis-tintas estrategias de ocupacin del Estado (liberales, marxistas, pe-ronistas, radicales, etc.). Ahora bien, si nos concentramos en la historia reciente, fundamentalmente durante las dcadas de 1980 y 1990, el management dej de ser solamente un procedimiento ad-ministrativo necesario y se impuso, a nivel mundial, como el mo-

17. Esta carencia en el entrenamiento y la formacin de cuadros polticos no es un problema exclusivo del Estado y las instituciones polticas. Por el contrario, el dficit en materia de formacin y capacitacin polticas incluye a otros mbitos: religiosos, sindicales, deportivos, empresariales, etc. Es observable en los cuadros de conduccin una notable diferencia en el espesor poltico entre la generacin de mayores de 50 aos y la de menores de 35 aos. Este espesor es consecuencia de un vnculo (a veces directo, otras indirecto, en ocasiones intermitente) con los partidos polticos, las asociaciones sectoriales y los debates pblicos de una poca en que, por haber sido la poltica una actividad cardinal, no era asunto exclusivo de polticos profesionales. En funcin de la diferencia etaria mencionada, podra-mos pensar que en una poca en la que la poltica es una actividad prestigiosa marca incluso a aquellos que no forman parte del crculo ms ntimo de dicha prctica. Esto es particularmente visible en el registro que el mundo del entreteni-miento tiene de la poltica. Al respecto cabe comparar la entrevista televisiva que Gerardo Sofovich realiz en 1973 a Agustn Tosco y Jos Ignacio Rucci con el desempeo del animador televisivo en nuestros das. Si Sofovich es la constante, se produce el reemplazo de un Rucci por otro: Jos Ignacio por Celina. En lnea con este reemplazo, es imposible dejar de mencionar la campaa publicitaria que tiene como protagonista a Lydia Guevara, miembro de la organizacin PETA (Personas por la tica en el Trato de los Animales), cuyo slogan es: por una revolucin vege-tariana y que, entre otros pases, lleg a la Argentina en la primavera de 2009. A esta altura, la posibilidad de que el trmino revolucin se aplique a cualquier pro-ceso social, incluso el ms inofensivo y banal, no sorprende a nadie. Ms sorpren-dente en cambio acaso sea que la joven Lydia Guevara es la nieta de Ernesto Guevara, para quien revolucin connotaba, seguramente, representaciones ms definidas y menos vegetarianas.

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dlo de operacin poltica en los Estados. Entonces, el Estado fue interpelado como una empresa, los ciudadanos como consumido-res/clientes y la eficiencia, pero tambin el ahorro, se convirtieron en las reglas privilegiadas de la ocupacin. Sobre la pertinencia de la transposicin de tales herramientas del sector privado al pblico, hay escasa reflexin 1 8.

No hay duda de que este proceso de transformacin tiene sus causas y razones relevantes, pero lo que importa sealar aqu son algunos de sus efectos en relacin con el objeto de nuestro inters: el dficit en la formacin de cuadros tcnico-polticos que ocupan las instituciones estatales. Instalado entre nosotros como modali-dad excluyente de ocupacin estatal, el management requiri de una subjetividad capaz de comprenderlo. En otros trminos, cuando el mercado se convirti en el modelo del funcionamiento social, el cuadro empresarial se transform en el tipo subjetivo pa-radigmtico capaz de imponer formas de pensar, sentir y actuar. Fue entonces cuando las universidades privadas y las escuelas de negocios pretendieron sustituir a los partidos polticos en su fun-cin formadora.

Las consecuencias de este proceso son variadas y complejas, tanto en la Argentina como en otros pases. Pero tal vez lo ms sintomtico del fenmeno sea el problema que desencaden. Si es cierto que hoy los partidos polticos pueden menos de lo que po-dan, incluso respecto de la produccin y la reproduccin de sus

I 8. Incluso podramos agregar que estas ideas se transformaron muy rpidamente en el sentido comn, tanto de agentes y funcionarios del Estado como de ciudada-nos de a pie. Esto lo observamos, una y otra vez, en espacios de capacitacin po-li! ca destinados tanto a agentes y funcionarios estatales como a lderes de proyec-tos comunitarios. Cuando se les solicitaba, en el marco de un ejercicio de planeamiento, que pensaran un proyecto estatal o comunitario y los recursos ne-cesarios para llevarlo a cabo, apareca en primer trmino un imperativo categrico del ahorro y posteriormente la idea de que un recurso es un insumo a gastar para realizar un proyecto. De dnde procede este imperativo? Si bien el ahorro es comprensible en el marco de una ejecucin futura, por qu ahorrar una partida que fue diseada en el presupuesto en funcin de un proyecto o programa? Sube-iccutar puede ser una poltica? O ser que la subejecucin es el envs de la ausen-cia de proyecto?

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propios cuadros, tambin es cierto que los cuadros poltico-estatales necesitan pensamiento estatal. En rigor, las universidades privadas y las escuelas de negocios producen un saber insuficiente para la ocupacin estatal, por no decir incompatible con ella. Qu signi-fica esto? Por un lado, que la formacin de los cuadros poltico-estatales, por su tarea diferencial y el espacio que habitan, precisa de una reflexin especfica que no^e agote en los saberes tcnicos y tericos. Por otro, la dinmica de los negocios no puede ser trans-ferible a la lgica estatal: como dice la fbula, no est en su natura-leza. Los lmites de estas traducciones, necesariamente, son parte del balance inevitable de los aos que siguen.

De esta manera, el debilitamiento de los partidos como mquinas de articulacin social tiene efectos similares a la prdida de prestigio del Estado y la actividad poltica. Mientras los ciudadanos se alejan de la participacin poltica, el pensamiento estatal pierde sus incen-tivos. Segn una corriente de opinin dominante, esta situacin obliga a los partidos a desburocratizarse y a pensar alternativas "ms cercanas" a los ciudadanos; al mismo tiempo, potencia a los movi-mientos sociales, que poseen una "espontaneidad" y "representativi-dad" de la que carecen los partidos polticos. Sin embargo, la debilidad de los partidos implica tambin el archivo u olvido de una caja de herramientas fundamental que se obtiene, exclusivamente, en la militancia y en la discusin doctrinaria. Y en definitiva, podramos resumir, este archivo y este olvido, altamente perjudiciales, producen el equivalente de un equipo de ftbol que no realiz pretemporada.

