Nº 5 Año 2 | Octubre 2004 | Publicado por FORUM SOLIDARIDAD PERÚ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: ¿CÓMO HACERLO PARTICIPATIVO?

Tareas pendientes ¿QUÉ hacer cuando la ley no funciona? ¿A quién acudir cuando hay una evidente trasgresión, y es necesario sancionar a quien o quienes la cometieron? ¿Cómo incidir en el Gobierno Central cuando los proyectos de desarrollo reflexionados por comunidades y gestiones locales, simplemente se acumulan sin solución en las grandes oficinas estatales? La actitud de los poderes del Estado parece estar orientada a no poner mano firme en el cumplimiento de la Ley, y específicamente en los temas de Participación Ciudadana. A pesar del afán de la ciudadanía por incorporarse en la gestión local, no hay asidero legal que asegure esa integración, o por último, que sus decisiones sean respetadas a todo nivel. Nuestros esfuerzos deben orientarse, por un lado, a seguir animando a la ciudadanía a que no ceje en su afán de involucrarse en los asuntos públicos, participar en la elaboración de los Planes de Desarrollo Concertado, ser parte de los equipos de Presupuesto Participativo, vigilar la gestión y el cumplimiento de los acuerdos. Por el otro, se debe incidir en entes de gobierno local, regional y nacional para que dejen de ver a la Participación Ciudadana como una amenaza, y la incorporen como una forma de optimizar la gestión. Este es nuestro derecho, pero también es nuestro deber. Entonces, la población debe organizarse para elaborar planes de desarrollo adecuados a sus realidades, incorporando sus necesidades, pero también la proyección de sus localidades de acuerdo a una visión futura, y la información más amplia para tomar las decisiones correctas. En base a ello, elaborar los presupuestos locales con la participación de todas las personas e instituciones, y finalmente, verificar que se cumpla lo acordado. He aquí el trabajo pendiente de

toda la ciudadanía.

Facilitando procesos de aprendizaje en Vigilancia Ciudadana Luz Roca Gonzáles Capacitación | Área de Ciudadanía y Gobernabilidad El Área de Ciudadanía y Gobernabilidad de Forum Solidaridad Perú viene implementando el proyecto Fortaleciendo las capacidades para la Participación y Vigilancia de la Gestión Local.

Como parte de las actividades, un grupo de facilitadores comenzó un programa de capacitación en Vigilancia Ciudadana. Ellos serán los responsables de implementar el programa de formación para Organizaciones Sociales de Base, que se iniciará la quincena de octubre. En Forum Solidaridad Perú creemos que la facilitación es una herramienta fundamental que favorece el desarrollo de procesos de aprendizaje en Vigilancia Ciudadana, así como: El desarrollo de capacidades de los miembros de las organizaciones sociales y demás actores locales para el ejercicio de sus derechos y responsabilidades ciudadanas. El fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales para establecer una relación corresponsable y de vigilancia con el Estado en orden a la construcción del desarrollo local. El acompañamiento a las organizaciones sociales en la ejecución de acciones de vigilancia ciudadana respecto a la gestión pública local: planes de desarrollo, presupuestos participativos, programas sociales, servicios públicos, etc. Los facilitadores son mujeres y varones jóvenes que están comprometidas y comprometidos con los valores de la participación ciudadana y la democracia. Por su trayectoria profesional son personas identificadas con la realidad de las organizaciones sociales y de la población. Además, cuentan con capacidades para la orientación, conducción y comunicación en la formación de adultos y en el manejo de enfoques y metodologías participativas; tienen disposición para el trabajo en equipo, ya que en su formación y en su trabajo se privilegia la producción grupal. Las personas seleccionadas han recibido una formación en los temas que aborda el proyecto, como son: vigilancia ciudadana, presupuesto participativo, gestión de programas sociales, planificación de la vigilancia a los presupuestos participativos y a los programas sociales transferidos, incidencia, adecuación y validación de materiales, etc. Al finalizar su formación, se certificará a los facilitadores por participar en el proceso de capacitación y asistencia técnica. El programa de formación de facilitadores en VC, se ha organizado en 05 módulos: Vigilancia Ciudadana, Vigilando los Presupuestos Participativos, Vigilando los Programas Sociales transferidos, Planificando la Vigilancia Ciudadana, Incidencia política en la Vigilancia Ciudadana. A su vez cada módulo se organiza en unidades de aprendizaje. Cada unidad de aprendizaje está organizada en tres momentos: la actividad introductoria (reflexión inicial, experiencias previas), el análisis o comprensión del tema (marco teórico referencial, exposición y preguntas) y la evaluación (reforzamiento de conceptos trabajados). A la fecha se han desarrollado seis talleres, que han reunido a 14 facilitadores. Los talleres fueron diseñados metodológicamente para que ellos puedan identificar los momentos y replicarlos posteriormente en su trabajo.

