Extincion de Creditos Fiscales

8/15/2019 Extincion de Creditos Fiscales

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN

UNIDAD TEPEPAN

SEMINARIO:CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION VIGENTE EN 2005

TEMA:

EXTINCION DEL CREDITO FISCAL

NORMAS VIGENTES EN 2005

INFORME FINAL QUE PARA OBTENER EL TITULO DE CONTADOR PÚBLICO

PRESENTAN:

CLAUDIA IVETTE CHABOLLA RAMIREZ

MARIA ANGELICA GARCIA MEZA

MARIA DOLORES MARTINEZ ZACARIAS

LETICIA MAXIMILIANO GONZALEZ

LAURA RAMOS HERNANDEZ

CONDUCTOR DE SEMINARIO

LIC. RAFAEL QUEVEDO GARCIA

LIC. CARMEN ESTEVEZ GUADARRAMA

MÉXICO DF DICIEMBRE 2005


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CAPITULO I

LOS INGRESOS PUBLICOS

En la actualidad todos tenemos conocimiento que para que el Estado lleve acabo sus actividades es necesario

contar con un sustento económico. Sustento que proviene la mayor parte de los ciudadanos que son los que se

benefician directamente con las obras y servicios de interés público que el primero realiza.

Las actividades públicas o también llamadas funciones públicas, son servicios de los cuales no puede

prescindir la sociedad, como la justicia, la defensa social, la policía, el transporte, la actividad educativa y

económica del Estado, el crédito publico entre otras. Es aquí cuando nos damos cuenta que los particulares

requieren de una serie de servicios para poder desarrollar su actividad productiva y en el mejor de los casos

incrementar su nivel de vida.

Como apuntamos el trasfondo de esta relación es de carácter eminentemente económico puesto que si el

Estado necesita de elevados recursos económicos para implementar las “funciones publicas” lo justo es que

tales recursos deban generarse, casi en su totalidad, en las aportaciones derivadas de los ingresos rendimientos

o utilidades obtenidas por los ciudadanos, que gracias a la existencia de estos satisfactores públicos, cuentancon el tiempo y con las oportunidades adecuadas para llevar acabo diversos géneros a los que globalmente se

ha denominado “actividades productivas”.

En efecto esa relación reciproca en virtud de la cual los particulares se desprenden de parte de sus ingresos

para sufragar los gastos públicos debe ser esencialmente de carácter jurídico; es decir debe encontrarse regido

por las leyes. De otra forma, se caería en la arbitrariedad, puesto que el Estado, con su siempre imperiosa

necesidad de bienes y recursos, podría fácilmente someter a la población a toda clase de exigencias, despojos

y confiscaciones sin otra causa y medida que su libre albedrío.


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1.1. LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO

Ningún Estado puede nacer, crecer y perpetuarse sin el apoyo de una finanza, porque es inherente a su

naturaleza el que no pueda subsistir sin una actividad financiera.

Es necesario que el Estado desarrolle una serie de funciones indispensables para el cumplimiento de los fines

que constituyen su justificación como ente político, y para ello, requiere de medios que permitan sufragar los

gastos para la satisfacción de las necesidades colectivas. Para obtener estos medios, fundamentalmente

económicos, el Estado desarrolla una actividad que le permite apropiarse de los recursos materiales necesarios

para la cobertura de dichas necesidades, de esta manera surge el fenómeno financiero.

El ciclo financiero inicia en el momento de que el Estado se apropia de las riquezas o bienes producidos por

las demás economías y las convierte en ingresos para tener los gastos que le causaran cumplir su deber de

atender a las necesidades públicas. Termina cuando el ingreso público se ha convertido en un servicio público

o medio de satisfacer las necesidades.

Generalmente, al estudiar la actividad financiera los escritores hacen referencia a las necesidades que ésta

satisface, o debe satisfacer, distinguiéndolas en individuales, sociales (colectivas) y publicas.

Sin embargo no hay un criterio preciso para determinar quien debe satisfacerlas, pues se ha dicho que

corresponde al Estado satisfacer las necesidades sociales (colectivas) o públicas y a los particulares las

individuales, no obstante hasta las necesidades primarias, como de alimentación, vestido, vivienda, etc., se

han convertido en necesidades sociales, cuya satisfacción interesa tanto al Estado como a los individuales; en

el sentido de que corresponde al Estado prestar servicios de carácter indivisible, respecto de los cuales no

puede precisarse el beneficio que en lo individual obtiene cada habitante.

El fenómeno financiero puede estudiarse desde dos puntos de vista. Estático que lo constituye el sector

financiero y el Dinámico que consistirá en la actividad financiera estatal que en términos amplios abarcara la

obtención, manejo y aplicación de los medios económicos necesarios para satisfacer las necesidades

colectivas, así como la planeación y estudio de los ingresos y gastos estatales, y finalmente, los resultados de

la evaluación financiera.


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De lo antes dicho queda claro que nos ocuparemos de estudiar el derecho en relación al fenómeno financiero

aún cuando no se abarquen todos sus aspectos, excluimos el análisis del fenómeno financiero en su enfoque

estático, solo abocándonos a la actividad financiera en su enfoque dinámico, considerando solo los aspectos

que se relacionan con el Derecho Fiscal.

1.1.1. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA

La naturaleza de la actividad financiera tiene carácter complejo, porque en ella se centran múltiples aspectos

como son el político, sociológico, económico, jurídico, y en general todos aquellos que comprenda cualquier

otra disciplina social que estudia la actividad humana en relación al fenómeno financiero.

Se precisa sobre el particular que en el fenómeno financiero se observa un aspecto económico porque existe la

administración de recursos , un aspecto político sociológico ya que es fruto de la decisión de una autoridad

que gobierna la vida de una sociedad, un aspecto jurídico porque se manifiesta normalmente a través de

reglas, un aspecto ético debido a que los ingresos y gastos públicos pretenden la realización de diversos

juicios de valor y un aspecto contable porque los ingresos y gastos públicos requieren ser controlados y

clasificados para determinar los resultados de los movimientos del sector público.

La actividad financiera estatal esta dominada por un principio político finalista, en el que se considera al

Estado como la suprema manifestación de la vida política de un pueblo, el último fundamento y esencia de la

actividad financiera, es la política, el fenómeno político frente a los otros elementos, constituye la esencia de

la actividad financiera.

En conclusión. La actividad financiera estatal es de naturaleza compleja, ya que dicha actividad esta

dominada por un principio político finalista, toda vez que únicamente se puede dar dentro del Estado y por la

manifestación del poder soberano de este, principalmente en los actos de imposición de contribuciones, con elobjeto de obtener los medios necesarios para cumplir con los fines que persigue y los cuales constituyen su

justificación como ente político.


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La actividad financiera resulta inseparable de las normas que regulan la obtención, administración y erogación

de los recursos monetarios utilizados por el Estado para cubrir los gastos de las necesidades colectivas ya que

el movimiento del dinero público abarca todo el ciclo financiero.

El fin

También se considera como característica de la actividad financiera, el fin o propósito que consiste en

procurar al Estado los medios necesarios para costear los gastos públicos destinados a la satisfacción de las

necesidades colectivas.

Medio para intervenir en la vida económica y social

La Actividad financiera no solamente es un medio de procurar la cobertura de los gastos públicos si no que,

también, es un instrumento para intervenir en la vida económica y social, a través de la naturaleza,

composición y volumen del gasto público.

1.2. DIFERENCIA ENTRE ACTIVIDAD FINANCIERA PÚBLICA Y PRIVADA

Entre la actividad financiera pública y privada se observan diferencias sustanciales y de forma.

La primera diferencia resulta del poder de mando que tiene el Estado, toda vez que puede dar órdenes, dirigir

mandatos e imponer obligaciones a los particulares, fundamentalmente al establecer las contribuciones, y

darse la posibilidad de utilizar su poder coactivo para obligarlos a transferir parte de sus riquezas, a fin de

cubrir los gastos públicos. En tanto que en la actividad financiera privada los particulares tiene que proceder por la vía del acuerdo mutuo para hacer posible la transmisión de la propiedad y desarrollar su actividad.

Cabe señalar que lo anterior no quiere decir que el Estado no deba sujetar su actuación en base a la ley, y que

realice una parte importante de la actividad financiera en las mismas condiciones que los particulares, a través

del acuerdo o contrato.


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Otra diferencia entre la actividad financiera publica y privada es que el Estado puede realizar sus actividades

en forma de monopolio, como se aprecia en la prestación de servicios públicos; y no así, los particulares, para

quienes existe la prohibición legal.