Retomemos lo recorrido en estos tres apartados. Sin poder y sin prestigio -o al menos, cuando el Estado y la poltica tienen menos poder y pres t ig io- la ocupacin estatal se convierte en una tarea aun ms difcil. Con esta consideracin no buscamos negar la compleji-dad constitutiva y por eso ineliminable del problema. En este sen-tido, la ocupacin estatal siempre es un problema poltico porque no hay ciencia de la ocupacin que resuelva el asunto a partir de un algoritmo o un valor, mal que le pese tanto a la utopa tcnica como

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.i la moral. Por eso mismo, es necesario imaginar construcciones estticas, organizativas y conceptuales que forjen subjetividades capaces de habitar el Estado y sus instituciones.

Ahora bien, la complejidad extra de nuestra situacin reside en las tres grandes condiciones presentadas 1 9 . En segundo lugar, la escasez de pensamiento estatal sobre la ocupacin actual es el en-vs inevitable de las tendencias anteriores en la medida en que la crisis del Estado, la poltica y de los partidos tambin implica la erosin de los espacios de produccin y construccin de pensa-miento estatal.

A partir de la descripcin de las condiciones que nos tocaron en suerte no pretendemos subrayar la dureza de nuestros tiempos sino pensar, antes que nada, las condiciones para la construccin poltica luera y dentro del Estado. Desde aqu veremos qu somos capaces ile construir.

19. Si bien las alteraciones en la lgica social no son el objeto central de este libro, vale subrayar un rasgo decisivo de nuestra poca, que es el reverso de las tenden-cias antes sealadas: si algo caracteriza los tiempos que nos tocan vivir es la frag-mentacin. Y en tiempos de fragmentacin, las tres condiciones mencionadas no estn "sueltas", sino que forman parte de un escenario comn de agotamiento de viejas prcticas y antiguos discursos.

La crisis de la sociedad actual implica una transformacin vasta, pero en qu consiste esta transformacin? Por un lado, segn el socilogo polaco Zygmunt Bauman, es el fin de la era de la gran vinculacin: es decir, de una poca caracteri-zada por la articulacin social y por la necesidad de producir un orden artificial en reemplazo de los viejos vnculos estamentales. Como parte de esa artificialidad, el rgimen panptico garantizaba un suelo institucional comn. Entonces, el Estado y sus instituciones (la familia, la escuela, el cuartel, la fbrica, el sindicato, el par-tido, etc.) hacan de la vinculacin mutua el marco y el lenguaje de la existencia social. En rigor, una vida poda ser pensada como la rutina que, ms all de sus singularidades, transcurra de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Por el otro, la crisis actual de la sociedad implica el pasaje de la gran vinculacin a la gran desvinculacin. Si la sociedad se distingua por la articulacin entre sus trminos, aunque muchas veces resultara opresiva y hasta alienante, en definitiva la ingenie-ra social creada por el Estado y la poltica modernos tenda a la inclusin social. Por eso mismo, la crisis de esa lgica supone el ingreso en la era de la desvincula-cin caracterizada tanto por la fragmentacin y la dispersin de la materia social como de las herramientas (Estado, poltica, partidos) capaces de producir vincula-cin y cohesin.

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2. Un problema con historia: ocupacin estatal y marcas locales

Segn un viejo hbito, pensar un problema exige pensarlo histri-camente. Y como buscamos pensar un problema, el trabajo no consiste en amontonar los antecedentes inmemoriales y secretos de la cosa histrica. Ms bien, la estrategia historiadora intenta cons-truir una genealoga para el asunto que la convoca.

Hasta aqu tenemos un problema, pero tambin una estrategia. En lo que se refiere al problema, la ocupacin estatal, slo nos con-cierne en las condiciones actuales. Por eso mismo, no nos interesa hacer un recorrido por diversas modalidades de ocupacin estatal desarrolladas durante los siglos XIX y XX. Por el contrario, nos con-centraremos en algunas mutaciones histricas en la Argentina re-ciente que cambiaron la percepcin social del Estado y por eso alteraron las condiciones de su ocupacin. Asimismo y antes de hacer eje en las marcas locales del proceso histrico, ser necesario sealar -una vez m s - que el problema de la ocupacin estatal hoy resulta impensable por fuera de la prdida de centralidad del Estado, el desprestigio de poltica y el debilitamiento de las identi-dades poltico-partidarias. En sntesis, la ocupacin estatal en estas condiciones, tanto en la Argentina como en otros pases, tiene que andar entre evocaciones y quebrantos. Como le recordaba Marx a Rud a propsito de los sucesos de 1848: el problema de los obreros franceses son los grandes recuerdos. Y en la Argentina, todos los grandes recuerdos conducen a nuestra Roma: el Estado de Bienestar, cuyo declive de centralidad no podan sospechar tanto agentes y funcionarios como ciudadanos.

Detengmonos ahora en algunas marcas locales que nos permiti-rn pensar el problema que nos rene. Por un lado, la dictadura 1976/1983 y su procesamiento democrtico en clave de derechos; por otro, el menemismo y su estrategia tcnica de ocupacin. Finalmente, la crisis de 2001 y el temblor de la autoridad estatal. Es cierto que es posible identificar otra serie de hechos relevantes a la hora de comprender nuestra historia poltica reciente. Pero no bus-camos aqu trazar un anlisis completo de la poca en cuestin sino

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analizar acontecimientos que introdujeron huellas notables en rela-cin con la ocupacin estatal y las representaciones sociales de los agentes y funcionarios estatales 2 0.