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Toda información pública es de dominio público

El tema del acceso a la información sigue siendo el punto flaco de las instituciones públicas. Si bien es cierto, la ley dice que éstas tienen la obligación de no negar datos bajo un protocolo determinado, tampoco parecen tener la actitud de facilitarla tantas veces sea necesario, a quienquiera que lo solicite. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806 del 2 de agosto de 2002) dice claramente que toda información de propiedad del Estado ―se presume pública‖, es decir, se supone positivamente que es del dominio de la ciudadanía. La norma se basa en el principio de publicidad, que exige que el Estado preste todas las garantías, infraestructura y hasta el personal necesario para cumplir con esta disposición. La ley también exige que toda entidad pública elabore y publique los llamados ―portales de transparencia‖, es decir, sitios web especializados en información referida a la organización institucional, las adquisiciones de bienes y servicios que realicen, y cualquier dato de relevancia que crean que deben publicar. En la práctica, ciudadanos y ciudadanas, sea en solitario o agrupados en comités de vigilancia, dicen tener muchos problemas al solicitar información a las municipalidades, principalmente. Pero, ¿las instituciones públicas son capaces de violar la ley?

Bullas formales; Silencios reales En principio, no hay restricciones al acceso a la información –excepto en ciertas dependencias que velan por la seguridad nacional y cuyos datos, de por sí, deben guardarse en reserva, excepto cuando se trate de violaciones a los derechos humanos— pues hasta un menor de edad puede solicitarla, y no se necesita decir para qué o por qué se la desea. En apariencia, muchas instituciones públicas han abierto las puertas a varios y varias solicitantes, e incluso han facilitado formas creativas para interactuar con funcionarios y funcionarias, desde formatos dinámicos colgados en los sitios web hasta chats. Sólo como probando al sistema, envié una solicitud por correo electrónico utilizando el portal del Ministerio de Economía y Finanzas pidiendo unos presupuestos, hice algo similar con el de Defensoría del Pueblo enviando mis inquietudes para escribir este artículo, y finalmente entré al chat de la municipalidad de Villa El Salvador con la esperanza de que alguien me facilitara unos cuantos datos sin la necesidad de aumentar nuestra cuenta telefónica. Excepto Defensoría que, incluso, me facilitó una entrevista telefónica, las oficinas no me proporcionaron información a tiempo, o simplemente no me la proporcionaron, a pesar de solicitudes por correo electrónico y el teléfono; y en el chat, fui la única entidad electrónica durante los cuarenta y cinco minutos que decidí quedarme a ver si hablaba con alguien.

“Todo está dispuesto en la ley” ―Normativamente todo está dispuesto en la ley. El tema es que se cumpla y la misma autoridad está obligada a hacerlo‖, nos comenta el doctor Samuel Abad Yupanqui, adjunto al Defensor del Pueblo en Asuntos Constitucionales. Defensoría del Pueblo ha desarrollado talleres sobre el tema. ―Lo que debe hacerse es supervisar‖, indica Abad. Según el artículo 377º del Código Penal, cuando se nos niega información, se incurre en abuso de autoridad lo que es penado con ―pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa‖, a menos que, como ocurrió en Junín en 1997, se descubra que el inculpado no tenía competencia para dar la información. De cualquier modo, señala el doctor Abad, las dependencias públicas no tienen por qué exponerse a tanto, y en todo caso buscar formas en que la información esté al alcance del público.

