GUARDIA CIVIL - CUESTIONARIO TEST

PRIMER EJERCICIO

CUESTIONARIO TEST

CUERPO DE

LA GUARDIA

CIVIL

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CUERPO DE LA

GUARDIA CIVIL

PRIMER EJERCICIO

CUESTIONARIO

TEST

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PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TEST

1. En caso de persecución, establece el art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos (DUDH) que:

a) Toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

b) Este derecho podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por

delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

c) A y b son correctas.

d) A y b son incorrectas.

2. Con respecto a la educación, establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos

(DUDH) que, toda persona tiene derecho a la educación. La educación:

a) Debe ser gratuita en todos los niveles.

b) La instrucción elemental será obligatoria.

c) La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios

superiores será igual para todos sin restricciones.

d) Todas las respuestas son correctas.

3. De conformidad con el art. 19 de la Carta de las Naciones Unidas (CNU), el Miembro de las

Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la

Organización:

a) Tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total

de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos.

b) No tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al

total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos.

c) Tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total

de las cuotas adeudadas por los cinco años anteriores completos.

d) No tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al

total de las cuotas adeudadas por los cinco años anteriores completos.

4. Según el art. 5 de la Convención contra la Tortura, todo Estado Parte dispondrá lo que sea

necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4 en los

siguientes casos:

a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una

aeronave o un buque matriculados en ese Estado.

b) Cuando el presunto delincuente no sea nacional de ese Estado.

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste no lo considere apropiado.

d) Todas las respuestas son incorrectas.

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5. De acuerdo con el art. 11 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Corte tendrá

competencia:

a) Únicamente respecto de crímenes cometidos antes de la entrada en vigor del presente

Estatuto.

b) Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte

podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos antes

de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado.

c) Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte

podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos

después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos

que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.

d) A y b son correctas.

6. El artículo 35, de la de la LO 3/2007, recogen que las Administraciones públicas, en los planes

estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias podrán

valorar, entre otras medidas:

a) Nivel adquisitivo.

b) Discriminación por razón de sexo.

c) Medidas de conciliación.


7. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito

laboral y, con esta finalidad, recoge el artículo 45.2 de la de la LO 3/2007, que dichas

obligaciones deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, en

aquella cuyo número de trabajadores supere los:

a) 100 empleados.

b) 150 empleados.

c) 200 empleados.

d) 50 empleados.

8. El artículo 19 de LO 3/2007, establece que:

a) Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia

económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de

Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.

b) Las medidas y disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia

económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación de la Cámara

establecida deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.

c) Los proyectos y las medidas de carácter general y los planes de especial relevancia

económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de

Ministros deberán incorporar un estudio previo sobre su impacto por razón de género.

d) Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia

económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación de la Cámara

delegada de Ministros deberán incorporar un estudio previo sobre su impacto por razón

de género.

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9. Basándonos en el artículo 58 de la de la LO 3/2007, Cuando las condiciones del puesto de

trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo

pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse

licencia por riesgo durante el embarazo, en cuyo caso se garantizará:

a) El 75% del salario base a excepción del cómputo de pagas y trienios.

b) La plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la

licencia.

c) El 60% del salario base, incluyendo el cómputo de pagas extras y trienios, si le corresponde

por antigüedad.

d) La plenitud de los derechos económicos de la funcionaria siempre que no exceda de los

seis meses de licencia.

10. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, el artículo 30.2 de la de la LO

3/2007:

a) Incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel profesional y de formación de las mujeres, y

especialmente las que favorezcan su incorporación a la mecanización de lo rural.

b) Incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel de oportunidades de las mujeres, y

especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo, al menos en

los estamentos básicos de empresas y asociaciones.

c) Incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, y

especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos

de dirección de empresas y asociaciones.

d) Ninguna respuesta es correcta.

11. De acuerdo con el art. 4.2 del RD 67/2010, será el órgano específico de participación y

negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales,

según se establece en el artículo 37 del citado Estatuto Básico:

a) La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General

de Negociación de la Administración General del Estado.

b) La Comisión Preventiva Técnica de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de

Negociación de la Administración General del Estado.

c) La Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de

Negociación de la Administración General del Estado.

d) La Delegación Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa

General de Negociación de la Administración General del Estado.

12. Según el art. 14.1 de la LPRL, los trabajadores tienen derecho:

a) A una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

b) A una protección general en materia de seguridad y salud en el trabajo.

c) A una protección eficaz en materia de educación y precaución en el trabajo.


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13. Según el art. 7.1 de la LPRL, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las

Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de

promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento

por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de

riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha normativa, en los siguientes

términos:

a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos en

materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información,

divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de

las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la consecución de los

objetivos previstos en esta Ley.

b) Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales

mediante las actuaciones de asesoramiento y restricciones. A estos efectos, prestarán los

medios económicos suficientes necesarios para el mejor cumplimiento de dicha

normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en

el control.

c) Sancionando el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los

sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, con arreglo a lo

previsto en el capítulo V de la misma.


14. Según el art. 12 de la LPRL, la participación de empresarios y trabajadores, a través de las

organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación,

programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las

condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el

trabajo:

a) Es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las

Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales.

b) Es principio de obligado cumplimiento a desarrollar por las Administraciones públicas

competentes en los distintos niveles territoriales.

c) Es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las

empresas interesadas.