2. 1. El procesamiento de la dictadura 1976/1983 y la restauracin de los derechos

La dictadura 1976/1983 fue el tiro de gracia al ciclo poltico argen-tino que comenz en 1916 con el primer gobierno de Hiplito Yrigoyen, o ms bien con su cada en 1930. A partir de entonces, la alternancia democracia/dictadura militar marc el ritmo de la pol-tica argentina. Pero desde el 24 de marzo de 1976 se alterara el es-tado de cosas que dur casi 50 aos. Si bien durante la ltima dictadura, e inclusive tiempo despus, sospechamos que se trataba de una fase ms del proceso iniciado en 1930, la ocupacin estatal durante aquella etapa introdujo una variacin cardinal: el terro-rismo de Estado entr en escena y el aparato estatal se vaci de le-galidad. Al respecto podr objetarse que esta experiencia tiene antecedentes en nuestro pas, tanto durante el siglo XIX como el XX. Tambin cabra contraargumentarse que lo sucedido durante la l-tima dictadura no tiene precedentes en la historia nacional porque implic la desarticulacin sistemtica y persistente de ley y poder. En otros trminos, no se trat de episodios aislados, abusos inter-mitentes o acciones personales sino de un plan organizado de per-secuciones, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos que hicieron del aparato del Estado un instrumento sin restriccin nor-mativa. Suspendida la ley, el poder del Estado se transform -ms temprano que ta rde- en terrorismo estatal. Comenzaba de esta manera una nueva era que mudara, de una vez y para siempre, las

20 El desarrollo que sigue sobre los tres fenmenos mencionados (dictadura \ 7 6 / 1 9 8 ^, m e n e m L o y crisis de 2 0 0 1 ) no compone un anlisis histrico integra

especializado sino ms bien contiene observaciones subordinadas a p r o b l e m Le nos convoca. El lector entender, entonces, que para una comprensin mas E s t i v a lo estar esperando una variada y extensa bibliografa especializada.

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formas de pensar, sentir y ocupar lo estatal en la Argentina. Todava estamos, en diversos sentidos, bajo el influjo de este ciclo 2 1 .

A partir de 1983, el retorno democrtico impuso nuevos desafos y tareas. Entre otras empresas inevitables, la joven democracia ne-cesitaba procesar lo sucedido durante la traumtica dictadura. As las cosas, la nocin de derechos (sociales, polticos, humanos) fue la clave de esta operacin 2 2. Si nos detenemos en el discurso poltico que prosper entonces y todava circula entre nosotros, advertire-mos que ste se apoy en dos axiomas fundamentales: por un lado, cuando fue necesario ponerle nombre a lo sucedido, la dictadura 1976/1983 fue nominada, bsicamente, como violacin sistemtica de los derechos humanos; por otro, esa nominacin impona un programa: desandar el camino transitado a la fuerza. Como los derechos humanos haban sido celosamente violentados por el Estado, su recuperacin resultaba la vara con la cual deba ser me-dida toda accin poltica post-1983. De esta manera, la democracia argentina se nutri, entre otros recursos estticos, organizativos y conceptuales, de un discurso poltico centrado fundamentalmente en el imperio de los derechos. Una de las consecuencias de esta lectura, al menos en el campo poltico, fue el reconocimiento de un

21 . Para un estudio histrico-filosfico de un fenmeno como el terrorismo de Estado, vase Badiou, A., "Cuestiones de mtodo", en El siglo, Buenos Aires, Manantial, 2005, pp. 11-22, donde el filsofo discute con posiciones historiogrfi-cas que entienden al nazismo como no pensamiento o barbarie y terminan cons-truyendo un argumento solapado de absolucin.

22. En los primeros captulos de Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez, el historiador Ignacio Lewkowicz se detiene en los mecanismos sociales de procesamiento de la dictadura 1976/1983 a partir del retorno democrtico y ensaya una lectura novedosa sobre el fenmeno. Segn Lewkowicz, el procesamiento social de la dictadura en clave de derechos gener una lectura que se centr en la violacin sistemtica de los derechos humanos. La contracara de esto, agrega, pro-dujo un efecto inesperado: al privilegiarse una va de tramitacin, se descuidaron otras. Por ejemplo, la re-constitucin de las instancias polticas, culturales y socia-les de articulacin colectiva quebradas, reducidas y / o eliminadas por la dictadura. Visto en perspectiva, la tramitacin poltica tambin requera de la recomposicin colectiva de ese tejido desgarrado, incluso como condicin para la construccin de la nueva democracia. En sntesis, con la reparacin de los derechos no poda alcan-zar, aunque sta resultaba, obviamente, justa y necesaria.

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Huevo interlocutor: la vctima de la represin estatal. Tal es as que Ii l.i ltima dictadura pens a su enemigo como un subversivo del )rden que deba ser eliminado, la democracia interpel fundamen-

Mluiente al militante contra la dictadura como una vctima que re-quera justicia y memoria. En ltima instancia, la condena jurdica | el i ca del perodo exiga el testimonio de las vctimas como prueba uielutable del terrorismo del Estado. Como consecuencia de este devenir, la categora "vct ima" se convirti en una nocin cardinal para pensar la poltica pre- y post-1983.