Portazos al portal La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública también exige que las municipalidades u oficinas públicas que tengan las posibilidades, publiquen portales en Internet donde se puedan conocer datos exactos sobre sus cuentas y operaciones. Muchas municipalidades han cumplido con la ley y hasta allí todo parece estar en orden. ―Internet es una gran ayuda, pero no obstante el acceso comunitario a bajo precio que existe en el país (las cabinas publicas), no se puede hablar de mayoria‖, sostiene la periodista y profesora de periodismo Silvia Guerrero. Para la profesional, el hecho de que sólo una minoría –que ella estima en 15 por cada cien— consulta la red, ―quiere decir que buena parte de la poblacion no se informa por este medio‖. Samuel Abad dice que el otro tema no es buscar justificaciones para no ofrecer la información; por ejemplo, se podrían pegar afiches en los lugares más concurridos por la población.

Silvia Guerrero sugiere enviar cartas al vecindario, o utilizar medios masivos como la radio. ―Eso nos lleva a pensar no sólo en los medios y en la forma o el formato que se emplee sino en maneras un poquito más creativas de decir las cosas, sobre todo en lenguaje sencillo, que llegue a todos‖, dice.

Virtudes por cultivar Al otro lado, también hace falta desarrollar capacidades en la ciudadanía para que sepa qué información pedir y a quién pedírsela. Muchas solicitudes no están bien fundamentadas, carecen de base legal o no tienen una redacción que especifique claramente qué se pide, y ese es también un campo por trabajar. Habría que partir del punto de comprender que quien pide no es un impío fiscalizador, ni el que recibe un eterno maquillador de verdades. Existen experiencias, principalmente al interior del país, donde la co-gestión entre autoridades y comunidad (sea asociada, o en forma individual) ha sido exitosa, como en Santo Domingo y en Montero, ambas en la región Piura. Ninguna de las dos tiene Internet, pero sus alcaldes están liderando procesos de desarrollo movidos por sus propias comunidades, donde la comunicación (entendida, como la información clara y contrastada, emitida desde ambos lados) es un punto crucial para el éxito. De cualquier modo, la transparencia no sólo es una virtud que se debe cosechar en los gobiernos; debería ser una actitud de toda la ciudadanía. Por alguna parte debemos empezar. (Nelson Peñaherrera Castillo)

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Presupuesto Participativo

Falta mucho para honrar su nombre Nelson Peñaherrera Castillo Centro de Información / Área Ciudadanía y Gobernabilidad El Presupuesto Participativo, como casi todas las herramientas de participación ciudadana, ha permitido que las personas dejen de ser simples usuarios de la gestión pública para integrarse en el proceso de construcción de la misma. Esa es sólo una parte de la fotografía, porque a pesar de los avances y las buenas intenciones, todavía hay lugares donde el resultado ha sido la crispación de las partes y la perenne pugna entre el silencio y el afán de fiscalización.

Presupuesto... ¡¿qué?! Cuando a la población se le habla de presupuesto, la primera pregunta que viene a su mente es ―¿y cuánta plata hay?‖. He aquí el inicio del calvario, pues a pesar de la exigencia legal de dar información, ésta escasea o simplemente no existe cuando se pregunta por los montos existentes para sentarse a hacer cálculos. Si bien esta información puede deducirse, lápiz y calculadora en mano, luego de pasearse por el portal de Transparencia Económica del MEF, no es de amplio alcance (porque no toda la población tiene acceso o maneja adecuadamente la Internet), y constituye lo mismo que haber obtenido nada a la hora de querer confrontar las cifras oficiales con las cifras que maneja la municipalidad o el gobierno regional.