Una diferencia sustancial radica en que el Estado no busca obtener utilidades, carece de finalidad lucrativa,

pues simplemente persigue satisfacer necesidades colectivas; mientras que la actividad financiera privada

busca fundamentalmente la obtención de ganancias, para mantener la reproducción de su actividad.

En cuanto a la forma de desarrollarse, en la actividad financiera pública se dice que los ingresos están

determinados por las necesidades que deben satisfacerse, es decir se establece al principio que el Estado

“primeramente gasta”, puesto que debe calcular los ingresos en función de sus gastos que tienen por objeto

asegurar el funcionamiento de los servicios públicos y la misma existencia de este. Sin embargo en la

actividad financiera privada los gastos se determinan según los ingresos con los que se cuentan.

En este punto debe destacarse que, la Cámara de Diputados a fin de examinar, discutir y aprobar el

presupuesto anual de Egresos de la Federación, deberá en primer término discutir y aprobar las contribuciones

que, a su juicio deban decretarse para cubrir las previsiones de gasto contenidas en el presupuesto de egresos.

Una última diferencia entre ambas actividades resulta que el Estado no necesita ahorrar para hacer frente a

situaciones imprevistas, ya que siempre estará en la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios.

De lo anterior concluimos que la actividad financiera del Estado tiene tres aspectos fundamentales:

• Aspecto económico. La actividad financiera del Estado se ocupa de la obtención o inversión de los

recursos de esa índole, necesarios para el cumplimiento de sus fines.

• Aspecto político. Debido a que la actividad financiera del Estado constituye parte de la

Administración pública y esta última está integrada por el conjunto de actividades y servicios

destinados al cumplimiento de los fines, es necesaria la organización bajo principios políticos que

estructuren la actividad financiera.


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• Aspecto jurídico. La actividad financiera del Estado se encuentra sometida al derecho positivo, por

la forma en que actúa y se desenvuelve, debido a que administra el dinero público.

1.3. NORMAS JURIDICAS FINANCIERAS

Es preciso definir que a la relación o vínculo jurídico que existe entre el contribuyente y el Estado se le llama

relación jurídico-tributaria y comprende tanto derechos como obligaciones.

Al tratar el aspecto jurídico de la actuación del Estado referente al fenómeno financiero, frecuentemente se

alude al Derecho Financiero, Derecho Fiscal, Derecho Tributario, conceptos que son necesarios delimitar.

DERECHO FINANCIERO

Según Mario Plugliese el Derecho Financiero es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del

conjunto de normas que reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los medios económicos que

necesita el Estado y otros órganos públicos para el desarrollo de sus actividades, y el estudio de las relaciones

jurídicas entre los poderes y lo órganos del Estado y entre los mismos ciudadanos que derivan de la aplicaciónde esas normas.

Coincidimos que el Derecho Financiero regula bajo normas jurídicas la obtención, manejo y aplicación de los

recursos económicos, así como de las relaciones jurídicas que se generan con motivo de dicha actividad.

DERECHO TRIBUTARIO

El Derecho tributario abarca todas las formas de imposición utilizadas por el Estado, a fin de obtener los

medios económicos necesarios para satisfacer los gastos públicos. Su objetivo fundamental es estudiar las

normas y principios relativos a la actividad del Estado para la obtención de los ingresos que deben aportar los

contribuyentes para el sostenimiento del país.


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Por ello el estudio del Derecho Tributario es el conjunto de normas jurídicas que rigen a los tributos

reglamentando la determinación y pago de contribuciones, entendiéndose estos como las aportaciones

económicas que efectúan los particulares para el sostenimiento del Estado. Es decir contemplan la relación

jurídico-tributaria desde el punto de vista del contribuyente, regulando las relaciones entre la Hacienda

Pública y los particulares considerados en su calidad de contribuyentes.

DERECHO IMPOSITIVO

El Derecho Impositivo restringe su estudio a los impuestos. Se considera que los impuestos constituyen el

principal ingreso que el Estado obtiene de sus gobernados.

DERECHO FISCAL

Los conceptos antes mencionados se consideran correctos de acuerdo con la naturaleza del objeto de

regulación. Sin embargo la terminología tradicional identifica el Derecho Tributario y el Derecho Impositivo

como parte del Derecho Fiscal, por lo que en adelante nos referiremos a este último.

Se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del fisco entendiendo por fisco el órgano

del Estado encargado de la determinación, recaudación, liquidación y administración de otros tributos.

También lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas y principios del Derecho Público que

regulan la actividad del Estado como fisco.

Como ya se explico cada una de las ramas del Derecho antes expuestas enfoca diferentes aspectos en materia

de recursos, pero es el Derecho Fiscal la rama del Derecho que abarca ampliamente la legislación que

comprende lo relativo a la obtención, manejo y aplicación de los recursos del Estado, al incluir ladeterminación y pago de las distintas contribuciones que norma el Derecho Tributario y la obtención de los

impuestos que atiende el Derecho Impositivo.


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El Derecho Fiscal tiene por objeto analizar y estudiar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en

virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad la entrega de determinadas

prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos.

El Derecho Fiscal posee como campo de acción y evaluación al conjunto de ordenamientos legales que

reglamentan la percepción por parte del Poder Publico de las aportaciones económicas que la ciudadanía en

general efectúa para la realización de las obras y servicios públicos y además de actividades de interés

general.

A fin de dejar claramente precisado el objeto del Derecho Fiscal se mencionan los siguientes elementos:

• El objeto esta esencialmente constituido por la relación económica que se da entre el Estado y los

gobernados.

• Se trata de una relación necesaria e indispensable puesto que no es factible la vida social sin la previa

satisfacción de las necesidades colectivas básicas y para ello el Estado requiere de una serie de

recursos económicos y patrimoniales, que en sana lógica deben de provenir directamente de los que

se benefician con la satisfacción de tales necesidades colectivas.

• En consecuencia dicha relación es un principio de carácter unilateral, puesto que es el Estado el que

exige la entrega de determinadas contribuciones económicas y son los particulares quienes se

encuentran obligados a ello. Sin embargo en el fondo posee carácter de bilateralidad o de

reciprocidad, ya que, en la ultima instancia, las contribuciones efectuadas por los ciudadanos deben

traducirse en la realización de obras y servicio públicos y demás actividades de interés general que

van a beneficiar a los propios contribuyentes.

• Las “obras y servicios públicos y demás actividades de interés general” en la actualidad demandan el

alcance de los gastos públicos ya que han tendido a aumentar constantemente debido al crecimiento

de las necesidades de los gobernados.


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• Finalmente, el marco y el contenido de esta relación debe ser de carácter eminentemente jurídico,

puesto que solo a través de normas y ordenamientos legales preestablecidos puede garantizar una

vinculación estable, equitativa y armónica entre el Estado y los particulares. No debe olvidarse que el

derecho de recaudar contribuciones para cubrir los gastos públicos le pertenece al Estado sobre sus

gobernados que debe ser limitado y condicionado por un poder superior: el de la ley, de lo contrarío

se prestaría a toda clase de abusos, arbitrariedades, imposiciones y privilegios indebidos.

1.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LOS IMPUESTOS

Existen principios teóricos que deben de ser observados y respetados al elaborar una ley tributaria.

La idea de regir la relación tributaria por normas jurídicas, tiene por objeto el impedir hasta donde las

circunstancias lo permiten, abusos, arbitrariedades, y discriminaciones por parte del poder público, el que al

amparo del Derecho le confiere exigir determinadas aportaciones económicas de sus gobernados, el poder de

hacerlos objeto de imposiciones, justificando que necesita de tales recursos para sufragar los gastos públicos.

Adam Smith, desarrollo los principios elementales a los que debe de subordinarse todo norma jurídico-fiscal,

a efecto de integrar un orden justo que aliente el esfuerzo y la productividad que son causas de riqueza. Los principios de Adam Smith influyeron en las legislaciones vigentes en la mayoría de los países del mundo

occidental. Sin embargo se han visto perfeccionados por otros tratadistas sin dejar de prevalecer su

aportación.

Los principales principios doctrinarios en materia fiscal son:

•

Principio de Proporcionalidad.

• Principio de certidumbre o certeza.

• Principio de Comodidad.

• Principio de economía.


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Por lo consiguiente el deber de la ley fiscal es establecer los elementos constitutivos de cada tributo, para

evitar desvíos de poder por parte de la autoridad, de esa manera se conoce hasta dónde llegan sus

obligaciones tributarias y cual es el límite de la potestad recaudatoria, esos elementos son:

• Sujeto

• Objeto

• Base gravable

• Tasa, cuota o tarifa

PRINCIPIO DE COMODIDAD

Todo tributo o impuesto debe exigirse en el tiempo y modo que sea más cómodo y conveniente a las

circunstancias del contribuyente

Este principio atiende a los plazos o fechas que deben de establecerse en las leyes tributarias para el pago de

las contribuciones. Los plazos y fechas deben fijarse en forma práctica y poco gravosa para que los

contribuyentes cumplan con deberes tributarios (de pago).