Ahora bien, este discurso poltico - a l condensarse en los dere-* hos- no hizo similar hincapi en su nocin correlativa: el con-> epto de obligacin. En un comienzo, el desencuentro entre ambas n o c i o n e s no fue problemtico en tanto y en cuanto persisti el .tidor democrtico. La "primavera radical", entonces, pareca ca-paz de tolerar ese desacople y muchos otros. Pero no fue tan as. I n la medida en que la dbil democracia no pudo construir un discurso poltico capaz de pensar en otra clave los vnculos con el I stado o, en general, con la poltica, la construccin poltica per-di una gran batalla. Es cierto que no era una tarea sencilla. Adems, la dificultad extra de esta misin descansaba, por lo me-n o s , en un par de tareas de m u y diferente tenor: por un lado, el discurso poltico democrtico deba construir una lectura crtica de la dictadura. Como la cruda y siniestra experiencia 1976/1983 no se deduca del ciclo poltico argentino previo, resultaba necesa-i i o conceptualizar la novedad de lo sucedido para denunciar la iccin terrorista del Estado durante ese perodo. Por otro lado, ese discurso deba, justamente por su condicin y dimensin polticas, Mvonstruir la relacin con un Estado que era objeto de revisin, impugnacin y denuncia. Ms aun cuando las Fuerzas Armadas y l iertos sectores anti-democrticos de la sociedad civil seguan siendo un factor de poder central en la Argentina de la transicin. I '.ido que esta presin se hizo sentir sostenidamente durante los primeros aos de transicin, el discurso poltico se concentr slo en una parte de esta bifronte faena poltica. Bajo los efectos de ese rabioso y desgastante juego de fuerzas, la decisin tena razones y .ugumentos de sobra. As, el discurso poltico se concentr nica-

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mente en los derechos humanos y omiti indagar las consecuencias del terrorismo de Estado entre los agentes y los funcionarios esta-tales enfrentados, da a da, a la tarea de la ocupacin.

Como efecto no calculado de este movimiento, naci un dis-curso poltico ineficaz para pensar la ocupacin estatal en las nue-vas circunstancias. Circunstancias, por otra parte, doblemente nuevas: como antes destacamos, prdida de centralidad del Estado y post-terrorismo de Estado. En este flamante escenario, el pensa-miento estatal sobre la ocupacin se volvi un material escaso. Esto no significa que no circularan y todava circulen enunciados polti-cos sobre el Estado y lo estatal. Ms precisamente, significa que los discursos disponibles (el construido entre el primer gobierno de Yrigoyen y el golpe del 24 de marzo de 1976, el producido por la dictadura 1976/1983 y, finalmente, el posterior a 1983 anclado en los derechos) no eran aptos para dar cuenta de la ocupacin estatal en su especificidad. Tambin es cierto que las razones de esa ausen-cia de aptitud son heterogneas. Por un lado, hay causas histricas. El discurso poltico previo a 1976, en cualquiera de sus vertientes, supona la centralidad del Estado. En un concierto de naciones, inclusive socialistas, la fortaleza estatal era el abec de la vida pol-tica y un axioma para la ocupacin. Justamente por eso, las condi-ciones globales reclaman un balance de esa tradicin acumulada. Por otro lado, el discurso del llamado "Proceso de Reorganizacin Nacional" resultaba inviable, obviamente, tanto por motivos ti-cos como polticos. En verdad, no hay modo de pensar el post-terrorismo de Estado desde el terrorismo de Estado. Finalmente, el discurso poltico post-dictadura, al concentrarse en la lectura y el procesamiento de los aos previos, produjo fundamentalmente herramientas para revisar la dimensin traumtica de esa experien-cia. Como corolario de estas cuestiones, permaneci, y en gran medida permanece, impensada una dimensin constitutiva de la vida poltica: la ocupacin estatal.

Resulta conveniente destacar que la escasez de pensamiento so-bre los efectos del terrorismo del Estado en el Estado no es exclu-siva del discurso poltico. Tambin nos topamos con ella cuando revisamos el decir de diversos actores acadmicos sobre las formas

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de ocupacin de las universidades nacionales. En primer lugar y respecto de los contenidos de las producciones acadmicas sobre el perodo 1976/1983 de los institutos y universidades nacionales: si bien la mayora de ellas son extensas, variadas y rigurosas, estn concentradas fundamentalmente en el estudio de las consecuencias del terrorismo de Estado en algunos mbitos (organizaciones pol-ticas, movimientos sindicales, industria nacional, finanzas, mundo de la cultura, etc.). En relacin con la ocupacin estatal, poco y nada. Obviamente, este sintomtico olvido puede ser explicado si analizamos el perfil de la mayora de los actores acadmicos de nuestro pas. Al respecto, es un lugar comn de los agentes univer-sitarios, muy especialmente de docentes e investigadores -por no detenernos en los estudiantes-: la sensibilidad anti-estatal. Claro es t que esta disposicin tiene su genealoga y resulta impensable por fuera de la autonoma universitaria instalada por la renovadora Refo rma Universitaria de 1918. Por ejemplo, la defensa de la auto-noma universitaria y la libertad de ctedra dieron lugar, durante gran parte del siglo X X , a enfrentamientos con los gobiernos milita- e s . Adems de la Reforma, la Noche de los Bastones Largos es otro de los hitos en la historia de la resistencia universitaria contra el autoritarismo. Sin embargo, esta posicin -estratgica y reivindi-i able- no permite explicar la a-estatalidad actual, en la medida en que nuestro escenario no se parece al de 1918 ni al de 1966 2 3. Por el i ontrario, muchas veces la apelacin a la autonoma universitaria o la libertad de ctedra es el ltimo argumento de una subjetividad universitaria tensionada y enfrentada a su dimensin estatal, que

' ) . Un gran analizador de este cambio en la situacin de la universidad pblica Cl la aparicin, durante el 2 0 0 8 , de carteles en las aulas de la Facultad de Filoso-li.i y Letras de la Universidad de Buenos Aires con la siguiente leyenda: Cuide tus pertenencias, es un lugar pblico. Si atendemos a las condiciones de l 'existencia de ese cartel: quin podra suponer alguna continuidad entre la coyuntura 1 9 1 8 \ la 2 0 0 8 ? Acaso alguien podra vislumbrar que 1 9 6 6 se parece sospechosa-mente a 2 0 0 8 ? Qu escndalo se hubiese producido, tanto en 1 9 1 8 como en 1966, ante la aparicin de carteles con ese tipo de contenido? Alguien se hubiese Itrevido a colgarlo? Hubiese podido pasar desapercibido para la mayora de los docentes y estudiantes?

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re-aparece cuando el universitario se pregunta quin financia su actividad profesional y por qu lo hace 2 4.