15. La Dirección General de la Función Pública realizará funciones de:

a) Coordinación.

b) Sustitución.

c) Obligatoriedad de la prevención de riesgos laborales en la Administración General del

Estado.


16. Según el art. 91 de la Constitución Española, el Rey sancionará:

a) En el plazo de veinte días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y

ordenará su inmediata publicación.

b) En el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará

y ordenará su inmediata publicación.

c) En el plazo de treinta días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará

y ordenará su inmediata publicación.

d) En el plazo de diez días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y

ordenará su inmediata publicación.

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17. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones

legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. Deberán ser

inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados:

a) Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los diez días siguientes a su

promulgación.

b) Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los quince días siguientes a su

promulgación.

c) Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los veinte días siguientes a su

promulgación.

d) Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su

promulgación.

18. De acuerdo con el art. 162 de la Constitución Española (CE), están legitimados para interponer

el recurso de inconstitucionalidad:

a) 40 Diputados.

b) 40 Senadores.

c) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.


19. El derecho de petición recogido en el artículo 29 de la Constitución Española podrá ser

ejercitado:

a) De forma individualizada exclusivamente.

b) Por escrito o verbalmente.

c) Por españoles y extranjeros.

d) Individual y colectivamente.

20. Regula el art. 42 CE que, el Estado velará especialmente:

a) Por la salvaguardia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores españoles en

el extranjero y orientará su política hacia su retorno

b) Por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles

en el extranjero y orientará su política hacia su retorno

c) Por la salvaguardia de los derechos económicos y laborales de los trabajadores españoles

en el extranjero y orientará su política hacia su no retorno


21. De acuerdo con el art. 13.1 del TUE, la Unión dispone de un marco institucional que tiene como

finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus

ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y

continuidad de sus políticas y acciones. Las instituciones de la Unión son:

a) El Parlamento Europeo

b) La Comisión Parlamentaria

c) El Tribunal Económico de la Unión Europea


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22. Según el art. 36 del TUE, el Parlamento Europeo podrá dirigir preguntas o formular

recomendaciones al Consejo y al Alto Representante:

a) Dos veces al año procederá a un debate sobre los progresos realizados en el desarrollo de

la política exterior y de seguridad común, incluida la política común de seguridad y

defensa.

b) Tres veces al año procederá a un debate sobre los progresos realizados en el desarrollo de


defensa.

c) Una vez al año procederá a un debate sobre los progresos realizados en el desarrollo de la

política exterior y de seguridad común, incluida la política común de seguridad y defensa.

d) Una vez al mes procederá a un debate sobre los progresos realizados en el desarrollo de


defensa.

23. Las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya

sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la

Unión quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del presente

capítulo, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros. Por sociedades se

entiende:

a) Las sociedades de Derecho penal y civil, incluso las sociedades cooperativas, y las demás

personas jurídicas de Derecho público o privado, con excepción de las que no persigan un

fin lucrativo.

b) Las sociedades de Derecho civil o laboral, incluso las sociedades cooperativas, y las demás

personas jurídicas de Derecho público o privado, con excepción de las que no persigan un

fin lucrativo.

c) Las sociedades de Derecho civil o mercantil, incluso las sociedades cooperativas, y las

demás personas jurídicas de Derecho público o privado, con excepción de las que no

persigan un fin lucrativo.


24. Establece el art. 81 del TFUE que, la Unión desarrollará una cooperación judicial:

a) En asuntos mercantiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de

reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales.

b) En asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de

reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales.

c) En asuntos penales con repercusión transfronteriza, basada en el principio de

obligatoriedad.


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25. En caso de que, en violación de los Tratados, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el

Consejo, la Comisión o el Banco Central Europeo se abstuvieren de pronunciarse, los Estados

miembros y las demás instituciones de la Unión podrán recurrir al Tribunal de Justicia de la

Unión Europea con objeto de que declare dicha violación. Este recurso solamente será

admisible si la institución, órgano u organismo de que se trate hubieren sido requeridos

previamente para que actúen:

a) Si transcurrido un plazo de dos meses, a partir de dicho requerimiento, la institución,

órgano u organismo no hubiere definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto

dentro de un nuevo plazo de dos meses.

b) Si transcurrido un plazo de tres meses, a partir de dicho requerimiento, la institución,


dentro de un nuevo plazo de dos meses.

c) Si transcurrido un plazo de cuatro meses, a partir de dicho requerimiento, la institución,


dentro de un nuevo plazo de cuatro meses.

d) Si transcurrido un plazo de un mes, a partir de dicho requerimiento, la institución, órgano

u organismo no hubiere definido su posición, el recurso podrá ser interpuesto dentro de

un nuevo plazo de un mes.

26. El Consejo Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y

medioambientales, mediante la revisión de las políticas que se adaptan, su coordinación y la

creación de recomendaciones. La Asamblea General elige a los 54 Miembros del Consejo para

períodos:

a) Superpuestos de dos años

b) Superpuestos de cuatro años

c) Superpuestos de cinco años

d) Superpuestos de tres años

27. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión:

a) Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente.

b) La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo

de cinco diputados por Estado miembro.

c) No se asignará a ningún Estado miembro más de ochenta y seis escaños.