El otro tema es ―¿de que se trata este proceso?‖. Esto no es necesariamente una falla, si es que lo vemos desde el punto de vista de las campañas de difusión que principalmente las ONG y algunos medios de comunicación alternativos han emprendido, para que la gente esté medianamente informada. Las municipalidades que decidieron emprender las campañas de difusión sobre el Presupuesto Participativo casi siempre han tenido el respaldo de una ONG. Lo ideal sería que la iniciativa surja de ellas mismas; no necesariamente de entes externos, que más que todo son entidades de apoyo o consultoría. Sin embargo, estas iniciativas no alcanzan a toda la población ya sea por falta de recursos o por simple dejadez, lo que nos crea un nuevo problema: que la gente ignore la existencia del proceso. Aunque esto no representa la mayor proporción de casos –las pancartas y el boca-a-boca no han perdido su efectividad— igual constituye un elemento a analizar para mejorarlo en posteriores oportunidades.

Para todos debe haber ¿Muchos son los llamados, pocos los decididos? La regla parece ser: convocatoria continua, participación asegurada. A juzgar por los niveles de asistencia a los talleres de preparación del Presupuesto Participativo, la clave parece estar en cuán intensivo fue el periodo de convocatoria, pero también qué se dice en la convocatoria, sobre lo que hay que tener mucho cuidado. Obviamente, no se debe pensar que porque el salón está lleno, están todos los que están. En varios casos, algunos de los asistentes han denunciado que los participantes en su gran mayoría eran partidarios de la administración local o regional de turno; en otros, estos gobernantes actuaron a la mala, tratando de ‗cortar el problema de raíz‘, anulando el campo de acción de los Consejos de Coordinación Local. Ciertas municipalidades de componente rural mayoritario han sido el ejemplo pues han conseguido que casi todas las personas participen –ONG y ley de por medio— y se pueda priorizar el gasto, acuerdo que muchos alcaldes han aceptado a regañadientes. Sin embargo, aún hay experiencias interesantes de trabajo conjunto (tipo Santo Domingo, Piura), donde población y gobiernos han quedado contentos y están trabajando mancomunadamente... pero son muy pocos aún. De todos modos, la lectura acá es que nadie quiere quedarse fuera, y esa es la idea: que más personas se incorporen en el proceso, a sabiendas de lo que van a hacer y conscientes de la responsabilidad que su participación supone para la vida de sus localidades.

¿Hacemos la canchita? La elaboración de los Planes de Desarrollo Local Concertado (mejor conocidos como PDLC) ya supone un esfuerzo de reunir a la gente más que a conversar, a buscar las raíces comunes de la situación actual de las comunidades, y a partir de ellas, encontrar el destino más adecuado al sentir general. El auxilio de algunos especialistas ha permitido crear, en la mayor parte, densos documentos donde la visión y misión comunales de alguna manera condensan largas investigaciones sobre la realidad local. El problema surge cuando a la hora de priorizar los gastos en el Presupuesto Participativo, la visión y misión se esfuman y se repite la historia de invertir en obras de cemento, lo que no guarda coherencia alguna con la visión de desarrollo que tanto se había pensado.

Alrededor de esto también surge la cuestión de cuál es el enfoque de desarrollo que las comunidades conciben para sí mismas. Esto ya depende del grado de profundización que se quiera imprimir al proceso, y que a juzgar por la celeridad con que en algunos casos se ha realizado, nos da un producto –o sea, el presupuesto— que no necesariamente es producto de la reflexión sino del simple ánimo de ‗cumplir con los plazos‘. Desde luego, una cancha de ‗fulbito‘ podría mantener distraída por un par de horas a la juventud (o servir para la actividad bailable del fin de semana), pero no mejorará la salud del vecindario como una posta médica. Cuestión de visiones.