Ahora bien, la actual disposicin a-estatal de los agentes univer-sitarios tiene, al menos, otra razn de ser. Como derivacin de una lectura sui generis de la autonoma universitaria y la libertad de ctedra, stos se pensaron - en oposicin a los gobiernos de facto-por fuera de las estructuras estatales. Si el Estado estaba en manos de un gobierno autoritario (como por ejemplo el de Ongana) , que reprima a cientficos, profesores y estudiantes, la posicin anti-estatal garantizaba una tensin distante que aseguraba la crtica del status quo. Pensada en perspectiva histrica, la operacin, sin lu-gar a duda, fue polticamente estratgica en una coyuntura como la de 1966.

Por otra parte, si nos detenemos en los alcances de este distancia-miento, sostenido inclusive tras el retorno democrtico de 1983, hoy resuena inquietante la omisin historiogrfica subrayada. Reconocidos en una "tradicin" anti-estatal, los agentes universita-rios se acostumbraron a nominarse y reconocerse por fuera de las instituciones del Estado y hasta en oposicin a ellas, sobre todo en determinadas facultades y carreras. Como resultado de este proceso de des-identificacin, la ocupacin estatal no fue ni es entendida como un terreno de pensamiento y construccin. Negada o al me-nos desconocida su naturaleza estatal, el pensamiento sobre los efectos del terrorismo de Estado en la ocupacin estatal se desdi-buj como responsabilidad especfica e intransferible de los agentes de las universidades pblicas y los institutos de investigacin esta-tales. La sintomtica omisin, en nuestras circunstancias, nos en-frenta a una serie de preguntas: por qu nos seguimos pensando a partir de una tradicin anti-estatal forjada en condiciones que no son las nuestras? Tras el retorno democrtico, tiene que ser nece-sariamente a-estatal la militancia en la universidad? Qu significa

24. Si algn lector se siente interpelado por esta pregunta, puede consultar un texto de Sebastin Abad sobre el problema de la ocupacin de la universidad en condi-ciones de fragmentacin como las nuestras: "Universidad, autonoma y pensa-miento estatal", escrito en ocasin de las I Jornadas de Filosofa Poltica - Estado y Universidad (Facultad de Filosofa y Letras, UBA, noviembre de 2008).

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hoy ocupar un territorio como las universidades nacionales? En qu medida est marcada tambin la ocupacin universitaria por la prdida de centralidad del Estado, el desprestigio de la poltica y el debilitamiento de los partidos?

2.2. La consagracin de los derechos (del consumidor)

El desenlace del gobierno de Ral Alfonsn gener nuevas condi-ciones para pensar la ocupacin estatal. Despus de la crisis econ-mica y poltica de 1989, la ruptura del idilio democrtico impuso un balance poltico de lo sucedido. Por otra parte, eran tiempos de globalizacin y neoliberalismo a nivel mundial. Bajo la gida de la nueva situacin internacional, el discurso poltico dominante, es-tructurado como crtica de la supuesta hipertrofia estatal, exiga barajar y dar de nuevo. En un mundo globalizado, las estrategias de ocupacin de 1946 pero tambin las de 1983 resultaban, para mu-chos actores de la poca, anacrnicas y obsoletas.

En este contexto, la ocupacin del Estado comienza a ser conce-bida en otra clave en la Argentina. Entonces, la crisis de 1989 y su comprensin eminentemente econmica fueron la puerta de en-trada de dos supuestos para pensar al Estado que, si bien tienen importantes precedentes en nuestro pas, se transformaron en sen-tido comn durante el primer gobierno de Carlos Menem. En pri-mer lugar, la lectura dominante en ese momento convirti al problema de la ocupacin en un asunto tcnico que requera para su resolucin de especialistas en economa y finanzas. En segundo lugar, esta perspectiva cuestion a la poltica como herramienta para la comprensin y la resolucin de las demandas sociales. De esta manera, la poltica dej de ser considerada el modelo de ocu-pacin del Estado.

En sintona con esteproceso seproduce laReforma Constitucional de 1994 que, a pesar de ser recordada fundamentalmente por sus motivaciones electorales, introdujo en el artculo 42 los derechos del consumidor, otorgando as rango constitucional a una figura extraa al texto jurdico nacional. De alguna manera, esta aparicin es una pequenez que no expresa una variacin cardinal y especta-

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cular. Sin embargo, importa porque implic dos cosas: por una parte, la consagracin constitucional del consumidor, es decir, de un tipo subjetivo eminentemente extra-poltico que eclipsara el monopolio del ciudadano como sujeto poltico; por la otra, este registro en clave de derechos traza cierta continuidad, aunque en una lnea inesperada y hasta para algunos antagnica, con la ideo-loga de los derechos -construida tras la traumtica dictadura 1976/1983-, en la medida en que se centra en la dimensin de los derechos y excluye sostenidamente la de los deberes. Asimismo, la Reforma de 1994 consagra al consumidor -sujeto de derechos pero no de deberes- como interlocutor del Estado y sus instituciones.

Por otro lado, la Reforma del Estado desarrollada durante los gobiernos de Carlos Menem, que incluy la privatizacin de im-portantes empresas pblicas, introdujo un discurso que ofreca una nueva visin sobre la ocupacin estatal. Para ese discurso, el final de la experiencia alfonsinista haba sido el fruto de un proceso transformador detenido a la mitad del ro. Superado el estallido econmico y poltico, la Reforma del Estado apareca como el "ver-dadero" instrumento de una modernizacin, todava inconclusa y sobre todo necesaria. Para la generacin neoliberal que encarara este programa, modernizar implicaba instalar la utopia tcnica de la empresa en el Estado. Bajo el norte de la nueva utopa, el manage-ment empresarial se cristaliz como paradigma de la ocupacin estatal y la eficiencia presupuestaria se perfil como criterio exclu-yeme de orientacin. Si bien es posible identificar algunos antece-dentes relevantes de esta fase, incluida muy especialmente la dictadura 1976/1983 tanto por su programa econmico destructivo de la industria y de la clase trabajadora, como por una de las con-signas que acu: achicar el Estado para agrandar la Nacin, la ex-periencia que emerge tras el primer gobierno de Menem consolidar la ruptura respecto de la historia argentina del siglo XX 2 5 .