28. El mandato de la Comisión Europea será:

a) De cinco años

b) De tres años

c) De siete años

d) De un año

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29. El Derecho Comunitario se compone de:

a) Los Tratados constitutivos y de los Tratados de consuetudinarios (Derecho originario) y de

las normas contenidas en los actos aprobados por las instituciones comunitarias en

aplicación de dichos Tratados (Derecho derivado).

b) Los Tratados constitutivos y de los Tratados de adhesión (Derecho originario) y de las

normas contenidas en los actos aprobados por las instituciones comunitarias en

aplicación de dichos Tratados (Derecho derivado).

c) Los Tratados primarios y de los Tratados secundarios (Derecho originario) y de las normas

contenidas en los actos aprobados por las instituciones comunitarias en aplicación de

dichos Tratados (Derecho derivado).


30. La estructura básica de la OTAN la forman:

a) Comité Deontológico

b) Secretariado Básico Funcional

c) Secretariado Internacional Militar

d) Mando de Supervisiones General

31. La vecindad civil se adquiere:

a) Por residencia continuada durante tres años, siempre que el interesado manifieste ser esa

su voluntad.

b) Por residencia continuada de cinco años, sin declaración en contrario durante este plazo.

c) Por residencia continuada durante cuatro años, siempre que el interesado manifieste ser

esa su voluntad.

d) Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este plazo.

32. El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor

de edad o por menor emancipado sólo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de

los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido.

Esta acción:

a) Caducará a los dos años contado desde el día de la negativa a la celebración del

matrimonio.

b) Caducará a los dieciocho contado desde el día de la negativa a la celebración del

matrimonio.

c) Caducará al año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio.

d) No tiene fecha de caducidad.

33. Según el art. 105 CC, no incumple el deber de convivencia el cónyuge que sale del domicilio

conyugal por una causa razonable:

a) Y en el plazo de veinte días presenta la demanda o solicitud a que refieren los artículos

anteriores.

b) Y en el plazo de treinta días presenta la demanda o solicitud a que refieren los artículos

anteriores.

c) Y en el plazo de quince días presenta la demanda o solicitud a que refieren los artículos

anteriores.

d) Y en el plazo de diez días presenta la demanda o solicitud a que refieren los artículos

anteriores.

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34. Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre

en beneficio de los hijos, al cuidado de qué progenitor quedarán los hijos menores de edad.

El Juez oirá, antes de tomar esta medida:

a) A los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de

quince años.

b) A los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de doce

años.

c) A los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de trece

años.

d) A los hijos que tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los que fueran mayores de

catorce años.

35. De acuerdo con el art. 262 CC, el tutor está obligado a hacer inventario de los bienes del

tutelado:

a) Dentro del plazo de setenta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de

su cargo.

b) Dentro del plazo de treinta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de su

cargo.

c) Dentro del plazo de cuarenta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de

su cargo.

d) Dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquél en que hubiese tomado posesión de

su cargo.

36. De acuerdo con el art. 31 quáter CP, sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de

la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la

comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, después de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella,

a confesar la infracción a las autoridades.

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier

momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las

responsabilidades penales dimanantes de los hechos.

c) Haber establecido, en el momento del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para

prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo

la cobertura de la persona jurídica.


37. Están exentos de responsabilidad criminal:

a) El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o

alteración psíquica, pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa

comprensión.

b) El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena

por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias

psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que haya sido buscado

con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión.

c) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia,

tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.


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38. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal:

a) Excluye la responsabilidad criminal.

b) Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en dos o tres grados.

c) Si el error fuera vencible, se aplicará la pena superior en uno o dos grados.

d) No excluye la responsabilidad criminal

39. Hay tentativa, según el art. 16 CP:

a) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores,

practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado,

y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.

b) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito indirectamente por hechos

exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el

resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del

autor.

c) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos internos,

practicando todos los actos que subjetivamente deberían producir el resultado, y sin

embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.


40. De conformidad con el art. 412 CP, el funcionario público que, requerido por autoridad

competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio

público:

a) Incurrirá en las penas de multa de cuatro a trece meses, y suspensión de empleo o cargo

público por tiempo de siete meses a tres años.

b) Incurrirá en las penas de multa de doce a veinte meses, y suspensión de empleo o cargo

público por tiempo de seis meses a dos años.

c) Incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo

público por tiempo de dos a tres años.

d) Incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo

público por tiempo de seis meses a dos años.

41. Conforme el art. 451 de la LECrim, de caro de los testigos y procesados, cuando los testigos

o los procesados entre sí o aquéllos con éstos discordaren acerca de algún hecho o de alguna

circunstancia que interese en el sumario, podrá el Juez celebrar careo entre los que

estuvieren discordes:

a) Sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre dos personas a

la vez.

b) Sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre tres personas a

la vez.

c) Sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre cuatro personas

a la vez.

d) Sin que esta diligencia deba tener lugar, por regla general, más que entre cinco personas

a la vez.

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42. Según el art. 261 de la LECrim, tampoco están obligados a renunciar:

a) El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva

con él en análoga relación de afectividad.

b) Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el

primer grado inclusive.

c) Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el

tercer grado inclusive.

d) Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el

cuarto grado inclusive.