Que el legislador tome en consideración este principio, traerá como resultado una mayor recaudación y, por

ende, una menor evasión por parte del causante.

PRINCIPIO DE ECONOMIA

Toda contribución debe disponerse de tal suerte que del poder de los particulares se saque lo menos posible

sobre aquellos, o a más de aquello, que entra efectivamente en el Tesorero Público del Estado.

Este principio somete a consideración el costo de la recaudación fiscal, cuando este sea excesivo o

desproporcionado a la percepción neta de la Hacienda Pública privará al Estado de ingresos tributarios

indispensables para el desarrollo de sus actividades, incrementando así el déficit presupuestario y sacrificando


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la satisfacción de servicios públicos y obras de interés general por lo que lo obliga a obtener mayores

ingresos financieros.

1.5. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Por lo que hemos señalado el Derecho Fiscal es el vínculo legal en virtud del cual los ciudadanos resultan

obligados a contribuir con una parte proporcional de sus ingresos, rendimientos o utilidades al sostenimiento

del Estado.

Esta obligación esta señalada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31

fracción IV en donde expresa que es obligación de los mexicanos “ Contribuir para los gastos públicos así de

la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipios en que residan, de manera proporcional y

equitativa que dispongan las leyes”.

El Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento jurídico de observancia federal que norma y regula la

aplicación de las leyes fiscales. En los seis títulos que lo integran establece procedimientos, define conceptos

e indica sistemas para resolver situaciones enmarcadas en diferentes contextos fiscales. Se complementa con

un reglamento que amplía su contenido y que se encuentra subordinado por el primero en todo sentido.

Nos referimos al Código Fiscal de la Federación debido a que es en ese ordenamiento en el que se aclara y

estipula en su artículo 1 la obligación de las Personas Físicas y Morales de contribuir para el gasto público

conforme a las leyes vigentes, señalando la obligación, tal como lo expresa la Constitución Política que nos

rige.

Sin embargo la Constitución expresa que la obligación de contribuir al gasto público le corresponde a losmexicanos y el Código Fiscal de la Federación a este respecto señala que la obligación es de las personas

físicas y morales. Abordamos tal diferencia , ya que en la primera figura se adquiere la obligación por el solo

hecho de poseer la calidad de ser mexicanos, ya sea por nacimiento o naturalización, no obstante en el CFF se

necesita caer en una situación jurídica prevista por las leyes mexicanas para estar obligado.


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Una vez aclarado lo anterior, es de importancia mencionar que el CFF señala en su artículo 1 que “La

Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente”, y

como lo indica el artículo 5 del mismo ordenamiento, las cargas a los particulares que establezcan las

disposiciones fiscales son de aplicación estricta.

1.6. PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

Ahora bien, en nuestro país el tributo o contribución se estipulan en las leyes, en un decreto-ley o decreto-

delegado, la facultad de enunciarlos es única del Presidente de la Nación, de los Diputados y Senadores del

Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados, así lo marca la Constitución en su artículo 71.

Es así como se encuentra dividido el poder de la Federación Mexicana (las partes integrantes de la Federación

son los 31 Estados y el Distrito Federal) en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y es a través de esa organización

como el pueblo ejerce su soberanía, ya que el poder público dimana de ese.

El Poder Legislativo se deposita en el Congreso General, dividido en Cámara de Diputados y Cámara de

Senadores. Los Diputados son representantes de la Nación, mientras que los Senadores son representantes de

los estados.

El Poder Ejecutivo reside en un solo individuo al que se le llama Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos.

El Poder Judicial recae en la Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y

Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito, en los últimos cuatro recae la administración y vigilancia del

Poder a través del Consejo de la Judicatura Federal.

Una vez que hicimos mención de la organización y estructura del país, hemos de explicar que el proyecto de

ley o decreto comienza por ser una iniciativa que presenta alguno de los poderes de la Nación. El proyecto

pasa a una comisión y se discute en la cámara de Senadores y de Legisladores siguiendo las formalidades que

marca la Constitución.


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El término “decreto” es una orden o instrucción que tiene un orden o contenido delimitado a aspectos

particulares y puede ser expedido tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo; mientras que “ley” se refiere

a un objeto general.

Los decretos emitidos por el Poder Legislativo no han sido objeto de estudio en materia tributaria, ya que el

ejercicio tributario sólo puede realizarse a través de una ley, razón por la cual no son significativos para

nuestro estudio, no obstante que conforme al artículo 70 de nuestra Constitución “Toda resolución del

Congreso tendrá el carácter de ley o decreto” y solo el poder Legislativo tiene la facultad de emitirlas, por

ello se deja la emisión de los decretos, en materia tributaria, como campo particular del Ejecutivo.

Sin embargo los ordenamientos denominados decreto-ley, que materialmente son legislativos, pero que

pueden ser expedidos por el Ejecutivo, no tienen justificación en nuestro sistema, ya que el hecho de que los

expida el Ejecutivo con autorización constitucional no impide su carácter general y obligatorio, en todo caso

serán leyes del Ejecutivo, puesto que la Constitución en ninguna parte hace referencia a ellos.

Retomando el procedimiento del proyecto de ley o decreto, la iniciativa puede iniciar indistintamente en

cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que trataren sobre empréstitos, contribuciones

o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán comenzar en la Cámara de Diputados

ya que son representantes de la población.

El proyecto pasa de la Cámara de origen (se llama cámara de origen a aquella que presento la iniciativa de ley

o decreto) a la otra Cámara para ser discutida, si la propuesta fuera aprobada se tornará al Poder Ejecutivo

quien la publicará en caso de no haber formulado observaciones.

Si el proyecto es desechado por el Poder Ejecutivo será devuelto a la Cámara de origen para que sea

discutido, revisado y confirmado, una vez aprobado por las dos terceras partes en número de votos se enviaráa la cámara revisora y volverá al Ejecutivo para su promulgación.


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1.7. CLASIFICACION DE LOS INGRESOS PUBLICOS

La actividad financiera, por su naturaleza, es de carácter instrumental, así pues los ingresos y gastos no

constituyen un fin, sino que son solo el instrumento a través del cual el Estado puede lograr sus fines.

Como mencionamos con anterioridad, una de las notas distintivas de la actividad financiera del Estado es su

caracterización monetaria, es decir tanto los ingresos como los gastos se expresan en dinero, por lo que

podemos definir el Ingreso Público como: La suma de dinero que el Estado u otras entidades públicas

perciben y que pueden emplear para el logro de sus fines.

También cabe recordar lo comentado anteriormente respecto a que el Derecho Fiscal se ocupa de la obtención

de los recursos dedicados al cumplimiento de los fines del Estado, así como su cuidado y administración hasta

antes de aplicarlos a los gastos públicos, esto es solo comprende el renglón de los ingresos dentro del ciclo

financiero, ya que lo referente a los gastos queda comprendido dentro del Derecho Financiero.

Una vez definidos los ingresos públicos procederemos a analizar su clasificación, haciendo mención que se

cuenta con un gran número de criterios para clasificarlos, sin embargo estas clasificaciones solo tienen valor

cuando responden a las exigencias de orden práctico o a necesidades sistemáticas, por lo que únicamenteabarcaremos algunas de las más conocidas de manera breve.

Su naturaleza y caracteres específicos presentan una gran variedad y la importancia relativa de cada uno ha

variado a lo largo del tiempo y al influjo de la evolución de la organización y de los cometidos del Estado.

• Ingresos Ordinarios e Ingresos Extraordinarios. Esta es una de las clasificaciones mas

conocidas y se puede decir que tiene su origen en la concepción clásica de la Hacienda Pública,conforme a la cual el Estado debería cubrir sus gastos ordinarios con ingresos de tipo ordinario y

solo se permitía allegarse de recursos extraordinarios cuando se presentaban gastos imprevistos.

De tal manera que los ingresos ordinarios son aquellos que se perciben regularmente,

repitiéndose en cada ejercicio fiscal y en un presupuesto bien establecido deben cubrir


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enteramente los gastos ordinarios. Mientras que los ingresos extraordinarios son aquellos que se

perciben solo cuando circunstancias anormales colocan al Estado frente a necesidades

imprevistas que lo obligan a erogaciones extraordinarias, como sucede en casos de guerra,

epidemias, catástrofes, déficit, etc.