25. Adems de la dictadura 1976/1983, es posible incluir otros antecedentes. Por ejemplo, algunas medidas tomadas durante el gobierno de Ral Alfonsn. Sin em-bargo, y teniendo en cuenta que la investigacin histrica en detalle no forma parte de estas pginas, confiamos en que el lector entender que seleccionamos los ante-

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Para ilustrar esta variacin, detengmonos en una recordada liase del entonces presidente Carlos Menem: ramal que para, ramal que cierra. Sin dejar de evaluar la coyuntura hiper-conflictiva en la que fue pronunciada, esta formulacin sintetiza las formas y los i ontenidos de un nuevo discurso poltico sobre la ocupacin del Estado. Para subrayar su novedad, hagamos un poco de historia. Si pensamos en el crecimiento del ferrocarril en la Argentina, repara-mos en que este proceso estuvo vinculado con la construccin del Estado y la Nacin. Durante gran parte de los siglos XIX y XX, sin olvidar los cambios que introdujo su nacionalizacin, los trenes I nern una pieza clave de la reproduccin social. Los pueblos a-u a n y crecan en torno de las estaciones del ferrocarril, las econo-mas regionales se tejan al ritmo de los trenes, la integracin territorial era posible a fuerza de la extensin de los rieles. Para retratar esta dinmica, alcanza con ver algn mapa poltico y ferro-viario del siglo XIX o del XX o haber visitado ciudades de nuestro pas. Justamente por ser un nutriente esencial de la vida econmica, social, cultural y poltica de la Argentina, su existencia no era puesta en cuestin a pesar de ser una actividad eminentemente "de-licitaria". Sin embargo, a partir de 1989, la cosa cambi y fue posi-ble la reduccin de ms de 27.000 km. de vas. No hay duda de que esta posibilidad es hija de un nuevo modelo de acumulacin, pero tambin de nuevas formas de comprender lo estatal. Al ser conce-bido el Estado como una empresa y el ferrocarril como un gasto, el .i horro presupuestario se convirti en la norma privilegiada de "construccin poltica" y "ocupacin" del Estado 2 6. Entonces, los ramales ineficientes se transformaron en un peso innecesario para la "empresa" estatal. Naci, de esta manera, un sentido comn que evalu al Estado y sus acciones con parmetros eminentemente

i edentes que consideramos ms relevantes respecto de lo que s pretendemos .ibordar.

26. Al hablar de construccin y de ocupacin nos referimos a los dos modos del pensamiento estatal. Mientras el pensamiento poltico estatal est ligado a la cons-truccin de lo comn, el pensamiento tico estatal se refiere a la posibilidad de habitar el Estado. Vase 6.

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empresariales. Como consecuencia de esto, el quehacer estatal co-menz a concentrarse en que "cerraran las cuentas".

Bajo los efectos de esta nueva comprensin de lo estatal, el dis-curso poltico se pobl de trminos empresariales y los problemas polticos comenzaron a ser pensados en clave de gasto poltico, aho-rro presupuestario y eficiencia17. Asimismo, ser necesario sealar que esta presencia extraa todava se deja sentir en el discurso po-ltico local. A pesar del cambio de escenario, algunos funcionarios y agentes del Estado, armados subjetivamente en el mbito empre-sarial, siguen pensando y se siguen pensando a partir de estas cons-telaciones conceptuales. Lo mismo sucede, muchas veces, con el ciudadano promedio todava marcado por la cosmovisin neolibe-ral. Obviamente, esta permanencia tiene sus razones, tanto locales como globales. Sin embargo, la persistencia de este discurso entre nosotros, cuestionado el neoliberahsmo en muy diversos foros, requiere una explicacin adicional.

A pesar de las crticas actuales a este discurso, sigue circulando porque no fue reemplazado. Es decir, se lo desarm e inspeccion - en ocasiones con rigor, la mayora de las veces de modo emotivo-, pero no se construyeron otros conceptos, categoras, ideas, etc. para pensar la ocupacin y la construccin en condiciones de prdida de centralidad estatal. Ante esta ausencia, resultado de un cuestiona-miento concentrado en el desmontaje del neoliberalismo, pero no en la produccin de un nuevo pensamiento, funcionarios y agentes es-tatales, pero tambin militantes y ciudadanos, se nutren de recursos conceptuales, organizativos y estticos disponibles, aunque esos re-cursos no sean estatales sino, por el contrario, a-estatales. Por con-siguiente, una enorme tarea de construccin est pendiente. Mientras no se la complete, el neoliberalismo permanecer entre nosotros.

27. Con esta descripcin no buscamos impugnar todo uso de herramientas prove-nientes del mundo empresarial en el espacio del Estado. Ms bien, lo que quere-mos destacar es que tal uso, s o s, tiene que estar subordinado a la lgica estatal. En sntesis, los objetivos del Estado no son obviamente los de la empresa y sin embargo esto no excluye que algunas herramientas nacidas en ese mbito puedan ser utilizadas acertadamente en la gestin pblica.

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2.3. La retirada de la autoridad estatal

Para cierta perspectiva histrica, una generacin poltica est for-mada por aquellos que se renen en torno de un problema com-partido. No se trata, entonces, ni de una cuestin etaria, ni de los hombres y las mujeres que construyen respuestas similares ante tina misma pregunta. En rigor, lo que constituye una generacin poltica es un problema comn. Si pensamos desde esta definicin, la crisis de 2001 produjo una nueva generacin porque las condi-ciones para la construccin se alteraron sustancialmente. Si el te-rreno de las generaciones polticas durante el siglo XX en la Argentina fue el Estado de Bienestar y luego el terrorismo de Estado, nuestra generacin se enfrenta con un problema imposi-ble de anticipar desde la experiencia histrica y poltica previa. En definitiva, podamos imaginar malestares y miedos polticos pero nunca el que finalmente estall.