43. De acuerdo con el art. 380 de la LECrim, dentro de la identidad del delincuente y de sus

circunstancias personales, el Juez recibirá información acerca del criterio del mismo, y

especialmente de su aptitud para apreciar la criminalidad del hecho que hubiese dado

motivo a la causa:

a) Si el procesado fuere mayor de nueve años y menor de quince.

b) Si el procesado fuere mayor de doce años y menor de quince.

c) Si el procesado fuere mayor de nueve años y menor de dieciséis.

d) Si el procesado fuere mayor de siete años y menor de quince.

44. Establece el art. 302 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de

Enjuiciamiento criminal (LECrim), dentro del sumario y de las autoridades competentes para

instruirlo que, si el delito fuere público, podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del

Ministerio Fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante

auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior

a un mes cuando resulte necesario para:

a) Evitar un riesgo gravísimo para la vida, libertad o integridad física de otra persona.

b) Prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la

investigación o del proceso.

c) El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos quince días de

antelación a la conclusión del sumario.


45. De conformidad con el art. 75 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

(LOPJ), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá:

a) En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias que afecten

a intereses de los ciudadanos en ámbito superior al de un Juzgado de lo mercantil y no

superior al de la Comunidad Autónoma.

b) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de

lo Social de la comunidad autónoma, así como de los recursos de apelación y los demás

que prevé la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo civil de la comunidad

autónoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen

sobre la misma materia.

c) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo Social de la

Comunidad Autónoma.


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46. De acuerdo con el art. 3 LPAC, a los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar

ante las Administraciones Públicas:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas

mercantiles.

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses

cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona

que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores

incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los

derechos o intereses de que se trate.

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y

entidades con personalidad jurídica y los patrimonios dependientes o autónomos.


47. El plazo previsto en el art. 106 LPAC para la resolución del procedimiento de revisión de los

actos nulos de pleno Derecho es de:

a) Tres meses desde su inicio

b) Seis meses desde su inicio

c) Un año desde su inicio

d) No existe un plazo previsto de resolución del procedimiento

48. Según el art. 114 LPAC, ponen fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de apelación

b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de inferior jerárquico, salvo

que una Ley establezca lo contrario.

c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores

del procedimiento.


49. De conformidad con el art. 10.2 LPAC, en el caso de que los interesados optaran por

relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se

considerarán válidos a efectos de firma:

a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos

cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de autoridades de prestadores de servicios de certificación’’.

b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en

certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido

en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de calidad’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido en los

términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo

como usuario que permita garantizar su identidad, previa autorización por parte de la

Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función

Pública, que solo podrá ser denegada por motivos de seguridad pública, previo informe

vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.


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50. Según el art. 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen

los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la

responsabilidad inherente a dicha dirección. A tal fin, les corresponden las siguientes

funciones:

a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias que no sean propias de su

Departamento.

b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los

recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones

presupuestarias correspondientes.

c) Determinar y, en su caso, proponer la organización externa de su Ministerio, de acuerdo

con las competencias que le atribuye esta Ley.


51. Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de

Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos:

a) Aquellas podrán remitir la reclamación al Delegado de Protección de Datos a fin de que

este responda en el plazo de un mes.

b) Aquellas podrán remitir la reclamación al Delegado de Protección de Datos a fin de que

este responda en el plazo de quince días.

c) Aquellas podrán remitir la reclamación al Delegado de Protección de Datos a fin de que

este responda en el plazo de diez días.

d) Aquellas podrán remitir la reclamación al Delegado de Protección de Datos a fin de que

este responda en el plazo de cinco días.

52. Respecto al tratamiento de datos de personas fallecidas ,y de acuerdo con el art. 3 de la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales (LOPDPGDD):

a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus

herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de

solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o

supresión.

b) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus

herederos no podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de

solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o

supresión

c) Las personas no vinculadas al fallecido, así como sus herederos podrán dirigirse al

responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos

personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión

d) Todas las respuestas son incorrectas

53. Conforme el art. 48.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD),la Presidencia y el Adjunto de

la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por:

a) Los miembros de la Agencia Española de Protección de Datos.

b) Los delegados de protección.

c) El Consejo de Ministros.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

16

54. Según el art. 13.1 del 10 R (UE) 2016/679, cuando se obtengan de un interesado datos

personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se

obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

a) Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del

tratamiento

b) Cuando el tratamiento se base en el artículo 61, apartado 1, letra f), los intereses legítimos

del responsable o de un tercero

c) En su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u

organización internacional y la existencia de una decisión de adecuación de la Comisión,

o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 6 o 7 o el artículo 9, apartado 1,

párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para

obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.


55. Las autoridades autonómicas de protección de datos personales podrán ejercer, las

funciones y potestades establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679,

de acuerdo con la normativa autonómica, cuando se refieran a:

a) Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público

de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en su

ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión

directa o indirecta.

b) Tratamientos llevados a cabo exclusivamente por personas físicas para el ejercicio de las

funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente

Administración Autonómica o Local.

c) Tratamientos que no se encuentren previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de

Autonomía.


56. Según el art. 4.2 LO 4/2000, todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una

autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la

tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente:

a) En el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización,

respectivamente.

b) En el plazo de dos meses desde su entrada en España o desde que se conceda la

autorización, respectivamente.

c) En el plazo de quince días desde su entrada en España o desde que se conceda la


d) En el plazo de tres meses desde su entrada en España o desde que se conceda la


57. Los extranjeros podrán acceder al empleo público en los términos previstos en:

a) El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de

Enjuiciamiento Criminal.

b) La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.