En conclusión podemos decir que los ingresos ordinarios son aquellos que obtiene el Estado para

poder cumplir sus gastos y los extraordinarios son los que obtiene solo para poder hacer frente a

alguna situación que no se tenía contemplada como en el caso de algún desastre natural.

• Ingresos Originarios e Ingresos Derivados. Los ingresos originarios son aquellos que obtiene el

Estado de su mismo patrimonio y en forma similar a como podría hacerlo una empresa particular

con la finalidad de obtener una utilidad, como pueden ser los provenientes del dominio directo

de la nación como los recursos naturales superficiales o del subsuelo.

Los ingresos derivados son por exclusión todos los que no tienen la categoría de ingresos

originarios quedando comprendidos como ingresos derivados los provenientes de Impuestos,

Derechos, Aportaciones de Seguridad Social, etc.

• Ingresos Voluntarios e Ingresos Obligatorios o coercitivos. Los ingresos voluntarios como su

nombre lo indica son los que obtiene el Estado por parte de los ciudadanos de forma voluntaria,

en cambio los ingresos coercitivos son los que para obtenerlos a falta de pago voluntario se

pueden exigir de manera coactiva, empleando la fuerza física pero en base a la ley.

• Clasificación de los ingresos conforme a nuestra legislación federal.

− Código Fiscal de la Federación. Aunque han existido cambios en la definición de conceptos

de los principales ingresos fiscales, en los tres Códigos Fiscales de la Federación con los que

ha contado nuestro país, también se observaron cambios en cuanto al número de rubros de

ingresos que regulan.


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En el Código Fiscal de la Federación promulgado el 30 de diciembre de 1938 y publicado

en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, los ingresos se clasificaban en:

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y rezagos.

En el Código Fiscal promulgado el 30 de diciembre de 1966 y publicado en el Diario Oficial

de la Federación el día 19 de enero de 1967, se establecía una clasificación de ingresos de la

siguiente forma: Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.

En el actual Código Fiscal de la Federación expedido el 30 de diciembre de 1981, y que

entro en vigor a partir del 1 de enero de 1983, introduce nuevos conceptos de ingresos y

cambia los ya establecidos para quedar como sigue: Contribuciones (Impuestos,

Contribuciones de Mejora, Aportaciones de Seguridad Social y derechos),

aprovechamientos, productos y accesorios de las contribuciones.

− Ley de Ingresos de la Federación. Es un ordenamiento que contiene no solo la relación de

contribuciones e ingresos fiscales de la Federación ya que contiene además disposiciones

de carácter general, para regular entre otras cosas, la materia de estímulos fiscales, reglas

especiales sobre el régimen fiscal y cumplimiento de obligaciones de Petróleos Mexicanos y

sus organismos subsidiarios.

Cabe mencionar que la Ley de Ingresos de la Federación regula y agrupa los ingresos que

anualmente obtendrá el Estado, es emitida por el Poder Legislativo en cumplimiento con lo

dispuesto en el artículo 74 fracción IV de la Constitución y de acuerdo a sus facultades

establecidas en la fracción VII del artículo 73.

1.8. INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN APLICABLE A 2006

A continuación reproducimos la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2006 en la parte del

catálogo de ingresos:


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CONCEPTO MILLONES DE PESOS

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 1,296,553.5

I. Impuestos: 841,900.5

1. Impuesto sobre la renta. 351,966.5

2. Impuesto al activo. 13,412.5

3. Impuesto al valor agregado. 330,666.1

4. Impuesto especial sobre producción y servicios: 94,123.2

A. Gasolinas, diesel para combustión automotriz. 56,534.0

B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 20,163.4

a) Bebidas alcohólicas. 5,651.2

b) Cervezas y bebidas refrescantes. 14,512.2

C. Tabacos labrados. 16,365.0

D. Aguas, refrescos y sus concentrados. 1,060.8

5. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. 15,378.2

6. Impuesto sobre automóviles nuevos. 5,298.7

7. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés

público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de

0.08. Impuesto a los rendimientos petroleros. 0.0

9. Impuestos al comercio exterior: 21,701.72

A. A la importación. 21,701.7

B. A la exportación. 0.0

10. Accesorios. 9,353.6

II. Contribuciones de mejoras: 16.0

Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura

hidráulica. 16.0

III. Derechos: 432,553.7IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones

precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o de pago. 0.0

V. Productos: 6,278.1

1. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho

público. 71.6


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2. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no

sujetos al régimen de dominio público: 6,206.5

A. Explotación de tierras y aguas. 0.0

B. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones. 1.3

C. Enajenación de bienes: 1,412.1

a) Muebles. 1,246.1

b) Inmuebles. 166.0

D. Intereses de valores, créditos y bonos. 2,855.2

E. Utilidades: 1,937.9

a) De organismos descentralizados y empresas de participación

estatal. 0.0

b) De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 458.14

c) De Pronósticos para la Asistencia Pública. 1,274.3

d) Otras. 205.5

F. Otros. 0.0

VI. Aprovechamientos: 15,755.2

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 582,254.1

VII. Ingresos de organismos y empresas: 451,923.1

1. Ingresos propios de organismos y empresas: 451,923.1

A. Petróleos Mexicanos. 228,905.2

B. Comisión Federal de Electricidad. 176,820.5

C. Luz y Fuerza del Centro. 537.5D. Instituto Mexicano del Seguro Social. 10,845.0

E. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los

Trabajadores del Estado. 34,814.9

2. Otros ingresos de empresas de participación estatal. 0.0

VIII. Aportaciones de seguridad social: 130,331.0

1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones

para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 0.0

2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.

130,331.03. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los

Patrones. 0.07

4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores. 0.0

5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas

Armadas Mexicanas a cargo de los militares. 0.0


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28

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 2,392.8

IX. Ingresos derivados de financiamientos: 2,392.8

1. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 158,996.5

A. Interno. 158,996.5

B. Externo. 0.0

2. Otros financiamientos: 20,000.0

A. Diferimiento de pagos. 20,000.0

B. Otros. 0.0

3. Superávit de organismos y empresas de control presupuestario

directo (se resta). 176,603.7

TOTAL 1,881,200.4

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos pagados en especie o en servicios, por

contribuciones, así como, el destino de los mismos.

De acuerdo a la iniciativa podemos observar que los ingresos más representativos del Estado son los

impuestos y derechos.

A continuación presentamos el porcentaje de ingresos que cada rubro compone a la iniciativa de la Ley deIngresos de la Federación para el 2006:

CONCEPTO % MILLONESDE PESOS

%

A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL1,296,553.50

68.92%

I. Impuestos: 841,900.50 44.75%

II. Contribuciones de mejoras: 16.00 0.00%

III. Derechos: 432,553.70 22.99%IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones

precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o de pago:

0.00 0.00%

V. Productos: 6,278.10 0.33%

VI. Aprovechamientos: 15,755.20 0.84%

B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 582,254.10 30.95%

VII. Ingresos de organismos y empresas: 451,923.10 24.02%


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29

VIII. Aportaciones de seguridad social: 130,331.00 6.93%

C. INGRESOS DERIVADOS DE

FINANCIAMIENTOS 2,392.80 0.13%

IX. Ingresos derivados de financiamientos: 2,392.80 0.13%

TOTAL 1,881,200.40 100% 1,881,200.40 100%

En el siguiente capitulo nos adentraremos al tema de los ingresos del Gobierno Federal a los cuales llamamos

ingresos tributarios, por ahora hablaremos de los Ingresos de Organismos y Empresas y de los Ingresos

Derivados de Financiamientos conocidos como ingresos no tributarios.

Los ingresos no tributarios derivan de la explotación de los recursos del Estado y de los financiamientos que

obtiene por diferentes vías a fin de completar su presupuesto. De ello deriva la existencia de ingresos

patrimoniales y crediticios.

Los ingresos patrimoniales son los ingresos que el Estado percibe como contraprestaciones por los servicios

que otorga sin que correspondan a sus funciones de derecho publico, así como por el uso, aprovechamiento o

enajenación de sus bienes del dominio privado, es decir, los ingresos que el Código Fiscal de la Federación

denomina productos. Estos ingresos corresponden a cantidades que el Estado obtiene por la administración de

su riqueza, por el manejo de su patrimonio.

Se deben de considerar como ingresos patrimoniales del Estado los demás ingresos que no obstante tengan su

origen en actividades realizadas de acuerdo con sus funciones de derecho público, no deriven de su poder de

imperio, como multas, indemnizaciones, reintegros, participaciones, cooperaciones, regalías, etc. Enunciados

como aprovechamientos en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley de Ingresos.