Si el fantasma institucional que consolid la lt ima dictadura fue el autoritarismo, la crisis que nace en el 2001 nos enfrent con un espectro desconocido: la desarticulacin de la autoridad esta-tal, cuyo envs - l a desintegracin socia l - tambin result inten-samente perturbador aunque por otras razones. Desde entonces, la construccin polt ica se enfrent a nuevas situaciones y desa-I ios. Por supuesto que esto no significa que el autoritarismo haya tlesaparecido del horizonte polt ico en el ao 2002. Ms bien sig-nifica que la autoridad estatal opera hoy en condiciones radical-mente distintas de las que oper el terrorismo de Estado, aunque tambin tenga que seguir l idiando con los efectos de tan traum-tica experiencia.

Para destacar los problemas que introduce la crisis de 2001 res-pecto de la ocupacin estatal, detengmonos en dos fenmenos que la reforzaron. En primer lugar, la inobservancia del estado de sitio decretado el 19 de diciembre de 2001 por el presidente Fernando de la Ra. Adems de un acontecimiento sin precedentes en la historia argentina, la desobediencia en cuestin constituye una buena snte-sis de la nueva percepcin social acerca de las capacidades guberna-mentales y estatales. Si bien en aquellos das hubo una dursima

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represin y hasta muertos, se utilizaron metodologas represivas distintas de las practicadas durante la ltima dictadura. En otros trminos, el terrible poder represivo del Estado no apareci tal como lo conocamos y las reacciones frente a l tambin fueron distintas. Tal fue as que la tradicin poltica argentina, al menos respecto de la declaracin de estado de sitio y sus consecuencias, fue interrumpida. Luego de la proclamacin del estado de sitio, las calles y las plazas de las ciudades se poblaron en lugar de vaciarse. Entonces, la impotencia de la autoridad estatal se hizo evidente. De esta manera, la forma misma del Estado pareca alterarse una vez ms: antes un Estado terrorista, ahora un Estado impotente? Entre el viejo terrorismo y la nueva impotencia, la dificultad de construir un orden legtimo se haca visible.

En segundo lugar, adems del poder estatal, el prestigio de lo estatal -lesionado durante la ltima dictadura e inclusive en demo-cracia- segua licundose a toda velocidad. Que se vayan todos es posiblemente otro gran analizador de este nuevo estado de cosas. Sin pretensin de clausurar el sentido de tan enigmtica consigna, la impugnacin del Estado y sus agentes form parte de la subjeti-vidad cacerolera desatada tras la crisis de diciembre. Es cierto que esta impugnacin tiene su historia en nuestro pas. Durante la d-cada de 1960, sin ir muy lejos, comenz una gran rebelin de la sociedad argentina contra el Estado que consisti en la crtica de las instituciones disciplinarias, entre otras el Estado y sus aparatos ideolgicos y represivos. Pensemos, por ejemplo, en los movi-mientos polticos, sociales y culturales contestatarios que impug-naron las formas socialmente establecidas y construyeron otras (amor libre, no violencia, apertura de las instituciones de encierro, etc.). Eran los tiempos del Mayo francs y, para nosotros, del Cordobazo.

Ahora bien, esa subjetividad anti-estatal -que se refuerza du-rante la ltima dictadura como denuncia y militancia contra el terrorismo de Estado- se redefine sustancialmente al disiparse el primer fervor democrtico y con la prdida de centralidad del Estado como teln de fondo. Adems, esta re-direccin se enfa-tiza con la hiperinflacin de 1989, las acusaciones de corrupcin

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en ocasin de las privatizaciones de las empresas del Estado y la crisis de 2001. Pero en qu consisti esta redefinicin? Qu se alter de esta posicin cuando las condiciones generales de poca mutaron?

No hay duda de que los movimientos contestatarios de los aos 60, tanto en la Argentina como en otros pases, surgieron como crtica a los aparatos ideolgicos y represivos del Estado. En un mundo donde las instituciones disciplinarias organizaban la vida social, la subjetividad anti-estatal -que buscaba criticar, abrir, rela-jar y/o democratizar el juego institucional- tena un sentido pol-tico. Por otra parte, esta disposicin era la primera operacin de un proceso doble y complejo. Es decir: destruir para construir, abrir para volver a cerrar, objetar para armar "la paralela". Pero los aos 90, esto es obvio, no son los 60. Si aquellos movimientos surgieron cuando todava los Estados eran el centro de la vida social, los lti-mos aos nos encuentran en escenarios definidos por otras relacio-nes de fuerza. De esta manera, el sentido de la posicin anti-estatal resulta decisivamente erosionado cuando sta, ciega y sorda a las nuevas condiciones, permanece empecinada en enfrentar a un monstruo que ya no existe tal como lo imagin y combati2 8.

28. El problema de la ocupacin del Estado en nuestras condiciones forma parte de un balance mayor: el del agotamiento de las estrategias modernas de subjetiva-cin poltica. En este marco, la pregunta por la prdida de potencia de la posicin anti-estatal en condiciones de prdida de centralidad del Estado tiene sentido y nos impulsa a considerar la historicidad de las herramientas anti-disciplinarias, que fueron poderosas, pero que hoy no parecen serlo. Al menos tal como fueron diseadas. Tanto es as que muchas estrategias de destruccin activas en el con-texto de instituciones de encierro se tornan intensamente a-polticas -y hasta de-mode- en un marco dominado por la fragmentacin social, el consumo y la dis-persin mercantil.