Mejorar la información El insumo que hay que cuidar y facilitar en el proceso del Presupuesto Participativo es la información. No quedarse encerrados en la falta de ella, sino buscar aliados que nos permitan acceder. La creación de redes de información permitiría suplir esas carencias e ir con los datos suficientes para participar en forma adecuada. Una facilitadora del proceso nos comentaba que otro aspecto a cambiar es la idea de que el Presupuesto Participativo sigue siendo distributivo. Debe hacerse hincapié en que se trata de priorizar necesidades de acuerdo a la problemática local, no tener contento a todo el mundo por no ganarse enemigos. Esto depende de saber crear espacios de diálogo. Las oficinas públicas deberían cultivar el don de la apertura cuando se les solicite información oficial. Ahorrarían esfuerzo, tiempo y cuestionamientos. La cultura del secreto siempre ha tenido consecuencias funestas sobre quienes la promovieron. Finalmente, la población no necesariamente es la culpable de la mala marcha de las gestiones locales o regionales, pero tampoco debiera ser excluida de la búsqueda de soluciones. La transparencia es una opción que no se debe dejar de lado.

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Herramientas clave en la elaboración de Presupuestos Participativos (I) Mirian García Zorrilla Fortalecimiento Interinstitucional | Área de Ciudadanía y Gobernabilidad La experiencia del Presupuesto Participativo en nuestro país, ha puesto en evidencia la fragilidad institucional, la alta desconfianza de la población, y una enraizada cultura política de confrontación, que han originado situaciones de tensión y conflicto. Si bien el Presupuesto Participativo es una herramienta que contribuye a la legitimación de una determinada gestión por el componente de la participación; no esta exenta de situaciones de riesgo, por el desborde de demandas o expectativas no satisfechas. Por ello se hace necesario el uso de una serie de herramientas que permitan tener una mejor lectura de la dinámica social y política de la localidad, como un paso previo a la implementación de un proceso participativo. Las herramientas a los que hacemos referencia son elementos que facilitan obtener información adecuada para tomar decisiones, además que ampíia la posibilidad de manejar la incertidumbre, en alguna medida. Algunas de los que vamos a abordar son el Socio-grama o Mapa de Relaciones y La Matriz de Gobernabilidad.

El Socio-grama o mapa de relaciones Es una herramienta que permite identificar a los principales actores del espacio local y sus relaciones entre sí, además de conocer su posición frente al Presupuesto Participativo. Estos actores sociales no se mueven solos en el espacio local sino que se articulan con otros actores

conformando redes. Estas redes bien pueden potenciar u obstruir el proceso, por lo que es importante identificarlos y conocer el discurso que manejan. Un primer paso en la aplicación de esta herramienta consiste en reunir al mayor número de representantes de las diferentes organizaciones que existen en el espacio local. De manera conjunta se procede a identificar a los principales actores del espacio y luego se procede a clasificarlos en las categorías siguientes: Actores con poder de influencia en el espacio local, líderes de opinión, instituciones y organizaciones sociales junto con la población no organizada. En un segundo momento se pide al conjunto ubicar a cada actor seleccionado en una matriz que tiene como ejes en la línea vertical, el nivel de poder, y en la línea horizontal el grado de interés respecto al presupuesto participativo. Después, se identifica el tipo de relación de estos actores frente al gobierno municipal, así como la relación con el resto de actores. El tipo de relación puede ser de colaboración o de confrontación. Se puede añadir a esta identificación el grado de intensidad. Así, tenemos por ejemplo en un espacio ―X‖ puede haber una relación de fuerte colaboración entre la Municipalidad y la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y una débil confrontación entre la Municipalidad con algunos miembros del CCL. Completado el mapa e identificadas las redes que están a favor o en contra del proceso, tenemos que indagar por los argumentos de aquellos que se oponen, de los indecisos o los que están a favor del presupuesto. Así podemos pensar en las estrategias a implementar para neutralizar a los oponentes, convencer a los indecisos y fortalecer el compromiso de los actores que están a favor del presupuesto participativo.

Un caso Hipotético Para fines didácticos se ha construido un mapa de relaciones con un número reducido de actores y relaciones. Los actores clasificados son representados por figuras geométricas: Los triángulos identifican a los actores con poder de decisión y capacidad de influir en el espacio local; los rectángulos representan a las instituciones, la figura circular corresponde a los líderes de opinión, y los cuadrados señalan a las organizaciones sociales y a la población no organizada.