Los ingresos que se obtienen de organismos descentralizados y de empresas de participación estatal, así como

los ingresos que son producto de la propia riqueza del Estado y que forman parte de su patrimonio quedanincluidos en la anterior clasificación.

Los ingresos crediticios tienen el carácter de préstamos que se obtienen de financiamientos internos o

externos, a través préstamos o por la emisión de bonos, deben de ser reembolsados en su oportunidad.


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31

que no constituyen la sanción de un acto ilícito, que deben ser establecidas por la Ley y que se hacen

mediante el desarrollo de la actividad financiera de la Administración

Por su parte Giuliani Forounge define al Tributo como una prestación obligatoria, comúnmente en dinero,

exigida por el Estado en virtud de su poder y que da lugar a relaciones jurídicas de Derecho Público.

Nuestra definición de Contribución es la siguiente: Las contribuciones son las aportaciones obligatorias en

dinero o en especie que los ciudadanos dan al Estado para que este pueda cubrir los gastos públicos y que

necesariamente deben estar estipuladas dentro de la Ley.

Ahora bien señalamos que las contribuciones constituyen prestaciones económicas en dinero o en especie, sin

embargo el Código Fiscal de la Federación no específica el carácter de la prestación obligatoria, claro que la

regla general para cumplir con la obligación de contribuir al gasto público es de naturaleza monetaria y que de

acuerdo a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la forma de liberarse de las obligaciones es

mediante el pago que se efectúe en moneda de curso legal en el país, es decir, en pesos.

Por otra parte a fin de que se considere obligatorio el pago en especie de las obligaciones, será necesaria la

determinación en tal sentido mediante ley y no por disposiciones de carácter administrativo que dicte laautoridad hacendaría, pues los elementos esenciales de las contribuciones deben estar consignados

expresamente en un acto formal y materialmente legislativo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpreta así lo referente a lo mencionado en el párrafo anterior:

Séptima Época

Instancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación

Tesis:

Página: 172

No. de Registro: 232,796

Jurisprudencia


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32

IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS

EXPRESAMENTE EN LEY.

Al disponer el artículo 31 Constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos

“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la

manera proporcional y equitativa que dispongan la leyes”, no solo establece que para la validez de un tributo

es necesario que, primero, este establecido en ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al

pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser

el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en Ley, para que así no

quede margen para la arbitrariedad de las autoridades extractoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles

o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de

observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la

relación tributaria pueda conocer en todo momento la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la

Federación, del Estado o Municipio en que resida”

Es importante señalar que el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación establece que “solo mediante ley

podrá destinarse una contribución a un gasto específico”, este principio de no afectación de los ingresos a

gastos determinados se conoce como “de unidad de caja” o de “no afectación de recursos”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre el particular, interpretando la

fracción IV del artículo 31de la Constitución en el siguiente sentido:

Séptima Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Volumen: 181-186 Primera Parte

Tesis:

Página: 244

No. de Registro 232,355Jurisprudencia

IMPUESTOS, GASTO PUBLICO ESPECIAL A QUE SE DESTINEN LOS. NO HAY VIOLACIÓN AL

ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL, FRACCION IV.


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33

“ El artículo 31 de la Constitución Federal establece en su fracción IV, una obligación a cargo de los

particulares mediante el pago de impuestos que deben satisfacer dos requisitos: los de proporcionalidad y

equidad determinados en ley expresa. Esa obligación tiene como objeto el de la satisfacción de los gastos

públicos que el Estado debe cubrir en beneficio de la colectividad. El señalamiento de que con los impuestos

deban cubrirse los gastos públicos, no constituyen una prohibición para que los tributos se destinen desde su

origen, por disposición de las legislaturas, a cubrir un gasto en especial siempre que éste sea un beneficio de

la colectividad. Si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra cosa que la que los impuestos se

destinen a fines diferentes a los del gasto público.”

En base a lo que se ha mencionado, encontramos que por los ingresos que se recaudan por los conceptos de

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos se puede realizar una afectación

especial que los destinen a gastos específicos en estos casos se permite por la Ley de Ingresos de la

Federación que no se concentren en la Tesorería de la Federación.

En efecto las aportaciones de seguridad social se destinan a los organismos públicos encargados de prestar la

seguridad social como son el IMSS, ISSSTE, INFONAVIT; los ingresos por derechos se tienen como fin

cubrir los gastos de operación de la entidad encargada de prestar servicios o administrar los bienes de dominio

público de la nación y las contribuciones de mejoras se destinan para obras públicas federales, como por

ejemplo la Ley de Contribuciones de Mejoras de Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica,

cuyo ingreso se destina a la Comisión Nacional del Agua para reparación, ampliación o modernización deobras de infraestructura hidráulica.

2.2. LOS IMPUESTOS

Un impuesto refleja el objetivo que el Estado persigue al obligar a todos y cada uno de los ciudadanos a

contribuir, en función de sus respectivas capacidades económicas, al sostenimiento del gasto público. El

impuesto se ha definido como un acto de soberanía por parte del Estado, es decir se trata de un acto quederiva directamente del ejercicio del poder público, como su propio nombre lo indica, estamos ante un acto de

imposición de la autoridad, que debe acatarse aun en contra de la voluntad de los contribuyentes.

El impuesto es el más importante de los ingresos tributarios del Estado e inclusive, en algunos casos el más

importante ingreso del Estado en general.


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moneda de curso legal, en tanto que el pago en especie es aquel en el que se entrega un bien distinto

al dinero y que tiene un valor económico.

• Ningún impuesto puede tener validez sin que este establecido previa y expresamente en una ley

(principio de legalidad tributaria). Para que exista un impuesto imprescindiblemente se requiere que

este previsto y regulado por normas jurídicas, ya que dicha regulación normativa es la única garantía

con la que el contribuyente cuenta pues las disposiciones impositivas se ajustan a los principios

básicos de generalidad, proporcionalidad y equidad.

• Los impuestos deben estar previstos en normas jurídicas de carácter general, es decir que son

aplicables sin distinciones ni discriminaciones de ninguna especie a todas aquellas personas que por

cualquier motivo se coloquen en algunas de las situaciones jurídicas que la ley marque.

• Cabe aclarar que generalidad no quiere decir equidad y que por consiguiente, cuando decimos que

las leyes impositivas deben aplicarse de manera general, no quiere decir que todas la personas sin

excepción deban de pagar impuestos, sino que sólo deben de pagarlos todos aquellos que realicen el

supuesto que en la propia ley se consigne como hecho generador del impuesto.

• La siguiente característica esta constituida por el principio de obligatoriedad, lo que quiere decir que

una persona cae dentro del supuesto del impuesto, automáticamente queda obligada al pago del

impuesto respectivo, en la forma y términos que establezca la ley tributaria aplicable. Los impuestos

tienen carácter obligatorio o coercibo, lo que significa que si los contribuyentes no cumplen con el

pago, el Estado puede obligarlos a cumplir aun en contra de su voluntad.

• Otra característica es que los impuestos pueden ser a cargo tanto de personas físicas como de

personas morales, ya sean nacionales o extranjeras y están obligadas a pagarlos cuando por lasactividades que realicen, se coloquen dentro de los actos jurídicos que prevé la ley.

• Por último la vinculación existente entre los impuestos y los gastos públicos, lo que significa que la

recaudación de impuestos tiene como propósito la prestación eficiente y adecuada de los servicios

públicos y obras de interés general.


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En resumen podemos definir a los Impuestos como: La obligación de dar o hacer de una persona que puede

ser física como moral, nacional o extranjera que por sus actividades se ubique dentro de alguno de los

supuestos que marca la ley, generalmente en dinero o en algunos casos en especie y en proporción de sus

ingresos o utilidades con la finalidad de contribuir a los gastos públicos.

2.2.2. ELEMENTOS DE LOS IMPUESTOS

Tomando en cuenta las características del los impuestos podemos resumir que sus elementos son los

siguientes:

• El objeto que se refiere a la parte que define que es lo que grava.

• El sujeto que nos dice a quien se grava

• La base que es la cantidad sobre la que se calcula el impuesto

• La tasa que es la parte que nos indica el porcentaje o tabla que se aplica a la base.

2.2.3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD

Son dos los principios constitucionales más importantes en materia fiscal: el de proporcionalidad y el de

equidad, refiriendo el contenido fundamental de dichos principios al caso concreto de los impuestos.

No hay que olvidar, que para cumplir con el principio de proporcionalidad, todas las leyes impositivas, sin

excepción, deben:

•

Establecer cuotas, tasas, o tarifas progresivas que graven a los contribuyentes en función de sucapacidad económica.