Respecto del agotamiento de las estrategias de subjetivacin anti-estatales, un camino para su anlisis es examinar la relacin, si es posible denominarla as, entre una generacin de padres, tutores y docentes armados en movimientos polticos anti-disciplinarios (propios de tiempos de centralidad estatal) y la generacin de sus hijos y alumnos que se han constituido en un mundo donde cayeron las transgresio-nes -casi tanto como "los valores"-, puesto que la prohibicin simblica y el deseo de violentarla ya no constituyen el ncleo de la experiencia de la sexualidad, de las drogas o del rock and roll y menos aun de la poltica, como bien nos ilustran los personajes de Capusotto. En sntesis, cmo son los hijos, los alumnos y los jvenes

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Con todo, el discurso anti-estatal (pero "objetivamente" y por sus efectos a-estatal) sigue siendo una presencia sintomtica entre nosotros. Si su pervivencia en el mbito de la sociedad civil es com-prensible, resulta inadmisible en relacin con el Estado. En efecto, es posible ocupar el Estado con un discurso que se piensa a s mismo de modo anti-estatal? Los discursos a-estatales, pueden ser un recurso para la ocupacin de las instituciones estatales? La res-puesta es, obviamente, no. Pero esta pregunta es relevante sobre todo porque nos permite redefinir la interrogacin inicial: qu su-cede cuando se ocupa un espacio con un discurso inadecuado? Respecto del Estado y sus instituciones, no se origina gran parte del malestar actual en el hecho de que la ocupacin se vale de recursos simblicos impertinentes?

Retomemos lo recorrido. Mientras la merma de centralidad estatal es un rasgo general de poca que atraviesa al conjunto de los Estados, el declive del prestigio de lo estatal tiene sus marcas espe-cficas en la Argentina. Pero lo que importa introducir ahora sobre esta materia es su dimensin problemtica para los agentes y fun-cionarios del Estado. Desprestigiado y sospechado, el aparato del Estado se convierte en un espacio inhabitable. Pero no se trata so-lamente de la declinacin de sus capacidades objetivas. El problema que nos interesa reside, sobre todo, en el otro carril de esta declina-cin: la escasez de pensamiento estatal. Qu significa esto? En principio, que no abundan los recursos para pensar la ocupacin estatal hoy. Esto no indica que falten teoras polticas sobre las ins-tituciones estatales que desenmascaran lo que stas son en contra-posicin con lo que deberan ser; tampoco que no contemos con doctrinas partidarias que ofrezcan una visin del mundo a sus mi-cuyos padres, maestros y adultos formaron parte de la generacin transgresora y anti-estatal? A riesgo de simplificar la problemtica, formulamos una hiptesis con forma de interrogacin: qu significa que la respuesta sea: son emos o/loggers} Gran pregunta para la generacin formada polticamente en los aos 60 y 70.

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litantes. En verdad, esta carencia describe otro tipo de faltante. Qu es lo que no hay, entonces? Recursos conceptuales, organiza-tivos y estticos capaces de producir un tipo subjetivo estatal con-temporneo. En definitiva, un pensamiento estatal que nos permita ocupar lo que, a la luz de nuestras circunstancias y con los discur-sos vigentes, parece inhabitable.

3. Ocupacin estatal y subjetividades a-estatales 2 9

Al comenzar el primer captulo, planteamos el problema que reco-rre el libro: en qu consiste ocupar el Estado cuando ste perdi centralidad, la poltica est desprestigiada y las identidades partida-rias debilitadas. Es decir, cuando los recursos y capacidades poltico-estatales se redujeron si los comparamos con otras situaciones histricas. Al finalizar el captulo anterior, introdujimos la otra cara del mismo problema: como consecuencia de ese proceso de descen-tralizacin, hoy escasea el pensamiento estatal sobre la ocupacin y sobre la construccin. En rigor, faltan recursos estticos, organizati-vos y conceptuales capaces de producir subjetividad estatal. Claro est que esta ausencia no dibuja un destino inevitable, sino una tarea necesaria e impostergable para los agentes y los funcionarios estata-les. Si el pensamiento estatal se debilita sostenidamente, la ocupa-cin demanda su multiplicacin. Como se trata de una empresa compleja, no pretendemos ensayar una respuesta en regla para ta-maa cuestin. Por el momento, apenas buscamos describir el fen-meno que venimos llamando escasez de pensamiento estatal.

Segn un difundido principio de la fsica moderna, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Tratndose de poltica, sucede lo mismo respecto de los territorios. Si bien es cierto que

29. Gran parte de las ideas expuestas en este captulo surgieron en ocasin de un proyecto de capacitacin poltica destinado a funcionarios de la Direccin General de Formacin Docente y Gestin Curricular del Ministerio de Educacin de la Nacin, llevado a cabo durante 2006 bajo la gestin de Laura Pitman. La coordi-nacin acadmica de este proyecto estuvo a cargo de Sebastin Abad, Mariana Cantarelli y Gabriel Paz.

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siempre existen disputas, polmicas y enfrentamientos, tambin es innegable que hay conquistadores y conquistados. La escasez actual de pensamiento estatal (en este caso, en la Argentina) nos recuerda que esta ausencia supone nuevas presencias. En otros trminos, en lo que concierne al pensamiento de la ocupacin, el tringulo for-mado por la prdida de centralidad del Estado, el desprestigio de la poltica y el debilitamiento de las identidades partidarias da lugar a que los funcionarios y los agentes estatales se piensen y representen bajo formas subjetivas eminentemente no estatales.

Para ilustrar la complejidad de la cuestin, detengmonos en una ancdota que tiene valor de concepto. Durante una jornada de ca-pacitacin poltica de funcionarios municipales en la provincia de Buenos Aires, se requiri a stos que refirieran cules eran sus re-presentaciones acerca de sus propias posiciones en el Estado30. Se esperaban identificaciones de naturaleza estatal o poltica tales como: funcionario, empleado del Estado, peronista, radical, agente de la Administracin Pblica; sin embargo, aparecieron nominacio-nes de otra estirpe: contribuyente, vecino, consumidor^1. Las repre-sentaciones puestas en juego describan una intensa transformacin. Es lo mismo ocupar un espacio en clave de agente estatal o de consumidor} Seguramente no.

Mientras que la primera nominacin institucional remite a la instancia de la que ese sujeto es y forma parte, la segunda es una definicin a-institucional que se reconoce e inscribe en configura-ciones que no son las propias. En efecto, cul es la dimensin institucional del consumidor? Ninguna. En sntesis,