Las líneas de color azul representan las relaciones de colaboración, y las líneas de color rojo indican las relaciones de confrontación. Estas a su vez, son diferenciadas en su nivel de intensidad, así, podemos tener relaciones de colaboración o conflicto, fuerte (línea gruesa), moderada (línea delgada) y débil (líneas punteadas). En el siguiente gráfico podemos apreciar a los actores y sus relaciones, ubicados en relación al nivel de poder que tienen y grado de interés, respecto al Presupuesto Participativo. En este grafico se puede identificar dos redes principales, una que esta a favor del proceso conformado por el Alcalde, los regidores, miembros del CCl, una ONG y las organizaciones de mujeres. Y la otra red, integrada por el partido opositor, el presidente de las juntas vecinales y sus bases, que puede presentar dificultades en el proceso participativo, debido a la fuerte relación conflictiva entre el partido opositor y el Alcalde. Si el partido opositor decidiera obstruir el proceso, puede aprovechar el nivel de influencia que tiene el presidente de las juntas vecinales en sus bases para movilizarlas; más aún cuando estas muestran poco interés en el Presupuesto Participativo. En esta situación, una de las medidas a emprender podría ser el fortalecer las relaciones con el Teniente Gobernador, con miras a que este se convierta en un aliado en la promoción de la participación de las juntas vecinales; lograr que las juntas vecinales estén a favor del proceso, neutralizaría, en alguna medida, las posibles acciones del partido opositor. También se puede apreciar la existencia de otro grupo de actores, que si bien no constituyen una red, es importante que participen; estoy haciendo referencia al Párroco de la localidad, miembros de la radio local y la población no organizada. Tomando en cuenta el poder de influencia que tiene el párroco sobre la población, el municipio debería fortalecer su relación con él, para interesarlo en el proceso y lograr que contribuya en la labor de sensibilización de la población. De igual forma se debe comprometer el apoyo de la radio local, en las campañas de sensibilización e información. No debemos olvidar la importancia de conocer el discurso que manejan los diferentes actores para implementar las mejores estrategias. Por ejemplo, puede ser que el desinterés del párroco

y la población no organizada, se deba a que consideran que la gestión municipal no es transparente; en ese caso una medida a emprender es propiciar un mayor acceso a la información pública, realización de rendición de cuentas, etc. Lo cierto es que el uso de esta y otras herramientas no garantiza el éxito del proceso si no hay una real voluntad política para consolidar y democratizar la gestión local. Tampoco significa la tecnificación del proceso, sino todo lo contrario la certeza de que el Presupuesto participativo es un proceso esencialmente político, que requiere para su implementación tener una mejor lectura de la realidad local donde se va intervenir.

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Para vigilar el presupuesto participativo Ángel Espinar Álvarez Coordinador | Área de Ciudadanía y Gobernabilidad

1. La realidad de la Participación Ciudadana Las prácticas participativas que se están generando en el país a raíz del proceso de descentralización, ponen de manifiesto la cultura política presente en las autoridades, funcionarios públicos y en la ciudadanía. Los comportamientos patrimonialistas y las formas clientelares de la participación son rasgos distintivos de ésta, los cuales no están ausentes en las diversas experiencias de programación del presupuesto participativo. Si bien existe un marco legal que promueve la participación en los procesos del presupuesto participativo, éste no asegura que la participación ciudadana sea reconocida como un factor determinante en la conducción democrática de la gestión local/regional. Esto trae como resultado el que la ciudadanía tenga que bregar para participar. En el caso del presupuesto participativo, la democratización de las decisiones sobre los montos del presupuesto a concertar está limitada a los recursos de inversión, y encima referida a porcentajes ya recortados por la decisión de la autoridad local o regional. ¿Qué de participativo se ha instaurado en estos procesos? Las prácticas de participación de los diversos actores de la sociedad civil, específicamente de las organizaciones de base, respecto a estos procesos, expresan que el derecho a la participación en los asuntos públicos se mueve pendularmente entre la apertura de nuevos espacios y la exclusión de la ciudadanía. La primera, se manifiesta en las diversas formas de ejercicio de la ciudadanía que se están generando en los espacios locales. La segunda, en los escasos y frágiles canales que viabilicen intereses y la falta de voluntad política para crearlos. En el caso de los presupuestos participativos, estamos ante un proceso nuevo que se espera que cada vez sea más eficiente, transparente y participativo. Por ello creemos que una de las formas de ir consolidando y ampliando la participación de la ciudadanía se da a través de la vigilancia ciudadana de la gestión local/regional, y en específico del presupuesto participativo.