17

58. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes

familiares:

a) El cónyuge del residente, siempre que se encuentre separado de hecho o de derecho, y

que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores

de quince años o personas con discapacidad que no sean objetivamente capaces de

proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.

c) Los menores de dieciocho años y los mayores de esa edad que no sean objetivamente

capaces de proveer a sus propias necesidades, debido a su estado de salud, cuando el

residente extranjero sea su representante legal y el acto jurídico del que surgen las

facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.

d) Los descendientes en segundo grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su

cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la

necesidad de autorizar su residencia en España.

59. De conformidad con el art. 23.2 de la LO 4/2000, constituyen actos de discriminación:

a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un servicio

público, que, en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto

discriminatorio prohibido por la ley contra un extranjero sólo por su condición de tal o por

pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

b) Todos los que impongan condiciones menos gravosas que a los españoles, o que

impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo

por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o

nacionalidad.

c) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad

económica emprendida ilegítimamente por un extranjero residente legalmente en

España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión,

etnia o nacionalidad.

d) Constituye discriminación directa todo tratamiento derivado de la adopción de criterios

que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una

determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

60. No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo vaya

dirigido a:

a) Los trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos

productivos.

b) Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la

condición de apátridas el mes siguiente a la terminación de dicho estatuto.

c) Los extranjeros nacidos y no residentes en España.

d) Los extranjeros que no hayan renunciado a su autorización de residencia y trabajo en

virtud de un programa de retorno voluntario.

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61. Según el art. 4.1 LO 4/2015, el ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta

Ley a las administraciones públicas y, específicamente, a las autoridades y demás órganos

competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad se regirá por los principios de:

a) Buena fe.

b) Intervención,

c) Oportunidad.

d) Sujeción.

62. Según el art. 15.3 LO 4/2015, para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o

entidades públicas:

a) Será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.

b) No será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo,

salvo excepciones.

c) No será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.


63. Establece el art. 35 LO 4/2015 que, son infracciones muy graves:

a) Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o

instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus

inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo,

cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la

integridad física de las personas.

b) La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de

reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado

y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran

reunidas, cuando no constituya infracción penal.

c) Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía

pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos,

cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.


64. Establece el art. 43.1 LO 4/2015 que, a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia en

la comisión de infracciones tipificadas en esta Ley, se crea en el Ministerio del Interior:

a) Un Registro Internacional de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

b) Un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana.

c) Un Registro Central de Infracciones sin la Seguridad Ciudadana.


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65. De acuerdo con el art. 52.1 de la Ley 5/2014, a los exclusivos efectos de esta ley, se podrán

adoptar los siguientes tipos de medidas de seguridad, destinadas a la protección de

personas y bienes:

a) De seguridad física, orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza, peligro,

presencia o intento de asalto o intrusión que pudiera producirse, mediante la activación

de cualquier tipo de dispositivos electrónicos.

b) De seguridad electrónica, cuya funcionalidad consiste en impedir o dificultar el acceso a

determinados lugares o bienes mediante la interposición de cualquier tipo de barreras

físicas.

c) De seguridad informática, cuyo objeto es la protección y salvaguarda de la integridad,

confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación, y de la

información en ellos contenida.


66. Dentro de los órganos que estructuran el Ministerio del Interior, existe la Secretaría de

Estado de Seguridad, órgano superior del que dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Secretaría General Técnica.

b) La Dirección General de Política Interior.

c) La Dirección General de Tráfico.

d) La Dirección General de la Guardia Civil.

67. Establece el art. 4.1 del RD 734/2020 que, la Dirección General de la Guardia Civil, cuyo titular

tiene rango de subsecretario, es el órgano del Ministerio encargado:

a) De la ordenación, dirección, coordinación y ejecución de las misiones que a la Guardia Civil

encomienden las disposiciones vigentes, de acuerdo con las directrices y órdenes

emanadas de las personas titulares de los Ministerios de Justicia y de Defensa, en el

ámbito de sus respectivas competencias.

b) De la ordenación, dirección, coordinación y ejecución de las misiones que a la Guardia Civil


emanadas de las personas titulares de los Ministerios del Interior y de Defensa, en el

ámbito de sus respectivas competencias.

c) De la ordenación, dirección, coordinación y ejecución de las misiones que a la Guardia Civil


emanadas de las personas titulares de los Ministerios del Interior y de Presidencia,

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en el ámbito de sus respectivas

competencias.


68. De la Subsecretaría del interior dependen los siguientes órganos directivos, tal y como

establece el art. 8.5 del RD 734/2020:

a) La Secretaría Especial Técnica.

b) La Dirección General de Política Exterior.

c) La Dirección General de Control a Víctimas del Terrorismo.

d) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

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69. Corresponde a la Dirección General de Infraestructuras, en el ámbito de sus competencias,

las siguientes funciones:

a) Realizar el control de los programas y proyectos nacionales en materia de infraestructura,

en coordinación con la Dirección General de Política de Defensa, la Dirección General de

Asuntos Económicos y el Estado Mayor Conjunto en lo que afecta a la participación

nacional en los Programas de Inversiones en Seguridad de la OTAN (NSIP).

b) Proponer, definir y desarrollar la política medioambiental del Departamento y dirigir y

supervisar su ejecución.

c) Ejercer la dirección funcional del sistema de información y coordinación de la

infraestructura en el Ministerio del Interior (SINFRADEF).