• Afectar impositivamente una parte justa y razonable de los ingresos, utilidades o rendimientos

obtenidos por cada contribuyente individualmente; y


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• Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los

Militares

Ahora bien como se aprecia en nuestra definición el Estado también esta obligado a aportar para la seguridad

social tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 1 del Código Fiscal de la Federación que dice

que la Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen

expresamente.

Dentro de la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerza Armadas Mexicanas se señala

expresamente la obligación del Estado de contribuir a las aportaciones de seguridad social como se aprecia en

los artículos 105, 106, 107, 108, 167, 168, 171 y 172 en el caso de la Ley del Seguro Social.

Dentro de la Iniciativa del Ley de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2006 en su

artículo 12 en su párrafo 7 se establece que los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social

destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

(ISSFAN) podrán ser recaudadas por las oficinas de los propios institutos y no se concentraran el la cuenta de

la Tesorería de la Federación debiéndose reflejar solo en la cuenta de la Hacienda Pública Federal.

2.3.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de las aportaciones de seguridad social, se dice que son

contribuciones paratributarias, en virtud de que al acreedor de la prestación no es el Estado propiamente

dicho, sino un organismo descentralizado y en consecuencia los ingresos no están contemplados dentro del

Presupuesto del Estado ya que están destinados al financiamiento de los gastos de los organismos públicosdescentralizados encargados de la seguridad social.

Por otro lado también se consideran contribuciones tributarias en atención a que dichas aportaciones

participan de todas las características de la relación jurídica tributaria.


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En nuestro país es frecuente la opinión de que las aportaciones de seguridad social son ingresos

paratributarios, es decir, que no son verdaderas contribuciones y que su caracterización fiscal es únicamente

para efectos de su cobro.

Hay quienes afirman que las aportaciones de seguridad social no poseen nada en común con las demás

contribuciones, toda vez que no derivan de una relación jurídico-tributaria sino de obligaciones

constitucionales en materia laboral.

Sin embargo a partir de la entrada en vigor del actual Código Fiscal de la Federación ya no cabe en nuestro

país la discusión sobre la clasificación tributaria de las aportaciones de seguridad social ya que constituye un

tipo de contribución distinta a los impuestos, derechos y contribuciones de mejoras.

Es pertinente señalar que existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece que las

cuotas del Seguro Social son contribuciones y se rigen por los principios de equidad y proporcionalidad

tributaria:

Novena Época

Instancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: II, Septiembre de 1995

Tesis: P./J. 18/95

Página: 62


Jurisprudencia

SEGURO SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DEEQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS.

“Del examen de lo dispuesto en los términos de los artículos 2 del Código Fiscal de la Federación y 260, 268,

269 y 271 y demás relacionados con la Ley del Seguro Social, se desprende que las cuotas del seguro social

son contribuciones, no solo por la calificación formal que de ellas hace el primero de los preceptos citados, al

concebirlos como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado

en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley en materia de seguridad social, o de las


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personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el Estado

sino que, por su naturaleza, son obligaciones fiscales que deben ceñirse a los principios tributarios, ya que se

advierte de la evolución legislativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, constituido desde sus orígenes

como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, se convirtió en un

organismo fiscal autónomo encargado de prestar el servicio público de seguridad social, investido de la

facultad de determinar los créditos a cargo de los sujetos obligados y de cobrarlos a través del procedimiento

económico-coactivo y que, por lo mismo, en su actuación debe observar las mismas limitaciones que

corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto

público.”

En el mismo sentido también existe jurisprudencia respecto al INFONAVIT:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VIII, julio de 1998

Tesis: P./J. 35/98

Página: 28

No. de Registro 195,855

Jurisprudencia

INFONAVIT. LAS APORTACIONES PATRONALES TIENEN EL CARÁCTER DE CONTRIBUCIONES

Y SE RIGEN POR EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.

“Del examen de lo dispuesto en el artículo 2º del Código Fiscal de la Federación y 30 de la Ley del Instituto

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se desprende que las aportaciones patronales son

contribuciones tanto por la clasificación formal que de ellas hace el primero de los preceptos citados al

concebir como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el

cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley en materia de seguridad social, o de las personasque se benefician en forma especial por los servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado,

pues las aportaciones son gastos de previsión social y tienen su origen en la obligación que el artículo 123,

apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le impone a los

patrones de proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores, obligación que se cumple e

través de tales aportaciones que son administradas por el instituto a fin de establecer un sistema de

financiamiento que permita otorgar a los trabajadores crédito barato y suficiente, como porque el Instituto del


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Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores constituye un organismo fiscal autónomo, investido de

la facultad de determinar créditos a cargo de los sujetos obligados a cobrarlos sujetándose a las normas del

Código Fiscal de la Federación , por lo que su actuación debe observar las mismas limitaciones que

corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino del gasto

público.

2.3.2. RAZONES DE LA NATURALEZA TRIBUTARIA DE LAS APORTACIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL

• Desde el punto de vista jurídico formal las aportaciones de seguridad social son contribuciones al ser

definidas así por el legislador en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación.

• Las aportaciones de seguridad social participan de las características esenciales de la relación

jurídico-tributaria, las cuales no se desvirtúan por el hecho de que el origen de la seguridad social sea

laboral.

• El sujeto activo de la relación originada por la obligación de contribuir es el Estado o un ente público

autorizado por él, en este caso un organismo descentralizado encargado de prestar la seguridadsocial.

• El organismo descentralizado tiene a su disposición medios auxiliares y coactivos para comprobar el

debido cumplimiento de la obligación tributaria.

• Finalmente, los ingresos que se obtienen, deben destinarse a sufragar el gasto público originado por

el ente público encargado de proporcionar la seguridad social, de acuerdo a la ley que así loestablece.

Para concluir este tema mostramos la jurisprudencia que emito la Suprema Corte de Justicia de la Nación

respecto a que la recaudación de las Aportaciones de Seguridad Social se destina a los gastos públicos:


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Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Apéndice 2000

Tesis: 328

Página 233


Jurisprudencia

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. SU RECAUDACIÓN SE DESTINA A LOS GASTOS

PUBLICOS.

“ De lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación, en el sentido de que el Estado percibirá los ingresos

provenientes de los conceptos y en las cantidades que en la misma se enumeran, en los que se incluyen a la

aportaciones de seguridad social y de lo previsto en el Presupuesto de Egresos, en donde se establece que

pueden efectuarse erogaciones correspondientes a las Entidades paraestatales, entre las que se encuentra el

Instituto Mexicano del Seguro Social, se colige que la seguridad social esta contemplada como parte del gasto

público al cual deben destinarse los ingresos que en esta materia se recauden a través del organismo

descentralizado encargado de ello, que si bien tiene personalidad jurídica propia y diversa a la del Estado,

realiza una función de éste, como es la seguridad social; por tanto, las cuotas exigidas a los patrones para el

pago del servicio público del Seguro Social quedan comprendidas dentro de los tributos que impone el Estado

con carácter obligatorio, destinado al servicio público de seguridad social.”

2.4. LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Son contribuciones de mejoras las prestaciones que recibe el estado por la realización de servicios públicos

generales e indivisibles, por lo general por obras de urbanización, gravando a los particulares que se

benefician de manera directa con la realización de dichas obras, mediante el incremento de valor de su

propiedad.

2.4.1. CARACTERISTICAS DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

• Las contribuciones de mejoras derivan de un acto unilateral por parte del Estado, es decir que aunque

el causante obtiene un beneficio especifico de la obra realizada por el Estado, difícilmente se puede


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decir que esto tenga el carácter de contraprestación, ya que el particular no solicita la obra sino que el

Estado determina en donde se van a realizar obras de urbanización de acuerdo a su prioridad, su

naturaleza, su costo y el alcance de las mismas.

• Las contribuciones de mejoras se generan como consecuencia de la prestación de servicios públicos

generales indivisibles, es decir, de servicios que benefician a la población en general, pero para los

propietarios de los inmuebles representan un beneficio directo que es el de incrementar el valor

comercial del inmueble donde se realicen las obras.

• En el caso de la pavimentación de una calle y la construcción de banquetas, toda la población tiene

el beneficio de que la calle por la que transitan esta en buenas condiciones, pero para los propietarios

de los predios colindantes tienen un beneficio adicional ya que el valor de su bien se incrementa, de

ahí que se dice que las contribuciones de mejoras son prestaciones que se obtienen por el suministro

de servicios públicos generales e indivisibles, gravando a los particulares que se benefician

directamente por tal motivo.