2. ¿Cómo entender la vigilancia al Presupuesto Participativo?

A. Desde el marco legal La Ley Marco Nº 28056 señala que ―el proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-Sociedad Civil…‖ (Art. 1). Y que este proceso debe asegurar ―la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como la fiscalización de su gestión‖ (Art. 2). En ese sentido la vigilancia ciudadana al presupuesto participativo se entiende como un derecho ciudadano y una forma de participación directa que la población organizada puede emprender para fiscalizar o controlar la gestión del proceso de programación participativa del presupuesto. El fin de la vigilancia es alcanzar el cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados, asegurar la distribución y ejecución equitativa, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, y promover mejores condiciones de vida de la población y fortalecer sus capacidades como base del desarrollo regional o local.

B. Desde la relación Estado-Sociedad Civil Definitivamente, el proceso de programación del presupuesto participativo debería reforzar la relación entre el Estado y la sociedad, en el marco de un ejercicio de la ciudadanía que utiliza los mecanismos de la democracia directa y democracia representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas. En este marco debe ubicarse la vigilancia ciudadana como un mecanismo que refuerce las relaciones constructivas entre el Estado y la sociedad civil, entre las autoridades regionales o locales, los representantes de las instancias de coordinación, los agentes participantes, y la población en general. En ese sentido la vigilancia ciudadana al presupuesto participativo debería apuntar también a convertirse en un mecanismo de control o seguimiento a los niveles de concertación, de gobernabilidad local o regional, de democratización de la gestión pública, y del carácter democrático de la representación de los agentes participantes.

3. Un sistema de vigilancia al Presupuesto Participativo La vigilancia ciudadana debe ser concebida como un momento clave del desarrollo local o regional. Su objetivo es vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo señaladas en la planificación local/regional y el buen uso de los recursos asignados. No debemos perder de vista esta relación entre desarrollo y la vigilancia ciudadana. En otra ocasión abordaremos este enfoque y sus implicancias sociales, políticas y técnicas. Queremos detenernos en una propuesta de vigilancia específica al presupuesto participativo, para ello consideramos que se debe tener en cuenta los siguientes elementos: a) contexto de la vigilancia: ¿qué espacios: regionales, locales, zonales?; b) actores de la vigilancia: ¿quiénes hacen la vigilancia? y ¿a quiénes se vigila?; c) objetos de vigilancia: ¿qué aspectos del

presupuesto participativo se vigilan?; d) información: ¿qué información se requiere, qué hacer con ella y cómo publicitarla?; e) canales de recepción de recomendaciones y propuestas: ¿cómo encausar las denuncias y recomendaciones? y ¿qué acciones de incidencia seguir para canalizar las propuestas? En el gráfico de la página siguiente, presentamos, siguiendo las fases para la elaboración de los presupuestos participativos, la definición de objetos de vigilancia y los aspectos sobre los que debemos centrar nuestra acción vigilante, los cuales responden a puntos críticos actuales del proceso. La vigilancia ciudadana del presupuesto participativo debe centrarse en la fiscalización y control del cumplimiento de los acuerdos establecidos en el proceso de programación entre las autoridades y los agentes participantes, cumplimiento que debe traducirse en la ejecución eficiente, eficaz y transparente de los proyectos y recursos asignados. La participación efectiva de la ciudadanía y la voluntad política de las autoridades contribuirán en esta medida al desarrollo esperado.

BAJO LA LUPA es un espacio de diálogo de todas aquellas personas y organizaciones que están

comprometidas con la vigilancia ciudadana. Esperamos tus sugerencias y aportes para mejorar esta valiosa tarea.

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