70. De acuerdo con el art. 13.3 del RD 372/2020, el cargo de Interventor General de la Defensa es

desempeñado:

a) Por un general de división interventor, en situación de servicio activo, que no tiene

precedencia sobre los demás cargos del Cuerpo Militar de Intervención.

b) Por un coronel de división interventor, en situación de servicio activo, que tiene


c) Por un general de división interventor, en situación de servicio activo, que tiene



71. Según el art. 3 de la LO 2/1986, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán

su actuación al principio:

a) De ayuda básica y su coordinación se efectuará a través de los órganos que a tal efecto

establece esta Ley.

b) De cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos que a tal

efecto establece esta Ley.

c) De cooperación unilateral.


72. De conformidad con el art. 12.1 del LO 2/1986, serán ejercidas por la Guardia Civil:

a) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de

su personal, medios y actuaciones.

b) Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, conforme a lo establecido en los

Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior dirección del Ministro

del Interior.

c) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego.

d) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos.

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73. Establece el art. 38.1 de la LO 2/1986, las Comunidades Autónomas, a que se refiere el número

1 del artículo anterior, podrán ejercer, a través de sus Cuerpos de Policía, las siguientes

funciones con carácter propias:

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los

órganos de la Comunidad Autónoma.

b) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de

esta Ley.

c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes

concentraciones humanas.

d) La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean requeridos

para ello.

74. De acuerdo con el art. 3.1 de la Ley 29/2014, son guardias civiles:

a) Los españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil por una relación de servicios

profesionales de carácter transitorio como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado y que, por la naturaleza militar del Instituto en el que se integran,

son militares de carrera de la Guardia Civil.

b) Los españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil por una relación de servicios

profesionales de carácter permanente como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de



c) Los europeos vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil por una relación de servicios

profesionales de carácter permanente como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de




75. La Dirección General de la Guardia Civil se estructura a nivel central en los siguientes órganos

directivos con rango de Subdirección General:

a) Dirección Adjunta Operativa.

b) Subdirección Provincial de Personal.

c) Subdirección General de Estadísticas.


76. Establece el art. 14.2 de la Ley 17/2015 que, los Planes de Protección Civil son:

a) El Plan Estatal Principal.

b) Los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local.

c) Los Planes Secundarios.

d) Los Planes de Autofinanciación.

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77. Declarada la emergencia de interés nacional, establece el art. 30.2 de la Ley 17/2015 que, el

Ministro del Interior podrá, en función de la gravedad de la situación:

a) Requerir la colaboración de las diferentes Administraciones Públicas que cuenten con

recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio.

b) Requerir la colaboración de las diferentes Administraciones Públicas que cuenten con

recursos movilizables, siempre que la emergencia afecte a su territorio.

c) Requerir la colaboración de las diferentes Administraciones Públicas que cuenten o no

con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio.


78. De conformidad con el art. 48 de la Ley 17/2015, serán competentes para la resolución de los

procedimientos sancionadores:

a) El titular de la Delegación del Gobierno cuando se trate de infracciones graves.

b) El titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias cuando se trate de

infracciones leves.

c) El titular del Ministerio del Interior cuando se trate de infracciones muy graves.


79. Según el art. 8 de la Ley 42/2007, se crea el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la

Biodiversidad, como órgano de participación pública en el ámbito de la conservación y el uso

sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, que informará, entre otros, las normas

y planes de ámbito estatal relativas al patrimonio natural y la biodiversidad, y en el que se

integrarán:

a) Con voz pero sin voto, las Comunidades autónomas y una representación de las entidades

locales, a través de la asociación de ámbito estatal más representativa.

b) Sin voz pero con voto, las Comunidades autónomas y una representación de las entidades


c) Con voz y voto, las Comunidades autónomas y una representación de las entidades



80. Establece el art. 43.1 de la Ley 9/2014 que, cualquier tipo de información que se transmita por

redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante:

a) Procedimientos de cifrado.

b) Procedimientos de códigos binarios.

c) Procedimientos de procedimiento numérico.


81. Según el art. 5.1 de la Ley 59/2003, la prestación de servicios de certificación:

a) Está sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia.

b) No podrán establecerse restricciones para los servicios de certificación que procedan de

otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

c) Está sujeta a autorización previa y no se realizará en régimen de libre competencia.

d) Podrán establecerse restricciones para los servicios de certificación que procedan de otro

Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

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82. De acuerdo con el art. 25.3 de la Ley 59/2003, los dispositivos de verificación de firma

electrónica garantizarán, siempre que sea técnicamente posible, que el proceso de

verificación de una firma electrónica satisfaga, al menos, los siguientes requisitos:

a) Que los datos utilizados para verificar la firma no correspondan a los datos mostrados a la

persona que verifica la firma.

b) Que la firma se verifique de forma fiable y el resultado de esa verificación se presente

correctamente.

c) Que la persona que verifica la firma electrónica pueda siempre establecer de forma

fidedigna el contenido de los datos firmados y detectar si han sido modificados.


83. De conformidad con el Anexo del RD 4/2010, la interoperabilidad semántica es:

a) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información intercambiada

pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no

intervinieron en su creación.

b) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de

los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el

objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.

c) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y

servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces,

la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la

accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga.

d) Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la interacción entre elementos que

corresponden a diversas oleadas tecnológicas; se manifiesta especialmente en la

conservación de la información en soporte electrónico.