• El contribuyente de este tipo de contribución debe reunir dos características especiales: debe ser

propietario de un bien inmueble y la de que dicho bien se ubique dentro del radio de afectación de

alguna obra pública.

• Finalmente el método para determinar el monto de las contribuciones de mejoras atiende a la

plusvalía o incremento que obtiene el propietario beneficiado y que mediante la relación jurídico-

tributaria como instrumento permite al Estado obtener la recuperación del costo de las obras

públicas.

2.4.2. PRINCIPIOS TRIBUTARIOS QUE RIGEN A LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

A fin de que se comprendan mejor las características de las contribuciones de mejoras a continuación

mencionamos los principios tributarios que las rigen:


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están afectos a un mismo fin la prestación de servicios públicos generales e indivisibles, por lo que todo

esto da origen a una innegable situación de doble tributación.

El otro argumento dice que cuando la base gravable esta constituida por el costo de las obras,

automáticamente se rompe con el principio constitucional de proporcionalidad.

Como se expresa en los párrafos anteriores los argumentos que sirven de base para determinar la

inconstitucionalidad de las contribuciones de mejoras no son compartidos por la Suprema Corte de

Justicia por lo que ha emitido los siguientes criterios que se resumen como sigue:

• Las contribuciones de mejoras, no constituyen un impuesto, sino un gravamen especial destinado a

contribuir y sufragar los gastos de obras determinadas.

• Las contribuciones especiales o de mejoras, son en realidad, derechos que el causante debe pagar

como compensación por el mejoramiento que ha recibido con motivo de la realización de

determinadas obras de urbanización.

• Las contribuciones de mejoras no resultan violatorias al artículo 31, fracción IV de la Constitución

Federal, si el gravamen está a cargo solamente de los propietarios de las fincas cercanas a las obras y

no a toda la población.

• La proporcionalidad y equidad de las contribuciones de mejoras están en relación con la

contraprestación que debe efectuar el propio Estado y no con la contribución general a los gastos

públicos a que están obligados los habitantes del país.

• Como las contribuciones de mejoras de distribuyen entre todos los propietarios beneficiarios, en

forma proporcional y equitativa, de acuerdo con las tarifas y costos unitarios correspondientes, es

evidente que su reglamentación no sufre de inconstitucionalidad.


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Para concluir solo cabe mencionar que a nivel local este tipo de contribuciones representan un alivio para las

finanzas locales y municipales y que a nivel federal solo tenemos un ejemplo de contribución de mejora que

es la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica.

2.5. LOS DERECHOS

Esta clase de contribución constituye el segundo renglón en importancia dentro del ingreso público, solo

superado por el renglón de impuestos.

Son derechos las contraprestaciones que recibe el Estado, conforme a la ley, en pago de un servicio prestado

exclusivo del Estado, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que los derechos son una especie del género de las

contribuciones que cuando genera un servicio, tienen su causa en la recepción de lo que propiamente se

conoce como un servicio público, es decir, una prestación técnica de la administración, concreta,

individualizada y determinada estableciendo una relación entre la administración y el usuario distinta a la de

los demás gobernados y que justifica el pago de la contribución en tanto que evita que el costo del servicio sea

soportado por aquellos que no son usuarios del servicio.

Los derechos constituyen una contribución establecida imperativamente por el Estado a los particulares que

utilizan un servicio público, por ello en fijación de tarifas para el pago de derechos no se toma únicamente en

cuenta los costos que origina la prestación del servicio, sino fines extrafiscales como seria provocar un

aumento o disminución por el uso del servicio.

La Ley Federal de Derechos vigente establece los siguientes conceptos por los cuales se pagan los Derechos:

• Derechos por la prestación de servicios

• De los Derechos a cargo de Organismos Descentralizados por prestar servicios exclusivos del

Dominio Público

• De los Derechos por el uso o aprovechamiento de Bienes del Dominio Público


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• Derechos por el uso o aprovechamiento de Bienes del Dominio Público de la Nación como cuerpos

receptores de las descargas de aguas residuales

• Derechos para racionalizar el uso o aprovechamiento del espacio aéreo

2.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS

• Los derechos se derivan de una relación bilateral en donde el contribuyente paga el estado un

servicio que le beneficia de manera particular y específica.

•

Los derechos son establecidos por el Estado conforme a Ley, por lo que ningún derecho puede serválido sino se encuentra consignado expresamente en una norma jurídica.

• El destino que el Estado debe dar a los derechos debe ser el de cubrir el costo de los servicios que

presta el mismo.

2.5.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS

• Principio de Generalidad: Los Derechos deben ser pagados sin excepción por todas aquellas personas

que soliciten al Estado un servicio público particular divisible, es decir que los Derechos no deben

ser cobrados a todos los habitantes del país, pero si deben hacerse efectivos a todos aquellos que se

beneficien de la actividad estatal a través de servicios públicos particulares divisibles.

• Principio de Obligatoriedad: Una vez que se solicita un servicio público al Estado, automáticamente

se queda obligado a cubrir el importe de los Derechos correspondientes, en los términos y plazos que

marque la ley respectiva.

• Principio de Legalidad: Al ser los Derechos una contribución del Estado, evidentemente para que

estos posean validez jurídica deben encontrarse previa y expresamente establecidos en una Ley

aplicable al caso de que se trate. Por otra parte la Ley no debe concretarse en establecer la existencia


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de los Derechos, sino además debe regular sus elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho

generador, tarifa, lugar del pago y en su caso sanciones.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia afirma lo siguiente:

Novena Época

Instancia: Pleno


Tomo: I, junio de 1995

Tesis: P. XXII/95

Página: 37


Aislada

DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA

BASTA CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN

UNA LEY, AUN CUANDO ESTA SEA LA DE INGRESOS.

“Si el principio de legalidad tributaria consiste en que los elementos esenciales de un tributo se

consignen expresamente en ley, se respeta tal principio cuando los elementos esenciales de algun

derecho se consignan en la Ley de Ingresos respectiva, pues el principio de legalidad no exige que

tales elementos se consignen en una determinada Ley, sino que solo se establezcan en Ley.

• Principio de Proporcionalidad: En materia de Derechos la obligación fiscal no nace en forma

automática sino como consecuencia de un acto de voluntad del interesado que, por así convenir a sus

intereses, solicita al Estado que le preste un servicio que va a beneficiarlo de forma directa y

especifica, por consiguiente debe señalarse que para cumplir con este principio, el monto de las

tarifas o cuotas de los servicios deben fijarse fundamentalmente en proporción al costo del servicio

prestado.

En la actualidad y respecto a la prestación de ciertos servicios como lo es el agua potable, se debe

atender al objeto real del servicio prestado por la Administración Pública, y que trasciende tanto al

costo como a otros elementos. El principio de proporcionalidad exige atender no solo a una razonable

correlación entre el costo del servicio y el monto del derecho, sino también a los beneficios recibidos

por los usuarios, sus posibilidades económicas y sociales y sobre todo al consumo del agua.


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Así lo considera el Tribunal Superior en la siguiente tesis:

Novena Época

Instancia: Pleno


Tomo: VI, Octubre 1997

Tesis: P./J. 82/97

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Jurisprudencia

AGUAS NACIONALES. EL APARTADO A DEL ARTICULO 223 DE LA LEY FEDERAL DE

DERECHOS QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS POR EL USO O APROVECHAMIENTO

DE AQUELLAS, RESPETA EL PRINCIPO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN

VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 1996).

El apartado A del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, establece que por el uso o

aprovechamiento de aguas nacionales provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo,

a excepción de las del mar, se pagara un derecho sobre agua cuya cuota varía según la zona de

disponibilidad en que se efectúe su extracción. Ahora bien, tratándose del uso o aprovechamiento

referido no puede sostenerse que todos los contribuyentes que realicen el hecho generador se ubicanen situación de igualdad, lo que exigiría que aquel bien existiera en idénticas condiciones en todo el

territorio nacional y que su uso y aprovechamiento tuviera las mismas consecuencias; por lo que

debe estimarse que al establecer el legislador cuotas diferenciales atendiendo en la zona de

disponibilidad en que se efectúa la extracción del agua, respeta el principio de equidad tributaria, ya

que dicho tratamiento se justifica, objetivamente, por ser un hecho notorio que en algunos lugares

existe abundancia de agua, mientras que en otros escasea, que en unos es de fácil obtención mientras

que en otros se requiere de grandes inversiones para utilizarla y que en determinadas regiones su uso

no produce daño alguno en tanto que en otras se dan consecuencias perjudiciales a corto o largo

plazo, sin que sea óbice a lo anterior, el que no se haya considerado, para establecer las respectivaszonas de disponibilidad, el criterio adoptado en la Ley de Aguas Nacionales de dividir el país en

zonas de veda o de reserva y en zonas de libre alumbramiento, pues debe observarse que una recta

inteterpretación del artículo 31, fracción IV, constitucional, no implica que toda legislación del país

se unifique en cierto sentido, sino que sea el legislador quien decida el contenido de sus normas

siempre que al hacerlo se desempeñe dentro de los causes o limites fijados en la Norma

Fundamental.