84. La planimetría:

a) La rama de la Topografía que se ocupa de la representación de una superficie terrestre

sobre un plano permitiendo representar, a escala, aquellos detalles interesantes de un

terreno sobre una superficie plana.

b) Prescindir del relieve y la altitud para lograr una representación en dirección vertical.

c) Se proyecta sobre el plano vertical los elementos de la poligonal como puntos, líneas

rectas, diagonales, curvas, superficies, contornos, cuerpos, etc., contando la diferencia de

elevación.


85. El acimut Magnético:

a) Es el medido a partir de un meridiano geográfico.

b) Es el definido por el norte magnético, se miden con la brújula.

c) Llamado azimut de cuadricula, se establece asignándole la dirección norte-sur a una línea.


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86. Un ángulo se forma por la unión de dos rectas, llamado vértice del ángulo:

a) Dos rectas perpendiculares forman cuatros ángulos rectos, donde si estamos utilizando

el sistema sexagesimal, cada uno de ellos es de 85º

b) Dos rectas perpendiculares forman cuatros ángulos rectos, donde si estamos utilizando


c) Dos rectas perpendiculares forman cuatros ángulos rectos, donde si estamos utilizando


d) Dos rectas perpendiculares forman cuatros ángulos rectos, donde si estamos utilizando


87. El suelo escarpado:

a) Se aplica al terreno que es difícil de atravesar por estar lleno de rocas, cortes y pendientes

muy pronunciadas. Abrupto, escabroso. Ofrecen pendientes superiores al 15%.

b) Se aplica al terreno que es difícil de atravesar por estar lleno de rocas, cortes y pendientes


c) Se aplica al terreno que es difícil de atravesar por estar lleno de rocas, cortes y pendientes


d) Se aplica al terreno que es difícil de atravesar por estar lleno de rocas, cortes y pendientes


88. La distancia geométrica o natural:

a) Es la distancia en línea recta que separa dos puntos del terreno.

b) Es distancia aproximada del terreno que separa dos puntos.

c) Es la distancia en curva que separa todos los puntos


89. Un meridiano:

a) Es el semicírculo máximo que une los polos.

b) Dos meridianos constituyen un círculo mínimo que divide en dos la esfera terrestre.

c) Es el círculo máximo que une los polos.

d) Tres meridianos constituyen un círculo máximo que divide en dos la esfera terrestre.

90. Las metrópolis regionales de segundo orden:

a) Tienen más de un millón de habitantes.

b) Tienen doscientos mil y trescientos mil habitantes.

c) Tienen trescientos mil y un millón de habitantes.

d) Tienen diez mil y cincuenta mil habitantes.

91. Las principales características de la etapa neolítica son:

a) Una revolución religiosa

b) Una revolución técnica

c) Una revolución económica

d) Una revolución sexual

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92. Dentro de las características de la II Revolución Industrial, tenemos la población, que

experimenta:

a) Un crecimiento de un 30% entre 1880 (1.171 mill.) y 1900 (1.608 mill.), pero de modo desigual:

crece más rápidamente en las zonas más industrializadas (Europa en general y Alemania

y Gran Bretaña en particular).

b) Un crecimiento de un 40% entre 1850 (1.171 mill.) y 1900 (1.608 mill.), pero de modo desigual:



c) Un crecimiento de un 50% entre 1850 (1.171 mill.) y 1935 (1.608 mill.), pero de modo desigual:



d) Un crecimiento de un 15% entre 1750 (1.171 mill.) y 1800 (1.608 mill.), pero de modo desigual:



93. En la Edad Media, la sociedad estaba integrada por:

a) La comunidad cristiana, minoritaria y, según el momento y el lugar, gozaba de protección

oficial o eran perseguidos y apartados de la sociedad.

b) La comunidad judía, mayoritaria en los reinos peninsulares (excepto en el reino de

Granada, donde eran conocidos como mozárabes), y, por tanto, en la península.

c) La comunidad musulmana, mayoritaria en el reino de Granada, aunque también se

encontraban en el resto de la península, donde eran conocidos como mudéjares.


94. Alfonso X fue el impulsor de:

a) La Escuela de Tauromaquia de Toledo.

b) La Escuela de Juristas de Toledo.

c) La Escuela de Traductores de Toledo.


95. Entre las obras que se pueden mencionar de Fernando De Herrera nos encontramos con:

a) El Robo de Josefina.

b) Amado.

c) Poema Conciso.

d) Arte Poética

96. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en el seno de familia hidalga. Sus principales

comedias se pueden clasificar en:

a) Comedias filosóficas: El gran teatro del mundo

b) Comedia de Honor y de celos: La vida es sueño

c) Comedias de historia y leyenda española: El Alcalde de Zalamea


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97. La letra k siempre representa:

a) El fonema fricativo interdental de kilómetro.

b) El sonido oclusivo velar sordo de kilómetro.

c) El fonema oclusivo velar sordo de kilómetro.


98. Se escriben con j:

a) Las palabras derivadas de voces que tienen j ante las vocales a, o, u.

b) Las que terminan en el elemento compositivo -aljia

c) Las palabras en que el fonema bilabial sonoro precede a cualquier consonante,

pertenezca o no a la misma sílaba.