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CAPITULO III

LA RELACION JURIDICO-TRIBUTARIA

3.1. CONCEPTO DE LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA

Para adentrarnos al tema de crédito fiscal y su extinción es necesario comprender y analizar los conceptos y

términos de la relación Jurídico-Tributaria y las obligaciones que se desprenden de ello.

La relación jurídico–tributaria es el vínculo que une a diferentes sujetos respecto a la generación de

consecuencias jurídicas consistentes, el nacimiento, modificación, extinción de derechos y obligaciones en

materia de contribuciones. La relación tributaria impone obligaciones a las dos partes; la obligación tributaria

solo esta a cargo del sujeto pasivo, nunca del sujeto activo.

La relación jurídico- tributaria la constituye el conjunto de obligaciones que se deben al sujeto pasivo y al

sujeto activo y que se extingue al cesar el primero en las actividades reguladas por la ley tributaria.

RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA

POTESTADTRIBUTARIA

NORMATRIBUTARIA

PRESUPUESTO(hecho imponible)

CONSECUENCIA

HECHOGENERADOR

SUJETOACTIVO

NACIMIENTOMODIFICACIÓNTRANSMISIÓN

EXTINCIÓN

SUJETOPASIVO

DERECHOS

OBLIGACIONES

DARHACER

NO HACERTOLERAR

OBLIGACIÓNTRIBUTARIA


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La relación jurídico-tributaria constituye un conjunto de obligaciones consistentes en un hacer, no hacer, dar y

tolerar relacionados con la modificación, transmisión, extinción o liberación de una obligación tributaria en

donde no forzosamente tiene que entregarse una cantidad de dinero al fisco.

Dicha relación es el nexo entre el Estado y el particular cuyo fin es buscar que este último obedezca la norma

mediante el cumplimiento de una serie de obligaciones derivadas de la actividad tributaria.

De tal manera que la relación Jurídico-Tributario es una serie de derechos, obligaciones y deberes a cargo del

contribuyente, los terceros y el estado, es aquí cuando podemos adentrarnos a la obligación principal del

contribuyente que es el pago de contribuciones.

3.2. LA OBLIGACION TRIBUTARIA

Es ahora cuando definimos obligación tributaria como la conducta jurídica en virtud del cual el Estado,

llamado sujeto activo, exige a un deudor, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación

pecuniaria, excepcionalmente en especie. Es decir la “facultad de exigir” y una “obligación de cumplir”.

La obligación tributaria es una obligación cuyo nacimiento requiere de dos elementos: la existencia de una

norma legal, que disponga de un presupuesto abstracto, general hipotético que se realice en la vida real para

que cree una obligación tributaria a cargo de los contribuyentes; la realización en la vida real de ese hecho

jurídico contemplado por la ley.

La obligación tributaria es de Derecho Público, ósea, que siempre se satisface y regula conforme a normas de

esta rama del Derecho.

Generalidades de la obligación tributaria:

• La obligación tributaria tiene su fuente sólo en la ley.

• El acreedor o sujeto activo es siempre el Estado.


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• La calidad de deudor o sujeto pasivo puede adquirirla una entidad desconocida.

• En la obligación tributaria, el objeto es único y consiste siempre en dar.

• La obligación tributaria de dar solo se cumple en efectivo y en ocasiones en especie, cuando así lo

determine la ley

• Tiene como finalidad recabar las cantidades necesarias para sufragar los gastos públicos.

La obligación tributaria solo surge con la realización de los hechos o actos jurídicos atribuibles al sujeto

pasivo directo.

La obligación tributaria hace responsable al tercero que inmiscuye en la creación de hechos imponibles, sea

como representante o mandatario del sujeto pasivo directo.

La obligación tributaria entendámosla como la cantidad debida por el sujeto pasivo al sujeto activo cuyo pago

extingue a dicha obligación.

La obligación tributaria es la conducta que consiste en dar, hacer, no hacer o tolerar, que un sujeto debe

cumplir por haber realizado el supuesto previsto en la norma tributaria.

• DAR. Entiéndase como la parte del patrimonio o ingreso del los contribuyentes o una parte del

precio del valor de un bien, también es la parte fija que el llamado sujeto pasivo tiene que entregar a

la hacienda publica para pagar una deuda fiscal propia o ajena.

• HACER. En este elemento nos referimos a todos los deberes que las leyes fiscales establecen,

ejemplo de ello, presentación de declaraciones, cumplir con requerimientos fiscales etc.

• NO HACER. Es decir el sujeto pasivo debe evitar o abstenerse de realizar conductas no permitidas

por la legislación fiscal, esto es, no cometer conductas o actos ilícitos.


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• TOLERAR. Involucra el permitir el ejercicio directo de la autoridad en la esfera jurídica del

contribuyente.

3.3. SUJETO ACTIVO

El sujeto activo es aquel que tiene el derecho o facultad de exigir el cumplimiento de la obligación, en cuyo

favor se establece la contribución que deriva de la obligación tributaria procedente de las cuatro conductas

anteriormente señaladas.

El Estado es quien asume la personalidad de sujeto activo, dada la estructura política de los Estados Unidos

Mexicanos, esa posición es adoptada por la Federación, los Estados, el Distrito Federal o los Municipios.

El poder público que el Estado adquiere y que esta sometido al Derecho u orden jurídico, esta plasmado en la

Constitución a través de organización política, como lo señalamos en el primer capítulo, y es ese poder

otorgado por la voluntad del pueblo al que llamamos soberanía.

La soberanía otorga al Estado la facultad para imponer contribuciones, facultad que esta plasmada en la carta

magna. Cabe aclarar que no se debe confundir al Estado como acreedor con el Poder Tributario que el Estado

posee.

Sin embargo, la personalidad de sujeto activo también puede ser adquirida por un organismo que goce de

personalidad jurídica propia y diferente a la del Estado, debe de tratarse de “organismos fiscales autónomos”,

que conforme a ley tengan la facultad para determinar, recaudar y exigir las contribuciones señaladas en ley;

a este efecto entre los organismos que tienen tal personalidad podemos enunciar al Instituto Mexicano del

Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto

Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores.


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3.4. SUJETO PASIVO

El sujeto pasivo, tiene la responsabilidad de cumplir con la obligación que tiene a su cargo en virtud de haber

realizado el supuesto jurídico establecido en ley. A este sujeto lo llamamos contribuyente ya que ayuda a

sufragar los gastos públicos.

El Código Fiscal de la Federación en su primer artículo señala que los sujetos pasivos son las personas físicas

y morales, que de acuerdo a las disposiciones legales se encuentren obligadas al pago del tributo en virtud de

haber realizado un hecho o situación jurídica.

La persona física o moral puede ser indistintamente de nacionalidad mexicana o extranjera, pero será

contribuyente toda vez que haya obtenido fuente de riqueza o se le haya proporcionado un servicio en

territorio nacional.

El carácter de sujeto pasivo también es atribuible a un responsable solidario al cual se le puede exigir el pago

de la contribución que sin haber efectuado propiamente el hecho generador, resulta comprometido con

respecto al cumplimiento de la obligación por haber establecido una relación jurídica con el sujeto pasivo

directo.

La relación jurídica entre el sujeto pasivo directo y el responsable solidario puede emanar de un vínculo

laboral (obrero-patrón), la celebración de un contrato de asistencia técnica, el poseer y administrar una

negociación mercantil, etc.

El responsable solidario puede ser una persona física o moral, nacional o extranjero, residente o no en

México.

La responsabilidad solidaria consiste en quedar obligado ante la autoridad exactamente en los mismos

términos que el sujeto contribuyente, respecto de una contribución originalmente a cargo de este último. De

esta manera el Estado puede llevar a cabo el cobro del tributo, según convenga a su mejor interés. La

obligación solidaria solo puede existir cuando la ley aplicable al caso así los exprese.


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Cuando el obligado directo satisface la obligación fiscal adeudada, el responsable solidario queda relevado de

toda responsabilidad.

El Código Fiscal de la Federación señala en su artículo 26 como responsables solidarios a:

• Retenedores y recaudadores

• Liquidadores y síndicos, por las sociedades en liquidación o quiebra

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Extincion de Creditos Fiscales