99. ¿Cuándo se escribe sino/si no?

a) Sino: introduce una condición negativa

b) Si no: es una conjunción adversativa que se usa para introducir una idea positiva en

contraposición directa con otra negativa

c) Sino: introduce una condición positiva

d) Sino es una conjunción adversativa que se usa para introducir una idea positiva en

contraposición directa con otra negativa

100. En la adaptación de la pronunciación o de la grafía originarias, la mayor parte de las

veces se proponen adaptaciones cuyo objetivo prioritario es preservar el alto grado de

cohesión entre forma gráfica y pronunciación característico de la lengua española. La

adaptación de estas voces se ha hecho por dos vías:

a) Mantenimiento de la grafía original, pero con pronunciación a la española y acentuación

gráfica según las reglas del español.

b) Mantenimiento de la pronunciación original, pero adaptando la forma libre al sistema

gráfico del español.

c) Mantenimiento de la grafía original, pero adaptando la forma extranjera al sistema gráfico

del español.

d) Mantenimiento de la pronunciación original, pero con pronunciación a la española y

acentuación gráfica según las reglas del español.

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PLANTILLA DE RESPUESTAS

Pregunta Respuesta Artículo Pregunta Respuesta Artículo 1 A ART. 14 DUDH 51 A ART. 37.2 LOPDPGDD

2 B ART. 26 DUDH 52 A ART. 3LOPDPGDD

3 B ART. 19 CNU 53 C ART. 48.2LOPDPGDD

4 A ART. 5 CT 54 A ART. 13.1 R (UE) 2016/679

5 B ART. 11 ERCPI 55 A ART. 57.1 LOPDPGDD

6 C ART. 35 LEY 3/2007 56 A ART. 4.2 LO 4/2000

7 D ART. 45.2 LEY 3/2007 57 B ART. 10.2 LO 4/2000

8 A ART. 19 LEY 3/2007 58 C ART. 17.1 LO 4/2000

9 B ART. 58 LEY 3/2007 59 A ART. 23 LO 4/2000

10 C ART. 30.2LEY 3/2007 60 A ART. 40.1 LO 4/2000

11 A ART. 42 RD 67/2010 61 C ART. 4.1 LO 4/2015

12 A ART. 14.1 LPRL 62 C ART. 15.3 LO 4/2015

13 A ART. 71 LPRL 63 A ART. 35 LO 4/2015

14 A ART. 12 LPRL 64 B ART. 43.1 LO 4/2015

15 A ART. 11 RD 67/2000 65 C ART. 52.1 LO 4/2015

16 A ART. 91 CE 66 D ART. 1.5 RD 734/2020

17 B ART. 86.2 CE 67 B ART. 4.1 RD 734/2020

18 C ART. 162.1 CE 68 D ART. 8.5 RD 734/2020

19 D ART. 29 CE 69 B ART. 7.2 RD 734/2020

20 B ART. 42 CE 70 C ART. 13.3 RD 734/2020

21 A ART. 13.1 TUE 71 B ART. 3 LO 2/1986

22 A ART. 36 TUE 72 D ART. 12.1 LO 2/1986

23 C ART. 54 TUE 73 A ART. 38.1 LO 2/1986

24 B ART. 81 TUE 74 B ART. 3.1 LEY 29/2014

25 A ART. 265 TUE 75 A ART. 1.1 ORDEN/PRE/422/2013

26 D APART. 1.3. T6 76 B ART. 14.2 LEY 17/2015

27 A APART. 3.2. T6 77 A ART. 30.1 LEY 17/2015

28 A APART. 3.2. T6 APART. 1.3. T6

78 C ART. 48 LEY 17/2015

29 B APART. 3.3. T6 79 A ART. 8 LEY 17/2015

30 C APART.4.2. T6 80 A ART. 43.1 LEY 9/2014

31 D ART. 14.5 CC 81 B ART. 5.1 LEY 59/2003

32 C ART. 43 CC 82 B ART. 25.3 LEY 59/2003

33 B ART. 105 CC 83 A ANEXO RD 4/2010

34 B ART. 159 CC 84 A APART. 3.1 T 18

35 D ART. 262 CC 85 B APART. 1 T 18

36 B ART. 31 QUÁTER CP 86 C APART. 2.3 T.18

37 C ART. 20CP 87 D APART. 3.2.T 18

38 A ART. 14 CP 88 A APART. 3.5.T 18

39 A ART. 16 CP 89 A APART.1.2. B1.T 19

40 D ART. 412 CP 90 B APART.1.6.3. B.2.T 19

41 A ART. 451 LECRIM 91 B APART.1.2.2. B 3.T 19

42 A ART. 261 LECRIM 92 B APART.2 B 6.T 19

43 A ART. 380 LECRIM 93 C APART. 1.1 T. 20

44 A ART. 30.2 LECRIM 94 C APART. 1.1.5 T. 20

45 C ART. 75 LOPJ 95 D APART. 2.1.1. T. 20

46 B ART. 3 LPAC 96 C APART. 2.2.4 T. 20

47 B ART. 106 LPAC 97 D APART. 2.T. 24

48 C ART. 114 LPAC 98 A APART. 2.T. 24

49 C ART. 10.2 LPAC 99 C APART. 2.T. 24

50 B ART. 61 LPAC 100 A APART. 6.1.T. 24

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GUARDIA CIVIL - CUESTIONARIO TEST